143 20 16277 https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/366/14409/SIGLO_XIX_REVISTA_DE_HISTORIA._1987._Vol._2._No._3._Ene.-Jun._0002016606.ocr.pdf bc635440e46bfc2040fe5e61c51deda4 PDF Text Text -. .-----· . . . ·. ·. :·... . ., ...: ... .... . . .. . ºXIX Revista de Historia LIBERALISMO: REFORMA Y CONTRARREFORMA EN EL SIGLO XIX (Chile, Perú, México, Venezuela, España y Portug,d) Año II, número 3 enero - junio de 1987 Facultad de F ilosofla }'. Letras U ni,·ersjdad Autónoma de Nuevo León Monterrey-México , , ·. ��SIGLOXIX Revista de Historia Publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León Apartado postal 3024, 64000 • Monterrey, México Este número fue editado con la contribución académica del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, España Recibió asimismo la adhesión económica del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Unwersidad de California en Berkeley, Estados Unidos Universidad Autónoma de Nuevo León Rector, INGENIERO GREGORIO FARIAS LONGO RIA Facuitad de Filosofía y Letras Director, LICENCIADO BERNARDO FLORES FLORES Editor Responsable MARIO CERUTTI Tipografía: Andrea González Corona Cuidado de la edición: Mario Cerutti Impresión: Impresora Gralex Aparición semestral Para envíos al exterior, U. S. A. $4. �I .AÑO II NUMERO 3 ENERO - JUNIO DE $ 111!1 1987 !111 sigloXIX REVISTA DE HISTORIA SUMARIO 61!eO lffll ~Ji IIÍO Nota del Editor• .•...•...·. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 3 La Sociedad de la Igualdad: liberales y artesanos en la vida política de Santiago de Chile . . . . . LUIS ALBERTO RoMERO 15 Progreso, inmigración y libertad de cultos e11 Perií a mediados del s~lo XIX . . . . . . . . PILAR GARCIA JORDAN 37 El agrarismo liberal en México . . . LUIS GoNZALEZ Y GoNZALEZ 63 Liberalismo y problemas estructurales: el Noreste de México a mediados del XIX. . . . . . . . . JosE RESENDI.Z BALDERAS 87 Sin fe. sin ley y sin caudillo. Cambio cultura~ liberalismo e i11surgencias populares . . . . . . . . . . . . . . . . MIQUEL IZARD 113 Revueltas y revoluciones en España (1766-1874) . . . . . . . . . . . . . . . . . ALBERTO GIL NOVALES 133 Colonialismo y absolutismo español: el contrapurito balear del Dieciocho. . . . . . . . . . LLu1s RoURA I AULINAS 165 la Revolnción de 1820. Notas para <'l e.~tudio del liberafümo portugués y rle su correlación pe 11i11sulnr . . . . • . . . . . . . . . . . . ISABFL NoB RE VARGUES 173 �4 Siglo XIX Industrial no alcanzó a trastocar radicalmente, en el siglo pasado, todo el occidente europeo. Y la forma de proyectarse sobre su periferia más cercana -España, Portugal, verbigracia- no parece haber sido excesivamente distinta a la que golpeó buena parte del continente americano. ... Cuando se abordan problemas o temas como la formación del mercado .nacional, del surgimiento y desenvolvimiento de núcleos burgueses, de la aparición de la producción capitalista, de la vinculación creciente con el mercado mundial, de los brotes de industrialización, de la consolidación de un poder central frente a las pugnas regionales, del tan condicionado triunfo del liberalismo ante los recortes que a las reformas planteaban los sectores conservadores, de la reconcentración que la propiedad de la tierra tuvo pese a su laicización creciente, las historias española y mexicana -por ejemplo- presentan un cuadro riquísimo para el cotejo, para el paralelismo y para una diferenciación enriquecedora. Tanta, que se puede dudar que resulte mis provechoso, en este sentido, aproximar España con Inglaterra, o México con Haití. Es que, como en Europa, esta Ammca no sajona que dificultosamente fue generando la Latinoamérica que hoy conocemos presentó situaciones tan distintas que, al menos, obligan al historiador a matizar. Con suma cautela pero con no menor fervor queremos señalar que los historiadores españoles, portugueses e italianos quizás tenga mucho que decir sobre procesos y fenómenos que apasionan a los latinoamericanos. De allí que uno de los objetivos de esta publicacion haya sido- y continuará siendo- reunir materiales conjuntos, latinoamericanos y europeos, sobre el siglo que nos preocupa. Si existía un tema muy pertinente para iniciar este puente de intercambio y comunicación, era seguramente el de las reformas liberales y de las respuestas contrarrefonnistas que suscitaron en el XIX. El liberalismo. Bueno es acotar que hoy es centro de un re- �Nota del editor Noto del Editor 5 novado interés en Latinoamérica. La trágica actuación de recientes regímenes militares ha obligado a revalorar usos de la vida cotidiana que, sin ninguna duda, estuvieron contenidos en el liberalismo (como concepción del mundo) desde los grandes combates del siglo pasado. - \l inaugurar su segundo año de vida, Siglo XIX. Revista de Historia concreta otro de los objetivos por los que fue gestada: incorporar a los debates y aportes sobre el siglo pasado estudi~s dedicados a procesos acontecidos en países de la Europa meridional. Una mirada atenta sobre este período -especialmente para quienes lo trabajan con un enfoque concentrado en ámbitos regionales - sugiere lo fructífero que podna resultar el cotejo de ciertos fenómenos y procesos españoles, portugueses y hasta italianos con otros, acaecidos en nuestro continente. Se trata de un planteamiento delicado. Para empezar, significa una fuerte fractura con la muy asentada concepción de observar lo europeo como antagónico u opuesto a lo latinoamericano: visión sensiblemente alimentada por las nociones dependentistas que tan fulminante éxito obtuvieron desde fines de los años 60. Además, puede llevar no solo a una eventual controversia entre historiadores lationamericanistas, sino con los mismos colegas europeos o dedicados a la investigación sobre el siglo XIX en Europa. Pero, ¿cual Europa? ¿Sólo la de la Revolución Industrial? ¿1'10 hubo otra Europa, menos conmovida por dicha ruptura histórica? ¿ Y España? ¿ Y Portugal? ¿ Y esa misma Italia tan condicionada, atrapada por el feudalizado Sur? La Revolución Las libertades de opinión, de prensa, de asociación, de selección y cambio de gobernantes por vía del sufragio universal y secreto, de manifestacion abierta de tendencias políticas y profesionales no eran simples concesiones burguesas, o al servicio de una burguesía inevitablemente maquiavélica. Por el contrario, y como lo han sostenido europeos de la lucidez de Enrico Berlinguer, ese racimo de derechos fue producto de grandes luchas y conquistas de los hombres en sociedad, y a lo que ninguna excusa moral, pretexto ideológico o justificación teórica debe obligar a renunciar. Su destrucción puede conducir -en Latinoamérica condujo -a que se vulneren y pisoteen derechos aún más sustanciales ( si cabe): la integridad física y moral de los individuos, la misma vida humana. Encontramos una doble satisfacción, pues, en la presentacion de este dossier. El sumergirse en el estudio histórico de una corriente que basó en buena medida sus propuestas de reforma en lo arriba indicado, no nos aleja en lo más mínimo dt un presente urgido de esclarecimiento y, en algunos casos, de definiciones. Esto probablemente tome menos académica a una publicación que aspira a ser esencialmente académica. Pero, realmente, no lo lamentamos. Entre otras cosas, porque ha dado ocasión de reunir materiales sobre seis casos nacionales diferentes: Chile, Perú, México, Venezuela, España y Portugal. El dossier se abre con un artículo sobre Chile, a cargo de Luis Alberto Romero. Se analiza allí la situación que vivía el liberalismo concentrado en Santiago a mediados de siglo, con énfasis en el surgimiento de una de sus expresiones más radicales: la Sociedad de la Igualdad, que agrupaba en su seno a figuras significativas de las clases acomodadas y a representantes �6 Siglo XIX de los núcleos artesanales de la capital chilena. Fue una experiencia organizativa que no excluyó sucesos violentos, insertos a n1 vez "en una guerra _civil m_ás e:~ensa¡ y en el cuadro de agitaciones que al promediar el Siglo sacu eron a muchas capitales hispanoamericanas y afectaron la estabilidad de los regímenes autoritarios". Es en estos términos que Romero profundiza en el analisis de la Sociedad de la Igualdad, cuya actuación se sitúa e°: la crisis política chilena que se prolongó desde 1849 a ~851 (~pactada por la sucesion presidencial) y en el contexto mternac1onal dado por ola revolucionaria europea del 48. Las fases socialista y liberal son también mencionadas como momentos del devenir de la Sociedad, cuyos ímpetus serian clausurados tras el motín de Santiago, en abril de 1851. ~omero termina haciendo alusión a la aureola mítica que posteriormente envolvió estas jornadas, a las cuales procura ubicar en un contexto histórico más ajustado. --Pilar García Jordán recuerda en su ensayo so~re Peru ~n~ de las grandes claves del liber~smo la~oamencano decimononico: el progreso, la inmigrac1on, la lib~rtad de cult~s. Pero a diferencia de Romero no adopta como e1e de su estud10 una ~r. · , adscripta a esa corriente ideológica. Por el contrario, gamzac1on d e ,r ~ muestra las caractensticas de la llamada Socieda ato ico- eruana cuva mision era oponerse, precisamente, a las_ reformas que s; pr~pugnaban para la transformación de la sociedad vernácula. La descripción es útil para conocer las características d~ los planteamientos de innondores y conservad~res e~ el Peru de mediados dt· siglo. y las limitaciones que al liberalismo l~cal le impuso 110 sólo la t'ontrarreforma sino una estruc~ra soc10económit'a heredada desde la colonia y en la que hab1a -como en Nota del Editor 7 México- un altísimo componente de desigualdad racial. Libertad de cultos, inmigracion y progreso eran una misma y simultánea propuesta para estos liberales, finalmente no excesivamente distintos a correligionarios de otras latitudes. Todo aquello era n_ecesario para abrir el camino al desarrollo del capitalismo, muy particularmente en la agricultura, uno de los objetivos troncales para estos cambios que se deseaban implementar. Frente a ello, los católicos insistían que en Perú la única religión debía ser la católica "con exclusión de otra alguna". Como en Mé~ico, la defensa ideológica conlleva en Perú la proteccioo, también, de los intereses económicos de la Iglesia: la cuesticn de la desamortización de sus bienes y del ataque a otros derechos es aludida, con amplitud, en el trabajo de Garcia Jordán. Si hubo un contexto en el que las transformaciones propugnadas por el liberalismo- y los antagonismos que supuso- acercaron el proceso histórico a la revolución liberal que mencionan con frecuencia los colegas europeos, fue el de México. Las reformas se fundieron aquí con una guerra civil que, además, terminó con la invasión extranjera. · El caso mexicano es de una riqueza notable no sólo para la comprensión de los grandes procesos liberales del XIX, sino para intentar cotejos con situaciones como la española~ la arriba citada cuestión de la desamortización de los bienes eclesiásticos (y los municip'ales, menos estudiados en México, por cierto) es un ejemplo de lo que afirmamos. Luis González y González aborda en su trabajo un matiz interesantísimo: el radicalismo agrario. Al pretender erradicar · tradiciones que se consideraban obstáculos para la construcción de la modernidad anhelada, al intentar incorporar lo científico y una cultura sustentada en técnicas diferentes a las usua- �8 SigloXIX Noto del Editor les, los liberales mexicanos- en su expresión más pertinaz- propugnaban modificaciones profundas en el ámbito rural. En México tambiln se deseaba la inmigración dinamizadora e inteligente, edificar nuevos far wests, ya en la sureña Yucatanía ya en los desiertos norteños recorridos por apaches y comanches. Además, había que transformar esa zona central en la que los herederos de las culturas precolombinas pon Íl1l un componente racial que no siempre agradaba a los pensadores reformistas. Sin dejar de recordar los usos del ejército y los combates contra la Iglesia, González alude principalmente a ese nuevo orden que se quería consolidar repitiendo o imitando el proceso norteamericano: "El agrarismo liberal -destaca- se propuso rehacer la vida del campo". Por ello procuró atraer el capital extranjero, introducir cultivos, modernizar la labranza, suprimir las alcabalas, aumentar la población, construir ferrocarriles, dividir los latifundios, liberar la fuerza de trabajo, repartir los bienes comunales. Pero no todo finalizó como se anhelaba, y el porfiriato dibujaría resultados muy diferentes a lo que se planteaba en los épicos años de la Reforma. Interesa remarcar que el artículo de González fue elaborado varios lustros atrás. Ha sido incorporado a este dossier porque prosigue siendo un instrumento eficaz para conocer aspectos del liberalismo en México, sobre todo para colegas de otros países. Ya hemos señalado que es una de las tareas primordiales de Siglo XIX recuperar y redifundir en un marco distinto materiales con un reconocible nivel de calidad. Esta tesitura se ha aplicado en número anteriores, y en el actual se extiende a los aportes de Romero, Miquel Izard y Alberto Gil Novales. José Reséndiz Balderas sitúa, por su lado, al liberalismo de México entre cotas algo distintas a las de González: 1) ofrece antecedentes que explican matices del estallido de 1855; 2) pero agrega un análisis sustentado desde el punto de vista de un espacio regional, el noreste. 9 Ej€rcito regular e Iglesia saturan con su presencia la estructura social y las disputas políticas en la primera mitad del XIX. Son, para el autor, escollos fundamentales para modernizar la sociedad mexicana, para hacerla avanzar hacia formas burguesas y hasta para que se defina como Estado Nacional diferenciado. Revisando este proceso casi desde la Independencia, Reséndiz describe cómo se manifestaron en una alejada área que se transformaría imprevistamente en fronteriza tras la catastrófica guerra con Estados Unidos (1846-47). Es por eso que se encuentran alusiones al liberalismo en los años 30 y a un personaje que tiende a convertirse en protagonista principal: el general Antonio López de Santa Anna, expulsado en 1855 precisamente por una rebeldía generalizada. En este devenir y en esa explosión del 55, las fuerzas regionales jugaron un papel cuya importancia no ha estado a la par de las escasas investigaciones que se le han dedicado. En el noreste, la cuestión liberal-conservadora quedaba entrecruzada por problemas locales: no eran los menores la nueva relación con Estados Unidos y el permanente trajinar frente a los grupos indígenas no sometidos en esta área de frontera. La aparición de un jefe militar y político como Santiago Vidaurri, desde 1855, indicaba por un lado la pujanza de los liberales en el norte oriental, pero por otro la clara autonomía que respecto al poder central se intentaba defender con una visión marcada por los dilemas locales. Vidaurri mostro que el liberalismo, al menos en México, no tenía nada de homogeneo. Uno de sus matices centrales residía, nítidamente, en los antagonismos regionales. Si en Luis González se percibe cierta ironía en cuanto a lo que fueron los anhelos de la gestión liberal, en Miquel lzard aparece un juicio de contenidos críticos, por momentos ácido. El énfasis recae en el tipo de sociedad que se edificó en la América de raíces coloniales, y en la modernidad y usos culturales que trajo consigo el capitalismo. �10 SigloXIX Izard hace una referencia-final al caso venezolano, pero no por ello deja de revisar con rápidez otras situaciones nacionales y presenta un esbozo de mirada unificadora. Su acento está en las insurgencias populares que acompañaron -aunque no siempre en su favor- estos intentos de reformas o de transformaciones. Insiste en que los protagonistas centrales del nuevo orden liberal no dejaron de ser parte de una elite, cuyas ideas y proyectos no encajaban con frecuencia en el contexto en que operaban. Para el autor, muchas veces las propuestas liberales eran sélo una repetición excesivamente mecánica de las nacidas en países centrales. Al aludir al caso venezolano recuerda que, finalmente, liberales y conservadores decidieron pactar ante la generalización de la insurgencia popular. Con ello, de paso, lzard muestra su desacuerdo con corrientes historiográficas que hicieron de los próceres del liberalismo figuras representativas de las clases desposeídas. Eso no habría sido así, señala. Y una buena manera de profundizar en el conocimiento de dichos procesos, y terminar con las tendencias a mitificar, es intensificar las investigaciones regionales sobre el siglo XIX, además de llevar adelante un cotejo más amplio y persistente entre diferentes situaciones latinoamericanas y algunas europeas. Postura ésta que, claro está, compartimos totalmente desde Siglo XIX. Con su reconocida erudición, Alberto Gil Novales practica un minucioso recuento de. las revueltas y revoluciones que atravesaron la España de finales del XVID y mas de la mitad del XIX. Abre su recorrido con el motm de (contra) Esquilache, en 1766, y lo agota con los vaivenes que sucedieron a la g~oriosa revolución de 1868. La crisis del Antiguo Régimen, las luchas por la In.dependencia (la española, frente a Francia, por cierto), _el emerger del Nota del Editor 11 fenómeno juntista, el contrarreformismo de Fernando VII, el Trienio Liberal, el sinuoso camino hacia una monarquía parlamentaria tras la muerte del rey, el bienio progresista y el sexenio qu~ sigue a 1868 serían algunos de los picos de esta amplia histona por transformar una España que dudaba en ingresar a la modernidad. Modernidad que, como en no pocos casos latinoamericanos, tuvo que enfrentar a actores conocidos: los grandes terratenientes, la Iglesia Católica, un ejército que oscilaba entre el conservad~rismo y los arr~stos . liberales, las dificultades para que surg¡era ~na burgues1a pupnte en el plano de la producción, la ausencia de Revolución Industrial, la marginación sistemática de enormes masas campesinas, la no integración del mercado in_terior. Y, para insistir en lo comparable, las alianzas que nucl~os burgueses y representantes del orden antiguo terminarían configurando en la segunda parte del siglo. Es asombrosa, sin duda, la actividad insurrecciona! española. Que fue matizándose de visos anarquistas, utópicos, republicanos, en medio de batallas rurales y del amanecer, en urbes como Barcelona, del fervor obrero. Y por supuesto, hablando de España, con claros elementos regionales, aspecto que ha continuado vigente en tiempos más contemporáneos. La voluntad popular, dirá Gil Novales, fue sistemáticamente dejada de lado. Y muchos conflictos irresueltos entrarían al siglo XX con un vigor tal que no puede sorprender -entonces- su capacidad para hacer germinar algo tan dramático como la guerra civil que detono en julio de 1936. Aunque breve, el material que nos envió Lluis Roura i Aulinas constituye un aporte novedoso: está dirigido a tratar el caso de las_ Baleares en. ~l contexto de la desarticulación del imperio colomal y de la cns1S que azotaba al Antiguo Régimen. Además, Roura lleva adelante una rápida comparacion con las situaciones americanas: destaca allí la diferente respuesta que cupo a los núcleos dirigentes frente al hecho posible de la Independencia. �Nota del Editor 12 13 SigloXIX El fenómeno del criollismo y el impacto del pensamiento ilustrado liberal son dos aspectos que, según el autor, diferencian nítidamente la situación americana de lo sucedido en estas islas mediterráneas. Convertidas en refugio de muchos españoles privilegiados -en el momento de la invasión napoleónica - quedará reafirmada en las Baleares un sistema de dominación y de vinculación con la metrópoli que se traducira en resultados históricos distintos. La reacción absolutista establecerá aquí un verdadero bloqueo al liberalismo que se alimentaba en Cadiz, y sus posturas e intereses se reafirmarán cuando Fernando VII restaure el viejo orden. Sólo vientos más modernos, mucho más contemporáneos,. infiere el autor, readecuaron este panorama para acentuar la integración balear al funcionamiento peninsular. Las páginas de este número 3 se cierran con el ensayo de Isabel \obre Yargues, orientado a Portugal. Su exposición conecta firmemente los procesos políticos que en 1820 se suscitaron en ambas partes de la península ibérica. "El proceso liberal portugués- destaca- se puede correlacionar directa y principalmente con el español". La elite intelectual y política venía preparando desde tiempo atrás "el universo mental" que debía contribuir a las tranformaciones sociales que tendrían al liberalismo como fuerza motriz. Como en España, las invasiones napoleónica precipitaron los acontecimientos, condicionados también por la situación colonial y por el enorme peso que asume Brasil. La república queda esbozada en 1820, pero genera resistencias contundentes. La "regeneración" y la Constitución que aspira a reemplazar el anterior orden son puestos en marcha. En todo el proceso se perfila el impacto de la revolución francesa y las conexiones con una España que vive el Trienio Liberal. "Quien lee su texto (el de la Constitución portuguesa de 1822) ve nítidamente la influencia de Constitución española de 1820", recuerda Nobre. Liberalismo equivale a subversión. Las logias y sectas proliferan, y no fue la península su escenario menor. Por momentos hay quienes sugieren la construcción de un único Estado Nacional. El trabajo termina con una referencia a la prensa y la funcién cumplida en tan críticos momentos históricos, en el extremo occidente de una Europa que se mostraba impedida de acercarse a su revolución industrial, aunque caminara la revolución liberal. Clausuramos estas notas con un párrafo dedicado a los apoyos institucionales receptados, y que han tornado más factible no solo la aparición de este número de Siglo XIX sino un mayor afiatamiento hacia el futuro. Esos respaldos fueron de dos tipos: a) económico, generosa y espontáneamente brindado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Berkeley, en California, Estados Unidos. Su ayuda resultó decisiva ante los costos cada vez más elevados que en materia de impresión soporta México; b) académico, gracias a la inmediata y solidaria actividad de colegas de la Universidad Complutense de Madrid, que remitieron los materiales referidos a España y Portugal. No nos cansaremos de insistir en el valor que guardan estas contribuciones. Sin ellas buena parte del sentido por el que se lanzó este proyecto carecería de sentido. Es que, finalmente, Siglo XIX pretende cimentar un espacio que requiere ser llenado por investigadores de diversas latitudes. Nuestra invitación inaugural, por lo tanto, está más vigente que nunca. Mario Cerutti Monterrey, México, diciembre de 1986 �La Sociedad de la Igualdad: liberales y artesanos en la vida política de Santiago de Chile Luis Alberto Romero* - L a creación de la Sociedad de la Igualdad, en Santiago de Chile en 1850, y la posterior participación de sus miembros en el "motín de Santiago" de ese año -episodio que a su vez se inscribe en una guerra civil más extensa- es parte del cuadro de agitaciones que hacia mediados del siglo pasado sacudieron a muchas capitales hispanoamericanas y afectaron la estabilidad de los regímenes autoritarios constituidos en las décadas postrevolucionarias. En la mayoría de los casos, los agitadores se identificaron con el liberalismo y tacharon de conservadores a sus adversarios (quienes, en ocasiones, asumieron tal calificación). Su existencia política tuvo que ver, a veces, con fracciones identificables dentro de un patriciado que se homogeneizaba lentamente: mineros norteños en Chile, comerciantes costeños en Ecuador, financistas de paupérrimos estados en varias partes; pero generalmente su núcleo se componía de abogados, periodistas o simplemente políticos -la versión decimonónica de los antiguos letrados- sin ubicación en un régimen administrativo dominado por militares o grandes propietarios. Menos difusa que su raigambre social era su identificación política: el liberalismo constituía una filosofía y un programa para emprender la reforma de la sociedad y sacarla de su atraso, más visible por la permanente comparación con Europa. La inspiración era heterogénea: desde el utilitarismo de Bentham hasta el romanticismo social También variaban las propuestas políticas: los cañones se enfilaban alternativa o simultáneamente contra la Iglesia, los militares o los grandes terratenientes. *Programa de Estudios de Historia Económica y Social Americana (PEHESA) y Consejo Nacional de Investigaciones Cientfücas y Técnicas (CONICET), Buenos Aucs, Argentina. El texto se basa en un trabajo más amplio: La Sociedad de la Igualdad. Lo, artuano, de Santiago de Chile y 1111 primero, experiencia, polítiau, 1820-1851, Buenos Aires, Instituto Torcuato Di Tella, Serie Historia, 1978. �L. A. Romero: Liberales y arte,anos en Santiago de Chile 16 SigloXIX Pese a eso, el liberalismo ofrecía un conjunto de soluciones mucho más coherente que las que aplicaban los adversarios, símplemente consagrados a defender pragmáticamente el orden establecido. Sobre todo, el programa liberal, cuando era predicado desde la oposición, reforzaba 1~ identidad de facciones lanzadas hacia el poder, aunque, una vez conseguido, hacían adecuaciones igualmente 1:'ragmáticas de sus principios. De cualquier modo, una política programática, aunque inconsecuente, ya era una novedad en la Hispanoamérica de mediados de siglo, como lo eran otras formas nuevas o remozadas de hacerla. Fueron casi siempre los liberales quienes percibieron los cambios que se estaban produciendo en las principales sociedades urbanas y los aprovecharon con fines políticos.1 Aunque con lentitud, fos puertos y capitales crecieron y prosperaron en las décadas posteriores' a la Independencia. SilS sociedades se diversificaron y sus elites se modernizaron en hábitos, costumbres y formas de consumo. Una población urbana acrecida, y sobre todo una elite exigente, impulsaron el desarrollo de una vasta capa de artesanos e hicieron la fortuna de algunos, dueños de capacidades y conocimientos pocó frecuentes e11 un _ medio rústico. Prósperos y seguros de sí, respetables pero todavía marcados por el estigma que, en sociedades aun fuertemente hidalgas, representaba el trabajo manual, estos artesanos tuvieron con las elites relaciones ambiguas,· signadas alternativamente por el deseo de incorporación, el rechazo o la confrontación. Por otra parte, las diferencias que separaban a maestros de oficiales, o las que dividían a las ramas prósperas y retrasadas de los artesanos, crearon conflictos y tensiones en el sector. Todos estos factores seguramente estimularon distintos tipos de acciones de estos nuevos sectores y los convirtieron en potenciales protagonistas de una escena política que comenzaba a agitarse y complicarse. No fue raro, entonces, que quienes eran sus protagonistas tradicionales aspiraran a aprovechar esta fuerza, movilizarla y encuadrarla. Lo hizo Rosas en Buenos Aires, en un contexto autoritario y conservador; lo hizo Belzú en Bolivia y también los liberales neogranadinos, que aprovecharon las tensiones ocasionadas por la política librecambista; quizá también lo hizo el caraqueño Antonio Leocadio Guzmán. La constitución de la Sociedad de la Igualdad, y el motín que le siguió, ocupan un lugar entre estos episodios: reveladores de una mayor diversidad de la escena política y de la aparición, bien que tímida, de nuevos sectores, muestran el intento de los grupos liberales de encontrar apoyos entre los sectores más respetables del pueblo, según la persistente tradición revolucionaria europea. LOS ARTESANOS DE SANTIAGO E.l crecimiento de la población de Santiago - señalaba El Progre- 17 so a fmes de 1842- es aún más rápido de un tiempo a esta parte, dejándose percibir fácilmente en la acumulación espontánea de casas, calles y barrios enteros, que antes no existían. Esta precoz percepción, debida probablemente a Domingo Faustino Sarmiento, es complementaria de otra, del economista liberal Marcial González: al mismo tiempo que se ven extenderse las poblaciones, formarse pueblos nuevos al lado de los antiguos, mejorarse las construcciones, levantarse la capital, y en las provincias templos y edificios públicos. . . vemos la ebanistería, la carrocería, la ferretería, la curtiduría y tantas otras artes cuyo ejercicio era poco conocido contribuir con sus útiles y perfectas creaciones a la comodidad de nuestras vidas y al progreso y embellecimiento de nuestras jóvenes ciudades.2 Efectivamente, en las tres décadas que siguieron a la Emancipación, Santiago experinientó un crecimiento relativamente importante -mayor que el de casi todas las capitales hispanoamericanas- que reflejaba la prosperidad económica y la estabilidad política del país, también excepcionales en su época. Los hacendados del Valle Central, los mineros del Norte Chico y los comerciantes de la ciudad o de Valparaiso, radicados en la capital, requirieron una variada gama de bienes y servicios. Mucha gente emigró por entonces , la capital, cuya población creció considerablemente, hasta rondar los 90,000 habitantes a mediados de siglo. Entre la masa de rotos sin profesión definida, que poblaban "las rancherías.,., que hay en todos los suburbios", fue recortándose un sector artesanal de fisonomía cada vez más precisa. La mayoría eran zapateros, carpinteros, panaderos, herreros, dueños de técnicas tradicionales y rudimentarias y limitados en sus posibilidades por la escasa capacidad adquisitiva de sus compradores. Algunas profesiones inclusive se hallahan en franco retroceso, como la de los tradicionales plateros o la de las tejedores, víctimas de la competencia de los textiles importados. Eme tipo de artesano se encontraba, en mayor Q menor medida, en cualquier pueblo o ciudad de entonces, grande o pequeña. Pero en las capitales, como Santiago y también Valparaiso, comenzó a emerger un grupo singular: ebanistas, carroceros, boteros, joyeros, modistas, con&tructores y decoradores, tipógrafos o litógrafos. . . es decir un conjunto de profesiones vinculadas al consumo de las elites, que estaban adoptando los nuevos modos europeos. Su desarrollo estuvo ligado a la llegada de artesanos extranjeros, principalmente franceses y alemanes, portadores de �18 SigloXIX técnicas novedosas y capaces de satisfacer unas exigencias que en ocasiones ellos mismos creaban. Tan impreciso era el gusto y el juicio de las élites criollas, que carpinteros de ribera podían echar plaza de ebanistas. Tal era la diferencia de conocimientos, que mediante un "terrible monopolio" estos artesanos podían cobrar "precios exorbitantes" y hacer fortuna con rápidez.3 Se dibujaron así dos sectores entre los artesanos. La división entre "dignos" e "indignos" se combinaba, y a menudo se superponía, con la de extranjeros y criollos, y las tensiones que esto originó se sumaron a las que, en talleres de alguna envergadura, comenzaron a separar a patronos de oficiales. Más allá de esas diferencias, el artesanado santiaguino comenzó a di&tinguirse del resto de los sectores populares y a adquirir una fisonomía propia. En distintos niveles de la sociedad comenzó a percibirse una cierta movilidad, como lo muestra el desarrollo del sector que Blest Gana llamaba del medio pelo, nutrido de pequeños empleados, rentistas modestos, militares o gente de posición venida a menos. Las nuevas posibilidades beneficiaron a los artesanos, sobre todo a los más prósperos y a quienes, por ser extranjeros, afectaba menos la capitis dimírwtio del trabajo manual. Según el norteamericano Gilliss, singular testigo del Santiago de los igualitarios, "cualquiera que a prende un arte mecánico llegará a ser independiente si se dedica a su vocación con esmero". Para Sarmiento -quien sin embargo consideraba vedados para los decentes esos oficios manuales- "un hombre de pueblo, con economía, talento natural y constancia puede, ejercitándose en su oficio, llegar a la fortuna y enrolarse en el número de los capitalistas''.4 La fortuna estaba íntimamente asociada con la respetabilidad. El buen artesano no frecuentaba las chinganas sino el teatro popular o la Iglesia. Algunos leían el periódico; otros vestían elegantemente. Hay un deseo de aseo y orden en su vida doméstica. Pero en público, su pasión es la ropa refinada, y un extranjero difícilmente sospechará que el hombre a quien encuentra con una capa de fina tela, acompañando a una señora envuelta en joyas y pieles, ocupa en la escala social un rango no más alto que el de un hojalatero, carpintero o tendero.•.s A los ojos de los decentes, los artesanos adquirieron una fisonomía peculiar. Su presencia suscitó reacciones variadas, pero no fue ignorada, y los "trabajadores" fueron cada vez más claramente diferenciados del "populacho". Los problemas relacionados con ellos se convirtieron en acuciantes, sobre todo a la luz de las experiencias europeas contemporáneas. L. A. Romera: Liberale, y arte.ano, en Santiago de Chile 19 Hubo quienes se preocuparon por su condición moral y procuraron inculcarles hábitos de ahorro o templanza. Otros se inquietaron por "las coaliciones. • . para hacer subir los salarios" y por la escasez de trabajadores calificados, que permitía a los más capaces cobrar salarios desmedidos. Algunos creyeron que era posible comprometer a los más respetables en la conservación de un orden que temían amenazado, "ligándolos ya por medio de la propiedad, ya por medio de una pequeña fortuna". Hasta se pensó que era importante autorizar la expresión de las inquietudes del sector y permitir el funcionamiento de las "válvulas de seguridad de las sociedades democráticas". Hubo quienes, finalmente, advirtieron en ellos una fuerza capaz de ser volcada en la política.6 LAS FORMAS TRADICIONALES DE CONVOCATORIA POLITICA Hasta mediados de la década de 1840 es difícil distinguir entre los artesanos una acción política diferente de la del conjunto tradicionalmente denominado como "pueblo de Santiago". Este constituyó, desde los movimientos iniciales de 1810, una masa potencialmente utilizable en la lucha política, hacia la que ocasionalmente se dirigieron los distintos bandos que se disputaban el poder; sin embargo, sólo lo hicieron en momento de crisis, cuando su acción podía desequilibrar una situación irresoluta, y en general los conflictos post Tevolucionarios se mantuvieron dentro del ámbito de la elite. Ocasionalmente estos grupos participaron, en favor o en contra de los españoles; luego apoyaron al partido carrerino y más tarde a pipiolos o pelucones. Más que objetivos de largo plazo, los guiaba la perspectiva del saqueo u otros beneficios inmediatos. "Pululaban como lobos en las calles, en la expectativa del saqueo, cuando se ofrece alguna reyerta o revolución".7 Los pipiolos los usaron para montar una maquinaria electoral en la que se combinaban la compra de votos con la "acción directa". Los pelucones, que incluyeron a los artesanos en cuerpos armados para respaldar el orden, en la oposición utilizaron a los grupos más bajos para provocar desórdenes y socavar la autoridad del gobierno pipiolo. Luego de la batalla de Lircay (1830), que inicia el largo predominio conservador, estos grupos fueron naturalmente reprimidos y el gobierno abandonó toda idea de movilización. Los artesanos fueron incluidos en la Guardia Cívica, bajo el mando de oficiales del Ejército, y de allí en más este tipo de iniciativas quedó exclusivamente en manos de los pipiolos. En 1840, en vísperas de la renovación presidencial, hubo posibilidad de una breve agitación. Estos episodios se repitieron en 1844, durante el entierro del dirigente pipiolo José Miguel Infante, y poco después, cua'ldo �ID SigloXIX fue juzgado Francisco Bilbao por su Sociabilidad chilena. También durante la campaña electoral de 1845, en el juicio al periodista opositor Pedro Godoy. En los tumultos, "si bien. .. dominaban los jóvenes estudiantes, se encontraban algunos caballeros de otras condiciones y muchos hombres del pueblo de la clase de artesanos".8 La capacidad de los pipiolos o liberales para ganar la calle era un elemento original en la escena poütica santiaguina. Otra novedad, más importante, era la incorporación a la oposición liberal de un grupo de intelectuales y universitarios, que se unían a los antiguos opositores profesionales e introducían algunos elementos ideológicos nuevos. La vida intelectual santiaguina estaba cobrando por esos años una gran intensidad. La acción de destacados maestros -como Bello o Mora-, la del grupo de emigrados argentinos -Sarmiento, Alherdi, Gutiérrez, López o Mitre- y sobre todo la intensificación de los contactos de todo tipo con Europa despertaron nuevas inquietudes, que adquirieron forma orgánica cuando en 1842 se creó la Sociedad literaria. El influjo de las nuevas ideas no se limitó a los círculos intelectuales; aunque simplificadas y convertidas en apenas algo más que una moda, fueron recihidaa. por toda la sociedad decente santiaguina. El romanticismo había llegado a Santiago. No solamente el de Lamartine o Hugo, sino el de los pensadores sociales. Francisco Bilbao siguió a Lamennais en su Sociabilidad chilena: pese a lo confuso de sus ideas, el libro impresionó tanto a los santiaguinos que se ordenó su quema pública, con lo que Bilbao terminó convirtiéndose en el mentor de todos los jóvenes con inquietudes. Uno de los componentes de esta nueva sensibilidad romántica era la actitud de acercamiento al "pueblo", al que se debía instruir e interesar en la vida política. La apelaci'ln al pueblo de la década del cuarenta -y sobre todo a su capa más ilustrada, los artesanos- fue en buena medida una consecuencia de esa actitud de filiación romántica. Durante la elección presidencial de 1846 este tipo de apelación creció y la agitación popular pareció incrementarse, al punto de preocupar a los grupos adictos al gobierno que constituyeron una Sociedad del Orden (su presidente, Ramón Errázuriz, sería paradójicamente el candidato presidencial liberal en 1850). La oposición liberal, por su parte, constituyó la Sociedad Caupolicáo, que debió "atraer a su seno a la gente de la clase obrera". La apelación al pueblo seguía siendo de estilo tradicional Se lo convocaba para una coyuntura electoral, sin fines ulteriores, aunque sus enunciados "filantrópicos", en los que se afirmaba la necesidad de sacar "el sufragio popular de la afrentosa tutela que lo encadenaba y envilecía", permitían adivinar la incipiente influencia del nue\"o pensamiento social. J.. A. Romero: Liberale, y arte,ano, en Santiago de Chile 21 El resultado fue mediocre, pues apenas medio centenar de artesanos concurrieron a la Sociedad. De cualquier modo, resuelta la elección, la agitación desapareció totalmente. A lo largo de los años que van desde la Independencia hasta 1846, los distintos sectores políticos recurrieron, en lo más agudo de la confrontación, a los sectores populares. Lo hicieron generalmente quienes estaban en la oposición y trataban así de equilibrar los recursos de que disponían quienes gobernaban: la policía o las clientelas electorales formadas por guardias cívicos o empleados públicos. Sin embargo, y pese a que no hubo respuestas importantes de los artesanos, comenzaba a percibirse en esa apelación la presencia de otras motivaciones, inspiradas en el pensamiento social europeo. Esas son las tendencias que maduraron en el período siguiente. LA CRISIS POLITICA(l849-1851) Una sucesión presidencial muy compleja, una situación económica deteriorada como consecuencia de la crisis europea de 1847-48, y además las repercusiones locales de la marea revolucionaria europea, crearon en Santiago, y en menor medida en otras ciudades, las condiciones para la emergencia de una situación política nueva en la que, por primera vez, los artesanos fueron llamados a desempeñar un papel importante. En los años anteriores a 1851, el grupo que rodeaba al presidente Bulnes se enfrentó con motivo de su sucesión; la presencia de dirigentes liberales, fuerte en el próspero Norte Chico minero, agudizó una división que, sin embargo, era interna al grupo dirigente. Desde 1846 era jefe del gabinete Manuel Camino Vial, quien organizó una suerte de clan político familiar, nutrido principalmente con jóvenes. Frente a éi Manuel Montt aspiraba también a la sucesión. En las elecciones de 1849, aunque en general Vial pudo imponer sus candidatos, sufrió derrotas en cuatro distritos importantes, a manos de candidatos liberales pero también conservadores (Francisco Tocomal triunfó en Valparaiso, con el apoyo, siempre errático, de los artesanos). Bulnes reemplazó a Vial por Montt y aquel pasó a la oposición, uniéndose a los liberales en una activa campaña, parlamentaria y periodística. Edward Vives describió esta "fronda liberal" como el producto de la unión de los clanes Vial y Errázuriz. Se trataba realmente de una fronda aristocrática: el Club de la Reforma, fundado a fines de 1849, languideció pronto, cuando sus jefes marcharon a sus fundos a dirigir las tareas de la cosecha. La designación de Antonio Varas, mano derecha de Montt, como ministro de Inte- �22 SigloXIX rior, auguraba no solo el fin de la "fronda" sino la segura elección de Montt. No obstante, la división entre sectores oficialistas había sido mucho más profunda que en ocasiones anteriores, y los grupos liberales, antiguos o recientes, no se resignaron a ceder el terreno sin dar una batalla. La crisis económica que se vivía contribuía a crear un clima de intranquilidad propicio para la propaganda electoral. Por entonces, la economía chilena tenía con las metropolitanas vínculos comerciales lo suficientemente importantes como para que recibiera los efectos de la crisis de 1847-48. Primero se sintió la disminución del comercio de tránsito, que alimentaba la actividad de V alparaiso; luego, la declinación de las exportaciones de cobre y trigo, aunque muy poco después la apertura del mercado californiano restableció la prosperidad. Momentáneamente la preocupación era general y los periódicos dedicaban largos artículos a examinar las posibles repercusiones de la declinación del comercio de tránsito sobre la economía interna. El principal de ellos fue la disminución de las rentas de Aduana y, consecuentemente, de los ingresos del Estado. Aunque es difícil precisar sobre quienes repercutió esta crisis, es indudable que el clima de intranquilidad que se generaba estuvo presente en toda la coyuntura política de 1849. Sin embargo, el factor más importante fue de otro tipo. " La revolución francesa de 1848 tuvo en Chile un eco poderoso". Estas palabras_, con las que Vicuña Mackenna inicia su libro Los jirondinos chilenos, parecen resumir la intensidad del ~pacto ideológico del proceso revolucionario francés. Los demócratas republicanos que triunfaron en las jornadas de febrero tuvieron sus émulos en el Club de la Reforma: Se ha dicho que en Chile no había patriotismo ni opinión y se ha engañado - escribían en el número inicial de La R eforma- ; faltaba solamente una palanca que la removiese, un acontecimiento grande y sublime que nos sacudiera, para presentarnos tan patriotas y republicanos como cualquier otro pueblo de la tierra. Los últimos acontecimientos de la Francia. .. han dispuesto aquel entusiasmo ambiente, que se sintió en los grandes y gloriosos días de nuestra revolución de Independencia. L. A. Romero: Liberale1 y arte,am>s en Santiago de Chile 23 ~nservah:m todavía la confusión y ambigüedad que durante las ~tapas iniciales tuvieron para sus propios protagonistas, y legítimamente podían ex~erse ~e los suces~ distintas consecuencias. Los sectores más jóvenes del liberalismo,, y _especialmente los uniyersitarios, se sintieron atraídos por la aureola romantica de los sucesos y recibieron, entremezclados todos los mensajes de la revolución de febrera. De la Historia de los Girdndinos de Lamartine, que llegó a Chile por entonces, se vendieron muchísimos ejem. OliZa& cad a uno" , y sus tem~ estuvieron de moda durante plares, " a selS 1849 Y 1850. Gustaban los jóvenes liberales de llamarse entre sí con los nombres de los principales protagonistas de la Revolución Francesa: hubo un D~nton, un Brissot, un Mirabeau; Eusebio Lillo, el poeta, fue Lamartine; Bilbao, el orador fogoso, fue V ergniaud; Santiago Arcos, Marat. Y así co~o tomaron los nombres, repitieron sus actos y apelaron al pueblo, a quien c~nvocaron, para ~e se i l ~ a primero y luego para que participara activamente en pohtica, resolviendo en favor de los jóvenes liberales la lucha por el poder que entonces se estaba librando. -Difícil sería exagerar la importancia de este impacto ideológico sobre los jóvenes liberales. ·Santiago Arcos, uno de los fundadores del Club de la Reforma, había estado en París hasta 1847. En febrero de 1850 volvió a Santiago Francisco Bilbao, exiliado desde la condenación de su Sociabilidad Chile-na en 1844: no solo había convivido en Pana con Quinet, Michelet y Lamennais sino que había asistido activamente a las gloriosas jomanadas.de febrero y las más trágicas de junio. El ejemplo estaba demasiado a la VlSta para que nó se sintiera tentado de buscar, en el apacible Santiago, al pueblo que debía educar y conducir y, sobre todo, a su parte más culta, el artesanado. También los moderados defensores del orden coincidían en atribuir importancia a la experiencia francesa, y atacaban, con ironía mezclada con preo_cupación, a "los que están viendo en todas partes jornadas de febrero, barricadas, balazos, como la intención o el principio de una revolución. ..; (los que) ~ he~ho alianza con la masa bruta del pueblo, enarbolando la chaqueta roJa, súnholo del comunismo roto y también de la mashorca de Rosas''_10 LA SOCIEDAD DE LA IGUALDAD LA FASE SOCIALISTA Con moderación y aparente ingenuidad, el conseivador El Comercio ~e Valparaiso, redac~do por A!herdi, respondía que, aunque esos propósitos ~ran loables,, Chil? ya ~ab1a superado la etapa recién cumplida por la Francia, pues hacia vanas decadas que tenía un gobierno republicano.9 No era solo hipocresía lo de El Comercio . .. Las noticias de Francia (MARZO- JUNIO DE 1850) El n~cleo inícial de la Sociedad de la Igualdad11 estuvo integrado por Arcos, Bilbao, Recañarren, el poeta Eusebio Lillo y Benjamfu Vicuña Mackenna, separados todos del Club de la Reforma. En las reuniones iniciales, de marzo de 1850, quedó definido el propósito básico: "atraerse al pueblo, es decir a la clase ofüera. .. y esto por medio de sus más recomen- �24 SwtoXIX dables jefes de taller". El texto de Vicuña Mackenna sintetiza admirablemente el proceso intelectual seguido por un sector de la élite en su percepción del elemento popular; también define los medios seguidos por este grupo de jóvenes intelectuales y políticos para acercarse a las clases laboriosas. Los maestros artesanos o jefes de taller, es decir la capa superior de los trabajadores, aquellos que se distinguían por "su afición a la lectura de diarios" o por "cierto tinte de ilustración"12 serían los convocados en primer término, correspondiéndoles a ellos traducir las enseñamas recibidas al lenguaje más sencillo de los trabajadores comunes. Los jóvenes igualitarios contaban con capitalizar la organización del trabajo existente, y también con aprovechar el ascendiente de los jefes de taller, ·pero al mismo tiempo proyectaban aprovechar el otro ámbito donde los artesanos estaban organizados, la Guardia Cívica, de la que muchos maestros eran sargentos. En el núcleo fundador bahía "seis obreros, jefes de taller" (los términos eran considerados equivalentes), a los que agregaron otros cuando se organizó la primera Junta Directiva. Entre estas diez personas (que constituyeron el grupo artesanal inicial de la Sociedad) bahía cuatro sastres, un zapatero, un sombrerero, un talabartero, un carpintero, un tipógrafo y un músico. En algunos casos, se aclaraba que eran jefes de taller, y en un caso se especificaba que se trataba de un sargento de la Guardia Cívica. Con excepción del tipógrafo, y en cierta medida del músico, todos los demás pertenecían al artesanado tradicional y al conjunto de profesiones que, en mayor o menor medida, se encontraban en cualquier ciudad chilena. Este carácter tradicional del núcleo artesanal de los igualitarios está reforzado por el hecho de que entre ellos no bahía ningún nombre extranjero. Podría agregarse que, posiblemente, no se tratara de artesanos muy prósperos, o por lo menos que hubieran realizado alguna de aquellas brillantes carreras propias de los extranjeros especializados. El resultado inicial de la convocatoria no fue muy exitoso. En la reunión inicial del grupo fundador, en el mes de marzo, se intercambiaron noticias acerca de la disposición en que se hallan los obreros de Santiago. Solo oímos palabras desconsoladas -comenta Zapiola- que hubieran desalentado a los más entusiastas, pero no a nosotros, que teníamos fe en nuestra obra. Aunque la Sociedad creció mucho en los meses siguientes, nunca atrajo a un número considerable de artesanos ni logró dar a los pocos que concmrieron formas organizativas sólidas, capaces de resistir la represión gubernamental. A fines de 1850, uno de los dirigentes renegaba de la "soñolienta capital", donde con la excepción de veinte jefes de taller "no bahía prácticamente pueblo". L. A. Romero: Liberales y artesanos en Santiago de Chüe 25 La misma convocatoria había sido limitada, pues los igualitarios recortaron claramente a su interlocutor dentro del conjunto de los sectores populares santiaguinos, y en ningún momento pensaron en acudir a los rotos; por el contrario, hay evidencias posteriores del deseo de evitar cuidadosamente su participación, especialmente durante el motín del 20 de abril de 1851. Luego de su fracaso, Santiago Arcos, el más lúcido de los dirigentes igualitarios, reconoció que "los que por entonces estuvieron en contacto con usted (Bilbao) fueron muy pocos", aunque a diferencia de los que participaron en otros movimientos en ese año se trataba de "pobres inteligentes".13 ' Santi~~, Arcos había sido precisamente quien inició el viraje de los ~pos m3& JQvenes del Club de la Reforma hacia posiciones novedosas. Segun recuerda Zapiola, en una de las sesiones del Club a fines de 1849 manifestó ~e "nuestros trabajos no solo deben tener p;r objeto el trilUlfo de un candidato_ progre~~,sino también sacar al pueblo de la vergonzosa tutela que lo tiene SUJeto . En febrero de 1850 regresó de Paris Francisco Bilbao; su person:tlid~d vigoro~, el prestigio que le daba su emigración de 184.5 y ~ expenenci~ e~ las Jornadas de 1848 hicieron que sus vagas y confusas ideas se convirtieran en el programa inicial de la Sociedad. El Estatuto que pr~paró incluía tres puntos lo suficientemente generales como para que pudieran ser aceptados por cualquier liberal, y solo suscitaron roces en el aspecto religioso. . ~l progr~~ ~e la Sociedad adquirió expresión más clara con la puhli~c10n del penodico El Amigo del Pueblo, dirigido por Eusebio Lillo· Vicuña Mackenna lo definió como "más socialista que democrático m~ rev~lucionario ~e ~~ítico". En l?s editoriales de El Amigo del Pueblo se adVIerte la comhmac10n de la antigua problemática política con la nueva perspectiva social. El objetivo inmediato seguía siendo la reforma electoral Y_l~ lucha por l~ libertad y la justicia; pero apartándose de la vieja tradición pipiola, El Amigo_ del ~ueblo desechaba la vía electoral o golpista, se defima como revoluc10nano pero no violento y, reafirmando su fe en las ideas Y, la. prop~anda, proponía "una revolución pacífica y santa, que nos dejara bienes m.mensos y con un horizonte político sereno y bien extendido". Para lo~arlo, era necesario acceder a quien debía ser el agente de esa transfonnacron: el pueblo, llevando hasta él aquellas ideas que en su sen?, hi:!'rí3!1 de fructificar. "Liguémonos al pueblo", proclamab~ el perió~co, ah~º?ºª p~ ~n nuestras ideas hasta el corazón del pueblo, deJ~do alli el ~~en vivificador _de los buenos principios. ..".14 Organizac1on y educacr~n eran los cammos para una reforma pacífica pero profund~ de la ~ciedad f p~a ello era necesario "ilustrar al pueblo, dándole una IDStrucc10n gratuita; mculcar el principio del amor y la fraternidad". �26 L. A. Romero: Liberales y artesanos en Santiago de Chile 'l:l SigloXIX Esa función docente se habria de cumplir en forma sistemática, por medio de cursos, pero también a través de la convivencia entre los "caballeros" y la "gente del pueblo", como lo expresaba con entusiasta ingenuidad el mismo José Zapiola: Los resultados (de la Sociedad) correspondieron a sus miras, pues el hombre culto modelaba por e1 su porte, con tanta mejor voluntad cuanto que era tratado con consideraciones que le eran desconocidas hasta entonces . Santiago Arcos expresó con más claridad que ninguno de sus compañeros los contenidos programáticos del grupo societario. En su Carta a Francisco Bilbao, escrita en 1852, separó claramente a la Sociedad del viejo partido pipiolo, al afirmar que estos diferian de los pelucones solo en matices. Es curioso sin embargo que, en el vasto programa de transformaciones del país que proponía, y que incluía el reparto de los latifundios y la inmigración en gran escala, no se hiciera la menor mención a los arte~ nos y a sus eventuales intereses. Los artesanos, cuya voz apenas se 01a, fueron convocados a apoyar un programa de objetivos generales, que no incluía sus reivindicaciones específicas. Los jóvenes igualitarios dieron a la organización de la Sociedad más importancia que a las formulaciones programáticas. Sus reglas se establecieron con toda formalidad. El grupo inicial que integraban cinco intelectuales y seis artesanos, decidió adoptar una organización desceptralizada, fomentando la constitución de distintos grupos barriales, donde se di..<ieu• tirian los problemas, aportando iniciativas que debía canalizar la Junta Directiva. Cada grupo podía tener un máximo de 24 miembros, procurando así facilitar la participación de los integrantes; cada uno de ellos recibía del secretario del grupo una credencial como socio, que le permitía concurrir a las reuniones plenarias de toda la Sociedad, que se celebraban quincenalmente. Estas eran coordinadas por la Junta Directiva central y en ellas se discutían las proposiciones elaboradas por los grupos. Dos eran las tareas principales de la Sociedad y ninguna de ellas se relacionaba con la política práctica o con la lucha de partidos. La primera consistía en discutir diversos proyectos que hacían a la reforma poüticao al mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo. La segunda, en el dictado de cursos en los que cada uno de sus miembros aportaba sus conocimientos, sin distinciones ni jerarquías. Manuel Recabarren enseñaba economía política, Bilbao filosofía, Arcos tocaba temas políticos; junto con ellos, Zapiola enseñaba música, el sastre Rojas costura y "un negro... Mr. Moore, inglés a los ciudadanos de poncho". Para los igualitarios estos cursos satisfacían varios objetivos. Además t • • 1 .. t r de cultivar a los artesanos y prepararlos para su misión trascendente, los apartaban del vicio, del juego y la bebida. Finalmente, obreros y artesanos instruidos no podrian ser captados por los partidos oficialistas u opositores mediante los tradicionales mecanismos del soborno o el alcohol. Esta confianza en la pedagogía y en los resultados que se podían obtener a largo plazo se acompañaba de un rechazo a la posibilidad de constituir un movimiento masivo, que pudiera obtener rápidos resultados electorales. Ambas notas caracterizaron esta primera fase de la Sociedad, que podria calificarse de socialista. LA SOCIEDAD DE LA IGUALDAD: LA FASE LIBERAL (JULIO- NOVIEMBRE DE 1850) En sus primeros meses de vida la Sociedad se mantuvo dentro de los lineamientos trazados por sus fundadores y procuró mantenerse por encima de la lucha de partidos, que arreciaba a medida que se acercaba la elección. La Sociedad, que inicialmente había absorbido al Club de la Reforma, tenía cada día más miembros y adherentes, aunque entre los nuevos, antes que los artesanos, predominaban los jóvenes de buena familia. Hacia el mes de julio los concurrentes a las reuniones desbordaban el patio de la casa que servía de sede y salían a la calle; entre los sectores adictos al gobierno crecía el temor de que la Sociedad, inicialmente no comprometida en la lucha política inmediata, fuera absorbida por la oposición liberal. La coyuntura política influyó en el cambio de orientación de la Sociedad. La designación de Varas en el ministerio de Interior y la ya segura candidatura de Montt llevaron a Vial, los liberales y sus seguidores, a acercarse a la Sociedad, "único elemento de poder que le queda a la oposición". Esto desató conflictos entre los directivos originales de la Sociedad y los nuevos adherentes liberales. Momentáneamente los primeros mantuvieron el control, gracias al apoyo de los artesanos, como se reveló en el. cuestionamiento que los liberales hicieron a Bilbao por la publicación de sus Boletines del Espíritu, en los que, siguiendo a Lamennais, atacaba algunos dogmas del catolicismo. Sin embargo, no pudieron mantenerse fuera de la lucha política partidista. A principios de agosto los miembros de la Sociedad comenzaron a concurrir en grupos a la Cámara. El 19 de agosto, un grupo policial, al que se unió gente reclutada en los barrios bajos, asaltó la sede de la Sociedad, donde había finalizado una de las reuniones plenarias " rompiendo algunos huesos en la disputa que se produjo, magullando a unos cuantos y capturando a algunos para enviarlos a prisión". La noticia conmovió a la ciudad y en pocos días la Sociedad triplicó sus adherentes, que pasaron de 600 a 2000. Fue necesario alquilar para las reuniones un local descubierto en la �28 SigioXIX calle Duarte, a pocos pasos de la Alameda. Buena parte de los nuevos adherentes provenía de la oposición liberal y de la fracción de origen conservador de Manuel Camilo Vial, que ingresaron masivamente en la sociedad. Tal como lo dejó testimoniado Blest Gana en Martín Rivas, la politización de la ciudad alcanzó un punto muy elevado, que no decrecería sino a m& diados de 1851. Desde el mes de octubre la Sociedad apareció volcada definitivamente a la lucha política. Apoyaron la candidatura presidencial de Ramón Errázuriz, figura difícilmente identificable con un programa progresista. En octubre, el poeta Eusebio Lillo componía una marcha, La Igualitaria, al estilo de las de la Francia revolucionaria, llamando al pueblo a la lucha. El periódico La Barra, abandonando la prédica pacifista y reformista de los primeros tiempos, desafiaba al gobierno con lenguaje encendido: "¿Qu& réis hacer fuego sobre el pueblo? ¡Cuidado! Porque el pueblo obrero os cargará las víctimas de una cuenta terrible y sangrienta" .15 L. A. Romero: Liberalu y artesanos en Santú,go de Chile 29 que fueron excluidos algunos suboficiales que simpatizaban con lós Igualitarios, y reforzando la vigilancia. Como se vio, el 19 de agosto, un grupo organizado y protegido por oficiales de la policía había asaltado el local dela Sociedad. El ataque fracasó porque otra partida policial, que desoonocía el suceso, entró al edificio y arrestó a los asaltantes. La integración del grupo asaltante muestra el intento del gobierno de movilizar a otros grupos populares, tanto de artesanos como del bajo mundo, para oponerse a los iguali· talios. Habían en él gente de la calle de la Bandera (por,entonces una de las zonas peligrosas de Santiago), y también dos zapateros, un carpintero y un jornalero. Su jefe era Isidro Jara "El Chanchero", de variadas profesiones: herrero en Valparaiso, bodeguero en Santiago, y luego agente electoral del gobierno, "enganchador de reclutas mediante los garitos tolerad9s" y en ese momento sargento de la Gu<1Idia Cív,ica. El fracasado a.salto resultó contraproducente: aumentó las adhesiones a la Sociedad y despertó fuertes críticas entre los sectores altos santiaguinos, sobre todo por Sil poca eficacia.17 A mediados de octubre, luego de una de las sesiones plenarias, se orga- nizó un desfile por la Alameda hasta el Cuartel de Artillería, ubicado en el extremo este del paseo; en respuesta el gobierno decidió prohibir las manifestaciones públicas. Un par de semanas después se realizó lo que sería la última reunión pública de la Sociedad, a la que asistieron unas 1500 personas, "entre las cuales había no menos de 200 personas de distinción"; a sn término hubo una nueva procesión por la Alameda, realizada por "200 personas decentes. .• y algunos artesanos", reclamando que el gobierno declarara formalmente que no auspiciaba la candidatura de Montt. Poco después se produjo el motín de San Felipe; llegado ese punto, el gobierno decidió declarar el estado de sitio y ordenó la disolución de la Sociedad. El gobierno había demorado varios meses en decidirse a tomar esa m& dida, a lo largo de los cuales su preocupación fue en aumento, al igual que la de los sectores altos de la sociedad santiaguina: "un buen pueblo debe contentarse con el derecho de divertirse en las festividades públicas y no meterse en lo que no entiende. Si cada artesano da su opinión en política, no veo la utilidad de estudiar", dice uno de los personajes de Martín Rivas. A los fantasmas de igualitarismo y el comunismo se unía el temor de una sangrienta insurrección, que prepararían los jóvenes igualitarios "con apoyo de las masas, a las que darían los despojos del saqueo de las casas de los ricos".16 En lvS primeros meses, el grupo político que ocupaba el gobierno pudo pensar en disputar la calle a los liberales e igualitarios, pero en ese terreno fue totalmente derrotado. Se preocupó en cambio por controlar los aspectos más peligrosos de la situación, depurando la Guardia Cívica, de la Luego del asalto fracasado el gohiemo se mantuvo a la expectativa, limitándose a circunscribir las manifestaciones c,allejeras. Pero . el mitín producido en la vecina capital departamental de San Felipe, donde participaron igualitarios y artesanos, lo llevó a declarar, el 7 de noviemhre, el estado de sitio y la disolución de la Sociedad, detefliendo a muchos de sus dingent~. Según el gobierno, los responsables de los desórdene~ eran los políticos, in,telectuales y periodistas, culpables de "explotar la ignorancia y mala$ pasiones de la clase acomodada", La acción del gobie1110, muy rápida, evitó cualquier posible oposición, perq la Sociedad tampoco fue capaz de ensayar resistencia ltlguna. Lamayoría de los dirigentes apresados fueron deportados, a Lima alguno.a, al penal de Magallanes los menos afortunados. "Las prisiones de artesanos continúan a destajo -anota Vicuña Mackenna en su Di.ario- y no pasa día sin que tomen a diez o doce de estos infelices, de los cuales muchos han sid9 enviados a V alparaiso". Los que quedaron, v:ieron con amarga desilusión que la esperad¡¡ reacción popular no se producía y que, de los 5000 artesanos con que Bilbao declaraba poder contar, solo había algunos grupos pequeños, impotentes y faltos de organización. . Por unos días, imaginaron que era posible asaltar. el Cuartel de Artill& ría, "armar al pueblo, reunirlo to.c ando a rebato en el campanario, y generala, en los cuartel.es. .. y esperar al enemigo en la Alameda". Sin embargo, las noticiaa. qu~. fy.eron llegando resultaron desalentador1113: las partidas, mucho más reducidas que lo supuesto, optaban por disolverse por falta de elementos para combatir, o habían sido delatadas a las fuerzas del gobierno. De, los.300 ~nos que, según se decía, estaban reunidos en San Mi- �L. A. Romero: Liberalu y artuano, en Santitwo de Chile 30 31 SigtoXIX dos eran escasamente doscientos. goel (el sohurlrio del Sur), solo quedaban partidas sueltas, que se disol'rieron "por no tener annas, ni siquiera piedras con que hacer frente a los granaderos y al (regimiento) Y ungay, que se acercaba a dispersarlos." Similares noticias llegaban de las parti1las que el sastre Rojas tenía (o debía haber tenido) en el Tajamar, o de la de Melcbor Ugarte al sur de la Alameda. A estas anotaciones de su Diario, Vicuña Macketma agregaría, aiios de&pués, amargos oomentarlos sobre la capacidad y el valor de algunos dirigentes, que gastaron todo su talento en encontrar insólitos escondrijos para eludir la detención. ba Sociedad, dueña basta entonces de- la calle, fue rápidamente derrotada por un gobierno que, además, se benefició con la llegada del verano y el fin del aiio político. EL MOTIN DE SANTIAGO (20 DE ABRIL DE 1851) Lentamente, a medida que el verano concluía, los dirigentes radicales reanudaron la actmdad con la esperanza de una nueva confrontación con el gobierno, La posibilidad de movilizar y organizar a los sectores populares que habían simpatizado con la Sociedad de la Igualdad no bahía sido descartada; Vicuña Mackenna recorrió los talleres, hablando con los artesanos y repartiendo ejemplares de La Bon-a. Sin embargo, la mayoría se inclinaba por lograr el respaldo de alguna unidad militar e intentar un golpe contra el gobierno, para lo cual consiguieron el apoyo del coronel Urriola, jefe del regimiento Valdivia, la unidad militar más importante de Santiago, a quien se comprometió la adhesión de "cinco mil igualitarios". Pese a que se insistía en las ideas originarias de movilización del pueblo al estilo de las jornadas parisinas, el apoyo a un golpe militar que, en definitiva, solo reclamaba la renuncia del ministerio y el retiro del apoyo a Montt, significó empero un retroceso considerable respecto de los postulados iniciales de la Sociedad. En la madrugada del 20 de abril de 1851, el Regimiento Valdívia ocupó la Plaza de Armas; en ese momento el gobierno no disponía de una fuena militar equivalente. Rápidamente se juntó en las inmediaciones una enorme cantidad de gente; las esquinas "estaban atestadas de curiosos y de paseantes, especialmente de sirvientes domésticos, que iban al recaudo del aLasto". Urriola y los dirigentes igualitarios arengaron a la muchedumbre pero C'>n escaso éxito: la mayoría optó }l'>r irse, aunque muchos se queda• ron a presenciar un cspectáeúlo que prometía ser animado. Pn grupo reducido se incorporó al movimiento, pero entre ellos escaseaban los obreros y artesanos 1fUÍCnes, según se supo dcspuéí!, en su mayon'a estaban en ese momento acudiendo al llamado de los cuartele I de la Guardia; abundaba, en caml,io, "el ¡10pulacho d,~ 1()1; arrabales". Par cnton~, los civiles arma- Con lentitud, Urriola ocupó el Cuartel de Artillería, decisivo para el triunfo de cualquier motín. Los civiles llegaban a cuatrocientos, aunque muchos solo estáhan armados con adoquines. El motín comenzó a tomar la apariencia de una jornada parisina, con barricadas cerrando la Alameda y tiradores en los techos de las casas vecinas. Pero poco pudieron hacer cuaildo dos regimientos gubernamentales, y coinpaiiías de la guardia Civil, asaltaron el cuartel La derrota militar del levantamiento estaba de algún modo preannnciada por el fracaso en la movilización del artesanado. Muchos permanecieron indiferentes y otros, inclusive, acudieron a la convocatoria de los regimientos de la Guardia Cívica y terminaron combatiendo contra los igualitarios. Los jóvenes dirigentes, que soñaban con condncir al pueblo al poder, se vieron así enfrentados con una realidad bien distinta. Un Ji. beral puro, como José Victoriano Lastarria, con escasas veleidades populares, atribuía esta defección del puebló a "su imbecilidad" innata y a los erróres de condncción. Vicufia Mackenna lo atribuyó, en cambio, a la falta de convicciones ideológicas profundas de los obreros, tocados solo superficialmente por la prédica de la Sociedad. Esta había sido eficaz mientras todo se limitara a escuchar conferencias o, inclusive, a ganar la calle, pero no resultó lo suficientemente fuerte como para que tomaran las armas. ¡ Sólo le quedó a los igualitarios la adhesión de "cincuenta o cien hombres resueltos, la mayoría jefe de taller o aprendices". En cambio, los igualitarios descubrieron en la jornada de abril un aliado tan sorpresivo como poco deseado. En cuanto a la turbamulta que nos había venido siguiendo desde los arrabales -escribe Vicuña Mackenna- esta solo pedía dinero; pero al mismo tiempo pedía fusiles. Esta era la leva revolucio~ ria del motín, la carne de cañ6n de las batallas. Esos querían pelear. El rechazo al "bajo pueblo", a los "rotos", es aquí bien explícito. La represión que siguió al motín fue lo suficientemente intensa como para que, en momentos en que la guerra civil agitaba todo el país, Santiago no volviera a ser escenario de hechos de importancia. En mayo se proclamó en Concepción la candidatura del general Cruz, militar y conservado,r, pero hombre del sur. Los liberales santiaguinos y los propios igualitarios sobrevivientes la apoyaron, aunque muy poco del programa del general tenía que ver con la tradición igualitaria. En Santiago las elecciones fu~ ron canónicas y triunfó Montt, con la colaboración de la maquinaria ele-o- . �32 SipXIX L. A. Romero: Liberale• y anuano• en Santiago de Chile toral integrada por los habituales "apretadores", "discutidores", "compradores" y "banqueros". A la oposición liberal solo le quedó realizar una manifestación frente al periódico El Progreso, atrincherándose "detrás de las montañas de tierra de un edificio en construcción, y combatir a pedradas con la policía", es decir poco más o menos lo que había podido hacer en 1840 o 184.5. ~uego del triunfo de Montt se inició en el norte y el sur el vasto levantamiento que encabezó d general Cruz y que culminó con su derrota en Loncomilla. Durante esos agitados días, nada ocurrió en Santiago, celosamente vigilada por la policía, y muchos de los jefes igualitarios y liberales prefirieron trasladaJSe a otros lugares para desarrollar su acción. Así culminó esta experiencia, la primera de importancia, de convocatoria política del artesanado santiaguino. 33 esta experiencia intelectual aumentó, a los ojos de los jóvenes igualitarios, la visibilidad social y política de los artesanos. La convocatoria de 1850 incluyó dos vetas diferentes, que acabaron mezclándose. La primera se inspiraba en el pensamiento social europeo de ~vanzada, aunque recogía motivos de la más tradicional Ilustración. A través de la Sociedad se pensaba realizar una lenta y paciente tarea de educación, en la que lo político era solo una de las dimensiones. La segunda se vinculaba con necesidades más inmediatas: encontrar apoyos para jaquear a una faccjón adversa que, con el monopolio del poder, estaba asegurándose los beneficios de la sucesión. Esta segt>.nda veta, que suponía una manipulación de la movilización popular, también reconocía precedentes europeos, como el reformismo británico de 1832 o la revolución parisina de 1830. CONCLUSIONES Estos episodios pemúten sacar algunas conclusiones acerca de la vida política de la capital chilena y la acción de los grupos liberales. También, aunque en menor medida, sobre la historia de los sectores populares san- tiaguinos. La creación de la Sociedad de la Igualdad marca una separación entre dos maneras de convocar a los sectores populares para dirimir conflictos políticos en d seno de la élite. Tradicionalmente, en los momentos de crisis, alguno de los dos sectores convocaba al temido y despreciado populacho. Lo hacían generalmente quienes estaban en la oposición, y si tenían éxito se apresuraban a desprenderse de tan incómodos aliados. El período 1849-51, cuando se decidió la sucesión del general Bulnes, tuvo todos los ingredientes para estimular estas formas tradicionales de convocatoria. Pero la apelación de 1850 fue distinta. En parte contribuyó a ello la experiencia de quienes advirtieron el desarrollo del artesano santiaguino. Objetivamente, los artesanos eran más numerosos, se los encontraba en más lugares, suscitaban más comentarios y preocupaciones, mostraban más aristas conflictivas. Pero taniliién influyó otra experiencia, de naturaleza más ideológica: el impacto del proceso revolucionario europeo, en cuya vanguardia siempre l10día encontrarse a los herederos de los míticos sans culottcs. transfonnados en los más modernos trabajadores. Con él, la influencia de muchos escritora;: románticos, republicanos, demócratas, socialistas, utópicos, cuyas ideas, rara wz leídas de primera mano, podían sin embargo cncontrars..· en la profu..--a literatura dt• dinilgarión qlll' circulaba por las manos de cual11uier jown ilustrado. Es difícil saber hasta que punto . Así, el proceso político de esos años transfonnó la naturaleza de la Sociedad, convirtiéndola en el ariete de la oposición liberal que se adueñó de su dirección. A ella ingresaron todos los dirigentes opositores, quienes la utilizaron para reeditar en Santiago una joumée paririna. Luego, el grupo dirigente se apartó cada vez más de las líneas originarias: jugó sus cartas a un "pronunciamiento" a la española, en el que la participación popular fue escasa e inútil, y luego las depositó en manos de un general conservador. Todo culminó en un fracaso inmediato pero dejó sus l\,uellas. La escena política se hizo más compleja que antes; por otra parte, y por caminos diversos, el advenimientó de Montt inició una larga transiciÓJ\, {{lle dos décadas después llevaría -a la presidencia a un liberal definido, Federico Errázuriz, cualquiera que sea el significado que tal denominación política tenga. El episodio taniliién dice algo, si no mucho, sobre la historia de los sectores populares santiaguinos. Los sucesos tienen un carácter menos épico que lo que la tradición ha presentado hahitualniente. La Sociedad no movilizó a demasiados artesanos. Aunque no lo sabemos con seguridad, parece que quienes respondieron a la convocatoria se encontraban entre los grupos más rezagados y menos beneficiados con las transformaciones económicas generales, de modo que su participación pudo haber expresado algún tipo de disconformismo generado en esa situación. Pero no se manifestarón ní objetivos propios ni formas autónomas de organización. Más aún, la Sociedad no pudo romper las formas tradicionales de encuadramiento: los artesanos respondieron en ,buena medida a la convocatoria a la Guardia Nacional y participaron en la represipn de los igualitarios. · �34 L. A. Romero: Liberales y artesanos en Santiago de Chile SigloXIX Y sin embargo, este movimiento ocupa legítimamente un lugar en la historia,. fragmentaria y discontínua, de unos sectores populares que medio siglo después serían protagonistas principales de las luchas sociales y políticas de Santiago y de Chile. Algunos de los artesanos que hicieron sus primeras experiencias en la Sociedad aparecen, en las décadas siguientes, animando los movimientos mutualistas, antecesores de las formas más modernas de sindicalismo. Pero sobre todo, la experiencia de la Sociedad pasó a convertirse en algo así como la piedra inicial de una historia, más mítica que real, de estos sectores. En ella, lo real se combinó con lo imaginado, aprovechando episodios realmente ocurridos con otros que forjaron a posteriori sus protagonistas y otros- proyectados por quienes se sentían sus sucesores. La validez de estas tradiciones no tiene nect.Sariamente que ver con la opinión de los especialistas acerca de su veracidad, pero establecer qué hay de cierto y qué hay de mítico en ellas -como se trató de hacer en estas páginas-, ayuda a entender los aspectos más específicamente ideológicos a través de los cuales los sectores populares van construyendo su identidad. 3.5 celo Segall, Ltu luchas de clases en las primeras décadas de la República de Chile, 1810-1846. Santiago, 1962. 9. Artículos del Comercio de Valparaiso a propósito de la Revolución Francesa de 1848, Valparaiso, 1848. La cita de La Reforma está tomada de Luis Vitale, Interpretación marrista de la hútoria de Chile, Santiago, t. 11, 1971. 10. El Comercio de Valparaiso, 2-5-1849. 11. Los testimonios referidos a la Sociedad de la Igualdad son escasos. Una de las fuentes principales es el folleto La Sociedad de la Igualdad y ,,u enemigos (Santiago, 1850), escrito por uno de sus miembros, el músico José Zapiola, quien fümó con las iniciales E. A. La otra fuente importante es la Hútoria de la jornada del 20 de abril, de Vicuña Madcenna. La obra fue escrita en 1878 y el~ toriador y político liberal analiza los hechos, en los que participÓ, con una perspectiva influida por los casi treinta años tmnscunidos. Muchas de sus apreciaciones contrastan con las de su Diario, escrito entre 1850 y 1851, que sirvió de base para su historia. Cf. "Diario de don Benjamín Vicuña Mackenna desde el 28 de octubre de 1850 hasta el 15 de abril de 1851", Revúta Chilena de Hútoria y Geografía, I, 2 a 4, Santiago, 1911. También tiene interés el "Diario de don José Victorino Lastarria desde junio de 1849 hasta maizo de 1852", en Revista Chilena, 1, 1 y 2, 1917/18. 12. Barros Arana, cit., l XV, p. 383. La cita recuerda el texto en el que Sanniento se admiraba de que un artesano se hubiera suscripto a El ho(freso. NOTAS l. Sobre los cambios en las sociedades latinoamericanas y sos ideologías, véase: José Luis Romero, Lotinoarnérica, la, ciudades y la, ideas. México, Siglo Vein- tiuno F.ditores, 1976. 2. "Santiago", en El Prope,o, Santiago de Chile, 19-12-1842. Marcial González, "Situación económica", en Revista de Santiago, 1, 1848, p. 36. 13. Santiago Aloos, Carta a Francilco Bilbao (1852). Reproducida en Hemán Godoy UIZúa, Estructura social de Chile. Santiago, F.ditorial Universitaria, 1971, p. 200 y ss. 14. Los textos de este periódico están tomados de Julio César Jobet, Santiago Arcos Arlegui y la Sociedad de la Igualdad. Un socialista utopúta chileno. Santiago, F.ditorial Cultura, 1942, p. 121. El artículo parece haber sido escrito por Arcos. En todo el texto, el único sinónimo de "pueblo" que se emplea es "artesano". 15. Los textos de La Barra están tomados de Vicuña Madcenna, Hútoria, cil 3. Domingo F. Sarmiento, "Las madezas", en Obru, t. X, Santiago, 1887, p. 190. 16. Gilliss, cit., p. 478. 4. James M. Gilliss, Tlie U.S. Astronomical Expedition to Southem Hemúphere during the yean 1849 to 1852. Washington, 1855, t. 1, "Chih..,, p. 214. "Santiago". cit. 5. Gilliss, cit., p. 219. 6. Sarmiento, "El salario", en Obras, X, p. 232. "El crédito en manos del pueblo", en El Comercio de Valparaiso, 12-1-1849. "Las válvuJas de seguridad", en El Comercio de Valparairo, 19-2-49. 7. Richard Longevillc VoweU, Campa&u y cruceros en. Venezuela y Nueva Granada y en el Océano Pacíftco, de 1817 a 1830_ En J.T. Medina y G. Feliu Cruz, Viaje, relativo.a Chile, IV, Santiago, 1962, p. 261. 8. Diego Bauo5 Arana, Un decenio de la liidoria de Chile, 184"-1851. En Obra, Completa., XIV, Santiago. 1913, p. 99-100. Sobre estos episodios, véase: Mar- 17. Vicuña Madcenna, cit., p. 139. Véase: Abél Valdés A., "El asalto a la Sociedad de la Igualdad en 1850", en Revilta Chilena de Hi6toria y Geografía, no. 116, Santiago, 1950. �Progreso, inmigración y libertad de cultos en Perú a mediados del siglo XIX Pilar García Jordán* - Si á los prodigiosos esfuenos que hicimos para emanciparnos debemos nuestra existencia política, á los que empleemos para atraer la inmigración deberemos nuestra prosperidad futura. .. La intolerancia. ese funesto legado del coloniaje y de la ignorancia de nuestros padres, es uno de los graves inconvenientes que tenemos que combatir para facilitar la inmigración europea, que es la preferible en el estado de infancia de nuestra sociedad. Goze el inmigrado de amplia seguridad y proteccion, desaparezca el esclusivismo que lo reduce á la condicion de peregrino ó mendigo, respétese el santuario de su conciencia. y de su culto, y se purificará nuestro hermoso suelo del contajio venenoso que auyenta á las poblaciones del antiguo mundo, y se llenarán de hombres nuestros grandes vacios territoriales, y cambiarán de aspecto los inmensos desiertos, en donde, por falta de recursos, no ha podido aun la tienda del viajero desplegar su dosel hospitalario.1 Con estas palabras el ministro de Gobierno, Juan Manuel del Mar, propuso al Congreso, en 1849, la aprobación de un proyecto de le~, sobre inmigración extranjera; la tesis fundamental aducida fue la estrecha dependencia existente entre prosperidad, desarrollo eeonómico y entrada de inmigrantes - mejor si fuesen anglosajones- los cuales aportarían 1aano de obra y/o capitales. Como he señalado en otros artículoi en 1845 se inició una progresiva adaptación del Pení al mercado exterior, cuando la explotación del guano generó los capitales suficientes para proceder a la transformación de las estructuras existentes, proceso propugnado por los sectores emergentes de la costa y algunos grupos terratenientes del interior, interesados en principio en la vertebración de un Estado moderno. Este proyecto implicaba necesariamente la abolición de los fueros personales y corporativos y la desaparición de gravámenes o cargas existentes sobre la tierra, tales como censos, diezmos, capellanías, vinculaciones, etc., *Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Barcelona �38 P. Garcw Jordán: Progruo, inmisración y culto• en Perú Si&foXJX privilegios de los cuales la Iglesia era sino la única, sí la princiral ~en~~ ciaria En consecuencia la influencia social de la que gozaba la ínstitucion fue taniliién cuestionada, iniciándose un proceso secularizador de la vida pública cuyas características son prácti~ente d~sconoc~d'.'51 aunque foizosamente debió afectar en alguna medida la Vida cotidiana de los peruanos. No es de extrañar que la Iglesia ante esta "ofensiva liberal" planteara una defensa a fondo tarito de sus bienes como de su ideología, o lo que es lo mismo se esforzara en reivindicar cuán necesaria era la presencia de la religión y de una institución e~esial fuerte ~n ,1a sociedad pei:uana Los mecanismos utilizados fueron varios pero aqui solo voy a refenrme a uno, la organización de laicos que fueran capaces de presionar, a través de la pre~sa y mediante actos públicos, en la calle o e? el templo, S_?bre el poder Civil siempre que la influencia social de la Iglesia fuese cuestionada El tema más conflictivo fue sin duda alguna la polémica alrededor de la tolerancia de cultos, quebrando así fa tradicional unidad r~,ligiosa en tomo a la religión católica De acuerdo con toda la documentacion consultada3 la posible aprobación por la Cámara Constituyente en 1867 _de la libertad de cultos fue la causa inmediata del surgimiento de la Sociedad Católico-Peruana - SCP-; como intentaré demostrar en este trabajo, aquélla es sólo una de las razones, no la más importante pero sí la más efectiva, en aras a lograr una mayor movilización de las masas populares frente al poder legislativo. De esta forma la defensa de la religió~ enmascara la defensa del status ideológico y socioeconómico de la IgleSia y de unos sectores sociales más vinculados al pasado que al futuro, en el período en que se produjo el primer intento de vertebración del Estado moderno peruano. "LA REIJGION DE LA REPUBIJCA DEL PERU ES, Y SERA SIEMPRE LA-CATOUCA, APOSTOIJCA, ROMANA, UNICA VERDADERA CON EXCLUSION DE OTRA ALGUNA" 4 El F.statuto Provisional dictado p0r San Martín con fecha 8 de octubre de 1821, primer documento constitu~i?~al de} !erú repuhli~3!!º, reconocía en su artículo primero que la religion catolica era la religion del Estado el cual se encargaría de conservarla defenderla de cualquier ataque a sus dogmas o principios fundamenq¡).es . ¡ En consecuencia no debe extrañamos que cuando en 1823, la Comisión encargada de redactar las bases constitucionales del nuevo Estado planteó la posibilidad de incluir entre las m~as. la tole~an~a de cult~s, el hecho levantase un cierto malestar entre las fuerzas Vivas de la sociedad limeña que enviaron rápidamente una carta al Congreso. El texto de- 39 nunció la redacción "confusa" del artículo So. de las bases constitucionales, cuya formulación era susceptible de interpretaciones "siniestras", esto es la tolerancia religiosa, reivindicando por el contrario la unidad religiosa permanente en el Pení, aunque ello supusiera "renunciar.. .a cuantas ventajas temporales podría proporcionarles la mezcla con los heterodoxos',6 Por vez primera se relacionan directamente dos cuestiones que a lo largo del siglo XIX aparecerán unidas -positiva o negativamente según quien sea el personaje que lo haga- como son la libertad de cultos y el progreso del país. La Asamblea de 1823 se inclinó finalmente por la opción conservadora, con una mayoría de votos favorables a que la religión y la Iglesia estuvieran protegidas por el F.stado, el cual habría de velar y asegurar el mantenimiento de ambas. El hecho subrayaba aun más si cahe el significado de la independencia, proclamada en el Pení como única alternativa que garantizaba la continuidad de las estructuras socioeconómicas vigentes hasta entonces, de las cuales la Iglesia era institución fundamental y la religión, principal instrumento ideológico de los grupos dominantes. Además h1> mos de tener en cuenta que el papel de la religión nunca fue cuestionado ni siquiera por los sectores progresistas que participaban de la idea utili~a de la misma y del clero secular que la propagaba Por ello todas las constituciones que siguieron a la Carta de 1823, la llamada constitución "vitalicia" del 26 con Bolívar de presidente,7 la aprobada en 1828 con La Mar de presidente con claras connotaciones liberales,8 el texto de 1834 y la carta de Huancayo -que aprobada en 1839 estuvo vigente hasta la "revolución liberal" promovida por Castilla en 1855- todas ellas mantu• vieron prácticamente sin cambios los artículos relativos a la religión y la institución eclesial. Sólo de forma esporádica, a lo largo de las dos primeras décadas republicanas, se publicaron escritos atacando a la Iglesia como institución detentadora de privilegios seculares y bienes materiales considerables, la cual era considerada al miSlno tiempo el principal obstáculo para el desarrollo del país y el bienestar de sus habitantes. En esta línea de pensamiento se incluyen por ejemplo un largo artículo de Vicente Albistur y algunos escritos de Tobías ~eón, todos fechados en 1825,9 donde a pesar de criticar a la Iglesia como receptora de diezmos, capellanías, vinculaciones, etc., se elogia la función de la religión: Nosotros por fortuna profesamos la creencia mas segura de cuantas se predican sobre el Globo. La Religión Católica Apostólica Romana, es la que se há jurado al frente de nuestra CONSTITUCION POLITICA y ojala que ella conservada en toda su pure-La acompañe á nuestra Nacion hasta la segunda regeneracion de la tierra lo �40 P. Garc(a Jordán: Progruo, inmigración y cultos en Pero SigloXlX INMIGRACION, PROGRESO Y LIBERTAD DE CULTOS La subida al poder del primer gabinete Castilla (184.5-1851) y con_ ~I, el ascenso de los grupos socioeconómicos interesados en la vertebrac1on de un nuevo Estado en el que desaparecieran los obstáculos existentes a la vinculación del Pcní a la economía de lihrecamhio, tales como mayorazgos, fueros personales y corporativos, esclavibld, tributo indígena, diezmos, capellanías, etc., trajo UD deterioro creciente en las relaciones entre el poder civil y la Iglesia. Investigaciones recientes han señalado la voluntad política del general Castilla de desarrollar parte de la normativa liberal relativa al :igro peruano legislada por los gobiernos "libertadores" entre 1821 y 1828, 11 y cuya aplicación bahía sido mínima, por no decir nula, hasta entonces. Uno de los temas más frecuentes en los escritos de la época fue sin duda algona la apremiante necesidad de la agricultura costeña de obtener mano de obra para sus haciendas, coyunturalmente en expansión; a ello se refería el ministro José Gregorio Paz Soldán, cuando en su Memoria al Congreso Ordinario de 1847 subrayaba que: l. La agricultura costera se encontraba en decadencia". UD "estado lamentable de 2. La razón fundamental era el insuficiente número de brazos que trabajaban en las haciendas. 3. Los "hombres del interior", es decir los serranos, nunca se trasladarían a la costa, bien por la diferencia de clinta y forma de vida, bien porque el período del año en que más nec~ios eran los b_razos en _la c~sta coincidía con los meses en que su traba10 era necesano en el mtenor. 4. La emigración espontánea procedente del extranjero no tenía suficientes alicientes en el Pení, fundamentalmente por las dificultades en que se encontraban los posibles colonos para acceder a la posesión de tierras. En consecuencia el Gobierno esperaba del legislativo la aprobación del proyecto de ley presentado, relativo a la reglamentación de las empresas particulares encargadas de encauzar hacia el Pení los colonos contratados, poniendo especial énfasis en que los inmigrantes tendrían plenas gar:.ntías 12 sohrc d cumplimiento de los contratos estahlecidos. El III ismo Paz Soldán, ahora en funciones de ministro de Relaciones 41 Exteriores, Justicia y Negocios Eclesiásticos, tras señalar el fortalecimiento de la religión en el Pení a lo largo del siglo XIX, "siglo de ilustración" pero también "siglo creyente y religioso", se quejaba de la oposición que hah ía encontrado el Gobierno en el ejercicio del patronato y de sus regalías, por parte de las jerarquías eclesiásticas a'las que sarcásticamente denomina Cuerpos mas respetables de la sociedad; cueipos que llenos de ilustracion sostienen sus fueros y prerrogativas con teson y constancia, que nunca ceden el terreno sino palmo a palmo, reputando sacrilegio y considerando agravio el que siquiera se ponga la mano sobre la arca de sus fueros;13 el texto era suficientemente ilustrativo de la voluntad del poder civil de ejercer un control de la Iglesia, reforzando la supremacía del Estado sobre la misma14 Pero volvamos al tema central de nuestro trabajo de la mano del ministro Juan Manuel del Mar que en 1849 reclamaba de la Cámara legislativa la aprobación de un proyecto de ley ~ue de ser sancionado, otorgaría a los inmigrados europeos un trato de favor, viendo respetados sus conciencias y cultos. Punto fundamental de la defensa la constituía el hecho que, de no aprobarse la citada ley facilitando la entrada de mano de obra extranjera, se perdería definitivamente el tren del progreso pues: Si nuestra arruinada agricultura clama imperiosamente por brazos que la adelanten, si nuestros inagotables veneros de riqueza se mantienen ocultos, y nuestra ilustración é industria se conservan como estacionarias en el siglo de la electricidad y del vapor: si cuanto depende, en fin, de nuestra situación interior, con respecto á la inmigración, no acreciese la necesidad de procurarla, si todos estos elementos no eran suficientes, señalaba el ministro, debía tomarse en consideración un nuevo acontecimiento que reclamaba urgentemente la aprobación de la citada ley: se refería a la posibilidad de transitar por el Istmo de Panamá que facilitaba la entrada de población extranjera hacia el Norte, es decir, hacia los Estados Unidos de Norteamérica15 El proyecto fue uno de los muchos intentos realizados, bien por el Gobierno bien por algunos sectores de la Cámara, con el propósito de establecer las condiciones legales que posibilitaran la emergencia del capitalismo y la transformación de ciertas estructuras, proceso en el que obviamente debieron enfrentarse con aquellos grupos más vinculados al antiguo régimen -entre los cuales se encontraba la Iglesia- que no a los nuevos tiempos "liberales". Así a lo largo de 1849 se produjo lo que he denomi- �42 SigloXIX nado en varias ocasiones "ofensiva a gran escala" contra la institución eclesial, cuando algunos diputados propusieron la supresión del fuero eclesiástico, reducción de diezmos, cambios en la elección de prelados regulares, etc.;16 cueBtiones que si momentáneamente no fueron aprobadas por las disensiones en el seno de los grupos hegemónicos, pr~figur-aban varias de las medidas discutidas y aprobadas en la Constitución de 1856. Recordemos que tras el triunfo de La Palma, el mariscal Castilla se apresuró a convocar una Convención Nacional -elegida por primera vez por sufragio directo- que abrió sus sesiones el 14 de julio de 1854, siendo violentamente disuelta por el coronel Arguedas el 2 de noviembre de 1857.17 Fue entonces cuando se aprobaron una serie de medidas encaminadas a acabar con los privilegios y bienes de los que la Iglesia hah ía gozado secularmente, cuya pervivencia no podía ser tolerada por un Estado que pretendía el progreso del país. Una de las cuestiones sino "la cuestión" por excelencia, que hizo correr ríos de tinta, fue la tolerancia de cultos, tema aparentemente poco importante pero fundamental pues una vez rota la unidad religiosa la influencia social de la iglesia católica estaría gravemente amenazada. Esta es la razón por la cual pocassemanasantes de la apertura de las sesiones constituyentes, el obispo José Sebastián de Goyeneche publicó una pastoral18 en la que ponía en guardia a los católicos ante los impresos que circulaban contra la religión, publicados por los "enemigos de la verdad". Según el prelado arequipeño estos "falsos apóstoles de la felicidad de los pueblos" que defendían la aprobación de la libertad de cultos, considerada como de conveniencia pública, en realidad pretendían acabar con los derechos de la Iglesia, ignorar la autoridad del papa, e independizar todas las "iglesias particulares", es decir nacionales, del Vaticano. Es uno de los primeros textos salidos de la iglesia institucional en que se mencionan y vinculan todos los elementos presentes en el tímido proceso reformista liberal desarrollado entre 1845 y 1867 aproximadamente, razón por la cual no puede sorprendemos que Goyeneche proclamase la necesidad de que los católicos se unieran en la defensa de la"causa de Dios"; si bien deberemos esperar algunos años a que esta llamada cause efecto, es el precedente inmediato de la Sociedad Católico-Peruana, fundada en Lima en 1867. En consecuencia a lo largo de 1855 y 1856 se sucedieron una serie de escritos cuyo denominador común fue la defensa de la unidad religiosa en torno al catolicismo y la protección de los privilegios y propiedades de la iglesia secular y regular. Los más interesantes son, sin duda alguna, la Exposicion del Capítulo P. Garcrá]ordán: Progr~ inmigraciónyculto•enPerú 43 Metropolitano de Lima a la Convención Nacional, 19 el Ensayo sobre los principios _de tolerancia expuestos por Julio Manuel del Portillo,31 el folll}to, de autor desconocido, El clero regular y sus bienes ante la leí política y civuZl y el informe de Mariano Salcedo Sobre los proyectos de "ley de supresión de diezmos y obvenciones parroquiales.22 No obstante sólo comentaremos los dos primeros porque por una parte sintetizan la totalidad de las preocupaciones, objeciones y censuras de la iglesia institucional a los proyectos liberales de la Asamblea del 56, y por otra parte vinculan claramente la libertad de cultos al proceso desamortizador y al progreso.23 El primer texto, enviado por el Capítulo metropolitano limeño al Congreso con fecha 8 de agosto de 1855, se estructura en 3 apartados: l. "Exclusión de los falsos cultos", donde se sostiene que la sociedad pedecta es imposible fuera de la Iglesia católica - institución encargada de velar por la unidad católica, creencia que mantiene unidos en una sola comunidad nacional a razas tan diferentes como las existentes en el Peníque ha formado y conservado la unidad de la patria. En consecuencia dl}nuncia las posiciones de aquellos que consideran la libertad de cultos el medio imprescindible para asegurat el progreso del país y concluye: Ni la religión, ni la razon, ni el ejemplo de las otras naciones de la tierra, ...suministra apoyo á la declaracion de la libertad de cultos... al contrario, ella se opondria directamente á la ley de Dios, y de la Iglesia, á la unidad social del Perú, al derecho, á la voluntad solemnemente declarada, y á la felicidad de los pueblos.34 2. "Libertad de la Iglesia", apartado que defiende la independencia de la institudón eclesial respecto el poder civil Toda la argumentación constituye un ataque a la existencia del patronato que desde l!ll8 orígenes, se afirma, redujo a la Iglesia a la "esclavitud", situación agravada tras el surgimiento del Pení republicano. 3. "Derecho de propiedad de la Iglesia", tema al que se dedica el mayor número de páginas, expresando bien cuáles eran las preocupaciones de la institución. Tras unas consideraciones generales sobre los derechos históricos, divinos y canónicos que "asistían" a la Iglesia en la defensa de 808 bienes, percepción de diezmos, disfrute de capellanías, vinculaciones, etc., se atacaban los argumentos utilizados por los legisladores sobre la desamortización de bienes, proceso que de ninguna forma debía aplicarse a las propiedades eclesiásticas: La Iglesia es soberana e independiente. Este es al mismo tiempo un dogma de fé y un hecho palpable... Esta perentoria contestacion comprende a todo pensamiento de reforma de la Iglesia en �44 Si61oXIX cualquier materia por el poder secular y de intervenci~n ~e est~ en la administración de sus bienes: se extiende por consigwente a la idea de que la Convención suprima el Diezmo y la primicia y los derechos parroquiales y señale otro im~uesto, que sum~tr~ fondos al Gobierno, para que pueda asalariar el clero, y acudir a los gastos del culto. lQué iría a ganar la Nacion con este atropellamiento y esta esclavitud de la Iglesia.25 El escrito finalizaba defendiendo la existencia de todos y cada uno de los bienes poseídos por la Iglesia secular y regular, situación que decía, sólo podía ser ignorada por los socialitas y comunistas de 1848 seguidores de las filosoñas de Saint Simon y Proudhon. El segundo de los textos citados se dedica íntegramente a criticar la tolerancia de cultos, punto fundamental del programa propuesto por Julio Manuel Portillo a sus conciudadanos limeños en la campaña para la elección de diputados a la Cámara del 56, donde se consideraba la aprobación de la medida como ineludible en aras del progreso del país. El escrito lamenta los extravíos de una filosofía que llama progreso social á la propagacion del error, luz civilizadora á las tinieblas, ilustracion á la inmoralidad, tolerancia al despotismo intelectual, y derecho á_la licencia de costumbres... (lo cual) es insultar al sentido comun, es la ironía del progreso, la civilización y el derech~, tras lo cual se pregunta por el porvenir del Perú -país agonizante ya, por el espíritu disolvente del partido liberal- en el caso de que llegara a rompCl'SC la unidad religiosa; la respuesta no puede ser más que una, catastrófica, la mina del país, ya que la tolerancia ele cultos permitiría la entrada en el Peni de los panteístas modernos como Kant, Fichte, Schelling, Hegei Cousin, los racionalistas, comunistas y socialistas como V oltaire, Robespierre, Leroux, Strauss, Weitting, Proudhon, y los chinos, musulmanes, etc. En consecuencia el documento exhorta a los legisladores a respetar la unidad del culto -salvaguarda de las instituciones republicanas, de la independencia peruana y base de toda la comunidad nacional- que no puede ser deshecha para facilitar la entrada de emigrantes, que por otra parte pueden buscarse en naciones europeas católicas.27 El ana1isis de estos documentos permite afirmar que si bien la defensa de la religión fue importante, no lo fue menos la relativa a la propiedad eclesiástica, tema que figuró en todos ellos. El mismo obispo Goyeneche no dudó en enviar una carta, en agosto de 1856, al ministro de Gobier~ no, Justicia y Culto, en la que acabados todos los argumentos utilizados hasta entonces por la jerarquía eclesiástica para impedir la supresión del P. García Jordáo: Progre,.o, inmigración y culto, en Perú 45 fuero eclesiástico, vinculaciones, etc., solicitaba del poder civil que tratase con la Santa Sede, única autorizada para negociar estos temas, y suplicaba del presidente Castilla que "liberase" a la Iglesia peruana de todos los males que la amenazaban, de llevarse a la práctica todas las medidas aprobadas en la Cámara,28 entre las cuales destacan la abolición del fuero eclesiástico y la supresión de las vinculaciones y diezmos. No obstante la fórmula relativa a la libertad de cultos fue desestimada al ser mayoría los que se pronunciaron contra la misma -46 contra 22-, por lo que la r~óo continuó siendo protegida por el Estado, el cual como rezaba el articulo cuarto, no permitiría el ejercicio público de otra alguna.29 La Constitución de 1856 apenas estuvo vigente unos meses pues el levantamiento de Arequipa a fines de ese mismo afio, junto a la sublevación del coronel Arguedas un año más tarde -ambos movimientos de claro signo conservador- permitieron a Castilla desprenderse de los elementos " ideológicamente" más radicales y poner en suspenso el texto aprobado.~ No obstante el proceso reformista liberal iniciado en la década de 1840 no sufrió modificaciones substanciales pues todas las medidas "anticlericales" sancionadas en 1856 subsistieron en la constitución reformista y conservadora de 1860 a pesar de que algunos de los participantes en la misma habían protestado entonces el que no se hubieran guardado el respeto y los fueros a los "Ministros de la Religión".31 Hemos de llegar a 1867 para que las variables imrugración, progreso, libertad de cultos, aparezcan claramente vinculadas en los distintos debates parlamentarios desarrollados en ese afio, ¿qué había sucedido? Bonilla afirma que a lo largo de la década de 1860 el grupo terratenient~omercial luchó por la utilización productiva de los recursos guaneros. Uno de sus representantes más destacados, Manuel Pardo -primer presidente civil del Pení en 1872-, ministro de Hacienda ·del gabinete del coronel Mariano Ignacio Prado, pretendió hacer de la construcción de ferrocarriles el arma que propiciara el desarrollo económico del país; el medio que posibilitaría el proyecto sería el capital extranjero obtenido con la garantía de la hipoteca del guano. En consecuencia Pardo tomó una serie de medidas como disminución del aparato burocrático, reducción de salarios de los fun. cionarios, imposición de tasas de exportación a la producción nacional y sobre todo, el restablecimiento del progra_I!la trihutario.32 Este proceso parecía necesitar de una nueva constitución.33 Diferentes analistas de los procesos constitucionales peruanos han afir. mado que la Carta del 67 contenía la mayoría de los postulados de la Constitución de 1856, con tonos más radicales. Señalan entre otras la aprobación de la total libertad de enseñanza, quebrando el monopolio ejercido hasta entonces por la Iglesia, la libertad de imprenta, el mantenimiento �46 Siglo XIX P. García Jordán: Progreso, inmigración y cultos en Perú de la supresión de los privilegios hereditarios, fueros personales y vinculaciones, la restauración del sufragio directo; la religión católica continuó siendo considerada creencia oficial del Estado el cual no pennitiría el ejercicio público de otra, aunque es evidente el avance de los partidarios de la tolerancia que en 1867 sumaron 40 votos contra los 43 que se mostraron contrarios, a diferencia de lo sucedido en 1856 cuando los primeros ascendieron a 22 contra 46 votos negativos.34 No puede sorprendemos que justo un día antes de que la Comisión Constitucional presentara su proyecto en la Cámara, lo que sucedió el 8 de marzo de 1867, Juan Ambrosio Huerta, obispo de Puno, publicara una pastoral señalando las reglas de conducta que debían observar sus diocesanos en aquellos momentos, documento que dirigió también a la Cámara constituyente.35 El texto, tras una consideraciones generales atacando las posiciones progresistas que hacían de la tolerancia de cultos condición imprescindible para el bienestar y progreso social, encomiaba 1a labor de la Iglesia en pro de la libertad de pensamiento a lo largo de la historia y fundamentalmente cuestionaba la permisividad religiosa a partir de varias pr& guntas: l. ¿Las sociedades exigen la tolerancia religiosa para poder conseguir sus objetivos? 2. ¿Es la tolerancia condición indispensable para el progreso del país? 3. ¿Los soberanos, el poder civil, pueden ordenar la tolerancia en sus &tados? La respuesta era obviamente negativa y todas las razones aducidas por el prelado puneño giraban en tomo al hecho de que la tolerancia de cultos supondría la ruina material de la sociedad. En este contexto no resisto citar uno de los párrafos, a mi entender muy ilustrativo de la ideología eclesial del momento: ¿Le sería grato al Perú verse transformado en Nacion comercial como Inglaterra, teniendo que presenciar al mismo tiempo el horrible espectáculo del pauperismo? Casi no hay pais protestante que no se sienta trabajado por esta tremenda enfermedad desconocida antes de tres siglos.36 Era pues inadmisible según el prelado, que el progreso necesitase de la tol& rancia religiosa, de la misma fonna que los legisladores no estaban facultados para introducir la medida en la Constitución por mucho " ¡Qué.. . nos hablen de la necesidad de inmigración!" . 47 A continuación el escrito defendía la capacidad de la Iglesia para poseer bienes adquiridos a lo largo de la historia, propiedades que el Estado no podía desamortizar con el pretexto de que el erario nacional necesitaba con urgencia de los mismos, operación que de aprobarse supondría una declaración de guerra al catolicismo y en realidad beneficiaría a unos pocos: Mas, estos bienes que se usuzpan á la Iglesia, ¿se destinarán en efecto para algo provechoso á la Nacion? iOh hijos carísimos, antes de un año, dichos bienes habran ido á engrosar las arcas de individuos particulares, sin que el tesoro público haya logrado remediar la mas pequeña de sus necesidades. Que se pregunte á la Francia, é Inglaterra, en donde está el caudal de que despojaron á sus iglesias respectivas: que conteste la España, que nos diga lo que ha hecho, lo que ha ganado su erario con el brusco despojo de los bienes de la Iglesia!.37 La pastoral finalizaba exhortando a los católicos a sostener el catolicismo; parecía llegado el momento de organizar grupos de laicos capaces de ·ejercer presión sobre los poderes públicos. Permítaseme antes hacer un breve comentario sobre este proceso desamortizador que "amenazaba" las propiedades eclesiásticas en 1867. Hasta la fecha me ha sido imposible consultar los debates parlamentarios alrededor del tema, pero me consta que Femando Casós, representante por Trujillo, presentó un tímido proyecto al respecto que fue sometido al juicio del Gobierno por las Comisiones de Culto y Hacienda de la Cámara; el gabinete solicitó a todas las jerarquías eclesiásticas un informe sobre el mismo que obviamente fue negativo. Todas las respuestas, informes, memoriales enviadas por los onispos al Ejecutivo presentaban la misma estructura: legitimidad de las propiedades eclesiásticas y exenciones tributarias a lo largo de los síglos; consideración de los fundos rústicos como productores de riqueza, negación de la denominación de bienes de mano muerta a las propiedades de las comunidades religiosas y memorial de agravios recibidos por la Iglesia a lo largo de la República.38 El proyecto desamortizador fue desestimado y la Constitución fue promulgada el 29 de agosto de 1867, aunque su vigencia fue mínima pues Arequipa - que se había negado a jurar el texto- se levantó nuevamente contra el Gobierno lim~ño a fines de 1867, al tiempo que el coronel José Balta se alzó en el Norte. El gabinete del coronel Prado cayó y Díez Canseco, líder de la sublevación arequipeña, ascendió a la jefatura del Estado el 20 de enero de 1868, restableciendo tocos días después la constitución de 1860 vigente en el Perú hasta 1920. Los acontecimientos posteriores se encargaron de mostrar cómo, en palabras de Heraclio Bonilla: �48 SisioXIX La e1ite económica modemizante al no poder asumir por su propia cuenta la tarea de transformación integral del país, se limitará a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX a participar en el proceso productivo en calidad de asociada de los capitalistas británicos, extrayendo de esta situación parte de sus beneficios. Además, y es esto lo fundamental, los obstáculos institucionales... y la persistencia de los rasgos señoriales en la mentalidad de esta nueva clase, los hicieron reticentes a toda inversión productiva.40 SOCIEDAD CATOLICO-PERUANA, SURGIMIENTO Y ORGANIZACION La primera noticia que tenemos de la SCP sitúa su nacimiento en Lima el 22 de mayo de 1867 -momento en que se debatía el proyecto constitucional en. la Asamblea Nacional- cuando una serie de personas "notables", fuerzas V1Vas de la capital, se reunieron en la residencia del obispo de Huánuco, Manuel Teodoro del Valle, con el propósito de organizarse como grupo de presión capaz de defender la re!it.ón y la iglesia de los ataques que estaba recibiendo en los últimos años, procedentes del partido liberal. La Asociación pretendía ser: No solo el sosten del catolicismo en el Perú, sino el apoyo de los Gobiernos, el élemento sin el cual nada bueno se haga, y con el que cuenten siempre como. base todos los mandatarios de la República.41 Aun cuando en un primer análisis el debate alrededor de la tolerancia de cultos aparece como la causa inmediata y principal del surgimiento del grupo, un estudio más profundo de todos los discursos pronunciados por quienes participaron en las sesiones públicas organizadas por la SCP tan42 to en Lima como en sus filiales de Arequipa y Puno permite señalar como causas fundamentales: l. El ataque a las inmunidades y privilegios seculares de las cuales ha gozado la Iglesia. 2. La existencia del patronato, cuyo ejercicio por el poder civil se ha ido radicalizando a lo largo del período republicano con el propósito de lograr la total subordinación de la Iglesia al poder civil. 3. La supresión de conventos y monasterios y la enajenación de sus bienes. 4. El recorte progresivo de todas las rentas percibidas por la iglesia secular, que amenazaba con acabar con ella. P. Gatera Jonláll: Progre.o, inm~n,. culto• m Pení 49 Los dirigentes, de la SCP seftalaron oomo responsables de todo este proceso al partido liberal, cuya Siniestra influencia se ha hecho sentir en difeientes ocasiones con varias medidas que hieren de muerte-los intereses católicos. No contento con haber despojado á la Iglesia de sus inmunidades y privilejios seculares: con haber estrechado el círculo de su. accion, y sometídola al influjo de la potestad civil hasta en las mas simples operaciones de su régimen anterior: con haberla privado de una gran parte de sus rentas, y rodeándola de numerosas trabas en la administracion de su exiguo patrimonio: con haber suprimido un gran número -de conventos y arrojado al viento sus despojos; todavía se propone ir mas léjos, todavía pretende ~ tarle la direccion de sus obras piadosas, hasta de las cofradías, arrebatarle el derecho de propiedad sobre sus bienes y enajenar estos en provecho del fisco nacional, dejando al clero sin medios de subsistencia y al culto sin los recursos que la piedad de los fieles le había dedicado desde los tiempos mas remot·:>s. En una palabra, se ha querido y quiere desnudar á la Iglesia. reducirla á la miseria, para romper en seguida el vínculo sagrado de la alianza que la liga con el Estado, proclamando tardíamente su separacion recíproca bajo el pretesto de darle libertad.43 Todo este proceso, cuyos postulados esenciales se plantearon públicamente por vez primera en la Convención de 1855 como denunció la SCP, se pretendió desarrollar con y en nombre del progreso, civilización y desarrollo del país. Esta transformación exigía como premisa básica la aprobación de la tolerancia religiosa que propiciaría la entrada de inmigrantes y de capitales procedentes de los países anglosajones; esta es la razón por la cual la unidad religiosa figuró siempre en ,tmner plano en todos los discursos y escritos de los dirigentes de la SCP, aunque es evidente después de todo lo dicho hasta ahora que la "cuestión religiosa" iba mucho más allá de la tolerancia y/o libertad de cultos y cuestionaba toda la in&.encia social de la Iglesia en la sociedad peruana. En consecuencia y a pesar de que tanto el Reglamento de la Sociedad como destacados personajes de la misma proclamaron la no injeffllcia de la SCP en asuntos políticos, desarrollando una labor ajena por completo a la política,45 la afirmación no sólo era discutible sino decididamP.11te falsa por cuanto los mismos dirigentes de la entidad señalaron que la misma no podía mantenerse inactiva ante las medidas dictadas o susceptibles de ser aprobadas por el poder civil, el cual debía legislar de acnerdo con las doctrinas y preceptos religiosos. Por otra parte está suficientemente demostrado qu en todos los países de tradición católica, la entrada de los católicos -como fuerza organizada- en la política, fue planteada cuando la t:ran. fonnación socioeconómica operada desde fines del siglo XVIll y a lo largo del siglo XIX, comportó una progresiva secularización de la vida pública y privada y por lo tanto cuestionó la presencia social de la Iglesia. �50 SigloXIX P. García]ordán: Progreso, inmigración y cultos en Perú 51 46 He señalado en otros trabajos que la ideología católica tiene dos caracteres que le son propios, naturaleza totalizadora y carácter sagrado en tanto única vía de acceso a lo desconocido, cuestiones que permiten a la ideología religiosa realizar una acción perdurable y efectiva en las sociedades donde está presente, en las cuales configura unas determinadas concepciones políticas, sociales, económicas y en consecuencia un cuerpo de valores; así vemos cómo la Iglesia aduciendo su origen y fines trascendentales, se adhiere o rechaza acontecimientos, personas e ideas políticas_ No es extraño que cuando la influencia social de la Iglesia sea cuestionada, la institución organice grupos capaces de ejercer presión sobre los poderes públicos, como en el <:a$().que nos ocupa fue la SCP impulsada por el obispo de Huánuco, Manuel Teodoro del Valle, quien dibujó también las líneas fundamentales del Reglamento de la Sociedad.47 El análisis de los 47 artículos y 5 disposiciones transitorias contenidos en los Estatutos nos permite afirmar: lo. La SCP perseguía la defensa del catolicismo y de sus derechos en el Pení, la propagación de las doc~ católicas a partir de la enseñanza, fundación y/o protección de periódicos y folletos, y el rechazo de todas las medidas que "atentaren" contra la Iglesia y la sociedad católica. Esta posición supuso una declaración de guerra a las tímidas reformas "liberales" proyectadas a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. 2o. La organización de la entidad era rígidamente piramidal: de arriba hacia ahajo contaba con el Consejo Central Permanente con sede en Lima, órgano supremo de la Sociedad, del cual dependían los diferentes Consejos Departamentales que a su vez controlaban los Consejos Provinciales y así sucesivamente hasta llegar a los puestos más bajos, legionarios, centurionea y decuriones; nótese el uso de terminología militar nada extraño en una Sociedad que pretendía agrupar "soldados" en la defensa del reino de Dios en la tierra La falta de documentación me impide por el momento analizar el papel efectivo desarrollado por la SCP en los años posteriores. No obstante es evidente que la entidad fue precursora de la Unión Católica, surgida tras la Guerra del Pacífico, que a fines de siglo - coincidiendo (?) de nuevo con una fuerte polémica en la calle y en el Parlamento sobre la libertad de cultos, matrimonio civil, cementerios laicos, etc., - organizó el Primer Congreso Católico del Pení en 1896. REFLEXIONES FINALES F.s evidente que la vinculación del Pení a la economía de librecambio a partir de las explotaciones de guano, azúcar y algodón, comportó en el plano interno el intento del grupo terratenient~omercial por vertebrar un Estado moderno, que posibilitara su consolidación como grupo hegemónico. El proceso implicaba la transformación -por tímida que esta fuese- de las estructuras socioeconómicas existentes y la abolición de fueros personales y corporativos, la supresión de diezmos, vinculaciones, capellanías, en suma de las situaciones de privilegio -de las cuales la Iglesia era sino la única sí la principal beneficiaria- que obstaculizaban el desarrollo del país. Esta es la razón fundamental por la cual a partir de la década de 1840 asistimos a un enfrentamiento progresivo entre el poder civil y la institución eclesial, poco dispuesta a renunciar a la influencia ejercida hasta entonces. La oposición se acentuó en los períodos constituyentes cuando la presencia social de la iglesia fue cuestionada, es decir, cuando surgieron los primeros intentos de secularización de la vida pública y privada de los peruanos, como sucedió en la Convención de 1856 y se repitió en la Asamblea de 1867. Durante estos años las jerarquías eclesiásticas señalaron a los católicos la necesidad de luchar contra las médidas "anticlericales", proclamas que cristalizaron finalmente en 1867 con el surgimiento de la Sociedad CatólicerPeruana. El grupo, exclusivamente laico aunque formado a instancias y bajo la supervisión de la iniciativa eclesiástica, tenía como objeto directo la defensa de la unidad religiosa en tomo al catolicismo pero también la salvaguarda del orden social, de los bienes de la Iglesia, de los principios "verdaderos y eternos". A lo largo del siglo XIX, fundamentalmente a partir de 1840, asistimos a la publicación de libros, folletos y artículos periodísticos favorables o contrarios a la tolerancia de cultos. En opinión de sus partidarios la inclusión de la medida en los textos constitucionales posibilitaría el progreso de la agricultura e industria peruanas al facilitar la entrada de emigrantes y capitales anglosajones; por el contrario sus detractores sostenían que la tolerancia religiosa permitiría el ingreso de todas las teorías y doctrinas disolventes defendidas por el partido liberal, acabaría con el orden social y arrojaría a la Iglesia y sus ministros a la mendicidad. Aunque el crecimiento de los primeros fue constante a lo largo de los años, la medida no fue aprobada hasta 1915. Hemos de considerar además otros hechos como: a) la aprobación entre 1850 y 1867 de una serie de leyes y decretos de corte liberal tales como la supresión de diezmos, capellanías, vinculaciones, la abolición de fueros personales y corporativos, medidas que no impidieron la bancarrota del Estado peruano unos años más tarde, insalvable tras la Guerra del Pacífico; b) el fracaso del primer proyecto �52 Siglo XIX P. García Jordán: Progreso, inmigración y cultos en Perú vertehrador de un Estado moderno. Estos datos nos obligan a cuestionar si no la existencia sí la vastedad del proyecto secularizador planteado por unos grupos, una clase, que al tiempo que renunció a la transformación real del país, necesitó de la Iglesia y de la religión para homogeneizar y someter a una población indígena que le era extraña y desconocida. Por las mismas razones la actividad de la Sociedad Católico-Peruana se vería considerablemente reducida porque al fin y al cabo, el león, es decir los liberales, no era tan fiero como parecía. 53 30, BN. D.11644 y de Tobías León en El Censor Ecle,iástico (Cuzco, 14 y 21 de abril de 1825), pp. 4 y 15 el cual pretendía "discurrir sobre la erogacion Y administracion de los diezmos en su parte hlstórica teológica y económica: del derecho de las obvenciones Parroquiales en su origen, p1ogresos y abusos: del método con que ,e há manejado la piedad y devocion de los fieles; y en fin de cuanto sea condueente á ilustrar la materia para el desengaño de la gente super~ ticiosa, para la satisfacción de los verdaderos creyentes, y sobre todo para establecer un nuevo método correspondiente á nuestra constitución Uberaf'. 10. Tobías León, El Censor Eclesiástico (Cuzco, 14 abril 1825), p. 2. 11. Jean Piei Capitalisme agraire au Pérou. París, Ed. Antlu:opos, 1975-83, 2V.; He- NOTAS l. Memoria del Ministro de Gobierno del Perú a la Legislatura Ordinaria de 1849. Lima, Imp. Eusebio Aranda, 1849, p. 20. Todas las citas textuales que aparecen a lo largo de este artículo (incluidos los apéndices) conservan la ortografía utilizada en las fuentes originales. 2. Pilar García Jordán,"¿Poder eclesiástico frente a poder civil? Algunas reflexiones sobre la Iglesia peruana ante la formación del Estado moderno (1808-1860l' Boleh'n Americanilta, Año XXVI, no. 34 (Barcelona, 1984), pp. 45-74; La Iglesia peruana ante la fomiación del Estado moderno (1821-186 2). Histórica -en prensa-. 3. Documentación localizada en el Archivo General de la Nación, -AGN- Bibli~ teca Nacional-BN- y Biblioteca Vargas Ugarte, -BVU- de Lima. 4. Afinnación contenida en la Repre.tentación suscrita por 11ecinos de Lima para que se uclarezca el significado exacto de un decreto relativo a la profesión de la religión católica por el Estado en función de otros credos. Lima, 30 de noviembre de 1822, en BN. D. 8596. El texto completo íigura en Apéndice 1. 5. Artículo primero de la Sección Primera del Estatuto Pro11isional dado por el protector de la libertad del Perú, para el mejor régimen de los departamentos, ínte· rin se establece la Constitución permanente del Estado, con fecha 8 de octubre de 1821, en José Pareja Paz Soldán. Las Constituciones del Perú. Madrid, Ed. Cultura Hispánica, 1954, p. 415. 6. Representación suscrita. .. p. 2. 7. Constitución que en su artículo 147 sancionaba: "Quedan abolidos los empleos y privilegios hereditarios y las vinculaciones; y son enajenables todas las propi&dades, aunque pertenezcan a obras pías, a religiones o a otros objetos".J. Pareja Paz Soldán, Ob. cit.,_p. 499. 8. La Asamblea estuvo presidida por el eclesiástico F. Javier Luna Pizarro, años más tarde arzobispo de Lima El texto constitucional ratificó en su artículo 160 las disposiciones anteriores relativas a la supresión de vinculaciones y enajenación de propiedades eclesiásticas. J. Pareja Paz Soldán, Ob. cit., p. 536. 9. Artículos de Vicente A1bistur en Suplemento a la E,trella de A.)'OCucho, número raclio Bonilla, Guano y burguesÚJ en el Perú. Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1974; Ernesto Yepes del Castillo, Perú 1820-1920 ¿un siglo de desarrollo capitalista?. Lima, Ed. Signo, 1981; P. García Jordán, Art. cit. 12. Memoria que el Ministro de E,tado en el De.tpacho de Gobierno, Instrucción Pública y Beneficencia de la República Peruana presenta al Cong,6$0 Ordinario de 1847. Lima, Imp. "El Comercio", 1847. En el mismo documento hay algunos comentarios relativos a la buena disposición de Castilla para establecer los medios adecuados para que se enajenen las propiedades de interés público susceptibles de producir un "aumento del número de propietarios y contribuyentes, que han cubierto la tierra antes eriasa y abandonada, de vejetales productivos de .riqueza, y que han mejorado las fincas con todas las novedades poSioles de com~ didad, aseo y ornato" p. 7. 13. Memoria que el Ministro de fatado en el Despacho de Relacione., Exteriores, Justicia y Negocios Eclesiásticos del Perú, presenta á la Legislatura Ordinaria de 1847. Lima, Imp. "El Comercio", 1847, p. 62. 14. El siguiente párrafo es lo suficientemente explicativo: "Nuestro clero moderado y pacífico no tiene pretensiones á influir y dominar, como en otras partes: sus rentas no son bastantes para ese objeto: contraído á la predicacion evanjéUca y á la administracion de los sacramentos, se:rá un apoyo del orden y de las instituci~ nes", lbid., p. 55. 15. Memoria del Ministro de Gobierno del Perú a la Legislatura Ordinaria de 1849. Lima, Imp. Eusebio Aranda, 1849, pp. 19-21. 16. Cuestiones que f"¡guraron constantemente en el epistolario cruzado entre F. J. Luna Pizarro, arzobispo de Lima, y J. S. Goyeneche y Barreda, obispo de Ar&quipa entre 1849 y 1851. BN. D.8618. 17. En esta Asamblea destacaron entre los sectores moderados Pedro Gálvez, Manuel Tonoio Ureta, Juan Gualberto Valdivia, Santiago Távara, Juan Unánue, el coronel Manuel Ignacio Prado, Monseñor Pedro José Tordoya, y entre los progresistas Ignacio Escudero, Juan C. Cavero y José Gálvez, según J. Pareja Paz Soldán, la f"igura más representativa del Congreso, ob. cit., pp. 215 y ss. 18. José Sebastián de Goyeneche y Barreda. Pastoral que con motivo de los impresos que circulan en la República contra la Religión, dirije al Yenemble Dean y Cabildo, Clero Secular y Regular, y a todos los fiel& de su Dióce.fis. Arequipa, Imp. F. lbáñez y Hnos, 1855, publicada también en Arequipa Católica no. 9 (Arequipa, 11 de junio 1855). Días antes - 13 de mayo de 1855- apare- �54 Sip,XIX P. García Jordán: Pr<>sruo, inmwoot6n y culto• en Perú cieron en Cuzco unas hojas volantes tituladas Rupecto de que por vario, papele, público• de lo capital ,e ataca la Religion Católú:a Apostólica Romana, y se pretfflde la sancion de lo contrario a ella en la procsima Asamblea ,e hace la npiente PREV-ENCJON y fumadas por el Fiscal de la Corte Superior de Justicia Bonifacio Alvarez y una 1aiga lista de personas "notables" donde afümaban que "en la nueva Constitución que ha de darse, no admitiran variacion alguna que directa ni indirectamente altere la religion del Estado, que no es ni puede ser, sino la Católica, Apostólica, Romana con esclusion de toda otra. Por lo que los representantes de la Convencion prócsima tendran presente ser tal la voluntad de este pueblo haciendolos responsables de los males que resuhen si obran en sentido contrario", BVU. 011210. Perú. Iglesia 39, No. 46. Algunas semanas más wde aparecieron en Lima, Imp. "El Católico", hojas volantes bajo el título de Cuemon trmc~ntal reirindicando que los diputados debían jurar sostener la religión católica. BVU. 011185. Perú. Iglesia 1, No. 14. El texto iigura en Apéndice 2. 19. &poáción del Capítulo Metropolitano de Lima a la Convención Nacional, ,obre la e:xclunon de lo, faho•·culto1 y ,obre lo, derecho, de libertad y de propiedad de 1a lgk,ia. Lima, Imp. Feo. Solís, 1855; texto fümado por José Manuel Pasquel y Lozada .-obispo Eretria-, Lucas Pellicer, Bartolomé Herrera, Carlos OJbea, Manuel Antonio Urrismendi, Nicolás Garay, Pedro de Benavente, Pedro José Tordoya, Pedro Pablo Rodrígues, Francisco M. de la Banda, Miguel de los Santos Bennejo, Mateo Gomes, Joaquín Jordan, Manuel l. Menacho, Julian Enderica. José Cebrlan, Toribio Salcedo, Camilo José Garrido. 20. E11M1:yo sobre lo, principio, de tolerancia 1entodo1 por D. Julio Manuel del Portillo en m pr<>srama publicado en El Comercio del 13 del presente me&. Lima, Imp. J. M. Masias, 1855. 21. El ckro regular y m, bienes, ante la lei polítú:a y civil. Arequipa, Imp. Feo. lb~ ñez y Hmnos., 1855. 22. Mariano Salcedo.lnfonne que a solicitud de la Vú:aría de la lJiócesü de Arequipo emite fpánoco de Orurillo, sobre lo, proyectos de ley de ,up,emn de dieftmo, y obllffldona parroquialea.Lima, Imp.del "católico", 1856. 55 mosvisto hasta ahora", lbid.,pp.12 y ss. 28. José Sebastián de Goyeneche y Bmeda. Representación del obúpo de Arequipa al Supremo Gobierno PrOllinonal de la República, aobre el fuero ecluirútico, 10$ diezmo1, primicia,, y derecho, parroquialea. Arequipa, lmp.Fco. lbáñez y Hmnos, 1856 (24 de agosto). 29. Uno de los puntos más controvertidos de la Constitución de 1856 -texto no aceptado por ningún obispo peruano alegando que los legisladores no habían consultado las cuestiones referidas a la instituciÓn eclesial con la Santa Sed~ fue el relativo a los fueros personales; la jerarquía eclesiástica enrió un memorial al Congreso oponiéndose a la supresión, texto que fue defendüo en la Cámara por Pedro José Tordoya, aunque la redacclón final del artíruJo sexto, correspondiente al Título m sobre las Garantías Nacionales no reconoció pririlegios hereditarios, fueros personales, empleos en propiedad ni vinculaciones y d~ claró que toda propiedad era enajenable en la founa en que lo determinara la ley, en J. Pareja Paz Soklán. Ob. cit., p. 660. 30. Es significativo que el Gobierno su¡gido de los sucesos del 1857, hechos que habían permitido a Castilla aislar a los elementos más radicales de la Cámara, estaba dispuesto a ielanzar los planes de colonización, continuación de los proyectos de 1853, relativos a la entrada de colonos alemanes en el Peni, pob.J.a. ción que se consideraba beneficiosa para la apicultura e industria del país. Memoria que pruenta al Congre.o Extraordinario de 1858 el Minútro de Gobierno, Culto y Obra, Públicas. Lima, Tip.Nacional, 1858,pp.19-29 y 31-51. 31. En la Cámara de 1860, Bartolomé Herrera realizó una férrea defensa del fuero y de la existencia de vinculaciones, basando su argumentación en los beneficios que comportaban para la conservación de capitales y sustento de los sacerdotes, procedentes de todas las clases sociales del país. Cf. todo lo relativo a los planteamientos de Herrera y su proyecto constitucional en J. Pareja Paz Soldán, Ob. cit., pp. 239 y ss. y pp. 845-880. También en esta Asamblea se realizó un nuevo intento, por parte del diputado Silva Santistevan, para excluir del artículo ~ lativo a la religión la fónnula "(La Nación) no pemúte el ejercicio público de otra alguna", moción que fue derrotada por 79 votos contra 12. 23. Todas estas publicaciones nos proporcionan informaciones interesantes relativas a aspectos económicos de la ig)esia, sobre los cuales no podemos detenernos en este artículo. 32. Heraclio Bonilla.Guano y burguuía en el Perú.Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1974, pp.55 y ss. 24. E,q,orici6n del Capítulo Metropolitano._, Ob. cit, p. 13; características similares al texto citado es el que afuma: "fue proclamada con refouna esencial á los progresos materiales del pais, el establecimiento del cuho de la razon y de la libertad. la aboticion de la moral y la confusion intrínseca de lo bueno y de lo malo", en El clero regular y sw biene&•., Ob. cit., p. 4. 33. La comisión que preparó el proyecto constitucional estaba formada por los repiesentantes del Norte: Pedro J. Saavedra, Juan Luna y Femando Casós; del Centro: Manuel M. Rivas, Manuel Pérez y Francisco Lazo; del Sur: José M. Quimper, Francisco García Calderón y Annando de la Fuente; en J. Pareja Paz Soklán, Ob. cit., p. 261. Esta Comisión presentó su proyecto en la Cámara que fue aprobado en sus líneas generales, el 8 de marzo de 1867. 25. &poa:i6n del Capítulo Metropolitano.-,Ob.cit.,p.11. 26. Eruayo sobre l0$ principio, de tolenmcia.•., Ob. cit., p. 4. '1:/. "¿Cómo se lab:raran nuestros campos si no admitimos ó llamamos la imnigraciÓn? ¡, y cómo vendrá esta de las naciones no católicas sin tolerancia de cultos ? Puede tzaeise de las naciones católicas europeas. La ley de intolerancia no impide que vengan emigrados que no profesen nuestro cuho, como lo h~ 34. A tal situaci6n había conducido probablemente tantos las transfounaciones -por mínimas que fuesen- operadas en la sociedad peruana, oomo las publicaciones de personajes como Francisco de Paula González Vigil que en una de sus obras decía: "El profundo convencimiento que tenemos de la suma utilidad, por no llamarla necesidad, de atraer la concurrencia de t>.stranjeros intelijentes é industriosos á nuestras Repúblicas despobladas, nos ha movido á considerar el punto de tolerancia y hl>ertad de cultos bajo de diferentes formas en varios opúsculos, y á fundarlo y defenderlo de los buenos y repetidos ataques de los intolerantes", en De la Libertad civü de cultos, rin relijion del &todo. Tacna. �56 P. García Jordán; Progre.ro, inmwraci6n y culto, en Perú 57 SigloXJX veneros de riqueza que yacen sepultados en el seno de nuestras inexploradas montañas" en Anale, de la SCP, Arequipa, 1868, pp. 32-33. Imp. "El Potvenir'', 1861, p. 3. 35. Juan Ambrosio Huerta.. Instrucción piutoral que obispo de Puno da a sus amado, diocesarnn, marcandole, la regla de conducta que deben observar en la ac• tualidad. Puno, Imp. Popular, 1867 (7 de marzo). 36. Ibid., p. 14. 37. lbid., p. 34. 38. Manuel Teodoro del Valle. Expolición sobre la deaamorti:~ion de bienes e(:k,iásticos dirigida al Soberano Consreso por el¡obupo. de Huánuco. Lima, Imp. lose M. Noriega, 1867 -texto original en BN. D. 2569-; José Francisco Ezequiel Moreyra. Al limo Sr. Dr. D. ]oaé Sebastiin de Goyeneche (Informe sobre deaamorti:ación de biene.r ecle,iá,tico,). Ayacucho, 1867 -texto original en BN. D.2722; Pedro de la Flor. (Informe de vicario capitular de Arequipa,· ,obre deaamormación de biene, ecle.riómco,). Arequipa, 1867, BN. D. 2795; Francisco Orueta. &policion que/obúpo de Trujillo, dirije al Ilmo. S. D. D. Joaé Sebamán de Goyeneche. • •,obre el proyecto de lei de de,amortizacion de biene, eclu:iámco1. Trujillo, Imp. Francisco W. Rázuri, 1867. 39. No obstante el artículo relativo a la religiÓn católica fue reformado el 11 de noviembre de 1915, cuando por la ley 2193 se mantuvo la religión católica c<r mo creencia oficial de la Naci6n pero se excluyó la fórmula "(El Estado) no permite el ejercicio público de otra (religión alguna)" lo que equivalía a intr<r ducir la tolerancia de cultos. 40. Heraclio Bonilla, Ob. cit., p. 63. 41. Anale, de la Sociedad Católico-Peruana in,ialada en Lima en 22 de mayo de 1867. üma, Imp. José Masias, 1868, p. 5._ 42. Analu de la Sociedad Católico-Peruana inaugurada en Arequipa el 19 de julio de 1868. s.p.i, Anale, del Con,ejo Departamental de la Sociedad CatólicoPeruana. Arequipa, Imp. Santiago Galdos, 1869, T. 11, Anale, de la Sociedad Católico-Peruana inaugurada en Puno el 1 de noviembre de 1868. Puno, Imp. "La Iglesia puneiía", 1868, Anale, de la Sociedad Católico-Peruana. • •Lima. •. , Lima, Imp. José Masías, 1868, y José Sebastián de Goyeneche y Barreda. (Circular ,obre el ettablecimienw de la Sociedad Católico-Peruana), fechada en Lima el 20 de IIlllIZO de 1868. 43. Analel de la SCP/Arequipa 1868, pp. 33-34. Los miembros de la SCP afirmaban que el "proceso revo~cionario" que los liberales pretendían imponer en el Perú procedía de teorías y doctrinas swgidas en Europa, donde habían causado el mal de todas las naciones, filosofías tales como el panteismo, protestafr tismo, deísmo, racionalismo, socialismo, comunismo, y todos los "ismos" p<r sibles. 44. En palabras de Pedro José Bustamante, Presidente de la SCP arequipeña, ni la civilización ni el progreso estaban reñidas con la unidad religiosa pues: "El c<r mercio y la industria en general . . nada deben a la libertad de cultos, pues es notoño que florecieron ántes que ella. Un país nuevo y despoblado como el nuestro, nece.sita ciertamente de la afluencia de industriales estranjeros que vengan á dar vida y animacion á nuestro inculto territorio, á explotar tantos 45. Según rezaba el artículo 4o. del Reglamento -cuyo extracto figura en Apéndice 3-- "La Sociedad no podrá ingerirse en manera alguna en asuntos políticos" en Analu de la SCP Lima 1867, p. 12. Sobre el mismo tema se pronunciaron varios de los dirigentes de la entidad en las respectivas inaugunciones públicas, entre ellos Pedro José Bustamante, Manuel M. Cornejo, José Ma. La Jara, etc. 46. Pilar García Jordán. Et, ctrt6lic, catalanl i la Segona República, 1931-1936. Barcelona, Publicacions de r Abadía de Montsenat, 1986. Cf. también J. A Portero Molina. Púlpito e ideolop, en la E,palla del riglo XIX. Zaragoza, Pórtico, 1978, o J. Klaiber. Religi6n y revolución en el Perú, 182¼1976. Lima, Universidad del Pacífico, 1980. 47. Analel de la SCP, Lima, 1867, p. 6. APENDICES l. Representación suscrita por vecif!<>S d~ Lima para q~~ se esclarez~~ !l significado exacto de un decreto relatwo a la profeswn de la relrgwn católica por el Estado en funcwn de otros credos. Lima, 30 de noviembre de 1822. El Pueblo Heroico de Lima, hace presente a Vuestra Soberanía, que habiendo dado el 7 de Septiembre del año pasado las pruevas mas relevantes de amor al Patrio suelo con que Dios le favoreció, se halla resuelto á dar las mayores para conservar en su seno, sin ruga ni manS1lJa la Religion Santa Catolica Apostolica y Romana, unica verdadera. Y creyendo firmemente que el art. 5o. de bases en los tenninos que se há sancionado, deja abierta la puerta á interpretaciones siniestras, distantes sin duda de la fé de todos los Sres. Diputados que se hán conformado con el, Suplica á Vuestra Soberania, el que se exclaresca sumente, de un modo difinitivo con la adiccion propuesta por el Sr. Larrea, a saber, con exclusion de otra alguna. 1 Esta Sr., es la voluntad expresa de todo este Vecindario, y lo es igualmente de los Pueblos de su Departamento pues el Teniente Gobernador de Chilca don Juan Nepomuceno Manco, bá hecho saber á varios Vecinos de esta Ciudad, el disgusto grande que se nota en los naturales de dicho Pueblo, y en los de Conchucos, Yayos, y Huarochiri,2 por haber sabido que se trataba de alterar la Religion unico vinculo que los liga á Vuestra Sobernia. La misma decisión há manifestado el Sr. Larrea por el Departamento de Huaylas y el Sr. Sanchez Carrion por el de Trujillo. De modo que todos los Pueblos Libres del Perú declaman altamente contra la tolerancia Religiosa, y piden que se exprese claramente en el citado artículo la negativa á todo culto fuera del Catolico que profesan. Y si algunos de los Sres. Diputados Suplentes de las Provincias ocupadas por el enemigo, tienen voluntad presunta de que los Pueblos que representan quieren admitir la tolerancia, que aboguen enhorabuena �58 SiBfoXJX P. Carda Jordán: Progruo, inmigración y culto.en Perú por ella. Mas este Pueblo Sr. que reconoce, y ama el divino don de la fé, como la Joya mas preciosa que debe conservar, y transmitirá sus hijos, y nietos de generacion en generacion, pura y sin mansilla como la recibio de sus Padres, y Pastores, renuncia á la faz del mundo cuantas ventajas temporales podria proporcionarle la mescla con los heterodoxos, 3 y protexta el que ni ahora ni nunca se conformará ni admitirá ninguna sancion en contrario. L?s ~dadanos bo~dos que subscriven esta representacion, creén dár a Vu~stra Soberarua, con ella, la mayor satisfaccion y consuelo, por que siendo estos sentimientos los mismos que le animan, le será m~y grata la resolucion que piden, tán conforme á la voluntad de los mismos que los representan; cual es, el que la Religion de la Republica del Perú es, y sera siempre la Catolica, Apostolica Ro ,na~ unica verdadera con exclusion de otra alguna. Lima Noviembre 30 de 1822. Señor Pedro Tbadeo Bravo Zaval (rúbrica)5 2. Cuestión trascendental. Lima, 13 de julio de 1855. Una cuestión importante se ventila en estos dias en la Convencion Nado~ el juramento que su~ miemb;os deben prestar de sostener la ~e~on que profesamos, y d~ creeran los pueblos del Perú? ¿podrian rmagmarse que en nuestro pais, y despues de sus protestas tan termi~tes, los Di~utados á la Convencion, pensarán hacer cuestionable, el J~amento pedido de respetar y sostener la Religion Católica, Apostólica, Romana? pues ello es cierto, y si parece inconcebible una tal aberración, mas increíble será, que una gran parte de estos mismos con su Preside!'~e al frente, esten elu~en?o de todos modos se apruebe esta prop0S1c1on, y procuren reducir a la nulidad el tal proyecto con el nombramiento de dos nuevos comisionados para ahogar el catolicismo, despues de haber sujetado á comision el concienzudo proyecto que deb~ó aprobarse por unanimida? tan luego que se presentara, y qu; aun debieran haber deseado se pusiese en planta esa proposicion para hacer patente á los pueblos su decision de justicia dejando ver al mundo entero, que eran realmente Católicos, y no mazones ocultos con la capa del catolicismo. i~~eblos del P~ní! ~~stros representantes os venden, iDiputados Catolicos! ~aced unprrmtr los nombres de los enemigos del Catolicismo que t~nets en vuestro seno, para qµe el pueblo conozca quienes son sus enemigos y los q_ue p_or sus protestas no son realmente diputados, puesto que en debido tiempo les retiraran sus poderes; y siendo el pueblo el soberano, segun su misma opinion, y desempeñando los convenci_onales el encargo de ese pu~bl_o su soberano y su juez, no pueden de nmgun modo traspasar los hm1tes, que sus poderdantes les confiaran pues es principio de derecho, que es nulo todo lo que obre un apode~ rado, mas allá de sus poderes respectivos. Por nuestra parte recordamos de nuevo sus deberes á los Sres. Portillo6 y Cortés, nuestros representantes en las Cámaras y les decimos también que si sus nombres no estan entre los defensores de nuestra Santa Religion les retiran su nombramiento. Lima, á 13 de julio de 1855. Los Limeños. Advertencia.- La nota del Sr. Ministro del Culto que se ha publicado en "El Comercio" del Martes próximo pasado, está victoriosamente 59 destruida por el artículo á los Editores de ..El Comercio" que se rejistra en el número 11 de periódico Católico, y la publicidad de esa nota tanto tiempo despues de pasada, demuestra á toda luz la intención hostil del Ministerio para con los Editores de "El Católico". 3. Extracto del Reglamento de la Sociedad Católico-Peruana. 7 Haciendo uso del derecho de asocíacion, cuyo inicio garantiza el artículo 17 de la Constitución de la República, se ha formado la "Sociedad Católico-Peruana", con el fin de defender el Catolicismo y sus derechos en el Perú, de los ataques que directa ó indirectamente pudieran dirigírsele; de propagar las doctrinas católicas, procurando ademas la union y recíproco auxilio de sus miembros. Los medios que empleará la Sociedad para conseguir (?) su fin serán puramente pacíficos, protestando de palabra ó por escrito, de cualquier acto, discurso ó publicacion, que tienda a dañar la integridad de la fé ó á destruir la unidad católica en el Perú, y haciendo publicaciones periódicas ó de cualquiera otra clase, con el objeto de defender ó propagar el Catolicismo. Como la Sociedad no se propone otra cosa que defender y propagar la verdad católica, no tendrá injerencia alguna en asuntos poüticos, que deberán serle completamente estraños. Y debiendo obrar á la luz del di&, no aceptará como miembros á los que lo sean de alguna sociedad secreta. Se consideran como socios, los 9ue libre y espontáneamente manifiesten su voluntad de pertenecer a la Sociedad. No serán admitidos en ella los que á juicio de los respectivos consejos, observen una conducta reprensible. Son obligaciones de los socios: obedecer las ordenes de sus superiores inmediatos; inscribirse en una decuria determinada; protejerse y socorrerse mutuamente, sin perjuicio de hacer estensiva la caridad á las personas estrañas á la Sociedad. La Sociedad será rejida por un Consejo Central, residente en la Capital de la República, y por Consejos Departamentales. Sus miembros se distribuirán en secciones de á mil ó lejiones de á ciento ó centurias y de á diez ó decurias. Cada una de estas secciones reconocerá un jefe diverso. De una á diez decurias se formará una centuria y de una á diez centurias una !ejión. El Consejo Central se compondrá de doce vocales vitalicios. Para remplazarlos y ayudarlos en sus labores, se elejirán tambien doce vocales honorarios, igualmente vitalicios. El Consejero Central nombrará los cinco miembros de que deben componerse los Consejos Departamentales, en cuyo cargo durarán dos años, pudiendo ser reelejídos. Los Consejos provinciales se compondrán de tres miembros elejidos, por el Consejo Central á propuesta de los respectivos Departamentales. La duracion de sus cargos tambien es de dos años. Para remplazar y ayudar en sus labores á los miembros de los Consejos departamentales y provinciales, nombrará el Consejo Central tantos Consejeros honorarios, cuantos sean los propietarios que forman aquellos Consejos. Para ser lejíonarío, centurion ó decurion, se necesita tener veinte y un años de edad, la plena confianza del Consejo que los nombra, no haber �60 SiBfoXIX P. García Jordán: Progre.o, inmi,sración y cultcn en Perú manifestado doctrinas y tendencias contrarias al espíritu de la Sociedad y no haber sido condenado por sentencia judicial á pena infamante. Los deberes de los lejionarios son: velar sobre la conducta de los centuriones y decuriones de su lejion, trascribir á los centuriones las comunicaciones del Consejo de que depende, llevar un rejistro de los asociados de su lejion, expresando el nombre, apellido, profesion y estado de cada uno de ellos, esforzarse por tener completo el número de centurias de su lejion, avivar el celo de sus centuriones, consultar al Consejo las dificultades con que tropiece en el cumplimiento de sus deberes, é informar trimestralmente al Consejo sobre el estado de su lejion, evacuando además todos los informes que este le pidiere. Los deberes de los centuriones son: vijilar sobre la conducta de los decuriones, trascribir las órdenes que reciban de los lejionarios, llevar como estos un registro de las personas que componen su ::entuña; esforzarse por tenerla completa, reunirla siempre que lo permitan las circunstancias, para conservar vivo el espíritu de la Sociedad, consultar con el lejionario las medidas que crea necesarias emplear para conservar la disiplina de su centuria, é informarle mensualmente sobre el estado de ella. Los deberes de los decuriones son: estrechar cada vez mas sus relaciones con los asociados de su decuria, procurando captarse su confianza, con afabilidad y modestia, y evitando toda manifestacion de superioridad, procurar la conciliacion en las cuestiones que se susciten entre los asociados de su decuria, reunirlos para leerles las instrucciones que les dirija el lejionario inmediato, avivar su celo, auxiliarlos y consolarlos en sus necesidades, manifestar á los centuriones las dificultades que encuentren en el cumplimiento de sus deberes, y llevar como los lejionarios y centuriones, un rejístro de los miembros de su decuria Los miembros de la Sociedad erogarán diez centavos mensuales, para la formacion de rentas de la Sociedad, pudiendo ser eximidos de esta obligacion los, que, á juicio de los respectivos Consejos, no puedan cumplirla La recaudación de esta renta correrá a cargo de los Tesoreros que nombren los diversos Consejos, ayudándolos en la recaudacion los respectivos lejionarios, sin exijir ni unos ni otros retribucion alguna. NOTAS APENDICES l. Subiayado en el original 2- lbül 3. lbüJ. 4. lbül S. ZavaJa es d primero de una laiga lista de nombres, todos ellos "fuerzas vivas'' de la sociedad limeña 61 6. Este pezsonaje es el mismo que í,gura en la nota 20 del texto. 7. El Reglamento completo íigu.ra en Anaie, de la Sociedad Cotólico-Püutalada en Lima en 22 de mayo de 1867. Lima. Imp. José Masías, 1868, pp. 11-21. El extiacto del Reglamento enlbül, pp. 8-10. �El agrarismo liberal en México Luis González y González* L El credo de la Reforma se define el mismo día en que los insw:gentes de Ayuda se autonombran liberales y llaman consetvadores y "cangrejos" a los paladines de la dictadura santárúca. Ese credo compartía, a la mexicana, las filias y las fobias del liberalismo europeo y del estadounidense: la voluntad de enriquecimiento, libertad, orden, democracia y ciencia, y la ,ioluritad de tradición. Comportaba también un par de dogmas nacionales. Uno, formulado por Miguel Lerdo en 1856, dice: " El suelo de México es uno de los más fértiles del mundo." 1 El otro, con palabras de don José María Vigil, afirma: "(los mexicanos no podemos) hacer física, material, positivamente efectivos los dones de que se nos ha colmado".2 En la raíz de la grandeza natural se entrevió la obra de la Providencia; en la pequeñez humana, la labor <le la Historia. Según los reformadores, existía un indomable antagonismo entre los antecedentes históricos de México y su engrandecimiento futuro. En vez de considerarlos " como hase indispensable de cualquier cambio, como sucede en general en todos los pueblos", se bablaha de " removerlos radicalmente para lanzarse por una vía del todo nueva".3 "Queremos romper -decía Julio Záratc- con las tradiciones que nos k-gara un pasado de inmensos errores y de imper<lonahlu.- locuras" f y Francisco Zarco: " No somos como esos legisladores que capitulan cou el pasado. .. ; legislemos ¡,ara el porvenir.''5 Ellos gravitan hacia un futuro CU}'OS principales ingredientes eran la libertad, el saber científico}' el confort. Componían la prl--visla Libertad nna media docena de libertades, apellidadas económica, tH>líLica, intelectual, religiosa, pedagógica y de Lrc1liajo. *El Colegio de Michoacán. Una versión previa de este trabajo se publicó en 1/istoria M..xicana, 28, El Colegio de México. abril-junio de 1958. �64 L. González y González: El agrarismo liberal en Méxie-0 SigloXIX Este surtido laissez-faire presuponía la supresión del Tirano y la noble tiranía de la Ley, la cual, para mantenerse equidistante entre el despotismo y el cao!>, necesitaba de la democracia entendida como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, siempre y cuando el pueblo fuera capaz de hacer buen uso de su razón. Nuestros reformadores temían que el mexicano no llenara este requisito. " ¿Cómo se han de establecer y afirmar las instituciones liberales -se preguntaba Castillo Velasco en el Congreso Constituyente d~ 1856-:- si hay una mayoría de ciudadanos para quien la libertad es una quimera y tal vez un ahsurdo?''6 La democracia mexicana,· si quería prevalecer, debía educar. La ciencia moderna, metódica, convincente, válida para la totalidad de los hombres, capaz de descifrar todos los enigmas y vencer todas las resistencias (según se anunciaba la del siglo XIX), debía educar al mexicano para la democracia. El grupo que se arremolinó alrededor de J uárez no se propuso que su patria colaborase a corto plazo en el desenvolvimiento del espíritu científico; contentábase/con difundirlo, rápidamente, en su última fase, en todos los ámbitos del pa~ y también, con igual premura, se empeñaba en obtener de sus derivaciones técrúcas una mejor explotación de los recursos naturales y una economía mecanizada para sacar a México de la pobreza (que "encierra en su seno lacerado el germen de todos los males") y llevarlo a un estado de bienestar material. La sed de enriquecimiento vino a ser actitud plausible. Si los promotores de la Reforma no se enriquecieron; no fue por falta de ganas rú de oportunidades. Estimaron que su papel de apóstoles de la nueva doctrina les imponía la obligación de introducir el bien en la casa ajena antes que en la propia. También cometieron otra anomalía: en vez de perseguir la riqueza nacional por el camino de la industria, a la manera europea del siglo X1X, la procura.ron por el rumbo de la agricultura, quizá por no apartarse del modelo norteamericano que se habían impuesto, pero más presumiblemente por creer que el país contaba con recursos agrícolas potenciales muy superiores a los entonces efectivos, creencia que no podían des-mentir las inexistentes estadísticas agrarias, y mucho menos la precaria rusticidad de los reformistas.7 El hecho de que la Reforma haya nacido en el minúsculo caserío de Ayutla, acaudillada por un hacendado, no debe hacemos creer que sus autores fueran rancheros. Los más se habían educado en la ciudad, y ejercían allí oficios de burócratas, médicos, ahogados, periodistas o poetas. Eran personas de modestos recursos económicos, de clase media urbana, que no desconocían del todo la vida campestre. En algunos, este conocimiento provenía de sus experiencias infantiles; en otros, de haber convivido transitoriamente con labriegos durante los rigores de la lucha civil. 65 Su saber acerca del campo les permitió darse cuenta de la mala situación de los campesinos, pero no de la verdadera magnitud de los recursos agrícolas. Así pudo mantenerse la idea de un paraíso mexicano "donde no sólo es eterna la primavera, sino eternos, si puede decirse, los elementos de vida, de prosperidad y de progrcso".8 Las peculiaridades apuntadas no agotan los temas de la "actitud primaria" y la "cosmovisión" de los hombres de la Reforma. Pero bastan como introducción a tres rasgos de aquel partido: el rumbo agrícola_ que tomó su concupiscencia económica, su imagen del p~blema agr31:10, y ( dentro de las timideces ~r~pias de la escuela) la_ a~dacia de_ su agransmo. Mientras los gobiernos similares de Europa resist1an heroicamente a la tentación de entrometerse en asuntos del campo, el nuestro se empeñó en convertir las tierras vírgenes en madres fecundas, a los miserables sin tierra en terraterúentes prósperos, a las víctimas del peonaje en seres libres, y a los esclavos del mito en señores de la ciencia positiva. IL El problema agrario, para comenzar, fue descompuesto en sus partes por la inteligencia reformista. En el orden técrúco se lamentó la escasez de brazos para el cultivo de la tierra, el uso rudimentario del abono y el riego, el atraso de la labranza, la tala de bosques, la carencia de capital y los raquíticos medios de comunicación y transporte; en el orden institucional, la abundancia de terrenos baldíos, las comurúdades indígenas, las deprt> daciones de los "bárbaros", los diezmos, la mano muerta, ~l latifundio, el peonaje, la discordia civil y la leva; en el orden intelectual, las co~cepciones mágicas y arúmistas, la religiosidad aunada al desapego cientifico, la ignorancia del idioma español en unos y la falta de letras en todos. La sociedad rural -escribe José María Vigil- "no guarda proporción con su territorio"; su número está muy por debajo de "los infinitos elementos de riqueza que encierra el suelo que ocupa"'. Hacia 1857 había ocho millones de mexicanos: menos de dos habitaban en ciudades: más de seis eran campesinos que sólo labraban una mínima parte de la superficie del país, y no la mejor, que se mantenían en "estado de naturaleza". Así en el inmenso Norte la península de Baja Califorrúa, el delta del Colorado, la mesopotamia sonorensc, la Sierra Madre Occidental, y lo más de las llanuras de Chihuahua, Coahuila, Durango y Tamaulipas, tierras que podían convertirse en un Far West mexicano. También en la región tran&tehuana había fertilísimas zonas vírgenes: ciénegas de Tabasco, selvas del sur de Yucatania y del noroeste de Qriapas, y la llanura costera del Soconusco. Aun la porción media del país, la más poblada y productiva, tenía feraces reservas territoriales en ambas costas. �66 SigloXIX La exigua población-rústica se limitaba a cultivar el suelo que habían amansaqo las sociedades precolombinas y los colonos españoles: el Anáhuac, la zona oriental del Válfe del Balsas, los vallecitos de la Sierra Madre del Sur, el norte de Yucatania, el centro de Veracruz, e islotes rodeados de desolación en lo restante del país. El estómago, que no el apetito de lucro, decidía los cultivos: maíz, frijol, trigo y chile para las comidas; caña de azúcar, café y tabaco para los postres del beau monde, y maguey para aperitivos y digestivos de la gran- masa del pueblo. La excepción a la regla la ofrecen algunas haciendas de ganado, las fincas henequeneras de_ Y ucatá~ el cultivo del añil y la vainilla y las explotaciones forestales en las zonas costeras de Veracruz, Tabasco y Campeche; las últimas, navajas de doble filo. Ya se veía en la tala caprichosa de los bosques rm factor adverso a la agricultura. En su estudio sobre la propiedad territorial, dice Manuel Payno: En México, generahnente los indígenas que tienen bosques en común y los propietarios que trafican en madera, han abusado de una manera escandalosa de la tolerancia o descuido de las autori• dades, y día tras día v~mos tornar frondosas selvas en eriazos y descarnadas lomas que alejan la población, hacen tardía la estación de lluvias y acaban con todos los elementos de subsistencia y vida.9 Con todo, los pronósticos de Payno no quitan el suefío a los taladores de bosques, quienes, como todos los campesinos, permanecen fieles al imperio del hábito. En rm folleto de 1848, atribuído a Mariano Otero, se dice lo que después se repetiría incansablemente: Hasta ahora han sido vanos para los labradores de México todos los descubrimientos y mejoras que se han hecho en otros países de algunos años a esta parte para abreviar y hacer más económicas las operaciones de la agricultura.10 Las herramientas y los sistemas de cultivo seguían siendo tan añejos como ineficaces. Muy pocos agricultores regaban y abonaban sus tierras, y ninguno conocía los modernos medios para procurarse agua y beneficiar con abonos químicos sus sembradíos. Eran hombres del pasado, y aun a los administradores de las haciendas les daban miedo las mejoras técnicas introducidas por los norteamericanos en los métodos de producción. Al misoneísmo <le los labriegos se sumaba la carencia de capital: eran L. Conza1ez y Conzález: El agrarismo liberal en México 67 desconocidos los bancos de crédito agrícola, y las tareas agropecuarias no permitían la capitalización. Ni los pocos labradores adinerados obtenían ganancias apreciables, salvo si después de un año fértil venían dos o tres estériles, y si sus sementeras colindaban con alguna ciudad o puerto que consumiera o diera salida a los productos. Generalmente cada comunidad, rancho o hacienda producía ni más ni menos que lo necesario para satisfacer el consumo estrictamente local. Trasponer este punto era exponerse a los riesgos de la superproducción, y no cultivar en cada sitio lo necesario para vivir era signo premonitorio del hambre. "La falta de consumidores -escribe Ignacio Ramírez- hace que el labrador sólo siembre lo muy preciso." 11 Varios factores concurrían a esta desgracia. Uno era "la odiosísima servidumbre del sistema de ruuilialas". Otro, lo disperso, escaso e indolente de la población nacional Y sobre todo, la ineficacia de los medios de comunicación y transporte. Las recuas de mulas y las carretas de bueyes no pennitían excesos en la agricultura, por ser transportes caros, lentos e insuficientes, que hacían incosteable el tránsito de mercancías de los centros productores a los mercados del país, y aún más a los extranjeros.12 La fal. ta de vías férreas, fluviales y marítimas era funesta, y el pésimo estado de las pocas carreteras existentes ponía en el cuadro una última y sombría pincelada. Agréguense a la lista de factores adversos las instituciones rurales, rémoras de la economía y sobre todo de la libertad, la democracia y el orden. A esta especie pertenecían los terrenos baldíos, administrados oor F.spaña en la época de la dominación y por el gobierno mexicano a partir de 1821, de los que se sabía que ocupaban una gran parte del país, pero no su exacta ubicación, extensión y calidad. Los más eran vírgenes; muy pocos estaban cultivados por ocupantes indígenas sin título de propiedad, y una porción mayor era frecuentada por la apachería, gente nómada que hacía sumamente difícil la vida, la agricultura y el pastoreo en los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila. Los apaches, habilísimos en el manejo del caballo, la lanza, la flecha y las armas de fuego, conocían el arte de la guerra y eran insuperables en la caza. A la nútad del XIX, cuando los f arwesteros yanquis empezaron a disputarles la tierra, se enfurecieron hasta el punto de convertirse en el peor azote de vidas y fortunas a uno y otro lado de la raya fronteriza. Conducidos por capitanes que añadían a su nombre el epíteto jaské, que significa "valiente", iluminados por el "capitán del cielo", caían en grupos de diez, quince o veinte individuos sobre caravanas, haciendas y pueblos. Eran aficionadísimos a asesinar varones y a convertir en botín las bestias, las mujeres y el cuero cabelludo de sus víctimas. Debido a su eficacia en el ejercí- �68 SigloXIX cio de la devastación se retardó el poblamiento del Norte y se despoblaron velozmente las pocas zonas habitadas y en cultivo. Los sonorindios (pimas, yaquis, mayas, tarahumaras, etc.) buscaban, como los apaches, el abatimiento del blanco; pero, aparte de tener un delgado barniz de civilización occidental, practicaban la agricultura, aunque (para su desdicha) en terrenos,que se presumían baldíos. Lo mejor del suelo sonorense, la mesopotamia situada entre el Yaqui y el Mayo, la poseían ilegítimamente. En acatamiento a la ley, se procedió en 1825 a medirla y evaluarla, lo cual no llegó a conseguirse porque sus ocupantes se declararon en rebeldía. Desde entonces yaquis y mayos siguieron en pie de lucha contra los posibles invasores de sus tierras. En guerra e independientes los sorprendió el gobierno emanado de la revolución de Ayutla. En el otro extremo del país, la creencia de que "los indios no oyen sino por las n;tlgas", puesta en práctica por los terratenientes yucatecos, hizo estallar en 1847 una guerra crudelísima. Durante tres años se mató, se robó, se quemó sin tregua ni piedad. Al cabo de ese tiempo, se convino tácitamente que los insurrectos ocuparan el sur de la Península, y los ru tiguos amos, más los indios fieles, el norte. Los del Sur se organizaron en estados libres, se dieron una religión nueva, trabaron amistad con los angloheliceños, y con las armas que éstos les daban a cambio de madera invadían y devastaban periódicamente las haciendas de sus antiguos señores quienes, por su parte, hacían también frecuentes incursiones a las guaridas de sus ex siervos y a cuantos lograban pillar los vendían como esclavos a las negreros de Cuba. Este ir y venir de unos y otros produjo un sinfín de males y una nueva actividad agrícola: la industria henequcnera.13 La mayor parte de los indios mansos (nahuas, otomíes, tarascos, zapotccas, mixtecas, totonacos, huaxtecos, etc.) se repartía en cinco mil pequeñas aldeas que, en vez de considerarse partes de un todo nacional, se sentían como mundos cerrados. Cada una era dueña de un territorio de escasa superficie y generalmente de mala calidad, dividido en "fundo" (lugar donde se asentaba el caserío), "propios" (terrenos destinados a sostener el ayuntamiento), "ejido" (para los usos comunes de la población) y "tierras de común repartimiento" , usufructuadas individualmente por los vecinos y poseídas en común. Cuando cesó la tutela sobre el indio en virtud de la implantación del régimen de igualdad jurídica, las haciendas arrebataron a los pueblos parte de sus posesiones hasta el punto de hacerlas insuficientes para sostener al vecindario y obligar a los vecinos a engancharse de jornaleros. Por su parte, un clero hostil al partido liberal y negligente en la administración de los bienes celestiales por apego a los de la tierra, manejaba las comunas a su antojo y recibía de ellas diezmos y obvenciones parroquiales. L González y González: El agrarismo liberal en México 69 IIL La riqueza estancada del clero, la célebre "mano muerta", comprendía bienes muebles e inmuebles, productivos e improductivos, rústicos y umanos, destinados al beneficio de órdenes religiosas, sacerdotes seglares, seminarios, cofradías e institutos de enseñanza. Según los cálculos de don Miguel Lerdo de Tejada, que concuerdan con los de don Lucas Atamán, el valor de esos bienes ascendía, a mediados de siglo, a cerca de trescientos millones. El hecho de que no estuviesen a la venta se consideraba nocivo para la hacienda pública y para la economía privada. Aquélla dejaba de ganar lo correspondiente a traslaciones de dominio, y ésta no podía invertir su dinero en la compra de unas propiedades entre las que se contaban ochocientas o novecientas fincas rústicas arrendadas a particulares, quienes, además de no poder hacerlas suyas, las atendían indebidamente.14 Los terrenos de propiedad individual se llamaban, según su extensión, ranchos o haciendas. Los ranchos (pequeñas propiedades) eran vistos con simpatía por los prohombres del liberalismo; las haciendas, con superfi. cíes de más de mil hectáreas y población de más de cien vecinos, fueron mal vistas. En 1854 había 6,092 haciendas y un número sensiblemente menor de hacendados. Las del Norte y de las costas eran tan vastas que, para recorrerll\S de punta a punta, se caminaban días enteros. Ponciano Arriaga, el orador de locución tarda y frase dura, se pronunció contra ellas en el Congreso Constituyente: La acumulación en una o pocas personas de grandes posesiones territoriales, sin trabajo, sin cultivo, sin producción, perjudica el bien común y es contrario a la índole del gobierno republicano y democrático.15 Como es sabido, sólo una parte de las haciendas era explotada, ora por cuenta exclusiva del propietario, ora, parcialmente, por cuenta de los arrendadores, pero casi nunca bajo la vigilancia directa del dueño. Los hacendados no solían vivir en sus haciendas por temor al bandolerismo y a los pronunciamientos. Hacían sus veces los administradores que, según don Luis de la Rosa, más que en los negocios del latifundio, se ocupaban "en los placeres lícitos o ilícitos de la vida rústica: los coleaderos, los gallos, las carreras de caballos y los amoríos con las jóvenes del lugar".16 De ellos dependía toda la población de la hacienda: mayordomos, capitanes, vaqueros, caporales, peones libres y acasillados. Llamáhanse "peones libres" los vecinos de los pueblos que trabajaban temporalmente en las haciendas, y "acasillados" los adscritos de por vida al fundo. �70 SigtoXIX Me he convencido hasta la evidencia - prosigue don Luis de la Rosa- que el sistema de cultivar las grandes propiedades territoriales por medio de jornaleros, a que se da el nombre de peones, es funestísimo para la moralidad pública, y cada d{a ha de ser más perjudicial para los intereses de los grandes propietarios.17 El jornalero, en especial el acasillado, era un pésimo labrador. El jornal apenas daba para mal comer, medio vestir y abrigarse en una choza de varejones y zacate. Lo de menos era que una parte se les pagase en especie y otra en vales canjeables en los tendajones de raya Lo verdaderamente antiliheral era la servidwnhre por deudas. Para cubrir gastos extraordinarios (matrimonios, bautizos, borracheras y entierros) el peón se endeudaba hasta el punto de quedar vendido al patrón, del que sólo podía clesprenderse mediante la fuga o porque otro amo pagara el monto de su deuda En el primer caso era perseguido por las autoridades y, algunas veces, devuelto; en el segundo, ¿qué podía ganar? Dondequiera los administradores y mayordomos eran la misma cosa. Las excepciones se cuentan con los dedos de la mano. Todos pagaban poco y pegaban mucho. A fuerza de látigo y puntapiés querían vencer la indeclinable pereza del peón, y a fuerza de entlapixcarlo, purgar sus pe<[Ueños delitos, sobre todo el de embriagarse en lunes. Por más que las almas liberales disculpaban al trabajador, p~es tenían la culpa el misérrimo salario, la servidwnhre por deudas, las agobiantes jornadas de sol a sol y los castigos físicos, la casta de capataces insistía en su táctica y se negaba a ver en d bandolerismo una secuela del maltrato, y en la tolerancia liberal un buen remedio para la pereza y la sed de pulquc.1s IV. El peón, víctima del peonaje, era vengado por el bandolero, quien nunca robaba a los pobres, antes les daba dinero. "Ladrón de caminos" le llamaron sus detractores, y "héroe del camino real", algunos liberales que reconocieron la justicia de su causa. Con todo, nadie se atrevió a defenderlo abiertamente, pues no eran defendibles por moral alguna sus atentados a mano annada contra la vida, la hacienda y honor de propietarios y caminantes. Para asesinar y raptar se agavillaba. Las gavillas, que se contaban por docenas en los Fstados centrales, no tenían bandera política aunque a veces buscaran el amparo de alguna con el fin de evitarse riesgos. Al frente de cada gavilla iba un capitán "trigueño, robusto, curtido al sol y a la intemperie", hábil en el manejo de caballos, sogas y armas. Durante uno de sus viajes entre Toluca y Méxi- L. Gonzákz y Gonzála: El agrari,mo liberal en México 71 co, Ignacio Manuel Altamirano comprobó la destreza del capitán Roca, el terror del Monte de las Cruces.19 Manuel Payno reveló los motivos, propósitos y fechorías de los bandidos de Río Frfo.3> Perrohlillos, con menos éxito, intentó hacer otro tanto con los plateados que caían sobre sus víctimas al grito de " ¡Viva l'hacha y santo filo!"21 Manuel Lozada y sus compañeros son todavía personajes en husca de autor. Lozada fue el máximo bandido de su tiempo. Pobre e iletrado, en 1853, tras de ser peón en las Mojarras y huésped en la cárcel de la hacienda, inicia sus andanzas de bandolero al frente de una pequeña gavilla en la que figuran indios coras. En menos de un lustro se convierte en amo y señor del Séptimo Cantón de Jalisco. con capital en Tepie. Desconoce la Constitución de 1857 y el gobierno de Juárez; devuelve a los indios de la sierra de Alica la tierra de que habían sido despojados por los voraces latifundistas; se señala como protector de los débiles y desvalidos; se pronuncia por el Segundo Imperio; Maximiliano lo condecora y el partido liberal le planta el membrete de "Tigre de Aliea", nombre adecuado al oficio de bandolero que tan heroicamente ejerció.22 No debe confundirse a un bandolero como Lozada con un jefe sedicioso o "pronunciado", incansable redentor del ejército en los cincuenta primeros años de vida independiente. El "pronunciado" es militar experto, hombre de alguna educación, incapaz de alzarse en armas sin antes seducir a la tropa con promesas de grados, empleos y botín, y sin difundir oportunamente, por medio de manifiestos y proclamas, los propósitos de su "pronunciamiento": poner o quitar un gobernante odiado para sustituirlo con su persona Mientras lo consigue, se constituye en "árbitro y dueño de todas las haciendas que recorre. Se apropia los mejores caballos, mata los toros más finos, sus hombres desperdician las semillas y aniquilan los sembrados". Al conjunto de todos los pronunciamientos habidos desde la consumación de la independencia hasta la victoria liberal, se da el piadoso nombre de "lucha civil".23 Entre otros males, la "lucha civil" propició la leva que, aparte de mancillar la libertad del hombre, robó sus mejores brazos a la agricultura. Para hacerse de tropa -que oficiales y jefes los había en abundancia-, lo mismo las partidas de sediciosos que el tirano en turno nunca prescindieron de la "comisión de leva" que caía en pueblos y haciendas, acorralaba a los labrantines, seleccionaba a los más robustos y, seguida del llanto de madres, viudas y huérfanos, los arreaba a un cuarte~ de donde, tras de ejercitarse en el manejo de las armas, salían con rwnho "a todos los mataderos del país", a morir sin gloria, sin conocimiento de la "causa" por la que peleaban y dejando una familia al garete.ai �72 SigloXJX V. Hay todavía un tercer punto de la vida nística condenado enérgica• mente por la Reforma: la supenivencia del mito. Las agrupaciones indígenas, sobre todo las más alejadas del centro, continuaban ~isas a_} imperio de una tradición mágica animista. El resto del campesinado, SI menos supersticioso, se aferraba a creencias y actitudes religiosas que, por lo menos en parte, no se entendían con el progreso científico. La raza vernácula, por añadidura, desconocía el español y el arte de leer y escribir; los otros labriegos se resignaban a sólo ser analfabetas; nadie en el campo marchaba al compás de los ideales del siglo XIX, el siglo de la plenitud de los tiempos. El indio creía en un mundo donde todo era animado, regido unas veces por las reglas de la magia, y otras por 1a caprichosa voluntad de los espíritus que habitaban en astros, cumbres, ríos, bestias y plantas. A esta imagen del cosmos correspondía un ritual mágico y un culto, celosamente cultivados por el pueblo y muy bien protegidos por un ejército de brujos. Las creencias y las costumbres de apaches y sonorindios paraban en esto; pero los demás indígenas injertaron en la magia y el animiSlno la religión traída por la invasión española, y esto produjo, al decir de Guillermo Prieto, un "ponche" de "costumbres p6hlicas e íntimas dignas de la mayor censura", toleradas por los párrocos católicos, ora por temor, ora por descuido. 25 La superstición se conciliaba con la ignorancia del castellano. En vez de idioma de los muchos, usábanse, entre indios, lenguas minoritarias y pobres, tan opuestas a la unidad nacional como a la de los indígenas mismos. Cada etnia se entendía a su manera y había más de cien etnias aborígenes. Casi millón y medio de indios se expresaban en nahua; alrededor de quinientos mil en otomí; un cuarto de millón, en maya; otra cifra igual en idiomas zapotecas; poco menos, en mixteco; unos cien mil, en tarasco, y grupos menores en alguna de las hablas restantes: totonaca, tzotzil, tzeltal, huaxteca, popoloca, rarámuri, zoque, yaqui, chontal, etc.26 Ya para entonces, ningún idioma de la vieja raza se escribía. "En vano buscaremos -afirma Ignacio Ramírez- quien componga en elegante azteca o en sonoro tarasco", las dos lenguas de mayor tradición literaria.'Zl Los demás labriegos, con ser hispanohablantes, no llenaban los requisitos de la modernidad. Su ideario religioso, aparte de no ser puramente evangc'lico, de estar contaminado de superstición, amparaba actitudes intolerantes y misoneístas. Su saber profano era bien poco; su falta de letras, total Y ni siquiera tenían oportunidades de instruirse. A las escuelas urha- L. González y Gonuílez: El agrarismo liberal en Mmco 73 nas no iban los niños del campo, y en éste, teníase por cosa extraordinaria la existencia de una escuela. Las empresas educativas de Alamán, Mora, Alcocer, la Sociedad Lancasteriana y otras personas e instituciones de la primera mitad del siglo XIX se señalan por su nobleza de propósitos y su fracaso. Un censo de 1857 contó dos mil cuatrocientas veinticinco escuelas que enseñaban a leer, escribir y rezar a unas ciento ochenta y cinco mil criaturas, casi todas citadinas y decentes. Lupe Monroy escribe: "feliz podía considerarse el pueblo que tenía una escuela miserahle";lll y aquí, la palabra "feliz" hay que tomarla como exageración retórica, pues ningún pueblo lo fue por poseer una escuela donde un tirano impone su ciencia apolillada a fuerza de chicote. - VI. El agrarismo liberal se propuso rehacer la vida del campo. En lo que mira a lo económico, trató de atraer capital extranjero, introducir nuevos cultivos, modernizar la labranza, suprimir las alcabalas, y principalmente aumentar la población, cultivar las zonas vírgenes con colonos de aquí y de fuera, y construir ferrocarriles, canales, carreteras y telégrafos. En el orden social, buscó el deslinde y la.venta de los baldíos, el reparto entre sus condueños de las comunas indígenas, la desamortización de los bienes eclesiásticos, la división de los latifundios, la libertad de trabajo y la guerra contra los apaches, los indios rebeldes, el bandidaje y la sedición. El problema de orden intelectual quiso resolverlo con la laicización, difu. sión y obligatoriedad de la escuela primaria y con un instituto de enseñanza agrícola. Algunos puntos de tan vasto programa ya habían sido intentados por las generaciones precedentes, en especial por la que en 1833 encabezó don Valentín Gómez Farías; otros son totalmente nuevos: sólo quiero detenerme en los más importantes. Escritos de Luis Robles, José María Iglesias, Sehastián Lerdo de Tejada, Francisco Zarco y Francisco Zamacona dejan traslucir una fe ciega en la capacidad redentora y lucrativa de los ferrocarriles. Robles dijo: La paz, el aumento de la población, el equilibrio entre las rentas públicas y los gastos y la exportación de los varios frutos de nuestro suelo, son las necesidades de México: todas el.las quedarán satisfechas cuando tengamos una red de ferrocarriles que una nuestros distritos productores con las costas.29 Zamacona aseguró: "Los caminos de hierro resolverán todas las cuestiones políticas, sociales y económicas que no han podido resolver la abnegación y la sangre de dos generaciones." Como índice de la admiración y enbisiasmo que suscitaban los ferrocarriles, baste decir que el grupo porfirista denominó su vocero, en los años de 1867 a 1872, El Fe"ocnrril. 3> �74 L. Gonzo1ez y Gonza1ez: El ograri&mo liberal en México 75 Sip,XIX En 1856, la mayoría de los países europeos y los Estados Unidos disponían de una vasta red de caminos de hierro. México, en cambio, no había unido siquiera so capital con el mayor de sos puertos. La construcción de ferrovías llegó a tomarse en serio cuando el partido liberal se hizo del del poder. Siendo presidente de la República don Jwiacio Comonfort, se otorgaron concesiones a varias compañías constructoras. La discordia política y la inexperiencia de a1gunos concesionarios retardaron la tarea Pasada la tempestad, se hacen nuevas concesiones y comienzan a entreverse los frutos de las antiguas. El 20 de diciembre de 1872 se unen en las Cumbres de Maltrata los rieles que venían de V eracruz con los que iban de México. El lo. de enero de 1873, el presidente Lerdo de Tejada inaugura el camino por donde ingresarían, junto con un sinnúmero de bienes, los anhelados extranjeros. "La inmigración ha sido el sueño constante de nuestros gobiernos", escribe Juvenal en 1871.31 Desde que México se hizo independiente llamó a inmigrantes agrícolas de los países más adelantados. En aquella edad santánica vinieron muy pocos por temor al desorden y a la intolerancia religiosa de los mexicanos, según se dijo. El Constituyente de 1856, después de acalorados debates, se decidió por la libertad de cultos. Y en el mani- fiesto que desde V eracruz lanzan los prohombres del liberalismo, el 7 de julio de 1859, se lee: La inmigración de hombres activos e industriosos de otros países es, sin duda, una de las primeras exigencias de la República, por• que del aumento de su población depende ya no únicamente el progresivo desarrollo de su riqueza y el consiguiente bienestar interior, $ino también la conservación de su nacionalidad. Por estas razones el gobierno se propone trabajar muy empeñosamente en hacerla efectiva, y para que ello se ejecute del modo que es conveniente. . ., cuidará de allanar las dificultades prácticas que se oponen a su ingreso y a su permanencia en el país.32 El inmigrante acarrearía al país incalculables beneficios: mejoraría, con el ejemplo, la situación moral de los mexicanos, y, sobre todo, haría del nuestro "uno de los países agrícolas más ricos del mundo". Con él, se convertía en tarea de años la colonización de las tierras vírgenes; sin él, en obra de siglos. Por tanto, urgía apresurar su venida y establecer las primeras colonias. Comonfort sentó las bases: por ley de primero de afio de 1856 autorizó a los extranjeros a adquirir en la República toda clase de tierras; en febrero ordenó el establecimiento de una colo,úa mixta de alemanes en el estado de Nuevo León; en mayo dispuso la fundación de cuatro colonias agrícolas a los lados del camino de Veracruz. "En fin - escribe Anselmo de la Portilla-, no perdonó medio de cuantos estaban en su mano para aumentar la !.)Oblación de la República."33 El presidente Juárez sigue por la ruta de su predecesor. En marzo de 1861 concede gracias a los extranjeros compradores de tierras mexicanas.34 En 1864 cede a una compañía estadounidense la mayor parte de la Baja California, y otorga a sus colonos libertad de cultos, libre administración municipal y exención de impuestos y contribuciones durante un decenio.'6 A cambio de tan manifiestas ventajas, la compañía se obliga a reservar una parte de los terrenos a labriegos mexicanos, cumplir la Constitución y las leyes de México, pagar cada sitio de ganado mayor a bajo precio, levantar planos de los pueblos que funde, asentar en la superficie concedida, dentro de un plazo de cinco años, cuando menos, doscientas familias de extranjeros, y repartir entre éstos, después de veinte años, lotes no mayores de tres leguas cuadradas.36 Hacia 1867 se inició el arribo de los colonos. A fines de 1871 ya habían llegado 480, quienes, en vez de labrar la tierra, se dedicaron a rapar los campos de orchilla, liquen tintóreo muy apreciado por la industria inglesa de casimires.37 Estos y otros abusos de la compañía obligaron a nulificar la concesión. 38 VIL A raíz de la derrota del Imperio, se dijo: Cambiada _del todo la escena, el país en masa desea y busca la colonización. Y vendrá, porque en el extranjero se sabe ya perfectamente que el México de ahora es muy diverso al México de antes.39 Los años vuelan y los colonos no vienen; la opinión pública comienza a intranquilizarse y el Congreso lanza la ley de 31 de mayo de 1875, que confía la ejecución de la tarea colonizadora a la empresa privada y no sólo al Estado; ofrece a los inmigrantes tierras a precios módicos y pagaderos a largo plazo, facilidad para adquirir la ciudadanía mexicana y diversas ayudas económicas, así como notables privilegios. Para afrontar los primeros gastos de la colonización, el Congreso aprueba una partida de doscientos cincuenta mil pesos.40 Como coadyuvante del poblamiento y la colonización se propuso el deslinde y la venta de terrenos baldíos. El 9 de junio de 1856, el presidente determinó los trámites a que debían sujetarse las solicitudes de tales terrenos. El 20 de julio de 1863, cuando el gobierno republicano se hallaba en San Luis Potosí, se expidió una ley general de enajenación de baldíos que, a la vez que fomentara la colonización y la pequeña propiedad, le diera a la República los fondos indispensables para proseguir la lucha contra las huestes napoleónicas. �76 L. González y Gonza'le:&: El agrarumo liberal en México SigloXIX La ley de 1863 adolecía de los defectos naturales propios de los tiempos en que fue dictada Contenía preceptos incompatibles con el régimen constitucional .. ; otros invadían la soberanía y lastimaban los derechos de los Estados. .. ; los había meramente circunstanciales. .. ; y por último, perseguía fines cuyo logro iba a resultar delicado, pues a más de facilitar los denuncios de los baldíos, y hacer más breve y sencilla su adquisición, tendría que reprimir las resistencias de los detentadores ilegítimos de ellas.41 Entre éstos se contaban algunos pueblos indígenas cuyos terrenos fuoron denunciados y adjudicados al denunciante. Pasado un lustro, el gobierno cayó en la cuenta de su error y quiso enmendarlo. El 30 de septiembre de 1867 dispuso que los baldíos se adjudicaran sin perjuicio de tercero y que se diera a los indios, tras previa denuncia, título de propiedad de los que ocuparan.42 La política de baldíos, así reformada, no favoreció a los indígenas, que nunca se enteraban de las leyes hechas a su favor. Tampoco produjo pequeños propietarios; pero sí benefició a los grandes latifundistas, igual que las leyes desamortizadoras. El 25 de junio de 1856, don Miguel Lerdo de Tejada mandó adjudicar las fincas nísticas de las corporaciones civiles y eclesiásticas a los arrendatarios o, en su defecto, a los denunciantes y a quienes las comprasen en subasta pública. El artículo 8o. de esa- orden exceptuaba de la adjudicación el fundo y los ejidos de los pueblos, pero abandonaba a su suerte los propios y las tierras de común repartimiento, en los que de hecho se perpetraron despojos. Para impedirlos en el futuro, se expidió el decreto de 9 de octubre de 1856, y para repararlos, el 20 de diciembre se ordenó dividir los bienes de cofradías entre los indios.43 Luego el artículo 27 de la Con& titución dispuso el reparto de los ejidos,44 y días después se mandó que se tomase de ellos lo indispensable para panteones, rastros y otros institutos públicos, y el resto se repartiera entre las cabezas de familia de cada pu& blo.45 Los indios se opusieron a todas estas medidas, tanto por carecer de espíritu individualista, sq;ún se dijo, como por miedo a los abusos. El Constitucional denuncia: Multitud de terrenos que se llamaban de comunidad y que cultivaban los indios por su cuenta, han pasado a manos de denunciantes, quedándose aquéllos, de la noche a la mañana, sin un palmo de tierra en que poner un pie, y expuestos a las arbitrariedades de los nuevos dueños.46 Ignacio Ramírez pide en 1868 que se 8118penda la parcelación de la propiedad indígena, pues sobre "los bienes comunales la usurpación ha ostentado la variedad de sus recursos. •. , comprando jueces y obteniendo una fá- 77 cil complicidad en autoridades superiores".47 En los diez años de la República Restaurada sólo se consigue repartir los bienes de algunos pueblos; otros, a duras penas, logran impedirlo. Aquéllos, lo que no pierden en los trámites de la parcelación, suelen perderlo después. El indio, ya dueño de su parcela, se encuentra un día con un cacique que lo amenaza con quitársela por no haber pagado contribuciones. El indio acude con un leguleyo que está de acuerdo con el cacique. El leguleyo le aconseja vender el terreno antes de perderlo. El indio acepta y se lo cede al cacique a cambio de cualquier cosa. Y ésta fue sólo una de las múltiples formas en que se consumó el despojo. VIlL Con la primera ley de desamortización (la del 25 de junio de 1856) se quiso, más que dividir las comunas indígenas, repartir la "mano muerta" eclesiástica entre muchos y poner en circulación grandes riquezas estanca- das, y todo esto por una sabia.combinación en virtud de la cual no sólo no quedaba perjudicado el clero sino más bien favorecido, puesto que se le aseguraba el rédito de sus capitales, y se salvaba su propiedad de atentados, haciéndola cambiar de forma. Por añadidura, se conseguiría el aumento de los fondos de la hacienda pública, y otros beneficios menores. Pero todos los obispos -que no los curas del pueblo- protestaron contra la ley, lo que no dejó de influir en su aplicación y resultado.48 En lo que toca al campo, los más de los arrendatarios de las fincas rusticas clericales y en general los pequeños agricultores, unos por falta de dinero, otros por escnípulos de conciencia, no hicieron suya la propiedad eclesiástica. Ningún pobre remedió su pobreza con la ley de Lerdo; pero muchos terratenientes y comerciantes ricos aumentaron su fortuna sin importarles un bledo las excomuniones lanzadas por los obispos, quienes, dispuestos a matarse con cualquiera, fomentaron las guerras de Reforma. Como respuesta a esa actitud belicosa, y para obtener un empréstito de los Estados Unidos, Juárez dispuso la nacionalización de la mano muerta del clero.49 Este, doblemente herido, siguió en pie de lucha, pero cuando fue derrotado empezó a vender perdones a bajo precio a los que habían acrocentado su riqueza con la del templo. Contrá el latifundio laico no se tomaron medidas enérgicas. La mayoría del Congreso Constituyente de 1856 se hizo sorda a las proposiciones de Isidro Olvera, José María Castillo Velasco y Ponciano Amaga. Olvera �78 Sip,XIX L. Gonuílez y Gonzáles: El agrarismo liberal en México propuso que a los terratenientes con fundos mayores de diez leguas cuadradas de labor, o veinte de dehesa, se les prohibiese adquirir más terreno. Castillo V elasco pidió la compra oficial de tierras para el uso común de los vecinos. Aniaga fue más lejos en 811 celebre voto: "Para que del actual sistema de la propiedad ilusoria, porque acuerda el derecho solamente a una minoría, la humanidad pase al sistema de la propiedad real, que acordará el fruto de sus obras a la mayoría hasta hoy explotada", pide que se di& tribuyan "nuestras tierras feraces y hoy incultas entre los hombres laboriosos de nuestro país"; propone, pues, entre otras medidas prácticas, el oh& gar a los dueños de fincas con una extensión mayor de quince leguas cuadradas a cercarlas y cultivarlas, so pena de perderlas; dar ejidos a los pueblos que carezcan de ellos, y repartir solares a censo enfitéutico entre el vecindario, comprando con este fin terrenos a las haciendas colindantes.ro Los García lcazhalceta, Octaviano Muiioz Ledo, Juan Gomar, Manuel Escandón, Longinos Muriel y otros ochenta hacendados, todos "agenos a los movimientos de la política" y poseedores de propiedades adquiridas con el fruto de 811 trabajo, según reza la representación que hacen al Congreso Constituyente, se lamentan de las palabras oprobiosas emitidas por los señores diputados Olvera, Castillo y Arriaga contra el sagrado derecho de la propiedad, y estiman que por razones económicas, ya no sólo de justicia, deben echarse en saco roto.51 El Congreso, en fin de cuentas, los dejó tranquilos; pero J uárez, Ocampo, Ruiz y Miguel Lerdo volvieron a poner el dedo en la llaga en el manifiesto veracruzano de 7 de julio de 1859. "Otra de las grandes necesidades de la República -se dijo allí- es la subdivisión de la propiedad territorial." 52 Con todo, fuera de confiscarse las fincas de algunos imperialistas y repartirse una de ellas entre setecientos gañanes, no se hizo nada para abatir el latifundio laico, nada para detener su ensanchamiento. La aversión liberal al sistema de peonaje se traduce en algunas medidas de orden jurídico. Es fama que el presidente Juárez, al oír a un peón lamentarse de los azotes que había recibido por habérsele roto una reja del arado, dispuso la abolición de los castigos corpor:-!es. Por otra parte, el artículo 5 de la Constitución de 1857 prohibe tácitamente la servidumbre por dcudai-:. Agreguemos a estas disposiciones una del gobierno de Puebla eucarninad:i a obtener el alza del salario rural, eximir a los sirvientes de l.as deudas contraídas con el amo y limitar, en adelante, el monto de los présl.11110<;; otra, 111• J8<,H, del gobernador de la Baja California en favor de la scrvidumlm· ..~.<leudada y contra el uso "del cepo, prisión, grillos y demás 1:1pn:mios con 1¡uc se· ha et•mpclido hasta aquí a los trabajadores"; la del ;;ohforno tic Coahuita, simultánea y semejante a la anterior; la ley tamauli1'(,'Ca 1lr l H70 1¡11r r,,cfut·c la jornada de trabajo a "tas tres cuartas partes ,Jd ,ifo h.íhff.., 1¡11o· va rfosd,· la aurora hasta el ocaso; y otras del gobierno 79 de Veracraz que se omiten en gracia a la hrevedad.53 La leva, tan antiliheral como el peonaje o más aún, fue proscrista sin entusiasmo por don Juan Alvarez.54 Después, cuando era ministro de Relaciones y Gobernación el donquijotesco León Guzmán, ordenó, por apego a los principios constitucionales, y en plena lucha de tres afios, que se 8118pendiesen las levas. Según Justo Sierra, "todos los gobernadores, todos los jefes políticos, todos los oficiales conminados por el ministro se apresuraron a no hacerle caso".55 Para algunos, la leva era un mal necesario; otros le ne.;aron necesidad, y huho quien la llamó civilizadora, pues veía en el acuartelamiento de los "enlevados" una manera de relacionarlos con el mundo de la civilización; pero no vio que, para morir al día siguiente, no era indispensable instruirse el anterior. IX. A otros P{ohlemas agrarios ee les atacó con la terapia del rifle. Leyes, medidas policiales y campañas se enderezaron para abatir el bandolerismo. Las leyes de 6 de diciembre de 1856, 5 de enero de 1857, 3 de junio de 1861, 25 de enero de 1862 y 13 de .abril de 1869, establecieron el modo de juzgar y punir a los salteadores.56 Para llenar el requisito previo de aprehenderlos, don Ignacio Comonfort creó una guardia de seguridad, y don Benito Juárez, un lustro después, los cuerpos de rurales, o "acordada". En 1861, con el nombre de "Resguardo del Comercio", empezó a batallar el primer cuerpo y a él se sumaron cinco más en la década siguiente. Rancheros en su mayoría (algunos matones de oficio~ los rurales hicieron boquetes de consideración en las filas del bandidaje. La campafia contra los indios rebeldes costó mucho. En 1858, Pe& queira somete a los yaqnis. En 1859, los yllquis y los mayos, a las órdenes de Juan y Refugio Tánori, deponen a Pesqueira de la gnhematma de Sonora y le dan el gobierno a Gándara, general conservador. En 1866, Pe& queira recobra el mando. En 1867, Juárez concede a Ignacio Gómez del Campo parte de las tierras que poseían los yaquis y los mayos para co''>nizarlas. Los indios, que no entienden la colonización, se alzan y Pe& queira los somete; vuelven a sublevarse en 1368 y 8l1Íren nuev-a derrota. En 1875, José María Leyva Cajeme, alcalde mayor de los pueblos del Y aquí, organiza un respetable ejército, hace una matanza de yoris (blancos), vence al gobernador, 8118trae del imperio de las autoridades legítimas a su alcaldía, y la organiza en Estado independiente con leyes e instituciones propias. En Yucatán, la guerra contra los mayas insurrectos sigue un curso desigual En 1860, se envía un ejército de 3,000 hombres bien armados �80 SigioXIX contra Chan Santa Cruz, centro religioso y político de los cruzoob, los más numerosos y aguerridos entre los rebeldes. En tres sucesivos encuentros el ejército expedicionario queda fuera de combate; pierde 1,500 hombres, 2,500 fusiles y más de 500 mulas. En venganza, vuelven a venderse indios prisioneros a Cuba. Enterado del infame comercio, el presidente "prohibe la extracción para el extranjero de los indígenas de Yucatán, bajo cualquier título o denominación que sea". Al restablecerse la República, las principa• les poblaciones de Yucatán y Campeche estaban en serio peligro de caer en manos de los cruzoob. El peligro se conjuró al poco tiempo. Tras una tregua de dos años, los indios arremeten otra vez contra los blancos; pero éstos se mantienen en su puesto y en él continuarán por lustros. A su sombra, la industria henequenera alcanza su culminación. En el otro extremo del país, las incursiones apaches se recrudecían y comenzaban las de los comanches. En Sonora, los generales Elías, Morales, Urrea, Carrasco, Yáñez, Flores y Pesqueira combaten día y noche y sin buen éxito contra la tribu apache de Cachise. En Chihuahua, Joaquín y Luis Terrazas obtienen sonados triunfos, gracias a lo cual logran hacer de su E.atado el imperio ganadero más grande del país. Coahuila y Nuevo León, que contaban con el valiosísimo auxilio de los indios kikapus, destiemm a los comanches y aprenden a escamotear a los apaches. En 1868, el gobierno del centro decide tomar cartas en el asunto. El Congreso ordena la fundación de tránta colonias militares en la zona amagada por los bárhar-OS, con el doble fin de arrasar a éstos y cultivar el desierto. Cada una se compondría de cien jinetes bien armados y provistos; una mitad sería de miembros del ejército y la otra de voluntarios oriundos de las regiones depredadas. Los colonos iban a recibir un sueldo mensual, lotes, útiles de labranza y materiales de construcción; en cambio, debían observar estrictamente la disciplina castrense, so pena de perder sus lotes y ser sometidos a trabajos forzados. Siete años después, en 1875, se erigieron las primeras colonias, con colonos tan miopes que nunca distinguían el paso de los apaches.58 X. Una lucha de otro orden se emprende -contra la ignorancia y los hábitos viciosos de la población pacífica. José María Luis Mora había dicho: "El elemento más necesario para la prosperidad de un pueblo es el buen uso y ejercicio de su razón, que no se logra sino por la educación de las masas".!9 Ignacio Manuel Altamirano dirá: "Lo que necesita México..• es abrir escuelas de enseñanza primaria,· por todas partes, en todos los ámbitos del país, con profusión, con impaciencia, casi con exageración."8> Justo Sierra atestigua que el mayor anhelo de Juárez fue la escuela, sobre todo lo que debía sacar "a la familia indígena de su postración moral, la supers- L. González y Gonzá/ez: El agrarismo liberal en México 81 tición; de la abyección mental, la ignorancia; de la abyección fisiológica, el alcoholismo, a un estado mejor, aun cuando fuese lentamente mejor".6l. La Carta Magna de 1857 dispuso: "la enseñanza es lihre".62 La ley de 15 de abril de 1861 ratificó la libertad de enseñanza e hizo gratuita la oficial. La ley Martínez de Castro, promulgada el 2 de diciembre de 1867, aplicable al Distrito y territorios federales, fue más lejos al hacer obligatorio el aprendizaje de las primeras letras y dar a la enseñanza una orientación positiva, inspirada en las ideas de Augusto Comte, traídas a México por don Gabino Barreda. La ley del 15 de mayo de 1869 redondeó la del 2 de diciembre y puso especial empeño en la reglamentación de la enseñanza elemental Al ejemplo del Distrito acudió la mayoría de los Estados: se expidieron leyes que declaraban gratuita, cientista y obligatoria la primera enseñanza y sancionaban a los padres de familia remisos.63 Tras las leyes venían las apasionadas discusiones sobre métodos pedagógicos, y se erigían escuelas. José Díaz Covarruhias, encargado de la in.strucción pública, infonnó en 1875 que había 8,103 escuelas primarias (5,679 más que en 1857) y cerca de 350,000 educandos (164,000 más que en 1857). Casi las tres cuartas partes de las escuelas apellidábanse oficiales. Entre las sostenidas por la iniciativa particular sobresalen las de la Sociedad Lancasteriana y ocupan un si~io poco decoroso las sostenidas por el clero, escasas y conservadoras. Son éstas, sin embargo, las que monopolizan la instrucción rural La nueva escuela se abstuvo, por razones económicas, de ir al campo.64 Algunos campesinos (muy pocos) vinieron a la escuela capitalina de Agricultura y Veterinaria. Dejémonos de antecedentes: el 4 de enero de 1856 se promulga la ley que la crea; el cinco de mayo su primer reglamento,85 y el último de diciembre Comonfort dispone: "En la Escuela Nacional de Agricultura se aumentarán las cátedras necesarias y los medios materiales de enseñanza, para que desde luego queden establecidas las carreras de agricultor, de veterinario y de ingeniero." Dentro de la primera, cabían las especializaciones de profesor, administrador y mayordomo; dentro de la segunda, profesor y mariscal; dentro de la tercera, topógrafo, mecánico e ingeniero de puentes y calzadas. Todas las carreras presuponían la instrucción elemental;66 pero años después se inventó una para los analfabetas, la de peón. El interés puesto en la escuela nunca correspondió a los resultados. En 1867 se dijo: "El principal defecto de la Escuela de Agricultura consiste en que los alumnos son muy pocos. .. Los ricos no quieren concurrir, a los pobres no encuentran porvenir".67 Ningún hacendado quería súbditos instruídos. Una mitad de la población rustica, la indígena, no alcanzó nada y perdió lo poco que tenía. Las misiones venían languideciendo desde 1821 y �82 L. González y González: El Olf"aTismo liberal en México SigloXIX dejaron de existir a mediados de siglo. El régimen liberctl no pudo establecer escuelas para indios. A la de los hispanohablantes no podían asistir por· que ignoraban el español, y era difícil encontrar dónde y con quién apren• derlo. Ignacio Ramírez sugirió inútilmente, entre otras medidas prácticas, que se enseñara a los indios en su propio idioma. Entre las razas vernáculas y la mexicana se abría el abismo de la lengua. El salvarlo era urgente y poco menos que imposible. La gran generación liberal, encabezada por don Benito Juárez, no lo salvó y, por ende, se abstuvo de cumplir el vehemente anhelo de transportar al indio de la remota cultura en que vivía al presente liberal 83 la Revolución en la educación mexicana (México, 1956) y en Do& etapa& del pensamiento en Hi&panoamérica (El Colegio de México, 1949) analiza, a propósito de la introducción del positivismo en México, el espíritu científico y otros muchos aspectos de la "cosmovisión" hoeral Eli de Gortari ha publicado La ciencia en la Reforma (México, 1957). Que yo sepa, no hay casi nada escrito sobre la actitud reformista frente a la tradición, y nada acerca del rumbo agrícola que tomó la concupiscencia económica de entonces; por lo que parece, hasta se ignora el hecho, pues sólo así se explica la frecuencia con que se le cuelga el mote de "industriar' al liberalismo juarista 8. Cf. Luis González y González, "El hombre y la tierra" en Daniel Cosío Vlllegas (ed.), Hi&toria moderna de México. La República Re&taurada: Vida &ocial, p. 133. La derrota del agrarismo reformista ha permitido a los historiadores de derecha y de izquierda el placer de explicarla. Unos dicen: el plan agrario de la Reforma no era para cumplirse en todas sus partes; fue una treta para uncir la clase pobre al carro de la insaciable sed de gloria, confort y poder de la clase burguesa. Otros, fanáticos de la disciplina, niegan a los gobiernos democrático-liherales la facultad creadora, que no la destructora. Miradas las cosas de cerca, entre el dicho y el hecho del agrarismo liberal, en vez de mala fe o ineptitud, se ve la confabulación de distintas circunstancias adversas: la enemiga del clero, el ejército y los terratenientes, la intromisión napoleónica, la división del grupo liberal en puros y tímidos, la apatía del pueblo, las escaseces de la hacienda pública, et caetera. 9. Manuel Payno, Tratado de la propiedad, bnprenta de L Cumplido, México, 1869, p. 203. 10. Comideracion& sobre la situación política y social de la República Mexicana en el afio de 1847, V aldés y Redondas, México, 1848, p. 11. 11. El Archivo Mexicano, tomo V (México, 1861), p. 449. 12. Luis Robles Pezuela, Apunte& sobre la& mejora& materiale& aplicable& a la América Latioo, Brachet, París, 1869, p. 14; Comideracion&, op. cit., p. 11. 13. Luis González y González, "fil subsuelo indígena", loe. cit. 14. Lucio Mendieta y Núñez, El problema agrario de Mé:icico, México, 1946, pp. 111-122; Porfirio Parra, Sociologi'a de la Reforma, México, 1948, pp. 7&-92. 15. Zarco, op. cit., pp. 392-402. NOTAS l. Miguel Leido de Tejada, Cuadro &inóptico de la República Mexicana, Imprenta Cumplido, Méxioo, 1856, p. 32. 2 "fil poIVenir de México", en El Siglo XIX, 25 de diciembre, 1872. 3. Loe. cit. 4. El Sigfo XIX, 18 septiembre, 1867. 5. Fran<isco Zaroo, Hutoria del Congruo Comtituyentc, 1856-1857, El Colegio de México, 1956, p. 575. 5. lbúl., p. 362. 7. Investigaciones recientes han esclarecido varios de estos puntos. Daniel Cosío Villegas en su J/istoria m.:xlerna de México. /,a Rrp,íblica Restaurada: Vida política (México, 1955), y Walter V. Scholcs en MPxican politics during the )uárnz regime, 1855-1872 (Columbia, Missouri, 1957), definen la democracia, el oroen y la libertad política por que lucharon Juárez y sus amigos. Leopoldo Zea c.:n El po&itivumo mexicano (El Colegio de México, 1943), en DPI liberalismo a 16. Cf. Francisco Pimentel, Obra& completa&, México, 1903, vol Ill, p. 224. 17. !bid., p. 226. 18. Luis González y González, "La escuela socjal'', loe. cit., pp. 340-346. 19. Ignacio Manuel Ahamirano, Pai&aj& y leyenda&, tradicione& y co&tumbru de México, México, 1949, pp. 241-242. 20. Manuel Payno, Lo& bandido& de Río Fr(o, Eds. México Moderno, México, 1919. 21. Perroblillos, Lo& plateado& de Tierra Caliente, Tipografía de Filomeno Mata, México, 1891. 22 Luis González y González, "El subsuelo indígena", loe. cit., pp. 230-23L 23. Manuel Payno, op. cit., p. 209; Morales, El gallo pitag6rico, pp. 17-18. 24. Justo Sierra, Juárez. Su obra y &u tiempo, México, 1948, p. 258; El Monitor Republicano, 24 febrero, 1876; La llun:ración Potorina, 1869, art de J. T. Cuéllar, pp. 217-219. �84 SigloXIX L. González y Gonza1e:r:: El agrarúmo liberal en México 25. "Fidef', Viaje, de orden suprema, Imprenta de Vicenta García Torres, México, 1857, pp. 189-190. 85 41. El Siglo XIX, 20 de noviembre, 1868. 26. Manuel Orozco y Berra, Geografía de ku lenguas y carta etoográfica de México, Méxicn, 1864. 48. Anselmo de la Portilla, op. cit., pp. 68-70; Walter V. Scholes. op. cit., p. 55. 27. El Monitor Republicano, 5 septiembre, 1867. 49. Mendieta y Núñez, op. cit., pp. 127-129. 28. Guadalupe Monroy, "Instrucción pública" en La República Re&taurada: Vida ,ocia~ pp. 634-650. 50. Zarco, op. cit., pp. 690-697, 363-365, 387-404. 29. Luis Robles Pezuela, op. cit., pp. 11-12. 30. Francisco Calderón, en Cosío Villegas (ed.), Historia moderna de México. La República Renaurada: Vida económica, pp. 610 y 612. 51. Repruentación que hacen al Congreso Comtituyente vario& dueño& de propredades territoriale&. .. , Imprenta de Ignacio Cumplido, México, 1856. 52. Informes y manifiestos, vol II, p. 427. 31. El Monitor Republicano, 9 junio, 1871. 53. González y González, " La escala sociaf', loe. cit., pp. 347-350; Zarco op. cit., p. 1345; Francisco Hemández y Hemández, Memoria pre,entada Honorable Congre&o del E&tado de Veracru:r:. • . el día 13 de mano de 1869. 32. Informe, y manifie,tos de los podere, ejecutivo y legi&lativo de 1821 a 1904, Imprenta del Gobierno Federal, México, 1905, vol II, p. 427. 54. Archivo Mexicano, tomo 1, p. 97. 33. Anselmo de la Portilla, México en 1856 y 1857, Imprenta de S. Hallet, Nueva York, 1858, pp. 272-273. ai 55. Sierra, op. cit., p. 259. 56. Cosío Villegas, op. cit., pp. 237-250; De la Portilla, op. cit., p. 264. 34. Archivo Mexicano, tomo VI, pp. 591 y 594. 57. González y González, loe. cit., pp. 357-361. 35. Francisco de la Maza, Código de colonización y terrenos bald ÍO& de la República Mexicana, años 1451 a 1892, Tipografía de la Secretaría de Fomento, México, 1893, p. 69. 36. Femando Iglesias Calderón, La conce&ión Leese, México, 1924; Luis González y González, "El hombre y la tierra", loe. cit., pp. 21-25. 58. lbid., pp. 216-219, 294, 192-195. 59. José María Luis Mora, Obra, sueltas, Lfürería de Rosa, 229. París, 1837, vol J. p. 60. Cf. Guadalupe Monroy, loe. cit., p. 654. 37. /bid., p. 140. 38. /bid., pp. 142-143. 61. J~~ Sierra, Evolnción política del pueblo mexicano, El Colegio de México, Mexico, 1940, p. 423. 39. De la Maza, op. cit., pp. 633-634. 62. Zarco, op. cit., p. 1345. 40. Colección de leye, sobre tierra& y dispo&iciones sobre ejidos, Imprenta y Fototipia de la Secretaría de Fomento, México, 1910, pp. 5-11. 63. Guadalupe Monroy, loe. cit., pp. 662-674. 64. lbid., pp. 692-698. 41. Francisco Calderón, loe. cit., p. 63. 42. De la Maza, op. cit., p. 784. 65. Francisco González de Cosío, Hútoria de la tenencia y e:rplotaci6n del campo de~~ la época precortuiana hasta ku leyes del 6 de enero de 1915, tomo L Mexico, 1957, p. 169. 43. Moisés González Navarro, en Métodos y resultados de la política indigeni&ta en México, México, 1954, pp. 125-126. 66. Archivo Mexicano, vol 1, pp. 405-414; vol lI, pp. 577-580. 44. Zarco, op. cit., p. 1348. 67. Guadalupe Monroy, loe. cit., p. 732. 45. Colección de leyes, p. 17. 46. El Con&tituciona~ 23 octubre, 1867. �Liberalismo y problemas estructurales: el noreste de México a mediados del XIX José Reséndiz Balderas* - l. PROBLEMAS DEL NUEVO TIPO DE ESTADO La vida política posindependiente en el estado de Nuevo León -en el norte oriental de México- emergió matizada por la incertidumbre, producto de las expectativas que se planteaban después de 300 años de colonización: los esfuerzos desplegados por la conformación de un nuevo tipo de Estado no se apartan en lo fundamental de los que el grupo gobernante nacional realiza. El sentimiento nacionalista impreso por la dirigencia política, el atishamiento en el lenguaje de los gobernantes hacia el comportamiento de otras naciones (de manera especial de España) y el esfuerzo descollado en la organización y administración de la Nación, son elementos que sobresalen también en la política local. Los primeros gobernantes nuevoleoneses -José María Parás (18251826), Manuel Gómez de Castro (1827-1828) y Joaquín García (18291832)- ejercieron sus mandatos en estricto apego a los lineamientos y normas fijados por el gobierno central. Se mantuvieron fieles al jefe naeional de turno, definiéndose abiertamento cuando las circunstancias lo exigieron. &Í, el 19 de diciembre de 1828 Manuel Gómez de Castro manifiesta su apoyo incondicional al gobierno federal en su lucha contra Antonio López de Santa Anna, levantado en armas en V eracruz contra el poder estahlecido. 1 Corresponde a ellos la responsabilidad de establecer las bases organi* Facuhad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León (México). Ponencia presentada en el V Encuentro sobre "La formación del capitalismo en México. El enfoque regional", Zacatecas, noviembre de 1986. �88 SígloXIX zativas sobre las cuales habrá de regirse la vida institucional de Nuevo León. Con sus particularidades distintivas, la etapa administrativa que abarcan se conforma por una serie de acciones que no se apartan de la política nacional. En esta dimensión se ubica la posición que adoptan contra el peligro de la agresión española Confficto en el que el estado norteño no se limita a ser simple espectador, sino que participa activamente: pone en movimiento, en mayo de 1830, 645 mulas y 84 caballos a fin de conducir los víveres, municiones, armamento, equipaje y demás implementos, rumho a 2 Tampico, con el fin de defepder al país de un posible ataque exterior. También en junio de 1830, el gobernador Joaquín García dispone que un grupo de reclutas sea conducido a Matamoros y entregado al comandante Mier y Terán con el fin de que se integre a la lucha contra los españoles.:. Responde a la misma inquietud nacional la organización de las milicias y el monopolio estatal sobre la producción y venta del tabaco. La creación de las milicias cívicas es una disposición federal que el gobierno de José \1aría Parás concreta en noviembre de 1826. Por su orden se forma una milicia activa y otra permanente. La primera, formada con dos compañía de 100 plazas cada una; y la segunda, de i25 plazas. La organización de estas fuerzas armadas es de vital importancia para una época como la analizada, donde la guerra será una constante. Para el estado de Nuevo León adquiere relevanci.a especial además por el acecho cotidiano de los ataques indígenas. Precisamente la milicia permanente se estableció en Punta de Lampazos por ser uno de los lugares más frecuentados por los indios. Aunque Nuevo León no era un centro productor de tabaco, se mantuvieron vigentes, con bastante celo, todas las reglamentaciones gubernamentales de· carácter federal atinentes a su producción y mercantilización. También se legisló con la mira de establecer jurídicamente las normas bajo 5 las cuales se orientaran las relaciones sociales de producción. Se fijaron así las primeras bases sociales por las cuales se regirían los dos agentes principales de la producción agraria: peones y amos. Otras dos medidas trascendentales en la evolución institucional de Nuevo León son las dictadas por el gobernador Manuel Gómez de Castro sobre los rubros de extracción de ganado y el registro de fierros. La primera de las dos leyes ya la había reglamentado José María Parás, y Gómez de J. Ruénd~ El liberalinno en el norute de Mésico 89 Castro le dio el carácter de ley en marzo de 1827; en relación a la segunda, se decreta que el registro de los fierros se haga en la Tesorería del Estado en lugar de la intendencia de San Luis Potosí, como tradicionalmente ocurría 6 Estas medidas son relevantes no sólo porque representan fuentes importantes de captación de recursos, sino porque impulsan la creación de dependencias que permiten atender con diligencia las nuevas necesidades de la sociedad local. Este panorama regional está inmerso en un contexto político nacional estigmatizado por la lucha, que en la mayoría de las veces se dirime por medio de las armas, que sostienen los grupos políticos impulsados por el control del poder. Las facciones en pugna son capitaneadas por caudillos que sobreviven a la guerra de !~dependencia (Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, por citar algunos), y por generales que habían luchado al lado de los realistas: Anastasio Bustamente es un ejemplo nítido. La doctrina y el programa de las tendencias dominantes se identifican plenamente con el proyecto de nacién que sustentan laa logias escocesa y yorkina, ritos que en estos tiempos juegan el papel de verdaderos partidos políticos y a quienes se deben las primeras experiencias de educación política 7 La tendencia que se agrupa en torno al rito escocés considera que la mejor opción del país para enfrentar los problemas que plantea la naciente vida independiente, es el establecimiento de una república central donde el ejército y la iglesia jueguen un rol semejante al que desempeñaban en la época de la colonia. La yorkina sostiene con plena convicción que la alternativa es la realización de una república popular federal, cuyo principio motor sea la soberanía e independencia de los estados y la extirpación de todo residuo colonial; la iglesia y el ejército deben estar subordinados a las exigencias del poder civil, lo que implica que sus fueron y privilegios sean reducidos en buena medida. República Federal o República Central son las banderas que tremolan las asonadas militares y las fricciones electorales, son las formas de gobierno que va experimentando el país según la tendencia que arriba al poder. Entre estos dos tipos de experiencia de gobierno va evolucionando la vida organizativa del país. El tránsito resulta demasiado costoso debido a que la guerra intestina se convierte en la pesadilla del momento. Con excepción de Guadalupe Victoria, que gobernó de 1825 a 1828, ninguno de los presidentes que le siguieron hasta 1833 terminó su períoJo, consecuencia de golpes militares que provocaron sus caídas. Guerrero apenas duró un año �90 J. Reséndiz: El liberalúmo en el norute de Mkico Si,gio XIX de los cuatro que debía ejercer, Bustamante permaneció dos de los cuatro que le correspondían; Manuel Gómez Pedraza ejerce los tres meses para los que fue electo, y su estancia sólo sirve de puente para que Antonio López de Santa Anna llegue a la presidencia de la República. La inest.ahilidad política, traslucida en cambios bruscos de gobiernos, dificultaha sobremanera la realización de los proyectos de los grupos dominantes y mantenía sumido al país en el pantano del atraso económico, al tiempo que Inglaterra invadía el mercado mundial con sus mercancías, especialmente de algodón, hijas de la Revolución Industrial que desde el último cuarto del siglo XVID había empezado a sacudir su estructura económica. La revolución económica inglesa sorprendía a México con una deficiente planta productiva, sin la menor posibilidad de poder competir eficientemente, en tanto que los gobiernos mexicanos apenas acertaban a prohibir la introducción de artículos extranjeros en un afán por proteger la incipiente producción nacional. A dicho propósito responde la prohibición de introducción, que decreta Guerrero el 22 de mayo de 1829, de 54 artículos extranjeros;8 con la misma intención, Guadalupe Victoria decreta el 28 de febrero de 1828 que los tejidos de algodón, lana y seda de fáhricación mexicana quedan lihrés de todo derecho en el Distrito Federal y territorios de la federación; 9 también encuadra dentro del mismo objetivo la creación del Banco de Avío en 1831. 1 º Empero, todos los esfueizos tendientes a proteger la industria contra las manufacturas extranacionales, así como las encaminadas a modernizar y transformar las técnicas de producción que hicieran factible que el país arribara a niveles de competencia internacional, resultaron infructuosos. Múltiples y variados factores se i::onjugan en el fracaso. Uno de ellos, sin pretender establecer primacías, lo constituye la grave limitación de reCWSOII financieros, problema que agobia a México desde los primeros momentos de su vida independiente y lo obliga a recurrir al crédito extranjero, con las funestas consecuencias que ello implica.11 Simultáneamente, uno de los más serios obstáculos se encasillaba en elementos estructurales: los privilegios del clero y del ejército. El clero había demostrado gran habilidad de mutación, adaptándose a la transformación política de México sin menoscabo de sus fueros y privilegios: aprovechaba la coyuntura para crear un poder paralelo al civil. 9'1. Concentró sus esfuerzos en la tentativa de depender directamente del poder papal, desconociendo el derecho de patronato eclesiástico al gobierno mexicano. 12 Sus bienes eran cuantiosos y en su gran mayoría improductivos a la vez que de origen bastante censurable. Sus privilegios, como los diez. mos y demás, aparecían como serios valladares para cualquier programa encaminado a transformar radicalmente el aparato productivo: ello llevaría ineluctahlemente a la afectación de sus intereses. El ejército era una rémora colonial que lejos de convertirse en el garante del gobierno representaba el principal instrumento de su inseguridad. Hacía de los asaltos militares la principal ocupación de su vida rutinaria. En los levantamientos sus integrantes encontraban la manera más fácil de obtener ascensos, prebendas, bienes materiales y puestos públicos. Sus cabecillas, lo primero que hacían era apoderarse de las arcas públicas utilizándolas a su antojo con el pretexto de sufragar los gastos de guerra; luego obligaban a los particulares a otorgarles préstamos, sometiéndolos a toda clase de vejaciones o desapareciéndolos en caso de negativa. Este mecanismo motivó que, de pronto, surgiesen militares de grado con enormes fortunas cuyo origen se ignora. 13 Era el ejército una fuerza no controlada por el gobierno y, por lo m.i&mo, uno de los principales responsables del caos reinante. Todo intento de reforma en esta época implicaba enfrentarse con las fuerzas militar y clerical. Los gobiernos posindependientes, antes de 1833, prefirieron eludir el choque, optando por actuar en acuerdo con las dos instituciones. 2. EL LIBERALISMO DE LA DECADA DE LOS 30 En 1833 es electo presidente de la República el general Antonio López de Santa Anna, jefe de ideas conservadoras y de una ambición personal sin límites. La responsabilidad de la vicepresidencia recae en Valentín Gómez Farías, hombre de ideas liberales, identificado plenamente con el pensamiento progresista que empieza a pennear la esfera nacional. Es él el artífice intelectual de la reforma de 1833-1834. Las medidas transformadoras abarcaban tres aspectos principales: educación, ejército y clero. En el nivel educativo se pretendía minar el monopolio eclesiástico y dar, así, el primer paso para que el Estado se convirtiera en rector de la política educativa. Con esta intención se creó la Dirección de Instrucción Pública y se suspendieron centros católicos importantes como el Colegio Mayor de Santa María de Todos los Santos y la Universidad Pontificia. �92 SigloXIX La reforma eclesiástica iha encaminada a atenuar los privilegios de la iglesia en d0$ frentes: el político y el económico. Los decretos reformadores así se interpretan. Los atinentes a educación contrarrestan grandemente su influencia en este renglón. Otros la subordinan al Estado, como el que consigna el derecho de patronato al gobierno. En el mismo sentido está el decreto que deroga las leyes civiles que hnponen· cualquier género de coacción para el cumplimiento de los votos monásticos. 14 De esta ~ nea el gobierno pasaba a desempeñar el papel que antes ejercía tocante al nomhramiento de las autoridades religiosas, es decir, las supeditaba a su determinación. Asimismo invadía espacios de incumbencia de la iglesia, pues normaba el derecho de los religiosos o a abandonar voluntariamente los conventos y garantizaba protección ·a todos los que lo hicieran. J. R&éndi:: El liberalúmo en el norelte de México Siendo De Llano diputado del Congreso local, el gobernador J oaquín García ordenó la renovación, mediante elecciones, de todos los representantes populares (diputados, senadores, etc.), según lo estipulado en el artículo 3o. del Plan de Pacificación{*) . Esta disposición provocó una enérgica protesta de siete diputados propietarios y un suplente, de los once propietarios y cuatro suplentes que constituían el Congreso. AJ frente de los inconformes se encuentra Manuel María de Llano. En su escrito, entre otros conceptos, expresa: Investidos los que suscriben de los poderes públicos del Estado bajo las formas constitucionales, próximos a reemplazar esa honorable asamblea sin que haya objetado el más leve vicio ni defecto, a la elección ni a sus personas, acaban de saber que las destituyen, con desaire y deshonor del derecho justamente aquirido para representar este Estado, con notoria infracción de todas las formas tutelares de las leyes fundamentales. y del Estado. 18 El poder económico religioso es atacado con leyes de desamortización como la dictada el 17 de agosto de 1833, que ordenó la secularización de los bienes de la misión de ambas Californias y más tarde que cedía a los Estados la propiedad de las fincas que habían pertenecido a los jesuitas y que se encontrasen en sus respectivos territorios. 15 Con igual significado está el decreto que dicta la suspensión del pago civil del diezmo eclesiástico, reduciendo su obligatoriedad al aporte voluntario de cada individuo. 16 Al P-jército se pretendía restarle poder mediante la delimitación de funciones y una reducción considerable de sus miembros. Su papel se limitaría a defender el país de cualquier ataque exterior y a conservar el orden interior: todo en estricto acatamiento de lo señalado por el Ejecutivo. También se preveía la disolución de los cuerpos que se hubieran sublevado contra las instituciones. Las iniciativas progresistas de V alentín Gómez Farías encontraron acogida entre la clase media liberal, a la que pertenecía y que, sobre todo en el interior, había ganado presencia en la sociedad con sus ideas renovadoras sensiblemente influenciadas por la enciclopedia francesa. 1 7 En l\Jucvo León los airl's innovadores del pensamiento encamaron en 1,, pn:cmna d1· Mamwl '\1aría de Llano, un hombre de gran formación cul- ,1,· notal,lr n.pninu-ia polítit·a y administrativa resultado de su del<rrrtpr110 ,·01110 alt-ald,· pri111ero dl'I i\yunlamicnto de Monlcrrey y como l,·:.-i--l.11lor. l 111~,i, 93 Su inconformidad empero, sólo queda manifiesta de esta manera, sin poder evitar que se realicen los comicios previstos, en los que de Llano es ratificado como diputado local. Pocos días después, febrero de 1833, se llevan a cabo elecciones para gobernador y vicegobernador, recayendo la responsabilidad en Manuel Gómez de Castro y Manuel María de Llano respectivamente. Debido a la renuncia del primero, quien no tomó posesión del cargo, de Llano asciende al Poder Ejecutivo en su calidad de vicegobernador. Es así como se le presenta la oportunidad de intentar concretizar su doctrina liberal, momento coincidente con un gobierno central de identica tendencia. La innegable influencia nacional de la corriente liberal reformadora dio pábulo a que las fuerzas no coincidentes se inquietaran y organizaran alzamientos militares contra el gobierno legítimamente constituído. De manera especial, contra el vicepresidente. En mayo de 1830 la guarnición de Morelia, al mando del coronel Ignacio Escalada, ocupa el poder político del Estado por medio de la fuerza. Protesta sostener a toda costa "la santa religión de Jesucristo, los fueros y privilegios del clero y del ejército amenazados por las autoridades • El Plan de Pacificación o de Zavaleta, firmado en diciembre de 1832 por Santa Anna y Bustarnante, pone fin al movimiento armado en contra de este último y reconoce corno presidente a Manuel Gómez Pedraza. �94 SigloXIX intrusas". 19 Apoya incondicionalmente al presidente Santa Anna y se declarl!- ~espetuoso de la seguridad individual y de las propiedades. J. Ruéndiz: El liberali,,no en el norNte de Mésico 95 las medidas de julio de 1833 sino del conjunto que incidía en la merma de prerrogativas. La administración de de Llano, pretendiendo ser congruente con la política nacional, no cejaba en su intento de cristalizar la reforma eclesiástica tomando medidas que iban mostrando creciente radicalización. Así, el 20 de febrero de 1834, se propone al Congreso un proyecto de ley que pretende abolir los derechos parroquiales y demás que por costumhre se salían cobrar por el servicio de los sacramentos. En el artículo 2°. se dejaba en libertad a los particulares que quisieran una distinción especial en el servicio sacramental, y para que entraran en convenio con los párrocos o vicarios respectivos, pero sujetándose siempre a las prevenciones del reglamento impuesto por el mismo gobiemo.24 BUS Dicha asonada es paralela a un persistente cuestiona.miento del origen de los bienes de la iglesia. El Congreso local se declara solidario con el gobierno federal y se pronuncia contra los sublevados en una declaración que remarca que, contra la iglesia, no se tiene la más leve intención de actuar. El señalamiento de no pretender chocar con el clero es un rasgo peculiar de las diversas manifestaciones partidarias del gobierno nacional. Si bien el pronunciamiento de Escalada es secundado en varias partes 20 del país, para principios de julio prácticamente está controlado. Inmediatamente después sigue un período de crítica del origen y monto de los bienes del clero por parte de los liberales. A fines de 1833 se resiente más la relación Estado - iglesia y los dictámenes civiles reformadores que aten21 tan contra el poder clerical se multiplican. El gobierno nuevoleonés, debido al cobro arbitrario e irregular del clero por los sacramentos, decreta el 23 de julio de 1833 el arancel común para todas las parroquias y capillas en lo concerniente a bautismos, casamientod y entierros. Se establecen cobros topes y se eliminan costumbres que sólo servían para encarecer estos servicios. Por ejemplo, en una de las prevenciones se señala que sólo se cobrarán dos reales, sin distinción, por entierro. También se elimina el uso de la cruz alta de plata o cruz baja y de madera, hábitos que accionaban como pretexto para encarecer el oficio (ver anexo 1). Más tarde el gobierno del estado de Tamaulipas (vecino de Nuevo León) expide un decreto donde se rebajan los derechos que cobran los . · . enberros, · curas por b autismos, matnmomos, ete. 22 Disposiciones civiles como éstas provocan la reacción violenta del clero en toda la nación. En Nuevo León, Belauzarán, Obispo de Monterrey, aprueba en mayo de 1834 la posición de los curas encamjnada a cerrar las parroquias a causa de la baja de los precios de los sacramentos. En abril del mismo año, el Obispo de Puebla es acusado de ser el cabecilla de la reacción católica y de invitar a Valentín Canalizo a acercarse a Puebla con el fin de que encabezara un movimiento popular.23 La actitud del clero nuevoleonés era, en tanto, producto no sólo de En mayo de 1834 se promulga un decreto donde se trasluce la inten• ción de controlar las acciones del clero: su propósito era hacer respetar la política del gobierno civil. En el documento se indica que toda disposición eclesiástica debe contar con la aprobación del Ejecutivo estatal para que sea legítima y obligatoria. También se establecen sanciones para los transgresores, religiosos o civiles, qne implican hasta expulsión del estado por un tiempo determinado. Para mayo de 1834 -justamente- la reacción conservadora, guarecida en la iglesia y el ejército, había cobrado bastante importancia manifestándose en distintos lugares del país. Los pronunciamientos con el lema Religión y Fueros sé hicieron comunes. Santa Anna, traicionande a los liberales, se pone al frente de los sublevados en Veracruz. Por otra parte, la clase media liberal gobernante ante la presión del clero, del ejército y la actitud de Santa Anna se ve obligada a abandonar el poder. Duefto absoluto de la situación y con su investidura de presidente, Santa Amia dispuso de inmediato la disolución del Congreso de la Unión y preparó el camino para el establecimiento de una república centralista. El 10 de junio de 1834, el gobernante de Llano declara en Nuevo León que desconocerá las medidas adoptadas por Santa Anna mientras éste no reconozca y garantice el ejercicio del Congreso de la Unión.25 Sin embargo, el poder político de los liberales iba en franco retroceso. A su influencia reformadora sólo le quedaban días de existencia. Sin apoyo de los sectores humildes y sin garantía de fuerza armada a través de la milicia cívica, dos meses después de 811 declaración Manuel María de Llano se ve obligado a abandonar el Ejecutivo del Estado, dejándolo en manos del jefe de las fuerzas de la guarnición, Domingo Ugartechea. �96 SigloXIX Toda la intención reformadora de la clase media liberal en Nuevo León se había concentrado realmente en procurar reducir los fueros y privilegios del clero. La educación y el ejército fueron poco o nada tocados aunque a de Llano se debe la creación en el estado de las dos primeras escuelas oficiales, que vinieron a sustituir a las dos religiosas que el clero se vio obligada a suspender. Igualmente hubo intentos de reformar la milicia cívica.26 La limitacion, no la eliminación de los privilegios y fueros del clero y del ejército, fue el rasgo distintivo de la primera reforma. No se planteó la extirpación de las prerrogativas eclesiásticas y castrenses. Pero el dilema de la reforma era que se pretendía realizarla en un momento en que los dos elementos estructurales mencionados determinaban la directriz del país. Si se suma a esto a la existencia de una sociedad marcadamente religiosa, resulta comprensible que sus alcances fueran reducidos, que su proyecto difícilmente rebasara el nivel de un planteamiento romantico. 3. LIBERALISMO, PODER CENTRAL Y PROBLEMAS REGIONALES DE INTEGRACION La caída de Valentín Gómez Farías no sólo representa el truncamiento de los ideales condensados en la primera reforma liberal sino que significa el inicio de una nueva forma de gobierno adoptada por el Estado: el centralismo republicano, con Santa Anna como .actor principal. Es la tercera forma de gobierno que se experimenta desde el fin de la dominación española y se mantiene hasta el triunfo de la revolución de Ayutla, en 1855 (movimiento acaudillado por J nan Alvarez y dirigido contra el gobierno dictatorial de Santa Anna). Santa Anna había encontrado su más sólido apoyo en las fuerzas reaccionarias del clero y del ejército, remedos coloniales y parapetos fundamentales de la corriente conservadora. En tal virtud, su caída debe interpretarse, además, como la pérdida de la hegemonía política conservadora y el repunte decisivo del liberalismo que habrá de culminar en la realización acabada de su doctrina. • Pero el tránsito que ha de recorrer el liberalismo sustentado por la nueva generación de políticos - Alvarez, Juárez, Degollado, Guillermo Prieto, Lerdo de Tejada- es sumamente escabroso. Tiene que hacer frente a una guerra civil, enfrentar las amenazas sistemáticas e intentos de invasión norteamericanas y europeas, manejar una política que concilie y J. Ruéndiz: El liberalúmo en el norene de México 97 enrole en la mecánica nacional a los diferentes poderes regionales con marcada tendencia autárquica, defender la seguridad y legitimidad de su gobierno ante el imperio de Maximiliano y la intervención francesa. Corresponde a un momento histórico donde la sociedad mexicana se haya parcelada por la ausencia de fuerzas cohesionadoras intrínsecas de un desarrollo capitalista en ascenso, circunstancia que acicateaba la presencia de autonomías regionales con inclinación caudillista. Las que, a su vez. dificultaban la configuración de un gobierno central con la fuerza política y económica indispensables para establecer su jefatura sobre los grupos regionales e insertarlos en el compromiso de una política nacional. Así, pues, problemas estructurales derivados del escaso desarrollo del país conspiran en la dispersión del poder político y económico. Para el caso del norte de México se conjugan aditamentos estructurales que singularizan la problemática regional y que Santiago Vidaurri sabe manejar como parte consustancial de su política. Este personaje arriba a los primeros peldaños de Ja esfera política en mayo de 1855, cuando toma Monterrey luego de declararse en rebeldía contra el gobierno de Santa Anna. Desde 1855 hasta 1864 -desde Nuevo León- se convierte en agente primordial de una política que, con respecto al gobierno del centro, se desliza desde la oposición verbal y cautelosa hasta la armada y frontal. Siempre - empero- manteniéndose en el marco del proyecto liberal. Como gobernador y jefe principal de gruesos contingentes militares, Vidaurri delineó- una política que se sustentaba en tres aristas vertebrales: adhesión al plan de Ayutla e integración, en líneas generales, a la causa y programa liberales. manifestacion expresa de la autonomía del poder político (y militar) estatal, a la que procuró ampliar con sus intentos de unificación de Nuevo León con Coahuila (consumado efectivamente en febrero de 1856) y con Tamaulipas (nunca logrado, pese a ocasiones en que adquirió un dominio relativo). sostenimiento de esa autonomía echando mano a recursos que formalmente correspondía al gobierno federal. El más significativo y conflictivo sería el control de las aduanas fronterizas que se habilitaron sobre el río Bravo, frente a los territorios que desde 1848 pasaron a ser norteamericanos. 27 La inclinación hacia la autarquía del vidaurrismo se vio favorecida por la debilidad política y económica del gobierno del centro, distraído en �J. Reléndiz: El liberalwno en el noreste de México 98 99 Siglo XIX repeler la agresión armada de los enemigos (además de la incidencia de elementos infraestructurales como los precarios medios de comunicación y de transporte). El motor de su expresa autonomía lo constituyen los recursos pecuniarios provenientes de las aduanas fronterizas, especialmente de Piedras Negras. El control de las aduanas le generaba indirectamente importantes recursos financieros, pues esta prerrogativa le permitía maniobrar para obtener cooperación económica de los comerciantes locales (préstamos, por ejemplo). En recoprocidad los mercaderes recibían estímulos a sus actividades mediante el cobro de aranceles prefereJ1ciales, además de brin2 darles toda clase de oportunidades a la importanción de mercancías. s La captación de recursos por vía de estos mecanismos, así como mediante el cobro de impuestos a metales preciosos que buscan salida hacia el norte; le permitían mantener importantes contingenten militares por todo el territorio bajo su autoridad. La justificación de los efectivos militares la encontraba en su destacada participación en la lucha contra los conservadores y los intervencionistas. También, en la necesidad inaplazable de contar con un contingente bien equipado en lucha contra el indio rebelde, considerado por el gobernador norteño como uno de los problemas más acuciantes por atender.30 Este problema se gestó a mediados del siglo XVI, cuando los españoles colonizarón la región norte de México. La dinámica colonizadora trae entre sus consecuencias la expulsión de la mayoría de los indios que habitaban la región, obligándolos a replegarse en una vasta área ubicada más allá del río Bravo. Desde allí realizarán visitas sistemáticas a los poblados norteños, a quienes hacen objeto de múltiples depredaciones. En vísperas de la sublevacióu de los texanos -1836 - se multiplican los ataques de las tribus nómadas (indios rebeldes), dejando tras de sí una estela de pesadumbre, desolación y muerte. Después del cambio de frontera suscitado por la guerra de 1847, el problema adquiere proporciones mayores y complicaciones nuevas. En los tiempos en que más comunes se volvieron sus incursiones, llegaron a realizarse en un área que abarcaba más de la mitad del territorio ~acional. El teatro común de SU8 correrías lo constituían los estados de Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Durango, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, y algunas veces Jalisco y Aguascalientes. Con la nueva lfoea fronteriza (a partir de 1848) el problema indígena involucró tanto al gobierno mexicano como al estadounidense en la búsqueda de mecanismos para enfrentarlo. En este contexto se origina el filibusterismo, lastre que junto con el contrabando, el .tráfico de caballada y el bandolerismo, amén de las depredaciones indígenas, constituyen la maraña de la problemática fronteriza. 31 Frente a tal estado de cosas resulta justificada la persistencia de Vi~urri por obtener asistencia financiera del gobierno del centro, el cual Siempre se mostró renuente a hacerlo en los términos planteados por el jefe d~ Nuevo León. Las discrepancias entre ambos radicaba en el tipo de ayuda: mientras uno ofrecía asistencijl militar, el otro, la exigía en moneda. Este rejuego pone de manifiesto la tendencia caciquil de uno y el recelo y temor d~l otro._ La d4:5aveniencia subyacerá en la intransigencia que muestra el gobierno vidaurnsta en cuanto a preservar el privilegio del control de las aduanas aún en los momentos más críticos para el país*. Tal obcecación sería una de las causas fundamentales de su ruptura definitiva con Benito Juárez, circunstancia que la llevaría finalmente a abandonar el gobierno estatal e incorporarse luego a las fuerzas intervencionistas a las que permanecerá fiel hasta su muerte Gulio de 1867). ' 4 . LA ESTRUCTURA AGRARIA Y LA POLITICA LIBERAL A pesar de todas las dificultades vividas entre el gobierno central y Vidaurri, éste, con su estilo muy personal representó en el norte oriental de México lo más consistente del proyecto liberal. Todas sus acciones estuvieron normadas por el programa y la doctrina liberales, tanto en la actividad mercantil como en la agrícola. En el comercio puso en práctica medidas que repercutieron en el incremento sustancial de la circulación de mercancías, objetivo identificado plenamente con la sociedad liberal. En materia agraria se preocupó sobremanera por sentar las bases legales de la organización del uso del agua y de la tierra para facilitar una explotación más racional desde la perspectiva del Estado. Con este fin puso * Hacia -?11es de 1863 con la intervención francesa había necesidad de centralizll; los rec~rsos '! las fuerzas armadas. Así lo plantea el presidente Juarez a V1daum en su.peregrinar por el norte. Para entonces los co~erv~dores e invasores tenían casí el control absoluto del resto del temtono. • �]. Ruéndü:: El liberalwno en el noreste de México 101 l 00 Siglo XIX en práctica un paquete legislativo que haría cimbrar de raíz la estructura agraria prevaleciente: se hayaba conformada por la gran propiedad, representada por la hacienda, y por la pequeña propiedad, en sus modalidades de ejidos, propios y accionistas particulares. El contenido legislativo se enmarcó en lo contemplado en las leyes del 25 de junio de 1856, del 16 de octubre de 1857 y del 9 de marzo de 1858. La primera fue sostén del golpe demoledor que los liberales asestaron a la iglesia, propiciando con ello el inicio de la pérdida del poder económico del clero; la segunda vino a cubrir el vacío dejado por la ausencia de una ley agraria que regularse el problema,del agua y de la tierra: planteaba como objetivo esencial la determinación, el arreglo y registro de las aguas y de las caballerías mercedadas en el estado; la última, normó la enajenación de las tierras de propios y ejidos. Las tres leyes cuidaban de no propiciar, aunque no lograron evitarlo, la concentración de los recursos naturales en cuestión. Esta intención la encontramos plasmada en los artículos 30, 4° y 5° en la ley del 16 de oc32 tubre de 1857; en el artículo 12º de la del 9 de marzo de 1858; y en la tercera prevención de las cuatro que ordenó Santiago Vidaurri, con aprobaacion del gobierno nacional, conforme a las cuales debía hacerse la enajenación de las corporaciones civiles en el estado unificado de Nuevo León Coahuila.33 La realización de la política agraria vidaurrista inició la desaparición paulatina de formas tradicionales de propiedad, pero también motivó la transferencia y el acaparamiento en manos de flamantes propietarios, por lo común identificados con los nuevos grupos sociales dominantes. Las tierras de ejidos y de propios fueron objeto de compra-venta con bastante regularidad, constituyéndose en fuente importante de los municipios, a · de constantes conflictossoc1ºales.34 a 1a vez que en motivo Lru¡ propiedades del clero serían también sometidas a un proceso de enajenación que aparentó no ser tan violento debido, tal vez, al hecho de que los bienes eclesiásticos no contaban la magnitud que en el centro del país, donde el conflicto Iglesia-Estado adquirió tintes sumamente dramáticos. Empero, el gobierno vidaurrista no cedió a ninguna presión por las leyes de desamortización, siendo inflexible y firme ante cualquier intento del clero de desoír los mandatos gubernamentales sobre la materia. 5. LIBERALISMO Y PODER CLERICAL La iglesia, confiada en su poder económico, se mostró arrogante y prepotente ante el proyecto liberal, el cual pretendía acabar muy partí• cularmente con los fueros y privilegios del clero. Antes de la segunda reforma encamaba al primer terrateniente y prestamista del país: (. ..) tenía más ingresos anuales que el gobierno nacional. Las estimaciones del ingreso anual de la iglesia varían, pero era cuando menos de 23 millones de pesos sino es que llegaba a una cifra tan alta como 100 millones de pesos.3 5 En tales condiciones desafiar su poderío era para los liberales una aventura sumamente riesgosa y que finalmente costó al país tres años de una guerra intestina, más otros tres de sometimiento a un emperador ex• tranjero. El enfrentamiento tenía que ser a muerte debido a que en el proyecto de nación de la Reforma el matrimonio entre la iglesia y el Estado debía abolirse bajo el principio del establecimiento de la hegemonía política del último. Su cristalización implicaba para el poder religioso la pérdida de preferencias tradicionales, algunas de las cuales eras incumbencia de las funciones del poder secular: estadísticas sobre bautismos, matrimonios, defunciones, etcetera. La eliminación de tales prerrogativas era una condicion insoslayable para allanar el desarrollo de la sociedad en gestación. El triunfo de los liberales en la guerra de Reformas hizo factible la puesta en marcha de las leyes de desamortización, pero su impulso se vio compelido por la inestabilidad institucional del gobierno liberal a partir de 1862, a causa de la ocupación del país por las fuerzas francesas. En el norte de México siguió avanzando, aunque también en forma conflictiva, gracias al aumento de la clase media liberal, a los intereses de los nuevos grupos sociales dominantes identificados sobre todo con la actividad mercantil, a la toma de conciencia de la pléyade de liberales locales y la tardía llegada de la guerra extranjera. En Nuevo León, el gobierno vidaurrista abrazó con entusiasmo y decisión los postulados liberales y enfrentó abiertamente a la iglesia. Su política fue secundada por los sectores modernizadores que pugnaban por un nuevo orden regido por los principios de la libre competencia, de la liberación de la fuerza de trabajo y de la libertad para la producción y la circulación. Precisamente la realización de la política liberal y el resquebraja- �102 Siglo XIX miento de las estructuras caducas se les ofrece como una coyuntura que les permitiría acaparar los bienes desamortizados, tanto religiosos como seculares. Los nuevos propietarios accionan en la esfera de la circulación mercantil y de la política, están estrechamente vinculados a la pJutocracia. Entre otros muchos tenemos a Julián Quiroga, lndalecio Vidaurri, Gregorio Zambrano, Manuel María de Llano, Patricio Milmo, Mariano Escobedo y Jesús Dávila y Prieto.36 Julián Quiroga,junto con Zuazua, es el hombre de confianza de Vidaurri; Indalecio Vidaurri es hennano del gobernador; Gregorio Zwnhrano, reconocido político local y jefe de una familia de connotndos comerciantes locales; Patricio f\.1ilmo, yerno de Vidaurri y uno de los más destacados mercaderes de Monterrey; Mariano Escobedo, brazo armado fundamental de los liberales en el norte y quien dirigiera las fuerzas liberales que tomaron prisionero a Maximiliano en Querétaro; Manuel María de Llano, ex gobernador e impulsor local de la primera reforma; Jesús Dávila y Prieto, hombre de vasta experiencia política y administrativa. La venta de las tierras eclesiásticas contribuyó a sufragar los gastos ocasionados por la guerra. El Estado es quien se convierte en subastador de dichos bienes y establece que todo el producto derivado de sus ventas sea depositado en la tesorería. Debido a las exigencias de la guerra y a la escasez de recursos suele disponer de dichos capitales en calidad de préstamo. Un ejemplo: en julio de 1864, Ignacio Arizpe pide al gobierno del estado se le pague la cantidad de tres mil quinientos sesenta y cuatro pesos y los intereses correspondientes, a partir de 1858, por la venta de la capellanía de San Pedro de los Nogales, que fue objeto de desamortización. Dicha cantidad ingresó a la tesorería del estado en febrero de 1858 y fue utilizada para sostener los gastos del Ejército del Norte, ocupado en la lucha contra los intervencionistas.37 Paralelamente a la realización del programa liberal el vidaurrismo movilizó las fuerzas sociales y productivas en función de la defensa de la soberanía nacional, basado en la aplicación de una virulenta legislación que se manifiesta en medidas como las siguientes: - Establecimiento de contingentes extraordinarios a los municipios para sufragar los gastos ocasionados por la guerra. J. Re,éndiz: El liberalúmo en el nore,te de Mhico - 103 Reducción temporal de salarios a los empleados civiles y militares. Imposición de tasas de contribución sobre capitales muebles e inmuebles. Obligatoriedad de todos los ciudadanos, que estén dentro de los requisitos exigidos, de enlistarse en la guardia nacional o en cualquier organización armada dispuesta por el Estado.38 El avance de la reforma liberal iba aparejada a una profunda tirantez de las relaciones entre el poder secular y el religioso. Si bien el conflicto en Nuevo León no se manifiesta con la misma intensidad que en el centro, en cambio la renuencia del clero es inobjetable en cuanto a acatar las leyes de desamortización, las leyes sobre obvenciones parroquiales y el juramento de obediencia a la Constitución de 1857. Su obcecada posición en tomo a estos puntos conlleva a que el gobierno vidaurrista haga uso de todos los recursos con el fin de establecer e imponer la autoridad civil y el acatamiento de sus lineamientos. Cuando se hizo imprescindible hacer uso de la violencia no vaciló ni un instante. Así, el 12 de julio de 1857 el párroco de la iglesia de Marín, Manuel Martínez, es red~cido a prisión por haber pretendido difundir una carta pastoral no sancionada por la autoridad civil.39 Acusados de conspirar contra e! orden establecido e incitar a la sublevación al pueblo de la Villa de Santlag~ Y de Monterrey, en 1859 son sentenciados a 8 años de prisión, en el C~tillo de_ S~ Juan de Ulúa, el Presbítero Lorenzo de León y Santiago Suarez. AsIIDJSmo se condena a 6 años de trabajos forzosos, en el mismo reclusorio, a Anastacio Casas, Félix Marroquín y Jesús Villalón.4 º En el ~mo ab~co de justificaciones se ubica la expulsión del estado del ohJSpo de Lmares Francisco de Paula, puesto que insiste e?, su propósit~ de no recibir a las autoridades en la solemne func1on que esta CIUdad celebra hoy en honor de la patrona tutelar,y q:,ie n~ pued e, porque en su concepto es pecado, derogar las prov1de~cias__que ha dictado para que no se cumpla la ley de desa~ort1zac1on, 1~ ~e. obvenciones parroquiales y algunas contingencias que a su Jwc10 estan en contraposición con los dogmas de la Iglesia. .. 41 . La salida del obispo de Linares no significó el arrodillamiento del clero m, ~ucho m~os_, su derrota final. La batalla se siguió dando a través del Cabildo Ecles1astico de la Catedral. Pero la preeminencia de la autoridad �104 Si¡j/o XIX J. Relindi.r: El liberalúmo en el norute de México civil sobre la clerical era cada vez más clara y se consolidaba en la medida en que el tiempo transcurría. Los primeros saldos favorables del enfrentamiento con la iglesia impulsa al gobierno liberal a no detenerse en su programa reformador. En tal virtud, el 10 de agosto de 1859 se suspenden en todos los pueblos del ~tado el derecho de fábrica, y a partir de 1861 se hace más palpable la severidad de la vigilancia para el cumplimiento de lo estipulado en la ley del Registro Civil (ver anexo 3). La marcha ascendente de los postulados liberales continúa hasta 1862, año en que el gobierno se compromete en una guerra intervencionista que llega a su fin en 1867 y, con ello, marca el triunfo definitivo del liberalismo. 105 bilidad de dirigir las fuerzas mexicanas. AGENL, Circulares, caja 8, 13 de junio de 1830. 4. AGENL, Memorias de Gobernadores, Memoria de 1826 presentada por José María Parás el 21 de febrero de 1827, hoja 10 frente y vuelta, y boja 11 frente. S. El gobierno de José Mana Parás decreta el 29 de abril de 1826 un proyecto de cinco artículos en los cuales se tipifican con claridad los derechos de los sirvientes y de los amos. AGENL, Circulares, caja 4,1826. En relacion al mismo tópico, el gobernador Joaquín García, el 9 de mayo de 1831, promulga un de: creto en el se establece que "los amos a quienes se les muera algún peón o sirviente deviéndoles cantidad de dinero, no están obligados a pagar el entierro de aquel mozo. Exceptuándose en estos casos los derechos de fábrica como que están destinados exclusivamente paralosgastos del culto divino ( ... ) AGENL, Circulares, caja 9, 1831 - 1832. 6. El decreto contemplaba que por el registro de fierros se pagaría en adelante seis pesos en lugar de los veinte que pagaban. Los de escasos recursos pagarán sólo tres pesos. AGENL, Circulares, caja 4, decreto 21, 1827, 18 de febrero, A manera de conclusión señalaremos que: - - El movimiento liberal de mediados del siglo XIX se diferencia del de los años treinta en que aquél se planteó la abolición de los fueros y privilegios del clero en tanto que éste sólo quería limitarlos. La lucha liberal de los cincuenta coincide con una clara transición hacia renovadas estructuras económicas; con un momento en que la iglesia es sumamente poderosa pero su aliado natural, la fuerza militar, se haya disperso entre los ejércitos regionales y ya no constituye una fuerza directriz a manera de los años treinta. Al lograr el resquebrajamiento del poder de la iglesia y del ejército, haciendo posible la transferencia de los bienes eclesiásticos, el movimiento liberal sentó las bases para futuras transformaciones estructurales en el país, que lo situaría en el sendero de una economía burguesa. 7. "Si bien escoceses y yorlcinos agitaron al país con sus disputas y luchas, no puede desconocerse que además de constituir los primeros partidos en la vida nacional, con su acción establecieron las bases .de nuestra educación política, y que, en el caso de los segundos, proporcionaron los principios de una doctrina y un programa ltl>eral y democrático, antecedentes de los ideales y planes de transfonnación social y política que habían de cubninar con el triunfo del partido del progreso, en el histórico año de 1867 ''. Agustín Cué Cánovas, Hútoria Social y Económica de México. 1521 • 1854, editorial Trillas, México, 1976, p. 314. 8. La prolubición del decreto comprende entre otros los siguientes artículos: "algodón en rama de cualquier procedencia extranjera, añiles, cinta de algodón y lino ordinario, cobertores y sobrecamas hechas de lana y algodón, cartoncitos de algodón, cuya calidad no llegue a la de la indiana inglesa fina, dulces, flecas de algodón y lana, pañetes, o medios paños papel de colores, sorgas de lana, quesos de todas clases, tajalos de algodón, tejidos o lienzos trigueños y blancos de algodón cualesquiera que sean sus dimensiones y denominación, cuya calidad no llegue a la del coco fino". AGENL, Ministeóo de Hacienda, 1829, 22 de mayo de 1829. 9. AGENL, Ministerio de Hacienda, 1828, primero de febrero de 1828. NOTAS l. Archivo General del Estado de Nuevo León (AGENL), Circulares, caja 6, 19 de diciembre de 1828. 2. Los animales fueron aportados por los municipios del Estado. Pesquería Grande contnl>uyó con 100 mulas. AGENL, Circulares, caja 8, 26 de mayo de 1830. 3. Los generales Mier y Terán y Antonio López de Santa Anna tenían la responsa- 10. En el artículo 10° que crea el Banco de Avío, se asienta:" Se fomentarán de manera preferencial los tejidos de algodón y lana, cría y elaboración de seda Pero tambien se estimularán otros ramos tanto industriales como agrícolas que sean de interés para la Nación. " AGENL, Circulares, caja 8, 1830 - 1831, 4 de noviembre de 1831. 11. En circular de 21 de noviembre de 1827, el gobierno de Nuevo León hace del conocimiento de los nuevoleoneses que el gobierno federal fue autorizado para rectl>ir un crédito, en dinero, hasta de cuatro millones de pesos. AGENL, C ~ lares, caja 5, 1827. En relación al mismo asunto el ministro de Hacienda en funciones, José Ignacio Pavón, pide al gobierno de Nuevo León haga llegar cuanto antes los mayores aportes posibles. Esta exigencia se debe a que hay una caren- �106 J. Ruéndú: El liberalúrno en el no,,- de Múico Sigk>XlX cia notable de recursos financieros, hasta para atender lo más indispensable. Asimismo notifica que el préstamo de cuatro millones de pesos no se ha podido conseguir. AGENL, Ministerio de Hacienda, 1828, 12 de enero de 1828. 12. En virtud del patronato eclesiástico, el verdadero jefe de la iglesia en las colonias españolas era el monarca españoL Al independizarse México, dicho derecho debena derivar al Estado Mexicano y en consecuencia el clero convertirse en un subordinado del gobierno civiL Ver Alfonso Toro, La Revolución de lndepen• dencia y Múico lndependienUJ, Editorial Patria, México, 1963, pp. 310 y 311. También consultar Agustín Cué cánovas, op. cit., p. 322. 13. Alfonso Toro, op. cit., pp. 314 y 315. Agustín Cué Cánovas, op. cit., p. 334. 14. AGENL, Periódico Oficial, 8, 1833, 6 de noviembre de 1833. 1S. Agustín Cué Cánovas, op. cit. p. 323. 16. El artículo primero del decreto que signa la abolición del diezmo dice textualmente: "Cesa en toda la República la obligación civil de pagar el Diezmo Eclesiástico, dejándose a cada individuo en entera hoertad para obrar en esto con arreglo a lo que su conciencia le dicte: AGENL, Periódico Oficial, 8, 1833, 27 de octubre de 1833. 17. Charles A. Hale, El Liberalilmo Mexicano en época de Mora. 1821 · 1853, Siglo XXI, Editores, México, 1972, pp. 42 • 73. 18. Los diputados que fuman el escrito de protesta, y que en su mayoría han de conformar el equipo político de Mánuel María de Llano, son Pedro TreYi:ño y Pereyra, Francisco Tomás de Iglesias, Joaquín Caso, Camilo Gutiérrez, Antonio Ayala y Bernardo Quiroz (suplente), además. del propio de Llano. AGENL, Periódico Oficial, 8, 1833, 19 de enero de 1833. 19. AGENL, Periódico Oficial, 26 de mayo de 1833. 20. Ante las mínimas posibilidades de que su movimiento triunfará, Escalada pide a principios de julio de 1833 el indulto al gobierno de Morelia y en septiembre es hecho prisionero. AGENL, Periódico Oficial, 8, 1833, 4 de julio y 23 de septiembre de 1833. 21. El 20 de noviembre de 1833, el gobierno del Estado comunica a todos los ha· bitantes que con el 31 de octubre recibió del ministro de Justicia y Asuntos Eclesiásticos una disposición que contempla entre otras cosas las síguientes prevenciones que "debo cumplir en mi territorio de mando": 1 Que vigile para que los eclesiásticos no toquen en el pulpito materias políticas, ni para apoyar ni para secundar los principios de la administración pública. 2°. Que si advirtiere algún exceso en esta materia use de los medios represivos propios de su autoridad, y dé aviso al supremo gobierno para los que fueren de su resorte. 3º. Que al respecto se tenga presente la ley 19, tít. lib. 1°. de la Recopilación de Indias que a letra es como sigue: ..Encargam~! a los Pr~~os seculares, que tengan mucho cuidado de amonestar a los clengos y religiosos predicadores que no digan ni prediquen en púlpitos palabras escandalosas tocante al gobierno público y universal, ni de que se pueda seguir pasión o diferen- °. xn, 107 cía". AGENL, Periódico Oficial, 8, 14 de noviembre de 1833. 22. AGENL, Periódico Oficial, 9, 1834, 1 de mayo de 1834. 23. El citado obispo de Puebla, Francisco Pablo Vázquez, en flagrante violación a la ley de votos eclesiásticos y en abierto reto al gobierno civil, en abril de 1834 excomulgó a una monja por abandonar la profesión monacal Ver AGENL, Periódico Oficial, 9, 3 de abril, 24 de abril y 14 de mayo de 1834. 24. En lo referente al tiempo regular en el que deben realizarse los sacramentos el gobierno establece uno de invierno y otro de verano. El primero comprende del 15 de septiembre al 1S de marzo, con una duración diaria de doce horas que comenzarán a correr desde las seis de la mañana a las seis de la tarde para la celebración de los casamientos y bautismos; y el segundo, del 1S de marzo hasta el 15 de septiembre, en un horario que vaya desde las cinco de la mañana hasta las siete de la tarde. Los entierros también estaban bien sujetos a las especificaciones del reglamento. AGENL, Circulares, caja 10, 1832 - 184S. 25. AGENL, Circulares, caja 10, 1832 • 184S, 10 de junio de 1845. 26. ldem. 19 de diciembre de 1833. 27. Mario Cerutti, "Poder regional, gobierno central y periodismo liberal en México en años de la Reforma. Santiago Vidpurri y los estados fronterizos del noreste (18S5 - 1864)", en Alberto Gil Novales (ed.), La prerua en la Revolución LiberaL E1pa11a, Portugal y América Latina, Madrid, Universidad Complutense, 1983, p. 243. 28. los estímulos en materia aduana! conllevaron a que los comerciantes intensificaran sus importaciones de producto europeos y norteamericanos ante las airadas protestas de los comerciantes del centro del país. El disgusto de éstos se explica si consideramos que " ( ... ) Vidaurri tomaba decisiones en materia aduana! que alteraban o modificaban las ordenanzas nacionales. Un ejemplo nítido fue su rebaja de los derechos aduanales: por los puertos terrestres bajo su dominio, las importaciones se hacían con rebajas que llegaban a más de un cincuenta por ciento de lo fijado por la reglamentación de 1856, sancionada por Comonfort '. Mario Cerutti, op. cit., p. 261 29. En 1862 el gobierno de Vidaurri decomisó un cargamento de plata en pasta, por valor de 9824 pesos, perteneciente a la casa Uhde y Cª de Matamoros. Dicho cargamento procedía de San Luis Potosí y se dirigía a Matamoros. AGENL, Concluídos, caja 7, 1862. 30. Este tema lo trato más ampliamente en "La política de Vidaurri y la expulsión de las tnous nómadas en el noreste de México", tesis que presenté en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León con opción al título de Licenciado en Historia. 31. Para una información más detallada acerca de los problemas de la frontera méxico-estadounidense en el período de 1848-1870, ver Informe de la Comúión Pe,qui,idora, facsímil publicado en junio de 1984 por el Archivo General del Estado de Nuevo León. �108 Siglo XIX J. Ruindú: El liberulümo en el norufe de México 32. Este artículo textualmente dice: "Al prudente arbitrio de los alcaldes primeros, se deja el repartimiento de los terrenos de ejidos y de propios, recomendándoseles muy especialmente la mayot post"ble subdivisión. En consecuencia, nadie podrá tener más de cuatro fanegas de sembradura y los que por renta disfruten de mayor cantidad, midiéndose toda, se les enagenará por el avalúo ó se adjudicará en subasta, según lo dispuesto en el artículo 3º". AGENL, Periódico Ofi· cial, de enero uno de 1858 a septiembre 20 de 1859. Boletín Oficial, Monterrey, mano 16 de 1858. 33. Se previene que las aguas y tierras sobrantes que no estén en arriendo sean divididas lo más posl"ble con el fin de que sea mayor el número de propietarios. AGENL, Periódico Oficial, 3 de diciembre de 1857. 34. Este tema lo desarrollo más ampliamente en "La Propiedad del Agua Y de la Tierra en Nuevo León (1855-1870)" presentado en el cuarto encuentro sobre lA Formación del Capitalúmo en México, Jalapa, Veracruz en diciembre de 1985. 35. Parra, "Grandes Tendencias",p. LXXVII;C.Cumberland,México: 'TheStruggle for Modernity (Nueva Yorlc, 1968), p 177, citados por T. G. Ppwell en El Liberolumo y el Camperinado en el Centro de Mérico {1850 a 1876), Sepsetentas, 122, México, 1974, p 28. 36. AGENL, Concluídoscaja 65, 1861. Ver también AGENL, Legajo no clasificado, 1857 -18S8. 37. AGENL, Concluídos, caja 19, 1864 · 1865, julio de 1864. CASAMIENTOS Art. 3 monios. °. Bases para el cobro de derechos por celebración de matri- ª· 1 Por la declaracion de los novios, o sea el ducho, se cobrará dos pesos si el párroco va a la casa; en caso de que la distancia sea más de una legua sin pasar de dos, se cobrará cuatro pesos; y si la distancia es mayor de dos leguas entonces se convendrán párroco y pretensos. 2ª. Por las informaciones matrimoniales no se cobrará derecho alguno, sino que se continuará pagando un real por el papel, y dos al escnbiente por cada declaración. 3ª. Se pagarán tres reales por cada una de las tres moniciones que preceden al matrimonio. 4ª. Dos pesos por el matrimoni~. 5ª. Un peso por velación o bendición nupcial. 6ª. Dos reales por desgaste de lás candelas que arden en el altar y las que se entregan a los contrayentes. 7ª. Se continuarán pagando trece reales por las arras. 38. Ver trabajo señalado en nota 34, pp. 3 y 4. 8ª. Los que soliciten madrugada pagarán además de lo dicho en las prevenciones anteriores, lo acostumbrado en cada pueblo, siempre que no pase de tres pesos. 39. AGENL, Legajo no clasificado. 40. AGENL, Concluídos, caja 47, 1859. 41. AGENL, Legajo no clasificado. Ver también anexo 2. ANEXO 109 9ª. Si los contrayentes pertenecen a parroquias diferentes pueden casarse en la iglesia que lo deseen. El cura que celebra el matrimonio y hace la velacion, cobrará los derechos contenidos en estas prevenciones y al del otro contrayente, solamente se le pagarán_Jos seis reales designados en la tercera base de este arancel. 1 El gobierno del Estado decreta el establecimiento del arancel común para todas las parroquias y capillas del Estado, tocante a bautismos, casamientos y entierros. BAUTISMOS Art. 1°. Se establece la cantidad de pago único de cuatro reales el bautismo sin distinción de clase ni persona. Art. 2°. Se prohiben los decretos de Capa, Cruz Alta, y Altares. ENTIERROS El cobro de los entierros se sujetará a las prevenciones siguientes. °. Art. 4 Queda prohibida para siempre en el Estado la desigualdad de obvención que por la desigualdad y origen de clase y aún por la localidad y sitios, en los campos santos y templos, se ha exigido a los fieles hasta ahora por los curas por el entierro de un adulto o párvulo. En consecuencia sólo se cobrará dos reales por cada entierro sin distinción alguna. Cuatro reales por cada acompañado y dos reales por cada doble, cualquiera que sea el número de las campanas que se toquen, y su duración. 1 ª· Queda igualmente abolida la distinción, de entierro mayor o m �J. Ruéndiz: El liberalúmo en el nore,te de México 111 llO SigloXIX nor, así como, la costumbre de cruz alta, de plata o baja y de madera. 2ª. ·para la fábrica se continuará pagando, sin distinción alguna, por cada persona un peso por el entierro que se haga. 3ª. Se renuevan las reiteradas prohibiciones de enterrar a los cádaveres de cualquier persona en los templos y capillas del Estado. La contravención de esta orden será objeto de un castigo consistente en el pago de cien pesos. de la iglesia de Nµevo León y Coahuila, que por su ministerio espiritual y como pastor del rebaño de Jesucristo, debió dar á este ejemplos más saludables y más dignos de su alta misión. COMPATRIOTAS: el boletín que se circula hoy os instruirá de los pormenores de este suceso. El Gobierno está resuelto á sostener íntegro el sagrado depósito que le habeis confiado, la paz y el órden legal. Mientras caminemos como hasta aquí, formando un cuerpo compuesto, nada hay que temer aunque la reacción se presente bajo cualquier forma. Tal es el norte de vuestro Gobernador y amigo. Santiago Vidaurri. Monterrey, Septiembre 9 de 1857. 4ª. Se prohiben las exhibiciones de los cádaveres descubiertos por las calles y plazas públicas de los pueblos. 5ª. Queda prohibido para siempre el depósito de cádaveres en las capillas y parroquias para hacerles honras y funerales. La violación de esta prevención se sancionará con cien pesos. Fuente: AGENL, Legajo no clasificado relativo a la correspondencia entre el gobierno de Nuevo León y la iglesia durante el año de 185 7. 6ª Sólo son permitidos los entierros en los templos en aquellos pueblos que carezcan de campo santo. ANEXO 7ª. Lo no derogado expresamente en este arancel, queda vigente, hasta la resolución del Honorable Congreso del Estado. Dado en Monterrey a 23 de julio de 1833. Secretaria del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y Coahuila Y para que llegue a noticia de. todos, y se le de el debido cumplimiento, mando se imprima, publique y circule. Fecha ut supra.- Manuel M. de Llano.- Ancelmo R. de Marichalar. Secretario. Circular Núm. 27 Fuente. AGENL, Circulares, caja 10, 23 de junio de 1833. ANEXO 2 Santiago Vidaurri, a los Nuevoleo-Coahuilenses. CONCIUDADANOS: ayer ha tenido lugar en esta capital un acontecimiento que debo dar cuenta al Estado, pues tal es su gravedad. El Prelado diocesano creyendo que podía impunemente sobreponerse á las leyes y á las autoridades, mandó que se hiciera un desaire público al Ayuntamiento de esta capital, o más bien que se ejerciera una nueva venganza en el templo de Dios. Despues de este atentado, la autoridad de,l Gobierno habría sido un sarcasmo y objeto de burla: por su parte agoto todos los medios de prudencia para evitarlo; y habiendo sido inútiles no le quedó otro recurso que empicar su poder para reprimirlo y cortar de raíz un mal que si se hubiera dejado cundir por mas tiempo, nos habría traído muy funestas consecuencias. El trastorno de la paz, nultificando ante~ la Ley y la potestad temporal, á esto tendía visiblemente la conducta del Jefe 3 El Exmo. Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación, con fecha 23 de próximo pasado Mayo dirigió al Exmo. Sr. Gobernador la comunicación siguiente: Exmo. Sr. Habiendo consultado el Prefecto de Tulancingo á este Ministerio si los curas párrocos deben hacer los bautismos antes ó despues que se haya verificado la inscripción que previene la ley de Registro Civil, el Exmo. Sr. Presidente se ha servido resolver por punto general que, sin ingerirse la autoridad civil en lo relativo á los actos eclesiásticos del bautismo, está en su derecho, y en la obligación, conforme á la ley de obligar á los padres de familia á que inscriban en el referido Registro civil á sus hijos, lo cual deberán verificar dentro del tercero día de nacidos.- Y tengo el honor de comunicarlo á V. E. de orden suprema para su conocimiento y efectos consiguientes. Y de órden superior lo trascribo á V. para su inteligencia y cumplimiento. Manuel G. Rejón. Dios y Libertad. Monterrey,Junio 5 de 1861. Fuente: AGENL Circulares, caja 10, circular 27, 1861. �SIN FE, SIN LEY Y SIN CAUDILLO Cambio cultural, liberalismo e insurgencias populares Miquel Izard* Mientras la Historia oficial sigue repitiendo que sólo se podía comerciar con la Metrópoli y la Nueva España (lo que provocaba el malestar del mantuanaje), que sólo se aceptaba la ideología impuesta por Madrid, que el poder estaba en manos de la burocracia peninsular o que las prolúhici<>nes no sólo se acataban sino que además se cumplían; la realidad, descrita por Ramón Aizpurua, tendería a mostrarnos el norte de la actual V enezuela convertido en una enorme plantación, con miles de esclavos, comercializando la mayoría de la producción (azúcar, tabaco, cacao o bienes pecuarios) a través de una vía sumergida o subterránea. Este norte de Venezuela era una pieza importante de un ámbito mayor comunicado por una navegación circular, puesta en marcha por los curazoleños (en buena parte sefardíes), que llegaba también a Jamaica, Cuba, los puertos sureños de las 1 Trece Colonias, Santo Domingo, Puerto Rico y las Antillas menores. Por este circuito llegaron a Venezuela no sólo alimentos, manufacturados y esclavos, sino también nuevas ideas, de las que quisiera destacar cuatro, dos americanas y dos europeas: la secesionista que culminó en la revuelta de las Trece Colonias, el rechazo a la esclavitud que desencadenó los sucesos de Haití, la ilustración que provocó la revolución francesa, y el liberalismo que degeneró en el capitalismo. La primera y la tercera influyeron a Gual, España o Miranda, la última a Bolívar, y el rechazo a la esclavitud o a la moral capitalista pudieron esclarecer las insurgencias populares. Los enfrentamientos convirtieron a la Tierra Firme en uno de los principales escenarios mundiales de la transición final de la sociedad autosuficiente a la sociedad excedentaria. *Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Barcelona. Este trabajo es, en par· te, una reelabo.raeión de la ponencia "El hoeralismo y el federalismo como reconocimiento e intento de institucionalización de los poderes de hecho y del caudillismo", presentada en el Primer Congreso del Pensamiento Político, Caracas, 29 de junio al 2 de julio de 1983. �M. lzard: Cambio cultura~ liberalismo e insu,gencias populares 115 114 Siglo XIX Y el incremento de las insurgencias populares en el siglo XIX se debió esencialmente a que las guerras de la Independencia no supusieron transformaciones estructurales, sino la consolidación de la primera etapa de la revolución capitalista, acelerando las transformaciones que (gestándose en favor de la oligarquía desde, como mínimo, mediados del siglo XVIll) perseguían en parte resquebrajar el entramado que permitía el funcionamiento de la sociedad autosuficiente, que había servido para alcanzar todos los elementos que constituían su identidad, para satisfacer todos los objetivos que cada grupo había escogido para existir, para defenderse de los ataques desde el exterior. Los futuros beneficiarios de las transformaciones, y 8118 apóstoles, proponían el paquete de medidas que podríamos calificar de programa liberal: abolición de viejas trabas como monopolios o diezmos; algún tipo de desamortización, fingiendo que se vend(an los bienes de manos muertas (pero por encima de todo los bienes comunales y los resguardos), terrenos de donde cada comunidad obtenía buena parte de lo que necesitaba para subsistir y era por ello menos vulnerable; obviamente, la de$amortización favoreció, indirectamente, a la vieja oligarquía o creó una nueva burguesía, agraria o urbana, que si no pertenecía ya a él se convertía al nuevo orden para defender sus adquisiciones; un desarme arancelario frente a la invasión de bienes industriales del exterior que acabarían arruinando, uno tras otro, los restos de manufacturas y obrajes; o la construcción de redes de transporte para facilitar la depredación de los bienes del interior y la invasión de los forasteros. Pero, por encima de todo, debían imponer una nueva cultura, la suya, sin lo que habría sido imposible e impensable el triunfo de la Buena Nueva~ un conjunto de creencias, esencialmente represivas, que, entre otras cosas, debían servir para justificar los castigos y anatemas que recibirían infractores y contestatarios; una nueva moral que hablaba de las excelencias del crecimiento, el triunfo y el éxito individual, de una sola idea válida de progreso o de los beneficios de la laboriosidad y el ahorro; el engaño del parlamentarismo, como única forma deseable de gobierno supuestamente democrática; una forma distinta de organizar la producción, no para satisfacer necesidades, sino para producir más para vender más; una escuela peculiar, que tardaría mucho en extenderse suponiendo que llegara a hacerlo, para transmitir unos conocimientos técnicos y para estabular a la chiquillería con la finalidad de rohotizarla, podarle su natural espíritu imaginativo, inconformista y contestatario e inculcarle los nuevos códigos; el ocio convertido en una mercancía de consumo que serviría para rematar la tarea estandarizadora iniciada en las escuelas. Quizás lo que acabo de decir se clarificaría señalando, o recordando, alguna de las diferencias entre la cultura de las sociedades autosuficientes y la cultura liberal o capitalista. A nivel de las creencias, una especie de pan♦ teísmo protoecologista y una satisfacción con todos los placeres de los sentidos frente a una religión atolondradora y unas normativas victorianas que lo que no tenían por maligno, lo tenían por pecaminoso; a nivel de la moral, la solidaridad, la reciprocidad y la cooperación ante el egoísmo; en cuanto a la política, si antes debía lucharse contra la opresión, cuando la hubo, ahora había que proseguir la misma lucha contra la opresión y además contra la alienación; la producción para satisfacer los objetivos que el grupo había escogido para existir, ante una producción para conseguir excedentes a través del trabajo, pesado y no satisfactorio, presentándolo como una maldición bíblica (aunque se estaba gestando una maldición peor, el paro, la carencia de trabajo); del aprendizaje por simple observación se pretendía pasar a una escuela alienante y embrutecedora; a cambio de,un ocio variado y participativo, se presentaba un ocio como bien de consumo pasivo, controlable y manipulable desde el poder, formado por un corp~ único, estandar, centralizado y, por supuesto, escrito. Los futuros beneficiarios y sus apóstoles no sólo debían imponer la ~ueva cultura: debían perpetrar los cambios mencionados a la vez que realizab~n una, tarea pedagógica compleja, comprometida e imprescindible; no solo deb1an cantar las excelencias del nuevo proyecto, de la Tierra Prometida, sino que debían vituperar la cultura anterior. Demostrar, valiéndo~e de todos los ~djetivos necesarios, que puesto que estaba superada y era nnprocedente e madecuada, no quedaba otra alternativa que prescindir de ella. Y en las Indias no se trataba solamente de denigrar la cultura occidental anterior, ~o que, por ene~ de todo, era imprescindible desprestigiar Y menospreciar la cultura ahongen y las que se habían ido creando desde la invasión europea, la de los esclavos, mestizos o llaneros. l. LA CRISIS DEL CAMBIO DE SIGLO Lo ocurrido en las décadas inmediatamente anteriores y posteriores a 1800 fue trascendental para todo el ámbito europeo y sus enclaves americanos. Se sucedieron y entrecruzaron una serie de acontecimientos de consecuencias irrevocables para toda el área hasta la actualidad. En las Indias y en buena parte del Viejo Continente la transición final de la sociedad autosuficiente a la excedentaria, provocó un sinfín de insurg_enci~ de las masas. En las ~días y el Caribe la revuelta podían protagomzarla. esclavos que no quenan serlo; mestizos o mulatos que protestaban, entre o~as c~sas, por una brutal segregación racial; indios que se negaban a traha!:11" mas a fin de ~o~eguir para los propietarios de los medios de producc10n mayores rendimientos y por lo tanto mayores beneficios, �M. lzard: Cambio cultural, liberalúmo e insurgencia. populares 116 Siglo XIX pero no para ellos mismos; pequeños blancos que se revelaban dentro de unos conflictos de intereses, contra la opresión ejercida por quienes aparecían calificados con el mismo apelativo étnico que ellos pero eran grandes· propietarios de tierras, plantaciones o minas, o controlaban los intercambios y los mantenían a ellos. en una situación de subordinación; y en último lugar, pueblos libres de las fronteras, que habían conseguido defender su tierra y sus peculiares formas de vida frente al acoso de la oligarquía criolla (los llaneros del Apure pongo por caso), pueblos de frontera que podían incrementar desmesuradamente su potencial desestabilizador si acogían en su seno a las personas de los grupos anteriores que huían de la zona controlada por los blancos en un desesperado intento de escapar, en forma centrífuga, del acoso de quienes querían explotarlos. Obviamente, el riesgo que existía en cada región indiana de que la situación deviniera explosiva dependía de la cantidad y cualidad de cada grupo insurgente y podía llegar a un límite, en Caracas o en Buenos Aires, casos paradigmáticos donde la oligarquía debió enfrentarse a la exasperación sumada de negros, castas, indios, pequeños blancos y hombres de la sabana. Por añadidura, a partir de 1805, cuando tras la batalla de Trafalgar Napoleón decretó el bloqueo contin':ntal y los británicos se vieron en la necesidad de asegurarse al precio que fuese el mercado americano para la ingente cantidad de bienes generados en la isla a partir del estallido de la revolución industrial, a los grupos étnicos mencionados hasta este momento se fueron añadiendo, unas tras otras, las impresionantes avalanchas de obreros de los obraies, arruinados definitivamente por la llegada de los productos ine:leses ya que, de la noche a la mañana y en cantidades que ya no cesarían de crecer, dejaban de ser obreros altamente cualificados y remunerados más o menos en consonancia con su habilidad, para convertirse en un ejército de parados, de miserables, que ya nunca más se reubicarían en la nueva sociedad resultante, no sólo privados de sus ingresos monetarios sino también de la actividad a través de la cual su vida tenía sentido. 117 dirigidos por la oligarquía o por distintas facciones de las burguesías locales se reanudarían repetidamente desde entonces, pero los rechazos oligárquicos iniciados en 1810 tuvieron unos resultados inmediatos de consecuencias irreversibles: se desmoronó el imperio ultramarino de Castilla y las Indias se fraccionaron en unas cuantas repúblicas que se constituyeron como estados formalmente independientes. Pienso que en región indiana alguna (premoniciones irrelevantes al margen), las oligarquías locales deseaban ni habían previsto la secesión. Los acontecimientos ocurridos en la Metrópoli, que provocaron sus actitudes de rechazo, las sorprendieron sin proyectos alternativos de ningún tipo. ~omo la separación no llevaba tiempo preparándose no había grupos o partidos que desde más o menos tiempo estuvieran madurando sus planteamientos y hubiesen ya escogido formas de recambio para cuando triunfasen sus intentos. Creo que esta hipótesis, caso de ser cierta, habría tenido diversas consecuencias que ayudarían a comprender la temática de estas notas. En primer lugar -y por lo que !engo dicho- en cada región indiana los beneficiarios políticos de la secesión debieron hacer frente, desde el primer momento, a la continuada insurgencia popular, que ya no cesaría ni un momento, insisto en ello, y que mayoritariamente iba dirigida contra la oligarquía El resultado concreto de lo que acabo de mencionar es que una de las múltiples características de las nuevas repúblicas fue una inestabilidad política y social perenne. La insurgencia de las masas de finales del período colonial y la de la actualidad es la misma y continuada. Si de algunos momentos no tenemos noticias es debido a que los investigadores no han buceado en los archivos en búsqueda de la información precisa, a que gobiernos más o menos dictatoriales pudieron controlar los medios de expresión escritos hasta el extremo de conseguir la apariencia de una tranquilidad casi total, o a que las revueltas populares no eran detectadas por los observadores de otros grupos sociales y los protagonistas no sintieron la necesidad de dar a conocer sus gestas o sus memoriales de agravios. Por todas partes, a partir de 1810, estas insurgencias populares se entrecruzaron en un endiablado y complejo fenómeno todavía muy mal conocido y peor estudiado, pero bien enmascarado, con el rechazo de las oligarquías indianas (criollas y peninsulares) primero a la monarquía metropolitana de José Bonaparte y a partir de 1820 a la monarquía constitucional de Femando VII. En segundo lugar, al fracasar los contados intentos de crear un solo estado plurinacional con todos los pueblos de las Indias, éstas se fraccionarían en un número -en un primer momento indefinido e indeciso- de repúhli~~ ~e no tenían u?os límites precisos. No existían unos precedentes histoncos, o qo se tuvieron en cuenta los precolombinos, sobre los cuales se pudiesen inv~ntar unos determinados límites fronterizos. Estos como e~ to~as part~ ~ trazaron artificialmente, sin tener presente ni la geografia, m las nac10nalidades, ni la división administrativa virreinal. Las insurgencias populares ya no cesarían, y han continuado, con mayor o menor virulencia, hasta la actualidad. Sus cruces con movimientos De esta manera regiones naturales concretas, el Chaco para poner un �118 SigloXIX solo ejemplo, quedaron abruptamente repartidas entre estados limítrofes; antiguas naciones, con una seilas de identidad muy anteriores a la invasión europea, vieron a sus gentes convertidas en súbditos, que no ciudadanos, de estados vecinos, frecuentemente enfrentados por absurdas rivalidades (los Mayas sin ir más lejos, que si hasta 1821 habían padecido la opresión de los virreyes ahora sufrirían la de los gobernantes de México, Guatemala y Honduras); ilógicas pero más o menos consolidadas circunscripciones administrativas, levantadas en algunos casos hacía trescientos años, no fueron tenidas en cuenta porque tampoco había razón para ello, pero el territorio sin ninguna trabazón humana, geográfica, económica o política que se había llamado Charcas desde la llegada de los castellanos, que había formado parte del virreinato del Perú y más tarde, por bien pocos años, del Río de la Plata y por el cual se enfrentaron las oligarquías de ambas capitales a partir de 1810, se convirtió desde 1825 en la actual Bolivia, que el Libertador quiso crear como estado modélico y ha conseguido alcanzar tristes y notorios récords de inestabilidad, no porque las personas encerradas dentro de sus fronteras sean especialmente ingobernables, sino por viejos problemas estructurales iniciados en 1535, y por no tan viejos problemas políticos que acabo de mencionar. Todo lo que he venido señalando en este segundo apartado ha tenido una serie de consecuencias sobradamente conocidas. Las artificiales fron- teras perpetradas en los ailos veinte del siglo pasado no se han sostenido: Bolivia, de nuevo un caso paradigmático, ha perdido más de la mitad del territorio de 1825 en beneficio de sus vecinos, que han visto, en consecuencia, aumentado el suyo. Globalmente, esta cuestión ha degenerado en el sinfín de pleitos de límites que son un motivo más de fricciones y malos entendidos, de actitudes parafascistas y de enfrentamientos fratricidas tan absurdos como cualquier guerra. Contrariamente han sido también frecuentes los movimientos secesionistas de grupos regionales o comarcales que no se sentían excesivamente vinculados a un determinado proyecto estatal o que pensaban solucionar sus problemas concretos a través de la segregación o uniéndose al estado vecino. Una tercera consecuencia de lo impremeditado de la independencia fue que las oligarquías que construyeron los nuevos estados en beneficio propio, se vieron en la necesidad de organizar una parafernalia política como simulacro institucional, sin tener, como ya he indicado, un concreto proyecto que hubieran estado madurando durante largo tiempo. La absurda actitud adoptada primero por la regencia de Cádiz y más tarde por el necio Femando VII, supuso que debiera recurrirse sin entusiasmo alguno a la organización republicana. Pero aquí -y ni siquiera en todos los casos- M. lzard: Cambio cultural, liberalismo e insurgencias populares 119 se te~ó _el acuerdo. Por añadidura la inestabilidad política, sobre la que ya he msJSti~o, y el atraso económico del que hablaré de inmediato, hacían pensar a qtnenes creían en los poderes taumatúrgicos de determinadas alternativas, que todos los problemas dejarían de serlo tan pronto como se adoptara una organización determinada, federal, centralista o la que fuere, tan pronto como se recurriera al sufragio universal o se pidiera la intervención de un gendarme a todas luces innecesario. Acabo de mencionar el atraso económico. La inesperada independencia de las Indias tuvo lugar, como ya he señalado, en el mismo momento en que se producía la transición final y una de las múltiples consecuencias de esta transición fue que el mundo quedó dividido, a partir de este momento, en países capitalistas centrales y países capitalistas periféricos, con unos intercambios entre los mismos que a partir de ahora se harían en condiciones de desigualdad: los primeros serían cada vez más ricos materialmente a costa de los segundos, que cada vez serían más pobres. En todos los estados _de la_ ~érica Latina, que se vieron inmersos en este segundo grupo, pod1a atribuuse el subdesarrollo al pasado hispánico, a la composición, étnica o al cariz de la independencia, pero también en todas partes pod1an aparecer quienes pensaran, o dijeran pensar, que bastaba con importar las formas de organización estatal susceptibles de ser presentadas co!11o las causas del crecimiento económico, para que éste se produjera sin mas. De esta manera quizás sería más fácil entender las actitudes políticas de los distintos grupos sociales, aunque debe realizarse una advertencia previa: salvo casos tan excepcionales que no vale la pena mencionarlos, desde un primer momento se decidió que intervenir, pensar o manipular e~, la co8;" pública era potestad e~clusiva de quienes tuvieron la pigmentac1on cutánea de un color determmado y pertenecieran a una cultura bien concreta, lo que pudo degenerar en que fueran consultados, y eso en el mejor de los casos, sólo el uno por ciento de los súbditos. De entre estos superdotados que personalmente se habían autoconcedido la cualidad de padres de la patria, habría que segregar a la inmensa mayoría de la oligarquía (detentores de los latifundios, las mayores empresas comerciales, las pocas minas de plata o similares que se salvaron de las guerras civiles), los cuales, por el monto de sus recursos, devenían casi automáticament-e en conservadores reaccionarios, enemigos de cualquier alternativa, temerosos de cualquier cambio, pacatos ante cualquier iniciativa, contrarios a cualquier novedad. El resto de la burguesía, mayoritariamente, se aferró cada vez que pudo a algo intangible e inconcreto que podríamos llamar saintsimonismo, in- �M. Izord: Cambio cultura~ liberalismo e insurgenciM populares 121 120 Siglo XIX tentó transplantar a sus países unas reformas tarde y mal inútadas de los países capitalistas centrales con la esperanza de que miméticamente darían los mismos resultados. Algunas veces, lo veremos en las páginas próximas, se pensó que un liberalismo político de inspiración más o menos británica, podía dar excelentes resultados mezclado con el federalismo, forma de organización estatal a la que se podía atribuir la aparente expansión de los Estados Unidos. Pero pudo ocurrir, y ocurrió, exactamente lo contrario, que los liberales no fueran federalistas como en Venezuela, Nueva Granada o México, sino unitarios y centralistas como en la Argentina o incluso que quienes decían defender las propuestas más progresistas en lo económico o en lo social, se mostraran partidarios, siguiendo más o menos el caso alemán, de un ejecutivo ilustrado, fuerte y despótico, bien porque así lo creyeran, bien porque como intelectuales orgánicos de algún caudillo estuvieran dispuestos a hacer pensar que les parecía la solución más correcta. Se ha escrito bastante sobre estas diferentes, y en algunos casos contradictorias, alternativas. Como veremos en los próximos epígrafes la cuestión no está clara en absoluto y serán necesarios todavía muchos trabajos monográficos para que pueda empezarse a detectar alguna claridad. Dada la cantidad y la calidad de los trabajos realizados basta el momento, descontando los análisis puramente deSGriptivos en que se mencionan exclusivamente cambios constituyentes, guerras civiles y pronunciamientos sin que asome el más mínimo interrogante en un primer y tímido intento de encontrarles respuestas a tantas cuestiones, y sobre todo, dado el ámbito geográfico del Continente, sólo puedo aspirar en los próximos apartados a mencionar algunas de las propuestas liberales y/o federales en algunos países concretos y centrarme, algo más monográficamente, en el caso venezc>lano para denunciar las falacias del federalismo.3 Pero quizás valdría la pena, con todo el riesgo que comporta, intentar previamente una primera aproximación, necesariamente muy general, al liberalismo ideológico latinoamericano. 2. LOS LIBERALES Hay quien ha afirmado que proceden más o menos directamente de los ilustrados del setecientos, y en varias de las nuevas repúblicas, dadas las dificultades para organizarse en las primeras décadas de la independencia, se agruparon en asociaciones más o menos secretas, más o menos masónicas, lo que quizás ayudaría a comprender su furibundo anticlericalismo militante, del que jamás llegarían a sanar. Creían ciegamente en la razón y el progreso, lo que les hacía sumamente pragmáticos, y para alcanzarlo pensaban que era imprescindible el orden, y para conseguir ambos podían lle- gar a justificar a un caudillo si garantizaba el orden que facilitaría el prc>greso. Eran regeneracionistas y acérrimos defensores de lo urbano, lo que les llevaba a veces a menospreciar lo rural y al campesinado que solían ver como representante del atraso. Se creían parte de un movimiento internacional y panamericano, y protagonistas de un debate ideológico; decían querer romper con el aislamiento intelectual de sus países respecto de los que consideraban los países adelantados, lo que les llevaba a deslumbrarse ante los Estados Unidos, admirar a héroes míticos como Garibaldi o inspirarse exclusivamente en pensadores europeos, de Proudhon a Comte, pasando por Considérant. Este internacionalismo, esta dependencia tan marcada frente a pensadores foráneos (que contrasta con la escasez o irrelevancia de los pensadores autóctonos, las más de las veces meros traductores), está en notable contradicción con las opiniones de quienes los tienen por forjadores de un sentimiento nacional, por quienes rompiendo con la vieja sociedad jerárquica, con los anteriores vínculos, especialmente los religiosos, iniciaron el culto a los libertadores o a los héroes de la independencia y fundaron la religión de la patria.4 Su programa político era en principio el de cualquier liberalismo: libertades básicas (de imprenta, de palabra, ete.), abolición de Ja esclavitud, secularización legal y moral, reforma del sistema judicial y del tributario, libertad de enseñanza. Pero también propui,iaban, lo que enmascaraba racismo y un deslumbramiento ante lo europeo, blanquear la población, intentando la atracción de inmigrantes del viejo continente ofreciéndoles tierras baldías. Al margen de este contraste entre liberalismo y racismo, obviamente los inmigrantes europeos empezaron a llegar en cantidades estimables, no cuando fueron solicitados por los liberales latinoamericanos: sino cuando fueron expulsados de Europa, porque se alcanzó un cierto grado de desarrollo material que exigía la eliminación de personas que ya no eran necesarias y, sin embargo, podían ofrecer al imperialismo mejores rendimientos trabajando en las tierras vírgenes de América. El paquete de medidas económicas convertía a los liberales en abogados del capitalismo exterior, en correveydiles, conscientes o no, de los intereses forasteros, así el fomento de la navegación fluvial a vapor, el librecambio, o lo que el profesor Jordi Nadal ha llamado la desamortización del subsuelo (la cesión de los yacimientos mineros a empresas extranjeras), y favorecía la exportación de bienes primarios sin elaborar y la introducción de bienes industriales que arrninaría las manufacturas aborígenes.5 Este desanne ante la oferta o la demanda exterior solía ir acompañado de la creencia en las virtudes taumatúrgicas que tendrían los capitales de los países capitalistas centrales, se invirtieran en la construcción de una red ferrovia- �M. 1 ~ Cambio cultura~ liberalúmo e in,urgenciaa popularu 122 Siglo XIX ria o fueran simples préstamos para oxigenar haciendas siempre tambaleantes. En otro orden de cosas, no cabe la menor duda de que d cuerpo doctrinal de los liberales, porque fuera el suyo o porque aparentaran que lo era, fue el bagaje ideológico del que se sirvió uno de los dos bandos en muchos de los enfrentamientos que se sucedieron en los nuevos estados. Estos enfrentamientos se dieron entre caudillos aglutinadores y los caciques regionales a los que pretendían someter (y no olvidemos que en muchos casos la historia del liberalismo fue esencialmente la historia de su personalidad dominante), entre oligarquías capitalinas enfrentadas por conflictos de intereses y burguesías pro,-inciales, entre "progresistas" de la costa y conservadores del interior. En este último caso los primeros podían coincidir con intereses de la capital o representarlos (Buenos Aires) frente a un interior "tradicionalista", o los del puerto abierto al exterior frente a uncentro cerrado sobre sí mismo (Guayaquil vs. Quito), pero en otras circunstancias los enfrentamientos podían oponer a grupos, clases o regiones de forma mucho más enmarañada y compleja, hasta el punto de que todavía hoy no se han podido descifrar los códigos que nos permitirían deshilvanar el ovillo, incluso en casos en que el antagonismo llegó a situaciones límite comola violencia colombiana de los años cincuenta. Como he dicho, los liberales se vieron reiteradamente enfrentados con las masas que podían pensar que sus enemigos y los causantes de sus problemas no era la "modernización" capitalista, sino quienes la preconizaban y eran capaces de aparecer como sus responsables. Pero aunque no fueron excesivamente frecuentes también hubo dirigentes liberales con carisma suficiente para, en lugar de enfrentarse a los desposeídos, ponerse, aparentemente, al frente de sus huestes. Sin embargo, en todos los casos encontramos los mismos obstáculos: si nuestros conocimientos sobre el liberalismo son confusos, el papel de estos dirigentes está totalmente por esclarecer, lo que pennite que cada quien los pueda mirar desde su óptica o los reivindique como caudillo propio. Nada sabemos del fascinante caudillo neogranadino Vicente Herrera; el chileno José Miguel Carrera sigue envuelto por u.na impenetrable nebulosa. Hacia mediados del ochocientos los aborígenes del estado de Guerrero siguieron al general mestizo Juan Alvarez, el "patriarca del sur", insurgente de la independencia, caudillo liberal y tambien, en principio contradictoriamente, defensor de los peones, de los humildes y de los indios, en fin de los desposeídos de la tierra, y más tarde uno de los rebeldes frente a Maximiliano.6 Este, el emperador, resulta también enigmático: apoyado por el conservadurismo más reaccionario, no hay duda alimna que también propugnaba una "modernización" tan ligada al capitalismo exterior como la del liberalismo de Benito J uárez. Y se sentía a su vez inclinado hacia los indígenes, aunque de ello no sepamos 123 nada. Más sorprendente, si cabe, fue el caso de Ezequiel Zamora, que consiguió armonizar las ideas y los intereses de los llaneros con las de las masas de los valles del norte y con los de la oposición liberal al gobierno de Caracas, y fue capaz de pertrechar a los segundos (los primeros se bastaban con sus armas herramientas) desatando la guerra federal en 1859. Fue asesinado un año más tarde, posiblemente por sus propios correligionarios atemorizados por el cariz que había adoptado la contienda, que muchos compararon con las guerras de la Independencia. Pienso que el resto de aquélla, hasta abril de 1863, no fue sino un largo paréntesis que se prolongó el tiempo que centralistas y federales tardaron en detener la revuelta social que entre todos habían dejado desatarse, y en devolver las cosas a la situación anterior a la guerra.7 No cabe la menor duda de que el análisis de toda esta temática tiene un extraordinario valor propedéutico: debería analizarse con mayor profundidad cada caso estatal, sin olvidar los imprescindibles cotejos con los similares pero también discrepantes casos de las otras repúblicas latinoamericanas y con otros casos de la perireria capitalista, los de los estados del sur de Europa pongo por caso. Sería altamente aconsejable que los historiadores españoles conocieran lo que se está investigando en América Latina y viceversa. Ya Francois Chevalier ha insistido al respecto, y Mario Cerutti ha sugerido e iniciado en cierta forma una propuesta de comparación entre el País V asco, Cataluña y Monterrey, en México. 8 Y podríamos preguntarnos: ¿el liberalismo supuso, para América Latina o para España, el triunfo de la revolución burguesa? No voy aquí a entrar en una discusión que se ha enconado innecesariamente. Si entendemos por revolución burguesa un despegue político, social y económico similar al que bahía tenido lugar en los países capitalistas centrales, es evidente que todavía no se ha producido, mientras que si por revolución burguesa entendemos el ascenso de una burguesía local subordinada que realizó buenos beneficios pero, por encima de todo, facilitó el ensamblaje desfavorable de sus países al sistema económico mundial, la respuesta ha de ser afir. mativa.9 Y podríamos añadir como colofón a este apartado que el liberalismo no significó en la América Latina la superación de viejos problemas estructurales que se habían ido forjando a lo largo del período colonial: al contrario, los agravó, desbrozando el camino que llevaba al subdesarrollo y a la dependencia. 3. DE LOS MASONES A LOS CIENTIFICOS Ciro Cardoso y sus colaboradores, que han llevado a cabo un intere- �M. lzard: Cambio cultural., lil>l'ralümo <> imu,gencias popularu 125 124 Siglo XIX sante y estimulante intento de aproximación al ochocientos mexicano, apuntan las que a su juicio serían las principales características económicas de la reforma liberal en su fase formativa, la que transcurrió entre 1854 y 1867. En primer lugar los reformadores, repr~entantes de la fracción más progresista de la oligarquía dominante, debieron desarrollar su programa pensando en responder a la creciente demanda mu~dial d~ bienes primarios, enfrentándose conflictivamente con los secto~es mmov1listas de la oligarquía virreinal En segundo lugar, la reforma liberal comportó una reordenación profunda de la estructuras materiales del país para adecuarlas al abastecimiento de la creciente demanda de bienes de exportación. Señalan en tercer lugar que la refonna liberal supuso también, a nivel interno, un proceso de acwnu.lación originaria en sus dos vertientes ineludibles: acwnulación de capital y medios de producción en manos de la burguesía (esencialmente a través de la desamortización), y separación entre los trabajadores y los medios de producción creando y/o ampliando el mercado de trabajo. En cuarto lugar, las reformas lib~rales no supusieron -como tampoco ocurrió en España, por ejemplo- la libertad Y la igualdad de derechos para los trabajadores. En último lugar, los autores mencionados llegan a la conclusión de que no existió una contradicción entre las intenciones de los líderes liberales y el resultado final de la Reforma, que fue, no una expansión de la mediana propiedad, sino, con10 trariamente, el fortalecimiento del latifundismo. Desde el punto de vista ideológico y político, Ciro Cardoso y ~s co~aboradores enfatizan los siguientes puntos. Siguiendo a D. A. Bradmg, msisten en que la ideología liberal -con las características generales que he señalado en el apartado anterior- estaba formada por un conjunto de abstracciones importadas de los países capitalistas centrales, que podía ser reivindicado por grupos sociales bien dispares, mientras que los conservadores no pretendían nada más que eso, conservar privilegios y ventajas que se habían ido consiguiendo durante el período colonial Sin embargo, unos y otros coincidían en algunos puntos: la exclusión de las masas populares del juego político (sobre lo que vol~eré de inmedia~), la p~eponderancia dada a las actividades agropecuanas sobre las demas actmdades productivas y la total oposición téorica al intervencionismo estatal en lo económico. Por lo que acabo de señalar, la política estaba restringida a un grupo bien limitado de súbditos, y se pueden distinguir dos etapas nítidamente separadas: la que transcurrió desde la "independencia" hasta 1854 y, una segunda, desde esta última fecha hasta la consolidación del porfiriato en 1884. La primera se habría caracterizado por la actuación a través de organizaciones protopolíticas -las logias masónicas principalmente- y por la discusión de una problemática que podríamos calificar todavía de co- lonial, ventilándose cuestiones que se había empezado a debatir en el período del reformismo borbónico. En la segunda ya se habían definido los dos grupos opuestos, liberales vs. conservadores, que luchaban por planteamientos nítidamente diferentes. También cabría insistir en que quizás México fue el único país latinoamericano donde en el enfrentamiento mencionado y en el resultado final, jugó un papel bien importante la intervención militar extranjera y la oposición a la misma de uno de los dos grupos, el liberal. He mencionado la exclusión de las masas de la discusión política. Creo que es necesario insistir sobre este punto -aunque serían necesarios muchos más trabajos monográficos para esclarecerlo al máximo- porque precisamen te una determinada historiografía, invirtiendo los términos, ha querido atribuir un cariz popular a un movimiento que no lo tenía en absoluto. En todas las nuevas repúblicas latinoamericanas las masas fueron explotadas y nadie pensó que pudieran ser consultadas para conocer su parecer sobre la construcción nacional. Pero en el caso de México, y quizás en alguna otra república, las mas3!1 no sólo fueron marginadas: fueron derrotadas a principios de siglo en las guerras que se siguen llamando de la independencia, y a partir de este momento (tal fue el pánico producido por la insurgencia de los de ahajo), los campesinos y el proletariado urbano serían no solamente tenidos como marginales sino también como enemigos a los que se había vencido y a los que debía tenerse constantemente bajo vigilancia para poder sofocar antes de que se extendiera cualquier nueva insurgencia. 4. CIEN AAOS DE VIOLENCIA En la Nueva Granada el liberalismo surgió, aparentemente, algo más tarde que en México, pero igual -que en esta república representado por grupos emergentes que acusaban a una oligarquía conservadora de continuar manteniendo al país, en todos los aspectos, como en el período colonial, lo que, todo sea dicho de paso, confirmaría una vez más que los enfrentamientos desencadenados entre 1810 y 1830 no habían acarreado transformaciones estructurales. En 1848, fecha que algunos autores señalan como la del orto del liberalismo, La América, periódico de esta tendencia, acusaba a los gobernantes de lo que acabo de señalar.11 Gerardo Molina; un buen especialista sobre el liberalismo neogranadino y al que he seguido en estas notas, hace un ponnenorizado recuento de los grupos sociales burgueses contrarios a la oligatquía colonial, co- �126 Siglo XIX merciantes, mineros del oro que invertían sus beneficios en otras actividades, manufactureros, pequeños o medianos propietarios de tierras Y !os arrendatarios de las rentas públicas. Pero si todos estos grupos se opoman a la oligarquía no podían llegar a un acue~do a l~ hora de ?rop?ner reformas determinadas: los comerciantes ped1an el librecambio mientras los manufactureros pedían proteccionismo y transformaciones social~ que ampliaran la capacidad adquisitiva de sus paisanos, los radicales ped1an el federalismo mientras otros más timoratos pensaban en un estado central fuerte que pudiera garantizar el orden social, que fuera capaz de emprender costosas obras de infraestructura o que tuviera recursos para atraer inmigrantes europeos. Estas y otras cuestiones más doctrinales o ideológicas provocaron la escisión del liberalismo en dos ramas, la liberal propiamente dicha y la democrática, una inspirándose en los postulados franceses de 1789 y la otra inspirándose en teóricos más radicales como Proudhon, por ejemplo. Estas no podían ponerse de acuerdo en la forma de organizar la enseñanza, en la manera de mam{mitir a los esclavos o en la actitud a adoptar frente al monopolio del tabaco. Florentino González, que en sus años mozos y en la época bolivariana había mostrado veleidades muy radicales, regresó convenientemente moderado tras una larga estancia en l.íl Gran Bretaña, plausiblemente como abogado de los intereses ingl~es, y durante la primera administración Mosquera llevó a la adopción del librecambismo o a dar facilidades para la navegación por el Magdalena. Poco más tarde las dos fracciones liberales se conocieron como draconianos y gólgotas. Y la más radical, precisamente con este calificativo, dominó en Colombia entre 1863 y 1877, defendiendo las libertades más absolutas, el federalismo a ultranza, la total separación entre iglesia y estado, 0 minimizando el papel del gobierno. Pero los radicales, tremendamente idealistas, moviéndose en las esferas intelectuales sin tocar de pies en el suelo, pensando que sólo en las ciudades vivían gentes "civilizadas" o convencidos del poder taumatúrgico del federalismo, fueron incapaces de consolidar su programa y contrariamente y sin quererlo, beneficiaron a sus máximos opositores; así, por citar un solo ejemplo, la vieja oligarquía virreinal fue la gran beneficiaria de la desamortización. El programa radical no solamente no cuajó, por añadidura supuso el ascenso al poder de un liberal tan peculiar y, valga la paradoja, tan poco liberal como Rafael Núñez, que d~ r.adical devino mosquerista para acabar fuIJdando do¡¡ partidos, el Independiente y _más tarde el Nacional, qu~ d~ generó tn autoritario, autocrático, aristocrático, de{ensor de la Iglesia, y M. Izard: Cambio cultura~ liberalúmo e insurgencias populares 127 partidario de una democracia restringida al máximo, a la que él llamó "democracia convenientemente dirigida". 12 Cabría insistir en que en Colombia fue, aparentemente, donde alcanzó mayor violencia el antagonismo entre liberales y conservadores. 5. LOS OLIGARCAS QUE NO TEMBLARON En los apartados anteriores he insistido sobre las limitaciones del liberalismo y del federalismo en México y Colombia. El caso argentino (sobre el que se empezó a trabajar a fondo hará unos quince años, tarea que se vio entorpecida por condiciones políticas bien poco propicias), es aparentemente más complejo, ya que quizás en este caso hubo enfrentamiento entre liberalismo y federalismo, y no tengo la osadía ni siquiera de intentar pergeñar algunas generalidades. Desafortunadamente tampoco es suficiente la información bibliográfica sobre el caso venezolano: también aquí serán necesarios muchos análisis monográficos para empezar a vislumbrar un poco de claridad. Años después de 1830, el liberalismo venezolano fue escindiéndose: mientras la facción moderada se sentía cada vez más próxima a los conservadores, la facción radical se iba separando rápidamente y llegó a crear un partido nuevo, el federal, populista, con un desdibujado programa en el que se exigían garantías formales pero no se planteaban las graves cuestiones estructurales heredadas del período colonial Así, se hablaba de una tenue vinculación con el programa bolivariano, se mencionaban taumatúrgicas virtudes de la organización descentralizada o se prometía una serie de libertades formales, pero se olvidaban las relaciones de producción, la propiedad de la tierra o las reivindicaciones llaneras. No tengo la menor pretensión de aportar ninguna novedad en una temática en la que recién me estoy adentrando, pero quisiera proporcionar, como colofón, algunas muestras de los calificativos con que la oligarquía conservadora obsequió a sus oponentes a lo largo de una cruenta guerra civil que muchos consideraron como la continuación de la de la Independencia. Oponentes con los que, a pesar de estos calificativos, perpetraron el contubernio de Coche precisamente porque el desarrollo de la contienda había llegado a tal extremo y las masas populares y los llaneros del Apure habían pensado que protagonizaban una verdadera revolución, lo que provocó que la burguesía federal prefiriera pactar con sus enemigos antes que verse arrastrada por unos correligionarios que habían llegado a creerse sus proclamas. Una vez más las masas y los llaneros perdieron la guerra cuando tenían la victoria en sus manos. 13 �128 Siglo XIX A finales de marzo de 1858, el general Castro escribía al licenciado Rodríguez sobre el curso de la guerra y lamentándose de la lentitud de las operaciones del ejército gubernamental, añadía que Sotillo, batido en Oriente, se limitaba, huyendo siempre de sus oponentes, "a atacar las poblaciones indefensas, si bien cometiendo todo linaje de excesos, con el propósito de arrastrar prose1itos; pero su plan es inútil: el eco de la muerte sólo responde a sus gritos desenfrenados". El 7 de enero de 1860 era el Dr. Pérez de V elasco quien escribía a Rodríguez: "Hoy la revolución ha degenerado en salteamientos de bandoleros. Batidos los revolucionarios por todas partes, ya no pretenden medirse en guerra regular con los sostenedores del Gobierno y agrupados en partidas poco considerables, siembran el espanto dondequiera". En la Memoria de lo Interior y Justicia del mismo 1860, decía el Secretario: "Todas las facciones mencionadas (•..) tienen un mismo carácter: manifiestan las más disociadoras tendencias, cometen atentados de todo linaje contra la propiedad y la familia, y dejan por huella de su paso el incendio, el saqueo, el deshonor de las mujeres y la orfan• dad de los niños". A mediados de este mismo año, el 7 de mayo, el licenciado Siso escribía a Rodríguez y le decía "asaltan y asesinan todos los días, es decir, Cisneros multiplicado por diez". Esta comparación con el guerrillero "realista" obedecía, plausiblemente, a un sentimiento de desesperación: a finales de enero de este año Pedro Gual le bahía escrito a Rodríguez: "Mi esperanza, pues, no está ahora en los hombres sino en la Providencia". A mediados del año siguiente, el 19 de julio, en un decreto declarando en estado de asamblea a las provincias "acosadas por los facciosos", se afirmaba: "la sociedad está amenazada en sus bases fundamentales; la fortuna pública y privada desaparece; la seguridad personal apenas existe en las grandes ciudades; la anarquía todo lo invade, todo lo trastorna, todo lo destruye, hasta los restos de la civilización cristiana que heredamos de nuestros padres y que procuramos cultivar con esmero en los felices días de la República". A finales de este mismo año Rodríguez, hablando de la dictadura de Páez, decía que la sociedad venezolana quería "probar si por este medio se le restituía el perdido tesoro de su sosiego y civilización, a la vez que volvía a ejercer su ~perio e} olvidado ~espeto.ª la propiedad, que había sido atropellado, y mas todavta escarnecido y p1SOteado por hordas analfabetas y anárquicas a las que se les había hecho pérfidamente creer que así era como se hacía patria". En febrero de 1862 el Secretario del Interior oficiaba a todos los gobernadores y decía de los insurgentes que eran "hordas desalmadas, sin fe, sin ley, sin religión y aún sin caudillo". El 20 de septiembre el gobernador de Aragua enviaba a los concejos municipales un curioso proyecto para acabar eon la revuelta, proponiendo, entre otras muchas cosas, oponer M. lzard: Cambio cultural, liberalúmo e inmrgencio, populare1 129 "a sus pasiones y rencores la tolerancia en las opiniones y las ideas de concordia y de paz y a esa propaganda demagógica y socialista, que exalta el ánimo de los ciudadanos incautos y les lanza a armar su brazo contra el gobierno y contra la sociedad, doctrinas sanas que hagan renacer en ellos el amor al trabajo y a las artes de la paz y medidas benéficas que sean capaces de producir este resultado". El 25 de enero del 63 enviaban desde Calabozo documentos sobre el asesinato del comandante Juan Vicente Alvarez y se hablaba de "la traición, instrumento ordinario de los bandidos que han declarado a la sociedad una guerra de exterminio". Añadían que Alvarez había sido "muerto por aquellos bárbaros que no podían perdonarle su decidido amor al orden".1ª Insisto en que sólo es una muestra de que, dado el nivel alcanzado por los enfrentamientos, no debe extrañarnos que los dirigentes federales decidieran pactar con los conservadores cuando éstos tenían irremediablemente perdid:¡¡ la guerra. Tampoco deberíamos escandalizamos por las limitaciones programáticas de federales o liberales en los países latinoamericanos. Lo que no tiene justificación alguna, lo que es una falacia, es haberlos querido presentar como lo que no fueron, como dirigentes revolucionarios abjurando de sus vinculaciones de clase y misteriosamente dirigiendo unas revoluciones populares. Tales anacronismos y chapuzas han sido perpetrados no por quienes están interesados en saber lo que ocurrió, sino por quienes inventan un pasado para u.nos grupos actuales bien concretos. NOTAS l. "El contrabando de la provincia de Venezuela en tiempos de la Compañía Guipuzcoana. 1730-1784 (Curazao y la costa de Caracas)", tesis de doctorado leída en la Universidad de Barcelona, septiembre de 1985. 2. Para facilitar la comprensión de lo que sigue es necesario que defina lo que e& tiendo por cultura: todo lo que los pueblos o naciones han imaginado, escogido, 6reado, aprendido o constru{do para adaptarse y vivir en un medio concreto (y en unas condiciones históricas detenninadas) y para realcionarse entre ellos. Agradezco la imprescindible colaboración de los profesores Caridad Martínez, Marielsa López y Mariano Heuera que tanto me han ayudado a clarificar mis confusas ideas al respecto. 3. Como un notable e¡jemplo de estos estudios puramente descriptivos puede citatse VV AA, Lo, riltema, federrdu del continente americano, México, 1972, FCE yUNAM, 677. 4. Sobre esta temática ta bibliografía es todavía muy escasa. pero existen ya ~ �M. lzard: Cambio cultural, liberalismo e insurgencias populares 130 Siglo XIX nas obras excelentes: D. Brading, Los orígenes del nacionalúmo mexicano, México, 1973, Sep-Setentas, 224; J. Lafaye, Quettalcóatl y Guadalupe. La formación de la conciencia nacional en México, México, 1977, 483; o G. Carrera Damas, El culto a Bol(var, Caracas, 1969, UCV, 309. 5. Joroi Nadal, El fra,xuo de la revolución industrial en España, 1814-1913, Barcelona, 1975, Ariel, 315. 6. Existe alguna información, muy escasa, en Jean Meyer, Problemas campe,inos y revueltas agrarw (1821-1910), México, 1973, Sep-,Setentas, 235. 7. He intentado una prúnera aproximación a esta temática en "Oligarcas temblad, viva la hbertacl Los llaneros del Apure y la Guerra Federal", en Boletfn Americanúta, Universidad de Barcelona, 32 (1982), 78-134. 8. Chevalier, América Latina de la independencia a nuestros días, Barcelona, 1979, Labor, Nueva Clio 44, 271. Cerutti ha publicado ya una primera aproxi• mación, "Burguesía regional, mercados y capitalismo. Apuntes metodológicos y referencias sobre un caso latinoamericano. Monterrey (1850-191 O)", en Revista Mexicana de Sociologfa, Universidad Nacional Autónoma de México, vol XLV, 1 (enero-marzo 1983), 129-148. 9. Véase un completo estado de la cuestión para el caso español en Carlos Martínez Sbaw, "Sobre el feudalismo taroío en España: algunas acotaciones a Bartolomé Clavero", en Teoría, Madrid, 4 (enero-marzo 1980), 163-186. 10. Ciro Cardoso (cooroinador), México en el siglo XIX (1821-1910). 1-listoria económica y de la estructura social, México, 1980, Nueva Imagen, passim. Todo el libro es sumamente sugestivo, véase por ejemplo la desmitificación del nacionalismo reformista de Juárez en páginas 277-279. Puede encontrarse más bibliografía en el útil bbro de Enrique Florescano (coordinador), México en 500 libros, México, 1980, Nueva lmagPn, 187. 11. Sobre este tema también José M. Samper en su Ensayo sobre las revoluciones políticas y la condición ,ocial de las repúblicas colombianas, Bogotá, sf, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, pauim. 12. Geraroo Molina ha escrito un útil resumen sobre el tema con una buena información bibliográfica: Las ideas liberales en Colombia. 1849-1914, I, Bogotá, 1978, Tercer Mundo, 339. 13. La bibliografía sobre el federalismo venezolano es escasa y muy desigual Existe una obra clásica de Lisandro Alvarado, Historia de la revolución federal en Venezuela, Caracas, 1956, Ministerio de Educación, 314 (la primera edici9n es de 1909). Se pueden citar varios estudios más recientes F. Brito Figueroa, Tiempo de Ezequiel Zamora, Caracas, 1976, OCI, 529; Miquel Izard. "Oligarcas temblad", y "Tanto pelear para terminar conversando. El caudillismo en Venezuela", en Nova Americana. Torino, 2 (1979), 37-82; Adolfo Rodríguez, Exequiel Zamora, Caracas, 1977, Ministerio de Educación, 356; y José León Tapia, Por aquí pasó 7..amora, Caracas, 1976! Centauro, 293. 14. José Santiago Rodríguez, Contribución al estudio de la guerra federal en V enezuela, Caracas, 1960, Imprenta Nacional, 1, 235 y 11, 41; Memoria de lo Interior y Justicia, 1860, Caracas, 1860, Imprenta Zarzamend~ 7; Rodríguez, Contribu- !I. 131 ción, ~~ Y 42-43; AGN, Interior y Justicia, DCXCIU, 9, 27-61; Rodríguez Contnbuc10n, 11, 224-229; AGN, 1 y J, DCCV 20 50-56· DCCXXV 59 22i 226 y DCCXXXII, 5, 45-53. ' ' ' ' ' �Revueltas y revoluciones en España (1766-1874) Alberto Gil Novales* L El título de este trabajo podría ser también Revueltas y revoluciones en la formación de la España actual Ciertamente que todo el pasado de un país contribuye a formar su estado presente, y en este sentido incluso las investigaciones arqueológicas lo cobran para entender determinados rasgos, persistentes o no, en nuestra historia. Y por supuesto que revueltas y revoluciones, alteraciones como se decía con palabra clásica, tuvieron lugar en el solar de Hispania a todo lo largo de la existencia de sus pueblos. En la España moderna, ¿cómo no mencionar a los comuneros de Castilla, los agermanados de Valencia y Mallorca, las alteraciones de Aragón con motivo de la huida de Antonio Pérez, etc.?, movimientos que serán ampliamente recordados en el siglo XIX. ¿Cómo no recordar la crisis del siglo XVII, con las sublevaciones de Cataluña, Portugal y Nápoles? -la famosa crisis de la Monarquía Hispánica de los Felipes, en la que tanto insisten los historiadores de hoy. ¿Cómo no hablar del carácter popular y multitudinario que tomó entre nosotros la Guerra de Sucesión? Razones no faltan para recoger todos estos movimientos, y aun los medievales e incluso de la Antigüedad, a la hora de trazar la historia revolucionaria o tumultuaria de la España actuai. No obstante, y sin perjuicio de hacer quizá alusiones rápidas a ese pasado, creo que no debemos perdemos en el, sino que por el contrario debemos tomar como punto de partida el que marca el comienzo del fin del Antiguo Régimen, es decir 1766. Las Comunidades de Castilla han sido definidas como una revolución burguesa temprana1 -y a ello deben su rabiosa actualidad en el siglo XIX. Pero en ningún momento ese movimiento puso en peligro la existencia misma del Antiguo Régimen- como no sea que lo interpretemos como un aviso a tres siglos vista *Facultad de Ciencias de .la Información, Universidad Complutense de Madrid. Este trabajo fue publicado previamente en Revista de História da& /fkias, vol 7, Facultad de Letras, Universidad de Co.irnbra (Portugal), 1985. �A. Gil Nooole.,: Revueltas y revoluciones en fspaña 135 134 Siglo XIX Decididamente mejor es partir de los llamados Motines de Esquilache (es decir, contra Esquilache) en 1766, porque aunque tampoco con ellos desaparece el Antiguo Régimen, sin embargo su naturaleza a !a vez arcaica y modernísima, su incidencia geográfica, su dimensión -la& más grandes alteraciones sociales de Europa hasta la Francia de 1789, al decir de Pierre Vital- confiere a estos motines el significado inequívoco de que con ellos empieza a cuartearse la fábrica de nuestro Antiguo Régimen. Pierre Vilar y Gonzalo Anes3 han insistido en que el motín madrileño contra Esquilache es un motín de subsistencias, originado en la ordenanza de libre circulación de los granos, es decir, algo muy semejante a la guerre des farines francesa. Otros han visto sobre todo el aspecto político, de conjura aristocrática y antiilustrada.4 La interpretación tradicional, presente ya al día siguiente de los acontecimientos y en toda la tradición liberal, echó la culpa a los jesuitas; y de aquí la expulsión de éstos en 1767. Recientemente Giovanni Stiffoni, al utilizar una fuente hasta ahora no empleada a este respecto, las relaciones de los embajadores vénetos, ha venido a confirmar documental5 mente la tesis de Pierre Vilar. Observemos que los motines de 1766 se extendieron no solamente a Madrid, sino a Aragón, Castilla, Guipúzcoa - las machinadas vascas- Valencia y Murcia, llegando incluso a Andalucía, en donde asistimos al insólito espectáculo de la insubordinación de todo un regimiento en Sevilla; lo cual tiene, por lo menos, carácter ptemonitorio del futuro papel del Ejér6 cito en España. Después de la gran prueba que el año 1766 había planteado a la Monarquía., pareció entrar ésta en un período de normalidad con las grandes reformas ilustradas de Carlos ID y su continuación bajo Carlos IV. La resistencia a las reformas, que de tan aguda manera conmocionará a la España del siglo XIX, no da lugar en esta época a graves alteraciones del orden, aunque los intereses amenazados no dejan de hacer sentir su presencia, presagiando acaso el futuro. El año 1776 tiene lugar la fulminante destitución de Olavide, con el proceso inquisitorial consiguiente -y naturalmente todo el equipo gobernante era o~eto de vigilancia, y aun quizá de algo más grave: de momento, contenido. De manera 1fUe la Ilustración encontraba su correctivo en la Inquisición, y aunque la caída de Olavide no significó el abandono total de la política ilustrada,8 sin embargo indicaba bastante bien la función que en la sociedad española empezaba a jugar la Iglesia. Actitud ya manifiesta en la dramática representación del Obispo de Cuenca, D. Isidro de Carvajal y Lancaster, tantbién de 1766, en la que el piadoso Prelado se quejaba de "la persecución <le la Iglesia, saqueada en sus bienes, ultrajada en sus Mirústros, y atropellada en su inmunidad", a la que contestó el gobierno con un Memorial-ajustado.9 Esto pareció de momento disensiones originadas en el celo por el bien de la Patria, ~. ciertamente el rei~~do de Carlos III no presentó ninguna nueva revoluc,on o contrarrevoluc1on (en España; sí en América). Al año de su muerte, 1788, estallaba la revolución francesa, que por miedo y rabia va a lanzar a la más extrema reacción a algunos de los ilustrados de mayor nombradía, a comenzar por FloridaJ>lanca. 10 La guerra contra la República francesa en 1793, con su emoción patriótica, fue aprovechada también por las fuerzas reaccionarias para movilizar al pueblo, no sólo contra la Francia regicida, sino contra las mismas ideas de la Ilustración monárquica española.11 Un título del famoso Fray Diego José de Cádiz indica muy bien el espíritu con el que la Iglesia, o un sector de ella - porque convendrá matizar- se dispone a encarar la llegada del mundo contemporáneo: El soldado católico en guerra de religión, 1794.12 _ Sin emb~rgo una clase mu) diferente de alteraciones tenía lugar en Esp~a, las denvadas de la escasez de primera materia, típicas de toda econom,a de Antiguo Régimen; como los célebres motines de Barcelona del año prec~ente_, 1789.13 Carentes de finalidad social o política a largo plazo'. no dejaron sm embargo estos motines de preocupar a las autoridades. Sintomático parece el caso de los "albo~otadores de la UUoa", protesta antifi~al manipulada o aprovechada por la Iglesia: al grito de Viva el Rey: L'IVa la Ulloa: muera la Unica (contribución) estos gallegos de la provincia d~ Lugo llegaron a caer clamorosamente sobre Orense el 22 y 23 de noviembre de 1790, siendo apaciguados por la mediación eclesiástica.13a Mayor dimensión tuvieron los motines valencianos de 1793-1794y 1800-1801. El primer motín, el de 1793, "año de precios altos", fue una conmoción cont~a _los sacerdotes franceses España había entrado en guerra con la República- en la que parece adivinarse una intriga del Capitán General, Duque de la Roca, contra el Arzobispo. Al año siguiente, 1794, la orden de formación de un cuerpo de Milicias, llamado de Voluntarios Honrados confiado por el Capitán General a tres magistrados de la Audiencia, entr; ellos el fiscal Don Juan Romero Afpuente, dio lugar a la protesta de éstos, Yª. que el reclutamiento se hacía a expensas de los reclutados, gente humilde que no podían pagar elevadas cantidades. El Duque de la Roca metió en la cárcel a los magistrados, y de aquí se derivó un motín contra el Capitán General y a favor de los magistrados, al que se sumó la nobleza valenciana, lo que obligó a Godoy en 1795 a ordenar la liberación de los tres magistrados, y en definitiva a dar marcha atrás. 14 El miedo a la Revolución francesa, unido a las dificultades econórrúcas de buena parte de la población, explican estos desórdenes. Carácter diferente tiene la conspiración de Juan Picornell, llamada del "Cerrillo de San ~las", que buscaba proclamar la República, según la interpretación tradic10~, o por lo menos una Monarquía Constitucional. Aunque la conspirac,on lleve una fecha concreta, febrero de 1795, venía incubándose de �A. Gil Novales: Revuelta.! y revoluciones en España 136 Siglo XIX tiempo atrás: así lo demuestra el Catecismo político, de 1787, qu~ descubrió Iris M. Zavala. Pero la amplia represión provocada por esta inten14 tona se relaciona naturalmente con el miedo a la Revolución francesa. ª La aparición en Galicia de una burguesía que plenamente podemos llamar feudal, por usar con los campesinos de los peores métodos d~l antiguo orden, explica que en esa región se den motines populares antJburgueses, como los que en 1797 y 1798 a~caron la_ empresa.~e Sargadelos, del famoso Don Antonio Raimundo Ihañez. La mtervenc10n -0e los notables de la comarca en el motín, entre ellos muchos eclesiásticos, confiere a estos sucesos el aspecto de "ensayo general de la guerra civil que apenas treinta años más tarde había de desgarrar el país", se~n h~_puesto luminosamente de relieve María Rosa Saurín de la Iglesia Ihanez no 14 llegó hasta la guerra civil: fue asesinado por sus vasallos en 1809. b Por un problema semejante, pero con otro planteamiento inicial, en diciembre de 1800 estalló en Valencia un motín contra el intendente, el cual tuvo que escapar disfrazado; motín que se reprodujo, y se comunicó a otros puntos además de la capital, con motivo de la ~~lut~ de las llamadas Milicias Provinciales, que violaba un supuesto pnV1leg10 foral, pero que al mismo tiempo atentaba contra el carácter aristoc~tico de~ mand~. En agosto y septiembre de 180leste motín se transformo en una¡acquene campesina, que anuncia ya los intensos m~~miento de ~~~8, en la_ que apareció un cabecilla, persona real, pero rap1damente mitificado baJo el apelativo de Pep de l'Horta. En nombr~ del Rey y a las órdenes de Pep de 15 l'Horta, la revuelta adquirió clara connotación antifeudal. La prepotencia de Godoy y la presión francesa iban muy pronto a conducir a estallidos revolucionarios. En octubre de 1807 la famosa Causa del Escorial -conspiración de Fernando contra su padre Carlos IV- indicaba que incluso en la cúspide monárquica del país la situación se iba deteriorando. Unos meses después, ya con media España ocupada por las tropas de Napoleón, se produjo el_ motín de Aranju~z -17-19 d~ marzo de 1808-- contra Godoy, que obligo a Carlos IV a abdicar._ Se ~ato de un_ motín popular, por el odio al valido todopoderoso, pero mstigado po~ cierto sector aristocrático que políticamente tomaba la forma del partido fernandino. El nombre del Tío Pedro -Conde del Montijo- simboliza bastante bien la conjura para convertir España en dominación directa de la aristocracia, que estará presente en sus actuaciones durante la Guerra de la lndependencia.16 La cual, desde el punto de vista que aquí nos interesa, es ~~a extrao~dinaria concatenación de motines y revueltas. La artera ocupac,on del pa1s por los franceses produce creciente descontento, que sabrán aprovechar para sus fines las fuerLas reaccionarias, que explotarán para ello la fibra de lo 137 patriótico. Pero la Guerra de la Independencia no se reduce a este aspecto, sino que es también una formidable movilización popular, aparte de representar, por la presencia de tres ejércitos en nuestro suelo, una gran destrucción de la riqueza material de España, factor que va a retrasar durante largos aiioR el progreso nacional. IL La insurrección madrileña del Dos de Mayo de 1808 no es meramente una conmoción popular contra el invasor, motivada por la salida de los últimos miembros de la familia real camino de Francia, sino que es, como justamente se ha dicho muchas veces, un símbolo de toda la contienda. Madrid empieza así a mostrar revolucionariamente rango de capital de Es1paña, que sabrá refrendar a lo largo de todo el siglo XIX, hasta 1936. Insurrección seguida de represión -los fusilamientos del 3 de mayo, inmortaizados por Goya- que no hace más que sembrar más indignación, y como retruque, más coraje nacional El pueblo, víctima pero protagonista, ha hecho su aparición en la escena histórica. De repente, todo se precipita en España. Movimientos, motines y proclamaciones de Gijón y Oviedo -5 y 9 de mayo- con evidente emoción antifrancesa, y la aparición de una Junta que envía delegados a Inglaterra a negociar la inversión de las alianzas. La Corufta -29-30 de mayocon formación de Junta, origen de la Suprema de Galicia. Santiago de Compostela, con movimiento de origen popular, pero que termina típicamente con su Junta presidida por el Arzobispo. Santander -27 de mayo-idéntico caso, Badajoz -30 de mayo- asesinato del Capitán General Conde del Fresno. Sevilla -Z? de mayo- con proclamación de la titulada Junta Suprema de Gobierno de España e Indias, con influjo inmediato sobre Córdoba, Jaén y Granada, y con envío también de representantes a Inglaterra. Cádiz -29 de mayo- asesinato del Capitán General Marqués del Socorro, y formación de Junta.Cartagena, lo mismo (el asesinado se llamaba Don Francisco de Borja). En Murcia preside el viejo Conde de Floridablanca La violencia se ceba en Valencia, con la acción del canónigo Baltasar Calvo -asesinato del harón de Alhalat y de 300 franceses. Junta en Palma de Mallorca -30 de mayo- presidida típicamente por el Capitán General. En Lérida -finales de junio- se forma la Junta General del Principado de Cataluña, ya que Barcelona se halla ocupada por los franceses. Juntas en Aragón, con la de Zaragoza el 26 de mayo. Destitución del Capitán General en Canarias, y formación de Junta presidida por el nuevo Capitán General. Sobre el fenómeno que las Juntas representan en el orden militar y político, ya muy estudiado17 -aunque nos falten datos de análisis concreto18- sólo insistiré en el hecho de que en todas ellas el movimiento �A. Gil Novales: Revueltas y revoluciones en ¡.;,paño 139 138 Siglo XIX La pérdida de la libertad fue fácil. Recobrarla no lo será tanto. Aparte popular aparece controlado por las clases superiores, y que el recurso a formar Juntas, típico de todo el siglo XIX, pasará del elemento feudal a la burguesía, y servirá para burlar al pueblo protagonista los efectos buscados con su acción. Pero de momento las Juntas son un poderoso elemento de encauzac miento y movilización controlada del pueblo, y de soberanía desparramada por todo el país. Las necesidades de la guerra, y la conciencia de unidad nacional que se había ido forjando en la centuria anterior, lleva a es-tas Juntas a crear la Central -25 de septiembre de 1808. Esta medida determinó nada menos que la aparición del golpismo militar, que trataba de impedirla, cuando el Capitán General de Castilla y León, Gregorio de la Cuesta, manda detener por subversivos a los delegados de León en la Central. Mejor que ningún comentario, bastará reproducir un pJrrafo de la carta que el también general Castaños le escribe a Cuesta para hacerle desistir de su acción: ....si los generales, a quienes está confiada la fuerza militar para derrotar a nuestros enemigos, se han de hacer independientes y aun superiores a la autoridad civil, procediendo por sí mismos contra las personas en quienes reside, no se diga ya que los objetos para que se arman los pueblos y se crean los ejércitos son la defensa de Fernando VII, la independencia y libertad de España, ni la conservación de las leyes; sino que se trata de establecer una anarquía militar, que desp)lés de derramar torrentes de sangre, nos ha de hacer caer en las manos de nuestros enemigos y nos ha de precipitar en el despotismo y la esclavitud.19 Palabras que el tiempo se encargó de hacer proféticas. No podemos seguir aquí todos los avatares de la Guerra de la Independencia, con la acción de las guerrillas y la reunión de las Cortes de Cádiz, pero naturahnente habremos de tenerlos presentes para entender los acontecimientos posteriores. Las Cortes de Cádiz habían tratado de convertir España en una monarquía constitucional Quedaba la incógnita de cuál sería la actitud de Femando VII, a su vuelta de Valencey, en 1814. La Constitución tenía muchos enemigos que deseaban volver sin más al Antiguo Régimen. Y así el 17 de abril de 1814 el Capitán General Francisco Javier Elío, en Valencia, se pronunció en favor del absolutismo, lo cual, unido al Manifiesto de los Persas - 69 diputados de las Cortes ordinarias que invitaban al rey a lo mismo- permitió a Femando dar el célebre Decreto del 4 de mayo por el que se abolía la Constitución, mientras otro de la misma fecha suprimía la libertad de expresión. El golpe de Estado del Rey fue protegido por las tropas de Samuel Whittingham, general británico al servicio de España. las tropas de Elío y del inglés, el resto de los militares habían estado pasivos, ~niéndose sólo a ohdecer _lo que resultase. Los aflos siguientes c~ianan en gran manera esta actitud. Parece ser que contra el cumplinnento del Decreto se suscitó un motín en el Barrio de Santa María de Cádiz para forzar a la resistencia al gobernador militar de la plaza. La cosa no pasó de intentona, y su principal autor tuvo que refugiarse en Gihraltar.20 ~mediatamente comenzaron las conspiraciones. La primera fue la de Franc1SC0 Espoz y Mina, antiguo guerrillero, que se alzó en Puente la Reina el 25 de septiembre de 1814, pero fracasó ante Pamplona y tuvo que re~arse en Francia. El carácter de Mina antes de esta fecha -se sahe que hab1a ordenado el fusilamiento del libro de la Constitución- y en su actución posterior, arrojan muchas dudas sobre la naturaleza de esta acción. Que Espoz y Mina no era un liberal convencido, su vida lo demostró; pero en 1814, si quería tener éxito, su actuación sólo podía ser liberal. El marquesito Juan Díaz Portier logró fugarse del Castillo de San Antón, en donde e5!aba pres~ po~,liberal, y al f¡-e~te de la guarnición de la Coruña proclamo la Constituc1on el 19 de septiembre de 1815. Sólo en El Ferrol encontró e,co, y en consecuencia, derrotado y juzgado, fue ajusticiado a los pocos d1as. En febrero de 1816 se descubrió la conspiración llamada del ~~ulo, cuyo agente principal era Vicente Ramón llichart, y cuyo propoSJto se dice que era matar al rey. Aparte su índole triangular, poco sabemos de esta conspiración y de sus pretendidas conexiones en las altas esferas, a pesar de haber sido publicada y analizada su causa dos veces.21 Mayor resonancia alcanzó la conspiración tramada por los generales Don Luis Lacy y Don Francisco Milans del Bosch, quienes en abril de 1817 trataron en Barcelona y Gerona de restablecer la Constitución. En este movimiento encon~amos ya una importante participación burguesa. Habiendo fracasado Milans pudo escapar, mientras Lacy era hecho prisionero. Una segunda conspiración, destinada a darle libertad, fracasó también y Lacy fue ajusticiado en el castillo de Bellver, en Mallorca, por orden 'de Castaños cu3?do todo el mundo esperaba el perdón. Castaños ganó así ante sus coetáneos fama de general absolutista amigo de derramar la sangre de sus compañeros de armas. En pocos años, el vencedor de Bailén, el increpante de Cuesta, se había transformado en un servil de nota. En estos años difíciles, los acontecimientos parecían no tolerar medias tintas. Nueva conjuración, la del coronel Vidal en Valencia a comienzos de 1819._ El propio capitán general Elfo apufl.aló a Vidal, que murió á consecuencia de las heridas; sus compañeros fueron ejecutados. Todas estas conjuraciones fueron seguidas de represión, con detenciones en cadena; y sin embargo, como hemos visto, hubo casi una conjuración cada año, mientras �140 SigloXIX la Inquisición, los escándalos gubernativos y la falta de horizontes políticos desprestigiaban al régimen. Este llegó a preocuparse por su propia imagen en Europa, y acaso a esto se debió que cuando se descubre la siguiente conspiración, la llamada del Palmar, 7 de julio de 1819, aunque hubo detenciones, no hubo muertes, y el gobierno mostró una extraña parsimonia. Protagonista de la conjuración del Palmar había sido el cuerpo expedicionario reunido en tomo a Cádiz, para reconquistar Buenos Aires, llave de la América del Sur. Los mismos elementos van a ser los autores de la Revolución de 1820, hasta el punto de que podemos considerar como uno solo a los dos movimientos. Entre las tropas destinadas a Ultramar habían cundido las ideas liberales, en parte como consecuencia de la democratización del ejército operada durante la Guerra de la Independencia: al querer volver el absolutismo al ejército aristocrático del Antiguo Régimen, paralizando la promoción de los oficiales de otra extracción, era lógico que éstos se sintiesen dispuestos a la acción. Además hasta estas tropas llegan las noticias sobre las terribles condiciones de la guerra colonial, y también la propaganda, y a veces el dinero de los gobiernos insurrectos, y en consecuencia surge un sentimiento de solidaridad entre los combatientes por la Libertad a ambas orillas del Atlántico: para Riego y los suyos, la vuelta a la Constitución resolverá los problemas tanto de América como de España. m. De este modo, con el pronunciamiento de Riego el lo. de enero de 1820 en Cabezas de San Juan (Sevilla) empieza el llamado Trienio liberal, y podemos hablar por primera vez acaso de revolución. Pero conviene ver en síntesis el desarrollo de los acontecimientos. El pronunciamiento de Riego, seguido por su famosa marcha por Andalucía, aunque en sí mismo no logró el triunfo, sirvió para que el movimiento repercutiese en otras partes de España: La Coruña, 21 de febrero; Zaragoza, 5 de marzo; Barcelona, 13 de marzo; Pamplona, 11 de marzo; Cartagena y Murcia, Sevilla, Granada, Valladolid y Madrid. En todas estas ciudades actuó el ejército en sentido liberal, o acaso mejor sectores del mismo; hubo también alguna colaboración civil, en ocasiones muy intensa, y en Barcelona se señala la presencia de los gremios. Después de cada pronunci~ento generalmente se forma una Junta. Femando VII se decidió a aceptar la Constitución de Cádiz el 7 de marzo de 1820, pero un motín del día 9 entregó el poder a una Junta Provisional, presidida por el Arzobispo de Toledo, que inmediatamente reclamó para sí la soberanía sobre toda España. Este resultado, triunfo de la Constitución pero con el poder escamoteado a los revolucionarios, se había dado ya en algunas actuaciones locales, Zaragoza, Barcelona, Pamplona, etc., y llega a su madurez el 9 de A. Gil Novales: Revueltas y revoluciones en España 141 marzo con la Junta provisional. ¿Revolución? Sí, en lo formal, porque vuelve a regir la Constitución gaditana, habrá elecciones y Cortes y vida políti~ y esperanza de libertad. Por primera vez el pueblo, todas las clases sociales, empieza a vivir una vida política abierta, y hay lógicos enfrentamientos de intereses contrapuestos, y apasionamiento, escrito y oratorio, por manifestar las opiniones. La Revolución amenaza con extenderse al pueblo, y yo creo que esta amenaza es decisiva porque muchos interpretarán los sucesos nacionales, miméticamente, a la luz de lo sucedido en Francia en su gran revolución. La burguesía nacional, débil y mal cohesionada, puede hacer avanzar en las Cortes su propio programa, dando origen a una legislación que será fundamental para todo el siglo XIX; pero vivirá entre dos temores, el del pueblo y el de la contrarrevolución realista. Desde el punto de vista revolucionario -empleemos ya la expresión: de revolución burguesa- los gobiernos liberales dejan insatisfechos a sus propios seguidores, actúan con recelo y con frecuencia contra el pueblo -el cual está lejos de ser un pueblo unívoco, pues aparte la separación geográfica (tradiciones, cultura)- entre unas regiones y otras- hay una separación fundamental, difícilmente salvable, entre pueblo urbano y campesinado. Todo esto explica la difícil vida política del Trienio liberal, la serie de intentos contrarrevolucionarios y de otro cariz, que aparecen ya en 1820 pero se generalizan en 1821. En 1820 y 1821 aparecen las partidas absolu: tistas, avanzadilla del carlismo -incluso el nombre de Don Carlos como rey de España se propone por primera vez en 1821- expresión de la crisis campesina que la política liberal no sabrá remediar. Al no atreverse la burguesía a acaudillar decididamente al campesinado en la lucha contra el orden feudal, y contentarse de momento con soluciones intermedias sobre. el campesino cae _I? peor de los dos sistemas; que la timidez y falt~ de honzontes en la soluc1on de los problemas de la Hacienda, no hará más que agravar. La Iwesia reaccionaria sabrá aprovecharse de la coyuntura convirtiendo a los campesinos en feotas, o defensores de la fe. ' El pueblo urbano, sobre todo, sinceramente liberal, atemorizado con la posibilidad de la recaída en una situación semejante a la de 1814, reacciona contra las claudicaciones de los e;ohiernos, sobre todo el de 1821 promoviendo unos vastos movimientos de desobediencia cívica, con cen: tro en Cádiz y Sevilla, que afectó junto a estas ciudades a Córdoba, Cuenca, La Coruña, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Cartagena, Murcia, Granada y Badajoz, movimientos populares urbanos, sobre los cuales ya Marx llamó la atención.22 Cuando el movimiento popular decae, a comienzos de 1822, tiene lugar la represión oficialmente orquestada contra los patriotas, preparación a su vez de la gran contrarrevolución de 30 de junio - 7 de julio de 1822; �A. Gil Novales: Revuelta& y revolucione, en &paila 142 143 Siglo XIX adelantada en algunos puntos, como Valencia, por impaciencia, a mayo del mismo año. Este desequilibrio temporal y la ausencia de identidad de miras entre los contrarrevolucionarios, ya que unos querían volver lisa y llanamente al Antiguo Régimen, y otros se contentaban con implantar un régimen de cámarm, explica la derrota de la contrarrevolución, en Madrid, el 7 de julio de 1822. Pero se hace necesario hablar también para entenderla de la movilización liberal de los barrios de la capital, la aparición de las guerrillas urbanas, el No pasarán y el heroísmo innominado -todo tan moderno- de las clases bajas, sin más organización que la Milicia Nacional y el Ayuntamiento -frente al Rey y la familia real, los palaciegos, las tropas de élite Guardias de la Real Persona, el Gobierno, la Iglesia y la inactividad de la Diputación permanente de las Cortes. La victoria popular del 7 <!e julio hizo necesaria la intervención exterior, de la Santa Alianza. Muchos liberales moderados se asustaron de las consecuencias mismas del triunfo del liberalismo, y juzgaron que de Francia -país que en definitiva se regía por una Carta- les vendría la ayuda necesaria para desembarazarse del pueblo, y no la terrible represión que inmediatamente se desató y de la cual, los que no pudieron marchar al exilio, fueron las primeras víctimas. El ajusticiamiento de Riego el 7 de noviembre de 1823 es el mejor símbolo de esta época aciagl!,-23 - IV. Los siguientes diez años del restablecido absolutismo, 1823-1833, se parecen en algún sentido al período anterior 18141820, lo que explica los intentos repetidos de volver por la violencia al régimen liberal. Pero la pasada aceptación de la Constitución por el Rey, el no restablecimiento en esta etapa de la Inquisición y acaso cierta frustración teocrática explican que también los ultrarrealistas fragüen continuas conspiraciones para imponer su programa. Conjuras liberales y conjuras ultrarrealistas se suceden las unas a las otras hasta la muerte del rey en 1833. Acaso la primera es la intentada por el coronel Francisco Valdés que, partiendo de Gibraltar, el 3 de agosto de 1824 se apoderó de Tarifa. Pensaba Valdés llegar hasta la Serranía de Ronda, pero la impaciencia de Cristóbal López Merino, quien al frente de unos paisanos proclamó la Constitución en Jimena, le obligó a acudir a defenderlo: unos días después absolutistas españoles y franceses le derrotaban. Valdés pudo escapar, pero el 24 de agosto fueron fusilados en Algeciras treinta y uno de sus partidarios. Otros, separándose de Valdés, se habían dirigido hacia Almería, siendo también derrotados, con los consiguientes fusilamientos. Uno de ellos, el célebre Pablo Iglesias - no confundirlo con el socialista- fue conducido a Madrid, y ahorcado allí el 25 de agosto de 1825. También en 1824 se descubrió en Cartagena una nueva conspiración, esta vez para favorecer un _d~mbarco de emigrados. Las cosas no quedar~n muy dem~tra~as - ~ bien parece tratarse de una provocación ingeniada por el bngadier• realista Don Francisco Nebot pero los conjurados fueron fusilados. ' En septiembre de 1824, por el contrario se descubre la llamada Conjuración Caro~ o de la Ancora o de la Estr~lla,que trataba de proclamar ~ Carlos V,_ quitan?º a ~ernando VII, por haber indultado S.M. a algunos liber~es (sic), C011Jurac1on que se extiende por la Mancha, acaso Madrid, Arago~ Y on:os puntos, y que debe estar en relación con la de los generales <?-pape y Gnmarest en Zaragoza. (Aunque esta conjuración se llama Carolina, ya en ella consta la palabra carlista, que muy pronto prevalecerá). Para el. siguiente las J ~tas Apostólicas preparaban al parecer una insurrecc1on general, pero solo tuvo lugar la intentona de Bessieres. Fracasado éste ante Sigüenza, el Conde de España lo hizo prisionero el 25 de ~ o de 1825 y lo fusiló al día siguiente, quemando sus papeles, para encubnr acaso más altas responsabilidades. :mº En 1826 aparecía el Manifiesto de la Federación de Realist<u Puros y a la vez el desembarco de los herm·anos Femández Bazán en Guardamar' cerca de Alicante, el 18 de febrero. Perdida la acción de Muchamiel el 22' pocos días después fueron fusilados en Alicante y Orihuela. Los intento~ liberales tienen si_empre este air~ de impreparación, que sólo sirve aparentemente P~. obligar al ~soluhsmo a cubrirse de sangre, y por tanto para ~ desprestigio. A este genero pertenecen también la conspiración descub1~rta, o que se alegó haber descubierto, en Canillas de Aceituno, cerca de Vel~ Málaga -enero de 1827- y la del coronel Don Miguel Nogueras, en S~e~-ª (Huesca) el 2 de mayo de 1827: ambas terminadas en fracaso y e1ecuc10n. 1827 es también la fecha de la llamada Guerra de los Agraviados -els Malcontents- con dos fases: una primera en primavera, superficial porque no fue seguida, pedía Inquisición, aplastamiento de los liberales y cambio de Fernando por Carlos; la segunda, en el verano, con el mism~ programa, excepto en lo relativo al destronamiento de Femando Vll cobró enonne fuerza, con ~iudades importantes como Manresa, Vic, oiot y Cervera en poder de los msurrectos, y con la formación en Manresa de una Junta superior provisional de gobierno. Barcelona misma estaba amenaza~a.Jemando VII aplastó el movimiento, trasladándose él mismo a Cataluna. La muerte de Juan VI de Portugal inau~ra la crisis constitucional <le este país -Don Miguel, reaccionario, contra Doña María de la Gloria, niña de corta edad- despertando las esperanzas de los emigrados españoles, que �144 Siglo XIX en 1827 intentan sin éxito aprovecharse de la coyuntura portuguesa para sus propósitos en España. Todavía mayor esperanza va a despertar la revolución francesa de 1830 y las europeas en general de este año. Para estas fechas ya toda España se había cubierto otra vez de Juntas clandestinas , ' mas o menos _autónomas, en relación siempre y en dependencia muchas veces mal consentida de los emigrados. Pero hay que advertir que revolucionarios del interior y del exterior se hallaban en todo momento con infiltrados absolutistas, que por otra parte dejaban correr rumores falsos, por lo que era muy difícil para aquellos liberales saber quién era amigo y quién enemigo. Así tiene lugar el intento de invasión de España por la frontera de Navarra y Aragón -la expedición de Vera- en 1830. Fracasó, lo mismo que los intentos de Cataluña y Galicia. En febrero de 1831 Torrijos desembarca cerca de Algeciras, teniendo que reembarcar inmediata~ente. Salvador M~anares pagó con su vida un intento semejante el propio año. En combmación con su acción llegó a darse una sublevación en Cádiz, pero fue prontamente traicionada y vencida. Finalmente Torrijos fue atraído a una auténtica emboscada desde Gibraltar a Málaga, y fusilado con sus compañeros sin proceso. . , Todavía en marzo de 1831 un espía denunciaba la llamada conspirac1on de Marco-Artu, eco de las actividades de Espoz y Mina. En 1832 seguían los fusilamientos. Al afio siguiente murió el rey. Asombra en la etapa femándina el número de conjuraciones e intentonas revolucionarias, asombra también la división mortal de los liberales desde el principio has~ el fin, cómo después de cada fracaso -ahogado en sangre- siguen consprrando, para ser delatados una vez más por el supuesto amigo. Esto pare~e demost~ar que el absolutismo se mantiene por inercia, más que por pu1anza propia, pero la forma de hacerse el intento revolucionario a lo largo de tantos años explica que a la muerte de Femando VIl el liberalismo no implique una profunda revolución social25 v. Mientras comienza la primera guerra carlista (1833-1839-40), un nuevo período revolucionario se abre en la España que sigue a la reina niña Isahei y que por comodidad llamaremos liberal. El miedo al carlismo explica muchos de los sucesos de estos años, aunque no lo explica todo. El sistema político llamado del despotismo ilustrado no contenta a nadie, por lo que en abril de 1834 es sustituido por el Estatuto _R~ especie de carta otorgada con dos cámaras. Bajo su vigencia ocunen en España sucesos muy dramáticos, a través de los cuales la burguesía se hace con el poder. La aparición del cólera morbo en Madrid -julio de 183426- hace correr la especie de que los frailes había envenenado las aguas, y de aquí la A. Gil Novales: Revueltas y revoluciones en lispaña 145 matanza de los mismos, típica estampa que todavía será recordada en 1931.27 Digamos de paso que la situación económica de muchos conventos, las deserciones debidas a la guerra y a los pasados disturbios y las matanzas que empiezan en 1834 van a hacer posible la desamortización realidad social antes que legal. Unos días después del degüello de los frai: les se descubre la coaspiración llamada la Isabelina, en la que aparecen comprometidos importantes personajes desde el general Palafox hasta el anciano Romero Alpuente -a éste la prisión le costará la vida- pero en la que no se sabe dónde acaba la verdad y donde empieza la suposición alarmista del Gobierno, acaso para desembarazarse de posibles críticos. J oaquín María López, procurador en las Cortes del Estatuto, se refirió a "esa conspiración, que más bien puede llamarse ridícula farsa".28 Todo había partido al parecer de Eugenio de Aviraneta, fundador de una sociedad secret~ Los guardadores de la inocencia o Isabelinos, cuyos Estatutos 1mpnrruo. De acuerdo con Don Juan Olavarría y con otros liberales, dirigió una Exposición a la reina madre, sugiriéndole la conveniencia de cambiar el Estatuto Real por una Constitución inspirada en el modelo belga de 1830, menos radical que la del 12, pero todavía con disposiciones altamente revolucionarias. ti~ª?,ª En su intención lo que se pedía era perfectamente legal Solamente si la reina se negaba a seguir el consejo se recurriría a la sublevación con transformación del Estamento de procuradores en Asamblea Nacio~al y nombramiento de un gobierno. Después de esta agitación, todo quedó en agua de borrajas. Pero de nuevo la revolución estalló en 1835 y 1836. ~s acontecimientos de 1835 recorren rápidamente toda España, constituyendo la prolongación lógica de los movimientos de desobediencia cívica de 1821. Comienza con la acción del Ayudante Cardero c.:>ntra la Casa de Correos de Madrid, de la que se apodera -18 de enero- y de cuyas resultas muere el general Canterac. Sigue un motín de subsistencia en Huesca, seguido de un alboroto en Málaga por haberse querido prohibir en la ciudad los cantos patrióticos. En abril asesinato de frailes en Zarago~a, y en_ Murcia, y enjulio más asesinatos de religiosos en Zaragoza, bajo la mfluenc1a de la quema de conventos y matanza de frailes de Reus, de donde se corrió a Barcelona -asesinato del general Bassa el 5 de agosto, y quema de conventos. En Barcelona la asonada adquiere un matiz luddita con quema de la fábrica El V apor, lo que asustará a la burguesía. Nuevos desórdenes en Valencia, Murcia y Zaragoza. El Gobierno declara el estado de sitio en Madrid, y ordena la detención de varios procuradores. Entre agostv y septiembre pronunciamiento de Cádiz, Tarifa, Algeciras, Huelva, Málaga, Córdoba, Jaén, Granada, Sevilla, La Coruña y el Ferrol, Murcia, Badajoz y Cáceres, Asturias y Santander. El 14 de septiembre de 1835 la reina llamaba a formar gobierno a Mendizáhal, quien rápidamente fue Jo- �A. Gil Novales: Revueltas y revoluciones en E,paña 146 Siglo XIX grando la pacificación. Sólo en Valencia hubo todavía una nueva conm<r ción contra el jefe político, culpable de tibieza frente a la facción. Más difícil se presentaba aparentemente la situación de Andalucía, en donde las diferentes Juntas habían organizado una Central, llamada de Andújar, por la plaza de su residencia, y un ejército que, al mand~ del Conde de las Navas, se dírigía contra Madrid. Pero la Junta de Andúpr fue un órgano de corta duración -del 2 al 19 de octubre de 1835- tardío -ya que se constituye después del decreto de 28 de septiembre de convocatoria de Cortes, que desarma al movimiento ciudadano, y finalmente entreguista, gracias a una negociación semisecreta en la que intervienen la Junta de Barcelona, interesada en yugular el movimiento andaluz, para concentrarse todos en la lucha contra el carlismo, Mendizábal, Istúriz y por la Junta de Andú_jar, Bartolomé Gutiérrez Acuña y Pedro Antonio de Acuña, además del Conde de las Navas. Intervienen también Argüelles y Alcalá Galiano.29 El movimiento revolucionario resurge en 1836 como consecuencia de que el 15 de mayo María Cristina sustituye a Men~záhal por Fran~isco Javier Istúriz, antiguo exaltado súbitamente convertido al moder~tts~o -al decir de los autores- pero a quien hemos visto en secreta combmac1on con el propio Mendizáhal. Esta vez la insurrección comenzó en Málaga! se corrió a toda Andalucía, siguió luego a Zaragoza y Barcelona, estallo en Madrid el 3 de agosto y culminó en el llamado Motín de los sargentos d~ La Granja, quienes el 13 de agosto obligaron a S.M. a restablecer la Constitución de 1812. Los movimientos de 1836 ofrecen agudas contradicciones, en las que no entraré ahora.3> Baste decir que de ellos salió la convocatoria de Cortes constituyentes, que redactaron la Constitución de 1837; Constitución d~ rivada de un pacto entre progresistas y m~erados, que no r~~oge las asp1raciones populares, y desde el punto de vista de la rev?luc1on burguesa, aunque equivale a la asunción del ~oder por burgues1~, ~o hace renunciando al mismo tiempo la burgues1a a acaudillar el movmuento popular, y tolerando la perduración de muchos eleme~~os del pasado ~e~?al. así esta Constitución pudo presentarse como un hecho de c1V1lizac1on !ª ~'!!1 frente al carlismo.31 Típica del momento político que se vivía en España en vísperas de la promulgación de la Constitución de 1837, fu~ la "soñada conspir~ción de noviembre de 1836", tan parecida a la Isabelina: se habla de reumones de elementos liberales, pero lo efectivo fue la detención de una serie de pr<r hombres que habían manifestado inclinaciones demócratas, como 32 Benito Alejo Gaminde, Lorenzo Calvo de Rozas, José María Orense y otros. 147 .,Ü: lógico pensar_que Larra se suicidase (1837), awique algw10 de los penodicos que mantienen la llama revolucionaria se lo censure 33 Desde 1837 hasta el final de la primera guerra carlista, 1839 en el fren~ vascongad? Y 1840 e~ el_ ~~án, no en~~n~os más movimientos -aparte los carlistas- que md1Sc1p1!11a en el eJ~rc1to, duramente reprimida por Espar• tero, Y la pugna entre este y Narvaez por el dominio militar-y político-en España.34 Los generales Luis Fernández de Córdoba y Narváez trataron. de ponerse en Sevilla al frente de una Junta contrarrevolucionaria, noV1embr~ 1838, pero fracasados tuvieron que salir de España.35 Es interesante, sm embargo, señalar ya en esta época la presencia de intentos revoluci~narios de. tipo republicano, muy mal conocidos, como los de los subternentes Doti y Guisasola en León, enero de 1838: ambos fueron prontamente fusilados.36 En 1840 se produce la llamada revolución de este año triunfo de EsP~_rtero sobr~ María Cristina, con la marcha de ésta a Fran'cia y la exaltac1~n _de aquel a la _8:egencia. Frente a los proyectos retrógrados de María ~nsti_na -le~ m::rnc1~al, etc.- y frente a los hombres del llamado "partido Jove~anísta -nnemhros de la Sociedad jovellánica, continuadora de la del ~~ se levantaron los liberales en septiembre de 1840, y le diero~ la VIctona a Espartero.37 Existe ya en esta época un intenso movimiento p~pular, del mejor estilo zurriaguesco de antaño, que es frenado Y perseguido por el poder oficial, y tampoco prospera un movimiento de Juntas pro~~iales y Junta Central, como el de 1808.38 Pero a pesar de esta, '.11oderac1on del poder, empiezan en seguida la sublevaciones, que la pohtica desacertada del Regente va a intensificar. , Adu~iendo como pretexto que el partido moderado no reconocía mas legalidad que la de María Cristina, se preparó una contrarrevolución para 1841, a cargo de Diego de León y otros en Madrid, Leopoldo O'Donnell en Pamplona, Borso di Canninati en Zaragoza, Narváez en Andalucía, ~ Mont~ ~e Oca en las Provincias Vascongadas. De todos los comprometido~ el ur~co que tuvo cierto éxito fue O'Donnell. Los demás pagaron con 81_1 Vlda el m!ento, excepto Narváez, que no se movió de Gibraltar, es decir, no acudio a sublevar Andalucía.39 . Todo esto repercutió en Barcelona, donde comenzó a derribarse la Cmdadela para evitar que se repitan en la Ciudad Condal las escenas de Pamplona, con un muy notable matiz foralista, contra Felipe V, pero donde come~aron a ser desarmados con cierta alarma estudiantes y jorna1:ros, des~amisados y anarquistas, partidarios todos ellos de Espartero el ano antenor.40 En noviembre de 1842 Barcelona volvió a inflamarse contra el Regen- �148 Siglo XIX te con participación obrera y republicana, y cierto matiz anti-militar41 que derivó en una Junta Popular Directiva, que contó con amplio apoyo social, y que pedía descentralización, proteccionismo y reforma liberal del Estado.42 La torpeza de Espartero consistió en no haber encontrado otra r~ puesta que la de bombardear la ciudad. Se puede decir que éste fue el pnncipio del fin de su Regencia. Al año siguiente, en efecto, moderados y progresistas catalanes ~ unen al movimiento generalizado en toda España contra Espartero, movimiento centralista, es decir, propugnador de una Junta Central a partir de las Provinciales, al estilo de 1808, contra el progresismo anglófilo y centralizador del Regente. Aunque en la España de entonces había una gran variedad de pensamiento político radical -comuneros, isabelinos, federalistas, carhonarios, al decir de Tanski43- bastó la acción solidaria promovida por el Eco del Comercio para defender la libertad de imprenta -25 de octubre de 1843- para congregar en la oposición al gobierno a moderados y progresistas, y a que, mediante la victoria militar de Narváez, oportunamente desembarcado en Valencia, el glorioso movimiento nacio~al de 1843 se transformase en una fecha más de las que marcaron la contrarrevolución en España. A los progresistas, por apocados, se la jugaron los moderados. También es normal en nuestra Historia. En este rápido desarrollo de los acontecimientos Zaragoza, Valencia y Sevilla ocupan, junto a Barcelona, un puesto esencial.44 Espartero perdió la Regencia, y la reina, inconstitucionalmente, fue proclamada mayor de edad. Olózaga tuvo que huir de España. Mientras tanto comenzaban las persecuciones. Doscientos republicanos sevillanos se apoderaron de Morón, pero batidos en Benamejí, fueron pasados por las armas. Lo mismo ocurrió con otros que se alzaron en La Carolina 45 Ya con régimen oficialmente liberal comenzaba la larga queja de los hombres sensibles, de los amantes de la Libertad, como en las mejores épocas absolutistas. La Guardia Civil se creó en 1844. Incluso las exhalaciones inocentemente poéticas se vieron perseguidas.46 Esta política moderada, con exclusión total de los progresistas, determinará el destronamiento de Isabel II en 1868. Pero para llegar a esta fecha en algún sentido grande, todavía habrá que pasar por la revolución de 1854 y los diversos movimientos que la prepararon. Inspirándose en el levantamiento de septiembre de 1840 y contra la ley de Ayuntamientos repuesta inmediatamente por el Gobierno reaccionario, se levantó Don Pantaleón Bonet en Alicante, seguido al poco de la formación de una Junta en Cartagena.47 Pero fueron en seguida desbaratados. Bonet, ex-carlista pasado a t.:sparlero, pagó con su vida48 Esto no es nuevo, pero sí lo fue que el ¡¡;ohierno cobró miedo, veía por todas partes A Gil Nova/e,: Revuelta, y revoluciones en E.paila 149 partidari08 de la Junta Central, y de hecho, aunque no de derecho, pUS8 fuera de 1a ley al partido pro~ista, va que consideraba instigadores de la revolución a Pascual Madoz y a su hermano Femando, Manuel Cortina, Joaquín Garrido, Juan Antonio Garnica, Joaquín María López, M4,rucl Ors y García, Joaquín Verdú y · Pérez, Mamés Benedicto, el Marque.,;¡ de Tabuérniga, Ramón Calatrava, Becerra, Caballero, Velo,. etc_, v al obispo electo de Jaén.49 A todos ellos se les formó proceso, y aunque fueron absueltos, el efecto de considerar provisionalmente delincuente a toda actitud política no moderada se había conseguido. Esto recuerda viejos procedimientos de 1820. Se diría que nada bahía cambiado en España. Sin embargo 1a revolución era necesaria, y la conducta a diario del poder acrecentaba esta necesidad. Así lo comprendió el general Don Martín Zurbano, quien en noviembre de 1844 se pronunció en Nájera en favor de 1a Constitución de- 1837: sólo le siguieron los pueblos de Hecho y Ansó, en el Pirineo aragonés, por lo que fueron todos prontamente vencidos. La ejecución de Zurbano se hizo celebre en los anales de España.50 Esta situación, más 1a aprobación en 1845 de 1a reforma tributaria de Mon, determinó el eatallido de la revolución gallega de 1846, llamada de "los márt:ites del Carral". por el d~o que tuvieron sus protagonistas: ser fusilados en el pueblecito de Carral Iniciada la sublevación en Lugo por el coronel Miguel Solís y Cuetos a los gritos de ¡Viva 1a libertad! ¡Viva la Reina libre y constitucional! ¡Abajo la camarilla y el dictador Narváez! ¡Abajo el sistema tributario!, se pronunciaron sucesivamente las ciudades de Santiago -con 8118 estudiante&- Pontevedra y Vigo, fonnándose una- Junta Suprema del Reino de Galicia. Esta es la primera vez que empiezan a notarse ciertas tendencias galleguistas, ejemplificadas en 1a persona de Antolín Faraldo, director del periódico La revolución. Solís se comportó en su sublevación con una caballerosidad que recuerda 1a de Riego en 1820. El premio ya se ha dicho: sorprende en efecto la vesania con que 108 sublevados de 1843 fusilan a los que contra su violación del derecho se sublevan posteriormente.51 Todavía en esta época se señala la existencia de motines del pan, como el de Sevilla de 6 de mayo de 1847, motfu que dio lugar, como era sólito, a que el jefe político resignase su poder en el capitán general, quien curándose en salud prohibe 1a salida antes de la hora acostumbrada de los ohrl}ros de la fábrica de tabacos.52 También en La Coruña, 20 y 25 de marzo de 1847: oposición al embarque de maíz; Granada, 4 de mayo de 1847, provocado por el precio del pan,53 etc. Esta situación explica la aparición de partidas carlistas, autorizadas a la rebelión por el fracaso, público ya en 1845, de los planes matrimoniales entre Montemolín (Carlos VII) e Isabel II. Las partidas aparecen en Cataluiia (Berga), y por lo menos La Mancha y Andalucía. Fenómeno interesante es la colaboración entre carlistas y repu- �A, Gil Nova/e,: Revueltas y revolucione, en España 150 Siglo XIX blicanos, motivada a mi juicio por la guerra sin cuartel a ~e se entregr ~ fumas del orden, con frecuente utilización de la que mas tarde se amo ley de fugas. Aun así no deja de ser políticam_ente sorprendente la formación de la llamada conspiración cario-republicana en tomo de Cabrera. Aunque Montemolín ya el 12 de septiembre de 1846 dio un _manifiesto en el que dice que los resultados de la acción ~arlista no han sido como se esperaba, y en consecuencia predica concordia entre los españoles, las -de la insurrección la prolongan hasta enlazar con la revolu-_ causas de f ondo l , · dir Esp ción francesa de 1848. La vigilancia de Narváez ogro _unpe en ana una fuerte participación revolucionaria, pero aun as1 hubo conatos e? l Ah d) Madrid y Sevilla, además de Cataluña. MontemohHuesca (Manue ª ' · y final d 1848 nistas hubo también en Navarra y en el País asco, pero a . es ~. · · to está terminando en todas partes. Algunos motines militares el movmuen . d ha un·1cado - Sevilla, diciembre 1848- indican que la inquieto se com 54 también a las fueraas armadas. Lo e en 1848 no pudo lograrse, se realizará unos añ~s después, ya que exiJ: en todo el país una sorda oposición al n:1oderanttsmo; h? u~ erenne actitud de expectativa, que busca el desquite. Conocem~ a eXt&iencia de alguna Junta revolucionaria en, 1853, como l_a de C;~ª, uesta de rogresistas avanzados y democratas repuhlicano8: . ero a ~ !olución v"! a comenzar bajo la fonna clásica de un pronunctam1ento militar, protagonizado por los generales O'D~mnel y Dulce. tm• - 151 hecho decisivo de la revolución hay que ponerlo en Madrid o en provincias.57 Lo que sí es evidente es la continuidad que esta serie de revoluciones tienen con los momentos revolucionarios anteriores del pueblo español. Es el espíritu de 1820 y de J 835-36, y de 1840-1848. Todavía el 7 de julio el ministro de la Guerra, Áuseh10 Blaser, para acabar con el alzamiento, ofrecía el perdón de la Reina a los sublevados. Unos días después el pronunciamiento de la división que mandaba el propio Blaser dio al traste con toda resistencia. Nada indica mejor el ánimo de la insurrección que el siguiente fragmento de carta de la Junta Popular de Gobierno de Pozoblanco: Once años hace que día por día están anhelando los que tienen la honra de componer esta Junta Popular, el triunfo de la libertad, la libertad de la Patria y la reparación de sus inmensas pérdidas desde el año del 43. Once años de esclavitud, de persecuciones, de amargura y conflictos han desaparecido como en fugar meteoro...57a ante el triunfo de Espartero y San Miguel Estos nombres, fantasmas del pasado, como decía Marx,58 eran el producto de la revolución en provincias, especialmente en Aragón, y en Madrid. Interesante tema, que aquí no podemos ni tocar, es ,.J de la conducta ante la revolución de la guardia civil, que sólo contaba diez años de vida.59 Llama la atención, entre los telegramas que envían las Juntas revolucionarias, la mención de que reina la más completa tranquilidad, lo que parece indicar que los elementos de orden dominan y encauzan las fuerzas populares.60 VI. La l'tica de los llamados ministros de Palacio, los proyectos de reví1 ., nstituPº.ci·onal _ 1·nspirados en parte por el éxito de Napoleón ID en s1on co · ·' d las concesiones ferroviarias dieron lugar a una S1tuac1on e ~o1851- Y ·t-'!,.,__º y militares preteridos en las -preferencias lestia de unos cuantos cap1 illll>""' ' _ • ,fl,1. tales· los cuales frente a la persecución de que les hizo oh1eto ¡,,....,emamen , , • a1z 56 l Conde de San Luis buscaron novelescamente el cammo para arsel.d e ah d or tanto una revue ta e En un -primer momento la cosa no pas a e ser, P, 1' 28 d . . d ,rivile .ados. El -pronunciamiento de Leopoldo O Do°:°e. ~ 1umo e 1 gi , 1!- d ""otarse en sí mismo ante la mdiferenc1a general 1854- coma pe~o e...., ' . , d el famoLa conciencia de la situación en que se encontraba le obligo¿ ar. Cá so Manifiesto de Manzanares -6 de julio-, redacta~o por t~?1º novas del Castillo, el futuro cabecilla de la Restauracion. El Manifies~ _con, d aJid~d pública y buen gobierno y el restahlec1ID1ento tema promesas e mor .. , l ., . B de la Milicia Nacional. Por él la revuelta se transfonno_ en r~vo uc1on. arcelon Valencia, San Sebastián, Valladolid y en Madri~ nus_~o tuvo l~ar la cél:,bre revolución de Julio. No voy a enlrar en la discuSion sobre SI el Esto es justamente lo que pasó en Madrid, en donde la revuelta popular dio lugar a la formación de Juntas, como la llamada del Sur, con fuerte acento demócrata: frente a ella la Junta de Salvación, Armamento y Defensa, constituida por San Miguel, no tenía más finalidad que salvar a la Monarquía, evitando los aspectos más peligrosos de la revolución. La solución estaba en Espartero y O'Donnell a la vez. Pero es sintomático que mientras O'Donnel camino de Madrid pregunta por telegrama el 24 de julio si ya ha llegado Espartero, éste informa el 28 desde Guadalajara que viene bastante fatigado, por lo que hasta el día siguiente no saldrá de Alca- lá.61 Así dio comienzo el llamado Bienio progresista, que temina en 1856 con la eliminación de Espartero del Gobierno. Durante este tiempo todavía más abiertamente de como lo hiciera en épocas pasadas, el Trono conspira contra la revolución, se convocan unas Cortes constituyentes, redactoras de una Constitución que no llegará a regir, se promulga una nueva ley �A. Gil Noooles: Revue/uu y reoolucionu en E,palla 152 Siglo XIX desamortizadora, que dará lugar a conflictos con la Iglesia, se asiste a una 62 nueva rebelión carlista y hay una intensa agitación popular. Los problemas sociales dieron lugar en Barcelona a una gran actividad luddita, contra las selfactina.s, a su prohibición y reposición alternativa por la autoridad, al comienzo de una gran represión en la que se fusiló al líder obrero Josep Barceló, y finalmente en julio de 1855, siempre en Barcelona, al desencadenamiento de la primera huelga general de España.63 Las ideas socialistas utópicas cundían por el país. En 1856 la situación social, incluso campesina, se agravó. Sequía y escasez dieron lugar a motines del hambre, pronto reprimidos. En este ambiente de "peligro rojo", un tanto exagerado, se produjo la sustitución de Espartero por O'Donnell, es decir la contrarrevolución, frente a la cual la resistencia que opusieron las clases populares en el mismo Madrid fue notable -Sixto Cámara se encontraba allí-.Hubo también alguna resistencia en Galicia, y sobre todo en Andalucía, y una vez más en Barcelona, en donde 64 la situación llegó a ser muy seria, y otras ciudades de Cataluña. La represión fue durísima.615 Todavía intentó Sixto Cámara, escapado de Madrid, la resistencia en Málaga, en noviembre de 1856, con Romualdo de Lafuente, Bernardo García y otros, y en Zaragoza, mediante la creación en abril de 1857 de la Junta Nacional Revolucionaria, en cuyo manifiesto dice no querer abandonar al pueblo a la funesta dominación de los once años; a aquella dominación que por abajo difundía el terror y la míseria y por arriba se fonnulaba en escándalos y orgías.Ei6 La citada Junta de Zaragoza formaba parte, probablemente, de la Nueva Carbonaria, vasta conspiración revolucionaria dirigida desde Portugal por Eladio Manuel Guerra, quien suele firmar "Yo soy el que soy", y Sixto Cámara, aunque éste no parece haber llevado los hilos de la trama. De marzo a mayo de 1857 se extiende esta conspiración demócrata, con aspectos muy arcaicos - la traducción como arma de lucha de un libro B<r bre Paralelo entre Jesucristo y los Papas, por ejemplo- con voluntad de extemúnio de toda la familia real española y de todas las autoridades de Madrid, pero también dando entrada en la conspiración a las organizaciones obreras, de hiladores y tejedores -al hablar de ellos, sin embargo, se piensa en la Inglaterra de Carlos 1- y lo mismo que en las vísperas de 1848 se acepta la colaboración, como hermanos, de republicanos y carlistas. La finalidad es la liberación del pueblo y la regeneración de toda la humanidad. En muchas cartas se repite la hase de que "la justicia nacional castigará a todos los traidores, a todos los tiranos del pueblo, a todos los opresores de la humanidad". 153 Se fijó el día de la ruptura en el 10 de mayo de 1857, pero como todos los documentos ultrasecretos -ingenuidad de los revoluóonarioshabían caído en manos del Gobierno, fue fácil desbaratarla. El resultado fue un centenar de fusilamientos y un millar de deportaciones.67 Yo no sé si en este cómputo ehtra la represión de las gavillas aparecidas en Andalucía en el verano de 1857. Como decía un jefe de la Guardia Civil de Sevilla, "el partido republicano es aquí socialista". Circulan proclamas impresas sobre la Milicia (Nacional), sobre libertad de imprenta. Se temen los ataques a la propiedad en la fonna de incendios y robos. De hecho a finales de junio de 1857 apareció en Utrera, Pruna, Arahal, Paradas, etc., una facción de 120 o 150 hombres, capitaneados por D. Manuel Caro, comandante expulsado del ejército por la reacción de 184.5, partida que difunde el grito de "Viva la República, mueran las quintas y los consumos". Típico del movimiento es que a él se sumaron los obreros del ferrocarril y los segadores de Puente Genil. Después se dijo que el motín de Arahal era comunista. La represión fue feroz. El ejército les pemiguió y derrotó, e incluso en algún comunicado oficial se habla de que los habitantes de los pueblos colaboraron a la derrota de los revolucionarios; pero habría que saber de qué clase de habitantes se trata. Los principales jefes, Manuel Caro, Gabriel Lallave, Rafael Latorre, fueron inmediatamente fuailados, lo mismo que Antonio Romero, alias "el Buñolero", y otros muchos. Las ejecuciones se sucedieron desde el 8 de julio hasta el 15, en cuya fecha se dio la orden de que siga en sus tareas la Comisión militar, pero que no se mate a nadie antes de consultar con S.M., por si tiene a bien ejercer la regia prerrogativa. A esta orden tardía se había llegado como consecuencia de las peticiones de indulto de Sevilla, del 13 de julio de 1857, que todavía hoy nos impresionan: imploran misericordia el pueblo sevillano (95 páginas de firmas), la Asociación de Beneficencia Domiciliaria de la capital -vicepresidenta, la Marquesa Viuda de la Motilla; secretaria general, la Marquesa del Moscoso- y el propio Ayuntamiento de Sevilla. Además de las ejecuciones, hay que contar las deportaciones, muchos enviados al Penal de Ceuta y al correccional de Badajoz "a fin de alejarlos del trato y relaciones que pudieran tener con sus respectivas familias" (sic). A algunos, como al capitán general de Andalucía Atanasio Aleson, no les parece esto suficiente. Aleson solicita del Gobierno que, después de que se haya cumplido la ley en todo su rigor, se le permita mandar al servicio de las armas en Ultramar a los jóvenes de los pueblos que hubiese simpatizado con la rebelión. El Gobierno lo pensó acaso mejor y sustituyó a Aleson por Manuel Lassala y Solera, quien el 19 de julio dio un manifiesto en el que decía que el ejército ha sido, y será, "la tahla salvadora del trono, de las �154 SigloXIX instituciones y del orden", y anunciando tamhiin que a partir de ese día cesan las penas de muerte.li8 En mano y abril de 1860 tuvo lugar una intentona carlista, con el coronel Jaime Ortega en San Carlos de la Rápita. Fácilmente vencido, Ortega fue ajusticiado, mientras el pretendiente Montemotín huía en tartana.69 Con las insurrecciones andaluzas de 1857 hemos enoontrado ya las famosas agitaciones de la región. Clásica fue la acaudillada en 1861 por Rafael Pérez del Alamo, el albéitar de Loja, quien había montado una conjus ra con ramificaciones en varios pueblos, Alhama, Loja, Antequera, Mollina, lznájar y otros; pero la acción se precipitó por un decreto judicial de prisión contra Pérez del Alamo, al que respondió el 28 de junio poniéndose a la cabeza de 600 hombres, luego aumentados a varios miles con los que t°" mó la villa de Iznájar y a continuación Loja, al grito de "Viva la Repúhlica y muera la Reina". En Loja se hizo fuerte, y resistió el asedio hasta el 4 de julio, en cuya fecha salieron de la ciudad en todo orden, dispersándose y poniéndose otra vez a trabajar en el campo. La ideología de Pérez del Alamo es republicana y anticlerical, con fuerte acento social, aunque no sea del todo exacto llamarle socialista. Todo lo más se ha visto alguna diferencia entre la actitud del líder y la de la masa que le sigue, -ésta más radical acaso en todo. La represión no fue tan sangrienta como en 1857. Pero el susto, incluso entre los progresistas, n,.e enorme: Olózaga, en un famoso discurso del propio año 1861, no dudaba del carácter socialista de los sucesos de Loja, y lo que es peor, le parecía que toda Espafia lo era, hasta hacerle temblar: incluso a la sopa de los conventos la reputaba propagadora del socialismo.70 También en Aragón en 1861 se persigue a los carbonarios, sin que podamos precisar la exactitud de la acusación.71 El susto no logró, sin embargo, la reconciliación de los partidos pr°" gresista y demócrata con la Monarquía. Isabel II corría hacia su destronamiento. En 1863 se produce el retraimiento de los progresistas, y la inútil apelación -aún es tiempo, Señora- de Carlos Rubio.72 El general Prim, cuya historia no era precisamente la de un enamorado de la libertad, se distanció también de la Corona y pasó al extranjero, dispuesto a conspirar, tras haber brindado en Oviedo por la Virgen, por Don Pelayo y por el general Riego.73 Los afios siguientes son, en gran parte, los de sus intentos revolucionarios, que culminarán en septiembre de 1868. - VIL En 1864, puesto al habla Prim con los demócratas, pudo formarse un directorio revolucionario y dos juntas, una progresista y otra demócrata. A. Gil Novales: Revueltas y revoluciones en España 155 Se trabaja activamente en lograr adhesiones militares, puesto que en los planes de Prim y sus amigos el ejército lo era todo. La conspiración penetró profundamente en los medios militares, pero no se encontraba nadie que se atreviera a ser el primero, el tiempo pasaba entre la impaciencia de los conjurados. Aiií s~ llegó a la intentona del 6 de junio de 1864, que fue un fr~ caso, y despues a la del 5 de agosto del mismo afio, que fracasó también... antes de nacer.74 Las dificultades en que se hallaba el Tesoro decidieron a Isabel II a autorizar la venta de una parte del Patrimonio Real, _750/o para la nación, 250/o para su presupuesto particular, lo que fue muy elogiado por toda la pr_ensa moderada. Emilio Castelar replicó con su artículo "El rasgo", publicado en La Democracia, en el que satirizaba la supuesta generosidad de la reina Narváez exigió al Rector de la Universidad de Madrid que lo expulsase de la cátedra, el Rector se negó, los estudiantes se manifestaron, la Guardia Civil ocupó la Universidad: en la noche de San Danie~ 10 de abril de 1865, hubo nueve estudiantes muertos y más de cien heridos.75 Más gravedad todavía revistieron los sucesos de 1866: sublevación en Aranjuez y Ücaña de los regimientos de caballería de Bailén y Ocaña, 3 de enero de 1866, que se pusieron a las órdenes de Prim, sublevaciones militares también en Avila y en Tarragona y en Béjar, aparición de una partida en Alhama de Aragón. El 22 de junio tuvo lugar el acontecimiento más duradero por su fama posterior: la insurrección de los sargentos de artillería del cuartel de San Gil, sin sus jefes y oficiales, pero a las órdenes del general Pierrad. Esta sublevación fue seguida el 23 d~ intentos en Cataluña, pero como el resto del país no se sublevó a la vez -cosa frecuente en los pr°" nunciamientos- los sargentos fueron vencidos, y lo mismo Milans del Bosch y sus amigos catalanes, que encontraron en Francia su salvación. Durísima represión se ejerció sobre los sargentos.76 Ya era imposible aguantar por más tiempo a Isabel II. Los preparativos se hacían febrilmente, la conspiración crecía. Una entrada por tierras de ~uesca en 1867 no dio todavía el resultado apetecido.71 Al final, en septiembre de 1868, la escuadra fondeada en Cádiz, de acuerdo con los militares y con los partidos, dio el grito de insurrección, que rápidamente fue secundado en todo el país por las Juntas clandestinas o que inmediat~ mente se fundaron. . De manera que la revolución de 1868, la gloriosa revolución de septiembre, fue un pronunciamiento militar de acuerdo con hombres civiles, inmediatamente secundado por el pueblo. La narración de lo sucedido en numerosos puntos de España adquiere tintes inconfundihlemente dem°" cráticos. Pero nunca se mezclaron ambos elementos, el militar y el dem°" �A. Gil Novales: Revueltas y revolucione, en E,paiia 157 156 Siglo XIX crático. Las Juntas provinciales querían repetir el programa de 1808, tan buscado a lo largo del siglo XIX, pei:o Prim impuso su criterio: Monarquía, aun con otra dinastía, sometimiento de las Juntas y de los Voluntarios de la Libertad, control del Ejecutivo. El instrumento para burlar la revolución popular fue la Junta revolucionaria de Madrid, quien ahusando de sus poderes, reconoció al Gobierno provisional, es decir a Prim y a los generales.78 No es de este lugar detallar las diferentes candidaturas al trono. Sí, en cambio, decir que el desencanto popular produjo los alzamientos republicanos de 1869, a cuya represión se aplicó el ejército.79 Como en ningún momento en el curso del llamado Sexenio (1868-1874) hubo una profunda reforma de la Hacienda, la contrarrevolución vendrá por sí sola, por agotamiento y conspiración, y los mismos hombres de la situación de 1868, con muy pocas excepciones, se incorporarán a la contrarrevolución borbónica. tividad, y aunque tendrá momentos de euforia, el pasado le pesa y siempre la recaída es más dolorosa. Por lo menos la conflictividad nacional ha contribuido a desenmascarar a las fuerzas de la reacción, que ya no podrán abroquelarse en palabras cándidas y generosas. Y otra consecuencia importante: a lo largo del siglo XIX, cualquiera que sean las ideologías proclamadas, la actitud, sincera o calculista, del revolucionario es lo esencial, pues en esa centuria se irá dando un cambio paulatino de fuenas que pasarán de la revolución clásica decimonónica a la reacción ya en términos del siglo XX. Esta inserción de ex-izquierdismo en las sucesivas reacciones, y no sólo las actitudes políticas, sino las fuenas sociales representadas, contribuirá de manera eminente a la fuerza del franquismo, el fenómeno social y político más importante de nuestra época en Espaiia. Pero desarrollar este tema no cabe en los límites del presente trabajo. NOTAS Antes de llegar a este resultado, las Cortes han aprobado la Constitución de 1869, la más avanzada del país, que vuelve a enlazar con la de 1812, y se ha proclamado rey de España a Amadeo I de Sahoya, y por abdicación de éste en 1873 las dos cámaras reunidas han proclamado la Primera República. No faltaron los conflictos: guerra de liberación en Cuba, nueva guerra carlista en el Norte, insúrrección cantonal por impaciencia de los federales y de sus aliados los internacionalistas, pues de 1868 las doctrinas de Bakunin, difundidas por Giuseppe Fanell~ se han adueñado de gran parte del proletariado español. Hay falta de entendimiento entre los republicanos antiguos y los nuevos, los ex-radicales que habían sido partidarios de Amadeo. Prohombres radicales, como Martos, intentan repetidas veces el golpe de Estado. Frente a la triple subversión, carlista, cubana y cantonal, los gobernantes de la República, no obstante con frecuencia su altura moral, no encuentran más solución que el restablecimiento de la disciplina en el ejército puesto en manos de generales monárquicos y contrarrevolucionarios. El golpe de Estado del general Pavía, que disuelve manumilitari las Cortes, es la consecuencia de esta política. La Restauración no se hace esperar: el 29 de diciembre de 1874el general Martínez Campos, a! frente de la brigada Dahán, proclamaba a Alfonso XII en Sagunto.00 No termina con ello la historia revolucionaria de España. El siglo siguiente se iba a revelar igualmente conflictivo e igualmente insatisfactorio. España en este lapso se ha transformado: va siendo cada vez más un país burgués, con resabios arcaicos y gran dependencia del exterior. El pueblo, mientras tanto, ha buscado su liberación con una tesonera acome- l. Cf. Manfred Kossok, "Comuneros und Gennanfas. Spanien an der Schwelle der frühbürgerlichen Revolution", Zeit,chrift for Guchichte, Heft 1, 1979, pp. 46-65. 2. Cf. ~erre Vilar, "El 'motín de Esquilache' y las crisis del Antiguo Régimen", Revista de Occidente, 107, febrero de 1972. 3. Vilar, ob. cit., y Gonzalo Anes, "Antecedentes próximos del motín contra ~ quilache", Moneda y Crédito, U8, maIZo de 1974, pp. 219-224. 4. Cf. Vicente Rodríguez Casado, "La 'revolución burguesa' del XVIIl españof', Arbor 61, enero de 1951; y Laura Rodríguez Díaz, "The Spanisb Riots of 1766", Panand Pruent 59, mayo 1973, pp. 117-146. 5. Cf. Giovanni Stiffoni, "Diplomazia ed 'opinione pubblica' vene-ziane di fronte ad una crisi dell'assolutismo rifonnatore: le rivolte di Madrid e provincie del 1766" NU-OVa Rivista Storica, V-VI, 1982, pp. 511-546. ' 6. Remito a Alberto Gil Novales, Política y Sociedad, en Manuel Tuñón de Lara (dir.), Hutoria de E,paila VII, Centralúmo, Ilustración y agoniá del Antiguo Rigimen (1715-1833), Barcelona, Labor, 1980, 221-227 (en adelante Centralismo). 7. Cf. Marcelin Défoumeaux, Pablo de Olavide ou l'Afrancuado París, PUF 1959· y del mismo: "Régalisme et lnquisition: une campagne co~tre Campo~anes"' Me'lange, a la mémoire de I ean Sarraiih, París, lnstitut d'Etudes Hispaniques: 1966, l, pp. 299-310. 8. Cf. Franco Venturi, Settecento riformatore. IV. La caduta de0'Antico &gime q;;i-::.89), Tomo I, I grandi stati dell'Occidente, Turin, Einaudi, 1984, p. �A. Gil Novales: Revueltas y revoluciones en España 158 Siglo XIX 9. Cf. Memorial-ajustado hecho de orden del Consejo-Pleno, a instancia de los Señores FÍ8Cale&, del e:rpediente consultivo vilto por remisión de Su Mag. a él. sobre el contenido, y e:rpresiones de diferentes Cartas del Rev. Obispo de Cuenca D. Isidro de Carbajal y Lancaster. Con licencia Barcelona, Thomas Piferrer, 1768. El ejemplar de mi propiedad lleva al fmal una nota ms., en la que se da cuenta de la muerte del obispo en 1771, y se ponderan sus virtudes ejemplares, modelo para prelados y sacerdotes. 10. Cf. Alberto Gil Novales, ob. cit., pp. 251-252. 11. Cf. ob. cit., en n. ant., pp. 254-256. 12. Ecija, Imp. de D. Benito Daza, 1794. Palau registra otras eds. de 1794, 1795, 1813, 1814, 1815, 1840 y 1895. 13. Cf. Irene Castells, "Els rebomboris del pa de 1789 a Barcelona", Recerques I, 1970, pp. 51-82. 13a. Cf. Juan Manuel Bedoya: Retrato histórico del Emmo. Excmo. e Rmo. Señor Don Pedro de Quevedo y Quintana, Madrid, Imp. que fue de Fuentenebro, 1835. 14. Cf. Manuel Aidit Lucas, Revolución liberal y revuelta campesina, Barcelona, Arle), 1977, pp. 96-98; y mi Introducción a Juan Romero Alpuente, Hiltoria de la revolución espaflola (en prensa). 14a. Cf. Iris M. Zavala: "Picomell y la revolución de San Blas: 1795", Historia Ibérica, 1, 1973, 35-58; la misma: "Cabarrús y Picornell: un documento desconocido", Cuadernos hispanoamericanos, ·Junio 1969, 774-782; M.ª Jesús Aguirrezábal y José Luis Comellas: "La Conspiración de Picomell", Revista de Historia Contemponinea, Sevilla, 1, diciembre de 1982. 7-39; Giovanni Stíffoni: "Dal 'Motín' contro Esquilache al 'Motín' di Aranjuez: la transformazione di un modello nella crisi dell' Antico Regime in Spagna", Annali di Ca' Foscari, XXI, 1-2, 1982, 200-204. 14b. Cf. María Rosa Saurín de la Iglesia: Reforma y reacción en la Galicia del siglo XVffl (1764-1798), La Coruña, "La Voz de Galicia", 1983, pp. 135-165. 15. Cf. Ardit Lucas, ob. cit., pp. 9!Hl9. 16. Cf. A. Gil Novales, Centralismo, pp. 262-263, y Claude Morange: "El Conde del Montijo durante la Guerra de la Independencia Apuntes para su biografía", Trienio 2, de noviembre de 1983, pp. 3-40; del mismo, "El Conde del Montijo. Reflexiones en tomo al 'partido' aristocrático de 1794 a 1814" Trienio 4 de noviembre de 1984, pp. 13-67. ' ' ' 17. Cf. Jean-René Aymes, La Guerre d'lndépendance E,pagnole, París, Bordas, 1973, pp. 72-74; Alberto Gil Novales, "El problema de la revolución en el lfüeralismo español (1808--1868)", Estudios de Historia socia~ 22-23, julio-diciembre de 1982, pp. 12 y ss; del mismo Centralismo, 270. 18. Cf. Antonio Moliner Prada, &tructura, funcionamiento y terminologú, de la, Juntas suprema, provincialu en la guerro contra Napoleón. Los casos de Mallorca, Cataluña, A1turias y León, tesis doctoral inédita leída en la Universidad Autónoma de Barcelona en 1981. 159 19. Cf. Impugnación que hacen lo, individuos que compusieron la Suprema Junta Central al Manifiesto del Capitán General Don Gregario de la Cuesta, Cádiz, Imp. del Estado-Mayor-General, 1812, p. 6. de los Documento, puestos a modo de Apéndice. La carta de Castaños está fechada en Madrid a 18 de septiembre de 1808. 20. Cf. Alberto Gil Novales, Las Sociedade, patrióticas, Madrid, Tecnos, 1975, p. 803 (entrada Diego Correa, quien habría sido el dirigente del motín). En adelante, Soc. Patr. 21. Cf. "Causa contra D. Vicente Ramón Richart, D. Baltasar Gutiérrez, D. Ramón Calatrava, D. Juan Antonio Yandiola, D. Simón la Plaza y otros, formada en 1816 sobre conspiración contra la persona del Rey", en Colección de la, causas más célebres e interesantes de lo, mejores modelo, de alegatos, actuacione, frscales, interrogatorios y la, más elocuentes de/ensa, en lo civil y criminal del foro espaiio~ francés e inglés por una Sociedad de Jurisconsultos. Parte española. Madrid, Libr. de D. Leocadio López, 1863, VIII, pp. 77-291; y Ma. Pilar Ramos Rodríguez, La conspiración del triángulo, Univ. de Sevilla, 1970. a 22. Cf. Karl Marx, "La intervenció Espanya", presentado por Jaume Torras, Recerques, 6, Barcelona, 1976, pp. 7-11 (fragmento de un texto de 1864, incorporado en alemán a las Marx Engel, Werke, Berlín, 1970). 23. Cf. para toda la época mis libros Céntrafümo, cit.; Soc. Patr.; y El Trienio libera~ Madrid, Siglo XXI, 1980. 24. Cf. Jaime Torras Elías, La guerra de los Agraviados, Univ. de Barcelona, 1967. 25. et sobre las conspiraciones de este periodo mis artículos "La contrarrevolución femandina (1814-1820 y 1823-1833)", Hiltoria 16, extra 111, junio de 1977, pp. 7-26, y "Repercusiones españolas de la Revolución de 1830'', Anales de Literatura española, Universidad de Alicante, n. 0 2, 1983, pp. 281-328. Cf. también Irene Castells Oliván, "Torrijos y Málaga",]ábega, Málaga, 1982 El contexto europeo en Clive H. Church: Europe in 1830, London, Geo¡ge Allen & Unwin, 1983. Del mismo: "Success and failure in 1830", Trienio, 2, de noviembre de 1983, pp. 41-72. 26. Cf. Francisco Javier Puerto y Carlos San Juan, " La epidemia de cólera en 1834 en Madrid", Estudios de Historia Socia4 15, octubre-diciembre de 1980, pp. 9-63. 27. Cf. Roberto Castrovido, La quema de conventos, en José M.a de la Chica, Cómo se incendiaron los conventos de Madrid, Madrid, Edit. Castro, s. a. (1931), pp. '.Vi. 28. Cf. Diario de la, sesiones de Cortes, No. 32, 6 de septiembre de 1834, p. 199. 29. Cf. mi art. " El movimiento juntero de 1835 en Andalucía", Cuaderno, de F11ología, Universidad de Valencia, III, 3, 1983, pp. 85-118. 30. CT. mi art. "El problema de la revolución en el h"beralismo español (1808-1868), Estudios de Hiltoria Socia~ 22-23, julio-diciembre 1982, pp. 7-22. �A. Gil Novales: Revueltiu y revoluciones en Lpaña 160 SigloXIX 31. Cf. el cap. V. "Liberalism and Carlisrn" de Raymond Can, Spain 1808-1939, Oxford, Clarendon Press, 1966. 32. Cf. El Duende liberal, Madrid, No. 82, 19 de noviembre de 1836, y números siguientes hasta el 232, 13 de mayo de 1837. Y El Matamoscas, Madrid, cit. en nota siguiente. 33. Cf. mi art, "Prensa satírica de la época de Larra: El Mawmos00$", en Albert Dérozier (ed.), Revisión de Larra, París, Les Belles Lettres, 1983, pp. 133-140. 34. Cf. Luis Bordas, Historia de la revolución y guerra civil de España, Barcelona, Imp. Hispana, 1847, p. 302 y ss..Ramón María Narváe.z, Manifiesto del Mamcal de Campo• .. en contutación a las acU11aciones del Capitán General Conde de Luchana, Madrid, Imp. Comp. Tipográfica, 1839. 35. Cf. Exposición de lo, sucesos de Sevilla en el mes de noviembre de 1838, Sevilla, Imp. de D. J. H. Dávila, 1839. 36. Cf. Fray Gerundio, León, 4.0 Trimestre, 1838, pp. 72-94. 37. Cf. Reselfa histórica del glorioso alz-amiento de 1840, Madrid, Imp. de Vicente de Lalama, 1840. 38. Cf. Enrique Rodríguez Solís, Historia del partido republicano españo~ Madrid, Imp. de Fernando Cano y Domingo del Val, 1892-93, II, pp. 376-77; J. A. González Casanova, Federalume i autonomía a Catalunya, Barcelona, Curial, 1974. 39. Cf. Carlos Navarro y Rodrigo, O'Dormel y su tiempo, Madrid, Imp. de la Biblioteca Universal Económica, 1869, pp. 53-55. 40. Cf. Manifiesto de la Milicia Nacional armada de Barcelona. Barcelona, Imp. delConstitucional, 1841. 41. Cf. Manuel J. Risques, "La insurrecció de Barcelona pel novembre de 1842. La seva dinámica sociar', Recerqu1!4, 10, 1980, pp. 93-112. 42. Cf. González Casanova, ob. cit., 43. Cf. J. Tanoo, L'Espagne en 1843 et 1844, París, A René, 1844. 44. Cf. Joaquín María López, Exposición razonada de los principales ,ucesos polí- ticos que tuvieron lugar en España durante el Ministerio del 9 de mayo de 1843, ª y después en el Gobierno provisiona~ Madrid, José M. Canalejas, s. a. Rayrnond Carr, Spain 1808-1939, Oxford at the Clarendon Press, 1966, pp. 224-27. José Amador de los Ríos, Alzamiento y defensa de Sevilla, Sevilla, Alvarez y Cia, 1843. 45. Cf. Mario Méndez Bejarano: Idealismo jurídico-político e historia interna de la Revolución de Septiembre de 1868, Madrid, Real Acad. de Jurisprudencia y Legislación, 19192, p. 10. 46. Cf. José Ordás y Avecilla, Defensa verbal que el abogado. .. pronunció en el Jurado celebrado el veinte y seis de junio del presente año, para calificar el folleto titulado Proscriptos y encarcelados, en Causas, cit., VI, pp. 345-37 6 (el 161 folleto comprendía los siguientes canw,: La noche,. de José Ferrer; La expatriación, de Julián Santín Quevedo; Recuerdo, de la Patria, de Amires Avelino Benítez; La libertad perdida, de Alfonso García Tejero; La esperanza, de Luis Díaz y Montes; Al 101 de la libertad, de Bmulio Antón Ramírez). 47. Cf. Evaristo Escalera y Manuel González Llana, La España del Siglo XIX, Madrid, J. J. Marfínez, 1865, III, pp. 370-372. 48. Cf. Tansk~ ob. cit. 49. Cf. Causa criminal. • .contra. • •D. Joaquín MarÚJ López y D. Manuel Cortina y lo, leiiore, D. Pascual Madoz, D. Juan Antonio Gamica, D. Miguel On y García, D. Joaqu{n Garrido, D. Joaquín Verdú y Pérez y D. Mamé, Benedicto por,ospechas de complicidad en el alzamiento de la ciudad de Alicante verificada en 28 de enero de 1844, en Caiuos, VII, 1863, pp. 5- 222. 50. Cf.. Eduardo Chao, Historia de la vida militar y política de Martín Zurbano, Madrid, Est. li-tip. de P. Madoz y L Sagasti, 1846. Femando Garrido, Historia del reinado del último Borbón de Lpaña, Barcelona, S. Manero, 1868-69, 11, pp. 604-606. 51. Cf. Francisco Tettamancy Gastón, La revolución gallega de 1846, La Coruña, Imp. y Fotograbado de Ferrer, 19092. 52. Cf. Diario de Sevilla de Comercio, Arte, y Literatura, 8 de mayo de 1847. 53. Cf. Archivo Militar General de Segovia, Sección 2.0 , Div. 4.0 , Leg. 197. 54. Id. id., leg. 196. Cf. también Teatro de la guerra: Cabrera, los montemolinistas y ;epublicano, en Cataluña, Madrid, B. González, 1849, y Joan Carnps i Giró, La guerra deis matiner, i el catalanilme polític (1846-1849), Barcelona, Curial, 1978. 55. Cf. Francisco Rispa y Perpiña, Cincuenta allos de conspirador, Barcelona, Librería Villela, 1932, pp. 7-8. 56. Cf. V.G. Kiernan, The Revolution of 1854 in Spani,h History, Oxford, At the Clarendon Ptess, 1966. Angel Fernández de los Ríos, Estudio histórico de las luchas política, en la España del ,iglo XIX, Madrid, English y Gras, 1880, 2. a ed., II,p. 331 yss. 57. Cf. Mari.e-Claude Lecuyer, "Los pronunciamientos de 1854", Estudio, de Hiswria Socia4 18-19, julio-diciembre, 1981; id.: "La formación de las Juntas en la revolución de 1854", id., pp. 22-23, julio-diciembre de 1982. José Ramón Urquijo y Goitía, La revolución de 1854 en Madrid, Madrid, CSIC, 1984. 57a. Archivo General Militar de Segovia, Sección 2.ª, Leg. 198. En adelante AGM Segovia. 58. Cf. Karl Matx-Friedrich Engels, Revolución en E,paña, Caracu-Barcelona, Ariel, 1960 (trad. de Manuel Entenza), p. 37, en donde la frase "ilusiones del pasado" se aplica a Espartero. �A. Gil Novales: Revueltas y revolucione, en Espaifa 163 162 SigloXIX 59. Siempre al servicio del Gobierno, según Alfredo Pisso, La Guardia Civil y su tiempo, Barcelona, s. a., I, p. 80. 60. Así p. ej. ta Junta de Cádiz comunica su instalación el 22 de julio en los siguientes ténninos: "Cádiz se ha adherido al alzamiento nacional Se ha constituído una Junta. Ningún servicio público se ha interrumpido, y continúa reinando la más completa tranquilidad" (AGM, Sección 2.ª, Leg. 198 ; estos legajos han sido trasladados al Servicio histórico militar de Madrid, conservando las signaturas de Segovia). 61. Cf. AGM Segovia, Leg. 198. 62. Cf. Kieman, ób cit. Antonio Ignacio Cervera, La voluntad nacional Como el pueblo espera que la interpreten la& Corte, Constituyentes, Madrid, Imp. de Tomás Núñez Amor, 1854 (reproducido por Antonio Elorza en Estudios de Historia Socia4 10-11, julio-diciembre 1979, pp. 432-444). 63. Cf. Josep Beneti Casimir Mart4 Barcelona a mitjan segle XIX. El movimiento obrer durant el bieniprogre,mta (1854-1856), Barcelona, Curial, 1976, dos vols. 64. Cf. Ramón Garrabou, "Un testimonio de la crisis de subsistencia de 1856-57: el expediente de la Dirección General de Comercio", Agricultura y Sociedad, 14, enero-marzo 1980. Benet i Mart4 ob. cit.; Kieman, ob. cit.. 65. Cf. Alberto Columbrí, Memorias de un presidiario político (1857), Barcelona, lmp. Española de l. López, 1864. Rafael Pérez del Alamo: Apunte, sobre dos revolucione, andaluzas.. Introducción de Antoruo María Calero, Madrid Zero 1971, p. 51 (desarme de la MN de Loja, la patria de Narváez y de Pé~ez dei AJamo). 66. Cf. Sixto Cámara, La Junta Nacional Revolucionaria al Pueblo, Zaragoza y abril de 1857 (hoja suelta, sin pie de imprenta, existente en la BN de París, Oc 1323); Fernando Garrido, "Sixto Cámara", Obras escogidas, Barcelona, Salvador Manero 1859, I, pp. 389-420. 67. Cf. Pedro de Répide, "Un conspirador de ayer", en Los e,pejos de Clío Madrid, Edit. América, s. a., pp. 107-152. Y AGM de Segovia (ahora en Madrid) Leg. 175. Pierre de Luz, Isabel JI reina de España, Barcelona, Juventud, 1937'. p. 202. 68. Cf. Manuel LassaJa. Habitante, del Distrito Militar de Andalucía, Sevilla 19, de julio de 1857 (bando impreso, en leg. 175 AGM Segovia). Maximiano García Venero, Historia de la& Internacionales en España, Madrid, Eds. del Movimiento, 1956, I, pp. 51-52. 69. Cf. Miguel Villalba Hervás, Recuerdos de cinco lustros,1843-1868 Madrid La Guirnalda 1896, p. 197 ss. ' ' 70. Cf. Juan Díaz del Moral, Historia de la& agitaciones campesinas andaluzas - Córdoba, Madrid, Alianza Edit., 1973, pp. 78-81. Rafael Pérez del Alamo, ob. cit.; El discurso de Olózaga en La Iberia, Suplemento 19 de diciembre de 1861. A. Gil Novales, "Las contradicciones de la revolución burguesa española", Coloquio Internacional de Lcipzing, noviembre de 1983 (en prensa). 71. Cf. (Eduardo Ruiz Pons), Historia de la causa formada en Zaragoza el año de 1861 contra el Ex-constituyente. •• y consorte&. .•, Porto, Typographia de D. Antonio Moldes, 1864, pp. 19, 44, 132 y 135. 72. Cf. Carlos Rubio, "Reverente carta que dirige a S. M. la Reina Da. Isabel If', La Iberia, 12 de diciembre de 1863. 73. Cf. Rafael Olivar Bertrand, Prim, Madrid, Tebas, 1975. p. 385. 74. Cf. Rispa y Perpiña, ob. cit., p. 61 ss. 75. Cf. F. G. Bruguera, Histoire contemporaine d'&pf18ne,1789-1950, París. Ophrys, 1953, pp. 246-247. Andrés Sánchez del Real, Emilio Gaste/ar, Barcelona, Manero, 1873, pp. 128-136. 76. Cf. Pérez del Alarno, ob. cit., pp. 94-98. Enrique Rodríguez Solís. Memorias, Madrid, Plutarco, 1931, pp. 35-43. Es muy curiosa la novela de Vicente Mor~ no de la Tejera, La sangre de un héroe, Madrid, Robles y cía., s. a., que trae al final la lista de todos los fusilados. 77. Cf. Juan Massanet y Ochando, Memoria sobre los sucesos de Aragón en agosto de 1867. Madrid, Imp. de Tejado, 1868. Eugenio García Ruiz La Revolución en España, París, Ch. Lahure, Octubre de 1867. ' 78. Cf. Manuel Ibo Alfaro, Historia de la interinidad e,paflola, 2 vols., Madrid. Alvarez, 1871 y 1876. Felipe Ducazcal, "Memorias de un empresario", Heraldo de Madrid, de 4, 8, 12, 22 y 28 de noviembre y de 4 y 17 de diciembre de 1890. Mario Méndez Bejarano, Idealismo jur{dico-político e historia interna de la Revolución de Septiembre de 1868, Madrid, Real Acad. de Jurisprudencia y Legislación, 1919 (l. a ed. 1889). MM. de Lara, El cronista de la revolución espafiola de 1868, Barcelona, Celestino Verdaguer, 1869. Alberto Gil Novales, La Revolución de 1868 en el Alto Aragón, Zaragoza, Guara, 1980. 79. Cf. Romualdo Lafuente, Málaga y sus opresores; relato verídico de los últimos suce,os de Málaga, Orán, 1869. Amalio Gimeno y Cabañas: El partido republicano de Valencia ante la Historia, Valencia, 1870. 80. Cf. Francisco Pi Y Margall Y Francisco Pi y Arsuaga, Historia de España en el ,iglo XIX, Barcelona, Miguel Segu4 1902. t. V.; C.A.M. Hennessy La República federal_ en EsJJ'!fa, Madrid, Aguilar, 1966. Nelly Clémessy, L'Espagne de la Restaurafion, Pans, Bordas, 1973. Earl R. Beck, A Time of Triumph and of Sorrow. Spanish Política during the reign of Alfonso XII. Southern Illinois Univ. Press 1979. A. Houghton, Les origines de la Restauration de, Bourbons en Espagne, París, Pion, 1890. Manuel Espadas Burgos, Alfonso XII y los orígenes de la Rutm,ración, Madrid, CSIC, 1975. �Colonialismo y absolutismo español: el contrapunto balear del Dieciocho Lluís Roura i Aulinas* l. El proceso de implantación de las monarquías absolutas europeas viene a ser un "tour de force" permanente desde la Baja Edad Media hasta el final del Antiguo Régimen. Aque1 viene dado por la resistencia que ofrecen la infinidad de poderes que, bajo una gran diversidad de formas, se resisten a desapareer o a modificarse. Se trata del peso del "privilegio" -estamental, local, territorial, dinástico...- en la sociedad feudal. En el caso español, cuya monarquía deriva hacia la formación de un imperio, la fragilidad de su carácter absolutista se patentiza especialmente en la resistencia a la unión por parte de algunas de las coronas y territorios que la configuran (unión tardía, por ejemplo, de la Corona de Aragón -cuya oposición no será superada con éxito prácticamente hasta finales del siglo XVII-; o el abierto enfrentamiento de los Países Bajos - verdadera gangrena del principal requisito en la estabilidad del poder absoluto: la salud de sus finanzas--). En este marco, la organización del poder y la administración de los territorios del "Nuevo Mundo" - en los que se impone tabla rasa del elemento indígena- aparece, teórica y formalmente, como tierra propicia para el establecimiento del ideal absolutista de la corona. Virreinatos, gobernaciones, capitanías, corregimientos, audiencias... una estructura que aspira a garantizar la vinculación directa al ejercicio del poder real. No parece exagerado decir que se pretendía establecer una "Castilla ideal" en las Américas - al menos a efectos de la monarquía- . Su fracaso, al que tanto contribuyó la lejanía de los nuevos territorios, pero sobretodo su subordinación a las urgencias de Castilla y la Corona, no obs- *Facultad de Letras, Universidad Autónoma de Barcelona �166 Siglo XIX ta para poner de manifiesto aquellas pretensiones ni para reconocer la voluntad de la monarquía de estructurar un nuevo modelo de Estado. El cambio dinástico en el siglo XVIII no supuso un viraje sustancial respecto de los planteamientos de los Austrias españoles: ni en cuanto a las colonias (se aspira a mayor eficacia en la satisfacción de un móvil incuestionable: la apropiación de riquezas), ni mucho menos respecto de la aspiración de culminar el estado absolutista en España. La consolidación en el trono de Felipe V, tras la Guerra de Sucesión (1700-1714), va a permitir a este monarca ampliar las parcelas del absolutismo especialmente sobre aquellos territorios, peninsulares e insulares, que aparecían derrotados (fundamentalmente los de la Corona de Aragón). La reestructuración formal del poder y la administración supondrá, en primer lugar, un barrido de las instituciones -consideradas puntales de la resistencia secular-. No es de extrañar que luego, en lo que se supone la nueva planta institucional-absolutista, se tienda al modelo que se tiene a mano: aquel que se había establecido en las colonias y en el cual se seguía confiando. Que su planteamiento responde a la aspiración de racionalidad absolutista, lo ratifica la reestructuración de la fiscalidad que acompaña a la nueva planta administrativa. 11 En este marco, pues, creo que es útil, tanto epistemológica como metodológicamente, llamar la atención sobre el paralelismo y las divergencias que se dan entre las realidades coloniales y la balear, en el marco del establecimiento de una misma monarquía absoluta. Resulta difícil considerar meras coincidencias a determinados rasgos paralelos, así como aceptar que obedecen a factores que no tengan en común más que la mera formalidad. Por lo que se refiere a los dominios de la Corona de Aragón, se ha insistido mucho, tradicionalmente, en el cambio que supuso la implantación de los decretos de Nueva Planta. Por ellos se suprimían, en el caso de Baleares (25 de noviemhre de 1715), sus instituciones propias y multiseculares ( el Gran i General Consell, los Jurats de Palma y del Reino, las Univer• sitats. .. ). En su lugar se establecían la Audiencia, la Capitan(a Genera~ los Regidores municipales, el Intendente. .., todos ellos dependientes, en última instancia, del Consejo de Castilla. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la situación bajo el reinado de los Austrias estaba lejos de ser tan halagüeña como supone la historiografía romántica. Como ya hemos indicado, más bien hay que considerar qu los decretos de Nueva Planta imponían, con la facilidád de la victoria militar, lo que también había sido una vieja aspiración austriacista, y resolvían una dinámica de poderes enfrentados que venía siendo característica L. Roura i Aulinas: Colonialismo y abaolutúmo espaliol 167 de los tiempos modernos, desde sus inicios. Para los territ~~os peninsulares el planteamiento borbónico suponía ~le~er una pohtica claramente centralizadora. Sin embargo, para los te~t?nos de fuera d~ la Península, y éste es el caso de las Baleares, aquella P?htica se decantaria -dados los condicionamientos del momento, por eJemplo en algo tan elemental como las comunicaciones- hacia un carácter ~u~h~ más propio al de su área de procedencia, institucionalizando una dinánuca de dependencia equiparable a la que es propia de las relaciones entre colonia y metrópoli. Mallorca había tenido hasta el siglo XVIII una situación que derivaba de una dependencia institucionalizada de hase feudal, respecto de la Penín. sula -fundamentalmente respecto del Principado de Cataluña-· situación establecida, fund~en~en~e, soh_re la hase de las rentas ~arias, por ~~e de una !!'an divel'Sldad Jerarqmzada de señores e instituciones. En el siglo XVIII, sm embargo, se da el paso a una situación en la que la dependencia _respecto de la Península -ahora fundamentalmente Castilla- se ª?°Yara en un esquema que podemos denominar de tipo colonial-absolu~ La fal~ de conci~~cia de esta situación en la sociedad balear no desVll'tú~ esta mterpretac1on. Como se sabe, el mismo fenómeno colonial amencano nunca fue planteado y reconocido como tal por la monarquía esp~ola, y hasta el siglo XVID tampoco parece que lo reconocieran O explicitaran así aquellos pueblos. Sin embargo, no creo que pueda aplicarse de manera genuina el esquema colonial a_las ~as Baleares. Entre otras razones porque no representan un ce~tro de mteres ~ara la explotación colonial No hay bienes de los que aprop~ (en cu:i!quier caso la confiscación de las salinas de Ibiza confirma la mterpretac10n que estamos dando)·, su "micultura es defic1·tan·a,yel . ~-comerci? ~e se es~erza_ en resurgir no atrae más que a ciertos sectores de las r~op1as islas. El mteres estratégico -tanto a efectos económicos como ~hticos- P:U-ece ser, pu~, una de las razones de mayor peso en el empeno metropolitano -especialmente tras la situación internacional estahlecid? en Utrech~-:· No debe extrañar, pues, que se procure el control y dominio con e~ m1rumo cost~. Por ello, a nivel ~terno, la sociedad mallorquina va a funcronar y evolucionar -tanto economica como socialmente- b · e~emalas " autar'qwcos • " . Es d ecir: · los propios de una sociedad agraria traªJº dicion ABí pues, el paso a una forma de dependencia colonial-absolutista en l~ ~al~es -que se pone de manifiesto tanto en la dinámica política y admmIStra~a com? ~n las reformas tributarias y en el control sobre sus in~rcamhios econonncos, aunque tímidos-, va acompañado de la ersistencia de formas de dependencia de tipo "feudal", que siune ~ , d . . "b- n enratZan ose en la estructura tradicional de la sociedad isleña. �168 SigloXIX En esta situación, a lo largo del siglo XVID cristaliz~n o cobr:irán impulso en Mallorca una serie de elementos y comportamientos sociales y económicos que difícilmente pueden hacemos ol~dar los que s_e d_an en gran parte de los ámbitos coloniales de la monarqu1a españo!~ Si ~1en su razón de ser depende de una compleja red de factores, tamhien ,está claro que resulta enormemente facilitada por una estructura que hahta establecido el marco propicio para ello. Por un lado es evidente la importancia de las .clases urbanas como grupo dirigente. Fundamentalmente propietarios, administrad?res, "hidalgos" ("ciutadans", en el caso de Palma), grandes arrendatarios y comerciantes. Por otra parte la venalidad de títulos y/o cargos se presenta como un medio eficaz para el rápido acceso a aquella categoría social, por parte de los sectores que se encuentran en una situación de expansión económica - tal es el caso, en Mallorca, de los más activos arrendatarios-. En tercer lugar, la aristocracia terrateniente aparece como un pro~ gonista indiscutible, detentando el poder. Mientras la estructura colonial permanece estable, ello se traduce ~n u~ declarado colaboracio~o. Las modificaciones en el poder la llevaran, sm embargo, a las contranedades de la adaptación: ya sea jugando un papel fundamental en el surgimiento del criollismo (caso americano), ya sea sorteando las d~cultad~ de su P~ºf': siva pérdida de protagonismo con escaramuzas de diversa mdole -dinásticas, funcionariales, caciquiles. ..- (caso mallorquín). . Los grupos sociales inmediatamente inferiores (pequeños comerciantes, artesanos. .. ) aparecen claramente subordinados. Pero la existe~cia de sectores extraordinariamente oprimidos y/o marginados (indígenas, 'esclavos) estimula actitudes de superioridad y confoanismo que obstaculizan la toma de conciencia de su propia situación real. En este sentido no debe subestimarse, para el caso mallorquín, la importancia social y de mentalidad que supone la permanente marginación y desprecio de que son objeto los "xuetes" (familias con los apellidos que se consideran exclusivos de los descendientes de judeoconversos). El eslabón social inferior se caracteriza, en fin, por la gran importancia de mano de obra en claras condiciones de sobreexplotación Gornaleros, esclavos). . Por último, no podemos dejar de señalar la trascendencia, tanto cuantitativa como de prestigio, que caracteriza a los sectores "pasivos" en la sociedad colonial (clero, funcionariado y ejérc~, princip~ente). Así como 1;10 debemos dejar de recordar la trascendencia de la venalidad, la corrupción, el agiotismo... como principales ejes de la movilidad social La constatación del paralelismo que acabamos de reseguir nos advierte al mismo tiempo de la fragilidad de los esquemas y periodizaciones " clási- L. Roura i AulinM: Colonialumo y ab.alummo espaflQI 169 cas" aplicadas de forma genérica a las sociedades europeas. Ciertamente~ en nuestr-0 caso, conceptos como "Antiguo Régimen" o "Revolución Burguesa" son definidores d~ fenómenos COD$tatahle11 en la sociedad mallorquina, pero no puede olvidarse hasta qué punto vendrán condicionados por la dialéctica que se mantiene en una situación de duplicidad de poderes (195 que se hasan en las rel~ciopes internas de la isla, y aquéllos que se derivan d~ la v.inculació.n al poder y a las estructuras del Estado). Así se comprend~, por ejemplo, que los cambios de la sociedad del Antiguo Régimen no lleguen a ser, en un determinado contexto, más que fonnales, y que no comporten n~amente su propia superación en coincidencia con las transformaciones que tienen lugar en la Península. - IlI. La situación de los territorio.e coloniales en el siglo XVIIl, y su vinculación a la metrópoli, se encontraba, sin embargo, muy distante de los esquemas en los que se movía la situación balear. Sería absurdo fonar el paralelismo. Pero, así como los factores concordantes pueden ayudarnos a dar luz sobre ambas sociedades, los elementos y dinámicas discordantes pueden semos, por lo menos, tan útiles como los primeros. Tal puede ser el caso de poner en consideración tres factores decisivos en la última etapa colonial, que no sólo no coinciden sino que se contraponen· a la trayectoria balear -a pesar de que "a priori" se habría podido presumir un cierto paralelismo-. Me refiero a la aparición e importancia del criollismo, a la difusión e influencia de los planteanúentos ílustrado$-liberales, y a la consecución de la independencia. Un mismo contexto de crisis -el de la Guerra de la Independencia en España- va a facilitar la culminación de resultados contrapuestos. Aunque sin reduccionisrnos, hay que considerar lógico que la fuerza del criollismo, apoyado en el racionalismo ilustrado-liberal, desemboque en la independencia. De la misma manera, pues, la ausencia del primero y el peso de la Reacción actuarán como elementos multiplicadores del integracionismo, v como lastre frente a cualquier asomo de despe~e. Este último es el caso que registramos en la situación balear. El contexto excepcional que se configura en los años de la Guerra de la Independencia española resulta, en este marco, muy clarificador de la dinámica que subyacía a la estructura colonial-absolutista. De 1808 a 1814 las Baleares se mantendrán a salvo de la presencia napoleónica en España. La distancia de la Península convierte a Mallorca en un resguardo seguro para los sectores privilegiados. Estos van a ser los primeros eu emigrar a una isla que llegaría a acoger cerca de unas 20.000 personas a lo largo de seis años -la mayor parte de las cuales en condiciones mucho menos favorables de las que gozaron las jerarquías eclesiásticas, los �L. Roura i Aulina,: C.OloniaJumo y abiolutumo e,palfol 170 Siglo XIX grandes comerciantes o las dignidades llegadas en los primeros momentos-. Mallorca se convierte así_ en un lugar de refugio y "privilegio"; aunque estas mismas condiciones desembocarán en el carácter limitado de ambas. Todo ello en una inevitable situación de provisionalidad. Pero no sólo la llegada de refugiados va a sacudir a la sociedad mallorquina: la culminación de los principios liberales, en Cádiz, y la vinculación a las necesidades de sostén de la guerra van a sumarse y entrelazarse con lo primero. Se pondrá de manifiesto, en estos aílos, la debilidad del sistema demográfico en Mallorca, así como las limitaciones de un abastecimiento endémicamente precario y de una economía de subsistencia cuyas consecuencias pueden llegar a ser trágicas. En este conte¡cto, la estructura de dominación colonial-absolutista estimulará una respuesta institucional propia de los intereses de aquéllos sectores sociales que la detentan. La urgencia en los problemas de abastos, los imperativos de la guerra y los apasionamientos ideológicos proporcionarán argumentos más que suficientes para una actuación que interesa, fundamentalmente, por motivos difícilmente explicitados. As~ en la tan frecuentemente proclamada identificación a la causa nacional-patriótica, subyace el recurso de los poderes locales a lo que se adivina como garantía de su status político y del afianzamiento de su peso social La coyuntura permite, precisamente, a estos sectores, ver potenciado su distanciamiento de privilegio respécto del resto de la población -tanto autóctona, como inmigrada-. Lo viene a corroborar el peso del carácter formal en la identificación con la causa patriótica, frente a una realidad bastante menos generosa -como lo demuestran los balances de su contribución económica y militar-. También así se comprende mejor la trascendencia que en definitiva adquirirá el debate ideológico -que no debe verse tan sólo como el eco de una problemática exógena. Y conviene no olvidar que el protagonismo en el debate ideológico registrado estos años en Mallorca será, a fin de cuentas, de la Reacción, tanto por la jerarquía de sus defensores, como por la cantidad y características de sus medios de actuación. De esta manera tenemos, por una parte, junto a la intrascendencia real de la Ilustración, el peso del bloqueo que la Reacción establece en el momento decisivo del liberalismo gaditano. Y, por otro lado, la falta de conciencia de la situación de dependencia que establecía la estructura colonial-absolutista. Con razón no hallamos, pues, el menor asomo de criollismo (*). La falta de verdaderos motivos que pudieran hacer sentir el peso No hay que olvidar dos puntales básicos en el criollismo americano: el propio carácter de la emigración ttansoceánica, y el comportamiento de la nobleza local Si no hace falta indicar la ausencia del primero, en Mallorca, tampoco se puede olvidar el carácter acomodaticio de la nobleza mallorquina en momentos clave para {*) ella, como lo fue el siglo XVIIL 171 de la explotación metropolitana debe entenderse como elemento fundamental de la "docilidad" de los terratenientes y comerciantes de la isla, así como de una fácil canalización del malestar social. ,La r~taur~~ión absolutista de 1814 -y, claro está, de 1823- reafirmara el uunovilismo y la dependencia. Ambos factores, tanto a nivel estructural como mental, van a perdurar en las islas a lo largo del siglo XIX. Y, probablement~, h~ta el momento en que la penetración de la banca, las modernas comumcaciones y las nuevas fuentes de ingresos requerirán unas formas de dependencia mucho más ágiles y eficaces, hasta desembocar en una perfecta integración. ~n cualquier caso, los afios de la Guerra de la Independencia pueden ser VIStos como la c~nstatación de ~a imposibilidad de dar un viraje a unas formas ~e de~ndencia que, establecidas en el siglo XVIII, van a verse claramente distancllldas del proceso que van a seguir los genuinos territorios coloniales de la monarquía espafiola. No creo que pueda hablarse, para Mallorca, de los aílos de la Guerra de 1~ Independencia, como de una "ocasión perdida". Sería no haber entendido nada del dieciocho balear y español. Sin embargo considero que estos ~os d~ el marchamo de la irreversibilidad al integracionisrno que había ido culmmando a lo largo del setecieRtos. IV. Como balance, en fin, el ensayo comparativo que hemos venido realizando nos lleva a constatar cómo la estructuración e institucionalización del poder monárquico, que facilita una estratificación social determinada queda en segundo lugar frente a los intereses de las mismas clases social~ a 1~ que ha contribuido a _consolidar. Creo que la divergencia en la trayectona de estos sectores sociales en el marco de una .c,isma monarquía, tal como lo consta~os. en la_ confrontación de los ámbitos colonial y balear, puede haber contnhu1do a ilustrarlo satisfactoriamente. NOTA BIBLIOGRAFICA El lecto~ puede encontrar bibliografía complementaria sobre los aspectos tratados en este articulo en las obras que recogemos en esta breve nota, todas ellas dotadas de amplias referencias bibliográficas. ~~r _lo que se refiere al contexto global de la monarquía española en el siglo XVIII e llll:1?s del XIX, puede verse el volumen VII de la Hútoria de E&paña dirigida por M. Tuñon de Laza: ~entralúm?, flu&iración y agonía del Antiguo Régimen (1715-1833), obra de E. Femandez d_e ~~º• A Novales y A Derozier (Barcelona, 1980, ed. Labor). Respect? a la sit~ac10n eco~nuca ~e España es fundamental la obra que r~ coge las aportaciones recientes de diversos historiadores, La economía e,pail-Ola al¡;. ?il. �172 Siglo XIX LA REVOLUCION DE 1820 nal del Antiguo Régimen (4 volúmenes coordinados por G. Anes, J. Fontana, P. Notas para el estudio del liberalismo portugués y de su correlación peninsular Tedde y M. Artola; Madrid 1982, ed. Alianza-Banco de España). Un abanico de temas que interesan directamente el marco tratado en nuestro artículo, puede hallarse en A. Gil Novales (ed.): Homenaje a Noel Solomon. Jhutración upaflola e independencia de América (Barcelona, 1979, ed. Universidad Autónoma de Barcelona). Sobre el período de la guerra de la Independencia española, véase la síntesis -ya merecidamente clásica- de J. R. Aymes: La Gue"a de la Independencia en E1pafla {1808-1814) (Madrid 1974, ed. Siglo XX[). Puede enmarcarse en el conjunto de la problemática de la crisis del Antiguo Régimen en España con la útil guía para este período de J. Fontana: La crim del Antiguo régimen, 1808-1833, (Barcelona, 1979, ed. Crítica). Respecto a la situación específica de las Islas Baleares y de Mallorca, me remito fundamentahnente a mi trabajo L'Antic R¾im a Mallorca. Aba,t de la commoció dela any, 1808-1814 (Pahna de Mallorca, 1985, ed. Dirección General de Cultura del Gobierno Balear). Sobre los aspectos socio-económicos del ámbito interno de Mallorca, véase L Moll-J.Suau: "Senyors i pagesos a Mallorca (1718-1860/70)" en &tudú d'Hiatoria Agraria 2 (1979), pp. 94-170 (Barcelona, ed. Curial). Para un esbozo en torno a la nobleza mallorquina en el siglo XVIU puede verse A. Le Senne-P. Montaner: "Introducción al estudio de 'Ses Nou Cases"', en Bolletí de la Societat Arqueoqica LuUiana, 35 (1977), 385-394 (Palma de Mallorca). Por lo que se refiere al ámbito de las colonias americanas, me remito a alguna de las excelentes visiones generales que existen, como pueden ser las obras de R. Konetzke (América Latina. La época colonia~ Madrid 1971, ed. Siglo XX[); G. Cespedes del Castillo (América Húpana, 1492-1898, Barcelona, 1983, ed. Labor); o la síntesis que, de la mano de diversos especialistas, ofrecen los volúmenes XX y XXI de la Hi,toria Univer,al Salvat (Barcelona, 1984, ed. Salvat). Me pennito recordar, sin embargo, re9pecto a la problemática tratada, obras como &tructura ,ocial de la colonia. En,ayo de Hútoria de América Latina, de S. Bagú (Buenos Aires, 1952); Spanuh .Colonial Adminútrotion (1782-1810). The intendant 8)'lfem in the oiceroyalty of the Río de la Plata. (Londres 1958); y La, revolucione, hi,panoamericana&, 1808-1826 (Barcelona, 1976, ed. Ariel) de J. Lynch. Isabel Nobre Vargues* - Son por demás conocidos los reflejos de la Revolución Francesa de 1789 en la Península. Y también es un lugar común afirmar que contribuyó en gran parte a la liquidación del Antiguo Regimen, tanto en Portugal como en España. Además de esto, hay que tener presente que en ambos países, antes del 89 y merced a coyunturas y realidades muy específicas, estaban en cul'SO mutaciones sociales que concurrirían con la influencia ideológica revolucionaria en· la explosión liberal de principios del siglo XIX. Nuestro propósito será intentar mostrar, a través de ejemplos extraídos del momento político y de la opinión pública, cómo el proceso liberal portugués se puede correlacionar directa y principalmente con el español, sobre todo cuando la revolución liberal que ocurre en la Península solo puede/debe ser comprendida en toda su extensión y complejidad si analizamos en conjunto los dos estados ibéricos. Esto es, teniendo siempre presente su situación política, diplomática y militar, la situación socio-económica y la cultural. No podemos ignorar que además de las relaciones familiares de sus monarquías hay otro tipo de problemas comunes en el siglo XIX, como por ejemplo el de la cuestión colonial o el que resulta de su situación de países "satélites" de Francia o de Inglaterra. l. Entre la e1ite intelectual y política portuguesa se preparaba hacía ya algún tiempo el universo mental que contribuyó a la transformación social. Los acontecimientos se suceden vertiginosamente en respuesta a esa nece*Universidad de Coimbra, Portugal. Traducción de Leticia Gámez. �L Nobre Vargues: La Revolución de 1820 en Portugal 174 Siglo XIX sidad: las invasiones napoleónicas acentúan la situación caótica en que el país estaba sumido desde 1801. La condición de colonia en que Portugal se encontraba con relación a Brasil, el malestar sentido en el cuerpo militar, sobre todo con la falta de pago y con el comando entregado a los ingleses (Beresford era simultáneamente, jefe político y militar), una situación económica deficitaria en la que particularmente la agricultura denotaba una necesidad urgente de transformación, la crítica y propuesta de reforma dirigidas por los emigrados portugueses en sus periódicos publicados en Londres y en París (entre ellos se destaca O Campeao Portugués, redactado en Londres por José Liberato F. de Carvalho), son algunos de los factores que explican uno de los momentos más significativos de la revolución liberal que ocurre en Portugal: merced no solo de esa especificidad, sino también del "fermento" revolucionario que estaba a la orden del día en Europa. Desde principios del siglo XIX circulan en Portugal escritos revolucionarios así como las obras de los Enciclopedistas y Filósofos, y esto a pesar de su prohibición. Con las invasiones, el flujo político y cultural francés se intensifica. Surge un nuevo elemento en la sociedad portuguesa: el grupo de los "afrancesados" que luego, en 1810, será perseguido. Algo se iba transformando. A pesar que la Revolución de 1820 tuvo fundamentos propios, resultado de una coyuntura interna de crisis en varios niveles, no le fue extraña una afinidad ideológica y política con el modelo inglés ( que no analizamos aqm), con el francés y, aún, con el español. Se sabe que la formación de los hombres que promovieron la revolución liberal en Portugal se bahía hecho, en gran parte, bajo el acervo mental que originó el 89. A ese propósito recordemos la definición de la Revolución veintista practicada por Alexandre Herculano, en moldes aparentemente ingenuos pero no por eso menos reveladores: Fue un fuego cruzado de banquetes, procesiones, cohetes, discursos arcos de triunfo, revistas, Te Deum, elecciones, artículos de periódicos y cañonazos. Cada día traía su fiesta nueva, la gente se desenfrenaba. Era una lluvia fuerte de himnos, sonetos, canciones, cortes de ropas, formas de zapatos liberales. Las logias masónicas se multiplicaban. . . Las Cortes fueron convocadas. Se hizo una Constitución más o menos republicana pero perfectamente inaplicable en el país. Se repitió palabra por palabra, traducidos al portugués, los discursos más destacados del Choix des Rapports o las páginas más excéntricas de Rousseau y de Bentham; lo que se hacía con la probidad literaria más escrupulosa con respecto a las ideas omitiéndose solamente el nombre de los autores. El pueblo se sorprendía 175 de encontrarse tan grande, tan libre, tan rico en derecho teórico, porque en lo que respecta a la realidad. ... eran muy pocas las cosas que permanecían las mismas*. Uno de los miembros de las Cortes veintistas, Xavier de Aráujo, decía también en 1846, analizando la acción de sus compañeros diputados: Había una predilección ciega y fanática en algunos por las doctrinas francesas de 1789... Si hay abusos se debe examinar primero si al extirparlos se hará mayor daño a ese cuerpo que se pretende mejorar... no se hizo esto en 1821 y fueron las teorías' bebidas en el Choix des Rapports que nos llevaron más allá de lo justo (Revela9oes e Memórias para a história da revolu9ao de 24 de Agosto de 1820 e de 15 de Setembro do mesmo ano, por..., Lisboa, T. Rollandiana, 1846). - I I. Veamos el momento político. En 1820 y en vísperas del pronunciamiento militar de Porto se notan en Portugal (y también en el extra~jero) síntomas de efervescencia de la opinión pública, acentuándose cada vez más las manifestaciones de descontento y deseo de cambio bajo la influencia directa del país vecino. En su análisis sobre la revolución espafiola M. de Pradt, arzobispo de Malines, sugiere que una de las consecuencias que los sucesos de España pueden tener es su influencia directa en Portugal: en ese sentido acumula varios ejemplos que lo comprueban. También Lesseps, el encargado de negocios de Francia en Portugal, lo refiere en oficio del 27 de marzo de 1820: Los espíritus fermentan en Portugal bajo la influencia de los acontecimientos de España, se habla más libremente que nunca, se pide a voces un cambio próximo, pero Lisboa no es el punto de donde partirá la primera explosión. Las provincias del Norte, cuya opinión parece haber sido más fuertemente entusiasmada por el ejemplo español, meditan secretamente en seguirla. .. . Más tarde, en oficio del 22 de abril de 1820, el mismo Lesseps da cuenta que la intervención directa de D. José María de Pando, el encargado de negocios español en Lisboa, activa sustancialmente el proceso revolucio- * A. Herculano - "Mouzinho da Silveria ou La Révolution Portugaise, 1856", in Opusculos, Tomo Il, Lisboa, 1873, pp. 177 -178. �L Nobre Vargues: La Revolución de 1820 en Portugal 176 Siglo XIX nario en Portugal. En efecto, Pando y el agregado teniente coronel Barrero, probablemente actuando por cuenta propia y/o tal vez por orden expresa del gobierno español, no escondieron sus simpatías por los proyectos de revolución que existían en ese momento en nuestro país. Esto es, no ocultaron sus simpatías por la acción de los hombres que desde 1818 preparaban activamente la revolución en Portugal. En julio de 1820 negocian apoyos con los sinedristas y entablan conversaciones particulares con el principal representante de esa asociación cívica: Fernandes Tomás. Además, durante su estancia en Portugal al frente de la diplomacia e1r pañola (hasta 1822), Pando fue dando cuenta en sus oficios diplomáticos de la realidad político-social portuguesa y sus visicitudes. Y fue tan nítida su actuación en pro de la revolución portuguesa que la regencia (el gobierno) solicita su remoción a Madrid, así como la de Barrero, en septiembre de 1820. Ya antes (13 de abril de 1820), nuestro embajador en París, el Marqués de Marialva, mandaba un oficio a D. Miguel Pereira Forjaz exponiendo lo que era de su conocimiento sobre los intentos revolucionarios relativos a Portugal. Pormenorizaba cómo la revolución española se forjaba en asociaciones secretas. Cómo éstas eran accionadas por otras con sede en París y compuestas por emigrados españoles. Relataba cómo se seducían los ánimos de los militares prometiéndoles la posesión de tierras; cómo era fuerte la vinculación entre las logias portuguesas y españolas. En fin, cómo desde España se prometía que Lisboa sería la capital de la Península luego que se hiciera la unión ibérica Y de España, António de Saldanha de Gama, nuestro representante diplomático, ~estacaba el papel secreto de Pando (6 de julio de 1820): ... una revuelta militar cuyas cabezas imponen al soberano una constitución fundada en la soberanía del pueblo y en la cual el poder ejecutivo es nulo, el principio de rebelión consagrado y los jefes revoltosos premiados, son consideraciones que ofrece este país en el actual estado de los acontecimientos a todos los gabinetes de Europa A esto se agrega la consideración de que todo es manejado por las sociedades secretas... Los efectos de tal sistema y del espíritu de proselitismo son bastante manifiestos por los éxitos de Nápoles. El mismo club que instituyó Mr_ de Oniz para revolucionar el reino de Nápoles fué el que instituyó el señor Pando para revolucionar el reino de Portugal. .. La intención de este país (España) es la intención actual de estos reformadores, dividirlo en siete repúblicas formando una confederación y siendo su constitución análoga a la de Francia. El 1 de agosto de 1820 Saldanha de Gama participaba que los liberales 177 españoles preten~ían constituirse en república, incluyendo Portugal en su proyecto. Despues, el 4 de agosto (o sea, a 20 días del pronunoiamiento porteño), es publicado en el periódico español de tendencia exaltada El Conservador (no. 131) una proclama dirigida a los portugueses: P~rtugu:ses: no seais los últimos en tomar una resolución que afianzara vuestr~ dicha. No p~rdáis el momento favorable que ofrece esta Espana, vuestra amiga que estrechará sus vínculos de fraternidad para unir vuestros intereses a los suyos. . ~ declaraciones nos prueban también que el movimiento de con1r pi~acion ~~ era sorpr~ para el gobierno portugués. Era del dominio público el VIaJe de revolucionarios portugueses de Madrid con el fin de buscar_ a~yos, así como se sabía que en Lisboa un español llamado Villaroel recib10 cerca de 200 ejemplares de la Constitución española y otros panfletos.. En Badaj~z, un_ port~és llamado Macedo hasta se ofreció para traducrr del espanol e mtroducrr en Portugal todos los escritos revolucionari?s.que le enviaran. En Portugal se conocían los miembros de la logia m~omca que en Madrid era el cent~o/sede de todos los planes revolucionan~s europeos. ~ ~ esta logia ~atriz pertenecían Pando y Barrero. El P_rop10 Pando escrib1a para la logia de Madrid afirmando haber establecido en Lisboa un~ asociación compuesta por portugueses y españoles, cuyo _fin er~ traba1ar para la "reg~neración e instrucción de Portugal". En Lisboa circulaban entonces vanas proclamas de las sociedades secretas madrileñas. . . . Consun:,ado el mo~~:ento de Porto del 24 de agosto de 1820, se daba rmc~o a ~a r~generac1on . El 15 de septiembre, en Lisboa, el gobierno adhiere ~m Pr,1~ ante la pasividad en el resto del país. Una de las primeras referencias públicas a la Constitución española fue hecha en esa fecha (15 de septiembre), cuando el pueblo lisboeta reunido en Ros.sio con los cu~171os militares apla_udía y repetía incesantemente los "vivas" a la revoluc1on. Veamos el cunoso relato de un testigo: En ci~rta. ?casión se oyó ~na voz que gritaba: - iQueremos una Constttuc10_n!- Lo qu_e fue estruendosamente repetido por todos. Entonces vmo al balcon el Conde de Sampaio (uno de los gobernadores) sombrero en mano y dijo: -Sí, señores, ha de hacerse, ha de hacerse-. Estas palabras fueron aclamadas con grandes aplausos. Luego, una voz gritando: - iQueremos una Constituc1on como la de España!- . A lo que el Conde respondió muy amablemente: -_Ha de hacerse-... Y aparece otra voz, grit~do fuertemente: -:: 1Queremos una Constitución mucho más liberal que la de Espana!-. A esto el Conde no respondió nada, Jimitán- �L Nobre Vargues: La Revolución de 1820 en Portugal 179 178 Siglo XIX dose apenas a menear el sombrero (Francisco José de Almeida, Apontamentos da Vida de um homem obscuro, Lisboa, 1985, p. 69). Y continúan surgiendo las apelaciones hasta diciembre de 1820 en el sentido de que se convocasen las Cortes, que se eligieran los diputados que trazarían una nueva ley constitucional. Se elaboraron instrucciones electorales, pero el 11 de noviembre un sector radical del ejército, apoyado por la Casa de los 24 de Lisboa, se manifiesta contra éstas y contra el gobierno que las presentaba declarando que "no estaban confonne las de España, que todos los liberales portugueses sabían de memoria." Gaspar Texeira es el militar que lidera ese movimiento de descontento, intimando a los gobernadores del reino para que se eligieran "unas cortes tan libremente escogidas como las de España y una Constitución no menos liberal que la de Cádiz". El gobierno cedió prometiendo reformular las instrucciones electorales y proclamando la Constitución española. Después de reunidas las Cortes, desde enero de 1821, y a propósito de la discusión de las Bases Constitucionales y, luego, del proyecto de Constitución,_ son varias las referencias al texto español. Hubo casos en que algunos diputados pretendían aprobar sin alteraciones el articulado de la Constitución española (actitud frecuente en Botges Carneiro), lo que una vez llevó a la siguiente afirmación de nuestro "patriarca de la revolución", M. Fernandes Tomás, en la sesión del 13 de febrero de 1821: "La Constitución española no es un evangelio. Soy portugués y estoy aquí para hacer una constitución portuguesa y no española". La Constitución se hizo y fue aprobada en 1822. Quien lee su texto ve nítidamente la influencia de la Constitución española de 1820 o de las constituciones francesas de 1790 y 1791. Es que ya en 1820 se publicaba en Portugal una Colleci;ao de Constituii;oes antigas e modernas com o projecto d'outras seguidas de hum exame comparativo de todas ellas (Por dois Hacharéis, Tomo I, Lisboa, T. Rollandiana, 1820), en la que, tal como su título indica, se presentaban los textos constitucionales franceses (1789, 1790 y 1791) y español_ (de 1812), precedidos por las Leyes Fundamentales de Lamego. Así se beneficiaban nuestros políticos de otras experiencias, que ahora podían comparar con nuestra anterior vivencia de Cortes. Recordemos su significativo epígrafe: "Aquí es el momento donde cada ciudadano debe ofrecer a su país el tributo de sus reflexiones, someteir sus pensamientos a aque11os a quienes los une un interés común con él" (Condorcet, sobre las asambleas provinciales, primera parte, p. 5). Otro ejemplo que no podemos omitir cuando se analiza la revolución de 1820 reside en el tema de la unión ibérica, siempre tan debatido y siempre abierto. Ya vimos que la revolución portuguesa de 1820 no fue ajena a la revuelta de Cádiz. Había simpatía española por el proceso portugués y también había acuerdos con respecto a eso. Del lado español, ya en 1813, se pensaba hacer un solo reino de la Península, tal como lo verificamos en el análisis del trienio liberal portugués, tendencioso pero sintomático, hecho por un representante del pensamiento conservador: el Señor de Pancas, José Sehastiao Oliveira e Daun. Nos dice: En 1813 lo oí yo mismo en Cádiz y en Sevilla~ no solo en el Sa• Ión de las Cortes sino en las sociedades, en los paseos y hasta en el Real Alcázar de Sevilla a donde fuÍ invitado a cenar por el Intendente de aquel palacio, D. Alvaro Flores d' Estrada; allí oí establecer el principio de que era no solo necesario sino político abandonar las Colonias y hacer de la Península Española un solo reino que con su población e islas y por su posición continuaría siendo una de las potencias de primer orden en Europa: principio verdaderamente quijotesco y que considere como un mero sueño (Diorama de Portugal nos 33 mezes constitucionaes ou golpe de vista sobre a revolurao de 1820 - a Constituifao de 1822- a restaurafªº de 1823, Lisboa, Impressao Régía, 1823). Pero es en 1817 que las cuestiones en torno de una unión ibérica toman gran vigor. Lo prueban los innúmeros encuentros entre el brigadier español Cabanes y el general portugués Gomes Freire, realizados en Lisboa En aquel tiempo nuestro representante en Madrid era D. José Luís de Sousa. Fue para él que D. Miguel Pereira Forjaz (uno de los miembros del gobierno portugués) mandó una ficha detallada de todos los pasos de Cabanes durante su estancia entre nosotros. E~, ~erismo tampoco era una corriente muy secreta en Portugal: en el p_enod1c~ O Campeao Portugués -editado en Londres y redactado por J ose L. Freire de Carvalho-, se publicó en 1820 un curioso artículo titulado "Destinos futuros de Portugal", que defendiendo el iberismo creía defender el liberalismo peninsular. Allí se afirmaba: E°: las actuales circunstancias Portugal solo puede ser considerado baJo_ tres puntos ~e vista: como país independiente, como unido a Brasil o como UD1d~ .ª Españ:i, El primer caso es inadmisible porque aun cuando qws1era realizar esa independencia, sería siempre �L Nobre Vargues: La Revolución de 1820 en Portugal 180 Siglo XIX nominal, pues en su posición y fuerzas comparativamente pequeñas sería constantemente un muñeco, o en manos de un protector 0 de un rico rival. El segundo es el más propio y natural, cuando Brasil, conociendo sus verdaderos intereses quisiera hacer cuanto pueda y cuanto debe en favor de los portugueses de E~opa. El tercero solo puede ser un último esfuerzo de desesperac1on cuando Brasil como ya dijimos no haga cuanto pueda y cuanto deba, porque en última instancia es mejor_ formar PM:e de una grande, vecina y libre nación, que ser colonia de otra distante, mal gobernada y que en vez de proteger es opresora. .. (s1;1brayado nuestro). Y continúa: ... . . .admitida la hipótesis de que Portugal no puede VIVIT mdepe~dientemente por sí solo, ninguna unión después de la de Brasil le es más natural que la de España. En todos los tiempos Portu~al fue considerado una parte de España. .. (O Campeao Portugues, No. 27, vol 3o). La doctrina iberista así expuesta por J. Liberato muestra que el liberalismo peninsular encontraba sus defensores en aquellos que lo c~locaban arriba de los simples valores patrióticos. En iulio de 1820, en el nusmo periódico (No. 25), afirmaba: Dijimos que era necesario confiar ciegamente en la supuesta antipatía de los portugueses coñtra los españoles; aI:~ra veremos que tuvimos razón en hablar así cuando se nos participa que en Portugal se escribieron y distribuyeron los siguientes versos: Es infeliz Portugal Pois promete abrir-te a cova Quem contigo se apelída Antepondo Vila Nova A tua sorte fatal ]!ura compaixao me mete Es desgrar;ado con seis Porque nao procuras sete? (Mientras que en el primer cuarteto se ve la nítida alusión al ministro Tomás Vila Nova Portugal, cuya actuación era contraria al proyecto de unión, en la segunda también es clara la referencia a Juan VI y a Fernando VII). Líneas antes notamos que el encargado de negocios español, Pando, era un agitador en Portugal. En algunas proclamaciones en Porto, en 1820, 181 se hablaba de tropas españolas colocadas en la frontera para intervenir en cualquier momento en auxilio de la revolución portuguesa Sin embargo nunca los revolucionarios de Porto adhirieron a la idea de una unión ibérica, mostrándose sí fieles a la dinastía de la Casa de Braganza Es esto lo que nos confiesa uno de los hombres de 1820, el ya citado José María Xavier de Araújo: Esta fidelidad fue sujeta a una ruda prueba cuando el coronel español Barreto llegó a Porto en junio de 1820 con misión del encargado de negocios de España José María Pando para promover una revolución en Portugal prometiendo, de parte del gobierno de Madrid, todos los auxilios en gente y dinero con tal que Portugal se uniera a España. El coronel Barreiros (sic) tuvo una conferencia con Fernandes Tomás, Ferreira Borges y Francisco Gomes en un jardín de la calle de Cedofeita a media noche. Las propuestas arriba citadas fueron hechas y oídas: Fernandes Tomás respondió que la Revolución iba a hacerse; y solo Dios sabe lo que pasaría; pero que unir Portugal a España era imposible de ejecutarse y hasta absurdo de intentar. Repitió muchas veces con vehemencia al enviado: - iPerdemos nu!l6tra nacionalidad! Nunca, nunca-. Barreiros no replicó (Revelar;oes e Memórias para a história de revolur;ao de 24 de Agosto de 1820, cit.}. A medida que la revolución y la contrarrevolución avanzaban en los dos países comenzó a pensarse con mayores probabilidades en una alianza peninsular, que tendría como fin coligar las fuerzas liberales en una lucha común contra la Santa Alianza Nunca llegó a hacerse efectiva a pesar de los contactos diplomáticos habidos en ese sentido hasta 1823, y a pesar de su defensa en un sector de la prensa portuguesa. Afirmaba O lndependente (No. 27, 27 de diciembre de 1821) -periódico redactado por Fernandes Tomás y Ferreira de Moura, dos de los más activos "hombres de 1820"-: "En la política de los dos gobiernos todo es peninsular... y ambos han tomado por divisa: Independencia y Unión". Razones de política interna y externa que abordaremos solo superficialmente se oponían a la realización de un acuerdo luso-español Preguntaba Pierre Chapuis, un periodista francés y observador crítico de la escena política liberal en los dos países: lPor qué no existe un tratado de alianza entre España y Portugal? lEs error del primero de estos gobiernos, o es el segundo? Es error del ministerio portugués... Portugal y España deberían dai· el ejemplo de una alianza parecida, Portugal se rehusó y esta es la �L Nobre Vargue.: La Revoluci6n de 1820 en Portugal 182 Siglo XIX consecuencia que deduzco de la persuasión íntima hasta donde sigo los esfuerzos que ha hecho España por contraer un tratad~ con aquél . . ¿Quién se opone entonces, quien se opone todav1a a tal unión? El ministerio portugués o mejor, el Sr. Silvestre Pinheiro, primer ministro. Este diplomático de quien estoy lejos de poner en duda el carácter, el_mérito y la finez,a. ..p?c_o acostumbrado al sistema representat:Ivo•.. se cree mas el m1D1Stro de un rey déspota que el de un rey constitucional. Cree por ejem~lo que Portugal no podría ser el aliado de España sin ser el ~nenugo de potencias extranjeras: prefiere entonces aceptar o meJor mantener la alianza de Europa y rechazar la de España (Du Portugal en 1822 :, por P. Chapuis, Lisboa, T. Patriotica, 1822). Palabras violentas éstas y que con seguridad no pasaron desapercibidas a los diputados portugueses que se manifestaron desde temprano co~ tra el asilo político de Pierre Chaupies, acusándolo de que ya en Fr;mc1a bahía cometido abusos de libertad de prensa En 1823 se cerraba, as1, una página más de la cuestión ibérica; que no nació con el veint~o e irá rea~areciendo siempre en periódicos críticos, a lo largo del siglo hasta nuestros días. XIX. Y aun - I ll V amos a finalizar señalando todavía algunos indicadores de una acción política común a Portugal y a Espafia en el trie~? ~e~~ que n~ tienen otro fin que el de probar que el proceso pohtico ihenco tema apoyos internacionales que lo querían salvaguardar. Es el caso de la llegada y ac~ación_, en Port~al y Esp~a, ~el g~neral napolitano Giuseppe Pepe, del pU11Dontes J. Pech10, del militar ingles Robert Wilson y aún del francés Pierre Chapuis, entre otros. El ya citado Oliveira y Daun afirmaba: "El conde Pechio Piamo_n!es autor del folleto Mes quinze jours a Lisbonne y el general Pepe no vuueron en balde dos veces a Lisboa en 1822". Y más adelante: El general Pepe Napolitano sien~o ~útil su r~sistencia _'.'1 ejércit~ austriaco... destruida la Constituoon napolitano-espanola huyo y vino a Portugal, donde recibió hospedaje y una ayuda de diez mil cruzados. Se cree que el general Pepe fue re~nsahle en Portugal y España ~e la instalación de la sociedad secreta conocida por el nombre de Carbonana. Y es sabido también cuál fue el papel de esas sociedades secretas y patrióticas 183 en la revolución liberal ibérica*. En e1 periódico portugués Gazeta de Lisboa, informándose en 1824 de su congénere de Ma-drid; se indicaban las actividades.de las sociedades secretas en España. Dándoles así al conocimiento del público portugués, se leía: El Carbonarismo, proscripto en su país natal, vino á pagar su tributo al genio de la Revolución Española. Entre nosotros apenas era concicido antes de la lleg¡ida de los italianos y piamonteses emigrados~ sin embargo estos tratarían de arraigarlos rápidamente, comenzando por ~arcelona y otros puntos de Cataluña; siendo sus primeros apóstoles Pacchiarotti y D. Atelly; llevándolo otros a Valencia y Málaga y hasta probaron suerte en Madrid y para eso trabajó bastante un tal Pechio... Y continúa: El general Pepe, fugitivo de Nápo1es llegó a Báiéelona .yluego presentó al Gran Oriente Liberal un plano de Conspiración para regenerar Europa. El Gran Oriente Liberal pareció aprobarlo en sus bases. . . más temió comprometerse y abandonó a Pepe y su proyecto, -el cual sin esperanzás de conseguir en España lo que deseaba fue a tentar fortuna en otra parte y marchó para Lisboa y Londres {Gazeta·de Lisboa, No. 135, 8- de junio de 1824}. Como se ve, la península era el refugio de los revolucionarios de todos los países que se unían en defensa del ideal liberal. El caso del general Robert Wilson es muy curioso: ya desde 1808 se bahía colocado en defensa de la causa de la libertad, creando en Londres *La sociedad secreta -de mayor influencia en aquel tiempo parecía ser la de- los Carbonario!. Se cree que fue establecida en Portugal en el año de 1822, o en 1823, habiendo venido a Lisboa para este fin el general italiano Pepe y su ayudante, el coronel Pizza. De las cartas que en 1823 cayeron en manos de los ministros despóticos o del rey absoluto en Portugal, constó a punto de no poderse dudar de esto, que los oficiales italianos dispersos por las dife1entes capitales de Europa eran los que procuraban revolucionar todo el medio día de EUiopa por medio de las sociedades secretas. Pero les constó que las dichas sociedades eran de hecho las carbonadas; que éstas ex~ tían en Portugal, en España. en Inglaterra y en Francia. En Portugal se designaban como socios de ellas los siguientes individuos: Lobo de Moura, Jore da Silva Carvalho, general Sepúlveda, Cristovao Ped.Io dé Moillis-Sarmento, apareciendo el general Joao fleire de Andrade como canal para una comunicación de Francia para España. Los socios en España eran D. Evaristo S. Miguel, general Riego, general B.allesteros, Luis ijurtado de Mendoza, Onis, Galliano, Isturiz Bertran de lis, Moreno Guerra, José Armero, Vela.seo, Calatrava, Lopez Baños, Del Parque y Aguilar. En Inglaterra eran reconocidos también como socio~ Robert Wilson, Hutchinson y Bowring. ..". {Copia de un extracto de los oficios del Conde de Porto Santo, en Luz Soriano, Historia da Gue"a Civil e do &tabelecimiento do Sistema parlamentar• .., 3a. época, tomo II, parte 1, p. 181-182). �184 Siglo XIX l. Nobre Va'81Je1: La Revolución de 1820 en Portugal la Leal Legión Lusitana, cuerpo militar para ayudar la resistencia en Portugal contra el invasor francés. Había tomado partido desde hacía tiempo por la causa de los revolucionarios de todos los países, y en particular la de los portugueses y españoles, de lo que son prueba las numerosas cartas y proclamaciones que en ese sentido hiciera. A tal punto llegó su consideración en Portugal que el gobierno le otorgó el cargo de Comendador de la Orden de la Torre y la Espada, honra que le sería retirada posteriormente (ley del 11 de agosto de 1823). Respecto a Pierre Chapuis y avanzando un poco más lejos de lo que ya afirmamos, diremos que fue el redactor de un importante periódico, Le Regulateur, que se publicó en Madrid y en Lisboa y, aunque por poco tiempo, contribuyó fuertemente con sus editoriales para la agitación en la Península. En su prospecto Le Nouveau Regulateur, que mandó imprinúr en Lisboa, el lo. de febrero de 1822, hacia la siguiente profesión de fe: ...nos proponemos publicar en Lisboa un periódico francés desti• nado a defender y propagar las ideas liberales... no pertenecemos a ningún partido; ciudadanos del mundo, fieles súbditos de buenos reyes. . . creemos que los reyes se dejan cegar por sus consejeros, que las quejas de los pueblos quieren libertad, rechazamos el libertinaje... seremos IMPARCIALES. 185 cos opiniones extraídas de los españoles El Universal (afrancesado), El Conservador (exaltado), El Zurriago (satírico), entre otros. Además, se sabe de la existencia de suscripciones a periódicos españoles en Portugal. Borges Carneiro, uno de nuestros diputados exaltados, clasificó El Universal de "excelente periódico". El redactor de un polémico periódico publicado en 1822 (El Patriota Sandoval), fue en España el responsable del Diario Guipozcoano. Libros versados sobre contenidos constitucionales son ofrecidos también condicionantes internos muy específicos y sólo puede/debe ser analiDireito Publico Constituciona~ de Ramón Salas, que fue traducido por Diogo Goes Lara de Andrade. En fin, podríamos anotar muchos otros ejemplos pero no queremos extendemos. Creemos haber conseguido mostrar que el proceso político revolucionario, esto es, la revolución liberal que ocurre en la Península a principios del siglo XIX, si tuvo modelos (el francés o el inglés), tuvo también condicionantes internos muy específicos y sólo puede/debe ser analízada en toda su complejidad teniendo presente el desarrollo histórico en los dos países ibéricos. IV Y no queremos olvidar tampoco la contribución de la prensa periódica que informando y hasta tomando partido en algunos casos, como ya vimos también, colocaba la revolución en el orden del día. Desde 1808 circuJaban en nuestro país -asimismo- periódicos españoles, algunos traducidos (como es el caso del Semanario Patriótico 1808; del Di.ario de Badajoz, 1809; del Diario do Governo da Corunha, 1808; El Veddico, 1812). En estas fechas son también muy asiduos, los panfletos y otros escritos que unen Portugal y España en el combate contra el invasor francés. Pero es durante el Trienio Liberal (1820-1823) que surge una prensa de opinión política extremadamente fuerte. En Portugal, como en España, los periódicos ofrecen en sus páginas artículos dedicados a los proyectos de reforma en curso, y se citan mutuamente. Es común en casi todos los periódicos portugueses el extracto de opiniones y de noticias de lo que pasa en España, mejor dicho, de lo que pasa en el mundo. En efecto, frecuentemente se leen en nuestros periódi- BIBLIOGRAF1A Además de las obras citadas en el texto pueden ser consultadas: Amaga, José de - Historia da Revol~ao Portuguesa de 1820, 4 vals., Porto, 1866 a 1889. 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Title A name given to the resource Siglo XIX : Revista de Historia Description An account of the resource Revista semestral de historia publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, editada por Mario Cerutti. Contiene investigación histórica y económica, tanto local, nacional e internacional. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Siglo XIX : Revista de Historia Año de publicación El año cuando se publico 1987 Año Año de la revista (Año 1, Año 2) No es es año de publicación. 2 Número Número de la revista 3 Mes de publicación Mes cuando se publicó Enero-Junio Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Semestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1754019&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Siglo XIX : Revista de Historia, 1987, Año 2, No 3, Enero-Junio Creator An entity primarily responsible for making the resource Flores Flores, Bernardo, Director Subject The topic of the resource México Historia América Latina Siglo XIX Publicaciones periódicas Description An account of the resource Revista semestral de historia publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, editada por Mario Cerutti. Contiene investigación histórica y económica, tanto local, nacional e internacional. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Filosofía y Letras Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Cerutti, Mario, Editor Vázquez Buenfil, Luis, Cuidado de la Edición Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/01/1987 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource tex/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2016606 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. Monterrey, N.L., (México) Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies. Universidad Autónoma de Nuevo León Rights Holder A person or organization owning or managing rights over the resource. El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores Agrarismo Chile Colonialismo Liberalismo Perú Política https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/366/14410/SIGLO_XIX_REVISTA_DE_HISTORIA._1987._Vol._2._No._4._Jul.-Dic._0002016607.ocr.pdf 3795183efae6df834ea7ed29bbaaffa3 PDF Text Text ��.AÑO Il NUMERO 4 JULIO -DICIEMBRE DE 1987 SIGLOXIX Revista de Historia Publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León Apartado postal 3024, 64000 • Monterrey, México Universidad Autónoma de Nuevo León Rector, INGENIERO GREGORIO FARIAS LONGORIA F acuitad de Filosofía y Letras Director, LICENCIADO BERNARDO FLORES FLORES sigloXIX __El>ª ~ REVISTA DE HISTORIA ·Al·~~ñ~~--· 1¡~ SUMARIO Nota del Editor . . . . . . . . • · · · · • · • · · · · · · · · · · · · ~ -Ll~iJWITJ>6'IJ3 0 De Veracruz a Durango: un análisis regional de la Nueva España borbónica . . . . • • . . . . . . . . JUAN CARLOS GARAVAGLIA JUAN CARLOS (;Rosso 9 El gran norte oriental y la formación del mercado nacional en México a finales del siglo XIX . . . . . . . . . . '1ARIO CERUTTI 53 Mercado de mercancías, mercado monetario y mercado de capitales en el Litoral argentino de la f1rimera mitad del XIX: el caso de Corrientes . . . • . . . . • . • . . . .)OSE CARLOS CHIARAMONTE 81 ltafma: comercio y frontera en el Paraguay del doctor Francia. Algunas consideraciones . . . . . . • . . • . . . NIDIA ll MECES Editor Responsable NORA E. BoUVET l 1:1 lúpacios coloniales y economías nacionales: Bolivia y el norte argentino (1810-1930) .. . . . . . . . . . . . l•:RICK 1). I.ANGER 1:1:, MARIO CERUTI'I Editor Adjunto MIGUEL GONZALEZ QUIROGA Cuidado de la edición: Silvia Eloísa Morán y Diana Correa. Tipografía: Andrea González Corona Impresión: Editora El Sol Aparición semestral Para envios al exterior, U. S. A. $7. La formación del mercado interior en condiciones coloniales. Inmigración y comercio catalán en las Antillas españolas durante el sigloXIX .••. · ·· · · •· · • · JORDI MALUQUER DE MoTES 161 f,;l impacto de la guerra de Independencia en la economía catalana . . . . • . . . . . . . . . . . . ANTONIO MOLINER l'RADA ta:! La formación del mercado interior en la España del siglo XIX . l{AMON (;ARRABOU y J1-:sus SANZ FERNANDEZ 199 �Nota del Editor En este número 4 de Siglo XIX se agrupa una masa de información y un conjunto de pautas interpretativas que, muy probablemente, resultarán útiles para avanzar en el conocimiento histórico de la cuestión de los mercados en América Latina y España, esas dos significativas periferias de la Revolución Industrial. Como otras relevantes aristas del devenir decimonónico latinoamericano (la configuración del Estado-nación, la consolidación de un poder centralizante), o latinoamericano y español -los brotes de producción bajo dominio del capital, la aparición y desenvolvimiento de franjas burguesas, la modernización paulatina de porciones considerables del sistema productivo-, el funcionamiento de los mercados estuvo ampliamente condicionado por mecanismos de dimensión regional. Y fueron tan vigorosos y persistentes esos mecanismos que la aparición de un mercado de rasgos nacionales - tanto en ciertas sociedades de nuestro continente como en España- no puede ser vista corno una característica del siglo XIX sino como uno de sus resultados. �4 SigloX/X Si de América Latina hablamos, es evidente que uno de los datos medulares a tener en cuenta es el peso que, en ciertos casos, mantuvieron las estructuras edificadas durante la colonia. Por ello es oportuna la descripción que Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso practican de la Nueva España borbónica, de aspectos centrales de la producción y circulación que se observó -justamente- en determinados y discriminables espacios regionales. Apoyándose en fuentes derivadas de la percepción de alcabalas, recorren con minuciosidad y destacan las diferencias que mostraba el mapa del México pre independiente. Esas distinciones íntimas no dejarán de golpear por décadas los posteriores proyectos unificadores de una sociedad que sólo a fines del XIX (tras perder la mitad del territorio heredado de España) quedó realmente constituída como Estado nacional y nutrida por un mercado de sesgos nacionales. En el otro extremo del continente, el virreinato del Río de la Plata también fue sometido a fuerzas centrífugas tras la ruptura con la metrópoli. Pero si en el plano político se caminó hacia la desarticulación, en el económico insistían en perdurar muchos de los antiguos lazos mercantiles y sus fuentes de dinamismo. !I Frente a este último fenómeno se encuentra coincidencia en lo planteado por Nidia Areces-Nora Bouvet y Erick Langer, al analizar las situaciones de Paraguay y el Alto Perú. Los autores recalcan que para la primera mitad del XIX, tan tumultuosa, es poco fértil adoptar áreas de estudio recortadas por las muy recientes y aún inestables fronteras políticas. Si Paraguay necesitaba respirar por los viejos circuitos de intercambio, la flamante Bolivia se empeñó en sostener su influencia sobre el ámbito en que alguna vez -en tiempos más prósperos- reinó la plata potosina. Nota del Editor 5 En el caso paraguayo, Areces-Bouvet detallan también el rigor y precauciones que impuso al comercio -al abrirse la etapa independiente- ese Estado dirigido por el doctor José Gaspar R. Francia: de tal magnitud que, por momentos, dificultaba una más fluida vinculación con las provincias argentinas y con el mismo mercado mundial. Desde el Alto Perú, en cambio, las fuerzas económicas más poderosas arrastraban a la reintegración con el nuevo noroeste argentino. Para Langer, este hecho fue tan contundente -y tan duradero- que perturbó la construcción de una efectiva economía nacional. Por ello, concluye señalando que, para Bolivia, no podría hablarse de un mercado de características nacionales hasta muy avanzado el siglo actual. Las décadas inmediatamente posteriores a la Independencia es el tiempo elegido por José Carlos Chiaramonte -asimismopara revisar lo acaecido en una provincia argentina citada con asiduidad en el trabajo de Areces-Bouvet: Corrientes. Su objetivo es perfilar las distintas vertientes que alimentan la configuración de un mercado (producción, tierra, moneda, capitales) y evaluar su peso en la economía de la entonces pujante Corrientes. Una pujanza que, advierte Chiaramonte, nunca logró desbordar los límites precapitalistas -lo que denuncian, entre otras cosas, los usos comerciales-, y que fue en muchas ocasiones sometida a mecanismos no muy reñidos con el mercantilismo. Las pugnas regionales -Corrientes versus Buenos Aires- matizaron claramente estos procesos: indicaban, simultáneamente, cuán alejada se hallaba Argentina de poder articularse sobre un sistema económico de dimensión nacional. Si fuesen necesarios más datos sobre el peso de las estructuras coloniales en el XIX, Jordi Maluquer de Motes los aporta al reseñar el panorama de Cuba y, en menor medida, Puerto Rico. Ultimos fragmentos del imperio que comenzó a montarse en el siglo XV, se asentaban a mediados de la centuria pasada sobre una economía que no por colonial descartaba el funcionamiento �6 Siglo XIX de un mercado interior. Hacia este punto dirige Maluquer su análisis, mientras destaca el impacto global de un sistema productivo orientado a la monoproducción y los inconvenientes que planteaba para alimentar un mercado nacional. Simultáneamente, informa con amplitud en torno a la participación que tenían los catalanes en el comercio con Cuba y Puerto Rico, en las décadas previas al más tardío ciclo independentista hispanoamencano. Pero América Latina no gozaba de exclusividad alguna al enfrentar un siglo XIX tumultuoso y complejo. España, vecina inmediata del área donde se desató la Revolución Industrial pero históricamente ubicada en similar posición periférica, inauguró el período no sólo con el derrumbe colonial: a la par de ello, vivió su propia guerra de Independencia. Abriría entonces un ciclo de intervenciones, conflictos, pugnas civiles y militares e inestabilidad que no diferenciaron excesivamente el proceso hispano de los transcurridos en sus antiguas posesiones. Antonio Moliner Prada estudia el impacto de esa guerra (contra las huestes napoleónicas) sobre el funcionamiento productivo y comercial peninsular. Adopta como marco uno de los espacios que más activamente se habían desenvuelto durante el XVIII: Cataluña. Y menciona cómo se trastocó un ritmo de crecimiento sumamente llamativo en el contexto español, además de acentuarse en una escala más global las desconexiones de la escasamente vinculada economía nacional. Tras la lectura de este artículo, el aporte de Ramón Garrabou y Jesús Sanz Femández podrá ser mejor precisado. Porque esboza el elevado grado de invertebración que presentaba España en la mitad inicial del XIX. Sin embargo, tanto España como al,gunas sociedades latinoamericanas lograrían reformular -al amparo de las reformas liberales y durante la segunda mitad del siglo- tan perturbado funcionamiento. Nota del Editor 7 Es en este sentido que el artículo a mi cargo -dedicado a México y a su norte oriental- coincide con el de GarrahouSanz Fernández respecto a visualizar un proceso sustancial: la configuración, en ambos casos y a finales del XIX, de un mercado que tiende a ser nacional. Lo regional no era ya necesariamente un coto que dificultaba la integración de un mercado de dimensiones mayores y globalizantes, sino asiento de dinamismos que, con frecuencia, exigían su unificación (en un mismo movimiento con la exigencia de ligarse al intercambio internacional). Lo que según Maluquer no podía protagonizarse en Cuba por la dependencia colonial, lo que Langer puntualiza que se retardó de manera marcada en Bolivia, en España y México empieza a materializarse como consecuencia de las transformaciones que propugna el liberalismo (y sus aspiraciones de edificar una sociedad burguesa), con las políticas de apertura al capital extranjero, con el tendido de los ferrocarriles y la expansión de los medios de comunicación (telégrafos, correos, teléfonos), la especialización creciente de la producción -tanto en términos empresariales como regionales-, la legislación modemizante del poder central, los brotes cada vez más generalizados de producción bajo dominio del capital y capitalista, la aparición de mecanismos unificadores de los precios (sobre los que se atarean ampliamente Garrabou-Sanz Femández), el crecimiento de sectores burgueses interesados en transferir capitales a la producción y lo que Edward J. Nell ha llamado "el desarrollo de las instituciones r,apitalistas "(* ). *Nell, "Población, revolución de los precios y acumulación primitiva", en Histuria y teoría ecun6mica, Barcelona, Editorial Crítica, 1984, p. 143. El fortalecimiento de estas instituciones, en Jo cual el Estado juega un papel smgular, sería un dato central en los procesos de acumulación originaria: es decir, en ese período histórico en que se gestan las condiciones para la aparición generalizada de las formas capitalistas de producción. �8 SígloXIX Mientras Garrabou-Sanz Fernández adoptaron como uno de los ejes de su trabajo la producción cerealera y su circulación entre 1830 y los tramos finales del siglo, en mi caso procuré poner atención en el impacto que el norte oriental de México habría tenido en la constitución del mercado nacional (debido al notorio dinamismo que lo caract~rizó, y a la enorme influencia de la próspera frontera estadounidense). De esta forma, el cuerpo de materiales nucleados en este número 4 ofrece referencias suficientes como para observar distinciones y similitudes en dos niveles: a) entre lo que fue la primera mitad del siglo XIX y lo que representó su parte final en América Latina y España; b) entre diversos casos latinoamericanos, y entre algunos de ellos y España. Aunque sería apresurado procurar obtener excesivas conclusiones a partir de estos contenidos, abrigamos la esperanza de que lo aquí informado y planteado revitalice las discusiones en lo que atañe al problema de los mercados en América Latina (en forma análoga, sería esperable, a lo ya sucedido en el contexto de la rica historiografía española, apoyada -dicho sea de paso- en exhaustivas investigaciones regionales). Si algo de esto ocurre, el esfuerzo de sostener Siglo XIX. Revista de Historia continuará satisfaciendo el propósito por el que fue puesto en marcha, dos años atrás. Mario Cerutti Monterrey, México, julio de 1987 De Veracruz a Durango: un Análisis Regional de la Nueva España Borbónica Juan Carlos Garavaglia* Juan Carlos Grosso** l. NOTASINTRODUCTORIAS En un estudio anterior hemos realizado un ensayo de regionalización económica de la Nueva España a fines del período colonial a partir de dos tipos de indicadores: alca.balas y datos demográficos.1 Aquí nos proponemos avanzar en esta línea, penetrando en el análisis deJ comportamiento de algunas áreas de las regiones que se han caracterizado por su mayor dinamismo, realizando un trabajo similar al que hemos efectuado con los datos poblanos en otro artículo reciente. 2 EJ concepto de "región" ha sido muy utilizado por Jos historiadores, pero, salvo contadas excepciones, la reflexión teórica acerca del mismo por 3 parte de éstos ha sido escasa. Nuestro análisis se halla condicionado por las restricciones que presenta la fuente, en cuanto a que las diversas "regiones" coinciden en realidad con los límites administrativos de las jurisdicciones alcahalatorias. *Ex profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y ex investigador Nacional/SEP (México). Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (fandil, Argentina). •~entro de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Autónoma de Puebla (México) y Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (fandil. Argentina). Los autores agradecen la inestimable colaboración del ingeniero Francisco Javier Castro Godoy en todo el proceso de elaboración de los datos de las alcabalas. También debemos mencionar la generosidad de Alejandra Moreno Toscano y Leonor Ortiz Monasterio quienes, desde su posición de directoras del Archivo General de la Nación de México, nos dieron todas las facilidades para trabajar esta documentación que se halla aun en vías de clasificación. Por supuesto que este agradecimiento se debe hacer extensible a todos los empleados de ese archivo, cuya ayuda para localizar e iniciar la ldasificación de este enorme fondo documental fue invalorable. �10 SigloXIX Metodología de la fuente La alcabala es una figura fiscal muy antigua en el regimen hacendístico hispano. Los primeros vestigios de ella en los reinos castellanos datan del siglo XIV y su vigencia llegó hasta mediados del siglo XIX en el marco del regimen fiscal español. Se instaura desde temprano en América y si bien era un impuesto que gravaba las transacciones mercantiles de bienes muebles, inmuebles y semovientes, funcionó en realidad como un impuesto a la circulación: su pago debía efectuarse en el momento de introducir los efectos en la jurisdicción alcabalatoria. Tanto en la metrópoli como en la Nueva España, la Real Hacienda recurrió a tres sistemas para el cobro de las alcabalas: la administración directa por parte de funcionarios reales, su arrendamiento a particulares y el encabezamiento realizado por determinadas instituciones como los ayuntamientos y los consulados de comercio.4 Los datos en los que se basa el trabajo surgen fundamentalmente -si bien no exclusivamente- de los "resúmenes anuales" de la reacaudación de las alcabalas que cada una de las receptorías encargadas de su cobro debía hacer llegar a la Dirección General del ramo una vez al año. Este organismo fue creado en 1776 como consecuencia de la instauración del sistema de recaudación directa por parte de la Real Hacienda, pero no contamos con información regularizada sino desde 1778 en adelante. De ahí que nuestro análisis d~ la fuente se inicie en ese año; se cierra en 1809 porque los cambios que se suceden desde entonces en los mecanismos de presión fiscal, unidos a los problemas ocasionados por la guerra insurgente, hacen que la continuidad de las series se interrumpa a la par que se multiplican las dificultades en la interpretación de los datos. El territorio de la Nueva España fue dividido en 12 Administraciones Foráneas de Alcabalas que se correspondían grosso modo, pero no completamente, con las jurisdicciones de las Intendencias borbónicas recientemente creadas. 5 Cada una de estas administraciones tenía un número variable de receptorías y, a su vez, cada una de estas poseía una cierta cantidad de suhreceptorías y de pueblos aún de menor jerarquía. Por supuesto hay que recordar que esta fuente presenta algunos problemas metodológicos importantes: hay excepciones de personas (indios, eclesiásticos) y de cosas (maíz, insumos mineros, etc.) que limitan en cierto sentido su representatividad. No insistiremos aquí en ello pues lo hemos analizado en algunos trabajos a los que una vez más remitimos al paciente lector.6 Ahora bien, hay que señalar que la tasa sobre la cual se calculaba la alcabala, sufrió variaciones durante el lapso de estudio (6 °/o entre 1776 y Garavaglia-Grouo: Análiris regional de la Nueva E,paña borbónica 11 1780; 8°/o entre esa fecha y 1791 y nuevamente se redujo al 6% entre 1791 y 1810). Además, por razones de política de promoción fiscal, la administración colonial había decidido otore;ar exenciones mediante tasas menores a ciertas regiones. 7 Por lo tanto, la única forma de hacer compatible y comparable a los distintos períodos y a la totalidad de las receptorías es convertir a las sumas recaudadas en montos {{lobales, mediante una simple multiplicación que de cuenta de los diversos porcentajes. Los montos asi obtenidos, nos han permitido efectuar un análisis comparativo y mostrar cual era la regionalización del grado de actividad económica en la Nueva España de fines del siglo XVIII. Con estas palabras queremos decir que la alcabala novohispana expresa una serie compleja de variables (consumo, producción y circulación) que la hace totalmente apta para los fines que estamos persiguiendo. 2. LAS ADMINISTRACIONES FORANEAS Y LAS GRANDES REGIONES NOVOHISPANAS Para profundizar en el tema que nos interesa, hemos reagrupado a las diferentes administraciones en cinco grandes regiones. El Norte, donde se hallan Sonora, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas (las áreas que están todavía más al norte se hallan bajo un régimen fiscal especial y escapan a nuestra fuente). El Occidente, compuesto por las administraciones de Guadalajara y de Valladolid. El Cent,·o, donde se encuentran las de Guanajuato y México. El Oriente, con Puebla y Veracruz. Y, finalmente, el Sur, donde se hallan Oaxaca y Tabasco, en Yucatán. Esta reagrupación, que tiene sentido en tanto estos conjuntos tuvieron en muchos casos estrechos vínculos económicos y vivieron una historia común, podría haber sido diferente. Por ejemplo, el lector interesado en una historia de la minería novohispana estaría mucho más dispuesto a agrupar las Administraciones que incluyen los grandes centros mineros eu una sola categoría. En el caso de la minería hay que recordar de todos modos que la falta de pago de la alcabala de los insumos mineros siempre va a dificultar un conocimiento realista de esa problemática a partir de estos datos. Otros, más preocupados por los grandes centros de producción agrícola orientados hacia el mercado interno, tendrían una opción distinta. Y así sucesivamente. Las cifras desagregadas del apéndice le dan al lector interesado esa posibilidad (ver apéndice, cuadro 1). Asi definida nuestra opción, veamos ahora el gráfico l. �12 Siglo XIX Garavaglia-Grosso: Análi.tis regional de la Nueva España borbónica w ¡... Cll w z o ~ ~ w ¡... ~ z z µl Q 8 o o >ti ¡... ¡... z w u o ~ zw - ~ ~ :> Cll c3 1111 11 IZl [.'] i°' ..... o:> t-t-..... ..... o {/) ~ < ~ o~ ~ ta;. ~ w ~ 0 {/) o ,, E-< z o :E 13 Podemos comprobar algo evidente: salvo el caso del Sur (pero, el hecho de que la grana no pague la alcabala en Oaxaca8 y que los datos yucatecos se refieran en realidad sólo a Tabasco,9 hace del caso del Sur, una situación bastante peculiar), existe una enorme paridad entre las cuatro grandes agrupaciones. Más hay algo que merece señalarse: hay un desnivel notorio entre el eje Centro/Norte y el eje Centro/Sur. Desnivel que no cottesponde con lo que sabemos de otros indicadores, como es el de la pobla.' (e1 Norte novohispano es tradic1on · al mente un area ' " vac1a , " . . .. ) 10 c10n Veamos ahora que ocurre cuando nos volcamos a estudiar nuestro problema desde el punto de vista diacrónico. Para ello, hemos dividido al período 1778-1809 en cuatro suhperíodos, homogéneos y lo suficientemente amplios como para evitar -dentro de lo posible- que las alteraciones coyunturales influyan excesivamente en la interpretación de los resultados. Seguidamente, hemos calculado el porcentaje de crecimiento entre el primero (1778-1785) y el último (1802/1809) de los suhperíodos elegidos. Los resultados que se refieren a las grandes regiones, se pueden ver en el gráfico 2. Allí es posible comprobar, nuevamente, que el Norte y el Occidente se comportan "mejor" que el resto. Aquí la buena performance de Veracruz no puede evitar que el Oriente también descienda. Este mayor dinamismo del Norte y del Occidente se ve considerablemente reforzado por otros indicadores (relación positiva entre alcabalas y población; bajo porcentaje de participación de las mercancías importadas en el total de la recaudación, etc.) tal como lo hemos mostrado en un trabajo anterior. Debemos recordar, además, que en el Norte se acumulan las receptorías que cuentan con un status privilegiado; en algunas de estas existen exenciones totales y en otras la producción local escapa totalmente 11 al pago de la alcabala. Una razón más para destacar la peculiar performance del Norte. Por el contrario, el Centro, el Oriente y el Sur presentan un panorama totalmente distinto. Aunque, por supuesto, hay que matizar esta afirmación, pues tanto Zacatecas en el Norte, como Veracruz en el Oriente son ejemplos opuestos y que hablan de comportamientos absolutamente diversos. En este esquema, además, sobresalen tres Administraciones Foráneas (con el posible acompañamiento de otras dos, que serían la de Guadalajara y la de México) que son San Luis Potosí, Veracruz y VaUadolid, en ese orden, en las cuaJes todos los indicadores -equilibrio entre los diversos polos económicos internos, mayores índices de actividad económica, alto consumo de productos de la tierra y porcentaJCS de crecimiento superiores a la media- nos hablan de la existencia de zonas económicamente muy �14 SigloXIX V) Garavaglia-Grouo: Análisis regional de la Nueva España borbónica dinámicas. O\ 00 o .... 00 .... .... 00 N .... --o ........ 00 .... Nos ocuparemos en el acápite siguiente de Veracruz. Sólo quisiéramos aquí hacer algunos brevísimos comentarios sobre Valladolid y San Luis Potosí. ■□ O\ ~ 1 1 ..... w r-r-..... µl f-< z <:O -o ~ en w z o ..... C!) w ~ C'I o ~ ~ ~ ~ o en ¡::,: oz ~ C!) µl C) w ~ en <: w ~ 1 1 1 w ~ o µl o Q E-t zw ,¡,; ü g ..... :E u..... ~ u ~ i:i:: o z o o "" 15 ~ .,, N o o N ~ .,, .... ~ .... o .,,~ o Tradicionalmente se ha considerado a Valladolid como un área muy dinámica a fines del período colonial: no hay dudas de ellos. De todos modos, hay diferencias internas notables. Mientras algunas zonas, como la llamada "Media Luna tropical" efectivamente tuvo un crecimiento destaca12 do en sus alcabalas, en otros lugares como Zamora, las cosas se presentan en forma más contradictoria y no sólo porque de esta receptoría se irán desprendiendo muchas suhreceptorías menores, sino porque hay notables discrepancias entre las cifras de esta fuente y la de los diezmos. 13 Pero, además, hay que llamar la atención ~bre algunas afirmaciones que se han hecho sobre el comportamiento de las alcabalas michoacanas y que están basadas en una interpretación errónea de la fuente. 14 De todos modos, la impresión de un comportamiento muy dinámico de algunos sectores regionales sigue siendo una realidad, remarcándose, en especial, un mayor desarrollo de las receptorías menores de la Administración frente a las tres dominantes en los inicios de la serie. 15 Finalmente, para terminar estas notas generales, no hay que olvidar, respecto a la peculiar performance de San Luis Potosí, el boom minero que sacude a esta jurisdicción desde mediados del siglo XVIIL En efecto, después de los años de bonanza de 1690/1709 (con promedios anuales que superan ampliamente los 150 000 pesos de recaudación en impuestos relacionados con la actividad minera), San Luis Potosí había caído a un promedio bajísimo que no llegaba a los 60 000 pesos durante el largo período 1710/1749. De allí en más, el boom no hace sino crecer hasta fines del período analizado, con 143 000 pesos en las tres décadas que van de 1750 a 1779, alcanzándose finalmente la suma de 326 000 pesos de pro16 medio en los años 1780/1809. En resumen, si a mediados del XVIII era la séptima caja novohispana -siempre hablando de impuestos relacionados con la actividad minera- se convertirá en los primeros años del siglo XIX en la tercera, detrás de la caja de México y de la esplendorosa Guanajuato de la Valenciana... No olvidemos por otra parte que Catorce - uno de los reales de minas más importantes de esa época- está ubicado en San Luis Potosí. 17 3. ANALISIS DE ALGUNOS CASOS REGIONALES o Veracruz Comenzamos este estudio pormenorizado de algunas regiones novohis- �16 Siglo XIX Garavaglia-Grouo: Análi8is regional de la /!{ueoa España borbónica 17 panas por aquélla que representa uno de los comportamientos más originales a fines del siglo XVIlI y que, salvo escasas excepciones, no parece haber llamado en demasía la atención de los estudiosos. más, como ya lo dijimos en el acápite precedente, se trata de la única administración alcabalatoria situada en las regiones surorientales que tiene un comportamiento tan dinámico. En primer lugar, hay que señalar que la Administración Foránea de Alcabalas de Veracruz comprende las siguientes receptorías: Acayucan, Antigua, Córdoba, Cosarnaloapan, Orizaba, Tampico, Tuxtla y Xalapa. Es decir que aquí, como ocurre en otros casos, no hay coincidencia entre los límites administrativos de la Intendencia veracruzana y los de la Administración Foránea correspondiente, pues, por ejemplo, Papantla, pese a formar parte de esta Intendencia, esta bajo la jursidicción de la receptoría poblana de Zacatlán para el cobro de las alcabalas. Son varios los indicadores que coadyuvan a este dinamismo veracruzano: alto porcentaje de crecimiento en todo el período; marcada diferencia entre la participación porcentual de las alcabalas respecto a la población; incremento de su participación poreentual relativa respecto al total de la Nueva F.spaña entre 1778/85 y 1802/09, como podemos ver en el cuadro siguiente: Por lo demás, los resúmenes localizados y los Libros Reales de Alcabalas no incluyen ningún dato para las alcabalas del puerto de Veracruz, dado que éste depende -desde época muy temprana- de la Dirección de Aduanas de la Capital. Ello quiere decir que si bien los efectos del Libre ComeL"Cio se harán sentir en forma de multiplicación de la demanda de bastimentos y alimentación para un número cada vez mayor de naves y de la expansión en la demanda de algunos productos tropicales, como el azúcar, nuestros datos no están directamente ligados a la coyuntura mercantil del puerto. CUADRO 1 De todos mo.dos, la información trabajada es altamente representativa del movimiento que experimentó el intercambio y la actividad económica en el ámbito de la intendencia, ya que incluye al grueso de esa región y a sus polos económicos más importantes: Orizaba, Córdoba y Xalapa. Ya en la época, algunos escritores poblanos, como el agudo Fernández de Echeverría y Veytia, habían comprendido el caracter dinámico de esta región y no dejaron de señalarlo en algunos de sus escritos con amargura 18 -pues a sus ojos contrastaba más con la decadencia de Puebla. Y es interesante recordar que este cronista escribe antes de la liberalización comercial borbónica y antes del inicio de las series que estamos analizando; ello nos muestra que esta situación de bonanza tiene raíces bastante profundas. Veamos unos primeros datos alcahalatorios. Vista desde las alcabalas, las receptorías de Veracruz conforman una de las áreas más dinámicas durante todo el período 1778-1809. El movimiento del monto global creció un 56.11 °/o, porcentaje superior al general de la Nueva España y sólo superado por el de la Adnúnistración Foránea de San Luis Potosí (el caso de Sonora que también posee un porcentaje superior, es bastante especial, como explicaremos más adelante al estudiar esta región). Ade- VERACRUZ Y NUEVA ESPA/1/A: CRECIMIENTO Y POSICION RELATIVA SEGUN MONTOS GLOBALES Nueva España 0 /o de cree. °lo de cree. porcentaje de Veracruz respecto al total de NE -4.68 25.10 8.62 -8.96 45.96 17.48 6.7 6.4 7.5 8.1 1778/1785 1786/1793 1794/1801 1802/1809 Veracruz 1778-1809 1778/85 - 1802/09 7.2 29.53 56.11 Y finalmente, uno de los indicadores más relevantes en este sentido: Veracruz es la primera de las doce Administraciones Foráneas en cuanto al peso del rubro de efectos de la tierra en el total de la recaudación de alcabalas para el año 1796 con un 67.47°/o; y además, comparte con la Administración de México el último lugar (con un porcentaje del 16.76º/o) en cuanto a la participación de los productos importados. Otros datos cuantitativos a nuestra disposición, como son los diezmos, reafirman de modo evidente este comportamiento regional y demuestran, una vez más, el carácter plenamente confiable de la fuente de alcabala para �18 19 Garavaglia-Grosso: Análisis regional de la Nueva España borbónica Siglo XIX medir en un área determinada lo que hemos llamado en otros estudios "grado de actividad económica". Según documentación del archivo de Sevilla y de México -parcialmente confirmada por los datos publicados por Medina Rubio en su libro, pese a ciertos problemas que sus cifras presentan para el siglo XVIII~ los diezmos veracruzanos, desagregados de la masa del obispado de Puebla a la que pertenecían, crecieron en forma acentuada desde 1775, con 42 362 pesos para ese año, 61,881 para 1783 y una suma de 98 546 para 1790. 1 ' en < 2 Esto también e.s distinto a lo que ocurre en otras Administraciones foráneas. Aquí, al revés de lo que sucede en la de Puebla o en la de Guadalajara, no existe una ciudad que funcione como polo aplastante y que determine en forma unilateral el comportamiento de toda una región. En Veracruz son tres las áreas que tendrán influencia decisiva en ese desarrollo. :><: ... E3 [I) 111 [Z] u ¡:¡¡ i:i:: if) w u o ., +' (1) E-< z z< -o ~ o if) ::; 1Z o ~ ~ ~ ~ o E-< 0-. w u w 1Z (f) w 1Z _¿ E-< Más, sí bien son ocho las receptorías que componen la Administración Foránea veracruzana, tres de ellas concentran el 83.79°/o del total del monto global durante el lapso 1778-1809: Orizaha, Córdoba y Xalapa. < p., < ,_¡ < ~ CY') Volviendo a las alcabalas, veamos ahora qué ocurre al interior de la Administración Foránea. Podemos advertir ciertas diferencias en la dinámica de las distintas áreas representadas por sus respectivas receptorías. Pero, pese a ello -y dejando de lado los altibajos sufridos por algunas receptorías en determinados períodos- ninguna de ellas tuvo un comportamiento negativo si comparamos las cifras de 1778/85 con las de 1802/09. Como veremos, esto marca una diferencia significativa respecto a otras Administraciones foráneas de alcabalas. < ,xi o ~ o ¡:¡¡ Este incremento, muy superior al del total de la masa poblana, hace que la participación porcentual de los predios decimales de Veracruz pase del 15.03°/o en 1775, al 20. 11 °/o en 1783 y finalice con casi el 26°fo en 1790.20 Y hay que subrayar, pues resulta de particular importancia a la luz de los datos de las alcabalas, que este crecimiento de los diezmos veracruzanos se debe casi exclusivamente al boom de un solo predio decimal: Orizaba/Córdoba, que pasa de 35 715 pesos en 1775 a 84 771 en 1790, convirtiéndose (y de lejos) en el predio decimal más destacado de todo el obispado de Puebla. 21 Es decir, estamos ante un crecimiento de la producción -siempre que aceptemos que los diezmos son un buen indicador indirecto de ese movimiento- que es mayor que el aumento de la población y que el incremento de los precios.22 < ,xi < N 2 o r (f) < ~ ~ .. . N ;:i 1Z u < 1Z w :> , < < e{- - %~ ff#; __ 0 ·;...._ "' ' ' . .. ·~ o o --- N °' IU L• �a-l SigloXIX Garavaglia-Grosso: Análim regional de la Nueva Espafia borbónica En este sentido, el notable dinamismo de Orizaba, se verá contrabalanceado por la fluctuante evolución de Córdoba. CUADRO 3 CUADRO 2 COMPOSICION DE LAS ALCABALAS DE ORIZABA 1782 Y 1806 PARTICIPACION RELATIVA DE LAS TRES RECEPTORIAS PRINCIPALES: 1778-1809 " t. 21 1778185 1802109 ºlo ºlo Orizaba Córdoba Xalapa 34.99 30.34 17.39 43.29 24.53 17.83 Totales 82.72 85.65 Orizaba no sólo es la que presenta un mayor dinamismo. Además, es la única receptoría que mantuvo un crecimiento sosterúdo durante todo el período. Este hecho debería relacionarse en gran parte, según creemos, con el auge del cultivo del tabaco, principal producción local. Ya un trabajo de Susan Deans nos ha mostrado de qué forma el cultivo de esta planta en Orizaba dio como resultado la proliferación de sectores productivos bastante diferenciados, entre los que abun8an los pequeños y medianos pro23 ductores. Es bien sabido que el tabaco es un tipo de cultivo que exige grandes cuidados: ello favorece, obviamente, la explotación intensiva y no extensiva. Hay que recordar que no sólo el tabaco paga alcabala: por otra parte, los adelantos que realiza la Renta de Tabacos entre los cosecheros, inyectan ingentes cantidades de dinero fresco en los diversos circuitos mercantiles de la región. Un sondeo realizado en los Libros Reales de Alcabalas de la receptoría de Orizaba nos muestra claramente este hecho y la expansión del tabaco: castilla* 1782 1806 tierra viento ºlo ºlo ºlo 15.27 8.67 68.06 72.78 16.68 18.55 * Incluye las cortas partidas de efectos de la China. Fuentes: Libros Reales de Alcabalas de Orizaba, años 1782 y 1806, en AGNM-Indif. RH. En una palabra: mientras el total del monto global de la receptoría creciQ.,en un 19.31°/o entre las dos fechas consideradas, el monto referido a lo recaudado en concepto de tierra y viento lo hizo en un 28.59º/o. Además esta actividad tuvo otros efectos multiplicadores a través de la instalación en la ciudad de la Fábrica de Tabaco. Por otra parte, Orizaba fue siempre -y esta especialidad debió acentuarse después del Libre Comercio- una ciudad/estación, donde la arriería daba ocupación y ganancias a . ' 24 un sector .tmportante de supoblac1on. Xalapa, que entre 1778 y 1809 experimentó un crecimiento elevado, se vio afectada sin embargo por una marcada caída en el lapso 1786/1793; en el período siguiente la receptoría recupera sus rúveles anteriores. En cuanto a Córdoba, la segunda receptoría, contrasta con Orizaba por sus altibajos y por un porcentaje de crecimiento muy inferior al de las dos receptorías más dinámicas y al del total registrado por la entera Administración veracruzana: ello se expresa en la marcada disminución de su participación relativa en el conjunto de esa urúdad administrativa. Llama también la atención el comportamiento de Cosamaloapan, tierra de producción algodonera y la más destacada de las receptorías menores. Sus �22 Siglo XIX flu??1aciones coinci~en bastante con las de Córdoba, pese a que su recuperac1~n _es mucho mas finne, como se puede advertir por el porcentaje de crecuniento alcanzado entre 1778/85 y 1802/09 (ver cuadro 2 del apéndice). Hay dos hechos de particular relevancia, más alJá del ya referido al establecimiento de la Renta de Tabacos, que explican el comportamiento de es_ta región: 1~ _cercanía del puerto de Veracruz, con el excepcionaJ crecirruento del trafico mercantil, ocurrido en los últimos dos decenios del siglo XVID - los datos de las cajas reales veracruzanas, tal como nos los muestra el excelente artículo de Herbert Klein, 25 son una prueba fehaciente de ell~; Y estrechamente relacionado con esto, la enorme expansión que expe~mentaron los productos tropicales a fines del siglo XVlll. AJ respecto es interesante verificar cómo este dinamismo caracteriza también a otras áre,'!8 de tierra calien!e, como el c~ que vimos de la "Media Luna tropical en la Intendencia de Valladolid, o el territorio representado por la receptoría poblana de Yzúcar. Una de las producciones tropicales <¡ue parece haber tenido gran expansión es la caña de azúcar. Hacia 1788, las cosechas de los obispados de México, Valiado! id y Puebla apenas llegaban a las 800 000 arrobas. 26 Según un informe del Consulado de México, las causas del escaso desarrollo lo~do hasta et1tonces por la producción azucarera radicaban en la competencia de las Islas de Barlovento y en la reiterada prohibición de fabricar el 27 aguardiente "de la tierra". Según el sabio alemán, la in tendencia de Vera~ruz será una de las principales regiones responsables de la expansión del azucar: Desde que el consumo del azúcar ha tenido un aumento considerable, y que el comercio del Nuevo Continente proporciona a la Eu!opa muchos productos que en otros tiempos se sacaban de A~1a Y A~ica, las tierras cali~ntes no hay dudas que presentan mas ~tr_act1vos para el establecimiento de colonias; por esto se han multJphcado en la provincia de Veracruz las plantaciones de caña Y de algodonales, principalmente desde los funestos sucesos de Santo Domingo, que ~fl dado un gran impulso a la industria en las colonias españolas. También ~oreno Fraginals, en su obra clásica sobre el ingenio cubano, subraya especialmente este aspecto de la coyuntura internacional como uno de los pilares en los que se asienta el auge que desde ese momento experimentó el azúcar de la isla. 29 ~n el caso d~ la I\Jueva España, si bien el crecimiento general de la producc1on estuvo ligado principalmente a la expansión de la demanda interior, el azúcar también alcanzó a inicios del sigfo XfX un lugar destacado Garavaglia-Gro$$o: An6/í$i., regional de la Nueva España borbónica 23 en sus exportaciones agrícolas: en 1802 salieron para España 431667 arrobas por un valor de 1 454 240 pesos, y en el año 1803 fueron 483 944 arrobas con un valor en pesos de 1495056 (en este último año, la grana, el principaJ producto agrícola de exportación novohispano, alcanzó un vaJor de 2 191 399 pesos). 30 Y hay que recordar que Veracruz tenía una ventaja comparativa muy grande respecto a ot-ras zonas de Tierra Caliente: se haUaba casi en la boca del puerto... En la Intendencia, los principales plantíos de caña estaban localizados en las jurisdicciones de Córdoba, Orizaba y Xalapa. Pero, al parecer, desde mediados del XVIII se estaba produciendo una redistribución de los ingenios en perjuicio de Córdoba. Si esta hipótesis se confirmara, tendríamos un elemento explicativo para entender en parce el errático comportamiento que caracterizó a las alcabalas de esta jurisdicción en el período que eslanlos considerando. En efecto, hacia la mitad del siglo XVIII, había en Córdoba 33 ingenios y trapiches y un número no precisado en XaJapa, Orizaba, Tuxtla y otras localidades menores. 31 En 1804, las "haciendas de fabricar azúcar" de Córdoba se redujeron a 23, en tanto que Xalapa contaba con 11 trapiches e ingenios y Orizaba con un número no aclarado de "grandes ingenios".32 No hay que olvidar, por otra parte, que las villas de Orizaba, Córdoba Y Xalapa - al igual que el hasta ese entonces humilde pueblo de Perote- se convierten en esta época en localidad que fueron centro de importantes acantonamientos de tropas. El documentado trabajo de Christon Archer muestra los efectos económicos multiplicadores que tuvo el estacionamien• lo de las tropas en todo el área sobre la estructura productiva local y el mercado regional.33 En Orizaba, por ejemplo, tanto el tabaco, como el azúcar y la nueva presencia de las tropas acantonadas en la ciudad, dieron como :resuJtado el incremento de las actividades artesanales y manufactureras. En 1803 la viUa cuenta, además de sus ingenios y de la Fábrica de puros y cigarros, con ''...tres molinos de pan moler, tres sombrererías, como treinta telares de ha• cer manta, tres curtidurías de vaquetas, seis gamuzerías y nueve ladrille• ras y tejerías... ,,34 Con una población que alcanzaba casi los 10 000 habitantes (en 1791 se habían empadronado unas 7 074 personas), Orizaba era también sede de un " . . .crecido número de comerciantes. . . ,,35 Sonora y Durango Sonora Si tenemos en cuenta el monto de las aJcabaJas recaudadas en el período �21 SigloXIX Garavagtia-Crouo: Análi,i, regional de la Nueva España borbónica 1778-1809, la Administración Foránea de Sonora es una de las menos importantes de la \iueva España: su participación en el monto global total es apenas del 2.4 °/o, ocupando el anteúltimo lugar entre las 12 Administraciones Foráneas de Alcabalas. Pese a elJo, su caso presenta especial interés por ser la jurisdicción que en ese mismo período presentó un mayor índice de crecimiento (con un pon-enlaje superior al 500°/o... ), seguido de muy lejos por San Luis Potosí, con un 70°/o, y Veracruz con el 56°/o. Sin duda este porcrntaje está sobrevaluando la expansión de los intercambios mercantiles ya que, por ser un área hasta entonces exenta del pago de la alcabala, la recaudación en los primeros años de la aplicación del sistrma de administración dirrcta por parle de la Real llaricnda, no abarcó la totalidad de las actividades gravables ni todo el territorio; tanto unas como el otro se fueron incorporando gradualmente a la captación fiscal. 36 Ütas regiones no fueron las únicas qur gozaron dr un status privilegiado y de una situac-ión mu} peculiar, favorrcidas por la política de promoción fiscal de la corona.37 Volviendo a Sonora hay que subrayar que, pese a lo dicho, si comparamos los monlos globales en el segundo de los períodos considerados (1786/1793), cuando ya la administración de las alcabalas se había extendido a gran parte de la jurisdicción, con el último de ellos (1802/1809), el porcentaje de crecimiento sigue siendo muy elevado y es superior al 100°/o. Creemos que este caso, como el de Durango, son especialmente representativos del dinamismo que experimentó el norte minero en la última década de la época colonial. Los dalos decimales confirman plenamente lo que se ve a través de la fuente de alcabalas. lt 1 La región del noroeste, con una tradicional actividad minera que se remonta a la segunda mitad del siglo XVII, gracias al descubrimiento en 1655 de la primera veta de plata en el Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario, experimentó un notable crecimiento económico en las áltimas décadas del período colonial: debido, en buena parte, a la incorporación de nuevos territorios y a la reactivación de las áreas ya ocupadas y explotadas. Ello posibilitaría la expansión de la frontera y del gradual sometimiento de las poblaciones indígenas hostiles. Este proceso se había iniciado con la visita de don José de Gálvez a los pueblos y "presidios" del norte en la década de 1760; esa visita impulsó una reorganización total del sistema defensivo español y se concretó en un avance de los presidios al norte del río Bravo, rn campañas prrmanentes contra los indígenas hostiles, en alianzas con otros y en una fortificación de la frontera con los apaches. Todo ello dio como rrsultado finalmente que, hacia 1780, Sonora y el norte de Sinaloa pudieran go?..ar de una situación de relativa paz.38 Esta vigorosa intervención de las autoridadrs españolas en el norte se completó con diversas medidas tendientes a reorganizar y fortalecer la administración civil y eclesiástica: en 1776 Sonora y Sinaloa quedaron sujetas a la jurisdicción de las recientemente creadas Provincias Internas y en 1786 conformaron la Intendencia de Arizpe. Desde 1780 estos territorios constituyeron además el obispado de Sonora, cuyos vicarios residieron primero en Rosario y luego en CuJiacán, a pesar de ser Arizpe la sede oficial de la silJa episcopal. El distrito de Sonora comprendía aproximada'Tlente el territorio que en 1786 conformó la Intendencia de Arizpe y que con anterioridad com·spond ía a las provincias de Sinaloa y Sonora. Inicialmente, en los años 1778/1785, contó con :mio tres suelos alcabalatorios: Alamos, Arizpe y Rosario. Estos constituyen en toda la época estudiada las principales receptorías y son responsables de un 66º/o del total del monto recaudado entre 1778 y 1809. Entre tanto, la expulsión de los jrsuítas (1767) y la secularización de las misiones del sur del valJe del Yaqui, favorecieron el avance colonizador de españoles y mestizos y la movilización de la población indígena como fuerza de trabajo para minas y haciendas. En 1773, en el Real de San Ildefonso de la Cienaguilla, cuyos placeres de oro habían sido descubiertos dos años antes, residían 786 españoles y unos 1 500 indios. Las haciendas y ranchos fueron extendiéndose gradualmente en áreas hasta ese entonces despobladas } en las mismas tierras de las misiones; las rancherías } pueblos abandonados facilitaron el proceso legal de la "denuncia", que se sumó a la creciente usurpación de tierras mdígcnas. 39 A fines de la década de los ochenta e inicioi. de la siguiente se crearon cuatro nuevas receptorías: San Antonio de la Huerta (l 789), Sinaloa (l 790), C.Ulia<'án (1791) y Cosalá (1792); posteriormente se establecieron receptorías en Horcasitas (1801) y CienaguilJa (1804). Esta misma expansión de la red de captación fiscal t•s un claro indicador del crecimiento de las actividades económi('as objeto del gravamen. Hacia 1780, Sonora y Sinaloa contaban con 30 reales de minas, 7 villas, 106 pueblos, 35 misiones y 6 presidios. En p0<·0 más de una década la población de los centros más importantes y estables creció notablemente: entre 1777/1780 y 1791/1794 la poblafión de Arizpe se elevó de 1 540 a 9 000 habitantes; la de Los Atamos de 5 000 a 9 000; la de Rosario de 3 600 a 7 200 almas; y para 1793, Culiacan tenía 13 800 habitantes.40 25 �26 Siglo XIX l<:l sector de población flotante, que se trasladaba de un distrito minero a otro siguiendo los diversos momentos de auge y decadencia de sus vetas, creció con el aporte de nuevos contingentes de españoles y mestizos y con el de la población indígena que había abandonado sus tradicionales lugares de residencia. Así Cienaguilla, en su época de mayor bonanza, hacia 1805, llegó a concentrar cerca de 5 000 pobladores; el antiguo presidio de San Miguel de Horcasitas, en Sonora, se transformó en pocos años en próspero mercado de un distrito agrícola en crecimiento que atrajo a los indígenas de las cercanas misiones y a inmigrantes españoles.41 El desarrollo de la actividad minera fue el principal motor del crecimiento demográfico y económico del noroeste. Gálvez había otorgado en su visita gran importancia a la minería de la región. Posteriormente ideó un ambicioso plan para la promoción de las actividades productivas que, en gran parte, no llegó a implementarse por falta de recursos. De todos modos, los yacimientos de Sonora y Sinaloa se vieron favorecidos por las medidas generales adoptadas por la Corona en las décadas subsiguientes a la visita de Gálvez (reducción del precio del azogue y de la sal, beneficios fiscales, etc.) y por otras disposiciones más específicas como el establecimiento de las Cajas Reales en Alamos y en Rosario. Este hecho no sólo redujo los riesgos y los costos de los cargamentos de minerales que hasta ese entonces deh ían llevarse hasta Guadalajara: también, acortó el tiempo que debían esperar los mineros para el reintegro en moneda de los envíos en minerales; las Cajas fueron provistas de un fondo revolvente en efectivo -aún cuando fue siempre insuficiente, a juicio de los mineroscon el cual se compraba a éstos el mineral. El establecimiento de las Cajas también aligeró la crónica escasez de azogue que afectaba, sobre todo en los momentos de bonanzas, la producción minera.42 Este conjunto de medidas estimuló el desarrollo de los distritos mineros en especial, de aquéllos situados en las áreas de influencia de AJamos y Ro~rio: vivieron una época de gran prosperidad en las décadas de los ochenta y noventa, hecho que no dejó de manifestarse en los montos de las alcabalas en ambas receptorías (si consideramos los promedios anuales de los períodos 1778/85 y 1794/01, la recaudación en las dos receptorías creció en un 31 °/o y un 175°/o respectivamente). Y no hay que olvidar que esta fuente tiene en este aspecto un sesgo marcadamente negativo y que tiende a subvaluar el peso de la actividad económica real: todos los medios de producción destinados en forma directa a la minería no pagan la alcabala y por lo tanto, dada la cantidad de distritos de minas que existen en estas receptorías, los montos deberían ser mucho mayores. Ahora bien, hay que señalar que el incremento de la actividad minera Caravaglia-Gros.to: Análisis regional de la Nueva España borbónica 27 no se limitó a esas dos jurisdicciones nombradas. Se descubrieron placeres de oro en el noroeste de Sonora; se abrieron nuevas minas de plata en el noreste, en las regiones de Opata y Ostimuri y en la región central de Sinaloa, a los pies de las montañas de la Sierra Madre. El crecimiento de Arizpe no sólo se debió a sus nuevas funciones administrativas sino también al desarrollo de su distrito minero (la recaudación se incrementó entre 1786/93 y 1794/01 en un 60%). Una década más tarde, el área minera de Cienaguilla atravesó su momento de mayor auge: en 1803 se descubrió en sus inmediaciones un rico yacimiento a flor de tierra, San Francisco de Asís, que en pocos meses concentró más de 3 000 pobladores. En el mismo real de Cienaguilla fueron descubiertos nuevos placeres de oro que reanimaron la producción y la vida económica de la villa: en 1802 tenía 42 tiendas de vivanderos, 71 de rescates y 21 de comercio. No es casual que para entonces se estableciera allí una nueva receptoría de alcabalas que -durante el período 1802/1809- captó casi el 10°/o del monto total de toda la Administración Foránea sonorense, pese a haber ini<;iado sus actividades en 1804.43 El crecimiento económico del noroeste no se debió exclusivamente a la minería. Como ya ha sido destacado reiteradamente por la historiografía, alrededor de los centros mineros se formó un complejo económico que integró la producción minera con la agrícola y ganadera a escala regional. El cuadro 4 permite apreciar cual fue el crecimiento de la ganadería de la región entre 1783 y 1805, especialmente, en el caso del ganado vacuno y caballar. Obviamente, ello se tradujo en una reducción del precio del ganado: por (ljemplo, las reses vieron descender sus precios en forma considerable, con lo que fue posible que se constituyera un mercado mucho más estable de abastecimientos·para las áreas mineras. 44 En los alrededores de Culiacáo se desarrolló un importante distrito agrícola tributario de una amplia zona desde los yacimientos ubicados en las cercanías de la Sierra Madre hasta AJamos. En 1802 existían en la juridiscción cuatro haciendas y 126 ranchos; en el territorio del suelo alcabalatorio de Sinaloa se localizaban 82 ranchos dedicados a. siembra de maíz y a la cría de ganado vacuno. Ya hemos mencionado el desarrollo de una importante área agrícola en el fértil valle del río Dolores, en las inmediaciones de San Miguel Horcasitas. En San Antonio, según el administrador de alcabalas, había tres haciendas y varios ranchos que producían " . . .abundante maíz, cría de ganado vacuno, cría de caballada... ". La producción triguera de la región daba lugar ocasionalmente a modestos envíos de harinas, por tierra y por mar, a California, San Bias y Acapulco. Según un informe de 1805 se ex;portaron a Acapulco 500 cargas de hanna desde Sonora.45 �28 SigloXIX Garavaglw-Grosso: Análisis regional de la Nueva España borbónica CUADRO 4 RIQUEZA PECUARIA DE SINALOA Y SONORA: 1783-1805 ganado vacuno lanar caballar mular asnal número de cabezas 1783 1805 120 000 31 500 18 400 17 000 2 000 272 723 35 550 62 794 19 907 4 228 Fuentes: 1783 -Navarro García, L., Don José Gálvez. . ., cit., p. 417. 1805 - "Resultado general de las noticias que pide el Real Tribunal del Consulado de Veracruz... ", en Florescano, E. y Gil Sánchez, l. (comps.), Descripciones. . .provincias del Norte, cit., p. 146 i, 1, Indudablemente, esta actividad agrícola y ganadera debió ser responsable de una parte no despreciable de los intercambios captados por los registros alcabalatorios, de modo tal que aquéllos no pueden ser reducidos tan sólo al consumo de efectos de ultramar y de la tierra provenientes de otras regiones. Sin embargo, la participación de los efectos de Castilla en el comercio regional parece haber sido mucho mayor que en otros distritos alcabalatorios. Según los datos reunidos para el Consulado de Veracruz en 1805, el valor de los efectos de Castilla y de la China comercializados en la Intendencia se habría elevado a la suma de 770 800 pesos; de acuerdo a nuestras cifras, el promedio anual del valor de intercambio captado por la fuente para el período 1802/1809 es de unos 1 358.00 pesos, con lo cual podríamos deducir que la participación de los efectos de ultramar sería de alrededor del 50º/o; del restante 50% serían responsables los diversos efectos de la tierra comercializados en el distrito, parte de los cuales -como es el caso de los textiles- provenían del occidente y del centro del virreinato. 46 29 Esta presencia de los efectos importados muy superior al promedio de la Nueva España v que también es claramente perceptible en el caso de otra receptoría y distrito de clara vocación minera de la región norteña, Durango, merece algunas líneas. Es probable que el tipo de explotación minera muchas veces superficial y de "placeres" diera lugar a inesperados booms, seguidos pocos años después de un rápido agotamiento (como hemos visto que ocurrió en Cienaguilla en 1803). Ello impediría la formación en determinadas ocasiones -que habría que estudiar en forma pormenorizada- de los clásicos "cinturones" de abastecimiento: en especial, en el rubro de bienes duraderos como textiles y otros, para los cuales es indispensable una cierta estabilidad y arraigo de la población. Esto quiere decir que, para esta Administración Foránea, como para el caso de la receptoría de Durango en la Administración homónima, podría ser válida la observación que nos han hecho algunos colegas de que la fuente de alcabalas mediría en esta circunstancia particular más el consumo que lo que hemos llamado en otros estudios "grado de actividad económica". Mas dejemos para el final, cuando hablaremos brevemente del caso duranguense, una nueva discusión sobre este problema que es tan decisivo para evaluar los lúnites concretos de la fuente que estamos utilizando. t Culiacán y Rosario fueron los centros más relevantes del comercio regional, cuyo crecimiento acompañó al desarrollo minero y agropecuario. En 1755 en toda la gobernación de Sonora y Sinaloa había 15 establecimientos mercantiles. En 1806 tan sólo en Cienaguilla había 27 casas de comercio y 41 tiendas de vivanderos. Culiacán se vio favorecida por su localización en el cruce del camino procedente de México y Durango por la ruta de la Sierra y que desde allí continuaba hacia Sonora y California, en tanto que se hallaba comunicada con Guadalajara -el gran centro mercantil y productivo del Occidente- por el camino de la costa. Por su parte, Rosario controlaba gran parte del comercio de un vasto territorio que se extendía por el sur de SinaJoa y parte del territorio del actual estado de Nayarit: ya hacia fines de la década de los setenta y contaba con algunos mercaderes que manejaban caudales de regular importancia.47 El lento y oneroso transporte terrestre de las mercancías desde el centro o desde el puerto d-e Veracruz, determinó que el abastecimiento de la región fuera irregular y que e_l precio de los artículos fuese excesivamente alto (se decía que una casulla de damasco comprada en México a 30 pesos podía costar 60 en la Pimería... ). Es obvio que esta estructura de "mercado imperfecto", que man1enía siempre a la oferta muy por debajo de la �30 Siglo X1X demanda, era alentada por los propios comerciantes de México, Guadalajara, Veracruz y Puebla y por sus representantes locales que dominaban en el ámbito mercantil regional: ello les daba la posibilidad de grandes ganancias.48 También era evidente que este permanente suhabastecimiento terminaría favoreciendo la práctica del contrabando, que en estas regiones adquirió un desarrollo mucho mayor que en otras áreas del virreinato. Desde la década de 1790 -probablemente como consecuencia de una creciente presión de la demanda- la presencia de buques ingieses y n,orteamericanos en las costas del Pacífico septentrional se hizo cada vez mas frecuente, resultando inútiles los esfuerzos desplegados por las autoridades virreinales para controlar el contrabando practicado a lo largo de un extenso litoral imposible de vigilar. Un caso muy llamativo en este sentido es el de la fragata nort~ericana Dromo que atracó durante varios meses en Guaymas y Mazatlán ( desde septiembre de 1808 hasta enero de 1809), vendiendo mercaderías por un valor superior a los 180 000 pesos con la autorización expresa de _las autoridades locales. El estudio realizado por Vidargas del Moral permite apreciar el fuerte impacto que tuvieron las ventas del Dromo en el peculiar sistema mercantil del noroeste. Mientras algunos mercaderes locales -respaldados ·como era de suponer por sus habilitadores de M~xico- proteslBhan por el daño que experimentaría el comercio establecido, otros acudieron desde diversas localidades de la Intendencia e incluso desde Durango para aprovisionarse por lare:o tiemvo de artículos de baio precio _V buena calidad. 49 El propio comandante de las Provinci~ Internas, Nemes1? Salcedo, justificaba el hecho argumentando que debido al es~do de _mdefensión de las extensas costas y a la carestía de las mercanc1as proVIstas mediante el tráfico regular, era imposible controlar ~I ~omerci? il~ci!<>_, V que todas las medidas que se adoptaren para repnmrrlo senan mutil~ " ... porque siempre las harán ilusorias la facilidad del contrabando y la utilidad del contrabandista... ". 50 A pesar de que en este caso los compradores presentaron sus facturas y guías en las aduanas respectivas, y p~aron 1~ alcab~a correspondiente, es evidente que no siempre suced1a lo mlSlllo. S1 t~n~mos e~ cuenta el volumen que alcanzó el comercio ilícito en las dos '."tunas decadas del período colonial, es notorio que la actividad mercantil de Sonora y Sinaloa debió haber alcanzado valores ~?.n mayores que los expre~dos a través de nuestra fuente. Pero, parado11camente, este hecho -le1os de contradecir nuestro análisis- se suma a la serie de indicadores que atestiguan el notable crecimiento económico del Noroeste en los últimos decenios del siglo XVIII. Caravaglia-Crosso: Análisis regional de la Nueva España borbónica 31 A propósito de la discusión "consumo" versus "actividad económica": una apostilla sobre el caso de Durango. La Administración ForaIÍea de Alcabalas de Durango tiene sólo dos receptorías, la de Chihuahua Qa más importante y que cubre el 66.8% del monto global totaJ durante el período 1778-1809) y la homónima de Durango (ver apéndice, cuadro 5). Esta región norteña fue siempre un área donde la minería tuvo un desarrollo excepcional. Tanto los distritos mineros de primer orden como los secundarios se cuentan por decenas. Destacan los de Parral, Chihuahua, Yndé, Cuencamé, Batopilas, Cosiguriachi y Santa Eulalia, en la jurisdicción chihuahuense. Y sobre todo en el caso de Durango, los mineraJes de Guarisamey, Mapimí y otros menores tuvieron también relevante actividad a fines del período colonial. No debe extrañarnos entonces que la minería se refleje en la importancia creciente que tendrán estas dos jurisdicciones en el marco de los impuestos relacionados con esa actividad en las Cajas Reales de la Nueva España Pasando de un 4.8°/o del total novohispano en el decenio 17801789 a un 5.9°/o en el siguiente y cuando finaliza la serie publicada por Klein en el oeríodo 1800-1809, alcanzan ya un porcentaje del 8.7% sobre 51 el total del reino. Y en los años 1806-1809, el 74.5% de la recaudación de alcabalas de la receptoría de Chihuahua proviene de distritos mineros (véase ap~ndice, cuadro 6). Pero también nos hallamos en Chihuahua, y en menor medida en Durango, con los clásicos cinturones de abastecimiento que rodean a las minas con sus haciendas, estancias de ganado mayor y ranchos anexos: San Bartolomé, un valle célebre por sus recursos agrícolas, Santiago Papasquiaro, Nombre de Dios y San Juan del Río son los más destacados. 52 Ahora bien, si comparamos la evolución de las alcabalas de estas dos receptorías con la de sus diezmos, comprobamos algo bastante llamativo: mientras que en Oiihuahua la marcha de los diezmos es bastante armónica en relación a la de las alcabalas, en Durango es posible percibir un salto en el lapso 1794/1801, seguido de un retroceso bien marcado en el período 1802/1809 (ver cuadros 5 y 9 del apéndice). El gráfico 4 nos muestra en fonna más evidente ese disímil comportamiento entre diezmos y alcabalas del que estamos hablando. ¿Cómo explicar este hecho contradictorio? Durango es la Administración Foránea de alcabalas donde en 1796 es mayor la participación de los efectos importados respecto al total novohispanos, con un 4-0.07º/o �w N) GRAFIC04 en (!¡¡' DIEZMOS 100 o ■ Chihuahua □ Durango ~ 90 80 70 60 50 40 30 20 10 o 1760/ 1764 1796/1800 1774/1781 1806/1812 GRAFIC04 ALCABALAS 20.0 ■ □ 17 .5 Chihuahua f 1 is· Durango ~ 1 s,:i... a-: ., ~ s· ¡;· 15.0 12.5 ! 10.0 "'IS" 7.5 8 Q. ~ l:t'l ~ ;:,, .... g- 5.0 g: 2.5 o.o ;:, 2· 1778/1785 1 786/ 1793 1794/ 1801 1802/1809 w w �34 Siglo XIX Garavaglia-Grosso: Análisis regional de la Nueva España borbónica (siendo el 28.7°/o el promedio para toda la Nueva &paña (ver cuadro 7 del apéndice). Además, ello se debe fundamentalmente a las cifras relativas a la receptoría de Durango, pues en Chihuahua las cosas son diversas como se puede ver en el siguiente cuadro: CUADRO 5 COMPOSICION DE LAS ALCABALAS DE CHilIUAHUA Y DURANGO, EN PESOS: 1796 castilla Durango Chihuahua 41 453 11 789 china 821 1 048 tierra viento igualas 12 901 28 258 14 615 2 096 3 855 2 757 35 evolución de la relación diezmos/alcabalas, podríamos justamente reafirmar aún más el carácter de esta última fuente como documento privilegiado para estudiar las relaciones entre consumo, producción y circulación. En este caso específico y donde la participación de los efectos importados es casi exactamente el doble que la del promedio general novohispano, esta contradicción entre los diezmos y las alcabalas, es decir, esa serie de alcabalas que parece tener independencia respecto a los datos contemporáneos sobre la evolución de la producción, nos está mostrando claramente uno de los límites de la fuente. O dicho de otra forma y llegando a una conclusión que a esta altura será obvia para el lector: cuanto más alta sea la participación de los efectos importados, menos representatividad tendrá la fuente para medir lo que hemos llamado el "grado de actividad económica"... 4. CONCLUSIONES. ¿Cuáles son las conclusiones más relevantes a lo que hemos llegado gracias al análisis de estos casos regionales mediante la fuente de las alcabalas? Fuentes: AGNM-Indif. RH. Y no solo ello es así, sino que este comportamiento de la receptoría de Durango, con un 57 .4°lo de la recaudación referida a los efectos importados, se destaca incluso entre las 66 receptorías de la Nueva España para las cuales poseemos datos al respecto en ese período (se trata de las receptorías más importantes del "reino" y que suman más del 85% del total de lo recaudado en concepto de alcabalas durante ese año)53 . Sólo la receptoria de Sierra de Pinos la supera entre las diez primeras receptorías novohispanas donde los efectos importados ocupan un lugar destacado (ver el cuadro 8 del apéndice). Y como se puede ver consultando la lista, no sería lícito llegar a la conclusión, un tanto apresurada, de que esta característica tiene que ver sólo con la condición de asiento de minas que tenga una receptoría, pues de las diez sólo se destacan tres jurisdicción netamente mineras: Sierra de Pinos, Duran¡¡;o y Zacatecas. En otros casos -esa sería probablemente la situación de Tehuacán y Oaxaca- esta dominancia de los efectos importados debe ligarse con la persistencia de los repartos como sistema de mercantilización forzosa. Y para Saltillo y Coahuila la explicación debe remitimos al peculiar comportamiento de ciertos mercados norteños de frontera. Volviendo al caso de Durango, si conectamos este hecho con la disímil Ante todo, una reafirmación: la alcabala novohispana, tal corno fun. cionaba desde 1776 en adelante, es un instrumento privilegiado para estudiar las complejas relaciones entre producción, circulación y consumo en un espacio y un momento determinado. En especial, si controlamos a esta fuente con el auxilio de otros indicadores, como los diezmos o la población. Sea que hablemos de Veracruz y su variada vocación económica en tierra caliente, orientada tanto al consumo interno como al mercado exterior (tabaco, algodón, arriería, azúcar, etc.), como de aquellas regiones norteñas de Sonora y Sinaloa con una dinámica frontera minero/agraria donde la minería aparece como la actividad productiva dominante, la alcabala resulta ser un fiel indicador de esa vida económica tan rica y diversa. Pero, además (y los casos que hemos mencionado de Zamora y Durango son ejemplos claros en este sentido), es necesario poner mucha atención en el uso que se hace de este tipo de material estadístico. A veces -cambios administrativos en el caso zamorano y enorme peso de los efectos importados en Durango- los datos esconden serios problemas y una evaluación superficial puede llevarnos a conclusiones completamente equivocadas. E?.r~idad, este tip,o de trabajo sólo puede damos las Iíneas generales de anáhSJs y, como dec1amos arriba, es indispensable acudir a otros indicado~es que s~an de "control" para verificar las coincidencias o explicar las dISCr~panc1as. Y Fr supuesto, el único camino finalmente válido para profundIZar el estudio en este sentido es trabajar con la información de los �36 GaravaglP-Grosso: Análisis regional de la Nueva España borbónica SigloXIX Libros Reales, donde la enorme riqueza del material aporta siempre las respuestas a casi todas las preguntas que surgen de las series. REFERENCIAS DE REPOSITORIOS DOCUMENTALES AGI AGNM AGNM-Indif. RH Archivo General de Indias, Sevilla Archivo General de la Nación, México Archivo General de la Nación, México, Indiferente de Real Hacienda en proceso de clasificación. - NOTAS l. Véase "las regiones novohispanas en la época borbónica: un análisis cuantitativo (1778-1809)", a ser publicado próximamente en la Rivista Storica Italiana.. 2. "La evolución económica de la región poblana (1778-1809). Una visión a través de la fuente de l!lcabalas", en Anuario.segunda época, vol. 12, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario (Argentina, en prensa). 3. Ver en este sentido, las reflexiones de E. Van Young, en "Doing Regional History: Methodological and Theoretical Considerations", mimeo, 1985. 4. Véase el estudio preliminar a nuestro libro Las alcabalas novohispanas (17761821), Archivo General de la Nación, México (en prensa). 5. Es decir, el principio general es el de la correspondencia entre los límites de la Intendencia y los de las Administraciones Foráneas, pero hay algunos casos que no concuerdan totalmente con esta norma general. Las doce Administraciones Foráneas fueron: Durango, Guadalajara, Guanajuato, México, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Valladolid, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Las alcabalas del casco de la ciudad de México y sus receptorías subalternas dependían de la aduana capitalina. 6. Ver las alcabalas• .., citado. 7. Para más detalles sobre este aspecto de la política fiscal borbónica, véase nuestro trabajo: "Estado borbónico y presión fiscal en la Nueva España, 1750-1821", presentado en el VIl Congreso de AHILA, Florencia, 1985. 8. La grana, una de las producciones mercantiles más importantes de Oaxaca no paga alcabala, pero sí lo hacen todas las mercancías que se siguen repartiendo entre las comunidades para el laboreo de la grana. .. De todos modos, es obvio que este hecho da como resultado una subrepresentación de Oaxaca, pues según las cifras que apoota ..Biian Hamnett el valor de la grana registrada en la capital de 37 la Intendencia durante los años del período 1778-1807 sería de alrededor de 35 millones de pesos; ello elevaría considerablemente el monto global de la Administración Foránea de Oaxaca. Ver: Hamnett, B .. Politics and trade in southern México, 1750-1821, Cambridge University Press, 1971, p. 171. 9. Respecto a Yucatán, hay que señalar que no hemos hallado, pese a repetidos intentos, datos sobre las alcabalas de Mérida y es muy probable que la villa yucateca y gran parte de la península tuvieran un status especial en este ramo; la única receptoría que se incluye en la Administración Foránea de Alcabalas de Yucatán es la de Tabasco. Los autores, que han usado la documentación de alcabalas del año 1792, tampoco han podido hallar datos para Mérida. Ver Moreno Toscano, A., "Economía regional y urbanización: tres ejemplos de relación entre ciudades y regiones en Nueva España a finales del siglo XVIII", en AAVV, Ensayos sobre el desarrollo urbano de México, SEP/Setentas, México, 1974, pp. 95-130 e Izard, M., "Metropolitanos, criollos y reformistas. La Nueva España de Revillagigedo (1789-1794)", Boletín americanista, Universidad de Barcelona, Facultad de Geografía e Historia, año (XXII), 30, 1980, pp. 180-222. Esto hace que la posición de Yucatán aparezca como muchísimo más subalterna respecto al total de la Nueva España de lo que debió ser en realidad por la sencrna razón de que Tabasco -única región efectivamente representada por los datos que se esconden detrás del nombre de la Administración Foránea yucatecaposee a fines del siglo XVIII sólo el 10 °/o del total de la población de la península. Ver: Cook, S. F., y Borah, W., "La población de Yucatán, 1517-1960", en Ensayos sobre historia de la población: México y el Caribe, Siglo XXI, México, 1978, tomo II y "Descripción de la provincia de Tabasco, pedida por el excmo. virrey de este reyno, conde de Revilla Gigedo y formada por su actual gobernador don Miguel Castro y Araoz" (1794), en Florescano, E. y Gil Sánchez, L, De.scripciones económicas regionales de la Nueva España.. Provincias del centro sud11$te y sur, I 766-1827, INAH, México, 1976, pp. 276-283. 10. Según los datos de Fernando Navarro y N oriega, el Norte contaba con 770 550 habitantes, es decir sólo el 14.2°/o del total de la población vivía en esta región. Ver los datos en Navarro y Noriega, F., "Memoria sobre la población del Reino de la Nueva España", en Catálogo de los curatos y misiones de la Nueva España, seguido de la memoria. .•, México, Instituto de Investigaciones HistóricasJurídicas, 1943, citado por Victoria Lerner "Consideraciones sobre la población de la Nueva España, 1793-1810. Según Humboldt y Navarro Noriega", Historia Mexicana, 17 (3), enero-marzo de 1968, pp. 327-348. 11. Los reales de minas de Catorce, en San Luis Potosí y de Guarisarney, en Chihuahua, tuvieron durante una época exención total de la alcabala; en Nuevo Santander, también de la administración foránea potosina y en el Nuevo Reyno de León y en Chihuahua, hay importantes exenciones parciales referidas a toda la producción local agraria, artesanal y manufacturera. Para más detalles. véase nuestro trabajo "Estado borbónico y presión fiscal .. ", cit Y los comentarios que hacemos en la sección referida a Sonora y Durango en este mismo artículo. 12. Nos referimos a las receptorías de tierra caliente de Apatzingán, Ario Y Huetamo cuyos territorios se extendían por una vasta depresión en forma de media luna encerrada entre montañas. Si hacemos el cálculo de crecimiento de los montos globales de estas tres receptorías entre 1786-1793 y 1802-1809 (donde la incidencia de los cambios administrativos de que hablaremos en la nota siguiente tuvo mucho menos peso), comprobamos altos porcentajes de crecimiento: Ario 124º/o; Apatzingán 84°/o y Huetamo 67°/o. �38 SigloXIX Garavagló-Gro$$O: Análisis regional de la Nueva España borbónica 13. Las tres receptorías más importantes de la Administración Foránea de Valladolid son las siguientes: Participación relativa de las tres receptorías principales: 1778-1809 1778/85 1802/09 Valladolid Zamora Pátzcuaro 35.60°/o 32.86°/o 16.65°,b 33.71°,b 15.27°/o 14.07°/o resto 14.89°/o 36.95º/o Como se puede apreciar, hay un incremento del papel de las receptorías menores, Y la caída de Zamora parece enonne, pero una parte no despreciable de esa ca1da se debe a los desprendimientos administrativos que sufre la receptoría cuando en 1784/1785 se separan algunos territorios hasta ese entonces sometidos a Zamora como Apatzingán, Ario y Huetamo; en 1796 se incorporaron a éstas tres otras 12 subreceptorías, también segregadas de Zamora. En 1795 lar~ caudación de Zamora fue de 44 719 pesos y en 1796 se redujo a 26 645 pesos (AGNM-Indif. RH, Resúmenes Anuales, año 1796 y Libro Real de Alcabalas de Zamora). Pero, hay que señalar que al hecho administrativo se habrían sumado otros de diversa índole. Luis González subraya la crisis de la ganadería mayor zamorana en esos años (González y G., L., Zamora, Monografías Municipales del Estado de Michoacán, Gobierno del Estado de Michoacán, 1978, p. 63) y si bien la producción agraria, según el indicador decimal gozaba de un momento excepcional precisamente en la década del noventa, ello no incluía a la caña de azúcar que se estaba desplazando hacia tierra caliente (González, L., op. cit. Y Morin, C., Michoacán en la Nueva E$paña del Siglo XVDL Crecúniento y de$igualdad en una economía colonial, FCE, México, 1979, pp. 120-121). 14. Claude Morin en su excelente lfüro Michoacán en la Nueva España. •• , transcribe una serie sobre el "rendimiento de las alcabalas de Michoacán" que tiene un serio error: mientras que para los primeros años de la serie maneja cifras correspondientes a la cabecera de la Intendencia, para los últimos años los datos ser~ fieren a toda la administración foránea. .. y entonces el autor af"rrma que " ... el valor de los intercambios de Michoacán se triplica entre 1794 y 1809... "(ver op. cit., pp. 150-151). Como hemos dicho en repetidas ocasiones, la utilidad de esta fuente es enorme, pero debe usarse con un máximo de cuidado pues la casuística es realmente interminable. 15. No se puede dudar que Valladolid tuvo un desempeño particularmente destacable hasta fines del período que estamos analizando. La prueba más evidente de ello son sus diezmos, comparados con los de los restantes obispados. El obispado de Michoacán y el de Durango fueron los obispados que más crecieron entre 1771 Y 1810. En el caso de Durango, incluso,elcrecimientodebióhabersido mayor, pues desde los años ochenta se Je restan las cabeceras decimales que formarían el obispado de Sonora. También hay crecimiento sostenido en Puebla (aquí habría que '·culpar" por ello a las cabeceras decimales veracruzanas, como veremos mas adelante) y en Oaxaca. México y Guadalajara, después de un p~ ríodo de gran crecimiento entre 1771/76 y 1784/89 se estancan en los años 1806/10. Por supuesto que un tipo de indicador corno este debe ser usado con muchísimo cuidado por las casi infinitas variantes regionales y locales que enci1> rran cada uno de los territorios cubiertos por los diversos obispados. De todos 39 modos creemos que la impresión sobre el crecimiento de Valladolid sigue siendo válida. El cuadro 10 del apéndice nos da los datos sobre los promedios anuales de los diezmos de los seis obispados más importantes de Nueva España para tres períodos plurianuales entre 1771 y 1810. 16. Klein, H. S. "La economía de la Nueva España, 1680-1809: un análisis a partir de las Cajas Reales", Historia Mexicana (en prensa), 17. El Real de Catorce está esperando un trabajo que Je haga justicia; algunas referencias en Brading. D. A., Mineros y comerciantes en el México Borbónico (1763-1810), FCE,México, 1975, pp. 265-268. 18. Dice Fernández de Echeverría, hablando de las ferias de Xalapa instituidas desde los años veinte del siglo XVID: " ... aq~i (en Puebla) se hacia la provision que hay el día de hoy en los territorios de Orizaba,_ Jalapa y otros mas inmediatos a la costa... ". Ver: Historia de la Fundación de la ciudad de Puebla de los Angeles, Ediciones Altiplano, Puebla, 1962, I, p. 297. 19. El libro de A. Medina Rubio La Iglesia y la producción agrícola en Puebla, 15401795, El Colegio de México, 1983, es bastante confiable en los datos para los siglos XVI y XVII, pero lamentablemente su serie para los años 1749-1795, en pp. 164-170, posee muchos problemas (estos son particularmente notables en las series de Atlixco y Cercanías de Puebla que son casi inservibles en el estado que el autor las presenta). De todos modos, en términos generales y pese a que Medina Rubio no discrimina en su serie entre Córdoba/Orizaba y el resto de los predios decimales veracruzanos, sus datos confirman los nuestros, pues del quinquenio 1769/1773 Córdoba pasa del 10.5°/o del total poblano al 40.4°/o en 1779/1783 y alcanza el 25°/o en 1789/1793. 20. Las cifras de 1775 y 1783 en AGI-México 2576 y la que corresponde al año 1790 en AGNM-RH, Diezmos 20. 21. En efecto, en 1775, los primeros tres predios decimales eran Tepeaca con 53 178 pesos, Orizaba-Córdoba con 35 715 y Cholula con 35 565. En 1785 Orizaba ya ha pasado al primer lugar con una suma de 48 861 pesos, Tepeaca cuenta con 48 280 y Tuxcala es el tercero con 38 756. En 1790 Orizaba tiene 84 771 pesos, Tepeaca 54 145 y Tlaxcala 42 630 (la serie de Cholula está incompleta, pues Je falta para este año nada menos que el rubro de los trigos). 22. Sobre el problema del incremento de los precios a fines del XVIII, véase Garner, R., "Price Trends in Eighteenth-Century México", Hispanic American Historical Review, 65 (2), 1985, pp. 279-325. Este autor confirma en líneas generales lo que ya sabíamos acerca de este problema del incremento de los precios en esta época gracias al estudio clásico de Enrique Florescano, Precios del maíz y crisis agrícola$ en México {1708-1810), El Colegio de México, pp. 180-181 y el más reciente de Eric Van Young Hacienda and market in eighteenth- century Mexico. The rural economy of the Guadalajara región, 1675-1820, University ofCalifornia Press, Berkeley-Los Angeles, 1981, pp. 81-82. 23. Deans, S., "The Money Plant. The Royal Tobacco Monopoly of New Spain, 1765-1821", mimeo, 1982. �40 Siglo XIX Caravaglia-Crouo: Análisis regional de la Nueva Espaíía borbónica 24. Moreno Toscano, A., "Economía regional... ", cit. 1776-1780 ºto 25. Klein, H. S., "La economía de la Nueva España. .. ", cit 26. Chávez Orozco, L. y Aorescano, E., Agricultura e industria textil de Veracruz, Universidad Veracruzana, Xalapa, 1965, p. 49. 17. Cuadro de la situación económica novohispana en 1788, Recopilación Y adver- tencia de L. Chávez Orozco, Publicaciones de la Secretaría de la Economía Nacional, México, 1934, p. 61 y ss. 28. Humboldt, A. de, Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva España, Porrúa, México, 1980, p. 284. '• 19. Moreno Praginals, M., El ingenio. Complejo económico social cubano del azúcar, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1978, I, pp. 39-62. 30. Humboldt, A. de, Ensayo político.•. , pp. 177,285 y 472480. 31. Chávez Orozc-0, L., y F1orescano, E., Agricultura••. , cit. p. 49. 32. Florescano, E. y Gil Sánchez, l., Descripciones.• • provincias del centro.. • , cit., pp. 76-83. 33.- Archer, Ch., El ejército en el México Borbónico, 1760-1810, FCE, México, 1983; ver en especial, el capítulo V, pp. 141-176. 34. Chávez Orozco, L., y Florescano, E., Agricultura. . ., cit. p. 57. 35. Florescano, E. y Gil Sánchez, l., Descripciones. • . provincias del centro. .•, cit., p. 83. 36. Los comerciantes de Sinaloa y Sonora habían logrado exitosamente oponerse a la actitud de los arrendatarios de las alcabalas de Guadalajara que en diversas oportunidades habían pretendido gravar los cargamentos que se dirigían a esas provincias. Cuando en 1780 T. de Croix se hizo cargo de la Comandancia de las Provincias Internas se puso en marcha una nueva política de impulso hacendístico tendiente a lograr de Sonora y de la Nueva Vizcaya los recursos suficientes con que sostener las milicias provinciales. De acuerdo a esta política, Croix ordenó el cobro de las alcabalas adeudadas desde el 15 de agosto de 1777 y de allí en más se hizo efectivo su cobro regular; en la zona meridional de Sinaloa, donde su cobro ya había sido introducido, elJ,orcentaje sería del 6°to; en los lugares donde se la exigía por primera vez, el 4 /o y en aouellos territorios que aún padecían hostilidades el 2°/o. Sólo quedan exentos del pago de las alcabalas los presidios y los lugares situados en un radio de diez leguas alrededor de estos. Cf. Navarro García, L., Don José de Cálvez y la comandancia general de las provincias internas del norte de la Nueva España, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, Sevilla, 1964, pp. 127-128 y 363-364. Alamos (Sonora) Arispe (Sonora) Chihuahua (Durango) Cienaguilla (Sonora) Coahuila (SL PotosO Cosalá (Sonora) Culiacán (Sonora) Horcasitas (Sonora) Mazapil (Zacatecas) Monterrey (SL PotosO Saltillo (SL PotosO San Antonio H. (Sonora) Santander (SL PotosO Sinaloa (Sonora) 41 1781-1790 1791-1809 ºto ºto 4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 5.33 4 4 2 2.33 2 2 4 4 4 5 2.33 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 4 2.66 4 Para más detalles sobre este aspecto de la política fiscal borbónica, véase nuestro trabajo: "Estado borbónico y presión fiscal .. ", cit. 38.- Navarro García, l., Don José de Gálvez• .. , cit., pp. 205-212. Florescano, E., "Colonización, ocupación del suelo y 'frontera' en el norte de la Nueva España, 1521-1750", en Tierras nuevas, México, El Colegio de México, 1973, pp. 48-51; Voss, S. F., On the periphery of nineteenth century México. Sonora and Sina/oa 1810-1877, The University of Arizona Press, Tucson, Arizona, 1982, pp. 19-20. 39. Radding de Murrieta, C., "The function of the market in changing economic structures in the mission communities of Pimería Alta, 1768-1821 ., The Ame• ricas, vol XXXIV (2), 1977, pp. 161-169; Voss, S. F., On the periphery. .. , cit., pp. 20-22; Navarro García, L., Don José de Gálvez.• •, cit., pp. 406-407. 40. Navarro García, L., Don José de Cá/vez. .. , cit, p. 417; Voss, S. F., On the periphery. •. , cit., pp. 28-29; Humboldt, A. de, "Tablas geográficas del reino de Nueva España. .. ", en Florescano, E. y Gil, l., Descripciones económicas ge• nerales de la Nueva España, 1784-1817, INAH, México, 1973, p. 156. 41. Navarro García, L., Las provincias internas en el Siglo XIX, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, Sevilla, 1965, p. 6 y Voss, S. F., 0n the periphe• ry. .., cit., p. 28. 42. Navarro García, L., Don José Gálvez.. •, cit., pp. 153-157 ; Voss, S. F., On the periphery. •• , cit., p. 23 y Brading. D. A., Mineros y Comerciantes. •• cit., pp. 197-198. 43. Navarro García, L., Las provincia& .., cit, pp. 4--9; Voss, S. F., On the periphe• ry• ••• cit., pp. 23-29 y Brading, D. A., MinPJos y comerciantes. •., cit., p ..268; Stagg, A., The Almadas and A/amos, 1783-1867, Tucson, 1978. 44. Navarro García, L., Las provincias. .. , cit., p. 11. 37 .- Las siguientes receptorías (entre paréntesis la Administración Foránea correspondiente) gozaron de porcentajes diferenciales: 45. Florescano E., "Colonización..., cit., pp. 55-56 y 67-72; Nakayama, A., Culia• cán, Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, 1981, p. 24; Navarro García, �42 SwloXIX L., Las provincias• .., cit., pp. 10-11; el documento "Resultado general de las noticias que pide el real Tribunal del Consulado de Veracruz... ", publicado en Florescano, E. y Gil Sánchez, I., Descripcionu económicM regionales de la Nueva España. Provincias del Norte, 1790-1814, INAH, México, 1976, p. 146 Y Resúmenes de Alcabalas, varios años, en AGNM-lndif. RH. 46. "Resultado general de las noticias que pide el real Tribunal del Consulado de Veracruz...", en Florescano, E. y Gil Sánchez, l., Descripciones económicas regionales. .. provincias del norte... , cit., pp. 145-146. Garavaglia-Grosso: Análisis regional de la Nueva Espaiia borbónica 43 ticipación de productos importados relevante). De este modo, los datos del cuadro expresan, como decimos en el texto, un 85.6º/o del total recaudado en ese año y es por ello que, pese a las falencias de la fuente, afinnam os que estas cifras son muy representativas; ver Resumen de Alcabalas, en AGNM-Indif. RH. Por supuesto que todas estas cifras no toman en cuenta a los datos del casco de la capital y sus receptorías subalternas; a partir de los datos promedios de los ~os 1791 y 1792 para la ciudad de México, podríamos calcular en un 35.5 1/o el porcentaje total de los efectos importados tomando en cuenta a las alcabalas de la capital 47. Viveros, G., "Introducción" a J. Rafael GaJlardo Informe sobre Sinaloa y Sonora. Año de 1750, México, Archivo General de la Nación-Archivo Histórico de Hacienda, 1975, pp. XX-XXVill; Navarro García, L., Las provincias. .., cit., p. 6 y Don /osé de Gálvez. .•, cit., pp. 112/129; Nakayama, A., Culíacán, cit., pp. 4-10 y del mismo autor Documentos para la historia de El Ro80Tio, Culiacán, Editorial Sinaloa, s/f, p. 8. APF;NDICES 48. Viveros, G., "Introduoción", cit., p. XXVI. 49. Vidargas del Moral, J. D., "Un caso de contrabando en Sonora y su repercusión en los Consulados de comercio deNueva España", en VII Simposio de Historia de Sonora, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad de Sonora, Hermosillo, 1982, pp. 147-163. En su infonne, ya citado, "Resultado general de las noticias que pide el real Tribunal del Consulado de Veracruz... ", Alejo Gaxcía Conde anotó: "Contrabandos... En estos últimos años pueden haber sido considerables, porque los puertos están despoblados, abiertos y sin defensa, no hay guardacosta y los ingleses y angloamericanos se han presentado varias veces en ellos, siendo imposfüle el remediar que abran comercio clandestino con los habitantes de estas provincias no obstante que sobre el particular se han tomado muchas providencias y se ha contenido el exceso en lo posible, pero aquellos extranjeros como no ven la oposición de un sólo canon entran y salen con desverguenza", op. cit., p. 146. 50. Navarro García, L., Las provincias.. •, cit., p. 12. 51. Klein, H. S., "La economía de la Nueva España. .. ", cit. 52. Consultar, entre otros estudios y fuentes: Hadley, P. L.. Minerfa y Sociedad en el centro minero de Santa Eulalia, Chihuahua (1709-1750), FCE, México, 1979; Alatriste, O., Desarrollo de la Industria Minera de Hidalgo del Parral durante la segunda mitad del #glo XVOI (1765-1810), UNAM, México, 1983. Cano fuentes, véanse: el informe de los administradores de alcabalas de las receptorías de Durango y Chihuahua de 1788, en AGNM-Alcabalas, volumen 617; "Lista o noticia de las jurisdicciones o partidos de la compresión de la provincia de Nueva Vizcaya. .. ", de Bernardo Bonavía (1803), Florescano, E. y Gil Sánchez. l., Descripciones económicas regionales. .. provincias del norte•.., cit., pp. 85-96; Humboldt, A. de, Eruayo político. .., cit., pp. 186190 y Ward, G. H.,México en 1827, FCE, México, 1981, pp. 624-643. 53. Hay que aclarar el procedimiento utilizado. Tenemos datos para 81 receptorías sobre un total de 94 existentes en toda la Nueva España ese año. La recaudación de estas 81 receptorías representan un 90.3°/o del total novohispano, pero, hemos preferido restar las cifras de las receptorías donde los rubros de viento e igualas son dominantes (aquí las igualas pueden esconder un porcentaje de par- CUADRO I MONTOS GLOBALES PARA LAS 12 ADMINISTRACIONES FORANEAS: 1778-1809 Guadalajara Puebla México Guanajuato SL Potosí Veracruz Valladolid Durango Zacatecas Oaxaca Sonora Yucatán 1778-1785 1786-1793 1794-1801 1802-1809 37 501 958 41102 820 35 247 712 31 266 741 19 125 960 16 692 612 16 628 425 14 388 987 16 312 834 16 429 008 1772062 2 610 287 38 722 350 35 858 733 31398208 26 555 308 20 215 005 15 196 241 19 261 808 16 634 002 12 890 012 13 709 542 5 278 779 1702217 40 887 249 45 169 415 40 641 165 30 179 499 26 422 487 22 180 782 22 600 232 22 872 256 18 497 066 17 086 749 8 614 533 1 868 705 53 824 764 43 509 132 41358432 33 494 399 32 556 924 26 060 016 23 682 432 21 120 700 18 045 408 16 807 249 10867250 1 324 383 Fuentes: Resúmenes de Alcabalas, varios años, en AGNM-Indif. �:t CUADRO 2 (,:) di:i' o MONTOS GLOBALES DE LAS TRANSACCIONES REGIDAS POR LAS ALCABALAS VERACRUZ 1778-1809 Acayucán Antigua* Córdoba Cosamaloapan Orizaba Tampico Tuxtla Xalapa Totales 1778/1785 1786/1793 825 590 571 432 5 065 726 864 015 5 841 798 844 405 347 750 2 903 339 16 692 612 1794/1801 1802/1809 ~ 1778/1809 4435576 782 680 6 564 482 823 897 444 893 1 573 293 735 267 98 883 7 220 418 1430033 8 169 818 916 450 555 900 3 054 017 948 268 122 367 6 394 450 1 223 133 11 283 800 891 432 549 650 4 646 919 3 080 557 221 250 23 116 170 4 299 861 31 859 898 3 476 184 1 898 193 12 177 565 15 196 241 22 180 782 26 060 016 80 129 678 *Se abre como receptoría en 1 794. Fuentes: Resúmenes de Alcabalas, varios años, en AGNM-lndif. RH CUADRO 3 • MONTOS GLOBALES DE LAS TRANSACCIONES REGIDAS POR LAS ALCABALAS SONORA: 1778-1809 1778-1785 Alamos (1) Arizpe (2) Cienaguilla (3) Cosalá (4) Culiacán (5) Rosario SA Huerta (6) SM Horcasitas (7) Sinaloa (8) 822 550 57 400 892 112 ~ {ª is· 1786/1793 1794/1801 1 734 750 835 000 1 723 475 1334400 176 625 424 150 1441105 513 224 153 925 1 030 125 1 046 800 2 457 133 573 850 59 975 388 775 2 188 825 1 410 400 878 200 718 775 1 075 700 2 731 200 942 800 605 625 315 725 5 278 779 8 614 533 10 867 250 1802/1809 1778/1809 6 469 600 3 637 200 878 200 1 925 525 2 546 650 7 521 550 2 029 874 665 600 858 425 r :i:.. ::, C>, e: ¡;¡· i. ª- ~ s- ~ "' E C>'J Totales 1) 2) 3) 4) 1 772 062 Se abre como receptoría en 1781 ldem en 1785 idem en 1804 ídem en 1792 5) 6) 7) 8) Idem en 1791 idem en 1789 idem en 1801 ídem en 1790 26 532 625 ~ e, ::,, e, ~ 8: ::, g· Fuentes: AGNM~ Indif. RH .¡::.. <:J\ �f ~ CUADRO 4 MONTOS GLOBALES DE LAS TRANSACCIONES REGIDAS POR LAS ALCABALAS VALLADOLID: 1778-1809 1778/1785 1802/1809 418 480 933 750 286 947 1 690 654 2 474 223 881 210 6 319 557 657 709 5 599 278 632 933 1 771 365 475 183 2 906 683 3 365 184 755 034 7 157 833 1 138 300 4 397 716 772 252 2 093 999 480 416 3 197 017 3 333 265 911 000 7 985 500 1290517 3 618 466 1 868 928 4 922 489 1 301 058 9 074 487 11 941 859 3 350 252 27 383 403 3 250 126 19 080 294 16 628 425 19 261 808 22 600 232 23 682 432 82 172 898 1) 2) 3) 4) ~ 1778/1809 Apatzingan (1) , 45 263 Ario (2) 123 375 Huetamo (3) 58 512 1280133 Marav/Zitac (4) Pátzcuaro 2 769 187 Tlalpujahua 803 008 Valladolid 5 920 513 Xiquilpan (5) 163 600 5 464 834 Zamora Totales • 1794/1801 1786/1793 en ~-s- siderando a la dupla Maravatío/Zitácuaro como Se abre como receptoría en 1785 ídem en 1785 idem en 1784 Maravatío se desprende en 1806 y se constituye en receptoría independiente, pese a lo cual seguimos con- una s6la receptoría. 5) Se abre como receptoría en 1784 Fuentes: AGNM-Indif. RH. CUADRO 5 MONTOS GLOBALES DE LAS TRANSACCIONES REGIDAS POR LAS ALCABALAS DURANGO: 1778-1809 f <!!.. is· ~ ~ ::i,.. is, Chihuahua Durango Totales ~ 1778/1785 1786/1793 1794/1801 1802/1809 1778/1809 !.;• 10 653 357 3 735 630 12 715 698 3 918 304 14 849 650 8 022 600 15 894 600 5 226 100 54 113 305 20 902 634 i-a 14 388 987 16 634 002 22 872 250 21 120 700 ., ~ s-75 015 939 ~ 2 r ~· ~ 8: ::, g· Fuentes: AGNM-Indif. RH. '.!:i �48 Garavaglia-Grosso: Análisis regional de la Nu eva España borbónica Siglo XIX CUADRO 6 CUADRO 7 ALCABALAS DE LA RECEPTORJA DE CHIHUAHUA 1806/1809 NUEVA ESPARA: COMPOSICION DE LAS ALCABALAS DE LAS 12 ADMINISTRACIONES.l 796 monto recaudado en ps. ... Cabecera* Parral* Valle de San Bartolomé Yndé del Oro* Santiago Papasquiaro Cuencamé* Batopilas* San Juan del Rt'o Cosiguriachi* Ciénaga de los Olivos Santa Eulalia* Basuchil Valle de Carretas Babonoyava Santa Isabel Cajurichi 56 339 24 467 17 059 14 777 14 275 13 978 9 903 9 182 7 167 2 318 658 317 310 63 36 28 porcentajes 33 14.3 10 8.6 8.4 8.2 5.8 5.4 4.2 1.3 0.4 castilla º/o china º/o tierra º/o viento º/o igualas º/o Guadalajara Puebla México Guanajuato SL Potosí Veracruz Valladolid Durango Zacatecas Oaxaca Sonora Yucatán 32.32 29.72 15.09 26.28 22.99 16.58 21.86 44.51 27.87 35.73 s/d 34.08 1.93 0.47 1.35 2.06 2.15 0.16 0.58 1.56 8.67 0.39 s/d 0.00 24.62 17.27 29.54 30.88 22.83 67.46 14.35 34.41 25. 71 49.77 s/d 59.76 28.55 41.56 31.69 32.72 48.04 15.00 37.25 13.97 29.33 10.11 s/d 3.66 12.55 10.94 21. 75 8.03 3.74 0.80 25.93 5.52 8.39 3.97 s/d 2.46 Totales 26.74 1.95 30.22 30.59 10.40 Fuentes: Resúmen de Alcabalas, año 1 796, en AGNM-Indif. RH ,; 1 Total 170 877 *reales de minas 127 289 Fuentes: AGNM- Indif. RH 100 74.5 49 �50 ... Garavaglia-Grosso: Análisis regional de la Nueva España borbónica SigloXIX 51 CUADRO 8 CUADRO 9 NUEVA ESPAAA: PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS EFECTOS IMPORTADOS POR RECEPTORIAS 1796 DIEZMOS DE LAS CABECERAS DECIMALES CORRESPONDIENTES A LAS JURISDICCIONES ALCABALATORJ.AS DE LA ADMINISTRACION FORANEA DE DURANGO: 1760-1812 (PROMEDIOS ANUALES EN PESOS) Sierra de Pinos (Zacatecas) Durango (Durango) Saltillo (SL Potos11 Tehuacán (Puebla) Tepic (Guadalajara) Monterrey (SL Potosi) Tuxtla (Veracruz) Zacatecas (Zacatecas) Coahuila (SL Potosí) Oaxaca (Oaxaca) Fuentes: AGNM-Indif. RH 67.79 57.40 56.94 47.87 47.17 39.39 39.24 39.10 38.54 38.51 1774/1781 1796/1800 1806/1812 CHIHUAHUA San Bartolomé 10 200 7 713 Chihuahua Yndé del Oro 4 992 3 743 Cuencamé San juan del Río 1 660 Santiago Papasquiaro 798 Batopilas 8 121 2 305 10 461 5 570 1 978 1 560 15 848 7 600 15 885 9 630 5 700 3 070 277 19 666 14123 22 756 16 241 7 811 3 808 313 Totales 29 106 29 995 58 010 84 718 10 158 7 815 7 961 10 853 15 383 14 641 125 27 289 22 756 198 1 680 18 033 18 814 30 149 51 923 1760/1764 DURANGO Durango Villa Nombre Dios Gurisamey Mezquital Totales Nota bene: hemos reagrupado a las cabeceras decimales de acuerdo a los diversos suelos alcabalatorios de las dos receptorías duranguenses y es obvio que éstas no son todas las cabeceras del obispado. Fuentes: AGI-Guadalajara 549. �52 SigloXIX El Gran Norte Oriental y la Formación del Mercado Nacional en México a finales del Siglo XIX CUADRO 10 NUEVA ESPA~A: PROMEDIOS ANUALES EN PESOS DE LOS DlEZMOS DE LOS SEIS OBISPADOS MAS IMPORTANTES (1771-1810) México Puebla Valladolid Guadalajara Durango Oaxaca 1771/76 1784/89 1806/10 346 297 287 317 269 600 171 833 93 514 70 236 731 583 354 298 319 300 270 238 105 986 84 315 582 601 432 391 485 037 192 142 175 214 102517 Fuentes: Los datos de 1771/76 y 1784/89 fueron publicados por Enrique Florescano en Origen y desarrollo de los problemas agrarios de México. 1500-1821, Era, México, 1981, p. 69; los de los años 1806/10 los hemos tomado de la Memoria sobre el estado de la agricultura e industria de la Repú,blica, que la Dirección General de estos ramos presenta al Gobierno Supremo en cumplimiento del artículo 26 del Decreto Orgánico de 2 de diciembre de 1842, México, Imprenta de J. M. Lara, 1843. Mario Cerutti* l.- Las últimas décadas del siglo X1X y los años inmediatamente anteriores a la Revolución ofrecieron en México -de manera paralela a su integración a una economía munilial hegemonizada por los países de gran avance industrial- un triple y simultáneo fenómeno: a) la articulación y expansión de un mercado de características tendencialmente nacionales; b) el rápido crecimiento de amplios núcleos burgueses que, con su inserción y dominio ascendentes en el manejo de la producción, se estructuraban como una clase social diferenciada; c) la consolidación del estado nacional. En este apretado trabajo se brindará una referencia sobre el primer punto, con explícita mención al impacto que tuvo en el desenvolvimiento del mercado nacional -y, a la vez, en la de grupos burguese&- lo que hemos convenido en denominar el sistema del norte. Se conformaba, este último, con un vasto territorio escasamente poblado que abarcaba siete estados ubicados en el norte central y en el nort!' oriental: un extf'nso ámbito económico regional que incluía porciones considerables de San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Chihuahua, además de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La atalaya que nos permitió visualizar el funcionamiento de este espacio económico -más allá de barreras geográficas o de límites jurisdiccionale&- y separarlo en el análisis del resto del país, fue el comportamiento y actividades de los segmentos burgueses que operaban desde Monterrey. Una ciudad que lenta pero firmemente comenzó a convertirse -desde los años en que el cambio de la línea fronteriza y las políticas de Santiago Vidaurri le otorgaron un status diferente- en uno de los centros fundamentales (si no al principal) de est!' ámbito regional. Asumiría "'Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León (México). Una versión previa de este trabajo fue publicada en Deslinde, 7, Universidad Autónoma de Nuevo León, enero-abril de 1984. �54 Siglo XIX entonces un papel que quedaría visiblemente ratificado desde 1890, al arrancar su proceso de industrialización y al perfilarse como un nudo de comunicaciones ferroviarias de la mayor importancia, tanto en el marco del sistema del norte como a nivel nacional. 1 ... La perspectiva alcanzada, fincada en buena medida en lo que contienen documentos revisados en archivos locales, muestra que en este ancho ~pacio norteño se entretejió un movimiento económico global que emergio como uno de los fragmentos vertebrales del mercado nacional. Casi nos atreveríamos a afirmar que el mercado interno que a finales de siglo se encuentra en estructuración -aunque con limitaciones- no podría haber asumido características nítidas sin la concurrencia, vigorosa y múltiple, del sistema del norte. Su significación en el nacimiento y desarrollo del capitalismo en México, empero, no parece haber sido evaluada aún con toda precisión. 2.- Es menester aclarar desde ya que la noción de mercado que aquí instrumentamos no se restringe a señalar el consumo de la población que ingresa en los circuitos monetizados (visión que ha sido frecuente en estudios latinoamericanos hasta años recientes). Atañe no sólo a que más mercancías recorran con mayor velocidad espacios más extensos con la creciente intensificación de los intercambios. También supone la aparición de flujos masivos de fuerza de trabajo, que en el período analizado se robustecieron con la quiebra parcial de los mecanismos de rete.nción que los nuevos asalariados soportaban en las zonas rurales y con el tendido de los ferrocarriles. Simultáneamente, y esto fue muy perceptible desde la Reforma, tiende a incluir la mercantilización de la tierra: ya fuere la que se encontraba amortizada (en manos de la iglesia, de comunidades indígenas o de municipios), o que era baldía o bajo el control formal del Estado. Habrá que sumar, a lo mencionado, una más compleja bifurcación de los capitales acumulados durante los tumultuosos años que precedieron a la afirmación de Porfirio Díaz en el poder: su circulación, es decir la construcción pausada pero concreta de un mercado de capitales, fue dinamizada en primer lugar por casas mercantiles y -hacia fines de siglo y sin que lo anterior quedase suprimido- se tomaria más efectiva por el establecimiento de una red bancaria que, al menos en términos regionales, logró funcionar. El fortalecimiento del poder central y su legislación modernizante, así como la generosa red ferroviaria y de comunicaciones (telégrafos, correos, teléfonos), implementados al terminar el siglo jugaron un rol decisivo en la articulación del mercado nacional. Coadyuvaban a la VP.Z a M. Cerutti: La formación del mercado nacional en México 55 posibilitar cierta unificación relativa de los precios, aspecto que marchaba a la par del crecimiento de la producción en gran escala y a su rápida diseminación más allá de límites comarcales, zonales e incluso regionales. Y si, siguiendo esta línea, nos detenemos en la circulación estricta de productos convertidos en mercancías, notamos que el mercado tendencialmente nacional que se va configurando desde mediados de la centuria se fue ampliando horizontalmente por el aumento de la población integrada a una economía en la que se aceleraban los intercambios. Se multiplicaron los consumos de carácter masivo y no directamente productivo: vestidos, alimentación y bebidas, artículos para higiene, elementos dedicados a la construcción de viviendas, entre otros. Era un fenómeno que se percibía con claridad en las áreas urbanas y en regiones o comarcas que tendían a especializarse en producciones mercantiles, las que denotaban una firme expansión demográfica alimentada principalmente por el arribo de trabajadores procedentes de otros puntos del país. Pero es imprescindible recalcar que se incrementó, con mucho vigor, otro tipo de consumo, cuya importancia era central en la confonnación y -sobre todo- expansión del mercado interior: se trataba de un consumo en profundidad, gestado por los innumerables abastecimientos que requería el propio proceso productivo, ya fuere -éste- capitalista o no totalmente capitalista. El intercambio, las compras y ventas entre productores, entre empresas, la circulación de bienes destinados a ser insumidos en la producción enriquecía notoriamenle el tráfico mercantil: hecho ligado, es obvio, a la especialización y división social del trabajo, tanto entre unidades productivas como en el caso de comarcas o regiones. El algodón de La Laguna, el carbón que se extraía en Coabuila, los metales -especialmente hierro y acero- que lanzaban las grandes fundiciones asentadas en Monterrey (para citar casos insertos en el sistema del norte) son algunos ejemplos del estímulo que el mercado receptaba por el intercambio ascendente entre 2 productores, entre empresas. 3.- La expansión de un mercado de dimensiones que apuntaba a lo nacional durante la segunda fracción del siglo XIX debe vincularse, inevitablemente, a procesos de acumulación originaria y de concentración de fortunas y bienes acaecidos en es~s tiempos, y que tuvieron como protagonistas principales a los núcleos burgucs<'.s en constitución. De ambos movimientos surgirían con nítidez en los últimos veinte años los mecanismos capitalistas de producción, o, en O<) pocos casos, la evidente sujeción al capital de importantes segmentos de la producción. Un ejemplo contundente de la aparición acelerada del capitalismo como �56 SigloXJ_X sistema•productivo se dio en Monterrey, hacia 1890, tras varias décadas de actividad burguesa destinada a la concentración de bienes y a la formación de fortunas., Una muestra de las formidables transformaciones que arrastró el dominio del capital sobre la producción, aun cuando las relaciones sociales no resultasen estrictamente capitalistas, fue Yucatán: territorio que, desde la década de los setenta, se convirtió en una gigantesca plantación henequenera.3 En términos de una geografía de los mercados, estas transformaciones se vincularon a demandas gestadas en un doble contexto: por un lado, en el espacio nacional, el que rigurosamente se definía por el funcionamiento de ámbitos regionales de notorio dinamismo -como el sistema del norteunidos por el ferrocarril; por otro, en la economía mundial, en especial las derivadas del desarrollo capitalistas de las naciones avanzadas. Y ucatán, sin duda, creció estructuralmente conectado a mercados externos a México. La zona lagunera, por su parte, fue u_n caso de desenvolvimiento exclusivamente orientado a demandas nacionales, provocadas por la industria textil. Monterrey y sus plantas fabriles, a su vez, sería un ejemplo de crecimiento ligado tanto al mercado interior como al internacional. 4.- El caso de Yucatán nos recuerda con contundencia cómo México -como la mayoría de los países latinoamericanoir se convirtió en un productor especializado de materias primas: respuesta a la división del trabajo que desde el último tercio del siglo plantearon las economías de mayor desarrollo industrial. Diversas zonas del territorio mexicano -y franjas del norte estuvieron decididamente entre ellair iniciaron o incrementaron actividades de visible prosperidad para los grupos propietarios, en un movimiento que acompañó y pennitió la famosa estabilidad.porfiriana. De esta incorporación regular y necesaria al mercado mundial, según diría Bujarin, devino la significación espectacular de la nueva minería (y su anexo inmediato, la metalurgia básica), del ya citado henequén, del café, del ixtle, de la expansión en la cría de ganado y del aprovechamiento de sus pieles, así como la intensificación de la explotación maderera, la aparición de la producción petrolífera y de ciertos frutos tropicales y semitropicalcs. Además, claro está, de llevarse a escalas inusuales la antigua producción de minerales y metales preciosos. El cuadro del comercio exterior mexicano verifica el auge que se suscita a partir de los años 80. Sin olvidar la tendencia a la devaluación que registraba la moneda nacional, no deja de ser impactante observar que los valores en pesos de las exportaciones se duplican entre 1877 y 1888, se M. Cerutti: La formación del mercado nacional en México 57 vuelven a duplicar para 1897 y se aproximan a una nueva duplicación hacia 1906, en vísperas de una crisis que se sintió con vigor económica y socialmente (índice evidente, por lo tanto, de la significación acentuada que las exportaciones mantenía en los ritmos internos). Pero lo que interesa remarcar por ahora es que la especialización productiva que -por dicho auge exportador- tuvieron que asumir ciertos espacios de la geografía nacional, resultó decisiva en la configuración, integración y expansión del mercado interior. Esas comarcas, zonas y regiones requerían para su propio y cotidiano funcionamiento un conjunto de elementos: fuerza de trabajo, capitales, tierras libremente abiertas a su utilización, un subsuelo sin trabas para su apovechamiento rentable, insumos variados y masivos para nutrir los procesos productivos, ahasteómiento sistemático de las necesidades vitales de sus trabajadores, una infraestructura de transportes y comunicaciones suficientemente densa. Con ritmos de intensidad ascendente, una mercantilización en espiral y demandas incrementadas, la especialización de esas áreas obligó a ,otras especializaciones, las tornó rentables. Pero, ahora, vinculadas al propio mercado interno. Y que llegaron, en no pocos casos, a provocar sensibles transformaciones tanto en las relaciones sociales como en la organización del trabajo y en los instrumentos y medios de producción. La elaboración del azúcar en Morelos, las alteraciones y fortalecimiento de la manufactura textil en estados del Centro, las industrias liviana e intermedia que en Monterrey prosperan desde 1890 (sumándose al tronco fundfil.[lental que fue la industria pesada), el desenvolvimiento de las ya mencionadas producciones de algodón y carbón, las maderas de Chihuahua y Nuevo León; el tabaco veracruzano, los cereales de El Bajío y Jaliseo, el pulque de los estados de México e Hidalgo, las carnes y cueros provenientes del mismo Jalisco y de la árida geografía norteña son datos que,cntre otros, tienen qui' agregarse a este movimiento acelerado de espeeialización derivado de la ampliación de las demandas internas~ 5.- Se ha señalado oon frecuencia, y atinadamente, cuánta significación alcanzó en este proceso la red ferroviaria. El porfiriato se inaugura con poco más de 600 kilómetros de vías bajo concesión federal, y se despide con casi 20 000. En fuerte medida - y es lo que importa indicar aquí- esta teleraña de rieles apuntó hacia el norte. Si en un momento inicial México pareció intentar las experiencias de otras naciones latinoamericanas, y llevó hacia su puerto atlántico el primer camino de fierro (paso inevitable, en tanto el �/ 58 Siglo XIX comercio exterior miraba preponderantemente hacia Europa), desde los 80 la proyección sería muy distinta. Es que sus expecta?vas ~e _comer~io_ exterior ofrecían una variante única en el continente: solo Mex1co tema Junto a alguna de sus fronteras a una de las más grandes ec_onomías ~el mundo industrializado. La mirada hacia el extremo septentrional, hacia Estados Unidos, no puede asombrar. El sistema del norte se vería entonces rápida y febrilmente atravesado por los ferrocarriles. Con tres llamativas consecuencias: una inter~te comunicación en su seno, una ligazón adecuada con el mercado nac10nal y -muy particularmente- una conexión eficaz con el mercado norteamericano. Las dos grandes líneas -el Central y el Nacional- cruzaron este inmenso espacio en .su búsqueda de Estados Unidos. Otras dos destacadas empresas se instalaron en el interior del sistema: el Internacional, que descendía desde Piedras Negras hacia Torreón -y se prolongaba hasta Durango- tras acercarse a Monterrey; y el Ferrocarril de Monterrey al Golfo, que unificaba el Nacional con el Internacional y marchaba desde Monterrey hacia el principal puerto marítimo del área, Tampico. Un superficial vistazo al mapa ferroviario de principios de este siglo destaca dos cosas: a) el sistema del norte absorbió una parte sustancial de la red de transportes y -más importante aún- le permitió tener a su alcance el mercado de una de las más dinámicas potencias del mundo capitalista; b) Monterrey, urbe que nos permitiremos recordar repetidamente en este trabajo, era el punto de mayor concentración de vías en el sistema (y probablemente uno de los principales del país). Sólo Torreón se le acercaba en este sentido, lo cual no hacía sino robustecer el peso de Monterrey en el ancho mundo del norte: las relaciones entre las casas mercantiles y _los capitales regiomontanos con la comarca: lagunera ya eran más que múltiples antes de que el ferrocarril llegase por esos rumbos y uniera (por varias líneas) a ambas ciudades. La red se bifurcaba desde los caminos troncales y enlazaba las zonas de mayor capacidad productiva y los centros urbanos preponderantes: Chihuahua con Torreón; Torreón con Durango, Zacatecas y Monterrey; Monterrey con Ciudad Victoria, San Luis Potosí y Tampico; San Luis con Tampico. En fin: las zonas productoras de minerales, de carbón, de algo· dón, de madera, trigo e ixtle, las ganaderas, se vieron atravesadas, entrecruzadas o tocadas por el camino de fierro. El arribo del ferrocarril provocó alteraciones fundamentales en no pocos lugares: sin dejar de recordar el caso excepcional de Torreón, bueno es mencionar también el de la comarca citrícola de Nuevo León, que desde mediados de los 90 comenzó a abastecer d mercado del sur norteamericano mientras quedaban desplaiados en tomo a Montemorelos y Linares cultivos más tradicionales (caña de azúcar, maíz). M. Cerutti: La formación del mercado nacional en México 59 El sistema del norte se integraba por este medio a Estados Unidos a través de cuatro puntos: El Paso, Piedras Negras, Nuevo Laredo y Matamoros. Tres de estos polos fronterizos tenían conexión directa con Monten-ey, que también podía unirse al cuarto (El Paso) vía Torreón. 6.- Como señaló y sistematizó hace tiempo Jorge Espinosa de los Reyes, Estados Unidos pasó a jugar un papel preponderante en el conjunto del comercio exterior mexicano hacia 1880: desplazó, con firmeza y nítidez desde entonces, a los países europeos. De acuerdo con lo que indica Espinosa de los Reyes, en 1872-73 fluía hacia Estados Unidos el 36.1 % de las exportaciones, mientras que Inglaterra y Francia recibían el 54.2%. Para 1909-10, Estados Unidos absorbía el 75.7%, en tanto que los citados estados del viejo continente adquirían el 15.7°/o. 6 Según los Anuarios Estad(sticos coordinados por el doctor Antonio Peñafiel correspondientes a los años 1898-1901, ese panorama queda totalmente ratificado. En 1898, verhigracja,. Estados Unidos compró el 71.2% de los productos mexicanos exportados, y en 1901 rebasó el 80%. Muy atrás quedaba, ya, Inglaterra, que en 1901 no pasó del 9%.6 Si se alude a varios de los artículos que encabezaban o se situaban en un rango muy significativo en el conjunto de las exportaciones, es factible confeccionar el cuadro siguiente para 1898: CUADRO I 0 artículo café henequén mineral de plata plata en pasta plomo cobre ganado vacuno ganado menor pieles de chivo pieles de res ixtle en rama /o exportado a EEUU del total 72.5 98.9 89.9 81.8 83 .7 63.5 66.4 93.3 99.8 94.9 35.9 (FUENTE: Anuario estadístico de la República Mexicana. 1898, México, Ministerio de Fomento, 1899). �60 M. Cerotti: La formación del mercado nacional en México SigloXIX Y si se revisan las cifras que los anuarios de Peñafiel detallan para el lapso que corrió entre mediados de 1887, en algunos casos, o mediados de 1888, en otros, hasta la mitad de 1894, se tendrá una idea precisa del giro que ya venían protagonizando las exportaciones de México: CUADROII artículo café henequén en rama mineral de plata plata en pasta plomo cobre ganado vacuno ganado menor pieles de chivo pieles de res ixtle en rama º/o exportado a EEUU del total 92.9 92.2 80.9 72.7 97.4 8.1 90.7 97.9 98.9 88.1 71.5 (FUENTE: Anuario estadístico de la República Mexicana, 1896, México, Ministerio de Fomento, 1897). 7.- Vinculado con eficacia por los grandes troncos ferroviarios, ubicado en la inme_diata trastienda de las franjas más vigorosas del mercado estadounidense de la época (las que iban desde el pujante Texas hasta los grandes lagos y Nueva Inglaterra), dotado de una variada gama de recursos naturales y partero de ávidos grupos burgueses que habían acumulado enormes for- tunas y bienes durante las difíciles e inestables décadas previas a 1880 -Monte~re!, con toda seguridad, es uno de los ejemplos más verificables de esto ult1mo-, no puede sorprender que el sistema del norte se convirtiera en u~o de_los grandes proveedores de la vecina potencia. Posibilidad que se ~ntia estimulada por el arribo del capital extranjero, por las políticas que implementaba el poder central y por la identificación creciente que se daba en~e los gobernadores - delegados que dirigían los estados y los grupos dommantes. El general Bernardo Reyes, que tuvo a su cargo el ejecutivo en Nue~o León c:15i rermanentemente entre 1885 y 1909, aparece como una figura paradigmatica en este sentido. 61 Así como la historia del desenvolvimiento que transitó Sonora por estos años no puede entenderse sin tener en cuenta la costa occidental de Estados Unidos (según lo comprueban investigaciones recientes), el análisis del desarrollo y de las transformaciones económicas del sistema del norte resultaría absolutamente incompleto si no se dibuja el enorme peso que asumieron las relaciones con aquel país: se emplazó como una inmensa área adherida al mercado de más espectacular crecimiento en el mundo capitalista. En primer término, la minería. Pero sólo en primer término, porque el impacto fue más generoso. y, sin duda, dinamizó múltiples actividades que a su vez -y reiteramos esto- generaron un amplio movimiento ligado al mercado interior. CUADRO III estado 1.- Chihuahua 2.- Durango 3.4.5.6.7 .8.9.10.- Sonora Sinaloa Zacatecas Hidalgo Coahuila Guanajuato San Luis Potosí Baja California valor de la producción minera (1897-1900) $ 42 723 406 38947909 26 441 398 24 876 783 23 007 077 22 089 652 19 805 374 18 665 219 15 492 843 13 898 693 Total 10 estados más importantes 245 948 354 Total de producción nª-cional 279 998 227 Estados del sistema del norte 139 976 609 (FUENTE: Anuarios, de Antonio Peñafiel, años 1898 a 1901). Como se observa en el cuadro ID, con datos de los años 1897 a 1900, los principales estados mineros del sistema del norte (se exrluyen TamauJipas y Nuevo León) ~neraron al 50°/o de los valores de esta rama a nivel nacional, y casi el 57% de lo que computaron los diez estados de vanguardia en la actividad. �62 Siglo XIX Sólo ~ntre Chihua~ua y Duran&º' que se encon_trahan ~ la ~aheza en los años citados, produ1eron el 30 1/o del total nacional. Si reVISalllos el Anuario de 1901, por ejemplo, encontramos esto: M. Cerutti: La formación del mercado nacional en México salía más de un tercio del plomo mexicano, además que estaban -largamente- a la cabeza en la producción de plata y sulfuro de plata. *Durango fue el primer productor de minerales con contenidos de oro-plata-plomo (casi el 70°/o del país). WADROW *Zacatecas y Chihuahua eran los principales en minerales de plata: rebasaron conjuntamente el 51°lo del total. valores de los metales beneficiados (1897-1900) estado. *Zacatecas encabezó las cifras en minerales de plata-cobre. *Cinco estados del sistema (Durango, Zacatecas, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León, en ese orden) generaban cerca del 90% de la producción de minerales con plata-plomo. *Nuevo León fue el más fuerte productor de minerales con plomo: más del 960/o. *Y junto con Coahuila, ese estado registró más del 92°/o en minerales con plomo-fierro-plata. 8.- La existencia de ricos yacimientos -entre los que no debe olvidarse los de carbón, requerido en grandes proporciones como combustible por tocemotoras y plantas de fundición-, el tendido de líneas troncales y com~mentarias de ferrocarril , las necesidades del mercado estadounidense (a las que se sumarían con énfasis las demandas internas) y la sanción de leyes .que protegían a la minería norteamericana, permitirían -en el sistema del norte- el surgimiento de establecimientos dedicados a la fundición de los minerales, a su transformaclpn en metales. Algunos de ellos, como sucedió en Monterrey, de dimensiones que estaban muy por arriba de lo que se vefa en otras ramas de la industria fabril. El cuadro IV destaca la gravitación de la gran metalurgia de Nuevo León y de la que funcionaba en San Luis, y puntualiza que Durango y Chihuahua y Zacatecas también mantenían una actividad remarcahle. Estos cinco estados, con Nuevo León-Monterrey al frente, registraron entre 1897 y 1900 más del 51 O/o de lo producido en México. Estos números dicen que los estados del sistema del norte allí mencionados cubrían el 57°/o de la producción de los diez principales del país, que Nuevo León. brindaba el 23°/o del total nacional, y que junto con San Luis alcanzaba el 31.6 °/o. De las grandes plantas fundidoras de Monterrey 63 1.- Nuevo León $ 68 948 271 2.- Aguascalien tes 3.4.5.6.- 7.8.9.10.- 30 000 862 25 503 284 23 022 454 21 435 647 20 554 406 20 073 877 19 200 405 18 969 882 18 961 405 San Luis Potosí Sonora Hidalgo Baja California Durango Sinaloa Chihuahua Zacatecas Total 10 estados más importantes 266 670 493 Total producción nacional 298 225 978 Estados del sistema del norte 152 456 719 (FUENTE: Anuario, de Antonio Peñafiel, de 1898 a 1901). 9.- El estar a la cabeza de las producciones de minerales y metales, tan solo, deja constancia de la significación global de este espacio del territorio mexicano. Retener ese dato coadyuva, sin duda, a esclarecer el inipacto que sobre el conjunto de la economía nacional mantuvo el sistema a finales de siglo. La preeminencia global de las actividades minero-metalúrgicas se desen el cuadro que sigue, en el que se sintetizan las exportaciones registradas entre 1887 y 1897, con exclusión de la plata acuñada. Están incluidos todos los rubros que en ese lapso superaron los diez millones de pesos. tac:1 1 1 �64 SigloXIX M. Cerutti: La formación del mercado nacional en México CUADRÓ V artículo 1.- plata en pasta 2.3.4.5.6.7 .8.9.10.11.12.- minerales de plata café henequén en rama plomo argentífero oro en pasta cobre pieles de chivo plomo maderas tintóreas sulfuro de plata plata mixta (con oro) exportaciones (1887-1897) $ 119 270 077 91 765 186 73 936 599 71 201 054 18 859 404 18276961 18 193 617 12 485 342 12 445 140 11605 409 10 799 020 10 538 916 (FUENTE: Anuario estadútico de la República Mexicana. 1897, México, Ministerio de Fomento, 1898). Pero en el gran norte-oriental había otras cosas para exportar. Al margen de las pieles de. chivo, que figuran en el octavo lugar del cuadro que se acaba de ver, en la tabla de comercio exterior encontramos artículos de evidente importancia: entre 1887 y 1897 se vendió ganado vacuno por valor de 8 849 868 de pesos; pieles de res por 6 933 191; ixtle en rama por más de seis millones. Como ya se ha mencionado, de todos estos productos el principal comprador era Estados Unidos. El impacto que desde estas actividades se dio sobre el conjunto de la economía nacional no resulta difícil de imaginar. De la multiplicación de demandas que se crearon surgieron nuevas producciones, o se ampliaron algunas que ya existían: el sistema del norte participó, con amplitud, en esta alimentación interior. 10.- Aunque la producción destinada a la exportación resultó un elemento fundamental en el desarrollo del capital y del capitalismo durante el porfiriato, de ninguna manera puede sostenerse que el resto del funcionamiento de la estructura económica era marginal, apenas complementario. El dinamismo, los entrelazamientos y mutuos incentivos que generaban el acentuamiento de los procesos de acumulación originaria, la apari- 65 ción y veloz crecimiento de numerosos núcleos burgueses, el rápido y hábil traslado de fortunas y bienes a la producción subsumida al capital o abiertamente capitalista, el arribo sistemático del capital extranjero, el tendido de los ferrocarriles y de otros medios de comunicación y las modificaciones jurídicas que desde el aparato estatal acompañaban todos estos fenómenos, propiciaron en el México finisecular una serie de vigorosas demandas internas. La producción para el mercado interior, así, recibió buena parte de los esfuer.ws empresariales, debió absorber una posición significativa de los capitales invertidos y seguramente generó ganancias suficientes para quienes proyectaban hacia este tipo de demandas sus labores productivas. El nivel de estas demandas es constatahle por las cifras que recogieron las estadísticas de la época. Aunque es muy probable que contengan ciertas imprecisiones, no dejan de mostrar tendencias nítidas. El cuadro VI, centrado en productos agrícolas, evidencia cómo uno de los rubros volcados en forma prácticamente total en el consumo interior -el trigo-, marchaba a la par del henequén, que destacaba con amplitud, por su lado, entre las exportaciones que no incluían la plata. El algodón, a su vez, no parece quedar demasiado atrás del café, y algo similar oourría con el azúcar. Significa esto que producciones exclusiva o preponderantemente volcadas al mercado interno (azúcar, algodón, trigo), a un mercado que se iba articulando sobre la hase de la unificación de diterentes ámbitos regionales antes no vinculados con la fluidez que trajo el ferrocarril, asumieron un peso no desdeñable en la economía mexicana de finalr,s de siglo. Esta conclusión es suficiente par-a justificar la profundización de las investigaciones sobre la formación, articulación y expansión del mercado nacional en el México decimonónico. Y muy particularmente en las décadas previas a la Revolución. ll.- Parece visible que el sistema del norte participó con amplitud en este movimiento interior, tanto como área generadora de mercancías como en lo que atañe a la generación de demandas. Con respecto a lo primero, bueno es recordar ejemplos como el del algodón. Su consumo creció verticalmente con la expansión que la renovada industria textil tuvo desde los años 80. Hacia 1895 pasaba las 20 000 toneladas anuales, y para 1900 subía ya a 30 000. La zona lagunera (en Coahuila-Durango) comenzó a tultivar algodón en forma sistemática en los 70, gracias -en buena medida- a las habilitaciones que los grandes comerciantes de Monterrey realizaban a los agricultores. En pocos años la Laguna proveería casi las tres cuartas partes de toda la producción nacional, como �66 Siglo XIX M. Cerutti: La formación del mercado nacional en Méxiro C(")C(")O'),-.,j0-4f'C,.,~'"""""'""""a-, ........... ,:j<l"-...,OON...,O'IO'lt--0.....,0....,...,<0 O'I 00 tO N O'I O'I 00 0 00 00 N N e<') <O t-e<') N s:!' t-- tO r-- <O O'I O'I t-- t-- e<') t-- 00 ..., <Ot0<000000c<')e<')0...,NOt--t--OO ...... <O ,:j< .... O'I .... o ,:j< o <O <O .... o O'I tO ,...<OtONs:!'NC'le<')...,,:totO<Oc<')<O 67 puede verae en el cuadro VII. CUADRO VII PRODUCCION DE ALGODON (en kilogramos) Qc<')O'IOOOOOt--O'IOOO'ltONOOOO ,:j<t--,...O'IC(')OOtOOt--0.....,000000'I tO O'I tO <O o <O <O tO ...... O'I tO ,:j< tO tO ,:j< <Ot--tOO'INOt000e<')c<')0'<!'t--<OO e<')0<0t0000<0,:j<c<')...,,:j<N00c<')O'I tOO'ltO<ON<OOOr--r--,:j<.,¡,Oe<')O'I ,... O'I ..., t-- 00 ,:j< ..., <O 00 00 ..., e<') tO tO O'I ..... ,....¡ ..... t00c<')O'l0 ONtOOOt--t-l'c<')OtO<Ot-0<0<0t0c<')C'I s:!' 00 r-- O'I O r-c<')c<')...,000000 Ns:!'Ot--N<O .... .... ......................... 00e<')00t0c<')t--00t0 Nt--OOONCNtOt--0 <Ot--OOO'l<Oe<')OC'IN O'I 00 t-- <O ..., tO 00 O'I 0 t--s:!'s:!'N...,tOtO...,..., <O...,s:!'OO'IO'l<OOOO s:!'<O<OO'lt--tOc<')OO..., '""""e<') ...-4 año 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 total nacional Coa.huila Durango Coah/Dgo 8 905 693 5 916 510 1 048 665 6 965 175 16 609 823 5 211 572 4 454 335 9 665 907 35612531 14935947 10724965 25660912 29 185 522 9 167 845 12 178 000 21 345 845 32 915 394 17 968 187 5 533 043 23 501 230 45 525 767 9 620 825 25 978 043 35 598 868 22487517 8601327 4847453 13448780 21 795 895 6 067 743 9 744 493 15 812 236 22 364 092 6 984 845 9 311 500 16 296 345 º/o del total 78.21 58.19 72.05 73.14 71.40 78.19 59.80 72.55 72.87 ,-j (FUENTES: Anuarios, de Antonio Peñafiel, 1893-1902). * ... ~~~~:;~~:;;g;~~~:g;; <O O'I O'I tO tO O'I <O o e<') "'"" 0,:j<c<')<0<0 .... c<')<0e<')00 .... 0 0 1 N t 0 e<') -=13 .... ...... e<') e<') <0 .... 00 .......... 0'IOO ........ 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Nc<')-sl't0<0r-c:na,c:nc:n0>c:nc:noooooooo 00 00 00 00 00 00 00 O'I O'I OI O'I O'I O'I O'I O\ ............... _.. ,-j .......... ,... .............................. ..... De este espacio norteño se extraería también el carbón ( con Coahuila a la cabeza, que para 1905, según el gobtlrnador del Estado, generaba diez mil toneladas diarias), cuya demanda fue sensiblemente multiplicada por las locomotoras y los establecimientos de fundición. Su rentabilidad en función del mercado interno supo ser captada por los grupos empresariales, entre los que no podían faltar los de Monterrey: en 1902 se fundó en la capital nuevoleonesa la "Compañía Carbonífera de Monterrey SA", con una inversión inicial de un millón de pesos (casi medio millón de dólares). Su significación puede inferirse por los accionistas que tuvo, entre los que no sólo había individuos, sino empresas: la "Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey"; la "Compañía Minera, Fundidora y Afinadora Monterrey SA "; la "Cervecería Cuauhtémoc "; la "Fábrica de Vidrios y Cristales de Monterrey" ; la "Ladrillera Unión", entre otras. En su conformación fusionó a la "Compañía Mexicana de Carbón de Piedra", que tenía entre sus principales miembros a Enrique C. Creel; componente poderosísimo del grupo Terrazas, de Chihuahua, gobernador de este Estado y ministro de Porfirio Díaz en los años iniciales del siglo XX. 7 Del amplio ámbito norte-oriental que aquí analizamos muy brevemente salían volúmenes destacables de ganados vacuno y menor, pieles, una fracción no desdeñable de trigo ( de la misma comarca lagunera) y manufacturas textiles ( de Coahuila, Durango y Nuevo León). Un insumo clave para las más diversas actividades era la madera. Pues bien: las cifras de finales de siglo verifican la significación de Nuevo León en las maderas de �68 SigloXJX álamo, nogal y mezquite; de Coahuila con el huizache; de Chihuahua con el cedro. Nuevo León, en tanlo, encabezaba los valores en corteza para curtir, y siempre figuraba entre los primeros en piloncillo. No puede cerrarse esta síntesis sin detallar que fue en estos años en que comenzó el primer auge de la industria liviana asentada en Monterrey, totalmente vinculada a las demandas del mercado interior: textiles de diferentes clases, sombreros, calzados y otros artículos de cuero, almidón, pan y galletas, pastas alimenticias, harinas, vinagres y aceites, mantequilla, cerveza, licores varios, aguas gaseosas, hielo, chocolates y derivados, dulces, cerillos, velas, jabones y cosméticos de diversa índole, perfumes, cigarros, escobas, baúles, artefactos de cobre y hojalata para el hogar, camas y catres, libros y demá<s impresos, materiales escolares, muebles caseros y para oficina, mosaicos, cal y afines, carnes conservadas. E inclusive una industria de mayor complejidad, que también realizaba sus mercancías en el mercado nacional: tubería de plomo, válvulas de bronce, ladrillos y piedras artificiales, productos refractarios, glicerina y antiselenitas, hormas y artefactos de madera, carruajes, cortinas y persianas, aguarrás y alcoholes, niquelado y dorado de metales, alambres y otros derivados del lúerro, cartuchos y armas, accesorios de cartón, cemento, botellas y derivados del vidrio. 8 Pero el sistema del norte era, simultáneamente, un gran consumidor, un notorio generador de demandas. Todo este conjunto productivo requería a su vez una alimentación constante: desde los trabajadores que fluían de regiones de menor desarrollo relativo y se convertían en asalariados en las minas y fábricas norteñas, hasta los centros mineros y agropecuarios que necesitaban una serie de insumos para la propia producción, pasando por las gigantescas solicitudes del sistema ferroviario (tan vastas que permitirían surgir, a principios de siglo, la más grande planta fundidora de fierro y acero que por décadas existió en Latinoamérica, y que se instaló justamente en Monterr!!y). Precisamente la industria pesada que se alzó en Monterrey sirve de ejemplo en este punto: el desenvolvimiento del capitalismo y el ascenso del donúnio del capital sobre la producción provocarían múltiples demandas en el mercado nacional. En un trabajo anterior, en este sentido, hemos puntualizado: Los grandes establecimientos fundidores que se levantaban en Monterrey coadyuvaron abiertamente a reactivar la producción minera nacional, sobre todo en el norte de México. Las demandas que gestaron incitaron a los más destacados componentes de la burguesía local a trasladar fuertes capitales a este sector de la producción, en un mismo movimiento con las persistentes inver- M. Cerutti: La formación del mercado nacional en México 69 siones que arribaban desde los países avanzados(... ). La "American Smelting" era propietaria y arrendataria de una densa cadena de fundos (y) a mediados de la deéada primera del presente siglo beneficiaba minerales auríferos, argentíferos, cobrllos y plomosos procedentes de casi todos los estados del país. En un año tan temprano como 1896, la entonces "Gran Fundición Nacional" informaba que en su planta de Monterrey había utilizado minerales por un valor superior a los tres millones de dólares. La "Compañía Minera, Fundidora y Afinadora", en 1896, realizó compras por casi dos millones de dólares: la materia prima se había traído de Coahuila, Nuevo León, San Luis y Durango.9 Una intensificada división del trabajo social se registraba en el norte-oriental de \itéxico, cimentando una de las claves para la formación y expansión del mercado interior. Su minucioso estudio puede resultar fundamental para explicar aspectos importantes de la consolidación de los grupos burgueses, del capitalismo y del propio estado nacional. 12.- Los estados del extremo norte del país, junto con la península de Yucatán, fueron los más conmovidos por ese gigantesco movimiento de privatización de tierras que se tejió durante el porfiriato. Extensiones enormes de terrenos públicos pasaron a manos de compañías e individuos, fueron lanzados a la circulación mercantil y -en no pocos casos- comenzaron a ser puestos en producción: la causa fue la vigencia efectiva de las leyes de colonización. En el sistema del norte este proceso afectó con vigor a Chihuahua, Coahuila y Durango, mientras que en Tamaulipas, San Luis y Nuevo León tuvo una repercusión menor. Si se toman las cifras atinentes a los terrenos baldíos adjudicados por denuncios ("conforme a las leyes del 22 de julio de 1863 y del 26 de marzo de 1894") se puede estructurar el cuadro VID, entre los años 1880 y 1899. & detecta que en esle lapso - las dos Meadas finales del siglo XXmás de la tercera parte de las tierras cedidas por denuncios (a precios bajísimos y en forma masiva) fue traspasada en los estados del sistema. En los m?mentos ~n que la repercusión de esta política alcanzó uno de sus picos mas soberbios -los años del presidente Manuel González- se llegó a comp~tar en el espaci~ nor:re-oriental del país casi el 70°/o de las tierras adjudicadas por esta via. Solo entre Coahuila y Chihuahua, en 1884 sumaron casi 800 mil hectáreas. ' Poc otro lado, de todas las tierras enajenadas entre 1877 y 1910, en �70 Siglo XIX M. Cerutti: La formación del mercado nacional en México -e lf) o..... u z ;:J z ::;i;;¡ o ... l:t:: o o.. lf) o ..... o,...;¡ < 0:l q s: o ~ ;§ CJ lf) o z w l:t:: l:t:: w E-< w o < ~ u ..... o;:J lf) ] ~ lf) u w ::i:: CN -; r-- 00 CN r-- <O 00 CN O> 'SI' 'SI' 00 r-- <O 10 C(') ,_. r-- C(') 'SI' ,... <O r-- 00 ,_. O C(') 10 ,... CN C(') C(') r-CN CN 00 ,... 'SI' 'SI' 00 <O 'SI' 10 00 ,_. r-- 'SI' O C(') r-O> C(') ºi c,,l-4r-,..C(")r---f-....l'....C CN 10 00 10 CN r-- """ r-'SI' <O r-- <O 00 O> 10 10 ........ <Or--'Sl'r--010 C(')<:1'1010.-r--1010 <O'Sl'C(')e<lCNCNCN<I' O> = 0 = Q) t: j" 0 = "' 43 ·;¡ -= <.i " N ,,J a. i ·s"' en "= 0 = Q) ~ Q .... CN CN C(') r-- <O O> 10 r-- '""' ,... C(') CN 'SI' r-- 10 CN .-..-.<OC(')0<00>'<1'<1'<1'0>0>r--CNr--<0 00 r-- ,... C(') r-- O 10 <O r-- 'SI' <I' 10 00 0> CN <O O <O 00 <O O '"" 00 00 'SI' e<l CN 00 'SI' ,... <O 00 <OO>O><l'CN00,...0>0>\0C(')lOr--10<0 """00<:l'C'fCN,... .... .... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 1 1 1 1 o 1 1 11 1 C(') 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r-- u .... 1 1 1 1 1 1 o 10 1 1 1 'SI' o 1 1 1 1 1 1 10 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 r-- <O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <O 1 1 1 1 1 l 1 1 1 c<') CN,...., (Ne<) r-- r-- 1 1 1 o.... .... r-- ........ 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CN e<l 'SI' 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 O> O> O> O> O> ..._ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 lO ,..... ..... ,..... ..... ....e ..... _.. ,.... ..... f"'"'f .......... .,..-4 ..... ,-t O") Para que se observe cómo esta tarea colonizadora implicó no sólo la transferencia a manos privadas de terrenos antes usufructuados por las trirus indígenas que corrían por el desierto, sino también el arranque de una tarea concreta dirigida a la producción -plasmada en muchos casos- sintetizamos a continuación algunos párrafos del informe que el doctor Chas Gresswel efectuó en 1891, tras una inspección de los terrenos "El Burro" y "San José de las Piedras", de los qui' era dueño Naranjo. Gresswel, que había cumplido esta labor "a ruego y expensas de la 'Denver London lnvestment y Trading Co. ' , de Colorado", resumía: o O> C(")C'I....C f""""I i0 o o 10 000\<l'OOOe<lO><l'OO<l'OOe<lr--O 'SI' ,... r-- e<l O 'SI' CN CN 10 10 10 00 O 10 10 O> O <O <I' 'SI' 10 10 10 O O O> CN ,... ,... <I' <O CN r-- 10 CN CN CN <O r-- C(') <I' e<l r-- ,... Ol 'SI' 10 00 e<l C(') 10 O> 'SI' CN 00 O - 00 O> r-- O> r-- c<') 1 'SI' Nos atrevemos a recordar aquí, brevemente, que en el lapso en que Manuel González fue mandatario se integró una compañía deslindadora que contaba entre sus accionistas más destacados a dos jefes militares y políticos de primer rango en el norte: los generales Gerónimo Treviñ.o y Francisco Naranjo, ambos muy vinculados -incluso en cuestión de negocios- al presidente. De esta actividad empresarial -que se intensificó en los 90, especialmente en el caso de Treviñ.o-, los dos hombres de armas obtendrían centenares de miles de hect.áreas en el norte, sobre todo en el occidente septentrional de Coahuila. C(') 'SI' 1 1 estos estados se llegó a poco menos del 32°/o (6 629 448 hectáreas), y entre Coahuila y Chihuahua -con 5 835 821- alcanzaron el 880/o del sistema. 10 o <O l:t:: < E-< '° r-: o 10 ai o r-: ai ,..; c-,i c.o c.o c--i 10 r-: c.o ,...CN,...CN\OlOC(')C(')c<')CN,...C(')CNCNCNC(') ,-, ~ < w r--r--0>0>,...0>0><:l'OO><l'lO'""INO>OO r--o,o,o,,...CNc<')<000<:1'0>0><00>0>00 71 o.... 00 CN .... 10 'SI' .... C(') .... 'SI' 00 O> N 00 10 .... r-O> CN CN O> <O 10 co <I' .... .... CN C(') r-O> O> ~ s::, en ,..!. ...... o .... O> "' *El suelo (en áreas de Coahuila, MC) es muy fértil, y produce grandes cosechas de cereales, algodón y uva. La irrigación es necesaria (en la mayoría de las) partes y los medios para tener el agua á las tierras son faciles en muchos distritos. El pasto para los caballos, reses, borregos y cabras es bueno. Las industrias á que se dedican los habitantes son: cría de ganado vacuno, caballar, lanar y de pelo; agricultura, manufactura de efectos de lana y algodón; elaboración de vinos de uva, y últimamente á explotar el carbón. *La calidad de la tierra en ambos lotes (los de Naranjo, MC) á propósito para ganado vacuno y caballar es la que está comprendida en los valles de 'Salada Grande', de 'San Vicente' y de 'San José', en el lote de San José de las Piedras, y en los valles de 'Guasalobo', 'Zorra' y 'el Burro', en el lote del Burro(... ) Haciendo un cálculo brusco hay como 350 leguas cuadradas ó sean 1 540 000 acres (616 000 hectáreas, MC) de pasto para ganado vacuno y como USO leguas ó 5 72 000 acres (casi 230 000 hectáreas) de pasto para lanar y pelo ( . ..) El clima es todo lo que puede desearse y en ninguna parte he visto lugar más á propósito para la cría de ganados. *En la actualidad la demanda (de ganado vacuno) es considerable y �72 SigloXIX conforme el presente desarrollo de la industria ganadera en los Estados Unidos, es de esperarse que la demanda de ganado mexicano en la América crezca. *Estimo que los productos de este negocio, después de deducir el 5 por ciento anual para mejoramiento de sus tierras y aguas... y a la vuelta de cinco años, debe(n) calcularse en su mas baja estima en un 60 ó 75ºto al año del capital invertido en ganados. Este es el cálculo que se hace también en el norte de México en esta línea de negocios; pero con frecuencia resultan mayores ganancias cuando (hay) un buen manejo. *Apenas es necesario aludir al gran valor que tiene el carbón de piedra en México ...y a la cantidad comparativamente tan pequeña que se extrae en este País; y siendo notorio el hecho de que México está obligado á importar de 4 á 5 millones de toneladas anualmente, de Estados Unidos e Inglaterra, habla por sí mismo. La demanda en el Norte de México crece por (el) establecimiento de fundiciones, especialmente en Monterrey. Gresswel estimaba que en el lote "San José de las Piedras" existían extensiones enormes con carbón de piedra. Sus indicaciones principales estaban "en La Salada Grande y Salada Chica". Y más adelante recordaba la propiedad del general Treviño: La Babia es el establecimiento central de la enorme propiedad del Gral. Treviño y se compoQ.e de una buena residencia v numerosas cas~ para los trabajadores y maquinaria. Como 200 hombres trabajan aquí para la mejora de esta propiedad, (lo) que se hace con rapidez. Para establecer el lugar y fomentar la agricultura, se han hecho trabajos de irrigación (y) presas... para pastos. También hay cría de caballos y últimamente se explora el carbón. A 50 millas de esta propiedad están los terrenos del Gral. Naranjo. 11 La transferencia masiva de tierras formalmente del Estado a manos privadas contribuyó claramente a la estructuración de un mercado de tierras. Este proceso coronó las políticas de desamortización que se venían cumpliendo sobre todo desde la reforma liberal, y que hahían afectado aterrenos eclesiásticos, de comunidades y municipales. En el extremo norte, de baja densidad de población, limitada influencia de la iglesia y sin grupos indígenas sedentarios, el impacto se dio con la transferencia de tierras nacionales, que en no pocos casos comenzaron a generar productos destinados al mercado interior o al norteamericano. 13. En este movimiento global -tanto a nivel nacional como en el espacio que estamos considerando- habrá que incluir someramente el de la pobla- M. Cerotti: La fonnación del mercado nacional en México 73 ción. Con excepción de San Luis Potosí y Zacatecas, en los que la sociedad colonial había tenido gran arraigo, el resto de los estados del sistema llega al siglo XIX con muy escasa densidad demográfica. Cuando a finales de la centuria dehe ponerse en marcha todo el mecanismo productivo del que se han dado atgunos matices en este resumen, la cuestión de la fuerza de trabajo será fundamental. Resultó obviamente importante, aquí, el papel del ferr~arril. Junto a salarios que solían ser más altos que en otras zonas del país -lo que se observa con nítidez en Monterrey y, menos fuertemente, en los centros mineros del extremo septentrional- este medio de transporte facilitó claramente las migraciones internas. L~ trahajadores podían llegar desde estados ajenos al sistema, o bien fluir internamente desde las áreas de menor dinamismo y hacia las más activas: la ciudad de Monterrey, por ejemplo, recibiría en estos años un fuerte volumen de migrantes provenientes de San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas y Coahuila, pero también de Guanajuato, Jalisco y Aguascalientcs. 12 Se conoce con bastante precisión de qué manera se intensificó la circulación de personas con el advenimiento del ferrocarril. Los de concesión federal movían a fines de los 70, en México, unos 800 mil pasajeros. Pero en 1906 la cifra desbordó los 16 millones (es un incremento que, asimismo, se verifica en la carga transportada: recién en 1880 se pasó las 200 mil toneladas anuales; en 1905, en cambio los ferrocarriles federales fletaron casi 15 millones de toneladas).13 Esto modificaría el cuadro demográfico nacional. Y dentro de los ámbitos regionales efectivamente incentivados por la expansión de la producción, el comercio y los servicios, las diferencias internas quedarían definidas por el mayor o menor dinamismo de ciertas ciudades o comarcas. Globalmente, el sistema del norte acompañó con cierta ventaja el crecimiento nacional. Pero, como se enumera en el cuadro IX, hubo estados que saltaron dramáticamente en términos porcentuales entre la instalación porfirista y la Revolución. De acuerdo con estas cifras, la población mexicanan habría aumentado en un 59.9°/o entre 1877 y 1910, en tanto que la del sistema lo hizo en un 70.3°/o. Pero internamente existieron fuertes diferencias, que mostrarían las dispares necesidades de flujo demográfico planteadas a finales de siglo y en los albores de la caída de Díaz. Así, Coahuila elevó su población en un 248°/o entre 1877 y 1910; Chihuahua la vio ascender en un 124%; �74 Siglo XIX M. Cerutti: La formaciim del mercado nacional en México O> \O ~ ,..., Q\ C(') o .... tO .... \O .... .... .... r-- (N O> (N O> o (N <ll C(') r-r-- o tO tO <ll (N e<') <ll o o si' .... tO o o 00 r-- .... si' <ll O> si' (N \O tO tO r-r-- si' tO r-- .... e<) 00 si' o,· 6 Durango en un 153°/o; y Nuevo León, más moderadamente, en un 92.5°/o. Por el contr.u-io, para Zacatecas el incremento resultó mínimo (15.5°/o), muy por debajo no sólo del sistema sino del nacional; y situación similar transitó San Luis Potosí: subió en un 19.5°/o. "')V o,~ ...., V ..; "O c:,"' ;:'- "'~ " ...... (N ·)( - V Si se examina la cantidad de habitantes de las capitales estatales, las que se hallaban con :frecuencia entre los puntos de más alta concentración relativa, se detectarán ciertos rasgos significativos: "'<.) ~~ ... o e:, ~ <.) (N 8 Q\ ,..., <ll 00 r-- C(') C(') (N tO O> 00 ""' r-- C(') r-- (N C(') O> si' 00 o (N si' r-- O> <ll O> r-- r-- tO (N (N r-- O> 00 \O tO (N e<') C(') tO (N .... (N o e<') r-- .... O> .... <ll ""' r-- ·¡;; "i< ::;¡ ,v r-- ~<::, C(') ..... ... o, o C(') o ... ~ c:, CUADRO X - "'........ POBLACION DE LAS CIUDADES CAPITALES (1895-1910) ~· t,. ... t,. ~ oO "' ..... tO ,....._ o ,..., ,..., °' =S o ~ ¿§ '-' (N ti') Q\ 00 .... ""' (N C(') \O .... (N t-t-- .... 00 <ll l(') C(') C(') (N <ll (N o .... ""' (N .... (N O> l(') (N O> si' ""' 00 r-r-- <ll (N (N o C(') <ll l(') ~º.. (N 00 l(') l(') .... o <ll o (N r-- C(') o (N l(') l(') O> ""' (N -- ....... "' "'~ ti .l,? -- ;: " ~~ z <X) l(') O> <ll \O \O 00 O\ < ti') C(') IX) 00 O> oQ.. .. c:, ~~ ;! ,,_.., ..,:¡ Sal tillo ChihuahuaMonterrey San Luis Victoria Zacatecas Durango 8-l:? -~-~ ,... 'f, -~ ~ co ,..., o ..... u .... CIO r-- 00 o .... .... si' O> l(') si' ""' .... ..... ·~ .... "' \O o(N r-.... (N (N 00 ""' (N si' (N \O \O C(') ""' ""' l(') (N C(') (N tO tO (N o .... O> <ll .... O> 00 r-- C(') C(') ""' (N ,..., 00 ""' O> o r-.... si' si' r-- .... ..... 00 e<') tO .... si' o.... r-- o .... 00 r-- o .... .... O> 00 (N (N (N .... l(') l(') o o o o .... ""' C(') \O 00 .... O\ o C(') ""' si' o .... 26 801 18 279 45 695 69 050 14 774 39 912 26 425 23 996 30405 62 266 61 019 10 086 32 866 31 092 35 414 39 706 78 528 68 022 12 103 25 900 31 763 C(')"' O> .. Si bien el crecimiento porcentual más elevado corresponde a Chihuahua (117°/o) en estos años -que constituyen buena parte de los de mayor auge del porfiriato- , es Monterrey la urbe capitalina que aparece, con claridad, con un peso tendencialmente preponderante. No sólo porque se incrementa con vigor el número de sus residentes (72%), porque es un foco permanente de atracción de fuerza de trabajo y porque deja atrás a San Luis en 1900, sino porque pasa a ser la cuarta ciudad del país en 1910. Además, Monterrey presenta otra particularidad: se toma hase casi exclusiva de la expansión demográfica de Nuevo León, cosa que no sucede tan abiertamente con las restantes capitales en sus respectivos estados. 00 ... ..... ~ -i~ \O 1910 O> ... V \O .... .... 00 1900 ,..... ,;1 •C '-' O> 1895 (FUENTE: ver cuadro anterior) o-~ .... C .... o es!.,.. tt- 75 csS c:i.z o "' -~r¡:~ Bo C C <(O <.) V~ "O~ .;"V -~ "O ti;! ,_ "' ;: ...."'1-e:, ;: o <.) ·x 'V 2 'º V ...,:¡ -; ::s :5 o ·a...,:¡"' =§ u u ::s z § (/) ~ "'::s =-= •::? o ..."' ~ ::s "' "'~ ti) C ~ ~ ii o.. s"' ; ~E-=-.. u <ll fil V t0 U) ..."'~ "' <.) "' N ~ C ... "'::s A W cna> ¡.... .... ~2 g zo.; ~.;::, .... ;:q~ s El otro gran centro de veloz aglutinamiento humano en el sistema, curiosamente, no era capital: Torreón. Su ascenso en este plano parece explicar los altibajos de Saltillo , urbe que quedó situada un poco al margen de las comarcas de mayor dinamism·o en Coahuila, agrícolas y mineras. Mientras que en los inicios del porfiriato vivían en tomo al rancho del Torreón un par de cientos de personas, en 1900 había ya 13 845, y para 1910 estaba casi a la altura de Saltillo. Como la proyección no se frenó, pese a la Revolución y sus efectos, en 1921 Torreón contaba con 50 902 �76 SigloXlX habitantes, es decir 10 000 más que Saltillo. Fue sin duda el caso más espectacular, y a la vez el más mostrativo, de las modificaciones demográficas operadas en el sistema del norte. Sus causas estuvieron en la transformación de Torreón en un nudo ferroviario de primer orden, en que en su derredor inmediato prosperaron las producciones de algodón y trigo, y en las vinculaciones que brotaron con las áreas mineras próximas, en medio de un espacio que no era fácilmente abastecido por otras ciudades. Podría decirse que Torreón simbolizó la expansión de la propia comarca lagunera: un dato que ayuda a recordar que el norte no era sólo minería y grandes extensiones rurales inexplotadas o mal utilizadas. 14 Pero es indudablemente cierto que la minería ocupaba un papel vertebral en todo este dinamismo. Por ello fue que en muchos casos las ciudades capitales no acompañaron el ribno de expansión poblacional que se daba a nivel de los estados. Así, mientras que Coahuila aumentó su población entre 1895 y 1910 en un 50°/o, Saltillo lo hizo en un 32%. Mientras que la del estado de Durango se incrementó en un 64°/o en esos años, su ciudad capital lo hizo en un 20%. La ciudad de San Luis bajó en población, en tanto el estado aumentaba. Lo mismo sucedía con la ciudad de Zacatecas y su entorno. Sólo Chihuahua y Monterrey presentaron una tendencia distinta, que resultó mucho más marcada en la capital nuevoleonesa (tanto en términos absolutos como relativos). Fenómeno, este último, que se explica por el inicial auge de la industria fabril en la urbe regiomontana. La minería y su prolongación, la gran metalurgia, concentrarían una porción importante de la fuen:a de trabajo que arribaba al norte. Destacarían, inclusive, en el contexto nacional. M. Cerutti: La formación del mercado nacional en México 77 CUADRO XI TRABAJADORES OCUPADOS EN LA MINERIA (1898-1900) estado 1898 B, California Coahuila Chihuahua Durango Guanajuato Hidalgo N.León San Luis Sinaloa Sonora Zacatecas 2 400 2 843 4 852 7 652 13 000 3 434 3 483 3 989 3 210 4 982 8 090 sistema norte(*) total nacional 0 /o sistema norte 1899 1900 1901 17 818 2 903 3 885 6 350 7 048 17 683 9 406 3 520 7 646 4411 4104 9 850 2 777 2 869 6 357 8 478 8 053 8 759 3 310 10 768 4 572 3 577 21 862 30 909 56 254 38 299 53 644 89 072 106 536 95 523 98 196 52.8 40.1 54.7 34.7 7 361 9 692 8 310 11 886 9 158 3 915 (FUENTE: Anuarios, de Antonio Peñafiel, 1898-1901) *sin Tamaulipas El cuadro XI enumera los trabajadores ocupados a fines de siglo en la minería: se contabilizan los estados de más alta producción y se agrega Nuevo León, de mediana envergadura. Las estadísticas parecen mostrar debilidades (como las tan perceptibles o&:ilaciones que aparecen en casos determinados), pero de todos modos ayudan a detectar ciertos rasgos vertebrales. Con estas advertencias, cl cuadro muestra que la fuen:a de trabajo ocupada en el sistema del norte (en el que se.excluye Tamaulipas) rondaba el cincuenta por ciento del total nacional. Si se suman esos cuatro años y se extrae el porcentaje global se tendrá que en el norte se ocupó el 46 % de la mano de obra empleada en la minería. Esta importante atracción de brazos se percibió también en la metalurgia básica. En 1898, los estados del sistema (con exclusión de Coahuila y Tamaulipas) requirieron el 35.5°/o de la fuen:a de trabajo del sector; en 1899 el Índice suhió a 42.1%, y en 1900 la demanda llegó al 34%. ta Pese a mostrar enormes zonas vacías, el norte-oriental evidenció en esfase del siglo XIX una notoria agilidad demográfica. Estudios que hemos reaJizado sobre Monterrey verificarían que en este ámbito la circulación de trabajadores jugó un papel clave en ese dinamismo, fenómeno que, por otro lado, solía ser multiplicado por la constante migración de mexicanos a Estados Unidos. El sistema del norte, muy probablemente, resultó uno de los espacios en los que con mayor eficacia se plasmó un mercado de trabajadores libres, dato central para la construcción del mercado interno y para el establecimiento del capitalismo como mecanismo productivo. 14.- Si se recuerda que a finales de siglo aparece en México un sistema bancario moderno, y se detalla que para esos años Chihuahua contaba con dos bancos, el Minero (instalado en 1888) y el Comercial (1890); que en Monterrey funcionaban otros dos, el de Nuevo León (1892) y el Mercantil �78 Siglo XIX (1899); y que también habían surgido estas casas en Zacatecas (1891), San Luis Potosí (1897), Durango (1891) y Coahuila (1897), habrá que enumerar cntrt\ otros aspectos la neta in<;orporación del norte oriental al movimiento de capitales que estas instituciones permitían.15 De un total de 19 bancos que funcionaban en el país en 1899, 8 estaban en el área que nos ocupa (es decir, el 42°1o). Debe agregarse a ello que el Banco Nacional dt> México tenía sucul'Sales en Chihuahua, Durango, Monterrey, San Luis, Zacatecas y Tampico (6 sobre 14 a nivel nacional). Y que el Banco de Londres y México abrió para entonces filiales en Lerdo, Monterrey y San Luis (3 de 10). Por otra parte, los bancos locales se bifurcaron con rápidez. Un ejemplo contundente lo protagonizaron los dos bancos con asiento en Montl'rrcy: con indiscutible eficaci.a montaron una densa red de agencias, sucursales y corresponsales por todo el noreste, además de establecer vínculos con otras áreas de México y con el exterior. 15.- Esta más que suscinta descripción -dado el amplísimo margen que puede permitir una investigación de mayor minuciosidad- quizás resulte suficiente para cubrir el objetivo básico de este trabajo: llamar la atención sobre el impacto que debió tener en la constitución del mercado interno este conjunto de estados que hemos agrupado bajo la denominación de sistema del norte. El dinamismo que ofreció estuvo conectado a las demandas del mercado norteamericano, por un lado; pero, también, a las necesidades, movimientos y transformaciones del propio mercado nacional. El hecho -irrepetible en Latinoamérica- de encontarse en la puerta de Estados Unidos significó un motor vertebral para ese dinamismo. La frontera del norte emerge como un dato clave para entender el surgimiento y consolidación del capitalismo en el sistema y en México en general. El mapa Ít·rroviario, la produc<"iún minera, la nwtalurgia básica, la ganadPría r«'novada y m mayor 1'-Scala, la,; inversiones rstadounid«•ns«•s )' rrgional,•s: todo ello comprueba con persistencia la importancia de este contacto. Todo esto, empero, sería enmarcado y, simultáneamente, coadyuvaría a las claras transformaciones que se operaban en México a finales de siglo. La estructuración de un mercado nacional, con demandas propias, no fue una de las menores, como tampoco es desdeñable el nacimiento y crecimiento de sectores burgueses tan relevantes como los que se instalaron en Monl«·rr«·y. Aunqu«' las «·sladísti«·as 11lifü:adas no si«•mprr n·sullan ,·onfiabl«•s, no purdl' dudarsr t¡ur pn•sc•ntan l1•nrlN1cias llamativas, las q111· ~in corroboradas, por otra parte, por los estudios que hemos realizado sobre la aparición del empresariado en Monterrey. M. Cerutti: La formación del mercado nacional en México 79 Un empleo más a fondo de fuentes directas, sobre todo regionales, seguramente tenninará de esclarecer matices básicos de estos procesos forjadores del capitalismo y, en fuerte medida, del estado nacional mexicanos. - NOTAS 1.- Parte de la visión alcanzada en nuestras investigaciones desde Monterrey puede encontrarse en Burguesw y capitalismo en Monterrey {1850-1910), México, Claves Latinoamericanas, 1983. 2.- Un avance sobre el surgimiento de la industria pesada en Monterrey y la dinamización de un mercado multirregional lo hemos realizado en "División capitalista de la producción, industrias y mercado interior. Un estudio regional: Monterrey (1890-1910)", incluido en El siglo XIX en México: cinco procesos regionales, México, Claves Latinoamericanas, 1985. 3.- Sobre el funcionamiento económico de Yucatán desde mediados de siglo y el significado económico y social que asumió la producción de henequén, véase Alejandra García Q., "La formación de la estructura económica de Yucatán, 1850-1915", infonne final, Mérida, 1983. 4.- Trabajos que brindan una idea enriquecedora sobre estos procesos son -entre otros- los de Manuel Plana, respecto a la comarca lagunera; Mario Aldana Rendón, relativos a Jalisco; Domenico Sindico, en torno a Morelos; Héctor DíazPolanco, que se refiere al Bajío; Juan Felipe Leal y Mario Huacuja Rountree, sobre las haciendas pulgueras de los estados de México e Hidalgo; Alejandra García Q., en Yucatán. Deben sumarse asimismo los que se desenvuelven en el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Puebla, en el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad Veracruzana, los que realizamos desde la Facultad de Fílosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, y los de Mario Ramírez Rancaño sobre la industria textil. Una más amplia referencia biblio~ráfica ouede encontrarse en Cerutti, "Contribuciones recientes y relevancia de la investigación regional sobre la segunda parte del siglo XIX en México", de próxima publicación. 5.- Jorge Espinosa de los Reyes, Relaciones económicas entre México y Estados Unidos. 1870-1910, México, Nacional Financiera, 1951, p. 53. 6.- Anuario estadístico de la República Mexicana. 1898, México, Ministerio de Fomento, 1899. También, los Anuarios, de Antonio Peñafiel (así serán denominados en adelante) de 1899, I 900 y 1901. 7 .• La referencia a la producción carbonífera en Coahuila está en el Informe del gobernador de ese estado, 15 de noviembre de I 905, p. 3. La escritura de constitución de la "Compañía Carbonífera de Monterrey, SA" en Archivo General del Estado de Nuevo León (AGENL), protocolo de Francisco Pérez, diciembre de 1902, fs. 191-214. 8.- Isidro Vizcaya Canales, Lus orígenes de la industrialización en Monterrey (1867-1920), Monterrey, Librería Tecnológico SA. J971, pp. 74-87; Cerutti, Burguesía y capitalismo, cit., pp. 107-130, y "División capitalista de la producción .. .'\ cit. �80 EL CASO DE CORRIENTES SJgloXIX Mercado de Mercancías, Mercado Monetario y Mercado de Capitales en el Litoral Argentino de la primera mitad del XIX 1 9.- Cerutti, "División capitalista de la producción... ", citado. 10.- Estadúticas Socialll$ del porfiriato, 1877-1910, México, Secretaría de E:conomía, 1956, p. 42, ofrece las cifras sobre las que se practicaron estos cálculos. 11.- AGENL, Documentación del general Francisco Naranjo, "Informe que rinde el Dr. Chas Gresswel" tras una inspección hecha en mayo y junio de 1891 (traducido del inglés por Leopoldo Naranjo). José Carlos Chiaramonte* 12.- Cerutti, Burgues(a y capitalismo, citado, pp. 137-169. 13.- Anuario Estadístico de los &tados Unidos Mexicanos. 1939, México, Secretaría de la Economía Nacional. 1941, p. 516. 14.- Sobre La Laguna consúltese Manuel Plana, "El algodón y el riego en La Laguna: la formación de la propiedad agraria en una región económica del norte de México durante el Porfiriato, 1877-1910", Nooo Americana, 4, 1981; y Plana, 11 regno del cotone in Messico. La strottura asroria de La Laguna (1855-1910), Milán, Franco Angeli Editore, 1984. Las cifras demográficas sobre Torreón y Saltillo de 1900, 1910 y 1921, en Anuario Estadístico, citado, p. 43, basadas en los censos respectivos. 15.- Anuario. 1899, de Antonio Peñafiel, p. 63, brinda la referencia a los bancos existentes en ese momento. Durante la mayor parte del período comprendido entre la crisis de 1820 y la caída de Juan Manuel de Rosas, la provincia de Corrientes desempeñó un destacado papel en los conflictos surgidos en tomo a las nuevas iniciativas de organización nacional, y sobresalió por su enconada oposición a la política de la de Buenos Aires. Ciertos aspectos de su programa políticoeconómico dieron lugar a presumir un grado de desarrollo económico cercano, en alguna medida, al capitalismo. Sin embargo, las características de esa economía provincial eran todavía sustancialmente tradicionales, rasgo que se observa tanto en su comercio interior y exterior como en las formas de movilizar recursos para actividades productivas: un limitado desarrollo de relaciones mercantiles y la inexistencia de un sistema moderno de banca y crédito, son algunas de sus principales características. En las páginas que siguen considerarnos ciertos aspectos de su comercio y producción que corresponden a lo apuntado. l. COMERCIO INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PROVINCIA Agricultura y ganadería en pequeña escala, caza y pesca, en una región natural como la correspondiente a Corrientes, facilitaban la subsistencia de gran parte de la población, con escasa necesidad de transacciones mercantiles. El cultivo doméstico de maíz, batata, mandioca, zapallos, cítricos y otros vegetales, contribuía, junto a la leche de algunos vacunos, la pesca en el amplio sistema hidrográfico provincial, la abundante caza de diver*Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina. Este trabajo fue elaborado cuando el autor pertenecía al Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue presentado como ponencia en las Vll Jornadas de Historia Económica Argentina (Rosario, octubre de 1985). Publicado previamente en Anuario, 12, Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, 1986. �82 Siglo XIX sas especies de aves y mamíferos, a resolver, en distinto grado, el problema de la alimentación en buena parte de la población rural. Los ovinos, abundantes en la provincia, proporcionaban la lana que, como el algodón, se utilizaba ampliamente en la producción doméstica textil. Recursos a los que se sumaba la fácil provisión de cuero característica de la época. La facilidad de la reproducción de ganado mayor y menor en la provincia era notable, al punto que, por ejemplo, a fines del período colonial, el bajo precio de los equinos había impulsado a los hacendados a sacrifi• carios sin utilización lucrativa. 2 Otro testimonio, de 1822, permite también inferir la relativa facilidad de la posesión de ganado, en este caso v-acuno: Estas campañas -escribía el Alcalde provincial- principalmente la de entre el Batel y Río Corrientes, se hallan llenas de tristes albergues y miserables tugurios cuyos moradores no alcanzo a concebir cómo pueden mantenerse, si no es del robo, y del pillaje. Muchos no tienen una lechera y la mayor parte no alcanzan a poseer díez.3 Como el alimento, también la vestimenta era por lo común de producción doméstica: todos los tejidos, incluso ponchos, se hacen en las campañas, escribe D'Orbigny, en telares de una sencillez difícil de creer. Cada familia posee el suyo, en el que tejen mujeres e hijas. 4 El comercio interior Las actividades mercantiles tenían, por lo tanto, persistentes línútes que provenían de esa amplia vigencia de la producción doméstica. En la medida en que ellas fuesen necesarias, el trueque persistía como el recurso más generalizado, tal como admirara en la misma capital provincial a uno de los Robertson hacia 1815: . . .no dejó de sorprenderme el oir los curiosos pregones de una cantidad de rapazuelos congregados en mi puerta... Sal por velas, gritaba uno. Tabaco por pan, chillaba otro. Yerba por huevos, vociferaba un tercero. Tomates por azúcar, aullaba el cuarto. De tal suerte, una docena de rapaces - varones y mujeres- ofrecían: papas en cambio de almidón, leña en cambio de harina, cigarros por jabón, verduras por azul de lavar, manteca por pimienta, chorizos por aceite, leche por vinagre y en este quid pro quo, cantidad de provisiones caseras culinarias en que pueden competir correntinos y correntinas para satisfacción de sus necesidades por medio del trueque.5 J.C. Chiaramonte: Mercados en el Litoral argentino 83 Sin embargo, ciertas necesidades monetarias eran insalvables. Exigencias de la vida social, como los servicios religiosos o el juego, y algunas compras que no pudiese efectuarse por trueque, demandaban el uso de moneda en 6 cierta escala. Así, las cuentas de peones de un establecimiento rural, registran, junto a mercaderías de diversa naturaleza, la entrega de cortas cantidades de reales. 7 El mismo testimonio de los Robertson agrega a continuación del párrafo recién citado: "Debo decir que a tales gritos se añadían otros, proferidos por un mayor número de muchachos que anunciaban también variedad de artículos pero todos por 'plata ' ". La circulación monetaria era ló gicamente mayor en la ciudad capital, pero la escasez de moneda de plata, que más adelante comentamos, afectaba las transacciones. En este medio de crónica escasez monetaria, el trueque no era sólo un recurso de los consumidores, pues también lo empleaban comerciantes y productores para negocios de mayor monto, tales como ventas de ganado a cambio de tabaco, o de mercancías importadas a cambio de productos ganaderos.8 Como especialización, el comercio era manejado por dos clases de mercaderes. Una de ellas, la de los comerciantes legalmente autorizados de la capital, villas y pueblos del interior de la provincia, quienes solían auxiliarse con el empleo de corredores, a los que proveían de mercaderías para ~tercambiar por los productos de especial demanda, tales como tabaco o cueros. La otra, la de los propietarios rurales que comerciaban no sólo sus productos, sino también los de su región, y reunían, entonces, las dos condiciones de productores y comerciantes. Por prescripción constitucional estaban excluidos del comercio en el interior de la provincia los extranjeros que no fuesen domiciliados -esto es, los que ingresaran la suma de cuatro núl pesos como mÍnimo, o tuviesen un oficio o profesión útil y supiesen leer y escribir. Se les prohibía expresamente recorrer el interior y se les fijaba como único lugar de residencia la ciudad de Goya; autorización ampliada, en 1830, a los puertos de Bella Vista y Esquina. Se exceptuaban también los dueños de establecimientos agrarios que, según las reformas constitucionales de 1824, superasen un valor mínimo de 2 000 pesos fuertes. 9 El comercio por medio de corredores, reglamentado por el estado provincial, poseía características comunes a las de toda Hispanoamérica colonial y post-colonial. Para el caso correntino, fueron descritas por los Robertson (1815) y por D'Orbigny (1826/27). La forma de comerciar en Corrientes - dicen los súbditos británicos- es la de habilitar a los productores �84 SigloXJX rurales con dinero o mercancías, entregadas a cuenta de futuros acopios de frutos del país. Los rie~gos de una operación -que denominan "habilitaciones o créditos"- fundada en un convenio verbal obligaban, añaden, a fijar precios muy por encima de los reales a las mercancías entregadas al productor rural y pagar muy bajo las suyas. Este debía entregar luego al comerciante, al precio previamente convenido, los frutos acopiados. Operaciones mercantiles que comprobaremos al describir las actividades de un establecimiento rural. Por su parte, D'Orbigny describe similares procedimientos en la producción de tabaco. ''Multitud de pequeños comerciantes recorren el campo, cuando se aproxima la temporada, ofreciendo sus mercaderías a los agricultores". Estos las compran a crédito, debiendo pagarlas más adelante con el tabaco. Los comerciantes venden sus mercaderías asegurándose ''un beneficio mínimo del ciento por ciento'' y las adelantan a los compradores según el mayor rendimiento que estimen de la futura cosecha. "Varias veces - recuerda- asistí a tales transacciones sin moneda". El comercian le empieza por doblar el precio de su mercadería y conviene recibir antes de que se haya establecido el precio de la cosecha del año, por ejemplo, cada mazo de venta -es decir, de un calibre conocido en el país- a razón de un peso, o sea cinco francos, seguro de ganar bastante sobre el precio, pues vi comerciantes de esos que vendían tabaco a doce reales, vale decir, siete francos con cincuenta el mazo, en el momento más favorable del mercado. El tabaco se lleva luego a Corrientes en carretas y allá se vende a comerciantes mayoristas que lo expiden a Buenos Aircs. 10 Esta forma de vender hacía depender a los productores de los comerciantes, tanto respecto del precio de esos productos, como del de las mercancías que recibían en calidad de pago o anticipo. La succión del capital comercial está presente en todos los niveles, hasta en el salario en especie de los peones, como veremos enseguida. Sólo escapaban a esta situación de usufructo de las actividades productivas por el capital comercial, aquellos productores que por su disponibilidad de recursos y experiencia mercantil podían establecer contacto directo con el ~ercado. Pero, en tal caso, el productor era sobre todo un mercader, para el que la actividad de hacendado o agricultor consLiluÍa un complemento desu más decisiva función comercial. La informaci~.l} más detallada que poseemos al respecto data de los años 1838 y 1839. Es la contenida en la citada contabilidad de León J.C. Chü:uamonte: Mercados en el Litoral argentino 85 Spalding, propietario de dos establecimientos rurales y de una tienda. Se trata de las cuentas de dos propiedades cercanas al río Santa Lucía, no distantes de San Roque, y de una tienda en sociedad con un comerciante, en la población de Bella Vista. Ellas indican un grado de desarrollo de actividades mercantiles mayor que el mostrado por otros casos en los que el productor rural realiza una función intermediaria entre los comerciantes que los habilitan con mercancías y los consumidores residentes en su propiedad y zonas vecinas -a la vez que pagan esas mercancías tanto con productos suyos como con otros acopiados. Casos, éstos, como los descritos por los Robertson: he visto con frecuencia, recuerda uno de ellos, a propietarios rurales ...salir con seis u ocho mulas cargadas con nuestra mercancía en dirección a sus estancias donde vendían al menudeo a peones y vecinos, prendas de vestir, para volver después al frente de sus carretas cargadas con cueros, a pagarnos con esos productos las , comprad as. u mercanc1as Según los asientos de la contabilidad de Spalding, éste realizaba actividades ganaderas y, aparentemente, también agrícolas (aunque no surge con claridad de sus cuentas, en el segundo caso, si lo vendido es cosecha suya o fué acopiado). En cambio, la condición de acopiador es clara para parte de esas ventas, tanto de productos ganaderos como agrícolas (maíz, batatas, rrúel de caña, tabaco), mercancías que se transportaban por el río Santa Lucía hasta Goya, y en ocasiones hasta Buenos Aires, en un lanchón de su propiedad. Consta asimismo que en julio de 1833 se asoció en compañia con un comerciante de Bella Vista, que le proveía de mercancías para vender a sus trabajadores y a pobladores del lugar. Amplió luego sus actividades mediante la compra de otra tienda, esta vez en Goya, en 1838, tienda de una firma con la que tenía trato comercial anterior. La compañía con el comerciante de Bella Vista estaba convenida "al partir por mitad de utilidades" al concluirse el negocio; negocio que tenía por objeto la venta de un conjunto limitado de mercancías, inventariadas por un valor total de 1 252 pesos fuertes; sin perjuicio de su renovación, legal o de hecho, como en este caso en que se vuelven a registrar otros envíos de mercancías posteriores a la primitiva fecha de extinción de la compañ fa_ Spalding paga a su socio ya sea mediante remesas de metálico, ya de productos como ganado en pie, tabaco o crin. · El com piejo de actividades mercantiles de Spalding incluía otras operaciones, menudas o grandes, características de la actividad del capital comercial en economías como la correntina. Por ejemplo, entrega de mercancías a un hermano, aparentemente estanciero, y recibo de ganado como parle de pago (aunque también podría describirse la transacción como adelanto, en mercancías, de una parte del precio del ganado)- Adelanto, tam- �86 Siglo XIX bién, de mercancías o de pequeñas cantidades de metálico, tanto a peones como a pobladores del establecimiento, y contabilización, como parte del pago de la deuda, de cortas cantidades de maíz, batata u otros productos, posteriormente inclutdos en alguna operación de venta de acopios. Pero una de las operaciones más notables de esta contabilidad es un pequeño y transitorio contrato con un vendedor "al partir por mitad de utilidades". Este recibe de Spalding miel y huevos por valor de 89 pesos, para vender -aparentemente correteando por la zona rural cercana, dado que en los gastos figura el alquiler de bueyes y carro-, y entrega como devolución del capital, más utilidades, la suma de 253 pesos. Cantidad que, restados 28 pesos de gastos, significó una utilidad a repartir de 136 pesos fuertes. Para Spalding se trató de una inversión de 89 pesos y una utilidad de 68;esto es, una ganancia del 76.4°/o. Pero como esta operación deriva de otra, efectuada un mes antes, la utilidad es en realidad mucho más notable: unos treinta días antes, al partir también de utilidades, Spalding había entregado a otra persona cuarenta y un cabezas de ganado vacuno para ser vendidas a dos pesos cada una, y con la condición de invertirse de inmediato el importe de esa venta en la compra de tabaco y de miel, al precio fijado anticipadamente en el contrato, de 3 y 5 pesos por arroba, respectivamente. Como esta transacción es inmediata anterior a la de miel y huevos, y fué asentada en el folio inmediato posterior, es claro que la miel comprada con la suma obtenida por la venta del ganado fué la que se vendió luego a través del corredor. Esto permite una mayor aproximación a la utilidad real obtenida por Spalding, dado que ha comprado la miel a 5 pesos la arroba, la entregó al socio-corredor a 7 pesos -precio que determina su integración del "capital" asentado en su libro-, quien la vendió luego con una nueva utilidad que hace ascender el precio final de la miel --sumando los 7 pesos por arroba a lo qw• resulta de lo ganado por Spalding- a 12,34 pesos por árroba. La difer!'ncia entn~ el precio pagado inicialmente -5 pesos por arroba- y el de la venta final -12,34 pesos- significa un 1470/o de utilidad. Esto es, un margen d,· ganancia enorme qui', en economías precapitalistas, es propio di' la posición monopolista del mercado, y de su consiguiente dominio sobre la producción, qui' caracteriza al capital comercial. Esos márgenl's de ganancia fueron conocidos por los Robertson en sus operaciones en Corrientes hacia 1815 y los observaría D'Orbigny una Meada más tarde. Ellos denuncian los rasgos arcaicos de la economía correntina que volveremos a comprobar en las páginas que siguen. J.C. Chiaramonte: Mercados en el Litoral argentino 87 hierno provincial reglamentó la profesión de corredor entre otros motivos por algo que ya había preocupado en tiempos coloniales: la necesidad de reprimir actividades mercantiles clandestinas, calificadas de vagancia. Por decreto de octubre de 1829, cuyos considerandos refieren los perjuicios causados a los productores rurales por sujetos de dudosas condiciones que actuaban como corredores, declara el cese de todos los existentes hasta el momento. Y dispone que, de allí en adelante, los comerciantes que quisieran emplear corredores debían presentarlos a los jueces de policía y otorgarles una fianza. El funcionario, a su vez, proveería de un distintivo especial a dichos sujetos para ser utilizado durante sus operaciones. En los artículos finales del decreto se describen las actividades consideradas ilícitas en relación a la compra-venta de cueros y crin, y las penas correspondientes. Pocos años después, la persistencia de los mismos problemas es alegada en los considerandos de otro decreto que prohibía el corretaje en la campaña y centralizaba en las villas las operaciones mercantiles: el único mercado de cada departamento será "su plaza respectiva ".13 No sabemos si el decreto fué cumplido, pero la práctica de las habilitaciones continuó y datos dispersos indican que los corredores continuaron en actividad. En cuanto respecta al comercio urbano, observemos que, además del ocasional en la ya descrita forma del trueque y de los vendedores ambulantes, existían negocios minoristas y mayoristas, de las tres variedades entonces habituales: pulperías -de "menudeo" exclusivamente-, tiendas y almacenes. La reglamentación del impuesto de patentes las describe con mayor precisión, al clasificarlas a los efectos che aplicarles la escala del impuesto. Las tiendas eran de tres clases; las que reunían en sí solas " .. .la venta de efectos secos, caldos por mayor y menor, con comestibles u otros artículos''; las que sólo vendían " ...efectos secos, caldos, por mayor, armas, etc."; y las que solo vendían efectos secos. Los almacenes, de una sola categoría impositiva, vendían caldos u otros efectos, por mayor y menor, o so'l o por mayor. 14 Los registros del impuesto de patentes y los papeles de escribanías permiten comprobar que gran parte de los comercios minoristas y mayoristas de las ciudades estaban en manos de los comerciantes que ejercían, también, el comercio exterior de la provincia. Pues, en realidad, las tiendas y almacenes solían no ser otra cosa que locales, muchas veces transitorios, en los que el comerciante introductor daba salida a sus mercancías. El comercio exterior de la provincia Las habilitaciones a los productores y el empleo de corredores no eran exclusivos de la producción tabacalera y pecuaria. Se utilizaban para la captación de todos los frutos del país de importancia mcrcantiJ12. El go- La ubicación geográfica de la provincia había favorecido el desarrollo de sus actividades mercantiles. Situada su capital sobre el Paraná, práctica- �88 SigloXJX J.C. Chiaramonte: Mercados en el Litoral argentino 89 mente frente a la confluencia con el río Paraguay, unió a las posibilidades que podía ofrecerle su zona de control político, las ventajas de su vecindad con el Paraguay y las buenas cualidades de su puerto para el calado de las embarcaciones de la época. Asimismo, la red fluvial del interior de la provincia, especialmente los ríos Corrientes -con sus afluentes Batel y Batelito- y Santa Lucía, contribuyó a facilitar la salida de los "frutos del país" hacia sus puertos exportadores. el aguardiente cuyano- en el consumo de los habitantes de Corrientes. Las mercaderías importadas, comentaba D'Orbigny La ley de aduanas de enero de 1825 habilitó los puertos de Goya y Esquina, además del de Corrientes, para el comercio exterior. El de Goya, próximo a la desembocadura del Santa Lucía; y el de Esquina, junto a la del río Corrienles. Unos meses después, en mayo del mismo año, se añadió el puerto de la recientemente fundada población de Bella Vista, al norte de Goya. 15 CUADRO l El comercio por el río Uruguay, con los vecinos estados del Brasil y el Uruguay, fué de casi imposible regulación dada la falta de control político de la provincia sobre su despoblada franja oriental, en la que sólo existían los restoi; de algunos ex pueblos guaraníes que habían sido parte de las misiones jesuíticas Recién en 1830 se efectuó un intento de controlar el tráfico por aquella zona mediante el establecimiento de dos rutas obligatorias: una, por el paso de Itaquí y el camino a Curuzú Cuatiá. La otra, por el paso de Los Higos y su respectivo camino a la misma ciudad del sur correntino, en la que se había establecido una receptoría de renta en 1821. Y en diciembre de 1830 se habilitaba el paso de Santa Ana, sobre el Uruguay, para el comercio con las misiones orientales.16 Luego de los efectos destructivos de las luchas civiles que culminaron en 1820, el comercio exterior de la provincia se habría de recuperar, aunque no en la medida que deseaban los correntinos. Para una evaluación de ese comercio en el período que nos ocupa, sólo tenemos cifras a partir de 1825 (véase el cuadro 1). En una primer lectura, lo más llamativo de ese cuadro es el continuo déficit de la balanza comercial, que constituyó una de las raíces de los conflictos de Corrientes con Buenos Aires y de su política global del período. La expansión del comercio libre había penetrado también su economía al punto que las importaciones ultramarinas compon :an ya parte del consumo popular. Los registros comerciales no permiten distinguir el origen, fuese rioplatense o ultramarino, de las mercancías importadas, como para lograr una estimación discriminada de esas importaciones. Textiles ingleses y franceses, y ferretería inglesa, sobre todo, así como artículos suntuarios de diverso origen, figuraban junto a productos sudamericanos y de otras provincias rioplatenses - como el tabaco brasileño, los ponchos cordobeses o consisten principalmente en paños ingleses y franceses, sobre todo de estos últimos porque son muy baratos; en franelas de todos colores, que sirven para hacer o forrar los ponchos o para fabricar chiripás; en indianas, y particularmente en vestidos de muselina, en bordados verdes o rojos, de producción inglesa; en sombreros de lana, etc... 17 COMERCIO EXTERIOR DE LA PROVINCIA DE COlUUENTES 1825 - 1841 ( en pesos plata) Año hnportaciones Exportaciones 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 357 624 391 074 385 411 196 801 626 448 462 934 349 008 426 243 407 147 394 953 540 279 399 967 502 511 308 640 96 779 387 991 397 076 172 232 258 322 286 879 206 550 411 203 241 967 322 287 332 325 374 832 334 733 455 809 435 387 350 183 213 088 64 221 202 987 314 175 Balanza 185 392 132 752 98 532 9 749 215 245 220 967 26 721 93 918 32 315 60 220 84470 35 420 152 328 95 552 32 558 185 004 82 901 FUENTES: años de 1827 y 1828, Registro Oficial de la Provincia de Corrientes (ROPC), II, págs. 219 y 333. El resto de los años, Archivo General de la Provincia de Corrientes (APC), E. A. (se trata de planillas sueltas, con el título "Estado General que manifiesta las entradas y salidas que ha habido en la Caja General y Receptorías de la Provincia, con distinción de ramos, capitales de importación y exportación en todo el año de... ", título que, con variantes de detalles, se mantiene a lo largo del período; las planillas de cada año se encuentran intercaladas generalmente entre los expedientes administrativos de los primeros meses del año siguiente). tf �90 Siglo XIX El consumo de las importaciones textiles era abundante hasta en las capas populares. Así lo muestran las listas de mercancías enviadas desde los puertos a lugares del interior y aún las mismas cuentas de peones de los Q}encionados establecimientos tie Spalding: lienzo, bramantes, hilo, sarasa, hachas, bayetas, pañuelos casimir, pañuelos de seda, chales casimir, figuran -las cuatro mencionadas en primer término con frecuencia- en las cuentas de sus peones, junto a tabaco, sal y otros productos de posible origen correntino y rioplatense. Importaciones ultramarinas, por ejemplo, enviadas de Buenos Aires a Goya en 1833, incluían tijeras, cuchillos, estribos de metal, agua de colonia, peines de marfil, papel té, peinetas, jabón americano, aceite, arroz, vinagre, vino Cartón, Málaga, fideos, muselinas, crisoles, limas y alambres para plateros... 18 Sin llegar, entonces, a la situación subrayada por Parish para Buenos Aires donde, según el diplomático inglés, salvo las bolas de potro y las boleadoras, el resto de lo que utilizaba el gaucho en su vida cotidiana era de origen europeo, el consumo de productos importados estaba bastante extendido en la provincia de Corrientes. Contribuía a ello no sólo la falta o la insuficiencia de la producción local, sino también el menor precio de algunas importaciones textiles con respecto a las producidas en la provincia: . . .debe decirse -recuerda Mackinnon- que los vestidos, casi todos de fabricación regional, aunque comparativamente toscos, estaban hechos a mano muy acabadamente y, por lo tanto, eran mucho más caros que las ropas femeninas europeas de la misma calidad.19 En ese consumo de importaciones existen, evidentemente, productos que podemos considerar de lujo, lujo modesto y esporádico, pero al que no eran reacios los pobladores del Río de la Plata cuando disponían de algún recurso. Aunque también en esto primaba la ventaja de la baratura de algunos productos importados. 20 En cuanto a las exportaciones, los rubros principales los constituían los productos ganaderos -sobre todo los cueros sin curtir-, las maderas y el tabaco. Y, asimismo, productos de similar origen que los anteriores pero con cierto proceso de industrialización, como maderas trabajadas, suelas y cigarros. Poseían también cierta consideración las exportaciones de pieles de nutria, de troncos de palmera y cañas bambú, y de cítricos. Los cuadros 2 y 3 ofrecen una aproximación al volumen de lo exportado por el puerto de la ciudad de Corrientes -que constituía alrededor de un 60°/o del total del valor de las exportaciones de la provincia. Por las características de la fuente utilizada -según se explica en las observaciones de los cuadros-, carecemos de datos sobre la exportación de carretas y em- J.C. Chiaramonte: Mercados en el Litoral argentino 91 barcaciones, así como de textiles u otros productos. 21 Sólo para una aproximación al valor de las exportaciones de cueros, así como del conjunto de las exportaciones pecuarias, nos son útiles las series elaboradas por Julio Broide, indicadoras de la tendencia general de los precios de las exportaciones pecuarias de Buenos Aires. La gráfica l, CUADRO 2 ADUANA DE LA CIUDAD DE CORRIENTES-EXPORTACIONES, PRINCIPALES PRODUCTOS 1826 - 1841 PRODUCTOS VARIOS - CANTIDADES Medidas: pieles de nutria en docenas, el resto en unidades. Cueros Cueros Cueros vacunos equinos vacunos Años Suelas curtidos curtidos (sin curtir) 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 3 122 4626 5 594 4249 1 914 5 498 4480 4 901 6 098 9 104 5 934 3 423 2 225 1 725 2 679 6 707 326 267 137 129 328 459 400 174 211 416 484 223 64 567 640 722 365 804 1 211 90 484 473 54 412 519 101 806 1 058 769 859 524 4 819 18 4 164 17 203 9 208 21 703 22 238 18 924 22 115 22 931 34 183 32 824 11 617 55 21 962 26 697 Astas 11 060 5 400 6 425 5 143 11300 34 830 48 221 48 057 56 261 54 010 40 923 36 131 6 928 6 900 Pieles de Nutrias 42 6 975 4 108 266 58 1 947 16 850 20 502 12 912 6 186 4 394 19 500 1 080 Naranjas 462 200 184 500 245 000 193 500 301 300 650 300 1 166 300 1 114 100 460 500 242 000 987 800 361 000 72 000 33 000 39 000 Observaciones: En las cantidades de cueros vacunos sin curtir hemos incluido una parte de las cantidades de cueros anotadas en los registros de gtt"Ías sin especificación. Para ello, dividirnos esas cantidades en dos partes proporcionales a las cantidades de cueros vacunos y equinos de cada año. . . En varias de las columnas se omiten pequeñas partidas de cueros anotadas "en fardos". FUENTES: Archivo General.de la Provincia de Corrientes, Toma de Razón de Guías. ,, �92 SigioXJX J.C. Chiaramonte: Mercados en el Litoral argentino tomada de la serie de precios pecuarios en pesos oro de Broide, nos muestra la fuerte caída iniciada en 1835 y acentuada desde 1837. O> ll"l r-- r-- ll"l ,.., IO ll"l <N C\I ....,,;t<C\l....,C\IC\10,..,C'lO C\I ............ C\I ....e ~8~~~~~:g~~~~~~I ...¡ ,::fo 1 10 C\I t-- IO ...., O C'l 10 10 ll"l 10 <N ll"l ,;t< c<'lO<N c<'lc<')<N,..,<N,..,,.., ce ..... ..... ~ ce ..... "" "" (N .... 93 "" C\I Contamos también con información relativa a los precios del cuero rioplatense en el exterior, en Londres y en Hamburgo -de estos últimos hemos calculado números índices (véanse cuadro 4 y gráfica 2). Ellos muestran una tendencia declinante desde mediados de los años 1821-30, cosa que constituye un trasfondo probablemente tanto o más decisivo para los problemas de la economía correntina que los efeclos de la políLica bonaerense (es posible que la discordancia con la serie de Broide en 1838-40, se deba a la escasez del producto en Europa derivada del conflicto de Buenos Aires con Francia y el bloqueo francés del Río de la Pla- ta). 22 "' "' .!:! ~ 1 g~g 1 1 1 1 1 1 1 o e o.... "' ll"l O<NO (N C\I 'i"' Las informaciones de diversas fuentes respecto del carácter lucrativo de la producción agropecuaria, así como los cálculos respecto del valor de las propiedades y de sus ganancias, no significan que existiese en Corrientes u C\IOOIO,..,C\10>,...IOll"lCl>Oll"l,...,..,C'l <N00<010000C\IC'lOll"l,..,,..,IO<Nt--O ,;t<<N,..,IO,..,c<'lll"lOOC\l,;t<O>,;j<OOOOc<'l C\ft--C\I C\f,;t<,;t<c<i,;t<O><OCl>IO ,.., "' "' :E "' E- ~~~~~~~~~~~~~~ 1~ .... O,,;j<U")c<')C\fC\I............ ........ e<') ,;t<,;t<,;j<Ot--c<'l,;j<,..,O>O,,;j<C\IOO>,;j<,;j< C('),;t<,n<No,n,..,oor--<000>r--,..,mo OOO>l'>ll"l\000 ,.., C\f,..,,;j< C\f,.., ........ "'"'N "' :;: C\I O ,;j< 00,.., OC(') O,.., ,;j< C\f C\lll") O,.., ,;j< on 00 O> O> O> 10 ,;j< O t-- C\f t-- C(') C\f C\I ,;j< ll"lC\l,...IOC\l,;t<,..,c<')C(')C\f C\I o,,noor--r--mr--oc<'lO>ll"l<Ot-1">,...ll"l<O<NC'lO><NOOOOOO,;j< ,..,,..,,....0000 oooomr-- .... 2. MERCADO Y PRODUCCION ,..,o 00 c<)c<'l C\I IO t-- 00 O> O ,.., <N C'l ,;j< ll"l 10 t-- 00 O> O ,.., C\I C\I C\I C\I c<') e<') c<') c<') e<') c<') c<') e<') c<') C(') "" "" 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....t....C'"""4....C....C....-4.....t....CP""ot,-.C....Cf"""1 ...... ...-C...--4,--,I OBSERVACIONES A LOS CUADROS 2 Y 3 Los cuadros de las exportaciones de la Aduana de Corrientes son sólo una lejana aproximación a este aspecto del comercio exterior correntino por sus varias limitaciones. Una. la que deriva de ser sólo lo exportado por el puerto de la capital -del que sabemos, empero, que representaba aproximadamente el 60°/o del total de las exportaciones de la provincia. Otra. que proviene del hecho de constituir el cómputo de solamente las salidas por vía fluvial, debido a que las guías terrestres consignan como destino poblados tales como Gaya o Curuzú Cuatiá y dejan sin definir si se trata de destino final o lugares de reexpedición para fuera de la provincia. Quedan así sin registro productos que, como ganado en pie o carretas, tenían salida casi exclusivamente terrestre. Tampoco reflejan los cuadros la posib)e exportación de mercancías exentas de derechos de aduanas; tales como los tejidos, mencionados como componentes de las exportaciones correntinas, cuya real magnitud hubiese sido útil conocer por ser uno de los productos más afectados por la competencia no sólo ultramarina sino también rioplatense. Por último, los cuadros informan sólo de la cantidad de productos exportados y no del valor de los mismos. Hay otros productos (sobre todo tabaco y cigarros, pero también sebo, grasa. crin, yerba mate...) cuya variedad de unidades de medida - la mayoría de las cuales no nos es posible convertir a alguna de las otras- no hace posible incluirlas en los cuadros; sobre todo porque muy pocas de esas medidas tienen registro constante. Por ejemplo, las del tabaco son las siguientes: bolsa, bolsita, bulto, bultito, bocoy, cajón, saco, barrica. arroba. petacón, barril, sobornal, petaca, rollo, fardito, petaconcito, saquito. No hay, tampoco, alguna medida que predomine en forma tal que pudiera hacer posible prescindir de las otras siquiera a manera de ilustración. �t ~ GRAFICO No. 1 en cfii• i5" NUMl•:ROS INDICES DEL NIVEL GENERAL DE PRECIOS DE PRODUCTOS PECUARIOS EN ORO, EN BUENOS AIRl•'.S ~ >e: 1833-1850 100 t-- - - - - -.PC!..- ....:::::_\-,L:.~~- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -....:..---- - - - - -- i0 ;o 1833 '34 1835 '36 '37 ' 38 O1/Sr:R !'Al'f(}S: I.SC,\ L.\ LOG.\IUnlIC.\ : 1833 '39 1840 '4 1 '42 '43 '44 184 5 '46 '4 7 '4 8 ' 49 1850 '5 1 100 ¡:t'fi,\ ..I I : .JU.10 IIROWI, 1.. 1 /·. VOI.UCJON l>F. L OS PR I:.'CIOS PECUA R IOS AR(;ENi/NOS EN EL PERI ODO 1830-1850, lll'l.:'\OS ,\ IIU .S, l:'\STITUTO DE F.CONOMIA, FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMIC.\$, UNIVI. RSIDAD UF. BCl.:'\OS \ IIU .S, 1951. CUADR04 PRECIOS DEL CUERO "DE BUENOS AlRES" EN HAMBURGO, 1814-1845 Mios 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 Precios (marcos) Núm. índice 0.88 0.89 1.01 0.89 0.90 1.00 1.10 1.08 1.08 1.10 1.00 1.13 1.05 1.00 1.00 0.99 104.8 105.9 120.2 105.9 107.1 119.0 130.9 128.6 128.6 130.9 119.0 134.5 125.0 119.0 119.0 117.9 Afios 1 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1941 1842 1843 1844 1845 Precios (marcos) 0.94 0.92 0.87 0.84 0.80 0.78 0.74 0.78 0.78 0.80 0.86 0.76 0.71 0.68 0.71 0.72 Núm. índice 119.8 109.5 103.6 100.0 95.2 92.9 88.1 92.9 92.9 95.2 102.4 90.5 84.5 80.9 84.5 85. 7 FUENTE: Jacobs, Alfred und Richter, Hans, Die Grosshandelpreise in Deustchland von 1792 bis 1934, Berlín Hanseatische Verlaganstalt, Hamburgo, 1935, pág. 68. Observación: En la serie de números índice, 1833 = 100. :-, 0 C'"') :,- ~- Q ;3 0 ::, ~ f <> l ~ "::, \?. t-- §-' l ~ "...::, f c.n '° �96 un mercado de tierras generalizado. 23 Las noticias dispersas que se encuentran sobre el particular, más bien indican que la tierra entraba en circulación dentro de condiciones limitadas. En primer lugar, como es lógico, las tierras con cierto mínimo de extensión, una adecuada ubicación respecto de las posibilidades de transporte de los productos, y ciertas características de aptitud para la explotación agropecuaria -terrenos no anegadizos, buenos pastos, zonas no expuestas a riesgos de bandidos o de incursiones de indígenas-, entre otras. Pero, junto a los testimonios de ventas de campos para explotación pecuaria, agrícola o mixta, que se encuentran en los registros de escribanos y otras fuentes, consta la habitual ocupación de tierras sin operación mercantil ni título legítimo. La abundancia de tierras públicas, por una parte, y la de tierras de propiedad privada con explotación extensiva, unida a las situaciones tradicionales semejantes al colonato, por otra, facilitaba el asentamiento de la población sin título alguno. Los esfuerzos del gobierno para lograr la regularizacion de estos tipos de tenencia, aún llegando al extremo de ofrecerla con bajos canones enfitéuticos y, en cierto momento, gratuitamente sin otra obligación que los trámites administrativos para la obtención de los títulos, fueron infructuosos. 24 V) st 00 .... ..,. "' M v o v U) p:: °' "' <: ,- w - if) "' \O o z w "' :::> i:o v w o ~ o "' tr.) tj< M p::~ C\I o Así, la facilidad con que se reproducían la producción doméstica para :e:-:. autoconsumo y la pequeña producción mercantil conspiraba contra el desarrollo del mercado de·tierras, como también del mercado de mano de obra. Ambos mercados eran hipotéticamente libres. La tierra no estaba vinculada a privilegio alguno, y la mano de obra -a excepción del corto número de esclavos cuya participación en actividades productivas iba en acelerado declive- carecía de lazos de sujeción personal. ~ o ~ ""( ~ ~ w· :::> ;:!: uco ..... ..,:¡ "' o "' wo o~ oix: °'M -o U¡:¡:¡ ,- ~~ :I: M Q., ..,:¡ wz ..... M U) v 11 ro ro M ~ co ..... o ~ C'I M o:I (J ·s.... U) o p:: o w ('I ::;; :::> z 00 00 o z ...o 'U o:I ';:: o:I bO 2 o:I -¡;¡ (J ;:! "' u w .... ..,. \O - 00 La tendencia fue a constreñir a la población al trabajo productivo, especialmente en producciones mercantiles, y a facilitar un acceso a la g V) QW w En cuanto respecta a la tierra, el estado correntino iniciaría y llevaría adelante con tenacidad una política de afianzamiento de esa libertad e igualdad de derechos -que establecía el reglamento constitucional de la provincia-, por medio de una abundante legislación. Diversas leyes o decretos tendieron a facilitar los trámites administrativos y pagos necesarios para la regularización de los títulos de propiedad, la legalización de la ocupación productiva de tierras públicas, y el acceso de familias de escasos recursos, ya fuera a la propiedad, ya al usufructo en enfiteusis de la tierra pública. Mientras que, en cambio, respecto de la población trabajadora -o potencialmente tal-, desarrollaba una firme política de restricción de su libertad de movimientos y de su posibilidad de subsistencia al margen de las formas legalizadas por el estado provincial. 97 J.C: Chiaramonte: Mercados en el Litoral argentino SigloXIX - oV) ..,. o o "' o C'I o .... .... o o o - °' o 00 V "' o:I -v io >.. t3 ~ ~~ <~ f.tl ~ :;j~ t...O �98 Siglo XIX tierra legalmente ordenado -cosa que, entre otros aspectos-- significaba que todo lo que se hiciera fuese capaz de rendir ingresos al fisco. Con respecto a la propiedad de la tierra, la respuesta de buena parte de la población que debía haber estado interesada en regularizar su situación o en aprovechar las facilidades concedidas para convertirse en propietaria, muestra que, o bien juzgaba innecesarios tales procedimientos dada la facilidad con que se podían ocupar gratis terrenos públicos o privados, o bien carecía del mínimo de recursos necesarios para llevarlos a J.C. Chiaramonte: Mercados en el Litoral argentino 3.15°/o con respecto al lapso 1825-1830, mientras el promedio anual de las exportaciones subió un 34°/o. El déficit de la balanza cayó entonces un 54.6 °/o con respecto al primero de esos lapsos. Es claro que, pese a todo, un promedio anual de déficit de alrededor de 63 763 pesos plata era todavía un problema no despreciable, sobre todo si se tienen en cuenta que el conjunto del comercio exterior, estimado por la suma de sus exportaciones e importaciones, subió apenas un 15.3°/o entre los dos lapsos (véase cuadro 5). cabo. .. , Dadas las reiteraciones de los ofrecimientos gubernamentales y las sucesivas ampliaciones de los plazos establecidos, es posible partir del juicio vertido en uno de esos documentos públicos, en el que se califica esa actitud como ''apática e indiferente" respecto de una tal posibilidad de asegurarse la propiedad de la tierra poseída. Y reintrepretar este texto en el sentido de la primera de las dos hipótesis recién anotadas. Esto es, de la falta de interés, sobre todo de quienes no eran productores mercantiles, en el esfuerzo necesario para garantizar la propiedad de un bien relativamente abundante y cuyo usufructo era prácticamente gratuito. Las limitaciones de los mercados de tierra y mano de obra se correspondían con las del mercado de dinero. Las dificultades de la economía provincial y del fisco vinculadas a la creciente escasez de metálico contribuían a ello pues, como en todo el Río de la Plata, los tiempos posteriores a la independencia habían conocido un continuo flujo del metálico hacia el exterior. El déficit de la balanza comercial y el problema monetario La balanza comercial de Corrientes entre los años 1825 y 1838 sintetiza el conjunto de problemas que condicionaron su política económica antes y después del tratado de 1831. En primer lugar, si los datos de Mantilla para alrededor de 1815 fuesen representativos del comercio exterior regular, las importaciones y exportaciones de la provincia habrían descendido de 750 000 y 500 000 pesos plata, respectivamente, " antes de trastornar la provincia el caudillo oriental", a lo que muestra nuestro cuadro 1. 25 En segundo lugar, la magnitud del déficit daba a los correntinos una med~d~ de su pérdida de riquezas, identificada por ellos con la penuria de metalico que lo acompañaba. Pero, al mismo tiempo, los años posteriores a 1830 muestran que esa política económica había tenido efectos bastante destacados. Entre 1831 y 1838, las importaciones anuales aumentaron, en promedio, apenas un 99 CUADRO 5 BALANZA COMERCIAL, 1825-1841; PROMEDIOS ANUALES a. Cifras de los promedios anuales Período hnportaciones Exportaciones 1825-30 18!11-38 403 382 416 093 262 859 352 330 Suma hnportaciones y Exportaciones 666 241 768 424 Balanza 140 523 63 763 b. Porcentajes de aumento o disminución del período 1831-38 con respecto a 1825-30. + 3.15°/o + 34.03°/o + 15.34°/o -· 54.62º/o FUENTES: Véase Cuadro l. No estará de más agregar aqu~ como dato comparativo interesante, que un cuadro del couiercio exterior de Mendoza, publicado en Buenos Aires en 1835, muestra una situación inversa a la de Corrientes en los tres años -1828, 1833 y 1834- que contiene esa infonnación. Importaciones y exportaciones, que fueron en el primero de esos años de 590 389 y 227 740 pesos plata, respectivamente, habían descendido a 245 389 y 36 500 en 1833, y a 244 490 y 50 438 pesos plata, respectivamente en 1834. El déficit fue de 362 649, 209 395 y 194 052 en cada uno de esos años. Déficit elevado, pese a la reducción conseguida, especialmente, merced a la disminución de las importaciones desde Chile.26 En cuanto a Corrientes, la disminución del déficit de la balanza es llamativa y podría haber sido un argumento de peso contra la observación que El Lucero efectuara en 1831, si las cosas no hubiesen llegado a otro ni27 vel de exasperación. Además, aunque el déficit había disminuido notablemente, esto no satisfacía las expectativas que los hombres de negocios correntinos y sus líderes políticos cultivaban respecto de las posibilidades de la economía provincial. Por otra parte, a la lista de agravios de Buenos Aires podían añadir las pérdidas sufridas en la venta de sus productos de �100 Siglo XIX exportación derivadas de Ja f.alta de contacto directo con el mercado exte. 28 nor. Si el lento desarrollo de la economía de Corrientes limitaba el crecimiento de las rentas públicas, eJ casi permanente déficit de la balanza comercial añadía un grave problema: la escasez monetaria derivada de la práctica habitual del comercio de cubrir con metálico el exceso de las importaciones sobre las exportaciones. Las disposiciones fiscales tendientes a combatirla abarcan todo el período. Fundamentalmente, consistieron, por una parte, en atacar el déficit de la balanza mediante una conjunción de medidas que incluían el proteccionismo aduanero, el fomento de las actividades productivas y la incorporación al mercado de habitantes marginales a e1. Y, por otra, en prohibir la extracción de oro y plata, así como de joyas o monedas de esos metales. Estas prohibiciones, adoptadas en enero de 1825 y reiteradas en varias oportunidades, fueron refonadas por la obligación impuesta a los comerciantes (decreto de diciembre de 1826) de cubrir el valor de las importacionP-S con el importe de exportaciones de productos de la provincia. La medida del gobierno reglamentaba las formas de cobro y pago de las mercancías introducidas en el territorio provincial y las penalidades a los infractores. 29 Por otra parte, se establecían procedimientos relativos a las libranzas para otras plazas, disponiendo la obligación de ser infonnadas al gobierno a los efectos de conceder a éste prioridad para tomarlas en caso que nece. dos en otras provmc1as. --aoLos sitase girar contra fond os suyos depos1ta considerandos del decreto, relativamente extensos, comenzaban con una referencia adversa al papel moneda de Buenos Aires -que se quería, denunciaba, «introducir en los demás pueblos de la nación"- al que adjudica el efecto de alterar las relaciones que existían en el comercio antes de su aparición .. .las causas que obligaron a echar mano de aquel recurso -afirma con un criterio cuantitativista respecto de la moneda- obligan y obligarán siempre, a que la emisión del papel sea excesivamente preponderante sobre todos los artículos y mercaderías cuyos valores entran en la circulación al estímulo del interés real que busca el comercio, y en esta desproporción en que la mercadería moneda pierde el nivel que siempre procura con todos los artículos de cambio, ella es forzoso que decaiga al último abatimiento, y por una contraria proporción adquieren los efectos de valor real un precio, el más alto, y excesivamente extraordinario. De allí se sigue la pérdida de la estimación pública por el papel moneda. J.C. Chiaramonte: Mercados en el Litoral argentino 101 Por otra parte, añadía el decreto, otra consecuencia nociva del papel era la inevitable escasez y quizás total desaparición del metálico. De manera que, considerando que la prohibición de extraer metálico, establecida en enero de 1825, no surtió el efecto buscado, el gobierno se ve obligado a prevenir los males que pudiesen sobrevenir, adoptando las medidas ya comentadas.31 El decreto es en parte un recurso defensivo contra la depreciación del papel moneda de Buenos Aires, comenzada en febrero de 1826 y agravada en la segunda mitad del año. Proceso inflacionario que continuó hasta 1830, con una breve pausa durante el fugaz gobierno de Dorrego. 32 Esta depreciación había tenido efectos inmediatos en Corrientes, al punto que en julio y agosto de ese año dos comerciantes demandaron a colegas que habían entregado libranzas pagaderas en Buenos Aires a cambio de sumas de metálico recibidas en Corrientes. Los dos demandantes informaban que el pago de las libranzas había sido hecho en papel moneda y no en metálico, con pérdidas sensibles para ellos, pues se había tomado el cambio oficial de diecisiete pesos papel onza de oro, mientras ésta se cotizaba en realidad a veintitrés pesos. 3 ¡or La escasez de metales preciosos no era nueva pero parece haberse agravado al coinienzo del período que consideramos. Hemos visto que los Rohertson describen con frecuencia el trueque en las compras al menudeo pero también, junto a él, dan testimonio del uso de moneda de plata. En cambio, hacia 1822 el gobernador Blanco debió solicitar autorizaci~n del Cabildo -en funciones sustitutas del Congreso en receso- para enviar un mensajero a Buenos Aires con dos mil pesos en onzas de oro a fin de cambiarlas por monedas de plata. El gobernador explicó que, pese a haber realizado las mayores diligencias en Corrientes, no había podido cambiar las onzas debido a la escasez de plata, cosa que impedía el pago de las tropas y otros gastos indispensables. 34 Y, en mayo Je 1826 se intentó un rudimentario papel moneda provincial, en una emisión cuyo monto alcanzaba a 3 000 pesos fuertes. Modesta cantidad que indica, en realidad, la limitada pretensión de atender con estos billetes, más bien vales, el pago de ciertas obligaciones del estado, especialmente sueldos burocráticos y militares, así como facilitarles a las familias de ese personal sus compras menudas. Los billetes, del valor de un peso fuerte, eran canjeables por onzas de oro en la colecturía general cuando el portador reuniese los diecisiete pesos fuertes papel equivalentes. El gobierno hacía obligatoria su aceptación en mercados y en cual~er operac~ón comercial, así como ~os ~dmit~a en el pago de impuestos. 5 Los considerandos del decreto atribu1an la mnovación a la extrema escasez de moneda de plata, que causaba quebrantos a la T �102 Siglo XIX tropa y a las familias de todas las clases en el cambio de onzas de oro por plata, aparentemente por el premio de la plata sobre el oro derivado de esa escasez. Pocos meses después de la emisión, a fines de octubre del mismo año, el gobierno tuvo que retirar de la circulación el papel emitido porque " ...algún genio enemigo de todo orden físico y moral" había lanzado a la circulación billetes falsificados. Un año después, vuelve a lanzarse otra emisión, por la misma suma. Esta vez, los billetes eran en parte del valor de un peso de a ocho reales, como en la anterior, y en parte de dos reales. El decreto· alude a la desaparición de la causa que obligó al retiro de la emisión anterior y a la subsistencia de los mismos problemas que la motivaron.36 ... Al rechazo del papel moneda de Buenos Aires, Corrientes añadió, entonces, las medidas referidas a la existencia de metálico y a su disponibilidad, la limitada emisión de papel moneda convertible con una relación oro-plata-papel :fijada oficialmente, y la fiscalización de las libranzas sobre otras provincias como parte de la obligación que impuso a los comerciantes de exportar por igual valor de lo importado. No vuelve a tenerse noticia de otras emisiones. Sí de la persistencia de la escasez de metálico, testimoniada por la referida reiteración de los controles sobre extracción de moneda o de metales, y por la introducción, descubierta en enero de 1833, de moneda falsa de plata, del valor de dos reales. Y, asimismo, por otra medida del gobierno provincial que, en 1835, reglamentó la venta de joyas u otros objetos de metal precioso, imponiendo la intervención de la policía para convalidar las operaciones. 37 Sin embargo, algunos comentarios oficiales pueden permitir suponer que las disposiciones legales relativas al comercio exterior y al fomento de la producción tendieron a aliviarla por su sensible efecto, ya comentado, sobre el déficit de la balanza de comercio: cuando el gobierno de Buenos Aires solicita al de Corrientes hacer suya la prohibición de exportar metálico, adoptada en 1837 en Buenos Aires cuando el conflicto con Francia, el gobernador correntino le expresa a Rosas su satisfacción por ver triunfar ...unos principios que el Gobierno de esta Provincia había adoptado desde mucho tiempo atrás para impedir la extracción de plata y oro y cortar anticipadamente los males que la codicia extranjera ha hecho sentir en otras partes. Con evidente regocijo ante la oportunidad de desquitarse de las críticas recibidas de la prensa porteña por el rigor de la legislación local, el gobernador correntino señalaba que, fuese por la severidad de la ley o por su es- J.C. Chiaramonte: Mercados en el Litoral argentino 103 tricta aplicación, " ...nunca han faltado los medios de cambio y circulación tan necesarios al comercio... ,,as De manera que, aún habida cuenta de la probable exageración del gobernador, el efecto conjugado de las disposiciones legales que prohibían la salida del metálico, y de la reducción del déficit de la balanza comercial, parecerían haber aliviado la escasez de moneda. En el agravamiento de la escasez de plata, a comienzos del período, debe haber conc11rrido también un refuerzo de la tendencia a la tesaurización, derivada de la inseguridad vivida por la población correntina d11rante la ocupación de la provincia por tropas artiguistas y bajo la subsiguiente dominación del caudillo entrerriano Ramírez. D'Orbigny advertía que en Corrientes el dinero "se echa a tierra", hábito que unido al déficit de la balanza comercial le hacían parecer razonables las medidas oficiales de prohibir la exportación del metálico. 39 No es de extrañar, entonces, que perdurase la extendida vigencia del crédito, tanto en el comercio como en la producción, conocida ya desde antes de la independencia. El trueque y el crédito eran modalidades de amplio predominio en la vida económica correntina, como ya tuvimos oportunidad de comprobarlo más arriba. Una fuente importante de crédito eran las casas comerciales de Buenos Aires que enviaban mercancías y recibían letras de cambio, giradas contra otros comerciantes de Buenos Aires de quie- ' nes los correntinos eran acreedores por el envío de productos locales. En el ámbito del comercio exterior de la provincia era común la letra de cambio, cuya utilidad se acrecentaba, como es conocido, por la posibilidad de sucesivos endosos. Las letras de cambio pagaderas en Buenos Aires permitían facilitar las transacciones entre ambas plazas tanto a los mercaderes como al mismo estado correntino que, en su ya comentada resolución de diciembre .de 1826, se reservaba el privilegio de disponer de las libranzas efectuadas por aquellos mercaderes que debían docul'!1entar los saldos negativos de sus balanzas individuales. 40 Por otra parte, ya lo señalamos, no existían en la provincia instituciones modernas de crédito y banca. Ni siquiera, casas mercantiles que tuviesen cierta especialización en algunos servicios de tipo bancario. Préstamos en metálico se podían obtener, como era normal en este tipo de economía, de parte de algunos mercaderes de fortuna, con garantía de hipotecas sobre establecimientos rurales, al 6°/o de interés, y con plazos que variaban de meses a años (algunos hasta cinco años, cosa posible por la hipoteca del inmueble). Pero, por la abundancia de registros en los inventarios de bienes de los testamentos, se infiere que eran más frecuentes los préstamos en metálico de cortas cantidades.41 �104 Siglo XIX Asimismo, una de las fonnas más difundidas para lograr capital, fuese para el comercio o para la producción, comportaba también una variante tradicional del crédito. Nos referimos a la conocida con el nombre de habilitación, que ya describimos más arriba. El crédito podría ser en dinero o en mercancías, caso este último más común por la comentada escasez de moneda metálica. En caso de ser efectuada en dinero, consistía en lo que la jurisprudencia designaba con el nombre de mutuo, una de las formas de contratos reales. En caso de realizarse mediante la entrega de mercancías poseía la naturaleza jurídica de una venta al fiado: esto es, una variante de la compra venta, una de las formas de contratos consensuales. 42 Las habilitaciones se encuentran con frecuencia en las relaciones de comerciantes mayoristas con sus colegas minoristas de las localidades del interior de la provincia o con corredores que cumplían análogas funciones. Pues, más allá de su estricta forma jurídica, cumplían la más compleja función, en las condiciones de esa economía pre-capitalista, de poner en marcha un mecanismo de succión de las producciones locales: el comerciante lugareño habilitado por su colega de la capital o de algún otro puesto exportador de la provincia saldaba sus obligaciones así contraídas mediante el envío de "frutos del país" de los que era acopiador natural por mérito de sus conexiones mercantiles y de su disponibilidad de mercancías. En este punto la inicial habilitación comercial daba lugar a otro tipo de habilitación: la del productor por el comerciante. Este entregaba mercancías, habilitaba, al productor a condición de una futura entrega suya de sus productos en forma de pago. Sustancialmente, las habilitaciones a los productores configuran un fenómeno similar al conocido con el nombre de trabajo a domicilio y utilizado en Europa desde la baja Edad Media por los mercaderes para ampliar la producción industrial. 43 Otro procedimiento habitual de obtener o completar un capital, fuese para operaciones comerciales o productivas, era la constitución de compañías, la antigua y difundida forma de sociedad mercantil que en Europa surgió a fines de la Edad Media en sustitución de la commenda. Compañías de hecho o legalizadas ante escribano, familiares o no, se utilizaban para múltiples fines. Los protocolos de escribanos registran la constitución, o disolución, de diversas compañías, tanto para explotación de una tienda, como para la de una estancia o la de una embarcación fluvial, entre otras. Los compañeros podían aportar dinero o, más frecuentemente, mercane ías, en calidad de capital. Asimismo, caso también usual, uno aportaba mercancías e instalaciones y otro su trabajo personal. Los contratos respectivos suelen incluir estipulaciones sobre otras obligaciones de cada miembro de la compañía y sobre reparto de utilidades. En caso de omisiones, la legislación española aún vigente contemplaba normas precisas.44 J.C. Chiaramonte: Mercados en el Litoral argentino 105 Mediante este tipo de asociación mercantil se evitaban desembolsos monetarios, aprovechándose la disponibilidad de bienes por parte de unos -que, dado el carácter frecuentemente aleatorio de las comunicaciones transoceánicas podía abarrotar de mercancías en los momentos menos esperados a cualquier comerciante- y la experiencia mercantil por parte de otros. Mientras el valor de la exportación no iguale al de la introducción, no podrá el comerciante dar por concluído el negocio: será considerado como verdadero deudor, con arreglo al tenor y espíritu del art. 2 y sufrirá los mandamientos de apremio prevenidos en el art. 3. Fae artículo 5o. del ya citado decreto de diciembre de 1826, con su in• tento de aplicar en escala individual la doctrina de la balanza favorable -medida empleada ya a fines de la Edad Media en Venecia-, traduce en la fonna más aguda no solo la necesidad de mejorar la recaudación fiscal sino, sobre todo, la urgencia del estado correntino en promover la mercantilización de la vida económica provincial: urgencia manifestada en otros ámbitos de su política económica, además del comercio exterior. Y revela, también, las mayores limitaciones para el desarrollo y transformación de esa economía provincial: aquellas que provenían de la escasa magnitud del excedente capaz de ser comercializ11do. Esas limitaciones se observan en la amplitud de la economía de subsistencia, en la frecuencia del trueque junto a esporádicas operaciones mone• tarias, en la difusión de distintas formas de crédito tradicional para compensar la escasa circulación monetaria -desde las ventas con pagos diferidos hasta las habilitaciones, tanto para el comercio y producción del interior de la provincia, como para el comercio exterior. Ese escaso desarrollo del mercado monetario corría parejo, señalamos, con el limitado desarrollo de los mercados de tierras, mano de ohra y capitales. Habilitaciones y compañías, junto a la sociedad familiar tradicional, fueron procedimientos habituales para compensar aquellas caracterís• licas mediante la reunión inmediata de medios de producción diversos: mercancías y tierra, men:ancías y trabajo personal capacitado, esto mismo Y tierra, entre otros, fueron frecuentes casos de poner en marcha empresas comerciales, industriales, agropecuarias o navieras, sin desembolsos monetarios. A través de estos procedimientos, un grupo mercantil antiguo, y aún fuerte pese a las viscisitudes posteriores a la independencia, continuó IL'!ufructuando las posibilidades de expansión mercantil de esa economía, al par que intentaba desesperadas medidas de ruptura de sus limitaciones en el plano de la poi ítica interprovincial rioplatense. �106 Sig/Q XIX J.C. Chiaramonte: Mercados en el Litoral argentino - cional, Río de Janeiro, Brasil, t. I 30, 26, 89. Este personaje, al que parece habérsele confiado la misión de ayudar al pueblo de Belén, en Paraguay, consulta si dado el infeliz estado de la población de Belén, la podrá "fomentar y auxiliar" con sus "propios intereses" para que sus habitantes puedan emprender algunos trabajos útiles, " ...llevando una cuenta exacta -agrega- a fin de que se me pague con preferencia, como es debido a todo Habilitador... ". NOTAS 1.- El texto de esta ponencia reúne varios fragmentos de un trabajo a publicar, cuyo título es Mercaderes del Litora~ la cuestión regional argentina en la primera mitad del siglo XIX y el caso de la provincia de Corrientes. El autor agradece el apoyo del Social Science Research Council para la investigación que hizo posible ese trabajo. 2.- "Informe del Diputado por Corrientes, Dn. Isidoro Martínez Cires", Telégrafo Mercan~ Rura~ Po/ítico-&onómico e Hi$toriográf,co del Río de la Plata, (1801-1802), Reimpr. Facsimilar por la Junta de Historia y Numismática Argentina, T. Vl, Año 1801, Buenos Aires, 1914, pág. 368 -número del 22/VIll/801. 3.- Informe del Alcalde Provincial, José J. de Goytía, al Gobernador Blanco, Batel, 19/ll/822, Archivo General de la Provincia de Corrientes, Documentación Hi$tórica, Años 1821 y 1822, Corrientes, 1928, pág. 156. 4.- A. D'Orbigny, Viaje a la América Meridional Tomo I, Buenos Aires, Futuro, 1945. 5.- J. P. y G. P. Robertson, Cartas de Sud-América, Primera Serie, Andanzas por el Litoral Argentino (1815-1816), Buenos Aires, Emecé, 1950. 6.- Véanse los aranceles eclesiásticos para bautismos, casamientos, y entierros; Ley del 22/V/827, Registro Oficial de la Provincia de Corrientes, t. ll. pág. 112. 7 .- Cuentas de León Spaldin& Archivo General de la Provincia de Corrientes, Papeles de Particulares, Leg. Unico. 8.- Asiento de venta de 41 cabezas de ganado vacuno a cambio de tabaco y miel (uno de los negocios por trueque asentados en las cuentas de Spalding), ldem, Leg. cit., Correspondencia de José Cayetano Femández con José Fontenau, septiembre de 1834 a noviembre de 1835 (pago de efectos diversos, parte en metálico y parte con productos ganaderos de San Antonio del Palmar, al comerciante residente en Corrientes), en "Fernández, José Cayetano, Concurso", ldem, Expedientes Administrativos, Sec. Judicial. 1835, Leg. 83, Expdte. Civil 2253. 9.- Reglamento Provisorio Constitucional (1821), y Ley Constitucional (1824), Regi$tro Oficial de la Provincia de Corrientes, t. I, págs. 25 y 247; Ley del 22/1/830, Id., t. 11, pág. 359. 10.- J. P. y G. P. Robertson, ob. cit., págs. 195 y sigts.; A. D'Orbigny, ob. cit., pág. 232. En la obra de Robertson se ilustra la situación privilegiada del habilitador frente al productor: los productores. .. "encontraban más cómodo llevar sus pocos cueros a Goya que viajar con ellos a Corrientes. Nada sabían de números, cuentas, medidas o pesas... "(pág. 178). 11.- J. P. y G, P. Robertson, ob. cit., pág. 249. 12.- A. D'Orbigny, ob. cit., págs. 158 y 321; J. P. y G. P: Robertson, ob. cit., pág.5. 195 y sigts; Decto. del 19/X/829, Reg. Of,cial. .., cit., t. ll pág. 344; Oficio de Teófilo Yusi, Belén, 29/1/812, Col~o Visconde do Río Branco, Biblioteca Na- 107 13.· Dectos. del 19/X/829 y del 23NIII/833, Reg. Oficial. • ., cit., t. II. pág. 344, y HI, pág. 191, respectivamente. 14.• Reg. Oficial. .., cit., t. I, pág. 35 7. 15.- Ley de arancel y reglamento general de aduanas, 26/1/825, ldem, ldem, pág. 3~4; Ley del 17/Vl/825 -habilitando el puerto de Bella Vista para las operaciones de carga y descarga-, ldem, ldem, pág. 375. La exclusividad de esos tres puertos volvió a ser ratificada por decreto del 17/X.11/829 -Idem, t. II, pág. 328. El puerto más importante, luego del de Corrientes, era el de Goya, sobre el que explicaba D'Orbigny:"...Goya no creció realmente hasta 1812, porque, esperando que las leyes provinciales se sancionaran. ese lugar empezó por servir de puerto a las mercaderías extranjeras y para la exportación de los numerosos product?s de estas comarcas, lo que determinó que, en 1823, se le diera el título de ciudad Y fuera el segundo puerto de la provincia. El comercio es aJJ í tan libre como en Corrientes. Gran número de comerciantes se establecieron para embarcar.los cueros_ del abundante ganado que cubre las orillas de los tres grandes ríos vecinos Y debido a la concentración de los productos de los tabacales, en medio de los bosques de palmeras yatais, que se extienden desde allí hasta Caacaty... Todo anu~cia que Goya será muy importante por su comercio, siendo, por derecho, la saltda de todos los productos de las regiones australes de ese país tan ricas en establecimientos donde se cría ganado...Hay numerosos negoci¿s atendidos por extranjeros e indios... ". Ob. cit., pág. 3_47. 16.- Decto. del 30/VII/830 y Ley del Il/XTl/830, Reg. Oficial. .. , cit., t. II, págs. 393 y 381, respectivamente. 17.- A. D'Orbigny, ob cit., pág. 320. Del mismo autor: "Se fabrica en Córdoba la mayoría de los ponchos de lana usados en Corrientes; son más o menos finos y generaimente gnses con rayas rojas y azules. Hay también de otros colores y de distintas telas. Los colores más usados son el azul, el rojo y el verde. Las mujeres hacen en Corrientes ponchos de lana, adornados de vivos colores y que son de una gran solidez. Se emplean como mordentes el alumbre y los orines putrefactos. Ellas tejen también ponchos de algodón, de un tejido muy cerrado y casi impermeable, rayado alternativamente de blanco y azul". ldem, pag. 355. l8.- Cuentas de León Spalding, Cuentas de Peones, Archivo G. P."Corrientes, Papeles de Part., Leg. único; "Razón ... de los efectos que introdujo con guía de Buenos Aires Don Baltasar Forman", Goya, 20/Ill/833, ldem, Expedientes Administrativos, 1833, Leg. 38. Este documento, representativo del conjunto, permite distinguir con seguridad el origen de cada producto, pues los clasifica a los efectos de aplicarles los distintos aranceles correspondientes a mercancías rioplatenses y extranjeras. 19 -· Woodbine Parish, Buenos Aires y las provincias del R(o de la Plata, Buenos Aires, Hachette, 1958, pág. 527; L B. Mackinnon, La /!$Cuadra anglo-francesa en el Paraná, 1846, Buenos Aires, 1957, pág. 119. �108 Siglo XIX 20.- "De los géneros que Ud. me ofrece -le escribe al importador un comerciante del interior correntino- si hay pañuelos de lanilla de bonitos colores y buen gusto podrá mandarme una 1/2 docena y otra 1/2 docena de los de punto blancos, 2 docenas de muselina de 4/4 con cenefa color y sin ella, una docena de espumilla si son medianos y baratos, o de seda medianos de buen gusto baratos; si hay algunas 3 o 4 medias piezas de linón estampado de colores _que si es posible no sea el fondo blanco y que su precio no sea caro; algunas docenas de cuchillos de cabo blanco medianos como de 2 pesos docena y ordinarios de 10 a 12 rs., 4 docenas de vainas de cuchillos diferentes tamaños; dos cajitas de zarcillos de diferente gusto que los que me mandó; y una de sortijas, y alguna otra chuchería si tiene siendo barato para estos destinos", La insistencia en la baratura concuerda con el rechazo de otros artículos: " ... debo decirle que los 4 velos de punto son enteramente inútiles para estos destinos, si a Ud. no le sirve de inconveniente se los devolveré muy bien acondicionados. Los pañuelos de espumilla ha hecho bien de no mandarlos pues son muy caros". Correspondencia de José Cayetano Fernández con José Fontenau, cit. 21 .- Las cifras de las exportaciones correntinas, cuyos principales rubros hemos mostrado en los cuadros 2 y 3, corresponden a cantidades de cada producto y no a valores. No nos es posible estimar el valor de esas exportaciones a partir de la fuente utilizada, pues solo consigna cantidades de las mercancías exportadas, y no valores, ni precios. Y, en cuanto a las series de precios pecuarios elaboradas por Julio Broide (La evolución de los precios pecuarios argentinos en el período 1830-1850, Buenos Aires, Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenns Aires, 1951.) ellas corresponden, en el caso de los cueros, a una medida y una calidad del producto -la pesada de cueros de 35 libras y la mejor calidad de cueros de buey- que torna muy incierta su aplicación a las cifras de nuestro cuadro, referidas a unidades y sin especificación de calidad. Aspecto, este úitimo, que hace también más riesgosa la conversión de unidades a pesadas. Por otra parte, las series de Broide no incluyen suelas y solo nos servirían para seis años de exportaciones de astas, y para los tres de tasajo que registró el comercio exterior correntino en el período. Respecto de las medidas de peso utilizadas entonces en Buenos Aires, escribía Senillosa: Los cueros vacunos y caballares... "Se venden al tirar o por piezas, o al peso constando la pesada de 35 libras si son secos y 60 libras si son salados. Los cueros vacunos secos menores de 18 libras se consideran como becerros o de desecho. Los cueros de vaca pesan regularmente de 21 a 23 libras, si son cueros secos, y de 55 a 60 si son cueros salados. Los cueros de novillo secos pesan, término medio, de 28 a 33 libras, y de 70 a 80 si son salados". Felipe Senillosa, Memoria sobre los pesos y medidas eacrita. .. en 1835, Buenos Aires, 1876, pág. 48. 22.- Sobre los precios de Hamburgo, véase el citado cuadro 4. Los de Londres, en Tulio Halperín Donghi, "La expansión ganadera en la campaña de Buenos Aires (1810-1852)", Desarrollo económico, vol 3, no. 1-2, 1963, págs. 61 y sigts. Respecto de los mercados de las exportaciones, así como del contrabando con los países limítrofes, nos ocupamos en el trabajo mencionado en la nota 1, del que están extraídas estas páginas. 23.- Véanse las referencias sobre propiedades y negocios en LB. Mackinnon, ob. cit., págs. 153 y sigts.; J. P. y G.P. Robertson, ob. cit., págs. 270 y sigts.; A. D'Orbigny, ob. cit., págs. 121 y 122. 24.- Respecto de la ocupación irregular del suelo, la política de tierras del gobierno de Corrientes, y otros aspectos del mismo asunto que mencionamos en esta J.C. Chiaramonte: Mercados en el Litoral argentino 109 página y las que le siguen, véase nuestro trabajo "Organización del Estado y construcción del orden social: la política económica de la provincia de Corrientes hacia 1821-1840'', Anuario del Instituto de Investigaciones Hístóricas, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 1985. 25.- M F. Mantilla, pág. 202. El dato coincide con el de los Robertson: ob. cit., pág. 74. 26.- C~municación del gobierno de Mendoza al de Buenos Aires, del 7 /1/835, en Hamilton a Wellington, 4/11/835, Public Record Office, Foreign Office, Londres, Gran Bretaña, no. 15, fs. 133 a 135. Se trata de una nota del gobernador Molina a Rosas en la que exh.tbe el déficit de la balanza, describe la abultada salida de metálico que ha reducido el comercio, afirma, al trueque practicado en los primeros tiempos del poblamiento de la provincia, y señala: "Una situación semejante, aleja indefinidamente la época tan deseada de poder constituirnos· siendo éste otro de los males de gravedad que es preciso prevenir". Sé trata de' una de las presiones que llevaron a la ley de aduanas de 1835. Rosas remitió la nota a la Cámara de Representantes para su consideración. f 27.- Nótese que la serie de importaciones y exportaciones de Corrientes que analiza F1 Lucero -y que reproducen Ravignani (Documentos para la Historia Argentina, Tom_o XVII, Relaciones int~provinciales, La Liga Litoral, 1829-1833), Buenos Aires, Facultad de Ftlosofia y Letras, Instituto de Investigaciones Históricas, 1922, pág. 201) Y Miron Burgin (Aspectos económicos del federalismo argentino, Buenos Aires, Solar/Hachette, 1960, pág. 297) -termina en 1830. La serie de nuestro cuadro 1, al incluir los años siguientes a las medidas del más fuerte proteccionismo correntino, se presta a distintas inferencias. Sin haberse conseguido eliminar el déficit, su acentuada reducción era un argumento más que acicateaba la lucha contra el monopolio del comercio exterior por Buenos Aires. 28.- Por una factura de venta de cueros del estado correntino en Buenos Aires, en 1837, se comprueba una pérdida (por diferencia de precios, impuestos bonaerenses y comisión de venta) de 2.13 pesos papel por pesada de cuero vacuno de buena calidad (0.26 pesos plata según la cotización del peso papel en julio y agosto de 1837, meses de esta operación). Un 6°/o de pérdida por pesada: "Cuenta de venta y gastos de 110 cueros vacunos que de parte del Estado de la provincia de Corrientes remitió a mi consignación con fecha 5 de mayo el Sr. Colector General, Y 1 200 dichos que remitió el Receptor de Alcabalas de la Villa de Goya en la Goleta Cincinati con fecha 20 de mayo pasado", Buenos Aires, 19/VII/837 firmado por el consignatario Rem_igío G. Moreno. Archivo G. P. Corrientes, Exps. Admvos., cit., 1837. El promedio de peso de los cueros era de 31, 18 libras cada uno, lo que los colocaba en la cotización más alta de mercado: 35 a 36 pesos papel por pesada, según La Gaceta Mercantil; o un promedio de 35.44 pesos en julio y 36 pesos papel en agosto, según la serie de Julio Broide (ob.cit., pág. 41, cuadro 16). Los cueros del gobierno de Corrientes habían sido vendidos por su consignatario, al mejor precio que pudo obtener, a un promedio de 30.89 pesos papel por pesada de 35 libras. 29.- Decreto del 20/Xll/826, Reg. Oficial P. C., cit., t. II, pág. 65. Reiterado por Decto. del 8/1/830, Id., pág. 389. Las prohibiciones sobre el metálico formaban ya parte de la Ley de arancel y reglamento general de aduana de enero de 1825, cap. VII, art. lo., ya citada previamente; el Cabildo había dispuesto similar me- �110 Siglo XIX dida en 1822, en un decreto sobre comercio de mulas, en el que un artículo prohibía a los arrieros la extracción de alhajas de plata y oro y de moneda sellada (Id., t. 1, pág. 121). Las prohibiciones se Ieiteraron en años posteriores: Dectos. del 3/XII/829, Id., t. ll, pág. 347, y el ya citado de 1830. 30.- Decto. del 30/XIl/826, cit., art. 6, pág. 67. 31.- Id., págs. 65 y sigts. 32.- M Burgin, ob. cit., págs. 82 y 103. 33.- "Domingo Latorre contra Domingo Dagorret sobre cambio de letra en moneda de oro" y "Ramón Bejarano contra Juan Manuel Bedoya sobre un contrato de préstamo", el primero iniciado el 11/VII y el segundo el 2/Vlll/826. Archivo G. P. Corrientes, Archivo de los Tribunales de Corrientes., Expdtes. Civiles, 1826. 34.- Sesión capitular del 4/XI/822, en Archivo G. P. Corrientes, Documentación Histórica. .• , cit., pág. 273. 35.- Dcto. del 30/V/826, Reg. Oficial P. Corrientes, t. II, pág. 49. 36.- Dectos. del 31/X/826 y 20/V/827., Reg. Oficial P. Corrientes, t. ll, págs. 59 y 163. 37 .- Id., t. lll, pág. 185; Id., Dcto. del 12/Xl/835, pág. 298. 38.- Rosas a Gramajo, Buenos Aires, 12/X/837; Gramajo a Rosas, Corrientes, 22/XI/837. Ambas (la de Rosas es un borrador) en Archivo Gral. de la Nación Buenos Aires, Aigentina, Gobierno, Corrientes, X-5-7~. 39.- A. D'Orbigny, ob. cit. 40.- Respecto de la difusión de la letra de cambio en Buenos Aires, véase Samuel Amaral, "Comercio y crédito: El Banco de Buenos Aires (1822-1826)", América, no. 4, año ll, Buenos Aires, abril de 1977. 41.- Entre los préstamos de cierta magnitud: Pedro Leoncio Cabral presta a Machado 250 pesos plata al 6°/o anual sobre hipoteca de la Chacra, Archivo Pcia. de Corrientes, Expedientes Administrativos, Sección Judicial, 1835, Cabral a Machado por cobro de pesos. Rolón recibe de Pedro Ferré 100 onzas de oro al 6 °/o, con hipoteca; Isasa recibe de los herederos de Juan Francisco Cabra! 1794 pesos con hipoteca; Ferré presta Juan Oporto y A. Pacheco 8 500 pesos plata con hipoteca: Idem, Protocolos de Escribanos, 1835, varios. Seis años más tarde el interés es el mismo: Miguel lsasa recibe de Isabel Cabra! 1794 'besos 5 rs. plata, correspondientes al testamento de Juan Francisco Cabra!. al 6 '/o con hipoteca de un campo, ldem, Idem, Protocolos de Ramón Beláustegu~ 1841. 42.- Pedro Somellera, Principios de Derecho Civil (Curso dictado en la Universidad de Buenos Aires en el año 1824), Buenos Aires, Instituto de Historia del Derecho argentino, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1939, pág. 223, José María Alvarez, lnstituciones de Derecho Real de Castilla y de Indias, t. II, México, UNAM, 1982, Libro III, págs. 40 y 100. J.C. Chiaramonte: Mercados en el Litoral argentino 111 43.- Véase, al respecto, nuestro trabajo Formas de sociedad y economÚJ en Hispanoamérica, México, Grijalbo, 1984, págs. 180 y sigts. 44. Hemos ya referido las compañías formadas por Spalding para la venta de productos agrarios - compañía de corta duración- y para la explotación de una tienda. Eran frecuentes también en la instalación de estancias, para explotar el transporte fluvial en diversos tipos de embarcaciones, entre otras, según consta en los protocolos de escribanos y en las testamentarías. Respecto de las prescripciones jurídicas, véase J. M. Alvarez, ob. cit., pá~. 179 y sigts. .. . �Itapúa: Comercio y Frontera en el Paraguay del Doctor Francia ALGUNAS CONSIDERACIONES Nidia R Afeces y Nora E. Bouvet* INTRODUCCION La problemática global en la cual se encuadra el caso que estudiamos se centra en la conformación y consolidación del estado paraguayo en la época del doctor José Gaspar Rodríguez Francia, Estado-nación que se organiza en su conjunto sobre una matriz no capitalista y que, a pesar de su acción "reguladora" para impedir la penetración colonialista, entra en contacto con el sistema mundial capitalista dominado por Inglaterra. Sin embargo, estos CQntactos están muy mediatizados por la fuerte presencia e& tatal. ltapúa y su comercio durante la Dictadura evidencian que el mercado paraguayo mantuvo relación con el exterior bajo el control de un estado que :fiscalizaba la entrada y salida tanto de personas como de productos, asegurando los circuitos de comunicación e intercambio en una frontera bélica y móvil por medio de la vigilancia y acción del ejército. El funcionamiento de Itapúa, como centro nodal de esta frontera, tiene su hase de sustentación en la política socio-económica de la Dictadura. El objeto de estudio abordado en algunos de sus aspectos nos permite acercarnos a la comprensión del proceso histórico que se desarrolla en un amplio espacio ligado a los ríos Paraná y Uruguay, cuya salida hacia el Atlántico se logra vía Brasil o Río de la Plata, amplio espacio que incluye el Paraguay (entre el río del mismo nombre y el Paraná), el litoral argentino, Río Grande del Sur y el Uruguay; y, con esta comprensión, poder salir de las estrechas historias nacionales para aprehender un espacio que, en la primera mitad del siglo XIX, tiene una coherencia dada por condiciones estructurales semejantes. En este abordaje inicial utilizamos fundamentalmente como hase do*Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario (Argentina) .,. �114 Siglo XIX cumental los oficios de Francia a sus funcionarios en Itapúa: correspondencia constante y minuciosa que contiene valiosos infonnes sobre la actividad administrativa, las fonnas y mecanismos de realización de los intercambios entre el Estado y los comerciantes extranjeros, la atención y el movimiento de la tropa así como de la situación del distrito misionero y de sus repetidos con:llictos. La documentación empleada deberá ser complementada con otras fuentes (Libros de Caja, Registros de Aduana, Comprobantes de Alcabala, etc.) para lograr comprender en su complejidad el nivel de la circulación y el mercado paraguayo en la primera mitad del siglo XIX. ITAPUA Y SU ESPACIO En la frontera sur paraguaya, consolidada la dictadura francista, durante las décadas del 20 y 30, los dos puertos abiertos al comercio exterior son Pilar e ltapúa. Pero es este último el que a partir de su apertura, en 1823, permanecerá habilitado sin experimentar interrupciones. Pilar -centro comunicante con el litoral argentino- sufre en cambio clausuras temporarias por el bloqueo del río Paraná y por el problemático resguardo de su área de influencia, debido a ese estado de "guerra no declarada" entre Paraguay y Corrientes. 1 En la frontera norte, desde los primeros tiempos del gobierno del doctor Francia y hasta 1819, el comercio con los portugueses se venía realizando por Borhón y Concepción. El acrecentamiento de las fuerzas portuguesas en Coimbra y el auxilio que éstas brindaban a los mbayás y guanás en sus continuos asaltos depredatorios, llevó a que el Estado paraguayo prohibiera todo tráfico por el Matto Grosso y que estableciera y reforzara presidios para impedir el avance brasilefio en una zona de muy difícil control. En lo que se refiere a la cuestión de fronteras la posición de la Dicta- mra es defuúda y consecuente. Cerrado el norte, habilita y resguarda el sur cuyas condiciones y posibilidades son mejores tanto para lograr contactos más directos con el exterior como para la fiscalización de su espacio. La Dictadura proclamó sus derechos al dominio sobre todo el Otaco hasta el río Jaurí, al norte, y la isla de Atajo, al sur: es decir, hasta la confluencia del río Paraguay con el Paraná, así como sohre las Misiones hasta el rÍo Uruguay.2 Implementó una política de puestos defensivos con tres frentes: en el norte, para contener el expansionismo brasileiio y a los mbayás y gua- Areces-Bouvet: Comercio y frontera en Paraguay 115 nás; en el Chaco occidental, para contener a los indios no sometidos; y en el sur, para asegurar los dominios misioneros cuya posesión era cuestionada por artiguistas y correntinos. El espacio que con1rola Itapúa -área de las antiguas misiones jesuíticas- llegó a tener en el período que estudiamos un dinamismo en lo político, económico y militar que borra la imagen de un Paraguay completamente cerrado al exterior durante la Dictadura que dieron viajeros de la época. En este antiguo espacio de circulación de las misiones, ltapúa, fundada en 1619, era una de las ocho reducciones que la orden había establecido entre los río, Paraná y Paraguay, hoy en territorio paraguayo, ubicada frente a Candelaria, cabecera de las reducciones. San Borja, cabecera de las siete reducciones portuguesas, en el actual territorio de Río Grande del Sur, conectaba estos pueblos con Buenos Aires, la Banda Oriental y el Brasil.3 Para llegar de ltapúa -en la margen derecha del río Paraná- a San Borja -en la margen izquierda del río Uruguay- había que atravesar el territorio de Candelaria, cuyo dominio estaba en disputa entre correntinos y paraguayos. La organización económico-social que la orden jesuita había impuesto a estos pueblo., conjuntamente con condiciones naturales favorables -abundancia de vegetales, tierras aptas para agricultura y pastoreo, un clima templado subtropical-, posibilitaron el aumento demográfico, el incremento de la productividad y un fluido y floreciente tráfico interno y externo. El área de las reducciones era un espacio integrado entre sí y, al mismo tiempo, conectado con otros espacios a través de los mecanismos de la misma orden. Esta integración espacial se fue modificando a partir de la expulsión de los jesuitas, cuando las reducciones pasaron a ser controladas por otros administradores laicos y religiosos: entraron en una general decadencia, acentuada durante el artiguismo y los con:llictos en el litoral. La población de ltapúa, cuyo crecimiento había sido significativo en1re l 750 y 1767 -de 3 276 a 4 600 habitantes-, ya en 1784 había descendido a 2 800 y en 1801 a 2 100 habitantes.4 En plena etapa del artiguismo, hacia 1815, cuando el comerciante inglés Rohertson visita las Misiones, describe así a Itapúa: Triste, melancólico, desolado era su aspecto y el de su pueblo. Todas las cosas estaban destruyéndose -iglesia, colegio, chozasmuchas de las últimas estaban en ruinas; los hombres de a pie, indiferentes en sus puertas; malezas y zarzas brotaban por doquier; la población mermaba diariamente; y con dificultad dos curas en cada pueblo podían arañar lo bastante del trabajo de toda la co- �116 SigloXJX munidad, para escasamente alimentar y malamente vestir a los indios... E.n ltapúa se nos informó haberse destruido la balsa que antes servía para transportar carruajes a través del río y que había tan poco tráfico entre Paraguay y Candelaria, la capital de Misiones, que nunca se había creído necesario construir una nueva... 5 En los momentos iniciales de la apertura de ltapúa hacia 1823, el agente francés Grandsir, que tramitaba la liberación de Bonpland, señala: Itapúa tiene 2000 habitantes... Este magnífico país puede llegar a ser un día de la mayor importancia para el comercio europeo, pero al presente sólo es accesible a los habitantes del Brasil. Doce o quince comerciantes de esta nacionalidad mantienen ellos solos las relaciones comerciales con la provincia de Matto Grosso...6 Mientras que, en el mismo año, el enviado brasileño Antonio Manuel Correa da Cámara, retenido en ltapúa por Francia, influenciado por el fracaso de su misión diplomática y comercial dice: Este Povo, cercado de Ríos, e de Arroyos sujeitos a repetidas enchentes annuaes, que inundao o Territorio adjacente cobrindo-o de hum Limo infecto e prejudicial; he ao mesmo tempo rodeado de Pantanos, e €barcos inmundos dónde fluem continuamente pestíferas miasmas. Bosques impenetraveis, e sombríos, que se perdem coro a vista por hum Terreno inmenso, e alagadico ... Tempestades temerozas, ventos dezabridos, hum ár já seco, e humido, a calma ardente e hum frío penetrante e insoffrivel, a chuva de pedras, ou descarregada por torrentes, tudo isto se succede nó curto espaco de hum día, e hum día nao tero aqui differenca de que se lhe segue en todo hum anno. Tal he o clima do Mercado Paraguayo aberto ao Commercio do Brazil-! 7 La ruta que unía Itapúa a Asunción por un lado, e Itapúa a Buenos Aires, la Banda t1riental y Porto Alegre, por San Borja, por otro, permaneció asegurada durante las décadas de estabilización de la Dictadura por efectivos militares paraguayos que tenían órdenes expresas de proteger a los comerciantes autorizados por el Estado. El tramo Asunción-Itapúa, que atravesaba los pueblos de ltá, Yaguaron, Villa Rica, Caazapá, Yuti, Jesús -66 leguas según Robertson8 - se cubría en carretas, carruajes, cargueros y caballos siguiendo los mejores pasos de los rÍos y las mejores sendas de los bosques. Arenales y pantanos dificultaba el tránsito en amplios sectores y el paso de los ríos más caudalosos se realizaba en balsas. De Itapúa a San Borja, el camino se extendía apenas 34 leguas que se Areces-Bouvet: Comercio y frontera en Paraguay 117 recorrían aproximadamente en dos días a través del actual territorio misionero y correntino. En Itapúa era preciso atravesar el río Paraná para llegar a Candelaria, cruce que era escoltado frecuentemente por el ejército paraguayo que patrullaba la región. La mayorÍa de los comerciantes que llegaban a ltapúa, intermediarios de mayoristas de plazas más importantes, tenían su residencia permanente en San Borja. Hasta esta población, el tráfico por la conflictiva área de Candelaria se hacía en caravanas de carretas fuertemente custodiadas. Salto era el puerto de mayor significación sobre el río Uruguay donde desembocaban los productos paraguayos para alcanzar los mercados brasileños y del Río de la Plata. 9 En el período estudiado, Itapúa era una de las cuatro delegaciones, junto con San Isidro de Curuguaty, Pilar de Neembucú y Villa Concepción. La delegación de Itapúa era administrada por un Delegado, cargo que entre 1820 y 1840 desempeñaron José Norberto Ortellado, José León Ramírez y Casimiro Roxas. El Delegado poseía una amplia jurisdicción en lo político, económico y judicial como ejecutor de Jas órdenes y agente de información por excelencia del Dictador con quien mantenía un trato directo y permanente. Esta jurisdicción comprendía los pueblos misioneros de Candelaria, al sur, y los partidos de Jesús, Trinidad, Carmen y San Cosme, al norte, hasta Yutí, sobre el río Tebicuary. De la delegación de Itapúa dependía la subdelegación de Santiago, a la que Pstahan subordinados los mayordomos de los Pueblos de Indios. Los Comandantes de Urbanos ejercían una actividad predominantemente militar con la función específica de promover el reclutamiento y la instrucción de dicho cuerpo, y colaboraban con la tropa en la defensa del territorio y la protección del comercio que se realizaba por el área. En los distintos pueblos de la jurisdicción de Itapúa, Jueces Comisionados cumplían diversas funciones realizadas para el fomento de la · agricultura, la instrucción popular y el mantenimiento del · · • 10 orden y de la JUSbc1a. El Receptor de la Aduana de Itapúa, Ramón León entre otros, fiscalizaba la entrada y salida de productos y cobraba los derechos aduaneros, controlaba los fardos, cajones y bultos y hacía el inventario, memorial o razón, completo y detallado, de los efectos que intentaban introducir los comerciantes. Lo enviaba, junto con muestras de los mismos, a la Tesorería en Asunción para ser aforados, así como enviaba las remesas de lo recaudado en la Aduana cuyo registro era muy estricto y supervisado directamente por el Dictador. �118 Siglo XIX APERTURA DE ITAPUA. INTERCAMBIO Y CONTROL ESTATAL Durante la primera década del Paraguay independiente, su comercio exterior, que se realizaba primordialmente por el sur siguiendo la vía natural de los río,, se vio afectado por los agudos conflictos con Buenos Aires y las provincias del litoral argentino. Si bien este comercio no cesó enteramente, su decadencia era notoria hacia 1822: fue ésta una de las causas de la creciente oposición oligárquica que culmina en "la gran conspiración de 1820", reprimida enérgicamente por la Dictadura Suprema y Perpetua. Las exportaciones cayeron de 391 233 pesos en 1816 a 291 564 pesos en 1818;a 191852en 1819,asolamente57493en1820. De la misma manera, como se refleja en los impuestos de importación, cayeron de 83 640 pesos en 1816 a 58 840 pesos en 1820 debido al desarrollo de la guerra civil de ese año, sólo para continuar declinando a 44 346 pesos en 1821, alcanzando finalmente su punto más bajo de 4 828 pesos en 1822. 11 La necesidad de revertir esta situación para que el Estado contara nuevamente con la importante fuente de recursos proveniente de los derechos de importación y exportación, así como de los otros impuestos que recaían sobre el comercio, y la presión del capitalismo inglés -vía Brasil-, confluyeron en la apertura de ltapúa hacia 1823. La coyuntura era favorable para dicha apertura en la medida en que el mercado paraguayo requería mínimamente de ciertos productos manufacturados. Al mismo tiempo, necesitaba abrir una vía de comercio legal, una válvula, que pudiera controlar y reducir de esta manera el contrabando (que si bien en términos absolutos no era importante tenía un peso relativamente significativo en la economía paraguaya) y, por otro lado, obligar a los comerciantes particulares a no operar sin licencias, a pagar los derechos e impuestos y a respetar los precios que fijaba el Estado. En la década del 20, Brasil, buscando garantizar la neutralidad paraguaya en la inminente guerra Cisplatina con las Provincias Unidas del Río de la Plata, envía distintas misiones oficiales que fracasan. En enero de 1822 llegó a Asunción, don Pablo Machado, emisa,rio Brasilero para proponer al Dictador, entablar relaciones entre ambos países y el Dictador después de estudiar la propuesta, la aceptó: pero con la condición de ser provisoria y como ensayo por un año, designando a "ltapúa" como único punto para el intercambio comercial debiendo los brasileros llevar sus productos a dicho puerto, sin poderse extender más de una legua de aquél lu- Areces-Bou11et: Comercio y frontera en Paraguay 119 gar. Los brasileros con las condiciones expuestas, no les convenía el negócio, así que pocos llegaron a Itapúa, pero en cambio. se aventuraron a llegar varios comerciantes Correntinos y Entrerrianos, y éstos con pasaportes de Montevideo y como los productos de mercadería que llevaban tenía un precio excesivo, debido a que el viaje que tenían que hacer por tierra era largo, fueron pocos los que se exponían a un negocio que no les rendía ganancia y más bien pérdidas, por las grandes trabas que se les ponían, de manera que el arreglo comercial con los brasileros pudo darse por fracasado. 12 En 1824 arribó a Asunción el cónsul brasileño Antonio Manuel Correa da Cámara. El doctor Francia presionó para que terminaran las incursiones brasileñas en la frontera norte y el apoyo d~do a los indios. Correa reconoció las quejas paraguayas como legítimas y aseguró al gobierno que las violaciones cesarían, lo que no se cumplió. Es a partir de una gestión directa entre el comandante de las Misiones de San Borja y el delegado de Itapúa, que comerciantes brasileiios residentes en San Borja logran la habilitación del puerto. Este primer intercambio permitido legalmente está encuadrado en los términos de una simple operación mercantil: traían diversos efectos y "algún Dinero con intención de imhertirlo en Yerba y Tabaco", no traían "cosa mayor por no saber el estado de este País" y solicitaban "auxilio de Soldados y Cargueros hasta las inmediaciones del Uruguay" para el transporte de las mer13 caderías. La operación se centró en la compra inmediata de 3 tercios de yerba y 8 aITohas de tabaco por lo que se pagaron respectivamente 8 y 30 reales la arroba. Los dos primeros comerciantes brasileños habilitados, Antunes y Al'taeta, acordaron negocios posteriores: uno con el pueblo de Trinidad por 100 arrobas de yerba a 9 reales, puesta la mercadería en Itapúa; y otro por 200 arrobas también de yerba, para lo cual depositaran en poder en dos personas las onzas y el resto de sus efectos, para el P3&° de los tra~ concertados prometiendo volver cuanto antes con los art1culos anunciados y ' asegurando que con ellos han de venir otros trayendo carretas y bueyes. 14 Se están exportando los productos tradicionales, yerba y tabaco, que desde la época colonial tenían mercado en el exterior, y, al mismo tiempo, se están concertando distintas operaciones, lo que seiiala el interés por mantener abierto el tráfico. En el transcurso del mismo año 1823, la Dictadura dispuso que una tercera parte de los productos llevados al mercado de ltapúa debía ser yerba perteneciente a los propios de la ciudad, la cual tenía que adquirirse de los respectivos almacenes a razón de un peso la arroba ( quedando exonera- �120 Siglo XIX A reces-Bouvet: Comercio y frontera en Paraguay da de pagar el impuesto de 4 reales por tercio fijado anterionnente). Así se daba salida a la "crecida porción de Hacienda destinadas al bien común y exigencias públicas, aprovechando el comercio abierto en la Frontera de la República con los Portugueses Americanos del Brasil ". 15 Hasta fines de la década del 30, por Itapúa, la yerba y el tabaco serán los rubros de exportación más importantes. Seguían el ganado, los cueros y otros productos primarios que nunca alcanzan los elevados procentajes de los primeros. 16 ... Los frutos del país eran intercambiados por productos manufacturados de diversa índole y de procedencia sobre todo inglesa: gran variedad de tejidos de lana y algodón (paño, brin, bayeta, lienzo, casimir, lanilla, etc.); herramientas y utensilios (hachas, tijeras, azadas, clavos, limas, calderas, jarros, cuchillos,. navajas, sierras, etc.); metal en bruto (hierro y acero); sus• tancias alimenticias y farmacéuticas (condimentos, canela, pasa de Málaga, añil, etc.); artículos varios (vidrios, espejos, cuadernos, papel, lentes, botones, loza, adornos, etc.); material de guerra (pólvora, municiones, sables, pistolas, tercerolas, etc.); y juguetes e instrumentos musicales. El siguiente memorial de los efectos comprados en Itapúa a un comerciante brasileño que "corresponde a la tropa de carretas despachada a Asunción el 14 de febrero de 1837 con las mercaderías adquiridas a un sólo comerciante", es una muestra de la procedencia y de la variedad de los productos introducidos: Razón de algunos de los efectos comprados a Olivera 2 2 1 1 6 3 24 15 12 docenas... tijeras de costura las mejores a gruesas.... cuerdas romanas comunes para guitarra, cada gruesa a docena .... sombreros negros de pelos finos de los de inferior calidad a arroba .... anís, la arroba a libras .... comino, la libra a libras .... pimienta, la libra a sombreros negros de pelo, fábrica porteña copa ancha arriba, calidad inferior de a 8 y 1/2 pulgadas de alto a .... sombreros blancos de pelo de la misma calidad inferior de a 8 y 1/2 pulgadas de alto a .... abanicos de papel, varillas de hueso caladas de buena vista, de 1O pulgadas de 4 $ 4 reales 6 reales 4$ 2 reales 2 ,, 2 alto a .... abanicos de papel, varillas de madera ordinaria a 1 docena ..... anteojos de patillas, vidrios blancos ovalados de 32 estuches de a 2 navajas, cabos blancos de hueso para barba, calidad inferior, el estuche a 16 .. . . estuches de cartón negro de a 2 navajas, cabos negros de asta para barba de mejor calidad, el estuche a 1 gruesa . ... cuerda de Chile para guitarra surtidos en grosor - en 24 .... armónicas de a 4 y 3 y 1/2 pulgadas de largo a 24 .... armónicas de a 3 pulgadas a 48 .... armónicas de a 2 y 1/2 pulgadas y a figuras de peras a 1 y 1/2 docenas .... tijeras elásticas de a una pulgada oja por docena a a 4$ 6 12 4$ 12 reales 24 1 y 1/2 docenas .... tijeras elásticas 6 y 1/2 pulgadas oja por docena a 20 calderas de fierro estañadas de a 6 pulgadas de fondo y 3 de boca a 6 . • .. pizarras de a 12 pulgadas largas de alto y 8 de ancho con 80 lápices para ella a 20.000 .... agujas a saber 4.000 del No. 1 - 2.000 del No. 2 - 6.500 del No. 3 - 4.500 del No. 4-2.000 del No. 5 y 1.000 del No. 6, buena calidad, el millar a 20 .... azuelas inglesas, corbadas ojos cuadrados de a 7 y 1/2 pulgadas de alto y 4 1/2 de boca a 18 .... azuelas buenas ojos redondos de a 7 pulgadas de alto y 3 y 1/2 de boca la docena a 8 docenas .... azadas de fierro de a 1/4 de varas de alto y de boca y 3 y 1/2 la docena a 32 arrobas .... acero grueso bueno la arroba arrobas .... fierro en 6 planchas de 1 y 1/2 pulgadas de ancho la arroba a arrobas .. . . fierro en 7 barras cuadradillos la arroba a 121 3 " 12 $ 8 reales 10 6 2 " 1 y 1/2 real 1 real 9$ 9$ 7 reales 8 2$ 10 reales 15 $ 12 $ 9 $ 3 reales 10 reales 10 La calidad de los variados productos transportados en convoyes que cada �122 Siglo XIX uno de los comerciantes aforaba en ltapúa, era controlada en Asunción_por medio de las muestras enviadas. Eran revisados cuidadosamente asimismo el peso y las medidas declaradas de los productos que los comerciantes intentaban ingresar al país, y muchas veces rechazados "para que vean que también aquí entendemos y queremos cosas buenas supuesto que se las ha . "18 de pagar bien . Por ejemplo, se rechazaron al comerciante Palmeiro 9 piezas que trabe por lila, diciéndole que no son verdadera lila. sino el que llaman Chamelote de Olanda que es una tela muy sencilla, que no sirve aquí para nada y mucho menos para tropa por19 que casi es los mismo que la lanilla delgada. !k• ..... a 111, .,,, o "hcchisos inservibles en figura de sable" con recomendación de decirle al comerciante que en el Paraguay no se admiten tales disparates inútiles y que así lo lleve y remita de nuevo otra vez, porque no se le ha de permitir poner en venta, pues no se han de aforar, para que no se engañe a ningún simple y también, para que esos Lucitanos no se acostumbren a traher basuras para llevarse los buenos ganados que tanto le sirven, y necesitan, así como las buenas haciendas, que tanto se . , :1) estunan y valen en otros patses. Palmeiro es uno de los tantos comerciantes que llegan a Itapúa como Peralta, Guimarais, Ximénez, Farías, Yardin, Souza, Rego y Olivera Blanco. La extensión y los inconvenientes que presentaba la ruta obstaculizaban el traslado de los chasques que hacían el recorrido entre Itapúa y Asunción y, por lo tanto, dilataban las operaciones. Estas y otras demoras dificultaban la vehiculización del capital comercial, retenido por largos meses en Itapúa. Correa da Cámara informa acerca de estos inconvenientes: Os chamados Negociantes Portuguaes, que aquí soiao negociar, demoravao-se a concluir os seos tratos, quando muito seis mexes; durante este tempo faziao repetidas visitas a S. Borja para mudarem de ares; os seos Peons, e Domesticos permaneciao sobre a margem esquerda do Paraná em frente de ltapúa para fogirem quanto !hes hera possivel a peste que o devasta; apezar de todas estas precaucoens viviao huns, e outros huma vida enfoerma. e mizeravel. A Escolta que para qui mandei com o Capitao Silva volveo toda a S. Luis estropeada, Hum d'aquelles que a compunhao morreo poucos días depois de chegar a S. Niláo. . . 21 Una vez que el Dictador autorizaba la operación y ésta se concretaba, gran parte de los efectos comprados por el gobierno se depositaban en los alma- Arece1-Bouvet: Comercio y frontera en Paraguay 123 cenes o tiendas del Estado. Su encargado era directamente el ministro de Hacien~a quien "8<:omo~ en Cajones numerados los efectos siguientes ...po~~ndo a continuacion de esta Orden Nota individual de lo que trai~ cada caJon, para que se traslade a los almacenes de la casa de Gobierno". 22 Los efectos almacenados eran ofrecidos en venta directa al público con precios fijados por el Estado. En este medio de ese~ monetaria los efectos se intercambiaban por otros efectos, la mercaderia por otra mereadería, siendo éste el mecanismo más ~cuenteme°:te utilizado ~or los comerciantes y por el Estado para negociar. De este tipo de operaciones seleccionamos algunos casos que consideramos significativos: Dile á Acuña que supuesto que a Silva le han venido paños de la estrella _Proc~e componerse con él, para que le cesa al me?ºs una ~ieza, o todo lo que le queda. sea a pagarle en dinero, o a camb10 de otros efectos que tenga. ó le haga traher de cuyo m?do f~ tendrá menos que retomar, de lo que debe ~ la Tesorena, diciéndole igualmente que también se le recibirá paño de menos an~ho qu~ sea de buena calidad dando algunas varas ~as. Puedes ir vendiendo a los siete pesos los mancarrones vieJOS, que te parezca, pero solamente a cambio de paño regular de la estrella, que no se destiña, y a los precios de su aforo. De ese mo_<lo el qu,e quiera Caballos, diligenciará esos paños con otros, º, los hara traher. De azero y bayeta tiene muchísimo la Tesoreria. por que los Correntinos tambien han trahido mucho. 23 En otra transacción, por ejemplo, se acuerda que Se tomarán las cinco piezas paño de segunda de Rego con ciento treinta y cuatro y media varas a los tres pesos que ha ofrecido las que se pagarán en puras zuelas á tres pesos c~atro reales y as/ correspon?e darle ciento, quin~e zuelas faltando un peso, 'que debe ~sprec_iars~! respecto a que a mas de darsele estas a bajo precio, y sm obligacion de pagar su extracción, sus paños son todos defectuosos. Supongo que quedará contento. 24 O se estipula que Se entregarán desde luego a Barbosa las 200 arrobas de tabaco y a Ribero los 26 cueros de garra comunes, por la seda verde, de la que cada chasque me vendrá trayendo a 2 libras. De los mismos cueros se entregarán a Hurtado los 336, que se le deben por el trato anterior.25 Aparece aquí d débito o el crédito de uso comente en la colonia y �124 Siglo XIX que se mantiene para llevar a cabo las transacciones: Los restos, trapería, y cosas despreciables, é inutiles para Tezorería que manifiesta Farias, no son abono para el c~o porque t~poco han de producir el dinero, ni los efectos utiles del deb1to. Así rio solo no se Je hade permitir mas extracción de cosa alguna, sino que con él y con los otros deudores se hade tener el cuidado, que ya hé indicado, de que á nombre de otro, ó en cabeza agena no hagan alguna extracción clandestina, fraudulenta; pero se l~s puede decir, que haga priniero traher algunas cosas p~~-Tezorena á cuenta de sus obligaciones, y entonces se le perm1trra extraher otra vez, pues que despues de la primera remes~ que hizo, aun no ha hecho traher cosa alguna. Supongo, que asi el como Sousa ya remitieron algunos productos de sus ventas, y el total de sus debítos ya es de consideracion. 35 Est.amos considerando las operaciones que el mismo estado par,.guayo realiza con los comerciantes extranjeros, observando cómo dicho Estado intenta regular las mismas obligando a la compra de detenninados efectos. Areces-Bouvet: Comercio y frontera en Paraguay 125 sus funcionarios es el de ser infonnantes y hasta espías, lo que llevaba a una cierta complicidad en el trato. La Dictadura repetidamente encarga, por ejemplo a Morínigo, subdelegado de Santiago, que reservadamente averigüe siempre con los comerciantes que están allá y con los que en adelante vengan de las noticias, que hayan de Europa porque se aguardan grandes novedades sobre las Américas y los Portugueses del Janeiro y Montevideo por su situación las pueden saber primero que en Buenos Aires. De cualquier noticia que adquiera, se me avisará inmediatamente. 29 Apreciamos algunos de los límites del mercado paraguayo: básicamente, la persistencia de una economía premonetaria en la que las mercancías anticipadas son las que dan vida a la circulación de mercancías. Este cuadro no está completo en la medida en que no incorporamos al comerciante particular paraguayo, para de esa manera poder testimoniar su participación y peso en el comercio por Itapúa. Este comercio, que fue muy importante durante las décadas estudia- das -representa el 74.50% del total de las exportaciones en 1829, el En 1831, uno de los años de gran incremento del ganado, los comerciantes deudores son obligados a comprar los ganados de las Estancias de la Patria a cambio de traer "para su pago los generos y efectos que ya saben ellos cuales son los que conviene a la Tezorería ". Z1 92.49°/o en 1832, el 90.42°/o en 1835 y el 79.95% en 183730 - , no estaba acompañado por la presencia fluida de la moneda metálica en la órbita de la circulación, fenómeno más acentuado en otras villas y pueblos del interior paraguayo donde, en general, prevalecía el trueque. La necesidad de conocer los precios de los productos en el mercado exterior para acordar un trato equivalente es preocupación constante del gobierno, lo que explica -entre otros motivos- los pedidos insisten~s de gacetas (La Gaceta Mercantil, El Lucero, El Diario de la Tarde, El ~ibera/ y otros). Sus principales proveedores eran estos mercaderei; que arnbaban a ltapúa. Las gacetas aportaban los valores de las mercade~1&: en el mercado exterior. Conociendo éstos se intentaba obtener un prec10 JU5to para los efectos del país. De todas maneras, siendo Itapúa un centro de concentración mercantil se realizaban pagos en moneda, aunque aparentemente en forma limitada, interviniendo el Estado en la circulación de metálico. Desde antes de la apertura de Itapúa, la Dictadura instrumentó severas medidas para evitar la evasión de moneda, con algunas excepciones referidas a la compra de material bélico cuya adquisición se privilegiaba.31 De todas maneras, el mismo mecanismo del capital comercial hacía que los comerciantes obtuviesen ventajosas ganan~ias a pesar de las protestas y reclamos de la Dictadura, que se repiten en las décadas que ~alizamos. Por ejemplo, en 1829 el gobierno se quejó de que los comerciantes brasileños se resistían a pagar 20 reales (menos de 3 pesos) la_~oha de yerba que vendían en Buenos Aires a 50 pesos. 28 Esta explot::ic1on _del capital comercial de uno de los polos productores en par_te explica la importante afluencia de comerciantes de distinta procedencia, pero sobre todo brasileña, al puerto de Itapúa. Otro servicio que el Estado requiere de los comerciantes a través de Al iniciarse el comercio por ltapúa, las operaciones mercantiles realizadas durante los dos primeros años no se ajustaron a las reglamentaciones y disposiciones vigentes sobre extracción de metálico. Esta situación se re.lleja en los considerandos del Decreto -francista de noviembre de 1825: .. .los Comerciantes que vienen a Ytapúa, exportan algunas cantidades no solo por varios informes de los que de aquí han ido al Comercio de aquel Pueblo, sino por el hecho mismo de que no todos los sobredichos Comerciantes llevan en haciendas, o frutos del país todo el valor de los efectos, que introducen, lo que manifiesta evidentemente, que lo demás del importe de sus géneros lo llevan y sacan en plata sellada, siendo un comprobante de lo mismo las considerables ventas, que se les ha tolerado hacer en dinero efectivo, que no vuelven a emplear en compra de haciendas, o fru- �126 Siglo XIX tos, cuando uno de los motivos, que se ha tenido en la observancia de no percibirse de ellos sino en sus mismos generos casi toda, o la mayor parte de los Derechos de introducción, ha sido el excusarse la precisión de hacer crecidos expendios a plata selladas, y que así verificasen generalmente extraher y con cuya condición se abrió y franqueó el comercio en el expresado pueblo.. . y se encarga al mayordomo Receptor que en adelante no consienta la frecuencia y continuación de tales empleos, ó compras á dinero efectivo no siendo en aquella moderada y muy precisa porción, ó cantidad, que se considere indispensable para pago de algunos Derechos, y de los gastos precisos, que tengan para su subsistencia los mencionados comerciantes, y que no puedan proporcionarlos con sus mismos Efectos, zelando al propio tiempo con particular cuidado por todos los medios que le dicten la prudencia, y las circunstancias del régimen, que aquellos comerciantes obserban asi en sus pasages á la otra banda, como en el de sus peones ó sirvientes, y en los transportes de sus Haciendas, el que en ninguna ocasion se vuelvan á hacer exportaciones de dinero, practicando al efecto los registros y reconocimientos que convengan, ó sea necesario en sus Equipages y en las mismas Haciendas, que se transportan ...32 En 1829, cuando el comercio se normaliza después de la guerra Cisplatina, se vuelven a reiterar esas disposiciones porque hubo en esto gran abuso, y los portugueses extrajeron algunas cantidades de dinero, habiéndose sabido, que uno llamado José López, se llevó hasta tres mil pesos y así otros porque no se ponía reparo por total descuido y falta de celo del Mayordomo Morínigo, que hacía de Comandante...33 Para evitar entonces la extracción clandestina de metales se debía efectuar un registro minucioso no sólo de las personas de los mercaderes sino de sus mercaderías y monturas: "Años pasados, yo (Francia) mandé hacer aquí barrenas largas que atravesaban todo el tercio de yerba de un costado a otro, porque no hay arbitrio y artificio o fraude que no discurran para extraer monedas. " 34 Arece1-Bouvet: Comercio y frontera en Paraguay 127 efectos convenientes, no menos que p. r. la falta de anteriores correspondencias y relaciones comerciales bien que el giro mismo y el curso de los ne~cios podrán ir facilitando sus progresos. Además la franca y libre Navegación del Paraná, q. e debe sostenerse como de una vía pública exenta de toda traba, y la entera franqueza de los Puertos de la Rep. ca, que con absoluta libertad de comerciar, ha resuelto mi Gov. no el modo q.e otros Estados y Países de América constituídos independientes como el Paraguay, dan lugar a Ex tensas especulaciones mercantiles. Puede ser q.e de aquí a algun tiempo vayan de esta parte otros Negociantes llevando hasta el paso de Santo Tomé Azúcar., Miel, Sal, Yerba, y Tabaco bien q.e no en mayores porciones, pr. ignorarse, si en este Destino se encontrarán a cambio los géneros, q.e se busquen aunque de los más usuales.35 En una de las comunicaciones de rutina que el Dictador envía a sus Comandantes sintetiza los objetivos dd comercio paraguayo reactivado por Itapúa: de este modo se contribuirá al comercio, yendo muchos pobres con sus cortas partidas a expenderlas allá con estimación, y proveerse de géneros baratos. No habrá el monopolio de los europeos y extraños que abarcando todo el comercio (roto) recogiendo miles en dinero sin beneficio, utilidad, ni adelantamiento alguno de los hijos del país, que hasta aquí sólo han enriquecido a extraños. Y por último se guardará en mucha parte la ocasión y facilidad de sacar la plata en lo que debe tenerse un contínuo e incesante cuidado y vigilancia a prevenir las fatales consecuencias de la escasez y falta de dinero.36 CANDELARIA: FRONTERA BELICA ~ara_ concretar los objetivos económicos del gobierno paraguayo era prion~o asegurar la, ruta c~ercial a través del distrito de Misiones y alcanzar d no Uruguay, v1a de salida no bloqueada al exterior. Estas medidas, referidas al metálico y el intento de bloquear la salida de los mismos, están englobadas en el programa económico que la Dictadura implementó. En particular respecto al comercio exterior expresa: La situación de conflicto entre Corrientes y Asunción data de 1810: cuando la convocatoria de la Junta de Buenos Aires fue acatada por Corrientes mientras que Asunción continuaba su lucha frente a la supremacía portefta. La Junta ordenó a las autoridades correntinas que interrumpieran todo comercio y correspondencia con el Paraguay. El tráfico en nuestras respectivas Fronteras será acaso limitado en sus principios por la dificultad de los transportes, y por las distancias al interior p. a. el surtimiento de los artículos, frutos y LI)! aflos 1811 y 1812 estuvieron mareados por una tregua armada, sin grandes hostilidades reales. Sin embargo, respondiendo a las órdenes de �128 Siglo XIX A reces-Bouvet: Comercio y frontera en Paraguay 129 Buenos Aires, el teniente gobernador de Corrientes estableció un bloqueo: capturó los buques paraguayos que iban en tránsito hacia el sur y se impusieron nuevos y altos impuestos a los productos paraguayos en los mercados rioplatenses ( de todas maneras, a través del contrabando, se mantuvo una relativa comunicación). amenaza para el Paraguay. Se ordenó entonces desmantelar Santa Ana y las patrullas paraguayas capturaron a Bonpland, hecho que tuvo gran repercusión. Bonpland fue obligado a permanecer en el Paraguay nueve años, durante los cuales montó establecimientos rurales, se dedicó a la agricultura y a la fabricación de medicamentos y dulces. Uno de los problemas más difíciles de resolver era determinar a quién pertenecía el departamento de Candelaria. Durante la época colonial había dependido de Asunción. Sus pueblos formaron parte de las Misiones del Paraguay que, a partir de 1810, se consideraron integrantes de Corrientes. El tratado del 12 de octubre de 1811 había dejado sin resolver los límites entre Corrientes y Paraguay y en misiones diplomáticas pos37 teriores esta cuestión no llegó siquiera a plantearse. Cuando había preparado una buena provisión, partía cada ocho días del lugar de mi residencia para Itapúa, acompañado de un carguero, llegado a esta pequeña villa, alquilaba una pieza y exponía allí mi mercadería. También establecí una fábrica de aguardientes y licores; en fin tuve un taller de carpintería y un aserradero, que no solamente me sirvieron para la explotación de mi donúnio sino que me procuraron algunos recursos pecuniarios.40 Todavía en 1831, el doctor Francia continuaba reafirmando el dominio paraguayo sobre el distrito misionero: ... aún se les puede decir que a más de otras razones, Velazco último Gobernador Europeo del Paraguay era al mismo tiempo Gobernador de Misiones hasta Yapeyú, y la Cruz, porque Misiones ha sido siempre un Gobierno político y militar distinto del de Buenos Aires, y que si van a Buenos Aires, digan por allá que los paraguayos conociendo que se le quiere estorbar su comercio, están dispuestos a destruir y desbaratar cualquier establecimiento en esos lugares. 38 La aparición y constante incf!'mento del comercio brasileño por Itapúa, cruzando el castigado departamento de Candelaria, hizo que patrullas paraguayas entraran desde 1821 en ese territorio para asegurar la ruta comer• cial. El gobierno paraguayo tenía sobrados motivos para defender a toda costa Misiones. A este respecto Francia decía que debía impedirse que los enemigos sacasen la yerba "para sostenerse y criar fuerzas contra el Paraguay", y que la República -consultando su propia seguridad y tranquilidad- debía dominar hasta el río Uruguay.39 Un intruso famoso, Aimé Jacques Bonpland, naturalista francés, con el apoyo de Francisco Ramfrez y habiendo recibido una concesión del gobierno entrerriano, puso en marcha en Santa Ana una empresa yerbatera. Esta instalación fue considerada por el Dictador como amenazante para los intereses paraguayos por su cercanía a Itapúa. Temía que se estableciese allí una hase de operaciones que permitiese la invasión de los ejércitos de Ramírez, conociendo la relación que éste tenía con Bonplancl. Luego de la derrota del entrerriano, el científico francés se alió con el caudillo Nicolás Aripi, considerado también por el Dictador como una El incremento del comercio hizo que el doctór Francia adoptara la medida de ocupar Candelaria por la fuena, y comenzaron los trabajos de construcción del fuerte San José sobre el río Paraná. En 1832, una expedición de aproximadamente un mes de duración apresó a toda la gente sospechosa y estas acciones preocuparon a los correntinos que las consideraban como una invasión a su territorio. La guerra entre Paraguay y Corrientes no. se declaró en 1832, porque esta provincia no encontró en las otras del litoral argentino el apoyo necesario para iniciar la lucha. 41 La Dictadura estableció guarniciones al sur del Paraná, envió patrullas y expediciones regulares por las rutas comerciales y por los ríos con la orden de aprehender a toda persona que anduviese sin licencia. De esa manera mantuvo el control ,obre Candelaria. Entre 1831 y 1832, patrullas correntinas, partiditas y algunas emboscadas, irrumpen en el área. Francia insiste en qur. los terrenos entre el Aguapei y el Uruguay, incluso las poblaciones de Yapeyú y La Cruz, pertenecen al Paraguay.42 En octubre de 1832, Ferré declara la guerra, tropas correntinas ocupan Candelaria y la guarnición paraguaya se retira sin luchar. A pesar de las fuertes recriminaciones a sus oficiales, Francia no ordena una decidida ofensiva para reconquistar Candelaria, sino que se limita a proteger el tráfico comercial: El fin es proteger el pasaje de hacienda, para lo que basta que la tropa se mantenga en alguna de las dos picadas, de las que se me informara cual será la más aparente, supuesto que en cualquiera de ellas pueden alojarse en tiendas, y barracas aunque sean .doscientos hombres. Ni hay necesidad de tanta gente, y mucho menos de andar con Artillería lo que sería una faena bien escusada. Tampoco es preciso meterse en el monte, que será intolerable de sabandijas, y la emboscada puede hacerse cuando bien se proporcione. Un oficial, o sargento, que supiese portarse con cincuenta fusileros, era muy suficiente para ahuyentar a esos salvajes, que en �130 SigloXIX percibiendo haver tropa, ninguno se acercaría a tiro.- Lo que estoy previendo es, que de resulta se a~arán y ya no andarán con confianza lo que trastorna mis planes. El tono y contenido de este oficio se repite en las distintas comunicaciones de Francia al delegado de Itapúa en estos años. Durante los enfrentamientos, el Paraguay ordenó abandonar el campamento de Salto y cerró las tranqueras de Loreto y San Miguel, lo que obligó a arrear el ganado a la banda occidental. Entre 1832 y 1834 se produjeron continuos enfrentamientos. La provincia de Corrientes dominó transitoriamente Candelaria, explotó sus yerbales y estableció puertos sobre el rÍo Uruguay al sur de San Borja. En los años finales de la Dictadura, el Paraguay ejerce progresivamente el control: es intensa la activiaad militar de tipo defensivo. La consideración de Itapúa como centro nodal de esta zona de opera• ciones, reforzada con otros fuertes, guardias y fortale'las, hace de esta villa sede de una importante concentración de efectivos militares. En 1832, año de auge del comercio por Itapúa y de recrudecimiento de la ofensiva correntina, se encuentran destacados en ltapúa "133 individuos entre soldados y Tambores de las dos Compañías de Cavallería y troeo de fusileros, 44 18 Cabos, 5 Sargentos y 3 Sub-tenientes", sin tener en cuenta que en los otros puestos, fuertes y guardias existentes en el distrito se encuentran igualmente destacadas otras guarniciones militares. En otros documentos se habla de escoltar a los comerciantes con 45 250 hombres. Y en distintos oficios, el mismo Dictador llega a fantasear con un ejército de 4 000 hombres que se concentraría en Pilar para asaltar a Corrientes.46 No se tiene conocimiento exacto del total de efectivos: como una medida de seguridad, las cifras exactas sólo eran conocidas por el Dictador y su tesorero. De todas maneras las fuerzas armadas llegaron a constituir el sector más importan te y costoso de los egresos de la Tesorería. R A. White, contabilizando los sueldos anotados en los Libros Manuales de la Tesorería General, calcula para 1828 un total de 1 167 efectivos distribuidos entre 5 compañías de carabineros, 4 de granaderos a caballo, 3 de infantería, 3 de caballería y 2 de artiUería; y, en 1837 un total de 1 760 organizados en 4 compaf\Ías de infantería, 4 carabineros, 4 de caballería, 3 de lanceros, 3 de granaderos, 1 de artillería y 1 banda militar.4 7 Dicho historiador considera como promedio válido un poco más de 1 200 soldados incorporados durante todo el período del gobierno de Francia,48 núentras que Andrada estima 3 000 hombres en servicio con una reserva de algunos miles de Urbanos considerados como la continuación de las antiguas milicias. 49 Areces-Bouvet: Comercio y frontera en Paraguay 131 La milicia colonial había llegado a la revolución controlada por las clases propietarias, y es esta milicia proveniente de las encumbradas familias terratenientes la que es decapitada por Francia, quien depura y controla el cuerpo de oficiales. Su gravitación política también tennina por ser severamente limitada, aunque sólo luego de un complejo proceso entre 1810 y 1816, fecha del último Congreso que otorga la perpetuidad a la Dictadura y donde los militares ya no tienen peso político. El reclutamiento se realizaba entre los hombres más fuertes de cada localidad, excluidos los de familias distinguidas; no por privilegio sino para evitar su inclusión en las filas del ejército y, desde esos cuadros, tener la posibilidad de organizar y fomentar alguna fuena de oposición a la Dictadura. La oficialidad estaba integrada por los .Comandantes de fuertes y puestos, los Delegados jefes militares con amplia jurisdicción en sus respectivas delegaciones, y los Comandantes de Urbanos en sus respectivos partí• dos. La formación de esta oficialidad era precaria puesto que prácticamente no recibían instrucción militar ni había escuela preparatoria alguna. No existían rangos mayores a capitanes y tenientes y entre los mismos se realizaba una rotación periódica de los lugares de destino. Los ascensos eran minucioSélÚlente estudiados, teniendo en cuenta principalmente la aptitud y la adhesión a la causa de la República, aplicando severos castigos y reprimendas a los contraventores. Los sueldos de los militares eran superiores a cualquier categoría burocrática, reteniéndose parte de ellos para alimentación y vestuario. Las Provisiones eran regularmente remitidas por el Estado a los distintos cuarteles y provenían de las Estancias de la Patria. Una gran diversidad de documentos muestra la preocupación de la Dictadura por las fuenas armadas: desde el unifonne, :fijando las telas correspondientes para las estaciones del año, y el alojamiento (estableciendo pautas para la construcción), hasta la salud de la tropa, que Jbozaba de períodos de descanso sobre todo las establecidas en las fronteras. Al no existir una Escuela de preparación militar, el Dictador ( que ejercía las funciones de ministro de Guerra, comandante en Jefe y Auditor de Guerra) personalmente se encargaba de la instrucción, en particular de la caballería. En Asunción, el centro militar más importante seguido de Itapúa y Pilar, recibía los partes de los jefes de las distintas unidades y sin demoras resolvía sobre las distintas cuestiones que se le presentaban. A partir de 1819 un decreto del Dictador organiza los regimientos de Milicias de costa arriba y costa ahajo con sus presidios. 51 El doctor Francia entendía que la renovación del ejército no era posible sin su modernización: buen equipamiento técnico y efectivas tácticas y estrategias. ... �132 Siglo XIX Areces-Bouvet: Comercio y frontera en Paraguay Este ejército, que mantuvo una posición defensiva en la conflictiva frontera sur -juego político-rrúlitar frente a los correntinos de avances y retrocesos, de emboscadas y partiditas-, logró asegurar las antiguas vías de circulación del espacio misionero. - NOTAS 133 12.- Wisner de Morgenster, Enrique, El Dictador del Paraguay. Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, Concordia, 1923, p. 123. 13.- Biblioteca Nacional de Río de Janeiro (BNRJ) Colee. Río Branco, 1-30, 21, 86. José Pedro César a José Norberto Ortellado, San Borja, lo. de febrero de 1823. 14.- BNRJ, Colee. Río Branco, 1-29, 23, 28. Ortelladoal Dictador. ltapúa 8 de mano de 1823. 15.- ANA, Sección Historia (SH), 237, Decreto Supremo, 12 de septiembre de 1823. 16.- White, R. A., op. cit., pp. 246-252. 1.- Williams, John Hoyt, "La guerra no declarada entre el Paraguay y Corrientes" en Estudios Paraguayos. Vol. 1, No. 1, Asunción, noviembre de 1973, pp. 35-43. 2.• Los derechos sobre el área misionera son afirmados en los oficios a Comandantes, que eran transmitidos a los comerciantes con licencia que frecuentaban la zona sur. 3.- En territorio paraguayo: San Ignacio Guazú, Santa María de la Fe, Santa Rosa, Santiago, San Cosme, Itapúa, Tónidad y Jesús. En la actual República Argentina: Candelaria, Santa Ana, Loreto, San Ignacio Miní, Corpus, San Carlos, San José, Mártires, Concepción, Apóstoles, Santa María Mayor, San Javier, Santo Tané, La Cruz y Yapeyú. Al este del río Uruguay, hoy en Brasil: San Borja, San Nicolás, San Luis Gonzaga, San Miguel Arcángel, San Lorenzo, San Juan Bautista y San Angel.. 4.- White, Richard Alan, Paraguay's autorwmous Revolution. 1810-1840, University of New Mexico Press, Alburquerque, 1974, p. 26. 5.- Robertson, Juan P., y Guillermo P., La Argentina en la época de la Revolución. Cartas sobre el Paraguay comprendiendo la relación de una residencia de cuatro años en esa República bajo el gobierrw del Dictador Francia, trad. y prólogo de Carlos Aldao, La Cultura Argentina, Buenos Aires, 1920 pp. 67-64. 17.- Vázquez, José Antonio, El Doctor Francia visto y oído por sus contemporáneos, Eudeba, Buenos Aires, 1975, pp. 321-322. 18.- ANA, SH. 24J, 12. Oficio de Francia al Deleg. de ltapúa, 25 de octubre de 1832. 19.- ANA, SH, 241, 12. Oficio de Francia al Deleg. de ltapúa, 17 de marzo de 1832. ,¡ 20.- ANA, SH, 241, 7. Oficio de Francia al Deleg. de ltapúa, 18 de junio de 1831. 21.- Anais do ltomaratí, cit., p. 245. 22.- ANA, NE, 3106. Orden de Francia, 28 de diciembre de 1825. 23.- ANA, SH, 240-2. Francia al Deleg. de ltapúa, 2 de octubre de 1829. 24.- ANA, SH, 241-12. Francia al Deleg. de Itapúa, 25 de octubre de 1832.- 25.- ANA, SH, 243-12. Francia al Deleg. de ltapúa, 27 de junio de 1838. 26.- ANA, SH, 241-7. Francia al Deleg. de ltapúa, 18 de junio de 1831. 27.- ANA, SH, 241-7, cit. 6.- Carta de Grandsir a Humboldt, Itapúa 10 de septiembre de 1824. En Pérez Acosta, "Juan F. Francia y Bonpland" Instituto de Investigaciones Históricas, No. LXXIX, Buenos Aires, 1942. 7.- Anais do ltamaratí, t. 111, introducción de Aurelio Porto, Río de Janeiro, 1938, p. 247. 28,- ANA, SH, 240. Decreto del 11 de mano de 1829 y Oficio de Francia al Delegado de ltapúa, junio de 1829; BNRJ, Cuaderno de Autos Supremos, 17-2-8, pp. 3841. Decreto 4 de noviembre de 1825. 29 .- ANA, NE, 2561. Oficio de Francia aJ Subdelegado de Santiago, 17 de junio de 1824. 8.- Robertson, op. cit., p. 65. 30.- Whlte, R. A., op. cit., en base al cuadro de p. 145. 9.- Andrada e Silva, Raúl, Ensaio sobre a Dictadura do Paraguay, 1814-1840. Universidad de Sao Pablo, Fundo de Pesquisa do Museu Paulista, Sao Pablo, 1978,pp. 217 y 220. 31.- ANA, SH, 218. Decreto de la Junta, 7 de julio de 1812. ANA, SH, 223.-4. Decreto del Dictador, 13 de noviembre de 1814. 10.- Archivo Nacional de Asunción (ANA), Nueva Encuadernación (NE). 3111. Auto de Francia,27 dejuniode 1827. 11.- White, R. A., op. cit., p. 108. ANA, SH, 226. Decreto del Dictador, 8 de septiembre de 1816. 32.- ANA, SH, 237-10. Decreto 4 de noviembre de 1825. 33.- ANA, SH, 240-2. Oficio de Francia al Delegado de Itapúa, 9 de febrero de 1829. �134 Siglo XIX 34.- ANA, SH, 240-2. Oficio de Francia al Delegado de Itapúa, 17 de junio de 1829. Espacios Coloniales y Economías Nacionales: Bolivia y el Norte Argentino (1810-1930) 35.- BNRJ, Colección Río Branco, 1-29-23-28. Francia a Norberto Ortellado febrero de 182;:3, en Justo_ Pastor Benítez, La Vida Solitaria del Dr. J. G. de F,;ncia F1 Ateneo, Buenos Aires, 1937, pp. 254-255. ' 36.- ANA, NE. 3107. Oficio del Dictador al Cte. de Pilar, 16 de noviembre de 1825. 37.- Archivo General dela Nación Aigentina (AGNA), Leg. X.1-9-12; Leg. X. 1-9-13. Erick D. Langer* 38.- ANA, S. A. 241-7. Oficio de Francia al Delegado de Itapúa, 30 de diciembre de 1831. 39.- BNRJ, Col. R. Branco oficio de Francia al Delegado de Itapúa, 3 de febrero de 1822. 40.- Louis Adolphe Brunel,Biographie de Aimé Bonpland Pari's, 1871 pp 84-85 A t v . Bonpland, cit. p. 43. • , . , en J• »e' e, rez cos a, rranc,a y 4 1.- Willi~s, John N., "La guerra no declarada entre Paraguay y Corrientes" en Estudws Paraguayo,, Vol 1, No. 1, Asunción, noviembre de 1973, pp. 3543. 42.- ANA, SH, 241, 12- Oficio de Francia al Delegado de Itapúa, 14 de agosto de 1832 Y 28 de octubre de 1832. 43.- ANA, SH, 241-7. Francia al Delegado de ltapúa, 27 de febrero de 1833. 44.- ANA, SH, 241-12. Orden de Francia. 17 de marzo de 1832. 45.- Ver Supra. 46.- ANA,_ SH, 241-12-Francia al Delegado de Itapúa. 25 de octubre de 1832; Francia del Delegado de ltapúa, 28 de octubre de 1832. 47 .- Wbite. R A., op. cit., apéndice, pp. 259-261.48.- White RA., op. cit., Y_ol. DI, No. 2, diciembre de 1975, p. 120. Rengger, Juan J., ~ongc~p, ~arcelmo, Ensayo hútórico ,obre la Revolución del Paraguay y go_bierno dictatorial del Doctor Francia, Imprenta y librería de Mayo Buenos Arres, 1883, p. 148. ' 49.- Andrada e Silva, Raúl de, op. cit., p. 184. 50.- ANA, ~H, 243. 12. Oficios de Francia, 14 de noviembre. 22 de noviembre y 29 de noVJembre de 1838. 51.- ANA, SH, 229-9. Decreto de Francia, 13 de marzo de 1819. Para la mayoría de los historiadores latinoamericanos, el siglo XJX representa un período durante el cual las repúblicas recién establecidas se consolidaron como naciones, aunque este proceso fue en ocasiones difícil y soportó intensas disputas internas y el nacimiento del caudillismo divisivo. No obstante, los historiadores tradicionales que han tratado temas políticos del siglo XIX aceptaron implícitamente a la nación como unidad apropiada de análisis. Los pocos historiadores económicos que han escrito sobre el siglo XIX (a menudo como "antecedente" de temas del siglo XX) han aceptado generalmente a las fronteras de los nuevos países como límites económicos viables. Hasta cierto punto este enfoque fue impuesto por las fuentes disponibles y el aumento de las economías de exportación ligadas al comercio británico. Obviamente, el comercio con Europa dependía en gran parte de las políticas seguidas por los nuevos gobiernos latinoamericanos, haciendo factible un análisis basado en las unidades nacionales. Durante los últimos quince años, en la medida que los historiadores han empezado a descubrir y usar los abundantes recursos documentales de las regiones fuera de las ciudades capitales, se ha hecho aparente que el comercio regional era mucho más importante de lo que indicarían los registros en las capitales nacionales. Aunque muchos de estos nuevos estudios se concentraron con frecuencia precisamente en sus propias regiones particulares, se tomó visible que el comercio interno conservó su importancia. Este intercambio incluía el comercio dentro de los límites nacionales, así como el comercio entre los países latinoamericanos basado frecuentemente en patrones coloniales. Por supuesto, el comercio interno y los mercados eran más importantes lejos de las ái-eas costeras a las que los comer• ciantes británicos poaían llegar con faciliélad. Sin embargo, estas regiones *Departamento de Historia, Carnegie-Mellon Univeuity (Pittsburgh, USA). Traducción de Laura Gorena M. y Guadalupe Almaguer S. ·11' �136 Siglo XIX no costeras representaban áreas sumamente importantes en donde vivía la mayor parte de la población latinoamericana en la primera mitad del siglo después de la independencia, como en el centro de México y la región andina. Para mostrar la dinámica de los mercados internos durante el siglo XIX este estudio examina el comercio en la región central de los Andes, donde se incluye al sur del Perú, Bolivia y la parte norte de Argentina. Aunque se enfoca en los primeros cincuenta años después del establecimiento de las nuevas repúblicas y especialmente en Bolivia, el centro económico de la región durante el período colonial, la hipótesis es que, a través de la óptica de las relaciones comerciales, es necesario ubicar la consolidación económica de los estados latinoamericanos hacia la década de 1930. Queda mucho por hacer al respecto para esclarecer los puntos espe~íficos y lo que aquí se incluye es un bosquejo basado e~ gr~ p~rte_ en mfonnación secundaria así como en algunas fuentes pnmanas. Sm embargo de esta evaluación tentativa es posible discernir ciertas tendenci~ generales. Durante el período que se extiende desde la Independencia hasta la división de la región en sus respectivas economías nacionales en la década de 1930, se manifiestan cuatro etapas en las relaciones comerciales entre Bolivia y el norte de Argentina. Desde luego, esta periodización es sólo aproximada: las fechas proporcionadas son, en el mejor de los casos, preliminares ya que el proceso del cambio económico varió de un área a otra. La primera etapa, de 1810 a 1825, abarcó los trastornos de las luch,as por la independencia. Durante la segunda fase, de 1825 a 1860, el patron comercial colonial siguió siendo débil pero permaneció intacto en su mayor parte. El período de 1860 a 1890 fué de transición: mientras que 1~ econ~mía de extracción de plata boliviana disfrutó de un breve resurgimiento y hasta cierto punto fortaleció al comercio interno, se desarrollaron tendencias centrífugas que con el tiempo provocaron la desintegración de la red colonial. En la última fase, de 1890 a 1930, la floreciente economía argentina llenó el vacío comercial que dejó el declive abrupto de la economía basada en la extracción de plata en la región sudeste de Bolivia. Sólo durante la Gran Depresión y la Guerra del Chaco (1932-1935), la región se dividió en economías particulares siguiend~ en ~n part~ las fronteras políticas nacionales a la vez.que los estados nnpoman ":'e~das proteccionistas y se fortalecían en general al tratar asuntos econom1cos. E. Langer-: Bolivia y el norte argentino (1810-1930) 137 rante la mayor parte del período colonial el motor de la economía sudameric~na española. Como ha demostrado Carlos Sempat Assadourian, el funcwnamiento de las minas de Potosí requirió la creación de una extensa red comercial que abarcaba casi todo el continente y era alimen~da por_ la circulación interna de la plata extraída de las mina8 para pagar bienes diversos, como telas baratas, mulas, ganado, trigo, coca, yerba mate y otros bienes necesarios que no eran proporcionados por España.2 La demanda de productos provenía tanto de las regiones mineras como de la ciudad de Potosí, la que durante el siglo XVllalcanzó un total de 160 000 habitantes. Es evidente que la importancia de otros centros comerciales aumentó al declinar la productividad de Potosí en la segunda mitad del siglo XVII. Uno de los casos más nótables fue el desarrollo impresionante de Buenos Aires durante el siglo XVID, lo que en 1776 obligó a la Corona Española a separar Bolivia (llamada Alto Perú en el período colonial) y lo que ahora es Argentina, Paraguay y Uruguay del antiguo virreinato de Lima. La floreciente ciudad de Buenos Aires se convirtió en la capital del nuevo virreinato. Sin embargo, la intensa presión ejercida por los comerciantes limeños para que la Corona devolviera a Lima la jurisdicción del Alto Perú, demuestra que la región platera de Potosí siguió siendo un importante centro económico que los peruanos no estaban dispuestos a perder. 3 En vísperas de la independencia, a pesar de la disminución de la producción de plata, Alto Perú permaneció como uno de los mercados más importantes de Sudamérica. Con un millón de habitantes, contenía aproximadamente el doble de la población de la futura nación dr Argentina.4 No obstante que una cantidad importante dr residentes del Alto Perú eran indios comunitarios, autosuficientes en sus necesidades, P.staban más atados a la economía mercantil a través de la necesidad de pagar tributo y la mita (tributo pagado principalmente en plata, no en mano de obra) que i;ná~ adelante e~, el siglo XIX. 5 Como resultado, d antiguo "espacio econom,co peruano tomando la frase de Assadourian, con Potosí como su centro, mantuvo su atracción como un mercado importante a pesar del flujo de_ plata a través del pu~rto de Buenos Aires. Las regiones que rodeaban las minas de plata dependian todavía de esos mercados. Eso sucedía especialmente en el mismo Alto Perú y en las provincias norteñas de la actual Argentina: Catamarca, Santiago del Estero Tucumán Salta Jujuy y parte de Córdoba. 6 ' ' ' EL PERIODO DE LA INDEPENDENCIA.1810-1825 EL LEGADO COLONIAL El caso de Bolivia resulta especialmente ilustrativo, puesto que tas minas de plata de Potosí, localizadas en la región central sur del país, fueron du- La larga guerra civil de quince años que acompañó a las luchas por la independencia afectó seriamente a los patrones del comercio colonial. Esto sucedió particularmente en la región que comprende el norte de Argentina �138 Siglo XIX y Bolivia. Aunque Alto Perú pertenecía al virreinato de la Plata, los patriotas en Buenos Aires no lograban apoderarse de esa región. En cambio, las incursiones de las fuerzas argentinas semejaban las acciones de las fuerzas realistas: ambas vaciaban la Casa de la Moneda en Potosí de todo el metálico que ésta había acumulado. La falta de seguridad y la fuga constante de recursos durante la guerra obstaculizaron la extracción a gran escala de minerales; los pozos mineros fueron inundados y sólo mineros a pequeña escala, con frecuencia indios, explotaban los residuos de minerales. Como resultado, el mercado minero, que había mostrado cierto repunte durante los últimos años del régimen colonial, decayó significativamente. La capacidad productiva de las regiones que tradicionalmente abastecían a las minas en Potosí fue arrasada durante las guerras de independencia. ~n la provincia de Cinti, una área que suministraba vino, aguardiente y fruta· a los mercado adyacentes de las tierras altas, los lados contrarios en la larga contienda guerrillera destruyeron los viñedos, confiscaron el ganado, y saquearon las casas de hacienda. Los peones de las haciendas huyeron hacia la frontera, a las junglas de las tierras bajas en donde los guerreros chiriguanos recapturaron sus tierras ancestrales en posesión de las misiones españolas y los pocos soldados realistas apostados allí.7 La destrucción masiva de la base agrícola se generalizó en todo Alto Perú, que no se independizó sino hasta 1825. Las provincias del norte de Argentina se vieron igualmente afectadas. Jujuy y Salta, por ejemplo, sufrieron repetidas veces las invasiones de las tropas españolas entre 1812 y 1822; el "sistema Güemes," que mantenía abastecido al ejército gaucho patriota, se nutría de las fuertes extorsiones a los grandes terratenientes y comerciantes, precisamente quienes dependían de las conexiones con los mercados del Alto Perú para mantener sus posiciones financieras, relaciones ahora difíciles de mantener debido a la guerra y a la pérdida constante de capital otorgado a los caudillos patriotas. Martín de Güemes, líder militar de la revolución en el norte, con conocimiento de causa, afirmó que "esta provincia por todos sus aspectos no me repre8 senta más que un semblante de miseria, de lágrimas y agonía." A pesar de estos problemas, el comercio continuó, i~cluso a través de las líneas enemigas. Los circuitos comerciales coloniales, que unían al norte de Argentina con Bolivia, permanecieron intactos porque en realidad no había alternativa. Además, indudablemente los comerciantes veían grandes oportunidades de lucro a pesar de los altos riesgos durante el conflicto. Existen pruebas suficientes que confirman que el comercio continuó y que de hecho era pennitido. Por ejemplo, un comerciante de Santiago del Estero en 1820 cuya mercancía textil estaba destinada a Tupiza (en Alto Perú) y presumiblemente hacia regiones al norte, la perdió en el sa- E. Lariger: Bolivia y el norte argentino (1810-1930) 139 queo de Salta de ese año. Además, los altos oficiales del gobierno patriota no prohibieron el comercio con el Alto Perú durante la lucha, solamente lo gravaban con impuestos más altos. Sólo se prohibió la venta de mulas a AJ. to Perú debido a su valor militar, aunque incluso é'stas penetraron en grandes cantidades a los territorios en posesión de los realistas. En 1823 las autoridades de Salta permitieron la entrada de casi 3 000 mulas a las regiones controladas por los españoles. Esto se sumaba al probable contrabando masivo de estos animales con los enemigos realistas.9 La evidencia sugiere que el intercambio entre el Bajo Perú (El Perú actual) y P_o tosí revivió durante las luchas por la independencia a costa del _comercio con _las provincias argentinas, mientras que las tierras altas andinas perma~e~1~ en ~anos de los r~listas. El viajero inglés Joscph Pe~tland, que visito Potosi un año despues de la victoria de los rrvolucionanos, estimó que el comercio con Perú era mucho más importan~ que con las provincias bajo el gobierno de Buenos Aires. Este retroceso de los patrones de finales del siglo XVIII, de los que Perú había sido excluído, ocurrió mucho antes de que se diera la independencia final en 1825. Entre la producción peruana se incluía algodón para la fabricación de tela en Cochahamha, vinos y aguardiente de Moqur,gua y Tambo, así como lana de Cuzco, Puno, y otros puntos en las tierras altas del sur de Perú. 1º De esta manera perduraron los antiguos circuitos comerciales, aún cuando las guerras de independencia representaron una gran desorganización en el comercio y casi con certeza los trastornos sociales y económicos más graves del siglo XIX. De hecho, la separación de las provincias argentinas del Alto Perú, la ocupación de la costa del Pacífico por las fuerzas patriotas de San Martín, y la integración efímera de las tierras altas peruanas y bolivianas bajo las fuerzas realistas ayudó a la restauración de la mitad norte del "espacio económico peruano" que había desaparecido cuando en 1776 la C_orona Española había prohibido el comercio entre Alto Perú y Bajo Peru. CONSERV ACION POR ABANDONO. 1826-1860 Sin embargo, la descripción del comercio en Potosí realizada por Joseph Pentland subrayaba el declive del comercio interregional como resultado de la acometida de los textiles ingleses, que estaban desplazando a los productores tradicionales. Por esta razón, afirmaba Pentland, el comercio ~n~ Argentina y Bolivia había disminuído considerablemente. El viajero tngles colocaba esto dentro del contexto de la producción de plata que era extremadamente débil después de la independencia. Los tejidos de Cochahan1ba y Mojos, la única exportación importante de Bolivia a la Argentina (después del comercio de la plata suspendido temporalmente), no podían competir con las telas que los comerciantes británicos volcaban en América �140 E. Langer: Bolivia y el norte argentino (1810-1930) Siglo XIX 141 del Sur. Esto significaba que los bolivianos no podían vender sus productos de exportación y obtener el capital suficiente para comprar mulas y caballos en la Rioja y Tucumán, uno de los pocos intercambios todavía existentes entre los dos países. 11 Por supuesto, tampoco facilitaba las cosas el impuesto del 40°/o que las autoridades bolivianas exigían en 1827 a todos los productos argenlinos; es probable que esta medida haya aumentado el contrabando de manera considerable, poniendo en duda las cifras aduaneras como fuente. poco más de 30 000 pesos, mientras que los productos importados de Argentina y Perú hacia Potosí eran valorados en poco menos de los 10 000 pesos. En 1841 la situación era aún todavía peor, si nos confiamos en los registros aduaneros de Potosí. Mientras que el valor de la categoría "efectos de ultramar'' se ~antenía constante alrededor de 800 000 pesos, los productos de otras regiones del interior de Bolivia habían declinado a 8 500 pesos las importaciones de Argentina y Perú a un poco más de los 3 000 pesos. 4 Los ingleses también se interesaron brevemente en las minas de, plata de Potosí pero no lograron llegar más allá de una actividad especulativa. Desafortunadamente para los que esperaban que los ingleses invirtieran grandes cantidades en las minas de plata, la quiebra de la bolsa de valores londinense en 1825, tras la independencia boliviana, dió fin a esta oportunidad. Aparentemente una compañía, _la Asociación Minera Peruana de Potosí y La Paz, acumuló un capital de un millón de libras esterlinas; sin embargo, sólo se invirtieron 80 000 en maquinaria y otros bienes. La compañía quebró después de ciertas dificultades. De allí en adelante, la industria minera boliviana no dispuso de fuentes importantes de capital extranjero hasta la segunda mitad del siglo XIX. Los capitalistas locales continuaron la obra que los ingleses abandonaron; para finales de la década de 1820 los inversionistas locales, prin~ipalmente las antiguas familias involucradas en la minería durante el período colonial, empezaron a invertir sumas importantes en la rehabilitación de las minas, aun1ue estas empresas 1 seguían experimentando una escasez general de capital. Estas cifras, aunque valiosas, son engañosas por varias razones. En primer lugar, los artículos de lujo obviamente son más costosos que las mercancías producidas localmente y para un mercado más amplio. En _s~ndo luga~, en 1841 las importaciones aumentaron pues el gobierno hoh~ano levanto breve~ente las restricciones sobre las importaciones extranJeras. Lo que es mas importante, los registros aduaneros subestiman gravemente al comercio interno. Mientras que todas las mercancías importadas de Europa e_r~n gravada~, esto ?º suc~día con los artículos producidos, dentro de_ Bol1V1a o los pa1ses vecmos. Solo las bebidas alcohólicas aparec1an e~ las hsta_s de los productos domésticos bajo impuesto. De Argentina Y Peru, telas, Jabones y el alcohol pasaban la revisión del agente aduanero. De ~ta m_a~era, no existe información sobre algunos de los renglones de comerc1? mas unportantes, como el trigo, las telas y el ganado domésticos. Del mismo modo, en el norte de Argentina por lo menos, las p·1c1es, . _ las mulas y otro tipo de ganado eran probablemente artículos mercantiles mucho más importantes que los que eran gravados. La expansión de los tejidos y el capital ingleses en las tierras altas andinas demostró ser de corta duración. Se hizo evidente para finales de la década de 1820 que las oportunidades mercantiles se mantenían restringidas para los fabricantes europeos. La industria minera no revivió hasta el punto anticipado por los especuladores británicos, haciendo a esta área menos atractiva de lo que esperaban. Los productos importados continuaron llegando, pero eran canalizados principalmente a través de un puerto, Cobija (también llamado La Mar), y es probable que se limitaran a artículos de lujo. Desafortunadamente los registros aduaneros disponibles con frecuencia no especifican el producto preciso; y cuando lo hacen, aparecen en los registros artículos como "una docena de teteras y media arroba 13 de coñac", artículos difícilmente considerados de consumo popular. ?tras evidencias sugieren que hasta la década de 1860 el sistema comercial con hase ~n Potosí? q~e incluía_!ª mayor parte del sur de Perú y el norte de Argentina, contmuo manteruendose más o menos intacto. Esto lo sugiere la observación de Joseph Pentland de que la feria en las tierras altas holivian_as en Paria (O~ro) co?tinuaba abasteciendo grandes cantidad_es de algodon peruano a la mdustna textil de Cochabamba. En 1826 por eJemplo, Pentland calculó que los habitantes de Cochabamha compr~ron 8 O~ cargas ~e algo~ón, co~ un valor de $600 000. Hasta cierto punto esta cifra desm1e?te la rmpres1~n que Pentland, quien tenía interés en exagerar l~s opo~mdade~ comerc1ales británicas, intentó crear con respecto aJ d_e,chve de la mdu~!X'ª te~til local. Lo mismo se puede argumentar en relac1on a la prod_ucc1on de VInos la cual reconoció el viajero inglés al referirse a los terrateruentes de Cinti: "produce... en abundancia una industria que se incrementa a diario",16 ' Al calcular el valor de los diferentes tipos de mercancías, se tiene la impresión de que las mercancías importadas de Europa superaban al comercio local. Por ejemplo, de acuerdo a los registros aduaneros de 1839 la importación de "efectos de ultra.mar" en Potosí excedía los 800 000 pesos. Las mercancías de las regiones del interior de Bolivia sólo sumaban un l Asim_ismo, durante la primera mi~d del siglo XIX, el comercio de granos, particularmente el tngo y el ma1z, provenía exclusivamente de los productores locales, incluyendo Cochabamba, el norte de Potosí y Chu- �142 Siglo XIX quisaca. Lo interesante son los métodos diferentes de producción que se utilizaban en cada región para abastecer de granos a los mercados de las tierras altas. En Chuquisaca, las haciendas de la añeja aristocracia minera y terrateniente abastecían a "las provincias más frías" con trigo y maíz. A su vez, los pequeños productores de Cochabamba cultivaban y vendían granos a los mercados de las tierras altas como consecuencia de la desintegración de las haciendas durante el siglo XVIII cuando se redujo el mercado minero. El valle de Cochabamha, el granero tradicional boliviano desde el siglo XVI, con toda probabilidad abastecía la mayor parte de los productos agrícolas, el maíz en particular. Las comunidades indígenas del norte de Potosí, que rodeaban a algunas de las minas de plata más importantes, abastecían también cantidades importantes de trigo no sólo a los pueblos mineros, sino incluso a las demás regiones del altiplano del sur de Perú. Tristan Platt supone que los caciques indígenas dominaron este comercio, práctica que se remonta al período colonial.16 José María Dalence, cuyo Bosquejo estadístico <k Bolivia, escrito en 1846, es la fuente publicada más importante sobre la condición económica del país a mediados del siglo XIX, consideraba que el valor del comercio interior superaba al comercio extranjero por casi seis veces. Aunque Dalence podía haber exagerado un poco, puesto que era un partidario del grupo dentro de las élites b9livianas que apoyaban las medidas proteccionistas para los productores locales, sus meticulosas recopilaciones siguen siendo recordatorios apremiantes y sugerentes de la importancia contínua de los circuitos comerciales que se concentraban ~n las regiones mineras de plata.17 -. E. Langer: Bolivia y el norte argentino (1810-1930) 143 cer brevemente la Confederación peruano-boliviana (1835-39) y también intentó incorporar a las provincias de la parte más septentrional de Argentina a la esfera boliviana mediante una anexión forzada. Explotó con habilidad los sentimientos separatistas en Jujuy en 1837, pero sus planes grandiosos se vieron frustrados cuando Chile ganó la guerra contra la Confederación en 1839 .19 La contienda sobre el contorno territorial de los nuevos estados republicanos no disminuyó porque todavía en 1841 el caudillo peruano Agustín Gamarra invadió el altiplano boliviano con la intención de unir nuevamente a Perú con Bolivia. La muerte de Gamarra en el campo de batalla de lngavi ese mismo año destruyó todas las esperanzas de unificar los dos países. Si la circulación de la plata potosina era el indicador principal de la extensión del espacio económico peruano, como lo definió Carlos Sempat Assadourian para el s~lo XVI, la influencia de las minas de plata bolivianas debió habet sido enorme. Esta influencia abarcaba desde los departamentos de Tacna, Moquegua, Puno y Cuzco al sur de Perú hasta casi todo el interior de Argentina, desde d sector norte a Cuyo, cerca de la frontera de Chile a la altura de Santiago. Cuando el gobierno argentino intentó imponer su papel moneda en 1854 prohibiendo la circulación de los pesos de plata bolivianos, hubo disturbios en La Rioja, Córdoba y otras provincias. En Tucumán así como más al norte, los comerciantes simplemente se negaron a aceptar la nueva moneda nacional.20 Como ha señalado Antonio Mitre, la visión de Dalence era hasta cierto punto estrecha, pues el definía el "comercio interior" a lo largo de los límites nacionales en vez de tomar en cuenta la dependencia económica en los mercados mineros bolivianos de regiones como el norte de Argentina y el sur de Pení. El que Dalence no tomara esto en cuenta condujo quizá a la eventual derrota en la segunda mitad del siglo XIX de los proteccionistas asociados con los productores, artesanos y ciertos grupos de terratenientes coloniales a manos de un grupo nuevo de mineros de plata y comerciantes de productos importados y exportados.18 Hay indicaciones que durante este período el comercio entre el norte de Argentina y el sur de Pení con Boliria siguió siendo fuerte y no existían aún mercados nacionales verdaderos, delineados por fronteras políticas. De hecho, a pesar de los graves problemas que ocasionaba a los mineros de plata el uso creciente del gobierno boliviano de las monedas de pla!:a devaluadas, llamadas pesos febles, ayudó a mantener al antiguo espacio económico. Las devaluaciones efectivas de la moneda encarecieron las importaciones extranjeras, puesto que los comerciantes europeos sólo aceptaban el valor intrínseco de la plata en las monedas. De esta manera, los fabricantes y los productores agrícolas dentro de la región donde circulaba la moneda boliviana estaban protegidos de la competencia externa hasta cierto punto en tanto dedicaron su producción a la compra dentro de la región. Esto aparentemente provocó un intercambio comercial importante: como un observador de la época anotó, "la moneda feble acumulada en el Sur de Pení es la• que ha fomentado y desarrollado con una rápidez inesperada las industrias que hoy dan tanta importancia a aquellos departamenlos límilrofes ". 21 En realidad, durante la primera mitad del siglo XIX las propias fronteras políticas eran precarias en el mejor de los casos. Andrés de Santa Cruz, presidente de Bolivia entre 1829 y 1839, por ejemplo, intentó unificar bajo su dominio la mayor parte del área andina central. Logró estable- Antes de 1854 el gobierno de Buenos Aires ayudó y estimuló implí• citamente fa dependencia del norte de Argentina con Bolivia porque no hizo nada por romper las numerosas baneras aduanales de las provincias que con frecuencia hacía de las importaciones lejos de la costa prohibitivamen- �144 Siglo XIX te costosas, aun exceptuando los costos de transporte. 22 El caudiJlismo que invadió a la política argentina, señal de una falta de centralización política, ayudó a mantener antiguos patrones de comercio. Buenos Aires no podía imponerse por completo en las provincias; aún si lo hacía mediante alianzas políticas y asesinatos, no era capaz de afectar de ninguna manera a los patrones económicos debido a la debilidad inherente del modelo político caudillista.23 El comercio entre las provincias continuó a pesar de las numerosas barreras, y especialmente después de que la fuerza del comercio británico diminuyó en Ja década de 1830. Por ejemplo, Cuyo enviaba cantidades considerables de muJas y licores a Salta, que obviamente se encontraba todavía bajó la influencia de la economía minera boliviana. A su vez, Salta pagaba con la plata que adquiría de los productos vendidos en Bolivia, muchos de los cuales provenían de las provin<:ias argentinas. En cierto srntido Salta, con su feria importante, servía de intermediario entre los mercados mineros de plata bolivianos y el interior de Argentina, además, en Argentina el oro era especialmente codiciado y la mayoría de las «>Xportaciones de oro boüviano iban dirigidas a ese país en lugar de exportado directamentf" a través de los puertos del Pacífico. 24 Hasta la década de 1860 Salta exportaba más mercancías hacia Bolivia, y de aU í a Perú, que a !as ciernas. provincias argentinas. En comparación las importaciones europeas hacia Salta permanecieron en un nivel insignificante. Mientras que Bolivia no correspondía con mucho más que coca y chocolatf" el antiguo patrón colonial de intercambiar mercancías por metálico debió continuar en este período. En 1851, por ejemplo, Salta exportó mercancías con un valor de 345 500 pesos a Bolivia y Perú, mientras que sólo vendió 258 300 pesos al resto de Argentina. En la categoría anterior, 9 000 muJas, valoradas en 227 000 pesos, representaban claramente la exportación más importante. Las exportaciones a la segunda área consistían casi exclusivamente en oro y plata; puesto que la mayor parte de estos metales preciosos provenía presumiblemente de Bolivia, esta es otra indicación del predominio de las conexiones comerciales de Salta con el norte. En palabras de la Cámara de Comercio Exterior de Salta en 1852, "~se dinero sencillo (boliviano) y onzas de oro de todos los cuños es el qut> el comercio de SaJta desparrama rn las provincias interiores de la Confederación por la carrrra de Buenos Aires y algún tanto por la de Cuyo". A su Vt>Z, Salta sólo compró el equivalente a 110 000 pesos de productos importados europeos.26 Aunque los detalles anteriores apoyan enérgicamente la persistencia del espacio económico colonial ubicado en Potosí, no debe exagerarse la importancia de la fuerza y el tamaño de este mercado interno. Tristan Platt ha criticado correctamente el argumento historicista de muchos bolivianistas que veían los primeros años del siglo XIX meramente como un E. Langer: Bolivia y el n-0rte argentino (I 810-1930) 145 preludio del dominio del modelo económico liberal en la segunda mitad del mismo siglo. Platt asevera que el desarrollo de los mercados internos, mediante la política de producción de pesos febles, representó una alternativa viable a la economía no intervencionista orientada a las exportaciones que las nuevas élites políticas impusieron en la década de 1870.26 A pesar de las cualidades atractivas de este argumento y su rectitud esencial para las primeras décadas después de la independencia, el mercado interno que sobrevivió al período colonial tenía serias debilidades que provocaron su rápida desaparición en la segunda mitad del siglo XIX. Tres problemas, la naturaleza de la demanda del mercado interno, el papel de la plata como mercancía y moneda, y las políticas inciertas en relación con las importaciones extranjeras son esenciales para comprender la dinámica del cambio económico que abarcó a la región desde principios de la década dt> 1860. En priml'r lugar, los mercados mineros siguieron operando a pequeña escala en comparación con los períodos anteriores. Aunque hubo un pequeño auge en la producción de plata durante la década de 1840, muy pocos trabajadores regresaron a las minas. La ciudad de Potosí, que había sido tradicionalmente el centro de la actividad minera, perdió importancia respecto a las minas en las provincias del departamento de Potosí. Esto estuvo estrechamentl' ligado ron la abolición, después de la independencia, de la mita qui" obligaba a la mano de obra minera india a trabaj;ir en las minas de Potosí. Aunque la producción de plata de las regiones qut> no tenían t'I beneficio de la mita impuesta por el gobierno prospt•ró también durante el período colonial y de hecho, para los siglos XVII y XVIII la mita se había convertido Pn otra exacción monetaria para los indios más que en un tributo laboral, el dinero que los propietarios de las minas recibían para pagar a los trabajadores voluntarios o sencillamente para subsidiar a las empresas mineras de Potosí había tenido una gran importancia en la evolución del mercado minero de Potosí.27 U na vez desaparecido este impuesto excesivo, los campesinos que habitaban las comurúdades indígenas, la gran mayoría de la población rural de la nación, volvían genf"ralmrntr a las ac·tividades de subsistrncia. Claro que la exacción de los pagos tributarios no relacionados con la mita continuaron y representaron una gran fuente de ingresos para el estado durante casi todo el siglo XIX. 28 De igual manera, las exacciones tributarias continuaron estimulando la participación en el mercado de los miembros de la comurúdad quienes tenían que adquirir dinero para pagar el impuesto principal y explica la importante, ~~d_ucción de trigo en e! ~~ea domina~a por el ayllu del norte de Potosi. No obstante, la aboltc1on de la mita disminuyó significativamente la participación en el mercado de una gran parte de la población dC"bido a la disminución de la demanda de efectivo entre el campesinado autosuficiente. Esto sucedió junto con la desurbani- �146 Siglo XIX E. Langer: Bolivia y el ,wrte argentino (1810-1930) 147 zación de la región, tendencia que se inició en la segunda mitad del siglo XVll. Para 1800 la población de la alguna vez poderosa Potosí oscilaba entre los 20 000 habitantes, de los 160 000 que eran en 1640. La disminución de la población urbana se estabilizó alrededor de 1800; después sólo La Paz y, durante un corlo período Cochabamba, experimentaron un au30 mento en la población durante el siglo XIX. sentó una fuga de la moneda de plata boliviana hacia la esfera de influencia chilena.31 También debe tomarse en cuenta el grado de comercio en plata con Buenos Aires y sus efectos pero resulta muy difícil su cuantificación debido al uso de la moneda boliviana como divisa en los ámbitos del norte de la Confederación y la importancia del conlrabando sin registrar hacia la capilal argentina.32 En esencia, lo que había hecho al Alto Perú un mercado importante en casi toda Sudamérica fue la monetarización de la economía regional debido a las intensas actividades mineras. La mayor parte de la comercialización de las actividades había sido impuesta por el gobierno colonial; una vez que las parles principales de esta actividad coercitiva fueron abolidas por la independencia, la demanda del mercado disminuyó correspondientemente. Esto, por supuesto, no niega el hecho que incluso las poblaciones rurales autosuficientes participaban en el mercado. La disminución en las actividades comerciales en la región durante el siglo XIX debe verse como una baja de niveles anormalmente altos a niveles más "nonnales" compatibles con la gran población campesina de la región. Las políticas del gobierno lampoco eran consistentes. Aunque, como Tihor Wittman ha señalado, existió un debate progresivo sobre la promoción de las importaciones/exportaciones o el comercio interno, incluso los líderes que parecían favorecer a los productos locales, como Andrés de Santa Cruz, tenían políticas contradictorias. Aún cuando Santa Cruz ponía en circulación pesos febles, por lo menos al principio, con la justificación de que deseaba proporcionar el dinero suficiente para la demanda interna, también fue uno de los principales promotores del puerto de Cobija en el Pacífico el cual, gracias a políticas ara_ncelarias favorables, funcionaba como un punto importante de entrada para los efectos de ultramar que contribuyó a la ruina de las manufacturas locales. Quizás sólo Manuel Belzú (1848-1855) permaneció fiel a sus aliados artesanos, pero para entonces ya se había hecho mucho daño. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, incluso el grupo proteccionista definió su posición en líneas puramente nacionalistas, y no logró comprender la importancia de sostener los lazos de las porciones complementarias de las cercanas Argentina y Pero que mantenían la autosuficiencia del mercado interior. 33 Otro problema se relacionaba con el papel de la plata como mercancía y como moneda. Al principio los pesos febles servían como moneda en el mercado interno mientras que el gobierno producía pesos fuertes para exportación. Este sistema, sin embargo, se desintegró cuando el gobie1no aumentó la producción de pesos febles a costa de la acuñación intrínsecamente más valiosa. Esto obligó a los comf'rciantes importadores/ exportadores a aceptar pesos febles, provocando la pérdida de la moneda para los mercados internos. UN PERIODO DE TRANSICION: 1860-1890 Este problema se presentaba especialmente en dos regiones: a lo largo de la costa del Pacífico en Bolivia y en la región de Cuyo en Argentina. A pesar de los esfuerzos por parle de varias administraciones bolivianas por fomentar el desarrollo de una economía a lo largo del litoral boliviano junto con las Lierras altas del interior del país, los chilenos desde un principio empezaron a dominar el comercio del territorio costeño boliviano. Los chilenos, que estaban estrechamente comprometidos con los intereses comerciales ingleses, aceptaban cada vez con mayor frecuencia los pesos febles como pago de las importaciones del extranjero, aunque al valor inherente. Puesto que las áreas costeras se encontraban extremadamente aisladas de los centros de las tierras altas, tenían que depender en gran parte de las mercancías importadas, y de esta manera comerciar incluso con pesos febles. Resulta irónico que el declive del espacio económico supranacional con base en los mercados mineros de Potosí coincida con el resurgimiento de las minas de plata en Bolivia durante la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cómo fue posible? Tanto los cambios internos como en las economías de las naciones vecinas precipitaron el colapso de los antiguos circuitos comerciales. Internamente, el surgimiento de una élite minera nueva y dinámica ligada al capital chileno, la imposición exitosa de su programa de reformas no intervencionista y la forma como se exportaba la plata provocaron un cambio en la estructura productiva de la economía regional. También fueron factores importantes el desarrollo del comercio mundial y sus efectos en Perú y Argentina, los que ayudaron en gran parte a integrar a regiones periféricas en sus respectivas economías nacionales. Todos estos elementos provocaron la desintegración de los vestigios del antiguo "espacio económico peruano" a finales del siglo XIX. En el mismo caso, la economía de Cuyo, que durante la primera mitad del siglo XIX comerciaba más con Santiago que con Buenos Aires, repre- Como ha afinnado Antonio Milre, para la década de 1860 había sur- �148 Siglo XIX gido una nueva élite de mineros de plata. Las antiguas famil~as de la ind_ustria minera al enfrentarse al fracaso de sus empresas, recumeron a capitalistas y comerciantes que recorrían los caminos del Pacífico que contaban con los requisitos o conexiones con los mercados financieros chilenos para rescatar sus empresas. Con el tiempo estos nuevos empresarios se hicieron cargo de las minas de plata inyectándoles nuevo capital y la maquinaria más moderna. Esto provocó aumentos importantes en la producción. Por ejemplo, entre 1865 y 1895 se cuadruplicó la producción de plata en la Compañía Huanchaca, una de las empresas mineras más grandes. Otras compañías experimentaron curvas de producción similares, creando grandes fortunas para los accionistas de las compañías mineras. La producción aumentó a pesar de una baja notable en el precio de la plata, lo que se hizo notable especialmente a principios de la década de 1870.34 Una vez que los nuevos mineros lograron un predominio económico, !11· gresaron a la política para instituir un número de reformas que eUos cre1an • sus propios · bo1s1·11os. 35 traerían progreso al país y, de paso, llenanan El primer punto que unificó a los mineros fue en tomo a la exporta• ción libre de la plata y la emisión de pesos febles. Los gobiernos republicanos habían continuado la práctica colonial de exigir a todos los mineros que llevaran su plata a bancos mineros especiales en los que el metal era acuñado y los mineros recibían un precio inferior que en el mercado abierto. Además de los impuestos gubernamentales sobre la acuñación, las ganancias de los mineros disminuían todavía más por el pago de una proporción creciente de sus utilidades en pesos febles. Para la década de 1850, esto costaba a los empresarios hasta el 28% del valor original del mineral.36 Para 1873 los mineros, aliados con los comerciantes de importaciones/exportaciones, lograron una victoria importante cuando el estado declaró que el mineral de plata podía ser exportado libremente, sin pasar por los bancos. Todavía de una mayor relevancia resultó que después de 1871 la casa de moneda de Potosí dejara de producir el peso feble. Aunque los esfuerzos del gobierno por cambiar al peso feble fracasaron, estas medidas condujeron inevitablemente al declive del espacio económico supr~nacional cuando la reducción en el suministro de las monedas de plata eliminó la desventaja comparativa de los precios de las mercancías importadas. Este proceso de contracción no fue de ninguna man<'ra repentino: los pesos bolivianos continuaron circulando en un área más allá de los límites nacionales. 37 De igual manera, el resurgimiento de la extracción de plata creó temporalmente nuevas demandas que dieron por resultado el resta· blecimiento, o , en algunos casos, la creación de circuitos comerciales locales ubicados en los distritos mineros. Esto sucedió con la producción azucarera en Santa Cruz, la cual aumentó dramáticamente durante el período E. Langer: Bolivia y el norte argentino (1810-1930) 149 del auge minero. Desde finales de la década de 1870 el departamento exportó firmemente más de 800 000 kilogramos de azúcar al afio; éste fue un aumento substancial sobre las exportaciones en años anteriores, cuando estas promediaban un poco menos de los 600 000 kilogramos. 38 Del mismo modo, la provincia de Tomina en Chuquisaca experimentó una prosperidad considerable durante la segunda mitad del siglo XIX con la crianza del ganado: los comerciantes de Cochahamba se establecieron en la región y compraron pieles que después vendían a la floreciente industria peletera en su departamento de procedencia, industria 1ue había logrado una importancia considerable desde la década de 1830. 9 No obstante, la nueva prosperidad en las minas· tuvo mucho que ver con la destrucción de muchos circuitos comerciales que habían sobrevivido desde el período colonial. Esto se hizo evidente por primera vez en el comercio del trigo. Como se explicó con anterioridad, las comunidades indígenas del norte de Potosí producían trigo que vendían hasta el sur de Perú y el altiplano boliviano. Durante la presidencia de Mariano Melgarejo (1866-1871), quien favorecía los intereses chilenos, las importaciones de harina de trigo de ese país empezaron a desplazar a la producción del norte de Potosí.40 La actitud no intervencionista hacia las importacionl',s extranjeras que caracterizó el régimen de Melgarejo no cesó después de su caída; a pesar del repudio de los gobiernos subsecuentes a las políticas de Melgarejo, esto no se extendió hacia su inclinación por un comercio liberal. Como lo demuestra el ejemplo de la extracción librt> d<· plata, las nuevas élites políticas de Bolivia favorecían en la década de 1870 las políticas no intervencionistas y de libre comercio. Esta actitud se extendió también a las importaciones extranjeras; la harina de trigo chilena continuó invadiendo al país. En 1876 una vía férrea de Moliendo en la costa peruana a Puno, m el lado peruano del Lago Titicaca, reorientó al comercio del norl<: de Bolivia, La Paz en particular, hacia Perú. Desde esta fecha hasta los inicios del siglo XX el altiplano boliviano, con su gran población indígena.cayó bajo la influencia de la región económica de Arequipa. A cambio de la lana de ovejas y alpaca, las firmas comerciales de Arequipa aprovisionaban la región con productos importados del extranjero.41 Las políticas de libre comercio adoptadas por el gobierno boliviano produjeron la fragmentación del país en tres esferas separadas que provocó la desintegración efectiva del antiguo espacio económico localizado en las minas de Potosí. La Paz y el norte de Bolivia, por medio del ferrocarril Moliendo-Puno y la ruta Arica-La Paz, orientó el comercio hacia Perú. Con el tiempo la región sureste de Bolivia, se convirtió en una dependencia de la economía de Buenos Aires; y la región central se rela- .. �150 Siglo XIX cíonó con la economía chífona, La Guerra del Pacífico (1879-1884), en la que Bolivia, aliada con Perú, perdió su costa del Pacífico en favor de Chile, fué un elemento crucial en esta transformación. Al principio, la guerra reorientó el comercio hacia Argentina, fortaleciendo quizá temporalmente las relaciones del norte de Argentina con el sur de Bolivia. Entre 1879 y 1880 el comercio de Bolivia con Argentina se triplicó a casi 700 000 pesos argentinos, puesto que el estado de guerra a lo largo de la costa del Pacífico imposibilitaba el comercio.42 Los comerciantes bolivianos en Tarija, a lo largo de la frontera argentina, se beneficiaron más que todo de este cambio en los patrones comerciales, a pesar de sus quejas frecuentes sobre los medios deficientes de comunicación. Las firmas familiares como Trigo Hermanos, V. Navajas e Hijos, Paz Hermanos, y M. Araoz e Hijos, lograron importancia durante este período aliándose con los bancos y las compañías comerciales de Buenos Aires.43 Sin embargo, las relaciones con Argentina fueron efímeras en lo que respecta a las regiones mineras del centro de Bolivia. El Pacto de Tregua de 1884 con Chile dió a la nación victoriosa un control substancial sobre el comercio de Bolivia. Los productos chilenos entraron sin ninguna barrera arancelaria, creando grandes dificultades a la industria nacional. Todavía más destructiva resultó la construcción de vías férreas entre la costa del Pacífico y los centros mineros de Bolivia. Uno de los planes más importantes de los mineros de plata era construir ferrocarriles para exportar hacia la costa los minerales a bajo costo. Esto se hiw finalmente posible después de la guerra cuando los capitalistas chilenos y también los ingleses S(' aliaron con los mineros bolivianos en la construcción de los ferrocarriles di" la costa del Pacífico (ahora propiedad de Chile) hacia los centros mineros. Así por ejl"mplo la comp;tñía Huanchaca, la cual contaba con una participación importante de financieros chilenos, logró que se extendiera una vía férrea que llegaba a los depósitos dP. nitrato hasta la región minera boliviana. El ferrocarril llegó al pueblo minero de Uyuni en 1889, Oruro en 1892, y La Paz en 1908. La compañía Huanchaca estableció también ramales tributarios hacia sus minas ubicadas en el centro de Potosí, reduciendo en gran parle los costos de tra11sporte. 44 Los ferrocarriles eran una necesidad indudable para la prosperidad de las compañías mineras, pues los precios de la plata continuaban disminuyl"ndo al transcurrir el siglo. De esta manera las empresas mineras podían reducir no sólo los costos de transportación, sino además los gastos de refinamiento enviando los minerales en un estado de menor pureza. 45 DE LA PLATA AL ESTAÑO. 1890-1930 A pesar di" los esfuerzos de los mineros por conlrarrrslar la caída en los E. Langer: Bolivia y el norte argentino (1810-1930) 151 precios de la plata, esto resultó imposible para principios de 1890. Las compañías mineras explotadoras de plata fueron quebrando una tras otra, ocasionando esto grandes dificultades no solamente entre los trabajadores sino a la vez entre la oligarquía minera antigua. No fue sino hasta finales de siglo cuando el estaño empezó a ocupar el lugar de la plata como metal principal de exportación. Como resultado, se fue desplazando el centro económico del país hacia el norte, concretamente a La Paz, en donde ya grandes empresas extranjeras habían asentado sus centros de operaciones. Incluso Simón Patiño, el gran magnate boliviano del estaño, contaba con apoyo importante de intereses norteamericanos.46 Las tendencias emergentes en la última década del período anterior se acentuaron cada vez más. Aunque la influencia del ferrocarril vino a ser una bendición para los mineros del estaño, resultó desastrosa para los remanentes del mercado interno. Costaba menos transportar granos por ferrocarril desde Chile hacia los centros mineros y urbanos que desde los centros de producción más cercanos y tradicionales. Como declaró en 1894 un administrador de haciendas tanto en Cochabamba como en Chuquisaca: El año agrícola ha sido bueno, y será mejor con la perspectiva de buenos precios, salvo la competencia lo haga bajar, y en especial la que nos hace el ferrocarril, que vomita en cada tren cientos de quintales de harina de trigo que se sobreponen en el mercado a las que rinden nuestros molinos.47 Asimismo, las telas fabricadas en telares al igual que otros productos importados eran vendidas con mucha frecuencia más baratas en las regiones mineras que lo que se producía en la localidad. A pesar de esta tendencia, los pequeños poblados esparcidos por el altiplano boliviano experimentaron un resurgimiento en importancia comercial y política. Silvia Rivera ha formulado la hipóLesis de que los mestizos que predominaban en estos poblados fueron capaces finalmt>nte de monopolizar el comercio en las provincias como resultado di• la llegada dl"I ferrocarril que reemplazó a los numerosos arrieros, indios en su mayoría, quienes habían impedido inicialmente la concentración de mercados en los pueblos dominados por los mestiws.48 El proceso de expansión de las haciendas durante finales del siglo diecinueve y en los inicios del veinte, que daría por resultado la incorporación de grandes partes de tierras comunitarias a las fincas del altiplano, también indudablemente tuvo mucho que ver con el desarrollo de las poblaciones provincianas. Aunque muchas haciendas mantenían relaciones tradicionales en las tierras recientemente adquiridas, la organización del �152 Siglo XIX área rural en haciendas encauzó un porcentaje mucho mayor del excedente del campesinado del altiplano hacia la economía monetaria y contribuyó a proporcionarle a las poblaciones una importancia comercial adicional, como nexos importantes entre el campesinado y la economía urbana. Los ferrocarriles de la costa del Pacífico no llegaron a Potosí hasta 1911 y no lograron integrar gran parte de las porciones este y sur del país a la red minera central. Estas regiones, incapaces de competir con las importaciones baratas, e ignoradas en gran medida por la oligarquía argentífera dominante. se fueron convirtiendo en dependencias económicas de los países cercanos. Tal vez el caso más flagrante fue el de las zonas de Acre y Beni, productores de caucho en la parte noreste de Bolivia, pero esta área siempre había permanecido extremadamente marginada de la red comercial en la parte central del Potosí.49 Lo que es mucho menos conocido es que ocurrió un proceso similar a lo largo de la frontera sureste de Bolivia. Hacia finales del siglo diecinueve, cuando millones de inmigrantes inundaron el litoral argentino, el estado federal consolidó finalmente su control político sobre las áreas alejadas, y (en forma relacionada) se construyeron ferrocarriles desde Buenos Aires hacia el interior. La economía de la región sureste de Bolivia (Tarija, el oriente de Chuquisaca y el sur de Santa Cruz) fue quedando cada vez más bajo el control de la economía del Atlántico basada en Buenos Aires. Los comerciantes establecidos en Tarija, quienes empezaron a prosperar durante la Guerra del Pacífico, estaban en una posición de sacar ventaja de innumerables contactos con sus colegas argentinos y empezaron a importar enormes cantidades de textiles de fabricación europea desde Buenos Aires hasta el sureste de Bolivia. Transportaban su mercancía de Buenos Aires por ferrocarril al extremo de la línea cercana a la frontera boliviana, y luego transbordaban sus productos a lomo de burro y de mulas, en caravanas de hasta 200 cabezas, conducida por muleros provenientes de la provincia de Catarnarca al norte de Argentina. Otros iban hacia la feria en Yavi, cerca del centro ferroviario argentino, para comprar mercancía europea. Compraban algunos artículos de lujo y telas ligeras, al igual que algo de azúcar de Jujuy, con los que abastecían gran parte de la región marginada por el desplome de mercados de plata y la reorientación del comercio de las regiones montañosas occidentales hacia el Pacífico. 50 El comercio no se restringía al movimiento hacia el norte de manufacturas extranjeras principalmente al sureste de Bolivia. Asimismo y en forna creciente se desplazaban hacia el sur hombres y animales del Chaco Boliviano. Los indios Chiriguanos, el grupo étnico más numeroso a lo largo de las estribaciones de los Andes en Bolivia con 46 000 miembros en 1880, emigraban cada ve--¡; más hacia los ingenios florecientes de Jujuy para traba- E. Langer: Bolivia y el norte argentino (1810-1930) 153 jar durante la zafra. Aún cuando este desplazamiento puede remontarse a la década de 1850, empezó a tener importancia durante los últimos años del siglo diecinueve, ya que innumerables indios permanecieron en Argentina, ocasionando esto una escasez laboral excesiva en las haciendas de Bolivia de donde habían venido.51 Esta migración a su vez se debía en gran parte no solamente a la atracción que ejercía en los indios la próspera economía azucarera del noroeste Argentino, sino también a los patrones de colonización ocasionados por el éxito de los comerciantes de Tarija. Conforme dichos comerciantes acumulaban capital, invertían grandes porciones del mismo en terrenos. Esto a su vez condujo a una concentración de tierras en los valles alrededor del Tarija en manos de ricos comerciantes y a la expulsión de pequeños granjeros, quienes habían vivido en estas tierras, hacia territorio fronterizo al norte y al este en las márgenes del Chaco. La presión ejercida por estos colonizadores condujo al éxodo de los Chiriguanos hacia la Argentina, donde percibían muchos mejores sueldos y eran tratados con mayores consideraciones que en su tierra natal. Hacia principios del siglo veinte los cultivadores de la caña azucarera, particularmente en el valle de Ledesma en el Jujuy, ya se habían vuelto extremadamente dependientes de los Chiriguanos y de otras tribus del Chaco para su fuerza laboral. Como señaló un observador contemporáneo, el chiriguano es irremplazable en el trabajo de pala y en la labor, como el mataco (otra tribu Chaco) lo es en el corte y en la hacha. El ingenio es su creación; suprímase el indio, y todas esas riquezas, toda esa civilización naciente, muere, falta de trabajo que elabore. 52 Además, el comercio de la ganadería del Chaco boliviano unía la región con el norte de Argentina. Sin embargo, este ganado no era consumido en la Argentina, sino engordado en Salta y reexportado hacia las minas de nitrato del norte de Chile, varias en territorios anteriormente bolivianos.53 Así nació un nuevo circuito comercial, que hasta cierto punto reunificó un área que había sido subdividida entre tres estados diferentes. No obstante, este nuevo circuito utilizó la red ferroviaria argl'ntina extensamente para traer ganado a los mercados. La culminación de este negocio comercial ocurrió entre los inicios de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión cuando, conforme a un cálculo, Bolivia exportó 25 000 cabezas de ganado a la Argentina en 1921, cuando tuvo su máxima prosperidad. Desafortunadamente, las cifras oficiales son totalmente inadecuadas para la medición de este comercio, ya que con demasiada frecuencia se sufría de contrabandos a lo largo de la frontera escasamente poblada e indefensa.64 ... �154 Siglo XIX La dependencia económica del suroeste de Bolivia con Argentina fue observado con alarma sólo cuando el gobierno central se interesó en el Pilcomayo y en otros ríos en el Chaco como una vía para disminuir su dependecia de Chile para las exportaciones. Como observó el Ministro de Colonización, el proceso de integración de la región a la economía argentina había ido demasiado lejos. De acuerdo a este oficial hasta ahora Cordillera, el Azero y el Chaco, no tienen más comercio que con la Argentina, donde exportan su producción ganadera... De otro lado, los consumos del Chaco principalmente en la región del Pilcomayo, son atendidos desde Fonnosa,JujuyySalta. El Chaco, siendo una región políticamente boliviana, es una de55 . d el extranJero . ' · pendencia en lo comerc1"al y econom1co. La sangrienta Guerra del Chaco (1932-35), que entablaron Paraguay y Bolivia en esta región, puso fin a estos patrones comerciales. La guerra aniquiló los grandes rebaños de ganado, y los Chiriguanos huyeron de los ejércitos hacia el interior o permanecieron como refugiados en la Argentina. Además, la Gran Depresión virtualmente cerró las minas del norte de Chile, destruyendo esta oportunidad de mercado. En efecto, la Depresión de los años 30 eventualmente condujo a una mayor participación del estado en asuntos económicos en todo el hemisferio. Las medidas proteccionistas adoptadas en todas partes anunciaron el fin de la economía regionaJ que abarcaba la región central de los Andes. Efectivamente, este fue el fin de lo que quedaba del espacio económico en el antiguo Potosí. CONCLUSIONES En realidad, las fronteras políticas no correspondieron a las regiones económicas en el corazón de América del Sur hasta muy avanzado el siglo XX. Como ha sido cada vez más evidente, patrones heredados de la época colonial jugaron un papel mucho más importante en el desarrollo de la región de Jo que se pensaba anteriormente. Aún aceptando que el área centTal andina es fuertemente representativa de este fenómeno -dado el aislamiento de la región hasta fines del XIX y la fuerza del "espacio económico peruano" con centro en la minería y los mercados urbano.s de Potosí- la persistencia e importancia de patrones comerciaJes supranacionales en América Latina durante el XIX es un asunto de extrema importancia, que ha sido casi completamente ignorado como consecuencia de la más reciente concentraci~n de los enfoques sobre el comercio ultramarino con las economías del Atlántico norte. ¿Qué implicaciones tiene esta perspectiva sobre los mercados internos para el estudio histórico de la América Latina del siglo diecinueve? Por una parte, el modelo orientado hacia la exportación que logró predominio E. Langer: Bolivia y el norte argentino (l 810-1930) 155 a finales del siglo diecinueve tuvo que reemplazar a otro sistema económico viable, aunque quizá no tan dinámico, ya implantado. Así, el triunfo del liberalismo implicó la destrucción de un orden anterior que había proporcionado un cierto nivel de prosperidad o cuando menos una mínima seguridad económica a un extenso segmento de la población en Latinoamérica. Aunque es un truismo que el nuevo modelo económico ocasionó una gran miseria, especiaJmente entre la población ruraJ, las causas de esto, fincadas en un profundo conocimiento de los cambios en la estructura económica desde el movimiento de independencia y no solamente desde finales del sigfo XIX, no se han esclarecido. Más aún. debemos redefinir nuestras unidades de análisis. Como he tratado de sugerir en estP bosquejo sobre un área particular, el concepto de "economía ~acionaJ" es, en gran medida, irrelevante para una interpretación de la historia económica de la región hasta el siglo veinte. En el caso de la región central andina, aún la destrucción de los antiguos patrones comerciales supranacionales no implicó el establecimiento de nna economía nacional. De esta manera, Bolivia quedó dividida en tres o hasta cuatro regiones económicas (si uno considera la economía del caucho dr las regione.s selváticas marginales del noreste) para fines del siglo diecinueve. Cada una de ellas tenía mayor contacto con alguno de los países vecinos que con otras regiones económicas dentro de la nación. ¿No podría ser aplicable este modelo, por el cual no queda establecida una verdadera economía nacional hasta mucho después de las declaraciones formales de independencia, para otras partes de América Latina? NOTAS 1.- Cualquiera que esté trabajando sobre el problema de los efectos de la economía minera argentífera en el Potosí debe sentirse agradecido con Carlos Sempat Assadourian y con Tristán Platt, Antonio Mitre y Heraclio Bonilla. Para un deuneamiento bastante sugestivo de un proyecto en colaboración que enfoca este problema. ver Minería y eapacio económico en los Andes, siglos XVI-XX, de Carlos Sempat Asi.adourian, Heraclio Bonilla. Antonio Mitre y Tristán Platt (Lima. 1980). 2.- Carlos Sempat Assadourian, El sistema de la economía colonial: Mercado interno, regiones y espacio económico (Lima. 1982). �E. Langer: Bolivia y el norte argentino (1810-1930) 156 Siglo XIX 157 3.- Guillenno Céspedes del Castillo, "Lima y Buenos Aires: Repercusiones económicu y políticas de la creación del virreinato de la Plata", Anuario de Estudios Americanos, 3 (1946), pp. 669-874; Jonathan Brown, A Socio--Economic History of Argentina, 1776-1860 (Cambridge, 1979), pp. 9-49. 10.- Joseph Barclay Pentland, Informe sobre Bolivia, tr. de Jack Aitken Soux (Potosí, 1975), pp. 103-105. 4.- Asthenio Averanga Mollinedo, Aspectos generales de la población boliviana (La Paz, 1974), p. 2. Aunque esta cifra data de 1831, presumiblemente la población de Bolivia no había cambiado mucho (y quizá hasta hubiera disminuído) desde 1800. Para el caso de Argentina, ver Ernesto J. A. Maeder, Evolución demográfica argentina desde 1810 a 1869 (Buenos Aires, 1969). í2.- Para una estimación de las inversiones británicas dentro de la industria minera en la Bolivia republicana de los primeros años, ver de William Lofstrom, "Attempted Economic Refonn and lnnovation in Bolivia under Antonio José de Sucre (1825-1828)", Hispanic American Historical Review, 50:2 (1970), ,>p. 279-299 y de Guillermo Ovando Sanz, "British interests in Potosí", Hispa11ic American Historical Review, 45:1 (1965), pp. 64-87; Antonio Mitre, Los patriarcas de la plata: Estructura socioeconómica de la minería boliviana en el siglo XIX (Lima, 1981 ), pp. 80-88. 5.- Para valoraciones recientes de las tramfonnaciones de la mita, ver Peter Bakewell, Miners of the Red Mountain: lndian Labour in Potosí, 1545-1650 (Albuquerque, 1984), y Jeffrey A. Cole, The Potosí Mita, 1573-1700: Compulso'! lndian Labor in the Andes (Stanford, 1985). Por supuesto, gran parte de lo nusmo podría decirse acerca de la orientación subsistente de otros grupos en el Virreinato de Buenos Aires; como en el caso de la "cultura de la ganadería" en gran parte autosuficiente que floreció a lo largo de la frontera de las pampas. Ver Ricardo E. Rodríguez Molas, Historia social del gaucho, 2a. ed. (Buenos Aires, 1982), y Richard W. Slatta, Gauchos and the Vanishing Frontier (Lincoln, 1983). 6.- Con relación al tema del comercio de mulas, ver de Florencia Cornejo, "El Litoral, Salta y el Perú, unidos por una compañía de mulas (Olavegoya-Candioti~, 1798-1810" Tercer Congreso de Historia Argentina y Regional, 4 (Buenos Aires, 1977), ;p. 151-161; y "El comercio de mulas de Salta con el Litoral, Córdoba, Alto y Bajo Perú (1800-1810)", Cuarto Congreso Nacional Y_,Regional de Historia Argentina, 1 (Buenos Aires, 1979), pp. 365-373. Ta,rnb1e~ ver de Carlos Sempat Assadourian, "El sector exportador de una econom1a reg10nal del interior argentino, Córdoba, 1800-1860 (Esquema cuantitativo Y form~~ de producción)", en El sistema de la economía colonial, pp. 222-276. Tamb1en se incluye una buena parte de material sugestivo en Nils Jacobson Y Hans-Ju.rgen Puhle, eds., The &onomies of Mexico and Pero During the Late Colonial Period 1760-1810 (Berlín, 1986). 7.- Erick D. Langer, "Rural Society and Land Consolidation in a Declining Economy: Chuquisaca, Bolivia 1880-1930", Tesis Doctoral (Stanford, 1984), pp. 130-133. 8. Citada en Emilio A. Bidondo, La Guerra de la independencia en el norte argentino (Buenos Aires, 1976), p. 159. Además de la obra excelente Y detallada de Bidondo ver Tulio Halperín Donghi, Poli tics, Economics and Society in Argen• tina in the Revolutionary Period (Cambridge, 1975), pp. 264-269 para un análisis sucinto del "sistema Güemes". 9.- Archivo Histórico de la Provincia de Jujuy (en lo sucesivo, AHPJ), 1821, Caja No. l 20 Hacienda, "Expediente referido a productos que consignaba el comerci~nte'Santiagueño José Benigno Frías para la población de Tupiza". Para el comercio de mulas en 1823, ver Archivo Histórico de la Provincia de Salta, Hacienda 449, "Libro auxiliar del ramo de Sisa del año 1823". Las prohibiciones contra el comercio están especificadas en AHPJ, 1825, Caja No. 1, 1.1.2. "Agustín Dávalos al Inte. de Exerto. Don Antonio del Pino Teniente Tesorero de esta Casa", f. l. 11.- /bid., pp. 102-105. 13.- Archivo Nacional de Bolivia, Sucre (en lo sucesivo ANB), Tribunal Nacional de Cuentas (en lo sucesivo TNC), 2256, "Libro Manual principal de la Aduana Nacional del Departamento de Potosí. .. 1839", No. 364. 14.- ANB, TNC 2256, passim; TNC 2197, "Libro Manual principal de la Aduana Nacional de Potosí. . .1841 ". Para 1839, las cifras exactas eran: efectos de ultramar: 833 817 pesos, bienes domésticos: 30 818 pesos, estados limítrofes: 9 694 pesos. Para 1841, efectos de ultramar: 809 588 pesos, bienes domésticos: 8 593 pesos, estados limítrofes 3 262 pesos. 15.- Pentland, p. 103. De acuerdo al autor, 8 000 cargas equivalían a 200 toneladas de .algodón limpio. La cita acerca de Cinti es de la pág. 60. Ver también de Edmond Temple, Travels in Various Parts of Pero, 2, (Londres, 1830), p. 346, para otro enfoque de la Cinti republicana de los primeros años. 16.- Para Chuquisaca, ver a Pentland, pp. 56-60; para Cochabamba, ver de Brooke Larson, "Economic Decline and Social Change in an Agrarian Hinterland: Cochabamba (Bolivia) in the· Late Colonial Period", Tesis Doctoral (Universidad de Colombia, 1978); ver también del mismo autor, Explotación agraria y resistencia campesina en Cochabamba, 2a. ed. (Cochabamba, 1984), especialmente pp. 165-191; Erwin P. Brieshaber, "Survival of lndian Communities in Nineteemn-Century- Bolivia", Tesis Doctoral (Universidad de North Carolina, 1977), p. ~28; P~ra el nor~e del Potosí, ver de Tristán Platt, Estado &liviano y ayllu andino: Trerra y tributo en el Norte del Potosí (Lima, 1982), pp. 23-35. De acuerdo con José María Dalence, el Potosí en 1846 produjo las máximas cantidades de trigo, -~92 354 fa,negas, mientras que Cochabamba obtuvo el primer lugar en producc1on de ma1z, aportando 476 794 fanegas. Chuquisaca quedó en ter~r lugar de la p'toducción de trigo co~ 60 400 fanegas y tercero (después de Tar1Ja pero antes del Potosí) en produccion de maíz con 242 266 fanegas. Ver de Dalence, Bosquejo estadístico de Bolivia (1851: reimpreso La Paz 1975) p. 238. ' ' . ' 17.- Dalence, pp. 278-281; ver también de Tibor Wittman, "Reflexiones sobre las ideas económicas de José María Dalence", &tudios Históricos sobre Bolivia (La Paz, 1975), pp. 177-193. 18.- Assadourian, et. al; Antonio Mitre, "Espacio regional andino y política en el sigl~ XIX", Historia Boliviana, 2:2 (1982), pp. 165-178; Mitre, Los patriarcas, capitulo 6. �158 Siglo XIX 19.- Phillip T. Parkerson, Andrés de Santa Croz y la Confederación Pero-Boliviana, 1835-1839 (La Paz, 1984). Para detalles acerca de la invasión del Jujuy, ver pp. 239-244. Para un mayor contexto geopolítico, ver de Robert N. Bun, By Reason or by Force: Chüe and the Balancing of Power in South America, 1830-1905 (Berkeley, 1965). 20.- Para el Perú, ver de Assadourian, et. al., pp. 90-91; para efectos de la imposición del papel moneda en la Argentina, ver Archivo Histórico de la Provincia de Tucumán, Colección Anselmo Rojas, Correspondencia, Vol. 2 (años 1854-1856), José Hilario Carol a Manuel Taboada, Paraná, 19 de agosto, 1854, y Roque Alvarado a Anselmo Rojas, Jujuy, 7 de septiembre, 1854. 21.- Citado en Assadourian, et. al., pp. 90-91. 22.· Para un resumen de asuntos comerciales, ver de David Bushnell, Reform and Reaction in the Platine Provinces, 1810-1852 Gainesville, 1983). Mi argumento en gran parte contradice la obra clásica de Miron Burgin, Aspectos económicos del federalismo argentino, trad. de Mario Calés (Buenos Aires, 1960), quien postuló que la industria del interior se deterioró rápidamente con la intromisión impetuosa de los fabricantes británicos. Creo que su concentración sobre los años iniciales de la república (principalmente la década de 1820) y su enfoque en la provincia de Buenos Aires Jo condujeron erróneamente en cuanto a los efectos de las importaciones a largo plazo. 23.- Para un análisis sobre el caudillo, ver de Eric R. Wolf y Edward C. Hanson, "Caudillo Politics: A Structural Analysis", Comparative Studies in Society and Hi4tory, 9:2 (1967), pp. 168-179. 24.- Por ejemplo, en 1839 todos los embarques de oro, excepto uno (de valor no determinado) iban dirigidos a Salta o a Jujuy, por un valor total de 3,066 pesos. Ver ANB, TNC 2256. 25.- Las estadísticas comerciales proceden de la Comisión de Comercio, "Informe económico de los señores Victorino Solá, Juan G. Leguismon, Atanasio Ojeda, Vicente Ansóategui y Segundo D. de Bedoya, comisionados el 17 de mayo de 1852 por la Junta General de Comerciantes de la Provincia de Salta", Revi4ta de Economía R~ona/ (1964), pp. 67. La cita es del mismo reporte, p. 68, también mencionado en Graciela Lloveras de Arce, "Aportes para el estudio del comercio entre Salta-Cuyo durante el siglo XlX", Cuarto Congreso Nacional y R~onal de Historia Argentina, 1 (Buenos Aires, 1979), p. 143. 26.- Tristán Platt, Estado tributario y librecambio en Potosí (siglo X[X): Mercado indígena, proyecto proteccionista y lucha de ideologías monetarias (La Paz, 1986), p. 16. E. Langer: Bolivia Y el norte argentino (1810-1930) 159 29.- Platt, Estado boliviano, pp. 23-35. 30.- Wolfgang Schoop, Ciudades bolivianas (La Paz, 1981). 31.- Platt'. Estado tributario y de Lloveras de Arce, "Aportes". Salta también tenía r~lac1ones comerciales con Chile, y la plata pudiera igualmente haber sido canalizada a través de esta región. 32.- Ver _por ejemplo los constantes intentos de Dámaso de Uriburu un comerciante Y _mmero de_S:i1ta en Bolivia, de extraer mineral como contraban'ao hacia Buenos ~~s. De ~ilham Lofstrom'. f!ámaso de Uriburu: Un empresario minero de princ1p1os del siglo XIX en Bolivia, tr. de Marta Urioste de Aguirre (La Paz, 1982). 33.- Para _el ~esarrollo de Cobija como puerto principal, ver de Femando Cajías, La prov1~cra de Atacama (1825-1842) (La Paz, 1975), pp. 248-252. Para una valorac10~ de la administración de Belzu, ver de Herbert S. Klein, Bolivia: The Evolutwn of a -~ulti-Ethnic S?ciety (Nueva York, 1982), pp. 128-131; igualmente, en relacion con las pohticas monetarias, ver de Platt, Estado tributario, pp. 34-38. 34.- Mitre, Los patriarcas, pp. 25-42. 35.- lbid., pp. 66-{;7; para un contexto mas amplio que la minería, ver de Herbert S. Klein, Parties and Política/ Change in Bolivia 1880-1952 (Cambridge 1969) pp. 18-38, y de Langer, "Rural Society", pp. 23-31. • ' 36. Mitre, Los patriarcas, pp. 46-49; Julio Benavides, Historia de la moneda en Bolivia (La Paz, 1972), pp. 38-39. 37.- Este fue el caso en Tucumán durante 1875. Ver por ejemplo, de Donna J. Guy, Argentine Sugar Politics: Tucumán and the Generation of Eighty (fempe, 1980), p. 20. 38.- Gustavo Rodríguez O., "Capitalismo, crisis de mercado y luchas regionales en Santa Cruz (1891-1932)", Correo, (Cochabamba, 6 y 13 de febrero, 1986), pp. 4-5. 39 .· ~ara Tomina, ver de Erick D. Langer, "Rural Society and the Mining Economy m Southem Bolivia", manuscrito sin publicar (1986), capítuJo 7 sobre Cochabamba; ver de Gustavo Rodríguez O., "Análisis histórico del proceso de constru5cción de una región", Los Tiempos (Cochabamba, 14 de septiembre, 1985), p. . 40.- Platt, Estado boliviano, p. 35. 41.- Alberto F1ores-Galindo, Arequipa y el sur andino (siglos XVII-XX (Lima, 1977), pp, 61-145. 27 .• Para la mita colonial, ver nota 5. Evidentemente hubo una resurrección parcial de la mita durante el período republicano como "la mita voluntaria" en 1829. Ver de Platt, Estado tributario, pp. 31-32. Ver también el Archivo de la Casa de la Moneda (Potosí), PD 109 "Correspondencia del Tribunal de Minería", Martín de Jáuregui al Prefecto de Potosí, Potosí, 24 de junio, 1831. 42.- ~in.i~terio de Hacienda, Estadística del Comercio Exterior y de la Navegación 1ntenor y exterior de la República Argentina correspondie,¡te a! año 1880 (Buenos Aires, 1881), pp. 61-{;2. 28.· Nicolás Sánchez Albornoz, Indios y Tributos en el Alto Perú (Lima, 1978), pp. 187-218. 43.- ":'er por ejemplo La Estrella de Tarija, 6:159 (28 de abril, 1882) p. 2. La histona del desarrollo de las empresas comerciales de Tarija es un relato fascinante �160 Siglo XIX que no se há escrito. 44.- Thomas P. O'Brien, "The Antofogasta Company: A Case Study of Peripheral Capitalism", Hispanic American Historical Review, 60:l (1980), pp. 1-31; Mitre, Los patriarcas, pp. 166-179. LA FORMACION DEL MERCADO INTERIOR EN CONDICIONES COLONIALES Inmigración y Comercio Catalán en las Antillas Españolas durante el Siglo XIX 45.- Mitre,Lospatriarcas, pp. 191-192. Jordi Maluquer de Motes* 46.- Herbert S. Klein, "The Creation of the Patiño Tin Empire", lnteramerican &onomic Affairs, 19:2 (1965), pp. 3-23. 47.- Biblioteca de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz), Colección Gregario Pacheco, "1893 Jilio (sic) de 1893 a mayo 11 de 1895, libro del Dr. José Ma. Valda, 1895", p. 274. 48.- Silvia Rivera, "La expansión del latifundio en el altiplano boliviano: Elementos para la caracterización de una oligarquía regional", Avances, 2:2 (1978), pp. 95-118. .. 49.- Para un panorama general acerca de la economía del caucho en Bolivia, ver de Valerie J. Fifer, Bolivia: Land, Location and Po/itics Since 1825 (Cambridge, 1973). 50.- Entrevista, Alberto Navajas Trigo, Tarija, 14 de julio, 1986. 51.- La primera noticia sobre el desplazamiento de los Chiriguanos a la Argentina para laborar en los campos de caña de azúcar proviene de El Comercio (Salta), 3:175 (7 de enero, 1857), pp. 1-2 y 3:178 (10 de enero, 1857), pp. 1-2. Las formas de migración de los Chiriguanos y sus efectos en la economía rural del sureste de Bolivia se discuten en Erick D. Langer, "Franciscan Missions and Chiriguano Workers: Colonization, Acculturation and Indian Labor in Southeastern Bolivia", The Americas, 42 (enero, 1987). 52.- Juan Bialet y Massé, El estado de úu cúues obreros argentinas a comienz:os del siglo (1904; reimpreso, Córdoba, 1968), p. 83. 53.- Dirección General de Aduanas, Sección de Estadística Comercial, Comercio especial deB.olivia, afio 1918 (La Paz, 1919), pp. 17-18. 54.- Manuel S. Mendieta, Tie"a rica, pueblo pobre: Por nuestras fronteras (Sucre, 1928), p. 58. Para una discusión sobre el comercio ganadero en el sureste de Bolivia y sus implicaciones, ver de Langer, "Rural Society", pp. 198-204. 55.- Biblioteca Nacional de Bolivia (Sucre), Publicaciones Oficiales, A. Melean, Memoria de Guerra y Coloniz:ación, 1927 (La Paz, 1927), p. 116. 56.- Para los efectos de la gran depresión en Bolivia, ver de Lawrence Whitehead, "El impacto de la gran depresión en Bolivia", Desarrollo Económico, 12:45 (1972), pp. 49-80 Para el Perú, ver de Rosemary Thorpe y Geoffrey Bertram, Perú 1890-1977: Growth and Policy in an Open &onomy (Nueva York, 1978); para la Argentina, dos de los mejores volúmenes son: de Carlos F. Díaz Alejandro, Essays on the Economic History of the Argentine Republic (New Haven, 1970), pp. 94-105 y de Laura Ranclall, An Economic History of Argentina in the Twentieth Century (Nueva York, 1978). Cuba y Puerto Rico durante el siglo XIX constituyen un excelente ejemplo del proceso de formación del mercado interior bajo dominio colonial en régimen esclavista. Las razones son, por lo menos, de dos tipos. En primer lugar, el haberse tratado de un fenómeno tardío le proporciona la ventaja de la abundancia de información y la posibilidad de contrastar suficientemente el análisis. En segundo lugar, la rápidez con que tuvo lugar, sobre todo en el caso cubano, le confiere una gran claridad, lo que facilita su estudio. En este trabajo me propongo desentrañar la naturaleza de los mecanismos más sobresalientes que intervienen en ello y poner de relieve sus principales consecuencias. El importante papel de los comerciantes catalanes en este proceso será el hilo conductor fundamental. LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA COLONIAL Y LA FUNCION DEL COMERCIO EXTERIOR La estructura de la economía colonial puede ser descrita por medio de un modelo extraordinariamente simple capaz de mostrar los sectores fundamentales en que está dividida. La fórmula más idónea para lograrlo consiste en agrupar aquellos procesos y productos que, pese a su diversidad, contienen elementos en su comportamiento y/o en su naturaleza suficientemente uniformes como para justificar su agregación. La información concreta sobre la que se ha procedido a diseñar el modelo corresponde fundamentalmente a la isla de Cuba1 y en la definición de los sectores que lo componen se ha dejado de lado el factor tiempo. Los principales subconjuntos que integran la producción en el ámbit0 colonial y las corrientes comerciales gue les están asociadas son cinco: "'Departamento de Economía e Historia Económica. Universidad Autónoma de Barcelona. �162 Siglo XIX 1) Agricultura exportadora fuertemente especializada y en régimen de monocultivo. Constituye una muy elevada proporción del producto nacional y vende la casi totalidad de su producción en el exterior, bien sea de forma directa o después de su procesamiento por la industria transformadora. Es el sector líder de la economía hasta el punto de que su trayectoria influye decisivamente sobre los restantes que le están subordinados. Además confonna de un modo muy acusado a la sociedad entera. 2) La industria transformadora de los bienes agrícolas de exportación tiene un papel auxiliar respecto de la agricultura exportadora: su propia entidad es función del tamaño de la misma así como de las relaciones con los mercados externos, que pueden causar la extracción tras un procesamiento parcial o incluso sin ninguno. Obviamente, dirige una proporción abrumadora de las mercancías elaboradas al exterior. 3) Agricultura y ganadería auxiliar orientadas a cubrir las necesidades de las actividades exportadoras. En este caso, la producción presenta un muy alto coeficiente de comercialización y también un carácter de inmediatez, en ocasiones incluso geográfica, muy claro frente a sus habituales frentes de demanda. Para los consumidores de los bienes producidos por este grupo, las mercancías se extraen del ámbito local y cuando no pueden obtenerse de ese modo se adquieren en el área con excedentes más próxima en términos de costes de transporte. 4) Agricultura y ganadería local dirigida a la satisfacción de la demanda final de alimentos, con un fuerte componente de cultivos de subsistencia tanto en las estancias próximas a las poblaciones como, y mucho más todavía, en los conucos de los esclavos2 • La producción comercial es distrihúida fundamentalmente en el ámbito local a través de los mercados y de la venta ambulante. 5) Artesanado y pequeña industria urbana aplicados a la producción de una parte reducida del total de los bienes manufacturados demandados internamente. Tienen un carácter marginal, limitado a aquellos tipos de bienes para los cuales los consumidores exigen condiciones específicas, o complementario respecto de los manufacturados de importación. Todo el sistema está regido por el sector exportador que determina la capacidad de importación, la entidad de los sectores orientados hacia la demanda interna e, incluso, los niveles de la recaudación tributaria. Dado el carácter esclavista de la economía de plantación (azúcar, café. ..), la ]. Maluquér de Mote,: El mercado interior en la, Antilla, e1pañoúu 163 ~uricultura exportadora condiciona el monto total -de la población al prop~rcionar los recursos necesarios para proceder a la inmigración forzada de mano de obra exterior. Existe, por consiguiente, una fuerte interdependencia estructural bajo el liderazgo de las actividades exportadoras. Resultados del elevado grado de especialización de la economía y del escaso desarrollo de la producción orientada hacia el mercado interior son una peculiar división de la oferta entre productos locales e importaciones, y la práctica inexistencia de comercio interregional. Las mercancías de oferta local no precisan generalmente de un sistema de distribución específico. Tienen, además, carácter de bienes sustitutivos en la mayor parte de los casos, lo que significa que la elevación en el precio de cualquiera de ellos provoca el desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda de los demás y un relativamente rápido ree,ruilibramiento del mercado. Por otra parte, su elasticidad-renta suele ser baja y, en consecuencia, su sensibilidad al crecimiento del ingreso reducida. En algunos casos, registran sensibles incrementos en las cantidades demandadas cuando desciende la renta de los consumidores y con ella la posibilidad de adquirir productos de importación. De todos modos, este conjunto de mercancías de oferta local se caracteriza por la estabilidad de sus precios relativos, a Ja vez que por la pronunciada similitud de sus niveles y variaciones en las distintas regiones. Por el contrario, las mercancías producidas para el mercado exterior presentan precios, aunque homogéneos en el conjunto del territorio, fuertemente variables en el tiempo. Las 0uctuaciones pueden llegar a ser extraordinariamente intensas, con aumentos del orden del 1000% (desde 3 a 30 pesos el quintal, por ejemplo) en el caso del café. La determinación de los ¡,recios depende sólo de factores ajenos a las condiciones internas de la oferta puesto que se genera en el mercado mundial y tiene carácter externo. A esta fuerte variabilidad de los precios se le une, agravándola en ocasiones, una segunda circunstancia que afecta cs11ecíficamente a los productos coloniales. Me refiero a la incidencia de la política comercial de los gobiernos de los países que constituyen los mercados 11rincipales (en este caso los Estados Unidos): someten a represalias la importación de bienes de procedencia colonial, del tipo del establecimiento de derechos diferenciales, como forma de 1,resión sobre su respectiva metrópoli. En consecuencia, la economía de las colonias se encuentra afectada de una gran vulnerabilidad, tanto mayor cuanto menos diversificada sea la gama de mercados a que tiene acceso. Además, en segundo lugar, los niveles de la �164 Siglo XIX renta interior resultan asimismo enormemente fluctuantes, habida cuenta del gran peso en la misma de las mercancías de exportación. En razón del mecanismo que se acaba de describir, también varía con intensidad el consumo interior, lo que priva a la demanda, sobre todo de productos no imprescindibles, de la conveniente regularidad y estabilidad, cosa que actúa decididamente como factor desincentivador de cualquier tipo de orientación industrializadora. En la misma dirección de bloquear, o por lo menos dificultar, la industrialización, opera la estructura de la demanda que deriva de la característica disparidad entre los diferentes tipos de ingresos propia de las economías esclavistas. Los esclavos tienen, por definición, un acceso mínimo, casi nulo, a] consumo de manufacturados. Si disponen de alguna capacidad de ahorro, la invierten indefectiblemente en la "coartación", o adquisición de su libertad mediante pagos a plazos, lo que limita el uso de bienes manufacturados en una elevada proporción de la población total a las "esquifaciones ", o entregas de vestuario por parte de los dueños. La extremada desigualdad de las rentas, típica del sistema, concentra una gran parle del ingreso total en manos de un grupo muy restringido de familias. Estas últimas acumulan una fracción muy alta del consumo global, lo que se traduce en una acentuada diversidad de los manufacturados demandados. En resumidas cuentas, la disparidad entre los distintos grupos de ingresos condiciona el consumo privado de modo tal que impide la formación de un mercado masivo de bienes de consumo corriente y restringe las posibilidades del sistema productivo, sobre todo en el sector industrial. La marcada especialización productiva hacia bienes de exportación crea, lógicamente, un gran déficit de alimentos y de manufacturados de consumo: debe cubrirse a través de la importación, como también la maquinaria e incluso el material de embalaje de las mercancías vendidas al exterior. En el caso del azúcar, como ejemplo de esto último, la industria cubana de la tonelería se limitaba a dar forma a los distintos envases (ban-iles, bocoyes o pipas) componiendo un conjunto de piezas de madera y arcos metálicos importados. De todos los productos procedentes del exterior, sólo los comestibles y bienes de consumo corriente, vestido y calzado muy principalmente, requieren de un sistema de distribución específico dada la regularidad de la demanda en el tiempo y la necesidad de su suministro. En esas condiciones, la circulación de mercancías está fundamentalmente formada por flujos de "internación " 3 de bienes procedentes del ex- J. Maluquer de Motes: El mercado interior en las Antillas españolas 165 terior y, en consecuencia, la gestación del mercado interior no guarda nin- gú,~ tipo de relación con el proceso de formación del mercado nacional que esta en la base del desarrollo económico moderno. Esto no es conlradictorio, desde luego, con el hecho de que pueda producirse un crecimiento muy rápido, como sucede en el caso cubano durante los dos primeros tercios del siglo por lo menos. El mercado interior es complementario del comercio_ exterior y plenamente subordinado a él. Así, comercio detallista y mayorista dependen del comercio de importación-exportación a todos los efectos. A ello debe unírsele todavía que el sistema depende de los importadores incluso para proveerse de fuerza del trabajo. Un hecho peculiar de las Antillas, sobre todo de Cuba, es que gran parte del transporte interior se efectúa a través del tráfico de cabotaje, lo que acentúa más aún la complementariedad entre el comercio interior y el exterior que es siempre, naturalmente, marítimo. Las condiciones de privilegio para el comercio metropolitano (¡ue comporta el régimen colonial proporcionan a los mercaderes peninsulares la exclusividad o, por lo menos, grandes ventajas en los mercados antillanos, al entregarles el control de los mecanismos de distribución interior que residen precisamente en la esfera de los intercambios exteriores. Algunos importantes factores extra-económicos, drl tipo de facilidades y protección proporcionadas por el poder político, que los contempla como instrumentos de reforzamiento de su dominio, completan el conjunto dr circunstancias causantes de la peculiar trayectoria adoptada por el proceso de gestación del mercado interior. El uso ~cneralizado del ténnino despectivo de pulperos4 en el México colonial para designar al conjunto de los residentes españoles muestra hasta qué punto podía identificarse a este conjunto humano con el tráfico interior de mercaderías y el comercio detallista. En las Antillas se produjo un fenómeno de estas características, con un muy acentuado protagonismo de inmigrantes de origen catalán, en los dos primeros tercios del siglo XIX. La existencia de una corriente migratoria desde Cataluña hacia América y la importante presencia de catalanes en la esfera de los intercambios comerciales a fines del siglo XVfil y en los primeros años del XIX es algo bien documentado. 5 Es menos conocida, en cambio, la continuidad dr esos flujos en los dos primeros tercios del siglo pasado. Entre los estudios histórico~conómicos dedicados a la Cataluña del ochocientos aparece como un tópico, ampliamente invocado pero escasamente explorado. En los -apartados siguientes me propongo precisar un tanto su magnitud y sus características. �166 Siglo XIX J. Maluquer de Motes: El mercado interior en la, Antillas española, 167 LA INMIGRACION Y EL COMERCIO CATALAN EN LA REGION DE SANTIAGO El análisis estará dirigido a la zona oriental de la isla de Cuba a -la región de Santiago, por consiguiente-, a cuyo comercio suele imputársele una notable presencia catalana durante el siglo pasado. El registro de la Matrícula de Comerciante,6 establecido en la isla en 1833, permitirá medir su alcance sobre cifras seguras y establecer una base de aproximación sólida. Es sabido que esta fuente constituye un listado nominal de los individuos legalmente habilitados para dedicarse a cualquier tipo de actividad comercial. En nuestro caso, el registro consigna el lugar de nacimiento y el estado civil de cada uno de los inscritos, con lo que pueden clasificarse por procedencias y nacionalidad. Faltan en cambio, desgraciadamente, los datos necesarios para determinar de manera precisa la clase concreta de actividad a que se dedicaban, el volwnen de sus negocios, sus relaciones con otros comerciantes de la propia isla o del exterior, etc. Esto significa, por lo tanto, que la documentación consultada no consiente un conocimiento completo del segmento más elevado (mayorista y exterior) del comercio de la zona. conjunto -un llOCO más del 7°/o-, que deben relacionarse con la emigración desencadenada en la parte francesa de la isla de Sanlo Domingo al producirse la revolución encabezada por Toussaint Louverture. Sorprende, en cambio, la bajísima cifra de comerciantes criollos, que no alcanza siquiera un 5°/o del total. Evidentemente, el comercio de esta parte de la isla estaba, en gran medida, en manos de españoles. La afirmación que cierra el párrafo anterior es todavía demasiado imprecisa. El cuadro 2 muestra que el grupo dominante en el comercio de la zona del Oriente cubano era, sin ninguna clase de duda, catalán. Los nacidos en el Principado, hasta un total de 230, representaban el 86.l°lo de los españoles y nada menos que el 71.4% del total de los comerciantes de la región. El segundo de los grupos españoles era muy reducido, ya que sólo integraba ocho personas, y tenía su origen en las Baleares. El hecho de compartir la lengua con los catalanes explica 1¡ue en Cuba se le confundiera habitualmente con este otro conjunto mayoritario. CUADRO 2 CUADRO 1 COMERCIANTES ESPA~OLES DE LA ZONA DE SANTIAGO EN 1833 POR REGIONES COMERCIANTES DE LA REGION DE SANTIAGO EN 1833 POR PAISES DE PROCEDENCIA España Antillas Españolas Francia útados Unidos 267 13 23 8 Italia Gran Bretaña otros total 3 3 5 322 El principal elemento con que se cuenta en la documentación manejada es un registro exhaustivo de los comerciantes, de todo tipo -conviene recordarlo-, establecidos en la región en el momento de la instauración de la Matrícula, es decir en el segundo semestre de 1833. Merece la pena añadir que la inmensa mayoría de ellos actuaban en la misma ciudad de Santiago. El cuadro l agrupa las cifras totales d.e los comerciantes según países de procedencia. Resulta especialmente evidente la abrumadora mayoría de los comerciantes españoles que totalizan casi el 83%. En cuanto a los extranjeros, destaca la lista de los mercaderes franceses, veintitrés en Cataluña Baleares Andalucía Castilla 230 8 6 6 Cantabria Galicia otras total 5 4 8 267 Los datos relativos al lugar de nacimiento de los mercaderes establecidos entonces en la zona son también de un gran interés. Al margen de una pequeña fracción de catalanes de quienes no consta el lugar de nacimiento, más de la mitad de los restantes procedían de una única comarca y, más concretamente, de Sitges y de la población vecina de Sant Perc de Ribes. En realidad, la casi totalidad de los inmigrantes había nacido en un número muy pequeño de poblaciones situadas, sin excepción, en la costa. :"Jo existía emigración alguna a las colonias desde el interior de Cataluña. �J. Maluquer de Motes: El mercado interior en las Antillas españolm 168 Siglo XIX informaciones indirectas y en alguna ocasión por la propia matrícula, consta el retorno de muchos de ellos a la península. CUADRO 3 POBLACIONES DE ORIGEN DE LOS COMERCIANTES CATALANES DE SANTIAGO EN EL AÑO 1833 Sitges Sant Pere de Ribes Barcelona Mataró La Escala Calella 85 19 14 13 8 7 Vilanova i la Geltrú Begur Sant Feliu de Guixols otros desconocidas* total 169 6 6 6 44 22 230 (*) se indica únicamente "Cataluña". Las cifras presentadas hasta aquí corresponden a un momento histórico muy concreto y proporcionan una visión estática del tejido mercantil de la zona. Los datos sobre las actividades específicas de los comerciantes matriculados, sin embargo, no consienten un conocimiento cabal de sus estructuras internas. Se puede afirmar, tan sólo, que la inmensa mayoría de los inscritos se relacionan con pequeños negocios del comercio al detalle y con diversos oficios menores. Las anotaciones del documento contienen principalmente clasificaciones del tipo de "comercio por menor", "tienda mixta ", "pan, tabaco, azúcar", "tienda de víveres", "pulpería", "panadería", "fonda", "ferretería y quincallería" o "sombrerería". En algunas ocasiones constan menciones explícitas de sociedades mercantiles de que formaban parte los matriculados, pero no aportan información cualitativa al respecto. Así pues, hay que limitarse, de momento, a subrayar el predorrúnio de los pequeños comerciantes y la falta de datos sobre el tráfico de media o gran importancia. El resto de la documentación sobre el comercio santiaguero no permite trazar un cuadro completo de los comerciantes de la región, puesto que registra las nuevas incorporaciones pero no las bajas. Sin embargo, ele las mismas anotaciones del re~tro se deduce claramente que en algunos casos los nuevos comerciantes ocupaban el espacio dejado por otros que abandonaban la actividad, normalmente a través de la adquisición de un negocio ya existente. Ignoramos la suerte de quienes salían del comercio, aunque, por En cualquier caso, sí puede efectuarse una clasificación idéntica a la que se acaba de presentar y evaluar algunos aspectos relativos al establecirrúento ~e n~ev~s comerciantes en la región. Cabe señalar antes 4ue nada que- las mscnpc10nes durante los años 1834-1840 son escasísimas. Desde 1841 hasta 1862, fecha final del período cubierto por la documentación que utilizamos, los datos son, en cambio, bastante abundantes. La clasificación s_egún su o~gen de los matriculados se ha agrupado en dos conjuntos sensiblemente iguales, de alrededor de un millar de personas en ambos casos, que corresponden los años 1841-1849 y 1850-1862. Algunos de los dernentos característicos del primer grupo de comerciantes, ya analizado, vienen confirmados por estos otTos dos. Lo más destacabale es, sin duda la c?ntin~da~ del predominio aplastante de los nacidos en España, t¡ue s~situan 11racllcame11te al mismo nivel, alrededor del 80% del tola! con una ligerísima tendencia declinante. ' CUADRO 4 COMERCIANTES ESTABLECIDOS EN LA REGION DE SANTIAGO POR PAJSES (1841-1862) España Cuba Francia Alemania Italia otros países europeos 1:1841-1849 l 2 829 95 47 7 6 8 818 210 25 3 2 9 l 2 Venezuela 14 Estados Unidos 7 Haití 4 Santo Domingo 5 otros países americanos 12 totales 1034 6 4 7 4 9 1097 2: 1850-1862. ~estaca ne!amcnte la caída en términos relativos del contingente de ongen frances. Creer en cambio, como es natural, el grupo de los comerciantes criollos, pero sigue anclado en porcentajes muy bajos por debajo del 10% y del 20% en 1841-1849 y 1850-1862 respecti;amente. �170 J. Maluquer de Mote,: El mercado interior en hu Antilla, e.1pailoku Siglo XlX El resto de las procedencias corresponde a grupos de dimensiones reducidas. Hay que adv~rtir todavía •1ue una parte considerable de <¡uienes han sido clasificados como americanos, por haber nacido en la misma isla de Cuba o en otros territorios del continente, eran hijos de inmigrantes españoles y continuadores del negocio familiar. Es imposible establecerlo con claridad en el caso de 4uienes tenían apellidos castellanos, pero resulta muy claro para los de origen catalán. He anotado así como criollos a los santiagueros Magfu Robert, Juan Savanell, Justo Bilhé, Juan y Francisco Sarret, Jorge Isal~uué, Luis Roca, Juan Roger y Francisco Celí; al bayamés Francisco Coll; Pooro Rogé y José Barceló, de Baracoa; Mercedes Bonet, de Trinidad; Juan Arché, de Santa Catalina de Cuantánamo; y Santiago 7 Puncet y Jaime Esteva de Maracaiho. La distribución por regiones de nacimiento de los comerciantes españoles instalados en la zona santiaguera presenta asimismo algunas diferencias de interés con la que contienen los cuadros del momento inicial de nuestra documentación, en el año 1833. El contingente mayor corresponde aún a los procedentes de Cataluña que alcanza un total superior a los 1 200 individuos conjuntamente en los dos períodos considerados. Se trata de una cifra muy alta, sobre todo si tenemos en cuenta que el total general sobrepasa escasamente los 2 000 inscritos. El contingente de los comerciantes catalanes es, sin embargo, decreciente en ténninos relativos puesto que aparecen grupos nuevos con cierta importancia, fundamentalmente procedentes de las regiones cantábricas. Se encuentran, en efecto, cifras bastante respetables de vascos, gallegos, asturianos y, sobre todo, montañeses. El arranque de la emigración cantábrica, hacia esta wna por lo menos, parece haber sido bastante más tardío que el producido en Cataluña, lo que no se aleja mucho de las propuestas que sobre la cuestión han formulados algunos especialistas como Ojed!i y San Miguel.8 Hay que subrayar otra vez el contingente balear. Es digno de atención también el hecho de que, como en el caso de los comerciantes criollos y extranjeros, encontramos entre los nacidos en otras regiones españolas algunos apellidos que sugieren un origen catalán de segunda generación como los de Tomás Vila, de Madrid; José Planell, de Andalucía; Manuel Masforrol, de Cádiz; y Rafael Martí, de Córdoba. Parece bastante probable, a la vista de estos datos, que algunas parte de las redes comerciales catalanas extendidas en los mercados español y americano continental a fines del siglo XVIII hubieran sido trasladadas a la isla. 171 CUADRO 5 COMERCIANTES ESPA~OLES EN LA ZONA DE SANTIAGO POR REGIONES (1841-1862) l Cataluña Baleares País Vasco Gálicia Asturias Cantabria ...!. 635 573 39 13 11 17 20 30 22 37 52 78 País Valenciano Castilla-León Andalucía otras totales l 2 8 13 19 12 27 17 14 818 10 829 1: 1841-1849 2: 1850-1862. ~l aná.~sis de los des conjuntos de comerciantes catalanes que tomo en cons1d~ra~10n no puede llevarse aJ terreno de su origen según localidades de nacumento de . la ·" ·' fr 1 a causa • . disminución de la cali"dad de la 10 10rmac1on que, su e e registro utilizado. Es factible solamente para el primer periodo, pero no para el segundo. Habrá que proceder, pues, por separado. , . En el Japso 1841-1849, bien documentado, se mantienen las caractensticas presentes antes, ya conocidas por los datos que recoge el cuadro 3, hasta el punto de que las primeras ocho localidades de aquella lista coinciden de una manera casi exacta con las que contienen el cuadro 6. Las variaciones de o~en, incluso, son poco significativas. Se confirma el papel destacado de S1tges y de Sant Pere de Rihes, así como el carácter casi exclusivamente costero, con muy pocas excepciones y de mínima entidad ~ las poblaciones originarias de los inmigrantes. Cuando se trata, exce/ ~onalm~nte, de localidades del interior coinciden siempre en la circunstanCla c~mun de una gran proximidad al mar. Por otra parte, con la única excepc1on de ;Barcelona, cuyas cifras son insignificantes en relación con el ta~ño de la ciudad, no existe ningún tipo de emigración desde las poblaCiones de carácter industrial de Cataluña hacia la :,,ona de Santiago de Cuba. �172 J. Maluquer de Motes: El mercado interior en las Antillas españolas Siglo XIX ~jercicio -~e la comparación en sentido estricto, toda vez que contiene mformac1on menos detallada. CUADRO 6 COMERCIANTES CATALANES DE SANTIAGO SEGUN SU ORIGEN (1841-1849) Sitges Sant Pere de Ribes Barcelona Sant Feliu de Guixols L'Escala Mataró Lloret 174 63 47 35 28 26 24 Begur Vendrell Calella otros descQnocido* total 173 22 21 15 127 El período del que poseo la información corresponde en este caso a los años 1833-1841. Se encuentra en la estructura del área mercantil habaner~ Y matancera mayor_complejidad que en Oriente, lo que no impide el caracter ,ne~mente dommante, también aquí, del grupo de los nacidos e~ la metropoli, que supera las tres cuartas partes del censo. Los comerc1~ntes cubanos apenas superaban, en cambio, el 8%. El conjunto siguiente, formado por los comerciantes norteamericanos residentes sólo ~cendía al 4%. ' 53 635 CUADRO 7 (*) consta exclusivamente el origen catalán. Para el período 1850-1862 los datos son menos precisos. En las inscripciones figura normalmente la región de procedencia, pero ,s~lo en una cuarta parte, más o menos, el lugar concreto de forma exphc1ta. D~ los comerciantes catalanes consta el origen exacto de 132 sobre 537 registrados en la Matrícula. En general, esta muestra reducida confirma de nuevo las características apuntadas anteriormente, con una posición muy destacada de Sitges (49 personas) y Sant Pere de Ribes (18 matriculados). El , comercio catalán en la zona de Santiago mostraba, pues, una fuerte concentración en la procedencia de sus efectivos: las dos localidades recién citadas son lugar de nacimiento de casi la mitad de los mercaderes del Principado consignados en el registro con indicación exacta de su origen. LOS CASOS DEL OCCIDENTE CUBANO Y DE PUERTO RICO El otro gran foco d~ actividad comercial y de recepción de inmigrantes europeos en Cuba, mucho más importante todavía c1ue el de Oriente, corresponde al área de La Habana y Matanzas. He utilizado de forma parcial los datos del registro comercial de esta zona para la etapa inicial del mismo, con la finalidad de obtener un contrapunto para valorar los de Santiago presentados más arriba. La documentación empleada no admite el COMERCIANTES ESTABLECIDOS EN LA PROVINCIA DE LA HABANA POR PAISES (1833-1841) España Cuba Estados Unidos Alemania Francia 946 102 50 46 36 Gran Bretaña Italia Suiza otro.s total 18 13 8 39 1258 En cuanto a la composición interna del grupo de comerciantes procedentes de la metrópoli, se comprueba nuevamente la presencia mayoritaria de los catalanes, como muestra el cuadro 8. En esta otra área occidental de la isla, con diferencia la de más importancia comercial, alcanzan ya cifras bastante considerables los grupos procedentes de las regioncs cantábri~s Qa propia Cantabria, Galicia, País Vasco-Navarra y Asturias) así combandaluces y canarios. El análisis de los comerciantes catalanes no puede efectuarse, como en Oriente, mediante la clasificación según las localidades de nacimiento a causa del deterioro de la información que contiene la Matrícula. �J. Maluquer de Motu: El mercado interior en ltu Antilltu espaifoltu 175 174 Siglo XIX CUADRO 8 COMERCIANTES ESPA~OLES EN LA PROVINCIA DE LA HABANA POR REGIONES (18.33-1841) Cataluña Cantabria Galicia Pais Vasco-Navarra Andalucía Asturias 373 115 98 80 77 74 Canarias Castilla la Vieja>II Baleares otras total 61 32 19 17 94€ (*) puede incluir algunos individuos del grupo cántabro. AW1que el peso relativo de los comerciantes catalanes instalados_ en la zona de La Habana y Matanzas hacia 1833-1841 era menor que en Oriente, la cifra total era más elevada allí. Interesa subrayar, sin embargo, que todo apunta a la existencia de muy estrechas relaciones entre ambos grupos. .. , El control cuasimonopolístico de las actividades mercantiles en el Oriente cubano desde los años treinta hasta los sesenta por parte de los comerciantes catalanes, y su fuerte presencia en el área occidental, aparece igualmente constatada, y con mayor intensidad todavía, en la otra Antilla 9 bajo dominio español en el lapso 1800-1830. En esta etapa, en efecto'. el 00º/0 de los comerciantes de origen conocido instalados en Puerto Rico eran catalanes. Quizá sea todavía más significativo el dato relativo a la participación porcentual de la inmigración catalana, sin distinción profesional, en el total de los españoles de origen conocido en la pequeña Antilla: alrededor de las dos terceras partes. La naturaleza de esta inmigración catalana en Puerto Rico es idéntica a la que se ha encontrado en Cuba. Su origen coincide en un número limitado de poblaciones, con especial relieve de Lloret de Mar, T~, Blanes, Sant Feliu de Guixols y Vilanova i la Geltrú. Acaparaban una fracción muy importante del comercio de importación y exportación en San Juan, pero también, y principalmente, mantenían una gran cantidad de pulperias Y tiendas mixtas en los pueblos, sobre todo en las áreas de Ponce, Mayagücz y Aguadilla. Un rasgo muy destacable de la emigración catal_ana a las Antillas en la primera mitad del siglo XIX es su estrechísima relación con las actividades mercantiles. Existe una casi total coincidencia entre el número de catalanes residentes y el de quienes se dedicaban al comercio. En Puerto Rico la proporción correspondiente para todo el período 1800-1830 asciende al 89%. Para la isla de Cuba no puedo alcanzar una concreción completa, pero sí .señalar que multitud de indicios y pruebas indirectas apun_tan _exactamente en la misma dirección. No se encuentran, por ejemplo, inmigrantes catalanes en la gran Antilla que se dedicaran al cultivo de la tierra. El único intento de esta clase, promovido por Miguel Estorch en el ingenio "La Colonia" durante los años 1840 y 1841, terminaría con un estrepitoso fracaso. 1º Otro trazo igualmente destacable es la enorme cohesión interna de estos grupos o "colonias" de comerciantes originarios de la costa catalana. La inmensa mayoría de los que llegaban a cualquiera de las dos islas tenían ya previas relaciones familiares o de amistad con otros emigrantes instalados desde bastante antes, lo que les facilitaba la inserción en los circuitos de la intermediación comercial en ambas sociedades coloniales. Muy frecuentemente tales vínculos vienen determinados por la procedencia de los mismos lugares de nacimiento. Esto explica la impresionante concentración de vecinos de Sitges y Sant Pere de Rihes en el comercio de la región santiaguera. Existían, por lo tanto, unos complejos sistemas de acogida que ayudan a entender la relativa intensidad del flujo de la emigración catalana a colonias, un tanto insólita en el contexto de una sociedad poco inclinada a generar corrientes emigratorias en la primera mitad del siglo XIX. 11 Por otra parte, los inmigrantes catalanes en las Antillas no se identificaban demasiado, por lo menos en el primer tercio del siglo, con el espíritu del colonizador ni se esforzaban por consolidar el dominio colonial en aqu.ello.s territorios. Esto les procuraba una actitud de hostilidad decidida por parte de las autoridades españolas, como reflejan las Instrucciones al Diputado del Cabildo de San luan del año 1809. En este texto se advertía en tono de abierta censura, que "estos hombres -los catalanes- en quien~ se absuelve todo el numerario rara vez construyan fábricas, fomenten haciendas, ni tomen otro destino que la salida, o el transporte con el metálico que han grangeado ". 12 En cambio, los inmigrantes catalanes de aquella primera hora no motivaron, que se sepa, enfrentamíentos con la población criolla. Rosa Marazzi no encontró ni una sola prueba de animadversión hacia los catalanes �J. Maluquer de Motes: El mercado interior en las Antillas españolas 176 Siglo XIX en los numerosos informes sobre forasteros de los municipios de la isla de Puerto Rico para el período que estudia. Del mismo modo, tampoco se detectan eo Cuba, durante las primeras décadas del siglo, señales de rechazo ¡,,ntre la población local. Fl testimonio de José Antonio Saco nos aclara que, durante su infancia en Bayamo, los Españoles eran casi todos catalanes, casi todos taberneros o tenderos, ninguno tenía aspiraciones políticas, carecían de influencia social, no pensaban más que en buscar dinero con su industria, y felizmente no existían entre ellos y los bayameses los odios fratricidas que des· 13 pués se despertaron con tanta fuerza. Los conflictos aparecieron sólo cuando la ubicación, cada vez más céntrica, de los comerciantes catalanes en ambas sociedades antillanas acabaría por interesarles muy directamente en la política colonial. UNA EMIGRACION DETERMINADA POR FACTORES DE ATRAC- CION La emigración catalana a las Antillas en las dos primeras décadas del siglo XIX no constituye un flujo mu} grande desde el punto de vista cuantitativo. El conjunto de los emigrante$ conocidos a través de las fuentes utilizadas alcanza una cifra inferior a los tres mil individuos. Es cierto que no dispongo de un censo exhaustivo. Algunos de ellos pudieron haberse insta· lado allí con sus familias, aunque no parece ser una situación frecuente. Para Cuba faltan todos aquellos 1¡ue se ubicaban en el exterior del ámbito mercantil o incluso dentro de él pero sin disponer de la titularidad de un negocio. Todo junto no podría sobrepasar, en mi opinión, un total de 10 000 personas para más de sesenta años. Aunque la cifra real resultara doble de la que he calculado, la proporción que supondría sobre la población catalana total, que se mueve durante el mismo lapso entre cerca del millón y más del millón y medio de habitantes, no constituye un límite muy alto. Claro que los porcentajes sobre la población específica de las localidades concretas de origen ya suponen algo muy espectacular, a la vista de la fortísima concentración de las procedencias. Pero aún así habría que matizarlo mucho teniendo en cuenta la duración de la estancia de cada inmigrante, probablemente breve en muchos casos, y el monto, 14 en apariencia muy considerable, de la tasa de retornos. Es preciso, por consiguiente, situar el terna en el terreno de la valoración cualitativa. Desde la óptica de las sociedades receptoras, las con· secuencias de esta inmigración catalana, una vez establecido el modelo de 177 creci~ien_to hacia f~era, deben ser consideradas como muy Jlositivas ya que_1mplicaba una nnportante aportación de caJlilal humano de que las Antillas estaban escasamente dotadas. Se trataba de un flujo de <.'ntrada de ho~bres en. edad de trabajar con un tipo de ca1,acitación técnica muy determmado, liga~o al comercio ultramarino y a la navegación atlántica, Y_~uy apt~ par~ impulsar el comercio y el transporte interior en las condi~iones mas arriba descritas. Además, la formación de esta fuerza de trahaJo, probablemente bastante calificada, no había producido en las islas coste alguno en su, infancia o en su adolescencia. Queda JIOr establecer, sin ~n~argo, hasta que punto modificaría estas apreciaciones un mejor conocmue_nt~ del tema de los regresos de los inmigrantes y de sus consecuencias economicas. Para Cataluña, la aplicación en el exterior de estos recursos no debió supon_er una _pérdjda real apreciable puesto que la independencia de las ~lomas contmentales de España y el drástico debilitamiento del comerc10 ultra~arino dejarían, presumiblemente, sin empleo alternativo a estos grnpos vinculados a la navegación y al tráfico internacionaJ.15 Por otra parte, se obtuvieron, sin duda, muy importantes ventajas del hecho de contar con _u~~ _organización comercial extendida en el exterior y constituida, por ~efuuc1~n, en la representación más segura y activa de la producción ~op1a. Gracias a ello, Cataluña sería uno de los principales proveedores de tmentos Y manu~acturado~ ~iversos en lós mercados coloniales. Por si e~a. ~o~, ambas islas se er1g1eron en una suerte de cabcza de puente que ~sibil1to alguna conti11uidad del tráfico con las repúblicas independientes n_uentras no se regularizaron sus relaciones con la antigua metrópoli e hizo ~able ~l mantenimiento de una conexión, fundamental para la economía mdustnal catalana, con los puertos sureños de los l.:stados Unidos para el aprovisionamiento de algodón en rama. R_esta to~avía, de otro lado, la cuestión de los retornos. El flujo rnigratono cons1dc~ado pres~nta la característica de ser en gran medida -no de forma e~clus1va- de_ tipo t~m¡,oral, I? que significa qui' había de generar una comente de capital hacia la mctropoli en forma de remesas, más 0 menos regulares, o de transferencias. De esa 'repatriación' de capitales existen pruebas abundantes como también de su canalización, directa O indirecta, hacia la moderna industria algodonera y hacia muchos otros sectores ~e 1~ eco~omía catalana. Pero la cuestión de la inversión del capital de los 'indianos queda un poco lejos del tema de este trabajo. En cuanto a la frecuencia del regreso de Los emigrantes, me limitaré �178 Siglo XIX a reproducir dos referencias de la época relativas a poblaci~nes muy significativas. En 1833 se escribe que una buena parte de los habitantes de Sitges eran comerciantes o marinos retirados del comercio y tráfico de la América, especialmente de la isla de Cuba, que es e! punto_al que se han mostrado más inclinad?s _Y dirigido des~e l~¿mos tiempos por sus operaciones y establecumentos mercantiles. De la ciudad de Vilanova i la Geltrú se nos dice, en el mismo. momen~o, que sus habitantes se dedicaban mayoritariamente al comerc10 colorual fundando establecimientos en la América, cuyo emporio ha sido la ciudad de la Habana, donde la mayor parte de individuos de las clases pudientes han permanecido muchos años, hasta que _favore· cidos por la fortuna han regresado a sus hogares para disfruw tranquilamente en el seno de sus familias el fruto de sus afanes. De estos y otros muchos testim~~os se d~uce de fonna incontrovertible que se trata de una emigrac10n detenmnada fundamen~ente por factores de atracción. A.sí, en el centro mismo de nuestro penodo, el ~tahlecimiento de la fábrica de hilados de algodón_ de la e~rresa Batllo Y Cía en Sitges, que tantos vecinos tenía en las Antillas, ob~o ~ rec_lutar lo~ 1 cerca de cien trabajadores ocupados fuera de la poblac1on. , V1l31:1ova 1 la Geltrú debía contratar para la vendimia y otras faenas_ 3lNcolas Jornaleros procedentes de los más lejanos rincones de Ca':81una. Desde ~ta ciudad se observaba en 1843 que "a las comarcas vecmas no las ha per.iudicado directamente. la aglomeración de obreros en Barcelona; lo q~e. les que tenían los mozos de pasar a nuestras Amencas perjudicó fue la manía ,,20 para probar fortuna • J. Maluquer de Motes: El mercado interior en las Antillas españolas 179 de un activo comercio con las colonias, fenómeno ron el t¡uc mantenía una relación de causa y efecto de doble dirección. Esto creaba mecanismos de información y sistemas de acogida, incentivos y oportunidades para maximizar el aprovechamiento de la capacitación específica que abundaba en las poblaciones de la costa catalana. La emigración y el comercio catalán con las Antillas a lo largo de los dos primeros tercios del siglo XIX no son otra cosa, en última instancia, que las dos vertientes de un único fenómeno histórico. El proceso de gestación del mercado nacional, o, si se prefiere designarlo de otro modo, la formación de una economía de mercado, contiene cierto tipo de re<¡uerimientos que las sociedades esclavistas incumplen por definición. Falta en todo caso, evidentemente, la condición necesaria ele la movilidad de los factores de producción desde el momento que el mismo trabajo está sometido, por lo menos en parte, a restricciones insalvables. Todo mercado se halla políticamente determinado en sus dimensiones y en la normativa que rige su evolución a través de su legislación fundamental y de la política económica del gobierno. Cuando la dirección política opera desde el exterior y con criterios orientado~ a garantizar las ganancias obtenidas en el exterior, el proceso tampoco puede encaminarse hacia la diversificación productiva y hacia un desarrollo económico relativamente armónico. La formación del mercado interior en las economías exportadoras, mucho más todavía cuando están estructuradas bajo condiciones coloniales, aparece como un fenómeno complementario del comercio exterior y subordinado a él. - NOTAS Evidentemente, los catalanes marchan a colonias durante los primeros sesenta años del siglo pasado no por la necesidad de emigrar sino por Ja existencia de oportunidades económicas, por la posibilidad de forjar una fortuna O "hacer la América". Como advierte Estela Cifre de Loubriel, rara vez el catalán atraviesa el Atlántico durante ese período sin contar previamente con una ocupación.21 Naturalmente, esto no significa que falten del todo factores de expulsión. Toda corriente migratoria encuentra alguna base en dificultades surgi_das en lo~ focos d~ origen de la_ m~m~- Pero, sin duda, Cataluña incorporo en la prunera mitad del XIX mc~ugr~t~ en número bastante superior a los emigrantes que dejaron su temt~no. ~1 se generaba un flujo de salida de cierta consideración era por la existencia 1.- Existe una información impresa muy abundante fonnada por libros de viajeros v, mejor aún, por análisis realizados en la época, sobre la economía cubana de los dos primeros tercios del siglo XIX. No son pocos, asimismo, los estudios modernos sobre el tema. En cambio es más escasa la información disponible sobre Puerto Rico, a pesar de que una joven historiografía, muy reciente y también muy calificada, está cambiando radicalmente el panorama. Dejo p-ira una versión ulterior de este trabajo, mucho más extensa, las referencias bibliográficas precisas. 2.- Las estancias eran las explotaciones rurales próximas a las poblaciones destinadas a la producción de alimentos, tales como legumbres, verduras, hortalizas, volatería, leche, queso o forraje, para el mercado urbano. Los conucos eran pequeñas suertes de tierra que los propietarios cedían a los esclavos para cultivar �180 Siglo XIX ]. Maluquer de Motes: El mercado interior en las Antillas españolas 181 en su propio beneficio. Los esclavos más laboriosos y con escasas cargas familiares podían alcanzar la libertad en el conuco por medio de su auto-compra a término o "coartación". 15.- Para el marco general del comercio colonial en el XlX, mi estudio "El mercado colonial antillano en el siglo XlX", en Jordi Nadal y Gabriel Tortella (eds.): Agricultura, comercio colonial y crecimiento econ6mico en la España contemporánea, Barcelona, 1974, pp. 322-356. 3.- Tomo el empleo de este expresivo concepto de un texto de la época Véase "Cuba", Gaceta de Madrid, 4 de febrero de 1841. 16.- Diccionario Geográfico Universal, Barcelona, 1832-1834, vol. lX, p. 108. 4.- Harold D. Sims: La expulsión de los españoles de México (1821-1828), Madrid, 1974. 5.- Josep M. Delgado Ribas: "La emigración española a América Latina durante la época del comercio libre (1765-1820). El ejemplo catalán", Boletín Americanista, XXIV (1982), 32, pp. 115-137. 6.- La documentación pertenece al Archivo Nacional de Cuba, de la Habana. He empleado fundamentalmente una Relaci6n de los individuos que desde Julio de 1833 hasta Dicieml,r,e de 1849 han sido presentados. .. en la matrícula de Comerciantes y su continuación, así como el Registro público y general de comercio de la provincia de la Havana. 7 .- En algunos casos, como en el de Juan AIChé, consta el origen catalán de su padre (J. A. Arché). 8.- Germán Ojeda y José Luis San Míguel: Campesinos, emigrantes, úulianos, Salinas, 1985. Sobre algunos aspectos de la emigración gallega en estos mismo años, Norma Peraza: "'Esclavos· gallegos en Cuba", Revista de la Biblioteca Nacional José Martí, XXII (1983), 3, pp. 111-132; y Ma. Xosé Rodryroez Galdo y Fausto Dopico: Crisis agrarias y crecimiento económico en Galicia en el siglo XIX, La Coruña, 1981. 9.- Rosa Marazzi: El impacto de la inm.igraci6n a Puerto Rico, 1800 a 1830: análisis estadístico, San Juan, s. a. 10.- Jordi Maluquer de Motes: "La burguesía catalana y la esclavitud en Cuba: polÍtica y prÓducción", Revista de la Biblioteca Nacional losé Martí, XVIIl (1976), 2, pp. 11-81. 11.- Según Jordi Nada!, la población catalana creció entre 1814 y 1857 con una tasa anual del 1 °/o. En cambio, entre 1857 y 1910 lo haría sólo con el modesto ritmo del O 43º/o. Véase su capítulo en Joaquim Nada! i Farreras Y Philippe Wolff (dirs.): Hiswria de Catalunya, Barcelona, 1984. 12.- R. Marazzi: op. cit., p. 39. 13.- José Antonio Saco había nacido en el año 1797. La cita, tomada de su Autobiografía, está reproducida en Eduardo Torres-Cuevas: La polémica de la esclavitud, José Antonio Saco, La Habana, 1984, p. 7. 14.- En este punto discrepo de las afirmaciones de Estela Cifre de Loubriel, que tiende a minimizar los retornos en su monumental estudio La formaci6n del pueblo puertorriqueño. La contribución de los catalanes, baleárico, y valencianos, San Juan, 1975. 17 .- ld. id., vol. X. p. 735. 18.- Lluís Jou Mirabent: Notes pera l'estudi de la Marina de Sitges, 1840-1880, Villafranca del Penedes, 1977.p. 32. 19. - Alb.ert Virella i Bloda: ''De quan Vilanova i la Geltrú era un empori del vi", Miscel. lania Penedesenca, 1978,pp. 205-240. Véase pp. 217-218. 20.- "Industria vitícola catalana", El &o del Comercio, 5 de marzo de 1843. 21.- E_ Cifre de Loubriel: op. cit., p. 25. �El Impacto de la Guerra de Independencia en la Economía Catalana Antonio Moliner Prada* Esta,; breve,; nota,;, extraída,; de un trabajo sobre la ]unta Superior de Cataluña, pretenden ofrecer una primera aproximación sobre las repercusiones que tuvo la guerra de la Independencia en la economía catalana. El desarrollo espectacular del último cuarto del siglo XVIll quedó bruscamente interrumpido por esta guerra. La prosperidad de la manufactura algodonera se debía a la exportación de tejidos y aguardiente al mercado colonial español. La introducción de tejidos franceses e ingleses durante esta guerra, la ocupación de los principales puertos por los franceses y el mismo levantamiento de las colonias americanas, suponían un golpe mortal contra la naciente industria catalana. A ello hay que añadir las consecuencias negativas de la grave crisis de 1811-1812, que afectó con dureza al Principado de Cataluña, así como la destrucción de las cosechas, ganados y propiedades, acaparamiento de los productos de primera necesidad y aumento de la presión fiscal en los pueblos. Ante el vacío de poder creado por Jas autoridades, incapacr,s de hacer frente a la situación de la invasión del ejército francés, nace la Junta Superior de Cataluña, al igual que en las demás provincias del Estado espailol. La comisión de hacienda, creada en el interior de la Junta, intentó desde el principio reunir los fondos necesarios para sufragar los cuantiosos gastos existentes, obligando a todos los pueblos y grupos sociales a prestar su colaboración. Pero el sistema fiscal que impuso no funcionó. En el mejor de los casos no llegó a recaudar ni la mitad de los gastos, sin contabilizar la fiscalización de los ejércitos de José I y Napoleón y lo incautado por las tropas francesas. Por otra parte, el gobierno central (Junta Central, Consejo de Regencia, Cortes) se vio en serias dificultades en la Hacienda. Uno tras otro fueron fracasándo los diversos proyectos emprendidos, como lo ha puesto de *San Juan, Alicante (España} �184 Siglo XIX manifiesto J. Fontana recientemente (Guerra y Hacienda. La hacienda del gobierno central en los años de la guerra de la Independencia (1808-1814), Alicante, 1986). La depresión general de la economía europea tras las guerras napoleónicas dificultó después la reactivación catalana. L •• LAS TRANSFORMACIONES DEL SIGLO XVIII A pesar de que Cataluña perdió su organización institucional propia, tras la guerra de Sucesión y los decretos de Nueva Planta de principios del siglo XVUI, a lo largo de esta centuria conoció una serie de transformaciones tan importantes que provocaron un cambio profundo en el modo de producción. La aportación de P. Vilar al conocimiento de estos cambios en su obra La Cat.alogne dans l'Espagne moderne (París, l'.162, 3 vols.) es fundamental.1 a) El crecimiento de la población. A lo largo del siglo XVIIl la población catalana se duplicó. En poco menos de 70 años pasó de 407 432 habitantes en 1718 a 814 412 en 1787 (año del Censo de Floridablanca~2 lo q'!e significaba una densidad de población de más de 27 habitantes por km 2 . El crecimiento de su población era superior al del resto de España, invirtiéndose el equilibrio demográfico peninsular a favor de 1~ periferia marítima respecto del interior. Este impulso demográfico catalán lo sitúa P. Vilar entre los años 1715-1748, época de bajos precios de trigo. A partir del 48 y en la década de los 60 los salarios se mantuvieron bajos y los precios subieron provocando una corriente migratoria hacia el exterior (América, etcétera). Este crecimiento no fue homogéneo.3 Hubo un movimiento de lapoblación de la montaña hacia el llano, buscando tierras más aptas para los cultivos. Las comarcas que tuvieron un crecimiento rápido se sitúan a lo largo de la costa catalana, desde Blanes hasta el delta del Ebro y excepcionalmente algunas interiores, como el Segria. Dicho crecimiento no se debió sólo al crecimiento vegetativo o natural sino al fenómeno de la inmigración. Como áreas deprimidas o estancadas cabe situar a las zonas de montaña, el Pirineo y el Prepirineo. Este crecimiento demográfico supone la entrada en una etapa moderna de la historia de la población catalana, con un crecimiento casi ininterrumpido y por la pirdida de la virulencia de 1~ m~rtali~ades catastró~cas de siglos anteriores, aunque afectaron todav1a ep1dem1as como el colera en el siglo XIX. A. Moliner Prada: Guerra de Independencia y economía catalana 185 b) El desarrollo de la agricultura La expansión demográfica de los primeros años del siglo está unida a la expansión agrícola. Las transformaciones que sufrió la agricultura catalana a lo largo del siglo fueron profundas. En primer lugar la producción aumentó debido a la ampliación de la superficie de l¡¡s tierras dedicadas al cultivo, mediante la roturación de nuevas tierras de bosques y la desecación de tierras pantanosas y fluviales-marítimas (delta del Ebro y del Llobregat). Esta agricultura, basada en la utilización de nuevas tierras, se dió preferentemente en la franja litoral y en las depresiones interiores. En segundo lugar la producción se intensificó mediante la introducción de nuevas técnicas agrícolas, la utilización de abonos y nuevos sistemas de rotación de cultivos (suprimiendo el barbecho), la expansión de cultivos arbustivos de secano en la costa (principalmente la vid), 5 así como otros productos que desplazaron a los clásicos mediterráneos (cereales, olivo) por otros nuevos como el maíz, la patata, los forrajes, el cáñamo o el arroz . Tales transformaciones no fueron iguales en toda la geografía del Principado. Hay que distinguir entre las zonas montañosas, poco fértiles, que proseguían la tendencia al autoconsumo y que no dispoman de núcleos importantes de población, y las zonas costeras, más aptas para una especialización agrícola, incluso rayando el monocultivo (vid, arroz). En una zona intermedia, en las depresiones interiores, se produjo una disminución del barbecho y una extensión de los cultivos. Tal prosperidad agrícola se logró por la posibilidad de comercialización de los excedentes en el mercado y el aumento de la demanda. A lo largo del siglo se da un proceso de integración del mercado regional, que posibilita pasar de una economía agraria de autoconsumo, ligada en cuanto a los precios a las variaciones cíclicas y estacionales, a otra de tipo moderno, donde las variaciones periódicas son más moderadas.6 El comercio regional se ensanchó con el mercado colonial donde los catalanes vendían sus productos, principalmente vino, aguardiente y textiles. El alza de los precios desde 1784-85, el paro y el estancamiento de los salarios provocaron en Barcelona y otras ciudades (Vic, Mataró, Valis) los célebrf'..S " rebomboris del pa" (tumultos populares por la carestía del pan). 7 En el último tercio del siglo se produjo tatnhién un aumento de la presión señorial en el campo catalán, provocando serios conflictos entre señores y vasallos en muchos pueblos al oponerse éstos a pagar tales derechos (así por ejemplo los vecinos de Vimbodí se negaron a pagar los diezmos y demás derechos al real Monasterio de Poblet). �186 c) Siglo XIX La formación del capital comercial y las transformaciones de la manufactura. El incremento de la población hasta 1740 se basó en el bajo precio de los granos y condujo a un descenso del salario agrícola y a un aumento de la renta señorial. P. Vilar calcula que durante el siglo XVIII mientras las rentas señoriales se cuadruplicaron, los precios agrícolas se triplicaron y los salarios se doblaron. Una parte de estas rentas señoriales se canalizaron hacia actividades mercantiles a través de un triple canal: el arriendo del cobro de las rentas señoriales por la burguesía barcelonesa, la compra de fincas, y la conversión en mercaderes de los segundones de las familias que se veían obligados a abandonar las masías catalanas. A mediados del siglo la crisis del comercio catalán con Inglaterra hizo que éste se orientase hacia las colonias americanas, primero a través de Cádiz, después directamente con las Antillas americanas: la acumulación comercial refor.¿Ó de este modo la primitiva acumulación agraria. El aumento de este comercio, que se legalizó oficialmente a partir de 1778 con la libertad de comercio con América, queda demostrado por la proliferación de las destilerías de aguardientes entre 1760 y 1780, que se multi8 plicaron por tres, y por el desarrollo del crédito. A mediados del siglo, un nuevo desequilibrio entre hombres y recursos. por la reducción en beneficio de la vid del área destinada ~ los cereale~, reintrodujo la crisis demográfica. Al contra~o de lo que_ ~ucediera en la p~mera mitad del siglo, hacia 1770-7 5 sobreviene una cns1s basada e~ la disminución de la fuerza de mano de obra, el incremento de los salanos y el descenso de la renta agraria. A partir de 1778 también se p~odujo un de~ censo de los precios de las exportaciones de vino~ y aguardien!es: Esta situación orientó al burgués catalán hacia otras acbVJdades econom1cas relacionadas con las posibilidades del comercio americano: la fabricación de tejidos de algodón de una fonna industrial, sector nuevo en el que no había ningún control gremial.9 Así, el beneficio industrial sustituía a la renta señorial como medio de acumulación de capital. No hay ninguna duda de que a finales del siglo, a partir de 1768-70, ya se había establecido en el Principado el tipo de trabajo empresarial, superando el trabajo de tipo doméstico. Del estudio de Grau y López se desprende que ya a mediados del siglo XVIII, y no tan tardí~~nte co~o _se afirmaba, existían muchos telares: en concreto, las ocho fáhncas de mdia10 nas establecidas en Barcelona sumaban más de 300. En la difusión de las nuevas técnicas jugó un papel importante la Junta particular de comercio de Barcelona, instaurada en 1758, siendo muy escaso el de las Sociedades Económicas de Amigos del País establecidas en Cataluña a partir de 1776. A. Moliner Prada: Guerra de Independencia y economía catalana 187 En t~as las tr~nsformaciones apuntadas, íntimamente relacionadas, tuv_o una_ rmportanc1a capital la estructura de la propiedad de la tierra la cas1-prop1e~ad de los contratos enfiteúticos. Los cultivadores enfiteu~, con su caracter perpetuo, sometidos a un censo fijo y módico, pagado ge~eralmente en productos, se beneficiaron de la subida de los precios del siglo, au~que p~gasen también los diezmos y otras cargas señorialessll lo que hizo posible que parte de los beneficios se reinvirtieran en las tierras. Co_n el algodón, detrás de los vinos, Cataluña se había acostumbrado a produci_r n_o _para el consumo sino para la venta, lo que suponía un cambio en el pnncipio del modo de producción. Estas transformaciones se vieron truncadas por los efectos negativos de las guerras, con Francia en 1793-95 y 1808-14 y contra Inglaterra en 1799-1801 Y 1804-1808, que bloquearon el comercio colonial Según R Ferr~r, contemporáneo de la época, las fábricas y el comercio. quedaro~ paralizados después de la guerra de 1804. La Junta de Comercio en el balance de 1807 ~~aluaba di~has pérdidas en una disminución de las 2/3 partes ~e la ac~IVld_ad economica catalana. 12 Tras la e:uerra del frances el comercio colorual solo se recuperaría ya parcialmente. r3 2 .- LA CRISIS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA De 1808 a 1814 la Guerra de la Independencia can:ibió el he1?°oso semblante que presentaba Cataluña; dirigió las meJores Y mas fundadas_ esperanzas; paralizó el trabajo; detuvo ~s progresos que se babia consagrado al beneficio de la mina más nea '.}ue tienen los Estados, de aquella que nunca se apura y que continuamente se está produciendo. Aquellas ostentosas manufacturas que eran ya la envidia del extranjero, si no por lo que elaboraban por lo que podían elaborar, dirigidas por hombres activos Y naturalmente industriosos, redujéronse a cenizas, y a montones de escombros las mayores fábricas. 14 Según Vicens Vives la invasión francesa, la guerra, la destrucción de las cosechas Y ~l acap~ramiento de los productos de primera necesidad 15 provocaron ' para 1 , un ciclo alcISta de carácter inflacionan·o • U n d uro reves a econom!a catal?na, sobre todo para el campesinado que se vió sometido a una creciente tributación directa y vió disminuir sus cosechas y ganados. . ¿Cómo refleja la documentación de la época esta difícil situación? Lógicamente la guerra suponí~ una sangría para la economía del Principado en hombres, productos y dinero. Desde el principio la C01nisión de Hacie- �188 Siglo XIX da, creada dentro de la Junta Superior, dirigió todos sus esfuerzos para lograr que todos los pueblos y grupos sociales contribuyeran a la marcha de la guerra. La excesiva presión fiscal a la que se sometió a los pueblos provocó una cierta pasividad en sus gentes y al mismo tiempo su repulsa contra los excesos cometidos por los soldados en las cosechas de los campesinos. Las Juntas locales y los guerrilleros se incautaron sucesivamente de sus productos y en ocasiones se vieron sometidos a la .fiscalidad francesa cuando sus territorios caían en sus manos. a) Los problemas económicos Los problemas económicos fueron graves durante estos años. A las malas cosechas de 1809 y 1811 hay que añadir la pobreza, hambre, miseria, epidemia y desesperación de 1812. Como ha demostrado J. Nada! esta crisis de subsistencia desató otra vez la crisis demográfica. Más que por las campañas militares, las muertes se debieron a las penalidades sufridas y al hambre. En una muestra de doce localidades catalanas, los muertos pasaron de 1 704 en 1808 a 4 203 en 1809 (año en el que hubo una campaña 16 militar desastrosa) y 2 308 en 1812, año de hambre catastrófica. Los precios del trigo se incrementaron más aún en las ciudades sitiadas. Así por ejemplo en Gerona, según el Informe de E. l. Ruiz (Capitán Comisario de Guerra), el pan de libra llegó a valer 8 reales de vellón y la cuartera de trigo candeal 112 reales. 17 La escasez de granos provocó el consiguiente acaparamiento de ellos y la subida de precios, beneficiándose los hacendados y perceptores de diezmos. En el mercado de Igualada, que se celebraba los miércoles y sábados, los precios del trigo casi se duplicaron en el corto período de tres semanas (finales de marzo a mediados de abril de 1810): "(...) el que se compraba a 3 duros y medio la quartera se pagó el día 14 a seis duros y medio y el que se compraba a 4 duros y medio se vendía a 8".18 En Sant Feliu Sassera la cosecha de 1810 no llegaba ni para cubrir las necesidades de una tercera parte del año, por lo que su Ayuntamiento pidió a la Junta Superior el penniso para valerse del trigo correspondiente al noveno.19 A finales de este año la situación era preocupante en Reus. Según un Informe de su Ayuntamiento la falta de brazos había provocado un aumento de los salarios, el éxodo de los fabricantes había hecho disminuir la producción y el comercio y los propieta20 rios no podían hacer frente a tantas contribuciones. La incipiente industria textil catalana su.frió un gran revés en 1808 al autorizar al Capitán General y Gobernador de Cádiz Tomás de Merlo, con el consentimiento de la Junta sevillana, la libre entrada de tejidos ingleses de algodón por el puerto gaditano. Por este motivo, los diputados catalanes en la Junta Central pidieron medidas proteccionistas para la industria tex- A. Moliner Prada: Gue"a de Independencia y economfo catalana 189 til catal ana y por consiguiente la prohibición de los textiles ingleses: ~adíe ignora que en España la industria acaba de nacer, que necesita de t_?da la p~otección del Govierno (... ). Las fábricas de hilazas y teJidos estan muy diseminadas y emplean a más de 150.000 ~a~ entre hombres y mujeres y niños de ambos sexos (•.. ). c:.'?ue haremos de la rica y abundante cosecha de algodón de Motril y de Menorca y de nuestra América(... ), entre todas las manufactur~ que h_ay en ~uestro país no hay otra que reuna más las ventajas de la mdustna popular que la del algodón que ocupa a las personas de todas las clases y edades de ambos sexos, que sus operaciones pueden hacerse en cualquier parte y a cualquier hora (... ), que son de fácil ejecución. De ello es una prueba irrecusable el habers~ extendido tanto en la población rural, en la que por este medio se ha amalgamado la agricultura y la industria con notable mejora de la primera (... ). Se trata de arruinar la Provincia ~ás industriosa de España; se trata de arruinar no sólo esta preciosa rama de nuestra industria, sino también a todos los capitalistas que se ocupan en ella.21 La Central acogió favorablemente esta petición y suspendió la orden dictada por el Capitán General. La industria lanera se vió afectada en 1810 por el impuesto introducido ~60 reales por arroba) por las Juntas de Valencia y Murcia. J. Bautista G:ah_,, en nombre de los fabricantes de la ciudad de Terrassa, exigió la med_1ac1on d~ la J~ta C~?greso de Tarragona para que dichas Juntas permitieran la libre c1rculac10n de la lana de sus territorios respectivos. Dos eran las razones aducidas: 1) por los vínculos fraternales que unían a ambos reinos ~on el P?nc~~ado ca1:3lán _; y 2) por las nefastas consecuencias que ti:aena la aphcac10n de dicho impuesto a muchas familias de Olesa, Momstr?l, _F.sparraguera e Igualada que perderían su trabajo por el cierre de l~s fáhncas. 22 Dicha peticion fné aceptada por la Junta valenciana en noviembre y por la de Murcia en octubre de este mismo año. . La penuri~ e~~ó~ica fue t?davía mayor en 1811. La Junta Supenor de Cataluna dirtg10 al arzobispo de Valencia una llamada de auxilio exhortándole para que sus fieles socorrieran al desdichado pueblo cata~ lán. El hambre empezaba ya a aparecer: Dígase al arzobispo de Valencia que así como ofreció continuos auxilios, que ahora debemos reclamar todo recurso, y que espera la Junta qu~ exh_ortarf a su Cab~do y sus feligreses para que socorran, en la mtehgencia que aqu1 se apurarán todos los tristes recursos que puede prestar a esta desolada Provincia hasta ~uedarse sin comer sus habitantes. 23 �190 A. Moliner Prada: Guerra de Independencia y econom(a catalana Siglo XIX La cosecha de este año fue notablemente inferior a la de años anteriores. La imposibilidad de importar granos del e:'tranjero y su ext~acci~~ de lo~ pueblos cercanos a la capital, hicieron mas vulnerable esta Situac~on. As1 lo denunciaba la Junta corregimental de Manresa a la Junta Supenor en el mes de noviembre: En la calamitosa época en que nos hallamos, y en la ocasión que aumentando diariamente los apuros, nos encaminamos a padecerlos considerable es por la falta de trigo y otros granos, por causa de la cortísima cosecha, y no venir del extranjero (... ). Se observa la más escandalosa extracción (...) de infinitos negociantes que permanecen en Sabadell, Tarrasa y Caldes y demás pueblos rayanos al Corregimiento de Barcelona, donde se transportan a tropel granos de las citadas especies, carbón y otros efectos para introducirlos en dicha plaza. 24 Como medida la Junta Superior prohibió tajantemente la salida de productos a zonas ocupadas por las tropas francesas. r El corregimiento del Valles sufrió gran carestía de trigo otros _víveres a causa de los continuos saqueos de la tropa Su voz llego al gobierno central que se limitó a ordenar al Intendente prestase la ayuda solicitada. 25 El problema se agravó más aún en 1812. La escasez de alimentos provocó el hambre y apareció una fuerte epidemia. En febrero la Junta del Principado nombró a tres de sus vocales (V. Sis~ennes, J. Ferr~r y J. Bta. Galí) para que "mediten y propongan los medios para remediar la suma escasez que experimenta la Provincia y evitar el hambre, que amenaza de cerca". 26" Las peticiones de ayuda se sucedieron a lo largo del año. En _e~ mes de febrero la Junta solicitó de la comisión enviada a Mallorca que h1c1era ges· tiones a través del cónsul español o británico en Argel para adquirir granos. La situación era dramática: Las devastaciones que el enemigo aflige a este Principado -afir- maba-, se hacen tanto más sensibles para quanto le han reducido a la más lamentable miseria y a una escasez absoluta de granos siendo la carestía de estos otro poderoso enemigo, que se hace aún más terrible, que los mismos vándalos que intentan oprimirnos. Antes que es~e ~al llegue ~ su colmo y al extremo de hacer experimentar al Pnnc1pado los ngores del hambre (... ). 27 Al mismo tiempo la Junta se dirigió a los diputados en Cortcssolicitando su ayuda: "Todo, todo, Srs. Diputados -manifestaba- presenta en Catalu- 191 ña el aspecto más lúgubre; y lo que es más sensible, la hambre va a sellar mui en breve el heroísmo". 28 En febrero la Junta elaboró un plan para procurar los víveres necesarios. Para solucionar la carestía de cereales pensaba reunir un fondo de cincuenta o sesenta mil duros mensuales para su compra, facilitando su entrada en los puertos de mar sin ningún recargo y embargando los buques que llevasen este cargamento. 29 Con el mismo objeto elaboró un plan de recaudación de trigo, distribuido equitativamente entre todos los corregimientos y pueblos, cuyas cantidades debían <'ntregar en el punto señalado antes del 15 de agosto. En septiembre se dirigió al Consejo de Regencia pidiéndole tomara cuantas medidas fueran necesarias para evitar el hambre en todo el territorio.30 Sin embargo en la Cataluña franct>sa, aunqu" no SI' manifestó la crisis de 1812 con tanta virulencia, su menor efecto se debió a las precauciones tomadas por Decaen prohibiendo las exportaciones de granos a zonas enemigas, y a una St>ril' de medidas sanitarias que combatían la epidemia. En definitiva, a pesar de la guerra, la situación fue más favorable en las zonas ocupadas por los franceses. J. Mercader ha señalado que el comercio, aunque no recuperó el ritmo anterior de 1808, no permaneció estancado: trabajaban algunas fábricas de estampados y los tejedores de lino, en cuyas industrias estaban empleados no pocos jóvenes que habían desertado del ejército de la Provincia.31 Ante esta crisis que afectó duramente a toda España, el gobierno exhortó a los prelados, Juntas Superiores e intendentes, para que orientasen a los campesinos de los pueblos en los cultivos agrícolas (granos y legumbres) y así remediar "la escasez de subsistencias que aflige a gran parte de 32 la península". Difícilmente tal situación podía subsanarse con estos consejos gubernamentales sin tomar otro tipo de medidas en el sector agrario. b) Los problemas de la Hacienda. Uno de los problemas básicos que tuvo que afrontar la junta de Cataluña desde su constitución fue la cuestión financiera. La situación era crucial en esta guerra al estar ocupada gran parte del territorio del Principado por las tropas francesas. Según un cálculo prudencial, realizado por la Junta, las Rentas en un año normal ascendían a un total de 57 614 611 reales de vellón. 33 Básicamente lo recaudado debía emplearse en la manutención del ejército. Si bien la Junta suprimió algunas contribuciones antiguas, las circunstancias le obligaron a introducir otras nuevas, que fueron una pesa- �192 A. Moliner Prado: Guerra de Independencia y economía catalana SigloXIX da carga para los campesinos en una coyuntura económica recesiva y de crisis, cuyo punto álgido fueron los años 1811-1812. Entre los impuestos abolidos estaban el odioso tributo personal (30 junio 1808), el del cuartillo de vino y aguardiente (6 julio 1808), el del tres y tercio de los frutos que no diezman y el de los diezmos exentos (6 julio 1808). En febrero de 1809 se aplicó el decreto real (20 noviembre) que abolía las tasas sobre los legados y sucesiones colaterales. En octubre de 1809 la Junta suprimió el derecho de peaje sobre los puentes; el 28 de abril de 1810 el congreso de Solsona abolió el derecho del 25°/o (que cargaba sobre los diezmos percibidos por laicos) y en diciembre del mismo año el de Tarragona anuló la percepción del veinteno de todas las rentas. 193 gar los gastos del ejército, al oro y a la plata de las Jnlesias 1 ueblos " · uil d . & Y nunca a os . , aruq a os por la larga decadencia del comercio como y de la P contmua ex:inc10~ ., d. ~ pagos en los años anteriores, circunstancias ' ue les han dexado imposib1litados a practicar lo que harían gustosos »_36 q La_ crítica situación económica, debida a las malas cosechas a la crisis c~mercial de años anterio~ y a la presencia de las tropas enemi~as, motivo que algunas Juntas particulares le pidiesen una disminución en sus tributos o su total exención. En 1809 la Junta creó en cada distrito una caja especial para sufra ar 1~ g~stos de los somatenes. La desorganización de la Hacienda era to!J • La política de la Junta se basó en exigir con prontitud todos los impuestos que se cobraban anterionnente, tal como señalara en el plan de contribuciones de 26 de junio de 1808, e introdujo otros nuevos con el fin de resolver situaciones apuradas ( donativos, capitación, subsidios eclesiásticos, pensiones, carnes, carrozas, diplomas, loterías, etcétera). Sin embargo fue incapaz, por las muchas dificultades que encontró, de estructurar un sistema eficaz para recaudar dichos impuestos. Para tener una breve idea de la situación económica y financiera del Principado conviene ver su evolución a lo largo de los años de la guerra, a través de la documentación de la Junta en el ramo de Hacienda. Una de las primeras decisiones de la Junta fue adoptar un plan de contribuciones y arbitrios para formar el fondo necesario para la manutención del ejército y otros gastos (26 de junio de 1808). Comprendía este plan los siguientes tributos: doble catastro;salinas; aduanas; papel sellado; casas diezmeras y noveno decimal; vacantes eclesiásticas; fondo beneficial, subsidio eclesiástico, bulas de cruzada y carnes; patrimonio real; dona· ti vos voluntarios de propietarios, comerciantes y eclesiásticos; el 17 .50°/o con que contribuían al Rey los propios y arbitrios de los pueblos del Principado; contribuciones sobre carnes; impuesto del 5°/o sobre el producto de las fraguas de hierro y otros minerales; bienes y rentas de la orden de San Juan de J erusal~n; la capitación general y otros arbitrios (puertos, canales, puentes y caminos). 34 Sin embargo, a pesar de las exhortaciones de la Junta a pagar los viejos y nuevos tributos impuestos, todos los grupos sociales se resistían a aportarlos, principalmente los campesinos. Incluso algunas Juntas -eomo la de Tarragona- se negaron a satisfacer los arbitrios señalados, enfrentán35 dose directamente con la Junta Superior. Las quejas fueron frecuentes. El baile de Ribes de Freser, del corregimiento de Puigcerda, le envió un memorial señalando que debía recurrir a las personas pudientes para sufra- exJSlrnn ~uchos empleados de hospitales y finanzas sin ser necesarios. contable~ inexpertos, gente que cobraba los impuestos fraudulentament; Y n_ioroSidad en l_o~ p~o~, Las medidas introducidas por la Junta fueron antJpopulares: ~x1gir mas impuestos. Intentó cobrar Lodas las contribuciones atrasadas e impuso una contribución extraordinaria de 24 millones de reales 7 millones a los clériaos y 481 000 reales a l as congre. a los seglares, . . i:, gaciones re1igiosas. Para hacer frente al sitio de Gerona el congreso d M sa d, , . f e an~e _a,cor o un ~mpr~tlto orzoso de 40 millones de reales y para su amorbzaci?n ~e penso en imponer un veinteno sobre los frutos, lucros y rentas del Pnncipado. 37 Durante 1_810 lo~ co~fesos de Solsona y Tarragona intentaron hacer frente · ., con 1 • a la delicada s1tuac10n hacendística· Se nombro' a u na com JS1on e ob1eto de buscar los recursos oportunos, como el aumento de los derech~ de aduana de algunos productos (cochinilla, café, cacao, azúcar, algodon, cuero, madera, etcétera) y la supresión del contrabando canal,· . d 1 · , . , zan . º, ~ _co'.°erc10 um~amente a través ~el puerto de Tarragona. 38 Todo fue mut'.l. m los em_penos de 1~ Junta, ru los congresos sirvieron para sanear la Hacienda. Las cifras obtemdas eran muy inferiores a las de un año normal Desde el lo. de junio de 1809 al 31 de mayo de 1810 el producto total d~ las ~entas Y contribuciones ascendía a un total de 48 201 432 reale d ~M~ se _L~ crisis se agravó en 1811. Los resultados fueron muy pobres, de poco SJ.rV1eron los buenos propósitos de la Junta para obtener más recursos. Las Juntas se negaban reiteradamente a dar eumta de los wbros de im~uesto,s, desobedeciendo las llamadas del lntendenll'} de la Junta. El exceSJ.vo numero de empleados en la Hacienda se llevaba cuantiosas sumas de lo recaudado rar~ pagar sus ~arios. El crecido número de oficiales existentes en el e1erc1to en, relacion con la tropa acrecentaba más aún el déficit 40 mensual, que ascendia a 3.5 millones de reales. �194 A. Moliner Prada: Guerra de Jndependencia . Y econom,a , catalana Siglo XIX Un nuevo plan de reorganización de la Hacienda se puso en práctica en 1812. Su objetivo era recaudar las rentas con prontitud, proporción y equidad para remediar las necesidades del ejército. Se establecieron comisarios de guerra contra el carácter ele ministros de la Reaf Hacienda, representando al Intendente en cada cantón, para activar el cobro de las contribuciones ordinarias y extraordinarias, procurar la asistencia a la tropa, cuidar de su socorro en los casos urgentes, evitar la percepción de ayudas dobles, dar razón a los caudales existentes en cada cantón, instar a las comisiones populares a que presentasen sus cuentas y ser intermediarios entre el Intendente, administradores y contribuyentes. Sin embargo, la aplicación de este nuevo plan solucionó muy pocas cosas. Más aún, ocasionó continuos roces ep.tre la Junta y el Intendente. El saneamiento de la Hacienda fue imposible conseguirlo en un año tan crítico como el de 1812. A juicio de la Junta la situación caótica de la Hacienda se debía principalmente a la inseguridad reinante en todo el territorio, al extravío de papeles y a los continuos cambios en su administración: Puesto el gobierno de Cataluña, como el de las demás provincias, en tantas manos divididas, en tantos trozos quantos son los partidos de que consta, la variación de gobernantes quasi continua o a lo menos muy frecuente y la inseguridad general del Principado con las fugas, emigraciones, extravíos o pérdida de papeles y otras causas, tal es el origen funesto del caos en que se halla el ra41 mo de contribuciones y de la hacienda pública en Cataluña. Los proyectos de la Junta a lo largo de este año tampoco se cumplieron. A finales de noviembre trazó un balance de lo recaudado en concepto de arriendos de medios diezmos, noveno decimal, casas mayores dezmeras y contribución extraordinaria: de los 10 704 374 reales previstos sólo había obtenido una tercera parte de ellos, 3 611 518. Esta era la cruda realidad.42 Evaluar los costos de la guerra de la Independencia en Cataluña es difícil de realizar. La tesorería general señalaba en febrero de 1814 la cantidad de 488 224·657 reales gastados por el ejército en los cinco primeros años de la guerra. Cifra a la que hay que añadir los 40 mil millones aportados para el sitio de Gerona y unos 500 000 en razón de alimentos. En total más de 1 000 millones de reales. Sin embargo, estas cifras no son de ningún modo exactas, pues es claro el fracaso de la Junta en llevar a cabo un plan eficaz en la Hacienda durante estos años. El dinero se sacaba de donde se podia. Los guerrilleros y las Juntas locales pedían a los pueblos los impuestos neresarios para subsistir en forma de préstamo forzoso. En ciudades y pueblos se constituyeron Juntas de recursos para hacer frente a las necesidades más perentorias. Sería necesario tener muy en cuenta las 195 cantidades a ambos bandos, la fiscal.izac10n . , mme . d"iata de los bJ ( entregadas , . pue _os todav1a sm contabilizar), el número de muertos, los robos destrucciones de casas, cosechas y ganados.43 y . Una vezb más, los gas~os recayeron principalmente sobre los campesmos re la pequeña . rural . La h urguesia, , en su mayor parte hu ,y soMali , mdustna , yo a orca llevandose consigo gran parte de sus . Laguerra sup nquezas. totalm us; ~~ ~ptut traumática para la economía campesina que quedó . en, e e enora_ a. La protesta del campo se alzaría des ués en 1 zonas mas empobrecidas por la contienda. En defirútiva ¡ p d as de la r l ·, · d J , a segun a etapa evo uc1on m ustria en Cataluña se construiría sobre la ruina del campo y no sobre su esplendor como en la primera etapa. - NOTAS 1.- Existe una tradm;ción catalana de esta obra en Ediciones 62 Importa sob t do ~.1 volumen. ~11: "Les transformacions del segle X:Vlll ca tala'' re oIV, La formac10 Jel capital comercial", Barcelona, 1966-68. Y el volumen 2 ·• ~~~:: e~Ce~;~r¡~ri~ab~: en Cataluña El cens del Compte de Fl(>l"idalgl . • ª e at unya. lntroducció, edició ¡ index per Jo eSJes. Barcelona, Fundació Vives Casajuana, 1969-70, 2 vols. sep 3.- Vilar, P., op. cit., pp. 57 y s. 4.- ~-.N~dal señala que la reducción de la mortalidad catastrófica, especialmente . d~•ca. ya ~b?zada el _s,iglo XVl1I español. no culminaría hasta 1900 cue~~ s~ gla,eneralizo la utihzac1on de la vacuna contra la viruela. Cfr La pob'la ., espano Barcelona,1971,p.1 4 . · c1on ~~ 5·- n· Giralt•. EM "La d vificu lt ura Y el comercio catalán del siglo XVIII" en E tud· d 1$1ona o erna 'Barcelona, II (1952), pp. 157-176. • s ws e 6 ·· ~~~ª!:~~~¡:~º~:¡~~~~:~~ Barcelona, L (1970), pp. 83-121. !~! rnercat ca~a en el segle XVUI. Una prim~ s grans a Tarrega: 1732-1811", Recerques, 7 •· Castells, "Els rebomboris del pa de 1789 a Barcelona", Recerques, Barcelona, l (1970),l.pp. 51-81. 8.- Sobre ~ irnpor~ncia del comercio colonial Nada!, J. Y Torrella, G A . 1 comercio colonial y crecimiento econó . la Es ., 15;rcu tura, celona, 1975 ( d . , m,cuen pana contemporanea Barlzard), son e gran •nteres las aportaciones de Fontana, García .Baq~ero e 9.- Sobre la indóstria M lndwtr· r .,algodonb er~ se d ebe consultar entre otros los trabajos de lzard. ., ,a izacron y o rerumo, Barcelona, 1973 y Nada!, J., El fracaso de In �A. Moliner Prada: Guerra de Independencia y economía catalana 196 197 Siglo XIX revolución industrial en España (1814-1913), Barcelona, 1975 (capítulo 7o). 10.- Grau R. y López, M., "Empresari i capitalis~ ~ la ma~ufa_ctur~, catalana del segle XVIIL Introducció a I 'estudi de les fabnques d md1anes , Recerques, Barcelona, IV (1974) pp. 19-47. 11.- Balcells, A., Cataluña Contemporánea (siglo XIX), Bar~lona, 1977, P: 5. La situación de los nuevos enfiteutas nacidos a lo largo del siglo XVIII fue diferente a la de los antiguos, pues los nuevos "establiments" ya no eran perpetuos Y no rentaban un censo fijo. . Respecto a las rentas señoriales éstas ascendían a unos 20 millones de reales, no existiendo grandes latifundios. La lglesia poseía alrededor de una cuarta parte de las tierras. 12.- Ferrer, R, Barcelona cautiva o sea diario exacto de lo ocurrido en la misma ciudad mientrru la oprimieron los franceses, esto es, desde el 13 de febrero de 1808 hasta el 28 de mayo de 1814, Barcelona, 1815, vol 1, pp. 3-4. 25.- A.C.A., G.I., vol. 4, fs. 358-358v. 26.- A.J.S.C., sesión 15 de febrero de 1812, A.C.A., vol. 2, f. 282v. 27.- A.C.A., G.I., vol 29, fs. 63-63v. Sobre la tributación de los distintos corregimientos en este crítico año existe el estudio de Corona, C. y Asensio, E., "Reparto y cobro de tributos en los corregimientos catalanes en la cosecha de 1812", en Estudios de la Guerra de la Independencia, Zaragoza, 1864, vol. 1, pp. 363-376. 28.- A.C.A., G.I., vol. 19, f. 24. 29.- AC.A., GI., vol. 29. Biblioteca de Cataluña (B.C.). folletos Bonsoms, no. 8481. 30.- A.C.A., G.I., vol 19, fs. 346-347. 31.- Mercader, J., Catalunya i l'imperi napoleónic, Barcelona, 1978, p. 307. 32.- A C.A., G. L, vol. 10, f. 7v. 13.- Fontana, J, "Formación del mercado nacional y ~orna de ~onciencia de la burguesía" en Cambio económico y actitudes políticas del siglo XTX, Barcelona, 1973, pp. 43-48. 33.- A.C.A, G.I. vol. 4, f. 72v. Sobre esta cuestión ver mi artículo "Los problemas de la Hacienda en Cataluña durante la guerra de la Independencia". en Anales de la Universidad de Alicante. Historia contemporánea, 2 (1983) pp. 35-ó7. 14.- Texto citado por Nada! (en El fracaso de la revolución i'!dustrial, p. 192) de M. Ma. Gutiérrez, Impugnación a las cinco proposiciones de Pebrer sobre los gra1;· des males que causa la ley de los aranceles a la nac_ión en general, a la Cataluna en particular y a las mismas fábricas catalanas, Madnd, 1835, p. 145. 34.- Plan de las contribuciones y arbitrios para la manutención del ejército de Cataluña, Lérida, 26 de junio de 1808. A.J.S.C., sesión 25 de junio de 1808, vol. 1, fs. 45-52; B. C. folletos Bonsoms, no. 8463. 15.- Vicens Vives, J., lndustrials i politics (segle XIX), Barcelona, 1972, p. 177. 35.- A.C.A., G. L, vol. 33, fs 275-276v. 16.- Nada!, J.,Lapoblación española, cit., pp. 122-123. 36.- A.C.A, G.L, caja 150. 17.- Precios de los comestibles de la Plaza de Gerona durante el_ sitio ~e.~ 809 des~e el módico hasta el mas subido según crecía la escasez y la 1mpos1bilidad de 111troducirlos, Mataró, 22 de diciembre de 18~9. Citado_ por el Conde de T?re~o, Historia del levantamiento, guerra y revolución, Madri?, 1948, vol. 2, ~pend1ce no. 1, pp. 26-27. (La fanega de trigo se pagó en Aragon y en Andaluc1a a 450 reales y en Madrid llegó hasta 540). 37.- A.C.A., G.L,caja 117. 18.- Oficio de la Junta del Principado, Igualada, 18 de abril de 18 ~O. Archivo. de la Corona de Aragón (A.C.A.), Sección Guerra de la Independencia (G. l.) caJa 12. 38.- AC.A., G.I., vol. 28, fs. 289-291. 39.- Informe Comisión de Hacienda, A.C.A., G,l, vol. 174. 40.- A.C.A., G.I., vol. 41, f. 140. 41.- AC.A., G.I., vol 19, f. 303v. 19.- A.C.A., G. l,.caja 178. 42.- A.C.A., G.I., vol 29, f. 616. 20.- A.C.A., G. I.,cajas 175 y 178. 43.- J. Fontana ha señalado reiteradamente la necesidad de realizar estudios locales con este fin. Cfr., "La financiación de la Guerra de Independencia", Hacienda Pública &,,añola, Ministerio de Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales", Madrid, 1981, pp. 209-217; Qui va pagar la Guerra del Frances? en La invasió napoleónica, Bellaterra, 1981, pp. 7-20. Sobre la guerra de la independencia en Cataluña ver mi tesis doctoral "Estructura, funcionamiento y terminología de las Juntas Supremas Provinciales en la Guerra contra Napoleón. Los casos de Mallorca, Cataluña, Asturias y León", Universidad Autónoma de Barcelona, 1981 (inédita), vol. II: Id "Movimientos populares en Cataluña durante la Guerra de la Independencia", en Estudios de Historia Social, III-IV (1982). pp. 23-40. 21.- A.C.A., G. l., caja 3. 22.- A.C.A, G.L, vol 40, fs. 145v-146; Id. caja 117. 23.- Actru Junta Superior de Cataluña (J.S.C.), Sesión 2 de junio 1811, A.C.A., vol. 2, f. 183. 24.- Oficio de la Junta corregimental de Manr~ a la Junta Superior del Principado, 22 de diciembre de 1811, A.C.A., G. l., caJa 16. �La Formación del Mercado Interior en la España del Siglo XIX Ramón Garrahou* y Jesús Sanz Fernánde,¿** Uno de los elementos estructurales de la economía del antiguo régimen era la fragmentación del sistema de intercambios en una multiplicidad de pequeños mercados locales y comarcales con un funcionamiento autónomo y escasamente relacionados entre sí. Sólo determinadas mercancías, generalmente de valor elevado en relación a su peso, podían superar estas barreras y tenían un área de distribución mucho inás amplia. Los efectos sobre el sector agrario de esta estructura de mercados son bien conocidos: generalización de un policultivo que cubriera las necesidades de autoahastecimiento con predominio de cereales, violentas oscilaciones de los precios que en poco tiempo pasaban de cotizaciones muy alLas a precios Ínfimos, inversamente a las fluctuaciones de las cosechas; Lodo ello se traducía en la inexistencia de estímulos para incrementar la producción y frecuentemente desembocaba en una caída de la remuneración. G. Anes1 ha demostrado mediante el análisis de los precios, con sus diferencias de nivel y sus agudas fluctuaciones, multiplicadas por maniobras especulativas, el escaso grado de integración de la economía española a fines del siglo XVIll. P. Vilar2 estableció la distinta dinámica de la agricultura catalana con una clara tendencia a la especialización, lo que conlleva unas estructuras mercantiles más evolucionadas, posible gracias a la extracción de determinados productos agrarios hacia los mercados europeos y americanos. A su vez J. Fontana3 mostró cómo el crecimiento económico del siglo XVIII catalán se hizo a espaldas de la España interior: las importaciones de cereales extranjeros hicieron posible una dedicación creciente a aquellos productos que encontraban una salida en los mercados exteriores. Quizá se tendría que matizar esta afirmación en el sentido de que una par*Colegio Universitario de Gerona. Universidad Autónoma de Barcelona **Universidad Complutense de Madrid Este artículo reproduce una parte de la introducción al tomo II de H istorw agraria de la España contemporánea. Expansi/m y crisis (1850-1900), Barcelona. Crítica-Grijalbo, 1985. �200 Carrabou-Sanz Fernández: La formación del mercado interior en España Siglo XIX te del consumo catalán de cereales se cubría con gran9s procedentes de 4 Aragón y del litoral mediterráneo, como observ_a J. M. Fra~era ~n- su estudio sobre los circuitos comerciales catalanes a fines del antiguo regimen. Es de suponer que gran parte del trigo que se importaba del_ litor~ medi~erráneo procediera del área manchega, pero, con todo, el trafico mterregional entre la España interior y el litoral era muy limitpdo e irregular. El elevado coste del transporte de la mayor parte de los productos agrarios, que según los datos aportados por Santos Madrazo5 frecucnt~~ente doblaba el ~recio del punto de origen al .superar los 400 o 500 kilometros de recomdo, bloqueaba un tráfico regular y sólo podía resultar rentable en años de precios excepcionalmente altos. En estas circunstancias una gran parte de la p~oducci~n agrari~,' especialmente la de cereales, era autoconsumida: semilla y ahmentac10~ humana y animal absorbían una porción sustancial de la cosec~a. Ciertamente los agricultores vendían en el mercado pero no produc1an para el mercado, ya que una gran parle de ellos realizaba sus ventas de una forma irregular y escasa, excepto en los años de buenas cosechas c~ando los precios eran mínimos. Es verdad que el segmento de la poblacion ~ue c~~ guía disponer de excedentes comercializables de una manera SISte1?atica -perceptores de rentas feudales, grandes propietari~s y arre_ndatanos de una cierta cuantía- acumulaban voluminosas ganancias, gracias al_c~n~ol que ejercían sobre estos mercados; pero tambié~ l~ es que una dm~?ª semejante enlorpecía más que estimulaba el crec1m1ento de la producc1on agrícola. Sin posibilidad de dar salida a un hipotético aumento de las cosechas, los precios se derrumbaban, la remuneración ~inuía, y creemos que ésta es una de las claves para explicar el estancamie~to de ~a producción agrícola a corrúenzos. del siglo XIX: las notables difere~c1a~ de p~cios entre localidades relativamente cercanas, y una extraordinana amplitud del movimiento cíclico, se convierten en el testimonio evidente de la escasa integraci6n económica del estado español a comienzos del siglo pasado. A) LA REORJENTACION DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA A PARTIR DE LA PROHIBICION DE LA ENTRADA DE CEREALES ♦ La pérdida de las colonias y las dificultades de funcionamiento del estado absolutista impusieron un giro radical a la política económica, cuyas líneas maestras han sido definidas con claridad por J. Fontana: problemas presupuestarios, dificultades financieras, crisis de los sectores agrícolas y manufactureros que se habían desarrollado en contacto con los mercados coloniales, tendencia a la baja de los precios, obligaron a adoptar una serie ~e medidas que fundamentalmente pasaban por el impulso de las exportaciones y la reducción de las importaciones con Europa por un lado y, por 201 otro, por el ~~Ímulo de la producción autóctona. Así, se procuraba activar la extracc1on de aquellos productos que ya tenían una cierta tradición y se ~tent:ma i~troducir otros en el marco de la división intraeuropea del trabaJo agncola mherente al desarrollo del capitalismo. De todos modos, el esfuerzo oásico pasaba por incrementar la producción, y este objetivo estaba estrechamente unido con el establecimiento de intercambios interregionales, con una profundización de la división del trabajo y con una especialización en las actividades para las que cada zona estaba mejor d?tada. En la medida en que los excedentes de cada región encontraran salida en los mercados interiores o exteriores y se regularizaran los intncambios, sr evitaría el derrumbe de los precios, se procednía a una nivelación de las cotizaciones, las áreas más deprimidas percibirían una mejor remuneración por su trabajo y el consumidor adquiriría los productos más baratos. Así se crearían las condiciones necesarias para incremen ~r la prod~cción, y de forma progresiva la explotación agrícola que se onentara hacia el mercado desplazaría a la que estaba centrada en el autoconsumo. A partir de 1820 estr modelo de desarrollo basado en la potenciación del mercado interior y en las exportaciones se formula con loda claridad, y en las décadas siguientes se convirtió en el eje fundamental de la política económica española. Sin embargo, la articulación de un mercado inlerior exige cambios en la produccion, en la distribución y en la circulación, y su puesta en funcionamiento resulta más compleja que la promulgación de medidas arancelarias o de política comrrcial. Todavía estamos muy maJ inf?_rmados sobre la cronología y el ritmo con que se procrdió a la integracion de la economía r.spañola. Las crisis de subsistencias, muy activas hasta el último tercio del siglo XIX, las fluctuaciones intensas dr la produceión } de los precios a comienzos drl siglo actual, frecurnlrmenle han sido interpretadas como uno dr los indicadores más expresivos del inmovilismo de la agricultura española y de la lentitud en la formación del mercado interior. Nosottos mismos, en más de una ocasión, habíamos mantenido posiciones similares. Ciertamente, este texto no puede sustituir la falta de investigaciones sobre las décadas centrales del siglo pasado. Pero disponemos de elementos para avanzar algunas hipótesis sobre la dinámica real de la agricultura española durante la etapa expansiva que se inicia a partir de la década de 1830-1840, que cuestionan aquellas interpretaciones. Dada la imposibilidad de seguir en toda su amplitud un proceso tan complejo centraremos nuestra atención en un producto, el trigo, e intentaremos reconstruir la cronología del establecimiento del tráfico regular de cereales y harinas entre la submeseta Norte, en especial el área estructurada alrededor de Valladolid, y el litoral mediterráneo. La importancia del cultivo cereal, y el vo- �Gorrabou-Sanz Fernández: La formación del mercado interior en España 202 203 Siglo XI'!( 1828 1829 1830 1838-1842 1846 lumen de su producción en la meseta casteUana, pensamos que justifican la elección. B) EL FLUJO DEL TRIGO CASTELLANO HACIA LOS MERCADOS DEL LITORAL MEDITERRANEO La extracción de cereales de Castilla septentrional con destino a los centros de consumo del Meditemfueo había sido prácticamente inexistente hasta las primeras décadas del siglo XIX. El transporte hasta cualquier punto del litoral y su posterior envío por cabotaje significaba frecuentemente doblar el precio de los mercados de origen, y excepto en momento de alzas espectaculares no resultaba rentable. Además, para que su transporte por cabotaje no fuera excesivamente caro requería disponer de carga de retomo, lo que implicaba un cierto grado de organización, y esto explica que no se pudiera improvisar de la noche a la mañana. Así no ha de sorprender que a pesar del decreto de 1820 prohibiendo la introducción de cereales extranjeros, el envío de los excedentes de granos castellanos hacia Cataluña no fuera inmediato sino que exigió una etapa de preparación. Como es sabido, la ruta elegida fue la que los conducía hacia el Cantábrico, sobre todo hacia Santander, y posterionnente eran transportados por cabotaje hasta el ~editerráneo. Según J. M. Fradera,6 de hecho no fue sino hasta fines de la década 1820-1830 cuando se consolidó un flujo regular de cereales del interior hacia los mercados mediterráneos. En los primeros años de este de<"l'nio los granos llt•gados a Barcelona procedentes de Santander fueron más bien escasos. Gran parte de la demanda catalana continuó cubriéndosr con granos extranjeros, bien fuera a lraVt'S d1· autorizaciones tcmporall's o a través dr la 1•11trada fraudulenta mediante el contrabando, en cuyo tráfico parece que estaban implicadas algunas casas comerciales catalanas para las cuales el comercio de granos constituía una piPza fundamental de su sistema mercantil. Si bien es cierto que desde 1820 se cotizan cereales procedentes de Santander en el mercado barcelonés, lodo Ueva a suponer que durante es7 tos primeros años su volumen era muy reducido. Martínez Vara, basándose en una memoria de la Junta de Coml'rcio de Santander, evalúa que el promedio anual entre 1824.-1832 de las extracciones desde el puerto del Cantábrico a Cataluña fue solo de 4 950 trn. Esta cifra quizás es válida para los primeros años de la década 1820-1830, pero proba.l?lemente es baja para los años finales del decenio. En efecto, según los datos contenidos en la Información Arancelaria di' 184'78 que parecen bastante sólidos, las salidas de trigo y harina por cabotaje desde Santander fundamentalmente clirigidai:; a los puertos catalanes evolucionaron así: 20 727 8 631 32 739 27 664 tm " " " 31 716 " 1: ~i se aceptan estas cifras se constata que alrededor de 1830 las salid de tngo y harina hacia los puertos españoles se sitllan alrededor de ~O ~00 tm, c1~a ya re~prtahle y que al parecer se mantuvo en las décadas 9 61_gu~entes. Segun Martmez Vara, a partir de 1846 se inicia un notable crecumento, hasta ll3:>3, después disminuye, hasta llegar a cifras ínfimas en 1855-1858. Las pnmeras e~dísticas regulares del comercio de cabotaje cree~os que confirman la validez de las cifras que hemos manejado hasta aqu1, como se puede ver en el cuadro siguiente: CU tDRO J TRIGO SALIDO POR CABOTAJE DEL PUERTO DE SA'\JTA.NDER (EN TM) Trigo 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 2 563 5 116 2 405 3 826 1502 22 Harina reducida a trigo 3 781 7 092 33 099 67 957 77 085 86 985 80 024 39 856 Total 3 781 7 092 35 662 73 073 79 490 90 811 81 526 39 878 FUENTE: Estadísticas del comercio de cabotaje (reducción de harina a trigo: 100 kg de trigo igual a 70 kg de harina}. Observ_emos en primer lugar la escasa importancia del tráfico de trigo. Ya ~n la de<:3da de 1840-1850, se comprobaba la rápida sustitución de los env1os de tngo por harina a partir del desarrollo de una industria harinera casteUa~_a. Pero hay que destacar sobre todo el volumen alcanzado por la extracc1on d~ cereales castellanos por el puerto de Santander. Dejando al n_iargen las cifras de 1857-1858, anómalas debido a la crisis de subsisten~as de estos años y a la autorización de la importación de granos extranJeros, en 1859 se recupera el nivel de los años cuarenta y casi Uega a tri- �204 Ga"abou-Sanz Fernández: La formación del mercado interior en España Siglo XIX plicarse en 1862-1863. Estos años fueron sin nin~na duda la ~tapad~ máxima expansión del comercio de trigo por cabotaJe santandenno: mas de 1 000 000 hl de trigo castellano se enviaban regularmente hacia los puer10 tos del Atl"1tico y, sobre todo, a los del Mediterráneo. El ferrocarril representó un primer golpe para este tráfico de cereales organizado a través del eje Valladolid-Santander. La caída de 1864 no es casual: el año anterior se habían terminado los enlaces ferroviarios que permitían el transporte directo desde Valladolid a Barcelona. Los comerciantes trigueros optaron de forma creciente por el nuevo sistema ~e tr~porte, aun~e eran tantos los intereses alrededor de este comple30 hannero-mercantil, que todavía las salidas por cabotaje se mantuvieron unas décadas, si bien a un nivel muy inferior. C) LA AMPLIACION DEL MERCADO INTERIOR A LAS COLONIAS ANTILLANAS Santander, aJ mismo tiempo que canalizaba las extracciones hacia los mercados de la periferia peninsular, se convirtió en el principal y durante m~chos años único puerto de exportación de los cereales castell~os hacia Cuba. Este tráfico se había iniciado en el siglo XVIII y de fines de ese siglo data una cierta implantación de la industria h~era montañesa. Per~ todos los testimonios coinciden en señalar que la hanna se elaboraba casi totalmente con granos importados del extranjero y sólo de fonna marginal se utilizaban cereales castellanos; unas 1 500 tm en 1787, 0,09 tm en 1790 11 Ad ' , estas y unas 300 en 1793, se elaboraron con granos autoctonos. emas, exportaciones escasas e irregulares se interrumpieron durante la guerra de 205 ~cultura, sobre una petición de las diputaciones de Zamora y Valiadolid para que se prohíba la entrada de trigos extranjeros en Cuba ante la noticia de que se va a construir en la isla una gran harinera moderna. Según este organismo, ~as col~nias deberían carecer de grandes focos de ilustración y de mdustna que no pueden menos de confluir a un punto diametralmente opuesto al que se busca. Nada de universidades, ni de Academias ni de grandes fábricas. Las primeras no deben autorizarse: las segundas no es menester prohibirlas directamente. 12 En consecuencia, el Consejo acaba proponiendo que se prohiba la entrada de granos extranjeros en la isla; así, indirectamente, se impedirá que se construya la harinera y se garantizará el disfrute exclusivo de este mercado para la metrópoli. En este tipo de literatura nadie pone en duda la legitimidad de mantener los mercados antillanos reservados a las harinas españolas. Cuando en 1830, por razones fiscales, se imponga un gravamen de 30 reales por barril, la Junta de Comercio de Santander inicia una campaña para conseguir su eliminación y encuentra eco en varias ciudades castellanas. Conjuntamente, a comienzos de la década siguiente presionaron para que se prohibiese la entrada en la isla de harina norteamericana, su principal competidor. A pesar de que no alcanzan plenamente el objetivo, ya que la harina española continuó gravada y la extranjera continuó entrando en la isla, sin embargo, como puede versr en el cuadro 2, se mantuvo una posición privilegiada para los harineros castellanos. 13 la Independencia. CUADR02 Constituye un tópico situar el punto de arranque de la exportación de harinas castellanas hacia Cuba en la circular del intendente de La Habana de 5 de septiembre de 1819, por la que se gravaba con 170 reales el barril de harina extranjera y se decretaba la libre introducción de harinas españ~ las. En la abundante literatura sobre el comercio hispanocubano de la pnmera mitad del siglo XIX se hace referencia constante a esta circ?l'.'-1°? Y ~ la elogia con parecidos términos que los dedicados al decreto prohih1c1orusta de 1820. Los argumentos que se utilizan para justificar la reserva del mercado interior a los agricultores españoles son muy similares a los que se emplean para exigir que las harinas castell:m~ tengan un mer~do reservado en las Antillas Se plantea con frecuencia s1 Cuba debe coJlSlderarse una provincia o una colonia. En el primer cas?, se_ dice, debe seguirs? la mis~a legislación prohihicionista que en la metropoli y, en conse~u?nc1a, debena eliminarse cualquier recargo a las harinas españolas y prohihrrse la entrada de las extranjeras o mantener aranceles tan altos que impidan su introducción. Si, por el contrario, Cuba se conceptúa como u;°a colonia, a~n tienen más argumentos para reservar su disfrute excl_u&vo a la metropo~. No nos resistimos a transcribir un párrafo de un dictamen del Conse10 de 5? PRECIOS Y GRAVAMENESDELA HARINA (REALES POR BARRIL) 1830 1834 1843 1863 Derechos a la harina española (bandera española) 1mpuestos a la harina extranjera (bandera extranjera) Precio medio del barril en La Habana 30 40 44 45 160 190 200 195 150 a 200 (1841) 250 (1860) Las elevadas tarifas con que se gravaban las harinas extranjeras, cuatro o cinco veces superiores a las españolas, que algunos años igualaban el precio de venta de la harina en La Habana, significaban un auténtico muro que mantenía los mercados antilJanos prácticamente reservados a los �206 Garrabou-Sanz Fernández: La formación del mercado interior en España Siglo XIX exportadores españoles. Por estas razones creemos que es adecuado considerar el mercado cubano una extensión del mercado interior. El flujo de cereales castellanos hacia Cuba, a pesar de las frecuentes quejas de los exportadores castellanos, es perfectamente comparable al que por estas mismas fechas se dirigió hacia el litoral mediterráneo. También fue a partir de la década 1820-1830 cuando empezó a consolidarse, aunque el arranque se inicia un poco más tarde que las extracciones hacia Cataluña,14 como puede verse en el cuadro que sigue: CUADR03 EXPORTACION A CUBA DE HARIN '\ REDUCIDA A TRIGO, PROMEDIO ANUAL (EN TM) 1825-1829 1830-1834 1835-1839 1840-1844 1845-1849 1850-1854 1855-1859 1860-1864 ,, 7 685 8 007 12 233 18 718 28 887 37 309 42 540 49 691 100 104.2 159.2 243.6 375.9 485.4 553.5 646.6 Las exportaciones inician desde 1835-1839 un crecimiento notable en cuyo período superan en un 60º/o las cifras iniciales. Se mantiene la misma tendencia en los años siguientes y en 184.5-1849 se multiplican por cuatro las cantidades iniciales, y en 1860-1864 cerca de siete veces. Señalemos, asimismo, la extraordinaria regularidad de la serie a diferencia de lo que sucede en el comercio de cabotaje y todavía más en las exportaciones a Europa. Conviene no olvidar que estas cifras se refieren al total de las extracciones españolas; hasta finales de la década de 1840-1850 los testimonios son unánimes en afirmar que la casi totalidad de las salidas se realizaban desde Santander. Sólo diez años después la Dirección General de Aduanas empezará a facilitar el detalle de los puertos de exportación, y según estas informaciones los envíos de harinas a Cuba se realizan desde diversos puertos. pero Santander continúa canalizando un alto porcentaje de este tráfico y por regla general supera el 70% de las exportaciones. Bilbao, los puertos guipuzcoanos y algunos puertos de Galicia tienen una cierta entidad y también empieza a aparecer Barcelona como puerto exportador. Pero no creo que sea exagerado considerar que hasta comienzos de la década 1860-1870 un mínimo del 80°/o de los envíos de harinas a Cuba procede de granos castellanos canalizados a través de los puertos del Cantá- 207 brico. De ser exacto este porcentaje representaría para aquellas fechas unas 40 000 tm. Además, a estas cantidades extraídas por cabotaje y hacia Cuba, habría que añadir las exportaciones a Europa, que también tnvieron en Santander su puerto natural de salida y que gozaron de años de esplendor en las décadas centrales del siglo pasado. Conviene no olvidar que la importante movilización de los excedentes trigueros castellanos a través del comercio de cabotaje fue posible en la medida en que se consiguió articular un tráfico de ida y retomo entre el Atlántico y el Mediterráneo, sin el cual hubiera resultado muy costoso: flujo de mercancías bastante más complejo que el tópico intercambio trigo contra tejidos. Ya en una etapa tan temprana como la de 1824-1832, la contrapartida a los envíos de harina y cereales a Cataluña desde Santander eran el aguardiente, el vino, el aceite, el papel y el jabón,15 sin que ni tan siquiera se mencionen los tejidos. Era el sector agrario catalán el principal beneficiario de la activación del tráfico. El mismo comentario tendríamos que hacer respecto al envío de harina a Cuba, que sirvió de hase a un sistema de intercambio bastante complejo. En este caso la contrapartida eran productos coloniales, el azúcar sobre todo y también el café. Esto explica en parte la extraordinaria estabilidad del envío de harinas desde Santander a las Antillas. Los enormes capitales comprometidos en este comercio, así como las inversiones en la industria harinera, no permitían la paralización del tráfico, y así resulta comprensible que, incluso en años de dificultades de abastecimiento interno tales como 1847 o 1856-1858 las exportaciones se mantuvieron muy altas. ' D) EL COMERCIO DE CEREALES A :\lEDIADOS DEL SIGLO XIX Hasta ahora nos hemos referido al surgimiento y desarrollo de intercambios de gran entidad entre Castilla y Cataluña a través de Santander entre 1830 y 1860, pero es de suponer que procesos similares tuvieron lugar entre otras regiones y lógicamente que afectaron a una serie más amplia de productos que el trigo y la harina. Sin que podamos disponer de datos tan concluyentes como los que hemos utilizado hasta ahora, diversos testimonios parecen indicar tendencias similares en otras regiones, especialmente las que podían utilizar fácilmente el transporte marítimo. Quizá, como recuerda J. M. Fradera,16 se ha tendido a prestar menos atención al tráfico de cabotaje por el litoral mediterráneo por el hecho de que este tipo decircuitos comerciales contaban con una larga tradición, mientras que el comercio con el Cantábrico fue la gran novedad. Siguiendo con el tráfico de cereales, sabemos que desde siglos anteriores los trigos aragoneses llegaban hasta Cataluña y que los manchegos &yudaban a cubrir el déficit crónico del País Valenciano, e incluso algunas can- �208 Garrabou-Sanz Fernández: Lafonnacwn del mercado interior en España Siglo XIX tidades se enviaban hacia Cataluña a través de los puertos de esta región. Asimismo, en Andalucía el comercio interregional de granos debía tener una cierta actividad. Las extracciones hacia Portugal, utilizando el Duero, eran una de las vías tradicionales de salida de los granos castellanos. Resulta significativo que a partir de 1820 se hicieran diversos proyectos para adecuar la navegación por este río desde Salamanca; incluso se pensaba que desde Valladolid se podía llegar hasta Oporto. Sin embargo, dichas salidas de cereales nunca tuvieron entidad y sólo se extraían pequeñas cantidades. La primera visión de conjunto del comercio de cabotaje de cereales conocida por nosotros es la contenida en la Información Arancelaria de 1847, ya que las estadísticas regulares de cabotaje no se empezarán a ela17 borar hasta 1857. Con estas fuentes se ha elaborado el cuadro 4. Empecemos con algunas observaciones sobre las cifras de 1846. No se trata, a diferencia de las columnas siguientes, del saldo regional de las entradas y salidas de trigo y harina, sino sólo de los puertos por donde se han realizado las extracciones con destino al conjunto de puertos catalanes. Además, en el caso de Santander y Sevilla se dan también el total de las salidas. Por tanto, para 1846 no hemos podido establecer el saldo regional entre salidas y entradas, y lógicamente las cifras tienen un valor más aproximado que los datos referidos a períodos posteriores. A pesar de estas limitaciones, pensamos que dibujan con claridad las grandes rutas de circulación de los cereales españoles a mediados del siglo pasado, desde un centro productor a los puntos de consumo de la periferia. La suhmeseta Norte extrae masivamente sus excedentes por Santander y cantidades insignificantes por Asturias, Galicia y País Vasco. Hasta aquí una confinnación más de lo que se ha venido argumentando. El dato revelador, y pensamos que de enorme interés, es la aparición del País Valenciano como un área exportadora, con un volumen superior incluso al de Santander. Así como por este puerto la harina domina sobre el conjunto de las extracciones, en el caso valenciano trigo y harina mantienen una posición equilibrada. Evidentemente, no se trata de cereales autóctonos; con toda probabilidad nos encontramos ante los excedentes de la submeseta inferior que llegan a Cataluña a través del País Valenciano. Las salidas murcianas, especialmente el trigo de Aguilas, puerto de embarque de los excedentes de la zona de Lorca, se cotiza regularmente en el mercado barcelonés y alcanza un cierto relieve. Nos queda finalmente el caso andaluz, que si aceptamos estas cifras se convertiría en la principal región exportadora. Los autores de la Información Arancelaria de 1847 destacan el surgimiento de Sevilla, un puerto tradicionalmente receptor, como el gran centro de extracción de trigo, que llegaría a superar a Santander. Probablemente sea cierto que el puerto andaluz se consolidó como puerto de salida de los excedentes de cereales del valle del Guadalquivir, pero la cifra que le atribu- 209 CUADR04 TRANSPORTE DE TRIGO Y HARINA POR CABOTAJE (TM) 1846 Santander + 31 593 A B + 1057 e Asturias 1875 1879 1885 lll89 1890 1894 51.7 463 A+ 2 109+ 2 922.2 + 4 742.4+ B + 29 484 + 67 237.2 +48637. 4 + 23 049.9 + 18 528 e P. Vasco 1859 1863 + 70 159.4 + 53 379. 8 + 23 101.6 + 28 065 152. 4+ 157.4 + 1 945.9 + + 11 261.8 + 4840. 1 + 9 607.8 + 1 057 + 13 207.7 + 4 992.5 + 9 765.2 A+ B + 708 369 - 508.7 7 474.3 - 816.3 1 761.9 - - 78.8 6 882.9 - e + Galicia . 6 .961. 7 7 983.0 2 578.2 1 077 169 + 444.6 + 363 A+ 1538 + 1 702.9 + B + 194 - 8 482.7 - 14 963.9 - 6 534.7 - 6 422 6 059 e + 1 732 - 6 779.8 - 14 767.9 - 6 090.1 A Andalucía B + 40 995 + 1 563 - 3 756.6 + 6 378.8 + 14 866.9 + 13 072 25 529.6 - 20 004.5 - 12 209.9 -39 754 e +42 558 - 29 286.2 - 13 625.7 + 2 657 35 2 732 + 4 312 + 643.8 B - 5 883.6 - 2 898.7 - 3 126.5 26 682 A + Murcia e + P. Valenc. 2 732 - - + 25 018.9 + 6 333.0 3 161.5 16 614.1 40 204 A - 24 911 - 23 732.6 - 12 941.6 - 5 205.2 - 3 806 B -22 870 - 39 486.1 + 3 198.8 + 18 419.1 + 65 910 e - 47781 - 63 218.7 Baleares 2 254.9 A + 12 539 + 18 958.5 + 4 490.7 - 6 264.3 - 6 768 B + 11 202 + 6 060.4 + 1 842.3 - 10 349.8 - 33 436 e + 33 741 Cataluña 1 5 71.6 A+ B + 345 69 - 5 550.7 2 841.6 e + 414 - 8 392.3 - 9 742.8 + 13 213.9 2 954.8 - 2 116. 7 2 954.8 - + 62 104 2 116.7 A ~ Saldo general del comercio de trigo. B = Saldo general del comercio de hanna reducida a trigo. C = Saldo de A y B. �210 Garrabou-Sanz Fernández: La formación del mercado interior en España Siglo XIX yen los autores de la Información Arancelaria de 1847, pensamos que es muy exagerada. A falta de otros testimonios creemos que es suficiente comprobar que las cifras más altas de salida de trigo por Sevilla que conocemos a partir de 1857 en ningún caso llegan a la mitad de la supuesta cantidad de 1846. Santander, País Valenciano y Murcia y de forma menos clara Andalucía serían las zonas de salida de un importante tráfico de trigo y harina que se encamina hacia los mercados catalanes. En 1846 se introdujeron en los puertos catalanes 47 .7 millares de toneladas que superan ampliamente los 37 o 40 millares de tonaledas de granos extranjeros que se importaban antes de 1820. Las cifras ya mucho más seguras del período 1859-1863 confirman en lo esencial esta estructura del mercado triguero. Santander ha reforzado su posición, multiplicándose por más de dos su saldo positivo; y el País V asco, concretamente Bilbao, se consolida como puerto de salida, relativamente importante, de los cereales castellanos; por el contrario, tanto en Asturias como en Galicia las entradas superan ampliamente a las salidas, aunque en esta última el tráfico de trigo tenía un saldo ligeramente positivo. También el País Valenciano mantiene su posición de zona extractora, aunque con un retroceso respecto a 1846, atribuible parciahnente a las deficiencias de las estadísticas de cabotaje de 1859, que sólo dan una cantidad agregada para cereales y que no se ha contabilizado. Señalemos, sin embargo, que la salida de trigo ha crecido sustanciahnente. Alicante se confirma como el principal punto de extracción de trigo mientras que las salidas de harina por Valencia han disminuido de forma notable. El caso más sorprendente es Andalucía, que ha pasado de región exportadora en 1846 a la más deficitaria después de Cataluña. Inexplicablemente registra un saldo negativo también de trigo. Estas fluctuaciones del comercio de cereales andaluz por cabotaje, se repetirán como veremos en las décadas siguientes. Las cifras aportadas hasta aquí son suficientes para comprobar cómo a mediados de siglo XIX, antes de que el ferrocarril tuviera una eficacia real, el comercio interregional del trigo y de la harina había adquirido una importancia indiscutible y mostraba una clara tendencia alcista, como se pone de manifiesto al examinar el total de salidas por cabotaje: TRIGO Y H \RL\ \ REDUCIDA A TRIGO (EN TM) No. índice 1846 1857-1859 1860-1864 103 970 58612 168 270 100 56 161 21 l Es probable que el crecimiento entre la primera y la última fecha sea incluso más alto, debido a los problemas de las cifras de 1846. La caída de 1857-1859 no significa un cambio de tendencia sino que es el resultado de la fuerte incidencia de las malas cosechas, como la de 1856-1857, que reduce drásticamente los intercambios entre el interior y el litoral al abastecerse este ~timo con cereales extranjeros. Estas cifras también sirven para constatar como a lo largo de estos años flujos crecientes de cereales del interior llegan a la periferia, y que el tradicional tráfico de la periferia mediterránea se ha_ ~ctivado. De todas fo?°as, no deja de impresionar la capacidad de absorc1on del mercado catalan por un lado, que importa más de la mitad del trigo y harina transportados por cabotaje, y, por otro, el volumen extraordinario de los excedentes castellanos. Para el período 1859-1863, si sumamos las extracciones realizadas a través de Santander y del País Vasco, evidentemente de trigos castellanos, alcanzan un promedio anual de 86 715 tm. Si a esta cifra agregamos las exportaciones a Cuba y a Europa realizadas por estos puertos del Cantábrico, que dan un promedio anual de unas 80 000 tm para 1861-1863 (únicos años de esta etapa en que cons,ta_n las salidas por provinc!as), llegamos a la conclusión de que, como mrnuno, los excedentes de tngo y harina de Castilla la Vieja-León alcanzaban las 166 000 tm, cifra inferior pero perfectamente comparable a la que obtiene J. Sanz18 para el período 1890-1894, que calcula l<:>5 excedentes de esta región en 282 513 tm. Es cierto que las exportaClones en 1861 fueron elevadas, y al promediar sólo con los dos años siguientes nos ~a ~na cifra un p~co más alta, pero no podemos olvidar que computando umcamente las salidas por los puertos del Cantábrico no se contabilizan las cantidades extraídas por vía terrestre hacia el Sur, especialmente hacia Madrid. E) LOS PRECIOS CO~1011\DICADOR Los precios pueden proporcionar informaciones bastante precisas acerca del grado de integración de un mercado; los historiadores han recurrido frecuentemente a este indicador y de modo especial han interpretado la existencia de violentas oscilaciones como el claro exponente de una economía escasamente integrada. ¿Cómo evolucionaron los precios españoles del trigo después de las terribles alzas de comienzos de siglo? Poco se ha publicado e investigado sobre el tema para el período que transcurre entre el fi~al de la gue~a de la Independencia y mediados de siglo. Las series de precios que publicaba de forma regular la Gaceta de Madrid a partir de 1856, permitieron a Nicolás Sánchez Albornoz constatar la gravedad de las crisis de subsistencias de 1856-1857 y de 1867-186819 que han contribuido a reforzar las interpretaciones de que poco habían cambiado las cosas en la agricultura española por aquellas fechas. Pero volvamos a la pregunta quf' formulábamos anteriormenle acerca �212 Gorrabou-Sanz Fernández: La formación del mercado interior en España SigloXIX de la evolución de los precios del trigo entre 1814 y 1860. L_a e~casa información } reflexión disponible sobre el tema creemos que_ Justifican la formulación de algunas hipótesis a partir de unas cuantas senes, la mayor parte de ellas publicadas y las restantes cedid: ~nerosamente por c?le2 gas amigos. Como se puede ver en el cuadro 5, disponemos de las cotizaciones de tres mercados de zonas productoras, y de otros dos que corresponden a mercados de consumo del litoral. CUADR05 AMPLITUD DEL MOVIMIENTO CICLICO (°lo ENTRE EL MINIMO Y MAXIMO DE CADA PERIODO) Valladolid 1815-1819 1820-1830 1831-1840 1841-1850 1851-1860 1861-1870 1871-1880 1881-1890 77 57 109.7 107.6 168 110.6 46.6 45.3 Zaragoza Sevilla Barcelona Valencia 85.6 150 196 38.6 106.2 87.5 34.7 74.6 19.6 85.9 93.2 98.9 127.5 55.7 58.4 66.4 65 32.5 44.4 62.4 53.0 36.7 14.7 35.4 41.3 53.3 35.7 45.1 73.6 25.7 30.5 27.9 Una primera observación nos permite constatar una ve~ ?1:ás el distinto comportamiento de los mer?ados que v~os a ~amar perif~~cos respe~~ a los del interior. En los pnmeros, las diferencias entre maxunos y m1rumos siempre son menores y tienden a reducirse más pronto. Pensamos que es interesante observar la notable atenuación de las oscilaciones que los mercados del litoral habían alcanzado a comienzos de los años 1840, a pesar del establecimiento de la política prohibicionista. Después de un~~ve período inicial, las dificultades parec~n super~ y ~os ~ercados perifericos son abastecidos sin problemas, casi se podría decir meJor que cuan~o se importaban granos extranjeros, por lo menos esto es lo que parece mdicar la evolución de los precios. La ausencia de alzas violentas en los mercados del litoral en el período 1835-1840, parece confirmar este supuesto. En cambio, Valladolid, Zaragoza y Sevilla aparecen como un símbolo de contin~ida~. ~-duso se puede pensar que la situación ha empeorado respecto al c1?lo 1mc1al; ?ºr l~ menos Sevilla y Zaragoza en la década 1820-1830 registran una mtensificación de las oscilaciones, mientras Valladolid parece reducirlas. Sin emhar- 213 go, en la década siguiente el movimiento ríclico tanto en Sevilla (1835) como en Zaragoza (1838) o Valladolid (1~;$5-1838), se activa enormemente. Destaquemos la diversidad de fechas como una manifestación más de la falta de homogeneidad, y señalemos que en 1837-1838 también registran un máximo importante los mercados mediterráneos. De todos modos, resulta lógico que el proceso de integración de los mercados del interior fuera más complejo y lento, y que la intensidad de las oscilaciones se mantuviera hasta la década de los cuarenta. Más difícil de explicar resulta en cambio lo que sucede en las décadas posteriores. Por un lado, nos encontramos con un signo de homogeneización: las crisis de 1847, 1856-1867 y 1868, se manifiestan en todas las series. Es significativo que las dos primeras fechas significan, tanto para V alencia como Barcelona, una inlensiíicación del movimiento cíclico; pero, sobre todo, asombra la amplitud de Valladolid y Sevilla durante la crisis de 1856-1857 y de 1867-1868. ¿Cómo interpretar ei agravamiento de las crisis de subsistencias entre 1840-1870? ¿Se rompió el equilibrio población-subsistencias? ¿Las frágiles estructuras del mercado triguero perdieron eficacia a partir de estos años? ¿La agudización del movimiento cíclico se debe ver como un retroceso en la articulación de un mercado interior? Con la información disponible no parece creíble que la producción registrara un estancamiento sino más bien al contrario; consideraciones similares podrían hacerse respecto a los mecanismos comerciales y a su capacidad de movilizar los excedenles de las regiones productoras. No creemos que las explicaciones tengan relación con ello. Nos parece más razonable relacionar la agudización de las crisis de subsistencias con el proceso de integración a un mercado interior y de la producción española en los mercados internacionales. En efecto, a medida que se abren nuevos mercados a las wnas productoras las extracciones tienden a aumentar hasta liquidar cualquier reserva, y el advenimiento de una mala cosecha se puede convertir en una auténtica catástrofe. Más todavía en el caso español, que a diferencia de los restantes países europeos mantiene cerradas las fronteras a los cereales extranjeros y, lógicamente, en un momento de carestía como los que todavía se producen en la Europa de mediados del siglo XIX, tiene muchas más dificultades que los restantes países para abastecerse. Todo ello sin olvidar los grupos de presión partidarios de una política prohibicionista y que en estas circunstancias accionan para for1,ar el alza. Esta hipótesis parece bastante verosímil cuando se comprueba que en los años inmediatamente anteriores �214 Garrabou-Sanz Fernóndez: La fomiación del mercado interior en España Siglo XIX a las crisis de subsistencias, las exportaciones de cereales a las Antillas Y a Europa, según las estadísticas del comercio extP,rior, registran un alza espectacular como se puede comprobar en el cuadro 6. CUADRO 7 COEFICIENTE DE VARJACION VALLADOLID-BARCELONA CUADR06 Porcentaje EXPORTACIONES TOTALES DE TRIGO Y HARINA (l'ROMEDIO ANUAL, EN TM) Trigo 1846 1849-1852 1853-1855 1862-1864 1865-1867 26 816 3 411 87 366 1 887 43 126 Harina 21 188 27 600 69 383 39 748 55 314 Harina reducida en trigo 30 299 39 468 99 218 56 840 79 099 Total 57 115 42 879 100 186 584 435 58 727 100 122 225 208 La incidencia de las exportaciones creo que es indiscutible, sobre todo en el desencadenamiento de la crisis de 1856-1857. No olvidemos que en el período de máximo esplendor del comercio de cabotaje, 1860-1864, se extrajeron 168 270 tm. Además, otro hecho a tener en cuenta es que las exportaciones a Cuba, en contra de lo previsible, en el momento más agudo de la crisis. por ejemplo, en 1856-1857, no se reducen sino que tienden a aumentar l~eramente; la naturaleza del comercio colonial así lo exigía, aunque ello significara desabastecer el mercado interior. Otro de los métodos utilizados para conocer el proceso de formación de un mercado interior y de homogeneización de los diversos mercados locales y comarcales es el coeficiente de variación. Un valor alto expresa que el grado de autonomía de los mercados que se comparan es muy elevado, y su ritmo de reducción nos puede proporcionar pistas interesantes respecto a las etapas decisivas en que se logran avances hacia la fusión en un único mercado. Con las series anteriores hemos elaborado el cuadro 7. Observemos en primer lugar los altos valores del período inici~l, que confirman nuevamente la escasa o nula articulación del mercado tnguero español en general y entre Barcelona y Valladolid en particular. Una evidencia más de un sistema mercantil que actúa con un alto grado de autonomía en cada zona. Pero tan interesante como esta constatación, previsible por otra parte, es la notable reducción que se produce en el período siguiente del orden del 30º/o y que se consolidará entre 1845-1854 hasta valores que representan una caída superior al 40°/o respecto ~l período inicial. Somos conscientes de la precaución con que se han de uti- 215 1817-1829 1830-1844 1845-1854 1855-1864 1865-1874 1874-1884 1885-1896 1897-1906 43.65 31.59 28.30 15.30 11.50 13 7.80 5.97 No. Indice 100 72.4 54.8 33 24.8 28.1 16.8 12.9 !izar estas cifras, pero creemos que expresan modificaciones importantes de las estructuras mercantiles durante este período. Es cierto que todavía los valores son muy altos. Baste recordar que hacia 1840 el coeficiente de variación de los precios del trigo en Francia era de un 16 por 100,21 pero tanto como los valores absolutos interesa detectar la tendencia, y ésta nos parece que se muestra con toda claridad. Juntamente con el movimiento cíclico y los coeficientes de variación que en cierto modo reflejan la dinámica de cad;i serie, el nivel de precios alcanzado en cada uno de los mercados constituye otro indicador significativo del grado de homogeneización de una estructura mercantil al que se ha prestado menos atención hasta ahora. A las economías precapitalistas corresponderían diferencias sustanciales en los niveles de precios durante un mismo año, mientras que las economías capitalistas se caracterizarían por una tendencia a la igualación. El estudio desde esta perspectiva de estas series pensamos que aporta muchas enseñanzas, como puede comprobarse en el gráfico l. La comparación entre los precios del trigo de Valladolid y Barcelona resulta altamente ilustrativa. El trigo entre 1815-1830 se cotiza en la ciudad catalana entre dos y tres veces más caro que en Valladolid. Un indicador más de la total falta de conexión entre ambos mercados. Asimismo, ante estas cifras queda perfectamente justificada la queja tan frecuente desde fines del siglo XVIII de la extraordinaria desvalorización de los cereales en la España interior en años de cosecha normal, mientras en la periferia alcanzaban elevadas cotizaciones. Otra consideración que sugieren estas cifras, y hasta ahora muy poco tenida en cuenta, es la escasa remuneración que percibían los productores de cereales castellanos, en re- �216 Siglo XIX Carrabou-Sanz Fernández: La formación del mercado interior en España GRAFICO 1 PRl~CIOS DEL TRIGO EN VARIOS MERCADOS ESPA~OLES (PTAS. /hl) 35 217 ferencias, pero en todos los casos es moderado, y no contradice en nada la tendencia general a la reducción cuyos momentos decisivos se sitúan en los quinquenios 1830-1834 y 1855-1859. Conviene recordar que por estas mismas fechas el coeficiente de variación entre Barcelona y Valladolid registra una notable reducción, y que fue a partir de 1830 cuando se consolidó la extracción de cereales y harinas por Santander hacia Cataluña y Cuba. 30 Señalemos, además, que hasta los años cincuenta la reducción de las 25 GRAFICO 2 20 DIFERENCIAS DEL PRECIO DEL TRIGO ENTRE 15 10 5 Barcelona - - Valencia - · - Zaragoza ---- Sevilla ........Yalladolid VALLADOLID Y BARCELONA 35 30 PRECIOS DEL TRIGO EN BARCELONA 25 o 4---.----,-..---,---r--,--r--,--r--ir---r---r--,--r-"T"""-r.....,.--, 1815 1825 1835 1845 1855 1865 18/!, 1865 1895 1~ 19 1820 29 1830 39 1840 49 1850 59 J&.0 69 1870 J'J 1&80 89 1&90 \19 1900 O!/ 24 34 44 54 64 74 64 94 04 20 15 10 PRECIOS DEL TRIGO EN VALLADOLID !ación con otros agricultores mejor situados para abastecer los centros de con.sumo. El trigo castellano bien poco vaJía, y en consecuencia el estímulo para impulsar la producción era escaso. Las rentas diferenciales que podía obtener un agricultor catalán o de otra zona que le permitiera acceder al mercado barcelonés eran enormes, aunque los costes de producción fueran más altos, como se señala en determinadas ocasiones. Pensamos que estas cifras aportan sugerencias interesantes para explicar el distinto grado de desarrollo aJcanzado por la agricultura castellana y la catalana a fines del antiguo régimen. Pero esto no es todo. Como puede comprobarse en los gráficos 1 y 2, el desnivel entre ambas series empieza a reducirse significativamente a partir de 1830, y entre esta fecha y mediados de la década sii,iiente los precios barceloneses se sitúan sólo entre un 80 y un 100°/o ~r encima de los de Valladolid, lo que significa una drástica reducción de la diferencia respecto al período anterior. Sigue la misma tendencia en la década siguiente, aunque con menor intensidad, y de nuevo entre 1855-1864 se sitúa otra etapa de sustancial disminución. Ciertamente, el movimiento no es lineal: en los períodos 1840-1844, 1850-1854 o 1860-1864 se produce un incremento de las di- 1815 19 1825 29 183 5 1845 39 49 ~~t ~~~; 1855 59 1865 69 1875 79 1885 89 1895 99 Costes del transporte de VaUadolid a Barcelona más gastos de comercialización diferencias es el resultado de un doble fenómeno: tendencia a la baja de los precios de Barcelona y movimiento de signo contrario en Valladolid. Los precios de esta ciudad registran un incremento notable a partir de 1830 hasta 1850-1854. Tampoco en este caso se trata de un alza continuada entre ambos períodos; en 1840-1844 o 1850-1854 se producen ligeros retrocesos, pero los mínimos siempre se sitúan en puntos más altos y el movimiento alcista es indiscu tibie. En el caso de Valladolid el final de la depresión se puede situar a fines de la década 1820-1830. El otro período durante el cual se produce un acercamiento entre las dos series, 1855-1859, coincide con una etapa de alza en las dos series, pe- �218 Siglo XIX ro '!'lucho más intensa en el caso castellano que en el de Barcelona. Con mucho, es el tirón más importante y que estabilizó las diferencias hasta la etapa de la crisis finisecular. En esta ocasión, la demanda europea, estimulada por las dificultades de abastecimiento provocadas por la guerra de Crimea, junto con la canalización de las extracciones hacia los mercados periféricos y antillano, fueron los factores que provocaron el espectacular incremento. Ante los hechos que evidencian la evolución comparada de los precios de Barcelona y Valladolid, resultan mucho más comprensibles las frecuentes alusiones respecto al crecimiento de la agricultura cerealística castellana y a las expectativas favorables de que España se convirtiera en un país exportador. Frases como "las frraces llanuras castellanas son un gra22 nero inagotable que la naturaleza renueva sin cesar" o los campos "castellanos arrojan espontáneamente los tesoros que depositó en sus entrañas la fecunda naturaleza",23 pueden ser consideradas como algo más que meros recursos retóricos; por el contrario pensamos que expresan los cambios cualitativos que se habían producido en unas pocas décadas. Sin duda, manifiestan la toma de conciencia de que se había conseguido impulsar el aprovechamiento de unos recursos, improductivos hasta aquel momento. El secreto del dinamismo de la agricultura castellana en las décadas centrales del siglo pasado, como diría P. Vilar al referirse a la agricultura catalana del siglo XVlli, está en el hecho de que encontró salida para sus productos, trigos y harinas, y esto determinó que se produjera de forma creciente para el mercado. El contraste entre los campos castellanos de los años veinte y de los cincuenta es señalado una y otra vez: "Las Castillas yacían también en el abandono más lastimoso, depreciados sus campos, depreciados sus ricos frutos y pereciendo de necesidad los labradores en medio de la abundancia, mas el tráfico harinero comenzó a desarrollarse y todo cambió de aspecto", explica el secretario de la Junta de Comercio de Santander, y prosigue: F.I comercio, por su parte, se dedicó con ardor a mejorar la ela· boración de las harinas, a establecer fábricas por los métodos más adelantados de la maquinaria, a construir buques, a facilitar arrastres, a introducir, en fin, el espíritu de la más estricta economía en todas las operaciones de tráfico. Hasta qué punto han llegado sus esfuerzos lo demuestran más de 500 000 fanegas de tierra de sembradura, hoy convertidas por el arado en feraces mieses, cuando hace pocos años eran en totalidad presa lastimosa del parásito abrojo y de la estéril maleza; lo demuestran cincuenta fábricas, planteadas con inmensos costos en las provincias produc· toras y en la de Santander; lo demuestran más de 60 barcos con 14 000 toneladas, que el comercio de esta plaza adquirió para los Garrabou-Sanz Femández: La formación del mercado interior en Espo,la 2 L9 tran~orte~... lo demuestran millares de familias, que cifran su su~sistenc~a en la pr?ducción, en los transportes, y en otras operaciones aJenas al trafico de harinas ... ; lo demuestran en fin más de 500 millones de reales puestos en movimiento en tierras, fábricas, buques, carros, bestias, embases y jornales para dar alimento al comercio de harina.24 Testimonios semejantes son frecuentes durante los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado y en todos ellos sorprende la coincidencia en la caracte~ación del cambio, sus causas e incluso su cronología.25 Las transformaciones dr la a¡,-icultura castellana rntre 1820 y 1850 furron sin duda profundas cuando dejaron estas huellas. La formación de un mercado triguero a escala estatal comportaba de fo~a fundamental ~a homogeneización de los mercados castellano y catalan pero no excluSivamente. Otras regiones contaban también con excedentes para ~astecer los centros de consumo. Cataluña había recibido d~s~e muy ~nt~uo crre~les aragoneses'. ) aunque hay noticias de que este tráfic_o contm~o en el _siglo XIX no d1Sponemos de información que nos perm~t:1 cuanti~carlo m conocer su evolución durante estos años. La comparac1on del mvel d~ precios entre Barcelona y Zaragoza indica un fenó~~no bastante parecido al que acabamos de describir para Castilla. Tamb1e_n ~n el caso_ a~agonés los precios de trigo inician un movimiento alcista, pracb~ente mmterrumpido desde 1830-1834 hasta 1855-1859, sólo con una ~aida en los_años anteriores a este último período. Dada la tendencia de s~o c~ntrano que reg~tran los precios barceloneses, se produce una apro~a~1on de ambas senes como puede verse en los gráficos 1 y 3. Las modificaciones operadas entre la etapa inicial y mediados de siglo, aunque men?s espectac~lares ~ue en el ejemplo de Valladolid, son también significativas. Las diferencias en la etapa inicial no alcanzan los valores del mercado castellano, perfectamente explicables si tenemos en cuenta las rel~cio~~s cxiste?tes entre mercados catalanes y aragoneses. Hasta 1840 la cotizac1~n del tngo ,en Zaragoza se sitúa alrededor de un 50% por debajo ~el precio barceJones, aunque ~n el período_ 1_8~5-1829 el desnivel puPJe acercarse al 100 1/o. Pero a partir de 1840 se m1e1a una clara rrducció11. Las ~erencias en términos absolutos se sitúan entre 5 y 7 pesetas por hectoli~o, lo que representa que las co~izarione;, aragonesas perma111·ce11 habitualmente entre un 30 y un 35 1/o por debajo de las de Barcelona. . Más complej,o es el movimiento de los precios en Sevilla, con oscilac1on~ mucho mas b":'scas ~ue parecen expresar un movimiento de la prod~cc1on con fluctuaciones intensas, que pasan fácilmente de la abundancia a la c~tía. ~~bablemente, estas variaciones de la producción dificultan la arbculac1on de un sistema comercial, como sucedía en regiones con excedentes regulares. Es significativo que Cádiz y Málaga fueran las �Garrabou-Sanz Fernández: La formación del mercado interior en España 221 Siglo XIX 220 GRAFICO 3 DIFERENCIAS ENTRE LOS PRECIOS DE BARCELONA Y LOS DE VALLADOLID. Z \RAGOZA, SE\ Il,LA Y VALENCIA (PT \S./hi) 25 Sevilla 20 Valladolid Zaragoza Valencia - .-.- 15 10 5 o / ·-·__.,. 1825 29 1835 39 '\ Finalmente, resulta interesante el análisis del caso valenciano: tanto en el movimiento de la serie como en el nivel muestra una extraordinaria similitud con los precios de Barcelona. En ambos mercados la tendencia es clarame~te descendente hasta 1850-1854. Como corresponde a los mercados htorales altamente integrados, las diferencias nunca superan el 14% y puede~ ~r tanto de s~no positivo como negativo; prohablemen~ las caracteristicas de la sene de precios de Barcelona, formada excluSlv~en te con las ~otizaciones de trigos de Santander, que por regla general siempre son mas baratos que los procedentes de Valencia dificultan la comparación entre el nivel de precios valenciano y barcelon6s. De lo contrario ~o se explicana_ que desde Valencia se pudieran mandar granos a Cataluna como lo atestiguan numerosos testimonios. F) ELSISTEMADETRANSPORTETRADICIO 'AL, ¿UI\ OB~TACULO INSALVABLE? .... ✓ -5 1815 19 ~ones hacia Cataluña p~ce que se han estabilizado. Pero en el quinqueruo 1855-1859 los prectos sevillanos se sitúan al mismo nivel que los de ~~elona, y la reducida diferencia del quinquenio siguiente no parece suf1c1ente para hacer rentable el rnvío de granos andalucPS a los puertos catalanes. 1845 49 1855 59 1865 1875 69 79 1885 89 1895 99 1905 09 únicas provincias que recurrieran de una forma ilegal a las importaciones de granos extranjeros en 1835,26 y que en Sevilla, en 1847 o 1856, los precios se duplicaran respecto a los años anteriores. Sería interesante que se investigara sobre el funcionamiento del mercado triguero andaluz, para eitplicar cómo se puede pasar tan fácilmente de extracciones voluminosas a las importaciones y, en definitiva, que dieran razón del hecho sorprendente de que Andalucía disponía de mejores condiciones que Castilla (tierras, situación geográfica) y no aprovechara las posibilidades que se abrían a los productores trigueros con las ventas en los mercados catalán )' antillano e incluso al propio mercado andaluz. De todos modos, los precios sevillanos participan de las mismas tendencias que los de las regiones productoras. Inician un movimiento alcista a partir de 1830 hasta 1850-1854, pero poco activo y con retrocesos en 1840-1844 y 1850-1854. En el quinquenio 1855-1859 la serie da otro salto que iguala los precios de Sevilla a los de Barcelona. Respecto a las diferencias entre ambas series, también se observa un movimiento particular, nunca alcanzan los valores de Valladolid ni de Zaragoza; como máximo se sitúan en un 46% por debajo de las cotizaciones de Barcelona, pero pueden descender a cifras mucho más bajas. A partir del período 1835-1839 la diferencia se esta· biliza alrededor de las 4 o 5 pesetas, que representan entre un 25 y un 30%. Durante esta etapa, que se mantiene hasta 1850-1854, las exporta- La may?r parte de los autores que desde el siglo XVIII se han preocupado por unpulsar el desarrollo económico español, se refieren de una for~ obsesiva ~ _mal estado de caminos y carreteras y a la persistencia de los SÍStemas tradictonales de transporte, que encarecían extraordinariamente los productos hasta el punto de que· su comercialización ofrecía escasas expectativas de beneficios. En especial rsto es palpable en aquellos artículos que, como los cereales, tienen un valor relativamente escaso en relación con su peso. Otras mercancías más valiosas soportan mejor los altos costes del transporte y ello explica su radio de circulación mucho más extenso. 28 Los trabajos de Ringro~,27 de P. Ponsot y, más recientemente, de Santos _\1adra~o. aportan _e~1dencias suficientes para constatar que a fin~ del antigu? reg':°1~n el sl.Sl:ema de transportes era lento, irregular, tenía una capactdad limitada y, sobre todo, era extraordinariamente caro. La constatación, hecha tantas veces, de que mientras una comarca se encuentra en una situación miserable por un exceso de producción, otra relativamente cercana sufre los rigores de la carestía, se debe en gran parte al coste elevado del transporte, que desanima los intercambios hasta que los d~niveles de pre~ios no alcancen un margen remunerador para el comerctante o transportista. S~n Santos Madrazo,29 el valor de productos como el trigo podía verse mcrementado en un 50 y hasta en un 100% al recorrer una cierta �222 Siglo XIX distancia. Lógicamente este porcentaje descenderá en años de precios altos, pero en otros puede incrementarse, y su costo podrá variar si existe un transporte organizado o si se dispone de carga para el retorno. En consecuencia, es arriesgada cualquier generalización. También resulta muy complejo establecer unos precios medios del coste del transporte. Los datos aportados por los autores citados muestran tales discrepancias - lógicas por otra parte, dada la heterogeneidad de las fuentes y la diversidad de factores que influyen en la fijación de tarifas- que no permiten ver con suficiente claridad si entre fines del siglo XVID y mediados del siglo XIX se redujeron o si, por el contrario, se mantuvieron sin grandes variaciones. Santos Madrazo, sin aportar demasiadas evidencias empíricas, afirma: En 1850, con respecto a la centuria anterior las tarifas habían bajado como consecuencia del alza del precio del trigo, de las mejores comunicaciones y del aumento de la carga útil en un grado superior al del precio del ganado y forrajes y al menor de salarios de conductores y empleados de este sector. Aunque no puede generalizarse, debido a la diversidad de los ejemplos que van desde los 45 a los 100 M/T/K (es decir de 0,33 a 0,75 pesetas por tonelada y kilómetro, R.G. y ].S.F.) el transporte de mercancías en galeras y mensajerías supone un descenso de los costes pese a la especialización de dicho. tráfico.30 No hay ninguna duda de que a mediados del siglo XIX el sistema tradicional de transporte era un obstáculo importante para la homogeneización del mercado interior. Los contemporáneos se refieren constantemente al tema y no cesan de reclamar al estado que tome medidas. La comisión que elaboró un proyecto de ley de cereales en 1842, que no llegó a aprobarse, se lamenta de que las medidas liberalizadoras del comercio interior de granos de poco servirán si no se destruyen las trabas ñsicas que internamente le imposibilitan por falta de caminos, canales, ferrocarriles, únicos medios que facilitan las comunicaciones de las provincias entre sí, cuya falta o mal estado impiden que de una a otra se transporten con facilidad y economía sus respectivas producciones. Entonces y sólo entonces podremos prometernos los grandiosos resultados de este comercio de cereales como los de las demás fuentes de nuestra agricultura.31 Si interpretásemos de una forma mecánica este tipo de observaciones, probablemente válidas a nivel general, ¿cómo explicar el indiscutible avance de la producción agrícola castellana y su creciente especialización cerealística, en gran medida posible gracias a la oportunidad creada por la política prohibicionista de acceder a mercados tan alejados como los de la periferia Ca"abou-Sanz Fernández: La formación del mercado interior en España 223 mediterránea y los de las Antillas? Es evidente que en este caso se consiguió superar el obstáculo que representaba el precario sistema de transporte, y ello nos lleva a destacar la importancia de otros factores. El hecho fundamental era la capacidad de producción de excedentes y de conseguir mercados donde venderlos. El fenómeno ya constatado para la Cataluña del siglo XVID pensamos que se repite en Castilla a partir de la cuarta década del siglo pasado. Centrándonos de nuevo en el caso castellano, creemos que simultáneamente al crecimiento de los excedentes estimulado por la reserva del mercado interior y colonial, y a la organización de un importante comercio de trigo y harina en el que Santander desempeñó un papel fundamental, se consiguió comprimir de forma sustancial el coste del transporte. Como recordará el secretario de la Junta de Comercio de Santander a mediados de la década 1840-1850, el éxito de la etapa inicial de este comercio (1820-1830) se basaba en el bajo precio del trigo en los centros de producción, que permitía absorber con éxito costes elevados de transporte, fabricación de harina y corretaje. Pero a medida que la demanda se incrementó, los precios pagados al agricultor aumentaron notablemente y surgieron dificultades de venta; para mantener el beneficio fue necesario comprimir los restantes gastos, entre ellos el transporte. El consulado de Santander presionó para que se mejoraran las comunicaciones, y consiguió "la compostura de la carretera de Reinosa y su continuación hasta el interior de la provincia de Palencia". Se forzó a los transportistas, empacadores y barrileros 32 a que redujeran a más de la mitad los precios de sus operaciones. Veamos en qué medida las cifras disponibles sobre tarifas de transporte confirman estas afirmaciones. Los cereales de Tierra de Campos para acceder hasta el puerto de embarque de Santander podían utilizar en una parte del trayecto el -canal de Castilla, pero tenía que cubrir la última parte, unos 138 kilómetros por rutas terrestres, es decir la distancia entre Alar del Rey y la capital de la Montaña. De nuevo aquí tropezamos con la diversidad de cifras, como puede verse en el cuadro 8, en donde se intenta establecer el coste del transporte. 33 Digamos, de entrada, que la heterogeneidad de las cifras obedecen al hecho de que el coste de los transportes fluctúa constantemente por multitud de causas. Cuando el comercio recibe noticias funestas, que desalientan a los especuladores; cuando en la estación de verano los caminos se hallan más transitables; cuando la miseria pública atrahe mayor número de carros que el ordinario, cuando el canal de Castilla se halla espedito y algo mejor servido. Y en ocasiones semejantes, los transportes se hacen con bastante economía, pues que exceden muy poco o nada de 4 ,. �224 Siglo XIX Garrabou-Sanz Fernández:: La formación del mercado interior en España mrs. por arroba y legua por tierra (0,46 pesetas por tonelada y kilómetro, R. G. y ].S.F.). Al contrario, en la estación en que los carreteros, que también son labradores, se dedican al cultivo de sus haciendas, cuando las nieves y temporales del invierno obstruyen los caminos, o hacen muy penoso el tránsito; cuando se hiela el canal; y cuando otras causas imprevistas exigen celeridad y aumento en los arrastres, suben los portes de una a dos terceras partes. 34 CVADROB 36 d~ verano y 0.1~5 pesetas por tonelada y kilómetro los de invierno. A la VISta_ de estas cifr~ _vensamos que el ~anal fue un elemento decisivo para explicar la expans1on de la econom1a cerealística castellana a partir de 1830. Con todas estas informaciones conviene que intentemos contestar a la pregunta que formulábamos al principio de este epígrafe: ¿los transportes bloquearon el proceso de especialización triguera y comercialización de la agricultura castellana? Un artículo publicado en una revista gerundense en 1852, en donde se expresa la preocupación por la creciente llegada de cereales castellanos, ayuda de forma adecuada a esbozar la respuesta; según COSTE DEL TRANSPORTE DE TRIGO ENTRE ALAR DEL REY Y SANTANDER (EN PESETAS POR TONELADA Y KILOMETRO) { Respuesta de la Junta de Comercio de Santander al cuestionario de 1845 L. M. de la Sierra (Cuestión de harinas) 1830 1845 N. Heras de Puig Nicolás Sánchez Albornoz A. Gómez Mendoza 1852 1855 1850 0.761 0.460 0.860 { 0.349 0.262 0.293 0.474 0.532 Sin entrar a discutir cada una de estas cifras parece aceptable admitir que el transporte de trigo entre Alar y Santander oscilaría entre 0.262 y 0.470 pesetas por tonelada y kilómetro, que si lo comparamos con las 0.411 pesetas por tonelada y kilómetro que Santos Madrazo35 calcula para otras regiones, pueden ser tomados como unos costes relativamente favorables para el transporte terrestre del grano castellano hacia el Cantábrico. Sin embargo, la posicion ventajosa para el transporte de los cereales de Tierra de Campos se basa sobre todo en la posibilidad de utilizar casi en la mitad del trayecto (130 kilómetros entre Valladolid y Alar) un sistema de transporte mucho más barato: el arrastre por el canal de Castilla Desde fines del siglo XVIII se utilizaba el ramal norte; en 1835 entró en servicio el canal sur que ponía en comunicación Valladolid con Alar, y en 1849 se inauguró el tercer canal de Campos. Los costes del transporte por el canal son sustancialmente más bajos. Desde mediados de la década de 1840-1850, tenemos constancia, y esta vez coincidente, de que las tarifas que impuso la Compañía del Canal de Castilla, oscilan entre 0.173 pesetas los meses 225 CUADRO 9 COSTE DEL TRANSPORTE DE UN HECTOLiTRO DE TRJGO DE VALLADOLID A BARCELONA Transporte Valladolid-Alar (Canal de Castilla) Transporte Alar-Santander 1.66 ptas. (0.163 ptas. tm/km) 1.66 3.15 (0.293 ptas. tm/km) 4.95 (0.46 ptas.t~km). 3.15 3.15 7.96 ptas. 9.76 Almacenamiento, comisiones, embarque y seguros 1.53 ptas. 1.53 Santander-Gerona Total transporte TOTAL 9.49 ptas. 11.29 ptas. Narciso Heras, el autor del artículo, la estructura de costes del transporte 37 de cereales entre Valladolid y Gerona era la expresada en el Cuadro 9. La primera columna del cuadro corresponde a las cifras de N. Heras y la segunda se ha modificado, considerando que la tarifa entre Alar y Santander fuera de 0.46 pesetas por tonelada y kilómetro. Estos cálculos disipan muchas dudas: para que el trigo de Valladolid pudiera venderse en Barcelona sin pérdidas, como mínw10 debía cotizarse a 9. 49 pesetas por hectolitro menos que en Cataluña según los cálculos de N. Heras, o de 11.29 pesetas por hectolitro, según las correcciones introducidas. Conviene �226 Garrabou-Sanz Fernández: La formación del mercado interior en España Siglo XIX recordar ahora las diferencias del precio del trigo entre ambos mercados, recogidas en el cuadro siguiente: 1825-1829 1830-1834 1835-1839 1840-1844 1845-1849 1850-1854 1855-1859 1860-1864 14.30 ptas. 10.21 ,," 12.00 11.28 " ,, 10.31 9.76 ,," 5.14 7.28 " De estas cifras se deduce que hasta el período 1840-1844 las diferencias del nivel de precios entre ambos mercados superan ampliamente las 929 pesetas, y en consecuencia es perfectamente admisible que los trigos castellanos pudieran venderse en Cataluña aunque el transporte fuera más caro. Pero en el período 1845-1854, la posibilidad de extracción exigía que el coste del transporte y comercialización se contuviera alrededor de las 9 pesetas, cifra que como puede comprobarse coincide con la que da nuestro autor. Unas tarifas de transporte más altas hubieran hecho ruinoso el tráfico, como sucedió durante la crisis de subsistencias de 1856-1857, en que al elevarse el precio d.el trigo castellano por estas fechas, Santander no realizó envios a Cataluña. Probablemente, en los primeros años de la década 1860-1870, antes de que entraran en funcionamiento las grandes redes ferroviarias, todavía este sistema tradicional de extracción de los cereales castellanos vía Santander redujo las tarifas. De lo contrario no se explicaría que se siguiera mandando harina por cabotaje hacia Cataluña, habiendo disminuido la diferencia de precios hasta 7.28 pesetas por hectolitro. Pero estos años fueron el canto del cisne de la ruta ValladolidSantander. La Compañía de Ferrocarriles del Norte concluyó en 1863 la red que ponía en comunicación Valiadolid y Barcelona; al año siguiente las salidas por Santander cayeron a menos de la mitad y el ferrocarril acabó captando gran parte del tráfico de cereales entre la submeseta 'orte } Cataluña. Es indiscutible que con el ferrocarril la integración en un único mercado se aceleró, pero lo que hemos intentado mostrar a lo largo de estas páginas es que el proceso había empezado antes y que a mediados de siglo se habían dado pasos importantes, especialmente por parte de aquellas regiones que habían conseguido dar salida a su producción. Otras, el caso más evidente es Extremadura, continuaron bajo el predominio de una agricul1ura de autoabastecimiento y de fragmentación del mercado. Igual sucedió en las áreas de difícil acceso dentro de cada región. En el fondo, 227 1~ cut:5tión i~portante es poder detectar cómo una nueva clase de propietarios actua, s~ mue~e, ~ara sentar las bases sobre las que pueda funcionar. un~ econori:na capitalista. El caso castellano, o mejor dicho, el del tem!ono organizado alrededor del eje Valladolid-Santander, pensarnos que ilustra con bastante claridad cómo, a partir de la tercera o cuarta décad_a del siglo pasado, se ponen en funcionamiento fuerzas económicas y ~•al~ ~e rompen con las formas tradicionales de producción y dis~-uc1~?• impulsa~ un crec~ento de la producción, intensifican la espeaaltzac1on y constituyen una tmportante red comercial. En definitiva, fuero~ 1~ necesidad:5 ~readas por estas nuevas formas de organización de las actiVtdades econolTUcas las que exigieron encontrar una alternativa más ooi:ata al sistema de transporte. Ello nos lleva a pensar que el mercado intenor no surgió a partir del ferrocarril sino al contrario: el ferrocarril se construyó, precisamente, por la presión que ejercieron aquellos sectores de ~ economía ~pañola, y entre ellos los agricultores castellanos, que a mediados del Siglo pasado necesitaban reducir los costes del transporte. RECUENTO El aná~isis del crecimiento y consolidación de los intercambios de trigo entre regiones productoras y consumidoras y la constatación de cómo se pasa de un movimiento de precios del trigo, sometido a violentas fluctuaciones, con un alto grado de autonomía y con unas enormes diferencias de nivel entre unos y otros mercados, a un comportamiento distinto f'n el que el ~novimiento cíclico se ha reducido, igual que las diferencias y todas las senes adquieren una dinámica semejante, han sido los dos principales instrumentos que nos han permitido seguir el proceso de formación de un mercado interior. Proceso evidentemente prolongado, que se dilata a lo largo de varias décadas ya que, arrancando de la década 1830-1840, ha alcanzado ya un gran dinamismo a comienzos de la década 1860-1870 se ha intensificado con la construcción de la .red ferroviaria y a comienzo~ del siglo XX el mercado triguero se encuentra sólidamente homogeneizado. Paralelamente, otros sectores agrícolas registran procrsos similares e incluso más rápidos. Todo ello ha sido causa y efecto, a la vez, de la imp~a~tación de nuevas formas de organizar la producción en las que las tradicionales exp1otacionf'-S orientadas aJ auto-abastecimiendo se han visto desplazadas por otras cuyo objetivo fundamental es la producción de mercancías. En este contexto, en la medida que se ha conseguido dar salida a unos crecientes excedentes han desaparecido viejos obstáculos y la producción registró un incremento muy notable, aunque difícil de medir, pero creemos que indiscutible. �228 Garrabou-Sanz Fernández: La formación del mercado interior en España Siglo XIX Para evitar confusiones quizá convenga recordar que la formación de un mercado interior, el crecimiento de )a producción, la llamada modernización en definitiva no significó superar la mísera situación de una parte numerosa de la población rural española sino que, a corto plazo, probablemente muchos jornaleros, colonos o pequeños propietarios vieron empeorar su nivel de vida. Es necesario tener presente que la implantación de una economía capitalista, de la cual el mercado interior constituía una pieza fundamental, no fijaba su horizonte en mejorar el nivel de vida del conjunto de la población sino en crear las condiciones para que el capital pudiera reproducirse lo más ampliamente posible, y desde este punto de vista el éxito de la burguesía española parece indiscutible. - NOTAS l. Gonzalo Ancs, "Las crisis agrarias en la España moderna", Taurus, Madrid, 1970, y del mismo autor, "Las fluctuaciones de los precios del trigo de la cebada y del aceite en España (1718-1808): un contraste regional", en Economía e llustración en la España del siglo XVW, Ariel, Barcelona, 1969, pp. 43-70. 2.- P. Vilar, Catalunya dins l'Espanya moderna. Les transformacions agraries del seg/e XVlll catala, vol. Ill, Barcelona, 1966. 3.- J. Fontana, La quiebra de la monarquía absoluta, 1804-1820, Ariel, Barcelona, 1971, y del mismo autor, "Colapso y transformación del comercio exterior español entre 1792 y 1827", en Moneda y Cridito, no. 115 (1970), pp. 3-23. 4.- J. M. Fradera, "Crisi colonial i mercal interior, 1814-1837 (Les basescomercials de la industria catalana moderna)", tesis doctoral inédita, presentada a la UAB, 1983, especialmente cap. 1, apartados 3 y 5. 5.- Santos Madrazo, "Precios del transporte y tráfico de mercancías en la España de finales del Antiguo Régimen", en Moneda y Crédito, no. 159 (1981). pp. 39-71. 6.- J. M. Fradera, "El comercio de cereales y la prohibición de 1820. El caso del mercado catalán", en curso de publicación en Agricultura y Sociedad. Según este autor, entre julio de 1821 y marzo de 1822 sólo habían entrado por cabotaje un poco más de 2 000 tm de trigo español, y una cifra ligeramente superior entre mayo y diciembre de 1826. Ambas cantidades están muy alejadas de las 37 000 a 40 000 tm que se importaban del exterior en los años inmediatamente anteriores a la prolúbición. Es interesante la constatación que hace este autor respecto a la actitud adversa al prolúbicionismo triguero que mostraban determinados sectores de la burguesía mercantil catalana. 7.- T. Martínez Vara, Santander de villa a ciudad (un siglo de esplendor y crisis), Santander, 1983, p. 215. El autor reproduce sin ningún comentario ni aclaración las cifras de esta Memoria y las de la Información Arancelaria de 1847 (véase nota siguiente), que son muy diferentes. 229 8.- "Dictamen que la sección de cereales someta a la aprobación de la Junta General de Información creada por R D. de 4 de marzo de 1847", publicado en la Gaceta de Madrid el 15-16 y 20 de mayo de 1847 y reproducido en Agricultura y Sociedad (enero-marzo de 1979). A partir de ahora se citará como Informa- , ción Arancelaria de 1847. 9.- T. Martínez Vara, Santander de villa a ciudad.. . Esto se puede desprender del gráfico que publica en la p. 223. 10_- Ante estas cifras uno no deja de sorprenderse de que A Gómez Mendoza, despues de laboriosos cálculos sobre el tráfico ferroviario de cereales descubre que "En 1909, los barceloneses comían pan de trigo cosechado en España, a 800 kilómetros de sus tahonas" (Antonio Gómez Mendoza, Ferrocarriles y cambio económico en &paña, 1855-1913, Alianza Editorial, Madrid, 1982, p. 200). 11 .- "Memoria sobre el estado del comercio que publica la Real Junta de Santander, redactada por su secretario, D. Luis María Sierra", Santander, 1833, p. 567, citada por M. Terán, " Santander puerto de embarque para las harinas de Castilla", en Estudios Geográficos, no. 29 (noviembre 1948), p. 748. 12.- Dictamen elaborado por una comisión del Consejo de Agricultura, Industria y Comercio en 1849. Archivo Ministerio Agricultura, leg. 6, exp_ 11 _ 13.- Las cifras de los aranceles de 1830 y 1834 proceden de la Información Arancelaria de 1847. La de 1843, de M. Torrente, Memoria sobre la cuestión de Harinas, Madrid, 1845; y la de 1863, de Consulta elevada al Excmo. Sr. Ministro de Ultramar por la )unta provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Santander sobre la introducción en las Antillas de las harinas nacionales y extranjeras, Santander, 1863. De este mismo folleto procede el precio medio del barril de harina de este año. El valor correspondiente a 184 I procede de una exposición de la Junta de Comercio de Santander al Congreso de Diputados (Archivo Congreso Diputados, leg. 63, no. 48). 14.- L~ cifras correspondientes al período 1825-1845 proceden de la Información Arancelaria de 1847. Para 1846 he preferido la cifra que se publica en Gaceta de Madrid de 17-lV-1848. La exportación de 1847 procede del Diccionario de Madoz (t. 13, p. 768) y corresponde sólo a Santander_ La cifra de 1848 del Boletín Oficial del Ministerio áe Hacienda, t n. no. 34 (agosto 1850), pp. 236238, parece más fiable que otra estadística referente a la exportación de harina a la isla de Cuba, publicada en este mismo boletín (t. Ill, no. 57, 1851, P- 150). Para los restantes años, proceden ya de las Estadísticas de Comercio Exterior. 15.- T. Martínez Vera, Santander de villa a ciudad..., p. 215. 16.- J. M. Fradera, " El comercio de cereales", art. cit. 17 .- Para el período 1890-1894 aparecen agrupadas las cifras de Santander, País Vasco y Asturias y también las del País Valenciano y Murcia. Las diferencias que se observan entre el volumen de las extracciones realizado por Santander correspondientes al período 1859-1863 y las que constan en el cuadro 2, se deben a que en este último caso no se han descontado las cantidades entradas en los puertos de estas zonas. 18.- Esta cifra la obtiene J. Sanz tras una minuciosa elaboración de los datos conteni- �230 Siglo XIX dos en el Informe acerca de la producci6n, comercio y consumo de trigo en España, Madrid, 1896, estudio contenido en su tesis doctoral inédita. 19.- NicoJ;f, Sánchez Albornoz, Las crisis de subsistencias de España en el siglo XIX, Instituto de Investigaciones Históricas, Rosario, 1963. 20. La procedencia de las series del cuadro es la siguiente: para el tramo 1891-1906, Grupo de Estudios de Historia Rural, Los precios del trigo y la cebada en España, 1891-1907, Servicio de Estudios, Banco de España, Madrid, 1980; para el período 1847-1890, excepto 1850-1852, Gaceta de Madrid; en ambos períodos se trata de cotizaciones medias de las provincias. Menos homogeneidad tienen las series de la primera mitad de siglo, que proceden de fuentes locales que recogen las cotizaciones de un único mercado, generalmente el de la capital de la provincia Las fuentes son las siguientes: BARCELONA (1815-1846 y 1850-1852). Precios publicados en el Diario de Barcelona y recogido por A. Segura, "El mercat de cereals i llegums a Barcelona (1814-1868)" en Recerques, no. J4 (1983). La serie se ha construido ~xclusivamente con las cotizaciones del trigo de Santander, excepto para un numero reducido de años en que no se cotiza. y entonces se toma la media de las diversas variedades de trigo cotizados en el mercado barcelonés. En todos los casos los precios corresponden a la primera quincena de julio. VALLADOLID (1815-1840). Condiciones del trigo en el mercado de Medina de Rioseco, procedentes del Archivo Históri~o Municipal de e~ta localidad (caj~ 266, no. 4 843), recopiladas por Bartolome Yun cuya generosidad nos ha permitido disponer de las cotizaciones de este mercado castellano, que era clave para nuestra argumentación. VALLADOLID (1841-1848 y 1850-1852). Precios de la ciudad de Valladolid publicados por Germán Rueda Hemanz, La dcsamortizaci6n de Mendizábal en Valladolid (/836-53). Transformaciones y constantes en el mundo rural y urbano de Castilla la Vieja, Institución Cultural Simancas, Valladolid, 1980, p. 597. ZARAGOZA (1815-1846 y 1850-185i). Precios en el mercado de esta capital según datos de Ja Sociedad Económica de Amigos del País publicados a fines del siglo pasado por Pío Cerrada, La riqueza agrícola y pecuaria en España. M~ograf(a presentada al concurso abierto en 31 de enero de 1893. ~ea/ Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 1896, pp. 52-53. Esta sene presenta graves deficiencias y sólo de torma muy imprecisa y aproximada registra el movimiento y el nivel de los precios zaragozanos. A pesar de ello hem_os decidido utiJ!· zarla. con todas las reservas que se quiera. ya que hemos considerado que tema interés disponer de los precios de otro mercado interior. Sin embargo para medu la amplitud cíclica del período 1831-1840 (Pío Ce~ad~ da para 1_836 un valor absolutamente increfüle) hemos preferido las cotJzacmnes publicadas por el Diario de Zaragozo. Esto ha sido posible gracias a la investigación ~ue está realizando Antonio Peiró sobre los precios zaragozanos y a la generosidad con que nos ha permitido utilizar sus resultados. SEVILLA (1815-1846 y 1850-1852). Cotizaciones de la Alhóndiga de Sev~a, por tanto corresponden al precio de esta ciudad. El tramo 1815-1833 ha sido publicado por María José AJvarez Pantoja, Aspectos econ6micos de la Sevilla Garrabou-Sanz Fernándl'z: /,a formació11 del mPrcado interior"" f;spaña :!:J 1 Jnnandina (1800-1833), ScviUa, 1972, vol. 11, pp. 113-114. Los valores de los períodos 1834-1846 y 1850-1852 nos han sido facilitados amablemente por A M. Bernal Y coinciden con la serie publicada por J.M. Benavides a mediados del siglo pasado y reproducida por Nicolás Sánchez Albornoz, Las crisi.~ dP subsistencias de f;spaña <'n el siglo)./'(, cit., p. 122. VALENCIA (1816-1846 y 1850-1852). Precios de la ciudad de Valencia. publicados en la prensa de esta ciudad y que han sido recopilados por Telésforo Marcial Hemández y J. Piqueras."Materiales para la historia de los precios t:n Valencia durante el siglo XIX", en Estudis, no. 7 (1978), pp. 155-216, especialmente apéndices l a 4. Las cifras de nuestro cuadro proceden de promediar, a partir de 1821, las series de "Trigo Huerta de Valencia" y "Trigo fuerte de Castilla". Para 1816-~81 sólo se dispone de la rr!rnera serie, y para 1820 no se registra ninguna cotízac1on. .Al comparar esta sene con las elaboradas a partir de los datos de la Gaceta de Madrid en los años cincuenta, se comprueba un movimiento similar pero diferencias de nivel significativas: los precios de la ciudad de Valencia. que son los que utilizamos para la primera mitad del siglo, siempre se sitúan por encima de los precios provinciales que da la Caceta de Madrid. Conviene tener presente estos problemas para interpretar adecuadamente el nivel de los precios a partir de 1853, ya que utilizamos los datos provinciales. ?, 21.- Roger Price, The modernization ofrural f'rance, Hutchison University Library, 1983,p. 310. 22.- "Exposición de la Junta de Comercio de Santander al Congreso de Diputados, junio de 1840", leg. 63, no. 48, Archivo Congreso Diputados. 23 .- "Exposición al Congreso de Diputados del Ayuntamiento y de la Junta de Comercio de Santander, mayo 1842", leg. 62, no. 11, AIChivo Congreso Diputados. 24.- L. M. de la Sierra, Cuestión de harinas, contestación al Sr. D. Mariano Torrente, Santander, 1845, pp. IV y 50. 25.- Veamos cómo captan el mismo fenómeno un grupo de ciudadanos de Valladolid en una exposición dirigida al Congreso de Diputados, solicitando que se indemnice a los propietarios de las fábricas de harinas destruidas durante los motines por la crisis de subsistencia de 1856: "La prosperidad actual de Castilla, el repentino desarrollo de la agricultura, principal riqueza de su suelo, la acumulación de capitales en estas provincias, tan pacíficas como leales; la fabricación de harinas en una escala que honra a nuestra Nación y el haberse triplicado el valor de la propiedad rústica y urbana de pocos años a esta parte ha sido todo consecuencia de la apertura de los canales de Castilla, fundamento principal de la exportación de cereales, de la que surgen como consecuencia enlazadas todas las ventajas indicadas". Concluyen la exposición expresando temor de que las destrucciones de fábricas aludidas, espanten a los capitalistas e impidan "que los naturales elementos para que Castilla sea agrícola y fabril no se utilizarán y empezará desde hoy la decadencia de estas provincias" (''Exposición a las Cortes Constituyentes, junio de 1856 ", Archivo Congreso Diputados, leg. 104, no. 39). 26.- En el <\!Chivo General de Sirnancas, Sección Consejo Real de España e indias, legs. 24 y 25, se conserva un amplio expediente titulado "Málaga y Cádiz. Sobre las importaciones de granos extranjeros 'lUe se han hecho por aquellos puertos, 1835", que concluye con una severa conden~ y una negativa explí-:ita de �Siglo XI\' que continúen la~ importaciones sin una previa autori1.ación del Conscio. 27 .- D. R. Ringrose, Lo., transportes y rl Pstuncamirnto 1•conómico .J,, f.<.spañtL 1750 1850, Tecnos, Madnd, 1972. 28.- P. Ponsot. "Andalousic occidcntalc: systcmes de transports et développcmcnt économique (XVlc-XIXe siecles)", en '111nu/,,., (1976), pp. 1 19S-l 212. 29.- 1:1 tngo adquirido por la ciudad de Cácercs entre 173S y 1739 doblaba su precio a partir de los 260 km, según Santos Madrazo. Fn cambio, otros datos aportados por el mismo autor muestran que la duplicación del precio se realizaría entre los 426 y 766 km. A mediados del siglo XIX. en un año de precios relativamente bajos, el precio del trigo doblaba su valor al superar los S00 km. (Santos Madrazo, "Precios del transporte", cit., pp. 43, 57 y 67). l:l.· Santos Madrazo, "Precios del transporte", cit., p. 67. 31.- "Proyecto de ley de cereales, 1842", Archivo Congreso Diputados, legajo 22, 11. 32.- L. M. de la Sierra, CuPstión de harinas, cit., pp. 50 y 61. en una nota a pie de la última página, dice: "Los fletes que llegaron a pagarse a 100 reales barril, hoy son de 28 a 30; costaba un barnl para empacar harina de IS a 18 reales, hoy no pasa de 8 a 9; costaba el porte de una arroba de harina 3 o 4 reales desde Reinosa a Santander, hoy cuesta de 9 a 12 cuartos aunque los portazgos han subido. 33.- La Junta de Comercio de Santander, en la contestación a un cuestionario que le envió la administración y reproducido como apéndice en el texto ya citado de L M. de la Sierra (CuPstió11 de harinas, p. 88), se refiere a las frecuentes variaciones del coste del transporte y dice que en condiciones favorables resulta a 0.461 ptas. por tm/km, pero que en otras se encarecen y en tiempo de guerra llegó a pagarse hasta a 0.761 ptas. por tm/km. En unas páginas anteriores (pp. 61~2) de este mismo texto, L. M. de la Sierra dice que al iniciarse el tráfico de harinas por Santander, que hemos situado hacia 1830, se pagaba entre tres y cuatro reales por arroba entre Reinosa y Santander, y que en 184S costaba de 9 a 12 cuartos; hechas las oportunas reducciones, son las cifras que constan en el cuadro. Para las restantes cifras las referencias son las siguientes: Narciso Heras de Puig, "Porvenir del cultivo de trigo en la provincia de Gerona", en La Granja, No. 7 (18S2), pp. 172-174 (debo el conocimiento de este interesante artículo, al que más adelante me referiré, al amigo J. M. Fradera). Nicolás Sánchez Albornoz. Las crisis de subsistencias en &paña, cit., p. 72, nota 38. Y A. Gómez Mendoza, "La Compañía del canal de Castilla y el ferrocarril de Isabel JI: dos empresas de transporte en Castilla", en Historia económica y pen&11miento social. Estudios en homenaje a Diego ,'tfateo del Peral, Alianza/Banco de España, Madrid, 1983, p. 375. 34.- L. M. de la Sierra, Cuestión de harinas, cit., Apéndice, pp. 88-89. 35.- Santos Madrazo, "Precios del transporte", cit., p. 6 7. 36.- A. Gómez Mendoza (op cit., p. 376) dice que al constituirse la empresa del canal de Castilla en 1831 se lijaron las tarifas en 0.3516 ptas. por tm/km y que al transformarse en una compañía por acciones, en 1842, se redujeron a 0.17S8 ptas. por tm/km. Tanto la Junta de Comercio de Santander como Narciso H. Garrabou-Sanz Fernández·· Lajiormac,on ., d e 1mncado interior e11 España 23:{ de Puig Y los datos del Dicci n · M d • . diados de la década 1840-1 o un~ a oz _c_omc1den en señalar que, desde meperíodo del año, que oscilan8;~;r~ª ;~;jan1~ aphca tanfas ~1ferentes, según el por tm/km de mayo a noviembre. . en os meses de tnVJcrno Y 0.115 ptas. 37.- Narciso Heras dePuig "Porvenir d 1 1 . . ctt, p. 173. La tarifa de 0.46 pt:Scu t1vo d/e~1go en la provincia de Gerona", reunidas en el cuadro anterior. · por tm procede de otras estimaciones ��JUAN CARLOS ÜARAVAGLIA Y JUAN CARLOS ÜROSSO, Un análisis regional de la Nueva España borb6nica • MAiuo CERUTII, El gran norte oriental y la formaci6n del mercado nacional en México • JosE CARLOS ÜIIARAMONTE, Mercados de mercancías, monetario y de capitales en el Litoral argentino • NIDIA ARECES Y NoRA BOUVET, Comercio y frontera en el Paraguay del doctor Francia • ErucK LANGER, Espacios coloniales y economías nacionales: Bolivia y el norte argentino • JoRD1 MALUQUER DE MoTES, La formación del mercado interior en condiciones coloniales: las Antillas españolas en el XIX• ANTONIO MoLINER PRADA, La guerra de Independencia y la economía catalana • RAM:oN GARRABOU y JESUS SANZ FERNANDEZ, la formación del mercado interior en la España del siglo XIX• � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Siglo XIX : Revista de Historia Description An account of the resource Revista semestral de historia publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, editada por Mario Cerutti. Contiene investigación histórica y económica, tanto local, nacional e internacional. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Siglo XIX : Revista de Historia Año de publicación El año cuando se publico 1987 Año Año de la revista (Año 1, Año 2) No es es año de publicación. 2 Número Número de la revista 4 Mes de publicación Mes cuando se publicó Julio-Diciembre Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Semestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1754019&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Siglo XIX : Revista de Historia, 1987, Año 2, No 4, Julio-Diciembre Creator An entity primarily responsible for making the resource Flores Flores, Bernardo, Director Subject The topic of the resource México Historia América Latina Siglo XIX Publicaciones periódicas Description An account of the resource Revista semestral de historia publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, editada por Mario Cerutti. Contiene investigación histórica y económica, tanto local, nacional e internacional. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Filosofía y Letras Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Cerutti, Mario, Editor Vázquez Buenfil, Luis, Cuidado de la Edición Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/07/1987 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource tex/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2016607 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. Monterrey, N.L., (México) Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies. Universidad Autónoma de Nuevo León Rights Holder A person or organization owning or managing rights over the resource. El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores Comercio Economía Inmigración Mercado Paraguay Veracruz https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/366/14411/SIGLO_XIX_REVISTA_DE_HISTORIA._1988._Vol._3._No._5._Ene.-Jun._0002016608.ocr.pdf e20ad63d1c5ffd63abe7d17f2e866b10 PDF Text Text Revista de Historia FINANZAS, INVERSIONES Y POLITICA ESTATAL EN EL SIGlO XIX (Brasil, Ecuador, Argentina, Uruguay y México) Año 111, número S enero-junio de 1988 !"acuitad de Filosofía y Letras Universidad Autónoma de Nuevo León • Monterrey-México ��SIGLOXIX Revista de Historia Publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León Apartado postal 3024, 64000 • Monterrey, México Este número fue realizado con la contribución académica del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana lztapalapa, México - D. F. Universidad Autónoma de Nuevo León Rector, INGENIERO GREGORIO F ARIAS LoNGORIA F acuitad de Filosofía y Letras Director, LICENCIADO BERNARDO FLORES FLORES Editor Responsable MARIO CERUTII Editor Adjunto MIGUEL GONZALEZ QUIROGA Cuidado de la edición: Sylvia Eloísa Morán y Mario Cerutti Tipografía: Andrea González Corona hnpresión: Editora El Sol Aparición semestral Para envíos al exterior, U. S. A. $7. �ÁÑO fil NUMERO 5 ENERO- JUNIO DE 1988 sigloXIX_ REVISTA DE HISTORIA FONDO UNIVWITAltlO SUMARJO Nota del Editor. . . . . . . • . . . • . • . . • . . . . • . . • . • . . . . . • • • 1 La revolución republicana en Brasil: ¿ La burguesía en el poder?. .... ..•. •. . ... .• .. ••.••... STEVEN TOPIK 9 Las finanzas públicas en el Ecuador del siglo XIX . . . . . . . . . . . . LINDA ALEXANDER RODRIGUEZ 45 Políticas de desarrollo económico y deuda externa en Argentina (1868-1880) . .. . • •.•.... . CARLOS MARICHAL 89 Las inversiones francesas en los ferrocarriles argentinos (1887-1900) • .... ANDRES MARTIN REGALSKY 125 Los grandes negocios en Uruguay . ... . .. JULIO C. RODRIGUEZ 167 El poder de las finanzas y las finanzas del poder en México durante el siglo XI.X. ....••... . . BARBARA TENENBAUM 197 Crisis fiscal y reforma hacenda ria en el siglo XIX mexicano . . .•.....• . . . . . . . . . JAVIER PEREZ SILLER 223 �Nota del Editor Finanzas, inversiones y posibilidad de funcionamiento efectivo de un aparato estatal fueron tres variables ampliamente vinculadas durante el siglo XIX en las sociedades latinoamericanas. En la medida que recientes investigaciones profundizan estos aspectos, se perfila la necesidad de conectarlos aún más firmemente, y de brindarles un peso estructural en el trabajoso y lento proceso que llevó a la configuración de los estados nacionales en el continente. Este número 5 de Siglo XIX se nutre, precisamente, con materiales referidos a esta temática. Como sucediera con nuestros números 2 ("El siglo XIX y las ideas") y 3 ("Liberalismo: reforma y contrarreforma en el siglo XIX"), el dossier que ahora se presenta fue compilado gracias a la gestión directa de un reconocido especialista: Carlos Marichal, jefe del área de Estado y Sociedad del Departamento de Filosofía de la Universidad �Nota del Editor 3 2 Sig!oXIX Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, de la ciudad de México*. . · ' una de sus propuestas S. l XIX mantiene en VIgenc1a, as1, . ig o . , .nas a es ecialistas capaces de sugenr inaugurales: abnr sus pagi .p · tes de diferentes un tema central y de reunir trabaJOS provemen países de América Latina. , abre con el firmado por Steven El cuerpo de articulos se . B il En tono d l evolución republicana en ras . Topik, centra o en, ª. r To ik se permite dudar de interpretapor momentos polemico, P , . , · as adoptadas por e las pohticas econom1c ciones que aseguran qu . destinadas a favorecer el los gobiernos po~ impe~i_ale_s estuVI~:º~nas de esas interpretacrecimiento fabril. El e1erc1tob, .segu , . dustrial y a la clase mehab ía aliado a la urgues1a m ciones, se r . d los cambios hacia el capitadia urbana en un mtento e ace1erar lismo. d álisis Topik refuta esos Susten~ndose en un edeta:~i:h:políticas -entre otras, la puntos de VIsta y con~y. qu Rui Barbosa- fueron más bien impleme~tada. ~ord:l 1:~e:ales, y no una ruptura con ellas. una cont_muac1~n . ificati~as no habrían sido proyectadas para Las medidas mas ~~- al de la industria brasileña: por el contrafavorecer el auge imci di •erto desenvolvimiento niega que se era c1 rio -y aunque no se " po generalindustrial- se motivaron para complac~r a_un gru 1m erío" . d . la 'lite comercial y financiera del p . . mente ignora 0 · e . n estas décadas de finaTopik remarca la impoi:tanc1~ que e_ s a la banca, y los l de siulo asumieron los nucleos ligado 1 l' es ·-o usufructuando as po 1grandes negocios que consumaron ticas del Estado central. • Universidad de Harvard (U . S. A.). EntJe $(:arios Marichal es doctor en Histona la México (1800-1925), México, 1986, sus publicaciones se cuentan &:nea y :e:oz:;:n liberal y los partidos políticos en Es· ue editó con Leonor Llldlow' Y La ~ña, 1834-1844, Madrid, 1980. pod El ensayo de Linda Alexander Rodríguez ofrece un interesante panorama sobre el Ecuador decimonónico. Si bien alude básicamente a los problemas que planteaban las finanzas públicas y sus requerimientos siempre urgentes en materia fiscal, insiste en un aspecto que nos parece fundamental para todo estudio de la época: las hondas diferencias regionales que obstaculizaban o frenaban la constitución del Estado-nación. La autora es explícita desde el principio: el regionalismo, los aislados y casi autosuficientes mercados serranos, el gran sector de subsistencia, las barreras geográficas que limitaban los flujos de bienes e ideas y las dificultades para alcanzar un consenso político global perturbaban la eficacia de las prácticas fiscales. Es decir, resquebrajaban todo proyecto de alimentar con recursos a un Estado que tenía mucho de invertebrado. Una atención particular se destina a la costa, con centro en Guayaquil: por sus exportaciones de cacao se ubicó en un lugar estratégico frente al sistema fiscal nacional. Otra referencia destacada es la de los ingresos aduanales: en Ecuador, como en la mayoría de los países latinoamericanos, los recargos al comercio externo, muy particularmente a las importaciones, constituían una fuente inmediata y segura de recursos para la avidez nunca complacida de los gobiernos. La tributación que se exigía a determinados sectores sociales o raciales, el peso de la deuda exterior y la aparición de los primeros bancos en Ecuador completan el amplio trabajo de Linda Alexander Rodríguez. El caso argentino es revisado por dos artículos. El primero, a cargo de Carlos Marichal, concentra su atención en los vínculos que se plasmaron entre la conformación de un gobierno central efectivo, la deuda externa y el desarrollo económico desde �4 SigloXIX Nota del Editor finales de los años 60. Para el autor, el estudio del papel del Estado "en la promoción del desarrollo económico en Argentina y en otros países latinoamericanos durante el siglo XIX constituye un tema todavía poco explorado". o deja de reconocer, empero, que estudios recientes mencionan que los gobiernos influyeron más de lo que se supone en el desenvolvimiento capitalista que se protagonizaba en la segunda fracción de la centuria pasada. Marichal pone énfasis que en Argentina se dio, inclusive, una institucionalización de estas políticas de promoción. Entre 1868 y 1880, por ejemplo, la modernización de los sistemas d~ _comunicaciones y transportes fue prioritaria. o sólo para facilitar las cada vez más generosas transacciones mercantiles: también, para acentuar el peso e influencia de la administración pública en una escala nacional. Se describen en el trabajo la implantación y expansión del correo y los telégrafos, del sistema de caminos y puentes, de los puertos y de la navegación fluvial, y finalmente se alude a la política ferroviaria: tareas todas impulsadas por el ministerio del Interior, convertido en una auténtica agencia de desarrollo. El examen se agota con el empréstito de Obras Públicas de 1871, calificado como una operación financiera cara pero no impro• ductiva. La promoción del desarrollo económico era ya, a estas alturas, "una de las prioridades de las funciones del Estado" en Argentina. Andrés Martín Regalsky prosigue esta temática. Pero la circunscribe a las inversiones extranjeras en los ferrocarriles argentinos, particularmente las de origen francés y en décadas siguientes a las investigadas por Marichal. Apunta que si bien las inversiones ferroviarias francesas nunca se situaron en la dimensión de las británicas, no dejaron de 5 resultar significativas en estos años: cuando Argentina se integraba -con una pujanza que jamás recuperaría en su historia contemporánea- al mercado mundial de cereales y carnes. Regalsky delínea la actividad de tres grupos inversionistas que, por lo general, solían entrelazar a poderosos grupos bancarios con grandes compañías metalúrgicas. Un especial interés presentó la instalación de redes en la provincia de Santa Fe, donde el auge en las explotaciones cerealeras se llevó adelante conjuntamente con un aluvión inmigratorio y un sistema de utilización de la tierra poco frecuente en el contexto latinoamericano. Explica asimismo las condiciones generales de la inversión francesa, la recaudación de los respectivos fondos, la marcha de las empresas una vez concretada la construcción de las redes y las características de los contratos, que requerían de amplias garantías por parte del Estado. Su exposición ratifica no pocas de las apreciaciones previas de Marichal, y ofrece nuevos elementos para esclarecer ese protagonismo al que Linda Rodríguez perfiló al hablar de "el Estado activo". El análisis que Julio Rodríguez efectúa sobre el Uruguay del siglo XIX retoma en fuerte medida algunos de los planteamientos de Topik sobre Brasil: insiste en los grandes negocios que derivaron del surgimiento de las instituciones bancarias y del usufructo de la deuda pública. · Remontándose al momento inmediatamente posterior al desprendimiento de España, recuerda que las repúblicas del continente nacieron con "un oneroso y, hasta si se quiere, heróico estigma: la deuda pública", contraída con suma frecuencia por urgencias bélicas, para atender guerras civiles e internacionales. Así, el vivaz puerto de Montevideo se conver- �6 Siglo XlX tiría, en el sureño Uruguay, en un inevitable abastecedor de recursos aduaneros destinados a la amortización de deudas viejas y de nuevos y sedientos empréstitos. Rodríguez efectúa una minuciosa descripción de las formas con que operaban los grupos burgueses ligados a las penurias estatales, y muestra sus diferentes facetas en el devenir decimonónico. Destaca la sensible intervención de acreedores extranjeros (sobre todo de ingleses y brasileños), la febril actividad de la bolsa en la capital del país y el nacimiento de los bancos en la década de los 50. El trabajo se cierra con una mención al auge bancario de las décadas finales del siglo, en el que sobresalió la creación Y derrumbe del Banco Nacional, entre 1887 y 1890. De tanta inestabilidad, resume el autor, surgiría en Uruguay "el presupuesto económico-financiero, ético y psicológico que permitió el establecimiento del Banco de la República", al que considera una institución que logró asumir una "formidable proyección" en Nota del Editor 7 La autora dedica un largo tramo de su exposición a la gestión de Agustín de lturbide, a quien ciertos núcleos dominantes apoyaron con impaciencia porque esperaban que la independencia les devolvería ''su antigua gloria y trajera la prosperidad". No fue así, sin embargo, y el mismo Iturbide se vio obligado a alterar sus iniciales propuestas en materia fiscal. Su caída abrió un período en que la inestabilidad política fue la norma. La primera república federal, el lapso del centralismo, las experiencias administrativas de Santa Anna y la situación gestada por la guerra con Estados Unidos son descritas en el ensayo, que no deja de destacar la insistencia de los gobernantes en recurrir -para solventar sus urgencias implacablesª los bienes y recursos de la Iglesia. Habrá que aguardar al porfiriato, tras el impacto de las reformas liberales, concluye Tenenbaum, para que se avizoren soluciones al déficit público y para que, a la vez, el poder político se establezca con mayor firmeza. la economía uruguaya. Tras un muy sugerente título, Barbara Tenenhaum traza el panorama de las vinculaciones entre necesida~e_s fiscale~, _fmancimiento del aparato gubernamental y estabilidad pohtica en México: procura explorar "la relación entre liderazgo político y los ingresos hacendarios", o "entre el poder y el dinero". Las luchas de independencia dejarán a los nuevos administradores -como en Uruguay- dificultades financieras serias. Los gastos militares llegarían a tener un peso abrumador. Frente a ello, Tenenhaum señala la negativa casi permanente de los grupo$ propietarios para admitir cargas impositivas fijadas por un poder político que no sólo era inestable, sino que en ocasiones acudía a recetas tan impensables como originales de tributación. Javier Pérez Siller, precisamente, enfoca su análisis hacia la parte última del siglo en México: la reforma hacendaría que impuso el liberalismo, indica, se convirtió en un elemento vertebral para lograr soluciones a la crónica crisis señalada por Tenenhaum. Sus planteamientos rozan aspectos metodológicos destacables. Como apuntaran tiempo atrás en España historiadores como Josep Fontana, el estudio de la hacienda pública no se agota en un simple ejercicio técnico, sino que constituye un paso fundamental para la comprensión de procesos de significación estructural en una sociedad que procura transitar hacia el capitalismo. Por ejemplo: la conformación del mercado interno y la consolidación del Rstado Nacional. �8 Siglo XIX La reforma liberal enfrentó aspectos estructurales y -quizás · por ello- se atrevió a avanzar en el plano fiscal. Entre las vías propuestas estuvieron, comenta el autor, modificaciones administrativas, reformulación en cuanto a crédito y moneda y alteraciones en lo estrictamente tributario. En la hase de todas estas medidas se encontraba el fomento a la producción-para la exportación. Tras detallar las diferentes fases que atravesó esta reformulación, Pérez Siller brinda relevancia a un hecho llamativo: los ingresos provenientes del mercado interior, en 1893-94, igualaron los derivados de los productos importados y/ así, "pudo superarse la dependencia del erario con relación a esos impuestos". Quedarían ratificadas de esta manera las afirmaciones de quienes han puesto énfasis en la importancia que asumió el mercado nacional en sociedades como la mexicana, a fines del XIX. El ensayo termina destacando que la reforma hacendaria logró sus objetivos, y pudo sentar entonces los cimientos materiales para el Estado que dirigió el país hasta 1910. La Revolución Republicana en Brasil: ¿La Burguesía en el Poder? Steven Topik* Los años transcurridos entre 1888 y 1894 han sido considerados un pe: ríodo clave en el desarrollo económico del Brasil. Los analistas concuerdan en general con Albert Fishlow en cuanto a que dicho período repre- · sentó la primera experiencia brasileña de industrialización basada en la sustitución de importaciones,1 y las manufacturas se desenvolvieron con rápidez. La mayoría de los estudiosos argumentan que las políticas del Estado fueron en gran parte responsables de tal desarrollo. Anm'bal Villela y Wilson Suzigan, por ejemplo, sostienen que ''los primeros años de la república fueron tal vez el único período anterior a los treinta en el cual las políticas del gobierno manifestaron interés por promover el desarrollo ".2 Se menciona generalmente que la inclinación del Estado en favor de Estimamos, en síntesis, que este número de Siglo XIX reitera el objetivo alcanzado por algunos de los precedentes: en forma paralela ofrece una gruesa cantidad de información y proporciona puntos de vista que, seguramente, enriquecerán la aún parcial visión que se tiene de una centuria fundamental. La respuesta obtenida por autores de diferentes latitudes, tanto americanas como europeas, es. un estímulo inestimable para los editores. Mario Cerutti Monterrey, México, enero de 1988 la industria fue causada por la revolución política ocurrida en esos años: la abolición de la esclavitud en 1888, la sustitución de la monarquía por la República en 1889, y el régimen militar de 1889 a 1894 permitieron las primeras políticas de estado progresistas encaminadas al desarrollo del Brasil. Durante los turbulentos y caóticos años iniciales de la República, el ejército supuestamente se alió con la burguesía industrial y la clase media urbana para acelerar la transformación de un régimen esclavista a relaciones capitalistas plenas. Hélio Silva, por ejemplo, afirma que "la naciente burguesía industrial (era la) fracción hegemónica del bloque gober3 nante ", mientr'ls que Nelson Werneck Sodré sostiene que "la burguesía (estuvo) en el centi:o del escenario ".4 En efecto, ciertos eruditos han afirmado que la revolución republicana fue una revolución burguesa. Como el diputado Alexandre José Barbosa Lima dijo en esa época, ''la bur*Departamento de Historia de la Universidad de California en lrvine, U. S. A. Ponencia presentada en el encuentro sobre Historia Económica organizado por la Universidad de California en Los Angeles, en mayo de 1985. Traducción de Isabel Mata y Miguel A. González Quiroga. �10 S. Topik: Revolució11 republicana y burgue,ía e11 Bra,i/ Siglo XIX guesía se alzó intrépidamente contra los aristócratas'~ 5 Las medidas económicas seguidas por el Estado en los años 1889 a 1894 se señalan como una marcada desviación de las políticas de laissez faire hasta entonces prevalecientes. Esto se refiere sobre todo al programa de Rui Barhosa, quien presidió el ministerio de Finanzas desde noviembre de 1889 a enero de 1891: se lo considera uno de los pensadores económicos más iluslrados del Brasil y, según Sodré, "el intérprete de la 6 ascendente burguesía ". Por desgracia, según la versión general, la clase terrateniente se alió con los especuladores para luego derrotar este atrevido intento para estimular el desarrollo. El activismo del Estado cayó en el descrédito. La oligarquía exportadora recuperó algo del poder en 1891 y retomó el gobierno en 1894, regresando al régimen de laissez faire e impidiendo la corriente industrializadera.7 Fue hasta después de 1930 que la burguesía industrial pudo de nuevo ejercer una gran influencia en las políticas del Estado. El período de 1889-94, por tanto, se considera como una oportunidad perdida que hay que lamentar; el fracaso de las políticas de ese período se juzga como evidencia de los obstáculos para implementar una política progresista de industrialización en una economía de exportaciones dominada por los latifundios. Este trabajo tiene como propósito demostrar que las políticas económicas de los gobiernos militares, así como su legado, han sido malinterpretados. Las medidas económicas republicanas fueron la continuación de las imperiales, y no su ruptura. Esto no debe sorprender ya que, en realidad, ni los industriales habían alcanzado la hegemonía, ni los militares gozaban de autonomía suficiente como para crear un proyecto industrial independiente. De hecho, el supuesto paladín de la industria y pensador económico progresista, Rui Barbosa, no tenía como preocupación principal a los industriales. Sus medidas más importantes suponían más bien, como objetivo primordial, complacer a un grupo generalmente ignorado: la élite comercial y financiera del Imperio. Cuando un gobierno militar más interesado en la industria asumió el poder en 1891, trazó un rumbo que se asemejaba más al de los regímenes terratenientes que prevalecieron a partir de 1894, que al del primer equipo militar. La política monetaria expansionista de Rui Barhosa cayó en descrédito basta la depresión de la década de 1930 no porque favoreciera a la industria, sino porque intentó recompensar principalmente a un pequeño grupo de especuladores y financieros que poseímt importancia política. Así, la revolución de 1889 no dio a luz la clase de República con que habían soñado los republicanos militantes. 11 LA REVOLUCION REPUBLICANA Cuando los sol~ados del Campo de Sant'Anna de Rio de Janeiro derrocar??1 al lmpeno, el Economist de Londres reportó que "ninguna revoluc1on de ., tal magnitud se había efectuado con tan escaso alhoro. to" s La revoluc1on, a 1a que algunos ~e sus más radicales defensores compararon con _l~ ~rancesa, fue en realidad un golpe palaciego.9 Los únicos disparos se dirigieron, a un perro que intentaba morder los talones de un soldado. Uno de los lideres republicanos recordó después: Casi r_io ~ubo colaboración de parte del sector civil, (la gente) se quedo_ sm h_acer nada, atontados, como bestias, atónitos y sorprendidos, _sm saber lo que estaba sucediendo. Muchos de ellos creyeron sinceramente que estaban presenciando un desfile!º El S~uth American Journal reportó que la revolución ocurrió "sin derramamiento de sangre Y con apenas un ~oco más de la emoción acostumbrada en las calles durante el Carnaval".1 El Imperio se desmoronó más por falta de ~poyo_ que por una fuerte oposición. Los paulistas anhelaban la a~tonom1a regional y el apoyo a la inmigración; los dueños de plantacwnes en el Valle de Paraíha estaban resentidos por la pérdida no indemniza~a de su~ esclavo~; l?s s~_ldados fueron impulsados a la rebelión por los baJOS salarios y la mc1tac1on de los civiles; los clérigos estaban molestos por la falta de apoyo del Imperio. Los republicanos no contaban con la suficiente cohesión interna ni con el apoyo n~cional para imponer un programa económico radicalmente nuevo e~ ~l. pa1s. En los reductos republicanos del Centro.sur, el partido es_taha d1~dido entre reformadores radicales, como Antonio de Silva Jardm, Y anti~os esclavis~ como Manoel Ferraz de Campos Sales. Mientras q~e _los seguidores del pnmero soñaban con un Brasil urbanizado e industrializado, muchos de los miembros del ala conservadora deseaban sobre todo ~~rar una mayor autonomía local y detener la reforma agraria.12 La f~cc!on c?nservadora ~unfó: ~ampos Sales llegó a la presidencia de la Republica mientras que Silva Jardm nunca desempeñó un puesto público. , ~uera del Centro.sur, el republicanismo era aún más débil como fuerza pohtica. Era_ ~asi inexistente en el noreste, que aún contenía más del 40% de la poblac1~? d~l B~as~., El Jornal de Notícias de Bahía reportó en mayo de 1890 que la mscnpc1on en la antigua bandera ha cambiado los hombres en el poder son invariablemente los mismos'? Luego explicaba que la adhesiór_i a la Repúb~ica no implica un cambio completo para ellos (los lideres de_Bah1a). S~n Republicanos porque se rindieron a la fuerza de las crrcunstanc1as, son, y seguirán siendo, ambicio- �12 Siglo XIX sos. 13 Asimismo las fuenas armadas estaban demasiado débiles y divididas para efectuar ~a refonna profunda. El ejército sólo contaba con 17 000 _soldados en todo el país. Importante era asimismo que el cuerpo de oficiales estaba dividido en dos: los jóvenes y politizados subalternos y los d~ rango superior más sumisos que se oponían al cambio. Los celos prof~10nales ' crearon discordi ~ tan senas que entre el ' ejército y la' marina taro b"1en . culminaron con la revuelta de la marina en 1893. Estas diferencias se manifestaron en desacuerdos sobre la política económica en el seno de las fuenas annadas. 14 El mariscal Deodoro da Fonseca, que gobernó del 15 d? noviembre de 1889 al 24 de noviembre de 1891, pertenecía al grupo mas conservador. Según sus propias palabras, se creía "competente sólo para coman~ar las tropas".15 Así que se apoyaba en los civiles, pero no en los republicanos. El Rfo News observaba en el obituario de Deodoro, en 1892: Soldado simple y de educación regular, se vio c~>nducido, tr~ más de cuarenta años al servicio de la monarqu1a, a un movimiento político con el cual nunca había te~do contacto personal y por el que parecía sentir poca simpat1a. No cabe duda de que la revolución de 1889 torgó tanto por sorpresa al General Deodoro como a Don Pedro II. Quintino Bocayuva, dirigente del Partido Republ~cano _Nacional en 1889, recordaría más tarde que Deodoro "desconoc1a casi por completo al ,, 17 grupo rep ublicano . Aunque Deodoro designó a prominentes republicanos como ministros en la mayoría de los puestos después del. }5 de novie'!'~re, quie_n más responsabilidad ejerció en la implementac1on d~ la pol~tica econ~mica, el ministro de Finanzas Rui Barbosa, no se hab1a adhen~o al moVImiento republicano: obtuvo el puesto gracias a sus estrech?~ vm_~ulos con el ejército tras su campaña en la prensa a favor de la pohtiz~,c1on de 1~ fuerzas armadas(lo que resulta irónico en vista ~e la repu~c1on ~u~ Rm tiene en la historiografía brasileña como palad m d_el gob•~rno CIVll por su fallida campaña presidencial de 1910). Rui afirmo postenonnente que "era un monarquista sincero en ese tiempo (1889)". 18 Luego de que Barbosa y el gabinete completo renunciaran ~n enero de ~891, Deodoro ~ostró de nuevo su alejamiento de los republicanos al designar a monarquistas del noreste para sustituir a los salientes del Centro-sur. Dado el escaso entusiasmo popular que suscitó la Revolución 8:epublicana, la estrecha y dividida base política de los republicanos y los militares, S. Topik: &volución republicana y burgue,ía en Bra,iJ 13 y la inclinación conservadora del mariscal Fonseca, no es de sorprender que el gobierno de Deodoro no rompiera abruptamente con la política imperial. El programa económico del primer gobierno republicano estaba motivado principalmente por la necesidad de conseguir simpatizantes del régimen entre la clase dominante imperial, y no para recompensar a la recién llegada clase industrial. EL PROGRAMA ECO OMICO La meta de la primera política economica republicana consistía en reducir y descentralizar la intervención estatal y estimular los mercados de tierras, productos, mano de obra y capital. Brasil estaba efectuando la misma transición a relaciones capitalistas que gran parte del resto de Latinoamé19 rica realizaba en ese momento. Pero ésto no era una innovación republicana. El proceso ya estaba en marcha desde la última década del Imperio. Más aÚn, la mayoría de las reformas pretendía beneficiar a los banqueros y terratenientes, y no a los industriales. El paso más importante en la transformación de las relaciones de producción fue sin duda la abolición de la esclavitud, el 13 de mayo de 1888. Pero ese fue un logro del Imperio. Cierto que los dirigentes imperiales actuaron con lentitud y Brasil fue el último reducto de la esclavitud del mundo occidental. Pero ésta ya había perdido importancia en forma dramática desde que el tráfico de esclavos africanos fuera abolido a mediados de siglo. Para 1889 apenas un 5% de la población brasileña aún se mantenía esclavizada (además, muchos de los republicanos sostenían una posición ambivalente en cuanto a la abolición, o incluso se oponían a ella).20 La oleada de inmigrantes, una de las principales contribuciones atribuida a la República, ya se había iniciado con anterioridad. Los últimos tres años de la monarquía contemplaron el ingreso al país de 150 000 inmigrantes europeos. Si bien es cierto que la provincia de Sao Paulo cubrió gran parte del subsidio para el pasaje de estos europeos, el gobierno central había dedicado una cantidad mucho mayor para tal propósito en los últimos años. El presupuesto de 1889 destinó 10 000 contos para los inmigrantes, equivalente a unos cinco millones de dólares, la cuarta parte del presupuesto del ministerio de Agricultura. Los subsidios gubernamentales aumentaron rápidamente después de 1889. Tan sólo en 1890 Francisco Glycério comprometió al gobierno a aportar 700 000 contos en contratos de colonización, equivalentes a todo el presupuesto federal del cuatro años. Aunque la mayoría de las compañías colonizadoras eran empresas especuladoras que nunca cumplieron sus contratos, el objetivo, tanto antes como después de la Revolución, era proporcionar trabajadores agrícolas �14 SigloXIX que reemplazaran a los esclavos liberados, en vez de crear un proletariado industrial.21 Los republicanos también intentaron estimular lps n:iercados d_e _tierrs para incrementar el crédito y la líquidez rurales. El gobierno pro~sional, como parte del proyecto de colonización, otorgó gener~~ concesion~s a particulares en 1890 (lo que provocó quejas de corrupcion). La Consbtución de 1891 concedió la gran mayoría de las tierras federales a los estados para facilitar su distribución, otorgándoles jurisdicción ~?bre los der~chos de agua y minerales. Como resultado, el _E~do_verdio el monopolio de los derechos de aguas y minerales que habia e1ercido dur3:11te el Imperio, que pasaron a ser propiedad privada. Asimismo, el gobierno central intentó establecer un registro de tierras en 1890 para aclarar lo co~cerniente al título de propiedad de las tierras y el alcance de los-gravamenes.22 Muchas de estas medidas no eran nuevas. En 1845, el gobierno imperial había intentado demarcar y distribuir la tierra de las comunidades indígenas, y en 1850 había emitido una ley para regularizar los_ tí~los_ ~e los posesionarios y proporcionar un proceso ordenado para la distribucion de la tierra pública restante. Hubo también intentos f~Uidos para estahl~cer un registro de hipotecas. Fracasaron porque el gobierno _ce?tral sencillamente no podía evitar la apropiación privada de ti~~as publi~ Y_~orque los endeudados terratenientes se rehusaban a perm1br una legislacion que facilitaría las ejecuciones hipotecarias. ~ampoc? l~ gobiem~s repub~canos tuvieron éxito en salvaguardar las berras publicas Y, legalizar_ l?s btulos de propiedad.23 Una vez más, las medidas pre~ndi:m b~?eficiar al sector -dinámico de la clase terrateniente y alentar la mrrugracion para la mano de obra rural. El nuevo gobierno republicano puso especial atención en el mejoramiento del transporte y las comunicacion~ _para ref?r,zar el ?1ercado de productos. El ministro de Agricultura, Glyceno, autonzo_ ~ solo en 189~ certificados de garantía de participación en la constru~ci~>n d~ 15 000 kilómetros de nuevas vías férreas cuando la red ferroviaria eXIStente en el Brasil era de unos 9 000 kilómetros. El sistema telegráfico se extendió rápidamente. La República también alen~ó e~, desarrollo del~ marina mercante mediante subsidios y la nacionalizacion del comercio costero en 1891.24 El Imperio ya había realizado grandes avances en las com_~cacion~s internas. En términos absolutos, la década de 1880 presencio un cre~imiento de la red ferroviaria que fue el segundo en importancia en la historia del Brasil (mucho mayor que el de la década de 1890) gracias a los S. Topik: Revolución republicana y burguesía en Br08i/ 15 generosos subsidios públicos y a las inversiones directas en los ferrocarriles estatales. De hecho, una tercera parte del sistema nacional era propiedad d~l ~stado e~ 1889; En efecto, Brasil disfrutaba de la más amplia red fe~~ana ~n ~atmoamerica. La marina mercante también había recibido su~SI~os p~licos_ ~urante mucho tiempo, y el sistema telegráfico había recibido una atencion notable, aunque inadecuada.25 Del mism~ mod? _que en los_ mercados de tierras y mano de obra, los ~e~os por mtensificar el flu10 de mercaderías tenía como propósito pnncipal ayudar al sector de exportaciones agrícolas. Los ferrocarriles se concentraban en_ las regiones cafetaleras del Centro-sur, y en las cañeras del nores~. Los ~ntereses ~e motivaban a la red telegráfica eran la defensa de la nacion, su mtegracion, y la expansión de la autoridad del Estado. El apoyo a los _embarques internos tenía como propósito auxiliar a los productores agncolas, com_o los cultivadores de arroz y los ganaderos de Río Gran~~ do Sul, ª. ~?mmar los merc~dos nacionales. Aunque Ja industria t.:imhien se beneficio con la expansion del mercado interno, sus retribuciones ~~ron más b!en una coincidencia. Más aún, al mismo tiempo que la Repu~lica extendia el sistema de transportes, obstaculizaba el flujo de mercanc1as enn:e los estados al concederles el impuesto de exportación ~ste se aplicaba_ a los artículos cuando cruzaban los límites estataJes, estu: vieran o no destinados al extranjero. . , Es ~n hec~o que el incremento a los derechos de importación beneficio a la mdustría . En 1890 Barbosa estableció derechos aduanales pagaderos en oro y no en devaluados milreis; esto ayudó en forma efectiva a ma~tener la tasa impositiva real de un 10 a un 20% por encima de lo que h~biera sumado de no aplicarse tal medida. No obstante, el objetivo princi~~ de _Barbo5;3 no era proteger la industria nacional. Antes de ingresar al miruSten? babia declarado ser "intrínsecamente hostil" a la protección arancelana para la industria. 26 Implantó los derechos pagaderos en oro en 1891 para defender las finanzas federales y el valor de la moneda. Esto Jo demuestra el hecho de que el arancel de Barbosa estableció impuestos en oro_ a todos los artículos de importación antes que conceder privilegios especi~~ a los bienes de capitaJ importados y a las materias primas, como lo hicieran los aranceles de 1889 y 1892. Además, al utilizar el oro de los derechos ~e importación para combatir la caída del milreis, Barbosa socavaba parcialmente la barrera protectora de la industria: un milreis debilitado hacía ~bir el precio de las importaciones, lo cual ayudaba a los produ~tores nacionales. Por otra parte, el nivel protector de la tarifa arancelaria de 1890 fue de hecho inferior al de 1889.27 . Otra medida tomada por el gobierno provisional a favor de la industria, la lei dos similares decretada en 1890, era en realidad sólo una ver- �16 SigloXIX sión disminuida de la promulgada tres años atrás. Con el objeto de proteger la industria local, el gobierno imperial había decretado que ningún artículo quedaría exento del pago de derechos de importación si se producía uno similar en el Brasil. La revisión de 1890 estipulaba que sólo los artículos producidos en cantidades suficientes para satisfacer toda la de. ' 28 manda ·mterna tendr'1an derecho a tal protecc1on. El compromiso que el gobierno de Deodoro tenía con la industrialización fue también puesto en tela de juicio por el tratado comercial Blaine-Mendonca entre los Estados Unidos y Brasil. Este último, para evitar los derechos de aduana estadounidenses sobre el azúcar y el café brasileños, otorgó la exención total, o bien una reducción del 25°/o a las tarifas arancelarias a un gran número de productos norteamericanos, algunos de ellos industriales. El tratado provocó una fuerte oposición de parte de los industriales, la clase obrera y las organizaciones comerciales porque "golpeaba duramente a . .. las nacientes industrias, que indiscuti29 blemente se hallaban en un período de considerable desarrollo". El tratado de hecho socavó la única industria que había recibido ayuda gubernamental sustancial y directa, en forma de préstamos y garantía por utilidades : las centrales azucareras. El acuerdo comerciaJ sólo permitía al Bra30 sil exportar hacia Estados Unidos el azúcar relativamente no refinado. Muchos economistas sostienen que el desarrollo de la industria durante los inicios de la década de 1890 en realidad se debió más a una po31 lítica monetaria expansionista que a la protección arancelaria. La política monetaria fue considerada en esa época como el principal instrumento económico del gobierno, y desde entonces se le ha visto como el elemento más controvertido del programa económico republicano. La escasez de capital y de empresarios capitalistas han sido durante mucho tiempo citadas como las razones principales por las que el Brasil no habría realizado su enorme potencial. Si el gobierno hubiese estado dirigido por una ascendente burguesía industrial, una de sus preocupaciones principales habría sido la de incrementar la disponibilidad de crédito. Es en esta área donde Rui Barbosa se ganó su reputación. Por lo tanto la examinaremos con cierto detalle. Para poder apreciar el significado de 1as reformas emprendidas y a quienes pretendían beneficiar, es necesario recordar el sistema financiero de los últimos años del Imperio. ' POLITICA MONETARIA BAJO EL IMPERIO La abolición de la esclavitud en mayo de 1888 creó serias dificultades pa- S. Topik: Revolución republicana y burgue,ía en Brasil 17 ra el subdesarrollado sistema financiero del Brasil, llevando finalmente a una reforma ~ompleta. En 1888 eJ país tenía sólo 26 bancos que totalizaban un capital de 145 000 contos -apenas diez milreis o cinco dólares per capita. Incluso, sólo siete de los veinte estados brasileños contaban con bancos. El prósper? _estado. de Sao Paulo apenas poseía una séptima parte de todos los depos1tos, mientras que el Distrito Federal albergaba más de las dos terceras partes. A~arte de estar subdesarrollada y concentrada por regiones, la red ~ancana e~a co~rv~dora. En parte por la inseguridad legal y la incertidumbre inf1ac1onana, los bancos preferían manejar préstamos a corto plazo, descuentos y operaciones cambiarias, en lugar de prestar a largo plazo. El crédito agrícola era escaso.32 El gobie~o ~perial ~~ía desempeñado un importante papel en cuanto a restringir el crecumento de los mercados financieros. Con el fin ~e incrementar el valor de la moneda oficial, el milréis, y de regresar al p~tr~n oro, el ministerio de Hacienda había hecho que bajara un 30°/o en ·termmos reales la cantidad de circulante per cápita en los años de 1870 a 1888. Asimismo, había solicitado grandes préstamos internos. La deuda interna, de la cu_al unas tres cuartas partes se había contraído con personas dentro del pa1s, era tres veces y media más grande que los depósitos en todos los _bancos nacionales. ~l mercado de valores estaba dominado por el comerc10 de bonos del gobierno, y muchos de los bancos más importantes ~ran acreedores de enormes deudas flotantes, aparte de la consolidada.3 . Con el rá~ido crecimiento que la economía experimentó en la segunda ~~~ de la decada de 1880, la abolición de la esclavitud y la afluencia de lDillgrantes para la mano de obra asalariada, fue necesario efectuar cambios importantes. La primera medida consistió en firmar acuerdos con el B3!1co do Brasil y el Banco de Bahía en el segundo semestre de 1888 para prestamos por 18 000 contos (unos nueve millones de dólares) a la agric~ltura. En noviembre, el gobierno autorizó a los bancos privados la emiSion de moneda hasta por un total potencial de 600 000 contos, tres veces la reserva monetaria existente. Sin embargo, la cautela de los bancos causada por la inestabilidad política y los estrictos requisitos para la emisión de mon~da invalidaron las medidas. Se dedicó poco dinero para préstamos a la agricultura (4 300 conto:¿, y ningún banco aprovechó las concesiones para la emisión de circulante. El último primer ministro del Imperio, el Vizconde de Ouro Preto, ~u8? en marcha un programa mucho más generoso de crédito agrícola en Jumo de 1889. Firmó contratos con diecisiete bancos, ofreciéndoles un �18 S-,glo XIX total de 86 000 contos sin intereses; los bancos debían proporcionar un fondo equivalente, y concederlos en préstamos a largo plazo y al 6% a la agricultura. Considerando que la deuda total del sector cafetalero se había calculado en 300 000 contos en 1883, se pensaba que el préstamo de Ouro Preto tendría un gran impacto.35 Al parecer el Estado transfería fondos del sector financiero al agrícola, ya que el ministerio de Hacienda emitió bonos para pagar ~l préstamo, en lugar de imprimir moneda o utilizar las contribuciones recaudadas. Ouro Preto también emprendió la expansión de la reserva monetaria y por tanto del crédito, mediante la revisión de la ley sobre bancos de emisión. En vista de que la nueva ley prometía niveles más generosos de circulante y de que la moneda del Brasil había estado a la par durante nueve meses y se tenía la confianza de que así permaneciera, trece bancos solicitaron y recibieron concesiones para emitir billetes convertibles en oro. Tal paso fue un importante punto de partida pues el ministerio d~ Hacie~da había intentado recuperar el monopolio de emisión durante mas de vemte años. Ouro Preto no sólo concedió el privilegio de emisión a bancos privados, sino que previó el eventual retiro de todos los billetes de ~ t~rería. El Banco Nacional debía sustituir dicha moneda con sus propios billetes en un período de cinco años. Sin embargo, la medida no significaba un rompimiento abrupto con la ortodoxia económica. Ouro Preto no intentó acelerar las imprentas para crear dinero barato que aliviara la carga de los endeudados dueños de cafetales. Los bancos tenían que emitir billetes convertibles en oro a una tasa de cambio de 27 centavos, nivel alcanzado sólo un par de veces en los últimos cuarenta años del lmperio.36 De tal modo que al retirar la moneda no convertible de latesorería y sustituirlo por dinero convertible a la par, la reforma pretendía en realidad estabilizar la tasa de cambio a un alto nivel. Esto no representaba un prospecto agradable para los cafetaleros insolventes del valle de Paraiba, quienes preferían recibir más milréis por libra esterlina ya que asi reducirían sus deudas y gastos por mano de obra. Sin embargo, la medida fue aplaudida por los acreedores de los terratenientes y los tenedores de títulos públicos. La ayuda al préstamo agrícola fue con mucho la mayor en su género en la historia del Brasil de aquella época. Fue también una de las más controvertidas. A simple vista parecía ser una operación de rescate de los acorralados y endeudados esclavistas para asegurar una lealtad prolongada al Imperio. Como tal se le podría considerar como una medida que benefició en primer lugar al sector precapitalista. Ouro Preto declaró que los préstamos realmente salvaron a muchos fazendeiros del valle de Paraíba de caer en bancarrota.37 S. Topik: Revolución republicana y burguesía en Brasil 19 En realidad, se emplearon principalmente en las ciudades, donde originaron el boom del mercado de valores conocido como el encilhamento. Para empezar, la mayoría de los bancos que recibieron fondos gubernamentales en forma de préstanios agrícolas eran empresas especulativas creadas precisamente para aprovechar tales fondos. Los principales beneficiarios de los préstamos de la tesorería, el Banco de Crédito Real do Brasil y el Banco dd Lavoura e do Commércio do Brasil, que debían recibir casi la mitad de los fondos gubernamentales (40 000 contos), tan sólo habían desembolsado 7 740 contos de su capital oficial de 40 000 contos y tenían reservas combinadas de apenas 268 contos. El Banco Lorena recibió la concesión para ayuda agrícola incluso antes de que el público se enterara de que tal banco existiese. Por otra parte, el Banco do Brasil, que contaba con un amplio historial sobre préstamos de fondos gubernamentales a la agricultura, recibió sólo 2 000 contos sobre la suma otorgada por la legislación de 1888.38 Hasta Francisco de Paula Mayrink, cuyo Banco de Credito Real receptara una de las mayores concesiones, acusó a muchos de los bancos de ser puramente especulativos (con excepción del suyo, por SU· puesto), y el presidente del Banco do Brasil denunció la existencia de una "especulación (que era) más que irregular".39 Algunos de los bancos prestaron todos sus fondos gubernamentales y luego acudieron de nuevo a la tesorería para obtener más dinero público, en lugar de facilitar su propio dinero como se había convenido.40 Aún cuando los fazendeiros obtuvieron dinero, por lo común no se quedaron con él. Uno de los principales propósitos del préstamo era el de ayudar a los terratenientes a cubrir deudas contraídas con bancos y comerciantes, y no a ampliar la producción y pagar a los trabajadores. 41 Lo.s préstamos agrícolas a largo plazo representaban un riesgo y no eran muy provechosos. El Banco do Brasil había dejado de concederlos en 1884 y sólo aceptó el contrato del gobierno en 1888 por "espíritu de patriotismo". 42 Cuando los bancos extendían crédito a largo plazo bajo el programa de ayuda agrícola, lo hacían a menudo mediante comisarios, que ya eran clientes suyos, para otorgar los préstamos a terratenientes que habían tenido dificultades en saldar deudas a corto plazo. Con frecuencia, los terratenientes no llegaban a ver el efectivo: una cifra registrada en su cuenta pagaba la deuda a corto plazo y establecía una hipoteca en su lugar. El resultado para el banco que otorgaba el préstamo era que contaba con efectivo y una hipoteca en lugar de una deuda vencida a corto plazo. El efectivo podía luego ser prestado donde mejor pareciera, por lo general en las ciudades. Los fondos gubernamentales también se empleaban en pagar deudas morosas a largo plazo. Muchas hipotecas pendientes estaban garantizadas por esclavos. Este era el caso, por ejemplo, del 61°lo de las hipotecas del �20 Siglo XIX Banco do Brasil en 1888. La abolición de la esclavitud significó que nuevas 43 ' habr1an ' de negociarse. . formas de garant1a Las concesiones del derecho para emitir billetes también recompensaron más al sector financiero y comercial que al agrícola. El principal diario especializado del Brasil, el Jornal do_ ~omercio, pensaba que 1~ refo~a era sólo otra manifestación de una poütica gubernamental de quince anos de antigüedad, que otorgaba préstamos sin in~er~ ~ los bancos ~ero,~o a la agricultura. Afirmaba que los bancos eran 'los umcos favorecidos por la ayuda al programa agrícola.44 Aunque Ouro Preto autorizó que trece, bancos e~itie~~n circulante, apelando al sentimiento federalista que tem1~ la centralizac1?n y el mo~~polio en un solo banco emisor, el Banco ac1onal fue autonzado a _effiltrr más de la mitad del circulante. Para muchos observadores, parec1a una elección dudosa ya que había sido fundado apenas en septiembre de 1889. Por otra parte, había desembolsado tan sólo el 20°/o de ~ capital y casi_ n~ tenía reservas. El banquero Mayrink (ciertamente resentido por no recibir la concesión) secundó el sentimiento común de ese tiempo: el Banco Nacional había sido "inventado" por "exigencias políticas", es decir, para "contribuir poderosamente al triunfo en unas elecciones que producirían una Cámara (de Diputados) que obedecería a Celso (Ouro Preto)".44 Muchos argumentaban que la necesidad de comprar amigos no sólo para la monarquía, sino también para el gabinete liberal de Ouro Preto, era un factor más importante de la política bancaria que las exigencias de la economía. La amistad y las relaciones comerciales que unían a Ouro Preto con el Conde de Figuereido, organizador del Banco Nacional, tal vez expliquen por qué la concesión fue otorgada al Nacional y no al del ~rasil. Después de todo, el Banco do Brasil contaba con el doble de car1ta1 realizado y un gran fondo de reservas. Asimismo poseía un largo ~torial como agente gubernamental en el extr~jero y com? banco_ eIDJsor (1853-1864). Mientras que el Nacional tema fuertes vmculos internacionales ya que la mitad de sus accionistas eran franceses, el Banco do . , . Banng. . 46 Brasil mantenía estrechas relaciones con la casa bntan1ca El resultado más notable de los préstamos agrícolas fue el arranque del boom del mercado de valores: el encilhamento. Entre la abolición de la esclavitud en mayo de 1888 y el fin del Imperio, la Bolsa de Río presenció tantas negociaciones como las realizadas en los, sesent:i años anteriores. La mayoría de las nuevas transacciones se referia a acciones bancarias, y no a compañías agrícolas o industriales: Casi ~160% de todo el capital accionario en diciembre de 1889 estaba invertido en bancos. De los cuarenta bancos en funcionamiento para fines de 1889, no menos de ca- S. Topik: Revolución republicana y burguesía en Bra8ÍI 21 torce habían sido fundados un año antes.4 7 Las acciones bancarias se compraban on margin, así que se desembolsaba poco capital y se apartaban pocas reservas. El capital real de todos los bancos equivalía apenas al 29% del capital; en contraste, las otras corporaciones en la bolsa de valores habían realizado el 60% del capital. 48 Surgieron nuevos bancos mientras que los antiguos incrementaban su capital con el objeto de aprovechar los privilegios gubernamentales: préstamos y el derecho a emitir criculante. Los especuladores invertían en acciones bancarias, las utilizaban para solicitar préstamos con los que compraban más acciones, y repetían la operación varias veces. Mientras las cotizaciontS estuvieran al alza, las ganancias continuaban. Hasta noviembre de 1889 las acciones subieron con rapidez. El Jornal do Commercio describía el ambiente: ''La compra (tomada) de acciones era hecha no sólo con emoción, sino con locura, con delirio, con 49 vértigo y aturdimiento ''. ingur.o de los bancos creados en Río era en realidad banco hipotecario agrícola.5 0 Aunque Ouro Preto pertenecía al partido Liberal, que tenía al federalismo como uno de sus puntos principales, la reforma bancaria reforzó la concentración del capital en la ciudad de Rio de Janeiro. Los bancos con base en Río recibieron menos de la mitad de las concesiones para ayuda agrícola, pero percibieron el 84% de los fondos. Del mismo modo, se les había concedido sólo cinco de las trece concesiones para la emisión de circulan te, pero estaban autorizados para emitir el 84%.51 Esta política condujo a Rui Barbosa y a otros liberales más radicales a denunciar el ministerio de Ouro Preto como '<un ataque en contra del partido Liberal", y una "transparente invasión de la corona" que había convertido al ministerio en "un instrumento del Imperio en contra de la nación".52 Frank Colson ha argumentado que la reforma bancaria de Ouro Preto constituía una desesperada medida de la élite conservadora de Río para evitar el ascenso de la burguesía terrateniente de Sao Paulo. Los inversionistas de Rio, que controlaban muchas de las más importantes empresas fe_ rroviarias, bancarias, de embarques, portuarias y de inmigración de Sao Paulo, trataron de utilizar los fondos para mantener su posición.53 Aún cuando hay algo de verdad en esto, lo más probable es que exagere la situación. Los paulistas aprovecharon la expansión de los medios de pago, combinada con la escalada en los precios del café, para ampliar en gran forma su cartera de inversiones durante 1889 y 1890. El Banco do Brasil, con hase en Rio y anteriormente uno de los principales prestadores de Sao Paulo, vendió su sucursal de Sao Paulo porque no pudo competir con los numerosos bancos paulistas que surgieron. Pero ya fuera que las reformas intentaran mantener el dominio de Río o siniplemente ayudar a todos los financiros y comerciantes, originaron una acalorada oposición. �22 SigloXIX La Gazeta de Noticias lanzó una advertencia en el sentido de que a causa de las políticas de Ouro Preto "la revolución republicana llegará mucho antes de lo que hasta ayer suponíamos".54 Parece extraño que Ouro Preto no asignara más fondos a la agricultura, considerando el supuesto dominio político de los fazendeiros. La razón es que el Brasil no estaba dominado únicamente por los terratenientes, sino por terratenientes adinerados, banqueros y comerciantes. Como mencionó el secretario de la Associnrao Commercial de Sao Paulo: En el ·estado de Rio de Janeiro, que incluye el Distrito Federal, así como en la vida financiera del país, siempre se ha dejado sentir la influencia benéfica o dañina de los acaudalados, ya sean nacionales o extranjeros.55 _ S. Topik: Revolución republicana y burguesía en Brasil 23 Preto. El Banco da Repuhlica, el mayor de la nación desde 1890 contaba entre sus accionistas a veintiún barones, tres condes y dieciocho ~condes y vizcondesas. Posiblemente Ouro Preto deseaba ganarse a los ricos terratenientes, comerciantes, banqueros y altos personajes del Imperio mediante su reforma bancaria, ~ás que acudir en auxilio de los f azendeiros en quiebra. O, com? lo creyo mucha gente de su tiempo: podría haber estado inter~do, mas IJ?e nada, en enriquecerse a sí mismo y a sus amigos. El Financzal News afirmaba que ''Este ~nisterio Liberal es el más corrupto que haya_ ocupado el poder en el Imperio, y se han realizado algunos de los más ultraJantes contratos. Es (el ministerio) propiedad del Conde de Figueiredo (presidente del Banco Nacional)!-.6 1 POLITICA MONETARIA BAJO LA REPUBLICA Muchos de los ricos terratenientes del valle de Paraíha habían invertido siempre en bonos, acciones y bienes raíces urbanos. Ya en 1878 un terrateniente insolvente de Rio hacía notar que había diferentes fracciones en la clase de los fazendeiros, y que poseían intereses diferentes: "Hay tres tipos de terratenientes: los capitalistas, los cómodos y los que sufren".56 Esta tendencia se aceleró a medida que los ten:atenientes ricos invertían en las casas bancarias y comerciales de Rio. También en Sao Paulo lo practicaban cada vez más en acciones, bonos y empresas urbanas conforme su liquidez aumentaba en la década de 1880.57 El grupo de banqueros y comerciantes fue adquiriendo cada vez mayor influencia durante la última década del Imperio. Los comissários (agentes de venta de café a comisión) acumularon riquezas y emprendieron diversas actividades. En 1885, Van Delden Laeme hizo su famosa observación: "los comissários, de ser agentes de los agricultores, se convirtieron en sus banqueros". 58 Y a diferencia de lo que sucedía en el comercio mayorista de importaciones y exportaciones, la gran maioría de comissários eran brasileños e inmigrantes que invertían en Brasil. 9 También los banqueros acrecentaron su importancia en la década de 1880. La inminente abolición de la esclavitud liberó al capital. El gobierno imperial concedió diversos privilegios para fortalecer al sector y el capital extranjero entró al país, estableciendo tres bancos europeos y realizando inversiones en algunos brasileños.60 Durante mucho tiempo la clase imperial gobernante había hecho importantes inversiones en bonos de gobierno, y cada vez más en otros documentos financieros. Por ejemplo, muchos de los primeros ministros del Imperio pertenecían a las juntas directivas de los bancos y poseían considerables inversiones: ltaborahy, Souza Dantas, Cotegipe, Joao Alfredo y Ouro La ~toriografía br~ileña generalmente ha dado por hecho que el ministro de Fmanz~ del gobierno provisional, Rui Barbosa, rompió abruptamente con la ~ohllca de Ouro Preto para favorecer a la burguesía industrial sobre la agrana, a la que,en apariencia había brindado su apoyo Ouro Preto. Nelso~ Wemeck Sodr~ co1?entó: ''En su posición como ministro de Finanzas, Rw Bar~osa contribuyo al desarrollo de las relaciones capitalistas gracias a las medidas que propuso o ejecutó en detrimento de los intereses de los la62 tifundi , a Barbosa como el "ministro de la _ os" • Hu mh . erto Bastos aludra :?de~endencia económica hrasileña".63 Pelaez y Suzigan concluyen que Rw Barb_osa fue uno de los pocos ministros de fazenda del período (Primera Republica) que consideró acertadamente la necesidad de impulsar el desarrollo del país". Y Hélio Silva se refiere a Rui como a "uno de los líderes más activos de la naciente burguesía industrial': 64 Su reputaci?n se debe a su política arancelaria (ya discutida) y a sus reformas bancanas. De hecho, las reformas financieras de Rui tenían como objetivo poner de su parte a los mismos especuladores de bolsa entusiasmados por las medidas de Ouro Preto. La declaración más citada de Rui (''El desarrollo de la industria no es para la nación una cuestión principalmente económica, sino política') supuestamente demuestra su apoyo al sector fabril.65 En realidad, Barbosa no se refería únicamente a fábricas cuando mencionó "la industria", sino más bien a la formación de nuevas corporaciones,_ Y_ª fu~ra_ en la banca,_~l transporte, la cons!1"'1cción, o en empresas de ~~c10 pú_hlico. ~a cuestion era sobre todo pol1tica: no porque la burguesia mdustnal hu~1era logrado acrecentar su poder, sino porque, al igual que '?uchos terratementes, comerciantes, financieros y políticos, tenían inversiones en tales empresas. �24 SigloXJX S. Topik: Revolución republicana y burguesía en Brasil Cuando Barbosa se hizo cargo de la cartera de finanzas, el mercado de valores iba en picada a medida que el número de vendedores sobrepasaba al de compradores. El cambio de regimen había ocasionado que muchos de los poseedores de la moneda convertible del Banco Nacional la cobraran en oro temiendo una caída de la tasa de cambio. Esto provocó una contracció~ del crédito. La Asociación Comercial de Rio y los especuladores de bolsa exigieron acción de parte del gobierno para auxili~ a los banc~s. El Jornal <!o Commércio, vocero conservador de la comurudad comercial de Rio, se oponía a una nueva ayuda a los bancos: "¿Sería justo imponer un sacrificio a catorce millones de personas para favorecer a tres o cuatro mil hombres imprudentes o ambiciosos?".66 Sugería no dar ayuda a los bancos y poner fin a la compra de acciones on margin, una práctica cada vez más común pero ilegal. Sin embargo, Rui decidió continuar con la política de ayuda de Ouro Preto a bancos y especuladores de bolsa. Barbosa había reconocido que la revolución republicana "se originó por accidente ... Ciertas reformas... la hubieran evitado... La Nación lo aceptó (al movimiento republicano) pero ., )"67 no era suyo (de la nac1on . Para ganarse el apoyo de la élite imperial, Rui intentó primero mantener en funcionamiento los bancos respaldados en oro y emisores de Ouro Preto, y firmó contratos para emitir billetes convertibles con nueve insti~ciones, así como confirió un préstamo de 18 500 contos al Banco Nacional y al Banco do Brasil para canalizarlos al mercado. Asimismo continuó con la ayuda al &rograma agrícola durante algún tiempo, pero más tarde le puso término. La revolución republicana provocó temores en el extranjero que a su vez causaron la caída del milréis. Los Rothschilds suspendieron el crédito extranjero del erario brasileño y el Banco de Pay Bas se negó a adelantar divisas al Banco Nacional. Como resultado, los bancos emisores rehusaron emitir circulante convertible a la par.69 Rui encontró entonces otro medio de hacer frente a las exigencias de los inversionistas. En diciembre Je 1889 se entrevistó con miembros de la élite imperial ("algunos banqueros, comerciant~s, y corredores debo~'.), foero ~on ningún industrial, para hallarle soluc1on a la escas~z de credi_to. Mas tarde, junto con el banquero Francisco de Paula Maynnk, redacto uno de los proyectos de ley más controvertidos del siglo XIX. Esta ley, promulgada el 17 de enero de 1890, facultaba a tres bancos regionales la emisión de hasta 450 000 contos de circulante no convertible, más del doble de lo que se hallaba entonces en circulación. Privilegios sin precedentes fueron concedidos a los bancos para crear empresas industriales, comerciales, agrícolas 25 y de transporte así como preferencia en los contratos de gobierno para las concesiones, terrenos gratuitos para el establecimiento de colonias o vías férreas, y exención de impuestos para la importación de bienes necesarios para sus empresas. Algunos autores han afirmado que Rui intentaba crear el equivalente brasileño de los grandes bancos alemanes para estimular la industrialización.71 Dos elementos más ponen en tela de juicio el propósito de las concesiones de promover el desarrollo: la ley permitía que los valores corporativos se negociaran tras haber cubierto apenas el 10% de su valor (a lo cual se había opuesto en forma enérgica el Jornal do Commércio, por considerarlo una medida en favor de los especuladores) y el banco que operaría en el centro del país, desde Paraná hasta Espirito Santo, fue concedido al hombre que había ayudado a redactar la legislación, Mayrink. El banco que recibió tal privilegio, el Banco dos Estados Unidos do Brasil (BEUB), y a cuyos promotores el South American Journal Uamara "gavilla de especuladores", se creó solo diéciséis días después de que se promulgara la ley .72 La ley provocó una tremenda protesta pública. Rui admitió que los industriales se oponían a ella porque concedía a Lres bancos privilegios casi monopólicos para la creación y financiamiento de nuevas industrias. También la mayoría de los republicanos históricos en el gabinete del gobierno provisional se oponían a tal medida porque abandonaba el patrón oro, otorgaba excesivos privilegios a unos cuantos bancos y ceBtralizaba el crédito. Sao Paulo quedaría bajo la jurisdicción de un banco regional con base en Rio, exactamente el tipo de maniobra que Rui había denunciado en la reforma de Ouro Preto. La discusión fue tan violenta que todos los ministros estuvieron a punto de renunciar por su causa. Sólo el apoyo de Deodoro permitió que la ley de Rui fuera aprobada.73 Incluso entonces tuvo que reformarla al conceder primero a Sao Paulo un banco emisor y autorizar después tres bancos más en el norte. Asimismo se redujo la cantidad que cada banco podría emitir. La cuota del BEUB cayó de 200 000 contos a 50 000. La decisión de Rui de elegir a Mayrink como consejero y a su BEUB como base del sistema bancario nacional subraya su dependencia de la clase gobernante imperial. Mayrink había sido uno de los más importantes financieros del Imperio y estaba íntimamente ligado a la monarquía. Su padre había sido miembro importante de la corte de Pedro II, su tío senador y presidente de la provincia de Pernambuco, su hermano vizconde, y el mismo Mayrink fue concejal imperial. Cuando Dom Pedro huyó a Europa, lo hizo en uno de los barcos de Mayrink. Tan estrechamente estaba ligado aJ Imperio, que cuando se declaró la República fue arrestado por fervorosos soldados. No obstante, pronto se congració con miembros pro- �26 SigioXIX S. Topik: Revolución republicana y bu,gue,ía en BrtUil minentes del gobierno provisional y Hegó a ser uno de los arquitectos de la ,. financ1era. • 74 pol1tica Parece desconcertante que el banco de Mayrink resultara elegido para recibir la concesión por el distrito central. Es probable que sus antecedentes imperiales no le perjudicaran mucho porque los presidentes de _los o~os dos grandes bancos del país, el Banco Nacional y el Banco do Brasil, ten~an vínculos semejantes con la monarquía. Sin embargo, el banco de Mayrink acababa de iniciar su existencia, había desembolsado escaso capital, no contaba con reservas ni había entablado relaciones con bancos extranjeros. Desde el punto de vista económico, el Banco nacional y el Banco do Brasil ambos con experiencia como instituciones semioficiales, constituirían m;jores opciones. Pero la cuestión no era simplemente económica. Rui estaba en contra del Banco acional porque había sido creado por Ouro Preto. Aunque se le había invitado a formar parte del gabinete de Ouro Preto, Rui se había negado porque pensaba, que era ''un inc~eíhle ataque al partido Liberal" y "no representaba mas que a la co~e _lffip~rial".75 Como castigo por sus virulentos y constantes ataques al m1ruSteno de Ouro Preto y sus tendencias centralizantes (irónico en vista de las políticas que más tarde el mismo Rui adoptaría), el partido Liberal negó a Barbosa un escaño como diputado federal. Fue esta acción la que reparaba Rui cuando en esencia anuló la concesión del Banco Nacional y eligió al BEUB en su lugar. La razón por la que no se eligió al Banco do Brasil es un poco más oscura. El Banco do Brasil contaba con un capital desembolsado de 66 500 contos y una enorme reserva (18 077 contos), un largo historial de relaciones estrechas con el gobierno, y un presidente, Manoel Pinto de Souza, que era amigo íntimo y protector político de Rui. Que su amistad~ enfrió algo después de que Rui asumiera el cargo, se hace evidente a traves de su correspondencia, pero las razones no son claras. Tal vez se d_,~ba en parle al resentimiento de Rui por no haber sido designado en el gabinete de Dan tas en 1884.76 Aunque las medidas de Rui se han explicado siempre en términos de la racionalidad de la teoría económica, puesto que fue así como en forma elocuente justificara Rui su programa, es probable que un aspecto no teóric_o influyera profundamente en la decisión. El triunfo de Mayrink al consegu!r la concesión se debió en parte al hecho de que era uno de los hombres mas ricos del Brasil. La riqueza del financiero quedó manifestada en f?rn:1ª elocuente al ceder al gobierno ff'deral el Palacio Catete, cl_que ha~1a s1~0.adquirido a un cafetalero con problemas fmancieros. ~ayn~ hab1a dec~d1do entregar Catete, que se convirtió en la suntuosa res1denc1a de los presiden- 27 tes de Brasil de 1897 a 1960, porque era más pequeño que la residencia del banquero en Engenho Velho. Pasada la Revolución de noviembre, los republicanos se apresuraron a disfrutar de sus canonjías políticas, colocando a amigos y familiares en importantes puestos del gobierno. También vendieron su influencia al mejor postor. Por ejemplo, Quintino Bocayuva, presidente del partido Republicano nacional antes de la Revolución y ministro de Justicia en el gobierno provisional, había sido secretario en una compañía ferroviaria propiedad de Mayrink y aún mantenían estrechas relaciones: Mayrink ya está en la capital y tal vez sería conveniente que usted le comunicara mis intenciones (de comprar una fazenda cafetalera) y mis necesidades. El prometió ayudarme en este aspecto y supongo que estaría de acuerdo en cumplir su promesa. Mi situación actual no es mala y puedo vivir en fonna modesta. Sin embargo, eso no me bastaría. Acaso no tengo derecho a aspirar a algo en este país y esta república para la cual, creo, he trabajado con esfuerzo y buena voluntad.n La riqueza de Mayrink puede haber influido en la economía personal de Rui. El Río News afirmaba que Rui vivía sin pagar renta en una casa perteneciente a Mayrink, quien ofreció también comprarle una casa a Rui cuando abandonó el ministerio. Barbosa era el director de tres compañías propiedad de Mayrink y su cuñado se hizo rico especulando en valores que en parte eran coinversiones con Mayrink. 78 Algunos años después, enzarzado en la lucha política con Barbosa, el diputado Ceasar Zama lo acusó de enriquecimiento inexplicable durante su período como ministro de Finanzas: "Durante el gobierno provisional poseía carruajes con un tiro de cabalJos, y numerosos diamantes hasta el punto de deslumbrarnos con el lujo ostentoso que demostraba''. Y concluía: "Siempre he dicho que no hay nada peor para una sociedad que un gran talento combinado con la ausencia de escrúpulos (como en el caso) del señor Rui Barhosa". La Cámara de Diputados le respondió con exclamaciones de "muy bien, muy bien".79 Las acciones de Rui demuestran un interés por ayudar a los grandes bancos al costo que fuera. Su genio residía en la habilidad para justificar de manera convincente acciones contradictorias. Después de permitir al BEUB la emisión de moneda inconvertible, pero a costo del retiro gradual de la deuda interna pública, en marzo concedió al BB y al BN el derecho a emitir 25 000 contos de circulante inconvertible respaldado en oro sin costo algunos para los bancos. En septiembre, todos los bancos recibieron autorización para emitir circulante inconvertible respaldado en oro. Cuando los bancos no contaron con dinero suficiente para la compra de bonos de gobierno o de oro que sirvieran como garantía, Rui les prestaba la ga- �28 Siglo XIX S. Topík: Revolución republicana y burgue,ía en Bra,il 29 80 rantía, socavando por completo el propósito de ésta. A pesar del hecho de que por lo común se ha considerado al nacimiento de la República como un triunfo de la descentralización federalista, los tres grandes bancos, dirigidos todos por prominentes monarquistas, llegaron a dominar la reserva monetaria, el crédito y las inversiones, concentrando así el poder en el Distrito Federal. Para septiembre de 1890 los tres bancos de Rio suministraban el 87% de todos los billetes de banco. Además, el Banco acional poseía una cuarta parte de las acciones de otro banco emisor. El BEUB ayudó en la fundación del banco emisor de Sao Paulo, el Banco Uniao. El Mail and Express reportó en junio de 1890 que la mayoría de los bancos de Sao Paulo estaban pasando apuros para formar el capital y tenían que depender de los financieros con sede en Rio: "Parece haber una sed de ... monopolios, a la cabeza de la cual se encuentra el señor Mayrinch (sic), hábil maquinador y financiero'.' 81 El BEUB también poseía :,Odas las acciones de uno de los bancos del norte. Por lo tanto, solo el 5 1/o de todos los billetes no estaba controlado por ellos. Por añadidura, el BEUB tenía también participación importante en otros cinco bancos. Para acentuar aún más la concentración de la banca, el presidente del Banco acional y el hermano del presidente del BEUB eran directores del Banco do Brasil.82 Los Bancos eran también los principales inversionistas de valores, y organizadores de numerosas emisiones accionarias. El BEUB había invertido 21 540 contos en veinticuatro compañías para agosto de 1890, y el Banco do Brasil 11 133 en acciones en 1891_. Rui ~bservó en 1890: "raras son las compañías creadas (lanchada) este ano aqu1 o en Sao Paulo, que no hayan sido ayudadas efectiva y poderosamente por el BEUB y sus filiales ".83 En diciembre de 1890 la concentración de la banca se elevó aún más cuando Rui permitió la fusión del hiperextenso Banco acional y el Bl!:UB paraºintegrar el Banco da República dos Estados Unidos_d~,Brasil. E~to reforzó también la influencia de Mayrink cuando se convut10 en presidente del nuevo banco mientras se dejaba al margen a Figueiredo. El nuevo b~co poseía un capital autorizado de 200 000 contos y el derecho de emitir hasta 600 000 contos: en otras palabras, el derecho a duplicar la moneda en circulante a voluntad. El Banco da República despertó especial hostilidad a causa de su magnitud y privilegios. Alfonso Peña, futuro presidente, escribió: "El eje de todo fraude financiero es el Banco da República, que trata de imponerse como la encarnación del nuevo régimen, haciendo que la estabilidad de este último dependa de su (del banco) destino".84 Esta concentración de poder provocó una especi_al preocupación porque una buena parte de los fondos del BR fue prestada a un puñado de los mismos directores del banco. Por tales acciones Rui se ganó la reputación de "Law del Brasil", en referencia al especulador de bolsa responsable del auge especulativo al que siguió un espectacular derrumbe en la Francia del siglo XVID.85 Inclusive, después de que Barbosa renunciara a su puesto en enero de 1891, el gobierno de Deodoro continuó cortejando a la comunidad financiera mediante el otorgamiento de amplio crédito para su inversión en valores. De hecho, el cónsul británico C. F. Frederick Adam reportó que los especuladores de la bolsa de valores están firmemente a su favor (de Deodoro), y muchos de los miembros de la Asamblea se han contagiado de la fiebre especulativa... y por consiguiente es probable que voten por él. 86 El mini~tro británico relató más tarde que Deodoro había de hecho ganado las elecciones en buen parte debido a que los especuladores que se enriquecieron a su amparo sobornaron a los electores titubeantes.87 La influencia ininterrumpida de la élite imperial se hizo más evidente cuando Deodoro sustituyó a los ministros republicanos que renunciaban por prominentes mo11arquistas del noreste. El nuevb dirigente de su administración no sólo había sido monarquista, sino también miembro del partido Conservador imperial, gobernador de Pernambuco, terrateniente cañero, y propietario de esclavos: el Barón de Lucena. A Lucena, que desde su elevación al poder había sido descrito como un "saqueador" por el ministro británico, se le dejó la avalancha creada por la legislación banca88 ria de Rui. Continuó los vínculos amistosos con Mayrink y otros banqueros, y siguió favoreciéndolos, particularmente al banquero Henry Lowndes, Conde de Leopoldina. El efecto colateral del vertiginoso encilhamento había sido un índice inflacionario cercano al 50%, que ocasionó un irónico comentario del Rio News: "Si la tasa actual de progreso financiero se mantiene por mucho tiempo más, pronto tendrá uno que organizar una compañía de cien contos ($50 000) cada mañana para poder desayunar".89 Para hacer frente al perpetuo crecimiento de la demanda de crédito, Lucena propuso aumentar la emisión de circulante. Además prestó sumas considerables del erario público a bancos debilitados por inversiones imprudentes. Supuestamente brindó a cuatro bancos el equivalente de más de $10 000 000 que nunca fueron reembolsados.90 �30 SigloXIX S. Topik: Revolución republicana y burguesía en Brasil Durante el segundo trimestre de 1891, la burbuja accionaria mostró signos de estallar. Los precios de las acciones comenzaron a desplomarse; los suscriptores, que habían pagado entre el 10 y el 40% del valor de las acciones, se negaron a aparecer con el resto, perdiendo la inversión original. Los bancos con excesivos préstamos, en especial el Banco da República y el Banco do Brasil, fue perdiendo solvencia a medida que muchos de sus préstamos asegurados por acciones se iban quedando sin valor. En el tercer trimestre el valor del milréis se desplomó en forma dramática. El Congreso se rebeló y exigió que ya no se emitiera circulante debido a la devaluación e inflación que se estaban provocando. Sin embargo, en septiembre Lucena sugirió al Congreso que autorizara un aumento en las emisiones del Banco da República aunque estas no contaran con un respaldo real. Ponía como razón que era natural que el gobierno de la revolución completara su proyecto de coparticipación directa en el movimiento en marcha, facilitando la creación de compañías y bancos que pondrían su capital a disposición de la mano de obra, y de las muchas otras (actividades) que explotan la riqueza nacional. los días de dinero fácil del encilhamento. La importaci·o'n de maqumana · · ., tamhxen comprobaba el arranque de la actividad industrial.94 , . Pero el cr~cimiento de la fabricación fue un efecto colateral de la po- hti~ monetaria,_ no su interés principal. De hecho, apenas el 5% de las acc1on~s comerciadas en la bolsa de Río pertenecían a la industria textil. Ade~as, gran parte del crecimiento del capital accionario de las compañías te~es no ~r~ prueba de nuevas inversiones en las fábricas, sino que eran accmnes ~lllltidas ya como dividendos, o para comprar compañías textiles que se uman.95 . La_ mejor evidencia del poco interés que sentían Rui y Lucena por la mdus!1"1a es el hec,h~ de que los industriales y los partidarios del sector se o~oman a ~s políticas monetarias. Los representantes del Congreso Indus~al, por ejemplo, s~ alzar~n en contra de la política de dinero fácil. El ~putado Barbosa Luna, energico defensor de la industrialización denuncio de Deodoro , que desvirtuaba "una de '1as pnn• · alel "falso industrialismo" • c1p . ~s conquJStas de la sociedad moderna, la corporación" .96 Continuaba queJandose de que El ej~c~tivo (utilizó) ~l prestigio y la fuerza del gobierno para encubrir ~numerables irregularidades, vicios, fraudes, organizados por ~~dia docena de individuos altamente protegidos... con el propos1to de hacer fortuna rápido.97 Proseguía diciendo que el gobierno "tenía que acompañar la febril marcha de la libertad de asociación de las compañías... para fortalecer la fe en las instituciones repuhlicanas'.'.91 El congreso no estuvo de acuerdo. Las diferencias entre el ejecutivo y la legislatura se pusieron de manifiesto cuando Deodoro clausuró el Congreso el 3 de noviembre de 1891 y gobernó por decreto. Permitió que Lucena autorizara_velozmente una mayor emisión de billetes, reformara la ley corporativa para que los bancos pudieran recibir sus propias acciones como garantía de préstamo, prestara a bancos sus propias garantías depositadas en el erario público para que pudieran utilizarlas como respaldo a nuevas emisiones de circulante,"/ prestara fondos del gobierno depositados en Londres al Banco da República.92 Es cierto que la ayuda a los bancos durante los dos primeros años de la República dio origen a una considerable industrialización. En Río, el aumento real en las empresas textiles de algodón fue mayor en 1889 que durante todos los seis años anteriores. Fue aún mayor en 1890. Los tres grandes bancos financiaron muchas empresas industriales. En Sao Paulo la fabricación creció con rapidez; el Banco Uniao era su principal h1versionista. El crecimiento de la fabricación se extendió hasta Pernamhu.co donde el cónsul británico relató en 1894: ''La evolución industrial de los últimos cinco años ha sido grandiosa" .93 De las fábricas industriales existentes en Río en 1905, por lo menos el 30% habían sido fundadas entre 1890 y 1895, y muchas del 50% iniciadas antes de 1889 se expandieron durante 31 Como hizo notar un crítico, a causa del encilhamento, mucha gente llegó te9~ que las corporaciones eran "sinónimo de asalto a mano annada . . En lugar de fundar una nueva política monetaria progresista y vigo~ar los mercados de capital, como bancos y mercado de valores el encilh~mento o~ó un regreso a la economía ortodoxa y la desconfianza hacia las pol~ticas de desai:rollo gubernamentales. El problema no era que ~os terr~ten~entes se opusieran a las políticas porque negaban apoyo a la mdustn~, smo porque las reformas bancarias favorecían sólo a unos cuantos, y dejaban en la miseria a miles.99 · ª Las políticas de Deodoro no eran populares entre la ·población en general. El sucesor de Deodoro, Mariscal Floriano Peixoto era mucho más P~P?lar. A diferenci~ de Deo~oro, basó s? apoyo en los ;epuhlicanos. Sus rmrusn:os eran de vemte a tremta años mas jovenes que los de Deodoro; la mayona eran del Centro-sur. Sólo dos de los designados habían sido conse1:adores bajo el Imperio (uno de ellos era el representante de los terratementes paulistas, Franciso de Paulo Rodríguez Alves), mientras que cuatro eran republicanos históricos. Floriano era especialmente popular entre las clases media urbana y �32 SigloXIX obrera, y los oficiales subalternos y soldados de tropa de la milicia. Se le considera el presidente que más favoreció la industrialización durante la Primera República. Sodré afirma que durante su administración "la burguesía estuvo en el centro del escenario ". 100 Y sin embargo adoptó una ~lítica monetaria diametralmente opuesta a la de Deodoro. Por lo comun, la expansión de la reserva monetaria no era considerada un acto a favor de la industria. Floriano redujo el crecimiento de la reserva monetaria e ~tentó equ_il~brar el presupuesto. En 1892 se suspendió el derecho bancano para eIDJllr moneda y el ministerio de Hacienda reanudó la emisión de circulante. A fines de 1893 el Banco da República se fusionó al Banco do Brasil. Pero esta unión representó la incautación del poder financiero por parte del Estado, más que su concentración en manos de unos cuantos banqueros co~o sucediera con la fusión de 1890. El presidente del nuevo banco, el vicepresidente y uno de los directores fueron designa~os por _el g~biemo ! ejercían el poder de veto. Por otra parte, se desterro a los fmanc1eros mas importantes del encilhamento. Mayrink fue obligado a ab~donar la presidencia del BR y marchó al exilio en el interior de la nac1on. El banquero conde de Leopoldina, amigo íntimo de Lucena, fue desterr~do al Am_azonas por una supuesta complicidad en un complot monarqu1Sta. Al ffilSmo tiempo el gobierno inició un proceso de bancarrota en contra del ' ' 101 conde, haciéndole perder la mayor parte de su fortuna. El gobierno de Floriano mantuvo la práctica de otorgar ~uantiosos préstamos a los bancos privados. Durante 1892 y 1893, presto 120 ~ contos. Pero ahora el banco más grande estaba bajo el control del gobierno. Los bancos más gequeños perdieron sus privilegios gubernamentales Y muchos fracasaron. 10 El propósito de la fusión, más que ampliar la inversión y las emisiones monetarias de la nueva institución como sucedió co~ la primera fusión, era el de enmendar el caos creado por los numerosos billetes. Como se informó en febrero de 1892: Noticias del interior afirman que el comercio se ha vuelto casi imposible por la incertidumbre r~la~ionada con_ la v~dez de la ~oneda. Es del conocimiento publico que vanos billetes han sido retirados de la circulación, pero nadie parece ser capaz d~ determinar cuales son, por consecuencia los campesinos vacilan en aceptarlos. 103 Este problema debía corregirse con la apropiación de todos los billetes, tarea realizada por el BR con la supervisión del gobierno. El grado hasta el cual los intereses fabriles se oponían a la con~~ción que el gobierno hacía a los bancos quedó ilustrado por el empresti- S. Topik: Revolución republicana y burguesía en Brasil 33 to de apoyo a la propia industria, en 1893. Autorizaba una emisión en bonos por 100 000 contos para su uso en créditos industriales, y a menudo es mencionado como el primer préstamo considerable con miras al desarrollo en el Brasil. El ministro de Finanzas Felishello Freire aducía que con el préstamo "los poderes públicos entraban a una nueva fase de proteccionismo, al dar preferencia a la industria sobre la agricultura~' 104 Sin embargo es un hecho que muchos indus~ales se opusieron a la medida. Una carta supuestamente firmada por 405 industriales rechazaba el decreto por considerar que la industria ya había recibido suficiente ayuda del gobierno y no necesitaba más. Temían que los bonos, que se tomaban en las oficinas del gobierno como pago por deudas, aumentaran el suministro monetario, crearan inflación y devaluaran el milréis. Como muchas industrias importaban alrededot de la mitad de sus materias primas así como su maquinaria, las afectaría adversamente.105 La otra queja principal era que el préstamo no era para las industrias. El diputado Oiticica resumió una posición común: "Se puede decir que los bonos no se emiten para ayudar a la industria; se emiten para ayudar al Banco da República ". 106 Nilo Pa~anha, enérgico defensor de la industrialización, estaba en contra del empréstito porque pensaba que iría a parar en manos de amigos de políticos y sería usado por el Banco da República, el que se suponía iba a administrarlo para auxiliar a las empresas en deuda con el banco y para colocar a gente allegada en el consejo directivo de las compañías.107 El parecer de muchos de los diputados, aún de aquellos que eran industriales como Pacifico Mascarenhas, era que en la mayoría de los estados la industria estaba prosperando (las fábricas textiles de su familia estaban distribuyendo dividendos de más del 20°1o) .Sólo las grandes plantas textiles padecían porque se había unidoa la fiebre especulativa al invertir en otras industrias y fundirse con otras más pequeñas. 108 El grado de inquietud que se tenía de que el BR empleara los fondos del empréstito para fines distintos del fomento de la industria, se reveló con la forma alterada en que al final se lo aprobó. En lugar de permitir que el BR prestara a quien deseara como lo habría hecho Mayrink, el Congreso estipuló que sólo una tercera parte de los préstamos se destinara a empresas del Distrito Federal. Puesto que el Distrito Federal es donde el BR concedió la gran mayoría de sus préstamos, y donde se localizaban la mayor parte de las grandes fabricas del país, ésta fue una clara medida de descentralización, así como contraria al BR. Parece que esto se hizo cumplir: al final el Distrito Federal recibió sólo un tercio de los préstamos mientras que Sao Paulo recibía casi un 30°/o, suma que excedía en mucho a su porcentaje en la industria nacional. Aunque el 20°/o de los préstamos se dedicó a la agricultura, la industria recibió más de la mitad del capital. 109 �34 Siglo XIX S. Topik: Revolución republicana y burguesía en Brasil CONCLUSION La transición del Imperio a la República no señaló un rompimiento brusco en política económica con una burguesía progresista que llegaba al poder. La abolición de la esclavitud en 1888 había sido el parteaguas. De hecho la República no presenció iniciativas nuevas en el campo de la política económica. La agricultura no se hizo acreedora a ningún favor particular, ni fue la industria la beneficiaria en especial. En realidad, durante los dos primeros años de la República, la fuerza directriz detrás de la política era la élite financiera imperial, grupo al que a menudo se considera parasitario más que empresarial. Contrario a lo que sostienen la mayoría de los estudiosos de este período, en el sentido de que Rui Barbosa representaba a la burguesía industrial y bahía puesto en práctica una política de desarrollo perspicaz y progresiva, Rui buscaba ganarse el apoyo político de la clase imperial gobernante. En lugar de estimular la acumulación de capital en el sistema bancario y crear bancos de desarrollo, las reformas de Barbosa condujeron a fracasos masivos y a la bacarrota de algunos de los financieros más acaudalados del país. El hecho de que sus iniciativas del uso de bancos como instrumentos de desarrollo y la separación del patrón oro no fueran adoptadas por subsecuentes administraciones, no es prueba del limitado pensamiento económico de la burguesía agraria, sino una crítica al modo en que Rui ejecutó sus políticas: desacreditó los análisis estructuralistas y devolvió la ortodoxia económica a los forjadores de la política económica del país. La milicia en el poder no parece haber sido un breve interludio de poi íticas progresistas sino, al menos durante la administración de Deodoro, una carrera para disfrutar de las canonjías del oficio. Plus ga change. .. 35 de Jaime Larry Benchimol (Rio: Editora Campus, 1979), p. 91. Flávio Rabelo Versiani afirma en "lndustrializa~o e economía de exporta~o: a experiencia brasileira antes de 1914", Revi.sta Brll$ileira de Economía, 34 (1980), p. 9, que el gran aceleramiento industrial de Brasil comenzó en la década de 1880, mucho antes de la política monetaria expansionista del año final del Imperio. 2. Anníbal Villela y Wilson Suzigan, A política do governo e crescimento da economía brasileira, 1889-1945 (Rio: IPEA/INPES, 1973), p. 127. Véase también E. Bradford Burns, A History of Brasil, 2a. edición (NY: Columbia University Press, 1980), p. 293; y Humberto Bastos, O pensamento industrial no Brasil (SP: Livraria Martins, 1954), p. 19. Fishlow en ''Orí.gens" p. 12 sostiene que el crecimiento industrial de la época no solamente no fue planeado, sino a veces lo opuesto a las metas de las poi íticas. 3. Helio Silva, 1889: A república na esperou o amanhecer (Rio: Civiliza~o Brasileira, 1972), p. 76. 4. Nelson Werneck Sodré, Hi.stória da burguesía brasileira (Rio: Civiliza~o Brasileira, 1976), p. 162. 5. Brasil, Congresso, Documentos Parlamentares, Alexandre José Barbosa Lima, Di.scursos parlamentare& (Brasilia: Camara dos Deputados, 1963), p. 120. En una versión modificada de este punto Nícea Vilela Luz afirma en ''O papel das classes médias brasileiras no movimento republicano", Revista de Hi.stória 68 (1964) p. 20 que "por primera vez, con el advenimiento de la República se unieron los elementos de una nueva clase, de una nueva burguesía": Florestan Fernándes concluye en A revo/Ut;ao burguesa no Brasil, Ensaio de interpreta,;ao wciológica (Rio: Zahar Editores, 1974 ), pp. 203-205 que 1888 y 1889 marcaron el inicio de la transición de la "era señorial" a la "era burguesa". Hubo muchas alusiones conscientes a la Revolución Francesa a principios de la década de 1890. Los oficiales de gobierno aludían unos a otros como "ciudadano", el grupo republicano más combativo se denominaba "Jacobinos" y una revuelta en el sur fue llamada la "Vendee" del Brasil. 6. Sodré, Burguesía brasileira, p. 189. 7. Véase, por ejemplo, de Carlos Manuel Pelaez y Wilson Suzigan, Hi.stória monetária do Brasil: análise da política, comportamento e institu<¡oe& monetárill$ (Rio : IPEA/INPES, 1976), pp. 179-185. NOTAS 8. Economi.st, Londres, nov. 23 de 1889, p. 495. 9. Para los sucesos del golpe de estado véase a Silva, 1889, pp. 87-136; Delso Renault, O dia-a-dia no Rio de ]aneiro segundo os jornai.s, 1870-/889 (Rio: Civiliza~o Brasileira, 1982), p. 236. l. Albert Fishlow, "Origens e conseqüencias da substitui~o de importa~oes no Brasil", en Flávio Rabelo Versiani y José Mendo~ de Barros (eds.), Forrn<u;ao económica do Brll$il, A experiéncia da industrializat;ao (Sao Paulo: Saraiva, 1978), pp. 8, 12. Para puntos de vista similares ver Wilson Cano, Raize& da concentraf(lo indu&trial em Sao Paulo SP: DIFEL, 1977), p. 145; Eulália Maria Lahmeyer Lobo, Hi.stpria do Rio de laneiro, (Do capital comercial ao capital industrial e financeiro) (Rio: IBMEC, 1978), vol. 2, p. 456; Nícia Vilepa Luz, A /uta pela indmtrialízaf'lo do Brll$i/ (1961 rpt. SP: Alfa Omega. 1975), p. 66; Stanley Stein, Origen& e evolu,;ao da indrútria textil no Brasil, 1850-1950, trad. 10. Citado en Silva, 1889, p. 88. ll. South American ]ournal, diciembre 14 de 1889, p. 757. 12. George C. A. Boehrer, Da monarquía a República, história do Partido Republicano do Brasil ( 1870-1889), trad. de Berenice Xavier (Rio: MEC, Servicio de Documentac;ao, 1954), passim; Hildiberto Ramos Cavalcanti A. Junior, "Os republicanos fluminense na legislature de 1888", en Richard Graham (ed.), Ensaios sobre �36 SigloXIX a político e a economia do provincia fluminen&e no seculo XIX (Rio: Arquivo Nacional, 1974), pp. 248-283; Richard Graham, "Landowners and the Overthrow of the Empire", Luso-Brozilion Review 1 (1970), p_p. 44-5 6; Barbosa Lima Sobrinho, Preseni;.a de Alberto Torres (suo vido e pell.$0mento) (Rio: Civiliza~o Brasileira, 1968), pp. 69-103; Joao Sebastiao Witter ed. Jdeias políticos de Francisco Glicério (Rio: Funda~o Casa de Rui Barbosa, 1982), pp. 31-36. 13. D. Burke al Departamento de Estado de EEUU, Salvador, Bahía, 19 de junio de 1890. Burke concordaba con la apreciación del periódico. Le Temps informó el 18 de noviembre de 1889 que Bahía estaba en contra de la revolución republi- cana. 14. En "Soldiers in Congress, 1890-1894", un manuscrito inédito, he .demostrado mediante un análisis de los Anois de la Camara dos Deputados de 1890-1894 que los 31 militares activos que ocupaban un escaño en la Cámara Federal de Diputados disentían en cuestiones económicas. En las cinco votaciones que localicé, los diputados militares se dividían en la misma proporción de 60°/o-40°/o que la Cámara en general. 15. Joao Moura de Dunshee de Abranches, O golpe de Estodo, otos e otos do Governo Luceno (Rio: Oficinas Gráficas do Jornal do Brasil, 1954). S. Topik: Revolución republicano y burguesía en Brasil 37 25. Alfonso Celso de Figueiredo, (Visconde de Ouro Preto), A décoda republicano, (Rio: Companhia Typ. do Brasil, 1899), p. 63; Castro Carreira, Histório Finonceira, vol. 2, pp. 477, 837; Frederic Stirton Weaver, Clos&, Stote, and Industrial Structure (Westport Ct.: Greenwood Press, 1980), p. 80. 26. Citado en Luz, Luto pela industrializ:~o, p. 169. 27. Versiani, "lndustrializa~o antes de 1914", p. 36; J. P. Wileman calculaba en Brazilian Exchange: The Study of an Inconvertible Currency (1896 rpt. NY: Greenwood Press, 1969), p. 215, que la protección aduana! promedio de la tarifa arancelaria de Barbosa era casi idéntica a la de la tarifa anterior 44º/o a 43°/o. Los derechoss de aduana del oro no fueron una innovació; radical. Como escribió D. Burke al Departamento de Estado de los Estados Unidos el 23 de mayo de 1891 en "Despachos de los Cónsules de Estados Unidos en Bahía, Brasil, 1889-1895", Archivos Nacionales, Registros del Departamento de Estado, Grupo de Registros 5 6, la tarifa arancelaria había tenido niveles flotantes que dependían del tipo de cambio. Cuando la moneda brasileña se depreció, el impuesto aumentó para compensar el valor real de los derechos, que se calculaban sobre un valor de 24 peniques ingleses por milreis. 16. Río News, 22 de agosto de 1892. 28. Ministério da Fazenda, Relatório 1893, p. 123; Centro Industrial do Brasil a Alfonso Pena, sin fecha, archivo Alfonso Pena, Arquivo Nacional, AP 11-1.2. 1382. 17. Quintino Bocayuva, 31 de julio de 1902 en archivo Q. Bocayuva, QB 01.02.05 cp. 29. Camara dos Deputados, Anois, 1891, vol. I, pp. 222-224; Congresso Constituente, Anois, 1890, vol. 3, p. 52. 18. Rui Barbosa, A queda do imperio vol. 1 (Rio: MEC, 1952), p. 15. 30. Congreso Constituente, Anois, 1890, vol. 3, p. 65. Para mayor información acerca del tratado véase Steven Topik, "Informal Empire? The U.S.-Brazilian Trade Teaty of 1891 ", M. A. thesis, University of Texas, Austin, 1974. 19. Ciro F. S. Cardoso y Héctor Pérez Brignoli, Historio económica de Américo Lotino, vol. 2 (Barcelona: Editorial Crítica, 1979), pp. 29-63. 20. Robert Conrad, The Destmrction of Brazilion Slavery, 1850-1888 (Berkeley: University of California Press, 1972), pp. 95, 220. 21. Brasil, D.iretoria Geral de Estatistica (DGE), Anuário estotístico, 1939/I 940 (Rio: Imprensa Nacional, 1940), p. 1307; Liberto de Castro Carreira, Histório finonceiro e or(}Omentário do império no Brasil vol. 2 (1889 rpt. Brasilia: Senado Federal/ MEC, 1980), p. 642; Witter, ldeios de Glicério, vol. 1, pp. 88-91. . 22. Rio News, 17 de marzo de 1891; Banco Hypotecário a Floriano Peixoto, Río de Janeiro, 18 de octubre de 1893 en archivo F. Peixoto, ArquivoNacionalCaixa 8L Pacote 5. 23. Thomas Holloway, lmmigrants on the Land (Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press, 1980), p. 317. 24. Witter, Ideias de Glicério, vol. 1, pp. 86, 87; Brasil, Ministério de Via~o e Obras Públicas, Relat6rio, 1921, pp. 188-191; Camara dos Deputados, Anois, 1892, vol. I, pp. 100-110; Pan American Union, Bulletin, marzo de 1894, p. 665. La nacionalización del transporte costero no se realizó de hecho sino hasta fines de la década de 1890. 31. Fishlow, "Origens", p. 7; Werner Baer y Anníbal Villela, "Crescimento industrial e ind ustrializa~o: revisoes nos estágios do desenvolvimento económico do Brasil", en Wemer Baer, A industrializafQO e o desenvolvimento económico do Brosi~ 4a. edición (rio: &litora de Funda~o Getúlio Vargas, 1979). pp. 288 289. Versiani, en "lndustrializa~o antes de 1914", afirma que la proteCCJon arancelaria fue importante. .r 32. Almanok Laemmert, 1889, pp. xvii. 1205-22; M. F. J. de Santa Anna Nery, Le Brésil en 1889 (Paris: Librairie Charles Delagrave, 1889), pp. 347-351; Joao Ribeiro, Bancos, memoria apre1entada ao Congresso lndustriol de Minos Gerais (Juiz da Fora; Typ. Central, 1903), p. 48. 33. Nery, Le Brésil, p. 452; Contadoria Geral do Império, Balam;o do receito e despesa para 1888 (Río: lmprensa Nacional, 1891), p. 11 y 1925 (Rio: Imprensa Naciona, prensa Nacional, 1926), p. 248; Atada Se~o do Conselhode Estado, Rio, 12 de marzo de 1885 en Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Cole~o Instituto, Pasta 55, Lata 545; O. J. Placido e Silva, Caixas económicas federais e opera!(oes bancárias (SP: FAitora Rumo, 1930), pp. 12, 33, 66; Maria Bárbara Levy, História da bolsa de valores (Rio: IBMEC, 1979), pp. 107, 108, 280; Gustavo Henrique Barroso Franco, Reforma Monetário e instobilidode durante a transi!,{lo republicano (Rio: BNDES, 1983), p. 146. �38 SigloXlX 34. Banco do Brasil, Relatório de 1889 (Río: Typ. Carioca, 1889), p. 121; L.R.O. Quatro mezes de adminútra~o financeira (Lisboa: Typ_ Universal, 1890), p. 18; Anón. Os projectos sobre banco de credito real (SP: Typ. King, 1889), pp.4-17. 35. Ernília Voitti da Costa, Da senzala a colonia (SP: Difusao europeía do livro, 1966), p. 215. El Provincia de Sao Paula calculaba en octubre 23 de 1889 que la deuda agrícola de Sao Paulo se aproximaba a los 160 000 contos y que el total de la deuda flotante del estado tal vez no era menor. 36. Contrato del Banco Nacional con el Ministerio de Fazenda, 2 de octubre de 1889 en Casa Rui Barbosa, Pasta Banco do Brasil; DGE., Anuário estatístico, 1939/ 1940, p. 1353. 37. Figueiredo, Década republicana, p. 245. 38. Castro Carreira, Hút6ria financeira, pp. 696, 697; Memorándum de Francisco de Paulo Mayrink, Casa Rui Barbosa, Pasta Banco do Brasil. Mayrink de hecho aseveró que Ouro Preto intentaba arruinar al Banco do Brasil. 39. Banco do Brasil, Relat6rio, 1890, p_ 14. 40. Ministério da Fazenda, Aux,1ios a lavoura (Rio: (mprensa Nacional, 1889), p. 53. 41. Banco do Brasil, Relatório, 1888, pp. vü, 22. 42. !bid, 1890, p. 32. El Banco do Brasil continuó reduciendo sus obligaciones hlpotecarias, de las cuales más de la mitad estaban atrasadas. De un alto nivel de 29 000 contos en 1879, bajó a 19 120 contos en 1888, 17 600 en 1889, y 13 034 en 1890, Relatório 1889, p. 20, 1890, p. 32, 34. 43. Amaro Cavalcanti, Resenha finaceira do império (Río: Imprensa Nacional, 1890), p. 50; Banco do Brasil, Relatório, 1888, p. 18. El Diario Popular observó el 30 de noviembre de 1889 que la ayuda a la agricultura no benefició a aquéllos que realmente la necesitaban: "Los miles de contos ya entregados (por el gobierno) han servido principalmente para consolidar las cuentas de dichos establecimientos (bancos) y ayudarlos a liquidar deudas vencidas". 44. Jornal do Commércio, 8 de septiembre de 1889 en Casa Rui Barbosa, Recortes, 1889; véase también A Na~o que exponía que el plan daba "ayuda a los bancos Y no a la agricultura" en Joma/ do Cammércio, 30 de agosto de 1889 en Recortes de CRB. 45. Memorándum Mayrink, CRB; O Dia, 30 de agosto de 1889, Recortes de CRB; el South American Journal declaró el 14 de diciembre de 1889, p. 757, que "durante más años de los que pudieran contarse la rama administrativa estuvo podrido hasta la médula". S. Topik: Revolución republicana y burgue1ía en Brasil 39 Re,enhafinanceira, p. 76. 48. Calculado de Castro Carreira, Hút6riafinanceira, vol 2, p. 776. 49. Jornal do Commércio, diciembre de 1889, CRB, Recortes 1889. 50. Juca Faro a Quintino Bocayuva, Río de Janeiro, 4 de enero de 1892 en QB 891.03.31 cp; Banco Hypotecário a Floriano Peixoto, Río de Janeiro, 18 de octubre de 1893, en archivo F. Peixoto, AN Caixa 8L, Pacote 5. 51. Franco, Reforma monetória, pp. 84, 85. El crédito de la ayuda agrícola no se con~ntró en la m!5"1a proporción en beneficio de los deudores de Rio, ya que la ?1~tad de los prestamo_s del Banco do Brasil fueron a parar a Sao Paulo (Relatorw, 1~90, p. 4~) Y solo una cuarta parte al estado de Rio, aunque sin duda la mayor1a de las hipotecas que ayudaban a refinanciar estaban en poder debancos C?n base en Rio. Más de tres cuartas partes de la ayuda a fondos agrícolas se ~lizaron a las provincias centrales de Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais. 52. Cazeta de Noticias, 9 de junio de 1889, CRB, Recortes 1889. 53. Colson, " On Expectations", pp. 281,292. 54. Cazeta de Noticias, 9 de junio de 1889, CRB, Recortes 1889; Banco do Brasil Relatório, 1891, p. 4. Si bien no hay duda de que el control carioca sobre Sa~ Paulo era bastante fuerte, es probable que Colson exagere. Por ejemplo Colson afirma que Sao Paulo aún dependía comercialmente del puerto de Río• cuando en realidad, de acuerdo con el Relatório apresentado ao Ex. Sr. Presidente da Provincia de Sao Paulo pela Commissao Central de Estatística, (SP: Leroy King Bookwalter, 1888), pp. 128, 258, casi el 90º/o del café de Sao Paulo salía por Santos ya en 1886-S7. Por otra parte, los bancos propiedad de paulistas como el Banco de Comércio de Sao Paulo y el Banco de Ocdito Real de Sao Paulo ya eran bastante importantes en 1887. 55. Joao Pedro de Veiga Filho, Estudo económico e financeiro sobre o estado de Sao Paulo (SP: l'Yp. do Diario Oficial, 1896), p. 16. 56. Congresso Agrícola, cole~o de documentos (Río: 1878), p. 134. 57. Ze~ M. ~doso de Mello. "Contribui~es ao estudo da natureza do empre~nado paulista", en e] X encontro nacional de economía de la Associa~o Nactonal dos Centros de Pos-Gradua~o em Economía, Aguas de Sao Pedro, Río Gr~e do ~ul, 1982 (Porto Alegre: 1982), 1060. 1064, 1068; Jospeh Earl Sweigart, "Financing a.nd Marketing Brazilian Export Agriculture: The Coffee Factors of Rio de Janeiro, 1850-1888", PhD. Dissertation, University of Texas, Austin, 1980, pp. 225, 226. 58. C.F. van Delden Laerne, Brazil and Javo: Report on Coffee-Culture in Ame. rica, Asia and A/rica to H. E. the Minúter of the Colonies (Londres: W. H. Allen, 1885), p. 212. 46. Frank Colson, "On Expectations - Perspectivcs on the Crisis of 1889",lournal of Latin American Studie3, 13 (1981), p. 285; Franco, Reforma monetária, p. 92; Banco do Brasil, Relatório, 1891, p. 3. 59. Sweigart, "Financing Exports", pp. 69, 70,225. 47. Almanak Laemmert, l 890, passim, Castro Carreira, ~l. 2, p. 77 6; Cavalcanti, 60. Los bancos británicos se habían fundado en 1862 y 1863, y un banco alemán en �40 Siglo XIX S. Topik: Revolución republicana y burguesía en Brasil 41 1888. Inversionistas franceses suscribieron la mitad del capital del Banco NacionaJ, Ministro de Fazenda a N. H. Rothschild, Rio, 8 de febrero de 1887 en Cole',30 Francisco Belisário, IHGB, Lata 277, Documento 31. 71. Francisco de Paula Mayrink, Financas do Brasil; Discursos proferidos na Camara_dos Deputados nas sessoes de 25, 26 28 de agosto de 1891 (Rio: Companhia Impressora, 1891), p. 44. 61. Financia! News, Noviembre 26 de 1890 en Recortes de CRB. 1890; Banco da República. Relatório, 1892, p. 22; Almanak Laemmert, 1889, passim. 72. Cazeta de Notícias, 16 de marzo de 1892; Almanak Laemmert, 1890, pp. 1132, 1211, 1212, 1~22; The South Americanlournal, 21 de junio de 1890, p. 79_8. Uno d~ los duectores del BEUB incluso sugirió que la efigie de Rui y ~ayr_mk apare~~eran en la moneda del BEUB, idea que fue rechazada por considerars~le_pohtI<:3~ente irrealizable. Resulta irónico que, cuando el gobierno brasdeno dec1d10 en 1985 crear el billete de mayor denominación a causa de la peor inflación en la historia del país se imprimiera la efigie de Rui en el billete de 10 000 cruzeiros. 62. Nelson Werneck Sodré, História militar do Brasil (Rio : Civiliza',30 Brasileira, 1965), P. 164. 63. Humberto Bastos. Rui Barbo&a, ministro de independencia económica do Brasil (Rio: Casa Rui Barbosa, 1949). 64. Pelaez y Suzigan, História monetária, p. 179; Silva, 1889, p. 73. 65. Véase, por ejemplo, Versiani. "lndustrializa,¡ao antes de 1914", p. 27; Rairnundo Faoro, Os Donos do poder; formai;ao do patronato político brasileiro, vol. 1 (SP: Editora Globo, Editora da USP, 1975), pp. 517-519; Sodré, Histório da burguesía, p. 189. e 73. Ministério da Fazenda, Relatório, 1890, p. 46; véase también Abranches, Atas do govemo provisório. 74. Francisco de Paula Mayrink Lessa, Vida e obra do Conselheiro Mayrink (Rio· Pongetti, 1975), pp. 27, 49, 54. · 15. Cazeta de Notícias, 9 de junio de 1889, CRB, Recortes 1889. 66. Jornal do Commercio, diciembre de 1889, Recortes de CRB, 1889. Esta cita pone en duda la opinión común recabada a partir del Visconde de Taunay, O Encilhamento, Cenas contemporaneas da Bolsa do Río de laneiro em 1890, 1891, e 1892 (1893 rpt. Belo Horizonte: Editora Itatiaia. 1971), según la cual todos, desde el recadero hasta la alta burguesía, estaban involucrados en la especulación de vaJores. El banco que con mucho era el mayor y más activo en actividades bursátiles. el Banco da República, reportó tener apenas unos 1 250 accionistas en 1892 (Banco da República, Relatório, 1892 (Rio: TYp. da Gazeta de Noticias, 1892), pp. 20-24. 67. Citado en Silva, 1889, pp. 88, 89. 76. Carlos Viana Bandeira, Lado a lado de Rui (1876-1923) (Rio: MEC y Casa de Rui Barbosa, 1960), p. 25. 77. Quintín? Bocayuva a R. Abreu, Valen(?, Rio de Janeiro, 11 de mayo de 1892 en archivo Q. Bocayuva, CPDOC, QB 891.03.31 cp. Véanse también: Ministério da . F~nda, archivo en la Casa Rui Barbosa para solicitudes de cargos; Américo Jacobina Lacombe, (ed.), Correspondencia do Conselheiro Manuel P. de Souza Oantas Dant°:' (Rio: Casa de Rui Barbosa, 1962), pp. 98, 106, 108, 121, 123; Lessa. Mayrmk, pp. 149, 179-182, 195, 204; Barbosa Lima Sobrinho, Alberto Torres, PP. 91, 92. El ofrecimiento de cargos llegó a los niveles más aJtos. El Almanak La_e_mmert reportó en 1891, pp. 43, 44, 47, que Oeodoro designó a cuatro familiares en altos cargos y realizó maniobras para ganar senadurías para uno de ellos. 68. Rui afirmaba que había puesto fin a la ayuda al programa agrícola porque los bancos y no la agricultura, eran los que recibían los fondos. En cambio, autorizó al' Banco Hypotecário Nacional, en potencia el mayor banco hipotecario en la historia del Brasil. la emisión de hasta 100 000 contos por hipotecas en todo el país. No es de sorprenderse que el presidente del banco fuese hermano de Francisco Mayrink; más tarde el mismo Mayrink se hizo cargo de la empresa. Véase Raimundo MagaJhaes Júnior, Ru~ o homen e o mito (Rio: Editora Civiliza,;ao Brasileira, 1965 ), pp. 5 6-58. Se suponía que el banco estaba financia~o por capital extranjero, pero en realidad fue establecido por financieros _de R10. Al mismo tiempo, Rui escnl>ió a Prudente de Morais de Sao Paulo (R10, 9 de agosto de 1890, archivo P. Morais IHGB) que no autorizaría un banco hipotecario regional para Sao Paulo porque "los bancos hipotecarios regionales nunca podrán producir resultados en un país que no puede organizar un sistema de crédito sin capital extranjero". 81. Mail and Express, 7 de junio de 1890, CRB, Recortes, 1890. 69. Agencia Havos, Lisboa, 14 de diciembre de 1889, Recortes de CRB 1889; Wyndam a Salisbury, Rio, 23 de diciembre de 1889, British Foreign Office Box 658; Franco, Reforma Monetária, p. 100. 82. Mayrink a Rui Barbosa, 22 de agosto de 1890, CRB Pasta BEUB· Mayrink Questao financeira, p. 42; Almanak Laemmert, 1890, p. 1207 ; Vítor Viana: O Banco do Brasil (Río: JornaJ do Commercio, 1926), p. 609. 70. Banco do Brasil, Relatório, 1890, p. 14; Camara Syndical dos Corretores de Fundos Publicos da Capital Federal. Relatório, 1895, P. 25. 83. Ministé!io da Fazenda, Relatório, 1890, p. 15 ; Mayrink a Barbosa, ibid; Felisbello Freue, Hislória ~o Banco do Brasil (Rio : Typ. d'O Economista Brasileiro, 1907 ), p. 171. El Diputado federal Oiticica observó en Documentos Parlamen- 78. Bandeira, Lad'! a lad~, pp. 41, 49, 50; Almanak Laemmert, 1891, p. 1261 ; Magalhaes Junmr, Ruz, 71-80; John Schulz, " The Brazilian Army and Politics: 1850-1895)", PhD. Dissertation, Princeton University, 1973, p. 209. 79. Camara dos Deputados, Anais, 1896, vol. 6, pp. 331, 332. 80. 675. Adams a Salisbury, Rio, 23 de enero de 1891 , British Foreiun ..,.. Office, Box �42 Siglo XIX S. Topik: Revolución republicana y burguesía en Brasil tares Meio circulante 1893-1894 (Rio: Imprensa Nacional, 1917) que a principio~ de la década d~ 1890 "el Banco da República organi~ba todo lo que fuera empresa, viable o no viable, posible o im~sible". Veiga en Estudo financeiro, p. 25, señaló que el Banco Uniao orgamzado en ~o Paulo por Ma}'rink debía 4 000 oontos en capital industrial Esto oontrad1~ un el parecer de werner Baer y Anníbal Villela en "Alguns co~entanos a O~igens ,~ conseqUéncias da substitui~o de importa~es no Brasil de Albert Flshlow en Estudos Económicos 3 (abril de 197 3), p. 130, en C?3nto _a que expansión de crédito a inicios de la década de 1890 no benefici? a la mdustna ~rq~e prácticamente no hubo crédito bancario para ellos: casi toda la expans1on md ustrial provino de sus propias utilidades reinvertidas. P:>~ !ª 84. Alfonso Pena a F.P. Rodrigues Alves, Barbacena M. G., 2 de diciembre de 1891, en archivo A. Pena AP. 2-1.1.512. 85. Mayrink en Quest.ao financeira, pp. 28, 38, 39, admitió ~ue tanto el BEUB ~mo el Banco Nacional habían hecho préstamos a sus drrectores, co~o lo ~ciera casi la totalidad de los bancos. Mientras que refutaba la afümac1on de F1gueiredo en el sentido de que el banco da República prestaba sus fondos a "media docena de personas" Mayrink concedió que el banoo prestaba "sumas extremadamente grandes" a ~as cuantas personas que recibían la mayor parte de los préstamos bancarios. 86. Adams a Sanderson, Petrópolis, 4 de febrero de 1891, British Foreign Office, R.G. 13. 87. British Foreign Office, 27 de febrero de 1891, Box 675. 88. Taunay, Encilhamento, p. 4. 89. Río News, 17 de enero de 1891. 90. Figueiredo, Década republicana, pp. 92, 94,215; Gazet.a de Notícias, 16 de marzo de 1892. 43 Economía brasileira, uma visao histórica (Rio: Editora Campus, 1980). 96. Barbosa Llma,Discursos, p. 154; Luz, Luta pela industrializar;ao, p, 174. 97. Camara dos Deputados, Anais, 1892, vol. 3, p. 352. 98. Cazet.a de Comércio e Finanr;as, 5 de diciembre de 1895, p. 2. 99. Wileman en Brazilian Exchange, p. 172, calculaba una baja real del 21º¡o en los salarios entre 1890 y 1894. La gravedad de la situación fue descrita por el Ministério da Justi~ en Relatório 1892, p. 3: "Las crecientes estadísticas de crímenes cometidos recientemente en contra de la propiedad y en contra de la seguridad individual; la audacia de sus autores; la vertiginosa velocidad con la que crece la clase de los vagos y malvivientes; la enorme avalancha de los hetereogéneos elementos que actualmente componen la población de esta capi. tal. .. (demuestran) la urgencia de medidas apropiadas". 100. Sodré, História da burguesía, p. 162. 101. Arlindo A. Leoni, Embargos n. 2 286: Henry Lowndes, Conde de Leopoldina, Embargados Banco do Brasil e a Uniao Federal (Rio: Typ. do Jornal do Commercio, 1918), pp. 9, 10, 13, 17, 22, 26. En una carta mecanografiada al reverso de la oopia del hl>ro hallado en la biblioteca de Rui Barbosa, éste admitía que Floriano había provocado la quiebra de Leopoldina por razones políticas. Lessa,Mayrink, pp. 93,168,169. 102. Veiga Filho estima en Estudo Financeiro, p. 126, que se liquidaron dieciséis bancos y cuarenta y siete oompañ ías tras del estallido del encilhamento en Sao Paulo. En Río, según Levy, Bolsa de valores, p. 174, el número de bancos que comerciaban en la bolsa cayó de cuarenta y tres en 1890 a catorce en 1892. Muchos de los más grandes fracasaron como el Banco Universal. El Banco da República salió tan mal librado que el otrora gigante, producto de la fusión del Banco Nacional, el BEUB y el Banco do Brasil, hubiera ido a la ruina en 1900 debido a las deudas contraídas durante el encilhomento, de no ser porque el gobierno lo nacionalizó y lo sacó del apuro. 91. Barao de Lucena, Exposir;ao de motivos sobre a situ~ao financeira e ideias de reforma (Río: Imprensa Nacional, 1891), pp. 11, 12; Ca.mara dos Deputados, Anais, 1892, vol. 3, p. 134. 103. Rio News, 22 de febrero de 1892, p. 5. 92. Camara dos Deputados, Anais, 1892, vol. 3, p. 135. _El Jornal do Commérc'.? dijo en su Restrospecto comercial de 1891 que el Cierre d~! C~ngreso era_ un,~ conspiración en contra del erario" destinada a ayudar a los amigos financieros de Lucena. 104. Freire, Banco do Brasil, p. 195. Stein en lndúslria texti4 p. 91, sostiene que esta emisión de bonos representaba la victoria de los industriales y que de allí en adelante hubo un vínculo reconocido entre "el desarrollo industrial y la intervención del gobierno". 93. Pan American Union Bulletin julio de 1895, pp. 13, 14. F. P. Mayrink a R. Barbosa, Rio, 22 de ;gosto de' 1890, CRB Pasta B~UB; _Freire, &neo do Br~il, p. 171 ; Viana, Banco do Brasil, pp. 603-604; Veiga Filho, Estudo financeiro, p.25. 105. Camara dos Deputados, Anais, 1892, vol. 3, pp. 150,217; vol. 4, pp. 300, 329, 330. Los defensores del proyecto sostenían que todos los fümantes de la carta, con excepción de 69, eran extranjeros que representaban a importadores, y no a industriales. En cualquier caso, un considerable número de ellos eran industriales. 94. Franco, Reforma monetária, p. 122; Versiani, "Industrializa~o antes de 1914" , p. 10. 106. Congresso, Meio circulante, 1893, p. 61. 95. Levy, Bolsa de valores, p. 175; Camara dos Deputados, 189P2ul, voNI. 3uh,P. 14ed0. Véase también: Maria Bárbara Levy, "O Encilhamento" en a o e aus . 107. Jornal do Commércio, 12 de junio de 1894, p. 4. 108. Camara dos Deputados, Anais, 1892, vol. 3, pp. 139-142, 148, 149. Wileman, en �44 SigloXIX Brazilian Exchange, muestra que muchas empresas aún realizaban ganancias de más del lOºJo. 109 Las Finanzas Públicas en el Ecuador del siglo XIX Banco da República, Relatório, 1895, p. 24; Ministério da Fazenda, Relatório, · 1895, p. 112; Congresso, Meio circulante, 1893, a 1895., p. 11. Linda Alexander Rodríguez* Las condiciones estructurales que retardaban el desarrollo político, social y económico del Ecuador ~ l regionalismo, los aislados y casi autosufi- cientes mercados serranos, el gran sector de subsistencia, las barreras geográficas que limitaban el flujo de bienes y de ideas, y la ausencia de consenso poi ítico- perturbaban también sus finanzas públicas. Fueron esos factores, y no las ideologías, los determinantes fundamentales de las prácticas fiscales ecuatorianas. Como esas condiciones prevalecieron durante todo el siglo XIX, no debe sorprender que existieran similitudes en los problemas financieros que tuvieron que enfrentar sucesivas administraciones y en las soluciones propuestas para resolverlos. La persistencia de tales obstáculos tampoco debe llevar a la conclusión de que en la economía política del Ecuador no cambiaba nada. Los gastos gubernamentales aumentaron y se diversificaron a medida que cambiaban las actitudes hacia el papel del estado. En varias etapas de ese proceso evolutivo, sin embargo, tentativas gubernamentales de equilibrar el presupuesto, cobrar y administrar los ingresos derivados de los impuestos, negociar préstamos extranjeros y efectuar otras operaciones fiscales fracasaron debido al aislamiento geográfico, el regionalismo, la pobreza y la lucha civil. En suma, aun cuando el sistema se desarrolló y se hizo más complejo, las condiciones físicas, económicas, políticas y sociales subyacentes restringían la capacidad del estado de formular e implementar una política financiera. Igual que en otros aspectos de la vida nacional, el regionalismo afectaba las finanzas gubernamentales. La costa proporcionaba la mayor parte de los ingresos del gobierno central. Desde 1830 la aduana, y en particular los impuestos a las importaciones, han sido la más importante fuente de ingresos ordinarios del estado (v. cuadro 1). La costa y su principal ciu- -Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de California en Los Angeles, U.S.A. �~ °' CUADRO 1 en di:j· o' ~ INGRESOS ADUANALES COMO PORCENTAJE DE LOS INGRESOS GUBERNAMENTALES EN Al"IOS SELECCIONADOS, 1830-1900 Afio Cantidad absoluta1 en millares 1830 1832 1839 1846 1852 1ª 1 1853 1854 1855 1856 1857 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 312 200 321 371 310 546 503 498 559 623 927 559 542 549 565 745 752 765 880 1 346 1 463 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1 681 1 768 1 525 1 127 1 329 1 278 1 438 1 830 981 1 155 1 775 385 2 817 2 478 3 181 3 2 333 2 860 3 509(b) 3 236(b) 3 678 5 373 6 129 º/o de los ingresos gubernamentales ordinarios 44 36 39 34 41 53 51 47 53 49 64 50 40 38 36 54 47 53 53 60 59 58 57 49 40 56 59 59 60 40 4:6 56 76 70 80 76 65 75 8h> ~ ~( b) 78 79 6 008 79 7 396 91 l. Pesos corrientes de 1830 a 1880; sucres corrientes de 1885 a 1900. (a) Incluye solamente los ingresos desde el lo. de noviembre de 1852 hasta el 30 de junio de 1853. (b) Para este año fue imposible calcular el _porcentaje por disponer solamente de datos incompletos sobre los ingresos gubernamentales. r?--- ~ ~ "' ~ ~ r l ª .,,, e::, S?: ¡:;· l; O> ::, tt. FUENTES: Cálculos basados en datos de Ecuador, Ministro Secretario de Estado, Exposición 1831; Ecuador¡ Ministro de HacíendaÁ Informe 1833, 1847, 1894, 1853, 1902. 1857, 1863, 1867, 873, 1880, 1885, 18i57, 1888, 1890, 1892, f;' s ..,~ ~ �48 Siglo XIX dad, Guayaquil, eran la principal fuente de ingresos de la nación porque producían casi todas las exportaciones del país y recibían la mayoría de sus importaciones. La economía monetaria de la costa, en contraste con la economía principalmente de subsistencia de la sierra, daba además al estado oportunidad de imponer una variedad de impuestos directos e indirectos. Así, aun cuando la región contenía pocas personas, rendía al gobierno ingresos mucho mayores que la populosa sierra. Además, empresarios costeños proporcionaron a los regímenes ecuatorianos la mayor parte de sus fondos de emergencia hasta la fundación del Banco .Central en 1927. En el siglo XIX, los gobiernos frecuentemente recurrían a arbitrios extraordinarios para financiar sus actividades porque los ingresos ordinarios, incluyendo los impuestos y los derivados de servicios y propiedades del estado, no les proporcionaban fondos suficientes para cubrir los gastos del gobierno. Hasta la creación de bancos comerciales en la década de 1860, los capitalistas costeños aportaron préstamos voluntarios o forzosos para cubrir el déficit presupuestario. El gobierno también buscaba tales préstamos en la sierra, pero los nego.ciantes de la costa parecían ser blanco fácil para tales exacciones porque poseían más capital líquido que sus contrapartes de la sierra. En la sierra la riqueza consistía generalmente en tierra, con la cual el gobierno nacional no interfería. Entre 1860 y 1925 los bancos costeños reemplazaron a los individuos particulares como principal fuente de préstamos al gobierno. Los impuestos eran el segmento más importante de los ingresos ordinarios del gobierno, pero por una variedad de razones las diversas administraciones nunca fueron capaces de formular o aplicar un sistema tributario eficaz. La pobreza del país y su escaso potencial de desarrollo, en vista de la tecnología contemporánea, reducían la hase imponible. Al mismo tiempo, la política limitaba la capacidad impositiva. Había obstáculos geográficos, sociales y políticos para el desarrollo de un gobierno nacional fuerte. Hasta bien entrado el siglo XIX el Ecuador fue una serie de regiones tenuemente articuladas más que una nación. La tributación eficaz requiere autoridad y eficiencia del gobierno, pero los regímenes ecuatorianos fueron en general débiles e ineficaces. La inestabilidad y la división civil características del sistema político ecuatoriano hacían la recaudación de impuestos difícil y en muchas ocasiones imposible. Aun en períodos comparativamente tranquilos, las actitl.ldes individuales dificultaban la recaudación: los ecuatorianos no tenían inclinación a pagar impuestos y el estado no tenía fuerza para imponer en general el cumplimiento de la ley. Una de las convicciones más intimas del país es que pagaba exceso de impuestos. L. A. Rodríguez: Las finanzas públicas en el Ecuador 49 Sin datos exactos sobre la economía, el gobierno oo estaba en condiciones de refutar semejante idea, ni de formular un código tributario racional ni de juzgar la eficacia de sus sistema fiscal. Por último, durante el siglo XIX los regímenes ecuatorianos no disponían de una burocracia entrenada para administrar impuestos. Por consiguiente, el país se sirvió de los impuestos fáciles de cobrar, sin considerar su equidad, su productividad o su racionalidad económica. Los esfuerzos por aumentar la productividad del sistema tributario se centraban en el procedimiento relativamente simple y generalmente ineficaz de modificar las leyes fiscales en lugar de corregir los problemas estructurales que dificultaban el proceso impositivo. Cuando la legislación se reveló incapaz de resolver la cuestión, los gobiernos empezaron a pedir préstamos para obtener los fondos necesarios. Como no podían obtener fondos en el extranjero porque el Ecuador había dejado de pagar préstamos anteriores y no podía reanudar el servicio de la deuda, la única alternativa era el préstamo interno. Los gastos gubernamentales aumentaron durante el siglo XIX a medida que el campo de su actividad se ampliaba. En el momento de la independencia, el papel del estado consistía principalmente en mantener el orden interno y la seguridad exterior, pero gradualmente se fue expandiendo para incluir el bienestar social y el desarrollo económico, y la tendencia culminó en la multiplicación de las funciones gubernamentales a medida que el gobierno intentaba resolver algunos de los problemas sociales y económicos más complejos y apremiantes de la nación. El desarrollo del estado activo, que requería un aumento del gasto gubernamental, no dejó de encontrar oposición ni evolucionó en forma sistemática. Los regionalistas, por ejemplo, lograron más a menudo canalizar los nuevos recursos estatales hacia sus propios proyectos, que el gobierno modelar un consenso nacional. Con frecuencia el estado fracasó en la persecución de objetivos nacionales si requerían transferir recursos de una región a otra. Con todo, los gastos gubernamentales nacionales aumentaron con el tiempo y el papel del estado se expandió. LA LUCHA POR EL CONTROL FISCAL A lo largo del siglo XIX hubo una lucha de regionalistas y nacionalistas por el recurso cada vez más valioso que era el estado. El conflicto entrañaba enfrentamientos anuales entre grupos de interés que reclamaban porciones mayores del creciente presupuesto nacional, así como un choque ideológico entre quienes intentaban centralizar el control fiscal y quienes defendían la descentralización. El Ecuador heredó de España un sistema financiero descentralizado que asignaba ingresos específicos a proyectos o acti- �50 SigloXIX vidades individuales. Después de la independencia, los regionalistas trataron de preservar y expandir el sistema antiguo, prefiriendo que agencias especiales, juntas locales autónomas creadas para cumplir funciones específicas, recaudaran y desembolsaran la mayor parte de los ingresos gubernamentales. Por el contrario, los nacionalistas trataban de extender el poder del estado a través del control centralizado de los ingresos gubernamentales. En general los legisladores y los funcionarios locales defendían la descentralización mientras que la rama ejecutiva era favorable a la centralización. Cada lado creía que su sistema era el que mejor satisfacía las necesidades del país. Los nacionalistas argumentaban que un sistema de fi. nanzas centralizado permitiría al gobierno asignar sus escasos recursos en forma eficiente y así superar los obstáculos a la unidad nacional. Los regionalistas defendían un sistema descentralizado porque las dificultades de la comunicación y la continua inestabilidad política hacía impráctico un sistema centralizado. Creían que la descentralización aseguraría financiamiento ininterrumpido para proyectos y servicios locales vitales. Los argumentos de los regionalistas y los nacionalistas encubrían desacuerdos más fundamentales relativos al desarrollo nacional. Los regionalistas juzgaban la eficacia y el valor de los gastos del gobierno según el impacto inmediato que tenían en sus respectivas áreas. Por lo tanto, favorecían los proyectos y servicios locales e insistían en que los fondos fueran asignados de manera que imposibilitara su reorientación hacia otros fines. Los nacionalistas preferían una asignación integrada y, en su opinión, más racional de los recursos nacionales. Daban prioridad a los proyectos que impulsaban el desarrollo nacional general, sin preocuparse por su impacto en regiones particulares. Para emprender programas nacionales de desarrollo, el gobierno necesitaba el control fiscal centralizado que le permitiera transferir recursos de un área a otra. El conflicto entre esas dos posiciones se intensificó en la segunda mitad del siglo XIX mientras el crecimiento de la economía exportadora de cacao generaba nuevas expectativas sobre el papel deJ gobierno nacional. Tanto regionalistas como nacionalistas trataron de moldear el estado activo en emergencia a sus propios propósitos. Ninguno alcanzó una victoria duradera en la lucha que abarcó todos los aspectos de las finanzas gubernamentales, incluyendo la contabilidad, la tributación y el manejo del presupuesto. 1 Los ministros de finanzas trataron de tomar el control de las cajas o tesorerías locales a comienzos del período nacional. En 1831 el ministro de finanzas se quejó de que la nueva nación era en realidad cuatro estados diferentes en términos de finanzas gubernamentales: los departamentos de Quito, Guayaquil, Cuenca y Cauca -en ese tiempo este último era considerado parte de el Ecuador-. Cada uno de los departamentos era intensamente regionalista y defendía sus propios intereses por medio de una L. A. Rodríguez: Las finanzas públicas en el Ecuador 51 administración fiscal independiente. l<:s posible que el sistema hubiera funcionado bien para la Gran Colombia, cuando la capital de la ~ación es~a en la lejana Bogotá, alegaba el ministro, pero ahora con,ced1a demasiado poder a departamentos individuales. En cambio prop~>n1a_ una estructura fiscal nacional en que las cajas departamentales actuanan simplemente como oficinas recaudadoras de impuestos. Sólo la tesorería nacional tendría autoridad para desembolsar fondos gubernamentales. En opinión del ministro el control fiscal unificado no sólo fortalecería el estado nacional sino q~e debilitaría y por fin eliminaría las sublev~ciones oc~i~n~das por intereses regionalistas. Además, el sistema centralizado perm1tiria al gobierno uniformar los procedimientos de contaliilidad y simplificar las auditorías de las cuentas estatales.2 El congreso respondió instaurando un sistema centralizado de finanzas gubernamentales. Como siempre, era más fácil aprobar leyes que hacerlas cumplir. Los informes de ministros de finanzas del siglo XIX están llenos de quejas contra las autoridades locales que se negaban a obedecer la _ley y las directivas ministeriales. Por ejemplo, los esfuerzos hechos para mtroducir un sistema de contabilidad único y para hacer auditorías en las cajas provinciales tuvieron escaso éxito. Eran demasiado pocas_ l:15 personas fuera de Guayaquil que poseían habilidades contables suf1c~ente~ para aplicar los nuevos métodos. Al mismo tiempo, muchos fnnc1onanos locales ignoraban la orden de presentar sus cuentas para su examen.3 El impulso hacia la uniformación de la contabilidad recibió nuevo ímpetu cuando en la década de 1850 e] ministro de finanzas introdujo una versión simplificada de la contabilidad de doble en~rada. Recibido por los contemporáneos como un adelanto notable, el sistema nó parece haber tenido éxito. La primera administración de García Moreno tuvo que introducirlo nuevamente en la década de 1860. En años posteriores, los ministros de finanzas continuaron informando que las cuentas locales se llevaban en forma irregular, que en el país se usaban muchos métodos diferentes y que era extremadamente difícil hacer auditorías en las cajas locales. En consecuencia el gobierno no tenía un cuadro correcto de las finanzas nacionales. Todavía en 1897 a los lilierales les costó mucho implementar un procedimiento contable reformado porque había escasez de personal con conocimiento ade~uado del sistema de r~gistro ~~ doble entrada en las provincias internas. La lucha por la umformac1on y el control de las finanzas gubernamentales continuó hasta bien entrado el siglo XX. La legislación impositiva constituía otra fuente de conflicto entre regionalistas y nacionalistas. Legisladores regionalistas introducían leyes impositivas y modificaban las viejas de modo de asignar los ingresos a proyectos o funciones específicos. P.ara impedir la desviación de esos �52 Siglo XIX L. A. Rodríguez: úu /inan'Z04 públicas en el &uador dineros, creaban juntas autónomas para recaudar y/o ~dmin~~rar esos fondos. Las leyes de ese tipo condujeron a un sistema unpos1t1vo muy complicado donde a los impuestos existentes se añadían muchos ~ gos extra. Las tarifas aduanales en particular soportaban numerosos y finalmente ridículos cargos adicionaJes pese a los intentos del gobierno de simplificar los procedimientos aduanales consolidando los numerosos cargos adicionales en un derecho único. Por ejemplo, la tarifa aduanaJ reformada de 1885 sustituyó muchos cargos extra por un solo 20% adicional, c~~os fondos serían subdivididos entre cincuenta y nueve proyectos y servicios financiados por medio de los cargos adicionales. Tales reformas pr~ducían solamente mejoras momentáneas, porque el congreso nunca vacilaba ~n crear nuevos impuestos adicionales o suhllividir el producto de ~os eXJstentes.5 En consecuencia, la recaudación y el desembolso de los ingresos siguió siendo un proceso tedioso y complicado hasta bien entrado el siglo XX. La legislación impositiva de intereses especiales tenía efectos negativos de largo alcance. Los impuestos adicionaJes prolif~~aban porque. e~an la principal fuente de capital de desarrollo, y cada region estaba dec1d1da a recibir su parte. Por ejemplo, la expansión del sistem~ _de trans~rtes en el siglo XIX fue financiada con fondos especiales. Tamh1en del mismo modo se financiaron proyectos de educación, agua corriente, salubridad y construcciones públicas. Inevitablemente, la legislación de intereses esp~ciales socavó los intentos gubernamentales de tomar el control de las fi. nanzas nacionales; despojaba a la rama ejecutiva de autoridad para regular la recaudación de impuestos y asignar los fondos gubernamentales. El costo de la recaudación de impuestos y la administración de programas aumentaba a medida que se multiplicaban_ las age? cias especiales: La te~dencia a dividir los ingresos entre un creciente numero de agencias au!onomas reducía los ingresos de muchas juntas; algunas a veces no ten 1an dinero ni para cubrir sus propios costos administrativos: En otros caso~, organismos autónomos tenían un e~cedente que ?? ~d1an gastar. El ~Jecutivo estaba impotente para corregir esos desequilihnos porque la ley 1mped ía la transferencia de fondos de una agencia a otra. Los problemas de la contabilidad y las auditorías también aumentaban con la proliferación de juntas. Muchos organismos utilizaban sus propios proc~dimientos pa~a llevar sus libros, ignorando los pedidos del gobierno de umformar l~s metodos de contabilidad. En algunos casos, las agencias no estaban obligad~ por la ley a someter sus registros aJ gobierno nacional, y en consecuencia el gobierno no tenía conocimiento ni control de un segmento grande del ingreso y los gastos nacionales.6 Los esfuerzos de los regionaJistas en el congreso por utilizar el goh~~rno nacionaJ para capturar para sus áreas los s ímbolos del progreso tamb1en 53 tuvieron un efecto pernicioso sobre la formación del presupuesto nacional. A medida que el campo de la actividad del gobierno se expandía en la segunda mitad del siglo XIX para responder a las crecientes demandas de progreso material, los legisladores con frecuencia aprobaban gastos incompatibles con proyecciones realistas de los ingresos ordinarios. En lugar de limitar el número de proyectos a los que el estado pod Ía efectivamente fi. nanciar, el congreso aumentaba arbitrariamente las estimaciones o6ciales de los ingresos gubernamentales de manera que, en el papel, los ingresos cubrían los egresos que habían votado para sus distritos. Los ministros de finanzas exhortaban infructuosamente a la legislatura a adoptar proyecciones reaJistas de los ingresos gubernamentales, basadas en las recaudaciones pasadas, para que el proceso presupuestario pudiera irse volviendo más racional. El gobierno necesitaba presupuestos realistas para no tener que buscar ingresos extraordinarios en préstamos a fin de pagar gastos ordinarios y necesarios. Pocos legisladores aceptaron tales proposiciones, especialmente durante el boom del cacao. En consecuencia, el estado con tinuó soportando graves déficits hasta los últimos años del siglo XIX. LA TRIBUTACIO El sistema tributario ecuatoriano era a la vez inadecuado e injusto. Los ingresos tributarios nunca eran suficientes para cubrir los gastos ordinarios corrientes porque los ecuatorianos eran renuentes a pagar impuestos. Las recaudaciones más fructíferas de la nación eran impuestos indirectos, como derechos de aduana, que se recaudaban principalmente en la costa. La clase gobernante ecuatoriana sólo aceptaba dos impuestos directos signi6cativos: el tributo de los indios y el diezmo, impuestos que recaían principaJmente sobre los pobres y sobre la región costeña, menos poblada. Los gobiernos ecuatorianos trataro n de mejorar la recaudación de impuestos a la vez que intentaban inútilmente convencer a los terratenientes de la sierra de que pagaran la parte de los impuestos que en justicia les correspondía. El Ecuador del siglo XIX confiaba principalmente en los impuestos indirectos para los ingresos ordinarios del gobierno. De esos impuestos, los más productivos eran los derechos de aduana (v. cuadro 1). Los ingresos no derivados de impuestos, como los provenientes de servicios y propiedades estatales, apenas contribuían una pequeña cantidad a los ingresos ordinarios del gobierno. Los impuestos directos no generaban ingresos sustanciales. Esto estaba en marcado contraste con el período coloniaJ cuando el tributo de los indios, un impuesto directo a la población indígena, constituía la principaJ fuente de ingresos de la colonia (v. cuadro 2 ). El principal cambio en la estructura tributaria post erior a la independencia fue el aumento en la recaudación de derechos de aduana. En la última parte del �54 Siglo XIX L. A. Rodríguez: Las finanzas públicas en el Ecuador CUADRO 2 INGRESOS GUBERNAMENTALES Fuente Tributo de los indios Aguardiente Alcabalas Temporalidades, Noyenos, Vacantes Mayores y Menores Tabaco Papel Sellado, Habilitaciones, Timbres Móviles Orden de Carlos JU Aduanas Total 1807 1830 248 951 * 91 727 32 252 201 379* 39 618 69 605 71592 5 539 60 138 9 329 11317 81 663 15 892 1 000 311 500 543 041 708 461 * Pesos FUENTE: Ecuador, Ministro Secretario de Estado, Esposición, 1831, Cuadro 1, 2. período colonial los derechos de aduana se establecían en general en España, o en alguna otra parte del imperio, al exportar hacia el Ecuador. A la entrada a la jurisdicción de la Audiencia de Quito sólo se cobraba una modestasuma.7 La costa se había beneficiado con los camhios imperiales en las reglamentaciones del comercio de fines del siglo XVIII. En el momento de la independencia la región estaba en medio de un boom de las exportaciones de cacao mientras que la sierra, el área más poblada del país, sufría una prolongada depresión. Los tejidos, su principal industria de exportación, ya no podían competir con las telas europeas, mejores y más baratas. Además, tamhién su principal mercado, las minas del Perú, estaban en declinación. En consecuencia, lejos de producir ingresos gubernamentales, la sierra los consurn ía. Por eso el gobierno nacional se apoyó en la creciente economía exportadora costeña corno fuente principal de impuestos indirectos.8 Las exportaciones de cacao eran fundamentales para la economía y 55 el sistema fiscal de la nación. Aún cuando los productores de cacao pagaban impuestos a la exportación y diezmos - este último sustituido por un cargo especial a la exportación cobrado sobre el cacao en la década de 1890- éstos no proporcionaban ingresos grandes al gobierno. En camhio, las exportaciones de cacao contribuían a los ingresos nacionales en forma indirecta. Las exportaciones de cacao producían los ingresos que permitían a los ecuatorianos adquirir un volumen relativamente alto de productos importados.9 Cuando la producción de cacao disminuía, o cuando había dislocaciones del mercado, las ganancias derivadas de la exportación caían; en consecuencia había que reducir las importaciones y los ingresos del gobierno caían tamhién. La espectacular actuación del cacao como exportación hasta la década de 1920 pagó la expansión del gobierno y la emergencia del estado activo en el Ecuador, pero el boom del cacao no transformó a un país pobre, dependiente de la exportación de un solo producto de la agricultura tropical, en una nación rica. Aún durante los mejores años del cacao los impuestos a las importaciones no fueron suficientes para superar los obstáculos al desarrollo que enfrentaba el Ecuador. Durante el siglo XJX los ingresos de los gobiernos ecuatorianos dependían de los derechos de aduana, y sólo ocasionalmente se usaron para promover el desarrollo. De las veinte leyes tarifarias promulgadas entre 1830 y 1894, ninguna era proteccionista. En algunos casos los códigos eximían de impuestos a la maquinaria y bienes necesarios para industrias locales y proyectos públicos, o les aplicaban una tarifa reducida. Pero tales exenciones eran generalmente de corta duración. Como la inestabilidad política del país generaba reiteradas crisis gubernamentales, regímenes en guerra, enfrentados a la necesidad urgente de aumentar los ingresos, gravaban nuevamente los bienes antes exentos y aumentaba las cargas sobre la importación.10 Los regímenes del siglo XIX ensayaron varios métodos para estimar los derechos de importación con el fin de crear un sistema tributario que fuera a la vez productivo y fácil de administrar. Todos los gobiernos trataron de mantener los derechos equivalentes al 25°/o del valor en el mercado de los bienes importados. En el siglo XJX ese objetivo se alcanzaba por medio de tarifas que daban el valor específico de los derechos por cada artículo importado. El sistema tenía dos grandes dificultades. Pese a las periódicas revisiones de las tarifas fijadas, los funcionarios aduanales no lograban seguir el paso ni del aumento de los precios de los artículos importados ni de la introducción de productos nuevos en el pa-ís, y la aduana estaba siempre envuelta en complicados litigios sobre la clasificación correcta de importaciones no incluidas en la lista de tarifas. En consecuencia , los artículos que sí estaban en la lista y tenían tarifas fijadas ra- �56 Siglo XIX ra vez pagaban el 25°/o ad valorem; a veces los derechos de aduana caían hasta el 10°/o del valor en el mercado antes que los funcionarios pudieran aumentar los derechos para reflejar los precios aumentados. En la década de 1860 se hicieron esfuerws por sustituir el 25°/o del valor por el sistema de derechos específicos, pero esa reforma y otros esfuerzos por modificar la estructura tarifaria fallaron. Los defensores del sistema existente alegaron que el estado podía mantener la productividad de la tarifa con sólo revisarla frecuentemente; pensaban que era más fácil hacer esas revisiones administrativas que tratar de controlar el fraude que un sistema ad valorem pod ía acarrear. Para la década de 1880 las tarifas específicas habían llegado a ser demasiado engouosas. En 1884, por ejemplo, importaciones legales estimadas en 15 416 163 gesos pagaron solamente 1 668 917 pesos de derechos de aduana, el 10.8 1/o del valor declarado. Y la declaración aún de ese modesto impuesto era una operación dificuJtosa. Antes de calcuJar la tarifa, los importadores y los funcionarios aduanales tenían que ponerse de acuerdo sobre la clasificación correcta de los artículos imponibles. Los desacuerdos a menudo desemhocaban en prolongadas disputas que tenían que resolverse en los tribunales o por funcionarios gubernamentales de mayor categoría. Una vez que las autoridades acordaban una clasificación, tenían que computar los derechos. Algunos gravámenes se calcuJaban en base al peso, otros en base a las dimensiones de los artícuJos importados, otros más según el número de piezas del embarque. Una vez establecido el derecho básico, los funcionarios aduanales tenían que sumar la miríada de cargos adicionales destinados a financiar agencias o proyectos especiales. Esto a menudo requería una docena de cálcuJos diferentes antes de Uegar a lo que debía pagar determinada importación, y cada paso ofrecía amplio espacio para divergencias entre el servicio aduana) y el importador. La campaiia de la década de 1880 por la reforma de la aduana trató de simplificar la administración aumentando al mismo tiempo la productividad de las tarifas. Las reformas se concentraron en dos puntos: el establecimiento de un derecho general uniforme y la eliminación de los numerosos cargos adicionales. Varios ministros de finanzas propusieron un derecho único basado en el peso bruto de las importaciones, sistema que se utilizaba con éxito en Colomhia, Venezuela, Costa Rica y icaragua. Los reformadores afirmaban que México y Chile habían decidido pasar del impuesto ad valorem a otro basado en el peso bruto debido a la dificuJtad para controlar el fraude. Sostenían que sería más fácil administrar ese derecho que una tasa uniforme ad valorem porque no se pedía, al servicio aduana!, que estableciera el verdadero valor de los artículos importados, tarea difícil porque los comerciantes podían presentar declaraciones falsas. 11 L. A. Rodríguez: úu finanzas públicas en el Ecuador 57 Finalmente el gobierno promulgó un nuevo código aduanal basado en el peso en 1885. Pero la nueva legislación no establecía un derecho uniforme: en cambio dividía las importaciones en nueve clases, imponibles a tasas diferentes cada una. Los viejos cargos adicionales se consolidaban en uno solo, del 20°/o. El derecho básico iría al tesoro nacional; los cargos adicionales se distribuirían entre los proyectos y las agencias autónomas autorizados por el congreso a recibirlos. El nuevo sistema impositivo aumentó por algún tiempo los ingresos de la aduana, pero para 1896 la recaudación ya había descendido al 21.69°/o del valor declarado de las importaciones legales. El ministro de finanzas se quejaba de que los ingresos del Ecuador decaían en el momento en que otras naciones estaban cobrando derechos hasta del 38% ad valorem. Además, el 20% de cargo adicional resultó insuficiente para financiar las agenciás autónomas, por lo que el congreso impuso nuevos cargos adicionales. Para el nacimiento del siglo el nuevo sistema aduanal había llegado a ser tan complicado, tan engorroso y tan ineficaz como el que había reemplazado.12 En contraste con los impuestos aduanales indirectos, los directos disminuyeron en importancia durante el siglo XIX. Sólo dos impuestos directos, el tributo de los indios y el diezmo -un impuesto del 10% sobre la producción agrícola bruta- eran significativos. Aun cuando en el período colonial habían sido las principales fuentes de ingresos, después de la independencia declinaron en relación con otros gravámenes. Los enemigos de esos impuestos afirmaban que no eran equjtativos y que constituían una traba para el desarrollo nacional. Sin embargo, el tributo de los indios subsistió hasta 1857 y el gobierno no abolió los diezmos hasta 1889. Muchos ecuatorianos urbanos de clase media y alta se negaban a pagar impuestos directos, pero estaban perfectamente dispuestos a apoyar los que recayeran en la población indígena. Los indios no sólo tenían que pagar el tributo sino que en la sierra contribuían con una parte desproporcionada de los diezmos. La pesada carga fiscal sobre ese segmento de la población estaba en relación directa con su importancia en la sociedad ecuatoriana. El tributo de los indios, el impuesto directo más productivo de la nación, se recaudaba únicamente en la sierra. En la costa no se había cobrado desde 1820.13 Durante la primera década de vida nacional el tributo de los indios representó entre un tercio y un quinto del total de los ingresos ordinarios del gobierno. Su importancia declinó en los años siguientes y finalmente fue abolido en 1857 (v. cuadro 3). La campaña por la abolición del tributo indio y la contraria lucha por mantenerlo constituyeron un aspecto de los conflictos regionales que dividieron la nación en el siglo XIX. Las condiciones locales }'. los valores so- �L. A. Rodríguez: Las finanzas pública., en el Ecuador 58 59 Siglo XIX ciales conformaban las actitudes en conflicto de la costa y la sierra sobre el tributo de los indios. Los costeños se oponían al impuesto arguyendo que los indios de la costa, liberados de esa pesada carga, producían más que sus contrapartes de la sierra. Afirmaban que la abolición del tributo estimularía la producción en la sierra e integraría a los indígenas a la economía de mercado, pero sus argumentaciones dejaban de lado dos problemas importantes. Sólo unos pocos indios vivían en la costa, y la población de la región estaba más integrada económicamente porque escaseaba la mano de obra y porque la costa era el centro de la economía exportadora. Esas condiciones no existían en la sierra. Los políticos y los terratenientes de la sierra alegaban que el impuesto era necesario porque los indios eran perezosos y no trabajarían a menos que se les obligara a pagar tributo. Advertían además que el estado no podía permitirse perder tan importante fuente de ingreso. Los legisladores serranos lograron frustrar los intentos de varios gobiernos de abolir el tributo de los indios. Hicieron falta los esfuerzos combinados de las administraciones de José María Urvina (1851-1856) y Francisco Robles (1856-1859) para abolir el tributo en 1857 .14 Esos presidentes alcanzaron su objetivo porque ambos eran militares con fuertes vínculos con la costa. La insatisfacción en la sierra por la abolición del tributo constituyó un elemento importante en el derrocamiento del gobierno de Robles y la subsiguiente llegada al poder de Gabriel García Moreno y los conservadores. CUADRO 3 TRIBUTO DE LOS INDIOS, 1830-1857 Año Cantidad en pesos º/o de la renta gubernamental ordinaria 1830 1831 1832 1839 1847 1855 1856 1857 201 379 205 652 197 000 176 845 168 188 150 558 156 995 147 289 28.4 26.4 35.6 20.3 15.2 15.2 14.9 12.6 Como se había previsto, los ingresos derivados de impuestos declinaron en forma dramática tras la abolición del tributo de los indios. En 1858 el ministro, de hacienda señaló que las cajas de las provincias del interior ya no pod1an hacer frente a rus obligaciones. Para remediar esa situación el ?obiemo t_uvo que_tra_nsferir fondos recaudados por la aduana de Guayaquil_ a las caJas de P1chmcha, Cuenca y Loja (v. cuadro 4). Como para el gobierno la transferencia de ingresos de Guayaquil hacia las provincias del interior era ~a solución de~adable pero necesaria, instó al congreso a proveer a la sierra de sus propias fuentes permanentes de financiamiento. 15 El pr?b~ema de cobrar impue51:os ~n una región densamente poblada pero econom1camente atrasada contmuo frustrando a generaciones de funcionarios gubernamentales. Mientras la industria y la agricuJtura de la sierra siguieran aisladas de la costa, la sierra tendría que recurrir a transferencias de fondos de la costa para pagar servicios necesarios. Esa situación convenció a los costeños de que su área estaba siendo explotada para mantener a un interior improductivo. CUADRO 4 EFECTOS DE LA ABOLICIO DEL TRTBUTO E 1857 Provincia Pichincha Imbabura León Chimborazo Cuenca Loja Total Ingresos Gastos Déficit 3 499 1 857 1636 1 949 1 436 573 12 588 1 721 1 232 1 259 3 289 681 9 089 10 950 20 779 11 059 Superávit 136 404 690 1862 108 1200 l. Sólo las cifras para Quito incluyen gastos militares. 2. Estos déficits habrían sido mayores y más provincias hubieran tenido déficit, a no ser porque en las cuentas de 1857 se incluyeron cobranzas tardías de tributos. FUENTE: Ecuador. Ministro de Hacienda, Esposición, 1858, p. 5. FUENTE: Cálculos basados en datos en Ecuador, Ministro Secretario de Estado, Esposición, 1831; Ecuador, Ministro de Hacienda,Memorúz, 1833; Ecuador, Ministro de Hacienda, Esposición, 1847, 1855, 1857, 1858. ~us quejas pasaron a formar parte de la retórica regionalista y siguieron siendo fuente de conflictos hasta bien entrado el siglo XX. �60 Siglo XIX L. A. Rodríguez: La8 finanzu pública8 en el Ecuador El diezmo era el otro impuesto directo importante en el siglo XIX (v. cuadro 5). Los diezmos sustituían a un impuesto colonial llamado los. novenos. El producto del diezmo se repartía entre la iglesia y el estado. Hasta 1867 dos tercios del total recaudado iban a la iglesia y un tercio a1 gobierno. Posteriormente, como resultado de enmiendas al Concordato de 1862 negociadas por Antonio Flores Jijón, la parte del gobierno aumentó a la mitad. El Vaticano además cedió al gobierno ecuatoriano una donación especial de diezmos de 1863 a 1866 que elevó transitonamente la parte del estado a los dos tercios. A partir de 1872 el gobierno recibió el 60°/o de los diezmos. En todos esos acuerdos el estado aceptaha que la iglesia tendría prioridad y el gobierno devolvería parte de esos fondos en el caso de que la parte de la iglesia no alcanzara para atender a sus necesidades.16 Como el estado no poseía la burocracia necesaria para administrar los diezmos, confiaba la recaudación a contratistas particulares. El sistema era ineficaz y daba lugar a muchos abusos; el gobierno recibía apenas una ínfima parte de lo recaudado mientras que los recaudadores a menudo robaban a los indios y pequeños propietarios rurales. El gobierno advirtió repetidamente a los recaudadores que no estimaran más del 10% de la producción agrícola y que se abstuvieran de aceptar pollos, cuyes y otros productos que era imposible dividir en diez partes. Pero los ministros de hacienda denunciaban que los recaudadores ignoraban los reglamentos y que sus abusos perjudicaban a la agricultura.17 El impuesto resultaba particularmente oneroso para los indios de la sierra, que se veían obligados a desprenderse de bienes cuyo valor a menudo excedía al de todo el henefjcio anual de sus pequeñas parcelas. Como los diezmos se calculaban sobre la producción agrícola bruta y no neta, en los años buenos los terratenientes podían llegar a pagar el 20 o el 30°/o de su ingreso. En los años malos las obligaciones del diezmo podían obligar a agricultores pequeños a abandonar la tierra. Dada la estructura socioeconómica del Ecuador del siglo XIX, los indios eran particularmente vulnerables a la explotación por los recaudadores de impuestos. A veces las exacciones terminaban en choques s.angrientos entre comunidades indígenes y recaudadores; en otros casos los sobrecargados indios abandonaban sus tierras y huían a la costa para salvarse de los impuestos. El diezmo rindió más altos ingresos en la sierra que en la costa durante la primera mitad del siglo XIX. Hasta 1850 la mayor suma producida por los diezmos en la diócesis de Guayaquil ascendió a 34 761 pesos, pero después de la mitad del siglo la situación tuvo un cambio dramático. En 1854 el diezmo de Guayaquil produjo 43 842 pesos y para 1857 había aumentado a 127 589 pesos, mientras que los diezmos de Quito y de Cuenca producían tan sólo 88 226 y 28 188 pesos, respectivamente. Como los 61 CUADROS INGRESOS GUBERNAMENTALES PROCEDENTES DE DIEZMOS, 1830-1889 Año 1830 1832 1846 1854 1855 1857 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1882 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1 a. b. c. Cantidad ahsoluta 1 60 138ª 37 820 37 634 57 075 43 107 81 334 117 723 92 537 200 518~ 152 881b 431 089b 66 109 326 279 36 166 100 712 118 666 181 632 228 478 296 882 347 039 141 007 367 496 224 497 266 269 187 132 308 223 390 008c 448 378 451 656 392 150 363 754 º/o de los ingresos gubernamentales ordinarios 8.5 6.9 3.4 5.6 4.1 6.3 8.1 8.2 14.9 10.6 27.2 4.8 20.2 2.5 6.1 5.3 7.3 7.8 9.6 11.2 4.9 15.4 10.4 10.8 8.5 9.7 15.5 14.1 10.1 9.7 11.7 Pesos hasta 1884 y sucres en adelante. Estimación del ministro secretario de estado en 1831 Los ingresos gubernamentales por diezmos aument~on en esos años p~r una donación especial de la iglesia católica, impuesta por la enmienda al concordato del 26 de septiembre de 1862. Ingresos gubernamentales procedentes de diezmos, 1830-1889. Rentas gubernamentales estiniadas. El total recaudado por diezmos en 1885 fue de 686 663 sucres. FUENTES: C~1;1!-1os basados en dato~ <!e: E_cuador, Ministro Secretario de Estado, Esposicton 1831; Ecuador, Ministeno de Hacienda Informe 1833 184?, 1855, 1857, 1858, 1863, 1867, 1880, 1885 1887 '1888 1890· EÍ N, acional (Quito) no. 327 (1868). ' ' ' ' �62 SigloXIX L. A. Rodríguez: Las finanzas públicas en el Ecuador diezmos de todo el país para 1857 ascendieron a 244 004 pesos, Guayaquil sola había contribuido más de la mitad. De ahí en adelante la recaudación de diezmos aumentó lentamente en la sierra, pero en la costa se elevó en forma dramática debido al boom del cacao. Como eso coincidió con la abolición del tributo de los indios, que constituía el mayor impuesto de la sierra, el papel de la costa como principal fuente de ingreso g~ernamental se hizo aun más pronunciado. En un intento de aumentar sus mgresos, el gobierno tomó directamente el control de la recaudación del diezmo en la costa en 1869. Sin embargo los contratistas particulares continuaron cobrando el diezmo en la sierra hasta que se abolió en 1889. A partir de 1869 el gobierno se benefició directamente de la expansión económica de la costa porque a través del diezmo recibía una cantidad sustancial del del principal cultivo de exportación del país. Préstamos del Banco del Ecuador financiaban la comercialización de las exportaciones de cacao del gobierno.18 Muchos ecuatorianos criticaban el diezmo como un impuesto regresivo que perjudicaba a la agricultura. Pero su importancia como fuente de ingresos y la ausencia de un impuesto alternativo en la sierra s~lenciaba~ a sus opositores. En varias ocasiones diversos reformadores hab1an sugendo que el gobierno debía reemplazar los diezmos por impuesto~ a la renta, y a la propiedad, pero nadie aceptaba seriamente tales alternativas. Ad~mas, la iglesia se oponía a su abolición hasta que encontrara un nuevo ~etod_o de financiar sus actividades. Finalmente en la década de 1880 el mteres económico indujo a los terratenientes conservadores y proclericales de la sierra a unirse a sus contrapartes liberales y anticlericales de la costa para suprimir el diezmo. El 16 de noviembre el gobierno ecuatoriano llegó a un acuerdo con el Vaticano que abolía los diezmos y destinaba al sostén de la iglesia un impuesto de tres sucres por mil al valor de la propiedad rural.19 Igual que en el caso del tributo de los indios, la abolición de ~os die~n:i~s redujo el ingreso gubernamental, obligando al estado a cuhnr el deficit con préstamos bancarios e impuestos adiciona1es sobre el cacao. La supresión de los diezmos no puso fin a los abusos relacionados con su recaudación en la sierra. Los cobradores de los nuevos impue.stos siguieron explotando a los pobres que cargaban con una parte desproporcionada del nuevo gravamen. Y quienes no podían pagar veían sus bíenes confiscados y vendidos. El bajo rendimiento del nuevo impuesto directo a la propiedad rura1 demostró que los grandes terratenientes serranos no estaban dispuestos a pagar. Utilizaban su influencia para evitar el pago o subestimaban grandemente sus posesiones y por lo tanto su irnponihilidad. El gobierno no podía derrotar a los intereses arraigados locales. Las actitudes hacia la tributación no habían variado desde la década de 1850, cuando el gobier- 63 no fracasó en su intento de sustituir el tributo m·di'gen · d. 1 • a por un impuesto ,recto a a pr?pieda_~ rura1. Como los ecuatorianos ricos rechazaban el concepto de trihutac1on progresiva la practica coloru·a1 de l . , pasar os costos 0el gobierno a los menos capaces de pagarlos continuó hasta el siglo 1 XX. La admini~tración de la tributación ha planteado problemas serios al estado ecuatonano. Durante el siglo XIX y comienzos del XX ' · mente t 0 d l . . d h , practica. os os_ mmistros e acienda se quejaron de que los reglamentos CXJstentes eran madecuados , afirmando que la recaudac,on ·' d e impuestos · . , . meJ?raria si s~ _contara con legislación adecuada. Casi todas las administraciones modificaron las leyes impositivas convenci·das de 1 · hah' fall , que as antenor~s '.~ . ª~?, _pero pese a los numerosos cambios el rendimiento de 1~ tributac1~n- s1gw? _siendo bajo y los gobiernos escasamente podían financiar los servicios bas1cos. La historia de los impuestos al aguardiente local hecho de caña de azúcar, es un excelente ejemplo de los problemas'. . Los fun;ionarios ecuatorianos estaban divididos entre la necesidad de unJJ?ner algun gravamen al producto y el deseo de limitar su uso. La maY?na de los ~dministradore~ . deploraban, el amplio consumo de aguardiente, q~e ve ian como un Vicio que aflig1a a las clases bajas inutilizando a los trabaJador~. Peco no podían abolir el impuesto porque lo consideraban una lucrativa fuente de ingresos; en realidad, funcionarios guherna'.11entales buscaban ~I modo de aumentar los ingresos procedentes de los impuestos a las bebidas alcohólicas. Justificaban su acción destinando 1 productos del aguardiente a empresas meritorias como la manumisión esli~lavos, Y proyectos de lazaretos, escuelas y obras para el bienestar púb co. J: f El gobiern~ ~e Antonio Flores Jijón estableció el modelo de buscar ormas de maxu~~zar los ingresos derivados del aguardiente. En septiem~~e de 1830 ahoho ~1- monopolio estatal del alcohol que existía, reemplanandolo p~r el reqws1to de u~a ~~encia para los productores. Pero la ley O e prov~y~ nada sobre ~u ~phc~c1on y la accidentada topografía facilitaba 1 flo1:e~1m1e~to de destilerias sm licencia. Como era de esperar, el sistema restto maphcahJe, para junio de 1831 el gobierno de Flores reconoció su, acaso Y lo abolio. A continuación introdujo un impuesto a la caña de azu~ar, que se cobraba a nivel local y se basaba en la cantidad de tierra :1tivada.. Para estimular una administración eficiente, la ley autorizaba as ~utondades canto~ales a re~audar el impuesto y a retener el 5°/o de lo 0 _hterudo. nuevo metodo fallo cuando los propietarios se negaron a refstrar sus _tie~as. Como los funcionarios cantonales tenían vínculos sociaes Y econom1cos con los terratenientes locales, no podían imponer la ley. r, E! �64 Siglo XIX El congreso suspendió la medida en noviembre de 1831 y de ahí en adelante se asignó a todos los destiladores, importadores y distribuidores de alcohol conocidos, un cargo mensual de entre uno y seis pesos, según la magnitud de las- operaciones y las circunstancias locales. Pero el nuevo arreglo tampoco generó mucho ingreso. En 1835, sólo cinco años después de su abolición, el gobierno de Rocafuerte volvió a imponer el estanco de la producción de- azúcar en la sierra, conservando para la costa un sistema de cargo mensual modificado. Pero el estanco volvió a fracasar y,fue abolido otra vez en 1837. De ahí en adelante, el gobierno volvió a la política de regular la producción y la venta de aguardiente.21 En las siguientes décadas los gobiernos ensayaron, descartaron .y volvieron a instaurar una variedad de enfoques en su búsqueda del mejor método de extraer ingresos al aguardiente. El congreso aprobó catorce leyes que reestructuraban los impuestos a las bebidas alcohólicas entre 1830 y 1893. Todas resultaron por último inadecuadas. Sucesivos ministros de hacienda pidieron cambios en las leyes que regulaban el tráfico de alcohol en la vana esperanza de terminar con el fraude y el contrabando, aumentando a la vez los ingresos gubernamentales. La mayoría de Los administradores creían que si pudieran descubrir el modo de cobrar impuesto a todo el aguardiente que efectivamente se producía y se comercializaba en Ecuador, podrían recaudar ingresos inferiores solamente a los aduanales.22 Por consiguiente, muchos gobiernos dedicaron cantidades extraordinarias de tiempo y esfuerzo a tratar de aumentar una fuente de ingreso que raramente producía siquiera el 5°/o del ingreso estatal (v. cuadro 6). Pero ni leyes perfectas hubieran podido asegurar la recaudación eficiente de impuestos al aguardiente. El problema estaba en las actitudes del público hacia la tributación y en la incapacidad de los funcionarios públicos para imponer las leyes fiscales. El gobierno simplemente no tenía el personal necesario para aplicar las leyes fiscales y cobrar los impuestos. Sus empleados, mal preparados y mal pagados, encontraban más conveniente acceder a los deseos de los que debían regular que obedecer las instrucciones del gobierno. Además, gracias a las influencias locales los funcionarios del aguardiente solían ser parientes y amigos de los destiladores clandestinos: los lazos de parentesco y las relaciones clientelares hacían improbable que personas influyentes fueran castigadas o la producción ilícita en gran escala terminara. En cambio la aplicición de la ley solía desviarse hacia el pequeño productor y el transgresor modesto. Pero aún en los casos en que los funcionarios se proponían aplicar la ley, se lo impedía la escasez de personal para regular la producción y r:ecaudar impuestos en las regiones aisladas. Aún en condiciones ideales las reglamentaciones del gobierno sólo L. A. Rodríguez: Las finanzas públietu en el Ecuador CUADR06 INGRESOS GUBERNAMENTALES DERIVADOS DEL AGUARDIENTE 1830-1924 0 Año 1830 1832 1836 1837 1838 1839 1846 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1882 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1895 Cantidad absoluta1 39 618 15 400 27 150 37 942 30 370 27 841 44 007 14 483 50 170 31 468 40 170 51 636 56 127 52 517 72 036 56 291 62 744 69 258 71 440 71400 66 493 90 687 100 404 100 844 112 074 118 410 122 632 121 408 134 627 97 667 122 436 124 165 83 425 180 633 149 558 154 198 146 234 112 794 112 714 132 643 171827 185 834 176 679 75 430 /o de los ingresos gubernamentales ordinarios 5.6 2.8 3.6 4.9 3.8 3.4 4.0 1.8 4.8 3 .1 4.8 4.9 4.4 3.7 6.4 4 .1 4.4 4.3 5.2 4.4 4.6 5.5 4.4 4.1 3.9 3.8 4.0 4.2 5.7 4.5 5.0 4.1 3.8 5 .7 5.9 4.8 3.3 2.8 3.6 3.2 4.8 4.9 4.1 a 65 �66 Siglo XIX L. A. &dríguez: Las fuumz<U pública& en el Ecuador CUADR06 Año 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 Cantidad absoluta1 tenían probabilidades de ser aplicadas en las inmediaciones de las grandes ciudades o junto a los principales caminos. (sigue) °lo de los ingresos gubernamentales ordinarios 267 822 322 106 330 205 337 553 379 826 339 093 356 786 343 758 355 861 254 161 541 525 384 678 586 900 832 361 721 323 752 404 797 847 962 265 1 023 099 928 297 1048251 1 035 865 1 260 761 1 020 461 976 480 743 401 953 563 1 511 240 1 485 824 l. Pesos hasta 1884 y sucres en adelante. ª· Datos incompletos impiden calcular el porcentaje. 67 a 4.7 4.2 4.4 4.7 3.2 3.8 3.4 4.2 2.2 4.2 3.1 4.6 5.2 5.4 5.6 4.0 4.8 6.0 6.2 6.5 6.3 9.1 6.7 5.7 4.7 5.l 8.2 7.0 FUENTES: Calculado a partir de datos de Ecuador, Ministerio de Hacienda Informe 1833 1847 1855 1857, 1858, 1863, 1867, 1880, 1885, 1887, 1888, 1890, 1892, 1894, 1898, 1901, 1902, 190~,. 19~6, 1912, _1913, 1915 1916, 1917, 1919, and 1921; Ecuador, M1msteno de Hacienda, Boletín de estadística fiscal y comercial III {1912), VII (1_917); El Nacional (Quito) no. 327 (1868); Ecuador, Ministerio Secretario de Estado, Esposición 1831· Ecuador Ministerio de Hacienda, libro de balances 1919-1920, 1922-1925; E¿uador, Ministerio de Hacienda, Balance general y sus anexos 1920. Para superar esas dificultades, muchas administraciones confiaron la recaudación de los impuestos sobre el aguardiente a contratistas particulares, puesto que la experiencia había demostrado que éstos eran más eficientes. Cuando el gobierno nacional intentó recaudar los impuestos, los ingresos cayeron abruptamente. Peco también los recaudadores independientes tenían sus defectos. Como el estado carecía de datos sobre la producción y el consumo de aguardiente, no podían establecer un precio mínimo basado en una estimación realista del rendimiento del impuesto, y tenía que aceptar la oferta más alta. Así, el gobierno actuaba sin CO· nocer la cantidad de beneficio que obtenían los recaudadores, lo que en las áreas más alejadas planteaba problemas serios. Los recaudadores privados tenían además el poder de impedir al gobierno que los reglamentara o creara competencia. Muchos de ellos, que se dedicaban a la compra en gran escala y la distribución de aguardiente, compraban grandes cantidades del alcohol y las almacenaban. Si el estado intentaba cobrar directamente los impuestos o rematar el contrato a algún otro, el recaudador saliente lanzaba al mercado su provisión de aguardiente. Esa venta no sólo atascaba el mercado sino que, como ese licor ya había pagado el impuesto, reducía profundamente los beneficios del nuevo recaudador y los ingresos gubernamentales. Así unos pocos individuos monopolizaban las subastas del impuesto al aguardiente, y el estado raras veces pudo desafiar con éxito su posición de privilegio.25 La experimentación con diversos enfoques para aumentar Ja eficacia de la tributación no se limitó a un solo artículo. Los legisladores modificaban continuamente las leyes impositivas en su esfueczo por aumentar los ingresos gubernrunentales, pero, al igual que en el caso del aguardiente, esos esfuerzos fracasaron porque no apuntaban a los obstáculos reales. La legislación no podía modificar las actitudes públicas hacia el pago de impuestos, y el congreso nunca creó la burocracia adecuada, bien preparada, necesaria para imponer la tributación a una población renuente. LA DEUDA EXTER A Mucho gobiernos latinoamericanos del siglo XIX recurrieron a los préstamos extranjeros como forma de atender gastos extraordinarios, especialmente a comienzos del período independiente. Pero el Ecuador no podía negociar préstamos porque no había pagado su parte de las sumas obtenidas en préstamo por la Gran Colombia durante la guerra de independencia. 24 En 1838, el Ecuador asumió el 21.5 por ciento de la deuda, �68 Siglo XIX L. A. Rodríguez: Las rmanztu públicas en el &uador equivalente a 1 424 579 libras esterlinas (7 122 896 p~s).2 ~ Durante los diez años siguientes no pagó nada debido a que los co~flictos mtern?s ocupaban toda la atención y todos los fondos de l°:' gobiernos del pa,s. Para 1848 la deuda había aumentado, con los intereses no pagados, a 17 210 475 pesos.26 El gobierno ecuatoriano inició, en 1850, renegociaciones con los representantes de los poseedores ingleses de bonos de la deuda de la Gran Colombia. Después de cuatro años de difíciles regateos,, las ~a.rtes llegaron a un acuerdo para el pago de la deuda. El Ecuador acepto emitir nuevos bonos en septiembre de 1855 por valor de 1 824 000 libras esterlinas (9 120 000 pesos) para refinanciar la deuda original y 339 421 libras esterlinas de intereses atrasados. Esos ''bonos ecuatorianos de la deuda extranjera consolidada" pagarían un in~rés del 1% ~ual mientras los ingresos de la aduana de Guayaquil estuVIeran por debaJo de los 400 000 pesos anuales· de ahí en adelante la tasa de interés aumentaría proporcionalmente ~ lo recaudado hasta alcanzar un máximo del 6%. El gobierno retuvo un cuarto de los ingresos de la aduana de Guayaquil para pagar capital e intereses. Los nuevos bonos no consolidaban todos los intere~s no pagados que se habían sumado al ~apita! original. El Ecuador cancel~ ~a~te de los intereses cuando entrego a los poseedores de los bonos bntán~cos ciertos documentos peruanos que tenía; el resto de la deuda se amortizaría cediendo a los acreedores grandes extensiones de tierr~ en Esmer~: das y en el Oriente. Esa parte de la deuda no producía interes_ y se cuhn? con una emisión especial de bonos, llamados "bonos ecuatonanos provisionales"1 por la suma de 996 646.50 libras esterlinas (4 98~ 232.50 pesos). Los adquirentes de los bonos tenía~ veintiún añ~~ a partir de la_fecha en que entró en vigor el acuerdo para ejercer su opc10n sobre las- tierras. , automati;31Den , · te .27 Si no lo hacían, los bonos se cancelar1an El acuerdo de 1854, igual que todos los arreglos suhsiguien~ ~ntre el Ecuador y sus acreedores extranjeros, se convirtió en blanco de _c~1tícas severas y cada vez más duras. Desde el momento en que se ratificaban los acuerdos sobre la deuda, empezaban los ataques de los críticos internos del gobierno, que pensaban que los términos eran demasiado one~os<:>5. Los vecinos de Ecuador, Colombia y Perú, también plantearon ob~ec10nes al tratado porque afirmaban tener derecho sobre algunas _de las tierras cedidas a los poseedores de bonos.28 Esos prolongados vo~1íerantes a~ques al acuerdo sobre la deuda proporcionaban una rac1onal1dad al subsiguiente incumplimiento. r Entre 1855 y 1891 el Ecuador hizo apenas unos pocos pag~s según el acuerdo de 1854. Inic!alm~~te suspendió los pagos durante periodos de perturbación interna e mvasion externa, como en 1859-1860, 1863 69 y 1864. García Moreno trató, sin éxito, de renegociar la deuda durante sus dos administraciones (1861-1865 y 1869-1875) con la esperanza de obtener un nuevo préstamo para construir un ferrocarril de Guayaquil a Quito y liquidar la deuda del gobierno con los bancos locales. En 1869 ordenó una suspensión de pagos hasta que fuera ratificado un nuevo acuerdo. Los representantes de Ecuador no podían renegociar la deuda anterior ni obtener un nuevo préstamo porque ni el congreso ni el público tenían expectativas realistas: se negaban a tomar en cuenta la historia de inestabilidad po· lítica del país, su mal desempeño como deudor y su limitado potencial para el desarrolle a corto o mediano plazo, e insistían por el contrario en obtener términos similares a los acordados a las naciones europeas, mayores y más estables. Por ejemplo, los ecuatorianos proponían un préstamo a cincuenta años al 6%de interés con un descuento de sólo 14%, garantizado por el 25°/o de los ingresos aduanales del país. Esos términos resultaban inaceptables para los financistas extranjeros, y el Ecuador seguía en mora. Asediados por las dificultades internas, la mayoría de los gobiernos simplemente ignoraban la deuda externa. Aun cuando los acreedores formaron la Ecuador Land Company Ltd., sus esfuerzos por llevar a la práctica el acuerdo de transferir tierras a los poseedores de bonos extranjeros fracasaron. 29 En 1888, el presidente Antonio Flores Jijón dio prioridad a la restauración del crédito exterior del Ecuador porque el país necesitaba capital extranjero para desarrollar un sistema de transportes moderno. Evidentemente no podía obtener capital mientras estuviera en mora. Después de dos años de negociaciones, el congreso aprobó un nuevo acuerdo en 1890. El Ecuador accedía a emitir 750 000 libras esterlinas (3 750 000 sucres) en nuevos bonos para reemplazar las 1 824 000 libras esterlinas (9 120 000 sucres) de los bonos consolidados de 1854 y las 442 560 libras esterlinas(2 112 800 sucres) de intereses no pagados que se habían sumado en los veintitrés años que el país había estado en mora. Como los poseedores sólo presentaron para su conversión bonos antiguos por valor de 1 753 500 libras esterlinas el Ecuador sólo emitió bonos nuevos por valor de 713 900 libras esterlinas (3 569 500 sucres), al 4.5% de interés anual durante los primeros cinco años y al 5°/o de ahí en adelante. Un impuesto adicional del 10% sobre las importaciones se destinaba a la amortización de la deuda. En el caso de que el nuevo impuesto no produjera ingresos suficientes para pagar la deuda, el gobierno se com, prometía a cubrir la diferencia con otras rentas. Aún cuando el nuevo acuerdo beneficiaba al Ecuador, parte del público y algunos funcionarios gubernamentales sotuvieron que el gobierno había reconocido una cantidad excesiva de la deuda original, que el plan de pago era demasiado largo y los !f1tereses demasiado elevados. Los crí- �70 Siglo XIX ticos no tomaban en cuenta que el nuevo acuerdo consolidaba la deuda a aproximadamente el 40% de su valor original y cancelaba completamente los intereses atrasados. no pagados. Sin embargo, los críticos triunfaron. En 1894, después de sólo tres pagos semianuales, el congreso suspendió los pagos a la espera de la resolución de la crisis monetaria mundial y de una revisión del acuerdo de 1890. La administración Cordero logró obtener un acuerdo nuevo y más beneficioso que entró en vigor en marzo de 1895. El nuevo arreglo resultó tan efímero como sus predecesores. Cuando los liberales llegaron al poder suspendieron los pagos de la deuda externa en marzo de 1896 con el argumento de que la revisión de 1895 no servía a los intereses nacionales.30 El viejo problema de la deuda externa quedó sin resolver. L. A. &dríguez: úu finanzas públicas en el &uador oscila_ban entre 5?0 000 y 800 000 pesos. Pese a decididos esfuerzos por reducir la deuda interna, para 1864 había aumentado y se estimaba en 3 903 201 pesos. Pese a que continuó creciendo durante el resto del siglo, la expansión de los ingresos gubernamentales procedentes del cacao redujo la tasa de crecimiento de la deuda, de modo que sólo aumentó a 5 528 929 sucres para 1891 (v. el cuadro 7).32 CUADRO 7 DEUDA PUBLICA INTER A 1831-1891 Año LA DEUDA INTERNA Incapaz de cubrir sus gastos por medio de la t~utació? o de n_egociar nuevos préstamos extranjeros, el Ecuador recumo al prestamo mtemo para cubrir su perenne déficit presupuestario. En 1836 Vicente Rocafuerte describió el tesoro nacional como agotado por la guerra, la falta de exportaciones y el estado de subdesarrollo de la agricultura. Esa situación subsistió todo el resto del siglo. A pesar de que los recursos gubernamentales aumentaron, especialmente después de la mitad del siglo, debido ~ la expansión de la demanda mundial de productos de la agricultura tropical, nunca alcanzaban a cubrir las obligaciones del gobierno, que también habían aumentado. Los efectos de la inestabilidad política sobre las finanzas del gobierno se agravaron en 1852 cuando el congreso aprobó una ley que hacía responsable al estado por los daños a la propiedad pri~~da re~ultantes de invasiones extranjeras, insurrecciones y otros actos polthcos VIOientos. De ahí en adelante las reclamaciones individuales por tales pérdidas aumentaron considerablemente la deuda interna .31 Los registros de las fmanzas públicas en el siglo XIX eran caóti~os, lo que acarreaba pérdidas tanto para los particulares como para el gobierno. Los acreedores o sus herederos con frecuencia no podían establecer la validez de sus reclamaciones. El desorden, sin embargo, favorecía a los inescrupulosos que presentaban con éxito reclamaci?n.es fraudule~tas o cobraban varias veces la misma deuda. umerosos mmtStros de hacienda trataro n valerosamente de imponer un control a los registros de la deuda interna, pero su éxito fue limitado : el Ecuador no poseía ni los recursos financieros ni el personal preparado para poner en orden sus finanzas. Por eso fue imposible establecer la magnitud precisa de la deud_a interna ~e _la nación en el momento de la independencia. Durante la pnmera adm1rustración de Flores (1830-1834 ). lo~ ,-álculos oficiales de la deuda interna 71 183 1 1865 1877 1888 1889 1891 Cantidad absoluta1 800 oooª 3 903 201ª 4 432 99{'í 4 981 985 5 424 398 5 528 929 a. Estimados. l. Pesos hasta 1884 y sucres en adelante. FUENTES: Cálculos basados en datos de: Ecuador, Ministro de Estado, Esposición, 183 1, p. 16; Ecuador, Ministro de Hacienda, Esposición, 1865, p. 12-13. Ecuador, Ministro de Hacienda, Mem oria, 1880, p . 26 ; Ecuador, Ministro de Hacienda, Informe, 18 90, cuadro R; Ecuador, Ministro de Hacienda, Informe, 1892, cuadro P. La deuda interna estaba formada por diversas obligaciones. Las deudas heredadas de la Gran Colombia constituían la parte más importante en .e! momento de la independencia: esa obligación consistía en bo nos emtltdos por la Gran Colombia en 1827 que Ecuador aaimió al independizarse. Aun cuando el nuevo gobierno sólo fue amortizando lenblmente esa deuda su importancia di,sminuyó rápidamente a medida que crecían otras obligacio nes. Los s.alarios no pagados, las pensiones y beneficios de retiro, los préstamos voluntarios y forzosos, los intereses y el valor de bienes Y servicios requisados sustituyeron pronto a los bonos grancolornhia- �72 SigloXIX nos como elementos más significativos de la deuda interna. En la segunda mitad del siglo XIX los préstamos de bancos locales contribuyeron a la creciente deuda interna.33 Los salarios civiles y militares atrasados se convirtieron en una forma particularmente perturbadora de endeudamiento público. El gobierno no podía reclutar empleados públicos capaces porque los salarios eran inadecuados y se atrasaban con frecuencia. Quienes ingresaban a la burocracia estaban tan preocupados por cobrar su sueldo que el gobierno quedaba casi paralizado. Los altos funcionarios del ministerio de hacienda tenían que dedicar una cantidad de tiempo tan desproporcionada a la consideración de exigencias de pago de salarios atrasados que sus demás tareas se resentían. La situación generaba además otros problemas porque los empleados públicos no pagados con frecuencia no tenían otro camino para sobrevivir que la corrupción. Y, desde luego, un ejército al que no se pagaban sus sueldos constituía la peor amenaza' para el gobierno y el orden público: los soldados en la miseria recurrían al tumulto y el saqueo mientras que sus oficiales tramaban revoluciones. Pese a esos peligros, la mayoría de los gobiernos del siglo XIX suspendían periódicamente el pago de los sueldos del ejército. El estado intentó resolver el problema de los salarios por varias vías. A corto plazo, recurría al expediente de pagar a sus empleados con boletas de crédito que servían para pagar los impuestos o podían cambiarse por tierras públicas en disputa, en el Oriente. La práctica se inició en 1830 cuando el gobierno emitió 100 000 pesos en títulos de crédito y se prolongó por todo el resto del siglo. Pocos empleados públicos estaban en condiciones de utilizar los títulos para los fu:ies previstos o de esperar su eventual redención; como tenían que venderlos para sobrevivir, se depreciaban rápidamente. Los importadores los adquirían con enormes descuentos y los usaban para pagar los derechos de aduana, reduciendo así los ingresos gubernamentales. En períodos de crisis financiera, el estado, desesperado por dinero en efectivo, se negaba a aceptar los títulos o bien los aceptaba solamente como pago parcial de impuestos, deprimiendo aún más su valor. La única solución a largo plazo para el estado era amortizar la deuda, pero aunque la mayoría ~e los presupuestos incluían sumas destinadas a pagos atrasados, en general los fondos resultaban insuficientes para cancelar la deuda o se desviaban hacia el pago de otros costos. No era nada inusitado que los pagos de la deuda interna tuvieran décadas de atraso. Por ejemplo, el 15 de agosto de 1855 el presidente de la Dirección General del Crédíto Público anunció con satisfacción que la administración había L. A. Rodríguez: Las finanZQ8 públicas en el Ecuador 73 amortizado una porción sustancial de la deuda interna acumulada hasta e~ 6 de marzo de 1845. Pero más de 500 000 pesos de obligaciones del gob_1~mo, g_eneradas entr? marzo de 1845 y agosto de 1855, fecha de redacc10n,del mforme, segu 1an en pie y no se pagaron por otros diez años. Hasta 1~ _decada de 1890 los ~resupuestos incluían provisiones para la financiac10n de pagos atrasados. _Durante los ~rimeros treinta años de vida nacional, los préstamos de part1cul~res conshtuy~ron la principal fuente de ingresos extraordinarios del gobierno. En penodos de desorden interno esos préstamos co~ frecuencia fueron la única fuente de ingresos del gobierno, porque la activid~d de los rebeldes impedía a la administración cobrar los impuestos.35 Sm embargo, a pesar de su importancia, la mayoría de los ecuatorianos consideraba que los préstamos extraordinarios eran nocivos para el estado. · Los primeros dos presidentes ecuatorianos, Juan José Flores y Vicente Rocafuerte, criticaron severamente el costo de los préstamos de particulares. Durante esos años turbulentos, empresarios costeños exigían tasas de interés de hasta el 3°/o mensual en préstamos a corto plazo al gobierno. Y esas ~asas no eran excesivas si se consideran los riesgos que corrían los prestamistas. Aunque algunos individuos hicieron fortunas considerables prestando dinero al estado, otros, como Miguel Anzoátegui que ayudó a fi. nanciar el movimiento independentista y además garantizó el préstamo para la guerra de 1832 contra Colombia, murieron en la pobreza. Los gobiernos generalmente pagaban con mucha lentitud a sus acreedores. Pero además, _después de cada cambio de gobierno los nuevos dirigentes a menudo obligaban a los acreedores a renegociar los términos de sus ª:uerdos, en especial si habían sido sus adversarios políticos. Las reclamaciones de esos infortunados individuos en general se reducían drásticamente y a veces eran rechazadas por entero. En vista de tales circunstancias, las altas tasas de interés estah'an justificadas. La literatura oficial sobre las finanzas gubernamentales en el primer período nacional en América ~atina está llena de referencias a los "agiotistas" que desangraban a los gobiernos con s_us altas tasas de interés. Esas acusaciones, provenientes gener~mente d~ Jefes de estado o ministros de hacienda, no dicen que los gob1e~nos teman una historia crediticia desastrosa y que los que prestaban prove1an de fondos a regímenes que no tenían ninguna otra fuente de recursos. 36 BANCOS Y POLITICA Dada la crónica insolvencia del estado y su limitada capacidad para au- �74 Siglo XIX mentar sus ingl"esoS ordinarios u obtener préstamos extranjeros, era natural que el gobierno usara su poder de autorizar la creación de bancos co~o medio para obtener más fondos. La primera legislación sobre la au~~nzación de bancos vinculaba la aprobación de sus estatutos a la conces1on de préstamos y otros servicios al gobierno. En las décadas de 1830 y 1840 v~rias administraciones trataron infructuosamente de promover el establecimiento de un banco en Guayaquil; buscaban impulsar el desarrollo económico de la nación y también crear una institución que refinanciara la deuda interna y le prestara al gobierno al 9°/o anual. Esos esfuerzos fracasaron hasta la década de 1860, cuando la expansión de la economía costeña había alcanzado dimensiones suficientes para sostener nuevas estructuras financieras. Si bien los gobiernos siguieron endeudándose con p~rtic~ares debido a su incapacidad para pagar salarios y responder a sus obligac10nes, desde la década de 1860 se volvieron cada vez más hacia los bancos de 37 Guayaquil para cubrir el déficit de su presupuesto. Entre el gobierno ecuatoriano y los bancos existía una r~lación de dependencia mutua. Los bancos suministraban fondos al gobierno Y el gobierno fijaba los límites de la actividad bancaria. La b~~a en el Ecua~~r, era una empresa tan política como e~nómica. La expans1on o ~ntracc1on del crédito generalmente dependía mas de las demandas de prestamos del gobierno que de las condiciones económicas del país o de las instituciones prestadoras. Gabriel García Moreno, pür ejemplo, pidió al Banco Luzarraga, establecido en Guayaquil en 1860, que prestara a su administración 100 000 pesos a cambio del derecho a emitir billetes por valor de 500 000. El estado se comprometía a aceptar los billetes como moneda legal en tod;1¡ las transacciones públicas, incluyendo el pago de derechos de aduana. Acuerdos similares precedieron a la fundación de otros dos bancos de Guayaquil: el Banco Particular y el Banco del Ecuador. Entre 1860 y 1861 la administración de García Moreno pidió prestado a los bancos 500 000 pesos para defenderse de sus enemigos. Corno el conflicto político se_r~olongó por algún tiempo, el gobierno no pudo pagar sus deudas ~ _obligo ~ los bancos a renegociar la forma de pago. En 1863 y 1864 el regimen pidió prestados 800 000 pesos más para cubrir el déficit ~el presupuest~ Y pagar la deuda anterior. De ahí en adelante el pago de prestamos bancarios 39 se convirtió en parte importante de! presupuesto n~cional. General_me~te se daba prioridad al pago de los prestamos bancanos so~re otras obligac1~nes del gobierno porque el estado necesitaba nuevos prestamos P'";ª seguIC funcionando. Pero los bancos, igual que antes los acreedores parbculares, no tenían ninguna garantía de la lealtad o el apoyo del gobierno. Durante el siglo XIX varios bancos de Guayaquil naufragaron cuando el estado, des40 pués de depender de ellos, los abandonó. L. A. Rodríguez: Las finanzas públicas en el Ecuador 75 Los gobiernos ecuatorianos no siempre negociaban préstamos con los bancos; en algunas ocasiones simplemente se apoderaron de los fondos. En 1867 ~arcía Moreno o~li~~ al Banco Particular a entregarle 3 902 pesos depositados por el mumc1p10 de Guayaquil. Esa práctica llegó al extremo en 1882-1883, durante la lucha contra el gobierno de Veintimilla. En esa época Guayaquil quedó en manos del presidente Ignacio de VeintimiUa mientras que Quito estaba bajo el control de una coalición de liberales y conservadores autodesignada gobierno provisional. La coalición serrana financió su campaña de dos maneras: primero se apoderó de 174 000 pesos de la cuenta personal de V eintirnilla en el Banco de la Unión de Quito afirmando que probablemente los había robado al tesoro nacional. A continuación el gobierno obligó al Banco de la Unión y al Banco de Quito a prestarle 130 000 y 125 000 pesos respectivamente. Veintimilla respondió afirmando que el Banco de la Unión había transferido el dinero al Banco del Ecuador en Guayaquil donde tenía una cuenta con saldo de 115 000 pesos. En Guayaquil el banco se negó a entregar el dinero sin autorización del banco de Quito. Entonces el general Veintimilla envió a sus soldados a cobrar un préstamo de 200 000 pesos. Estaba considerando pedir un "préstamo" adicional al Banco de Crédito Hipotecario cuando lo derrocaron sus contrincantes a mediados de 1883.41 Generalmente los gobiernos empleaban formas más sutiles de coerción para obtener préstamos bancarios. Por ejemplo, el gobierno tenía derecho a aceptar o rechazar determinados documentos bancarios en las oficinas gubernamentales. Las instituciones cuyos documentos eran aceptados por las oficinas fiscales prosperaban; las que eran rechazadas enfrent:m~n una perspectiva desastrosa. Las licencias concedidas por el gobierno limitaban el derecho de los bancos a emitir moneda, de modo que los bancos siempre estaban cortejando al gobierno para obtener el derecho a emitir más dinero. El 7 de noviembre de 1871 la administración introdujo una ley bancaria uniforme que entre otras cosas exigía a los bancos mantener una reserva de oro y plata igual a un tercio de la cantidad emitida en billetes. La misma ley establecía la regulación gubernamental a través de una inspección periódica de los registros bancarios. Aun cuando ]a legislación fue revisada en 1878 y de nuevo en 1886, el requisito de la reserva y la provisión sobre la inspección gubernamental no fueron alterados. El estado utilizó ese poder de regulación en forma selectiva de acuerdo con su propio interés. Los bancos que apoyaban al gobierno tenían tratamiento preferencial. En algunos casos los inspectores bancarios entendían que ''.billetes en circulación" significaba solamente el dinero que estaba efectivamente en manos del público, mientras que en otros incluían también lo depositado en las bóvedas de los bancos. Eso era importante porque en el siglo XIX los bancos generalmente imprimían más billetes de los que la ley les permitía. La reacción gubernamental variaba entre exigir el retiro �76 SigloXlX inmediato de todos los billetes con respaldo insuficiente, aunque el banco estuviera en condiciones de acrecentar su reserva metálica, e ignorar el asunto y dar a la institución un plazo ilimitado para retirar de la circulación el papel sin respaldo o aumentar sus reservas. La respuesta del gobierno en tales situaciones dependía de la relación que tuviera el banco con el régimen.42 El gobierno aplicaba deliberadamente una poi ítica bancaria flexible para fortalecer o desgastar la posición de determinados bancos. Por eso para las instituciones financieras era conveniente cooperar plenamente con el estado y conceder préstamos que eran parte integrante de la poi ítica fiscal del gobierno. El alto precio de no responder a las exigencias de una administración y las recompensas a la complacencia se hicieron evidentes antes de 1870. También quedó claro que los pasados servicios al gobierno no aseguraban la posición de un banco: mucho más importante era la capacidad de proporcionar ayuda futura a regímenes eternamente escasos de fondos. Sucesivas generaciones de banqueros no desaprovecharon esas lecciones, y por consiguiente la política de los bancos reflejaba la comprensión de que las únicas instituciones no desechables en Ecuador e~ las que mantenían estrechos laws con el gobierno. Los banqueros ten1an que estar dispuestos y en condiciones de subordinar una poi ítica bancaria prudente a la conveniencia política. L. A. Rodríguez: úu /inan%a4 públicas en el Ecuador 77 yó la fundación de un nuevo banco con capital y reservas suficientes para prestar al gobierno 800 000 pesos y para convertir sus billetes en especie cuando se le pidiera. Después de varios intentos infructuosos, un grupo de empresarios de Guayaquil fonnó en 1867 el Banco del Ecuador, con capital y reserva considerablemente mayores que los del Banco Particular. Uno de los primeros actos del nuevo organismos fue conceder al gobierno un préstamo de 500 000 pesos en 1868, a cambio de un contrato que concedía al banco en exclusividad el derecho a presentar sus bilJetes a la par en las oficinas públicas. Eso selló el destino del Banco Particular. El Banco del Ecuador pasó a ser la principal fuente de ingresos extraordinarios de García Moreno hasta su muerte en 1876. A fines de 1873 el gobierno deb Ía al banco 1 254 263 pesos y tenía una Iínea de crédito adicional de un millón de pesos, que podía utilizar a voluntad. Para garantizar los préstamos García Moreno hipotecó el 90°/o de los ingresos aduanales de la nación, los diezmos de la diócesis de Guayaquil y la mitad de los ingresos gubernamentales por el monopolio de la sal. En esencia García Moreno cambió las principales fuentes de ingresos futuros del gobierno por un crédito ilimitado del Banco del Ecuador. La relación de dependencia mutua entre el gobierno y los bancos prósperos que caracterizaba al sistema bancario ecuatoriano se establ_eció apenas se inició la banca moderna en 1860. Dos bancos de Guayaqwl, el Particular y el del Ecuador, tipifican esa relación. El Banco Particular fue el sostén de la administración de García Moreno en los años de 1862 a 1864, prestando al gobierno 800 000 pesos. A cambio de ello la administración se comprometió a aceptar a la par. los billetes del banco en todas las oficinas públicas como pago de impuestos y contribuciones. Como el dinero a menudo se descontaba al trasladarse de una región a otra, la aceptación de los billetes por el estado por su valor declarado _f~rtaleció la confian7,a del público en la institución. Pero el apoyo del regimen no duró mucho. En 1865 García Moreno resolvió no aceptar los billetes a la par en la sierra; esa acción debilitó al Banco Particular y contribuyó a su desaparición en 1870.43 Una expansión rápida de la cantidad de dinero existente a través de la emisión de moneda por los bancos precipitó una crisis monetaria y financiera. Entre 1872 y julio de 1874 el valor del peso declinó de $1,02 por dólar a Sl,63. En consecuencia el público perdió confianza en el Banco del Ecuador y empezó a redimir sus billetes cambiándolos por oro y plata. Para salvar al banco, el gobierno prohibió la exportación de esos metales y limitó el derecho del público a redimir billetes, dando al Banco del Ecuador ocasión de reducir el volumen de su moneda en circulación y fortalecer su posición financiera. El banco reclamó la mayor parte de sus préstamos a particulares pero no exigió al gobierno que pagara su deuda a pesar de que el estado era con mucho el mayor deudor. En ese caso las acciones del gobierno protegieron al banco, porque el gobierno continuó dependiendo de él por su crédito. El Banco del Ecuador sobrevivió y continuó dando crédito a otras administraciones; siguió siendo el banco dominante en el país durante el resto del siglo XIX y la principal fuente de crédito del gobierno. En 1890 el estado debía al Banco del Ecuador 1 183 710 sucres, de los 2 046 148 que había obtenido en préstamos de bancos ecuatorianos.44 La quiebra del Banco Particular rstuvo directamente relacionada con la campaña de García Moreno para obtener otro préstamo grande. En 1865, el gobierno decidió que la institución no era suficientemente grande para proporcionar aJ estado otro préstamo importante y por lo tanto apo- El monto de los intereses pagados a los bancos en el período de 1883 a 1889 (v. el cuadro 8) indica la continuada importancia de los préstamos al gobierno y su carácter regional. Los bancos de Guayaquil, las instituciones más grandes y mejor capitalizadas del país, cuya fuerza derivaba del ac- �78 SigloXIX L. A. Rodríguez: Las finanzas públicas en el Ecuador . extranieras generadas por la economía ceso al oro Y Ias diVisas ~ f costeña, · ah 1 tenían la mayor parte de la deuda del gobierno. ~ fuerza en atiz a a importancia de la región como principal fuente de mgreso gubernamental, realidad que exacerbaba los antagonismos regionales. CUADRO 8 INTERESES PAGADOS A LOS BANCOS, 1883-1889 Año Instituciones de Guayaquil1 Instituciones de Quito2 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 74 257 80 071 80 071 88 145 306 552 116 242 166 834 9 665 13 222 3 466 7 352 10 561 8 460 6 191 l. 2. Total 83 922 93 293 83 537 95 497 317 113 124 702 173 025 Incluye: Banco del Ecuador, Banco Internacional y Corporación Comercial. Incluye: Banco de Quito y Banco de la Unión. FUENTE: Calculados a partir de datos de Ecuador, Ministro de Hacienda, Informe, 1890. LA EMERGENCIA DEL ESTADO ACTIVO Los presupuestos del siglo XIX reflejan el ~umento del al~nce de la activi~ dad estatal. La tendencia secular aumento tanto en los mgr~so~ como e los gastos gubernamentales en el período 1830-1895. El crec1m1ento de la economía de exportación de la costa hizo posible el aumento d_e escala de la actividad estatal. En 1830 los ingresos y los gastos se esti_n_iahan en 708 000 y 692 000 pesos respectivamente, aparte de gastos militares extraordinarios. Para 1893 el ingreso gubernamental había aumentad~ a 4 326 000 sucres y los gastos a 4 433 000. Ese aumento en los gastos iba 79 de la mano con la multiplicación de las funciones gubernamentales. En los primeros decenios de vida nacional, los gastos militares y el servicio de la deuda consumían casi la mitad del presupuesto nacional. En esos años, el gobierno en buena parte se limitaba a autopreservarse. Por ejemplo, en 1830 el 73.9°/o del presupuesto se destinó a los militares. Durante los treinta años siguientes, los gastos militares siguieron siendo eJ elemento más importante del presupuesto, absorbiendo cuando menos el 30°/o del presupuesto y superando con frecuencia el 50%. Esas cifras subestiman el nivel real de los gastos militares, porque grandes gastos extraordinarios de guerra no se incluían en el presupuesto. Si bien los gastos militares disminuyeron como porcentaje del presupuesto en la década de 1860, siguieron siendo el renglón más importante deJ presupuesto de la nación durante todo el siglo. En la segunda mitad del siglo XIX las fuerzas armadas insumieron entre un cuarto y un tercio de todos los ingresos ordinarios del gobierno. Períodos de guerra civil e inestabilidad política aumentaban los gastos militares; cuando se producían, el gobierno tenía que pedir prestados ingresos extraordinarios importantes. Como los préstamos internos eran una necesidad política, el servicio de la deuda se convirtió en el siglo XIX en parte significativa del presupuesto. Entre 1830 y 1878 el servicio de la deuda insumía normalmente entre un cuarto y un tercio de los egresos ordinarios, pero en algunos casos llegó al 40°/o de los gastos presupuestados. Los gobernantes ecuatorianos, empezando por Flores y Rocafuerte. aspiraban a expandir la actividad gubernamental en la educación, las obras públicas y el bienestar general. Sus discursos, informes y legislación servirían como ideal para el futuro. Rocafuerte, por ejemplo, sostenía que los caminos no sólo mejorarían la comunicación y el transporte sino que impulsarían el desarrollo económico. También creía que la educación era imprescindible si el país había de tener una población ilustrada y productiva.45 Pero a pesar de que esas opiniones eran ampliamente compartidas no había mayores posibilidades de llevarlas a la práctica en la primera mitad del siglo XIX. La pobreza de] país y su constante agitación política impedían a los gobiernos destinar recursos a esos propósitos en cantidades significativas. Durante los veinte años siguientes a la independencia el gobierno destinó menos del 10% de sus ingresos a la educación, las obras públicas y el bienestar. El potencial de acción estatal empezó a cambiar en la segunda mitad del siglo XIX, como resultado del rápido crecimiento del sector exporta- �80 Siglo XIX L. A. Rodríguez: Las finanza, pública$ en el Ecuador dor. Además el gobierno aumentó sus rentas al introducir en la costa un sistema más eficiente de recaudación de impuestos. El aumento en los ingresos gubernamentales coincidió con un aumento de la demanda pública y de que el estado adoptara un papel más activo en la expansión de la infraestructura socioeconómica de la nación. Los empresarios costeños en particular exigieron la introducción de mejores sistemas de comun~cación y la expansión del sistema educativo.46 · La mayoría de los historiadores han aceptado la idea de que García Moreno fue el principal arquitecto del estado activo en Ecuador. Frede~ck B. Pike distinguido estudioso que ha examinado cuidadosamente la literatura ~cundaria, resumió recientemente esa actitud al escribir: ''Pese a la enconada oposición que provocó, García Moreno llevó más progreso a Ecuador que ningún otro presidente antes que él o después. ,,47 Esa creencia está ampliamente difundida debido a la escasez de investigaciones sobre la historia de Ecuador en el siglo XIX. Un examen de la acción gubernamental en la educación y las comunicaciones, sin embargo, muestra que García Moreno no obró en forma distinta de otros dirigentes nacionales. Pese a que el principal presidente conservador de Ecuador hizo contribuciones importantes en ambas áreas, no fue el primero en hacerlo y tales empresas no se acabaron con su muerte.48 81 ' Un ~t,udio del -~eri~o 1841-1894 indica que la educación primaria se expandio en relam~n directa con el crecimiento de la economía exportadora de cacao. El numero de escuelas aumentó de 166 en 1841 a 254 en 1857. Después de la asunción de García Moreno en 1861 la educación contin,uó expandiéndose aproximadamente al mismo paso.' Y no declinó despues de su muerte en 1875. En realidad, para 1894,justo antes de que tomaran el poder los liberales, había el doble de escuelas, con dos y media veces de los alumnos existentes en 1875, cuando García Moreno fue asesinado (v. el cuadro 9). Las cifras del cuadro 9 obviamente no pueden evaluar la calidad de la educación. Sin un análisis detallado de la educación en el Ecuador del siglo XIX, no es posible sino extraer conclusiones elementales de los escasos datos disponibles. Sin embargo, el creciente énfasis puesto en la educación el crecimiento del ~istema escolar y 1~, rápida expansión de los fondos gu~ bemamentales destinados a la educac1on, todo atestigua la importancia del estado en la provisión de los servicios sociales necesarios para el desarrollo de un sector urbano modernizante en Ecuador a fines del siglo XIX (v. el cuadro 10). CUADRO 10 GASTO GUBERNAMENTAL PARA EDUCACION, 1847-1893 CUADRO 9 EDUCACION PRIMARIA, 1841-1894 Año 1841 1854 1857 1867 1873 1875 1885 1890 1892 1894 Número de escuelas 166 212 254 343 433 526 800 853 1106 1 209 Número de alumnos 4 769 5 862 10 348 13 495 22 448 31 795 51 000 56 126 68 274 76 152 FUENTE: Calculado a partir de datos de Ecuador, Ministro de Instrucción Pública. Informe, 1890, 1894; Ministro de Interior, Esposición, 1857. Año Cantidad1 Año Cantidad1 1847 1855 1857 1863 3 052 7 639 15 234 35 307 1884 1887 1888 1889 244 638 284 397 317570 336 174 1865 1871 1879 50 952 151 189 191 624 1890 1891 1893 459 902 491492 379 005 1 Pesos hasta 1884 y sucres en adelante. FUENTE: Calculado a ¡.,artir de datos de Ecuador, Ministro de Hacienda Informe, 1847, 1855, 1858, 1865, 1873, 1880, 1885, 1888, 1890, 1892: 1894. . Durante la se~nda mitad del siglo XIX también preocupaban al gobierno las obras publicas, en especial las comunicaciones (v. el cuadro ll). En 1830-40 gastó en obras públicas 1 256 pesos, pero para 1891 ese �82 Siglo XIX L. A. Rodríguez: úu finanza, públicas en el &uador gasto ascendió a 685 005 sucres. Como ya se ha indicado previamente'. ~l gobierno dedicaba una parte considerable de sus recursos a la construcc1on de caminos y más tarde a la construcción de vías férreas. En realidad , los re novados esfuerzos por refinanciar la deuda externa de la década de 1880 estuvieron directamente ligados a los deseos de la administración de obtener dinero para proyectos viales y ferroviarios. Aun cuando las administraciones de García Moreno y Antonio Flores hicieron contribuciones importantes a la construcción de caminos en la sierra , fracasaron en el intento de construir un ferrocarril. CUADRO 11 GA TOSGUBER AME TALE PARA OBRA PUBLICA 1839-1891 Afio 1839-40 1846-47 1854-55 1863 1865 1871 1879 1887 1891 Cantidad1 1 256 3 776 20 517 11073 1 139 017 430 025 512254 588 695 638 005 l. Pesos hasta 1884 y sucres en adelante. FUENTE: Calculados a partir de datos de Ecuador, Ministro de Hacienda, Informe, 1847, 1855, 1865, 1867, 1880, 1888 y 1892. Para realizar tan gran proyecto los ecuatorianos necesitaban capital extranjero que no podían conseguir en términos aceptables. ~os p~yectos de telecomunicaciones en cambio eran realizables, y el gobierno instaló un sistema telegráfico entre la cost a y la sierra entre 1880 y 1900. El aumento de velocidad de la comunicación tuvo un impacto tremendo en el país al provocar una dramática expansión de la autoridad guherna~ental. El telégrafo permitió un grado de control fiscal de los fondos centralizados 83 nunca antes imaginado. Y el mejoramiento de las comunicaciones no sólo hizo más fuerte y eficiente el gobierno nacional sino que condujo a un aumento de la demanda pública de servicios estatales que la prosperidad de la nación a fines del siglo XIX paree ía posihilitar.49 La expansión de la educación y el mejoramiento de las comunicaciones son sólo los ejemplos más prominentes del surgimiento del estado activo en Ecuador. Para el final del siglo la esfera de acción del gobierno estaba altamente diversificada. Los ecuatorianos percibían cada vez más al gobierno como encargado de un papel importante en la promoción del desarrollo social y económico. Esa opinión derivaba en mucho ímpetu de la continuada expansión económica de la costa y, paralelamente, de una mayor complejidad de la sociedad. También estaba ligada con deseos regionales de mejoramiento local. Guayaquil y la costa fueron las primeras en beneficiarse de los nuevos programas gubernamentales sobre los proyectos de obras sanitarias y salud, así como embellecimiento urbano. Pero al poco tiempo Quito y otros centros serranos aspiraban a similares comodidades modernas. Para las décadas de 1880 y 1890 era ampliamente aceptada entre los Pr11atorianos la idea de que el estado tenía la responsabilidad de promo- CUADRO 12 GASTO GUBER AME TAL E BIE ESTAR SOCIAL 1854-1893 Afio 1854-55 1863 1871 1878 1884 1888 1890 1893 Cantidad1 615 6 574 20 921 79 479 91 826 139 473 124 874 249 299 1 Pesos hasta 1884 y sucres en adelante. FUENTE: Calculado a partir de datos de Ecuador, Ministro de Hacienda, Informe, 1855, 1865, 1873, 1880, 1885, 1890 y 1894. �84 Siglo XIX L. A. Rodríguez: Las finanzas públicas en el Ecuador ver el bienestar económico y social, aunque es~an en ~esacuerdo sobre el grado de participación gubernamental necesano. Por e1emplo, los gastos en bienestar social aumentaron de 615 pesos en 1854-55 a 249 299 sucres en 1893 (cuadro 12). Para 1893 la educación, el bienestar social y las obras públicas ~r3'.1 depositarias del 26.8% de los gastos del gobierno. Sin embargo el p~nc1pal costo gubernamental siguió siendo el manteni~ent~ del ord~n mterno y la defensa exterior. Hasta el siglo XX no _h:ilma un mtento exito~o de efectuar una diversificación masiva de las act1V1dades estatales a traves de la asignación de una parte mayor de los recursos públicos a funciones no militares. Ec d Director del Tesoro "Informe. June 12, 1931 "; Ecuador, Presidente, l. ''M::~j; especial", en Ecuador, Ministro de Hacrenda, Informe, 1930, p. 359. 2. Ecuador, Ministro de Estado, Memoria 1831. 3 _ Ecuador, Ministro de Hacienda, füposición, 1855, Documentos; Memoria, 1858, 36~ p. 5-8;Esposición, 1865, p. l. 4. Ecuador, Ministro de Hacienda, Informe, 1863, p. 4; 1896-97, p. 60-61. Ecuador Ministro de Hacienda, Esposicwn, 1873, p. 9; Informe 1883, p. 18; · Informe: 1896-97, p. 25-26; Ecuador, Director del Tesoro, Informe, 1930, Ec11ador, Ministro de Hacienda, lnfon-:ie, 1890, p._ 3~-3~j 1892, p. 5.1-52 ; · 1894 P 26-27· Esmeraldas, Gobemacion de la Provmc1a., Info~e, abril 11, ' ·en Ecuador ' · ,fo l n1orme, r. 1894·• Leon, 1894" Ministro de Hacren......, . . Gobemad H ción d~ la Provinci~ "Informe, Abril 18, 1894", en Ecuador, MIIllstro e acienda, Informe, 1896-97, p. 26. 7 Este mismo fenómeno ha sido señalado para la Gran Colombia ~r ~avi~ · Bushnell en The Santander Regime in Gran Colombia, Newark: Umvers1ty o Delaware Press, 1954. p. 79. 8 10. Ecuador, Ministro de Estado, Informe, 1831; "Lei de Octubre 25, 1833", en Ecuador, Primer registro auténtico nacional, Quito, 1839, I, p. 427-28 (cit. en adelante como PRAN); Ecuador, Ministro de Hacienda, Informe, 1883, p. 18. 11. Ecuador, Ministro de Hacienda, Informe, 1885, p. 18-22; füposici6n, 1867, p. 12-13; 1855, p. 11-12; 1857, p. 18-19; 1858, p. 19; 1873, p. 18-19;lnfonne, 1883, p. 14-18. 12. Ecuador, Ministro de Hacienda, Informe, 1888, p. 7-11; 1896-97, p. 25. 13. Ecuador, Ministro de Hacienda, Memoria, 1857, p. 12. Hamerly, en Historia social parece indicar que el tributo continuó cobrándose en la costa. Como el mismo autor indica que el resurgimiento demográfico de los indios de la costa es atribuible en gran parte a la migración de la sierra, es posible que esos inmigrantes serranos hayan continuado pagando tributo. 15. Ecuador, Ministro de Hacienda,Esposicwn, 1858, p. 2-6. 16. El Nacional (Quito), no. 235 (6 de julio de 1866); no. 225 (14 de abril de 1866); Ecuador Ministro de Hacienda, Esposición, 1867; 1873, p. 10-11, 22;1nforme, 1888, p. 12. Para un examen de la política que rodeó la aprobación del Concordato y las subsiguientes enmiendas v. César Bustos-Videla, Church and State in Ecuador : A History of Politico-Ecclesiastical Relations in the Age of Gabriel García Moreno. 1860-1875 , Tesis doctoral, Georgetown University, 1966, p. 57-97, 287-308, 326-334. p. 21. 6 9. Ecuador, Ministro de Hacienda,Memoria, 1857, p. 18-19. 14. Ecuador, Ministro de Hacienda, Memoria 1857, p. 8-13; Esposición, 1858, p. 2-3. Acerca de la dificultad para abolir el tributo de los indios cf. Marck van Aken, 'The Lingering Death of lndian Tribute in Ecuador",Hispanic American HistorÍCfJ/ Review, 61:3 (Agosto de 1981), p. 429-459. NOTAS 5 85 s bre la economía de obrajes en la sierra ver Robson Tyrer, "The ~mographic · ;d Economic History of the Audiencia of Quito". Sobre la econo~ 1a d~ la ~sta durante el primer período nacional, véase Michael T. Hamerly, Hutorwils~c~~ • · de la an,;=,n y econom,ca •.,._ provincia de Guayaquil.1763-1842, Guayaqu • chivo Histórico del Guayas, 1973. ~ 17. Ecuador, Ministro de Hacienda,lnforme, 1887, p. 8; 1885, p. 12; 1883, p.11; Esposición 1855, p. 2; Memoria, 1857, p. 14, 21-22; Esposición, 1865, p. 6; Memoria, 1880, p. 14-15. Para un estudio de la carga dediezmosaplicadaalos indios v. Piedad Peñaherrera de Costales y Alfredo Costales, Historia social del Ecuador, 3 vols. Quito: Llacta, 1964, I, p. 98-116. 18. Ecuador, Ministro de Hacienda, Esposici6n, 1885, Cuadro A; 1858, p. 15-16; 1873, p. 10-11; Banco del Ecuador, Historia de medio siglo, 1868-1918, Guayaquil, Imprenta de El Independiente, 1919, p. 61. 19. Ecuador, Ministro de Hacienda, Memoria, 1833, p. 17; Informe, 1885, p. 12; 1890, Documentos xili-xv, p. 12-13; 1892, Cuadro E; 1894, p. 33-35. Para un análisis del papel de Antonio Flores Jijón en la abolición de los diezmos v. Luis Robalino Dávila, Orígenes del Ecuador de hoy, 7 vols., Puebla: Editorial Cajica, 1967-1970, VI, p. 219-247. . 20. Ecuador, Ministro de Hacienda, Memoria, 1857, p. 2-6; Ecuador, Gobernador de la Provincia de Pichincha, "Informe, Abril 27, 1894 ", en Ministro de Hacienda, Informe 1894; Ecuador, Presidente, ''Mensaje, 15 de mayo de 1890", en Alejandro Noboa, Recopilación de meTl$0jes dirigidos por los presidentes y vicepresidentes de la república, jefes supremos y gobiernos provisorios a las conven- • �86 L. A. Rodríguez: úu finanzas públicas en el Ecuador SigloXIX ciones y congresos nacionales desde el año de 1819 hasta nuestTos días, 5 vols., Guayaquil. Imprenta de A. Noboa e Imprenta de El Tiempo, 1900-1908, t. IV, p. 1-13; Ecuador. Ministro de Hacienda. Informe, 1892, Cuadro E; Ecuado~• Contaduría Mayor del distrito del Guayas, "I,nforme. 10 de agosto de 1853 • en Ministro de Hacienda. Esposición, 1853. 21. Las leyes que regulaban el aguardiente en el prim~r período se encuentran en PRAN, l, p. 56-57. 14647, 185-86, 317-18, 523-34. 22. V. por ejemplo Ecuador, Ministro de Hacienda. Esposición, 1845, p. 4-5 ; 1867, p. 18;/nforme, 1863, p. 13; 1885, p. 10-12;E&J]osición, 1873, p. 7; lnfonne,, 1887, p. 10; 1888, p. 16-17; 1890, p. 10; 1892, p. 15-17. 23. Los Informes de los ministros de hacienda contienen mucha informaci~n acerca del aguardiente. V. especialmente los lnfo~es de 1901 1904. El,metodo _de recaudación de los impuestos al alcohol vanaba en el pa1s: algunas_areas tenian contratistas mientras que en otros el gobierno se encargaba de ello drrectamente. V. Los Informes de. los gobernadores de Tunguragua, Chim borazo Y ~uay, en Ecuador, Ministro de Hacienda. Infonne, 1901, para algunos de esos diferentes enfoques. ,ª 24. Para una discusión de la fuente de esa deuda original v. David Bushnell. The Santander Regime, p. 112-117• y Emilio M. Terán,lnfonne al Jefe suprem? General Eloy Alfaro sobre la deuda anglo-ecuatoriana, Quito, Imprenta Nacional, 1896,p. 147. 25. Ecuador, Ministro de Hacienda. lnfonne, 1912, CXLVIIJf-CL; Terán, Informe, p. 61-95. 26. TeránJnfonne, p. 95. 27. /bid., p. 222-231; Ecuador, Ministro de Hacienda. Esposición, 1853, p. 7; 1855, p. 5-7;/nforme, 1912, CXLVIII-CL; 1863, p. 5-7. 28 _ Para un estudio de las críticas a las diversas negociaciones y acuerdos del siglo XIX entre Ecuador y los poseedores de bonos extranjeros v. Terán. Informe. 29. /bid., p. 417-597 ; Ecuador. Ministro de Hacienda. Esposición, 1865, p . ll_-12; 1867, p. 29-30; 1873, p. 22; Informe, 1888, p. 32; Documento XVII; Alejandro Noboa. Recopilación de mensajes, t. lll, p. 3-14. 19, 132. 30. Terán, Informe, p. 701-735, 743. 788-793; Ecuador, Ministro de Hacienda, Informe 1890 Documento XVDI ; 1894, p. 44-50; 1912, CL-CLX; Ecuador, Diario Oficial, 'no. 245 (20 de febrero de 1894); no. 287 (4 de agosto de 1894); "Mensaje del Presidente al Congreso Extraordinario''. 24 de mayo de 1890, en Noboa.Recopilación de Mensajes, t. IV. p. 15-31. 31. Ecuador Ministro de Hacienda, Memoria, 1857, p. 18, 19, 31-33; Informe, 1863, p.• 1-3; "Informe del Gobernador de la Provincia del Guayas", en Ecuador, Ministro de Hacienda. lnfonne, 1894. 32. Ecuador Ministro de Estado, Memoria, 1831, p. 16; PRAN, t. I. p. 35-36; Ecuador: Ministro de Hacienda. Memoria, 1833, p. 34; Esposíción, 1865, p. 12-13; 1867, p. 33-35; 1858, p. 6, 10. • 87 33. Ecuador. Ministro de Estado. Memoria, 1831, p. 15; Ecuador. Ministro de Hacienda. Esposición, 1847, p. 11-12; 1853, Cuadro 3-4; 1867, p. 33-34; 1873, p. 15-21 ; 1875, p. 20; Memoria, 1833, p. 3; " Informe de la Dirección Jeneral del Crédito Público", en Ecuador, Ministro de Hacienda. Esposición, 1857; Ecuador, Jeneral Jefe del Estado Mayor. Memoria, 1833. 34. Ecuador, Ministro de Estado, Informe, 1831, p. 17; Ecuador Mirustro de Hacienda, Memoria, 1833, p_ 3, 7; Esposición, 1853, Cuadro 3, 71; "Informe de la Contaduría Mayor del distrito del Guayas", 1847-1853; p. 11-12; 1858, p. 6-10; 1865, p. 12-13; 1873, p. 15. 35. Ecuador, Ministro de Hacienda_ Memoria, 1833, p. 1-2; Esposición, 1853, p. 13; Ecuador, Secretarío Jeneral, Sección de Hacienda. lnfonne, 1861. p. 10-11. 36. Ecuador, Presidente, "Mensaje, 1831 ", en Noboa. Recopilación de mensajes, t. l, p. 183-95; Ecuador, Ministro de Estado. Informe, 1831, p. 16 ; Ecuador, Ministro de Hacienda, Esposición, 1853, p. 9; 1865, p. 3; 1855, p. 10; 1873, p_ 15. 37. Julio Estrada Y caza, Los bancos del siglo XIX, Guayaquil, Archivo Histórico del Guayas. 1976. p. 19-30, examina los primeros bancos. 38. La Unión Colombiana (Guaya,quil), no. 9 (5 de diciembre de 1860). 39. Ecuador, Presidente. Mensaje, 1863, p. 4; Ecuador, Ministro de Hacienda. Informe, 1863; 1865, Cuadro D; 1867, p. 37, Cuadro R. ' 40. "Mensaje del Jefe Supremo, 1896-97", en Noboa, Recopilación de mensajes, t. IV, p. 222; Ecuador. Ministro de Hacienda. Informe, 1887, p. 14, Cuadro E; 1888, p. 29. 41. Estrada, Los bancos, cit., me, 1883, Documento V. p. 89-100. Ecuador, Ministro de Hacienda, Infor- 42. Ecuador. Ministro de Hacienda, Informe, 1894, p. 41 ; Estrada. Los bancos, p. 59-123. 43. Estrada, Los bancos, cit. p. 33, 48-49; Ecuador, Ministro de Hacienda.Informe, 1867, p. 37-38; Aurelio Noboa, Colección de las leyes, Guayaquil, Imprenta de A. Noboa. 1901, p_ 37-38. 44. Luis A. Carbo,Historia monetaria y cambiaria del Ecuador, Quito: Imprenta del Banco Central, 1953, p_ 33-34; Estrella de Panamá (Panamá), 10 de jumo de 1874; Ecuador, Ministro de Hacienda. Informe 1892, p. 29; Banco del Ecuador, Historia de medio siglo, p. 91-96, 135; El Nacional, lo. de septiembre de 1886; Ecuador. Ministro de Hacienda. Infonne, 1890, p. 30. 45. V. las cartas de Rocafuerte a Flores en Jaime E. Rodríguez, Estudios sobre Vicente Rocafuerte, Guayaquil, Archivo Histórico del Guayas. 1975, p. 194-341; Ecuador, Ministro del Interior, Memoria, 1833; Ecuador, Mirustro de Estado. Esposición, 1841, p. 25; Noboa, Recopilación de mensajes, t. 1, p. 259-60. 46. Ecuador, Ministro de Hacienda, Memoria, 1857, p. 18-19, 31-32; Ecuador, Mi- �88 Siglo XIX nistro del Interior y Relaciones Exteriores, Esposición, 1863, p. 5-6, 11-15; 1865, p. 12-27. 47. Frederick B. Pike, The United States and the Andean Republics: Peru, Bolivia, and Ecuador, Cambridge, Mass.. Harvard Unive!sity Press, 1977, p. 114. 48. Entre los estudios sobre la educación, ver Darío Guevara, Rocafuerte y la educación pública, Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1965 y ~ranci~o ~ira?.da Ribadeneira, La Primera escuela Politécnica del Ecuador, Qwto, Ed1tonal La Políticas de Desarrollo Económico y Deuda Externa en Argentina (1868-1880) Carlos Marichal* Unión", 1972. 49. Ecuador, Ministro de Hacienda, Informe, 1894, p. 4. El estudio del papel del Estado en la promoción del desarroJlo económico en Argentina y en otros países latinoamericanos durante el siglo XIX constituye un tema todavía poco explorado. Sin embargo, en los últimos años un creciente número de historiadores ha comenzado-a prestarle mayor atención, si bien las publicaciones detalladas al respecto siguen siendo todavía relativamente escasas.1 Debe añadirse, por otra parte, que este tópico también ha despertado el interés de algunos científicos políticos y sociólogos contemporáneos, los cuales han insistido en la necesidad de analizar la evolución del Estado dentro de las sociedades latinoamericanas' desde una Óptica propiament~ histórica.2 Ello contribuiría, en principio, a que se pudiese traspasar el marco estrictamente coyuntural y posiblemente encaminaría a los investigadores hacia la formulación de un enfoque de "largo plazo" del cambiante rol económico del Estado. Quizá la hipótesis más innovadora que emerge de los estudios (todavía preliminares) sobre esta problemática sea aquella que subraya que en la mayoría de los países latinoamericanos del siglo XIX los gobiernos ejercieron una influencia mayor en eJ proceso de desarrollo capitalista de lo que generalmente se suponía.3 Es decir, ya no parecen aceptables aquellas interpretaciones tradicionales que tendían a subvalorar el peso del Estado dentro de la economía o, alternativamente, sostenían que el establecimiento de los regímenes "liberales" en América Latina, desde mediados del siglo, podían definirse sencillamente en términos de una serie de poi íticas del más puro laissez-faire. Al contrario, las investigaciones actuales tienden a enfatizar que la paulatina construcción de los estados/naciones *Universidad .Autónoma Metropolitana-IztapaJapa, México. Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en la reunión del Conference on Latin American History celebrada en San Francisco, 27-29 de diciembre de 1983. Agradezco los comentarios de Stev_en Topik y Barbara Tenenbaum. asf como las "Valiosas correcciones y sugerencias de Adela Harispuru. �90 Siglo XIX en la región no sólo sentó los cimie~tos legales pa~a un incipiente proceso de desarrollo capitalista, sino ademas que las entidades gohem~men~es contribuyeron al establecimiento de los primeros sistemas bancarios nacionales a la modernización de la infraestructura urbana y de transportes Y, en al~os casos, a la defensa de sectores manufacwreros locales. El grado relativo de éxito o fracaso de tales programas ~arió ~nsiderablemente, dependiendo del país y del período que se a~alice. EVIdentemente el Estado como tal no llegó a jugar un rol tan prommente d~ntro de las economías latinoamericanas como había de ser el caso a partir d_e los años de 1930. Ni tampoco resultan aceptables los ~nfoques que su~er~n que el Estado fue, en si mismo, uz pieza clave y artic~adora del c~p1talismo del siglo XIX:.4 Pero al mismo tiempo debe enfatizarse, que sm efectuar un análisis crítico de esta problemática- y ~ás espe~1fi~amente de la relación entre gobierno, clases sociales y cambios econonnco~- andaríamos profundamente errados. Pues como ha señalado Jean BouV1er en un reciente artículo de síntesis: ¿Qué ha sido el Estado, en los siglos XIX y XX, sino... la mayor y más grande de las empresas? Por l_a ~asa de su personal, por 1~ enormidad de sus negocios y el movumento d~ fondos de los ~~a les era el receptor, por la diversidad de las fun~iones que ª~~10 Y los servicios que proporcionó, el Estado fue siempre el mas m(lu, • 5 yente de los agentes econom1cos. Existen varios posibles métodos para interpretar el ?apel del Estado como promotor del desarrollo económico durante el siglo XIX, de l~s cuales citaremos tres de los más relevantes.-~º~ nos ,e~plaza a c~ntrar ~ atención sobre los cambios en la formulacwn 1deolo~tca de los ~roy~ t de desarrollo,, de los grupos dirigentes en una sociedad dete~mada. segundo enfoque pone mayor énfasis en el análisis de las políticas concretas que se adoptaron y la manera en que~ implemen~on ? lJn~ ter~e~ ra perspectiva resalta la necesidad de estudiar_ los ~canismos de financia_ miento de los programas económicos del gobierno mcluy~ndo, claro ~ta, tanto los ingresos y egresos como la poi ítica de endeudamiento del gob1erno.8 J: Nuestra intención en el presente trabajo se encamina a vinc~ar tale~ enfoques- ya que son en cierto sentido inseparables- per?, haciendo hincapié en la institucionalización de las políticas de promoc1on del desarrollo económico en la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX. En otras palabras, consideramos fundamental tratar de exp_licar como lo~ proyectos económicos del gobierno nacional fueron traducidos a la reali~a~. En el caso argentino ello implica pres~r una a~encf~n especial al crec~ent? ~~ las funciones de aquella institucion mult1facet1ca que se denomino Mlllls C. Marichal: Políticas de desarrollo y deuda externa en Argentina 91 terio del Interior. Aunque este organismo fue creado en 1862, no cobró vida sino hasta la administración de Sarmiento (1868-74) a partir de cuando fue adquiriendo su carácter de principal "agencia del desarrollo" del Estado nacional, función que seguiría cumpliendo hasta fines de siglo.9 Pero debemos enfatizar que el ejemplo argentino no fue de ninguna manera singular sino al contrario más bien típico de lo que ocurría en el resto del suhcontinente. Desde mediados del siglo XIX, la mayoría de los Estados latinoamericanos establecieron varios géneros de ministerios y organismos que asumieron la responsabilidad por la planificación e implementación de los proyectos para el crecimiento económico. En sus inicios, tales agencias administrativas eran de pequeñas dimensiones y se limitaban a tareas relativamente simples como podían ser la supervisió_n y reparación de los sistemas rudimentarios de caminos, la operación del servicio de correos o la recopilación y publicación de informes estadísticos y técnicos sobre algunos importantes sectores de actividad, agricultura, minería, etc. Pero, con el pasar del tiempo, las funciones asignadas fueron multiplicándose y haciéndose más· complejas, incluyendo planes para la modernización de los principales puertos, la construcción de ferrocarriles, la promoción de la inmigración, colonias agrícolas, canales y regadío o proyectos para la realización de obras de infraestructura urbana. El origen y la evolución de tales organismos estatales varió de país en país dependiendo de una amplia gama de factores que no se veían circunscritos al nivel de estabilidad política o de desarrollo económico alcanzados en la respectiva nación sino que, además, podían ser determinados por el acceso al poder de ciertas élites que deseaban impulsar la modernización del Estado y la economía. Entre tales iniciativas puede citarse la creación de la "Secretaría de Fomento" (1853) en México bajo la inspiración de las ideas deJ político conservador Lucas Alaman.10 En Brasil fue unos años más tarde, en 1861, que se estableció el "Ministerio de Agricultura, Comercio y Obras Públicas" mientras que en Venezuela y Guatemala no fue hasta principios de los años de 1870 cuando los respectivos "Ministerios de Fomento" fueron organizados. u En Chile se siguió un camino administrativo algo distinto ya que la mayoría de los programas económicos estatales fueron colocados bajo la jurisdicción del "Ministerio del Interior" , entidad pública que también cumplía una serie de funciones políticas claves. Pero ya desde 1837 este ministerio chileno se responsabilizaba por los pequeños departamentos de obras públicas, caminos, correos y programas de sani~ad, hecho que tiende a sugerir el considerable grado de madurez y estabilidad alcanzados por la administración gubernamental en ese país desde fechas relativamente tempranas.12 En Argentina, como ya se ha señalado, las mismas funciones también fueron colocadas bajo el techo del Ministerio del interior, aunque ello no pudo efectuarse de manera definitiva hasta la �92 C. Marichal: Políticas de desarrollo y deudo externa en Argentina SigloXlX consolidación del gobierno nacional a principios del decenio de 1860. Si uno se propusiera efectuar una comparación de tales entidades estatales en los düerentes países mencionados, ser_ía razonable esperar a priori que se descubrirían diferencias sustanciales de carácter tanto ideológico como administrativo entre ellas. Pero esto no debe oscurecer el hecho primordial -en nuestra opinión- de que los gobiernos latinoamericanos de la época efectivamente intentaron realizar esfuerzos coordinados por definir prioridades para el desarrollo económico, creando mecanismos institucionales para cumplir esos objetivos. · 93 re~ultaha_ casi invariable .que los políticos saludasen los rinci ios del laissez-faire con r~v~renc1a, frecuentemente denigrando la ~apacfdad del Estado como admm1Strador de empresas. 14 No obstante cuando e ah b J t . , s oca_an a a area ~oncreta ~e Implementar los programas económicos, los dir~entes argentmos tend1an a fa\Torecer una participación creciente del gobierno en las esferas del transporte, las comunicaciones, la banca, etc. Nuestro plan de trabajo en el presente ensayo consiste en efectuar primero un rápido repaso de algunas de las principales propuestas económicas de la élite argentina de mediados del siglo XIX, para luego adentrarnos en el estudio específico de su implementación a través de la ampliación de las funciones del Ministerio del Interior desde 1868 hasta 1880. Ello nos llevará, por otra parte, a enfocar la atención sobre el ámbito económico más importante de actividad estatal: la política ferroviaria y las formas que el gobierno utilizó para su financiamiento. Tropezamos · · , aqui' por conSigWente con una serie de contradicciones que. no eran solo aparentes sino que tenían algunas consecuencias práctiCl_lS mesperadas. ~Uo se debía en parte a que ese conjunto de ideas O ·de pro~ectos financieros, comerciales, agrícolas y fiscales que propug ah los mtelectuales y políticos era -en verdad- bastante heterogeneo. , n pan or 1ado hay que tener en cuenta que hasta 1852 otro · ti"' b no ens o un p1an gu~rname~tal ~~y consistente para favorecer el desarrollo económico a nivel n~ciona_J. Es más, inclusive durante el decenio siguiente, 1852-62 ~a dcoe~~tenc1a _de dos entidades estatales rivales -el gobierno de la Con~ ~ e:acion Y ~I de 1~ provincia de Buenos Aires- impuso un sello conflictivo ªi la Vida politi_~ Y por, ende a la elaboración de planes sistemáticos para a transformac1on economica. IDEOLOGIAS DEL DESARROLLO.ECONOMICO a Los políticos e intelectuales argentinos más destacados de mediados del siglo XIX compartían una serie de conceptos acerca de cómo estimular el crecimiento · económico del país tanto en el plano interno como en sus transacciones internacionales. En una reciente revisión de los escritos de los principales ideólogos del período, Halperín ha argumentado que "Un sólido consenso va a afirmarse entonces en torno a los princifios básicos 1 para la renovación económica postulada para la Argentina ..." La inmigración, la apertura al capital extranjero, el libre comercio, una política monetaria más o menos estable, y la expansión de la frontera agrícola y ganadera fueron, sin duda, algunos de los instrumentos que se consideraron indispensables para impulsar el desarrollo o el "progreso", para utilizar la terminología correspondiente de la época. Sin embargo, tales proposiciones no fueron ni inmóviles ni totalmente inflexibles. Las opiniones de los voceros más renombrados de la élite política y económica cambiaron frecuentemente, de acuerdo con las circunstancias, y el consenso podía verse transformada en virulenta disensión dentro de los salones legislativos o en las páginas editoriales de los más influyentes periódicos. Tales contradiccion~ fueron especialmente manifiestas en el terreno de la discusión sobre el papel del Estado en el proceso de expansión económica, aún cuando en sus discursos y artículos Pero debe sug~r~e. ~ue ya a partir de este último decenio comenzó per?-1arse una d~mc1on entre las posiciones de los ideológos que fa. v~rec1an. la adopc~on de políticas liberales más puras (libre comercio ~zssezfazre) y aquellos que abogaban por un programa de carácter saint~ Simomano favorable a una fuerte intervención del Estad J ' E 1 • · o en a econo~ z~. n e gobierno de la Confederación este enfrentamiento se expreso un~amentalm~nte en la confrontación de las ideas de Juan Bautista ~erdi Y de M:U-1ª.~º Fragueiro. Los influyentes escritos de Alberdi reeJahan la destilac1on de algunas de las tesis centrales de J I d Adam Smith dº , . a escue a e e. d y sus_ JS~1pul~s, rruentras que Fragueiro se apegaba a una 8 ~e planes samt-sunomanos para permitir la monopolización del cred1to por el Estado, cuya finalidad consistía aparentemente en lograr un esarroUo económico dirigido desde arriba. 16 . En la provincia de Buenos Aires los contrastes entre diferentes poi':as no e~an menos significativ?s, pues aún cuando las autoridades l~«:8 tendieron .a favorecer, el libre comercio e intentaron atraer a los °'.1P1talest; extranJeros, el prospero gobierno provincial dedicó una atenc1on pre e~ente a dos entidades económicas que fueron apoyadas luego progreSJvamente controladas por el Estado: el Banco de I p Y. · y el Fe arriJ O . a rovmcia rroc este, ambas las pnmeras empresas importantes del país 1 en os ramos de banca y transportes.17 A raíz del establecimiento del gobierno nacional en 1862, los de- �94 Siglo XI.X bates legislativos pronto revelaron que existía un acuerdo tácito entre diputados y senadores para continuar con las políticas de desarrollo ensayadas por los gobiernos anteriores. Las críticas anti~statistas siguieron siendo frecuentes pero también persistía alguna conciencia que, al menos en ciertos terrenos, no podía prescindirse de la participación activa del Estado. Sin embargo, la relativa penuria -fiscal no pennitió avances de mucha importancia durante la administración de Mitre (1862-68) cuando las finanzas del Estado se vieron de tal manera subordinadas a las necesidades de cubrir los costos de operaciones militares (especialmente la Guerra del Paraguay) que resultó ilusorio proponer que se realizase un esfuerzo sistemático por promover un programa de obras públicas. En este terreno la función del Estado se limitó a ser garante de la inversión privada. A partir de 1868, en cambio, la nueva administración encabezada por Sarmiento adelantó un plan para acentuar el papel económico del Estado, aún cuando simultáneamente seguía defendiendo la libre empresa. En su discurso inaugural ante el Congreso, en 1869, el nuevo presidente subrayó su deseo de dibujar un nuevo curso político y económico fundado en la promoción de una amplia gama de proyectos que incluían la construcción de ferrocarriles y telégrafos, la modernización de los puertos, el apoyo a la colonización agrícola y la celebración de una primera exposición nacional de industria y agricultura en la ciudad de Córdoba.18 La elección de Córdoba resultaba sin duda significativa pues esta ciudad era el eje principal del comercio este/oeste y norte/sur del país. Implícito en tal decisión podía vislumbrarse el deseo de impulsar un mayor grado de unidad riacional tanto en el plano mercantil como en el político/militar. Para Vélez Sarsfield, ministro del Interior-desde 1869, verdadero estratega de las políticas de desarrollo económico de la administración, los mayores enemigos del progreso los constituían "la distancia" y "el desierto". La construcción de caminos y puentes, la extensión de los telégrafos y el fomento de los ferrocarriles se presentaban por consiguiente como los instrumentos indispensables para vencer tales obstáculos. Vélez Sarsfield afirmó en su informe al Congreso: "Adelantos materiales: ese es en el día la política única que en el Litoral y el Interior de la Refsública, hacen hoy tanto el Gobierno General como los Gobiernos locales". 9 Y ello se vinculaba estrechamente con los cambios que se iban produciendo en el plano político y social: Nuestros pueblos aprenden paulatinamente que la paz es la mejor garantía del trabajo... Ya no son ni las ambiciones ni los disturbios los que hacen la política argentina. La República se ha C. Marichal: Políticas de desarrollo y deuda externa en Argentina 95 lanzado ansiosa de adelantos, por el camino del progreso, y hoy son la pal~ Y el arado los que abren la tierra, donde, hasta hace P?co, la pica y sable del montonero abrían heridas en el corazon de la patna. rJ Para ,, dlas ¡ autoridades •. nacionales' por lo tanto , la "paz" ( osea larepreSion e os movmnentos P?puJares ~egionales y disidentes) constituía un ~aso fu~da~ental para abnr el cammo hacia un desarrollo sostenido de tipo c~p1tal1Sta; Pero la realización de las metas económicas enunciadas req~ena ~de~as la ~ues~ en m31:cha de una serie de reformas adminis~ativas, teci:ucas Y. fmanc1eras. Mas específicamente, la nueva cúpula dirtgeJJte se vio obligada a determinar con precisiÓJJ cuál de los departa~~ntos gubernamentales iba a hacerse cargo efectivo de la implementa~•on de sus pr?gramas_. ~~iento y V élez Sarsfield evidentemente no duaro~ en elegir al Mm1Steno del Interior como el instrumento idóneo ampliando sus funciones de manera que se pudieran institucio al' 1' proyectos que ya habían sido esbozados. n izar os ~io~i~~TERIO DEL INTERIOR COMO "AGENCIA DEL DESADe _los cinco _ministerios que fu_eron establecidos en 1862 poi: el nuevo g~bi_ern~ nacmnal, cuatro teman funciones claramente definidas: el M1n1Ster10 de Guer~a, el de H~ciehda, el de Justicia, Educación y Culto~ _Y e! de Relac1?nes Extenores. Pero el quinto departamento -el ~mISteno_ del Interior- era mucho más heterogéneo desde el t d vista _fu~c1onal y administrativo.21 El organigrama de su complefa°:;uc~ tura mdica que, desde mediados de los años 60 esta i·nsa·tu . , abili ab , ., , c1on se respo~ , z ,a por 1a supems1on y administración de gastos de un mu v_anad? catálo~o de entidades que incluían al Congreso Nacional, la Pr[ S1denc1a, el sIStem~ ~acional de correos, el departamento de caminos P_~entes Y obras púhhcas, el Archivo Nacional las oficinas de · · ' c1on y est d 1' 1· 1 . , ' mrmgra,. a st ~a, a po1_1c1a municipal de Buenos Aires, el Consejo de Htgtene de la capital, y vanas otras agencias.22 E_I M~~erio. del Interior aparecía, por consiguiente, como un pote ~o cab1an estrictamente dentro de la Jºurisdicción de los de ' · _qu no E 1 , • mas m1Il1Stes. n a prac~1ca, no obstante, este repartición vino a asumir esencialm~n_te d_os funciones, una política y la otra económica. Siendo el único mimsteno ve!daderamente "político", era lógico que se responsabili Jl?r el,,mane~o ! la coordinación de las complejas y cambiantes "si:~ ;;ones provmc1ales y municipales. En otras palabras, le incumbía la taa de mantener el control sobre los jefes poi íticos regionales y locales, poum ~d.minis~atívo, al cual eran relegadas todas aquellas actividades �96 Siglo XIX premiándoles por su lealtad o alternativamente cas~i,gándoles e~ casos de disidencia pronunciada. A ello se agregaba la func1on de orgaruzar las elecciones de tal manera que el régimen en el poder pudiese esperar res~tados relativamente favorables, aunque debe indicarse que en los decenios de 1860/70 la maquinaria electoral todavía no estaba suficientemente bien . tales obºJetlvos. . 23 aceitada para garantizar Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior era virtualmen!e _la única agencia nacional dedicada a la promoción del desarroU? eco11onuco. Los dineros requeridos para tales fines naruralmente proveman de las arcas del Ministerio de Hacienda pero el del Interior era el organismo encargado de gastarlos y administrarlos. Al principio sus funciones "econói_ni~" no estuvieron bien definidas, pero desde fines de los años 60 y pnnc1p1os de l?s 70 los encargados de la cartera fueron ampliando los departamentos exJSte~tes y creando algunos nuevos: entre las suhreparticiones administr~~vas más importantes -de carácter económico- pueden señalarse las oficm~s de correos y telégrafos, el Departamento de camino~! puen~es Y obras publicas, la Oficina nacional de ingenieros, la Inspecc1on nacional de ferrocarriles, y el Departamento de agricultura. Durante este período la prioridad del Ministerio consistió clarame~te en la modernización del sistema de comunicaciones y transportes a ruvel nacional. Que así fuese no tenía nada de extraño pues este programa efectivamente unía los objetivos claves de la adininistración en la esfera política y económica. El establecimiento d~ _una red más ext~nsa Y eficiente de comunicaciones, por ejemplo, facilitaba las tr~sacciones ~ercantiles, pero de manera igualmente importante contrihma a la c?n~hdación de la administración política a nivel nacional.24 De forma sunilar, la promoción de los ferrocarriles no sólo fa~or~cía la expansión d_el_ comercio sino que representaba un instrumento mdISpensable para el rap1do despliegue de las fuerzas militares donde eran requeridas: por ejemplo e~ el caso de incursiones de diversas tribus de indios guerreros o, alternativamente, para reprimir levantamientos provinciales dirigidos en contra del gobierno central.25 . El análisis detallado de la compleja relación entre la esfera económica y la político/militar, no obstante, trasciende los límites del presente ensayo. Nuestro propósito aquí consiste en limitarnos a la revisión de las funciones del Ministerio del Interior, estrictamente en términos de los programas de desarrollo económico adoptados por los gobernantes contemporáneos, y las formas de financiamiento que utilizaron para llevarlos a cabo. Para evaluar la importancia relativa de los diferentes proyectos emprendidos nos parece esencial proceder a la deli~~ación de 1~ c~tegorías funcionales en las que se encuadraban las actiVJdades economicas C. Marichal: Políticas de desarrollo y deuda externa en Argentina 97 bajo la jurisdicción del Ministerio. Comenzaremos con unos breves come!1tarios acerca de la operación del sistema de comunicaciones (correos y telegrafos) para pasar luego al de transportes (puentes caminos navega., f arril 26 , ' c1on Y erroc .. es). Este _enfoque nos ayudará a explicar por qué un campo de actIVJdad en particular - la construcción de ferrocarriles- se converti~ía. e~ el objetivo econóinico primordial del gobierno nacional desde pnnc1pios del decenio de 1870. EL ESTADO Y LA EMPRESA PRIVADA EN LA ORGANIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CORREOS ~l primer paso qu~ e~prendió la administración nacional para mejorar el sistema de comumcac1ones fue el establecuniento de un servicio de correos que abarcó a las catorce provincias de la república. Para realizar esta tarea, ~to el gobierno de Mitre (1862-08) como el de Sarmiento (186874), tuVJeron la fortuna de poder construir sobre las bases que habían sentado los gobi~mos anteriores. Más concretamente, durante la década 1850/60 !ºs_ ~1der~s de la Confederación ya habían formado el esqueleto de. un prurutJvo sistema de correos al autorizar la contratación de una sene de po~t~ Y dil~encias regulares para transportar la correspondencia entre las pnnc1pales cmdades del interior y a lo largo de los ríos Paraná ·y Uruguay.21 Estas iniciativas fueron continuadas después de 1862 y por una nueva ley d_e _1866 el Congreso Nacional estableció las condiciones a regir en los semc1~s contr_atados con los empresarios que se encargaban de las c?ntadas lmeas eXISt~ntes: De acuerdo con esta legislación, varias diligencias de corre?s deb1an ~1rcular por las cuatro principales rutas que conectaban la cmda~ de Cordob_a con las de Jujuy, Catamarca, La Rioja y Mendoza, respectivamente, mientras que la correspondencia entre los pue~los secundarios de las provincias del norte y occidente se conducía mediante postas de a caballo.28 . A P~ de l~s avances logrados a mediados de los años 60, la hurocraci~, Y las 1nstaJac1ones de estos servici<>s seguían siendo exiguas, no amph~ndose hasta unos años más tarde cuando la Administración Nacional de C~?'eos co~e~ó a consolidarse. En 1869 el Congreso autorizó la construcc1on de. edifi~1os adecuados para las oficinas en Buenos Aires y en ?tras poblaciones unpo~ntes y por primera vez se delegaron una serie de mspectores para superVISar las operaciones en todas las provincias. Los contratos pronto se multiplicaron en base a negociaciones con una multit~d de pequeñas compañías. El correo a reinitirse por el Río Paraná, por eJemplo, fue contratado con el naviero David Bruce y el del Río Uruguay �98 SigloXIX con el empresario Uladislao Barañao. En 1872 se firmaron acuerdos para el establecimiento de postas regulares entre Tucumán y San Juan Y para varias rutas en regiones del centro y oeste del país. Las comunicaciones ya existentes entre las capitales provinciales fueron complementadas por una serie de correos a los ·pueblos rurales pequeños, como podía notarse a raíz del establecimiento en 1873 de veinte líneas nuevas en la provincia de Buenos Aires y varias otras que llegaron a las colonias agrícolas recien29 temente fundadas en la provincia de Santa Fé . En el año 1876 _Y~ estaban en operación noventa y dos líneas de diligencias de correos subsidiadas por el gobierno nacional y unas treinta y cinco postas a caballo que alcanzaban, en su conjunto, a la mayoría de los distritos más poblados del país.Jo El sistema de correos nacionales creció con rápidez en años subsiguientes, según lo atestigua el hecho de que existi~~n unas, 400 oficinas postales a mediados de los años ochenta. Pero tamhien habria que rem~car que seguía siendo un servicio manejado esencialmente por firm~ pnvadas pues eran éstas las que efectuaban el transporte _terrestre y flu~al de la correspondencia. El gobierno, por supuesto, superYISaba las operacio?es pero su función fundamental consistió en apoyar a los numerosos capitalistas involucrados mediante el otorgamiento de subsidios y contratos.JI EL SISTEMA TELEGRAFICO: PRIORIDADES MILITARES Y MERCANTILES En contraste ·con los correos, la red telegráfica nacional fue controlada más directamente por el Estado. La construcción de este segundo y más moderno sistema de comunicaciones arrancó verdaderamente bajo la administración de Sarmiento. En octubre de 1869, el Congreso Nacional creó la Inspección General de Telégrafos y a partir de entonces esta oficina inició n~gociaciones con una serie de compañías contratistas para el tendido ~e miles de kilómetros de cables hacia el norte, sur y oeste de Buenos Aires Y 2 Rosario, incluyendo una línea que llegó hasta la frontera cbilena.J El costo abultado de estos proyectos requirió nuevas formas de fi. nanciamiento. En 1869 la legislatura nacional resolvió acudir al mercado local de capitales autorizando la venta de un monto considerable de ~onos estatales -llamados "acciones de caminos y puentes"- para financiar el programa de construcción de telégrafos así como algunas otras obras públicas.J3 De esta manera el gobierno pudo invertir unos 880 000 pesos (obtenidos en la Bolsa de Buenos Aires) para tender las largas líneas que cruzaron las provincias del interior y otras más cortas en el litoral. Para 1876 ya existían más de 8 000 kilómetros de telégrafos, de los cuales aproximadamente el 60% pertenecía al Estado. C. Marichal: Políticas de desarrollo y deuda externa en Argentina 99 Debe agregarse que tal empresa supuso 1a importación de grandes volúmenes de materiales -especialmente cables desde Inglaterra- lo cual obligó al gobierno a abrir una cuenta especial con la casa bancaria londinense de Cristóbal Murrieta and Co. para agilizar los pagos por el equipo contrátado.34 Ello revelaba la complejidad técnica y financiera que ya comenzaban a alcanzar los planes de desarrollo económico del joven gobierno argentino. L~ _importancia mercantil de estos proyectos era igualada por su utilidad militar como ha demostrado Colin Lewis en sus estudios acerca de las c:1~pañas co~tra los indios pampas en los años de 1870. El telégrafo ejerc10 un papel 1DStrumental en las mismas, facilitando de manera inédita los movimientos coordinados de tro~as a lo largo de las fronteras sur y oeste ~e la provincia de Buen?s Aires. 5 Por otra parte, no hay duda que políbcamente, este nuevo sIStema ultra/rápido de comunicaciones facilitó el proceso de centralización administrativa que había de culminar en los años 80.36 LA MODERNIZACION DEL SISTEMA TRADICIONAL DE TRANSPORTES: CAMINOS Y PUENTES Si ~ien el mejo~ami~nto de las comunicaciones mediante el correo y los telegrafos constituyo un objetivo vital dentro de los planes de desarrollo del Ministerio del Interior, más importante aún fue la reforma de los sis37 t~mas básicos de transporte. La tarea no resultaba fácil. A mediados del siglo XIX el vasto Y poco poblado territorio argentino contaba con una red caminera rudim~ntaria de raig;tmbre colonial.38 En la zona pampeana los ganaderos Y .:igr1cultores segu1an dependiendo de las lentísimas carret:18 de buey~, vehículo universal para el transporte de mercancías. A par~ del decemo 1830/40, algunos ricos propietarios y comerciantes establecieron empresas de carre~ qae pe~itieron un flujo de tráfico algo más regular, pero el gran ohstaculo contmuaba siendo el tiempo: se requerían semanas para trasladar el creciente volumen de lanas, caeros y granos hasta los puertos. Y el, problema se tomaba cada vez más agudo en la medida qae la frontera agr1cola/ganadera se iba extendiendo hacia el sur oeste y norte. ' En las provincias del interior los arrieros, con sus largas recuas de mulas, se encargaban del transporte a través de las zonas montañosas mientras que en los valles y las estepas semidesérticas se utilizaban diversos tipos ~e carros Y carr~tas que transitaban por las mismas rutas de hacía tres stglos. _La urgenc'.a de modernizar era aquí todavía más apremiante que en las regiones del litoral, pues las trayectorias de los viejos caminos no resul- �100 C. Marichal: Políticas de desarrollo y deuda externa en Argentina Siglo XIX ta.han adecuadas para las cambiantes nece~idad_es de sus _eco~?~ías. ~rante la colonia, el grueso del tráfico del mtenor se habia_ dirigido hacia las zonas mineras del Alto Perú o, alternativamente, a Chile, pero desde mediados del siglo XIX el comercio se reorientaba en direcci?n a los dinámicos polos de crecimiento surgidos alrededor de Buenos Aires Y Rosario. A partir de la independencia y has~. los años '60 l~ _gobiernos provinciales poco habían hecho para modificar la ~ed trad1:1onal d~ transporte, no sólo por la frecuencia de los conflictos mte~-regionales smo fundamentalmente a causa de la escasez de fondos. Umcamente en la provincia de Buenos Aires podía encontrarse una tesoreria lo suficientemente próspera como para pagar a las empresas contratistas e~ca~adas de re~aración y construcción de caminos. En el resto de la rep~~ca,_ en cambio, la implementación de un programa de reformas recaena meVItablement~ sobre los hombros del gobierno nacional y, más específicamente, del Ministerio del Interior. Durante la presidencia de Mitre, no obstante, los recursos ~~tales disponibles para tales fines fueron tan limitados que no s~ logro smo reparación de algunas viejas rutas.39 ~esde 1869, e~ ~amh10, se prod~JO un notable avance, especialmente a ra1z del establec1mtento_ d_~ la Ofi~ma Nacional de Ingenieros.40 A pesar de ser ésta una reparttc1on relat~vamente pequeña, habría de cumplir una misión fundamental en la reah_~ción del conjunto de los ambiciosos proyectos de desarroll~ que se m'.· ciaron bajo la administración de Sarmiento. Y así _lo reconocieron 1~ rru· nistros que llegaron a ocupar la cartera del Interior en años postenores. En 1878, por ejemplo, se señalaba: !ª Hasta 1869 las obras públicas se contrataron con empresas o compañías particulares sin intervención las más veces de personas competentes... ; creada la Oficina de'lngenieros en esa fecha, empezó a establecerse un sistema más regular en este impo~tante servicio de la administración pública. .. Fue... en ese periodo de 1869 a 1875, que se contrataron y empezaron en su mayor parte los ferrocarriles, puentes, caminos, líneas telegráficas, etc., ., 41 que hoy posee 1a N ac1on. Ingenieros nacionales como Pompeyo Moneta, Knut Lindmark, Carl~ Chriesternsson, Guillermo Villanueva y Julio Lacroze, entre otros, reali· zaron una tarea fonnidable, recorriendo el país para trazar los planos de los nuevos caminos, puentes y líneas ferroviarias proyectadas, publicando 42 sus informes y efectuando la inspección de las. obras en marcha. Fue precisamente a partir de este esfuerzo que se pudo comenzar a articular ~ programa coherente para expandir las principales arterias del comercio, 101 especialmente en las provincias del centro y occidente. En algunos casos, los mismos ingenieros estatales se encargaron de la construcción de las carreteras y puentes pero en general su labor consistió e? la sup_ervisión _de la 1ecución _de aquellos contratos negociados con diversas firmas pnvadas.4 Es decir, el E!>tado proporcionaba el financiamiento y la asesoría técnica mientras que los empresarios individuales se encargaban de reunir la mano de obra y llevar a cabo-la mayor parte de la construcción. Ilustrativo de tales capitalistas fue el multifacético catamarquefio. Adolfo Carranza, q~en tuvo especial empeño en promover el desarrollo de las provincias del noroeste del país. Habiendo obtenido los contratos para el transporte del correo desde Tucumán a Catamarca y San Juan en los aiios 60, pronto captó los contratos para el tendido de líneas telegráficas a lo largo de las mismas rutas. Por ello no. fue sorprendente que en 1873/74 decidiera entrar en negociaciones para la construcción de caminos entre estas ciudades ni que más tardíamente se convirtiera en activo promotor de los primeros proyectos ferroviarios en dichas regiones.44 El ejemplo de Carranza refleja con precisión de que' manera los programas de modernización de los sistemas de correos, telégrafos, caminos, p~entes y ferrocarriles estaban basados en una integración mutua y func10nal. En este sentido el gobierno jugaba un papel regulador fundamental fª que era la única instancia con capacidad técnica y financiera para unpulsar este paquete de servicios esenciales para el incipiente desarrollo capitalista. Los resultados iniciales, en lo que se refiere al transporte terrestre tradicional, no fueron espectaculares pero sí constituyeron un avance prometedor. Entre 1870 y 1875 el gobierno nacional financió el tendido de diez puentes importantes en las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y la construcción de 18 nuevas carreteras en las provincias.45 LOS PUERTOS Y LA NAVEGACION FLUVlAL: LA NEGLIGENCIA ESTATAL El mejoramiento de las instalaciones portuarias existentes y de los sistemas de navegación fluvial fueron objetivos complementarios asumidos por el Ministerio del Interior, pero en este caso, el monto de fondos efectivamente invertidos fue tan reducido que las iniciativas guhername~tal~ resultaron francamente decepcionantes. Es cierto, como ya se ha md1cado, que las autoridades nacionales firmaron una serie de contratos con diversas compañías de navegación para transportar el correo entre los puertos fluviales durante los aiios de 1863-74, pero posteriormente se cancelaron la mayoría de los subsidios, dejando el fomento del �102 Siglo XIX tráfico fluvial y de la marina mercante enteramente en manos de empresas privadas, locales o extranjeras.46 Más sorprendente aún fue la negligencia casi total del Estado con respecto a la modernización de los puertos, cuyas instalaciones no se habían modificado sustancialmente desde la época colonial a pesar del enorme incremento en el tráfico naviero internacional realizado a través de ellos. En 1869 dos grupos de capitalistas anglo/argentinos presentaron propuestas para dragar el puerto de Buenos Aires y construir algunos muelles, lo cual hubiese permitido que los navíos de mucho calado pudieran descargar directamente sin tener que efectuar el lento y engorroso proceso de transbordage como seguía siendo la práctica habitual. Pero ni la legislatura provincial ni la nacional aprobaron los proyectos a pesardelas enérgicas gestiones a su favor por parte de Sarmiento.47 Por consiguiente, el mayor puerto de la república seguiría operando con graves deficiencias hasta fines de los años 80. De acuerdo con las Memorias del Ministerio del Interior (1873 y 1874), las únicas obras portuarias emprendidas consistieron en el establecimiento de algunos faros, almacenes de aduanas y lazaretos, estos últimos sirviendo como oficinas de cuarentena establecidas a raíz de la terrible epidemia de fiebre amarilla de 1871 y de los brotes de cólera (durante 1871) en Buenos Aires y Corrientes. Las sumas ridículamente exiguas gastadas durante el período, claramente sugieren que las prioridades del gobierno no se orientaban a impulsar el tráfico fluvial o marítimo sino que se centraban en los requisitos del transporte terrestre y, de forma cada vez más acentuada, en la expansión de ese nuevo y revolucionario instrumento que era el ferrocarril. LA POLITlCA FERROVIARIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Dentro del campo del desarrollo económico puede argumentarse que la organización de la red ferroviaria nacional representó el mayor desafío técnico, administrativo y financiero que enfrentó el Estado argentino durante la segunda mitad del siglo XIX. De hecho, la construcción de los fe. rrocarriles absorbió cerca del 75°/o del total de gastos públicos asignados para proyectos de desarrollo a lo largo de los años '60 y '70 (véase cuadro I). Ello ayuda a explicar por qué en el año de 1880, el Estado ya controlaba cerca del 50°/o del kilometraje nacional de ferrocarriles, además de proporcionar cuantiosos subsidios para la mayoría de las líneas privadas (véase cuadro II). El repaso de los documentos contemporáneos revela, una vez más, el rol crítico de la administración de Sarmiento en la implementación de esta estrategia económica, aunque no debe hacerse caso omiso de aquellos an- C. Marichal: PolítiCO$ de desarrollo y deuda externa en Argentina 103 tecedentes legislativos y prácticos que contribuyeron a la formulación paulatina de_ ~na poi íti~ ferroviaria nacional.48 No hay duda, por ejemplo, que el regimen antenor, encabezado por el general Mitre, había considerado que la introducción de la locomotora era un prerequisito indispensable para el crecimiento económico. Pero es igualmente cierto que no sería hasta 1870 cuando el gobierno comenzó a determinar con precisión cual debía ser el papel del Estado en este sector. La experiencia extranjera sugería una serie de modelos posibles, como bien lo sabían los miembros más educados de la élite argentina. En Gran Bretaña y Francia el gobierno había asumido un rol insignificante en el desarrollo ferroviario, política que podía atribuirse a la extraordinaria abundancia de capitales que existían en aquellos países y que fueron canalizados hacia este tipo de negocio. En Estados Unidos, el Estado tampoco tomó una participación directa en las compafiías, pero las autoridaiJes federales las favorecieron ofreciéndoles una serie de atractivos incentivos en la forma de concesiones de vastas extensiones de tierras ricas en recursos naturales. En contraste, desde 1860, en Australia se produjo una situación radicalmente distinta, pues los gobiernos provinciales sostuvieron un virtual monopolio sobre la red ferroviaria, tendencia que podía atribuirse, al tnenos en parte, a la falta de interés por parte de ·ganaderos y mineros locales en invertir sus fuentes relativamente limitadas de capitales en empresas de esta naturaleza.49 . , Nu~~':°sos historiadores han sugerido que en el caso argentino tamb1en ex1s~~ una esc~ez de capital privado local, lo cual explicaría porqué se depend10 alternabvamente de empresas extranjeras o del mismo Estado para financiar su construcción. Esta disyuntiva, asimismo, podría considerarse como una de las causas del carácter contradictorio de las políticas adoptadas por el_ E~tado, La primera compañía ferroviaria argentina fue estatal; las dos s1gwentes fueron de capital británico y la cuarta de tipo "~xto'_', en la cual coparticipaban accionistas privados argentinos y britámcos Juntos, con el gobierno nacional.50 Al comenzar la década de 1870, sin embargo, la administración de Sarmiento resol~~ _imponer un programa algo más coherente para el fo. m~nto Y supervis1on del sector. Su iruíovación técnico/administrativo mas destacada fue la creación de una repartición especializada llamada Inspección Nacional de Ferrocarriles que dependía indirectamente de la Oficina Nacional de Ingenieros. Este nuevo departamento, encabezado inicialmente por el ingeniero Pompeyo Moneta, tuvo jurisdicción sobre el diseño d~ !odas las rutas proyectadas, además de ser responsable por la implementac10_n _de 1~ leyes sobre operación de ferrocarriles que fueron ratificadas casi sunultaneamente por la legislatura nacional.51 �.... o ~ CUADRO 1 en ~ o ~ INVERSIONES ESTATALES REALES EN PROGRAMAS DE DESARROLLO ECONOMICO* (en miles de pesos fuertes) (1863-1880) Año Obras (a) Públicas 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 104 135 100 43 20 82 197 195 205 178 419 424 44 46 122 69 1 591 614 325 890 1 160 2 136 3 728 1875 1876 1877 1878 1879 1880 299 250 67 132 71 89 5 149 1 560 359 1,122 530 1 430 Construcción (c) Telégrafos Construcción (b) Ferrocarriles - - -15 1 1 ;- ' 25 293 298 297 60 70 13 25 78 40 30 Construcción Edif. Publ. 22 34 21 15 6 14 21 79 53 66 159 177 Inmigración L" 2 15 15 15 22 25 71 53 66 159 177 Agricultura -r 12 12 28 46 ~ 232 223 59 30 232 223 321 379 498 396 ~ .,¡:;• 41 * La infonnación incluída en este cuadro se refiere únicamente a inversiones de capital para ampliar instalaciones, etc. No se incluyen aquí los gastos ordinarios por operación de los servicios. Este rubro incluye esencialmente inversiones en construcción de caminos y puentes aunque ocasionalmente algunos gastos de subsidios a empresas de navegación o referentes a algunas obras portuarias. b) Este rubro incluye inversiones directas por el Estado en los ferrocarriles Andino y Central Norte adec) más de garantías pagadas a compañías privadas en proceso de construcción. En este rubro se incluye el monto de capital líquido y de bonos entregados a los contratistas para la construcción de los telégrafos estatales. No se incluyen los 30 000 pesos anuales que se pagaron a la empresa del telégrafo transandino entre 1869 y 1880 ni los dineros invertidos en telégrafos militares; éstos últimos comenzaron a ser importantes en 1875. a) :,- ~ ~ i: ~ i '< ~ 1: ~ ~ ~ g FUENTE: Memoria de Ministerio de Hacienda {1863-1880), en particular las "Cuentas de Inversión". De particular utilidad fueron los resúmenes estadísticos de las Memorias de 1876, pp. LXXXVI-XC y de 1880, p. XLV-LXXIX. (1) :, :i.. ~ ~ 1· ..... ~ �106 Siglo XIX C. Marichal: Políticas de desarrollo y deuda externa en Argentina CUADRO II FERROCARRILES ESTATALES Y PRN ADOS COMPARADOS (1865-1880) (en ºJo de 1as variables elegidas) . ,,(a) Ferrocarriles estatales y " mixtos Kilometraje Capital declarado Pasajeros transportados Carga transportada Ingresos totales 1870 1875 1880 ºlo ºJo º/o º/o EL EMPRESTITO DE 1871 Y LA POLITICA FERROVIARIA 58 50 32 78 68 31 74 40 70 50 36 55 53 65 54 34 56 55 El 16 de mayo de 1870, el mandatario argentino Domingo Sarmiento presidió las ceremonias de inauguración del Ferrocarril Central Argentino que unía las ciudades de Rosario y Córdoba. Esta línea, iniciada cinco años antes, había sido construída con capitales mgleses y argentinos.52 Para Sarmiento, su terminación significaba una combinación de adelantos de carácter económico y político. Declaró : 71 Ferrocarriles privados (b) Kilometraje Capital declarado Pasajeros transportados Carga transportada Ingresos totales El otro paso impo.rtante que emprendió el gobierno nacional fue la planificación y construcción de un esqoeleto de Iíneas a través de las provincias, extendiendo la ruta ya existente de Rosario-Córdoba hacia el norte a Tucumán y hacia el oeste a Me,1doza. Pero para realizar estas obras se requería una cantidad sin precedentes de capitales, recursos materiales y mano de obra. Para cumplir con taJes necesidades, en 1870 el Congreso Nacional aprobó la emisión de un gran empréstito extranjero -conocido como el ''Empréstito de Obras Públicas"- que, dicho sea de paso, fue el mayor préstamo que ·el gobierno argentino había solicitado hasta entonces. 1865 53 42 50 68 29 47 22 32 69 26 60 30 50 64 45 47 35 46 64 44 45 a) Ferrocarriles estatales y "mixtos" se refiere a 4 em_presas fer~oviart; El Ferrocarril Oeste de la Provincia de Buenos Air~s (propiedad e obiemo de la Provincia de Buenos Aires; Ferro~arril Andmo Y ~en~ral Norte del gobierno nacional; y el Ferrocarril Central Argentmo, empresa mixta. b) Los ferrocarriles privados eran cinco empresas pr?piedad de ca1;>italistas británicos: Ferrocarril Gran Sur de Buenos Arres; Ferrocru:z-il Buenos Aires-Ensenada; Ferrocarril Argentino del Este; Ferrocarril Norte de Buenos Aires; Ferrocarril Buenos Aires-Rosario. FUENTE, El cuadro está basado en un resumen de las estadístic~ detall~: das sobre todos los ferrocarriles que se encuentran en las Memorias del M nisterio de Obras Públicas (1898-1899). 107 El ferrocarril inaugurado será el resorte principal de la unión de la República en sus intereses materiales, como conductor de sus progresos morales y como agente para la realización de sus instituciones. ..53 La construcción del Central Argentino constituía, sin duda, un primer paso en esta dirección, pero además, las autoridades gubernamentales tenían muy claro que debía ser ampliado y completado con una serie de líneas troncales adicionaJes que alcanzaran a las demás capitales del interior. Dentro de este programa , dos prioridades concretas, de carácter geo/político y económico se perfilaban con nitidez: la primera consistía en la necesidad de construir una línea ferroviaria (que se llamaría Ferrocarril Central del Norte) desde Córdoba hasta las provincias norteñas de Tucumán, Salta y Jujuy. La segunda meta se abocaba al tendido de una vía férrea (que se llamó FerrocarrilAndino)haciael oeste, hacia San Luis, :,an Juan y Mendoza. En realidad ambas trayectorias habían sido proyectadas desde hacía algunos años. La propuesta más antigua -aceptada por el gobierno de la Confederación en la década del '50- había contempJado la posibilidad de crear una ruta transcontinental desde Rosario, pasando por Córdoba y llegando eventualmente a Valpara íso en Chile, uniendo el Atlántico con el Pacífico mediante el riel. Tales esperanzas, excesivamente ambiciosas, pronto se vieron frustradas, pero a partir de principios de los años 60 �108 Siglo XIX C. Marichal: Políticas de de8arro/lo y deuda externa en Argentina . · · · l · portancia numerosos legisladores naci~nales volVIer:n a ~IS~rl:nco~:cción de que tendría para la formac10n del Emlerca od na~1?t Sarsfield afirmó en una línea troncal de este a oeste. sena or e ez 1862 que El ferrocarril creará un gran centro de comercio en Córdoba~ al . , sin duda todos los pueblos que hoy comercJ.aD cual Chile concurrrran, • se hallan al pie • de la Cordillera busLos pueblos que . con, . . .m as' u' til y más fácil • las mercaderías caran como . 54 que vienen del Atlántico al puerto de Buenos Aires o Rosano. , tard e, en noVI·embre de 1867 ' el gobierno 1nacional. ratificó Unos años mas . d un decreto que asentaba_ la urgenJte ne)ces;dad de a~erc~l ~i:;~VI;::ori~ Cuyo (Mendoza, San Luis y San uan a os merca, os : d b la realización de un detallado estudio topografico y ~nanc1ero e 1a za a línea. Esta se !Jamaría "Ferrocarn.1,Andino,, y su pnmer .tramo futura h co/ , d de Villa María (la última estacion del Central ArgentJno) asta rrenaCuarto es ambas en la provincia d e Cor , do ba.55 por otratalparte' se ., anunRío ' para llevar las v1as , h asta Mend za aunque extens10n se ciaron planes percibía como todavía algo prematura. ° · La idea de construir•un ferrocarril hacia el norte a •~_provincia de T;cumán (que pronto se convertiría en una importante regi~n ~rod;ctorad e azúcar) era más novedosa. Pero desde fines de los añ~s , O, os iputa os senadores de las provincias nortefias estaban preSiona~~o con mayor !hínco aún que sus colegas de Cuyo para lograr la/ontrat~~: .de u::.:;: troncal que diese salida a los productos locales. orno sen a e1s . nal. de Jujuy, Araóz, este proyecto era indispensable para el desarrollo regio · P~ºi Por falta de este ferrocarril se puede decir que está, muerta_ la d ·ón O ahogada en todas esas provincias (Tucuman, Santiago e . Y Salta) • • • Este será la gran arteria ·que llevad lal sanEucci stero, JUJUY gre vivificante las acción de los capitales, de las ideas Y e. proe o de Ei:ir;pa y especialmente del litoral y de Buenos A~es a gr s estas provmcias . . que se encuen tran casi en completa mactodas •, 56 cion.,. El roblema principal que enfrentaban los legisladores de_ 187~ se cifraba en 1as formas de financiar la deseada red ferroviaria en el mten?r de la nación. El capital local era extremadamente escaso en estas regiones y los obiernos provinciales no contaban con los abundantes recurs~s ~e las gh as provincias del este. Las únicas opciones reales, por consigment~, erman . consegwr consistían en ofrecer concesiones a empr~9:19 extranJeras O en que el gobierno nacional asumiese esa prodigiosa tarea. 109 Las opiniones estaban divididas. Inicialmente se abrieron negociaciones con el empresario William Wheelwright, que estaba terminando la línea de Rosario a Córdoba. En conversaciones preliminares las autoridades estatales sugirieron que se le adjudicaría la concesión para la nueva ruta a Tucumán y J ujuy, pero paulatinamente las relaciones entre el flemático capitalista y el gobierno se enfriaron.57 Que así fuese se debió, en buena parte, a la emergencia de un movimiento popular en la ciudad de Córdoba. Más concretamente, cuando los rieles del Central Argentino finalmente llegaron a Córdoba en la primavera de 1870, los habitantes de la provincia, comerciantes, ganaderos y pequeños agricultores, esperapan grandes transformaciones pero pronto fueron defraudados. Los directores británicos de la empresa inmediatamente aumentaron las tarifas sobre el transporte de pasajeros y mercancías. Por lo tanto no fue sorprendente que unas semanas después de la inauguración las-protestas se multiplicasen y que se celebrasen reuniones públicas en la ciudad para protestar contra los abu58 sos de la compañía. Al mismo tiempo, algunos artículos comenzaron a circular en la prensa cordobesa sugiriendo la conveniencia de nacionalizar al ferrocarril. Estas propuestas pronto se hicieron escuchar en los salones del Congreso Nacional. Varios senadores recordaron que, tanto Mitre como Sarmiento, habían invertido cuantiosas sumas de dineros públicos en el Central Argentino desde sus inicios en 1865. De hecho, entre esa fecha y 1870, el Ministerio del Interior había desembolsado aproximadamente dos millones de pesos para adquirir acciones de la empresa, además de concederle cerca de 200 000 hectáreas en tierras públicas y otorgarle subsidios anuales que ya totalizaban un millón de pesos.59 A pesar de ello, ni Wheelwright, ni los demás directores extranjeros de la firma manifestaron su disposición a rebajar las tarifas. Cuando la administración de Sarmiento decidió hacer públicos sus proyectos ferroviarios, en junio de 1870, quedaban pocas dudas que el único camino políticamente viable consistía en el control estatal sobre los nuevos ferrocarriles a construirse. El ministro de Hacienda, Gorostiaga, hizo notar que sin estas vías resultaba dudoso que la economía argentina pudiese lograr los niveles de prosperidad de los países capitalistas más avanzados, afiadiendo: Estamos conformes en que es más conveniente que esas grandes obras se ejecuten por cuenta de la Nación y no por empresas particulares (ya) que sería necesario formarlas con fuertes garantías y con grandes recompensas...60 La cuestión clave entonces no era el control privado o estatal - pues �110 SigloXIX ya se había decidido a favor de este último- sino específicamente cómo reunir los dineros requeridos. En general existía consenso que sería virtualmente imposible conseguir suficientes fondos en la Bolsa de Buenos Aires. Por consiguiente, el poder ejecutivo propuso que se emitiera un gran empréstito externo por valor de 30 millones de pesos fuertes (aproximadamente 6 millones de libras esterlinas) en los mercados europeos de capital. De esta enorme suma aproximadamente 60°/o se destinaría a proyectos ferroviarios estatales, 20°/o para obras portuarias y para la cancelación de algunos créditos impagos, y finalmente, 20°/o para cubrir los gastos de colocación, comisiones de banqueros, etc. (cuadro III). En su conjunto la propuesta de un " préstarn¿ para el desarrollo" fue aceptada por unanimidad en las Cámaras de Diputados y Senadores, pues aún los más acérrimos opositores del gobierno, como Nicasio Oroño, senador por Santa Fé, reconocían que la nueva transacción financiera representaba una ruptura, en cierto sentido radical, con el pasado y en particular con el endeudamiento militar que había caracterizado a la administración de Mitre. Oroño hizo notar en el recinto que Es sabido que las deudas casi todas de la República Argentina han sido contraídas para sostener guerras fratricidas. Ahoia (el gobierno) piensa de otro modo, piensa que debe contraer esos emprés61 titos para hacer ferrocarriles... _ Y luego añadió: "Acepto ese empréstito en las condiciones que viene porque se destina por primera vez en la República Argentina al desarrollo de los intereses materiales del país...''62 A pesar del consenso acerca de los beneficios a obtenerst mediante empréstitos para el crecimiento económico (en contraste con préstamos para la guerra) existían ciertas discrepancias con respecto al destino de los fondos que se obtuvieran. Para un grupo de senadores encabezados Por Aiaóz, de Jujuy, el dinero debía utilizarse en primer lugar para estatizar el Ferrocarril Central Argentino y luego para financiar la construcción de nuevas I íneas.63 Tales propuestas incitaron al ministro de Hacienda a acusar a los legisladores disidentes de estar proponiendo medidas que violarían los derechos a la propiedad privada establecidas por la Constitución de 1853. Más pertinente y convincente fue su argumento de que cualquier plan de nacionalización casi seguramente haría fracasar la negociación del empréstito externo. C. Marichal: Políticas de desarrollo Y deuda externa en Argentina 111 El ministro Gorostiaga exclamó.entonces: No se podría ir con esa ley señor .d ropeos, y mucho menos a' la pres1 :nte, a los mercados eumundo, como se ha dicho d Igranl capital de los capitales del • e ng aterra a pedir c · tal verur a expropiar una propiedad en ue , , . a~1 es para los principales accionistas.64 q los subditos mgleses son El argumento era contundente y or co . . retirar su propuesta aunque n .P d . ns1gu1ente los senadores decidieron lativamente moderadas. o sm e1ar constancia de sus protestas, ya rePor último, quedaba pendiente la cuestión de) , de las condiciones a exigir por lo b monto del prestamo y gabinete opinaba que la colocac· ,s danqlueros _encargados de la emisión. El , ion e os tremta ·11 d nos deh1a ser negociada con una fuert fir b ~ ones e pesos en boanunciar públicamente cual había de :er a~can~ ~e Londres, pero sin biemo. El responsable de Hac·e d . -~ prec10 m1,mmo aceptable algosistiría en otorgarle poderes~ nli;/;:¡mº que el _metodo más efic'._1Z conestaba en camino a la capital: lesa :;:nte ofic1~ de Argen~a (que ya la mejor oferta. g ) P que pudiese detennmar cual era 7ª Por otra parte, la poderosa casa de B . B h do al ministro de Hacienda que si I t ~;gd rot ers ya le había adverticar los bonos exitosamente te d :18 au on a es argentinas deseaban coloción, tanteando a los difer~ t n ~an que pro~eder con la máxima discremiento público que despertarnaesl anc?~, y ealvitando cu~quier pronuncia. a avanc1a o ternati !os mversores potenciales.65 ' vamente, e1 temor de Los legisladores no se opusieron a este ar caron el gran volumen del présta El d gumento pero algunos critihincapié en los peligros que pres::.~ , sena or Or?,ño, por ejemplo, hiw se podían invertir los fondos recib .dna una operac1on tan cuantiosa si no mente designada. El caso del empr~:s c:~ rapi;e~ y en la fonna previa1858 era ilustrativo: los fondos ohte -~ c e~ ~ errocarriles del año de absorbidos por un grupo de ca italis m os _en on r~ fueron rápidamente sidente Montt. El oro extr . p habt::18 chil_enos, arrugos o aliados del preanJero ia semdo par t· J al 1ocal pero no contrihu ó d . . . . a es imu ar comercio . . y e manera significativa a la tr . , f VIana. Ahora en 1870 el Estad . cons ucc1on erro. o argentmo enfrentab • ., Jante ya que no era probable 1 . . a una s1tuac1on semeque os seJS millones de lib 1· diesen ser invertidos inmediatamente en Jo f . ras ester mas pusenador Oroño observó que s errocarriles programados. El La oportunidad ·es la más brillante difícilmente se podrá encontrar para hacer el empréstito y otra mejor por el bajo interés �112 C. Moricha/: Políticas de de,arrollo y deuda externa en Argentina Siglo XIX del dinero en Europa... Pero en e~ta mateJiª· .. la experiencia y la historia nos aconsejan ser muy discretos. La "discreción", sin embargo, no constituía la máxima prioridad de los dirigentes políticos en esa coyuntura. Lo urgente era aprovec~ar la fie~re especulativa en Ja Bolsa de Londres para obtener el oro req~endo para implementar los ambiciosos lroyectos. de desarrollo que hab ian hecho presa de la imaginación de la ebte argentma. EL DESTJNO DE LOS FONDOS DEL EMPRESTITO DE OBRAS PUBLICAS DE 1871. Cuando el agente oficial del gobierno argentin~, ~ariano Vare!~, ~ornen, a negociar los términos específicos del emprest1to de obras públicas en ~: ciudad de Londres, recibió una carta de Sanniento e~ la cual se le recomendaba que abriera discusiones con la casa bancana de Tho?15on, Bonar. Ello ocurría en octubre de 1870, pero pocas semanas despues Vareta estaba celebrando conversaciones paralelas y secretas con por ~o _menos dos firmas londinenses adicionales, Lo~s Cohen and Son~ y Cnstobal · ta and Co67 Las negociaciones continuaron hasta abril cuando el Murne . L . . , . rta sen contrato definitivo fue firmado con Murrieta. a noticia causo_ c1e : sación entre los círculos financieros de Europa y de Buenos Aires, no~lo por el desplazamiento de los dos primeros me;chant ~anks mencionados, sino sobre todo porque el gobierno no habia ~refendo bu_scar los servicios de la prestigiosa banca de Baring B~ot~ers, la firma financiera ~ue se habí!\ encargado de los ante~ores ~mp~estitos ~xtemos de Argenbna: Pero la casa de Murrieta tambien tenia vmculos _1mportant~s. con el gol biemo argentino desde hacía algún tiempo, habiendo participado e~ e financiamiento del Ferrocarril Oeste de la Provincia de Buenos AtitS 68 (empresa estatal) desde 1860. Posiblemente el hecho de que la firma de Murrieta n? fuese de las~ meras del mercado londinense haya sido un fact~r ~ue dific~tara la ve do de los seis millones de libras en bonos del emprestlto argentino. En to caso, Murrieta solamente pudo colocar tres millon~ de1lib~as en _1~71/72: después de lo cual las ventas amainaron.69 En ello mfluyo la_ ~nSlS finan ciera internacional de 1873 que provocó una baja en l:15 act1V1dades bur: 'til E última instancia los banqueros se vieron obligados a vender pe sa es. n , d, d · d h~· queñas parcelas de bonos argentinos durante toda la eca a no sien ? . ta 1880 cuando se vendió el último lote de los valores de este empre¡;tito. d: En la práctica, por consiguiente, tanto la re~epción de los fondos empréstito de 1871 como su desembolso efectivo tardaron m_ucho ~ . 70 tiempo de lo que se había estimado en un principio. Para explicar cu es ll3 fueron los métodos empleados por las autoridades hacendarías argentinas para escalonar las operaciones financieras puede resultar conveniente prestar una atención especial al "ciclo de vida" del empréstito, o sea sus distintas etapas. En la primera etapa -correspondiente a los años de 1871 y 1872- el gobierno recibió el grueso de los fondos del empréstito. De acuerdo con los objetivos marcados por la ley de agosto de 1870, los dineros debían destinarse para la construcción de ferrocarriles estatales, la modernización de puertos y, en menor grado, la devolución de algunas deudas pendientes (véase cuadro ID). Sin embargo, desde fines de 1872, apenas se habían iniciado las obras públicas proyectadas. Por lo tanto él ministro de Hacienda resolvió que se utilizaran los dineros para cancelar un viejo préstamo otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires al gobierno nacional, colocando el oro restante en cuentas abiertas con varias instituciones bancarias de la capital. De acuerdo con el informe anuaJ de 1872 _(presentado al Congreso por el Ministerio de Hacienda), la mayoría de los fondos fueron depositados en el Banco de la Provincia a una tasa de interés del 5°/o anual, en bancos privados a 7°/o, y otra porción en letras de crédito a 8°/o. Un año más tarde el poder ejecutivo informaba que m:ás de ocho millones de pesos fuertes seguían en las cajas del Banco de la Provincia.71 El Estado, evidentemente, estaba recibiendo intereses sobre sus depósitos pero, al mismo tiempo, tenía que efectuar todavía mayores pagos a los tenedores de los bonos. Durante los dos primeros años de vida del empréstito, por lo tanto, el oro de Londres no fue utilizado para financiar actividades productivas, sino que fue transferido para su custodia a las arcas de diversos bancos bonaerenses. De esta manera, tales instituciones financieras recibieron una tremenda inyección de capital a corto plazo que pudieron utilizar para incrementar sus operaciones ordinarias de crédito.72 Pero, eventualmente, el gobierno si pudo comenzar a canalizar los ingresos externos hacia las obras públicas proyectadas, lo que constituía una segunda etapa en la vida del préstamo. La mayor parte del efectivo fue utilizada para la construcción de los ferrocarriles estatales. Más concretamente, las primeras partidas se destinaron al ambicioso proyecto del tendido de) Ferrocarril Andino desde la provincia de Córdoba hasta la de Mendoza. Dos millones de pesos fuertes del préstamo se gastaron entre 1872 y 1874 en la construcción del primer tramo- que cubría el trayecto de Villa María a Río Cuarto- alcanzando unos 132 kilómetros. Una ex~nsión de Río Cuarto a Villa Mercedes en la provincia de San Luis iniciada en 1873, absorbió otros dos millones de pesos73 (véase cu~dro III). En su conjunto para 1875 las dos secciones del Andino cubrían �114 Siglo XIX 254 kilómetros, siendo equipadas con varias locomotoras y varias docenas de vagones de pasajeros y de carga. De acuerdo con los planes del Ministerio del Interior la línea debía seguir avanzando hacia el oeste para dar salida a la creciente producción agrícola y frutícola de Cuyo. Pero la grave crisis fiscal que sufrió el gobierno nacional, a principios de 1876, trajo el virtual congelamiento de las obras públicas en marcha. Por ello, no sería sino hasta 1880 que las autoridades pudieron reemprender e impulsar la construcción del Andino para alcanzar su meta definitiva. Con el dinero proveniente de un nuevo empréstito, negociado en 1881 con banqueros franceses e ingleses, los ingenieros y obreros argentinos lograron colocar los rieles que llegaron hasta San Luis en 1882, La Paz en 1883, Maipú en 1884 y las capitales de Mendoza y San Juan en 1885. Al presidir la inauguración de la línea ya completada- después de 15 años de trabajos- el presidente Roca se refirió a la ciudad de Mendoza como "la Chicago Argentina", añadiendo que el ferrocarril permitiría un gran aumento en la exportación de vinos y frutas de esa región, "nueva tierra de Canaan que se abre a-la inmigración y a los capital~s argentinos y extranjeros".74 El otro gran proyecto ferroviariG estatal iniciado con los fondos provenientes del empréstito de 1871 fue la construcción de la ruta denominada "Central Norte" que unió a las ciudades de Córdoba y Tucumán. Iniciada en 1872, se llevó a cabo bajo la dirección del contratista Telíener (un empresario y aristócrata de origen austriaco) cuya empresa trajo docenas de técnicos y obreros especializados de Europa para realizar los trabajos, aunque el trazado básico fue efectuado por miembros de la Oficina Nacional de Ingenieros. El gobierno financió el conjunto de las obras entregando al contratista una mitad de los fondos en efectivo y la otra mitad en bonos del empréstito.75 A su vez, Telfener entregó los títulos a varias firmas financieras para que procedieran a venderlas en la Bolsa de Londres. Con ese dinero, la empresa pudo adquirir el equipo esencial que requería para la puesta en marcha del ferrocarril: rieles, materiales para puentes, locomotoras, vagones, etc. Para mediados de 1875 la vía ya había llegado a Tucumán, siendo la línea ferroviaria más larga de la nación (547 kilómetros). Poco después de concluída la obra, el influyente periódico el London Times atacó al conde Telfener, sugiriendo que había robado ingentes cantidades de dinero merced al contrato. Esta difamación, sin embargo, no tenía fundamento pues -como ha señalado Scalabrini Ortíz- una comisión oficial realizó una detallada investigación a raíz de las denuncias levantadas y encontró que el contratista había cumplido al pie de la letra con las estipulaciones acordadas con el gobierno.76 La crítica britá- C. Marichal: PolítiCM de desarrollo y deuda externa en Argentina 115 nica parecía obedecer a los recelos de las compañías privadas ferroviarias (de capi~ inglés) que habían comenzado a operar en el Río de la Plata, pues tem1an los avances del Estado en este terreno. CUADROIII EL EMPRESTITO DE OBRAS PUBLICAS DE 1871 CUENTA DE FONDOS AUTORIZADOS Y GASTADOS (en miles de pesos fuertes) Objetivo Empréstito Banco de la Provincia Ferrocarril Andino Ferrocarril Central Norte Puerto de Buenos Aires Fondos Autorizados 2 800 000 2 800 000 ººº 4 696 255 14 700 000 9 276 208 4 000 000 184 893 2 150 Puerto de Rosario Gastos Emisión de los Bonos Totales Fondos Invertidos 350 000 6 ººº 000 30 000 000 350 6 ººº ººº 000 23 307 356* *Saldo: De acu_erdo con la Memoria de Hacienda de 1880 el saldo restante de 5 845 643 pesos fuertes se gastó de la siguiente manera: 1) 3 837 144 en compras de annamentosporley del 16 de mayo de 1879 2) 1 161 4?2 e.~ gastos finan~ieros dive~sos incluyendo pagos de intereses y amortizac10n sobre el mismo emprestito. 3) 694 008 en bonos sin colocar FUENTE: Memoria del Ministerio de Hacienda (1880), p. 100. Para un d~sglose detallado de los desembolsos hasta 1876, véase Memoria de Hacienda (1876) sección 11, Parte IV, p. 83. �116 SigloXJX No había dudas: el establecimiento de esta poderosa em~res_a estatal abría una parte del centro/ norte del país al d~ll~ cap1tal1sta. Y régimen pres1denc1al de 1880-86 sob re esta 1,mea troncal el subsim,,ente i,, al · t había de construir una espesa red de ram~es qu~ alcanz:i-nan . con1un o de los distritos más productivos de la region. As1 lo hab1a preVIsto el pi~ original de 1870 y así Jo previó el presidente Avellaneda en su mensaJe oficial de 1877: Este hecho Qa inauguración del Ferro;ai:ru Có~doba-T~cumán) es el acontecimiento capital de los úl_ttmos tiempos,. por sus efectos sociales y económicos que empiezan ya a sentrr~e. Los habitantes del norte de la República han q~edado ap~oxrmados en diez o doce días a las ciudades comerciales del litoral que proveen con las mercaderías extranjeras a la may?~ parte de ~s consumos y los valiosos productos de aquella reg1on de la Rep~blica se e~cuentran a su vez en posesión de nuevos mercados. .. Por último, cabe agregar que los fondos restantes del Empréstito _de Obras Públicas -unos cinco millones y medio de pesos fuertes- tuvieron un destino bastante distinto del que se había proyectado o~almente. ~e acuerdo con la legislación de 1870, algo más de cuatro mill?nes deb 1an utilizarse para la modernización de los puertos de Buenos Aires Y Rosario. En la práctica, apenas medio millón se desembolsaron para este fin mientras que casi 4 millones se gastaron en la compra de armamento en Europa. ¡Era éste el precio que había que pagar por el progreso! REFLEXIONES FINALES En resumidas cuentas, el Empréstito de Obras Públicas de 187~ r~ultó una transacción financiera cara, pero no improductiva. Sus pnnc1pales defectos fueron dos. En primer lugar, el largo plazo que ocuparon tanto la recepción como la inversión de los fondos imp~CÓ :nertes gastos fi. nancieros sobre capitales que no produjeron beneficios smo hasta algunos años más tarde. En segundo lugar, el propósito original de utilizar una porción de los fondos en obras portuari~ quedó ~~virtuado ya que_ ~e desembolsaron principalmente para finalid~des m~~res_- ~~ro tamh1en fue cierto que la mayor parte del oro extran1ero recib1~0-s1Mo_ para la r~lización de una serie de importantes proyectos ferroVIanos baJo las administraciones de Sarmiento y Avellaneda. El volumen de fondos invertiaos en el sector ferroviario demostró con claridad que éste se había convertido en el ámbito_ prioritari~ de los programas de desarrollo económico del ~s~do ~entm?. ~ cifras de inversión estatal en infraestructura econonuca as1 lo md1can, aunque C. Marichal: Políticas de desarrollo y deuda externa en Argentina 117 variaron sustancialmente de año en año: antes de 1870 no alcanzaban al 5°/o de los gastos totales del gobierno nacional; entre 1870 y 1875 la inversión ascendió hasta cerca del 20°/o de los desembolsos globales; pero luego de la crisis internacional tendíó a decaer ya que entre 1876 y 1880 bajó a poco menos del 10°/o?8 Sin embargo, la nueva tendencia era manifiesta: la promoción del desarrollo económico se había convertido en una de las prioridades de las funciones del Estado argentino. Tales logros, como ya se ha sugerido, constituyeron precedentes fundamentales para la administración del general Roca (l.880-1886), cuyos programas de expansión ~conómica se asentaron, por lo tanto, en bases ya sólidamente establecidas. NOTAS 1.- En el caso argentino resulta curioso constatar que existe un mayor número de estudios detallados sobre las finanzas estatales de la primera mitad del siglo XIX que sobre la segunda mitad. Para el período de 1800-1850, véanse por ejemplo, Miron Burgin, The &onomic Aspects of Argentine Federali.sm, 18201852 (Nueva York, 1946); Tulio Halperín, Gue"a y finanzas en los orígenes del Estado argentino {1791-1850) (Buenos Aires, 1982); Juan Carlos Vedoya. La verdad sobre el empréstito Baring (Buenos Aires, 1971); y Sergió Bagú. El plan económico del grupo rivadaviano {1811-1827) (Buenos Aires, 1966). 2.- El ejemplo más relevante posiblemente sea el reciente trabajo del sociólogo Osear Oszlak, La formación del Estado argentino (Buenos Aires, 1982). 3.- Véanse, entre otros, los trabajos de Steven Topik, The Political Economy of the Brazilian State, 1889-1930 (Austin, Texas, 1987); Heraclio Bonilla, Guano y burguesía en el Perú (Lima, 1974); y Linda Alexander RodrÍguez, The Search for Public Policy: Regional Politics and Govemment Finances in Ecuador, 1830-1840 (Los Angeles, 1986). 4.- Por ejemplo, Oszlak llega a afirmar en una oportunidad que el Estado argen- tino del siglo XIX se encargó de "crear, transfonnar, promover y_ .. ensamblar los diferentes factores de la producción, regulando sus relaciones." Ello sugiere una imagen equivocada de un Estado casi omnipotente. Oszlak, op. cit., p. 141. 5.- Jean Bouvier, "Histoire financiere et problemes d ·anafyse des dépenses publiques", Anales E.S.A. no. 2 (marzo-abril, 1978), pp. 207-215. 6.- Un excelente trabajo en este sentido es el de José Carlos Chiaramonte, Nacionalismo y liberalismo económicos en Argentina, 1868-1880 (Buenos Aires, 1971). 7 .- En el caso argentino se ha prestado particular atención a la implementación de políticas monetarias: A. G. Ford,El patrón oro, 1880-1914. Inglaterra y Argen- �118 Siglo XIX tina (Buenos Aires, 1966); J. H. Williams, Argentine lntemational Trade under Inconvertible Currency, 1880-1900 (Cambridge, Mass. 1920); H. Cuccorese, Historia de la conversión del papel moneda en Buenos Aires (1861 -1867) (La Plata, 1959). Sobre la implementación de políticas arancelarias véase Chiaramonte, op. cit., y Carlos Díaz Alejandro, Ensayos sobre historia económica argentina (Buenos Aires, 197 5). 8.- Sobre el tema específico del financiamiento estatal del desarrollo económico hay pocas muestras en la bibliografía histórica argentina. Para el periodo 18601890 quizá las obras más útiles sigan siendo las de Alberto Martínez, El presupuesto nacional (Buenos Aires, 1890), y la de Eteocle Lorini, La República Argentina e i suoi migliori problemi di economia e di finanza (Roma, 19021910), 3 vols. 9.- A fines de la dúcada de 1890 se llevó a cabo una importante reforma administrativa a partir de la cual se desdoblaron las principales funciones económicas del Ministerio del Interior en dos nuevos ministerios: el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 10.- Véase Barbara Tenenbawn, "Hwnboldt's Heirs: Development Planning in Mexico under th~ Reforma and the Empire", trabajo presentado al X Congreso del Latín American Studies Association. ll .- Para el caso brasileño véase la discusión acerca de las consecuencias del decreto C. Marichal: Políticas de desarrollo y deuda externa en Argentina 119 Gregorio Weinberg, Mariano Fragueiro, Pensador Olvidado (Buenos 1958). Aires, 17.- ~bre la ~storia temprana del Ferrocarril Oeste véase Eduardo Zalduendo, 1 ~ b"!" ->; ne/es <But:n~s Aires, 1975), pp. 264-283. Sobre el Banco de la Provtncta vease O. Gamgos. El Banco de la Provincia de Buenos Aires (Buenos Aires, 1873). 18.- Para el texto ~el discurso de Sarmiento véanse los Diarios de Sesiones del Con. greso; alternativamente, D. F. Sarmiento, Obras (Buenos Aires, 1920), vol. 50. 19.- Véanse los detaJJados comentarios de Vé lez en la Memoria del Ministerio del Interior (1869), pp. 7-14. 20.- Memoria del Ministerio del Interior (1871), p. XI. 21.- Para un muy apretado resumen de sus funciones véase Oszlak (1982) p. 159. 22.- Para detaJJes. v~anse Memoria del Ministerio del Interior (1863-1866) y la lista de subr~partic1~nes enumeradas en las Memorias del Ministerio de Hacienda de los mismos anos, en las secciones de las "cuentas de inversión". 23.- Sobre el funcionamiento electoral en períodos posteriores véase Natalio Botana, El orden conseroador. La política argentina entre 1880 y 1916 (Buenos Aires, 1979). fundacional del 16 de febrero de 1861 en Relatorio da Repartii;ao dos Negocios da Agricultura, Comercio e Obras Públicas (Rio de Janeiro, 1861). En el caso venezolano véanse los comentarios acerca de la importancia del decreto del 24 de agosto de 1874 por el cual se organizó el ministerio correspondiente en Memoria del Ministerio de Fomento (Caracas, 1876). Sobre Guatemala véase la reciente monografía de David McGreery, Desarrollo económico y política nacional; el Ministerio de Fomento de Guatemala, 1871-1885 (Guatemala, 1982). 24.- A título de e~emplo puede citarse la opinión del Inspector de Postas y Caminos del ?e~te, Irineo ~ega, quien señalaba en 1865: "aproximar la capital de la Republica las relac10nes que hoy existen a distancias remotas es una medida polí~ca que por sí sola se recomienda, pues así se hace efectiva la acción del Gobierno", Memoria, Ministerio del Interior (1865). 12.- Para información detaJJada sobre el caso chileno véase la "Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento del Interior presenta al Congreso Nacional" ( 1839) contenido en el volumen Documentos Parlamentarios, Discursos de Apertura, Memorias Ministeriales, correspondientes a la Administración Prieto (1831-1841) (Santiago de Chile, 1858), vol. I, pp. 99-100. 25.- Para una descripción de la importancia del ferrocarril y del telégrafo en la lucha contra las poblaciones indÍgenas véase Colin Lewis "La consolidación de la_!~ontera argenti_na a fmes de la década del 70: los indios, Roca y el ferrocar~ en G. Ferran Y E. Gallo eds., La A,gentina del 80 al centenario (Buenos Aires, 1980), pp. 469496. 13.- Tulio Halperín Donghi, Proyecto y construcción de una nación: Argentina, 1846-1880 (Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1980), p. LXXIX. 26.- ~o intE:11taremos. aqu[, ~ ¡¡nálisis del "Departamento de Agricultura" ni del 'Co~seJo de lnm¡grac1on . Ambos comenzaron a tener cierta efectividad desde los ~ -o s de 1870 pero con presupuestos mucho más reducidos que los de las reparticiones encargadas de comunicaciones y transportes. Véase nuestro Cuadro . I al respecto. Para el primer informe escrito sobre el Departamento de Agricultura puede consultarse la Memoria del Ministerio del Interior (1874) p.XLV. ' 14.- Véanse, por ejemplo los textos de Mitre, Hernández y Alberdi recopilados en Halperín, op. cit., (1980). 15.- La preocupación central del gobierno de Rosas en la provincia de Buenos Aires fue siempre la militar como se demuestra detaJJadamente en Halperín, op. cit. (1982). 16.- Cwiosamente las diferencias ideológicas referidas no llevaron en la práctica a conflictos profundos en la implementación de las políticas económicas de la Confederación. Para una confrontación de las propuestas formales de reformas económicas véanse Juan Bautista Alberdi, Sistema económico y rentístico de la Confederación argentina (Buenos Aires, 1854) y Mariano Fragueiro, Organización del crédito (Santiago de Chile, 1850), de la cual existe una reedición en 27.- Sobr~ la~ co°!~nicaciones ~n esta_época véa~ Walter Bose, "Historia de lascomurucac1ones en Academia Nacional de Historia, Historia Argentina Contemporánea (Bue~os. ;-üres, i96?), vo!. 3, pp, 575-655. Para una escueta pero detaJJada descnpc1on del funC1onam1ento de los servicios de correos bajo la Con- · federación véase Moussy (1860), vol. II, pp. 569-571. Debe añadirse que la misma empresa que se había encargado de las diligencias de correo en el Interior du~te la Confederación- "Lasmcnsagerías Nacionales" (establecida en 1854)disfrutaba de esta concesión en 1864. Cinco años más tarde en 1869 el Ministro �120 Siglo XIX C. Marichal: Políticas de desarrollo y deuda externa en Argentina 121 del Interior, Vélez Sarsfield informaba al Congreso que el empresario Pedro Ramayo era el encargado de administrar esta empresa. Para detalles véase Memoria del Ministerio del Interior (1864), pp. XLI-Lll; (1869) pp. 11-12.. pone al desarrollo comercial e industrial d I b . . objetivo de mis labores ,, Memo . d Me.~ po_ laciones, ha sido el punto I · · · • · r,a e m1Steno del Interior (1869), p. 8. 28.- Para el texto de la ley de Correos véase Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados (1866), p. 406. Para información detallada sobre el servicio de correos en ese año véase la Memoria del Ministerio del Interior (1866), pp. 308-380. 38.- Sobre el transporte en la primera tnitad del . , Historia de los medios de comunicación tr. Siglo X1X vease R~~n Carcano, na, (Buenos Aires 1893) y 1 - t Y ansporte ~n la Republlca Argentide1 año 1863 citados e; Osz:t0 ;~:~t:~.c~; ~~~'.os del ministro Rawson 7 29 .- Para detalles acerca de los contratos de correos durante estos años véanse Memoria del Ministerio del Interior (1873), pp. 31-38 y (1874), pp. XXV-XXXXI, y el anexo "correos", pp. 330-395. 30.- Para una excelente reseña estadística véase Memoria del Ministerio de Hacienda (1876 ), sección I, Parte I, p. XI. 31.- Durante los años de 1863-67 el promedio de las apropiaciones de fondos por el Congreso para subsidios a las compañías denominadas "mensajerías" alcanzaron un promedio de 30 000 pesos fuertes por año, subiendo a cerca de 60 000 pesos en 1873/74. Para mayor información véase Estadística del Comercio y de la Navegación de la República Argentina, correspondiente al año de 1883 (Buenos Aires, 1884 ), pp. 290-97. 32.- La creación del puesto de Inspector General de Telégrafos fue ratificada por la ley 350 del 6 de octubre de 1869 en el Senado y el 7 de octubre en la Cámara de Diputados. Para información sobre contratos aprobados inmediatamente después véase la discusión breve acerca de las leyes 353 y 359 del 7 y 9 de octubre en el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados. 33.- Los bonos internos llamados "acciones de puentes y caminos" fueron autorizados por las leyes 61 y 362 de los años 1863 y 1869 respectivamente. Pero la venta de tales bonos no comenzó hasta 1869. El procedimiento normal consistió en que el Ministerio del Interior pagaba a los contratistas de telégrafos con bonos en vez de líquido. Entre estos contratistas los más destacados fueron las firmas de E. A. Hopk.ins, Fusoni Hermanos y A.N. Rojo; ellos luego vendían los bonos a través de intermediarios financieros en las bolsas de Buenos Aires y Rosario. Para información precisa sobre las emisiones anuales de estos bonos entre 1869 y 1874 véase Memoria del Ministerio de Hacienda (1874), pp. 105-106. 34 .• Para detalles sobre la cuenta de telégrafos abierto con Murrieta véase, por ejemplo, la información en Memoria del Ministerio de Hacienda (1874), Anexo A., p. 236. 39.- Memoria del Ministerio del Interior (1864), pp. XXXII-XXXm. 40.- No conocemos ningún estudio hist' · ros a pesar del rol clave que ju ó co;:co de _la O~ci~a Nacional de Ingeniemayor parte de las obras púbicas de 1:pe!"1~r tecmc~ Y -ª~ministrador de la oficina fue establecida por la ley 325 s anos 70 Y pnnc!p1os de los '80. La septiembre de 1869. aprobada por la legislatura nacional en 4 1.- Memoria del Ministerio del Interior (1878), p. 20l. 42-· ~ responsabilidades del Departamento · , . ., cion de caminos· 2) supe .. , d ti me_1u1an. 1) construcc10n Y conservaestatales; 4) obr~s hidráui;;::;n5) eotrro~iles ,na~ionales; 3) telégrafos civiles del Interior (1878), p. 201. ' ras O ras publicas. Memoria del Ministerio De acuerdo con la Memoria d I J,,lº . . d H. nda (1878), p. 49, el Departamenti de i~';!':u":'roseco ' "Cu:nta de lnv~rsión" ros y 6 ayudantes de ingenieros, cifras que aumen~ a en e~ ano con_ 13 ingenielos demás ingenieros nacionales de 1 - 70 aron en ~os postenores. Entre ber, White, Stavelius Dumesnil Tao~ anos . pued~n citarse a Dahlquist, Hubre su actuación co~súJtese la ~~VI~, Pdelllelschi f Castilla. So73, 74 y 78). m,s eno e nterwr (1871, 72, ª:~ Me:~~ s;:~~- 43.- Para información sobre contratos de camino· , Ministerio del Interior (1873) PP 39 51 (187,4 y puentes vease Memoria del • • • Y ), pp. 33-38. 44 -- Algunos datos sobre los contratos de Carr mes anuales del Ministerio del Inte . ~ pueden encontrarse en los inforPara mayor información sobre el p~rºsor,npoa·er e1empArmloen el de 1873, pp. 34, 40. • . ~ vease ando Bazan "R fl · so bre 1a h 1stona contemporánea de Cat ,, Bo , , e ex1ones nal de Historia, vol. XLy (Buenos Aire l~tm de la 1cad~,mia Nacio fo Esteban Carranza, el Wheelwright de~tam) Y ~~úl E. ?onzález, Don Adoltoria de Catamarca, vol. III (Catamarca, 1966).arca , en Primer Congreso de His- ~~c;3 • 35 .- Lewis, op. cit., p. 489. 45.- Memoria del Ministerio de Hacienda (1876), Parte I, pp. XI-XIII. 36.- Un testimonio elocuente de ello se encuentra en las palabras del Ministro del Interior del año de 1875: "El Gobierno encuentra en él (el télegrafo) al mismo tiempo un poderoso auxiliar del orden y la paz. La rapidez con que fue vencida_ la última rebelión lo prueba evidentemente, pues allí donde llega el hilo eléctrico está también la acción, la influencia y el poder de la nación". Memoria del Ministerio del Interior (1875), p. XVII. 46.- Los subsidios presupuestados para las corn - , ., guientes (en pesos fuertes): panias de navegac1on fueron los si- 37 .- El ministerio del Interior, Vélez Sarsfield, sintetizaba esta aspiración en su informe de 1869 señalando: "Abrir caminos; facilitar el tráfico y la comunicación; abreviar las dificultades que la distancia, ese enemigo constante del progreso, 1863 61 000 1868 83 000 1864 61 1869 58 1865 69 000 1870 45 000 1866 57 000 1871 70 000 1867 80 1872 4 , . del Comercio y de la3Nav Fuente.. Estadistica correspondiente al año de 1883, (Buenos ººº ººº ººº ººº 1873 1874 1875 1876 1877 , . Aire:~~;:)~;: f;g_~:~~ ., 43 43 ººº ººº _ Argentina, �122 Siglo XIX 47 .- Sarmiento inclusive Je escribió al famoso promotor del Canal de Suez, Lesseps, para obtener su opinión sobre la modernización de los puertos del Río de la Plata. Posteriormente el presidente argentino 1>_resionó para que se aprobaran los proyectos presentados por el ingeniero británico Bateman para el puerto de Buenos Aires. 48.- El análisis más detallado de las políticas ferroviarias iniciales se encuentra en Raúl Scalabrini Ortiz, Historia de los ferroca"iles argentinos (Buenos Aires, 1974, 60. ed.), y en Zalduendo, op. cit. 49 .- Sobre la inversión estatal en ferrocarriles en Australia véase Noel G. Butlin, "Colonial Socialism in Australia, 1850-1900" en Hugh Aitken, ed. The State and Economic Growth (Nueva York, 1959). Para una visión general de la política ferroviaria en varios países contemporáneos véase Henry Parry, Govemments and Railways in the 19th Century (Londres, 1965). 50.- Nos referimos al Ferrocarril Oeste (ets. 1857) que era propiedad del gobierno de la provincia de Buenos Aires; el Ferrocarril Gran Sur (1862) y el Ferrocarril Buenos Aires.Campana (1863), ambos de propiedad británica, y el Ferrocarril Central argentino (1865), empresa mixta en la cual participaban como accionistas el gobierno argentino y capitalistas argentinos y británicos. 51.- Para el texto íntegro de la ley de inspecciones de ferrocarriles véase Diario de Sesiones, Cámara de Diputados (1872), pp. 894-899. 52.- Sobre el Ferrocarril Central Argentino véase Scalabrini Ortíz, op. cit., pp. 118155; Zalduendo, op. cit., pp. 286-302; Lewis, op. cit., pp. 55-68; Y Alberdi, La vida y los trabajos industriales de William Wheelwright en la América del Sur (P&rís, 1876). 53.- Sarmiento, Obras, vol. 50, p. 375. 54.- Diario de Sesiones, Cámara de Senadores (1862), p. 186. 55 .• Para detalles véase Scalabrini Ortíz, op. cit., pp. 287 y ss. 56.- Diario de Sesiones, Cámara de Senadores (1870), p. 40. 57. Para una interpretación algo parcial de las relaciones entre Wheelwright y el gobierno véase Alberdi, op. cit., pp. 225-228. 58.- El senador Araóz observó que la protesta nopular fue tan virulenta que eventualmente la empresa ferroviaria se vió obligada a reducir sus tarifas de 22 a 16 pesos por tonelada de mercancía transportada entre Rosario y Córdoba. Diario de Sesiones, Cámara de Senadores (2 de junio, 1870), p. 40. 59.- Los datos son de Scalabrini Ortíz, op. cit., p. 149, pero deben ser comparados con la información reunida en los informes anuales del Ministerio de Hacienda. 60.- Diario de Sesiones Cámara de Senadores (1870), p. 326. 61.- !bid. p. 321. 62.- !bid. p . 333. C. Marichal: Políticas de desarrollo Y deuda extema en A rgentina 123 63 .· En caso de no proceder a la nacionalización Araóz sostu " de media República va a quedar trib t . F . vo que el comercio 1 sometido a sus caprichos.,, Diario d uf~ e ;r_rocarril Central Argentino y p. 353. e esiones, uimara de Senadores (1870), ¿ 64.- Ibid. p. 351. 65.- Ibid. pp. 330-331. 66.- !bid. p. 324. 67.· lnformación detallada sobre estas tr . préstito de 1871" Carpet /nsacctones P~ede encontrarse en "Ero209 tema de Argentin; (Minist~o de Econ!;?a~~• Archivo de la Deuda Pública Ex68.- Sobre las transacciones de M • (1975), p. 285. Para otros de~~:~o~: el F~rrocarril Oeste véase Zalduendo véase Memoria del Departamento de H. su_s vmculos ~ las finanzas provinciales Buenos Aires (1871), pp 204-0 ac,enda, Go?ier"? de la Provincia de 5 1 forme de la Comisión de A.guas C Y_e ante~o II del mismo informe titulado "Inornen es. 69.- ~l precio inicial de la emisión en 1871 fue de o , unplicaba que el gobierno cobraría un t d 89.5 Despues de gastos ello los bonos. Pero después de 1873 1 ne ~ e 86.5 /o del valor nominal de d , as proporciones recaudadas se red · d b. o a 1a ca1da de los precios en la Bolsa V, Alb . UJeron e I· argentinas. Estudios e ideas sobre . ease , . erto de Guemco, Finanzas 1886); Y H. E. Peters, The Foreig:i;;::::¡';,t~stitos _extRemos {!3uenos Aires, 1934). e rgentine epublic (Baltimore, tg. 70.- Para información adicional véase H J Cuccore "E , . . obras públicas, Contribución a la hi¡to¡;.a finan _se, d I Iaempre_suto _mglés para to" en Humanidades t XXXVII (L p ctera e pres1denc1a Sarmien• · , no. 2 a lata, 1961). 71.- Véase información en Memoria d ¡ Mi · • Y (1874), pp. 31-32 Y Anexo B {amb~~isterio -~e HaCcienda (1873), pp. 24-29 . n consu tese uccorese (1961), p. 271. 72.- Véase Chiaramonte (1971), pp.1I0-l 20. 73.- Sobre el financiamiento del And. , M . (1875), p. LVII y p. 223. mo vease emona del Ministerio de Hacienda 74.- Citado en William Fleming "Mendoza el cional entre 1854 y 1884 ,: 1 . . Y de:rrollo de la red ferroviaria nade 1977 (Buenos Aires). • nvestrgacwnes y nsayos, no. 23 julio-diciembre, 75.- La inversión anual del Ministerio del Interi 1 , , aproximadamente la s' ient . or en a línea Cordoba.Tucumán fue 1874. 3 400 000· I81f\ pesos fuertes; 1873 - 484 000· Véase información en Memo . d ;l Mi" : 1 ~00 000. ' (1873) p . XXIX; (1874) An::o ; .. d~ H~cienda _(1~72), p. 135; (1875) p. LVIJ ; (1876) V, pp. 82-83. pres o e bras publicas" pp. 2-3; 1tó ¿gJ\s~iº ººº ~;ist~ri:t 76.- Scalabrini Ortíz, op. cit. (1974), pp. 212-213. �124 Siglo XIX .. Ort'z 1 • o•n 77 _. Citado en Scalabnru ,... cit• (1974), pp. 211-212. "Cuentas de inversión" de las Memorias del 78 . Calculado en base a datos de las ial los excelentes resúmenes en · Ministerio de Hacienda (1~?2· 1880), Y en la Memoria de 1880 pp. la Memoria de 1876 Secc1on 1, PP' [~;! LXI-LXXV. Las Inversiones Francesas en los Ferrocarriles Argentinos (1887-1900) Andrés Martín Regalsky ~ En el presente trabajo nos proponemos estudiar el desarrollo de las inversiones francesas en el sector ferroviario argentino desde mediados de la década de 1880 hasta el final del siglo pasado. Estas inversiones, si bien fueron mucho menores que las británicas, revistieron especial significación por tratarse de las primeras inversiones extranjeras de otro origen que se registraron en el sector. Su desarrollo comprendió dos fases: una de auge, previa a la crisis de 1890; y otra de liquidación, en el curso de la década posterior. Nuestro análisis estará centrado en la actividad de los grupos inversores que intervinieron en ese proceso, deteniéndonos particularmente en los factores que llevaron a su introducción, las modalidades con que recaudaron e invirtieron sus capitales, y los resultados que arrojó su accionar. Los últimos años de la década de 1880 se caracterizar,-,n por una copiosa entrada de capitales extranjeros en la Argentina, mucho mayor que la registrada en la primera mitad de esa década. Una de las características más notables de este flujo fue la gra¡i proporción en que se volcó hacia las inversiones ferroviarias (ver cuadro 1). Sin duda los inversores extranjeros se veían a.traídos por las perspectivas de una elevada rentabilidad, que era posihle bajo las nuevas condiciones del comercio internacional. La aptitud de los territorios argentinos para la producción de los bienes primarios más demandados auguraba un creciente tráfico para los nuevos fen;ocarriles. 1 En ese contexto, no puede extrañar que una porción significativa de los capitales franceses que ingresaron al país en esos años se invirtiera también en el rubro mencionado. Las primeras inversiones francesas en la Argentina habían tenido lugar a principios de la década de 1880, cuando 'Consejo Nacional de Investigaciom:s Científicas y Técnicas (CONICET) y U:niversi• dad Nacional de Luján, Buenos Aires, Argentina."Ponencia presentada en las VII Jornadás de Historia Económica Argentina, Rosario, octubre de 1985. �126 A. M. Regalsky: Inversiones france/laS en "err~M....:¡ . J' v ~ . . esargentinos Siglo XIX CUADRO 1 INVERSIONES EXTRANJERAS ANUALES ACUMULADAS 1881-85 Y 1886-90 1881-1885 miles de pesos oro Empréstitos públicos Cédulas hipotecarias Compañías ferroviarias Compañías diversas Total 0 1886-1890 /o 31 313 13,000 68.1 -22.5 9.4 199 287.2 170 619 215 121 60 023 138 859 100.0 645 050 94546 -- 0 miles de pesos oro /o 30.9 26.5 33.3 9.3 para atraer capitales externos intervinie d vasta que si lo hacía como tom d dirn o como garante era mucho más buscara promover de esta maneª olr ectdo. Es probable que el gobierno . ra a entra a de nu • en el negoc10 ferroviario para qu .. evos grupos mversores , e compitieran con l tahl . provecho de los terratenientes de l . os ya es ec1dos en rantir un 5% de beneficios ~ zonas involucradas. El sistema de gatroducción de grupos finan _por u~ apso muy prolongado favorecía la inc1eros ªJenos a la activid d obtener sus recursos mediante la .. , d , ª , porque les pennitía sultaban de más fácil colocac'ó emlis1on e titulos de interés fijo, que re1 n en os mercados europeos. CUADR02 CAPITALES FRANCESES EN LA ARGENTJNA AL 31-DIC-1890. 100.0 FUENTES: J. Williams, Argentine lnternational Trade under Inconvertible Paper Money, Cambridge, (Mass.), 1920, pp. 41-3, 85, 91, 93 y 101. Hemos suprimido en el rubro empréstitos 1886-90 22 861 000 correspondientes a créditos de corto plazo y empréstitos reemboldos. Aún así las cuentas de Williams presentan otras imprecisiones que obligan a tomar las cifras con reservas. Capitales franceses l:.mpréstitos nacionales Empréstitos provinciales Compañías ferroviarias Compañías diversas Total importantes consorcios de bancos franceses contrataron los empréstitos del gobierno nacional. A raíz de la crisis de 1882, que sumió aJ mercado financiero de París en una profunda depresión, esos grupos fueron desplazados por otros británicos y alemanes de esa esfera de negocios.2 Con la reactivación del mercado francés en 1886 se reanudó el interés de los grupos inversores de ese origen por la Argentina, pero esta vez se dirigieron principalmente a la contratación de empréstitos provinciales y a la creación de compañías ferroviarias (ver cuadro 2). Su irrupción en el campo de los negocios ferroviarios tuvo relación con las oportunidades abiertas a raíz de la nueva política implantada por Juárez Celman en 1887, que mediante la aplicación en gran escala del régimen de beneficios garantizados dio gran aliento a las inversiones ferroviarias directas. Esto significó un viraje profundo respecto de la política seguida por la administración Roca, de encarar grandes construcciones ferro· viarias recurriendo al endeudamienl:9 extemo.3 La capacidad del Estado 127 miles de pesos oro º/o 15 181 19 736 26 457 8 800 21.6 28.1 37.7 12.6 70 174 100.0 FUENTES: para calcular los ca ital fr versas obras entre las cuales p es d anceses hemos consultado di' . merecen estacarse A N . ces eontemporames París 1910 VI • eymarck, Fmanp. A gote, l nJorme ,+. ' ' ' vo1. ' 335-8 1 VII del Presidente del C 'd· , .Y vo. ' 266-7; res, 1889, T. V 50-84· R ~e ito Publico. . ., Buenos Ai130· R A M 'd H ! . A., Memoria de Hacienda (1890) T 11 nda 2088, 2096' y 209e7 · M' dArcF~ivo de la deuda pública, carp'~t~ • ' · ·• e manees · ses en A rgentme Uuin 1911) .·L 'E . , Etat d es eapitaux Francaidfversas). Para calcular los ~api/;¡no71ste Francais, 1888-89 (fechas c1ones de compañías hem li es ran~eses colocados en obligamos para los empréstitos p~ivm~pc1·calado(la misma proporción que hallaes ver nota 2). :_c~ �128 Siglo XIX A. M. Regauky. Inversiones francesas en ferrocarriles ªllfentinos Es de destacar que todas las compañías formadas por los grupos franceses se hicieron bajo este régimen de los "ferrocarriles garantidos". En tal sentido podemos afirmar que las inversiones francesas no se proyectaron en función de obtener una elevada rentabilidad derivada de la explotación, sino sobre la hase de que la prosperidad económica de la Argentina posibilitaría a sus ,gobiernos actuar como garantes de una rentabilidad mínima, y permitiría entretanto a los inversores obtener una serie de ventajas o beneficios de tipo indirecto. o U') U') Lo podemos advertir examinando la composición de los grupos inver• sores que participaron en la creación de las compañías ferroviarias. Se hallaban integrados por un lado por financistas y bancos de negocios, dotados de abundantes fondos propios que les permitían intervenir en operaciones de riesgo, y por otro, por compañias metalúrgicas con una larga trayectoria en el ramo ferroviario. Con su participación, tanto unos como otros buscaban asegurarse un nuevo mercado para sus operaciones habituales: los banqueros, encargándose de la emisión de los títulos con que se financiaría la inversión y adelantando los fondos necesarios; y las compañías metalúrgicas, mediante la provisión de locomotoras, rieles y otros materiales. Esta asociación de intereses financieros e industriales en pos de mercados externos fue estimulada por las condiciones de estancamiento absoluto en que se desenvolvió la economía francesa durante la década de 1880, que redujeron sus posibilidades de acción en el mercado interno. oo O> O 00 "' > ...2u ,,, <D '";' U') U') <D " ' .... ... i:: Paribas y Fives Lille fundaron dos compañías: FCA (Compagnie Francaise de Chemins de Fer Argentins) y FCSF (Compagnie Francaise de Chemins de Fer de Santa Fe). Con la primera, que cubría el trayecto de Tucumán a San Cristóbal (Santa Fe), buscaban participar en el pujante auge azucarero de aquella provincia. La línea acercaba su producción a los puertos de Santa Fe, mediante un empalme con la segunda compañía, FCSF. Est.a última servía una región con una producción cerealera ya desarrollada y con abundantes recursos forestales. Ambas compañías forma• han en realidad un mismo sistema, y si se habían constituído separadamente era porque la primera tenía origen en una concesión nacional y la segun· ·ai:: o o .a ~ ... 00 000 u-ooi::000 00 u:;., :-::: 00 ~ 0 ~ 00 C\I 00 • ·- .,J ,... O O ..,_ <D 0 O O") ,-..... >:.,..,.~e: :! ] "' .Sl ·s .... "' C<") o·- i:: ou 4J V En el p-eríodo que estudiamos intervinieron tres grupos inversores franceses o con participación francesa. El más importante estaba integrado por el poderoso banco de negocios Paribas y la compañía metalúrgica Fives Lille, de dilatada actuación en la construcción de ferrocarriles en Europa. Los otros dos grupos estaban constituídos por un sindicato de financistas franco-belgas y por la Société de Batignolles, otra firma metalúrgica interesada en las construcciones feroviarias.4 Todos estos grupos formaron compañías que funcionaron bajo concesiones otorgadas en 1887, o cuyo origen puede rastrearse en ese año (ver cuadro 3). i:: 'º ·;:; > CN, ;:s i:: .... o ~¡¡,--,;:s .... .... 129 �130 Siglo XIX da en una de la provincia de Santa Fe. En cuanto a los otros dos grupos, sus inversiones presentaban un patrón de localización diferente, más acorde con las tendencias prevalecientes en materia de concesiones ferroviarias en 1887. El sindicato franco belga fundó la GFCCSA (Compagnie du Grand Chemin de Fer Sud-Américaine), de Reconquista a Fonnosa y Pilcomayo, en plena región chaqueña, donde el auge de concesiones estaba ligado a la adquisición de _la~ndios con propósitos especulativos. La Societé- de Batignolles constituyo el ~NOA (Compagnie Francaise de Chemins de Fer du Nord-Ou~t Arge~tin), de Villa Francaise de Chemins de Fer du Nord-Ouest Argentin), de Villa Mercedes (San Luis) a La Rioja. Esta línea se internaba en la región andina, en comarcas de antiguo poblamiento y ahora marginales, donde también hubo abundantes concesiones, relacionadas más bien con la política oficial de alianzas provinciales.5 Ahora bien estos dos últimos grupos constituyeron sus respectivas compañías en ~omentos en que se iniciaba la crisis de 1890, y esta circunstancia les impidió realizar la emisión de obligaciones con que proyectaban financiar las construcciones. Con recursos propios muy menguados, Batingnolles apenas logró construir un pequeño tramo de la línea o~al, mientras que el grupo franco-belga ni siquiera pudo completar las pruneras construcciones.6 Por eso en los puntos siguientes nos vamos a referir solamente a las actividades desarrolladas por el grupo de Fives Lille y Paribas, que fue el único que pudo llevar a cabo íntegramente sus planes de inverSJOn. LA CONFORMACION DEL GRUPO FRANCES Y EL ORIGEN DE SUS INVERSIONES El interés del grupo Paribas-Fives Lüle en los negocios ferroviarios argentinos puede comprenderse claramente si analizamos las características y antecedentes de las fumas que lo integraban. Paribas era el más importante establecimiento especializado en operaciones de banca de inversión en Francia. Junto a otros grandes bancos de París se había beneficiado del proceso de concentración de recursos que se venía experimentando en el mercado financiero francés desde la década de 1870 y con mayor intensidad en la de 1880. Esto lo había llevado a ex:p~dir su radio de actividades a escala internacional, inicialmente en el continente europeo, y luego a países de ultramar. Entre 1881 y 1887 había e!1· cahezado el sindicato encargado de colocar en Francia los grandes emprestitos argentinos de obras públicas. También bahía desarrollado su accionar A.M. Regaltky: Inversiones francelaS en ferrocarriles argentinos 131 en otros países sudamericanos. Esto lo convertía en el establecimiento de mayor influencia entre el público comprador de títulos de ese origen en París.7 La creación de compañías ferroviarias en la Argentina atraía su interés por cuanto le permitía abrir una nueva línea de negocios en el mercado financiero francés, con perspectivas de un fructífero desarrollo. Por Lo menos, así lo dejaba entrever el ejemplo de los títulos ferroviarios en el mercado de Londres. Por otra parte, la apertura de esta línea de negocios le resultaba necesaria para mantener en movimiento el mercado de títulos argentinos, hasta entonces confinado a los empréstitos públicos nacionales, un rubro que por la nueva orientación del gobierno tenía pocas perspectivas de actividad emisora. El otro socio, Fives Lille, era una de las principales empresas francesas dedicadas a la construcción de maquinaria, locomotoras y otros materiales de uso ferroviario. Bajo su antigua razón social,Parent, Schaken et Cie., había tenido participación en las construcciones ferroviarias del continente europeo desde la década de 1860. Sin embargo sus posibilidades en ese mercado se veían menguadas por la atenuación del ritmo de construcciones y la competencia de las industrias locales. Esto la bahía llevado a buscar nuevas oportunidades en ultramar. A fines de la década de 1870 había logrado penetrar en el mercado argentino, en el rubro de maquinaria para los ingenios azucareros de Tucumán, y en poco tiempo obtuvo un completo predominio sobre los competidores ingleses. En el rubro ferroviario sus resultados fueron menos exitosos. A principios de la década de 1880 había conseguido algunos pedidos para los ferrocarriles estatales, principalmente para la provisión de puentes metálicos, pero no había logrado colocar locomotoras ni rieles, cuya provisión estaba en manos de los competidores ingleses, belgas y norteamericanos. Con respecto a estos fabricantes se hallaba en inferioridad de condiciones por el alto costo de los insumos en Francia.8 De ahí que apareciera, como una alternativa interesante, la creación de compañías ferroviarias, por la posibilidad de hacerse de mercados cautivos a los cuales pudiera vender sus productos al abrigo de toda competencia.9 Ahora bien, si estos antecedentes explican suficientemente el interés de los inversores por participar en estos negocios, no bastan para entender la forma en que se produjo su entrada, que estuvo influida en gran medida por circunstancias locales. Es precisamente la confluencia de intereses locales y de otros grupos extranjeros con los del grupo francés lo que nos pennite explicar las características peculiares con que se dio ese proceso. �132 Siglo XIX A.M. Regalsky: Inversiones francesas en ferrocarriles argentinos En efecto, el origen de las dos comp~í'.18 se puede relacionar con un proyecto formulado por el gobierno provmcial ya a fines. ~e 1884. En ese proyecto el gobierno de Santa Fe se planteaba la ~xpans10n, de su re~ de trocha angosta en dos direcciones: por un lado hacia Tucuman_ y Santia~o, con el objeto de transformar a los puertos provinciales en el eJ_e com~rc_1al del interior del país (lo que daría lugar al FCA); por otro, ~a~ia las ~tintas zonas de la propia provincia de Santa Fe, de m~era de engir un s~ma elI paralelo al de la trocha ancha , que con fletes. mas baratos favoreciera , • aumento de la producción y del valor de las tierras (lo qµe dana ongen a FCSF). 10 La red provincial había sido construida y financiada por un gru~o ~ritánico constitmdo por las firmas de J.C. Meiggs ( contratistas ferrovi:ri~s) y C. de Murrieta (banqueros). Este grupo, a principios de 1~87, paso a mteresarse en un nuevo negocio que consistía en la construcc1on del Cen~ Córdoba y la compra del Central No~. Esta circu:"~cia es la IP;1e posib'.litó la intervención del grupo frances, pues Mumeta iba a necesitar desligarse de sus negocios anteriores par~ co~centrar sus ~ecursos en las nuevas operaciones, y el gobierno santafecmo iba a requerir el concurso de un nuevo grupo para poder concretar su proyecto. LAS NEGOCIACIONES PRELIMINARES El grupo de Fives Lille y Paribas co~enzó la búsqu~da de n~evos ne~ocios en la Argentina aún antes de que surgiera la oporturudad de mtroduc~ en los ferrocarriles de Santa Fe. En un principio int~ntó obtener diver~s negocios de construcción _Y ~anciación de _obras public_as con los gobiernos nacional y de la provmc1a de Buenos Aires. En septiembre-octubre ~e 1886 inició gestiones por intermedio de Portalis (representan~ <:°mercial de Fives Lille) para obtener la contratación de 1~ obras ~1ntrias de La Plata, a la vez que envió un agente directo ( el ingeru~ro Soulie~ para pro~oner la construcción y :financiación de un canal de crrcunvalac1on en la cmdad de Buenos Aires. Estos proyectos, cuyo trámite se prolongaría durante 1887 fueron finalmente rechazados por motivos técnicos y financieros, pero dan cuenta del interés de los inversores por abrir nuevas líneas de ne. en el pa1s. , u goc1os La orientación del grupo francés hacia los ferrocarriles de Santa Fe data de un tiempo después, de los meses de abril y may_o de 18_8!. Fue en c~ momento cuando el grupo deMeiggs y Murrieta tomo la _dec1S1on de _adquirir la concesión de J. Temple para construir el ferrocarril ~en?"al Cordoba y comprar al gobierno nacional el Ce_n~ Norte, qu~ constitu1a el compl~mento natural del priniero. Que ello nnphcaba su retirada de los ferrocarn- 133 les de Santa Fe parece haber quedado claro desde un principio, pues casi al mismo tiempo el gobierno de Santa Fe comenzó a buscar nuevos interesados para proseguir su programa de expansión ferroviaria y transferirles el control de la red provincial. 12 Enseguida entró en negociaciones con el grupo francés a través dePortalis, con quien acordó el 31 de mayo la construcción de una línea de San Cristóbal a Tucumán ( el futuro FCA ). Esta concesión, que se hacía bajo el réginien de los beneficios garantidos, configuraba un paso previo para la transferencia al grupo francés de toda la red provincial existente.U Es probable que el gobierno provincial exigiera su construcción como requisito para otorgar el resto del negocio. Pero también podía revestir un interés especial para el propio grupo francés, pues la línea permitiría la ampliación de uno de sus mercados tradicionales: al proveer una comunicación más directa de Tucumán y Santiago con los mercados del Litoral, favorecía la expansión de la industria azucarera, abastecida casi exclusivamente por Ja propia Fives Lille. Este proyecto sufrió un serio traspié antes de que llegara a ejecutarse, porque la poderosa compañía británica del Ferrocarril Buenos Aires al Rosario - FCBAR - decidió construir una Ünea más directo y con un trazado paralelo que uniría Rosario con Tucumán. Esto sin embargo no llevó a un abandono del proyecto, sino a una reformulación del mismo. Como las perspectivas de rentabilidad de la línea de San Cristóbal se veían comprometidas, el grupo francés requirió una mayor sólidez de la garantía estatal. Para eso pasó a negociar la concesión con el gobierno nacional, cuya solvencia como garante era mucho mayor. 14 Bajo Ja nueva concesión, que se aprobó en septiembre de 1887, Portalis obtuvo condiciones más favorables, que examinaremos en detalle en el próxinio apartado. No obstante, deberían transcurrir todavía muchos meses hasta que se firmará el contrato definitivo, y Fives Lille asumiera directamente sus ejecución (el 15 de mayo de 1888). Aún entonces, quedaban pendientes las gestiones para el traspaso de la red provincial, que constituía la segunda parte del negocio (el futuro FCSF), y que recién se concluyeron el 12 de octubre de 1888 (ver cuadro 3). Estas demoras se pueden atribuir en parte a los avatares en la discusión de las condiciones, que registraron numerosas modificaciones en el curso de la negociación. Pero también advertinios que guardaron una estrecha correlación con las dificultades del grupo Murrieta para concretar la compra del Central Norte. Al respecto debemos recordar que del resultado de esas gestiones dependía que Murrieta se retirara del negocio de los ferrocarriles de Santa Fe, lo cual era una condición indispensable para que el grupo francés pudiera introducirse en el mismo. Este verdadero reparto de esferas de influencia entre ambos grupos no quedó totalmente definido sino �134 Siglo XIX después de varias contramarchas. El proyecto de enajenación del Central Norte, que Murrieta pensaba obtener mediante la adjudicación directa, luego de un agitado debate legislativo desembocó en una licitación. En ésta se interesaron también un sindicato británico que representaba el Central Argentino, y el propio grupo de Paribas. La licitación fue finalmente ganada por Murrieta, luego de 15 un trámite más que dudoso, recién en diciembre de 1887. Al discutirse los mecanismos de pago en 1888, afloraron nuevas dificultades por la imposibilidad de rescatar el empréstito nacional de Ferrocarriles de 1881, que tenía un gravamen lúpotecario sobre el Central Norte. Como ese empréstito no contaba con una cláusula que permitiera su amortización anticipada se decidió propiciar su conversión voluntaria por los títulos de la nueva compañía que explotaría el ferrocarril. Esta solución supuso a su vez un acuerdo más estrecho con Paribas, cuya colaboración er& indispensable para obtener el consenso de los tenedores franceses de dicho empréstito.16 LAS CONDICIONES GENERALES DE LA INVERSION Resulta interesante examinar las condiciones pactadas por el grupo francés en los sucesivos contratos y concesiones, porque nos permiten apreciar las perspectivas con que encaró el negocio en sus diferentes aspectos y en los distintos momentos de su tramitación. En términos generales, la estrategia del grupo inversor consistió en procurar las garantías más sólidas por par• te de los respectivos gobiernos, que redujeran a un mínimo los riesgos de una baja rentabilidad de la explotación. Unido a esto, pusieron especial énfasis en asegurarse ventajas en aspectos ajenos a la explotación, referidos a la construcción y financiación de las líneas. No obstante esa inclinación por los beneficios de tipo indirecto, también intentaron dotar a su red de un trazado que le permitiera cierta competitividad e independencia frente a los sistemas vecinos, como el del FCBAR. Con respecto a la primera concesión, otorgada por el gobierno de Santa Fe para la construcción del ferrocarril de San Cristóbal (FCA), contenía las disposiciones habituales en el régimen de los ferrocarriles garantidos. El gobierno garantía un 5°/o sobre un capital calculado en base a un costo de construcción máximo de 18 mil pesos oro por kilómetro. Las sumas garantidas se entregarían previo descuento de los beneficios de la explota· ción, para lo cual se establecía un coeficiente máximo de gastos del 50°/o del producto bruto. 17 Los contratistas obtenían la línea en propiedad perpetua, pero el régimen de garantía se concedía por 20 años, con cargo de devolución. A.M. Regalsky: lnvertiones france8a8 en ferrocarriles argentino, 135 . Al renegociarse la misma concesión con el gobierno nacional, en septiembr~, de 1887, Portalis hizo incluir otras cláusulas que equiparaban la o~eracion a un verdadero empréstito. La vigencia de la garantía se extendia a ~5 ~os, al cab,o de los cuales la línea sería entregada al gobierno. Esto equiv~1a a un prestamo de los contratistas por 55 años contra el pago de an?ali~~des del _5% (es decir un 4.5% de interés y un 0.5% de amortizacion, aproXImadamente), pero con la ventaja para el po inver~r. de _que la co_nstrucción y explotación quedaba a su cargo. 1 Otras modificaciones teman por objeto elevar el margen de beneficios de fundador que los inversores podrían obtener, que dependía de la diferencia entre el costo de construcción reconocido por el gobierno y el efectivamente reali19 zado . _P?r un lado se aumentaba el costo reconocido por el gobierno hasta~~ maxuno de _18 500 pesos por kilómetro, y por otro se reducía el peso exigido para los neles de 25 a 21.5 kg. por metro lineal.2º Fr En el contrato definitivo de la línea de San Cristóbal, del 2 de abril de 1888, Portalis h~? incluir todavía nuevas modificaciones, que probablemente fueran exigidas por el grupo inversor para tomar directamente a su cargo la con?esión. Esta~ ~_?dificaciones, referidas al mecanismo de pago de_ 1~ garanbas y a la fiJac1on del costo de construcción, apuntaban a su~i:irmr los elementos_ de condicionalidad que subsistían en Ja ley de conces10~. C~n ellas, l_os m~ersores aumentaban las garantías de la operación, equiparandolas aun mas con las de un empréstito, a la vez que se asegurab~n un mayor 1?,argen de beneficios de fundador. Con respecto a las garanhas, se está.hlec10 que el gobierno las pagaría automáticamente sin descontar los beneficios de la explotación, que podrían ser retenidos indefinidamente por los empresarios. En cuanto al costo de la construcción se transformó el costo máximo en costo fijo, librando a los contratistas de una ulterior inspección estatal y facilitándoles la obtención de una diferencia con el costo efectivo.21 Esto h_abla bien a las claras de cuáles eran las perspectivas que los inversores avizoraban para el negocio FCA, que pasaban fundamentalmente por las g:3;11ancias de ~po indirecto, mientras que sus expectativas de que la explotacion fuera redituable eran escasas. Su principal interés radicaba en ~btener las ma~?res garantías posibles del gobierno, con el objeto de facilitar la colocacion de los títulos de la futura compañía entre la habitual clientela de títulos públicos argentinos en París. En cuanto al contrato con la provincia de Santa Fé para la toma de c?ntrol de la red provincial ( el futuro FCSF), presentaba marcadas diferenc~as con el c~ntrato del F~A. Por ~n lado comprendía una serie de operaciones financieras complejas, relacionadas con la retirada de Murrieta del negocio y con la menor solvencia del gobierno provincial. Estas operacio- �136 A. M. Regahky: Inversiones france&a& en ferrocarriles argentinos Siglo XIX LOS FERROCARRILES DE SANTA FE ANTES DE LA ENTRADA DEL GRUPO FRANCES 137 nes constituían una interesante fuente de beneficios, ajena por cierto a los resultados de la explotación. Por otro lado, el hecho de que la garantía estatal resultara menos sólida implicaba un mayor riesgo, pero este riesgo se compensaba por las perspectivas más tangibles que se avizoraban en la rentabilidad de la explotación. 1 ¡ i ; Las disposiciones referidas a la retirada de Murrieta nos permiten advertir el grado de interrelación que tenía la entrada del grupo francés en este negocio, con la reorientación del grupo británico hacia el Central Córdoba. Para tomar el control de la red provincial existente, el grupo francés debía rescatar previamente un primer tramo de los títulos provinciales emitidos por Murrieta para su construcción (por valor nominal del 079 500 Ji. 22 bras esterlinas) , y asumir el compromiso de retirar el resto (2 191100 libras esterlinas) en los tres años siguientes. Esto resultaba particularmente beneficioso para Murrieta pues le permitía liberarse de una porción sustancial de títulos que retenía en cartera por el fracaso parcial d._e las emisiones, y contar así con fondos adicionales para respaldar la conversión del empréstito nacional de Ferrocarriles de 1881.23 j i i i i j i ; ; i i i j ; San Cristóbal 1 o i (.,, ·, ·Sunchale ! \ . / 1 í! ' San Francisc\Josefina { ...._.1,...- - , Había además otros elementos que permiten sugerir la existencia de un acuerdo previo entre ambos grupos en sus respectivas operaciones. Murrieta necesitaba la colaboración de Paribas para obtener la conversión de los títulos del empréstito de Ferrocarriles que habían sido colocados en Francia precisamente por dicho banco. Por su parte el grupo francés necesitaba del consentimiento de Murrieta para tomar el control de la red provincial sin haber retirado todavía la mayoría de los títulos que la gravaban, máxime si consideramos que sus tenedores venían administrando la red hasta ese momento. .i / 1 'i 1 \ ', \ i '·,., i, \ \ ! ····/1 .......······--.• • \ \ ............... Ro - - - - • red provincial. - - - - F. C. Buenos Aires al Rosario ····-··········--····· otros Para financiar el retiro de los títulos provinciales, el grupo francés estaba autorizado a emitir otros títulos de la nueva compañía que iba a explotar la red provincial. Sin embargo, solo podía hacerlo por una cantidad equivalente a la de los títulos que se retiraran. El gobierno provincial había exigido este condición para no tener que afrontar el pago de las garantías sobre una suma mayor de la que pagaba hasta entonces. Esto implicaba un quebranto para el grupo inversor, por lo menos en lo que respecta al primer tramo de títulos, pues debía rescatarlos por su valor a la par, mientras que de momento solo podía colocar los nuevos títulos en Francia a un precios bastante inferior a la par. Este quebranto, que formaba parte del precio de la transferencia, se compensaba en realidad con la autorización para construir 500 kilómetros de nuevas líneas en condiciones de costo más ventajosas que las que el mismo grupo había obtenido en el caso del FCA. El costo reconocido por �138 Siglo XIX A. M. Regalsky: Inversiones francesas en ferrocarriles argentinos kilómetro se fijaba en 20 400 pesos oro, y el peso de los rieles en 18 kg. por metro. Esto dejaba suficiente margen como para costear el quebranto del primer tramo del reembolso y aún para obtener las correspondientes ganancias de fundador. LOS FERROCARRILES FRANCESES HACIA 1893 Tucumán,/ Resistencia ! 139 La Sabana 1 -·-·-·-·-·-· I 1 1 En cuanto a la garantía de los beneficios, las condiciones eran similares a las convenidas en el contrato del FCA. Regía sobre el capital invertido en las líneas ya construídas de acuerdo al monto de títulos emitidos, y sobre el de las líneas a construir en hase al costo kilométrico mencionado. De tal manera el gobierno abonaba en concepto de garantías las mismas sumas que antes hacía por servicio de los empréstitos. La diferencia con el régimen anterior consistía en que el grupo francés aceptaba tomar en pago de las garantías una nueva emisión de títulos provinciales, según su cotización en Europa, y acordaba un plazo de espera de tres años para su servi- c10. I Este sistema equivalía a una refinanciación del servicio de los anteriores empréstitos con la emisión de otros nuevos, y puede ayudar a explicar el interés del gobierno por transferir la red al grupo inversor. También puede explicar el interés de este grupo por lo menos de Paribas, ya que además de la emisión de los títulos de fa nueva compañía :francesa (FCSF), daba lugar también a dos operaciones conexas (el rescate de los títulos de Murrieta y la emisión de los nuevos títulos con que se pagaría la garantía) de las cuales podía obtener ganancias. nta Fe _ _ _ _ Central Norte Y Central Córdoba .•• ·-··--······· otros Otro aspecto interesante del contrato era el referido a la construcción de los 500 kilómetros de nuevos ramales. Ante todo debemos destacar que los inversores se hicieron autorizar esta longitud de líneas antes de tener noción de qué rutas eran convenientes.24 Como hemos visto, esto les interesaba para poder licuar en su costo los gastos de rescate de los títulos de Murrieta y también por la gran magnitud de pedidos de material que involucraba. De todo modos el trazado finalmente elegido nos permite advertir que la preocupación por la rentabilidad de la explotación no estaba ausente (ver mapas). Dos de los ramales proyectados apuntaban a mejorar la poS1c1on del sistema frente a la competencia de la línea Rosario-Tucumán del FCBAR. Se trataba de las nuevas líneas directas entre San Cristóbal y Santa Fe, así como entre Santa Fe y Rosario. Con la primera se mejoraría la articulación de la red provincial con la futura línea San Cristóhal-Tucumán 25del FCA, proveyéndole una salida más corta por el puerto de Santa Fe. Con la segunda se dotaría al conjunto del sistema de una salida propia hacia Rosario, que hasta entonces dependía de los empalmes con el FCBAR. Por otra parte se proyectaba una línea hacia la estrihacio- �140 Siglo XIX nes del Chaco santafecino, en una zona despoblada pero que despertaba gran interés por su rique~a de recursos forestales, y particulannente de un producto cuya exportación presentaba perspectivas muy favorables: el quebracho colorado. Al contrario de las otras rutas, servía un área muy alejada del radio de acción de las compañías ya establecidas y permitía establecer allí un lucrativo monopolio de zona: A. M. Regalsky: Inversiones francesas en J' -rerrocam·1esargenttnos . 141 marcha de la explotación de las com - , nes, etc.). Es por eso que el mer dp~n;, 5?b~e el curso de sus cotizaciopicio para la colocación de em rf ti~ e _ar1~ siempre había sido más prorísticas de una renta fija y la p ~, ~públicos, que reunían las caractemos visto al analizar los conJ:anha . ecta de los gobiemos.21 Como hetía estatal sobre los ferrocarrilesos, losimil~versores procuraron que la garan, . se as ara lo , ihl I d prestítos, para aprovechar la rece ti .d d . mas pos e a a e los emcia los títulos públicos arge tm· p VI a creciente del mercado francés han os. LA RECAUDACION DE LOS FONDOS PARA LA INVERSION Una vez concluida la fase de negociaciones con el gobierno, el grupo francés procedió a encarar la siguiente etapa, que correspondía a la recaudación de los fondos necesarios para llevar a cabo la inversión. El primer paso consistió en la creación de las compañías que iban a tomar la explotación de las respectivas concesiones. Para ello Fives Lille transfirió los derechos obterúdos del gobierno, a cambio de hacerse cargo de la construcción. El capital accionario fue suscripto en su totalidad por el propio grupo inversor. La mayor parte debió haber sido tomada por Fives Lille, puesto que sus directores ocuparon la presidencia y vice-presidencia de las dos compañías. A su vez Fives Lille parece haber retrocedido una parte de sus acciones a una tercera firma con la que estaba muy ligada, la Banque Russe et Francaise. Sabemos que esta última detentaba el 14% del capital acciona26 rio del FCA y el 7.3°/o del de FCSF. De todos modos la magnitud de fondos aportados por vía de la suscripción de acciones era bien modesta: un millón de pesos oro nominales en el caso del FCA y dos millones en el del FCSF, integrados en un principio sólo en la cuarta parte. El objetivo era simplemente asegurarse el control de las sociedades a un mínimo costo,atender los gastos de constitución, conformar una garantía para las obligaciones con que se iban a financiar las construcciones y eventualmente proveer el capital de trabajo que se necesitará en el curso de la explotación. Mediante el control accionario de las sociedades, los inversores se aseguraban su participación en aquellas operaciones que les interesaban: la provisión de los materiales en el éaso de Fives Lille y la emisión de obligaciones y demás operaciones financieras en el caso de Paribas. La adopción del sistema de emitir obligaciones de interés fijo (S°lo) para financiar las obras se debía a que esa era la forma más factible de recaudar fondos a través del mercado de París. La clientela de títulos-valores estaba compuesta principalmente por pequeños ahorristas, más proclives a colocar sus fondos en títulos de renta fija que a hacerlo en valores de interés variable (acciones). Par.a operar con estos últimos se requerían una serie de conocimientos especializados que los ahorristas no poseían (sobre la Por otra parte este ,sistema presentaba vari . . res. Les permitía retener el control d 1 . das ventaJas para los inverso.' e a soc1e ad co , • . s10n, ya que los tenedores de obli . , n una m1mma mverasambleas. Además les permitía pegacib1~nes dno tleman derecho a voto en las . . re ir to as as gan · tras e1 servic10 de las obJ· . . 1gac10nes Cuanto fu anc1as que quedaran acc10nes en el total mayo , · menor era la proporción de , ' r sena e1 margen de b fi . ria un excedente cualquiera E l d I D ene c1os que les reporta. • · n e caso e rCA ¡ · obligac1ones por 11 2 mill d os mversores emitieron · • · ones e pesos oro lo · ah c10nano en un 8.9% del ca .tal tal E' que Situ a su capital ac16 562 millones con Jo que to : , n el FCSE la emisión fue de 12%. a proporc10n de acciones se ubicaba en el r En la emisión de las ohr aci co Paribas. Además de pilote! el º?ettuvo un papel preponderante el banba como garante o tomador en ~ e~cargado de la emisión, actuaba riesgos ciertos en caso de que I e. ~, afrmISma. Este rol, si bien depara. . a em1s1on acasar l dah d tener una com 1S1Ón mucho . ª• e a erecho a oh. mayor que si colocah 1 'tul nesgo de la compañía (hahitualm t b . ª os ti os por cuenta y ., . en e no a1ahan del 501) ~º J bas tamb1en mtervinieron otros b e' ,o • unto a PariR ancos ompt-0 · d 'E .usse et Francaise, pero sólo como e~tes de i~., scomp~e ~ Banque nesgos por un eventual fra 29 Lag B emlSlon, es decir Slil asumir d caso. a anque R . te , e su participación accionaria d . u~e m rvema en razón Comptoir ya había actuado juni ; ~: vmcullacmnes con Fives Lille. de 1881 a 1887. a an as en os empréstitos argentinos J3t Los banqueros emprendieron la col ., d l d º?ac1on e as obligaciones medianica es ecrr medí t 11 . so!a vez de la totalidad d I an e e anzanuento en una Este sistema implicaba un: os v i°~~:rrespondientes a cada compañía. anticipado los pedidos nec:~:"t:seJa or preparatoria para asegurar por efectuada preventivamente por el ~ y ~n~t;te de los mismos debía ser les y "amigos". Por eso, la colocació~º!:° as_! su red de corresponsadespués de cerrada l .. , ectiva rec1en concluía, varios meses . a em1S1on, cuando los han minaban de desembarazarse de lo IO t hque~os y especuladores terte.30 s es que ab1an tomado lilICI · · ·a1m ente el sistema de la emisión púht· al .ª" �142 Siglo XIX Los inversores emitieron en primer término las obligaciones del FCA, el 10 de agosto de 1888. En realidad realizaron esta emisión con mucha anticipación con respecto a las fechas en que necesitaban los fondos. Tenían plazo hasta marzo de 1889 para presentar los estudios (que recién estaban comenzando) y, luego de que fueran aprobados, otros tres meses para iniciar las otras. Estas anticipación para concretar el lanzamiento de los títulos se puede explicar por la situación del mercado financiero y las perspectivas futuras. A mediados de 1888 el mercado de valores argentinos en París pasaba por su mejor momento, con una gran receptividad del público ahorrista y un alza general de las cotizaciones. Sin embargo las perspectivas futuras no eran muy favorables porque había un gran número de emisiones provinciales en vista, que amenazaban con provocar una saturación del incipiente mercado.31 De ahí la premura del grupo de Paribas por anticiparse a esa avalancha. Las obligaciones fueron ofrecidas a un 90.5% de su valor nominal y, descontados los plazos de pago, a un 89.6% efectivo.32 Aparentemente los resultados fueron exitosos. Paribas anunció que hubo 14 mil suscriptores que hicieron pedidos por una suma total diez veces mayor que la ofrecida. No obstante, este éxito queda relativizado si tomamos en consideración la evolución posterior. En los meses siguientes, en que Paribas y sus allegados debían recolocar sus propios pedidos, las cotizaciones no llegaron a superar el precio de emisión, como resultado de la saturación del mercado a que hicimos referencia. Después de la crisis de 1890 Paribas. todavía mantenía en cartera un monto equivalente al 10.2°/o de la emisión.33 Esta desfavorable evolución del mercado financiero puede haber influ ído también para que los inversores postergaran la emisión de la segun· da compañía, FCSE, que se realizó recién el 25 de abril de 1889. Esta demora resulta más notoria si tenemos en cuenta que Paribas ya había adelantado fondos propios a principios de enero, para efectuar el rescate de los títulos provinciales de Murrieta, según lo estipulado en el contrato. Por entonces la situación era poco propicia porque a la saturación de títulos argentinos se agregaba la desconfianza del público europeo por la creciente alza de la prima del oro en Buenos Aires. La decisión de emitir en abril no parece haber respondido a que esta situación se hubiera revertido sino más bien a que las perspectivas futuras eran más inciertas. Esto incluyó en el precio de la emisión, que se fijó en un 85.5% (85°1o efectivo), bastante inferior al de las obligaciones del FCA. Los resultados de la emisión fueron mediocres. El anuncio oficial de que los pedidos habían sido dos veces superiores a los títulos ofrecidos era ya de tono menos optimista que en el caso anterior. Por otra parte las A. M. Regalsky: Inversiones franc= en J' .rerrocam·les argentinos . 143 cotizaciones experimentaron una continua h . . . . ubicaban a sólo el 79 901 d al :1,Jª, Y ª pnnc1p1os de julio se • ¡O e su V or nominal Par 1os comentaristas bursátiles alud, ahº · ª exp 1car este hecho . . Ian 1ertamente al fracaso d J • •, Y a 1a existencia de un gran lote d t 'tul . e a em1s10n 34 el monto de obligaciones e ret ~ I ?s sm ven~er. Curiosamente, sentaba el 12.9°/o de la e ~-, ema Par!bas despues de la crisis repredel FCA. Quizás se deba _:ms10n, :orcentaJe apenas mayor que en el caso su socio Fives Lille. 35 que o a parte del quebranto fue asimilada por r De esta manera, los resultados d 1 •. , • . parcial de los planes de los inversorese a em1S1~n eVIdenc1ahan un fracaso dos propios la parte no aportada ' ~e ttan complementar con fonParibas el monto de t1'tulo por e pu ico ahorrista. En el caso de s en cartera superah J . nes por la emisión. Como contra artida deh a e porcentaJe de comisiogrupo francés no necesitó invem:'. '. emos tener en cuenta que el obras de ambos ferrocarriles mmediatamente esos fondos. Como las comenzaron recié fin d 188 pletaron al cabo de tres años qued, na es e 9 y se comdicho grupo pudo usufruc~ar l undamp IO margen de tiempo en el que · ¡¡· . , os wn os recaudados y c , mmov IZac1on de fondos propios que d h, fr. ' . ompensar as1 1a e ia su Ir postenormente. ºe r LA INVERSION DE LOS FONDOS El análisis de la inversión de los fondos . para el estudio del accionar del frpr~nta vano~ aspectos de interés composiGiÓn podemos explorar !grupo _an~e~. A traves del examen de su de fundador que el grupo a:::agrutu e los beneficios indirectos o El desglose de estos fond: ::rve a,_sohre el -~otal de_fondos disponibles. capital total que se destinó a l p brm1te ~bien medir la proporción del mediante el análisis de l ahs o drasl propiamente dichas. Por otra parte . d a marc a e as obras pode . , , nono e las inversiones se fue a·usta d 1 . mos apreciar como el el grupo francés afrontó en los r¡specti~ o a as ~hiantes perspectivas que vos negocios. Los fondos recaudados po J • •, d . . diversos rubros que pode r a em1S1on e obligaciones se destinaban a ' mos agrupar en dos t ' L prendía los gastos financieros · 1 .. ca egonas. a primera comba . as com1S1ones y gastos dese tad 1 nqueros, y el servicio de las hl" . h on os por os neas, momento en que come obigac1o~esl asta la habilitación de las lí, nza a a regir a garant, tal L c:1~~gona comprendía los gastos relacion d I ia esta .. segunda s1c1on de terrenos estudi d a os con a construcc1on: adqui. ' o, esmonte y terraplenami to l .. , Y montaJe de materiales· tamb·, . 1 , . en , Y a provis10n los de constitución de la; comp::ame u1~c1e~os g~stos indirectos, como obras. s y su nc1onam1ento en el período de ,ª �144 A.M. Regalsky: lnversione4 francesas en ferrocarri/e4 argentinos Siglo XIX .q.n.q.q.q 00>c--it<lt<lOO ... O 00 ...-1 ...,._ ...-1 11') 11') ~ 11') O> .... 00 ost<oc--ioo O<NOO.-<C(')r--c--,oc--i.nc--io .... 00 (N ... o ...... o IO .... IO o 9 t2w :> z..... ": ~ Q 11') O>r.<NOO<l'O\l.'">0 000 ,-.... :f";C<": ~ ~ u ~ o z o ..... u ~ ~ ..... CF) o <NOO'<l'OOIOIOOO :g8;$~~~g IO'<I' .... ... .-<c--i.-<lt'llt'l .... 145 En el cuadro 4 hemos volcado nuestras estimaciones sobre la distribución de los fondos. Estas estimaciones tienen un carácter solamente áproximado, pues la información disponible no siempre es suficientemente precisa. Particularmente en el caso del FCA contamos con algunas cifras muy poco desagregadas, que hemos debido desglosar por analogía con el FCSF. 36 Entre los principales rasgos que podemos señalar, se destaca la baja participación del rubro construcciones en el capital total de las compañías: un 30°/o en el FCSF y un 55u/o en el FCA. Medido en relación a la longitud de las líneas, el monto gastado en obras ascendía a 10 100 pesos por kilómetro en el FCSF y 9 700 pesos en el FCA. Esto representaba en ambos casos aproximadamente la mitad del costo kilométrico reconocido por el gobierno para el pago de las garantías. Este bajo nivel resultaba coherente con las condiciones generales en que se efectuaba la inversión. Como el gobierno reconocía anticipadamente un costo fijo, los inversores tendían a maximizar sus beneficios cuanto más lograran reducir sus gastos por debajo de los costos oficiales. En este sentido podemos destacar también las elevadas comisiones percibidas por Paribas y los demás banqueros participantes en las emisiones. De acuerdo a la diferencia entre los fondos recaudados y los disponibles para la inversión, estas comisiones habrían alcanzado un 8.50/o·en el caso del FCSF y un 13.5% en el del FCA. Estos niveles se pueden considerar muy altos para los parámetros de la época. Lo que llama la atención es que hayan sido más elevados en la emisión del FCA que en la del FCSF, ya que la primera fue una operación más segura, por las mejores condiciones del mercado y la mayor sólidez de las garantías. Esto podría explicarse por la existencia de otro tipo de gastos financieros, como la adquisición de la concesión a Portalis. En el FCSF este gasto no existía porque la concesión fue tomada directamente por el grupo inversor. Si bien la actividad de gestor de Portalis no era realmente independiente del grupo inversor, como para justificar una suma tan abultada, también podía suceder que una parte de esa suma retomara a dicho grupo por vías informales. En efecto, era habitual que los financistas franceses que dirigían sociedades anónimas (como Paribas) buscaran percibir una parte de sus comisiones fuera de contrato para no tener que rendir cuentas a sus propios accionistas.37 Finalmente, podemos señalar el alto costo de los servicios financieros de las obligaciones del FCA (un 18.5% del total). Esto fue el resultado de haber emitido las obligaciones con más de un año de anticipación con respecto al comienzo de las obras, que a su vez demandaron casi tres años más para su conclusión. Este elevado costo fue entonces la contrapartida de los beneficios que los inversores recogieron por disponer libremente de esos �146 Siglo XIX A. M. Regalsky: lnver&iones francesa& en ferrocarrile& argentinos fondos durante un período tan largo. La valuación de los gastos destinados a las construcciones también es útil para medir el mercado que estas inversiones representaron para Fives Lille, en su condición de proveedor de materiales. Sin embargo, no todas esas sumas se canalizaron hacia dicha firma. Una parte sustancial correspond ía a la adquisición de terrenos38 y a diversas obras subcontratadas con empresarios locales (desmonte, terraplenamicnto, durmientes). Lamen• tablemente, no disponemos de información suficientemente detallada co~o para desglosar esos rubros. En cambio, podemos esbozar una imagen del mercado que obtuvo Fives Lille por el volumen de los materiales empicados. Con respecto a la vía permanente, podemos calcular, en hase a las especificaciones de los contratos, que representó pedidos por unas 48 mil toneladas de rieles. En cuanto al material rodante, disponemos de un estado detallado, clasificado según los distintos fabricantes. En el cuadro 5 se puede observar que las firmas que tomaron la mayor parte de los pedidos fueron la propia Fives Ljfü, y Dietrich, que probable• mente estuvieran relacionadas. Significativamente, ninguna de las dos ha• hía logrado acceder al mercado argentino en esos rubros. En cambio, Dyle et Bacalan, la más importante constructora francesa de vagones, y la única que tenía una posición competitiva en el mercado argentino (donde ya había colocado unas 770 unidades) apenas tuvo una participación marginal. Esto permite apreciar cómo el negocio estaba concebido como un medio de procurar la penetración comercial de firmas que de otra manera no tenían acceso al mercado argentino. También se puede destacar que las firmas británicas que habían sido habituales proveedoras de la red provincial antes que entrara el grupo francés, fueron prolijamente excluídas de los pedidos.39 Con respecto a la marcha de las obras, ya hemos aludido al considerable retraso con que se iniciaron las del FCA. A pesar de que los fondos se hallaban disponibles desde el segundo semestre de 1888, las obras no cobraron impulso hasta principios de 1890. Esto puede atribuirse s61o en parte a factores externos, como los trastornos climáticos que asolaron la provincia de Santa Fe en 1889. También fue un reflejo de la improvisación con que los inversores abordaron inicialmente los aspectos técnicos del negocio, interesados como estaban en sus facetas financieras e industriales. El estudio y aprobación de la traza demoró un año (hasta julio de 1889) y aún después los contratistas debieron pedir importantes modificaciones, para suprimir tramos que atravesaban áreas totalmente improductivas o que ofrecían muchas dificultades técnicas. Lo mismo sucedió con la línea del FCSF hacia el Chaco santafecino. En un principio no se había establecido ni su punto de arranque ni el de su terminación, y su relevamiento re- o<J:) IN <:t< lt') ...... IN e<) o IN ...... lt') <J:> 00 IN IN e<) <:t< Ol ...... o <J:) IN ...... 147 �148 Siglo XIX A. M. J!.egalaky: Inversiones francesas en fe"ocarri/es argentinos cién se completó en 1891. CUADR06 CONSTRUCClON DE LAS LINEAS FRANCESAS (FCSF Y FCA) Compañía FCSF red antigua FCSF Secciones Santa Fe - Rafaela- San Cristóbal Longibtd Fecha (en km.) apertura 200.9 15-VIII-85 Contratista J. Meiggs &Co. Ramales diversos (a San Carlos, Gálvez, Colastiné, S. José, Soledad y frontera de Córdoba) 295.3 Santa Fe-San Justo Reconquista l-III-88/ 316.6 24-11-90 J. Meiggs Santa Fe-Rosario y ramales 180.9 1-VI-91/ l -Xll-91 Fives Lille M. Gálvez (Nelson) - San Cristóbal 119.7 2-Xl-91 Fives Lille Vera - Paralelo 28 (La Sábana) 179.8 l-XI-92 Fives Lille San Cristóbal-Fortín Inca Fortín Inca- Fortín Melero 161.4 1-V-91 141.1 l-II-92 Fives Lille Fives Lille F. Melero - Suncho CorralAurora 152.4 7-VII-92 Fives Lille Aurora - Tucumán 144.7 7-Vll-92 Fives Lille 35.0 7-VIl-92 Fives Lille l-Vll-86/ l-VI-88 líneas nuevas FCA Ramales diversos 149 J. Meiggs - FUENTES: R. A., Dirección General de Ferrocarriles, Estadística de Ferrocarriles en explotación (1892 y 1914), Tabla l. El desarrollo posterior de las obras nos muestra, entre otros aspectos, la importancia que los inversores asignaron al tráfico de Tucumán como eje articulador del sistema FCSF-FCA, y su preocupación por la competencia de la línea rival del FCBAR (ver cuadro 6). Las construcciones que abordaron en primer Lérmino fueron las de las secciones de Rosario a Santa Fe y de Santa Fe a San Cristóbal, que iban a permitir el acceso del tráfico del FCA por la vía más corta. En el otro extremo del sistema, incorporaron al plan de obras una nutrida red de ramales y desvíos hacia los ingenios ubicados en las proximidades de la ciudad de Tucumán. 40 El intento de los inversores de disputar el transporte de la producción tucumana se aprecia también en la precipitada terminación de las últimas secciones del FCA, que se habilitaron con un año de anticipación sobre los plazos del contrato. De esta manera intentaban aminorar el retraso que llevaban con respecto al FCBAR, que bahía llegado a Tucumán en febrero de 1891. Empero, la razón más decisiva para apurar los trabajos fue la de anticipar la fecha en que el gobierno se haría cargo del pago de la garantía sobre toda la línea. Esto los eximiría de seguir distrayendo recursos propios que ya se estaban agotando. Hacia fines de 1892 el grupo francés completó también los últimos tramos del FCSF. La conclusión de estas obras, que se ajustó apenas a los plazos establecidos, resultaba irrelevante para el cobro de los intereses garantidos, pues el gobierno provincial ya había entrado en cesación de pagos. En cambio, tenía importancia para afianzar la posición de los inversores en las negociaciones que por entonces se desarrollaban para canjear las garantías por la propiedad perpetua de la red. LOS RESULTADOS DE LAS INVERSIONES Y LA MARCHA DE LA EXPLOTACION En los puntos anteriores hemos examinado el accionar del grupo francés en las sucesivas fases del desarrollo de las inversiones. A través de ese análisis hemos podido apreciar cómo su intervención estuvo guiada por la obtención de una variada gama de beneficios. La mayor parte de estos beneficios los podemos calificar de indirectos: se relacionaban más con el control que dicho grupo tenía sobre el proceso de inversión que con el uso de sus fondos propios. Como hemos visto, los resultados no siempre estuvieron a la altura de Jas expectativas de los inversores. Su éxito dependía del mantenimiento de �r· 150 Siglo XIX las condiciones generales existentes en 1887-88, cuando tuvieron su origen las inversiones: creciente interés del público europeo en las colocaciones argentinas, alza del valor de la tierra y mantenimiento de una mínima estabilidad cambiaría. Sin embargo, en el período en que se ejecutaron las inversiones (1889-1892), se produjo un viraje hacia condiciones más adversas, tanto en la coyuntura internacional como en la situación de la Argentina. Esto impidió realizar plenamente los beneficios previstos, que dependían de la completa colocación de las obligaciones y de la continuidad en el proceso de especulación y colorúzación de tierras. Al respecto, cabe consignar que el grupo francés había hecho varias inversiones colaterales~ tanto para promover la explotación de las tierras servidas por el ferrocarril co41 mo para beneficiarse de la valorización que el mismo engendraría. Ahora bien, el hecho de que los inversores estuvieran prioritariamente interesados en este tipo de beneficios no significa que descartaran totalmente la obtención de los beneficios directos, vale decir los derivados de la inversión de fondos propios, en su condición de accionistas. Como hemos visto, el hecho de que el capital .accionario fuera una porción minoritaria del capital total les permitía potenciar al máximo los beneficios derivados de un excedente cualquiera. En los contratos habían hecho incluir una cláusula para devolver las garantías sólo cuando los beneficios de explotación superaran el 6 %. El excedente que esto implicaba les permitiría repartir hasta un 10% de dividendos sobre el capital accionario. Por otra parte, el hecho de que aceptaran fijar los gastos de explotación en el 55°/o de los ingresos brutos indicaba cuando menos que esperaban obtener un rendÍIJliento suficiente como para cubrir esa proporción. La experiencia de la explotación de los ferrocarriles hasta 1895, año en que los inversores renegociaron las condiciones con el gobierno, demostró que esas expectativas de una mínima rentabilidad no se cumplieron. Los resultados fuer~n tan pobres que no sólo impidieron repartir dividendo alguno sobre el capital accionario, sino que tampoco bastaron para atender el servicio de las obligaciones ni para cubrir el coeficiente de explotación estipulado en los contratos. En el caso del FCA, los ingresos ni siquiera alcanzaron a equiparar los gastos de la explotación, dando !ugar a un drenaje de recursos de los propios inversores para mantener la !mea en funcionamiento. Estos resultados se pueden explicar en parte porque la explotación comenzó cuando ya se había iniciado el proceso de aguda depreciación del papel moneda. Entre 1889 y 1892 el papel perdió un 42°/o de su valor en términos de oro, que pasó de 0.52 a 0.30 pesos oro. Esto reducía la significación de los beneficios en relación al capital invertido. En cambio, los altos coeficientes de gastos y aún los resultados deficitarios sólo pueden A. M. Regalsky: Inversiones francesas en ferrocarriles argentinos 151 explicarse por el escaso tráfico obtenido en las áreas de influencia. La e~olución del FCSF, si bien en términos generales arrojó resultados mediocres, se puede dividir claramente en dos períodos: 1889-92 en qu~ la red funcio?? con _sólo una parte de su longitud total, por esta; todav1a en construcc1on vanos ramales a cargo de Fives Lille y deMeiggs, Y !893 en ~delante, en crie la red funcionó con su longitud completa. El pnmer periodo comenzo con un resultado deficitario en el año 1889 debido a los trastornos provocados por las inundacion;s de ese año. Pos~ t~riormente los ingresos comenzaron a aumentar, aunque con menor rapidez qu~ el aum~~to de la longitud de la red, por el escaso aporte de las nuevas_ lme~ ~abihtadas. Esto se reflejó en un coeficiente de gastos, que alcanzo su maximo en 1892 con el 91.3°/o de los ingresos brutos. _ En el segundo período los resultados globales experimentaron una leve meJora por el aumento del tráfico en las nuevas líneas del área forestal Mie~tras tanto, el de las lín_eas antiguas del área cerealera registró un estan~ caimento que se prolongar1a hasta el final de la década. El coeficiente de gastos comenzó a bajar, y se situó en un promedio de 85.9%. De todos ~odos, se~ía estando ~uy por ?n?ima del 55°/o reconocido por el gob1crno, y aun del obterudo en el ultimo año de la administración inglesa del 76.4°/o (ver cuadro, 7). Los beneficios promedio tanto en el primer~ co~o en _el segundo perwdo resultaron insignificantes en relación al capital mv_er:iido: alr~dedor del ~-5%, es decir un décimo de lo necesario para el semc10 financiero de los titulos afectados a las líneas. Mucho más estrepitoso fue el fracaso de la explotación del FCA. En 1~91 -92, en momentos en que la línea funcionó con una parte de su longitud ~tal, los gastos ~eron más de 10 veces superiores a los ingresos. Todav1a en 1893, el prlDler año completo en que funcionó toda la línea el ?ºeficiente de_ gastos llegó al 187% de los ingresos (ver cuadro 7). Pos: te~1ormen!e _los mve~res lograron mejorar l~s resultados, hasta llegar al pnmer y umco superav1t en 1895. Esto se debio en parte a un aumento del tráfico,_ que creció a un ritmo inferior al de los ingresos. En mayor medida ~e posible por el aumento tarifario que los inversores obtuvieron del gobierno en 1894, y fundamentalmente por el drástico recorte de los gastos. ~ste recorte c~?'espondi? enteramente a los rubros de vía y obra, tracc1on y conservac1on de veh1culos, lo que significa que los inversores desaten~ieron las necesidades de mantenimiento de la vía y el tren rodante, pre~1sa~ente cuando el mayor_ tráfico generaba un mayor desgaste. Este desmteres por el estado de la !mea se puede vincular con el hecho de que ya estaban en marcha las tratativas para transferir la propiedad al gobierno. Otro indicador claro del fracaso de esta línea fue la baja participación �t-' VI ~ CUADRO 7 ti) ~ <fil· 0 ~ RESULTADOS DE LA EXPLOTACION DE LOS FERROCARRILES FRANCESES FCSF 1888 A) Longitud media en explotación (en km.) 1 B) Tráfico (miles de toneladas) l. Volumen carga Recorrido medio (km) Composición carga: Cereales (º/o sobre total) Maderas (º/o sobre total) Azúcar (º/o sobre total) 2. ' l. Producto total Producto carga (º/o sobre total) 3. 1 307 1 635 341.3 460.5 161 588.11 220 201.5 43.7 150.3 32.6 14.9 3.2 162-1 27.6 269.5 45.8 22.4 3.8 -- 960.1 726.5 75.7 1 558,7 266.9 81.3 422.8 76.4 624.2 83.6 824.7 85.9 -- -- 168.7 -- -- -- ----. -- -- - -1 ·, -- -- 553.1 J ' Gastos totales (º/o sobre producto) Composición: Vía y obra Tracción y conservación vehículos Tráfico estaciones Movimiento trenes Administración Directorio y representantes locales ..!._ -- -' . 746.6 -- ,_ Beneficios totales Media por kilómetro -- -- ; 1 --- -- - - 1 1897-9 1 307 1_1· _ _ .- 1893-5 943 210.8 Resultados de la explotación (en miles de pesos oro): 2. 453 -- C) ~ 1890-2 FC A 1892* 130.3 0.28 122.8 0.13 1894 1895 635 635 635 73.2 187-2 121 195.6 133 273-2 136 -- 6-2 3.3 99.1 52.9 10.8 5.8 5-3 2. 7 82.5 42.1 28.9 14.8 5-2 1.9 83.8 23.7 23.7 8.7 74.9 66.8 89.3 220.5 182.2 82.6 320.1 262.1 81.9 415.9 364. 7 89.9 251.6 80.3 143.4 191.5 412.3 187 391.2 122 374.1 89.9 365.9 -- 124.8 114.4 100.4 318.6 125-5 84.2 84.2 480.1 192.7 90,2 90.2 40.3 59.3 138.2 0.11 1893 314.2 0.24 -- -- -, -- -- -- 133. 7 3 1. 7 58.6 58.6 127.2 32.9 64.4 64.4 -- 20.3 20.5 16.0 · 191.8 -0.30 · 71. 1 ·0.11 41.8 0.07 · 68.5 · 0.11 -~ ~ 149.8 27.3 58. 7 58.7 ~- ¡i.. iz;f ~ :¡¡ ;:: s·::, : 1; ! ~ ::, ~ 3 g ➔ .. i::: ~ Q FUENTES: R. A., Dirección General de Ferrocarriles, Estadística de Ferrocarriles en explotación (1892-1899), passim. Provincia de Santa Fe, Mensajes del Gobernador (1889-92), passim. * datos del 2o. semestre solamente. L il ~ ::, ..s·o ..... VI w �154 Siglo XIX del azúcar y la caña en el tráfico total. Ese rubro, en el que los inversores habían basado grandes expectativas, participó entre 1893 y 1895 con sólo el 10.5% de la carga total. Los mediocres resultados del transporte del azúcar se pueden apreciar mejor si comparamos su volumen con el de las otras lfoeas que unían Tucumán con el litoral. En 1894 el FCA transportó solamente 28 915 toneladas, frente a las 69 986 del FCBAR y las 97 101 del Central Córdoba. Por otra parte ni siquiera esa magra cantidad se volcó a la red del FCSF, que ·ese año transportó ll 968 toneladas. En realidad la mayor parte de la carga transportada por el FCA no se canalizó hacia el FCSF sino que más bien correspondió a un tráfico local, entre las estaciones de la última sección, que concluía en la ciudad de Tucumán. Esto significaba un serio revés para los planes franceses, desde que la carga total del FCA había alcanzado en 1895 a ~~presentar un 56% de la del FCSF y hubiera ayudado a elevar la rentabilidad de esta última compañía.42 LA CUESTION DE LAS GARANTIAS Y LA RENEGOCIACION DE LOS CONTRATOS Como podemos apreciar por los resultados de la explotación, el cobro de las garantías asumía para los inversores una importancia vital a los efectos de mantener en pie el esquema financiero sobre el que habían montado sus negocios. Sin embargo, la crisis de 1890, al colocar_a l?s g?~~ernos na~ional y provinciales en un estado de completa insolvencia, 1mp1d10 que los mv~rsores pudieran recurrir a este mecanismo. Esto dio. lugar a un compl~Jº proceso de negociaciones, en que las distintas parte.s mvolucradas en las mversiones intentaron liquidar sus pérdidas al menor costo posible. En el caso del FCSF los inversores habían reconocido tácitamente la insolvencia del gobierno santafecino desde el momento mismo de la firma del contrato, cuando aceptaron recibir el pago de las garantías en nue~os títulos provinciales en vez de efectivo. A fines de 1889 el go~ierno provmcial autorizó la emisión de tres millones de pesos oro en titulos, con los que entonces se pensa~a cubrir el se~~cio de la ga_~tía d~-los tres pr~eros años. La negociacion de las cond1c1ones de em1S1on rec1en concluyo en junio de 1890. Los inversores acordaron tomar los títulos al 75% de su valor nominal (cotizaban entonces al 88/90%) ! hacerse :argo de sus ~ntereses en los tres primeros años. La transferencia de los titulos todavia se demoró hasta agosto y ya para entonces las cotizaciones h_abían cajdo p~r debajo del precio pactado. En los meses siguientes la ca1da no hizo mas 43 que acentuarse, hasta llegar a sólo un 30% de su valor nominal. A. M. Regahky: Inversiones francesas en ferrocarriles argentinos 155 Ante esta situación, y el fracaso de su intento de obtener un lote adicional de títulos, los inversores adoptaron la decisión de suspender los servicios financieros afectados a la garantía. Como esto involucraba a los empréstitos provinciales de Murrieta aún en circulación, se llegó a una situación muy compleja en la que los inversores franceses reclamaban algobierno el pago de la garantía, el gobierno reclamaba a los inversores el pago d~I servicio de los empréstitos provinciales, y los tenedores ingleses de esos titulos demandaban a ambos por los intereses caídos. Además, como el crédito exterior del gobierno provincial había virtualmente desaparecido , ' no se pod1a recurrir al expediente de una nueva emisión que saldara los intereses de las anteriores. . ~~ situació~ pareció destrabarse en 1892 cuando el gobierno nacional dec1d10 concurrir en apoyo del de Santa Fe, y los franceses accedieron a hacerse cargo del arreglo con los tenedores ingleses. Por el contrato del 29 de septiembre el grupo francés obtenía la propiedad "absoluta y definitiva" de toda la red, incluso de la parte hipotecada por los empréstitos ingleses, a cambio de su renuncia a las garantías y su compromiso de reembolsar los empréstitos pendientes. En realidad, esta última condición ya fi. guraha en el contrato de concesión, según el cual los inversores debían haber co~pletado_ el rescate de los títulos en octubre de 1891. Por su parte el gobierno nac1onal aportaba al grupo francés tres millones de pesos oro en títulos 6°/o del empréstito Morgan (con garantía de las aduanas nacionales) en reemplazo de los títulos provinciales recibidos en 1890. 44 Las condiciones no fueron muy bien recibidas en la legislatura cuando se debatió el contrato, y si bien éste fue aprobado, se incluyó una cláusula para el caso de que fracasara, que propiciaba como alternativa la retención de las líneas en manos de la provincia y la entrega a los inversores franceses de una cantidad menor de títulos. Sin duda los terratenientes santafecinos veían esfumarse con esta operación el proyecto de una red ~e transportes con tarifas de fomento, más bajas que las de las líneas particulares. , De todos modos, el convenio quedó en suspenso porque el grupo frances no logró el, consentimiento de los tenedores ingleses, que se negaron a cancelar sus titulos contra la transferencia de los bonos nacionales. En esos momentos las cotizaciones de los títulos santafecinos en Londres llegaban a su mínima expresión, por debajo del 20°!o de su valor nominal. Desde principios de 1892, en que se produjo la quiebra de Murrieta, regis~aban una continua caída mientras los demás valores argentinos evidenciaban una tímida recuperación. El grupo francés seguramente entendía que esta circunstancia debía llevar a sus tenedores a reducir el nivel de aspiraciones. Por su parte estos últimos, representados por la influyente �156 Siglo XIX River PI.ate Trust Co. confiaban en que sus conexiones con las esferas oficiales argentinas les permitirían conseguir un mejor resultado por la vía judicial. En abril de 1894, asesorados por Manuel Quintana, iniciaron un juicio contra la provincia por el pago de los intereses atrasados que ya sumaban 2 318 960 pesos oro.45 Mejores resultados tuvo el grupo inversor en sus negociaciones con los tenedores franceses de obligaciones. A diferencia de los títulos provinciales, la mayor parte de esos valores estaba afectada a la construcción de las líneas nuevas, y su servicio se atendía con los fondos destinados a las mismas. No obstante, el grupo francés había suspendido los pagos desde principios de 1892, cuando todavía faltaba un tramo importante de las obras. Luego de fracasar sus intentos por convertir las obligaciones en nuevas acciones, los inversores consiguieron hacer aceptar su canje por nuevas obligaciones de interés variable. Estos valores tendrían derecho al 90% de las utilidades hasta que fueran saldados los intereses originales, período en el cual no se podrían repartir dividendos a las acciones.46 En cuanto al FCA, su situación hizo crisis bastante después que el FCSF, a mediados de 1893. Hasta ese momento los inversores habían pagado el servicio de las obligaciones normalmente, inclusive el del primer semestre posterior a la habilitación total de la línea. A su vez habían logrado cobrar en títulos Morgan la primera cuota de la garantía, correspondiente a una sección abierta en 1891. Sin embargo desde. mediados de 1892 era perceptible un viraje en la política del gobierno nacional, que se negaba a seguir emitiendo títulos Morgan para las garantías, y exigía a las compañías ferroviarias la entrega del 45% de su producto bruto para retomar el pago en efectivo. Frente a estas perspectivas inciertas, los inversores resolvieron colocar a la compañía en liquidación judicial, en julio de 1893. Según el informe de los liquidadores sólo quedaban 204 178 pesos oro (correspondientes al saldo del capital accionario) para seguir atendiendo los gastos de funcionamiento del ferrocarril. En octubre de ese año el grupo inversor arribó a un concordato con los tenedores de obligaciones similar al del FCSF. Los tenedores obtenían derechos sobre el 95% de las utilidades pero a diferencia del caso anterior aceptaban que se repartiera el 5% restante entre los accionistas, aún cuando no se hubieran cancelado los intereses originales. ·Esto era importante porque las posibilidades de obtener un saldo distribuible por vía de la garantía eran mayores que en el caso del FCSF (pues el gobierno nacional conservaba cierta solvencia).47 La situación de la compañía se mantuvo sin variantes hasta principios de 1895. En el interín los escasos fondos disponibles se consumieron rá- A. M. Regalsky: Inversiones francesas_en ferrocarriles argentinos 157 p~damente por los continuad~s déficit ~e explotación. Los inversores pudieron mantener el ferrocarril en funcionamiento sólo porque a mediado~ de 1894 el gobie~~ retor_:t el pago de las garantías, aunque por un 40 1/o de los valores ongmales. A comienzos de 1895 se prod · · · 1 J' • UJO un nuevo Vlr_aJ_~ en a po 1tica,oficial, tendiente a cancelar las garantías mediante la em1S1on ~e nuev_o~ htulos públicos. Bajo esta nueva situación los inversores negociaron rapu]~mente, la transferencia al gobierno de la línea. Evidentemente, e~, ausencia del regimen de las garantías, no les convenía mantener _la poseSion de una línea deficitaria que iba a requerir un contínuo drenaJe de fondos. Por otra parte, la transferencia no afectaría sus intereses en el FCSF, ' · d pues en, razón. de su diseño la línea de San Cns·tóbal segu·1na man temen o su caracter tributario de esa red. Las ?ondi~io~es del contrato de transferencia establecieron que el grupo frances recibina el pago en títulos nacionales a razón de 16 000 kil , d , . . pesos o~o por ometro e v1a _principal y auxiliar, además del monto de garanbas _que se hallaban pendientes de pago. Este sistema implicaba una mayor longi~d (670 km.) que _el _que se venía utilizando para la liquidación de las garantias (650 km.). AsimlSJJlo el precio kilométrico era más favorable que e! calculado por la Comisión Especial de Ferrocarriles Garantidos, que estimaba el valor de la línea a razón de 10 000 pesos oro. 49 Estas cues~~nes así como las críticas habituales sobre la pobre calidad de la co~cc1on y las malas condiciones de mantenimiento motivaron que el gobierno ~ope~~a con muchas dificultades para hacer aprobar el contrato, Y su _rati:6cac1on se demoró desde abril de 1895 (en que fue firmado) ~asta enero de 1896. T?d_avía l~s invers?res debieron aguardar has~ com1enzos de 1898 para recibir los htulos puhlicos, que resultaron suficientes para reembolsar a la par todas las obligaciones concordatorias Duran~e el período de demora (1896 y 1897) recibieron los intereses d~ esos tJtulos, del 4% anual, lo que les permitió repartir un módico dividend? _sobre el capita} obligatorio y sobre su propio capital accionario. En de_fimtiva, la o~eracion les pe~i~ó recuperar el capital invertido y restituir el que habia aportado el publico ahorrista, aunque sin reportar intereses durante un~ parte del ti_empo e~ ~e estuvo inmovilizado. Igualmente quedaron en pie_ las ganancias de tipo mdirecto que habían logrado obtener en las operac10nes de recaudación e inversión de los fondos. LA NEGOCIACIONES FINALES Y EL COMIENZO DE UNA NUEVA ETAPA Al mismo tiempo que arreglaban su salida del negocio del FCA, los inversores franceses reanudaban sus negociaciones con los tenedores ingleses pa- �158 Siglo XIX A. M. Regalsky: Inversiones francesas en ferrocarriles argentinos . . . , del FCSF. En enero de 1896 lograron ratifi~ ra regulanzar la S1tuac1on l tim"e to de los tenedores ingleses. Sm el convenio d~ 189~ con ed ~o:::n ea~an or la negativa del gobierno ?ª· embargo, su e1ecucion que o M qu . ~ almente convenidos. Debian cional a. apo~t.ar los tí~os org:°re:~su posición, lo que se produjo transcumr mas de tres ~o~ para_ 4;Ill Roca e procuraba concluir con totras el ascenso de la ad~mmstrac1on timulJ'1una nueva oleada de inversiodas las cuestiones pendientes para es nes extranjeras. - 'ashcuya. situación En 1899 el FCSF era una de las P?:as co~panih .dido en sefa. . P t.ambien debieron a er mc1 guía sin regul~ar. or ~-ntonces~e ·ones del obierno provincial, que se vo~ de una rap1~a soluc1on l::U~ d:sfavorableg en el litigio entablado en veia comprometido por ~n almente interesado estaba el grupo 1894 por los tenedores ingleses. Igul er en marcha nuevos pla, d se ha llegar a un arreg o para pon , 1 frances,. que . ,e a . ta de la favorable evolución de la compañia en os nes de mvers1on, en VlS últimos años. sultados de la explotación fueEn efecto, en el período 1897. 99 - 1os rtee . s El promedio de los in. . es a los anos an nore . ron notoriamente supenor . al d 1 ,odo 1893-95 y el aumento fu 62% supenor e pen . d b gresos rutos e un b fi . del 127 .3%. En matena e fue aún mayor en el caso de los, ene c1os~ acteres definitivos: tráfico, la red del FCSF co~olido en esos an:~:n el principal comel tráfico forestal siguió creciendf coQ~izás lo más significativo fue ponente de la carga total, con e . odi.. on a las líneas más nuevas y ás grandes correspon er E l que os progresos m el área forestal como en la ce~alera. sdistantes de la cabecera, tanto en l d 11 del tráfico p9d1a deparar to era un índice elocuente de qu~ e -~sarr;ot otra parte, esas líneas, que todavía mejores result:idos de e~! ::~:; con el territorio nacional del en un caso se extend1an hasta C, d ha tenían por delante grandes . • t h ta la frontera con or o , Chaco y en o ro as , . . 1 b·etivo de futuras amp1iacioáreas sin explot.ar que pod1an constJtuu e o ~ nes de la red.50 4~ª;~ . , . . o a reducir la incidencia El desarrollo del tráfico contribuyofias~JSmthaJ·ó a un promedio del d plotación cuyo coe cien e , de los gastos e ~x . ' º'/o ara 1899 Este descenso fue mas mar80 3°1o para el tnemo, Y 75.5 P · dir ., lo que siunifica . d . . nto de trenes y ecc1on, >t>·cado en los rubros e movume , un mejor aprovechamiento de la que se pudo atender el mayor tráfico con . A su vez este menor coefi· · t· operab\ia , misma estructura admuustra wa y , 1 . . res incrementar fuerteti ennitio a os mverso , ciente de gastos opera vos .P . de vías del tren rodante, que veman mente los gastos de manterum,~nto . - : por la escasez de recursos. siendo postergados desde hacia varios ano 159 Este mayor interés de los inversores por la mejora del estado de la red se advierte también en su política de distribución de beneficios. En el período 1897-99, en que los beneficios de la explotación acumulados represent.aron un 5.6% del capital en obligaciones, los inversores repartieron sólo un 30% de los mismos a sus tenedores. Con los beneficios reinvertidos emprendieron diversas obras de mejora, la ampliación del puerto propio de Colastiné y la adquisición de nuevo material rodante. Al concluir el período, las existencias de vagones se habían incrementado en 228 unidades, o el 18.75º/0 •51 Esta política de capitalización puede interpret.arse también como una política de redistribución de ingresos. Con recursos obtenidos a partir de una situación de suspensión de pagos que perjudicaba a los tenedores de obligaciones francesas tanto como a los tenedores de empréstitos ingleses, el grupo inversor aumentaba la capacidad de la red de generar utilidades, a la vez que desplazaba el momento de su distribución hacia una etapa futura, en que la reforma del concordato le permitiera percibir dividendos sobre su capital accionario. Esa nueva etapa se abció a partir de los acuerdos celebrados en diciembre de 1899. Por esos acuerdos los inversores obtuvieron la reforma del concordato en el sentido apuntado, así como la aprobación de los postergados contratos con la provincia de Santa Fe y con los tenedores ingleses_s2 El contrato con Santa Fe tenía las mismas características que el de 1892. Los inversores recibían en propiedad perpetua la totalidad de las líneas y tomaban a su cargo el rescate de los empréstitos en poder de los tenedores ingleses. Asimismo recibían del gobierno nacional unos 4 875 000 pesos oro en títulos de 4%, en vez de los tres millones de pesos oro en bonos de 6% que se habían convenido en 1892. Por el contrato con los tenedores ingleses les transferían esos títulos nacionales junto con otros 3 170 000 pesos oro en nuevas obligaciones de 3% de la compañía francesa. De tal manera, los tenedores ingleses recibían en total nuevos títulos por el 74% del valor de los empréstitos que tenían en cartera, aunque en términos de intereses esos nuevos títulos les reportaban sólo el 53% de lo que percibían antiguamente. Este arreglo puede calificarse como satisfactorio para los tenedores ingleses, si tenemos en cuenta la debilidad de su posición. Los empréstitos que mantenían en cartera tenían una muy baja cotización (en enero de 1899 era del 34% y un año antes del 22%) La antigua casa emisora rMurrieta) había quebrado y no jugaba ya ningún papel en la captación de capitales para la Argentina que hubiera permitido exigir un tratamiento es- �160 Siglo XIX A. M. Regalsky: Inversiones francesas en ferrocarriles argentinos ·a1 Finalmente las líneas hipotecadas contra los empréstitos eran mepectretazos . ' principal, y su posesion , no o fre ct,a , o t ra ven taJ·a que la ros de la red de ser una herramienta de presión sobre el grupo frances. Más satisfactorio resuJtaha el arreglo para el grupo francés que ohte~ía la ropiedad perpetua de toda la red, aunque sólo bahía ap~rtado el 60 fo deicapital invertido en la misma. Además concretaba el rearo_ de los tenedores ingleses utilizando mayormente títulos del g?hiemo nacto~~- ~e tal manera la operación implicaba un gravamen equt~alente al 22 .'º e 1os beneficios de la compañía en 1899, y con perspecbvas d~ reducll"SC ª medida que los resuJtados de la explotación continuaran me1orando. P?_r parte el retiro de los títulos ingleses implicaba una verdadera defl~c1on e "tal que quedaba reducido a una cifra más cercana a lo efectwame~te =~d~ en obras, y más adecuada para obtener una rentabilidad atractiva en un plazo más corto. o:~ En cuanto a la reforma del concordato pactada con los ten~d~res_ ~e obligaciones francesas, tos inversores ofrecieron una mayo~ parbc1pac1on a los tenedores en los beneficios distrihuihles. (de~, 93.25 fo en ~ez del 90%) y como contrapartida obtuvieron autortzac1on para repartrr el ~manen~e como dividendos para su capi~ ªC<;ion:t"o, Y que~ru:on facu_ · tados para emitir nuevas obligaciones de mtercs fiJo cuyo servicio ~oz~ria de prioridad sobre los anteriores títulos emitidos. Desde el P~_nto e vista de los tenedores esta solución implicaba una nueva postergact0n en sus aspiraciones a retomar el interés del 5°1o estipulado .º~~~mente, aun: se compensaba en el largo plazo con la mayor parbc1pac1on que toma , 1 saldos distrihuibles. Desde la óptica de los inversores el ~pecto m~ en os , . • bliga es que si favorable estaba tal vez en la autorizacion para emitir o c1on , . de momento apuntaba a la conclusión del arreglo con los te?edores m~eses los colocaba nuevamente en condiciones de poder recumr al merca 0 de París para alimentar los planes de expansión que ya se estaban gestando.s3 161 2. Hemos descrito este proceso en nuestros trabajos: "Las inversiones francesas en empréstitos provinciales en la década de 1880", V Jornadas de Historia Económica, Universidad de San Juan, 1983 y "Las inversiones francesas en empréstitos públicos nacionales, 1881-1890", VI Jornadas de Historia Económica, Universidad de Córdoba, 1984. 3. Mientras en el gobierno de Roca se otorgaron sólo 3 concesiones por 459 kilómetros, en el de Juárez Celman se dictaron 25 leyes de concesión garantidas por 13 482 kilómetros. Particularmente en 1887 se concedieron 14 líneas con garantía por 7 724 kilómetros, además de la enajenación de las dos líneas estatales por unos 1 200 kilómetros. En cuanto a las construcciones ferroviarias, .e n 1881-86 totalizaron 3 651 kilómetros y en 1887-92, 6 956 kilómetros.R. A., Dirección General de Ferrocarriles, Estadística de Fe"ocarriles en Explotación (1895), passim. 4. El sindicato franco-belga estaba integrado entre otros por Deves (Cfedit Foncier de Francia), Otlet (Compañía de Gas de Río de Janeiio) y Empain (ferrocarriles del Perigord). SAJ (fhe South American Journal), 27-IX-90, 377. Sobre la Société de Batignolles y su fundador Gouin hay abundante información en R. Cameron, Francia y el deaarro/lo económico de Europa, 1800-1914, Madrid, Tecnos, 1971, pp. 76, 106-7, 274 y ss. 5. Sobre la especulación con latifundios en el Chaco hay abundantes referencias en los periódicos de la época. Al debatirse la concesión de Peláez, El Diario (4VIII-87) publica una "nómina de los que han obtenido tierras en el Chaco y se verán favorecidos por este ferrocarril", que incluía a P. Groussac, Langworthy, T. Malbrán, Casares y otros. En 1887 también se otorgaron concesiones en el Chaco a F. Younger (Paraná-Tartagal), A. Lanús (Resistencia-Metán) y J. Martínez (Nanducito-Presidencia Roca). En cuanto al área andina, hubo también abundantes concesiones ese año: l. Quiroga (S. Juan.(:humbicha), P. Prud'home (Chilecito-Mejicana), Sánchez e lgarzábal (S. Juan.(:hilecito) y A. Carranza (Chumbicha Tinogasta). R. A., DSCD (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados), 1887, II, 1.107.08. 6. Batignolle, habilitó 86.5 kilómetros el l-Xll-90 (V. Mercedes-La Toma). En 1891 redujo las obras a un mínimo (14 hombres trabajando) por falta de fondos. En cuanto al grupo franco-belga, en agosto de 1890 debió suspender las Qbras por un litigio con Peláez, y en octubre de 1891 las interrumpió definitivamente. R. A.,Memoria de Obras Públicas (1889-91), 11, 21-7, 156-9 y 252-6. SAJ, 20 y 26-IX-90, 335 y 373. 7. E. Baldy, Le, Banques d'Affaires depuis 1900, París, 1922, 28-30 y 140-159. Sobre su participación en los empréstitos argentinos, véase nota 2. NOTAS t:: :t l. Entre 1880 y 1886 se registró una fuerte baja de los ~ete~ m~í~o~ mitió abastecer el mercado europeo de productos pnmanos e . e P 1 . alejados, como la Argentina. H.S. Ferns, Gran Bretaffa y Argentma en el_ s'8l0 XIX Buenos Aires, Solar, 1966, p. 407. También se encuentran referencias en L (L 'Economiste Francais), 15-1-1887, p. 78. 'EF 8. The Economist, 25-VII y l-VIIJ-85, 906 y 958. Sobre la actividad deFives Lille en Europa puede consultarse R. Cameron, ob. cit., 70, 107, 274 y ss. Su predominio en el mercado azucarero es testimoniado por el cónsul británico Egerton. The Ecorwmist, 12-11-81, 1 400. También, L 'EF, 7-1-82, 15. Sus ventas a los ferrocarriles estatales en R. A., Registro Nacional, 22-Vll-84. 9. Este interés por la exportación de capitales como vía de penetración comercial se reflejaba en la prensa financiera francesa. "Inglaterra nos vence en el terreno del gran consumo. Lo hace por un procedimiento que ignoramos: la importa• ción de capitales. Es así como se ha apoderado de todas las grandes empresas que �162 Siglo XIX dan a los capitales ingleses rendimientos que... casi nunca bajan de 10°/o... y no consumen más que productos ingleses. Lo que muestra el cuadro general de nuestras relaciones con la República Argentina es que allí como aquí permaneciendo estacionarios perdemos terreno. ·No hemos hecho nada por ganarlo, buscando en este país nuevo el empleo de capitales que abundan en Francia sin empleo" LEF, 14-Xll-86, 755. 10. Ley de la provincia de Santa Fe promulgada el 2-1-85, en E. Schlatter (DGVC), Leyes, contratos y resoluciones referentes a ferrocarriles, Buenos Aires, 1903, IV, 141-2. Los propósitos de esta expansión fueron claramente explicitados por el gobierno."...nuestro engrandecimiento como pueblo está hoy perfectamente asegurado, desde que el sistema de ferrocarriles de trocha angosta está destinado a formar en la República, con Santa Fe como centro, una red completa que atraiga el comercio y la producción andina, chaquense y del extremo noroeste, a los puertos principales del Litoral. .. " (ministro Cafferata, en PSF, Memoria de Gobierno 1887, LXIX). " ... el transbordo de una línea ancha a una angosta quedará suprimido por el único medio natural y practicable que consiste en dar a la trocha angosta todos los Puertos que tiene la trocha ancha ... De este modo la carga podrá tomar/ una u otra / aprovechando de las competencias en los precios que con beneficio del país tienen forzosamente que establecerse dentro de lúnites prudentes y racionales " (gobernador Galvez, en PSF, Mensajes del Gobernador (1888), 25-VI). A. M. Regalsky: Inversiones francesas en ferrocarriles argentinos 163 17. A partir del undécimo año de explotación. PSF.Memoria.. ., 73. 18. Ese fue el argumento de Láinez para oponerse a la concesión: "El 5º/o durante 55 años viene a ser la amortización del capital entre 42 y 45 años con el 4º/o de interés y l de amortización. Luego, a los 45 años, si la nación mandara a construir por su cuenta este ferrocarril, sería completamente dueña de él, después de haberlo explotado durante ese tiempo". DSCD, 10-X-87, 58. 19. Esta categoría de beneficio es analizada con especial detalle-en R. Hilferding,EI Capital Financiero, Madrid, Tecnos, 1973, cap. VII. "Mientras que el capitalista monetario recibe interés por prestar su capital, el Banco emisor de acciones, que en este caso no presta nada, tampoco recibe ningún interés. El interés lo reciben más bien los propietarios de acciones como dividendos. Al Banco afluye la ganancia del empresario; pero no como ingreso anual sino capitalizado como ganancia de fundador. . . Este método asegura para los fundadores tos beneficios extraordinarios que han de esperarse de la fundación y de todos los progresos futuros y coyunturas favorables, mientras la ganancia del público poseedor de títulos queda fijada en un límite constante que no sobrepasa demasiado el interés."pp. 122 y 136-7. 20. Ade1!1~~ se recono~ía un coeficiente de gastos ?e 55º/o por los 55 años. Según la Com1s10n de In tenor del Senado, Portalis hab1a pedido una garantía del 6 /o sobre un capital kilométrico de 20 mil pesos oro. DSCS, 27-IX-87, 636. 11. E/Diario, 21-1-87 y 10-V-87,y LEF, 29-X-87. 12. Para la tramitación del Central Córdoba puede consultarse E. Schlatter, op. cit., íll, 5-10. Las primeras negociaciones de Murrieta para comprar el Central Norte y del gobierno santafecino para vender la red provincial se hallan testimoniadas en El Diario, 14-IV-30-V-87. 13. PSF,Memoria de Gobierno (1887), 72. " ... lanzada la concesión al mercado, ~a despertado tal interés que sus concesionarios han realizado operaciones ventaJosísimas para ellos y para la Provincia, atrayendo capitales franceses ... Se puede, en ese concepto, anticipar una idea que germina ya en las combinaciones financieras de algunos sindicatos europeos. Nuestros ferrocarriles serán objeto dentro de poco de negociaciones para que pasen á la acción particular. Estas negociaciones se producirán sin que el gobierno las provoque, demostrando así que somos objeto del estudio de las eminencias financieras de la Europa, que ... tratan de vincularse con grandes capitales a nuestro porvenir económico" (ídem, LXIX- LXXIO. 14. Las dificultades acarreadas por la concesión del FCBAR son reconocidas en la Memoria de Gobierno ya citada (p. LXX). La nueva propuesta ante el gobierno nacional contó con el apoyo explícito del gobierno de Santa Fe. DSGS (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación), 1887, 383. 15. El Diario (21 y 23-XII-87) informó acerca de tres propuestas, de las cuales la más alta era la de Bouwers (FCCA). Luego el gobierno dio a conocer una cuarta oferta a cargo de Hume Hermanos, que resultó triunfadora. Lo llamativo es que los Hume eran meros representantes de Meiggs, que había presentado una de las propuestas más bajas. R. A., Memoria del Interior, 1888, 623. 16. R. A.,M. de Hacienda, Archivo de la Deuda Pública, carpeta 2088. 21. E. Schlatter, op. cit., III, 121-3. "Como se ve, por el contrato se alteraba la ley de concesión, puesto que no debían entregar al gobierno el 45º/o del Producto Bruto.. . comprobándose la negligencia, por no usar de una palabra más fuerte, de los gobiernos que violentaban las leyes en sus contratos, perjudicando al tesoro público en beneficio de los particulares " (senador FigueJoa, en DSCS, 21-XII-1895, 920). 22. El monto emitido había sido en realidad de 1 039 500 libras esterlinas. La diferencia (40 000) corresponde al costo de construcción del ramal S. Fe-Colastiné. Sin embargo este ramal estaba incluido en el prospecto de emisión de las 1 039 500 libras esterlinas. The Economist, 12-XII-85, 1.521. 23. Sobre el fracaso parcial de las primeras emisiones, SAJ, 5-l-89, 3. Con respecto a las últimas, hay testimonios de que Murrieta retenía un importante stock en Reuiew ofthe Riuer Plate -RRP-, 27-U-92, 12 y SAJ, 3-11-94, 129. ' 24. Por la ley del 19-IX-88 se autorizaba a Fiues Lüle "la construcción de 500 kilómetros de líneas nuevas, que se determinarán de acuerdo con el Excmo. Gobierno." E. Schlatter, op. cit., IV, 153. 25. La ruta de Tucumán a Santa Fe vía San Cristóbal quedaba reducida a unos 750 kilómetros, mientras que la ruta de Tucumán a Rosario vía Sunchales (FCBAR) era de 850 kilómetros. 26. LEE (L 'Economiste Européen), 1-IX-1894, 273. El presidente de FCSF -Ewald integraba simultáneamente los directorios de Fives Lille y de la Banqu; Russ/ Esta última institución estaba involucrada en negocios en Santa Fe desde fines de 1887, cuando se ocupó de emitir las primeras obligaciones de CFSF Crédit Foncier de Santa Fe. El Diario, 14-X-87 y LEF, 5-XJ-87. �164 Siglo XIX A. M. Regalsky: Inversiones francesas en ferrocarriles argentinos 27. Véase R. Cameron, op. cit., 96 y 440. En 1852-81 los emprésJitos representaron el 51.6º/o de las inversiones externas, y en 1892-1913, el 62 /o. 28. R. Cameron, op. cit., p. 481. 29. Véase las memorias de ambos bancos en LEF, 16-Il-1889 Y 27-IV-1889. 30. Así pues a fines de abril de 1887 se explicaba la débil cotizaciÓn del empréstito' argentino de Obras Públicas emitido a principios de enero de ese año porque su colocación no estaba todavía suficientemente avanzada (LEF, 27-IV-87, 486). 31. "Se anuncia un empréstito de 10 millones de la provincia de Catamarca, ~ ~mpréstito de 7 y medio de la provincia de San Juan y finalmente dos emprestltos de 60 millones en conjunto de la ciudad y provincia de Córdoba. La simultaneidad de todas estas operaciones puede impedir por un tiempo que estos títulos alcancen la pa.i:." LEF, 4-VIII-1888, 151. 32. Se debía abonar el 25º/o al contado, el 30°/o a dos meses y el 35.5°/o restante a 4 meses. LEF, 4-VIII-88, 156. 33. "El Banco, que ha prestado sus mostradores a las compañías /FCA y F~S~! para la emisión de sus obligaciones, posee desde hace tiempo 21 355 obligaciones de FCSF y 11 433 de FCA ". Memoria de Paribas en LEF, 2-Vll-1892, p. 30. 34. LEF, 13.7 y 24-VIII-1889. 35. (Ver nota 32). Fives Lille tomó la construcción de las líneas mediante un c~ntrato de riesgo, Jo que significa que aceptaba recibir parte del pago en obliga. ciones (LEF, 18-V-89). En su asamblea del 30-XI-95, los directores de esta firma declararon un saldo acreedor de 751 094 francos, pese a las amortizaciones anuales de 200 mil francos. LEE, 4-1-1896, 11. 36. En la cuenta de construcciones de FCA correspondiente al primer año, se incluía también la prima de las obligaciones emitidas. Para poder desagregar ambos rubros partirnos del supuesto de que los gastos específicos de construcciones debieron representar c;n eJ primer año el mismo porcentaje sobre el total gastado hasta el final de las obras que en el FCSF (11°/o). 37. Un testimonio de esta práctica aparece en los informes de Pellegrini sobre las negociaciones por el empréstito de Obras Públicas: "Me han hecho pedir una comisión extraordinaria y fuera del contrato por una parte del anticipo ... Me han hecho decir que en esa comisión estaba todo el secreto de la operación ... /Los / franceses ... son sociedades anónimas y las comisiones son una parte para los Directores y otra para la Sociedad. . . y por consiguiente la parte de los Di· rectores no figura ... o si figura será a nombre de un tercero - Mallman, Bem• berg o cualquier otro, quien recibe y distribuye." R. A., M. de Hacienda, Archivo• .•, carpeta 2096, Pellegrini a Pacheco, 20-V-1885. 38. Las sumas a gastar en terrenos estaban especificados en el contrato del FCSF (unos 500 mil pesos oro). En cambio no lo estaban en el-caso del FCA. SegÚn la versión disponible de su balance de 1889, se habí;in imputado 1 742 000 mil pesos oro en "Securities on land" (SAl, 9-Vlll-90, 173). 165 39. Las secciones construidas por Meiggs habían sido equipadas con materiales de firmas inglesas, exclusivamente (Railway Carriage, Brown Marshall, Cloucester Wagon, etc.). Dirección General de Ferrocarriles, op. cit., 1894, .passim. 40. El gobierno no aceptó otorgar garantías sobre una parte de esos ramales: "porque los hubieran construido los dueños de ingenio por propia conveniencia." DSCS, 21-XJI-95, 920. El FCBAR peticionó contra la garantía de esos ramales, que conducían a ingenios ya servidos por dicha compañía. RRP, 24-Xl-94, 7. 41. El grupo francés había invertido en tierras indirectamente, a través de CFSF. Esta compañía había tomado posesió.n de tierras próximas a la línea del FCA Y al ramal chaqueño de FCSF, C. Chapeaurouge, Atlas Catastral de la República Argentina, Buenos Aires, 1901. También hubo inversiones directas. Tras su liquidación, se supo que la Banque Russe había invertido 453 797 francos en lotes Y terrenos de Santa Fe, Santiago y Tucumán, y ouos 473 800 en acciones de la Société des Terres de l'Inca, con 142 500 hectáreas cerca de Fortín Inca (FCA). LEE, l-IX-1894, 273. 42. En 1896 y 1897 alrededor de un 90°/o de la carga fue despachada desde estaciones ubicadas a más de 500 kilómetros de San Cristóbal, mientras que el re.corrido medio del total fue inferior a los 140 kilómetros.Dirección General de Ferrocarriles, op. cit., l 896 y 1897. 43. SAJ, 7-111-1891, 301. 44. J. B. Peña, Compilación de leyes... y contratos sobre la deuda pública nacional Buenos Aires 1907, 1.097-99. Ya en 1891 Cafferata anunciaba la intervenció~ de PeUegrini en la resolución del conflicto PSF,Mensaje..• (1891), 24. 45. SAJ,24-IV-94,477. 46. Concordato celebrado el 26 de abril y ratificado el 6 de julio de 1892. LEF, 2-VlIJ Y 13-Vlll-92, 30 y 220. Annuaíre Générale, Paris 1910. 47. CFC -Cámara Francesa de Comercio en Buenos Aires- agosto-noviembre 1893. ' 48. Junto al FCNEA fue la única compañía que solicitó el pago en papel a fin de atender los gastos de funcionamiento (CFC, febrero 1895). 49. El texto inicial y las observaciones de la Comisión Especial, en DSCS, 21-XII-95, 920-3 y DSCD, 7-I-96, 1.015. 50. Entre 1896 Y 1899 las líneas de Pilar a Frontera de Córdoba y de Humboldt a Sobedad aumentaron su participación en la región cerealera de un 20.7 a un 330 /o. Las de Vera a Reconquista y a Paralelo 28, que en 1896 aportaban el 47_ /o ~~ la carga procedente del área chaqueña, en 1899 despacharon el 54.3º/o. Duecc10n General de Ferrocarriles, op. cit., 1896 y 1899. 51. ldem nota 50. CFC, octubre 1899 y LEF, 7-VIl-1900. 52. El l-Xll-1899 la River Plate Trust infonnaba haber obtenido el consentimiento de suficientes tenedores como para ratificar el acuerdo (SAJ, 2-XII-99, 639). La asamblea de tenedores franceses que aprobó los contratos y aceptó reformar el �166 Siglo XIX concordato se celebró el 8-XH-99 (LEE, 15-Xll-99, 750-1). Para el texto del contrato con Santa Fe ver E. Schlatter, op. cit., IV, 176-77. 53. A partir de la finna de estos convenios el grupo francés, comenzó_ a _preparar el mercado francés para nuevas emisiones de FCSF, a traves de una ms1stente propaganda sobre sus títulos, y ya a fmes de 1900 an~nció su_propósito de prolongar las líneas al territorio del Chaco y a la provmc1a de Cordoba (RRP, 15-XIl1900, 15). Los Grandes Negocios en Uruguay Julio C. Rodríguez* El Uruguay del siglo XIX, conmovido cotidianamente por las guerras civiles, poseía, sin embargo, una segura póliza contra la bancarrota económica: la producción natural de pasturas y ganados. Con o sin guerras, averiado apenas el ciclo biológico por secas y epizootias, la ca111paiia oriental producía año tras año millonarias pariciones de terneros y corderos, prodigiosamente dispuestos a seguir comiendo pastos a pesar de las tormentas que de tanto en tanto, surgían en el mundo de sus pastores. La escasa población que se disputaba el beneficio de aquellos ganados y el monopolio de aquellas pasturas, con un rtl ínimo gasto de fuerza de trabajo, obtenía varias veces más -<lecenas de veces más- cueros y kilos de carne por habitante que los más desarrollados países del Atlántico Norte. La sociedad cimarrona que allí crecía casi ignoraba que detentaba una gruesa cuota de lo que los clásicos de la economía poi ítica habían llamado renta diferencial del suelo. Fue a caballo de ese prodigioso margen de exceso sobre la ganancia media de la explotación agrícola-ganadera mundial, que el Uruguay del siglo XIX fue realizando su acumulación de capital nacional. A ese elemento primordial de acumulación agregóse, ya desde los umbrales coloniales, el usufructo del puerto montevideano, que incluso luego de la separación nacional continuó desarrollándose por encima de las estrictas necesidades del mercado uruguayo, para derramarse como puerto de tránsito para buena parte del Cono Sur. Esta segunda forma de acumulación de capital conoció períodos de amplia expansión, tanto en la Guerra Grande (complicidad mediante el bloqueo anglofrancés a Buenos Aires) *Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Este trabajo fue publicado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República en 1970. �168 Siglo XIX como, y en especial, en la Guerra con Paraguay, en que Montevideo se transformó en la base marítima de operaciones de los expedicionarios brasileños. De más está decir que el mejoramiento del proceso productivo y económico de la ganadería, la sucesiva expansión de la demanda mundial de nuestros productos no hicieron sino reforzar estos elementos excepcionales de acumulación uruguaya. Para la sociedad dominante que comandaba el usufructo de esa alta renta nacional y de esa altísima productividad hora/ hombre, uno de los más divertidos modos de entretenimiento lo constituyó el cómo distribuir y redistribuir esa renta nacional. Los "grandes negocios" del siglo no fue~on -en una primera instancia- la producción misma obviamente nacida de los trabajadores, ni la administración concreta de esa producción, desde el estatuto de estanciero hasta el de empresario y comerciante urbano. La altísima y excepcional valoración social del banquero y del bolsista uruguayo del siglo XIX no hizo sino reflejar un fenómeno económico real. Allí, en su privilegiado giro, se organizó la más formidable acumulación de capital. La banca y la Deuda Pública fueron los "grandes negocios" del Uruguay precapitalista. EN EL PRINCIPIO FUE LA USURA... Las repúblicas latinoamericanas nacieron con un oneroso y, hastá si se quiere, heroico estigma: la deuda pública. Contraída para atender las urgencias de los ejércitos revolucionarios, se transformó de necesidad con cara de hereje, en hereje sin necesidad. En el Uruguay, aquellos modestos compromisos del Cabildo rebelde de 1822-23, y los todavía aceptables sometimientos de los que financiaron la revolución de 1825, fueron adquiriendo un carácter progresivamente más turbio con la cohorte usurera que financió la expedición de Rivera a las Misiones y que aprendido el oficio se descargó sobre el país independiente a partir de 1830. En el país que entonces nacía, sin rentas establecidas, sin estructura económico-social moderna, con islotes mercantiles en un océano de producción seminatural y de intercambio de subsistencia por trabajo y servicios, la posibilidad de erigir una arquitectura tributaria ágil, eficiente y barata era una utopía. La extrema facilidad con que el país podía obtener sus rentas de aquel puerto casi· monopolista de Montevideo, transformó tempranamente las Rentas de Aduana en la casi única fuente de amortización.de deudas viejas y empréstitos nuevos. Si se enfoca la situación del país con esa forma abrillantada de la igno· J. C. Rodríguez: Los grandes negocios en Uruguay 169 rancia que se llama .ª sí misma "técnica financiera apolítica", podría suponerse que nada hu?1e~~ co~ta~o levantar de inmediato un empréstito a largo plazo con_ suscnpcwn publica que hubiese fácilmente enjugado la deuda flota~te sem11Tecon?cida y semiclasificada. Pero la escasa oligarquía de comerciantes que tenia los comandos en sus manos, había bebido hasta las heces los_ valore_s de~ mundo colonial semifeudal, donde la privis legio y el monopolio hab ,an sido las formas consuetudinarias e institucionalizadas de acumula~ión de capital. El crédito moderno con las técnicas correspondiente~ ?ahria de ser en el Uruguay también, el fruto tardío del completo dom1ruo de las relaciones capitalistas en toda la estructura económico-social Y, ~~r Jo ta?to, -~el t?tal ~orecimiento de su réplica teórica en economía pohtica, legislac10n fmanc1era, y en su contexto ético en el mundo de los valores y estilos de vida. Cuando los ministerios de hacienda de Pereira, Santiago Vázquez y Lucas Obes (1830-34) vendían por uno, cinco y diez años los anticipos de las rentas de patentes, sellados, corrales, tablada, etc., no habían avanzado un centímetro ?e los modales publicanos de la república y el imperio romanos. Eran el ep ,gono charrúa de aquellos judíos y lombardos medievales que amamantaron, crecieron, quebraron y engordaron con los barones feudales y las monarquías de fe púnica. El país conocí? tempranamente (1834-35) la división de la proto-Bolsa de valore_s en guelfos (Lacas Obes, Antonio Montero, Doming_o Vázqucz, ~tm _de Castro, José E!lauri, Manuel Herrera y Ohes) y gibelinos (Juan Marta l'erez, Jorge y R.amon de las Carreras, Ramón Masini Francisco Muñoz, Antonio Díaz) con el triunfo aplastante del clan usur~ro encabezado por Juan María Pérez y que dio lugar a la que hubiera sido una ~rillante op~~ación d~ bolsa ~Co~solidación de la deuda de 1836 y postenor convers10n en prestamo mgles) de no haber mediado el levantamiento de Rivera. · De 1843 a 1851 , la ciudad aislada de la Campaña, sostenida intermitentemente ~or el in_íl~~iento de sus negocios en los períodos de bloqueo de Buenos Aires, vend10 una lras otras sus rentas a sucesivas sociedades de com_erciantes en su mayoría extranjeros residentes, cuyos montos de usura hubieran hecho palidecer a los logreros judíos del muy católico reinado de Casti~la y León o a los l~mbardos que sangraban a Francia e Inglaterra en la baJa Edad Media. La llamada ''Sociedad de Aduanas del 48" o la del ''51 ", aquellos Antonini, Lafone, Hocquard, Weill, que prorrateaban los abastos _de armas, vestuarios, alimentos, a las legiones extranjeras y cuerpos nacionales de la Defensa, no sólo se enriquecieron en contratos fraudulentos Y dolosos, sino que además consolidaron un estilo financiero todo un género de vida, alimentaron determinado espíritu de empresa' y un mundo de valores ético-poi íticos siniestro para los intereses de la nación. �170 Siglo XIX El especulador el bolsista, fue desde en-tonces la más alta caracterización de un objetiv~ de vida. Fue no sólo, la más rápida ,Y. fulminant~ forma de acumulación de capital que conocio el Uruguay decimonono smo, Y además, la más paralizante y reaccionaria forma de aplastar el desarrollo económico y productivo. En el seno de las clases altas ~~uguayas, se ~e larvando una tradición según la cual, determinadas fam1l1as sol~ pod1an dedicar su ocio a la rueda de Bolsa y al trajín bancario. Lo demas, el desarrollo tecnológico de la ganadcr ía, la aplicación del capital a ~a manufactura y a la industria era cosa de gringos, de vascos o de transfugas. Sin embargo, gran parte de la fortuna gringa _(inglc~es, !ranceses) apli~ cada al desarrollo moderno de la ganadería hab,a nacido Justamente ali, en el inframundo de la usura, de la compra de sueldos al 5 por mil, de pensiones de viudas y huérfanos al l por ciento, en la venta de vcst~arios, apolillados al precio de cachemiras, de trigo ardidos para la tr~~a cotizados como especias de las lndias. Ellos, venidos de un mundo versahl Y mercantilizado en todos los poros, giraban rápidamente en sus posturas Y como el tordo ponían el huevo en todos los nidos. ~] país conoció sus Jacques Coeur, en personajes ~e alucina~1te, c~rrera y catastrófica plancha final. Samuel Lafone, el ~ron de M~ua, bm1lio Reus fueron las más altas cumbres euyas trayectorias han deJado en la sombra a traficantes más ladinos y más grises porque se retiraron tempranamente a invertir el fruto de sus felices operaciones en los rubros que el mundo moderno exigía: la ganadería moderna y la industria desarroll~da silenciosamente a la sombra de las altas tarifas aduaneras que ~mort•~ban la deuda pública. Los hijos y nietos de los usureros de la primera mitad del siglo fueron en definitiva los que ajusticiaron a los usureros de la segunda mitad. EL ESQUEMA Y LA TECNICA Sobre la historia de la deuda pública del Uruguay es posible construir un modelo comprensivo de sus más peculiares atributos. Un p~Ís siempre escaso de rentas, incapaz de cubrir su presupuesto anual c_n. e?ocas no~ales por la inflación de su lista civü y militar, acumula def1c1ts,- Al mLSIJIO tiempo la guerra civil permanente impone gruesos compromJSOs para el pago d~ armas, vestuarios, alimentos. Déficits presupuesta(~s Y gastos de guerra son apenas los cimientos para edificar las pagodas afiligranadas con que luego los operadores montan sus birlibirloques de Bolsa. La concurrencia de todos los acreedores a las sucesivas llamadas del gobierno (representado en cada etapa por un Junta ele Crédito Público) f. C. Rodríguez: Los grandes negocios en Uruguay 171 supone: a) El reconocimiento de la legitimidad de la deuda. b) Su clasificación, o sea el orden de prelación de cada crédito. c) Creación del plan de consolidación o sea su transformación en nuevos títulos de deuda con fondo amortizan te. d) En caso de que las rentas normales no proporcionen el capital suficiente, contratación de um empréstito a largo plazo que proporcione el capital para la amortización ele la deuda consolidada, de modo tal que el largo plazo permita aminorar las partidas anuales del servicio de la deuda. En cada etapa se ha diseñado un proceso que es más o menos así: el sector más rico de los acreedores no acepta que sus contratos de remate de rentas, o de abastecimientos, etc., pasen a ser depreciados en la conversión del conjunto de la deuda flotante. Logran generalmente ser separados de la convención y mediante presiones diversas (embajadas, escuadras de guerra, etc.) obtienen servicios especiales de amortización para sus deudas. El sector menesteroso de los acreedores, funcionarios públicos y militares, jubiJados y pensionistas, vende sus sueldos a los grupos bajistas que justamente impiden r l pago de sus haberes o provocan por sus conexiones en el aparato de gobierno la desesperación en este sector. Del mismo modo, los pequeños tenedores de créditos por abastos, préstamos, letras de tesorería, etc., lejos ele la estrategia de la Bolsa y de la poi ítica, venden sus documentos apenas leen en el diario de la mañana que el Estado no podrá pagar a sus acreedores. Cuando esta enorme masa de documentos de crédito contra el Estado se halla en manos del grupo que hasta entonces jugó a la baja, comienza la segunda operación. En primer lugar, el grupo pugnará por acceder de inmediato al gobierno si ya no se encontraba en él. Se le verá entonces pontificar sobre la ignominiosa situación del crédito nacional que por su incumplimiento nos coloca aJ nivel de las tribus africanas. Una bien orqurstada campaña poi ítica y period ísitca, elevará poco a poco los valores de sus títulos en la Bolsa. Con los valores en alza, podrá entonces o vender sus documentos y quedar satisfechos con la diferencia de una mera alza de los valores, o ir mucho más lejos, y comienza entonces la tercera etapa ele la operación: la conversión. El grupo ahora alcista aumentará el ritmo ele su desconsuelo público por ver el crédito de la nación despreciado por los pulperos de campaña y los mercachifles de la ciudad, recordará la<; viudas de la fndependencia o de la Defensa que no cobran sus haberes; conmovidos suficientemente los que están y los que no están en la pomada, será entonces fácil arribar a la extrema necesidad en �172 Siglo XIX J. C. Rodríguez: Los grandes negocios ,en Uruguay , · t a jero que al traer los que se halla el paí~ de co~f~rat~ u:~:::e~=gt:c~:s \ npennitirá enjugar la capitales del exterior toru •~~a n deuda que nos oprime y averguenza. . . , de los que no están en la, pandilla no es A todo esto si la opos1c1on mhº ali' e puede ' 1 t quito y ta ien , s muy rui~osa, pu~den ~os valo~es ab~::: :e:p)ados. Per.o el buen jugador de vender s1 no se tiene os nerviods . 1 tener la ganga de ser enviado a · , e ando Pue e me uso . b 1 o sa, segwra esp r l . , ft con lo cual el bolsista traga los vientos Londres a corretear e empres ' o, d . t dos ·los alcistas, allá marde la gloria. Pero como no se pue e enV1ar a o chan dos o tres y el resto espera. , .d demasiado las formas. Se coloca ' En Londres no hay por que cm ar d las condiciones las imponen el empréstito como sedpBuede,ddeRtodtso~; i:s quebrantos del monto del Bari Thompson an onar ' o e . . . fl ng, . , 40% otro diez se irá en com1s10nes, ecapital oscilaran desde el 25 al , . al país llegará lo que pueda. rimeras cuotas y conversiones Y . ., d tes, seguros, P f . t a coronar la operac10n e conPero eso que Uegu_e debe ser su 1c1en pt:nces los bolsistas que organizaversión de deuda mterna en elxtema. n t 'tulos (o el oro) y vender enseron la trama pueden cobrar os nuevos ' guida, porque sólo Dios sabrá qué pasará dentro de un mes. i e edecir los escanAdemás, claro, están los negocios de 1as " p1ay,ºtas"'bass un documen. . d 'ditos que toman como dalosos reconoc1m1entos e crel tt· 1· por miJ· así cobró Carlos de 1 d esos y os mu 1p 1can ' . to por va or e unos P, . 1 . li d o 4· y otro tanto pero multiCastro en 187_1 ~n cMred1to lmHu tip acay ~is:Cl~ussen con un terreno sub• li d or mil hizo anue errer . d . ~a~n: ~a " playita" ) que justamente-dio el nombr~ para los negocia fi ·t cosas surgen todos los d ,as y pasan a engrosa candalosos. En m, ei; as . uh baja hasta que bien eneadeuda flotante que cual plumlagr::ep:'qºu:te eq;e se consolidará por la pandenada con otras pasa ª ser e dilla de tumo. º\~~ ihº, BatUe y al que BatUe clavó en la cruz Este fue el Uruguay que rec JO P I esta' Batlle pudo hacer ºd d tardad moderna. ero, e aro ' de su prob1 a y meo ', . dºar las deudas espúreas, organizar el lo que hizo, sanear el cred1to, r?u 1 arte de las rentas al ciclo proaparato tributario moderno y vo car ~~n ~ah, asistido alelada a· los fueductivo justamente porque su generac10n , 1a . . gos artificiales de la especulación de la belle epoque fmJSecu 1ar. . , d 18:i l " a uete" de la Consolidada que La escandalosa convers1on e . ,' e p. q fu dación iebra del realizó Reusen 1887 con la conversJon Barmg, la n_, e 1~ :ntalidad Banco Nacional y crisis del 91, provocaron una erupc1on n económica de la época. 173 En esos años finales del siglo XIX y de principios del XX, los nuevos hombres de la industria y ganadería capitalista, los Vidiella, Serrato, Acevedo, Gallina!, Barreiro y Ramos, Lanza, Caviglia, etc., eran los representantes de un mundo de valores totalmente distinto, donde la burguesía había por fin interiorizado la libre concurrencia de los capitales en la deuda pública como el acceso democrático, igualitario y proho de todos los poseedores de capital a la suscripción del crédito público, que debía además ser el instrumento de las inversiones reproductivas. Eran ya la burguesía nacional, pujante, austera y honrada. LA HISTORIA CONVULSA (1851-1859) El Gobierno de Juan Francisco Giró, fruto de un compromiso político, férreamente vigilado por el Imperio brasileño y las potencias europeas, caminando sobre el filo de una navaja, debió enfrentarse a una situación paradoja!. Dirigía un país sin rentas, o mejor dicho con rentas que estaban en manos de particulares. Incapaz en un principio de enfrentar a los "propietarios" de las rentas públicas contrató para salir de sus primeros apuros un empréstito de 300 mil pesos y declaró las tierras públicas afectadas al pago de la deuda general. Al mismo tiempo las cámaras autorizaron al gobierno a proceder al arrelgo, clasificación y liquidación de la deuda, previa venia legislativa. Como en 1853 aún nada habíase resuelto sobre el tema, las cámaras autorizaron al gobierno a contratar un empréstito de un millón de pesos, pero como de todos modos subsistía el problema de fondo , el gobierno nombró una com_isión de 30 personas. La-Comisión, sabedora del aluvión de créditos a liquidar, consideró necesario acceder a la conversión y consolidación de la deuda general mediant_t un empréstito de 8 millones de pesos y otros arbitrios para el servicio de la conversión y de los intereses que variarían según el origen de la deuda. Para entonces la comisión que recibía la información sobre los créditos contra el Estado la estimaba en 30 millones de pesos, que devengaban J millón 230 mil pesos anuales de intereses. En abril de 1853, propuso el gobierno se le armara desde ya con rubros capaces de realizar la amortización cuando se finalizara la liquidación de la deuda, pidiendo se autorizara la creación de una caja de amortización que recogiera los fondos de los diversos arbitrios amortizantes. Poco después el gobierno presentó un proyecto de clasificación de la deuda según una jerarquía que recibiría diversos abatimientos del monto. De todo lo discutido sólo se transfonnó en ley un proyecto de Eduardo Acevedo, por la cual se creaba la ~a de amortización y rescate a la puja de la deuda general del Estado, que recibiría el 5°/o de, prácticamente, todas las rentas del Estado. �174 Siglo XIX J. C. Rodríguez: Los grandes negocios en Uruguay Entretanto la Junta de Crédito Público informaba que la estimación de la deuda reconocida llegaba ya a 40 millones de pesos y que toda ella se hallaba ya en manos de un escaso grupo de especuladores que había comprado los documentos originales a precios ruinosos, cuando no casi gratuitos (los sueldos incobrados se habían vendido al medio por ciento) y caJculaba que, con exageración, los 40 millones habían sido comprados al 10°/o de su valor por especuladores que esperaban agazapados el arreglo de la deuda. Como el país así endeudado era una bicoca se vio a truhanes de todo género (Gounouilhou -el popular Guruyú-, Agell, Murguiondo, Maines), poseedores de 3 millones 500 000 pesos adquiridos por algunas decenas de miles, o como f'emando Menck, en representación de inversores franceses, o a Jaime Estrázulas (en representación de conspicuos comerciantes extranjeros y caudillos rurales agrupados en una "sociedad de población y fomento"), ofrecer increíbles contratos supuestamente capaces de aliviar al país del peso de aquella deuda de granito. Las cámaras, muchos de cuyos integrantes participaban del cohecho, aprobaron algunas de esas propuestas, cuya total inviabilidad fue en definitiva la que ahorró al país las terribles consecuencias que aparejaban. Una accidental formación política que jugaba a la baja tuvo la nefasta idea de inaugurar en todo el planeta la creación de la deuda por perjuicios de guerras a particulares Qey de 14 de julio de 1853), cuerda con la que nos ahorcarían sucesivamente los gobiernos inglés, francés, italiano, español, brasileño, y cuanto selenita tenía en el Uruguay un compatriota, haeiéndose pagar onza sobre onza los más funambulescos montos de "pérdidas", cuyos expedientes de liquidación se inventaban como folletines por entregas, y fueron posteriormente cobrados a libro cerrado y puño en alto por los embajadores extranjeros. Y como el país exhausto y hepático rechazaba una taza, las cámaras le ofrecieron dos con la Ley de Reforma Militar, que suponía el retiro del supernumerario plantel de oficiales sin guerra a la vista, mediante el precio de 2 a 6 años de sueldo. Pero había un sector, rico, restringido y en lo fundamental integrado por comerciantes extranjeros residentes en el país, que no hallaba satisfactorio el curso de las cosas. Formado principalmente por acreedores hipotecarios y prestamistas con contratos bien timbrados, habían recibido y administraban con sus propios empleados, la aduana, la oficina de patentes, mercado, correos, etc., ya desde los años anteriores de la Guerra Grande. A estos ricos, bien situados y protegidos, acreedores ex· tranjerus, no les gustaba que se jugara con sus contratos ni aceptaban que 175 se arrojase al fondo común de la de d . gocios de remate de rentas y c trutoa generfal sus muy bien cotizados neC d on a s con ondos amortiz t . uan o obedeciendo a la resolución d I . Asambl _an es propios. la administración de las ofic• d e a ea, el gobierno les quitó • mas e rentas con las que eU gah , mJSmoas religiosamente los honorabl . os sepa an a s1 nas y los rematadores d~ las d , es miembros de la Sociedad de Adua., emas rentas arquearon la · . peccion y pensaron que el p , b ' , s ceJas con c1rcunsa1s comenza a a escaparseles de las manos. Cuando el gobierno empezó a ne . . . rentas a quienes le prestaba d' gociar anticipos sobre esas mismas n meros en sus urgenc· d I d, 1 . grey d e acreedores no pudo . ias e 1a, a Vieja más a los prestamistas de h menols qdue colegir que el gobierno amaba . ºY que a os e ayer Homh . Y d e paciencia regular no se lanz · res poco angustiados da porque hubiera debido cobrar:;: a v~nigÍ s~s documentos de deuellos, aunque más no sea por un de·o ~:s e o e su v~or original, y aqueJla caterva de bandido J orgullo, no quenan transar con s que ya comenzaban a llamarse "bajistas". Comenzaban a desperezarse -aún no a dese erarse . . vestíbulos de sus respectivas emha'ada sp - y a as1Stir a los nes de moda donde d, :J s, y de tanto en tanto a los salo, po 1an conversar co fi ·a1 uJ Asamblea en pleno furor ba. i t . . , ~ o c1 es e tos, cuando la tratos " quirografiarios" con / s ~ decid; mvelar _sus sacramentales conjuicios de guerra" y "reform~ ~ =es'~ :euda rnventada por, los " perso de los que ya comenzaban a llamarse·.. n~onc~ h~t~ _el mas perezolución como una bofetada y se . , alcistas recih10 aquella resopuso en acc1on. El Triunvirato que s~cedió a Giró duró I d, . el general Flores consolidara su di . , do~ ias suficientes para que la situación del erario estaba baj;on c1~n e Jefe de gobierno, y como fensa' aceptaron que po I cero!, os. grandes acreedores de la Der o menos se es diesen 50 ·1 de la Aduana para la amortización d , . m1 pesos mensuales tas de papel sellado y mere d F e sus cred1tos y el 50°/o de las ren1 a o. ueron anuladas por ... al " ¡ eyes que había creado la "ba'ista" C . d . ., mmor es as la deuda pública y lo ~ . ªJª e Amortizac1on y rescate de , s arreglos particulares ea1i d dores de deuda a la ba1·a Pe lb r -~ª os con 1os compra. , . ro como e ruta! ba,on de 1 rrut,a componendas Flores d . , d li , as rentas no adnas y se enruló en' un sub -d~Job e ·1c~mp r con la Sociedad de Aduas1 10 ras1 eno de 60 mil , pesos mensuales, y dado que los contratos en el U ños acamparon en Montevideo. ruguay poco vahan, 4 000 soldados hrasileDe acuerdo con los tratados e . .d . llegar al arreglo de la de d XIgid os por Brasil, el gobierno decidió . d u a contratan o con Femando M k , hto e 12 millones de pesos L d . . ., , ene un empres·t d . · a a mmistrac1on aprobo ade , , t1 o e 2 millones par r Rf .. mas un empresa cump tr Ia e orma m1l1tar y una nueva ley de con- �176 Siglo XIX solidación que reconocía como deuda la liquidada por la Junta de Crédito Público (la misma que antes se había rechazado_f>r inm?r~), compl~tando aparentemente el círculo de la perfec~a ope~ac10n hols1s~ca que exige que primero se clame contra la deuda espurea (jugar a la baJ~) y luego se considere su pago como una cuestión de honor de la nac1on Gugar al alza). Para entonces laJ unta estimaba la deuda general en 48 000 000 de pesos donde titilaba con detonante brillo la cifra de 23 000 000 por sueldos atrasados bocato di cardenale de los usureros de levita, que habían comprado ~ hermoso paquete de deuda en poco más de 100 000 p~o~;- la Junta comunicaba que en la cifra no se hallaban computados los per.JUICI~ de guerra y suministros de ganado que ya andaba p~r los 12 000 000_, ?1 los 2 millones y medio de otra deuda externa, el millon y pico del subs1d10 francés y el millón y medio del brasileño. Cuando la Junta estimó finalmente la deuda de carácter interno en 60 000 000, no supuso jamás que los "perjuicios de guerr~" la har!an trepar otro poquito h·asta los 100 millones. La Junta propogia amortizar sen:ie_jante deuda en 32 años a un precio no mayor del 25 ~o de su_ valor origi· nal. El plan de consolidación de julio de 1854 fracaso estrepitosamente, amortizándose a menos del 4 °/o los primeros documentos pre~~t~dos, de modo tal que el gobierno en 1855 estableció que no _se admitir~an propuestas que superasen el 5°/o del precio eriginal. Alguien estaba ~ugando nuevamente a la baja, lo que parece tonfirmarse cua~~o se lee el mform~ de la Junta de crédito público, donde la deuda clas1f1cada llegaba en diciembre de 1856, a 102 572 240 de pesos, apenas 50 años de presupuesto nacional. Los fatigados ingleses integrantes de la ~ocieda~ de Aduanas !~~aron por fin que la embajada inglesa respaldara e mspecc1onara el cum~limiento de un contrato arrancado al gobierno de Flores, por el cual un mto~~le octavo de la renta de Aduana debía dedicarse mes a mes a pagar s~s vieJOB créditos... y el costo de las tropas de marinería ingle~ en la capital que habían aprendido del Imperio brasileño cómo se garantizaban los c~ntra· tos en el Uruguay. Así garantizados, su l 077 000 pesos, los comerc1ant~ ingleses de Montevideo se repatingaron en sus s~ones y vieron entonces si con inocultable alegría, cómo el resto de los onentales se despedazaba en el jueguito de alza y baja ... con la d~uda de otros_. Pudo entonces aceptar que el gran jugador a la baja, don Irineo Evangehsta de Souza, ~arao de Mauá, repleto ya de los Bonos de la Consolidada co~prad~ en c~as que iban del 1 por mil al 3°/o, hiciera uno de sus _neg~~1os del siglo (hizo muchos en el siglo) con la grande y famosa Consohdacion del 59 • Cuando los bolsillos de Mauá se hallaban desbordantes de Bonos de la J. C. Rodríguez: Los grandes negocios en Uruguay 177 Consolidada, cuando comprendió que la cabeza ya se estaba uniendo con la cola, es decir cuando aquellos Bonos debían por fin convertirse en onzas de oro sellado, ruvo la indescriptible suerte que las Cámaras declararan cerrada la conversión de la deuda por perjuicios de guerra en Bonos de la Consolidada, impidiendo de ese modo que los Bonos por él comprados de tanto acelerar en la baja llegaran al abismo de venderse a menos de lo que por ellos había pagado. DE LA CONSOLIDACION MAUA AL AÑO TERRIBLE (1859-1875) A me~iados de 1~59, don Andrés Lamas, en representación de Uruguay, y el Baron de Maua en representación de un grupo de acreedores formalizaron un convenio por el cual todos los créditos convertidos en Bonos de la Consolidada se le aceptarían al 5°/o de su valor, y todos los créditos (fundamentalmente sueldos devengados desde 1854) de la Deuda Exigible se le aceptarían al 10°/o de su monto original. A todos los acreedores que firmaran el convenio se les entregaría títulos de Deuda Fundada (la. serie) con 6°/o de interés anual_ y 1°/o de amortización anual a la puja (si los títulos se halJ~an por dehaJo de la par) o a sorteo (cuando estuviesen a la par o por encuna de ella); como garantía se destinaban el 2°/o de importación el 4°/o de exportación, cuyas cantidades serían depositadas semanalmente,en el Banco _Mauá (fundado en 1857). La Ley que aprobó el convenio, exigió que los firmantes por lo menos reunieran 80 millones de pesos nominales de Bonos Consolidados y extendió a 5 años el plazo dado a los acreedores para entrar en el Convenio. Cuan.do el arreglo se hizo definitivo, 89 millones y medio de pesos de la Consolidada se transformaron en la Deuda Fundada de 4 790 713 pesos con un servicio mensual de 28 744. En febrero de 1860, 80 millones de Consolidada habíanse transformado en Fundada. Andaban por ahí 14 millones de pesos que remoloneaban sin querer aceptar el quebranto. Ya volverían muchos de sus tenedores, diez años después, briosamente enhorquetados en un ministerio, a hacer su propia conversión a un tipo que haría poner amarillo de envidia al propio Mauá. El peor de los arreglos de la deuda pública, por más que haya sido fru. to de una operación de bolsa siniestra, por más que signifique que un grupo de especuladores le junte la cabeza a centenares de pequeños o medianos especuladores, siempre que posea un regular y no demasiado oneroso servicio de amortización, era una bendición para el Uruguay que recibió d~n Bernardo Berro en 1860. De ahí que por más que 4 millones y medio de pesos era una deuda terriblemente alta, era por lo menos una cifra terrenal, lejos de aquella sideral, superior a los cien millones, que ni se pa- �178 Siglo XIX gaba, ni estaba garantizada, ni daba paz a los hombres en su perpeluo darse de codos para cobrar los unos anles que los otros. Corno todo triunfo espectacular de una muy bien colocada pandilla de bolsistas, era por fin un triunfo, y por lo tanto un tratado de paz en la Bolsa. De tocios modos, era esperable, y los primeros años de gobierno de Berro así lo confirmaron, que el crecimiento económico del país abatiera el ¡,orcenlaje anual de cada presupuesto destinado a la amortización de aquella accidentada deuda pública. Pero estaban los derrotados. Estaban aquellos que no aceptaban arrojar el valor de sus documentos de crédito al fuego de la conversión con un quebranto del 95º/o, estaban los ricos comerciantes ingleses, franceses y los hacendados brasileños. que se consideraban demasiado poderosos para comer la migaja de la Conversión al 5°/o. El fuego fue roto por ingleses y franceses residentes en el país, que llamaron en su auxilio a sus respectivas legaciones para que cohonestaran con amenazas y con la armada en el puerto de Montevideo, que ellos no eran acreedores como aquellos que Mauá había comprado al uno por mil. Ellos se llamaban Young, 'tirling, Jackson, Tomkinson, Duplessis, Mclntire, McEachen,McColl, Cash, eran ricos comerciantes; o poseían apellidos vasco-franceses y de creer sus expedientes habían poseído más ovejas que Australia. Ellos no solo se cobraron lo que quizás habían perdido en incidentes bélicos, sino lo que hubieran podido perder. Cobraron sustos, incomodidades, fantasías, todo a Ji. bro cerrado. El gobierno de Berro, por más que mostró en la oportunidad toda la dignidad de que era capaz, debió resignarse y aceptar el reconocimiento de la llamada Deuda-Franco-Inglesa con un capital de 3 millones 200 mil pesos. uevos e insatisfechos acreMores, y los llamados acreedores hipotecarios que poseyendo rentas amortizantes propias no habían acudido a la Conversión de Mauá,aceptaron convertir sus créditos en la llamada Deuda Interna de 1861 que se vio enormemente acrecentada con motivo de la invasión de Flores y de los gastos de guerra consiguientes. Acudieron solícitamente a la suscripción lanzada en 1863 el Banco Mauá, el Banco Comercial y la Casa Platero, que tomaron 2 millones y medio de pesos (1 550 000, 250 000 y 700 000 respectivamente) al ruinoso tipo de 40-40 1/2°/o. El fuego de la guerra impuso al gobierno de Berro someterse casi incondicionalmente a la bolsa de Mauá, quien por convenio celebrado en octubre de 1863 se constituyó en proveedor de fondos del gobierno hasta la suma de 6 millones nominales al 4!J°/o, bajo el rubro Deuda Interna, comprometiéndose el gobierno a no hacer otras emisiones bajo dicho título. El apoyo financiero que Mauá ofreció al gobierno de Berro provocó J. C. Rodrí((UPZ: Los grandes negocios Pn Uruguay 179 la ira de Flores, quien amenazaba continuamente a los prestamistas con desconocer por siempre jamás la validez de los títulos de Deuda con que creían estar garantizados. La preocupación de Mauá ante tales amenazas lo obligó a aprovechar la autorización legislativa y emigrar a Londres donde convirtió 4 millones 700 mil pesos de Deuda Interna en el primer empréstito externo que oprimió al país: el Empréstito Montevideano Europeo por un millón de libras esterlinas. Cuando Flort"s se recibió del gobierno tuvo a bien enterarse 1¡ue como consecuencia de la invasión y guerra por él precipitada, la deuda pública del Uruguay había pasado en dos años aproximadamente de 6 a 12 millones de pesos (7 millones localizados en Montevideo y 4,7 en Londres). [ra el turno de Flores. Para abrir el apetito, los herederos de la Casa de AJzáihar-Solsona, Lavalleja, etc., habían logrado que se les reconociese el derecho a 250 leguas cuadradas de tierra; de inmerliato cedieron sus derechos a los Magariños Cervantes, a Samuel Lafone y al grupo RowleySolsona. Estos, ávidos por hacer fructificar aquellas inconmensurables leguas no encontraron mejor expediente que aprovechar la ausencia de los que guerreaban en Paraguay para ocupar sus campos. El escándalo fue tal que Flores se vio obligado a detener la inicua acción, canjeando sus derechos a "ubicar tierras fiscales" por los títulos de deuda de Rescate de tierras que en enero de 1869 alcanzaba ya a 2 millones de pesos. Para todos los gastos de guerra efectuados por Flores como para los sueldos impagos de sus oficiales y tropas y demás créditos, a fines de 1866 se estableció una comisión encargada de estudiar las reclamaciones. En enero de 1868, los acreedores reconocidos fueron llamados a convertir sus documentos en títulos de Deuda Jnterna (2a. serie), cuya emisión fue cerrada un año después con el bonito rubro de 6 838 676 pesos. En 1867, Mauá reconciliado con Flores realizó un convenio que dio lugar a la Deuda Fundada, 2a. serie, por casi 2 millones. Por último, Los subsidios brasileños aumentaron la deuda nacida en 1851 de 1.7 millones a más de 3 millones. Era el carnaval. A fines de 1868, el Estado se reconocía deudor por 31 millones de pesos. Se estaba nuevamente a fojas cero. Cuando el general Lorenzo BatUe ocupó el gobierno, los amagos revolucionarios de Máximo Pérez, Caraballo y sobre todo la larga y devastadora "revolución de las lanzas" de Timoteo Aparicio, aumentaron hasta el paroxismo la deuda pública, pero nada de ello fue tan importante como el desbarajuste que sobre el fisco produjo el desastre bancario y la incontrolada emisión que sin respaldo fue enjugada por el gobierno mediante un nuevo empréstito extranjero, el "Empréstito Uruguayo", celebrado en octubre de 1871, por 3 millones y medio de libras esterlinas, destinado en su �180 Siglo XIX mayor parte a enjugar los 7 millones de billetes sin respaldo. El Empréstito Uruguayo por un valor real de 10 472 673 pesos, comprometió al país en 16 450 000 millones de pesos, pero ni aún aquella cifra llegó físicamente al país, porque por comisiones, primera cuota y otras yerbas, llegaron realmente al país, 8 695 000, o sea ¡ ¡la mitad!! ¡ ¡La usura inglesa era así más del 50º/o1 ! Terminada la guerra civil, diversas emisiones de empréstitos ("Pacificación", la. y 2a. serie, "Consolidados del 72", etc.) empujaron la deuda reconocida a 40 millones de pesos, cuya cifra siguió creciendo bajo la administración Ellauri (fue en su período que la Legación italiana arrancó su famoso crédito de 1 millón 200 mil pesos por perjúicios de guerra a sus connacionales en la Guerra Grande!!). En 1873, la situación financiera del Uruguay era si se quiere terriblemente peor que aquellos divertidos años de 1854, en que la deuda estaha estimada en 116 millones de pesos. En esta fecha, se sabía que tal cifra era meramente nominal, y toda la riña se hallaba en quién atrapaba el negocio de la conversión y a qué tipo de quebranto se realizaría. Pero en 1873 era sustancialmente distinta. La deuda era en cifras, inferior a la mitad, no alcanzaba quizás a los 50 millones. Pero los tenedores de esta deuda no eran de arrear con el poncho ni se iban a dejar convertir sus papeles con un quebranto del 95%. 16 millones se hallaban en Londres y en Londres nadie jugaba a las muñecas. 2 millones y medio era perteneciente a la Franco-Inglesa, cuyo servicio se cumplía como los dioses bajo la severa mirada de ambas embajadas. Y el resto se hallaba repartido entre los favoritos del régimen que estaban dispuestos a cualquier cosa menos a jugar a la baja contra sus propios títulos. Fue justamente para cobrarse esta deuda interna que frisaba los 19 millones y que se hallaba en sus manos, que el grupo de tenedores nacionales decidió hipotecar al país en otro empréstito extranjero que pagara en oro los documentos que poseían. El país no podía soportar el pago anual de 3 millones y medio por concepto de amortización e intereses. Esto lo sabían muy bien los acreedores. En cualquier momento, y por cualquier circunstancia, el fisco haría agua, y la suspensión del servicio de la deuda llevaría sus papeles al abismo. En cambio, la conversión permitiría traer oro al país, tonificar los negocios y reducir a la mitad el servicio anual de la deuda. Si de este modo se hipotecaba el futuro y se ahorcaba a la nación bajo la cuerda inglesa no era asunto que preocupara demasiado a los cortacupones de la nación charrúa. Aprobada la autorización legislativa, partieron a Londres los Dres. Pérez Gomar y Bustamante, quienes ad referendum contrataron con Thompson Bonard y Cía. de Londres un empréstito con un quebranto del 25 °lo, cuyo monto líquido dejaría 19 763 500, suficientes para quitar el susto J. C. Rodríguez: Los grandes negocios en Ur"glJay 181 a los atribulados acreedores uruguayos y convertir su paquete de deuda de incierto futuro en oro de contacto cierto. Las cámaras rechazaron el acuerdo provocando gravísimas consecuen~ias con ciertos contratos recientemente realizados bajo la garantía de ser cubiertos con el oro de la conversión inglesa. "La situación es a:fligente -diría un ministro de hacienda- y no podemos demorar, porque el agua nos llega a los labios". EL DELIQUIO DE LAS CONVERSIONES (1875-1887) Las cámaras prefirieron que el a1:,rua les llegara a la coronilla, por lo cual no puede extrañar 11uc el 15 de enero de 1875, hubiera 1¡uienes creyeran necesario derribar al gobierno y ver •Jué pasaba con la dictadura. Pero la situaciún había llegado al término previsto por aquellos IJUC habían perseguido la conversión externa. El país, además gravemente empapelado por emisiones de bancos privados sin respaldo, llegó al límite de sus fuerzas y el 27 de marzo de 1875, se suspendió el servicio de las deudas nacionales y de la externa; de la bancarrota sólo se salvaron la deuda franco-ingfosa y la italiana. ' La situación llegó a su peor grado al comienzo del año 76. Los títulos de deuda se cotizaban entre 15 y 21, y a,¡ucllos 11ue en esos meses compraron los depreciados títulos de deuda interna, debieron ser conceptuados o demasiado locos o demasiado clarividentes. El caos en la Bolsa y el boicot orista derribaron al gobierno de Varela-Lemus y dieron paso a Lorenzo Latorre. Los arreglos hechos por éste con los tenedores de títulos elevaron sus cotizaciones casi al doble, por lo que en pocos meses los compradores a la baja de febrero vendieron al alza a mediados de año, duplicando sus inversiones, exactamente poco antes 1111e en 1877 el gobierno volviera a incumplir el convenio y dejase de pagar los servicios de la deuda. Las violentas oscilaciones de la Bolsa entre fines del 74 y mediados del 77 son quizás uno de los períodos más interesantes para la técnica de las operaciones de Bolsa y para probar la sólidez cardíaca de sus participantes. Las conversaciones iniciadas con los tenedores de deuda interna y externa a fines de 1877 y los buenos auspicios con que fueron realizadas elevaron su cotización de tal modo, que los arreglos ,lefoútivamente firmados en 1878 estabilizaron las cotizaciones de la deuda interna entre 30-35 e impulsaron la deuda franco-inglesa y la italiana a 65-75. Como éramos pocos, la deuda pegó otro cstironcito con el reconocimiento de la deuda francesa por subsidios (2 millones) y las garantías al ferrocarril inglés (otro milloncito). Al finalizar 1879, la deuda consolidada se hallaba en 30 millones y la �182 Siglo XIX pendiente de arreglo en 9 más. En la administración Santos-Vida] hasta mediados de 1882 se reconocieron viejos créditos y se contrataron nuevos em1,réstitos por casi 10 millones. El país estaba maduro para otra conversión. Todo comenzó con un nuevo convenio con los tenedores de deuda interna con los cuales se convino un nuevo plazo de diez años y un servicio mensual de 105 mil pesos oro con amortización a la puja. La operación fue en realidad una excelente operación de bolsa realizado por los favoritos del régimen. AJ comienzo del 82, bajaron las cotizaciones de al¡.,'lmús papeles, y los rumores inciertos sobre la finalización del convenio del 78, hi:r.o 11ue el grupo bajista incorporara a su cartera la mayor parte de los títulos de deuda interna. Fueron ellos 1¡uicncs celcbrar011 el convenio del 82 y quienes se garantizaron a sí mismos un servicio decoroso pero firme para el pago de esos títulos. El mejoramiento de la balanza de pagos del país permitió al 1nismo tiempo vislumbrar con cierta esperanza la posibilidad de una conversión extc-rna de la deuda. De tal modo, los papeles tJue al nacer 1882 se hallal,an entre 20 y 35, fueron convertidos (luego de una acelerada alza de los valores) en mayo de 1883 en una escala que iha del 75 al 100°/o de su valor nominal. Fue seguramente la más grande y mejor organizada operación de bolsa t¡uc haya realizado jamás un grupo alcista en el país. El "Empréstito Urúficado" fue aprobado el 12 de mayo de 1883 bajo el ministerio de José Ladislao Terra, primo del Barón de Mauá. Su destino era retirar el "~mpréstito Urub'l.1ayo" radicado en Londres, y todas las deudas internas consolidadas, mediante la emisión de un nuevo empréstito en Londres. El 18 de octubre de 1883 fue aprobado el contrato con la casa Thompson Bonard y Cía., que suponía la emisión de 11 127 000 libras esterlinas nominales. El defecto capital de esta combinación financiera - diría años después Eduardo Acevedo- consiste en el abandono del sistema ya definitivamente conquistado de la amortización a la puja, imponiendo al tesoro público la obligación de efectuar el rescate sobre la base del valor escrito. Efectivamcntl\ los 11uc enhebraron, bordaron y cerraron la operación de alza de valores de 1882 a 1883 y la conversión, la habían realizado para hincharse de oro a reventar. Veamos el increíble curso de esla operación financiera. ' La administración Santos finalizó con continuas emisiones de deuda, particularmente bajo el rubro de la llama1la Deuda Consolidada de 1886, cuya 2a. serie fue lanzada por Taj(·s apenas tomó el poder en no- J. C. Rodríguez: Los grandes negocios en Uruguay 183 vie~re del m~mo año. Por el canal de esta emisión fueron emitidos gran cantidad de millones de pesos de deuda a un tipo lamentable de alrededor del 50%. Era demasiada carnada para una caña como la que usaba Emilio Reus y su pandilla. Denominación de Antes de la Deuda aprobarse la ley "Billetes del Tesoro" Títulos adicionales. Empréstito Extraordinario ..................... Empréstito Extraordinario, 2a. serie ...... Deuda Fundada, 2a. serie (bis) ................. Empréstito Pacificación, la. serie.......... Empréstito Pacificación, 2a. serie........... Deuda Rescate de Tierras...................... Otras deudas............. Cotización en el momento de la Tipo a que se convirtió (º/o) la conversión 58 48 72 61 126 100 48 55 100 46 52 100 46 51 100 44 51 100 44 51 100 44 10-35 49 15-40 100 30-78 En los primeros días de 1887, una febril actividad se produce en la Bolsa, un desconocido grupo de inversionistas, cuya residencia se halla en Buenos Aires, comienza a comprar febrilmente los bonos de la Consolidada del 86. El año 87 se abre con los Consolidados a 55 en febrero están ya a 60, marzo cierra a 82 , de allí emprc11J,c11 una veloz 'carrera 1,ara saltar a 96 en mayo. Quienes se habían dedicado a inflar los valores de los Consolidados del 86 (Aquí estamos comprando Deuda Consolidada de la la. Serie, desde el día en que se pusieron de mal humor unos cuantos bolsistas, dice Emilio Reus en La Nación del 28 de abril de 1887), sabían lo 1¡uc hacían. El 29 de julio de 1887, cJ gobierno fue autorizado para contraLar con el Banco Inglés del Río de la Plata un empréstito de 20 millones destin~do al rescate en metalico a la par de las Deudas Consolidadas, la. ; 2a. sene. A,¡ucllo era un negocio dodccaé«lrico. Realizado en definitiva el empréstito con Baring Brothers, el país reconoció una deuda de 20 millones, de Jos que recibió 15 y medio para pagar en oro, 12 millones y medio de ~onsolidados del 86 a la par, y que antes de que Reus los acaparara ten1an un _valor de Bolsa de 6 millones. Fue con ese oro que se fundó el Banco Nacional. Reus no era un banquero, era un prestidigitador. �184 Siglo XIX EL CREDITO PREBANCJ\RIO El establecimiento dd crédito privado en el Urut,ruay conoció los humildes orígenes que suelen hallarse detrás de los pn.-stigios de la b~nca escocesa_o de los Bancos de Inglaterra y de F'ra11cia. En la época ~loma], ~le lenta c_irculació11 <le mercancía transoceá11ica, la moneda metálica deb ta ncccsanamentc acumularst" en mayor proporción c¡ue la conocida en Europa en relación a la masa de mercancía circulada. A pesar de ser la Ba~da Oric~1~al uua plaza relativamente cercana a las fuentes de produccwn me~1ca de Potosí y Brasil, la moneda fue escasa y tendió a atesorarse ~o solo por los hábitos prccapitalistas, sino y sobre todo por~1uc la m_oclal1d~d del ~omercio así lo exigía. , ólo los grandes 111011opohstas -: Vilanlcbo, l\1ac1_el, Magariños, J11a11icó, etc.- dispusieron drl 1·xcc5? de circulante nccr5:1~0, y en esa condición fueron tcmpranamc11tc los pnmcros agentes del c~d1to privado a los escasos eslabones mercantiles de la estructura de su epoca. La ruptura del monopolio español - coincidente ~011 d proceso de independencia- y la sucesiva inserción de la ~anda Onen~ en l?s conglomc:rados monetario-financirros de Buenos \ires ) de Brasil, traJcron a¡,an·jados profu11dos eamhios. Por 1111 lado, la a_Ita valorización d~· los prod~ctos exportables nacionales y la ma) or vrloc1dad de los cambios co111erc1alcs produjeron un ritmo mucho más alto de afluencia del rnctal, c!uc no St' tradujo necesariamente en un balancc· favorable por la coi:respomhenlc' elevación de las importaciones. Esta ''escasez'' de ml'lal '.'º nen_~ 11ada 1¡11t· vc·r con la antigua, se procrsa en un momento en c¡111· la circulae1011 de mercancías c•s 111uclias veces mayor, y en c¡uc ha invadido vcrc·das antes 110 fn•. cucntadas. Por otro lado la Banda Oriental conoce por primera vc1. la emisión de papel bancario - s~rgido del Banco de la Provincia clc Bue11os \ircs ) la invasión de la 111011eda fraccionaria clr cobrc· brasileña. La galopante ) desmesurada emisión de: ambas especies, no sólo 110 se detuvo e~ la Inclcp~·!•· tlrncia de 1828, sino 1¡uc aumentó vertiginosamente por la mtro~ucc!1111 en especial de la mom·da de vellón brasilciia. El Urugu~y se asomo a~• l'll 1830 con un mercado dinerario totalmente corro111p1do y dcpend1l'nt1• de- centros c·conómicos 110 manrjables por la I lacimcla pública nacional. El cobre brasileño en especial. sobrcprcciado un 35°/o en \lontevideo con relació11 a Río dt· Janeiro, fue 11articularmentc i111¡,ortado por el grau comercio montevideano vinculado a ac¡urlla pla1.a, eonstitu)c111lo así un fraudulento mc,lio de acumulación cli· ga11a11cias) di' distorsión de nuestro mercado. '\l mismo tiempo, el litoral urugua) o y en especial el "hintc·rland" ,¡uc iba de Colonia a Mercedes usaba rl billete argentino con prrfc·- J. C. Rodríguez: Lo, grande, negocio, en Uruguay 185 rmcia a otros instru111cntos. Fue entonces una de las primeras providencias la de desterrar estas monedas c¡uc inundaban la plaza y provocaban el atesoramiento de las buenas) antiguas monedas espaiiolas. Cna sociedad de comerciantes, por suscripción rública, al tiempo c¡uc logró el retiro paulatino de la rmisic'm mediante un préstamo al Estado a111ortizablc con un adicio11al ,le Aduanas, impuso en el país el primer antecedente de billete 11acional emitido 11or la misma sociedad, pero de inmediato cancelado, apenas la buena moneda afluyó nuevamente a la circulación. Este lento proceso de deyección de las fiducias argentina y brasileña se desarrolló desde 1825 a 1835 aproximadamrntc. Selló sin duda la conciencia de los co111ercia11tes c¡ur en esa época ad,¡uirieron sus primeras armas de la ciencia económica. Desde rntouccs, u11a larvada co11eic11cia orista y despreciadora del curso de los papeles 1¡uc Juraba11 pagar oro al portador y a la vista se fue gestando ya no sólo en los eslabones comerciantes de la sociedad, sino incluso cutre los gaucl1os ,¡uc habían anuado sus cigarrillos con el deprcciacl ísi1110 papel del Banco dr la provincia de Buenos Aires. La sociedad oriental se su111crt,rió nm·varnentc en el n1u11do monetario y bancario porteño, claro está, durante el período 184.3-51, } sin oh'Ídar esa nueva experiencia papelista de la campaiia oriental, alcance con pensar c¡uc el Uru¡.,rua) independiente ) comerciante leía atentamente las locas aventuras de la depreciación del papel argentino dura11tc las décadas de 1820-50. o 1111cdc extrañar entonces c¡ue el primer senado posterior al pacto ele la unión del 5 l, fuese extremadamente dcscon fiado y pacato e11 el tratamiento de los J.lroyectos dt• fu11dación de bancos <¡ur fueron surgiendo. La deficfrntr experiencia papelista de 1825-34, y la tradición aún 1,cor del proceso monetario y bancario argentino, furron los primeros tratados de economía política ,¡ue leyeron los financistas de entonces. También el crédito público, las urgl'llcias dinerarias del gobierno provocaron en nuestro país los primeros amagos de casas dedicadas al descuento de documentos y tomadoras de letras de tesorería. ~in olvidar c¡ue muchos y ricos comerciantes ejercieron dichas funciones durante las presidc•ncias de Rivera ) Oribe (tales como Juan \1aría Pércz, Jorge ) Ramón de la Carreras, etc.), un grupo financiero (Agustín di' Castro, Antonio \1ontcro, i\ntonio \1aría \1arc.¡ues Guirnararns, Domi11go \ á:r.c¡ucz, José \1aría Estévc1., Cayetano Regalía, etc.) fue el primero c¡ue contrató con el gobierno (ministerio Lucas Ohes) la provisión regular de fondos en cuenta <'orricnte, emitiendo sus propios documentos privados c111c circulaban como billete de buena ley t·n las transacciones usuales del comercio. La debilidad drl crédito público y la insaciabilidad de Rivera, y sobre to1l0 el enfrentamiento del grupo de comerciantes dirigido ¡,or Juan \1aría �186 Siglo XIX J. Pérez, no sólo provocaron la derrota de esta primera experie~cia semi~ancaria, sino incluso la estrepitosa 11uicbra del grupo prestanusla Y ennsor. En el período 1835-1851, '\1ontevideo sólo conoci~ la ma}or o me,~or seguridad de los documentos ele los principales comcrc1~ntcs, 4ue pod 1an circular con cierta reguJaridad asistidos o no de los sucesivos endosos_en ~a medida en que su primer emisor fuera, por demás, fuerte ~ seguro cap~talista. 0 fue entonces, sino después de 1851, en 1p1e el l'ª's se enfrento a la ncct"Sidad de solucionar la creación de una estructura bancaria. LA DISCUSIO TEORICA Inmediatamente de la paz del 51, y antes de la fundación d_c los Jtrimeros bancos, tanto la Agencia Mauá, fundada para atender el trafic~ de _do~umentos de crédito contra el Estado, como la Sociedad de Cambios, CJ~fCleron sin reglamentación ni fiscalización de nin¡,runa clase las oprracio_nes normales de descuentos de efectos del comercio y de letras d_c :csorena Y de Aduana. Las antiguas Sociedades de Aduana, q_ue admimstraban las rentas de exportación c importación, fueron necesanamc_n~c arrast~ad~ ~ tráficos similares, creando desde bastante antes las cond1c1oncs ¡1s1col~gicas y las facilidades comerciales 1¡ue terminaron por imponcrsr como 1111postcrgahles. Las primeras discusiones sobre creación de b~ncos dividieron. ~a opinión entre la actitud conservadora - cuyos moltvos hc1~1os a,~~n,;ado ,1uc no aceptaba 1¡11e la e111isió11 de billetrs superara~ enca1c m~l?~co, )' la opiniÍ>n audaz de los jóvenes 1¡uc sostenían la vcnlaJa de la e1111s1on 1~r el duplo y triple del encaje, basados en los resultados de las plazas financieras desarrolladas. Con motivo de la discusión del banco propuesto por Men_c_k, viosr ) a 1¡uc la mayoría de los csprcialistas co11cd.1ía anll· todo la func1011 bancaria como servicio particularmentr vinculado a las finanzas estatales, pagando tributo desde temprano no sólo aJ prcsti~o del Banco ~e Inglaterra y de Francia sino, y sobre todo, al ~rra~o. CJem¡1lo ~aucano po_rtt·ño, CU}as notorias incapacidad1•s se 1·nknd1an fac1lmentc evitables n11·~1ai'.te la emisión contenida y el control público y férreo por parte de las_ mstitucioncs y d comercio. Pero no faltaron los pro) celos que en_tcn~I '.ªn la funciún bancaria como u11 giro privado de irrestricto derecho 111d1V1dual. Los 1 ►roy<'ctos prcsrntados por Juan José Arkaga, Ambrosio V daY.ru y t''.1 ¡,articular el de José Cabrid Palomc<JU!', se amparaban en la muy con_oc1da > exitosa organización de la banca t·scoc1•sa, por la_ cual se re~o,!ocia d derecho de crear bancos a todos los particulares o sociedades anorumas de n,-sponsahilit!ad ilimitada, con 1lerccho a emitir billet1:s ~e acuerdo a reglamentaciones corrt.-sporulicntcs. Oc lodos modus las opunones sobre la cr<·a- C. Rodríguez: Los grandes negocios en Uruguay 187 ción de bancos no adt¡uiriero11 el tono de aííos posteriores. Será luego de 1865, }' en particular en los grandcs debates sobre libertad bancaria de las cámaras principistas, 1¡ue los acton-s lanzarán sobre el ruedo el peso de las contrapuestas opiniones de M. L. Wolowski (en especial "La question des banques", París, 1864), de J. E. Hom ("La liberté desbanques", París, 1866), J. G. Courcelle-Seneuil (''Tratado teórico y práctico de las operaciones de banca", edición española, París, 1874) y de otros autores, que en la década del 60 habían convulsionado Francia sobre las tesis enfrentadas de libertad bancaria y reforzamientos de los privilegios del Banco de Francia. El ¡•aís llegó hasta 1865 sin posl'cr otra lc¡,rislación fina11ciera 1¡uc la que se resolvía en la autorización concreta a cada sociedad o persona que la solicitaba. Y si en esa peripecia se fue resolviendo de hecho la libertad de creación de bancos, no fue sino el 23 de marw de 1865 11uc, bajo el rubro de reglamento orgánico de bancos, se consagró definitivamente el principio de libertad bancaria con las restricciones que veremos en el período correspondiente, y que recogía en reaJidad las escaldaduras singuJares que el país había sufrido en los 7 u 8 rulos de funcionamiento de los bancos de plaza. Para entonces, el autor del Reglamento, do11 Tomás Villalha, poilría recoger aííos dl'spués (1868) la rxpt>riencia urugua} a, afinnando 1¡ue ..1pcli¡,rro no se haJlaba en la libertad de bancos sino en el demasiado estrecho contacto de los bancos con el Estado, cuyas aventuras financieras y descrédito hah ían arrastrado al sistema bancario en su caída. El brra,1 comercio orista } los representantes del Banco de Londres y Comercial hicieron oir su voz, tambiÍ'n contra los bancos cursistas vinculados a las operaciones cll' gobi1•r110 ) a las cspcculaeio111·s Je Bolsa; y si bien, José Pedro Ra111írl':t., Elbio Femández, etc., sostuvieron entonces lo irrestricto de la libertad bancaria como única gara11tía 1lc funcionamiento r1·g11lar del siskma, era) a cvidcntt- 1¡11c la discusión de principios disimuJaLa aprnas la dl'fcusa de situaciones de hecho vinculadas a las tradiciones bancarias ('11frentadas en la rt·alidad del país. Cuando e11 1873 José Pedro Ra111 írez sostuvo nucvament1' la libertad absoluta de c111isió11, par('cía difícil qui' el Júpiter d1• los irrcstrictos derecl1os individuaJt•s se topara con u11a cámara legislativa 111ás papista 1¡u<' el papa } c¡U(• votaba corazón contento el derecho de todos los habitantes de la república para emitir notas y billetes por cuaJ1¡uicr cantidad, convertibles a la vista en metálico. La violencia con c¡ue sc enfrentaban los partidarios de entonces impidió toda innovación sobre el reglamento de 1865, que no sufrió prácticamente cambios hasta el surgimiento del Banco acioual en 1887. �188 Siglo XIX J. C. Rodríguez: Los grandes negocios en Uruguay SE VIENEN LOS BANCOS... !! En 1854, el diputado Hordeñana presentó en Cámara w1 proyecto ,¡ue autorizaba al Poder Ejecutivo a promover la organización de un Banco Nacional de Descuentos y Depósitos, con facultad de emisión, pero sin curso forzoso. Luego de sucesivos rctot¡ucs parlamentarios, la ley fue ¡,romulgada el 15 de julio de 1854, con w,a severa limitación, según la cual, la cmisió11 no 11odría sobre¡,asar el encaje metálico. Fue de acuerdo a esta ley que en 1855 se presentó Femando Menck, a nomhre de un sindicato europeo de inversores, solicitando autorización para fundar un banco con un capital de 3 millones de pesos. La ley de su aprobación le garantizaba el monopolio de emisión, cuyo monto no podría sobrepasar el duplo del encaje. La autorización solicitada no fue de todos modos aprovechada. Quien sí usó de la puerta fue el Barón de Mauá, poseedor del mayor y más suculento paquete de deuda flotante y Consolidada. El 2 de julio de 1857, la ley que autorizó el funcionamiento del Banco Mauá, establecía que ~ capital provisorio alcanzaba un millón 200 mil pesos y podría ser ampliado hasta 6 millones. La emisión no podría exceder el triple del encaje. Parecido origen tuvo la Conversión de la Sociedad de Cambios en Banco de emisión, depósitos y descuentos, cuyo nuevo giro dio lugar al Banco Comercial, autorizado a funcionar por ley de 23 de julio de 1857 y convertido en sociedad anónima w1 año después. Pero las condiciones de su giro fueron mucho más duras que las sufridas por el Banco Mauá. AJ Banco Comercial se le impuso en su primer año la responsabilidad ilimitada de sus fundadores, se abatió a 600 mil pesos su capital inicial co11 facultad de ampliar a 2 millones y se le impuso un poder emisor <le sólo el duplo de su encaje. En el período que va desde 1857 hasta la entrada del General Flores en Montevideo (febrero de 1865), el derrotero de ambos Bancos fue divergente. El Banco Mauá era ante todo el proveedor de fon~os de un Es~do crónicamente exhausto, razón por la cual, durante los gobiernos de Pererra, Berro y Aguirre fue el directo impulsor y beneficiario del "arreglo" de la Deuda pública y de la primera conversión de deuda 11acio11al en deuda extranjera (1865). El Banco Comercial, donde junto a escasos ca¡,italistas nacionales (Juan M4,,uel Martínez) prosperaban comerciantes ingleses (Tom· kinson, Jackson), españoles (Cibils, Sácnz de Zumarán), franceses (Duplcssis), ¡rero de estricta residcucia en el ¡1aís, eligió fumlamcutalmente la tradicional manera de la banca escocesa, giro solvenh- con transacciones comerciales, industriales y de comercio exterior. Quizás hacieudo de la necesidad virtud, transformó lo 'JUe fue en su orige11 una limitación legal -escaso poder emisor- en atributo de respetabilidad y seguridad para sus depositantes. Alejado siempre del carnaval de la Deuda, no fue asiduo toma- 189 dor de los papeles del Estado, y cuando fue 11restamista del mismo sus lristoriadores no dejan de agregar t¡uc lo hizo en carácter forzoso olvidando 1¡uc. ~or esa violencia hecha a la voluntad del Banco se le otorgó '1a adrninistrac1on de rentas para su amortización. Ya en la agonía de la administración blanca, corrido el Banco Mauá por ~a saca de oro de los que emigraban y de los que se quedaban con desconfianzas, amenazado por Flores que no olvidaba en cada manifiesto de d_eclarar como no r~ados_los empréstitos otorgados al gobierno constitucional de Berro, logro Maua que el gobierno le arrojara la tahJa del curso forzoso que pe~tió salvar su B~nco, mientras él corría a Londres para transformar_ s_~s títulos de deuda mterna en deuda inglesa. Garantizada su doble cond1Cion de banquero y bolsista por este doble cerrojo de seguridad -curs~ forzoso y ~onversión-, Mauá esperó entonces tranquilamente que el Gobierno Flores Inaugurara una nueva política bancaria. Obra de Tomás Villalha, el decreto-ley del 23 de marzo de 1865 fue como lo definiera Eduar<lo Accvedo "el primer reglamento orgánico de Ba,_•~~s". Por dicha ley, se autorizaba la creación de Bancos de depósito, em1s10n y descuento. La emisión sería cu billetes pagaderos en oro seUado al portador y a la vista sobre un III ínimo de diez pesos. La emisión de fracciones no podría exceder del 20% de la circulación de cada banco. Se prescribía la liquidación inmediata del Banco que no convirtiese en oro todo billete llevado a sus ventanillas. Se uniformaba el tope de emisión e~ el_ triple del encaje metálico, los tenedores de billetes eran acreedores privilegiados. El Gobierno 110 podría imponer emprestitos a los Bancos ni otorgar concr-sioncs 11ue fueren contra las leyes generales del giro bancario, etc. ~ue bajo ~l imperio de esta ley que, junto a los bancos Mauá y Comercial Y al pruner banco extranjero (Banco de Londres y Río de la Plata, 1865), se ~egaron los bancos Montevideano (1865), Navia, Italiano (186.6) y Or~ental (1867). Poco después abrían sus puertas el Banco Mercantil de] Rio de la Plata, el Banco Alemán-Belga del Kío de la Plata y el Banco Hcrrcra-Eatsman y Cía. y las "casas de cr[-ilito" de Lcgrand, EsteVt>,S, Hoffma11, Platero, etc., enriquecidos con los préstamos a corto plazo al Estado y en el buen manejo de las deudas mejor servidas (sus nombres son los q~e c?n mayor fre?uencia se encuentran entre los que concurren a las amortizaciones a la puJa de la deuda franco-inglesa y de la Fundada). ORISTAS Y CURSISTAS Las primeras noticias llegadas a Montevideo sobre la terrible crisis financiera �190 Siglo XIX inglesa no hicieron sino precipitar los factores de la que ~quejab,a ~ endeble país que no conocía la paz desde Asencio. En pocos d1as el p~li~o depositó en el Banco Mauá más de un millón y medio de billetes solic1tando el oro contante y sonante. Nuevamente el curso forzoso decretado por el gobierno salvó al Banco Mauá de la liquidación. Sólo el Banco de Londres y el Banco Comercial ("oristas") no sólo no 11eccsitaron sino que protestaron por la medida dirigida a salvar al Banco Mauá y a los demás pequeños, endebles y audaces bancos de plaza. Alentados, antes que pr~cavidos, por el curso forzoso los bancos "cursistas" llevaron hasta el paroxISrno la especulación y la emisión. Un ministro "orista", Pedro Bustamahte, sosteni~o por una sólida alianza de "banca seria" y "prensa seria", por el comercio mayorista de exportación e importación y por la bastante sólid~ autoridad militar de Lorenzo Batllc, despreciamlo las amenazas de Mana y los amagos militares, conminó a los Bancos a someterse al decreto-ley de 1865, reabriendo sus puertas el lo. de junio de 1868 para someters? ~ la prueba de fuego de la conversión. Ni Mauá ni los pequeños bancos resIStieron la prueba. Su cierre tuvo graves consecuencias entre la amplísima masa de tenedores de billetes de los "quebrados", pues la cotización de los mismos descendió a valores irrisorios. El brote "orista" tuvo corta vida. Poco después de un mes caía el ministerio Bustamaute y el gobierno de Batllc lanzaba el decreto de 16 de julio de 1868, por el cual declaraba moneda legal por el término de 2~ ~eses los billetes de los bancos que acreditaran su solvencia ante una com1S1on nombrada al efecto y que ofrecieran valores que garantizaran su monto. Apenas si en medio de la cohonestación del Curso forzoso, el gobierno aminoró las posibles reiteraciones de la crisis obligando a los _bancos "cursistas" a reducir su enúsión hastc el tope del duplo del encaJe. Los pasos sucesivos y contradictorios llevaron al Banco Mauá a un nuevo cierre y el estallido de la guerra civil del 70 frustró todos los planes. Establecida la paz en 1872, fue necesario el Empréstito Uruguayo en Londres para rescatar la emisión que en 1871 ascendía a un circulante de 7 millones. En 1874, quedaban apenas 500 000 pesos en billetes, pero la grave crisis financiera y económica impidió que el triunfo orista ll??ara a la defi11itiva extinción del papel. El motín de enero de 1875 reabno 11ucvamente el viejo panorama. Otro Bustamante, José Cándido, fue el encargad~ desde el ministe~o de Hacienda de promover los defü1uios del triunfo cursista. A diez d1a_s apenas del motín se creó la Junta de Crédito Público encargada de emitir hasta 3 millones de pesos en billetes ,¡ue serían canjeados al qu~ se pre· sentase con no menos de 4 pesos 70 centavos. La Junta adelantana algo• bierno hasta 2 millones de pesos quien garantizaría su pago con hipotecas Y J. C. Rodríguez: Los grandes negocio& en Uruguay 191 bienes. F.sta primera y curiosa institució11 oficial de emisión recibió la orden Je conservar un encaje metálico no menor a la tercera parte de su circulante, pero c1_i !onna ,flor demás divertida no recibió los medios para hace~ del escumdizo y aureo metal. Claro está, sólo el curso forzoso podía ~bhgar a !?s tene~ores ~e oro ª. vo!car en la Junta el metal necesario para compr~ los billetes 1mprescmdihles en los pagos al Estado y demás transacc10ncs. E11 marzo se obligó a los tenedores de deuda a recibir los pagos en billetes, se decretó la proscripción de la moneda metálica en los pago~ 3! gobierno, fuer?n nacionalizados los billetes derrengados del Banco NaVIa_ Y se establecieron fortísimas multas a c¡uienes operaran en oro. La euforia de los cursistas llegó a tal fiebre que se declaró retroactivo el uso del papel moneda para los contratos anteriores 11ue lo prescribieran expresamente en oro. En agosto la soberbia cursista debió someterse a las buenas maneras de un hombre de Mauá, pero infinitamente más prestigioso y paciente: Andrés Lamas. El famoso plan financiero de Lamas descansaba fundamentalmente en la creación de un gran Banco Nacional privilegiado, de emisión y descuent~s, con un ~eso capital inicial d~ 20 millones de pesos. El proyecto supon 1a la absorc1on de los bancos existentes, y en cuanto a la emisión la "limitaba" a los 3 millones autorizados en enero de 1875 a los bille~es naciona~zados de Mauá y al saldo de los billetes nacio~alizados del 68, amortizados en su casi totalidad. Lamas, comprendiendo la utopía que perseguían los pequeños bancos "quebrados" -no era lo mismo el cursista Na1 via ¡ue el cursista Mauá- derogó la increíble disposición de la retroactividad del curso forzoso y se disruso al concordato con los tenedores de deude cuyo servicio estaba interrumpido. Las reclamaciones brasileñas alimentad:i5 por Mauá enc~ntraron un comprensivo interlocutor en Lamas quien al firmar las convenciones del 22 de octubre y 9 de noviembre de 1875 entregó n~,evamente a Irineo, Evangelista de Souza el suculento negocio de la eo~vers1_on de la _Deuda__Publica. El proyecto del Banco Nacional pasó a meJ~r VIda, M~ua reabno, sus p~ertas con algunos privilegios que empalid~c1an los antiguo~: pod1a ex1gu el r•ago en oro de las obligaciones pend'.cntcs, se le ¡,cruutía subrogar la emisión nacional de billetes por la propia cuyo to~e se elevaba nuevamente al triple de su capital realizado, para cuya ~arant,a el Estado ofrecía su solidaridad )' bien<,-s, y rentas afectadas espec1ficamente; la emisión Mauá sería la única recibida en las oficinas del Estado, y gozaría además del privilegio de la emisión fraccionaria de los depósitos judiciales y del servicio de la deuda pública. Los billetes ~acionalcs se canjearían por la emisión l\1auá y pasarían a transformarse en deuda 11acio,,1al sii!,i11~e~és _( i,',wtahl~ desprendimiento!). Por su parte, el gobierno tcndna el pnVIlc¡,'lo de girar en descubierto contra el Banco hasta el monto de dos 111illo~1es de pesos... cmiti<los por Mauá, cuyo valor (vale la pena recordarlo) solo estaba garantizado por la solidaridad financiera del �192 Siglo XIX Estado y por las rentas afectadas para su amortización. Por tamaño esfuerzo, el Gohicmo Varcla-Lamas logró que el Luperio retirara sus notas de encendida reclamación. Los buenos modales 11uedaron a salvo. Los oristas clamaron y ejercieron su oficio, depreciaron los billetes y con la loca carrera hacia el abismo del papel, se derrumbó la ca¡1acidad fiscal del gobierno y su posibilidad de servir la deuda con .billetes ~e nadie aceptaba -sino con el descuento correspondiente que variaba ~d~mas todos los días. A fin~ del 75, la casi unanimidad del mundo economico montevideano firmaba el ''Convenio del Comercio" por el cual los suscriptores se comprometían a no usar otra moneda que el oro en sus transacciones. El 21 de febrero de 1876 caía Andrés Lamas, pocos días después el ex-banquero quebrado Pedro Varela seguía sus pasos. Allí estaba Latorre. Los oristas, reunidos en la casa del Juez de Comercio Juan A. Vázquez, no sólo impusieron a Latorre como el candida~o d~eable para oc~par el gobierno sino que impusieron también al prop10 Vazquez co~o Ministro de Hacienda, una de cuyas primeras medidas fue la anulacion del contrato Mauá y la conversión de la emisión circulante mediante una sólida amortización garantizada por rentas nacionales, de modo tal que en 1877 habían sido extinguidos 6 millones de pesos. La rescisión del contrato con Mauá -realizado de común acuerdo- supuso una fortísima erogación en letras de Tesorería (un millón 700 mil pesos) y el reconocimiento a favor de Mauá de una deuda nacional por 12 millones en billetes. El gran comercio montevideano se salvaba de Mauá y el cursismo pagando un grueso rescate cuyo monto, claro está, sería pagado multitudinariamente por todos los uruguayos. EL BANCO NACIONAL De 1875 a 1886, el aumento de la ca11acidad productiva del país, particularmente ganadera, y el mejoramiento de los precios inte~acionales Y cierto comienzo de sustitución de importaciones por produccion m~~acturera nacional provocan un vertical mejoramiento del balance econo~cofinanciero del país. La balanza comercial arroja un superávit <le 19 nnlloncs de pesos oro, la colocación de deuda pública en el exterio~ atrae -~O millones de pesos nominales y los emprestitos arrojan sobre la crrculac,on 35 millones de pesos oro. Este aumento brusco y desmesurado de valores sobre una plaza particularmente prC'capitalista y especuladora (aumento precipitado especialmente con la hipoteca .de las ren1:3s nacional~ encar••adas de enjugar en el futuro los compro,msos financieros conlra1dos) '~º hiw sino agudil'.ar la cocaínica estructura comercial y bancaria del pa1s. J. C. Rodríguez: Los grandes negocios en Uruguay 193 El gabii~ete de la "con~ili~ción" de 1886 fue el fruto de una plaza que ya no necesitaba del pretonamsmo para la custodia de la tradición orista. El oro ya no sólo a11cgaba los "ca11alcs rle circulación" monetaria sino , ,e 11 se derrama}>a ~'~ el atcsoram~~nto, y en su flexible conversión en alhajas y en la mas ngida trasmutacion en palacios, muebles, carrozas y menage suntuario. Veintisiete bancos aplastaban la plaza en lugar de sostenerla. más de cien sociedades anónimas con m1 .fantasmal capital de más de 400 millones de pesos ofrecían al uruguayo la posibilidad de integrar una "sociedad del ~iencstar" av~nt la lettre. Fue en el curso de ese apresurado' amontonamiento de sociedades de fomento, de crédito hipotecario, de trazado de puentes y caminos, de explotación de minas, de loteo de quin~ solariegas, de construcción de barrios, de edificación suntuaria, que surgio en la cresta de la ola especuladora, el Banco Nacional y su artífice Emilio Reus. E,~ el mensaje por <'l cual se enviaba al parlan1ento el proyecto d<' Banco Na~10nal (25:4'-18~7J, el ¡'.residente Tajes anunciaba orgullosamente que el gobierno hahia rec1h1do diez propuestas de fundación de Bancos apoyadas en otras tantas ofertas <le capital proporcionado por inversores extranjeros. El capital financiero internacional rompía, hacía ya tiempo, las c?sturas de las ~e~.ópolis nacionales y se derramaba sediento de ganancias sohre las prumtivas plazas del mundo americano. Una habilidosa tra".1ª ~<' C01~1pad~azgos políticos y financieros definió la puja a favor del smdicato fmanciero encabezado por un grupo de capitalistas residentes en Buenos Aires, a cuya cabeza se hallaba el dos veces quebrado aventurero español Emilio Reus. El Banco Nacional, creado el 24 de mayo de 1887, estaba inscrito dentro de los modelos conocidos del banco Lamas-Mauá de 1875 y del abortado Banco del Uruguay (1883) autorizado bajo el ministerio del primo de Mauá -José Ladislao Terra- que no llegó a nacer por el fracaso en la recolección de capitales. El Banco Nacional de 1887 fue creado con un capital de 10 millones en acciones de 100 pesos. Se le otorgó la facultad de acuñar moneda nacional hasta 10 millones y establecer Casa de Moneda. Se le autorizó a emitir billetes hasta el duplo de su capital en billetes de 10 a 500 pesos y emitir billetes fraccionarios hasta el 40%, con la obligación de un encaje metálico del 25°/o. El Banco además monopolizaría el sci:vicio de la deuda pública y los depósitos judicial<'s, poseía exenciones fiscales y otorgaba al gobierno un giro en descubierto hasta 1 millón 500 mil pesos. El gobierno designaría el Presidente del Banco, la tercera part~ del Direct?rio y al jefr del dcpartarncuto de Emisión. El Banco posecria dos secciones: co111ercial e hipotecaria; S11 concesión duraría 40 arios. �194 Siglo XIX El "apogeo ) caí<la" del Banco acional pertenece ya al acervo folklórico del Uni¡,ri1ay, y sus principales detalles fueron profusamente divulgados en el sc'.ili<lu Uruguay que va desde el nacirni~nto del_ Ba~\co República hasta el reavaJúo de 1935. En la sesuda y sena orgaruzac1on bancaria del Estado batllista, hasta sus muy recientes epígonos de la inmediata postguerra (1946), la tradición bancaria Mauá-José L. Terra-Emilio Reus fue el ogro con que se espantaba toda alocada expansión del capital bancario privado y de su conmi.xtión con la peripecia financiera del Estado. Claro está, en el Urnguay 1¡uc conoció la crisis bancaria de 1965 } la cam·ra devaluacionista 11ue llega a nuestros días, no se encontrará un niíio 11ue se espante por a1p1cllas maniobras de los filibusteros y financistas del siglo pasado, pero entonces, el pánico que provocó la catástrofe del Banco Nacional, fue el presupuesto económico-financiero, ético y psicológico que permitió el establecimiento del Banco de la República de formidable y positiva proyección en la historia y desarrollo económico del Uruguay y de( primer tercio del siglo XX. El Banco acional lanzó la suscripción pública de sus acciones en julio de 1887. Ofrecida una suscripción de 20 mil acciones por un total de 2 millones de pesos, en diez días los registros recibieron ofertas por 16 111illo11cs.Lanzadas a la Bolsa, las acciones meramente suscritas, adquirieron rápidamente el duplo de st.¡ valor nominal. La Bolsa fue entonces teatro de alquitaradas operaciones por las cuales la pandilla de bolsistas que medraba en el Banco ¡ aeional jugaba al monito con los funcionarios públicos y artesanos, pC(JUeños comerciantes, amas de casa, empresarios, estancieros, y que presas de terible codicia o de pánico estupidizante? :1°daba~ a la c~a de rumores, noticias, confidencias, datos, que les pcnmbcra abnr a la baJa y cerrar al alza, por más que el balance semanal los di<'~a ~orno pcnn~11t·ntes perdedores en la selva inextricable de aquellas oscilac1011es de pizarra por la que sentían un religioso r<'spcto. En tanto 11ue en la Bolsa jugaba al alza y a la baja. el Banco acional comprometía en su casa central el oro del capital suscrito y de sus depositantes y clientes. Los incrcibles capitanes de empresa 1¡ue haliía11 organizado el Banco habían realizado w1a ya vieja Y. conocida maniobra: habían integrado la mayor parte del capital con oro contante y sonante (~acido a su vez de la jugada de Bolsa dt· la consolidada del 86 y convcrs1011 Baring Brothers del 87), con dicho capital habían dominado -obviamenteel paquete de acciones y la dirección del Banco - era su criatura, but'nO fuera- ; pero apenas abiertas las puertas d<' la honorable casa de crédito, se habían prestado a sí mismos el capital que habían integrado, y posteriormente, en su inmensa mayoría, habían vendido al alza las acciones de un banco que ya no tenía capital. Cuando arrastrado por la caía de las eotizaciont's de Bolsa } <le los valores territoriales y por las especulaciones sin J. C. Rodríguez: Los grandes negocios en Uruguay 195 freno, el Banco Nacional suspendió el 5 de julio de 1890 la conversión de los billetes, el pánico ll1'111, las calles de gente y las bocas, dt' silencio. Producida la quiebra, las cámaras aprnas pudieron hacer otra cosa que homologar el desastre: se suspendió la conversión de billetes por seis meses; se separó el departamento de emisión que fue puesto bajo el control de una comisión fiscal encargada de vigilar el circulante, cuyo precio se intentó sostener. La inconversión fue prorrogada continuamente hasta que la caída de la Banca Baring precipitó la definitiva liquidación del Banco Nacional. Un intento del presidente Julio Herrera y Obes y de su ministro de finanzas Carlos María R.am Írcz por crear otro Banco -acional servido con capitales europeos fracasó tempranamente. Recién bajo el gobierno de Idiarte Borda y ¡K>r iniciativa de su ministro Vidiella, prosperó la reconstrucción de un banco nacional que comenzó a funcionar en 1896 regido por la Ley Orgánica del novel Banco de la República, y posible entonces por la nueva y próspera situación económica del país expresada en continuos y favorables saldos de la balan:,,,a comercial y de pagos y por el remanente de un nuevo empréstito iuglés. BIBLIOGRAFIA Acevedo, Eduardo. Notm y Apuntes. Contribución al e,tudio de la hí,toria económica y financiera de la R. O. del Uruguay, Montevideo, 1903. Artagaveytia, Ricardo. Valore, cotizados en la Bolsa de Comercio (1875-1920) Montevideo, Impresora Uruguaya, 1944. ' Carve, Amaro. Mi actuación en Inglaterra (1883 a 1887), Montevideo, Barreiro y Ramos, 1904. Faraone, Roque. Aspectos del crédito público en el Uruguay entre 1852 y 1875 Montevideo, 1967. ' Faria, Alberto de. Mauá, San Pablo, Braziliana, 1933. Gómez, Juan Carlos. 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La mayoría de las recién independizadas naciones de Latinoamérica durante los años de 1820 carecía de ambos. Habían sufrido más de una década de luchas por su independencia, y en países como México, Venezuela, Colombia y Pení, las guerras habían destruido propiedades y trastornado el funcionamiento normal de la economía. Más aún, este trastorno económico iba aparejado con una crisis de legitimidad política tras la liberación de la Corona española. Durante las prolongadas luchas, los virreinatos regidos por España habían si'do reemplazádos por un conjunto de feudos controlados por insurgentes o por jefes realistas. A las nuevas naciones les llevaría décadas restablecer la autoridad sobre los territorios que España había poseído en 1790. Sin embargo, aunque España había mantenido el control político sobre sus posesiones del Nuevo Mundo por el resto del período colonial, fue perdiendo con rapidez su capacidad para solventar su administración. EL CONTEXTO FISCAL DE LA INDEPENDENCIA MEXICANA Las Reformas Borbónicas de fines del siglo XVID alteraron en forma importante la estructura fiscal de la colonia. En 1760, la Corona recaudó impuestos por un total de 4 675 178 pesos; en 1790, acumuló 11493 748 "Colaboradora de l Handbook -of Latin American Studies, Washington, D. C., U.S.A �198 Siglo XIX -un aumento del 246°/o para un período de treinta años. La mayoría de los ingresos se presentaron en forma de tarifas, cobros diversos, e impuestos a los salarios. El nuevo monopolio del tabaco, establecido en 1766 y cuyas ganancias iban directamente a España, proporcionó un 9% de la recaudación total de 1790.1 El aumento en los cobros fiscales, combinado con el pago por mercancías únportadas, contribuyó a la escasez generalizada de efectivo en toda la Nueva España. Como resultado, el comercio se realizaba con frecuencia a crédito. En una sociedad donde la tenencia de tierras era en general la única garantía aceptable para los préstamos, los comerciantes, por su actividad y su acceso al efectivo, formaron alianzas con los hacendados, con los que a menudo se involucraron en operaciones mineras, sobre todo en el Bajío. Como resultado, se formó un tipo de empresa familiar-elitista que llegó a ser la hase de la sociedad colonial, apuntalada por la riqueza del clero.2 Según TePaske, en las décadas de 1770 y 1780, cuando las ganancias mineras dieron un espectacular salto, los gastos de guerra y defensa aumentaron de un modo igualmente brusco. Además, los ingresos enviados a España casi se quintuplicaron entre 1700 y 1790. Para los años 90, la real hacienda en México debía un poco más de tres millones de pesos déficit que para 1810 sumaba 31 millones. Hacia 1798, la hacienda había engullido hasta 16 millones de pesos de sus reservas, y afirma TePaske que para 1810 "las instituciones laicas y clericales y los mexicanos ricos habían sido muy duramente exprimidos, casi hasta el punto en que era poco lo que les quedaba por dar al gobierno virreinal. ,,3 Para fines del siglo XVTII, las necesidades monetarias de la Corona amenazaron incluso el papel tradicional de la Iglesia. En 1798, España ordenó a la Iglesia vender todas las propiedades pertenecientes a instituciones benéficas, hermandades, obras pías y funcionarios eclesiásticos, y la forzó a prestar los beneficios a la real hacienda, al 3% de interés anual. Luego, el 26 de diciembre de 1804, el Virrey José ltnrrigaray promulgó la Ley de Consolidación, culminación del ataque borbónico al poder y riqueza clericales, iniciado con la expulsión de los Jesuitas en 1767. La Ley de Consolidación decretaba que los préstamos que se debían al clero fueran pagados, y que los fondos se enviaran a España. Para 1809, la Iglesia había remitido más de diez millones de pesos, 25% de los cuales procedía de la arquidiócesis de México exclusivamente.4 La situación empeoró con el comienzo de la rebelión de Hidalgo en septiembre de 1810. Como resultado, los funcionarios de la ciudad de México aumentaron las tasas de Los impuestos de venta (alcabala) y del B. Tenenbaum: Finanzas y poder en México 199 comercio (almojarifazgo), gravaron el pulque y el tabaco, exigieron nuevos donativos, y descontaron los salarios de todos los funcionarios púhlicos.5 . No ?hstan~e, la rebelión de Hidalgo asustó tanto a españoles como a nacionalistas cnollos, y los indujo a una nueva lealtad hacia España. Desde 1808 a 1810, los terratenientes proporcionaron a la Corona ocho millones de pesos y, hasta 1812, prestaron en forma voluntaria sumas adicionales 6 al gobierno colonial. Pero en 1812, los préstamos dejaron de ser voluntarios, y el Virrey Venegas se vio forzado a imponer tasas más altas a todos los artículos consumidos en las áreas urbanas. En la ciudad de México los funcionarios fijaron un impuesto del 10°/o a todos los bienes raíces u~han~s, y uno del 3 al 12% sobre la renta. También fijaron un impuesto especial a las conductas y fueron especialmente insistentes en el cobro de la alcabala.7 Cuando se hizo evidente que la Corona no podría liquidar los préstamos anteriores, los comerciantes y otros acreedores se volvieron muy reacios a prestarle más dinero. Después de 1812, los comerciantes empezaron a rechazar las peticiones de fondos, a menos que tuvieran la certeza de obtener garantías complementarias satisfactorias, tales como hipotecas sobre futuros cobros fiscales. El virrey Félix Calleja se quejaba ya en 1813 que el ~ohierno había ca~d? _completamente en manos de sus acredores, y para abril, calculaba un def1c1t mensual de 260 000 pesos: cuando acudió a las élites para solicitar un préstamo, le exigieron una hipoteca sobre los ingresos por alcabalas de la ciudad de México y las áreas circundantes sobre el impuesto al pulque, el del dos por mil por uso de caminos, y el de guerra sobre los alimentos. Calleja tuvo que comprometer la mitad de la recaudación fiscal de la ciudad de México para poder conseguir suficiente dinero Y mantener el monopolio del tabaco, la fábrica de pólvora y la Casa de Moneda en funcionamiento. 8 El 13 de septiembre de 1813 las Cortes españolas promulgaron un Nuevo Plan de Contribuciones Públicas que sugería el reemplazo de las alcabalas _Y los monopoli~s por impuestos portuarios y capitaciones, junto con un rmpuesto del 1O 1/o sobre la propiedad urbana, de 1% sobre la plata acuñada, y un incremento del 50% al precio del tabaco. Calleja envió una carta a sus superiores en la corte, donde señalaba que si tal plan fuera puesto en práctica " mi gobierno será inevitablemente detestado!''IJ El 21 de julio de 1814, Calleja estableció nuevos principios para aumentar la recaudación fiscal mediante comités que evaluaran tasas y redactaran listas en todo el virreinato, para efectuar cobros regionales por mes. Después de la caída de las Cortes en 1814, Calleja rebautizó los nuevos inipuestos como "subvención temporal de guerra", y tuvo tal dificuJ- �200 Siglo XIX tad en hacer que los residentes contribuyeran a un préstamo forzado que debió amenazarlos. A fines de 1815, la situación se había agravado tanto que intentó establecer una lotería forzosa, idea que pronto abandonó.10 Como ha señalado TePaske, para fines de 1815 la tasa de incremento de la deuda había disminuido considerablemente porque se había ya extraído hasta el último centavo de la colonia. Hasta la plata doméstica y la de las iglesias había sido donada para financiar la guerra. Para fines de 1816, un cálculo aproximado indicaba que el Ministerio de Hacienda de México debía 81 millones de pesos.11 Para empeorar las cosas, muchos españoles ricos prefirieron abandonar México después de la revuelta de Hidalgo o simplemente enviar su riqueza fuera del país en espera de mejores tie_mpos. Lamentablemente, aún es imposible calcular el monto de la fuga de capitales, pero José María Quiroz la fija en 786 millones de pesos. 12 Con el objeto de hacer la independencia más aceptable, Agustín de Iturhide prometió en su Plan de Iguala que la Iglesia Católica estaría segura en el nuevo entorno político, y queios españoles también encontrarían ahí un hogar protegido. De esta manera, el movimiento iturhidista aseguró a sus partidarios que se restablecería el crédito en la misma medida que antes, y que los peninsulares ricos no necesitarían enviar su capital a ninguna otra parte. Estas promesas tranquilizadoras, y los temores de lo que podría acontecer en una Nueva España gobernada por unas Cortes españolas liberales, ayudaron a preparar el terreno de la independencia. Los poderosos grupos elitistas -la Iglesia, los comerciantes, los propietarios de miiias, los terratenientes, el ejército- esperaban que la independencia les devolviera su antigua gloria y trajera la prosperidad predicha por Alexander von Humboldt. Pero la república mexicana tendría que reconciliar esas expectativas con el legado de minas anegadas, enormes deudas y dafios generalizados a la propiedad. Por lo tanto, antes de que pudiera convertirse en una nación en vías de consolidación, la república mexicana tendría que resolver tres problemas prioritarios. Primero, restablecer el control político y fiscal sobre su territorio. Como lo ha demostrado TePaske, los erarios regionales casi habían suspendido el pago de impuestos anuales a la caja central de la ciudad de México; la nueva nación necesitaría esos fondos para establecer un régimen viable.13 Segundo, lturbide tenía que recobrar la lealtad de una población descontenta por las frecuentes exacciones y la constante inseguridad, y hacerlo rápida y convincentemente para poder revertir la añeja tendencia ha- B. Tenenbaum: Finonz<U y poder en México 201 cia la enaje~a~ión y la atomización. Hecho esto, la nueva república podría esperar un facil acceso a los préstamos y la confianza pública. . Terc_e~o, el nue~o régimen tendría que crear una nueva y aplicable hase unpoSitiva, a partir de las ruinas de la estructura colonial, de tal modo que pudiera pagarse al ejército. El gobierno nacional debía diseiiar un sistema fiscal que pudiera satisfacer sus necesidades sin sacrificar demasiado su popularidad. Iturhide, al igual que la mayoría de los líderes del movimiento independentista, creía que su popularidad personal como liberador de México le otorgaría poder suficiente para construir un gobierno viable para la nueva nación. Ignoraba que las élites criollas esperaban que la independencia mexicana las liberara de las cargas del sistema tributario colonial español, y de las incesantes exigencias de préstamos no respaldados por parte de la Corona. No tenían intención de proporcionar a ningún líder mexicano más recursos suyos, aún cuando la nueva nación necesitara ayuda para establecer u~ gobierno estable. Más bien, pensaban que Iturhide (y sus sucesores) dehenan buscar esas sumas en alguna otra parte. Dadas estas premisas, lturhide solo contaba con su popularidad; no tenía poder para obligar a las élites a hacer lo que se requería para construir la clase de nación que decían desear, pero que estaban muy poco dispuestas a pagar. Como lo demostrará este artículo, no existió dicotomía entre el poder y el dinero durante gran parte de la historia de México del siglo XIX. Las élites, con excepción importante de la Iglesia, que era demasiado pública y demasiado vulnerable a la intervención gubernamental, se rehusaron a pagar contribuciones, dejando a los gobiernos demasiado empobrecidos para proporcionarles la estabilidad que ellas supuestamente requerían. La solución a este dilema llegó recién durante el porfiriato, cuando las exportaciones mexicanas volvieron a tener valor y las élites al fin reconocieron la necesidad de un gobierno nacional fuerte y estable. ITURBIDE Y EL PRINCIPIO DEL DEFICIT Durante sus cuatro primeros meses en el poder, la administración de Iturbide fue poco a poco descubriendo la naturaleza del sistema fiscal que había heredado, a medida que emprendía la construcción de una estructura fiscal interina. Pronto abolió los impuestos sobre el aguardiente y el mezcal, las subvenciones temporales de guerra, el impuesto directo de guerra, el de las conductas, el del 10% sobre el valor y renta de casas y exportaciones, los impuestos sobre el henequén, y todos los pagos extraor- �202 Siglo XIX '.linarios. Además, redujo 1a alcabala sobre artículos nacionales, del 16% al 6°1o, y el de los importados, del 16°/o al 8°/o. Con el objeto de ayudar a los propietarios de minas, el gobierno asimismo combinó once impuestos 14 separados en uno solo del 3% ad valorem. Además, el Ministerio de Hacienda tranquilizó a las élites en cuanto a la posibilidad de impuestos adicionales poniendo fin a la Administración de Arbitrios, que había determinado nuevos impuestos durante las guerras de independencia. El gobierno estableció una junta de crédito público para investigar el estado de la deuda pública, aparentando con ello asegurar a los acreedores criollos que sus créditos serían redimidos. Más tarde, Hacienda publicó una nueva tarifa del 25% ad valorem (que anteriormente era del 36.5 °lo) y decretó la restitución de la propiedad confiscada durante la guerra. Además restableció el monopolio del tabaco. Al mismo tiempo, el gobierno fijó el salario de lturbide en 120 000 pesos anuales y fijó el pago d~ los tres regentes a 10 000 ca~,ª ~n~, el d~ los secretarios en 8 000, y asigno a la viuda de Juan O'DonoJu, último VUTey de la Nueva España, una pensión de 12 000. Más tarde, la regencia estableció reglamentos para la organización de los cuatro ministerios (de Relaciones Exteriores, Guerra, Justicia y Hacienda) a un costo anual de 21 720 pesos cada uno. 16 Sin embargo, la estructura fiscal mexicana no se recuperó tan rápido como se esperaba. El 31 de diciembre de 1821 el erario contenía tan sólo 6 647. A principios de enero, el gobierno autorizó que lturbide solici~a en préstamo 1 500 000. El 4 de enero lturbide instó a la junta de gobierno a atender sus súplicas y pagar al ejército. Cinco días más tarde, pidió a los obispados de Guadalajara, Durango y Oaxaca 750 000 pesos en un plazo de seis meses.17 B. Tenenbaum: Finanzll$ y poder en México 203 general. Por consiguiente, se reabrió la casa de moneda en Zacatecas, se prohibió la fabricación de pólvora y se mejoraron las instalaciones portuarias en Guaymas y Mazatlán de tal modo que pudieran ser reabiertas para recibir buques extranjeros. Once impuestos separados sobre monedas y plata se combinaron en uno solo del 3% sobre su valor en efectivo, y se redujeron los gravámenes sobre aquilatamiento y otros impuestos de acuñación, subieron los impuestos al aguardiente extranjero a 20°/o (del 6% anterior), y se fijaron los de licores nacionales en 12% (febrero 20). 18 El primer congreso de la nación mexicana fue instalado en forma oficial el 24 de febrero de 1822. Tres días más tarde, el ministro Rafael Pérez Maldonado presentó su Memoria de Hacienda. Su presupuesto para die-.t meses ( de septiembre de 1821 al 30 de junio de 1822) mostraba que los gastos (11 311 063 pesos) sobrepasarían los ingresos (10 212 373) por 1 921 973 pesos, pero el reporte tenía un tono confiado y optimista. Pérez Maldonado pensaba que el sistema tributario colonial pronto empezaría a funcionar de manera normal, y que generaría aumentos considerables en los ingresos. El ministro de Hacienda sostenía que el restablecimiento de paz tras las guerras de independencia pronto estimularía el comercio y la agricultura y que las élites, ahora liberadas de impuestos arbitrarios, regresarían a los negocios como siempre y reinvertirían su riqueza. Instó a Iturbide a alentar la minería y mejorar la administración del monopolio del tabaco para que las ganancias regresaran a sus altos niveles anteriores. También sugirió simplificar el gobierno civil, reduciendo el ejército mediante la creación de milicias nacionales, y estableciendo una contribución directa moderada, ya que el erario había tenido que pedir prestados 900 000 pesos en menos de seis meses. Aunque se había restablecido la paz, las élites seguían sin estar dispuestas a invertir lo que les quedaba de sus fortunas en México. En un obvio intento por detener la seria fuga de capitales, el gobierno ordenó una sobretasa del 15% en la exportación de monedas. Pero la crisis persistió sin cambio de tal modo que el 16 de febrero la Regencia prohibió especialmente la exportación de efectivo, con excepción del necesario para el comercio, sin un permiso específico. Pérez Maldonado era demasiado optimista, pero tenía escaso conocimiento de la situación que la nación mexicana había heredado de la Nueva España. Supuso incorrectamente que el nuevo régimen podría rescatar una estructura tributaria colonial española completamente funcional que pronto produciría sustanciales ingresos dándole el tiempo y el manejo adecuado. Además, el ministro de Hacienda, interesadamente, olvidó incluir las enormes deudas que la nueva nación había accedido a pagar para ganar el apoyo de las élites. A principios de febrero de 1822, el régimen de lturbide ya estaba adoptando las tácticas de sus predecesores. Se declaró ante la Junta ~e como el gobierno necesitaba con urgencia recursos para mantener el e1ercito el erario había transferido fondos del consulado de la ciudad de México, de la Casa de Moneda y de donativos para obras pías, a la reserva Lo que es más importante, Pérez Maldonado no tuvo en cuenta la suposición tácita de las élites sobre que podían evitar contribuir al mantenimiento del nuevo gobierno. La fuerza del compromiso de la élite con esta posición condujo a una seria confrontación entre el Congreso y el liberador de México. �204 Siglo XIX ITURBIDE Y EL CONGRESO Las élites pronto demostraron que no tenían intención de apoyar fin~ci~ramente al nuevo gobierno. Durante su primer mes, el Congreso actuo rapidamente para proteger la riqueza de las élites a costa de la hacienda del país. El 16 de marzo de 1822, transformó el préstamo f~rzado de l 500 000 pesos en donativo voluntario, y el 22 de marzo revoco la ley en contra de la exportación de efectivo y permitió a la gente abandonar el país en el plazo de un mes con las sumas que desearan.20 Durante todo el resto del período de sesiones, el Congreso no promulgó una sola nueva ley fiscal, aunque sí permitió un pré~tamo de 60~ 000 pesos que sería recaudado principalmente de los comerciantes de la c1?dad de México y reducciones de salarios de hasta un 20°/o para los ~nc1onarios. La insuficiencia de ingresos se manejó recurriendo a extran1eros ~~ proveyeran los fondos necesarios. Por consiguiente, el Congres? autorizo un préstamo externo de 25 a 30 millones de pesos con todo el mgreso ~acendario nacional como garantía. Ordenó el inventario de todas las propiedades pertenecientes a los misioneros filipinos y los "santos lugares de Jerusalén•: hizo que el impuesto del 2°/o sobre oro y plata acuñados abarca' ra al cobre, y al tero' 1os gravamenes sobre 1·icores.21 Mientras tanto la crisis fiscal empeoraba debido a que muchos en el ejército se creían ~erecedores de f~vores especiales, asce~s. o gratifi~ciones, a semejanza de lo que suced1a en el resto de la rec1~n lib~rada Hisp anoamérica. Como Lorenzo de Zavala dijo exagerando, 'la nntad de la · · ' no e~a nada desu· nación pedía tal o cual recompensa. ,.22 Su aprec1~c1on sada, pues cuando Iturbide no recibió lo que ~0~1der~a ?n JUSt~ reconocimiento a su lealtad hacia la Corona, se conVlrtlo de súh1do en msurgente. Como observó Joel Poinsett, "en tanto que (lturbide) posea los me: dios para pagar y recompensar (a los oficiales y soldados), se mante?dra en el trono; cuando éstos le falten, se verá arrojado de él. •'24 En abril de 1822 Iturbide enfrentó un ejército ávido de recompensas y un Congreso reaci¿ a decretar los nuevos impuestos necesarios para proporcionarlas. Más aún, desde que el Congreso había empezado a reunirse, la recaudación se había desplomado en forma drástica. De acuerdo con la conta; bilidad de marzo de 1822, el gobierno recaudó 819 184 pesos y gasto 813 612 pesos, dejando un excedente de sólo 5 672.,La may?r parte de esos ingresos (304 854 pesos, o sea el 37%) provema del prestamo forzado de los consulados, o de ingresos aduanales (163 000 pesos, o sea el 20°/o). Pero para cuando el préstamo forzado fue rescindido en mayo, B. Tenenbaum: Finanz04 y poder en JI.léxico 205 los ingresos habían disminuido a 302 892 pesos, de los cuales 143 502, o sea el 47°/o procedía de un excedente hacendario del mes anterior. Debido a que el ministerio de Hacienda contaba sólo con 969 pesos para el primero de junio, el ingreso para los 28 días siguientes disminuyó hasta 245 419, de los cuales la mayor parte (79 886 pesos, es decir el 32.5°/o) provenía de ingresos arancelarios.25 Iturbide intentó hacer frente al problema mediante el cambio de su ministro de Guerra, Antonio Medina, al de Hacienda, el primero de julio de 1822. Sin duda pensaba que Medina podría hallar la solución a sus dos problemas más urgentes: el descontento del ejército, y las arcas vacías. Pero para octubre de 1822, la situación fiscal se había vuelto tan desesperada que Iturbide se vio forzado a apoderarse de una conducta que transportaba plata con un valor de 1 200 000 pesos y que pertenecía a comerciantes de Perote. Justificó su "expropiación" observando correctamente que no había fondos para pagar al ejército ni a los empleados de gobierno, las arcas estaban vacías, no se conseguía dinero a préstamo en el país, y los préstamos extranjeros se llevaban más tiem- po.26 Medina presentó su clara y realista Memoria de Hacienda el 28 de octubre de 1822, y después de reportar que el erario tendría un déficit de 2 826 630 pesos para fines de 1822, aconsejó a lturbide en forma franca: Sin duda Su Excelencia preferirá dar los pasos más convenientes para equilibrar los ingresos y los egresos... f¡ero en el futuro, serán necesarias nuevas fuentes de recaudación. 7 Medina atribuyó el obvio desequilibrio entre el ingreso y los gastos a las reducciones en los cobros fiscales y a las necesidades adicionales del ejército, que incluían los costos de manutención de los soldados españoles que habían capitulado ante el ejército insurgente y estaban en espera de ser repatriados a España.28 Sin embargo, dedicó la mayor parte de su reporte hacendario a un examen sumamente detallado de todas y cada una de las categorías tributarias existentes desde los tiempos de la Colonia. Hizo notar que los costos por cobro, particularmente de los salarios, permanecían fijos, y que la recaudación de cada tributo había descendido excepto la alcabala, que debería haber producido más a causa del mayor comercio. ¡Incluso la lotería registró una baja del 75°/o debido a la pobreza general!29 El ministro de Hacienda sugirió que México pidiera préstamos voluntarios o iristituyera nuevos impuestos. Como la nueva nación no podía proporcionar reservas para pagar los cargos por intereses y amortización de un �206 Siglo XlX préstamo voluntario, éste pronto se convertiría en una exacción forzada. Aunque Medina también"trlencionó la posibilidad de emitir papel moneda, hizo notar que, al igual que un préstamo voluntario, también requería confianza en el Ministerio de Hacienda, el cual "estaba en estado crítico" porque había que pagar a las tropas sus sueldos atrasados y los corrientes. Medina concluyó que lturbide debía presionar por el establecimiento de un impuesto provisional que sería dividido entre los residentes adinerados para cubrir el déficit y darle tiempo al Congreso para tomar acción más permanente. Estas nuevas recaudaciones ayudarían también a restablecer el monopolio del tabaco y alentarían la minería. Luego se podrían agregar impuestos directos e indirectos en el futuro. De otro modo, advertía, las quejas se acumularían y Hacienda (y todo el gobierno) quedarían desacreditados.30 Pero las élites ya estaban hartas de Iturbide. El 26 de agosto de 1822, el Emperador se enteró de un complot en contra de su gobierno y arrestó a quince prominentes diputados y a otras treinta y cinco personas. En represalia, el Comandante de las Provincias Interiores de Oriente, Felipe de la Garza, encabezó un levantamiento para conseguir su liberación, y Vicente Rocafuerte laboró incansablemente entre sus contactos diplomáticos para aseJrrarse de que lturbide no recibiera mucha ayuda de los Esta· dos Unidos. Dada la situación, el Congreso permaneció impasible ante las conclusiones o sugerencias de Medina, y se mantuvo firme en su determinación de no contribuir el mantenimiento del gobierno. Un día después de que Medina presentara su reporte, el Congreso emitió una nueva ley quepo· nía fin al monopolio del tabaco en 1825, privando así al gobierno de una de sus más importantes fuentes d ingresos, y rehusó aprobar planes para un nuevo préstamo, a pesar de las promesas de reembolsarlo por parte de lturbide.32 Así pues, Iturbide concluyó en forma sensata que no estaba en posibilidades de poner en práctica las recomendaciones de Medina para aumentar la recaudación, dada la fuerte oposición por parte del Congreso. Como ha sefialado Anna: "durante sus nueve meses de existencia, el Congreso había fracasado en cuanto a plantear las cuestiones básicas de la consolidación del imperio".33 Peor aún, el Congreso probablemente había estorbado todos y cada uno de los esfuerzos por decretar medidas apropiadas para solucionar la crisis. El 31 de octubre de 1822, lturbide disolvió el Congreso, quejándose B. Tenenboum: Finanzas y poder en México 207 de que, entre sus otros pecados no había dis - d I ria propia de una nación indepe~diente 34 L e~a o. a estructura hacendates de la desesperada confrontación . i°s h1Stonadores, poco concienca de las medidas fiscales han d entrde e emperador y el congreso acer' con ena o en forma ge I I h"d 1o que creyeron una medida arbitraria Sin e b _n?r~ a tur J e por rador hubiera permitido que el C . l m argo, dii1cil!"1ente el empeongreso e negara nuevos un to · peraba que su gobierno sobrev1V1era. . . pues s SJ es- IMPUESTOS Y TIRANIA En cuanto ,d"ISOlvio ·· e J Congreso el 31 de octubre de 1822 Iturb"de tabl ., c10 una mas pequefia Junta Institu ente con . ,. I es edeclaró su intención de implanta Y . antiguos diputados, la cual cit. El 5 de noviembre la Junta d r nu~vos unpuestos para reducir el défines de pesos, seguido ;or la emisi:c:e: ~n pres~o forzado de 2.8 millomoneda el 20 de diciembre A] d, . . uatro lm~o~es de pesos en papel · 'ª siguiente' eahmm18tro Medina presento, su presupuesto para 1823 en I al , e cu enumer a gastos por 20 328 740 pesos previendo un déficil de 6 000 000 T 1 . Iturbide declaró que cada provi . , . ras ed anuncio del presupuesto, . ncia sena grava a con el pago d · tos directos de cuatro reales anuales or , . e unpuessuministrarían 1 884 906 d talp pers?na (Mex1co y Querétaro piedades seculares tendríanpesos e trib~ma). fodos los dueños de prod . que con wr con el 40% del al tasad e sus berras; la Iglesia pagaría sólo el 5%. 35 v or o se su~'1:Vtec:!::m:ir;;e 1~22, el g~neral Antonio López de Santa Anna mando en Jala L peno des~ues de que Iturbide lo destituyera del retenían el p_a. as tropas realistas que permanecían fieles a Espafia racruz, ya h~'!!ºa:t~Spa:J:o~ de Ul_lúa 1ª la entrad~ _de la bahía de V[ . al d I n pe ¡gro a recaudac10n del pue t . c,p e a nación, pero la rebelión de Santa Ann . , r o pnngobierno de tales ingresos. 36 ª pnvo por completo al Iturhide abdicó el 19 de marzo de 1823 La . . . aunadas a alternativas cad , "ahl . s exigencias monetarias, • ª vez mas VI es como las final :!'rcun~larpeo~ en el_ Plan de Casa Mata el lo. de febrero~:ndier:t~tep: no mexicano. . L~s problemas que lturhíde enfrentó de nin pnvat,vos de México. Todos los líderes d 1 . , ~a manera_ fueron Latinoamérica confrontaron élites ho til e as_ ~~1en era~as naciones de des y eYroentes . , s . es, eJercitos excesivamente gran·-o , Y erarios vac,os y casi · , · bide falló EUos tamb •, tu . ' runguno tuvo exito donde Itur. ,en vieron una extraordinaria popularidad en el �208 Siglo XIX inicio de sus regímenes, que se evaporó en proporción directa con la escalada de sus exigencias fiscales. Sin embargo, el destino y la historia fueron más benévolos con la mayoría de ellos que con el liberador de México. B. Tenenbaum: Finanzas y poder en México 209 PRECEDENTES PERNICIOSOS tructura hacendaría colonial, la destrucción de la economía minera y los once años de incertidumbre política, por no mencionar la nula disposición de las élites a pagar más impuestos o a prestar sumas adicionales a tasas nominales.38 La persistente fijación en los gastos alimentó la lucha de facciones ya que cada bando acusaba al otro de derrochar y pagar favoritos, interpretación que continúa en tiempos modernos. La caída de Iturbide estableció tres desafortunados precedentes fiscales que determinarían gran parte de la historia del México del siglo XIX. LA PRIMERA REPUBLICA FEDERAL, 1824-1836 El primero y más importante fue la firme negativade las élites a pagar impuestos. Su falta de disposición para contribuir al mantenimiento de su gobierno alimentó el faccionalismo y la inestabilidad. Esta situación se vio también exacerbada por el hecho de que ningún grupo elitista -fueran mineros, comerciantes, la Iglesia, o los hacendados- era lo suficientemente fuerte como para dominar al resto, como lo hicieron los estancieros aliados de Rosas en la Argentina. El comportamiento de las élites condujo al segundo precedente problemático. Durante todo el período, los gastos militares siguieron siendo una considerable sangría a una recaudación inadecuada. A excepción del costo de los préstamos agiotistas en la década de 1840, los salarios militares resultaron la partida más grande del presupuesto mexicano durante gran parte del siglo XIX. Cuando las arcas se vaciaron, el ejército se quedó sin paga, y los soldados se rebelaron, lo que explica el gran número de distintos gobiernos que rigieron México de 1821 a 1856. La inestabilidad consecuente hizo poco por convencer a las élites de que debían mostrarse más cooperativas en cuanto a proporcionar fondos al erario, y estropearon los esfuerzos de México por obtener más préstamos, o atraer inversiones de capital europeo. Con el objeto de crear apoyo suficiente para un gobierno viable, la estructur~ fiscal de la primera república federal (1824-1836) pasó la carga trihutana a los derechos aduanales sobre el comercio exterior. Durante los años de 1824 a 1827, la ganancia inesperada proporcionada por los dos préstamos bancarios ingleses liheraron a la administración de Guadalupe Victoria de agobiar a los ricos, aunque el cobro de impuestos por sí solo no podía aún solventar los costos de gobierno. Cuando las arcas se vaciaron de nuevo, sin embargo, el gobierno aprendió con rápidez a obtener préstamos internos de los agiotistas, a plazos cortos con altos intereses, a menudo reembolsables directamente en la aduana, la única fuente confiable de recaudación. No obstante, para 1829 se hizo evidente que los derechos de importación por sí solos no podían mantener el erario, así que el ministro de Hacienda Lorenzo Zavala decretó nuevos impuestos. En el plazo de seis semanas, el gobierno anuló esos impuestos y destituyó a Zavala. 39 La siguiente administración, de Anastasio Bustamente y Lucas Alemán, proml",tió erróneamente que podría pagar los costos de gobierno mediante la reducción de los gastos, pero también se vio forzada a tomar dinero a préstamo.40 Sus sucesores liberales, como Gómez Farías y Zavalá, idearon la estrategia de llenar las arcas ordenando a la Iglesia vender sus propiedades a nuevos dueños que pagaran impuestos por ventas, idea que con el tiempo condujo al colapso del gobierno y de la primera república también. De este modo, durante los años de 1821 a 1834, los gobiernos se vieron en la imposibilidad de añadir un sofo nuevo impuesto aJ inadecuado sistema hacendario. El tercer precedente fue el resultado de la testarudez y el carácter interesado del debate acerca de problemas fiscales, que permaneció sin cambio desde la independencia hasta después de la Reforma. Si bien los costos administrativos eran en gran parte fijos, como correctamente hizo notar Antonio de Medina en 1822, los líderes políticos mexicanos persistieron en afirmar que los gastos, y no la falta de ingresos, era el problema fundamental. Naturalmente que esta interpretación surgió de la negativa elitista a pagar impuestos. CENTRALISMO, 1836-1847 Su insistencia en considerar los gastos como el problema, y no a los ingresos insuficientes, queda ampliamente demostrado en los ataques al régimen de lturbide, tanto contemporáneos como históricos, que resaltaron su lujosa corte y extravagante salario, y no la desintegración de la es- De cualquier modo, la administración federalista de 1832-1834 dejó un importante legado para el desarrollo del centralismo y de una estructura fiscal independiente. Su disposición para destruir la Iglesia tradicional con el objeto de financiar el nuevo Estado amenazó el status quo lo suficiente �210 Siglo XIX como para hacer añicos el sólido frente elitista en contra de las contribuciones. La Iglesia consideró oportuno dar a Santa Anna pagos mensuales para postergar la inevitable desamortización de sus propiedades. Pero se enfrentó a una amenaza inmediata y tangible que no afectó en forma directa a otros grupos. Estos empezaron a contribuir también por miedo a la desestabilización social que resultaría del restablecimiento del control federalista/liberal, y por el consentimiento de los centralistas de dejarles llevar la voz cantante en sus localidades. Más aún, como en algo había revivido la economía, podían permitirse ser un poco más generosos. Sin embargo, como demuestra este breve resumen, las élites no se apresuraron a contribuir con su gobierno. Los centralistas habían planeado al principio evitar los impuestos mediante la simplificación de las administraciones tanto nacional como estatal, pero la sublevación en Texas los forzó a imponer su "subsidio de guerra extraordinario", una sobretasa en el precio de venta de la propiedad urbana en noviembre de 1835. Las élites se quejaron tan enérgicamente que el gobierno tuvo que convertir el impuesto en un préstamo, pagando el 6°/o de interés anual.41 Enseguida, el ministerio de Hacienda decretó un préstamo forzoso sobre las corporaciones religiosas, terratenientes y comerciantes, para "cubrir el déficit nacional" el 16 de junio de 1836. 42 Cuando esta táctica falló, el gobierno implantó los primeros impuestos nuevos en la historia de la república -dos pesos al millar sobre la propiedad urbana, tres al millar sobre la propiedad rural, e impuestos sobre la renta en comercios urbanos proporcionales a su tipo y ubicación ("propiedades, rentas y giros"). Durante los años de 1836 a 1844, estos impuestos rindieron tanto como el 17 .3°/o de la recaudación Lolal.43 Asimismo, el gobierno buscaba recaudar mayores contribuciones del comercio bajando los derechos aduanales un 10°/o, hasta sus niveles de 1821. Estas Lasas se revocaron en 1842 porque Santa Anna quería complacer a los algodoneros de Veracruz y sus aliados empresariales, pero sus resultados no fueron nada espect.aculares.44 Cuando los franceses bloquearon el puerto de Veracruz durante la Guerra de los Pasteles, el gobierno de Bustamantc implantó un "impuesto extraordinario" sobre el comerrio, las profesiones, el capital (invertido o en bonos), y los artículos de lujo (definidos como carruajes, caballos y otros animales de carga, sirvimtas, cm barcaciones, fincas, y literas) divididos en sectores. Estos impuestos produjeron cantidad ínfimas durante 1839 y 1840 y fueron revocados.45 Cuando el gobierno decretó un impuesto mensual sobre las cabezas de familias, comunidades y corporaciones eclesiásticas (capitación mensual), las élites se resistieron a tal extremo qut> el erario pudo recaudar tan sólo 10 717 pesos.46 Más Larde el gobierno elevó el impuesto sobre artículos de importación vendidos fuera de los puertos, de un 5 a un 15%, pero se vio B. Tenenbaum: Finanzas y poder en México 211 obligado a revocarlo al mes siguienle.47 El 11 de mar1.,0 de 1841, la administración de Bustamanlc decretó un impuesto del 3 al millar sobre la propiedad, y el 8 de abril añadió una capitación mensual de entre 2 reales y 2 pesos por cada mexicano de más de 18 años de edad.48 La combinación dt>I 10% de aumento en el impuesto al consumo y los impuestos directos a la propiedad y a los individuos, finalmente destruyeron la coalición centralista. El 28 de septiembre de 1841, Santa Anna, Paredes y otros promulgaron las Bases de Tacubaya, que exigían al Congreso rrdactar una nueva Constitución. El experimento centralista original había llegado a su fin. Santa Anna y su nuevo gobierno no estaban en posición dr aprender de los errores de sus prr<lecesorrs. Al principio, solicitó el apoyo de las élites eliminando por completo el impuesto del 15% al consumo y modificando el de tres al millar sobre la propiedad urbana y rural. Pero el ministro de Hacienda Trigueros pronto decretó nuevos impuestos sobre establecimientos industriales, sueldos y salarios, pro[esiont>s y ocupaciones, artículos de lujo, y una capitación de medio real al mes. En efecto, el nuevo sistema proponía gravar a cada habitante de México. El paquete fiscal se parecía mucho a un sistema tributario moderno, y como tal requería una bien organizada } eficiente administración (o su equivalente para fijar las tasas y recaudar los nuevos impuestos), que México no poseía. Aunque los nuevos impuestos produjnon una mayor recaudación, los costos de la misma fueron astronómicos. Sólo en 1842, los impuestos produjeron el 42.1 °/o de los ingresos totales del año, pero los cestos de recaudación constituyeron el 69°/o de los gastos de operación de todo el sistema hacendario.49 En septiembre de 1843, el gobierno aumentó los derechos de importación a 3Oº/o, su nivel más alto, con un 1°/o de sobretasa } un 5°/o extra de impuesto sobre la venta en puertos y en el interior. Más tarde el ministerio de Hacienda agregó una sobretasa del 2°/o para pagar la construcción de un ferrocarril de Perote a San Juan. De inmediato, los comerciantes protestaron, Uamando a la nueva contribución "la hija de la tiranía y de la reacción''?l Finalmente, el 21 de agosto de 1814, el gobierno decretó un aumento del dos al millar al gravamen sobre la propiedad rural, un nuevo impuesto de 3 al millar sobre el valor estimado de las fábricas de paños e hilos, el equivalente a un año de impuestos en bonos, y uno y dos al millar sobre el dinero invertido en el fondo para la minería o en el gremio mereantil.51 Por afiadidura, Santa Anna continuamente solicitaba dinero a la Igle- �212 Siglo XIX B. Tenenbaum: Finanz08 y poder en México sia. Al principio había buscado el apoyo de los clérigos permitiendo que los Jesuitas regresaran a México, y autorizando el establecimiento de la Congregación de las Hermanas de la Caridad. Sin embargo, pronto exigió 500 000 pesos (que más Larde redujo a 200 000 pesos) y el derecho de venta de una antigua propiedad Jesuita. Durante 1842 y 1843, el gobierno emitió muchos decretos anticlericales incluyendo un impuesto del 15°/o sobre todas las recién adquiridas propiedades y capitaJ, y la prohibición en contra de Ja venta de ornamentos eclesiaJes, so pena de enjuiciamiento por robo. Santa Anna obligó asimismo a la Iglesia a vender las propiedades del Fondo Pío de las CaJifornias a precios determinados caJculando la tasa anuaJ de rendimiento aJ 6%.52 Los nuevos impuestos y el ataque a la IgJesia contradecían las prome- sas fiscales del centraJismo y revelaron su bancarrota política y financiera. Posteriormente, los líderes de Jalisco y Querétaro convencieron aJ generaJ Mariano Paredes y Arrillaga a pronunciarse en contra de la dictadura el 2 de noviembre de 1844. l-Iacia fines del mes, la nación estaba bajo ley marciaJ, el Congreso había sido suspendido, y Santa Anna se había facu!tado para administrar el erario y el ejército. El gobierno cayó el 6 de diciembre de 1844. 213 Estas cifras reflejaban la respuesta del gobierno a Ja presión referente aJ pago de préstamos atrasados, supuestamente para recibir nuevos préstamos. Según Ja Memoria de Hacienda de 1841, aunque los gastos del Departamento del Tesoro en 1840 fueron de 12 484 048 pesos, se desglosaban en 2 375 314 para verdaderos gastos hacendarios, y 10 108 733 "préstamos, pago de intereses, y liquidación de dine, . para . ,,5s ro en depoSito en eI erario. Así pues, los centraJistas no lograron sacar aJ erario del ruinoso patrón de empréstitos que sus predecesores habían iniciado. Peor aún, los centraJistas necesitaban los préstamos aún más que los federaJistas. Primero, porque se suponía que el centraJismo, después de todo, iba a suprimir los estados en nombre de la eficiencia fiscaJ. De ahí que sus proponentes no quisieran reconocer que aún no podían encontrar fondos suficientes para administrar el gobierno, ni siquiera con un sistema centralista. Segundo, a diferencia de los federaJistas que pJaneaban resolver el problema fiscaJ mediante la expropiación de la lgJesia, los centrali~tas ya habían agotado todos sus ardides, así que se vieron forzados a pedir prestado más que sus predecesores cada año. La incapacidad básica del centraJismo para poner fin aJ federalismo y las revueltas que engendraba exigía gastos ruinosos, pero fue la herencia de pasadas deudas -extranjeras y nacionaJes- lo que mantenía las arcas vacías, y débil aJ gobierno nacionaJ. Y estos préstamos se atribuyen directamente a la negativa de las élites para pagar impuestos. La raída de la dictadura militar de las Bases Orgánicas puso un caUado fin a la era centraJista de la historia de México. Después de 1844, hasta sus proponentes admitían en forma tácita que el centraJismo no había cumplido sus promesas cuando respaldaron el golpe supuestamente promonárquico de Paredes. Posteriormente, los centraJistas se presentaron a las élites como protectores del modo mexicano de vida ante los federaJistas, y no como proponentes de un método superior de administMción fiscal.53 LAS FINANZAS DURANTE LA GUERRA MEXICO-AMERICANA El centraJismo logró crear una estructura fiscaJ un poco más confiable, pero los déficits presupuestarios de cada año fueron mayores que durante el anterior período federalista. A pesar de la creciente actividad militar que caracterizó esos años, los déficits se produjeron por la necesidad de liquidar los préstamos intPrnos iniciados en 1827 cuando el gobierno, desesperado por más fondos, había tenido que acudir a los comerciantes convertidos en agiotistas. Desde el 6 de diciembre de 1844 aJ 20 de junio de 1848, diez diferentes administraciones "gobernaron" México: Herrera, Paredes y Arrillaga, Bravo SaJas Gómez Farías Santa Anna Anaya, Santa Anna, Peña y Peña, ~aya, P~ña y Peña, y finaJmente He:rera. Durante este c~ótico perío~o, ninguna administración se las arregló para cobrar nuevos tmpuestos e mcluso las declaraciones de tal intento muJtiplicaban la inestabilidad, provocaban revueltas. A partir de 1835-1836, los gastos hacendarios eclipsaron a t~d?s los demás. Por ejemplo, en 1839 la diferencia en gastos entre los m1rusterios de Hacienda y de Guerra sobrepasó los diez millones de pesos, en 1842 subió a casi doce millones, y el año siguiente aJcanzó los catorce millones. En efecto durante los años del centraJismo, los gastos hacendarios sobrepasaron' los costos militares por un promedio de casi siete y medio millones por año. Cuando Santa Anna llt:gó a México para saJvar a la nación, reimpuso la constitución federaJista de 1824 y su distribución de ingresos entre los gobiernos nacionaJ y estataJ. También abolió la aJcabaJa y volvió a fijar impuestos sobre la propiedad así como una sobretasa del 50% en los impuestos aJ comercio, la renta y los artícuJos de lujo cobrados por los estados. Esta ley pronto fue revocada junto con un cambio de ministro de Ha- �214 B. Tenenbaum: FinanZ08 y poder en México Siglo XIX cienda, y el erario acudió de nuevo a la Iglesia.56 Después de la caída de Monterrey, el gobierno no pudo darse el lujo de seguir esperando. El 2 de octubre de 1846, el gobierno decretó que todas las corporaciones tenían que contribuir con la renta de un mes al erario, calculada ésta al 5% del valor total de 1~ propiedad. Pocos días antes que el ministro de Hacienda Antonio Haro y Tamariz renunciara, ordenó a la Iglesia aceptar una hipoteca de dos millones de pesos sobre su propiedad que serían proporcionados por los agiotistas.57 La Iglesia rehusó vender su propiedad pero consintió en prestar al gobierno un total de l 850 000 pesos, con toda la propiedad no hipotecada como garantía. En los primeros días de 1847, las tropas de Santa Anna combatían desesperadamente a los invasores norteamericanos en Buena Vista, mientras otras unidades militares trataban de repeler la toma de Veracruz por parte de Estados Unidos. Las arcas estaban vacías otra vez y el gobierno ya no tenía nada para asegurar más préstamos. Por lo tanto, el II de enero de 1847, el vicepresidente Gómez Garías decretó la nacionalización y venta de propiedades de la Iglesia con valor de quince millones de pesos. No es de extrañar que la Iglesia pusiera un hasta aquí. Convenció a la guardia nacional de la ciudad de México para que organizara la "rebelión de los polkos" (llamados así por su supuesta adhesión al presidente norteamericano James Polk). Aunque la rebelión no logró derrocar al gobierno, obligó a Santa Anna a regresar a la ciudad de México, revocar la ley y despedir a Gómez Farías a cambio de una garantía por un préstamo de l 500 000 pesos. Empero, eL daño ya estaba hecho. En los meses anteriores, el gobierno había autorizado préstamos hasta por 20 000 000 pesos que serían asegurados por piezas específicas de propiedades de la Iglesia.51f Las exigencias centralistas en cuanto a las riquezas del clero, iniciadas en 1834, debilitaron en forma considerable a la Iglesia como institución financiera, y ayudaron a precipitar la división de las élites. La guerra Méxicoestadounidense y sus constantes solicitudes de fondos impactaron en forma durísima sobre la Iglesia y asestaron el verdadero golpe de gracia a la institución de "manos muertas". Para 1848, los agiotislas habían adquirido gran parte de la riqueza que la Iglesia había perdido, y aún así la venerable institución seguiría siendo el blanco más fácil para los erarios necesitados. FEDERALISMO Y SANTA A A, DE UEVO (1848-1855) Los años que van de 1848 a 1855 parecen una versión exagerada de los 215 períodos de 1824 a 1827, y 1842 a 1844. Tras la firma del tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que puso fin a la guerra, Estados Unidos pagó a México una indemnización de quince millones de pesos en plazos anuales de tres millones cada uno. Como resultado, el presidente José Joaqufu Herrera, al igual que Guadalupe Victoria antes que él, cumplió Lodo su período en el cargo sin que el gobierno pudiera convencer a las élites, tambaleantes aún por el impacto de los préstamos forzados durante la guerra, de que pagaran más impuestos. Todas y cada una de las propuestas gubernamentales acerca de nuevos impuestos, ya fueran destinados a ricos o a pobres, eran rechazadas sin miramientos. Lo que es más conmovedor, el gobierno nacional falló por completo en sus intentos por obligar a los estados a pagar sus contingentes o cualquier otro impuesto al erario nacional.59 Cuando el dinero de la indemnización se agolÓ en 1852, el presidente Mariano Arista cayó poco después. En este momento de incertidumbre, Santa Anna regresó como la opción de los centralistas/conservadores. Los agiotistas de inmediato presentaron al ministro de Hacienda, Antonio Haro y Tamariz, una propuesta para fundar un banco que manejara los préstamos y transacciones en efectivo del gobierno, y emitiera papel moneda. Se comprometieron a dar al gobierno nacional 9 000 000 pesos anuales a cambio del derecho de cobro y administración de todas las contribuciones. Haro y Tamariz rechazó el plan y en vez de ello acudió a la Iglesia.60 Propuso que la Iglesia prestara al gobierno 17 000 000 pesos y emitiera una suma equivalente en bonos al 6% de interés anual. La Iglesia se negó y Haro y Tamariz renunció a su cargo.61 Santa Anna encontró, en cambio, nuevas entradas por la venta a EE. UU del territorio conocido como La Mesilla en quince millones de pesos, los que más tarde se redujeron a diez millones. Tras la firma del tratado de venta, Santa Anna emprendió la guerra en contra de su viejo enemigo federalista, el caudillo Juan AJvarez. Durante los dos años comprendidos entre la renuncia de Haro y Tamariz en agosto de 1853, y la de Santa Anna en agosto de 1855, el ministerio de Hacienda decretó la reimposición de la alcabala y de impuestos directos. Más aún, implantó una serie de impuestos indirectos que incluían el de tres pesos por devanade.ra sobre las máquinas de fabricación de hilo de algodón, lana y lino, y ordenó el cobro de un peso por perro por familia cada mes, así como sumas adicionales por ventanas y puertas exteriores.62 A medida que las necesidades monetarias de Santa Arma aumentaban, disipó los fondos provenientes de ventas de tierras, con préstamos por adelantado a intereses exhorbitantes, obtenidos de unos cuantos agiotistas favorecidos.63 AJ final, dejó a sus sucesores un erario vacío, y la determinación nacional de no vender más territorio a los 1-:stados Unidos para llenarlo. �216 Siglo XIX CONCLUSION: REFORMA, RESISTENCIA Y RESULTADOS A PARTffi DE 1855 Los revolucionarios de Ayutla que habían derrocado a Santa Anna retuviron su sistema hacendario, a excepción de los impuestos mensuales por puertas, ventanas y perros. El nuevo ministro de Hacienda, Guillermo Prieto, tomó una I Ínea de conducta centralista. Aspiraba a equilibrar el presupuesto mediante el recorte de la burocracia y el rjército. Había afirmado: ''la organización del erario reside en el ministerio de Guerra ".64 Pero las reducciones en los gastos no pagan las cuentas. Como era de esperarse, Prieto solicitó primero al Arzobispo de México un préstamo de l 500 000 pesos. Enseguida propuso la venta de 12 000 000 en bonos del gobierno, disponiendo que la lgleisa comprara 1 500 000 y forzando a los empleados a pagar en proporción a sus salarios. Finalmente, propuso que la Iglesia hipotecara sus propiedades y diera al gobierno 3 000 000 de pesos en abonos con más de la misma propiedad como garantía.65 La Iglesia rechazó todos estos proyectos. Después que Puebla se sublevara el 12 de diciembre de 1855, en respuesta a la emisión de la Ley Juárez, las contribuciones bajaron bruscamente porque los cobros aduanales de Veracruz, el puerto más grande, tenían dificultad para llegar a la ciudad de México. in embargo, buscando ganarse el favor de los agiotistas, el gobierno abolió el monopolio del tabaco que algunos de ellos controlaban", y les pagó sumas considerables.66 Para abril de 1856, después de la victoria del gobierno sobre los rebeldes de Puebla, México estaba al borde de la bancarrota. Por último, el gobierno ofreció una nueva solución al problema hacendario con la Ley Lerdo, que decretaba que la Iglesia debía vender sus propiedades a sus arrendatarios o, tras un período indicado de tiempo, a cualquiera que ofreciese dinero. El erario recibiría entonces un 5°1o por el impuesto de venta, y en el futuro se recaudarían los impuestos a la propiedad. El gobierno desea·ba hacer uso de la Ley Lerdo como la base de una estructura tributaria completamente nueva. En lugar de ello, la nueva ley provocó una serie de conflictos que culminaron en el establecimiento de un imperio extranjero en 1863. Aunque las élites siempre habían creído que los extranjeros debían pagar los gastos de administración de la república a través de los impuestos sobre artículos de importación, no deseaban ver que todas las oportunidades comerciales dentro de la nación fueran usurpadas por empresarios y comerciantes europeos. B. Tenenbaum: FinanZQ.f y poder en México 217 Al finaJ Juárez y los liberales derrotaron a las tropas francesas y ejecutaron al emperador Maximiliano. Sin embargo, serían necesarios muchos años más, y las habilidosas maniobras políticas de Porfirio Díaz, para convencer a las élites de que México merecía su apoyo financiero desinteresado. NOTAS 1. Fabián Fonseca y Carlos de Urrutia. Historia General de Real Hacienda vol. I México, Imprenta de Vicente García Torres, 1845, introducción, pp. i~xxxvüi Y cuadro 3; John TePaske en colaboración con José y Mari Luz Hernández Palomo, L:1 _Real Hacienda de Nueva España: La Real Caja de México (15761816), Mex1co, Departamento de Investigaciones Históricas, Colección Científica. Fuentes (Historia Económica de México) 41, 1976, sin número de página; y "Sumario General de Cartas Cuentas de Veracruz", proporcionado por el profesor TePaske, Duke University. 2. John E. Kicza. Colonial Entrepreneurs: Famílies and Business in Bourbon México City, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1983, pp. 13-42; Richard B. Lindley, Hacienda.f and Economic Deve/opment: Guadalajara, Mexico at lndependence, Austin, University ofTexas, 1983, capítulo 2. 3. John J. TePaske, "The financia! disintegration of the royal government of México during the ePoch of independence, 1791-1821", de próxima publicación en Proceedings of the Conference on lndependence and the Creation of the Federal Republíc, Universidad de California en Irvine, febrero de 1987. La autora agradece aJ profesor TePaske el haberle permitido citar esta obra. 4. Doris M. Ladd, The Mexican Nobílíty at lndependence 1780-1826, Austin, Instituto de Estudios Latinoamericanos, University of Texas, 1976, p. 99, tabla 20,pp.100-101 y 102-103. 5. TePaske, "Financia! disintegration", pp. 11-12. 6. Lindley, Haciendas, pp. 89-J 22; Brian R. Harnnett, "Royalist Counterinsurgency and the Continuity of Rebellion: Guanajuato and Michoacán, 1813-1820", en Hispaníc American Historícal Reuiew, vol. 62, 1982, pp. 19-48; Timothy E. Anna, The Fa/1 of the Royal Government in Mexico City, Lincoln, University of Nebraska Press, 1978, pp. 151-158. 7. TePaske, "Financia] disintegration", p. 12. 8. Brian R. Harnnctt, Reuolucíón y contrarreuolución en México y el Perú (líberalí&mo, realeza, y separatismo 1800-1824), México, Fondo de Cultura Económica, 1978, pp. 87-88. 9. /bid., pp. 93-94. �218 Siglo XIX 10. Anna, Fall of Royal Government, pp. 155-158. 11. TePaske, "Financia) disintegration", p. 15. 12. Ladd, Nobility, pp. 148-153. Para un interesante punto de vista acerca del problema de la fuga de capitales, véase a Romeo Flores Caballero, Counterrevolution. The Role of the Spaniards in the lndependence of Mexico, I 804-1838, trad. de Jaime E. Rodríguez O., Lincoln, University of Nebraska Press, 1974, P- 72. 13. TePaske, "Financia! disintegration", p. 9. 14. Rafael Pérez Maldonado, Memoria que el Ministro de Hacienda present~ al soberano Congreso sobre el estado del erario, México, 1822, p. 9; Memorw de Hacienda 1870, PP- 67-68. 15. Pérez Maldonado Memoria de Hacienda 1822, pp. 9, J9;Manucl Dublán Y José María Lozano Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas es/edidas desde la independencia de la República, México, Imprenta del Comercio, 1876-1912, vol. 1, p. 590. 16. Dublán y Lozano, legislación mexicana, vol. 1, pp. 552-553. 17. William Spence Robertson, lturbide of Mexico, New York, Greenwood Press Publishers, 1968, pp. 152-153. 18. Pérez Maldonado, Memoria de Hacienda 1822, pp. 10, 21; Dublán Y Lozano, Legislación mexicana, vol. 1, pp. 594-596; Robertson, lturbide, p. 153. 19. Pérez Maldonado,Memoria de Hacienda 1822, pp. 15-17, 21. 20. Colección de órdenes y decretos de la soberana junta provisional gubernativa Y soberanos congresos generales de la nación mexicana, vol. 2, México, 1839, pp. 13, 17, 34. 21. /bid., pp. 7, 49, 52-53, 56-57, 72-73; Dublán y Lozano, legislación mexicana, vol. l,pp. 617-619. 22. Lorenzo Zavala, Ensayo histórico de las revoluciones de México, vol. 1, México 1918, p. 126, citado en Robertson, lturbide, p. 203. 23. Timothy Anna, "The independence of Mexico and Latin America", en ~slie Bethell (ed.), The Cambridge History of Latin America, vol. 3, Cambndge, Cambridge University Press, 1985, p. 87. 24. Joel Poinsett, Notes on Mexico, Filadelfia, 1824, p. 68, en Robcrtson, lturbide, p.192. B. Tenenbaum: Finanzas y poder en México 219 (1823-1946), México, El Colegio de México, 1968, p. 15. 27. A~tonio de Medina, Memoria de Hacienda, México, 1822; Iturbide Papers, Biblioteca del Congreso, Washington, D. C., microfilm, rollo 9, pp. 1-2. La autora desea agradecer la ayuda de Wanda Turnley, Colección Latinoamericana Benson University of Texas, Austin, para armonizar el manuscrito de este reporte co; la versión impresa. 28. /bid., pp. 2, 3, 7. Según Medina, costaron aproximadamente 35 000 pesos al mes. 29. Medina, "!1;moria de Hacienda 1822. Aunque su cuidadoso análisis palidece en comparac1on con el de Manuel Payno y Bustamante en 1844, era muy superior a la clásica discusión del sistema tributario colonial que Matías Romero tomara de Fonseca y Urrutia para utilizarlo en su Memoria de Hacienda 1870. 30. Medina,Memoria de Hacienda 1822, pp. 2-7. 31. Timothy Anna, "The Rule of Agustín de Itrubide: A Reappraisal", ]ourna/ of Latín American Studies, vol. 17, p. 100; Jaime E. Rodríguez, The Emergence of Spanish America, Berkeley, University of California Press, 1975, pp. 60-64. 32. Colección de decretos, vol. 2, pp. 87-88. 33. Anna, "lturbide", pp. 100-101. 34. /bid. 35. "Presupuesto por el año de 1823", Antonio de Medina, México, 21 de diciembre de 1822, INAH, T-3, 35, Colección Antigua. Decreto del Emperador y de la ]unta Nacional Instituyente, el 21 de diciembre de 1822. Se dispuso que los comerciantes aceptaran hasta un tercio del pago de sus mercancías en el nuevo papel moneda. La autora desea agradecer al profesor Timothy Anna (Universidad de Manitoba) por proporcionarle información sobre esta cita. 36. Robertson,Jturbide, pp. 221-225. 37. "Quejas del pueblo control el papel moneda", México, 1823, Colección Hernández Y Dávalos, Colección Latinoamericana Benson citado en Anna, "Iturbide", p. 99. Por ejemplo, en los primeros tres meses de 1823, el gobierno recaudó 49 303 pesos, 49 143 pesos, y 43 259 pesos, respectivamente. Véase la Gaceta imperial de México, 9 de enero de 1823, p. 16; 8 de febrero de 1823, p. 70; 6 de marzo de 1823, p. 120; Gaceta de México, 10 de abril de 1823, p. 182. 38. Anna, "lturbide'', pp. 96-99. 39. Memoria de Hacienda 1870, pp. 97-98, 100-103. 25 _ Gaceta imperial de México, cuadro opuesto, emisiones del I de abril, 5 de junio y 1 de julio de 1822. 26. Lorenzo Zavala Umbral de la independencia, México, Empresas Editoriales, 1949, p. 196, ~itado en Jan Bazant, Historia de la deuda exterior de México 40. Memoria de Hacienda 1832, pp. 10, 1 J, y estado general;Memoria de Hacienda 1833, cuadros 12 y 13. 41. Memoria de Hacienda 1838, p. 15;Memoria de Hacienda 1840, p. 21; Memoria de Hacienda 1841, p. 20, segunda parte, 1841, p. 19; Memoria de Hacienda 1844, p. 5. �220 B. Tenenbaum: Finanzas y poder en México Siglo XIX 42. Memoria de Hacienda 1870, pp. 152-154, 162-163. 43. Memoria de Hacienda 1838, p. 75; Memoria de Hacienda 1840, p. 21 ;Memoria de Hacienda 1841, p. 20, segunda parte, 1841, p. 19; Memoria de Hacienda 1844, p. 5. 44. Memoria de Hacienda 1836/37, pp. 73-74; Memoria de Hacienda 1839, p. 10; Memoria de Hacienda 1840, p. I0;Memoria de Hacienda 1841, p. 19. 45. Dublán y Lozano, Legislación mexicana, vol. 3, pp. 512-533; Memoria de Hacienda 1840, p. 22;Memoria de Hacienda 1841, p. 19. 46. Memoria de Hacienda 1840, p. 20. 47. Dublán y Lozano, Legislación mexicana, t. 3, pp. 673-674; t. 4, pp. 11-12. 48. /bid., t. 4, pp. 11-12. 49. Memoria de Hacienda 1845, p. 5 50. Guillermo Prieto, Indicaciones sobre el origen, vicisitudes, y estado que guardan actualmente las rentas generales de la federación mexicana, México, Cumplido, 1850, p. l6;Memoria de Hacienda 1870, pp. 245-246. 51. Memoria de Hacienda 1870, pp. 255-256. 52. Hubert Howe Bancroft, History of Mexico, vol. 5, San Francisco, A. L. Bancroft and Company, 1885, pp. 239, 246, n. 58; Jan Bazant, Alienation of Church Wealth in Mexico. Social and Economic Aspects of the Liberal Revolution 1856-1875, trad. de Michael Costaloe, Cambridge, Cambridge University Press, 1971, pp. 25, 27-28. 53. Véasi;, por ejemplo, el manifiesto Conservador en los cinco volúmenes de Lucas Alamán, Hiswria de Méjico. 54. Memoria de Hacienda 1870, pp. 118-119; Memoria de Hacienda 1835, pp. 55-61; Memoria de Hacienda 1837, pp. 33-34; Memoria de Hacienda 1839, pp. 73-75; Memoria de Hacienda 1840, segunda parte, pp. 5-7,Memoria de Hacienda 1840, pp. 3-7; Memoria de Hacienda 1841, pp. 19-21; Memoria de Hacienda 1845, p.5. 55. Memoria de Hacienda 1841, p. 14. 56. Dublán y Lozano, Legislación mexicana, t. 5, pp. 175-177. José Fernando Ramírez afmna que los impuestos fueron revocados debido a sobornos pagados al ministro de Hacienda Antonio Haro y Tamariz. Véase a José Femando Ramírez, México during the War with the United States, ed. Walter V. Scholes y trad. de Elliott B. Scherr, Columbia, Missouri, University of Missouri Press, 1950, p. 90. 57. Bazant, Church Wealth, p. 29; Jan Bazant, Antonio Haro y Tamariz y sus aventuras políticas l 8ll-1869, México, El Colegio de México, 1985, pp. 48-50. Para la explicación que da Bazant sobre la renuncia de Haro, véanse las pp. 5051. 221 58. Véa~ Mic~ael Cos!eloe, '_'The_ Mexican Church and the Rebellion of the Polkos" en H';'pamc Amencan Historical Review, vol. 46 1966 pp 170-178 T b"' ' Ramuez Mé · d · w • • · . am 1en, . , xico uring ar, pp. 104-107. Ramírez sostiene que el Vicario Capitular Juan Manuel Irisarri financió la revuelta y que a los rebeldes les sobraron 9 3 000 pesos después de los gastos. Culpa a la Iglesia por la pérdida de Ve r~~ruz (p. ~ 13_) Y afmna que hubo un notable descenso en el respeto a la reli: g¡on tras el mc1dente (p. 114) 59. Documentos relativos a la reunión en esta capital de los gobernadores de los estados convocados para pr~veer a las exigencias del erario federal, México, J.M. L3!a, 1851. _Para un estudio completo acerca del intento del gobierno por institu~ ~uevos unpuestos, véase Bárbara A. Tenenbaum, México en la época de los agzotutas 1821-1857, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, capítulo 4. 60. Ant?nio Haro _Y Tamariz, Informe presentado al presidente por el Ministro de H,acienda, México, 1853, pp. 23-25. 61. /bid., pp. 9-14. 62. Memoria de Hacienda 1870, p. 412. 63. ~anuel_ Olasagarre (ed.), Cuenta de la percepción, distribución e inversión de los diez_ millones de pesos que produjo el tratado de la Mesilla celebrado por el gobiern? _supremo de la república con el de los Estados Unidos de América el 13 de diciembre de 1853, México, 1855. ' 64. Guillermo _P~ieto, Circular del ministro de hacienda a los gobernadores de los estados, Mex1co, 1855, pp. 8-15. 65. "Pr~yecto de préstamo", Fondo Bustarnante 50, núm. 54, Archivos del Museo Nacional de Antropología, México. lldefonso López, "Préstamo patriótico", 15 de octubre de 1855, Fondo Bustamante 50, núm. 25, Archivos del Museo Nacional de Antropología, México. 66. M~m?r_ia de Hacienda 1855-1866, pp. 43-53. El gobierno ganó algún dinero al pnnc1p10 con la vent~ de un poco de tabaco y cuantos artículos poseía por 813 238 pesos._Deb?r~ recordarse,q~e el entonces ministro de Hacienda, Manuel Payno, era amigo intuno del mas importante prestamista, Manuel Escandón. �Crisis Fiscal y Reforma Hacendaria en el siglo XIX Mexicano Javier Pérez Siller* La cuestión más difícil que se puede presentar a los hombres de estado en México, y cuya solución ha ofrecido siempre muchas y muy graves dificultades es la de nivelar los ingresos con los egresos del erario público. Esta cuestión ha ocasionado la caída de varias administraciones, y no podría considerarse que la Nación disfrute de una manera estable y sólida, los beneficios de la paz y la seguridad mientras no se le dé una solución conveniente y satisfactoria. Matías Romero PRESENTACIOt\t El artículo sostiene la tesis siguiente: que la reforma hacendaría realizada durante el periodo 1867 a 1892, es un elemento decisivo para comprender la conformación del mercado interno y la consolidación del Estado Nacional en México. Desde la Independencia, los gobiernos vivieron en una continua crisis fiscal que les impidió tener estabilidad. A partir de 1867, con la restauración de la República, se inició un proceso de reformas radicales a la hacienda pública para solucionar dicha crisis. Se tomaron entonces medidas para fomentar la producción de excedentes económicos y para establecer los instrumentos fiscales de captación de recursos. Las distintas crisis económicas que conoció el último tercio del siglo X1X aceleraron este proceso: con la de 1890-92, la reforma alcanzó sus objetivos. *Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Nacional Autónoma de México. Este Uabajo fue originalmente presentado en el " Il Encuentro Nacional de Historiadores Mexicanos de la ADHILAC", Puebla, abril de 1983. Aquí sólo se agregan algunas cifras para tomar más compren51ble las tendencias que describe. �J. Pérez Siller: Cri8u fiscal y hacienda en Méxi~ 224 Siglo XIX Advertiré que el artículo es el resultado de una investigación sobre los ingresos federales y el gasto público en México de 1867 a 1913 que vengo realizando, y de la que hasta ahora he concluido la parte relativa a los ingresos. Este estado inacabado de la investigación quizá se revele en la argumentación que sigue. Las fuentes para la investigación de las que hablo han sido las Memorias de Hacienda y las Cuentas del Tesoro Federal del periodo, así como libros y documentos de la época.1 Así pues, el tema que trataré es el de la reforma hacendaria del siglo XIX. Para ello veré primero la crisis fiscal, luego las medidas que se propusieron para superarla, las que llegaron a adoptarse y sus resultados. Finalmente ofreceré algunas consideraciones para la reflexión. I. CRISIS DE LA HACIENDA PUBLICA Durante el periodo de 1821 a 1867, aunada a la constante inestabilidad económica, política y social, los gobiernos que se sucedieron experimentaron una permanente crisis fiscal. Este fenómeno provocó el derrumbe de varias administraciones, pues sin ingresos suficientes para cubrir su gastos, los gobiernos no podían enfrentar las sublevaciones opositoras. ¿En qué consistía la crisis fiscal'? y ¿cuáles fueron sus elementos?. A grandes rasgos la crisis se reflejaba en una continua situación deficitaria que impedía a los gobiernos solventar sus gastos y los obligaba a buscar recursos vía créditos o la ampliación de impuestos. Algunos de los elementos de esta crisis fueron: el caos del sistema hacendario, la baja de los ingresos, los altos gastos y los ruinosos compromisos del crédito. El sistema hacendario de ese periodo, 1821-1867, seguía siendo el mismo que el que había funcionado durante la Colonia después de las Reformas Borbónicas; lo nuevo estaba en que, debido a las necesidades de los gobiernos en turno, se le habían agregado, de manera anárquica, una serie de disposiciones impositivas y organizativas que ahondaban más la crisis; se había provocado un caos en la aplicación y recaudación de los gravámenes y no existía un control sobre los gastos. Los ingresos recaudados generalmente no llegaban al Gobierno Federal, sino que eran utilizados por las autoridades o los jefes militares locales. Por otra parte, a pesar de que se creaban y abolían impuestos, los ingresos federales recaudados durante este periodo se redujeron casi a la mitad de lo obtenido por la Real Hacienda durante los últimos años del 225 Virreinato.2 CUADRO 1 COMPARACION DE INGRESOS EFECTIVOS 1792-1867 (miles de pesos) años monto 1792 1802 1812 a 1816 1821 a 1866 19 522 20 200 11 726 472 344 promedio anual 19 522 20 200 2 345 10 268 FUENTE: para 1972 y 1802, Humboldt A., Ensayo pol{tico sobre el reino de la Nueva España, México, 1978, pág. 540; para 1812-16, Macedo P., la evolución mercantil; comunicaciones y obras públicas; la hacienda pú. blica; 3 monograf{as, México, 1905, pág. 369; para 182 Hi 7, Memoria de Hacienda, 1870, págs. 834-835. Por otra parte, la estructura de los ingresos tenía el inconveniente de que cuatro de los impuestos aportaban más del 80°/o del total de ingresos, y uno solo, el impuesto a las importaciones, concentraba más del 60º/o.3 Lo reducido de los ingresos y la excesiva concentración de ellos en los product9s de los impuestos a la importación hacía muy vulnerable al erario. Una guerra que bloqueara el comercio exterior, la toma de una aduana o una sublevación bastaba para que el Gobierno no contara con más de la mitad de sus ingresos.4 Por el lado de los egresos, la inestabilidad política, los constantes levantamientos y las luchas contra las invasiones extranjeras hicieron que los gastos destinados a gobernación y a guerra ocuparan el primer renglón del presupuesto. A lo largo del periodo ambos rubros representaron en promedio el 77°/o del totaJ.5 Además, el caos administrativo hacía más costosa la recaudación de los impuestos. Según Matías Romero, de 1825 a 1867 el costo de la recaudación fue en promedio de 16°/o del producto de lo recaudado.6 De esta manera, el costo del control interior del país y de su defensa, unido a los gastos de recaudación rebasaban el 89°/o del total. Con un 11°/o del presupuesto los gobiernos quedaban incapaces de realizar cualquier polí- �226 Siglo XlX J. Pérez Siller: Crisis fi1cal y hacienda en México CUADR02 RECAUDACION PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS 1822-1867 Impuestos Producto de aduanas ( 1) Alcabalas en el D. F. (2) Contingente (3) Papel sellado (4) Total de ingresos efectivos (5) Producto Medio (Miles de pesos) º/o del total efectivo 6 399 1 027 863 62.3 10.0 8.4 1.4 100.0 148 10 268 FUENTE: Memoria..., 1870, págs. 835-846. l. 2. 3. 4. 5. Incluye los impuestos a la importación y exportación, así como los servicios aduanales. Es un promedio de 44 años. Término medio de 18 años y medio, 1825-26 a 1836-37, 1841 a 1844, 1848-49, 1853 y 1856. Corresponde por término medio a 15 años y medio de Contingente, 1825 a 1835-36, y de 1848 a 1851-52. Corresponde por término medio a los 26 primeros años de papel sellado, 1825 a 1845 y de 1848 a 1856. Corresponde por término medio a los ingresos habidos de 1822 a 1867. CUADR03 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE GASTOS FEDERALES POR RAMOS 1821-1867 Guerra 70°/o SHyCP Deuda 10°/o Gobernación Total 99°/o FUENTE: M. Romero, Memoria de Hacienda . .. 1870, y G. F. Aguilar, los presupuestos mexicanos desde los tiempos de la colonia . .. Los porcentajes son un promedio anual demasiado relativo. 227 tica. en materia económica. Peor aún, el 10% de los ingresos estuvo destinado al pago de las deudas. Esto condujo a una constante situación deficitaria que puso en quiebra permanente a la hacienda pública y con ello a los gobiernos en turno, pues, sin ingresos suficientes, éstos se volvían inestables. AJ respecto Pablo Macedo comentaba lo siguiente: el señor ingeniero Don Francisco Bulnes ha condensado la ley que rigió la relación entre nuestro deficiente y nuestras revoluciones, le.y que puede expresarse así; "mientras el deficiente no llegaba al 25 por 100 de los egresos, aunque surgiera una revolución, la dominaba siempre el gobierno establecido, si el deficiente excedía del 25 por 100, la revolución triunfaba y el nuevo gobierno venía a desempeñar una función liquidadora de los compromisos de su antecesor, pasándolo al capítulo de la deuda pública".7 Una de las formas de aminorar la bancarrota fue la venta de los bienes de la Nación y los préstamos de los particulares; pero en lugar de resolver la situación, ambas medidas la prolongaron: la venta de bienes, además de esporádica y limitada, se realizó a bajos precios en la mayoría de los casos a crédito. Los préstamos, por su parte, metían a la hacienda en un "círculo vicioso". AJ otorgar crédito al Gobierno, los prestamistas imponían tan altos intereses que no podían ser pagados, a la vez que exigían la hipoteca o el arrendamiento de las principales fuentes de ingresos, con lo cual se reducían las recaudaciones y se obligaba al erario a recurrir nuevamente al crédito. La crisis fiscal, y con ello la inestabilidad de las administraciones fue objeto de múltiples críticas de distintos sectores de la población.8 La opinión mayoritaria era realizar una reforma a la hacienda pública que produjera un aumento de los ingresos y así superar el deficiente. Se había tocado el meollo del problema: necesidad de mayores re.cursos para sostener al gobierno. Sin embargo, la forma de obtener esos recursos no estaba resuelta. Los conservadores proponían el proteccionismo y el fortalecimiento de la industria nacional, mientras que los liberales se inclinaban por el lihre cambio, la reducción de la deuda y la enajenación de los bienes eclesiásticos. Si bien ambas propuestas se encaminaban a obtener mayores recursos para el erario, ninguna de las dos fue totalmente viable. Pues lo que se debatía en el fondo de esta lucha por imponer una política para aumentar los ingresos era el tipo de Estado que se quería crear y, como éste dependía de la reestructuración de las fuerzas sociales, que �228 Siglo XIX aún estaban en proceso, esto no podía llevarse a cabo. Aún no se daban las condiciones para imponer un Lipo de Estado. En 1867, con el triunfo de la República sobre el Segundo Imperio, se marcó un momento definitivo en el proceso de consolidación del Estado Nacional y, con ello, se pusieron las bases para que el nuevo grupo en el poder impulsara un nuevo tipo de Estado. En estas circunstancias, la reforma hacendaría no sólo se presentó como algo viable, sino necesaria para el sostenimiento del Estado y de su consolidación política. Sin embargo, la reforma debía de elaborarse y ajustarse a las grandes tendencias de la sociedad y a las posibilidades del nuevo grupo en el poder, así como debía enfrentar los obstáculos que se le presentaran. Por ello, la reforma hacendaría no pudo darse de golpe, en una acción que diera respuesta definitiva a las necesidades para superar la crisis hacendaria, sino mediante transformaciones paulatinas que se realizaron a lo largo del periodo. Cada una ofreció soluciones parciales al problema y venció la resistencia opositora; pero entre todas esas medidas existió una coherencia para superar el caos financiero. Aquí es donde se ubica la continuidad de la política seguida por los gobiernos que se sucedieron de 1867 a 1910. ¿En qué consistió esa reforma hacendaría?; ¿cuáles fueron los planteamientos y las medidas que se impusieron?; ¿qué resultados tuvo? II. PLANTEAMIENTOS DE LA REFORMA HACENDARIA Fue hasta después de 1867 cuando las iniciativas encaminadas a modificar la crisis hacendaría se concretaron y dieron origen a la revolución de las instituciones estatales. Esa revolución fue uno de los pilares que fortaleció al Estado recién consolidado y ~eguró su permanencia. J. Pérez Siller: Cri3is fecal y hacienda en México 229 crediticios que el gobierno manejaba en esos años. Para incrementar esos recursos se propusieron tres vías, cuya orientación estuvo dirigida a impulsar las actividades productivas y el intercambio mercantil del país. Estas fueron: la administrativa, la del crédito y la moneda, y la fiscal. La vía administrativa estuvo encaminada a modernizar el aparato de recaud;ción y distribución de ingresos y a reducir el gasto público. Se pretendió reformular el papel de la Secretaría de Hacienda, el de la Tesorería de la Federación y el de las oficinas recaudadoras en el interior de la República, con el objetivo de centralizar la toma de decisiones por el Ejecutivo. La centralización de las decisiones era de vital importancia, pues durante los 45 años de vida independiente se habían arraigado prácticas en el manejo de los recursos y la toma de decisiones en materia hacendaría que ya no dependían de la Secretaría, sino de las urgencias monetarias de las autoridades o los jefes militares locales. De aquí que la reorganización se enfocara a centralizar las decisiones sobre la aplicación de las leyes y la distribución de ingresos a partir de un plan fiscal general que controlara el propio Secretario de Hacienda. Con relación a la reducción del gasto, se pretendió modernizar los aparatos administrativos y recaudatorios, y reducir el gasto de guerra. Para administrar los recursos se propuso organizar los presupuestos y las Cuentas del Tesoro mediante la creación de un sistema de estadística fiscal que funcionara en todas las dependencias y principalmente en la Tesorería. Con ello se esperaba reducir los costos de la recaudación y mejorar la administración de los recursos. Estos cambios institucionales tuvieron dos momentos: el primero comprende la elaboración jurídica de las reformas y el segundo las medidas adoptadas para llevarlas a cabo. Es a este proceso que denomino reforma hacendaría. Gran parte de los deficientes presupuestales te~ía su ori~_en_ en los altos gastos de la Secretaría de Guerra, la que sostenia a un e1erc1to de entre 70 a 80 mil hombres. La reforma se proponía reducirlo de 16 a 18 mil soldados. 10 Los planteamientos de la reforma hacendaría comenzaron a ser elaborados por el grupo en el poder durante los primeros años del periodo. De 1867 a 1875 se produjeron una gran cantidad de informes, proyectos, iniciativas de ley y Memorias,9 documentos donde se exponen los principales planteamientos que durante todo el periodo de 1867 a 1910 sirvieron de hilo conductor para la reforma hacendaría. Su objetivo central fue superar el continuo deficiente mediante el aumento de Los recursos fiscales y La vía del crédito y la moneda buscaban allegar recursos al erario para aliviar el deficiente y fomentar la circulación de mer?~cías. Las m~didas propuestas fueron: el arreglo de la deuda y la em1s10n de 18 oullones de pesos en billetes del Tesoro. Ya en 1867 se tenía una visión general sobre el estado de la deuda externa y cierto conocimiento sobre la intema.11 Sólo faltaba tomar �230 Siglo XIX medidas. Fue entonces que el Gobierno propuso una iniciativa para que todos los tipos de deuda pública se redujeran a una sola clase de títulos, causantes del mismo interés y pagaderos de la misma forma. 12 . A pesar de que se sah ía que esta iniciativa para arreglar la deuda era una respuesta provisional -pues en tanto el erario no registrara excedentes era imposible atender los pagos de la deuda- se pretendía obtener con ello la confianza de los prestamistas. No obstante, mientras no se obtuvieran excedentes o se lograran nuevos préstamos, se propuso emitir 18 millones de pesos en billetes del Tesoro con el fin de cubrir el faltante del dinero que resultaba del desfase entre la lenta recaudación y los apremios de los gastos. La curiosa propuesta -que tendía a la creación de un banco de emisión ligado al Estado- consistía en emitir billetes equivalentes al presupuesto de ingresos, darles curso forzoso entre los acreedores del Gobierno, erogar cada mes sólo la duodécima parte del monto total y recibirlos en todas las oficinas federales para el pago de impuestos o para su reconversión en dinero metálico. 13 La tercera vía: la fiscal, fue el punto central a partir del cual se puso en práctica la reforma hacendaria. El planteamiento más acabado sobre la vía fiscal se encuentra en la célebre Memoria de Hacienda de 1870, donde Matías Romero, después de hacer un balance histórico de la hacienda mexicana, propone los cambios radicales para la reforma~ Los cambios propuestos por Romero enfocan tres rubros: f omeny superar la dependencia del erario con relación a los impuestos a la importación. Para fomentar la minería se proponía desde la reducción de los múltiples impuestos a uno solo, que pesara sobre las ganancias de los mineros, hasta la recuperación de las casas de moneda por el Gobierno. to., la minería, estimular el intercambio Con relación al intercambio se propusieron varias medidas: para el comercio interno, la política estatal se centró en la abolición de alcabalas y el impulso a la construcción de medios de comunicación que comunicaran a toda la República. Para el comercio exterior se propuso rebajar los impuestos a las importac_iones, abolir los derechos de exportación, fomentar las líneas de vapores y prohibir a los estados gravar las importaciones y las exportaciones. Finalmente, para suprimir la dependencia con relación a los impuestos a la importación, la vía fiscal propuso la creación de un gravamen a la riqueza interna y al consumo denominado Renta del Timbre. J. Pérez Sil~r: Crisis fucal y hacienda en México 231 La hase de todas estas medidas se encontraba en el fomento a la producción para la exportación, especialmente a los metales preciosos. Se pensaba que el desarrollo de la minería traería como consecuencia el florecimiento de la agricultura y de la industria y, con ello, el de los intercambios. De esta manera aumentarían los ingresos internos y podría superarse Ia crisis fiscal. Estos objetivos -fomentar la minería, estimular el intercambio y superar la dependencia- apuntaban hacia las grandes tendencias que marcaron la historia de México en el siglo XIX: la conformación del mercado intemo y la consolidación del Estado Nacional. III. MEDIDAS ADOPTADAS Y RESULTADOS DE LA REFORMA HACENDARIA ¿Se realizó este plan de verdadera regeneración económica y fiscal?, fue la pregunta que se hizo Pablo Macedo en 1904.15 A ella responderé con la descripción de las medidas adoptadas por el Gobierno a partir de los objetivos que se iban logrando en cada una de las vías de la reforma hacendaria. Primero describiré cómo se superaron las dificultades para que se llevara a cabo la reforma y el modo en que se establecieron sus bases, proceso que se apoyó en la respuesta estatal a la crisis de 1873-76. Luego veré cómo la crisis de 1884-86 puso los cimientos para consolidar la reforma, y finalmente describiré los resultados obtenidos por la reforma después de la crisis de 1890-92. 1) Condiciones y bases para la reforma: 1867 a 1882 La experiencia hacendaría de la primera mitad del siglo XIX demostró que no podía existir un erario estable sin obtener la paz social. También enseñó que el establecimiento y la recaudación de los impuestos era un punto de conflicto con las autoridades regionales. No se podía llevar a cabo ninguna reforma radical a la hacienda hasta que se consolidara la paz y los gobiernos locales aceptaran un estado de derecho federal. 16 En 1867, el triunfo sobre el imperio permitió al nuevo Gobierno establecer la paz en todo el territorio y legitimarse ante la nación. Sin embargo, hasta después del triunfo del Plan de Tuxtepec se logró enteramente la paz social. Mientras tanto, el establecimiento del sistema de derecho federal para los ciudadanos y las autoridades de los estados se fue afianzando en el Congreso de la Unión. Se puede afirmar que la primera prueba de ambas condiciones -paz �232 Siglo XIX social y sistema legal federal- fue el cambio de poderes de 1880, cuando Manuel González asumió la presidencia de la República de forma constitucional. Paralelamente a la superación de esas dificultades, se empezaron a erigir las bases de la reforma hacendaría para cada una de) las vías establecidas. En relación a la vía administrativa, de 1867 a 1882 se llevó a cabo la reorganización de la Secretaría de Hacienda y se redujo el gasto público. En ese tiempo, el Gobierno estableció mediante diversas iniciativas que se sintetizaban en las Memorias de Hacienda una política fiscal general aprobada en el Congreso, a la cual se subordinaron todas las dependencias, las autoridades y los gobiernos regionales; además, se modernizó desde 1867 el aparato hacendario y en 1882, con la creación de la Dirección General de Estadística se formalizó el sistema de estadística nacional para controlar y administrar los recursos! 7 Con estas medidas la Secretaría de Hacienda se convirtió en un potente aparato que centralizó la autoridad fiscal del país y estableció los mecanismos administrativos adecuados para recaudar los ingresos en toda la República. Con el establecimiento del plan fiscal se pudieron reducir los gastos, vía economías, en la administración y la reducción del presupuesto de la Secretaría de Guerra. En 1881, el gasto de guerra se redujo del 50°/o del total de egresos que había mantenido desde 1867, a sólo el 30°/o. A partir de 1882, el gasto militar permaneció por debajo del 25°/o.18 Con estos ahorros se aminoró el déficit del erario. En relación a la vía del crédito y la moneda, en esta primera etapa, 1867-1882, el Gobierno reconoció parte de la deuda externa y llevó a cabo almonedas para el reconocimiento de la deuda interior, operaciones que concluyeron en 1871. Además en 1873, se reconocieron las deudas con Estados Unidos. Todo ello dio como resultado el restablecimiento del crédito interno, y en consecuencia la obtención de préstamos para cubrir los deficientes del gasto público y para fomentar los medios de comunicación. Señalamos antes que la vía fiscál estaba orientada a tres objetivos: fomentar la minería, estimular el intercambio y superar la dependencia del erario de los impuestos a la importación. En esta primera etapa de la reforma, 1867-82, las medidas tomadas para lograr estos objetivos fueron: para la minería, a principios de 1868 el Gobierno nombró una comisión encargada de examinar los impuestos que pesaban sobre este rubro y proponer las modificaciones en la legislación. 19 La comisión tomó medidas para enfrentar la crisis minera que se desató en 1872 y los problemas que trajo la baja de la planta de 1873. l. Pérez Siller: Crüü Fiscal y hacienda en México 233 CUADRO 4 DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GASTO FEDERAL POR RUBROS.1868-1913 1868-1881 1882-1890 1892-1913 ºlo ºlo º/o Guerra Deuda Comunicación Fomento Gobernación Hacienda Instrucción 47.2 6.3 8.4 1.6 8.8 14.0 2.3 25.4 35.9 11.9 1.8 6.7 11.6 1.3 20.1 33.7 12.4 1.9 9.8 10.6 4.9 Total 88.6 94.6 93.4 FUENTE: El Erario Federal en el último decenio y Memorias de Hacienda, Cuentas del Tesoro Federal ·de los años correspondientes. Los totales no cubren el 100°/o a causa de otros rubros no incluidos en el cuadro. Como resultado, en 1872 se derogó la prohibición de exportar metales preciosos en pasta, implantada nuevamente en 1877. Al año siguiente, 1878, se declararon libres de todo derecho de im~rtación a los insumos para beneficiar el metal y en 1882 se redujo el 50 1/o a los derechos de exportación a los metales preciosos. Por otra parte, la crisis influyó para que en 1874 el Gobierno pudiera recuperar, a excepción de la de México, las casas de moneda que tenía arrendadas a los particulares desde la Independencia. Este logro fue efímero, pues en 1876 la crisis financiera del gobierno de Lerdo de Tejada obligó a éste a arrendarlas de nuevo a cambio de algunos préstamos. Todas estas medidas fomentaron la minería, que desde 1873 veía reducir los precios de sus principales productos. Para estimular el intercambio se dieron varias medidas relacionadas con el comercio exterior, el interior y las comunicaciones. En cuanto al comercio exterior: con el objeto de frenar el contrabando, se estable- �234 Siglo XIX cieron de 1868 a 1871, los contraregistros en la frontera norte y, mediante los aranceles de 1872 y 1880, se redujeron los impuestos a la importación y a la exportación de metales preciosos. Para estimular el mercado interno, en 1872 se emitió una iniciativa para la supresión de alcabalas que no tuvo eco en el Congreso. Por otro lado, desde 1868 el Gobierno emprendió el fomento a las comunicaciones mediante el impulso a la reconstrucción de caminos y la subvención a vapores que tocaran nuestros litorales. Además, dieron concesiones para la construcció~ de los ferrocarriles y en 1873 se terminó el ferrocarril México-Veracruz. Gracias a ello estimuló de manera sustantiva el intercambio en esa zona comercial. Como vimos, en los planteamientos de la reforma, sobre la base del incremento del mercado interno y mediante la creación de rentas interiores, se pretendió superar la dependencia del erario. En 1871 se creó la renta del timbre, la innovación fiscal más importante del periodo. La renta del timbre fue el símbolo de la reforma hacendaria. Consistía en establecer un impuesto en todo el país orientado al intercambio mercantil. Aunque establecida en 1871, la renta del timbre empezó a funcionar hasta 1875, debido a la oposición de comerciantes, mineros, industriales y gobiernos locales y a la falta de máquinas impresoras. En 1876 se decretó una nueva ley del timbre que no afectó a las mercancías y sólo abarcó a las estampillas comunes y a la contribución federal. Con la ley de 1880 y la de 1881 el timbre se extendió a varias mercancías, con lo que se venció la oposición que se Je tenía.2º Así, el Gobierno Federal estableció con el timbre un instrumento fiscal capaz de transferirle recursos de los estados y municipios y darle a él cierta autonomía. Con todas estas medidas, para 1882 se cubrieron los requisitos y se erigieron las bases de la reforma hacendaria. 2) Consolidación de la reforma hacendaría: 1884 a 1892 La crisis nacional y mundial de 1884-86 puso a la hacienda pública en quiebra; ya no podían cubrirse los deficientes con los empréstitos internos como en los años anteriores, y las rentas afectadas por las deudas en un 90°/o habían disminuido. Mientras tanto, los gastos crecían por los compromisos del Gobierno en el fomento de los ferrocarriles, telégrafos y vapores, y las reservas del Banco Nacional de México se encontraban agotadas. De tal suerte que el erario no tenía de donde echar mano. Fue entonces cuando la dinámica de la situación aceleró las medidas de la reforma hacendaria. J. Pérez Siller: Crisi8 fiscal y hacienda en Méxwo 235 Ante _este panorama era urgente la búsqueda de créditos externos y el arreglo mterno de las deudas. Después de múltiples negociaciones en el Congreso, en noviembre de 1884 el Gobierno reconoció la deuda de Londres, cuyo arreglo definitivo tuvo lugar el 23 de julio de 1886. A la par se dio la iniciativa de junio de 1885, mediante la cual, después de cuatro años de trabajo, el Gobierno logró convertir 1os diversos tipos de crédito que formaban la deuda interior y exterior en una sola categoría de bonos. Como lo refiere Pablo Macedo "esta medida fue la piedra angular del edificio de nuestro crédito público", gracias a que con ella se consiguió el tan buscado arreglo general de las deudas y se abrió la puerta del crédito exterior.21 A la vez que se solucionaba el problema del crédito, en 1884 el gobierno alentó la fundación del Banco Nacional de México y emitió el Código de Comercio, con el que se reglamentó el funcionamiento de los bancos. Este Código otorgó al Banco Nacional múltiples privilegios, entre ellos el de auxiliar en la administración de los recursos del erario y del crédito público. En suma, con el arreglo de la deuda pública y los convenios realizados con el Banco Nacional, se liberaron las rentas afectadas y se redujeron las presiones sobre los ingresos del erario. Además, el gobierno pudo enfrentar sus gastos gracias a los empréstitos extranjeros. Por otra parte la crisis de 1884-86 tuvo efectos en el mercado interno y en el externo: ambos se contrajeron. Esta situación forzó al Gobierno a tomar nuevas medidas. En relación al comercio exterior se emitieron las Ordenanzas Aduanales de 1885, 1887 y 1891, que redujeron los impuestos y las tarifas. En cuanto al comercio interior, en 1883 se celebró una reunión de representantes de los estados para estudiar la desaparición de los impuestos alcabalatorios, que representaron una verdadera traba al intercambio y, que en esas circunstancias ahondaban la crisis. En esa reunión se vio que los ingresos de los estados dependían de un 30°/o a un 70°/o del cobro de las alcabalas, razón por la cual no podían suprimirse de golpe.22 Para 1890 se realizó otra conferencia donde se establecieron las bases para su abolición definitiva. La crisis también afectó a la minería que vió reducir nuevamente los precios de sus productos. Ante ello, en 1884 el Gobierno decretó el Código Minero, que redujo los diversos impuestos existentes a uno sólo, y bajó las tarifas.23 Por el lado de las comunicaciones, el Gobierno continuó subsidiando con los empréstitos extranjeros la construcción de medios de comunicación (Véase cuadro 4). De 1882 a 1890 aumentaron las subvenciones a los vapores, se extendieron los telégrafos y el correo, y sobre todo, se cons- �236 Siglo XIX l. Pérez Siller: Crim fucal y hacienda en México truyó la mitad de la red fer,oviaria que se tendió durante el porfiriato. Con esta infraestructura quedó unida gran parte de las zonas productoras y comerciales del país. Finalmente, con las leyes de 1885 , 1887 y 1892 el impuesto de la renta del timbre se amplió a todos los productos del intercambio, y con ello se consolidó como instrumento fiscal de captación de recursos: al grado de que, en 1892 aportó el 24% del total de ingresos24 (Ver cuadro 5). Así, pues, la reforma hacendaría salió consolidada de la crisis de 1884-86 y vio sus frutos después de 1894. CUADRO 5 CRECIMIENTO Y PORCENTAJE DE LA RE TA DEL TIMBRE 1867-1913 1867-1882 1884-1890 1892-1913 Monto Cree. Prom. (Miles p. c.) Anual '01o 2 572 6 749 26 718 5.7 9.0 6.6 0 /o del Tot. de Ingresos 13.8 22.5 34.8 FUENTE: El Erario Federal en el último decenio y cuentas del Tesoro Federal de los años correspondientes. 3) Resultados de la reforma ha(;endaria: 1894 en adelante De 1890 a 1892, la crisis internacional por la que atravesó el mundo tam· bién afectó al país. En estos años se desplomó el precio mundial de la plata y se perdieron gran parte de las cosechas nacionales, lo que influyó fuerte• mente en la economía. La caída de los precios de la plata afectó a la minería, que se vió obligada a fortalecer sus técnicas para compensar con productividad la pérdida en los precios, a la vez que obligó a los capitales con poca productividad a concentrarse en los más fuertes o a abandonar esa rama productiva. Por otra parte, la baja de la plata provocó una devaluación de hecho que redujo la capacidad de importación, amplió las perspectivas para la exportación y ofreció muchas ventajas a los inversionistas extranjeros. Es- 237 ta s!tuación atr~jo a lo~ capi!3les nacionales retirados de la minería y a los capitales extran1eros a invertir en la agricultura de export ., 1 · d · L · . ac10n y en a m~tna. a primera, favo~ec1da por los precios competitivos a nivel mund,aldy, 1la ~gunda, _protegida por los aranceles e indirectamente por locostos e as unportac1ones. Con estos cambios, y las medidas que la reforma hacendaría había impuesto en los ª~?s anteriores, el país salió de la crisis con una economía fuerte,· 'que erecto de forma acelerada hasta 1907-08· El crec1m1ento · · 1 repercut10 en e merca~o interno y con ello en los productos de los ingreso1s ffederales. De aq~1 que desde 1894 se empezaron a ver los resultados de a re o~a hacendana. . En primer _lugar, la renta del timbre aumentó considerablemente sus mgreso~ ~n el mcremento del mercado interno, de tal suerte que en 189394 llego a igualar a los productos de los impuestos a la importación y pudo superarse la depende~cia del erario con relación a esos impuestos. Con ello, el E_stado :iseguro una fuente de ingresos propia que incrementó su autonom1a relativa. CUADRO 6 ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS INGRESOS FEDERALES 1867 -1913 Ramos e Impuestos Importación Timbre Contribuciones Correos Telégrafos Exportaciones Casas de Moneda Otros Total 1867-1882 1884-1890 ºlo ºlo 0 53.7 13.8 10.4 2.6 0.5 5.7 2.3 11.0 53.2 22.5 8.3 2.3 0.7 0.7 0.3 12.0 42.4 34.8 8.2 4.9 1.7 1.3 1.2 5.5 100.0 100.0 100.0 1892-1913 /o FUENTE: EI_Erario Federal_ en el último decenio y cuentas deJ Tesoro Federal de los anos correspondientes. �238 Siglo XIX J. Pérez Silkr: Crim fecal Y hacienda en México En segundo lugar, la propia expansión del mercado interno no pudo tolerar las alcabalas; éstas mantenían los privilegios de circuitos comerciales regionales, razón por la cual se les derogó en 1896. Este hecho eliminó la última traba que tenía el mercado interno, y demostró la fuerza del Estado Nacional frente a los grupos regionaJes.25 Finalmenle, el crecimiento económico incrementó los produclos de los impuestos federales al grado de que por primera vez en nuestra historia como pueblo independiente, o más bien desde que estalló la guerra de Independencia de 181 O, el año fiscal de 1894-95 presentó un superávit en nuestras rentas públicas y la nación aplaudió con alborozo hecho tan importante e insólito.26 De esta manera, el proceso de reforma hacendaria logró sus objetivos y sentó la base material sobre la que el Estado se mantuvo hasta 1910. Sin embargo, aunque la estructura del Estado permaneció inmutable, esa base material fue socavada por los movimientos sociales y económicos que se dieron entre 1892 y 1907. La crisis que se inició en este último año obligaría al Estado a adecuarse a las nuevas condiciones, como se haría evidente con la Revolución de 1910. CONSIDERACIONES FINALES A lo largo del artículo hemos visto cómo el Estado superó por medio de la reforma hacendaria la crisis fiscal que lo ahogaba. La reforma hacendaria fue decisiva para la constitución del aparato estatal ya que sin una base económica firme el Estado no habría podido intervenir en la constitución del mercado interno y en todo lo que esto implica para el desarrollo del capitalismo en México. Para concluir este trabajo, qoiero compartir algunas de las ideas que surgen a partir de esta afirmación. 1.- La reforma hacendaria ofrece elementos indispensables para entender los cambios que experimentó el Estado durante las crisis del último tercio del siglo XIX. En otros términos, el estudio de la reforma hacendaria es un puente para integrar de manera más orgánica las modificaciones del aparato estatal con las crisis económicas. 2.- La reforma hacendaria ofrece también los elementos para entender la reestructuración de las fuerzas sociales: los grupos regionales, la burguesía con proyección nacional y el propio Estado en tanto fuerza política. 239 3.- .El ~~tudio de la reforma hacendaría ofrece una vía alte . explicac,on muchas veces politicista de la dictadura . . mabva a la ~ite c_omrend; la _eficiencia de una estructura econ!:~;::t:~::~:: a ecuo a as ten enc,as de la acumulación de ese periodo. 4.- En suma, el estudio de la reforma hacendaría -dicho e t, . ;~es, de la_ constitución del aparato económico del Esta~oe:1:i°;i;i: - ~~ un mstru~en_to de análisis más fino para entretejer los elementos poi tltcos y econom,cos de la historia del siglo XIX d . estos hilo 1 · ·, d , es ec1r, para atar inte atahcolns~t~cion e la clase capitalista, la creación del mercado mo, e es ec1m1ento del estado nacional y lru, fo 1• . que se tradujo. rmas po 1t1cas en r ~OTAS 1 P, Sill · .- ere~ er, Jay¡er., Los ingr~sos federa/e, en México: 1867-1913, Tesis de licenCJatura, FCPyS. UNAM' Mex1co, 1982, 492 pa'gs., 2 T . 2.- P~. el añ? de 1802 _la Real Hacienda obtuvo 20 millones de pesos de recaudaCJon de ingresos, mientras que para el periodo de 1821 a 1867 se obtu promedio anual 10 millones de pesos. Ver Pérez Siller ob cit P~º 53 drvo e4n , • - ...,. , cua o . 3.- Ver, Pérez Siller, ob. cit. pág. 66, cuadro 5. 4.- ~ esto se d~be que bl?<Jueo o la_ toma de aduanas fuera el primer paso que reali_zaran los mtervenCJorustas enenugos que vio el país de 1821 a 1867; en es _ ~al la de Veracruz, pues es~ sola aduana aportó casi el 35°¡0 del total de ios 1t1,F.esos federales en ese periodo. Ver Pérez Siller, ob. cit., pág. 132, cuadro e! 5.- ~éase,_Aguilar, Gustavo F., Los presupuestos mexicanos desde los tiempo, de la oloma hasta nuestros días, México 1940, SHyCP, pág. 21. 6.- Los cistos de la recaudación ~scal de 1825 a 1867 fueron en término medio de 16.05 '/o sobre el producto. Vease Memoria de Hacienda 1870, pág. 852. 7.- Macedo Pablo, Tres Monografías.• . México, 1905, J. Ballescá y Cía., pág. 423. 8.- Muc~as opiniones sobre 1~ necesidad de una reforma a la Hacienda Pública se pub~caro~ durante el periodo de 1821 a 1867: en la mayoría de los informes preSJdenctales el ejecutivo planteó al Congreso la necesidad de una refo para _superar el ~ntinuo deficiente. Ver México a través de los Informes denc,ales: la llac,enda Pública, T. 4, L. 1, SHyCP, México, 1976, págs. 1 a 121 Por el lado de lo~ particulares la propuesta que tuvo más éxito fue la de lo· conservadores, quienes en 1830 propusieron el impulso a la industria mediant: p:::t �240 Siglo XIX el proteccionismo y la creación del Banco de Avío. Ver Cañas Domínguez, Manuel. La lnduslTia Textil Mexicana.1790-1845, Tesis de licenciatura, FCPyS, UNAM, 1981,Cap. IX. Otras iniciativas que los particulares impulsaron para la reforma de la Hacienda fueron hechas por: Esteban de Antuñano en 1838, Marcos Amaud el mismo año y Manuel Escandón en 1853. Este último propuso la fundación de un banco nacional con 6 millones de pesos de capital para administrar por cuenta propia las rentas del Estado. Ver Trápaga Delfín, Yolanda, Bibliografía de la historia económica de México: 1821-1857, Tesis de licenciatura, FCPyS, UNAM, México 1978, Cap. VI. 9.- Al respecto ver el balance bibliográfico de Rodríguez López, Guadalupe, Bibliografía de la historia económica de México: 1857-1876, Tesis de licenciatura, FCPyS, UNAM, México, 1980, Cap. 6. 10.- Exposición que el Ejecutivo dirige al Congreso de la Unión•.. , México, 1870, pág. 27. 11.- Ver Rodríguez López, ob. cit., pág. 175. 12.- Exposición e iniciativa del Ejecutivo Federal sobre la situación Hacendaria . •., México, 1869, pág. 1J. 13.- Exposición e iniciativa. .•, 1869, págs. 83-87. 14.- Memoria de Hacienda•.. , 1870, México, págs. 1003 a 1006. 15 .- Macedo, Pablo, ob. cit., pág. 4 28. 16.- Memoria de Hacienda . .•, 1868, enero, págs. 7 a 12. 17.- Ver Pérez Siller,ob. cit., pág. 79. 18.- Consultar los cuadros estadísticos del tercer anexo de Pérez Siller, ob. cit., pág. 423. 19.- Memoria de Hacienda••. , 1868, septiembre, pág. 16. 20.- Con relación a la oposición que enfrentó la renta del timbre, ver Sierra, Carlos Y Martínez Vera, Rogelio, El papel sellado y la ley del timbre; 18211 1871, 1971, México, 1972, SHyCP. Estos autores afirman que uno de los motivos de levantamiento del Plan de Tuxtepec fue la oposición a la renta del timbre. 21.- Macedo, Pablo, ob. cit., pág. 443. 22.- Memoria de Hacienda ... , 1883-84, México, pág. XXXV. 23.- Memoria de Hacienda • .., 1883-84, México, pág. XXXLX. 24.- Ver Pérez Siller,ob. cit., pág. 105, cuadro 13. 25.- Ver Pérez Siller,ob. cit., pág. 183. 26.- Macedo, Pablo, ob. cit., pág. 475. �� Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Siglo XIX : Revista de Historia Description An account of the resource Revista semestral de historia publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, editada por Mario Cerutti. Contiene investigación histórica y económica, tanto local, nacional e internacional. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Siglo XIX : Revista de Historia Año de publicación El año cuando se publico 1988 Año Año de la revista (Año 1, Año 2) No es es año de publicación. 3 Número Número de la revista 5 Mes de publicación Mes cuando se publicó Enero-Junio Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Semestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1754019&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Siglo XIX : Revista de Historia, 1988, Año 3, No 5, Enero-Junio Creator An entity primarily responsible for making the resource Flores Flores, Bernardo, Director Subject The topic of the resource México Historia América Latina Siglo XIX Publicaciones periódicas Description An account of the resource Revista semestral de historia publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, editada por Mario Cerutti. Contiene investigación histórica y económica, tanto local, nacional e internacional. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Filosofía y Letras Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Cerutti, Mario, Editor Vázquez Buenfil, Luis, Cuidado de la Edición Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/01/1988 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource tex/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2016608 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. Monterrey, N.L., (México) Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies. Universidad Autónoma de Nuevo León Rights Holder A person or organization owning or managing rights over the resource. El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores Brasil Crisis Fiscal Economía Ecuador Revolución Uruguay https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/366/14412/SIGLO_XIX_REVISTA_DE_HISTORIA._1988._Vol._3._No._6._Jul.-Dic._0002016609.ocr.pdf c3ff9864b0d19d4deb211f6d0bbcdd4a PDF Text Text Revista de Historia TRABAJADORES, VIDA COTIDIANA Y FORMAS DE RESISTENCIA EN EL XIX (Uruguay, Argentina, México, Cuba, Bolivia y Venezuela) Año III, número 6 julio-diciembre de I 988 Facultad de Filoso[ ía y Letras Universidad Autónoma de Nuevo León Monterrey- MéXlco ��SIGLOXIX Revista de Historia Publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León Apartado postal 3024, 64000 - Monterrey, México Este número fue editado con la contribución académica del Programa de Estudios de Historia Económica y Social Americana (PEHESA) d~I Centro de lnvesligaciones Sociales sobre el Estado y la Adminislración (CISEA), Buenos Aires, Argentina Universidad Autónoma de Nuevo León Rector, INGENIERO GREGORIO f ARIAS LONGO RIA F acuitad de Filosofía y Letras Director, LICENCIADO BERNARDO FLORES FLORES Editor Responsable '.\1ARIO CERllTIJ Editor Adjunto MIGUEL GO"'ZALEZ QUIROGA Cuidado de la edición: Sylvia Eloísa Morán y Mario Cerutti Tipografía: Andrea González Corona Impresión: Editora! El Sol Aparición semestral Para envíos al exterior, U. S. A. $7 �AÑO ill NUMERO 6 JULIO-DICIEMBRE DE 1988 5igloX1X REVISTA DE HISTORIA SUMARIO Nota del Editor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 FCMIPO u1uvw1TAA º Luchas populares y cultura alternativa en Uruguay. El Centro Internacional de Estudios Sociales .... CARLOS ZUBILLAGA 11 Condiciones de la vida material de los sectores populares en Buenos Aires, 1880-1914 . . . . . . . LEANDRO GUTIERREZ 41 La clase obrera textil del valle de O rizaba, en México. Migraciones y origen . ..... .. ... . . . . . . . .BERNARDO GARCIA DIAZ 77 Trabajo, inmigración y colonización en Cuba (1789--1847) . ..•.. . ... .... .. ... EDUARDO BITLLOCH 109 Evolución y persistencia del colonaje en las haciendas de Cochnbamba . ..... .. . . . . . . . . . ROBERT H. JACKSON 145 La formación de la clase obrera en Venezuela. Notas introductorias . . . . . . . . . . . . . . . . . ALhERTO PLA 163 Conflictos obreros y legislación laboral en Nuevo León (1885-1918) . . . . . . . . . . . . . . . JAVIER RoJAS SANDOVAL 187 Estructuras de dominación y formas de resistencia en las haciendas yucatecas a fines del porfiriato . . .... .. . GILBERT M. JOSEPH Y ALLEN WELLS 215 �Nota del Editor El mundo de los trabajadores en el largo siglo XIX que se abrió con las reformas borbónicas y terminó con la Primera Guerra Mundial, la extrema diversidad que en nuestro continente matizaba ese mundo, las formas de resistencia que se pusieron en marcha contra los propietarios y -en algunos casos- las propuestas de alternativas a la dominación que los trabajadores soportaban, constituyen el eje de este número 6 de Siglo XIX. Revista de Historia. Con el aporte de nueve especialistas que abordan seis casos nacionales, así, se cierra el tercer año de vida de esta publicación: un proyecto que si nació con timidez en el extremo norte de Latinoamérica, bajo el vientre mismo de Texas, ha sido generosamente alimentado por instituciones, colegas y amigos de las �Nota del Editor 2 Siglo XIX más variadas latitudes. Este dossier, por ejemplo, fue articulado en parte gracias a la contribución del Programa de Estudios de Historia Económica y Social Americana del Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración (CISEA), de Buenos Aires. La compilación se abre con el artículo de Carlos Zubillaga, dedicado al Uruguay finisecular. Tiempos en que el proyecto modernizador que llevaban adelante los propietarios rurales estaba en pleno desenvolvimiento: haría factible la integración de este pequeño país al mercado mundial de alimentos. Eran años en que, simultáneamente, despertaba una limitada industria urbana y Montevideo se convertía en el corazón de las prácticas políticas y del debate ideológico. La ciudad veía emerger, a la vez, un conjunto de sectores populares que no dejaría de mostrar su disgusto con el llamado orden oligárquico, ante una específica "cultura del poder". Una cultura saturada del positivismo spenceriano, con su impacto inevitable en los ámbitos universitarios. Y a su lado, señala Zuhillaga, la menos hegemónica pero también activa acción de los conservadores católicos que "levantaron la alternativa de un retorno a los supuestos solidaristas del corporativismo medieval". En una actitud de franca ruptura con liberales y católicos, especialmente en lo que hacía a la cuestión social,_surgirían, empero, corrientes claramente contestatarias: el socialismo inspirado en el marxismo y el tempestuoso anarquismo fueron las fundamentales. Como en la vecina Buenos Aires, esta disidencia se vio nutrida por el arribo de inmigrantes europeos: dieron forma a una resistencia que Zubillaga describe en términos de una cultura alternativa. 3 Fue en este plano que sobresalió el Centro Internacional de Estudios Sociales, tema central del ensayo, fundado en 1897 bajo el impulso "de un núcleo de inmigrantes italianos, en su mayoría sastres". Con trazo ágil, el autor narra las actividades del Centro y de qué manera contribuyó a discutir la cultura del poder y el poder de la cultura dominante. O, como dirán Joseph y Wells al hablar sobre Yucatán, el idioma del poder. Capítulo particularmente interesante es el referido al uso del teatro como instrumento de comunicación y rebeldía. Para Zubillaga, el Centro Internacional configuró "una experiencia inédita" en Montevideo, "una peculiar forma de protagonismo intelectual por parte de sectores tradicionalmente excluidos de una reflexión socialmente legitimada". Leandro Gutiérrez aborda la vida de los sectores populares en la otra gran urbe del Río de la Plata: Buenos Aires. Pero en este caso se pone énfasis en las condiciones de la vida material de estos segmentos sociales, ampliados drásticamente por el auge exportador y el arribo de decenas de miles de europeos. No obstante las transformaciones que se operaron en el Buenos Aires de fines de siglo, Gutiérrez se extraña por la escasez de estudios dirigidos a la vida cotidiana de semejante masa urbana, a sus necesidades de consumo y de servicios. Buenos Aires creció aceleradamente con tanta migración extracontinental (en la que sobresalían italianos y españoles). Y un grueso paquete de problemas técnicos, administrativos y sociales tuvo que ser enfrentado por sus capas dirigentes. Es en este contexto que Gutiérrez analiza el agudo dilema �4 SigloXIX de la vivienda y brinda pormenores sobre la alimentación de los grupos populares urbanos. La aparición del conventillo (residencia colectiva) y la difusión de los asentamientos periféricos al casco céntrico de Buenos Aires fueron dos momentos diferenciables en el primer tema. La contradicción que viviría la ciudad -capital de una sociedad exportadora de cereales y carne pero con serias dificultades para proveer alimentos baratos a sus pobladores- es el segundo punto discutido. Vivienda y alimentación, termina Gutiérrez, eran en verdad componentes de una realidad única. Implicaban un uso alternativo de recursos: el acceso a una mejor habitación podía obligar a optar por un comer más precario, a menos que la propiedad de un lote urbano facilitara la cría de animales domésticos y el cultivo de hortalizas. La acción del Estado y sus organismos, por otro lado, nunca resultó suficiente para paliar las difíciles condiciones de la cotidianeidad popular. Bernardo García Díaz -como Gutiérrez- sugiere mecanismos nuevos y campos distintos en el estudio de los trabajadores. En su caso, investiga la constitución de los núcleos obreros de la industria textil del valle de Orizaba, en el pujante Veracruz del México porfiriano. Tras explicar las características empresariales de la concentración fabril de Orizaba, García Díaz pasa a describir las peculiaridades de la fuerza de trabajo ocupada. Un predominio completo de brazos provenientes de otros ámbitos regionales mexicanos fue la más relevante: de paso, queda evidenciado cómo se estaba conformando en el México posterior a 1880 un mercado de fuerza de trabajo libre. Y en contraste con los casos de Montevideo y Buenos Aires, los migrantes no provenían de distantes tierras europeas. Nota del Editor 5 La novedad más notable, según manifiesta el autor, sería la importancia numérica de los oaxaqueños: llegaban desde comunidades muy alejadas de Orizaba, desde el extremo sudocc1dental del país. Significativa era, asimismo, la ola de poblanos, revestidos de una experiencia fabril que no habían viVIdo los oaxaqueños. El itinerario no siempre finalizaba en el valle de Orizaba. Con frecuencia era sólo un escalón de un ciclo mayor ligado a oportunidades de empleos rurales y urbanos, abierto gracias a la profunda penetración del capital en la producción. En Orizaba, sin embargo, quedaban muchos. Allí arraigarían obreros con antecedentes vitales en conflictos y en organizaciones que pugnaban por ocupar su espacio en el rígido sistema porfiriano. El autor rescata este matiz y no olvida otro: el conectado con las solidaridades étnicas. Todo eso influyó en la formación de la clase obrera en Orizaba, creada por medio "del desplazamiento geográfico de cientos de hombres", por una "abigarrada multitud que ingresaba y salía incesantemente" de las fábricas algodoneras: escenario propicio para una maduración social que "se alcanzó relativamente en pocos años y de manera más cabal" que en otras áreas del mismo México. Si Uruguay y Argentina crecieron gracias al arribo de trabajadores libres europeos, y si México logró conformar un mercado laboral austentadb en caudalosas migraciones internas, diferente fue el caso de Cuba durante el mismo siglo XIX. Eduardo Bitlloch puntualiza los matices que asumió la producción en esta isla caribeña a partir de la gran expansión provocada por la insurgencia e independencia que golpearon a Haití, en la cercana Santo Domingo. Con tierras aptas para el �6 Nota del Editor SigloXIX cultivo del ílZÚCar y del café, Cuba se amparó en la legislación borbónica para dinamizar su desarrollo agrícola. Pero la mano de obra utilizada sería, aquí, de otro continente: Africa. "Se sentaron así las premisas históricas que permitieron la transformación de Cuba en una 'gran plantación"', detalla Bitlloch. Y, simultáneamente, comenzó un gran debate, minuciosamente seguido en el artículo: ¿debía usarse indefinidamente el esclavo negro o atraerse -también- agricultores blancos? La opción, ya se sabe, fue la primera. La mayor o la más segura rentabilidad del esclavo habría determinado el camino, seguramente estimulado por el uso intensivo que se podía hacer de su energía, de su consideración como un instrumento de trabajo, como capital constante. Se implementó un régimen laboral sensiblemente cimentado en la violencia abierta -sobre este punto se habla asimismo en el ensayo dedicado a Yucatán-, en el que las condiciones de vida diferían de las que se desenvolvían en otros espacios latinoamericanos. La alimentación de los esclavos, por ejemplo, puede mostrar esas distinciones: el autor dedica a este punto parte de su exposición. Bitlloch cierra su aporte aludiendo a las dificultades que la clase dominante cubana enfrentó para modificar este régimen de trabajo. La importación de asalariados europeos resultaba "absolutamente inviable". Hacia mediados del XIX se intentó establecer un régimen de servidumbre que, estrictamente, no alcanzó a alterar el sistema esclavista. Rohert Jackson y Alberto Pla analizan otras dos situaciones sudamericanas: Bolivia y Venezuela. La aguda diversidad regional del continente queda reafirmada por estos trabajos. 7 Jackson alude a esos vínculos en la producción rural que se denominaron colonaje. Hasta fines del XIX, comenta, era la ''forma principal de relación laboral en las haciendas de Cochabamba", su área de estudio en el contexto boliviano. Su perdurabilidad devenía de "la habilidad de los hacendados para obtener este tipo de trabajo servil": es que se trataba de "un importante factor para la propia rentabilidad de la agricultura" a pesar de los limitados y cambiantes mercados. Jackson polemiza con otros especialistas en tomo a los orígenes y desarrollo del colonaje. Insinúa una reinterpretación de este sistema, basado en el uso minucioso de fuentes primarias. Especifica que el arriendo de tierras a cambio de trabajo se originó en el siglo XVII, en respuesta a la inestabilidad de la fuerza laboral y al dinamismo del mercado de granos en el Potosí. Además de enumerar las obligaciones complementarias que el colono soportaba en el siglo XIX, apunta que realmente la revolución de 1952 terminó de extirpar este régimen en el Altiplano. Su decadencia, empero, se "había iniciado al transformarse la estructura de la tenencia de la tierra en los valles centrales" en las décadas primeras del siglo actual. Pla, por su lado, centra su artículo en la formación de la clase obrera venezolana, un proceso que comenzó a transitarse en el último tercio de la centuria pasada. Destaca con amplitud ciertos mecanismos organizativos del proletariado incipiente: sus puntos de referencia son las manifestaciones mutuales, por una parte, y la emergencia de segmentos de asalariados ligados a las explotaciones petrolíferas, por otra. Pero todo ello se protagonizaba en un marco fuertemente �8 SigloXIX precapitalista, en el que los levantamientos campesinos eran el dato fundamental del conflicto social. Tras un repaso a la actividad de las organizaciones mutualistas, Pla practica una revisión de determinados elementos de expresión de la clase obrera en constitución: la prensa es uno de ellos; las huelgas que comienzan a desatarse es otro (en ferrocarriles, puertos, servicios como el telegráfico o de tranvías, petróleo); las relaciones entre los escasos inmigrantes europeos Y la Internacional, un tercero. Ya en la década inaugural del siglo XX, los movimientos de protesta se acentúan: influye en ello la lleg~da más ~o.rosa del capital extranjero y la difusión de las relaciones capitalistas. La ·dictadura de Juan Vicente Gómez, desde 1908, pondrá un veloz límite a estas expresiones, en forma análoga a lo que Díaz concretaba en México. Pla finaliza con una alusión a la polémica SO· bre las influencias anarquistas y comunistas en los peldaños inaugurales del devenir proletario, y a los embates descargados para derrocar a Gómez (que moriría, en el poder, en 1935). México es tema de estudio en este dossier con otros dos trabajos que perfilan no sólo la diversidad regional en escala continental, sino en ese mismo y múltiple Estado-nación. Uno de ellos, el de Javier Rojas Sandoval, enfoca los cambios que en la legislación laboral se vivieron en Nuevo León (en el noreste), adoptando muy particularmente a Monterrey -una urbe en proceso de industrialización desde 1890- como núcleo de atención. Rojas investiga un aspecto de la realidad que -desde su perfil jurídico- también brinda pistas para analizar las transforma- Nota del Editor 9 ciones sociales. Sobre todo porque el examen se realiza en un período caracterizado por esa enorme explosión que fue la Revolución Mexicana. Para destacar las diferencias que se van definiendo, el autor reseña primero la escasa legislación de los tiempos porfirianos, cuando el estado de Nuevo León era administrado por el general Bernardo Reyes. El advenimiento de la Revolución -como en Yucatán- trastornaría las relaciones de poder: los nuevos gobiernos -desde el tímido momento de Francisco I. Madero hasta los que siguen a la Constitución de 1917- fueron forzados a responder a la tempestad social, y también es verdad que resultaron más sensibles a las necesidades y requerimientos de los trabajadores rurales y urbanos. En el otro extremo, en Yucatán -más cerca de Cuba que de Estados Unidos- existía un mundo sustancialmente distinto. Gilbert Joseph y Allen Wells ofrecen un aporte enriquecedor de un tema vastamente estudiado: el impacto del henequén en el devenir de esa península. Luego de definir los mecanismos de explotación a que fueron sometidos los peones yucatecos -los herederos de la cultura maya- tras la instauración de la finca de monocultivo, señ.alan de cuántas maneras se resistió la opresión derivada del auge exportador. Obligados a modificar drásticamente sus ritmos de producción -al ser desmontada la hacienda maicero-ganadera y al inventarse formas mecánicas de desfibramiento de la hoja del henequén-, los peones locales quedaron insertados en un esquema que combinó la ·coerción, el aislamiento y el patemalismo. La fusión de estos tres elementos, nítidamente descritos por �10 SigloXJX Luchas Populares y Cultura Alternativa en Uruguay. El Centro Internacional de Estudios Sociales Gilbert y Wells, conformó el idioma del poder de la esplendorosa casta divina asentada en Mérida. Pero los autores intentan sobre todo poner énfasis en las actitudes de resistencia de aquellos mayas convertidos en peones acasillados. Pese al silencio y a una cotidianeidad en apariencia pacífica, el conflicto estuvo siempre presente y tuvo sus expresiones violentas. Cuando llegó la Revolución, Yucatán estalló en insurgencias impensables para un ojo no avizor. Y los ejércitos que bajaron del norte se vieron obligados a desmontar aquel aparato de poder construido sobre la impresionante expansión del henequén. Un nuevo mundo, una distinta relación sociopolítica amanecería entonces a orillas del Caribe mexicano. En síntesis, el dossier de este número 6 de Siglo XIX evidencia la notoria diversidad de la América Latina decimonónica. De tal magnitud que cada día cuesta más asumir un enfoque global de este continente, y cada día parece más urgente insistir en la importancia metodológica de la investigación regional para tan decisiva centuria. El mundo de la producción, del trabajo y de los trabajadores no fue, es obvio, una excepción. Nos satisface pues editar y suscribir este conjunto de materiales sobre la Hispanoamérica que discurrió entre Carlos ID y la Primera Guerra. Mario Cerutti Monterrey, México, agosto de 1988 Carlos Zuhillaga* l. LA "CUESfIO SOCIAL" COMO PROBLEMA IDEOLOG ICO Los ori'genes de la "cuestión social" en Uruguay El proyecto modernizador que a partir de la década de los 70 llevó adelante el núcleo de propietarios representado por la Asociación Rural del Uruguay, supuso una racionalización de la empresa pecuaria (el alambramiento de los campos y la consiguiente consolidación de la propiedad, la mestización del ganado criollo, el desarrollo de la explotación ovina, el desplazamiento de la mano de obra excedente hasla entonces "agregada" a la estancia tradicional o "cimarrona"), tendiente a ofrecer una producción primaria de calidad y de precio aceptables, así como de volumen creciente, para los mercados consumidores de las sociedades industrializadas (en particular, de la Gran Bretaña). Este programa, para cuya implementación hubo de recurrirse al poder militar (como único factoF político con capacidad para imponer los profundos cambio~ socio-económicos que el modelo modernizador requería), se complemento con un proyecto industrial concebido como sustituidor de importaciones en ramos elementales de la producción (alimentos, vestimenta, materiales para la construcción, que requerían escasos insumos *Ce~tro ~atinoamericano de Economía Humana (CLAEH) y Departamento de Histonolog1a, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad de Montevideo Uruguay. • �12 C. Zubillaga: Luchm populares y cultura alternativa en Uruguay Siglo XIX tecnológicos como valor agregado). La política arancelaria de signo proteccionista fue el instrumento al que se recurrió para fomentar la industria nacional incipiente, que tempranamente (1879) articuló un organismo defensor de sus intereses: la Liga lndustrial. 1 El primitivo carácter artesanal de la industria uruguaya inhibió el desarrollo de organizaciones sindicales formales, aunque ciertas modalidades de asociacionismo asistencial (sociedades de socorros mutuos) entre elementos asalariados se registraron ya en 1870. Fueron asimismo tempranas las expresiones de interna<·ionalismo obrero que alcanzaron a manifestarse en el país, aunque más bien como reflejo de la problemática europea. A medida que se incrementó el papel de la industria en el sistema productivo nacional, expandiéndose correlativamentf' el volumen y la significación del sector servicios, Jas necesidades de los sectores populares urbanos fueron siendo objeto de continuas demandas que se tradujeron en una conflictividad social de ritmo e intensidad crecientes. Amparado en la inexistencia df' una legislación social previsora o reparadora de los perjuicios dimanados de la condición asalariada, el capital acentuó sus aspiraciones de lucro: sometió a los sel'tores populares a condiciones de vida y de trabajo que nacionalizaron la "cuestión social", rt'produeiendo en d país las ya viejas injusticias que el liheralismo manchesteriano venía generando en los centros del sislt'ma. En qué medida esta probkmática fue asumida por la socie,lad uruguaya eomo un desafío a las práctil·as poi íticas, es tema quP hac1· a la identificación de los condi<'ionami1·ntos que sufría la "cultura del podt>r" (en tanto rellt'xión desde y al scrvil"io del statu quo), ya t•n sus manifcstal"Ío111·~ formalizadas (la educación univt'rsilaria, por ejt'mplo), }ª l'n ;.us expn·siones ideológico-organizativas (d neocorporativismo eatólico, como la más audaz de las implemt"ntadas). que hizo batir en retirada a las concepciones espiritualistas no sin severas (y declamadas) confrontaciones. Evocando esta situación señalaría en 1945 Dardo Regules: "La ciencia se enclaustró en lo experiencia!. Y la moral, y el derecho, y la cultura, y el arte, y la religión, quedaron reduci2 dos a la medida de un común denominador positivo ". El ventarrón positivista que se filtró en los claustros universitarios fue sustancialmente de cuño spenceriano. No sin razón, pues, el rector Vásquez Acevedo despedía a los egresados en 1887 recordándoles que pertenecían a esa hermosa escuela que lo espera todo de las leyes naturales; que no admite las transformaciones rápidas ni el cambio de las viejas instituciones por otras nuevas antes que se hallen bien organizadas para ocupar el lugar de aquéllas; que tiene grandiosos ideales, pero que no se empeña en alcanzarlos mientras se encuentran en contradicción con el estado real de la sociedad.3 Las teorías sociales individualistas )' liberales que Spcncer expuso rigurosamente en sus obras Social Statics (1850) y The Man versus the State (1884) encauzaron su pensamiento en el marco filosófico del darwinismo social: cimentaban el convencimiento en la ninguna utilidad social df' los individuos ineptos (en consecuencia, en la falta de pertinencia de las políticas estatale:-i de asistencia a los sectores menesterosos), en que la libre competencia fructifi,·aría en _un mejor sistema económico, en la inconvenirncia de la intervención del Estado en la economía (salvo para hacer cumplir los contratos y salvaguardar los dem·hos individuales). Un aporte de ~la naturaleza transferido a los dau~tros universitarios tradujo la función q11/ la sociedad uruguaya le atribuía a la formación superior de sus élites: la de convalidar intelectualmente (resguardando) las relaciones sociales de dominación existentes. Con agudeza lo advirtió Alberto Zum Felde al señalar: Razones de orden social determinaban asimismo la adopción de esa doctrina fría, por parte de Jo que podría llamarse la intelectualidad de las clases conservadoras, en un sentido jurídicoeconómico. El individualismo social de Spencer, liberal y progresista afirmaba sin embargo, en su integridad, la razón del orden 4 jurídico existente, es decir, del régimen capitalista y propietario. El auge del positivismo spenceriano Las r«·formas programáti«·al' :y la ori«·nta«·ión el«• los plam-s inlrodm·idas t'n la Universidad dt> Mont«·vidco a partir dt' 1885 (m:lorado del do1·tor Al fredo Vást1uez Ae.-wdo) rnnfiguraron un ava111·1· del positivismo filosúfirn, 13 La proyect·1on del evolucionismo spcnceriano en las cátedras que tenían particular la por misión abordar los problemas económicos y sociales (en �14 Siglo XIX de Economía Poi ítica y Finanzas) resulLó significativa. Las Lesis doctorales 5 de los estudianles, así como las orientaciones de los cursos, pagaron tributo al liberalismo individualista que tan caro resultaba a los sectores empresariales de la induslria nacional en crecimienlo. Tanto Carlos María de Pena como Eduardo Acevedo (que ocuparon alternativamente la referida cátedra en las dos últimas décadas del siglo XIX y primera del XX) sostuvieron criterios spencerianos en lomo a la "cuestión social". En particular Acevedo defendió en sus clase.-, conceptos incqu ívocamente inspirados en las enseñanzas del filósofo inglés: Apenas tenemos necesidad de agregar que el trabajo para ser fecundo reclame la más amplia libertad. La reglamentación industrial por medio de la ley, pone obstáculos insalvables al progreso sofoca el espíritu de reforma y coloca al Estado en (...) fataÍ pendiente (...) La intervención del Estado es grande y fecunda en lo que se refiere a las leyes de higiene. Lo demás, debe y pue?e quedar li~rado a la concurrencia sin trabas ... (... ) problemas igualmente mteresantes plantean el antagonismo entre el obrero y el capital y la intervención del poder público en la reglamentació~ de! ':1'abajo (... ) Su grande y fecunda misión es la de garantir el eJerc1c10 de los derechos. Fuera de esa intervención indiscutible, sólo puede actuar el Estado en circunstancias muy limitadas para garantir la higiene y la seguridad del obrero en los talleres, para reglamentar el trabajo de los niños que carecen de voluntad propia y que no pueden quedar sacrificados a la voracidad de los padres y de los patrones.6 En ese semillero de políticos y dirigentes sociales y económicos que fue la universidad uruguaya de fines del siglo XIX y comienzos del XX, menudearon los "estudiantes que juraban por Spcmcer ", como recordaba en 1963 el líder socialista Emilio Frugoni, evocando el escándalo que su marxismo juvenil provocara en tal contexto.7 C. Zubillago: Luchas populares y cultura alternativa en Uruguay 15 -particularmente en Francia-, varias experi~ncias de ~rgan_i~ción originadas en la creciente preocupácion de la Igfes1a por la s1tuac1on de- las clases trabajadoras. La mayor parte de estos intenlos por Íncidir e~ la orientac!ón de la ''cuestión social " estuvo sjgnada por un fuerle conterudo paternahsta y caracLerizada por una metodología asistencial-caritativa. Fundada en 1855 por el abate Charles Maignen y por Augusto Cochin, y reorganizada en 1871 por René de la Tour du Pin y Albert de Man, la obra de los Circulo!; CaLólicos de Obreros tuvo en Francia un desarrollo importante y logró una proyección internacional considerable. Sobre sus limitaciones en el plano de la acción social deT catolicismo inserto en el proceso dé industrialización, ha dicho Federico Rodríguez: Los Círculos se fundaban en la desigualdad de las élases sociall!S como en un hecho consumado, no sólo en cuanto al hecho de la desigualdad, sino también en cuanto a las circunstancias de su atribución concreta. Eran patemalistas, y creían, con una ingenuidad que vivía cincuenta años retrasada entonces, en la posibilidad de organizar corporaciones mixtas en las que trabajadores y patrones conviviesen pacíficamente, por supuesto sin colocar a 8 ambos en situación de verdadera igualdad. No ohstanlt' '11 earencia referida, y partiwlarmente con anteridad a 1891, loi; Círculos gozaron de cierto predicamento, avalados por León XIII en su virtualidad operaliva. El papa no había dado -todavía- el paso fundamental en su prédica so1:ial: la consagraciím dd sindicato obrero como instrumenlo de acción de los trabajadores; paso que rncién se haría explícito en la Rerum nouarum, y cuya significación en el plan<'>: de las definiciones 1."Clesiales rnntemporáneas fue muy grande, Discrepantes con los fundamenlos filosóficos del evolucionismo spenceriano, pero convergentes con sus propuestas económico liber.tles los sectores católicos conservadores levantaron la alternativa de un reto:no a los supuestos solidaristas del corporcttivismo medieval. La expresión organizativa de esta propuesta fue la denominada Obra de los Círculos. En este marco de gravitación creciente de las opciones paternalistas en el seno de la Iglesia universal, se op,:ró en 188!) el nacimiento del Círculo Católi(•O de Obreros de Montevid,•o, germen del Const>jo Superior de los' Círculos Católicos de Obreros instalado en 1900. El nacimiento del Círculo no fue ajeno a la corriente palernalista qut> lo inspiró, con su t:orrelato de alternativa pat:ifisla a la violencia revolueionaria de socialistas y anarquistas. 0 1, allí que el discurso inaugural de Francisco Bauzá -SU primer presidente- revelara una especial preocupación por tomar dis~cia frente a las experiencia:,; de sindicalización obrera, presentadas como instrumentos de acc:ión de opl'ionf's ulÓpi1·as: La segunda mitad del siglo XIX vio surgir en el seno del catolicismo Se ha querido hacer ele! obrero, un elemento de trastorno social; La avanzada neocorporativista �16 S;gtoXIX cuando' es por excelencia la base de todo orden regular; y pretextando darle mayores recursos a trueque de grandes esperanzas, se le ha dejado sin esperanzas y sin recursos. Díganlo si no los millares de hombres honestos que distraídos de sus ocupaciones por ilusos propagandistas, se han encontrado sin trabajo ni medios para obtenerlo, al día siguiente de aquel en que sus Mentores les habían ofrecido un paraíso terrestre.9 En esta concepción el movimiento de los Círculos debía traducir un acuerdo social pleno: capital y trabajo dispuestos a cumplir con fidelidad sus respectivos deberes en un clima de armonía derivado de la común aceptación de los valores cristianos. El planteo adolecía -sin embargo- de una carencia sustancial: creer en la igualdad de condiciones de actuación del capital y del trabajo, y confiar excesivamente en la justicia contractual (que suponía ineludiblemente aquella igualdad). Semejante enfoque -ajeno a la realidad- ubicó a los sostenedores de los Círculos muy cerca de los liberales conservadores, con su m Ítica confianza en el valor de los contratos (que León XID pondría en entredicho en la Rerum novarum). Los balbuceos socialistas En una actitud de franca ruptura con las respuestas que el liberal-eonservadurismo (de matriz spenceriana) y el neocorporativismo católico dieron a la "cuestión social", se ubicó el socialismo inspirado en los supuestos teóricos del marxismo, que tuvo en la última década del siglo XIX sus primeras expresiones en Uruguay. Concibió la lucha de los asalariados como un esfuerzo org-,mizativo tendiente a lograr la presencia activa de un nuevo actor socio-político (el partido de clase), mediante la inserción en' la dinámica del sistema político vigente (democrático-representativo). La propuesta socialista implicó el reconocimiento de la vía legislativa como modo de convertir la realidad. Para ello estribó su acción en la organiztción gremial de los asalariados y en la prédica pubJicística (periodismo de tesis, literatura "comprometida'), todo ello en la perspectiva de la sanción de una legislación social previsora y reparadora, que ampliara el espacio protagónico de los sectores populares a la vez que mejorara sensiblemente sus condiciones de vida. Hacia 1895 esta vertiente tenía ya definidas sus propuestas de acción a través de organizaciones sindicales (como la Sociedad Cosmopolita Unión de Obreros Panaderos y la Sociedad Cosmopolita de Obreros Albañiles de C. ZubillQga: Lucha, popularea y cultura alternatioo en Uruguay 17 Mutuo y Mejoramiento) y órganos de prensa (como el semanario ~l Defendel Obrero): encabezaron un movimiento tendiente a la conqwsta de la sor · da laboral de ocho horas (en el marco del reclamo de 1as "tres ocho " : JOrna ' '') l l ., "para el descanso, para el trabajo, para la il_ustra~ion , a reg :mientac10n legal del trabajo de niños y mujeres, y el me1oranuento de los ruveles de retribución salarial. En 1896 el periódico El Grito del Pueblo dio a publicidad el programa de principios del Partido Socialista Obrero, concretado en cuatro puntos fundamentales: lo La transformación de la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad colectiva, social o común. 2o. La organización de la sociedad sobre la b~e. de la fun~ción ec-onómica, cuya unidad la forma la colectMdad gremial obrera, la sección industrial o agrícola, con el derecho de _usufructo de los medios de producción, confederadas estas s~cc1ones locales en comunas autónomas que a su vez se hallan umdas a grandes federaciones regionales que robustezcan y garanticen la administración por todos y para tod?s. 3o. La_ igualdad de tod?s ante los medios de desarrollo y accion; es declf, que a cada miembro de la sociedad se le garanta la enseñanza general, científica y especial en cada profesión, y su participaci~n en el ~~ajo. 4o. La igualdad de todos en las ventajas, es decir, la ~olic1on del asalariado la realización del derecho de cada trabajador a una parte alícu~ta en el valor de los productos, cuyo valor se medirá por la cantidad de tiempo de trabajo social necesario para su producción; y la satisfacción por la sociedad de las necesidades de los impedidos por edad o padecimiento, 10 0 Los intentos de promoción del partido, en cuanto a la capaci~ad de operar electoralmente con mínima relevancia, resultaron frustraneos hasta 1910 en razón de la legislación electoral restrictiva por entonces vigente, así ~mo del fuerte condicionamiento tradicionalista que las prácticas políticas conservaron hasta bien entrado el siglo XX. Las concepciones socialistas chocaron con los postulados anarquistas en sus diversas vertientes, a partir del rechazo frontal que todas éstas hacían del Estado ( en consecuencia, de la vía parlamentaria para allegar soluciones a la "cuestión social') y de la prédica antiorganizacionista de que hacía gala un vasto sector de los elementos ácratas (que inhibía todo intento de federar las organizaciones sindicales de base y potencializar la acción conjunta de las clases populares). �18 Siglo XIX La tradición <lJnarquista Co~áneam;nte con el proceso de industrialización sustitutiva ae importaciones a que. s~ ha hecho r~ferencia, un grupo de trabajadores de origen e~opeo orgamzo en MonteVJdeo la Federación Regional de la República Onental _del Uruguay _(ta~ién denominada Federación Montevideana), com~ ~~al de la Asoc1act0n Internacional de los Trabajadores, iniciando la difusion local de los principios doctrinarios del internacionalismo de tendencia federalista libertaria (inspirada por las enseñanzas de Proudhon Y Bakunin). Los estatutos de la nueva organización consignaron el concepto-meta de "emancipación económico-social" en término inequívocos: Librarnos de toda tiranía, así social como económica, cualquiera se~ su nombre y cualquiera sea la forma en que se halle constituida. Hacer que el capital, las primeras materias y los instrumentos ~~ trabajo, vayan a parar a manos de los que directamen~ l~s utili~an, o se~, a manos de trabajadores organizados en asooaciones libres, agricolas e industriales, a fin de librarse de la esclavitud del salario y conseguir que la sociedad llegue a ser una libre federación de libres asociaciones obreras. Dos años m1 tarde el Comité Federal de la AIT con sede en Chaux-auxFonds (Suiza, que nucleaha a organizaciones obreras de Francia Italia España, Suiza, Bélgica y América Latina, enfrentadas a ·1a conducció~ marxista del movimiento internacional y que, en consecuencia, no habían reconocido la disolución de la Primera Internacional declarada en Nueva Yo.rk en 1876) aceptó la adhesión de la Federación Montevideana, la que en m~yo de 1878 dio a luz El Internacional ("órgano de las clases trabajadoras ), desde cuyas columnas predicó la irreconciliabilidad del capital y cl trabajo~ La i~eal aven~ncia. ~e ambos elementos es una quimera, y los 1PabaJa~or~ solo VtVImos de realidades (... ); en tanto cuanto los capitalistas sean los verc!,ugos de la humanidad, los sacrificadores del trabajo, el duelo entre las vÍ<;timas y lo.s verdugos entre nosotros y ellos, tiene que ser un duelo a muerte.11 ' El inicio de la década de los 80 vio debilitarse el intento Federacionista uruguayo, al compás de la crisis irreversible que había hecho desaparecer formalmente a la Primera Internacional. En 1884 un grupo de inmigrantes franceses y españoles fundó en Montevideo la Asociación Internacional de Obreros, en vinculación con las actividades de la rama francesa del anarquismo, qne en el Congreso de Londres C. Zubillaga: Lucha, popularu y cultura alternativa en Uruguay 19 de 1881 había concurrido junto con las organizaciones ácratas de España, Austria, Italia, Inglaterra y Estados Unidos a la Fundación de la lnternational Working People's Association, considerada como continuadora de la Primera Internacional. La entonación ideológica de esta nueva expresión del anarquismo en Uruguay difirió de la de la década precedente. Sustentada en la idea de ''la unión de los trabajadores ( ...), sobre la base de la solidaridad en la lucha del trabajo contra el capital", lucha que debía "tener por coronamiento la completa libertad de_l trabajo", la Asociación apeló al combate "sin tregua ni descanso" por el camino de "la persuación, por el buen ejemplo, jamás por la violencia". Las ideas matrices de la organización anarquista, difundidas por La Lucha Obrera (periódico semanal "defensor de las clases obreras') se sintetizaron en la cuaternidad: "Libertad, Igualdad, Fraternidad y Justicia ".12 La acción anarquista de los años posteriores estuvo representada fundamentalmente por la difusión de las ideas que llevaron a cabo diversas hojas periodísticas y grupos ácratas (no siempre integrados a una programación común), formados por asalariados inmigrantes y criollos y por propagandistas extranjeros que operaban indistintamente en Montevideo, Buenos Aires y Rosario. Los periódicos anarquistas explicitaron la controversia propia de los sectores ácratas entre "antiorganizacionistas" y "federacionistas". Los primeros se expresaron en numerosos órganos de prensa obrerista 13 (El Libertario, La Aurora, El Derecho a la Vida, entre otros); los segundos tuvieron su tribuna tanto·en hojas obreras14 (El Obrero Panadero en su segunda época fue uno de los ejemplos más claros), como obreristas (El Internacional, Federación de Trabajadores, entre otras). Los "antiorganizacionistas" centraron su prédica en la doctrina ácrata, dejando de lado la práctica sindical, por considerarla "una cosa transitoria en las luchas de íntegra emancipación". El énfasis de esta prensa estuvo en la difusión de un pensamiento que apostaba al espontane~mo revolucionario de los sectores postergados de la sociedad, que llegarían a la acción sin necesidad de una organización previa ni de una regimentación de sus conductas (regimentación que, aún consensual, era vista como expresión de autoritarismo que resultaba preciso ahogar para que no se filtrara en el mundo de los desposeídos el "perjudicial engranaje" del poder coercitivo). "¿A qué reglamentar, a qué federar estas agrupaciones ya federadas por el �20 SigloXIX dolor común y por la esperanza futura?", se pregunta en 1901 La Aurora, en un ejercicio, sin duda ingenuo, de confianza en la capacidad espontánea de los trabajadores para descubrir el camino de su redención y transitado sin forma alguna de ordenación y potenciálización de sus fuerzas. El fondo individualista de esta vertiente ácrata se manifestaba en la concepción medular de su prédica. Al rech~ los modos organizativos de los "federacionistas", postulaba la idea de la huelga general revolucionaria como el cwnplimiento de un imperativo histórico ( en una suerte de ''neoprovidencialismo "). Textos como el de El Derecho a la Vida en su edición del 29 de abril de 1894 resultaban, así, paradigmáticos: Cuando llegue la ocasión no se precisará forzar a los seres inconscientes a empuñar las armas. Cada desheredado comprenderá que pelea por su redención económica, por el bien de toda la humanidad, y ya se sabe de lo que es capaz el hombre cuando lucha sin que le hagan héroe forzoso. Desde su perspectiva, los "federacionistas" propugnaron a través de su prensa e impulsaron en las organizaciones sindicales el principio de la solidaridad entre los obreros de las diversas profesiones en cada país, y la unión fraternal entre los trabajadores de todas las naciones. La prédica periodística resumió esta aspiración en la idea de la asociación de todas las fuerzas obreras como presupuesto para "derrumbar las bases" del régimen social imperante y "sobre nuevos cimientos", levantar una sociedad en que las riquezas fueran socializadas y "la libertad reemplazará a la tiranía". La fe en la instrucción Descubrir su condición de clase supuso en el seno de los sectores asalariados una labor educativa que estuvo en el centro de la prédica anarquista. En 1878 lo advirbó El internaoional al definir su programa e identificar el origen de la lucha reivindicativa con la capacidad de los hombres de reflexionar sobre sí mismos y sobre su situación ("llegó un día, no muy lejano, en que las clases obreras, desheredadas de todo bien, menos de la inteligencia, comprendieron su angustiosa situación"). Esa tarea educativa tuvo un marco de cumplimiento preferencial en el movimiento sindical: la instrucción de los jóvenes, para que tuvieran C. Zubillago: Lucha& populares y cultura alternativa en Uruguay 2l "íntima cncia de sus derecbQs,,'.', comenzó con el establecimiento de "clases especiales\ que permitieran desarrollar las capacidad intelectuales generalmente "adorme~das" por el trabajo sin descanso. Esa labor didáctica encontró en la prédi\;a periodística una continuación natural. La Voz del Trabajador lo señaló clarame~te, en 1889, al decir: "(...) este semanario (...) se consagrará ( ...) a i'\iciar (a la clase obrera) al estudio y desarrollo de los descubrimientos de la~ leyes de la ciencia sociológica, que pueden llevarla a su completa emancipación moral y material". Una confianza de fuerte signo racionalista en la eficacia de la instrucción presidió esta apuesta estratégica del movimiento sindical, y caracteri- zó un tramo importante d~ su historia. "A regenerar por medio del estudio" convocaba con términos inequívocos La Voz del Obrero, al esbozar 1896. Con similar entusiasmo reflexionaban los editores de Tribuna Libertaria al comenzar el si_glo: · su Programa en La instrucción de las clases trabajadoras debe forzosamente preceder a su emancipación,,porque nunca una clase ignorante o más atrasada que las otras se &a elevado ni ha salido de su abyección. El primer deber de las clases obreras, su más imperiosa y urgente necesidad es la de instruirse.. Todo debéis sacrificarlo a este sagrado deber. La labor educativa que implicó la autopercepción clasista fue considerada por las diversas vertientes del tronco ácrata como un camino para la revolución social y, consecuentemente, la alternativa al sindicalismo reivindicativo (o economicista). "Los males sociales no se curarán con sueldos más o menos grandes" -advertía El Derecho a la Vida en 1895-, sino con "la revolución social que acabe con la desigualdad de explotados y explotadores"; y la revolución no sería un fruto espontáneo de la dinámica social, sino la consecuencia de un esclarecimiento ideológico logrado mediante un esfuerzo pedagógico llevado a cabo por los propios trabajadores. En esta línea de acción el Centro Internacional de Estudios Sociales fundó en noviembre de 1902 una escuela "nocturna y libre" para trabajadores, en la que se impartían cursos de sociología, historia, economí~, fi. siología e idiomas, con el concurso de "varios intelectuales" montevideanos. Se trató, en consecuencia, de una modalidad de autogestión en el plano intelectual que ignoró el sistema educativo formal (por considerarlo �22 C. Zubíllaga: Luchas populare, y cultura alternativa en Uruguay SigloXIX funcional al régimen capitalista) y cimentó las bases de una cultura alternativa, cuyas manifestaciones alcanzaron los campos de la creación literaria, las ciencias sociales, la plástica y la música. Rasgos identificadores de esta cultura alternativa fueron, según la ajustada observación de Carlos Real de Azúa, tanto el optimismo y la ingenuidad con que desconoció la capacidad de resistencia de las fuerzas orgánicas sociales o confió en el nudo impulso de un entusiasmo suscitado por la palabra tonante y exaltada (como la) tonalidad ética que concebía la reforma social como una parte, casi como una consecuencia, de la reforma individual, una palingenesia de lo íntimo con sentido religioso, al modo del evangelismo tolstoiano.15 Más que de un autodidactismo cabría hablar en el caso de un mutuodidactismo, en cuanto los participantes de esta experiencia nunca desdeñaron el hecho de compartir con sus iguales el descubrimiento del mundo: de los defectos de la organización social, de las utopías entrevistas al impacto de lecturas de diversas matrices ideológicas, de los parámetros de una nueva ética. Ese mutualismo cultural signó la conducta de varias generaciones de asalariados, más allá de su adhesión o rechazo final a las propuestas ácratas. Se trató, más que de un avance del anarquismo como doctrina encauzadora del cambio social, de una aceptación generalizada por vastos secto• res de las dases trabajadoras de los modos más eficaces de acercarse al conocimiento de los supuestos de ese cambio. En este proceso jugó un papel relevante no sólo la prensa obrera y obrerista (canal de tesis y de denuncia) sino también la difusión de las ediciones Sempere, de VaJencia, que vendidas a precioJ muy accesibles para los sectores populares -quince centésimos el volumen- pusieron al alcance de ávidos (y desprevenidos, en más de un sentido) lectores, las obras de ~roudhon, Nietzsche, Marx, Jaures, Bakunin, Reclus, Kropotkin... Un esfuerzo local comparable (si se tienen en cuenta las dimensiones del mercado uruguayo} inauguró hacia el 900 el anarquista italiano Orsini Bertani, cuya librería fue a la vez cenáculo literario de avanzada. II. EL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOCIALES Una función peculiar Así como el Oub Católico (fundado en 1875) y el Ateneo de Montevideo 23 ,. · · ·' us acti"vidades en 1877) fueron los ámbitos de la polémica ,que imc10 s . ., · d 'fi que pautó el proceso de seculanzac1on de la socieda filoso co-reliaiosa to· , ul Ca •1· d uruguaya durante la etapa de la modernización, el Cuc ~ to 1co e e Montevideo la Universidad y el Centro Internacional de EstuObreros d , f ·' 'd ·ales constituyeron los reductos en los que la con rontac1on 1 eodios Soc1 . •, lúl' lógica sobre la "cuestión social" adquirió mayor dunens1on_ e~ e timo · 1 XIX y primera década del XX:. , ,. En .1904 . surgma . un nuevo , . lustro de1 sigo protagonista del debate: la Union Democratico Cnstiana, vertiente cato1•ca diferenciada netamente del neocorporativismo conservador. Que postuló un modelo social autogestionario y coadyuvó acti:a~ente _en la con·sta de las reivindicaciones básicas del movimiento smdical: Jornada de qm ab . d ·ocho horas, descanso dominical, regulación legal del tr ªJº e mnos Y mujeres, previsión y reparación en accidentes de trabajo, etc. El Centro Internacional de Estudios Sociales (denominado indis~tamente Círculo Internacional. ..) comenzó sus actividades e~ 1897, al~italianos, en su mayona sastres: ms1 de un núcleo de inmiurantes ~so ~ ámh' d ·tos en la corriente del anarquismo, decidieron crear un 1to e en . .d. I discusión y capacitación abierto a todos los que comc1 , 1~ran en ~ n~cesidad del cambio social en profundidad. El rec~zo aJ re~men cap~tallSta y a los valores que le eran funcionales, co~figuro el comun. den~m_ma~or de los elementos integrados a la nueva entidad. El espectro 1deologi~ un. do en los participantes de esta experiencia fue desde• el, comumsmo pl1ca 1 · anárquico hasta el socialismo científico, si bien predommo a vertiente ácrata de entonación antiorganizacionista hasta transformar al Centro en sinónimo de anarquismo a ultranza. 16 Como señaló acertadamente Zuro Felde, "el individuo libre en 1~ comunidad libre, fue el lema del Centro"¡ y. en él_ se, n~garon y comb~tieron en absoluto "todos los principios econom1cos, 1undicos y moral~ sobre los cuales se fundó "la sociedad contemporánea desde la Revoluc1on Francesa ". 17 Ambiente propicio para la lectura de los "cl~icos" revol~cionarios y de la prensa avanzada de todo el mundo, el Centro fue a un tiempo palestra de debates foco irradiador del activismo social, campo abonado para el surgimiento d~ una cultura alte~ativa (o pop~ar), escuela de_ ''.agitadores" sindicales cenáculo de bohemtos que combmaron su estetic1SID0 decadente con encrispada aspiración de la utopía libertaria, lugar de encuentro (de esparcimiento y de relación afectiva) de numerosos compo- ¡¡ nentes de los sectores populares. 18 �24 SigloXlX C. Zubíllaga: Lucha, populares y cultura alternativa en Uruguay La significación que el Centro alcanzó en su época se reflejó no sólo en la adhesión que casi sin excepciones le brindaron los elementos avanza19 dos, sino más bien en el reconocimiento de los sectores funcionales al sistema, cuyos voceros fueron vehículo constante de información de las actividades del Centro (tal fue el caso de El Día, órgano periodístico de la -fracción populista del Partido Colorado) o llegaron a formular evaluaciones no exentas de advertencia precautoria. En este último caso se inscribió la revista Rojo y Blanco, semanario dirigido por Samuel Blixen, que en 1901 señaló: El Centro Internacional (... ) desempeña un rol de importancia ';1'1e conviene no desconocer, entre las clases obreras pues que en el, franqueadas sus puertas a todas las ideas y tendencias sociales, se elaboran Y han elaborado la mayor parte si no todos esos movimientos_gremiales que de algún tiempo a esta parte suelen agitar a Montevideo (... ). Las huelgas producidas aquí han encontrado inmedi~ta ac?gida en el Centro Internacional de donde han partido de ~~diato las voces amigas que alientan y contribuyen a la pr~longacion de aquellas hasta obtener el mejoramiento o las ventaJas para cuya adquisición se lucha. En la tribuna del Centro van formándose, además, oradores que adquieren mayor vuelo cada día Y no extraña, por esta misma circunstancia, escuchar al mismo tiempo q_~e la palabra ruda y áspera del trabajador inculto, la de hombres Jovenes educados e instruidos que han caído tal vez e~ las primeras_ Iu_chas de su existencia y que hablan con persuasion y convencrmiento.... no es suficientemente conocido en el ~aís el Centro Internacional que puede convertirse en (. . . ) el ~~ulsor poderoso de ocultas fuerzas sociales, con sorpresa de los mdiferentes y aún de los hombres estudiosos que no se hayan detenido a examinar su marcha y tendencias. Bueno es que todos vivan advertidos. . . no esperar a que truene para acordarse de Santa Bárbara (... ). t 25 tendencia a polemizar respecto de todo lo que los componentes de la "sociedad burguesa" opinaran, creyeran o defendieran, La confrontación con la Iglesia Católica constituyó una de las prácticas permanentes en la acción del Centro Internacional de Estudios Sociales. Resultaron frecuentes las reuniones anti-clericales o las polémicas sobre temas relativos al dogma, las definiciones teológicas o las prácticas litúrgicas, mediante las cuales se intentaba inhibir las tareas catequísticas de la Igleisa uruguaya o desvirtuar las propuestas del neocorporativismo en términos de una real atención a los pr'oblemas de los asalariados. Dirigida "al pueblo en general y al obrero en particular", la invitación a una "reunión anti-clerical" moti~ada por la celebración del Primer Congreso de los Círculos Católicos de Obreros del Uruguay en mayo de 1900, que formulaba en grandes caracteres y en primera página Tribuna Libertaria, 21 constituía un ejemplo del aludido plano de confrontación. Temas conexos con los religiosos (tales como el del "amor libre" o el de la emancipación femenina), que permitían atacar convenciones sociales con sustento tradicional en preceptos o criterios eclesiales, fueron frecuentemente abordados en la tribuna del Centro Internacional de Estudios Sociales por divulgadores del ideal ácrata como el argentino Pascual Guaglianone, el italiano Rómulo Ovidi y el vasco Julián Basterra. La intensidad de estas acciones preocuparon a los sectores católicos conservadores que contrapusieron la imagen de los Círculos Católicos de Obreros (ámbitos de concordia social, de "buenas lecturas" y de adhesión a las "sanas costumbres'') con la del Centro Internacional de Estudios Sociales ("antro revolucionario" en el que "se predica el odio y la guerra contra la sociedad y su actual organización", como advertía El Amigo del Obrero).22 La polémica como principio La controversia (oral y escrita) constituyó no sólo el modo de operar sobre la realid~d. social que los _anarquistas privilegiaron, sino un principio básico de su predica, desde que esta se justificaba por su- capacidad cuestionadora del orden existente. Se trataba de poner todo en entredicho (instituciones, costumbres, valores, prejuicios, adhesiones) de forma de encontrarse en condiciones de impulsar un trastocamiento cabal de la sociedad, para cimentar sobre nuevas bases la Acracia redentora. Una propuesta de tal naturaleza exigía de sus partidarios una firme capacidad dialéctica dotes de oratoria, habilidad para la réplica punzante u oportuna, y una' como obsesiva Pero no sólo la religión configuró el objeto de las polémicas que tuvieron lugar en el Centro Internacional de Estudios Sociales; también la prédica liberal-conservadora y los ataques al ideal ácrata que protagonizó la mayor parte de la prensa montevideana resultaron motivo privilegiado de controversia. En agosto de 1900, el Centfo Internacional, junto a los Círculos anarquistas de Montevideo (Redención, Justicia, Antorcha, Tierra y Libertad, Aurora, Vida Nueva, Germinal, El Hambre es Terrible, 1 Acrata, Nuestra Patria es el Mundo Entero, Libre PenfladOrC!j y Progreso), desafió a los diarios El Siglo, El Bien, La Razqn, La Tribuna Popular, 23 El Pa{s y La Espaff.a "a pública discusión", a efectos de evitar que siguie- I �26 Sigl-OXIX ran "tergiversando y difamando el ideal de la anarquía". Más que una invitación al debate, se trataba de imponer la polémica, a riesgo de que su elusión fuera asimilada a un reconocimiento de derrota ("si huyen y no discuten, tendremos el derecho de creer que los periódicos citados están escritos por hombres farsantes, embaucadores del pueblo y causantes de todos sus males").24 Este perfil cuestionador, por momento incisivo en la opinión pública, tuvo consecuencias no deseadas por los anarquistas pero que reflejaron el grado de préocupación con que el sistema política advirtió la capacidad "desquiciadora" del statu. quo que poseía la continuidad de aquella prédica, sobre todo en instancias electorales en las que la práctica tradicional del clientelismo exigía la "participación tutelada" de los sectores populares. En octubre de 1901 el Jefe Político y de Policía de Montevideo clau• suró varios locales sindicales y la sede del Centro Internacional de Estu• dios Sindicales: prohibió la celebración de reuniones gremiales, bajo el pretexto de la creciente conflictividad social que se registraba en la ciudad, coincidente con los aprestos electorales para el mes de noviembre en que se celebraron comicios padamentarios. El cotidiano El Trabajo, vocero oficioso del Centro Internacional, comentó el hecho a lo largo de varias ediciones. Bajo el título ''Por el derecho de reunión" señaló: En ningún artículo de la Constitución se determina que el Jefe Político pueda por sí y ante sí cerrar ningún centro político ni social (... ) lPretende el Jefe Políti,co no renovar esos derechos e imponer su voluntad educada en el cuartel? (Para concluir con una amenaza:) si continúa el poder burlándose de los trabajadores, estos entonces tomarán sus medidas y declararán la huelga general y conste que únicamente falta una chispa para que estalle.25 Con recurso a otros argumentos, El Trabajo contrapuso la clausura del Centro ("donde antes se estudiaba, se diecutía y se enseñaba al pueblo') cpn la complicidad policial con el juego de azar clandestino, manifiesta en la impunidad que le aseguraba la Policía a los garitos donde aquél se practi, caba (''El juego da resultado. La ciencia es cosa vieja y cosa de tontQS, y no da para comer. Ya sabemos bastante. Para qué queremos estudiar más?", ironizaba el vocero anarquista),26 y con las toleradas prácticas fraudulentas y sediciosas de los clubes políticos tradicionales ("en los clubs de blancos y colorados... se politiquea, se conspira, sin que nadie incomode a nadie ").27 La apertura de los centros clausurados, dispuesta ~ los pocos días C. Zubillaga: Luchas populares y cultura alternativa en Uruguay 27 de celebradas las elecciones parlamentarias, confirmó las razones de fondo de la medida policial, mereciendo la alusión punzante de los anarquistas: "galantería gubernamental". La contribución al movimiento sindical Intimamente vinculado al movimiento sindical, el Centro Internacional de &tudios Sociales no constituyó, sin embargo, ni una central obrera, ni un organismo· integrado a una estructura formal de los sectores asalariados. Fue más bien una entidad solidaria, concurrente a la lucha sindical, que ofreció a la vez un ámbito para reuniones gremiales,28 una tribuna para el esclarecimiento de los problemas que estaban informando las plataformas reivindicativas, un "proveedor" de oradores y propagandistas (de "agitadores" en el lenguaje de la prensa defensora del statu. quo, que los periódicos anarquistas hicieron suyo como un nuevo desafío). Todo ello en la perspectiva de un avance de las ideas ácratas como fruto de una participación activa en la conflictividad social creciente que se registraba en Uruguay al finalizar el siglo XIX. Así lo valoraba en 1901 Tribuna Libertaria, al realizar un balance general del movimiento obrero, señalando que el Centro Internacional, "sos• tenido, a través de todas las reacciones y de todas las persecuciones que esta gran agitación trajo, por grupos de compañeros batalladores y entu• , siastas", fue el que dio "e) contingente de oradores y de agitadores a las. masas".~ Si bien, como se ha visto, la labor desarrollada por el Centro Internacional distó mucho de configurar el intento de creación de una central obrera, la persistente contribución a las luchas reivindicativas de las sociedades de resistencia (que en 1901 alcanzaron a representar a la mayoría de los sectores asalariados),30 dio en los hechos a la entidad los Easgos de una proto-central obrera, en cuyo seno los componentes de organizaciones sindicales de oficios comenzaron a reconocer la interrelación de sus situaciones, a comprender la globalidad de la ·"cuestión social" y a comprobar la eficacia de la solidaridad en el combate. Por lo mismo, resultó frecuente la imputación de personería delegada del Centro Internacional, que se hiw respecto de los agitadores que actuaron en las grandes huelgas del período. En noviembre de 1901, por �28 SigloXIX ejemplo, el di~o El Día señalaba que la huelga que mantenían los recolectores de basura (dependientes de la Junta Económico Administrativa de Montevideo) había sido declarada por "dos delegados del Centro Internacional". Similar señalamiento efectuaban por entonces los gerentes de las compañías (británica y alemanas) de tranvías de Montevideo. "Varios socios" suscribieron en el cotidiano El Trabajo una aclaración que resumió el sentido que los militantes anarquistas le atribuían a su tarea, así como el· deslinde que de la misma hacían respecto de la labor del Centro Internacional, que aunque funcional a aquélla, no revestía carácter de directiva y orientación sindical específica: (. . . ) el Centro Internacional no da ninguna delegación oficial a nadie, pues todos sus socios toman participación en la lucha o~rera :spontáneamente, por libre iniciativa; y toman participac1on, pr!111ero, porque esto concuerda con sus principios y luego, para evitar que los obreros sean engañados por procuradores y políticos.31 La reflexión como sistema: las conferencias El instrumento fundamental de que se valio el Centro 'Internacional para la prédica del cambio social (también, en ocasiones, para explicitar su solidaridad con las luchas sindicales concretas) fue el de las conferencias. La tribuna del Centro irradió así, intensamente, el ideario anarquista, ya a través de acreditados propagandistas extranjeros, ya a través de fogosos orado~~ locales (un po~o.literatos, un poco bohemios, un poco agitadores) que h1c1eron de esta predica un modus operandi personal que no se prolongaba demasiado en el tiempo.32 Entre los conferenciantes extranjeros se destacaron Pietro Gori y Enrico Ferri (que editaban en Buenos Aires la revista Criminología Moderna); del primero diría en 1899 el periódico anarquista El Derecho a la Vida que predicó cual nuevo Cristo en la tierra, sin odio, sin alteración, con mucha calma y sangre fría, haciendo el retrato exacto de las miserias humanas, y anunciando el advenimiento de una era de felicidad en toda la superficie de la tierra".33 Los temas abordados, por lo general en régimen de "tribuna libre" (es d~cir, permitiendo la participación, sin restricciones de los asistentes), fueron del más variado espectro, aunque todos conc'urrentes a ta acción contestataria que configuraba la metodología del centro: el derecho C. Zubillasa: Lucha, populare, y cultura alternatiúa en Uruguay 29 de reunión, la "cuestión social", las luchas econom1cas, el delito y la "cuestión social", "las huelgas ante la Razón", la emancipación femenina, la religión y el Estado como enemigos de la libertad . . . Celebradas en la mayoría de los. casos durante la tarde de los domingos, estas conferencias se complementaban con actuaciones teatrales o musicales (entre estas últimas era de rigor la interpretación del himno "Hijos del Pueblo", a cargo del Orfeón Libertario). Particular relevancia adquirían las conferencias del lo. de mayo, en las que intevenían varios oradores: centraban la atención en el conjunto de los problemas sociales que afectaban a los asalariados y en la dimensión internacional de esas circunstancias, a partir del señalamiento de la tríada responsable: Capitalismo-Gobierno-Religión. La confianza en la capacidad persuasiva de esta modalidad de la prédica social, que evidenció su reiteración por parte del Centro Internacional de Estudios Sociales, denotó un cierto esquematismo operativo, que derivó en prácticas ritualizadas que, al promediar la primera década del siglo XX, habían dejado de preocupar a los sectores conservadores, seguros ya de que el "apocalipsis social" tantas veces anunciado como inininente por los anarquistas, constituía más un motivo de reflexión que un ejercicio creíble de prospectiva política. Una comunicación alternativa: la actividad teatral En el seno del Centro Internacional de Estudios Sociales alentó una modalidad de acción cultural que habría de tener consecuencias relevante en el desarrollo intelectual del Río de la Plata: el teatro social. Un grupo de jóvenes, conformado entre otros por Florencio Sánchez, José Eulogio Peyrot y Edmundo Bianchi, dio vida a un conjunto "filodramático" que se dispuso a trasladar la protesta social a las tablas. Piezas cortas, escritas y representadas tanto en castellano como en italiano, verdaderas "declaraciones de fe, trasladadas desde el folleto de propaganda o desde 34 la oratoria (...) que(...) conseguían apenas presumir de teatro", alimentaron entonces la labor de este núcleo: Senza Patria, "escenas sociales" de Pietro Gori; Si fuera cura, monólogo de Rómulo Ovidi; Felice il Cerimoníoso, farsa en un acto de Bartolomé Ardy; ¡Mártir!, "drama en.cinco cuadr~s y una apoteosis", de Mario Lazzoni ... Pasos de comedia, pequeños dramas, breves bocetos escénicos, estas obritas fueron muchas veces el �30 SigloXIX sucedáneo eficaz de la disertación sociológica, profunda pero aburrida, que el auditorio escuchaba con más disciplina que entusiasmo. Florencio Sánchez, que al correr de la década siguientt se convertiría en el primer dramaturgo rioplatense, participó con entusiasmo de esta nueva modalidad de militancia. Como señaló García Esteban en su biografía de Sánchez, Florencio intervino en las veladas como actor de muy principalísimo papel. Hacía en ellas unas conferencias dialogadas, en las que hartaba a sarcasmos a la policía y, sobre todo, al comisario La Sota, terror de los anarquistas de entonces. Lo hacía en tal fonna, y con tal arte, y tanta chispa, que el heterogéneo auditorio se retorcía de risa y premiaba aquellas inolvidables Conversaciones con estruendosos aplausos.35 Un paso más en esta labor fue el que en ese mismo año de 1897 cumplió Flor~ncio Sánchez escribiendo su "scherw en un acto" Puertas adentro, cruda sátira sobre la sociedad montevideana a cargo de dos sirvientes, que al paso revelan aspectos relacionados con las condiciones de trabajo del servicio doméstico. Faltos de obras en las que la inmediata reaJidad montevideana resultara aludida, el grupo filodramático del Centro Internacional debió recurrir a sus integrantes más audaces para escribir piezas ad hoc. Hacia 1901, y al impulso de Florencio Sánchez, éste, José Eulogio Peyrot y Edmundo Bianchi, produjeron sendas obras. Sánchez escribió ¡Ladrones!, que sería el primer esbozo de su popular Canillita ( obra estrenada en 1902 en Rosario, Argentina); Peyrot produjo Desquite; y Bianchi dio forma al "boceto social en un acto" Nobleza de Esclavo. Las tres piezas se estrenaron simultáneamente en el Centro Internacional en julio de 1901.36 El teatro social fue un inteligente recurso frente al desafío de encauzar popularmente, la denuncia de situaciones injustas y la promesa de un futuro redimido. La burla, la compasión, la protesta, el sarcasmo, se convirtieron en los breves actos de estas piezas, en nuevas armas de lucha, cu• ya incidencia en los sectores populares reveló nuevas posibilidades de propaganda y ancho campo para la receptividad del discurso revolucionario. C. Zubillaga: Luchas popular& y cultura alternativa en Uruguay 31 La mútica revolucionaria M' de diez órganos de la prensa obrerista estuvieron vinculados en su surgi:iento, organización, redacción o difusión, al Centro Internacional. ~e Estudios Sociales. 37 Algunos de estos periódicos tuvieron_ una ~elac1on institucional con el Centro, como en los casos de Tribuna Li~ertarw, cuya (calle de direcCI·o'n y administración se localizó en la sede de la entidad U d. ·a1 Río Negro número 274) y ·que llegó a publicar bajo su se o e 1t?n. 38 ("Biblioteca de Tribuna Libertaria'") fo~le~os anarq~stas que se d1stn~ buían en las conferencias y veladas artISticas orgamzadas por el Centro, del cotidiano El Trabajo, la idea de cuya aparición y los primeros pasos :rganizativos tuvieron lugar en el Centro Internacional, al impulso del entusiasta Florencio Sánchez. Sin perjuicio de jugar un importante papel como difusores del ideal ácrata, como receptores de denuncias sobre violacion~ a los de~ec~os humanos en el mercado laboral montevideano, como vmculos solidanos con organizaciones obreras de otros países, estos periódic~s cu~plieron f inalidad pecuJiar: la de contribuir a la mística revoluc1onana, es de~ ~ cir a la sublimación de la utopía-posible Oa Acracia). El lenguaje u izaOa entonación voluntarista de todo el discurso p~riodístico) no_ difirió en todo caso sustancialmente, del de las conferencias, y por lo mismo, car~ió de proy~cción intensa en los medios aslaria~os por más q~e provocara inquietud en los círculos gobernantes y motivara el sosterudo recelo policial. d</ En una similar lfuea de servicio a la mística revolucionaria se inscribieron los homenajes que el Centro Internacional tributó a las grandes figuras internacionales que encarnaban en ese momento los antivalor~ ~e los que el anarquismo hacía su bandera de lucha: Emile Zola y EIIBee Reclus. C tivo de la muerte de Zola, el Centro Internacional, junto con on mo d • · · d o umvers1tano los eIement oS liberales (Club Liberal) y el estudianta . , •f ·' e Montevideo (Asociación de Estudiantes), orgam_zo una ~aru estac1o_n c~Uejera, en la que fueron discernibles el contmgente liberal-estudiantil (trescientos hombres) que marchó al frente y separado del resto -~e la columna y el nucleamiento anarquista (estimado por La Rebelwn entre cuatro' y cinco mil personas), encabezado por el estandarte rojo Y ~egro del Centro Internacional con la inscripción "Germinal. Los anarqmstas. Emilio Zola apóstol de la Verdad y del Trabajo". �32 SigloXIX El ritualismo cuasi litúrgico de las manifestaciones ácratas tuvo en la ocasión un abrupto epílogo, del que diera cuenta la crónica de la época: De regreso los i:nanifestantes al punto de partida, el grupo de liberales Y estudiantes doblaron hacia la calle 18 dirigiéndose a sus locales (...). Los anarquistas al contrario continuaron en línea_ ~ecta hasta el centro de la Plaza, donde 'y aunque estaba proh1b1do hablar por ser silencioso el mitin, el compañero Roberto de_ las C~eras pronun,ció un pequeño, pero vibrante discurso. 1:ermmado e~te, p~esentose el Jefe Político pidiendo se disolvi_eran. Se disponian los compañeros a hacerlo, cantando el himno de los trabajadores, cuando fueron brutalmente atropellado~ por el_ Escuadrón de Seguridad, siendo un compañero agredido a punetazos por un esbirro, educado en los prostíbulos Y en los b?~i~hes de barrios bajos. En pequeños grupos y escol~dos _se ding1eron luego al Centro Internacional, al cual les fue 1mpos1ble entrar por impedirlo la policía que lo tomó por asalto.39 Como complemento de este homenaje eJ Centro Internacional editó un "número único" de Pro-Zola, con trabajos de Angel Miranda, Enrique Crosa, Emilio Frugoni, José Ingenieros, Edmundo Bianchi, Perfecto B. López, José Santos Chocano, José Eulogio Peyrot, Leopoldo Durán y Soledad Gustavo.40 C. Zubillaga: Luchas populares y cultura alternativa en Uruguay 33 La solidaridad internacional La concepción internacionalista informó la prédica ácrata como lógica derivación del repudio aJ Estado (apreciado en tanto estructura política de dominación en manos del capital) y a las divisiones nacionales que tenían al Estado como categoría sustantiva. De allí que los sentimientos de fraternidad proletaria representaran tanto el reconocimiento de una común problemática (y en consecuencia, de una común lucha), como una expresión negatoria del Estado en cuanto modalidad organizativa de la sociedad. "Internacionalismo versus nacionalismo" constituyó una de las constantes de la prédica anarquista, manifestada de múltiples maneras en la actividad del Centro Internacional de Estudios Sociales. En esa perspectiva se inscribió la lectura pública de sus Cart,as de un flojo, que Florencio Sínchez realizó en 1901 en el salón del Centro. Texto en el que se enjuiciaban las prácticas belicistas de la política criolla (el frecuente recurso a la guerra civil para dirimir las contiendas partidarias), Cartas de un flojo fue también el testimonio personal deJ joven dramaturgo (que había participado en 1897 de la revolución saravista) de su ruptura con un "orden" social sustentado en valores darwinistas: El duelo por la muerte de Reclus por su parte, fue solemnizado por el Centro Internacional de Estudios Sociales mediante una velada artísticoliteraria celebrada en el Victoria-Hall de Montevideo el 23 de julio de 1905 : inte~nieron c~n sendos trabajos Pascual Lorenzo, José Eulogio Peyrot, Emilio Frugoru, Angel Falco, Edmundo Bianchi y Julio R. Barcos. 41 Reco~dos en un folleto, junto a un texto de Kropotkin traducido expresamente de Les Temps Nouveaux de París, los trabajos aludidos constituyeron el homenaje de los sectores avanzados de la sociedad montevideana (incluidos los socialistas), que no contaron en la oportunidad con el concurso de liberales ni de estudiantes, lo que llevó a Pascual Lorenzo a advertir que Te declaro con toda franqueza que quisiera ser más optimista acerca de la suerte de este país; pero no puedo ver de color rosa lo que se está poniendo de un gris muy oscuro. Creo que tengan ustedes las bellas condiciones de que me hablas, pero nada positivo espero de ellas, desde que veo a esa intelectualidad joven quemándose las cejas sobre amarillos mamotretos, empeñados en desentrañar enseñanzas de las epopeyas de nuestra raquítica existencia americana, en vez de ocuparse de los hermosos problemas científicos que agitan las mentalidades contemporáneas, agrupada en pos de las tibias resacas del primer gaucho clásico que se le ocurre héroe, enarboladas a guisa de ideal, o de las piltrafas vivas de cualquier pseudo caudillo, tropero de pasiones, en lugar de estar con los que desde ahora trazan rumbos sobre el porvenir, desperdiciando en una subordinación lamentable de lo que vale a la insignificancia, toda su exhuberante vitalidad. No creo en ustedes, patriotas, guapos y politiqueros.43 entre (... ) los habitantes de Montevideo, ni existen liberales ni existe juventud estudiosa que rebelándose a los viejos y aplasta~res prejuicios sepan pensar de acuerdo con los grandes ideales unpuestos por el ininterrumpido progreso en su marcha triunfal hacia la libertad. 42 Conteste con la opción que Florencio Sánchez establecía en su contestatario texto, el Centro Internacional mantuvo una permanent~ preocupación por los sucesos internacionales que afectaban la situación de los trabajadores, manifestando su solidaridad mediante conferencias y mitines que, según el grado de compatibilidad que sus objetivos presentaban con respe<;to �34 SigloX/X a los supuestos locales del orden establecido, resultaban en ocasiones acompañados por organizaciones liberales y estudiantiles. La enumeración taxati~ de estas expresiones resultaría fatigosa, pero su mención parcial puede ilustrar los extremos de una conducta que se encauzó fluidamente en la vocación internacional del Uruguay. En septiembre de 1901 la protesta del Centro Internacional se refirió a ~'la injusticia de que eran víctimas los proletarios de La Coruña (...) a ra1z de una huelga en que el pueblo fue despiadadamente atropellado ,,_44 En e~e~~ de 1905 e! Centro encabezó Gunto al Partido Socialista y a la ~c1ac1on de Estudiantes) la convocatoria al mitin de protesta ''por los cr1menes perpetrados por la autocracia rusa, que inhumanamente sembró de cadáveres de obreros las calles de San Petersburgo ".45 En marzo del mismo año el Centro Internacional y el Partido Socialista volvieron a protagonizar un mitin de solidaridad, referido en la ocasión a los obreros argentinos, víctimas de la represión dei;atada por el gobierno de_ Quintana al imponer el estado de sitio para dominar la huelga portuaria .46 En mayo de 1909 la demostración organizada por el Centro Internacio1;1 estuvo referida a los sangrientos sucesos bonaerenses del lo. de mayo, en tanto que en octubre del mismo año protagonizó la más importante demostración popular registrada hasta entonces en Montevideo, en repudio al fusilamiento en España de Francisco Ferrer. El mitin celebra~º. en ~~ ocasión'. a iniciativa del Centro Internacional, contó con la. par~c1pac10n oratona de, eleme~tos liberales (incluidos legisladores del parti_do gobernante: Rodo, Martmez Thedy) y de connotadas figuras anarquistas Ouana Buela, Angel Falco, Francisco Corney) y socialistas (Emilio 48 Frugoni). No obstante lo cual, los anarquistas dieron su impronta al acto, portando carteles que reivindicaban el carácter de la movilización (''Protesta del Pueblo"), y que terminaron en manos de la policía. CONCLUSION Fermento de luchas ideológicas por demás gravitantes en la historia uruguaya contemporánea, el Centro Internacional de Estudios Sociales configuró una experiencia inédita en el ambiente urbano de la capital, condicionado por la modernización. Implicó una peculiar forma de protagonismo intelectual por parte de sectores tradicionalmente excluidos de una reflexión socialmente legitimada. En su tribuna, antes qúe la significación de los grados académicos, se consagró el valor ético de la militancia C. Zubillaga, Lucha& populares y cultura alternativa en Uruguay 35 social. No fueron, en consecuencia, los "bachilleres" quienes hicieron en sus salones uso y abuso de la retórica, al compás de los últimos textos universitarios no siempre bien traducidos del francés; si hubo retórica (y en verdad la hubo) esta fue mucho más "ingenua", como propia de quienes hacían las primeras armas en el esfuerzo por comunicar ideales asumidos como verdades indiscutidas (y por lo mismo, como los únicos medios para "despertar a la sociedad adormecida" y conducirla por los senderos de una "redención" definitiva). Más allá de sus carencias (de sus debilidades ideológicas, de la excesiva confianza en el poder transformador de la palabra), la acción del Centro Internacional de Estudios Sociales marcó un estilo y señaló una conducta que no resultaron ajenos a la conformación del movimiento sindical ni al surgimiento de los "partidos de ideas", factores ambos que habrían de profundizar, en las décadas siguientes, los cauces de una acción unitaria. NOTAS l. Sobre el rol cumplido por esta entidad como grupo de presión, cfr. Jacob, Raúl, "Política -industrializadora y grupos de presión (1875-1898)", en Siglo XIX. Revista de Historia. No. l. Monterrey (México), enero-junio de 1986, pp. 146 ss. 2. Regules, Dardo, "Sobre la creación de la Facultad de Humanidades", en Anales de la Universidad. Entrega 155. Montevideo, 1945, p. 40. 3. Citado por Odoone, Juan y París, Blanca. La Universidad uruguaya desde el militarismo a la crisis (1885-1958). Montevideo, Departamento de Publicaciones de la Universidad de la República. 1972. tomo l, p. 12. 4. Zum Felde, Alhe~o, Proce$o intelectual del Uruguay. Crítica de su Literatura, tomo II. La Generación del Novecientos. Montevideo, Ediciones del Nuevo Mundo, 1967, p.17. 5. Ejemplo de est.a tendencia fue la tesis presentada en 1884 para optar al grado de Doctor en Jurisprudencia por José T. Piaggio, que versó sobre "El Socialismo y el trabajo a partir de los principios metodológicos de Spencer". 6. Acevedo, Eduardo, Economía Política y Finanzas. Extracto del Curso dictado en la Universidad. Montevideo, Imprenta El Siglo Ilustrado, 1903, pp. 39, 183184. �36 SigloXIX 7. Frugoni, Emilio, "Eduardo Acevedo, evocación de un maestro", en Gaceta de lo Universidad. Año VI. No. 2. Montevideo,junio-julio 1963. 8. Rodríguez, Federico (comp.), Doctrina Pontificia. lli. Documentos sociales. 2a. edición. Madrid, Bfülioteca de Autores Cristianos, MCMLXIV, pp. 196-197. 9. Círculo Católico de Obreros de Montevideo, Album de los Bocla4 de Oro. 18851935. Montevideo, 1936. 10. El Grito del Pueblo. Montevideo, 11 de noviembre de 1896 ("Aspiraciones del Partido Socialista"), 11. El Internacional. Montevideo, 12-5-1878 ("Un favor y un disfavor"). 12. La Lucha Obrera. Montevideo, 13-7-1884, p. l ("Nota"). n. Denominamos prensa obrerista a aquellos órganos periodísticos que respondían con su prédica a alguna corriente de pensamiento que perseguía la instauración de un proyecto social de cambio, sin que en todos los casos sus propulsores pertenecieran• claramente a los sectores asalariados y a sus organizaciones de clase. 14. Denominamos prensa obrera en cambio a aquellos órganos periodísticos publicados por organizaciones gremiales específicas. C. Zubillaga: Luchas populares y cultura alternativa en Uruguay 37 20. Rojo y Blanco. Montevideo, 18·8·1901, p. 137. 21. El texto de la invitación alud fa al motívo de la reunión: "Para protestar contra el Congreso clerical que en perjuicio de la clase trabajadora pretende imponerse por medio de la mistificación, arma de la que se han valido siempre los negros sayones de la Inquisición". (Tribuna Libertaria. Montevideo, 20-5-1900, p. 1). 22. El Amigo del Obrero. MonteVideo, 25-8-1901, p. 2 ("Los anarquistas"). 23. La confrontación del Centro Internacional de Estudios Sociales con el diario La Tribuna Popular tuvo ribetes de agresividad. En octubre de 1901 "varios so• cios del Centro Internacional" requirieron que el periódíco rectificara su insinua• ción de que afiliados a la institución anarquista intervenían "en las huelgas como agitadores interesados" que vivían a costa de los obreros. Ante el silencio de La Tribuna Popular y bajo la firma de más de quinientos adherentes al Centro lnter• nacional de Estudios Sociales (que encabezaban Edmundo Bianchi y Pascual Guaglianone), los anarquistas reiteraron su desafío en lenguaje de inequívoca provocación: "nosotros, que tenemos virilidad sobrada para poderle dispensar al· guna de limosna al que nos injuria rastreramente (...), volvemos a desafiar al tilingo y estulto redactorzuelo que (... ) ha escrito alevosa y vilmente, escudado en el anonimato(...)". El Trabajo. Montevideo, 25·10- 1901, p. 2; 31-10-1901, p. 1. 24. Tribuna Libertaria. Montevideo, 2a. quincena de agostoJ.900, p. 3. 15. Real de Azúa, Carlos, Ambiente espiritual del 900. Montevideo, Biblioteca del Autor Nacional, 1984, p. 25. 16. No deja de resultar significativo que el vocero anarquista El Obrero (de tenden• cia federacionista) formulara en 1905 la siguiente crítica a la orientación de los responsabl~ del Centro: "Los administradores del Centro Internacional, ultra· libertarios, por excelencia enemigos de los reglamentos, partidarios acérrimos de la libre iniciativa a parole se entiende, porque en los hechos son todo lo conúario,a no ser que por libre iniciativa se entienda reducirla a una cuestión determinada, como hacen ellos, que consideran a todo aquel que no comulgue en su capilla. antianarquista, como si la propaganda de una idea pudiera reducirse a un medio tan estrecho" (El Obrero. Montevideo, 10·9-1905, p. 3.). 17. Zum Felde, ob. y tomo cit., p. 28. 18. Alvaro Armando Vasseur (el primer crítico y difusor serio de Marx en Uruguay) precursor del P'artido Socialista, señaló en una ''nota autobiográfica" escrit; en 1955 Y dedicada al primer senador socialista, doctor José Pedro Cardoso • que tenía ''idea de que hasta ciertos domingos por la tarde se bailaba (en el Cen~ tro)". 19. El citado Vasseur fue una de esas raras excepciones. En una "memoria autobiográfica" de años posteriores, enfatizó al respecto: "Si bien nunca me permití concurrir a dicho Centro, por no haber sido nunca profesional teórico del 'anar· quismo' (...). sabía por diversos conocidos y amigos, cuán extraordinario era el pres~igio que había alcanzado en razón de la frecuencia y del interés social que suscitaban las conferencias doctrin_arias de tantos intelectuales extranjeros y las ~esoluciones huelguísticas de los líderes anárquicos" (Vasseur, A. A., Infancia y ¡uventud. Montevideo, Editorial Arca, 1969, p. 74). 25. El Trabajo. Montevideo, 5-11-1901, p. l. 26. El Trabajo. Montevideo, 5-11-1901, p. 2 ("Ciencia y vicio"). 21. El Trabajo. Montevideo, 21-11-1901, p. 1 (''El Círculo Internacional-Sigue la clausura"). 28. El Trabajo informaba en septiembre de 1901: "El Cúculo Internacional de estudios Sociales nos comunica que pone sus salones a disposición de todos los gtemios o sociedades que deseen celebrar reuniones (...)" (El Trabajo. Montevideo, 17-9-1901, p. 2. "El Círculo Internacional de Estudios Sociales-Ofrt. ciendo su local gratis a los obreros"). Por su parte, Rojo y Blanco ofrecía frecuente cobertura gráfica de las reunio• nes obreras celebradas en el Centro (véanse por ejemplo: 13·10-1901, p. 268. "La huelga de cigarreros. En el Centro Internacional"; 20-10-1901, p. 278, "La lucha obrera. En el Centro Internacional. Asistentes a las Conferencias. . ."). 29. Tribuna Libertaria. Montevideo, 7-1-1902, p. 2 ("1901. Balance general del movimiento obrero"). 30. Los gremios en conflicto a lo largo del año fueron los de fideeros, panaderos, obreros de la construcción del p_uerto de Montevideo, zapateros, conductores de carruajes, molineros, cerveceros, pelloneros, cigarreros, cartoneros, curtidores, alpargateros, horneros, tranviarios, herreros, peones de barraca (Cfr.: Zubi· llaga, Carlos y Balbis, Jorge, Historia del movimiento sindical uruguayo. Tomo I: Cronología y Fuentes (hasta 1905). Montevideo. Ediciones de la Banda Oriental, 1985, pp. 73/78). 31. El Trabajo. Montevideo, 2-11-1901, p. l. ("Movimiento obrero-Ecos de la huel- �38 SigloXIX ga de basureros"). 32. Un ejemplo claro de esta situación lo ofreció el caso del argentino Pascual Guaglianone, quien entre 1897 y 1902 desarrolló una intensa actividad en los medios asalariados de Montevideo como conferencista, orador y periodista, siendo objeto (en noviembre de 1901) de un atentado criminal cuyos autores nunca fueron identificados por la policía local. Retornó por entonces a Buenos Aires donde continuó hasta 1904 su labor agitativa, para pasar - como recordará alguna vez- "a trabajar seriamente", ingresando al Ministerio de Instrucción Pública y dedicándose a la docencia. En esta carrera culminó su actuación como Subinspector General de Enseñanza Secundaria y Profesor universitario en La Plata y Tucumán, alejado de "todas las locuras que se hacen antes de echar la muela del juicio" (según su propia confesión). 33. Et Derecho a la Vida. Montevideo, diciembre 1899, p. 2 ("La verdad en marcha"). 34. Cúneo, Dardo, Anotación a "Puertas adentro", en Sánchez, Florencio, Teatro Completo. Veinte piezas seguidas de otras páginas del autor compiladas y anotadas por Dardo Cúneo. 3a. edición. Buenos Aires, Ed. Claridad, 1964. 35. García Esteban, Femando, Vida de Florencio Sánchez. Con cartas inéditas del insigne dramaturgo. Santiago de Chile, Ediciones Ercilla, 1939, p. 72. 36. La Razón. Montevideo, 2-12-1920 ("Autores uruguayos"."Creo que daremos al mundo - dice el señor Edmundo Bianchi- nuestra gran cooperación artística"). 37. Fueron ellos: El Derecho a la Vida (1898-1900), La .Aurora (1899-1900), El Amigo del pueblo (1899-1900), El Libertario (1900), Tribuna Libertaria (19001902), Et Trabajo (1901-1902). La Rebelión (1901-1903), Vida Nueva (1902), Tiempos Nuevos (1903), Futuro (1904-1905), El Combate (1905). 38. En 1900 dio a las prensas el trabajo de Kropotkin La anarquía en la evolución socialista. 39. La Rebelión. Montevideo, 12-10-1902, pp. 23 ("Manifestación pro-Zola"). 40. Pro-Zola. Número único. Montevideo, editado por el Centro Internacional de Estudios Sociales (1902) (18 pp.). 41. Elueo Reclus. Homenaje. Montevideo, 1905 (original conservado en el lnternational instituut voor Sociale . Gechiedenis - Amsterdam ). 42. lbidem, pp.14/ 15. 43. Sánchez, Teatro Completo. ..• cit., pp. 503/504 (Cartas de un flojo. ll. No creo en ustedes). 44. Et Trabajo. Montevideo, 16-9-1901,p. 2. 45 . Diario Nuevo. Montevideo, 28-1-1905, p. 2. 46. De este mitin, que convocó a más de 4 000 personas, participaron los dirigentes C. Zubillaga: Luchas populares y cultura alternativa en Uruguay 39 argentinos Alfonso Grijalbo (anarquista) y Alfredo Palacios (socialista) (El Obrero. Montevideo, 11-3-1905, p. l). 47. Caras y Caretas. Buenos Aires, 15-5-1909. 48. Caras y caretas. Buenos Aires 23-10-1909. �Condiciones de la Vida Material de los Sectores Populares en Buenos Aires, 1880-1914 Leandro Gutiérrez* El siguiente trabajo tiene como propósito describir y analizar algunos aspectos de la vida material de los sectores populares en la ciudad de Buenos Aires en los años que median entre 1880 y 1914. En Buenos Aires, como en otras ciudades latinoamericanas, estos fueron años de profundas transformaciones en la sociedad en su conjunto y en los sectores populares en particular: fueron adquiriendo una dimensión antes desconocida y s.e fueron conformando sus actitudes y modalidades. No obstante su relevancia, este acontecer histórico no recibió, hasta hace pocos afios, un tratamiento equivalente entre los historiadores profesionales, que se orientaron más bien a efectuar la historia de gobiernos y gobernantes antes que la de la sociedad. Sin embargo, desde otros campos del quehacer intelectual surgieron libros, folletos y diversos tipos de publicaciones que sí tuvieron a algunas fracciones de los sectores populares como sujeto de sus análisis. Existen algunos trabajos paradigmáticos ~e marcaron ciertas orientaciones en obras posteriores- de los que conviene reseñar brevemente sus características para estimar sus logros y limitaciones. En nuestro caso, y para el período que nos ocupa, son fundamental- *Programa de Estudios de Historia Económica y Social Americana (PEHESA) y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Aigentina. Una versión inicial de este trabajo fue incluida en Revista de Indias, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espafia), vol. XLI, 163-164, enero-junio de 1981. �42 SigloX/X mente tres los textos que reúnen esas características.1 En primer lugar, cada wto de ellos es producto dpl trabajo de dirigentes sindicales de los distintos signos ideológicos (anarquismo, socialismo y sindicalismo) que dominaron la escena en esos años formativos. Constituyen cada uno un ferviente alegato en favor de sus posiciones, a la vez que una fuente de información de singular valor. No obstante esta fuerte diferencia, tanto las fuentes utilizadas como las dimensiones recorridas son comwtes. Las fuentes son los periódicos y actas de los congresos de diferentes organizaciones aunque, naturalmente, interpretados de manera distinta según cada autor. En cuanto a las dimensiones analizadas, todos se ocupan casi exclusivamente de la organización sindical, las ideologías dominantes y la acción de protesta. Cabe señalar que estas orientaciones establecieron una cierta tradición en los estudios posteriores: aún hoy historiadores y sociólogos profesionales continúan por esos caminos iniciales, aunque profundizando la información y aportando algunos nuevos conocimientos. Pero para nuestros efectos la reseña efectuada tiene por objeto remarcar que importantes aspectos de la historia de los sectores populares no fueron atendidos por esos textos y, tampoco, por quienes siguieron sus lineamientos. Las condiciones de la vida material fue uno de ellos. Esta particularidad parece compartirla nuestra historia con lo acontecido en otros contextos. Eulalia María Lahmeyer Lobo sefiala idénticas situaciones para el caso brasileño cuando afirma: Estos enfoques dejaron de lado aspectos ·fundamentales, tales como las condiciones de vida en general de la clase obrera y, en particular, en la fábrica, las peculiaridades de la clase obrera en función del proceso de transición de la artesanía hacia la manufactura y de ésta hacia la industria, y perjudicaron el hallazgo de un método más adecuado de mvestigación.2 Las disgresiones precedentes tuvieron por objeto fundamental mostrar wta de las causas de la legitimidad de emprender una investigación tendiente a esclarecer las singularidades de las condiciones de la vida material de los sectores populares, y tratar de hallarles alguna explicación. Pero, además de las carencias bibliograficas, existen otras de carácter más teórico que incrementan tal legitimidad. En primer término, los estudios sobre organización, ideoJogía y acción toman a los trabajadores instalados en su lugar de producción: espacio sin duda relevante para comprender su constitución como tales pero L. Gutiérrez: Condicione, de vida populares en B. Airea 43 que deja al margen el lugar del consumo, donde también se articulan y estrechan componentes de tal constitución. Particularmente en contextos como Buenos Aires, donde por las características del mundo del trabajo ~ comparten más experiencias fuera del lugar de trabajo que en su propio ~no. Este conjunto de experiencias compartidas se trasmutará en el proceso histórico en atributos de la cultura popular que permitirán a estos sectores, al mismo tiempo, identificarse y diferenciarse del resto del conjunto social. El conjunto de problemas que encierra el tema es muy amplio y alcanza desde algunos inmateriales y de muy difícil medición hasta otros más claramente definidos,3 que indudablemente le corresponden. Los tratados en este artículo corresponden a este último grupo: habitación y vivienda son sin duda aspectos centrales de las condiciones de vida de los sectores populares, particularmente en context~s de rápida urbanización. Estas dos dimensiones procurarán ser analizadas con una proyección más extensa que lo simplemente cuantitativo y, con ello, resolver el problema planteado por la vertiente de la historiografía que se detuvo particularmente en el análisis de los nive]es de vida obviando el problema de su cali- dad. En este sentido resulta de interés conocer los lineamientos de la discusión surgida en tomo al pr'oblema de los niveles de vida de las clases trabajadoras inglesas a comienzos de la Revolución Industrial. La diferenciación existente entre ambas corrientes se tradujo o provenía del uso de determinadas fuentes y métodos de investigación. Así, quienes estudiaban fundamentalmente el nivel de vida emplearon el salario real como el indicador más apropiado. Este indicador merece sm embargo algunas objeciones provenientes del mismo campo de los economistas que Taylor resume: 1) conciernen básicamente a los salarios y no a los ahorros; 2) no dicen nada acerca del desempleo; 3) no toman en cuenta los cambios en la distribución de ocupaciones dentro de la economía; 4) no permiten ver las continuas variaciones en las necesidades y carencias como lo que se expresa a través de los presupuestos familiares. Por otro lado, quienes se inclinan más por estudiar la calidad de la vida convienen en señalar que "se da el caso -el fenómeno es perfectamente posible- de que las medias estadísticas y las experiencias humanas lleven direcciones opuestas".4 �44 SigloXIX El Buenos Aires de los años bajo estudio ofrece un estimulante campo de análisis de esa divergencia. Aún aceptando totahnente el crecimiento de los salarios reales, como lo demuestra para ciertos conjuntos de trabajadores quizá la única investigación realizada con esta perspectiva,5 las condiciones de habitación, salud y alimentaciór{, la incertidumbre laboral y los trastornos y frustraciones de numerosos inmigrantes desesperanzados parecen haber sustraído parte de las ventajas posibles de obtener con mayores recursos monetarios. La pieza de conventillo* ~e habrían podido pagar no sólo confinaba a los trabajadores arribados a Buenos Aires a un clima de insalubridad y hacinamiento semejante quizá al que dejaban atrás, sino que también los obligaba a reestructurar relaciones familiares y crear, no siempre con éxito, nuevos sistemas de solidaridad. Algunos problemas semejantes podrían plantearse en el campo de la alimentación. No parece suficiente demostrar que se podían adquirir alimentos sino también preguntarse por su calidad cuando, en parte por problemas derivados del mismo crecimiento urbano, su adulteración era un hecho frecuente. Y la elaboración afinada de esos alimentos era imposible por las características de la vivienda y el pobre instrumental doméstico existente. Finalmente es preciso indicar que las fuentes utilizables no son muy abundantes, aunque tampoco escasas. Existen presupuestos familiares tp1e no son muy frecuentes y que merecen un análisis minucioso. Hay informaciones de periódicos y ensayos parciales sobre algunos temas conexos; y las tesis universitarias referidas a las condiciones de los sectores populares y a problemas de consumo de bienes básicos para mejorar la vida, son abundantes y utilizables. De cualquier manera, el tratamiento de la cuestión exige gran versatilidad en el empleo de fuentes puesto que, como afinna Kula, el sistema de consumo se halla ligado a todos los elementos de la vida social. Necesita ser analizado en su más amplio contexto y sobre la base de fuentes documentales más diversas. No es posible abandonar la tarea cuando no existan presupuestos familiares o datos cuantitativos. Los ritos populares, los proverbios, las diversas metáforas, etc. : . todo ello es susceptible de abrimos camino hacia el examen de unos problemas humanos trascendentales.6 *Nota del Editor: véase la definición de conventillo brindada por el autor y la descripción de Eduardo Wílde en el apartado dedicado a vivienda. L. Gutiérrez: Condiciones de vida populares en B. Air.es 45 BUENOS AIRES ENTRE 1880 Y 1914 La República Argentina inició hacia 1880 ~ pro~ que hab~a de concluir con su incorporación plena a la econom1a mundial como pais p~o~uctor de alimentos. Fue una inserción dependiente a un mercado capitalista desarrollado facilitada por agentes externos, capitales y mano de obra, e internos, como la disponibilidad de tierra abundante para la expansión de las actividades agropecuarias productoras de bienes exportables. Entre 1880 y 1914 el crecimiento de la población, el intercambio comercial y la renta por habitante fueron notables. Junto al desarrollo de las exportaciones fue reordenándose la estructura pr~uctiv~ interna en fa_vor de rubros más modernos que los cueros, lanas sucias, tasaJO y otros art1culos de escasa elaboración, que constituían las anteriores listas de productos negociados con el exterior. Las importaciones también aumentaron en estos años. Su composición incluía el capital y materias primas para manufacturas locales. Las inversiones externas, particulannente británicas, se volcaron, en una primera etapa, hacia los préstamos al gobierno bajo_~ersas formas. Luego de la retracción de inversiones siguiente a la c ~ de 1890 se reiniciaron en los primeros años del siglo XX con una nueva onentació~: ferrocarriles, compañías de tierras, bancos y frigoríficos fueron, a partir de entonces, quienes se beneficiaron. El crecimiento de la población fue acelerado y basado en la incorporación de migrantes europeos, especialmente italianos y españoles. El total de habitantes pasó de 1 836 490 en 1869 a 3 955 060 en 1895 y 7 ~5 237 en 1914. La expansión territorial constituyó el factor interno que, J?nto a los señalados, permitió la incorporación del país al mercado mun~al. La conquista y ocupación de tierras inexplotadas modificaron sustantivamente la extensión de las áreas cultivadas.7 Así como factores internos y externos contribuyeron a la expansión final resultante, agentes de igual carácter influyeron para que _en su proceso se registraran etapas diferentes de distinto signo. Para el periodo que estudiamos se encuentran por lo menos tres: a) La década de 1880 hasta la crisis de 1890, durante la cual ~ubo u~ elevado saldo inmigratorio positivo, crecimiento del comercio extenor Y de las inversiones de capital británico en la Argentina. �46 SigloXIX /,. Gutiérrez: Condiciones de vida populares en B. Aires b) Desde la crisis de 1890 hasta los primeros a.fios del siglo XX, en que e) ritmo de ingresos de migrantes externos disminuyó y se interrumpió el flujo de capitales. c) A partir de los primeros a.fios de la centuria y hasta 1913, en que se retoma la expansión de la inmigración, con afluencia de capitales y de inversiones en infraestructura. El carácter exportador del modelo económico trajo como consecuencia el crecimiento rápido de la ciudad de Buenos Aires: lugar de embarque de los productos y de arribo de la mano de obra, se instaló en ella una parte considerable de la población y de la red de comercialización. Es preciso agregar que su carácter de capital y centro administrativo del país. contribuyó a tal crecimiento, al tiempo que la necesidad de procesar, por lo menos en parte, algunos de los productos exportables y el auge de la demanda urbana misma, decidieron la instalación de establecimientos de transformación de cierta magnitud y una considerable cantidad de pequeños talleres manufactureros. CRECIMIENTO DE LA POBLACION Y LA OCUPACION (1869-1914) 1869 .•....... 1887 ......... 1895 ......... 1904 ...... .•. 1909 ........• 1914 ......... 1 Población P.oblación total ocupada Argentinos ºlo Extranjero@ º/o 177 787 433 375 663 854 950 891 1 231 698 1 575 814 98 723 203 272 54 607 26.9 305 124 84 500 27.7 406 681 141 443 34.7 641944 254 019 39.6 792 361 279 678 35.3 La incorporación de nuevos espacios modificó el tamaño del radio urbano donde, además, se realizaron diversas obras de mejoramiento. Las distancias interurbanas se acortaron con la instalación progresiva de vías de tranvías que dibujaron una apretada malla. Naturalmente, el crecimiento de la población total resultó acelerado y, simultáneamente, se e~p~dió la ocupada. El cuadro I permite apreciar una y otra cosa como, asmusmo, la participación de los extranjeros. Una información más desagregada de esta población empleada puede verse en el cuadro II. Muestra, en primer lugar, el mantenimiento, en l~eas generales, de una cierta distribución de las ocupaciones d~nde_ predo~an las actividades de servicios, junto a otras con denommac1ones mas o menos estereotipadas que no permiten una clara diferenciación en ténninos de relaciones de producción. Es decir, no sabemos cuantos de ellos son trabajadores dependientes con relación salarial definida, y cuántos especi~listas con algún grado de autonomía. De cualquier manera, para los prop~ sitos de la investigación, esta diferenciación no parece ser un dato decididamente significativo: ambos conjuntos forman parte sin duda de los sectores populares, cuyas condiciones materiales constituyen el objetivo de la investigación. LA VIVIENDA CUADRO 1 Afio 47 148 665 220 634 265 538 387 925 512 683 73.1 72.3 65.3 60.4 64.7 FUENTES: Censos Nacionales de 1869, 1895 y 1914. Censos Municipales de 1887, 1904 y 1910. Scobie, Buenos Aires, del centro a los barrios, 1870-191 O, citado. Las condiciones de habitación de los sectores populares en el período 8 estudiado pueden dividirse, como lo ha hecho Yujnovsky, en dos etapas definidas: la) 1880-1900, cuando predomina el conventillo; 2a) 19001914, en que el conventillo se reduce parcialmente y se difunde el asentamiento periférico. Los conventillos eran viviendas colectivas donde alquilaban habitaciones los trabajadores. Las mismas se caracterizaron por sus condiciones de habitabilidad deficientes en extremo, por la ~arencia usual de un número de baños suficiente, carencia de cocinas, aire e iluminación poco adecuados, etc. Los testimonios de contemporáneos son probablemente los aportes más precisos para su conocimiento. Algunos de ellos provienen de destacados hombres públicos que, sensibles a lo crítico de la situación, emprendieron campañas para su mejoramiento. Eduardo Wilde, por ejemplo, describía en 1893: No trataremos de las casas de las personas bien acomodadas o que tienen una mediana posición; hablemos de lo que son las casas de inquilinato para los pobres. �48 Siglo XIX L. Gutié"ez: Condiciones de vida populares en B. Aires l- r .! .... ª .st -°'""........ l- < ~ i::i... ;::> ::::: o fs 23 ~ u o z - o ~ H i:Xl oi::i... l- :¡ < o U) ~ o ft !:: N : !o - :.. .." .. .. o .; .... .,, .. - .. : - .. ..; g ! .. .,, .. .... ..; ~ ó ~ .. ~ ~ ~ .; o o N ~ - :¡ :J r N r ó .; ,¡ N } .; 8 N ft o - ~ i ;: :! :; 2 ó t 2 2 l- :l .; .! i o ft .,o t.! ::.. 8 : ó : ::, ft ó o ..~ .. ~ ..: ~ e ,; r ª "r "' ~ ~ .; i N .. ~ ~ ~ o :J ..: o ~ .; ¡;; ~ ~ ..; N ~ ~ "' N ~ N :! N ~ .; N ~ ó .. .. .. .. .. .... .... .. ! i .. .. .. :e . .. .. .. .. .. . .. ... ... .. ~ .. .. .. .. - .. .. .. .. l: - =: - : . ª i.! =J ..l :l.. :: ..~ . !:.. i- .. .. .. :.. :! : :! ., :! l! .. .. - .. ... .... .... .... ! µ:¡ i::i:: N ~ U) - N ! l i. .s d.· '° ....co .._, ~ .; N o o ~ ft - ~ - ó ~ o ..... ; ft N ó ~ ~ ~ :! .; r ; o ,,; ~ .... .. ... ... ...... . .. .. ;; .. ~ ft ~ o :l ~ o ~ N ~ .. :; ..:: .... .. :;:.. " o ~ o o :!: o i ; .; ; - .. .. .... .... .... o g: .. :? o N N .; N .; .. ..~ l.. .. N .. ª?: .... ~ ft o q ~ N N .. N z .!! •¡¡ i:Xl 8 .;¡ . t ~ 1 o ~ i < i 5 ¡¡ t i.g " j ¡f I l 2 u ! ~ f 3 i ] g tl I ! ~ o. En est.as condiciones vivía una cantidad de personas cuya magnitud fue considerable como puede observarse en el cuadro III. g µ:¡ ;::> No sé si todos las conocen. Yo, por mi profesión, me veo obligado muchísimas veces a penetrar en ellas, y tengo ocasión de observar lo que allí pasa. Un cuarto de conventillo, como se llaman esas casas ómnibus, que albergan desde el pordiosero hasta el pequeño industrial, tiene una puerta al patio y una ventana, cuando más; es una pieza cuadrada de cuatro metros por costado, y sirve para todo lo siguientes: es la alcoba del marido, de la mujer y de la cría, como dicen ellos en su lenguaje expresivo; la cría son cinco o seis chicos debidamente sucios; es comedor, cocina, despensa, patio para que jueguen los niños, sitio donde se depositan los excrementos, a lo menos temporalmente, depósito de basura, almacén de ropa sucia y limpia si la hay, morada del perro y del gato, depósito de agua, almacén de comestibles, sitio donde arde de noche un candil, una vela o una lámpara; en fin, cada cuarto de éstos es un pandemónium donde respiran, contra las prescripciones higiénicas, contra las leyes del sentido común y del buen gusto y hasta contra las exigencias del organismo mismo, cuatro, cinco o más personas. De manera que si hubiera hecho algo con el propósito de contrariar todos los preceptos higiénicos, al hacer un conventillo, no se habría acertado mejor.9 o ¡ ~ 49 {! •1 Naturalmente estos indicadores resumen situaciones de diferente orden. En efecto , la distribución de los conventillos fue desigual dentro de la ciudad: se nucleaban más en algunas secciones que en otras, como lo informan tanto los datos censales como las fuentes cualitativas. 10 . El mayor número de conventillos por extensión se registró en las áreas centrales de la ciudad donde, como lo señala el comentarista del censo municipal de 1887, se concentraban las fuentes de ocupación de los habitantes de los . . 11 mismos. También se registraban diferencias en lo relacionado al porcent.aje de población habitante de los inquilinatos respecto del total de la población. Existieron barrios do~de la población habitante de los mismos llegaba al 40%, como por ejemplo La Boca. Los del centro de la ciudad, por la razón anteriormente apuntada, agrupaban una porción considerahle de la población, entre un tercio y un cuarto, en estas deterioradas viviendas. Durante el subperíodo 1880-1900 los barrios más alejados, como Belgrano y Flores, casi no contaban con este tipo de viviendas. �50 SigloXIX L. Gutiérrez: Condicione, de vida populares en B. Aires 51 El promedio de personas por cuarto para toda la ciudad escondía asimismo realidades diferentes. Ciertamente muchos albergaban sólo a un matrimonio con sus hijos o un número de personas cercano al promedio. Pero eran numerosos los casos, como los que da noticias Scobie, donde la aglomeración era sensiblemente mayor al promedio. En efecto, cuartos de conventillos donde vivían ocho o más personas no eran infrecuentes. Así, por ejemplo: cor,.,a ~~~ NNN '° l "10! l d? 1 1 ~~~~~~ , ~~~ J NC,.,NNNN coori NN N o:)O)~ OlO O NNd') N'"1' (11!) Ct)~O) El conventillo de la calle Salta 807 tiene ocho piezas habitadas por 48 personas. En el cuarto número 5, de 5 varas por 6, dormía un matrimonio, una niña de quince años y seis hombres. En la pieza número 2, de 5 por 5, dormía una mujer, cuyo marido estaba en el lazareto, y cinco hombres más. Dos cocinas albergaban once hombres y la pieza número 7 a seis hombres más. Algunos años después, en una sorpresiva visita nocturna a los conventillos de La Boca, el jefe de servicio de salud pública encontró habitaciones en las cuales dormían doce personas. 12 1111 ~~ ot'lct> ail.00 1 e,;...: 1 O') 1 1 co-"lt r-:oóo .... ..,.N º"° 1 °'oó 1 1 \Oia 1 NN - CUADRO IV ON...,,q'Ol')IQ..,.CNQ)ct> CONVENTILLOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD (1887-1904) ;,:~~~~~;~~~g:~~~ ,-,.Oc,,,r,,..oct)N~..,.c,., ...,....._c,,ococor,..-Olo CIOCOCIOOO~ .... c-,c,,c,,Nc-tNcn-C'lol ON-Olr,.\OCOOl"ltOO ---NN-NNNc..-----NN Año i ~ i j ~ ~ i ~ ~ f--- ------ .f ----------------- Ij ~g;t::;;~~~:i: ~ •oooooocooocococococo -. ~ .... ,() Total total conven- conventillos tillos ;t:i:::~g:~;;:~~a::ini:~o1 :IOCOCIOGOOOCIOCOCIOCOCOCIOCOCOCOCOOI~ 0 Número de habitantes en conventillos /o Total población en el centro º/o Total población en conven tillos 188 7 (distritos Hi) 877 30.9 35 277 32.5 30.3 1904 (distritos 13-14) 647 26.3 34.790 26.8 25.2 ::, ~ FUENTE: Scobie, citado, cuadro 5. �52 Siglo XIX También respecto a las características de la construcción de las casas convertidas en conventillos el dato global oculta diferencias. En los barrios centrales lo predominante lo constituían las casas de material de construcción antiguas, a muchas de las cuales se les habían agregado instalaciones más precarias con el objeto de obtener mayores beneficios con su arrendamiento. En otras secciones de la ciudad, especialmente en el barrio de La Boca, lo dominante eran las construcciones de chapa y madera sin mejoras atenuantes del frío o el calor. Las diferencias apuntadas no anulan las semejanzas, vale decir lo que era común a todas estas viviendas. En primer término, las nacionalidades dominantes. No es extraño que en una ciudad que creció por la incorporación de trabajadores inmigrantes, el grueso de la población habitante de estas barracas, además de trabajadores, fuesen extranjeros. En el año 1887 la proporción de extranjeros inquilinos para toda la ciudad era del 66%.13 En verdad, aunque se hallasen casas donde una nacionalidad prevalecía, en la mayoría de ellas la plurinacionalidad se reiteraba. Luego, las condiciones de habitabilidad. Las casas construidas o adaptadas para conventillos carecían en mayor o menor medida de elementos necesarios para una vida confortable. Los extremos de aquella casa con 300 habitantes, con sólo seis llaves de agua, dos baños - que los menores de diez a catorce años no podían usar- y tres mecheros de gas para alumbrar todo el edificio, parecen poco corrientes. 14 Sin embargo, fue característico que sólo tuvieseil una puerta como única comunicación al exterior y logar de entrada de aire y luz. La falta de duchas, canillas y baños fue constante a pesar de las disposiciones municipales reglamentarias. 15 La preparación de las comidas se realizaba habitualmente en braseros de carbón colocados a la entrada de las habitaciones, ya que las piezas no poseían cocinas individuales ni el conventillo las tenía comunes. El equipamiento doméstico era por demás escaso probablemente porque los ingresos no eran suficientes para mejorarlo pero, además, porque el tamaño de las habitaciones no lo permitía. El espacio en ellas estaba ocupado fundamentalmente por personas. El activo en moblaje lo formaban habitualmente una cama, una mesa, alguna silla, a veces un lavatorio, aunque generalmente el aseo personal se efectuaba fuera de la habitación, en algún recipiente sencillo. Estaban también los que los contemporáneos llamaban "los efectos morales" derivados de la convivencia en un único ambiente de L. Gutiérrez: Condiciones de vida populares en B. Aires 53 matrimonios con hijos de diferente sexo y edades, de adultos no emparentados con menores y adolescentes. El hacinamiento y las malas condiciones de habitabilidad de los edificios hicieron de la vivienda popular un foco de generación y difusión de enfermedades infecciosas, epidémicas y otras relacionadas con las carencias que apuntamos. Médicos preocupados por la higiene pública, funcionarios de la administración, estudiosos, dirigentes de organizaciones populares diarios del origen más variado y otras fuentes dan cuenta de este fe, · • 16 nómeno que no es menos grave por ser conocido. El rápido crecimiento de la población y el no igualmente rápido de la vivienda provocaron el hacinamiento. El costo de la vivienda tuvo significativa incidencia en los gastos de la familia trabajadora. Las estimaciones de los contemporáneos, aceptadas posteriormente, lo ubican entre el 20% y el 30% del gasto total. Cortés Conde obtiene un 22% promediando presupuestos de diferentes años entre 1897 y 1918.17 Asimismo el costo del alquiler consumía una parte importante del salario. Esta participación tendió a crecer en la década de 18801890. Posteriormente, en la siguiente, podría haber descendido en términos nominales. "Sin embargo, el dato para 1896 indicaría que se habría · ºdenc1a · sobre el salario . " . 18 mantenido o incluso aumentado la mc1 El crecimiento notable del número de conventillos ocurrió entre 1880 y 1890, disminuyendo luego para alcanzar los anteriores niveles nuevamente en 1904. El movimiento está estrechamente vinculado a las fluctuaciones en el saldo inmigratorio y a los ciclos de la economía en su conjunto. De cualquier manera, en la última etapa las condiciones de la vivienda mejoraron no tanto porque los edificios donde se agrupaban los trabajadores hubieran cambiado sustancialmente, sino porque la difusión del servicio de aguas corrientes, cloacas, recolección de desperdicios y otros mejoraron la higiene pública, particularmente en los barrios céntricos de concentración de la vivienda popular. En los años que siguieron a 1900, hasta 1914, hubo cambios que permiten diferenciarlos del anterior período. En primer lugar se redujo el porcentaje de ocupantes de los conventillos sobre el total de la población. Por otro lado, un conjunto de circunstancias favorecieron la descentraliza- �54 SigloXIX ción de la población y la adquisición de lotes de tierra urbana, donde luego _se construiría, o de casas construidas por parte de los trabajadores que meJoraron de esta manera sus condiciones de vivienda. Los conventillos continuaron existiendo en el centro de la ciudad. El proceso de traslado de la población basado en la adquisición de la propiedad de lotes de tierras periféricas fue posibilitado por algunas circunstancias concurrentes: a) electrificación de la red tranviaria que acortó las distanc~as entre los barrios alejados y los lugares de trabajo, y abaratamiento de las tarifas del transporte por ese medio; b) incorporación al mercado de tierra urbana que, fraccionada, se ofrecía a precios accesibles Y con facilidades de pago; c) nuevo ciclo de auge de la economía nacional con cierta estabilidad monetaria. Durante estos años, hasta 1910 aproximadamente,19 " ... la adquisición de un pequeño lote y de una casa modesta estuvieron al alcance del obrero especializado, del artesano o del empleado de Buenos Aires".20 Esta situación, al desagregarse, muestra que " . . . han quedado en los conventillos las capas de población de menores recursos, sin ingresos suficientes para el acceso a -la propiedad inmobiliaria",21 y que eran los italianos los mayores adquirentes en el anillo periférico. No parece haber duda que en esta etapa hubo una modificación favorable en la cuestión vivienda de los sectores populares. De cualquier forma, persistieron algunos problemas relacionados con el tipo de servicios colectivos ejecutados usualmente por alguna instancia del Estado. Muchos de los terrenos en que se asentaban las nuevas viviendas eran anegadizos, sin obras que resolvieran el drenaje de las aguas. Tampoco le alcanzaban las extensiones de agua corriente ni los servicios cloacales.22 Allí los problemas de morbilidad consecuentes con el conventillo habían desaparecido en lo que hace a la propagación, ya que el hacinamiento difusor de enfermedades cedió terreno con la vivienda aislada. Lo que, en cambio, no se solucionó fue la persistencia de enfermedades infecciosas y gastrointestinales derivadas, sobre todo, de la utilización de aguas con~inadas, provenientes de pozos cercanos a sumideros o de las compradas a aguadores sin condiciones de higienización suficiente. Otro problema preocupaba por lo menos a los inspectores del Depar- L. Gutiérre~: Condicione, de vida popularu en B. Aire, 55 tamento Nacional del Trabajo y seguramente también a los sectores populares: el tamaño de la vivienda. En la vivienda del obrero inglés -decía el Boletín del Departamento Nacional del Trabajo- predomina el tipo de 4 y 5 piezas, en el alemán de 3 piezas y en la del francés 2. Entre nosotros la vivienda de una pieza predomina con 70 por 100, alcanzan las de 2 piezas a 24 por 100 escaso y el tipo de tres y más piezas, que numéricamente da el 6 por 100, es en realidad parir el obrero desconocido.23 Todavía en 1919 la mitad de las familias obreras vivía en una pieza y el 38% en dos.24 No hay ninguna duda de que el crecimiento de la población y, consecuentemente de la demanda de vivienda, abrió la posibilidad de obtener grandes beneficios a los propietarios urbanos. Esta posibilidad estuvo favorecida por la acción del Estado, que no intervino en el funcionamiento del mercado de vivienda.25 Los poderes públicos, nacionales o municipales, se abstuvieron de iniciar cualquier acción significativa tendiente a mejorar la situación habitacional de los sectores populares. Es cierto que hubo algiinos intentos provenientes en primer lugar de los poderes municipales,26 pero o sólo fueron iniciativas o tuvieron poca extensión sea en cuanto al número de viviendas construidas como a los grupos que pudieron favorecerse con ellas. El análisis de la política estatal ha demostrado que la ideología liberal dominante fue la que orientó su no participación en el mercado de vivienda, dejado, en consecuencia, libre para la acción de la actividad privada (favorecida y estimulada a su vez por diversos mecanismos). Si bien el Estado no mostró preocupaciones por solucionar la vivienda del trabajador, sí las tuvo por los problemas que la mala vivienda podía ocasionar al conjunto de los sectores sociales. Esto determinó que se dictasen nonnas municipales tendientes a disminuir en lo posible, y sin afectar los mecanismos del mercado, los perjuicios de las viviendas insalubres: la mayor parte estuvo orientada contra la proliferación de gérmenes e insectos portadores, y se originó y reactivó en períodos epidémicos. Otras disposiciones eran más puntuales y obligaban a denuncíar los casos de enfermedades cuya propagación era incontenible si no se procedía a un rápido aislamiento del afectado. La viruela mereció especial atención en este sentido. Todas estas disposiciones fueron frecuentemente eludidas. Periódicos �56 Siglo XIX L. Gutiérrez: Condiciones de vida populares en B. Aires 57 e instituciones daban cuenta frecuente de ello y de los mecanismos con los que se eludían las posibles infracciolies y las sanciones de la autoridad de aplicación. En última instancia, el medio que el Estado empleaba para proteger la salud pública amenazada por estas viviendas y sus habitantes era su desalojo. Casi a diario los periódicos y otras fuentes informaban sobre estas acciones.27 Pero al margen de la efectividad que se haya observado en el cumplimiento de las ordenanzas, importa señalar que siendo el cuidado de la higiene pública su principal objetivo, poco se cuidaba la situación de los habitantes de las casas desalojadas. La fuerza era el instrumento empleado frecuentemente contra inquilinos de viviendas cuyos propietarios no realizaban las mejoras obligadas, simplemente porque usaban intensivamente su capitaI.28 dieron construir allí su vivienda, en medio de un ciclo de auge de la ec9nomía y de estabilidad monetaria que permitió la adquisición y construcción financiada. Esto pudo haber significado un mejoramiento en las condiciones de la vivienda popular a pesar de no alcanzarles las obras de mejoramiento urbano y sanitario. También habría representado un proceso de diferenciación al interior de los sectores populares, donde los nuevos propietarios se distingu Ían de los que nada poseían. Estos últimos continuaron viviendo en los hacinamientos de los antiguos barrios que, sin embargo, habían mejorado relativamente con la extensión de los servicios de aguas corrientes, cloacas, pavimentos, barrido de calles, etc., aunque no en todas las zonas por igual, dado que algunas, como La Boca, no perdieron sus carencias. Por otro lado, mientras la oferta de viviendas no crecía al ritmo de la demanda, y la casa Ómnibus, con gran concentración de población, era la alternativa habitacional (por el costo del alquiler) para los sectores populares, los desalojos no conseguían otra coas que desplazar el hacinamiento de un lugar a otro, con lo cual el propósito de mejorar las condiciones de higiene pública volvía a quedar insatisfecho. Esta paradoja, ya señalada por los contemporáneos, ha sido retomada por los estudiosos actuales.29 Algo, con todo, se mantuvo inalterable y fue el costo de la vivienda. "El alquiler en la Capital Federal -decía el Boletín del Departamento Nacional del Trabajo en 1912- es mucho más elevado que en otras partes del mundo y pesa mucho más sobre el inquilino que en los países europeos y más que en las ciudades norteamericanas ".30 Para los que habían adquirido ai parcela el precio de las cuotas pesaba de igual manera y los obligaba a serias restricciones en otras áreas del consumo. En síntesis, el rápido crecimiento de la población de Buenos Aires durante los treinta años recorridos no fue acompañado por un proceso semejante en el parque de vivienda. Consecuentemente, viejos edificios y, en medida mucho menor, otr.os construidos al efecto, constituyeron la habitación de los sectores populares. En ellos se agruparon en condiciones deficitarias: al elevado número de personas por habitación se agregó la insuficiencia de instalaciones confortables dentro (falta de baños, cocinas y llaves de agua) y fuera (cloacas, pavim.entos, drenajes, etc.) de la casa. Los poderes públicos nada hicieron por mejorar la situación de la vivienda de los trabajadores en los conventillos. Se ocuparon, sí, de los aspectos en que la mala vivienda se vinculaba con la higiene pública. El éxito de esta preocupación estuvo limitado fundamentalmente por la paradoja señalada. Estas condiciones, sin embargo, no fueron iguales a lo largo de todo el período. En los últimos diez años, particularmente, hubo una expansión hacia los suburbios basada en la adquisición de la propiedad privada de tierra urbana en lotes que fueron reduciendo su tamaño. Los trabajadores que participaron en este proceso, los de mejores y más estables ingresos, pu- A pesar de estas circunstancias adversas, son escasos los hechos colectivos en relación al problema de la vivienda. Un movimiento de protesta de alguna magnitud tuvo lugar con la " huelga de inquilinos" de 1907 que, si bien se extendió por la ciudad y tuvo repercusión amplia y aún reconocimiento de su justeza por parte de agentes del Estado, no pudo provocar modificaciones definitivas en lo que constituían sus demandas. 31 Ciertamente, a partir de entonces los partidos políticos más sensibilizados con las preocupaciones populares propiciaron cambios en las políticas públicas Y privadas respecto de la vivienda; poco es lo que se obtuvo, sin embargo, salvo la definición más explícita de parte de los sectores dominantes en favor de la no intervención del Estado en la materia.32 Los sectores populares, por último, tampoco organizaron instituciones destinadas a solucionar colectiva y autónomamente el problema. El único conocido y exitoso, una cooperativa de crédito, requería para poder utilizar sus ventajas la posesión de un cierto capital inicial y la capacidad de amortización del préstamo. El campo de beneficiarios se limitó, consecuentemente, a los trabajadores de mejores y regulares ingresos. �58 SigloXIX ALIMENTACION En la Argentina no existen estudios sobre la cuestión de la alimentación que permitan observar qué tipo de modificaciones resultaron, por lo menos coetáneas, al proceso de urbanización e incipiente industrialización registrado en la ciudad de Buenos Aires para el período en análisis. Obviamente no pueden hacerse inferencias sobre si la inserción de los migrantes en el ámbito urbano en formación provocó desajustes en su dieta alimentaria. Sería deseable llegar a conocer con certeza, por lo menos, dos circunstancias: la composición de la canasta de consumos alimenticios en diferentes años, y la relación entre el tipo de alimentación en el país de origen y la consumida en la ciudad de Buenos Aires. Sin duda alguna, la primera cuestión, junto con la posibilidad de plantear algunas hipótesis referidas a si la dieta satisfacía o no los requerimientos de la recuperación cotidiana de la fuerza de trabajo, parece más probable de resolver que la segunda, que exigiría de un trabajo comparativo con los países de origen inmigratorio, en particular Italia y España. En el estudio de los problemas de alimentación en la ciudad de Buenos Aires debe tenerse en cuenta por lo menos dos características importantes: 1) la ciudad era, y es, el nudo central de un país exportador de alimentos, en particular carne y cereales; 2) no contaba con una estructura industrial importante productora de los alimentos requeridos por una población en rápido crecimiento. Buena parte de los productos alimenticios, en consecuencia, provenía de la importación. En líneas generales puede afirmarse que el precio de los alimentos en d período estudiado, habida cuenta de fluctuaciones, mantuvo una tendencia a subir .33 Este crecimiento parece vincularse fundamentalmente al registrado en los precios de los principales productos componentes del gasto en alinfentos en la población: la carne y el pan.34 A ellos puede sumarse la leche, otro artículo significativo en la dieta popular. La carne fue, a diferencia de lo ocurrido en otros contextos, un con91mo habitual y abundante en la ciudad de Buenos Aires. Naturalmente, se combinaba con otros productos para constituir el alimento cotidiano, pero la incidencia de los mismos era decididamente menor a ella.35 El consumo de carne por habitante en la ciudad, según las cifras de que se dispone, fue siempre superior a los 100 kilogramos por año, llegando en . oportunidades a 180: a formarlo concurrían las carnes vacunas, ovina y L. Gutiérrez: Condiciones de vida populares en B. Aires 59 porcina, aunque en diferentes proporciones, alcanzando la primera de ellas d 85% del total. "La abundancia y el precio de la carne son legendarios , un VIaJero .. · ali1,..."d , ec1a en 1888.36 El testimonio de un europeo daba cuenta de las diferencias de cantidades registradas entre las ciudades de su continente y las que observaba en la rioplatense. De cualquier manera, d problema de la carne estuvo presente desde los años iniciales del período dado que las variaciones en el precio y, luego, en el consumo, preocuparon a los habitantes de Buenos Aires alejados de las ventajas comparativas. Ya en 1880, a continuación del conflicto armado que decidió la federalización de la ciudad de Buenos Aires y la constituyó en capital de la nación, un incremento en el precio de las carnes agravó la situación de los habitantes de un medio enrarecido en todos sus aspectos por efectos de 37 la guerra. Aunque parecía que la coyuntura bélica era la responsable del aumento registrado, el mantenimiento de los niveles alcanzados obligó a buscar los motivos en otros lados. ''Hemos tratado de inquirir las causas de este grave inconveniente -decía La Prensa- y no se nos ha podido explicarlas".38 El hecho fue de tal significación que provocó pequeños tumultos protagonizados por "gente de modesto vivir" en una ciudad que desconocía las manifestaciones de protesta por el precio de los alimentos.39 Al tiempo que continuaban las conjeturas en relación al posible ori- gen del fenómeno, la mayoría de las cuales pasaban por atribuir la responsabilidad a los comerciantes minoristas, se ofrecieron alternativas para su solución que informan sobre las orientaciones e intereses de sus proponentes. En efecto el Cluh Industrial -una institución que reunía a propietarios de la incipiente manufactura urbana y apreciaba acciones estatales que favoreciesen el desarrollo de sus actividades- proponía un control más estricto en la formación del precio y la intervención municipal en la comercialización de la carne. Sin duda a este sector le preocupaba seriamente el aumento del costo de la vida y las consecuencias previsibles en té~nos de los salarios, sobre todo en una etapa histórica donde el capitalJSta no estaba muy alejado de sus trabajadores.40 Desde otra perspectiva, el diario La Prensa, vinculado estrechamente al liberalismo económico propiciaba como medio necesario para producir un abaratamiento dei precio no el control por parte de las autoridades sino, por el contrario, el mejoramiento de los mecanismos de mercado libre y de los métodos de comercialización. La propuesta reclamaba un mayor número de bocas de expendio, atacando la concesión de radios privilegiados a los constructores de mercados, y el abastecimiento de la venta, a precio libre, por unidad de pe- �60 SigloXIX L. Gutiérrez:: Condiciones de vida populares en B. Aires so y no a destajo (por pieza, como era y siguió siendo el método habitual a lo largo de los treinta años). 41 Dado que el problema continuó subsistiendo, la autoridad municipal intervino aunque no con medidas directamente vinculadas al precio. En efecto, al tiempo que se disponía efectuar una investigación en tomo a la posibilidad de la existencia de especulación abusiva en el abastecimiento de carne y pan, se suspendieron algunos impuestos y se facilitó el traslado de animales solicitando la cooperación de las compañías ferroviarias en el abaratamiento del flete. 42 0 Ninguna de las medidas adoptadas fue efectiva. Tampoco prosperaron intentos de consignatarios que ofrecieron carnes de cordero a precios menores,43 o la de crear carnicerías cooperativas "imitando a las de Europa" donde los suscriptores adquirían carne a precio de costo.44 Lo que se había presumido de importancia capital para ordenar el mercado y disminuir los precios, la venta por peso y no por pieza, no resultó cierto: los precios se mantuvieron elevados aún donde se efectivizó la norma. Probablemente las causas fuesen otras. El ofrecimiento de un introductor de ganado de proveer carne a la ciudad a un precio sensiblemente menor al corriente volvió a hacer pensar en la especulación como origen ele los trastornos. En este punto se enfrentaban comerciantes por mayor y al menudeo en la atribución de responsahiliclades.45 1880 transcurrió sin que se hallasen soluciones aceptables y, por las noticias recogidas, la inquietud persisitió en años siguientes aunque sin alcanzar niveles críticos. La descripción del suceso tiene importancia, sin embargo, porque aparecen todos los actores involucrados de allí en más en torno a la cuestión de la carne: consumidores, comerciantes en toda su gama y poderes públicos y algunas instituciones que, como la red ele intermediación, se convertirán en objeto sistemático de la acusación. 61 pal que lo comparaban con datos de las ciudades europeas.47 La comparación denunciaba una posición favorable a Buenos Aires en cuanto a la cantidad. Nada decía, en cambio, del problema de la calidad, que ya se insinuaba con una relación inversa. Los primeros cuatro años del siglo XX mantuvieron tales características, aún teniendo en cuenta el alerta que hacía el Anuario Estadístico de la Municipalidad de Buenos Aires en tomo a las importantes cantidades de carne que, figurando como consumidas en la ciudad, eran embarcadas para alimento de tripulaciones y pasaje de las embarcaciones salidas del puerto.48 En cuanto a los precios, en los primeros años del siglo volvieron a elevarse. Las fuentes municipales dan cuenta de este proceso y salen al paso de quienes atribuyen su existencia a los impuestos. 49 Es claro que el aumento del precio de los alimentos parecía más generalizado, al punto de motivar estudios acerca del encarecimiento de la vida.50 Los datos que poseemos dan cuenta, asimismo, de la reducción del consumo anual por habitante. Aunque las fuentes oficiales se inclinan en alguna oportunidad a explicarlo por presuntas fallas estadísticas, el consumo medio durante la primera década disminuyó respecto de fines de] siglo XIX. Algunos otros, en cambio, atribuían al aumento de los precios la retracción de] consumo: La disminución que se observa en el consumo del principal producto de alimentación - se afirmaba en 1914- no es sólo del año que estudio, sino también de los anteriores y provienen sin duda alguna del encarecimiento que ha tenido la carne procedente de los animales bovinos y ovinos y de las dificultades para la vida que se anotan como resultado de las perturbaciones económicas que pasa el país.51 Lo cierto es que hacia 1912 el Boletfn del Departamento Nacional del Trabajo daba cuenta de la alarma por el precio alcanzado, semejante al de al- Los primeros tiempos posteriores a la crisis de 1890 observaron· también un fuerte incremento en los precios, pero en esta oportunidad sí se pusieron en marcha recursos por parte del poder municipal para detenerlo. Se distribuyó carne gratuita a los necesitados y fuertes controles de precios fueron implantados,46 destinados seguramente a aliviar tensiones sociales en medio de una situación conflictiva y amenazante. gunas ciudades europeas y mayor que los vigentes en Estados Unidos e Inglaterra, a pesar de ser este último importador de carnes argentinas. Justamente el papel del mercado externo en una economía abierta aparecía ahora como una de las causas probables del encarecimiento del producto. La demanda externa provocaba no sólo tal elevación de precios sino, también, la desmejora relativa del animal dedicado al mercado interior que, sin embargo, costaba más por efecto de las inversiones en el mejoramiento de planteles destinados a la exportación.52 El consumo anual de carne por habitante continuó siendo elevado en la década de 1890, y alegraba a los compiladores de la estadística munici- Además de esta circunstancia se observaban también las características de la estructura de la oferta. El exceso de intermediación seguía sub- �62 SigloXlX sistiendo y era, para algunos analistas, el factor decisivo en la determinación del precio y su crecimiento.53 El argumento sostenía que el monto de las ventas que esos pequeños comercios alcanzaban no satisfacía márgenes de utilidad aceptables sino con precios comparativamente altos. Y estos pequeños comerciantes, que no comerciaban sino media o una res por día, er~ numerosos. A ellos se agregaban carniceros ambulantes.54 Existían otras circunstancias que contribuían al aumento de los precios. Una de ellas era la venta por piezas y no por unidad de peso. Obtener la adopción de este sistema que permitía una menor arbitrariedad en la negociación constituía un antiguo intento de las autoridades. No obstante la existencia de disposiciones en ese sentido, todavía a finales del período que estudiamos continuaban las ventas con un sistema tan poco preciso como el destajo. Es difícil saber si su persistencia era producto de una acción consciente por parte de los comerciantes solamente o los hábitos de los consumidores seguían teniendo peso en su mantenimiento. Los sistemas de faena del ganado destinado al consumo también aportaban a, por lo menos, la no disminución de los precios. En 1896, el intendente doctor Francisco Alcobendas seilalaba que siendo la carne el primero de los artículos del consumo, se podría exigir mataderos más acordes con los adelantos tecnológicos existentes y más aptos para obtener una carne "fresca apta para la alimentación".55 Nuevas y mejores instalaciones comenzaron a construirse para habilitarse ailos después aunque sin poder emplearse por la oposición de gremios vinculados al comercio de carnes.56 Más todavía, enl911 la matanza en mataderos municipales estaba léjos de efectuarse con procedimientos mecánicos adecuados para reducir costos de producción en condiciones higiénicas aceptables. Esto provocaba los temores de una monopolización del mercado por parte de los frigoríficos que ofrecían a precios menores, seguramente, por una mejor estructura de costos. La higiene de la faena era en general deficitaria y se hacía en lugares que un intendente, en 1901, no vaciló en denominar "inmundos corrales", como de antihigiénica a la costumbre de transportar la carne en carros.57 Esta carencia de higiene no sólo atentaba contra la salud de la población sino también con el nivel de precios, porque las sucesivas limpiezas originaban una pérdida que debía ser compensada y la suma de compensaciones Uegaha al consumidor final imposibilitado de transferirla. Si bien la acción de la policía municipal podía atenuar los efectos insalubres en mercados, su acción alcanzaba mucho menos a otros comercios y menos aún a L. Gutiérrez: Condiciones de vida populares en B. Aires 63 los vendedores ambulantes, cuya existencia puede encontrarse en parte justificada por la dispersión pohlacional en algunos barrios periféricos. El aumento del precio de la carne, junto con el registrado en otros rubros de la alimentación, preocuparon a las autoridades municipales que decidieron medidas tendientes a contenerlo sin afectar la libre competencia, que era la hase del funcionamiento de la economía nacional. Con este objeto crearon instituciones que procuraban poner en contacto directamente a productores y consumidores. En 1907 fue el primer intento de instalar las "ferias francas" con ese objetivo, sin éxito continuado. Nuevamente se lo procuró en 1911, con éxito en lo relativo a la estructura del mercado. Sin embargo, el precio de la carne continuó su alza sin duda alguna por la influencia del comercio exterior, que constituía una causa más estructural que la intermediación o la red comercial, compleja y pocoeficiente. Los datos que se poseen para el resto de los alimentos son menos frecuentes y más imprecisos. Esto es válido para el pan y la leche, no obstante su importancia en la dieta de los sectores populares. Los precios medios anuales del pan parecen haber registrado un aumento, a partir de 1885, que alcanzó su punto culminante en 1891, afio en que la Unión de Panaderos alertaba sobre dicho aumento: lo vinculaba a las exportaciones de trigos y harinas y a los acaparadores.58 El encarecimiento que tuvo la carne desde los primeros años del siglo alcanzó también al pan, como dan cuenta los testimonios. Esta situación Se prolongó hasta 1914. La investigación llevada a cabo por el Departamento Nacional del Trabajo en 1912 comprobó que el precio en dicho aAo era un 33% superior al de 1902.59 El pan más barato había subido de 13 centavos el kilo en 1900 a 22 centavos en 1909 ... ; "el pan costaba más que en París, Londres, Amsterdam o Nueva York", afirma Scohie.6 Ciertamente, el crecimiento relativo de los precios fue en este período mayor en Buenos Aires que en las ciudades señaladas. ° El encarecimiento de los alimentos registrado desde comienzos del siglo alcanzó también a la leche aunque, parece, en medida menor. Fueron los de la carne los que subieron relativamente más y eso explicaría que, a pesar del aumento de los precios, el consumo del pan por habitante -tomando como indicador la cantidad de harina elaborada en panaderías- haya crecido de manera notable. La fuente estadística municipal señalaba que en 1894 se habían elaborado 64 kilos de harina por habitante en las panaderías y que �64 SigloX/X este consumo de pan por habitante que resulta para Buenos Aires es notablemente bajo, comparado con el que tuvo París en 1887 y en 1889. En dieciocho años... cada habitante de París consumió, respectivamente, 148 y 140 kilos de pan. Si faltó, pues, carne al parisiense comparado con el habitante de Buenos Aires, en cambio le sobró pan; y vaya lo uno por Jo otro .61 El consumo de pan continuó aumentando a largo plazo, con oscilaciones intermedias, llegando en 1914 a 116 kilos por habitante. Ciertamente estaba ocurriendo un cierto proceso de sustitución en los consumos alimenticios, presionado por el crecimiento de los precios de la carne. A primera vísta este aumento {el del pan) resulta injustificado -comenta la fuente-, desde el momento que la estadística comprueba una disminución de carne y leche en el consumo, pero si se reflexiona un poco se ve que él puede explicarse por las mismas dificultades económicas... A falta de esos dos productos de mayor precio, la población ha recurrido al pan...62 Respecto de la leche, aunque los precios parecen haber subido en los períodos en que crecieron más notoriamente el pan y la carne, es decir los tiempos inmediatos a la crisis de 1890, sin embargo no se observó en el siguiente ciclo tal aumento.63 Lo que es cierto, con todo, es que el consumo por habitante no era elevado, alcanzando para 1909 a 357 gramos por día por persona. Habría que tener en cuenta, no obstante, el papel que en este mantenimiento jugó la adulteración del producto. Según los propios expendedores, se agregaba un litro de agua por cada 16 de leche; otras opiniones, en cambio, indicaban que el aumento de volumen alcanzaba el 30%. El problema de la adulteración no se restringía a la leche. En su caso confluían la falsificación del producto y los problemas de salud muy francamente al mezclar una leche sin control sanitario con agua muy probablemente contaminada. Pero no era el único caso. El hecho parecía bastante frecuente dado que estos dos problemas -adulteración y condiciones sanitarias deficiente- mantuvieron insistentes reclamos :vrovenientes, en particular, de círculos médicos y quírnicos64 y también desde diferentes órganos de expresión. El fenómeno de la adulteración no era nuevo en Buenos Aires, que bahía tenido una Oficina Quúnica para controlar alimentos, suprimida por un tiempo por cuestiones presupue,starias y luego reinstalada. Pero ahora L. Gqtié"ez: Condiciones de vida populares en B. Aires 65 parecía reactivarse, al tiempo que se descubría la inexistencia de normas que regularan el estado sanitario de los alimentos para prevenir que su insuficiencia actuase como disparador de enfermedades difusivas. El pan, la leche, los vinos eran objeto de manipuleos frecuentes. Una investigación realizada por una junta de médicos en diciembre de 1878 sobre el pan fabricado en 151 panaderías concluyó con el siguiente dictamen: pan de mala calidad, 38 panaderías; pan malísimo, 51 panaderías; pan mal elaborado, 55 panaderías; y pan bueno, 7 panaderías. Las falsificaeiones se realizaban eon productos químicos tendientes tanto a mejorar el aspecto del producto como a acelerar el proceso de elaboración, disminuyendo la mano de ohra.65 Recién entrado 1892 se propone una reglamentación para la fabricación y venta de pan, donde se incluye no sólo la calidad de la harina que debe emple,_~ sino también la prohibición de emplear en su factura agua de pozo. La leche es el objeto de falsificaciones por parte de los expendedores, que no solamente le extraen la manteca sino que le ,agregan agua en gran cantidad y algunas sustancias, tales como feculas y Pedazos de cerebro de cordero o de buey para darle la densidad que normalmente debe tener y el aspecto que posee la manteca.66 Ya se ha visto como todavía en 1914 la leche seguía adulterándose mediante el empleo de agua pero, además, la ordenanza municipal sobre higienización de la leche fue proyectada por Emilio Coni y aprobada por el Concejo Deliberante años después .. La carne provenía hasta 1881 de la faena de animales inspeccionados deficientemente. La renuncia del veterinario municipal por la falta de asistencia a sus funciones por parte de los empleados del matadero, permitió comprobar que la inspección de carnes no estaba sometida a reglamento alguno, se practicaba de manera imperfecta y sólo en el matadero municipal, quedando absolutamente fuera de control las matanzas hechas en establecimientos particulares, en especial de lanares y cerdos. A propuesta de la Sección de Higiene Municipal de la Municipalidad, se dictó un reglamento circunstanciado para la inspección de carnes siguiendo los lineamientos del Congreso Internacional de Higiene reunido en Turín a fines de 1880. No obstante, un artículo adicional proponía la creación de la inspección veterinaria en establecimientos particuJares faenadores de lanares y cerdos y también vacuna.67 Por otro lado, ya se ha señalado de qué manera las características del establecimiento municipal, y el transporte desde allí a �66 Siglo XIX los mercados, afectaban la higiene de la carne; que, también, era adulterada, "estirada", por la acción de los carniceros, aun cuando entró en plena . . Ia ord enanza que unpoma . ' Ja ven ta de carne por peso.68 VIgencia Las autoridades municipales dictaron disposiciones y crearon organismos de control en procura de mejorar las situaciones descritas. Sin embargo·, es sostenida la opinión de que no eran suficientes. Cuando se reereó la Oficina Química Municipal, el químico designado declinó el ofrecimiento porque " ... el trabajo que se acumularía sobre una persona sola sería excesivo y los resultados, por consiguiente, deficientes... ";69 y el autor del reglamento de inspección de carnes apuntaba, diez años después, el extremadamente reducido número de profesionales a cargo de la tarea especí70 fica. Es probable que esta circunstancia se vincule a problemas supuestamente presupuestarios o de cierta despreocupación estatal hacia los problemas de la alimentación destinada fundamentalmente a los sectores populares. Pero también es legítimo suponer que el crecimiento del consumo, derivado del de la población, era más acentuado que el posible de supervisar en los organismos de control e inspección. Los alimentos transitaban por varias manos, como se ha insinuado, en su trayecto entre el productor y el consumidor. Esto constituía la red de intermediación a la que se atribuye una considerable participación en el crecimiento de Jos precios. La carne, la leche, las frutas y verduras llegaban al consumidor luego de cuatro o cinco etapas que no introducían modificación al producto. En el extremo estaba el comerciante detallista. Estos comerciantes podían estar agrupados en mercados municipales; en mercados privados, que gozaban del privilegio del monopolio sobre una zona circundante al mismo; dispersos en diferentes lugares de la ciudad o ser vendedores ambulantes. En los primeros, los controles por parte de la autoridad eran factihles y los alquileres de los locales más bajos que los que se abonaban en los mercados particulares. En éstos la municipalidad no tenía ningún control sobre los precios. A pesar que ya en 1903 un intendente propuso municipalizar todos los mercados particulares, en 1912 seguía en estado de proyecto. En estas concentraciones de vendedores las condiciones de higiene estaban lejos de lo óptimo. Muchos carecían de techados, estaban recorridos interiormente por caminos adoquinados que transitaban los carros proveedores, donde se concentraban abundantemente materias orgánicas. La instalación de piletones para el lavado de frutas y verduras y eJ reem- L. Gutúírrez: Condiciones de vida populares en B. Aires 67 plazo de los mostradores de madera por mármol eran considerados, en 1901, avances significativos. Si las condiciones de higiene y calidad eran difíciles en los inercados, lo fueron aún más, sin duda, en los comercios aislados y entre vendedores ambulantes. En este complejo conjunto de comerciantes (a quienes se pensaba responsables del incremento de los precios y en donde se había comprobado la proveniencia del mayor número de adulteraciones), adquirían sus alimentos los sectores populares, usualmente al contado porque "para conseguir libreta en el almacén -que se retira en épocas de huelga- es · ,,.71 menester presentar b uenas referenc1as CONSIDERACIONES FINALES La revisión hecha a las condiciones de vivienda y alimentación de los sectores populares en Buenos Aires permite efectuar algun~ reflexi~nes, ~e pueden hacerse separadamente para una y otra cu~~on. La diferenciación, sin embargo, tiene carácter meramente expositivo dado que en la vida cotidiana ambas situaciones constituían solo una. En primer término, pon¡ue implicaban uso alternativo de recursos; en segundo _lugar, los trabajadores que accedieron a la propiedad del lote urbano tuvieron la op~rtunidad de disminuir el gasto en alimentación y, presumiblemente, meJorar su calidad mediante la cría de animales domésticos y el cultivo de verduras para el autoconsumo. Vivienda y alimentac~ón, en consecuen~a, ~ vi~culahan en estos casos estrechamente. Es dificil, por el contrano, lfilagmar buenas condiciones en la alimentación de los habitantes de los conventillos donde, por las de la vivienda, desde la cocción hasta la ingesta se efectuaba en un contexto material y social deteriorado. Las malas condiciones de la vivienda popular, su deficiente habitabilidad y su carestía, parecen estar estrechamente vinculadas al proceso de rápido crecimiento de la población urbana, constituyente de una demanda · que no podía satisfacerse rápidamente. La vivienda para trabajadores no fue una preocupación empresarial. No se registraron, por lo menos hasta 1914, planes de construcción ni públicos ni privados con ese destino de importancia. , En el caso de los alinientos, el fenómeno del crecimiento urbano parece haber sido determinante en el aumento de los precios de los principales artículos del consumo popular, como parece indicarlo el hecho de que el �68 SigloXIX L. Gutiérrez: Condiciones de vida populares en B. Aires mayor incremento es contemporáneo a un nuevo ciclo de auge de la inmigi-ación. Tampoco la oferta se acomodó inmediatamente a la demanda. El fenómeno del crecimiento y, después de 1904, sobre todo la dispersión de la población, han de haber operado favorablemente en el desarrollo de una red comercial compleja, numerosa y encarecedora de los productos. El mismo incremento de la demanda y la laxitud del aparato de control, originado en la diferencia entre la inercia de crecimiento del aparato administrativo y de la población, facilitaron sin duda la práctica de la adulteración (destinada casi siempre al "estiramiento" de los productos). Asimismo, en tanto país exportador de alimentos, el mercado exterior jugó un papel importante en el alza de los precios del pan y la carne, especialmente a partir de los primeros años de este siglo. Los testimonios son reiterativos en este sentido. Había en consecuencia, en el caso de los alimentos, dos tipos de causas presionando sobre ellos. U nas, que compartían con la vivienda, estaban vinculadas al proceso de urbanización, finalmente coyunturales y de soluciones tecnológicas. Al finalizar el período estudiado algunas han sido practicadas, pero no se ha superado aún el desajuste. La otra presión sufrida por los alimentos, conectada con el carácter exportador de la economía nacional, se vinculó al modelo de acumulación dominante. Era, entonces, estructural, y cualquier solución aparecía incompatible con aquél. Los sectores populares no podían esperar acciones estatales tendientes a mejorar su situación que, al mismo tiempo, alterasen los mecanismos del mercado y las bases del proceso de acumulación. En todo caso, esas acciones tenían como objeto mejorar esos mecanismos: ya fuese aumentando la competencia, como con la instalación de las ferias francas, ya procurando normalizar la operación mediante la fijación de unidades de venta (venta de carne por peso y de leche de acuerdo al sistema métrico decimal) y de otras medidas con igual orientación. Dentro de esos mecanismos, parte de los sectores populares pudieron acceder a otro tipo de vivienda que los alejó de los conventillos. En relación a la alimentación, en cambio, habrían reorientado sus recursos, desplazándolos de la carne al pan. ' 69 NOTAS l. Nos referimos a los libros de D. Abad de Santillán, La FORA: ideología y trayectoria, 2o. ed., Buenos Aires, Proyección, 1971; Sebaslián Marotta, El movimiento sindical argentino, Buenos Aires, Lacio, 1960-61; y Jacinto Oddone, Gremialismo proletario argentino, Buenos Aires, La Vanguardia, 1949. La persistencia de esta corriente orientada a las ideologías, organizaciones y acciones tiene manifestaciones más recientes en los libros de Iaacov Oved, El anarquismo y el movimiento obrero, México, Siglo XXI, 1978; y Edgardo Bilsky, La FORA y el movimiento obrero (1900-1910), Buenos Aires, CEAL, 1985, y La semana trágica, Buenos Aires, CEAL, 1984. Son muy pocos los ejemplos de un traamiento diferente de los problemas de los sectores populares. En parte ello puede encontrarse en estos títulos: H. Spalding, La clase trabajadora argentina, Buenos Aires, Galerna, 1970;José Panettieri, Los trabajadores, Buenos Aires, Jorge Alvarez, 1967; James Scobie, Buenos Aires, del centro a los barrios, /870-1910, Buenos Aires, Solar-Hachette, 1977; y Roberto Cortés Conde, El progreso argentino, I 880-/ 914, Buenos Aires, Sudamericana, 1979. 2. Eulalia María Lahrnever Lobo. "Las condiciones de vida de los artesanos y de la .clase obrera en Río de Janeiro en la década de 1880 hasta 1920", en H/LSA V, lo. semestre de 1985, pág. 91. 3. A. Taylor, The standard of living in Britain in the Industrial Revolution, Londres, Methuen, 1975, "El poder adquisitivo, la habilidad para comprar alimentos y ropa, el costo y calidad de la vivienda y la salud y la expectativa de vida, todos estos temas están comprendidos dentro de la esfera de la existencia material. Igualmente las virtudes comparativas de la vida urbana y la rural y los efectos psicológicos que la transición del campo a la ciudad ejerce sobre los individuos, ambos pertenecen a lo que Hobsbawm llama 'territorios no materiales'. Pero entre estas dos esferas existe una amplia tierra de frontera donde las condiciones de existencia material y la calidad de la vida se dan frecuentemente mezcladas al punto de hacer imposible su separación". 4. E.P. Thompson, La formación de la clase trabajadora inglesa, Barcelona, Laia, 1977, T .11, pág. 39. 5. Roberto Cortés Conde, El progreso argentino, Buenos Aires, Sudamericana, 1979. 6. Witold Kula, Problemas y métodos di> la historia económica, Barcelona, Península, 1973, pág. 225. 7. Para un examen más acabado del período véase Roberto Cortés Conde y E. Gallo, La formación de la Argentina moderna, Buenos Aires, Paidós, 1967; y La República conservadora, Buenos Aires, Paidós, 1972. 8. Osear Yujnovsky, " Políticas de vivienda en la ciudad de Buenos Aires, 18801914", en Desarrollo Económico, IDES, No. 54, Vol. 14, Buenos Aires, julioseptiembre de 1974. �70 Siglo XIX L. Gutiérrez: Condiciones de vida populares en B. Aires 71 9. Eduardo Wilde, Obras completaf, tomo II, pá~. 29-30. 10. Guillenno Rawson, ''Estudio sobre las casas de inquilinato", en Escritos y Discursos, tomo 1, Buenos Aires, Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, 1891. "Suponiendo dividida la ciudad por la calle de la Victoria, se puede apreciar que los barrios del Sur han sido siempre descuidados por la autoridad, de suerte que los trabajos concurrentes aJ saneamiento van aJlí más despa,cio que en el lado Norte. Las grandes casas, los edificios públicos mismos, los hoteles, están, con rarísimas excepciones, todos en el lado del Norte; y hacia el Sur gran parte de las caJles no están pavimentadas, y la edificación, por tanto, se resiente de la escasa atracción de esta región para los capitales. No es que la población sea aquí menos numerosa seguramente, pero es indudable que ella por lo generaJ está poco acomodada. Es tradicional el hecho de que las epidemias, sea de las enfermedades exóticas, sea de las enfermedades endémicas que suelen tomar forma difusiva, tienen su origen y su punto de arrastre en los barrios menos cuidados del Sur, lo que probará, sin más demostración, que son éstas las secciones donde menos se ha atendido a la salubridad de la ciudad" (págs. 164 y si~.). ll. Censo General de Población (Edificación, Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires), 1887, tomo 11, pág. 78: "Resulta que la sección 20 es la que tiene mayor número de conventillos, debiendo observar que en esa sección son todos ellos de madera y constan de dos pisos, pero la 5a., una de las más centrales de la ciudad y que se compone sólo de 40 manzanas, es la que con relación a su extensión tiene más conventillos... En las nuevas secciones (Flores y Belgrano ~ .. el censo no menciona conventillos, no siendo esto extraño porque los moradores de conventillos son siempre jornaleros y operarios que, por razón de sus ocupaciones, no pueden alejarse del centro del municipio". 12. Scobie, citado, pág. 199. 13. Scobie,citado, pág.194. 14. La Protesta, 30 de mayo de 1905. 15. Scobie, citado, pág. 189: " ... como en 1983, cuando se estableció que debían proveer por lo menos una ducha para hombres y otra para mujeres( . .. ); sin embargo, el Concejo Deliberante insistió en 1899 en que hubiera una ducha por cada diez habitaciones. En la práctica, dichas instalaciones jamás alcanzaron los niveles establecidos por la Municipalidad; en 1904 había aún un promedio de un cuarto de baño con ducha para cada 60 personas". 16. Guillermo Rawson y Eduardo Wilde, citados, y Samuel Gache, Les logements ouvriers aBuenos Aires, París, 1900. 17. Roberto Cortés Conde, ''Tendencias en la evolución de los salarios reales en la Argentina, 1880-1910. Resultados preliminares", en Economía, año XXII, No. 2-3, mayo-diciembre de 1976. 18. Yujnovsky, citado, pág. 356.En pág. 358: Relación del alquiler promedio de un cuarto de conventillos o casa de inquilinato al salario en la ciudad de Buenos Aires: Monto del alquiler por lO0tsalario mensual estimado Año Alquiler mensual $ 1881 ............ 1883 ... ,........ 1886 ............ 1890 ............ 1896 ... ......... 1903 ............ 1904 ............ 1907 ............ 1907 ............ 1912 ............ 1913 ............ 1914 .., ......... 5.23 5.44 11.00 15.51 18.00 14.90 15.47 21.69 27.50 28.15 27.40 23.20 Promedio obreros industriales ºto Oficial albañil ºto Oficial Carpintero ºto 13.6 9.6 16.4 18.7 19.2 30.l 27.2 17.7 16.5 18.l 22.7 27.6 22.1 24.0 18.3. 21.5 21.4 16.6 18.4 26.0 19. Esto puede observarse en la curva de superficie vend(da. El Boletín del l_)e~tamento Nacional del Trabajo, No. 21, del 30 de noviembre de 1912, dice. La gran extensión de nuestra capital, la tendencia de las familias a vivir se~aradas unas de otras en una sola casa, y la facilidad existente, hasta hace P?Cos anos, ~e adquirir relativamente barato el terreno para edificación de la vivienda pro~!ª• ha causado entre nosotros la prevalencia del sistema de casas para una fam~a, el que recién en los últimos años se ha visto obligado a ceder su lu?~ al caseron de alquiler, tipo común en las grandes ciudades de Europa y America del Norte", pág. 422. 20. Scobie,citado, pág. 229. 21. Yujnovsky, citado, págs. 263-265. 22. F .R. Cibils: "La descentralización urbana en la ciudad de Buenos Aires", en Boletín del Departamento Nacional del Trabajo, No. 16, 31 de marzo de 1911. En pág. 89 dice: "En busca de los terrenos más ~~atos, los nuev?5 pobladores los han adquirido generalmente en la especulac1on, muchos baJos Y algunos hasta inundables ( ... ). En el deseo de hacerse propietarios ~isponiendo gene~almente de fondos limitados... han poblado en terrenos baJos, de subsuelo unpermeable, y donde los pozos de agua común y los de agua servida_están_ ~lo a tres, cuatro o cinco metros de la superficie y, por tanto, en necesana Y fac~ ~municación. Al Sud y al Oeste, en los bañados y bajos de Barracas,_San Cnstobal Flores Vélez Sarsfield y San Carlos; en el Norte, en los anegadizos de San Ber~ardo, Palermo, cuenca del Arroyo Maldonado, barrio de Darwin Y Alvarez Thomas Sportiva bajos de Belgrano, de Saavedra, etc., se han levantado en pocos año; numero~s centros de población y edificación que carecen en gene:aJ Y salvo raras excepciones de servicios de aguas corrientes, empedrado, desagues Y alumbrado". �72 Siglo XIX 23. Boletín del Departamento Nacional del Trabajo, 1912, pág. 426. L. Gutiérrez: Condiciones de vida populares en B. Aires 73 37. Scobie, citado, pág.. 176-177. 38. La Prensa, 15 de julio de 1880. 24. Carlos M.' Coll, "Casas para obreros", en Boletín del Museo Social Argentino, año VIII, 'fo. 5, julio-septiembre de 1919, p~. 91-93 (CoU era entonces presidente de la Comisión Nacional de Casas Baratas). 39. La Prensa, 19 de septiembre de 1880. 25. Yujnovsky , citado. 40. En la sesión del Concejo Deliberante del 27 de julio se leyó una nota donde el Club Industrial indicaba las resoluciones tomadas por su comisión administradora: I) que se fije diariamente por una comisión adhoc el precio de las reses en 26. El único proyecto exitoso a nivel nacional durante el período fue el presentado por Juan F. Cafferata en 1912, convertido en Ley en 1915, que creo la Comisión Nacional de Casas Baratas. Z"/. Yujnovsky, citado, pág. 336: "Por ejemplo, la intendencia de Torcuato de Alvear desalojó 210 casas en 1884, y en 1892 se especifican: 'La inspección ha sido severa y enérgica, habiéndose desalojado en los años 1891 y 1892, 890 casas por las mal<!S condicione,s y 336 piezas por exceso de habitan tes' . los mataderos; 2) que se fije su venta por libra al menudeo y su precio consiguiente con el aumento que sea justo; 3) que se supriman los impuestos muoicipales a la carne aplicándolos al cuero; 4) que se establezcan carnicerías municipales en todos los barrios; 5) que se bajen los alquileres de los puestos de carne en los mercados municipales. En muoicipalidad de Buenos Aires.Actas de Sesio• nes del Concejo Deliberante, 27 de julio de 1880. 41. La Prensa, 19 de septiembre de 1880. 42. Actas del Concejo Deliberante, 24 de septiembre de 1880. 28. La Prensa, 21 de enero de 1885: " ...a un inspector cualquiera le parece que tal o cual casa está en mal estado higiénico y pasa a sus dueños una intimación. Por una u otra causa el dueño de la casa o negocio no puede encontrar un alojamiento adonde poder trasladarse en un término perentorio. ·Qué hace entonces el inspecto de Higiene? Haciendo de lado toda clase de co~deraciones solicita el auxilio de la Policía e imponen por la fuerza a los propietarios a abandonar las casas sacando el menaje de las habitaciones". 43. La Prensa, 26 de septiembre de 1880. 44. La Prensa, 26 de septiembre de 1880. 45. La Prensa, 24 de septiembre y 17 de octubre de 1880. 46. Scobie,citado, págs.177-178. 29. Gaché,Scobie y Yujnovsky,citados. 30. Boletín del Depart,amento Nacional del Trabajo, No. 21, 30 de noviembre de 1912, pág. 427. 47. Anuorio Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, 1896. Se compara el consumo de Buenos Aires con Roma. 48. Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, 1904. 31. Yujnovsky , citado, y Hobert A. Spalding, "Cuando los inquilinos hacen huelga ...", en Extra, Buenos Aires, septiembre de 1966; Scobie, citado. 32. Yujnovsky, citado, pág. 346. 33. Cortés Conde, El progreso argentino, citado, pág. 144. 34. A. Bunge, "El costo en la vida en Argentina, de 1910 a 1917", en Revista de Economía Argentina, año 1, Lomo !,julio de 1918, págs. 39 y sis,.: "En nuestro país los dos artículos de mayor consumo son la carne y el pan; cada uno de ellos absorbe el treinta por ciento del valor total invertido en alimentación ...". 35. Scobie, citado, pág. 76: "La comida si bien más modesta y menos abundante, era muy parecida a la que se servía en las casas acomodadas. Con frecuencia el desayuno consistía en uno o dos mates. El maíz, Ja harina de maíz, guisada o como polenta, constituía un importante rubro de la dieta. Sin embargo, la carne seguía siendo su componente más importante. El puchero, principalmente de carne, zapallo y papas, era a menudo eJ plato fuerte del almuerzo, y hasta de la cena'". 36. E. Daireaux, Vida y costumbre del /'/at,a, Buenos Aires, Lajouane, Lomo f, 1888, pág. 173. 49. Memoria Municipal, 1903. 50. Por ejemplo: " Los obreros y el trabajo", serie de 40 artículos publicados por La Prensa a partir del 16 de agosto de 1901. El primero se titula "El encarecimiento de la vida. Falta de ocupación y miseria en el país de la carne y el trigo";Juan B. González, El encarecimiento de la vida en la República Argentina, Buenos Aires, l908;y otros. 51. Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, l 914. 52. Boletú1 del Departamento Nacional del Trabajo, 30 de noviembre de 1912, pág. 340: " .. .hay que agregar, como factores de alza, los malos años y también el exceso de exportación que ha hecho que día a día los criadores vayan mejorando el tipo de exportación, con detrimento y encarecimiento a la vez del animal destinado al consumo interno del país''. 53. ldem, pág. 342: "En cuanto a las tarifas de detalle se ha puesto en evidencia, una vez más, la influencia perniciosa que ejerce en este comercio la extrema subdivisión de la venta sobre una cantidad de carne más o menos constante, destinada a satisfacer las necesidades del consumo". �74 Siglo XIX 54. "De las 600 carnicerías de esa naturaleza establecidas en el municipio fuera de los mercados no es aventurado decir que 500 operan con una sola o media res de carne", Boletín Nacional del Trabajo, No. 21, 30 de noviembre de 1912, pág. 347. L. Gutiérrez: Condiciones de vida populares en B. Aires 75 66. Jdem, noviembre de 1880. 67. La l'rensa, 6 de enero de 1901. 68. La Voz de la Iglesia, 9 de enero de 1902, publica una nota titulada "El triunfo de la chacra: la venta de carne al peso. Ordenanza de ñanga pichanga. Mucho peor que antes". 55. Memoria presentada al Honorable Concejo Deliberante por el intendente municipal don Francisco Alcobendas, 1986, pág.113: "Los animales cuya carne es destinada al consumo de la población son sacrificados a causa de la defectuosidad de las instalaciones, en la forma implantada por nuestros padres los españoles en los antiguos saladeros .. . , esperamos la terminación de los nuevos mataderos para asimilamos los procedimientos que permitan obtener una buena carne fresca apta para la alimentación". 70. Emilio R. Coni, Memorias de un médico higienista, Buenos Aires, 1918, pág. 218. 56. Memoria de la Intendencia Municipal, 1898-1901, pág. 67. 71. Boletín del Departamento Nacional del Trabajo, pág. 309. 57. "La carne Uega por la noche del matadero, de donde la traen largas filas de carros cubiertos; su viaje no es muy largo, pero en cambio es peligroso .. · ., y dichos carros están construidos para atravesar profundos lodazales, donde a veces se quedan enclavados.( ... ) Es una maravilla ver... que hombres y caballos puedan en los Uuviosos días de invierno emprender y Uevar a cabo este trabajo hercúleo; dos caballos bastan para arrastrar esta carga por un camino empedrado; pero antes de llegar a dicho empedrado tienen que emprender una especie de escalamiento por calles llenas de baches donde apenas son suficientes para salir del paso seis caballos de refuerzo, rudamente azotados y hostigados por los gestos, gritos y espuelas de los gauchos que los montan; entran en la ciudad los carros Uenos de lodo y entregan, de mil vaivenes, su mercancía traqueteada, que a no ser por este penoso viaje no tendría sin duda valor alguno. A veces, para completar el cuadro, el carro lleva, colgada por las partes de afuera, una ternera muerta al nacer, cuya carne temblona y mueUe agitada a cada vuelta de las ruedas con movimiento de pólipo viscoso constituye, según parece para los aficionados, un plato escogido, el bacaray. A las diez, todo el mundo se ha marchado ; el mercado vacío no es más que un pasaje invadido por las moscas, cuyo número es tal que a los hombres asistan" (E. Daireaux, citado, pág. 1775 ). 58. La Prensa, 21 de abril de 1891. 59. Boletín del Departamento Nacional del Trabajo, No. 21, 30 de noviembre de 1912, pág. 325. 60. Scobie, citado, pág. 180. 61. Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, 1894, pág. LXXI. 62. ldem, 1914 63. "Las casas revendedoras sotienen, a su vez, que la leche es uno de los pocos artículos de primera necesidad que ha mantenido uniforme su precio en los últimos diez años...", Boletín del Departamento Nacional del trabajo, pág. 376. 64. La Revista Farmacéutica y la Revista Médico-Quirúrgica abundan en denuncias sobre adulteraciones y falta de medidas sanitarias respecto a los alimentos. 65. La Revista Farmacéutica, 21 de enero de 1879. 69. Revista Médico-Quirúrgica, año VIU, No. 5, 8 de julio de 1881. �La Clase Obrera Textil del Valle de Orizaba, en México MIGRACIONES Y ORIGEN Bernardo García Diaz* l. ., Edward Thompson en su libro sobre la formación de la clase obrera inglesa, convertido en clásico desde la primera edición, s11brayaha la importancia de estudiar la clase obrera en SllS relaciones con el pasado y otros grupos sociales. Escrihía en 1963, fecha de aparición de la obra: La formación de la clase obrera es un fenómeno de historia política y cultural tanto como de historia económica. No nació por generación espontánea, producto del sistema fabril. Sería lamentable suponer una fuerza exterior - la revolución industrialque habría operado sobre una materia prima humana indiferenciada y fantástica convirtiéndola por arte de mecanismos mágicos en una "nueva raza de hombres". La relaciones de producción en proceso de cambio y las condiciones de trabajo existentes en la revolución industrial obraron, no sobre una materia prima de ninguna clase, sino sobre el "inglés libre de nacimiento", tal como lo había dejado Paine o lo había moldeado el metodismo. 1 En la década siguiente, en ocasión de la presentación de un número monográfico de Le Mouvement Socia~ dedicado al nacimiento de la clase obrera, la profesora Rolande Trempe lamentaba el hecho que uno de los *Centro de Investigaciones Históricas, Universidad Veracruzana, Jalapa, México. Una primera versión de este ensayo fue publicada en Historias, 19, Instituto Nacional de Antropología e Historia (lNAH), México. �78 SigloXIX problemas peor estudiados fuera precisamente el de los orígenes geográficos, sociales e históricos de la clase obrera.2 Rolande Trempe aprovechó la presentación para desarrollar un largo alegato sobre la necesidad de investigar estos orígenes, en general vagamente definidos. Por fortuna, desde entonces a la fecha se ha escrito un respetable número de trabajos al respecto en diversos países .de Europa y en los Estados Unidos, que se podrían considerar ejemplares desde el punto de vista metodológico. Atrás de ellos sin duda estuvo el impulso inicial dado por trabajos pioneros como los de los dos grandes historiadores antes mencionados. En América Latina, en cambio, son menos frecuentes las investigaciones emprendidas desde una óptica de historia social. La historiografía mexicana sobre el tema no es excepcional. Se posee un amplio acervo bibliográfico sobre la historia del movimiento obrero: sobre sus luchas más dramáticas y sus sindicatos y centrales más importantes. Empero, no se cuenta sino con pocos estudios que ofrezcan una explicación totalizadora del complejo proceso de formación de la clase. De hecho se insiste en equiparar la historia del movimiento obrero con la historia de la clase obrera. Debe señalarse sin embargo que -afortunadamente- algún cambio comienza a observarse desde principios de la presente década, con la aparición de diversos ensayos y más aún con la conclusión de numerosas w,gis, elaboradas con una óptica diferente.3 El presente artículo pretende colocarse precisamente dentro de estas nuevas vertientes de la historiografía de Ja clase obrera. Nos interesa describir y comenzar a analizar el caso de las migraciones que nutrieron las fábricas de textiles de algodón del valle de Orizaba, entre los años 90 del siglo pasado y la primera década del actual. Específicamente, tenemos la preocupación de relacionar los desplazamientos de población con el problema de la formación de la clase obrera orizaheña y las formas de conciencia que adquirió y heredó. A partir de la década final del siglo XIX asistimos al auge del desarrollo textil de Orizaha, protagonizado dentro del proceso de expansión que vivía la industria para esos años. En efecto, en este período, que alcanzaría su final hacia 1904-1905, se crearon varias sociedades anónimas, encabezada sobre todo por franceses, que fundarían compañías en una escala descono~ida anteriormente. Fue la concentración de capitales acumulados en el país, a través del comercio, principalmente, y en menor medida, de capitales europeos canalizados a través de "La Sociedad Fi- B. García Díaz: L~s obreros textiles de Orizaba 79 nanciera para la Industria de México", fundada en París en 1890, lo que permitió una inversión masiva para la modernización de la industria. Pero también contrihuyeron las modificaciones en el comercio internacional de los países centrales: hacían ahora hincapié en la exportación de bienes de capital (un cambio fundamental para la industria fue la introducción de la energía eléctrica: permitió innovaciones tecnológicas, en tanto que hizo posible la introducción de husos de alta velocidad, telares automáticos y estampadoras).4 El proceso de modernización vino a inaugurarse, precisamente, con la creación de la Compañía Industrial de Orizaba (CIDOSA). Esta compañía fundó la fábrica Río Blanco en 1892, la cual sería entonces la más grande y moderna del país; compró además San Lorenzo, Los Cerritos y la Cocolapam, las renovó y amplió e integró a la Río Blanco, para constituir un solo proceso productivo. Mientras estas tres últimas.fábricas se especializaron en el tejido y la hiladura de telas, la Río Blanco se encargó de su blanqueo y estampado. A estas factorías se sumarían en los años siguientes la Santa Gertrudis, elaboradora de productos de yute, y la Mirafuentes, una hilandería establecida en Nogales, ambas compañías de capital extranjero. El proceso culminaría con la creación de la Santa Rosa, inaugurada en 1899 y también propiedad de inversionistas franceses agrupados en la Compañía Industrial Veracruzana, S. A. (CIVSA). La Santa Rosa tendría 1 400 telares, 40 183 husos y cuatro estampadoras; la Río Blanco en cambio, llegaría a contar 1 650 telares y 43 000 husos. Si se piensa que una década antes las fábricas tenían como promedio cien telares y 2 000 husos, se puede tener una idea de la magnitud de estas factorías. Para mover en 1905 la Santa Rosa, por ejemplo, se necesitaban alrededor de 1 800 operarios, sin contar los técnicos extranjeros.5 La elección de Orizaba para instalar fábricas grandes y modernas no fue fortuita: una conjunción de circunstancias creaba allí un medio favorable para la intalación-de empresas textiles. El valle no sólo sacaba provecho de la presencia cercana del Citlaltépetl, que desempeñaba el papel de distribuidor de abundantes aguas, sino de la humedad de su clima, que permitía la confección de telas de textura más fina que las elaboradas e!! el clima relativamente seco de la Mesa Central. Además el ferrocarril pennitía a los industriales explotar la condición intennedia del distrito entre el puerto de Veracruz, lugar en que se concentraba el algodón, y el populoso Altiplano, principal centro de consumo y de distribución de los textiles hacia �80 Siglo XIX B. García Díaz: Los obreros text,1es de Orizaba 81 el resto del país. No obstante el valle sufría una limitación esencial: no tenía suficiente gente interesada y capacitada para echar a andar la industria de la zona. Las dos fábricas más grandes, antes mencionadas, se esta:blecieron en terrenos casi deshabitados, pertenecientes a dos pueblos indígenas instalados en las mon_tañas que circundaban el valle. La San Lorenzo, que se ubicó en el pueblo más importante del valle, después de Orizaba, también tuvo, como veremos enseguida, que importar una gran cantidad de tejedores; y así pasó en cada una de las fábricas. ¿De dónde viene la gente, de dónde salen los inmigrantes que permi- tirán la elaboración de telas? A partir de la información de un padrón electoral de 1892 del municipio de Nogales, se pudieron identificar 427 obreros que trabajaban en su mayor parte en la San Lorenzo y, en porcentaje menor, en la recién inaugurada Río Blanco.6 La gran mayoría era inmigrantes, a excepción de 54 nativos de la región, 30 de Orizaba y 24 de Nogales. El estado que más proporcionaría inmigrantes sería Puebla, que aportó aproximadamente la mitad del total (144 de la capital y 66 del interior del estado). En segundo lugar se colocaría la ciudad de México con 66 textileros. Después, pero a mucha distancia, vendrían los grupos de inmigrantes de los estados de Tlaxcala y Oaxaca, 27 del primero y apenas once del segundo, y un minúsculo grupo que llegó de otros lugares de Veracroz, especialmente de Xalapa. Por último estaban unos cuantos de Hidalgo, Querétaro y Guanajuato. Otros más tenían un origen no precisado. Estos inmigrantes eran en su mayoría jóvenes. Entre ellos predominaban los solteros: constituían alrededor de un 57%. Los obreros casados y solteros que vivían con su pareja y sus hijos conformaban un 26.46%; y los casados que vivían solos alcanzaban un 13.58%. Los solteros tenían 24 años de edad promedio, los casados 31 años y sus esposas 27, y sus fa. milias eran pequeñas, con dos hijos como promedio. Los obreros casados que vivían solos se colocaban alrededor de los 34 años como media. En suma, una población joven: el 62% del total de esta población obrera oscilaba entre lo 18 y 30 años. Un rasgo interesante de estos migranLes es el gran número de los que sabían leer y escribir: 183 de 427, más del 42%. Pero esta migración, que es fruto de las primeras oleadas que llegan, sufrirá sustanciales modificaciones para mediados de la década siguiente, que coincide con el funcionamiento pleno de las dos fáhricas más grandes. De acuerdo con datos desglosados de la muestra de 603 obreros de la fá- brica Santa Rosa -un tercio de su total- el radio de atracción se ampliará y se volverá más variado. 7 Puebla seguirá manteniéndose a la cabeza como el principal proveedor de inmigrantes, con 47%. Oaxaca que en la década anterior ocupaba un lugar irrelevante, pasará en cambio al segundo lugar con el 23%. México y su región textil circundante ofrecerán un 13°/o. En seguida se colocará Tlaxcala con un 8% y, un poco después, Querétaro con 5%. Estados como Hidalgo, Michoacán y Guanajuato también aportarán algunos inmigrantes. La novedad más notable será la importancia numérica que adquiere, en forma impresionante, la migración oaxaqueña. Menos evidentes pero tan significativos serán los cambios que sufre en su composición la migración poblana. La ciudad de Puebla, que predominaba con 144 de los 210 inmigrantes poblanos en 1892, pierde ahora peso frente al ascenso de los que provienen del interior del estado: la proporción se invierte y ahora son solamente 41 angel~nos frente a 212. El descenso de inmigrantes de la ciudad de Puebla implica, como contrapartida, un aumento de importancia de los que vienen del campo: combinado con el aumento notable de la migración oaxaqueña, originaria en gran medida de la Mixteca, conlleva a que el número de inmigrantes de procedencia rural se convierta en mayoritario en forma clara. Por lo que se refiere al valle de México, aunque del segundo lugar pasa al tercero, sigue conservando numéricamente su importancia. Lo mismo pasa con la migración tlaxcalteca: si bien minoritaria, sostiene su continuidad en el flujo. Querétaro sigue ocupando el último lugar dentro de los estados que ofrecen una cuota regular de mano de obra, pero aumenta el número de sus inmigrantes en ténninos absolutos. Si colocáramos a todos los inmigrantes dentro de dos categorías -aquellos proveniente de sitios con industria textil y aquellos originarios de sitios que carecen de ésta- encontraríamos la siguiente proporción: 34°/o para los primeros y 66°/o para los segundos. Sin embargo, aún cuando estas informaciones son útiles no bastan además de ser muy generales. Es necesario saber quiénes era~ estos tlax~ caltecas, oaxaqu~ños y queretanos: ¿por qué están saliendo de localidades tan diversas como Tlaxcala, San Angel o Tajimaroa?; ¿qué experiencias vividas o heredadas traían consigo?: ¿cuál era el fardo cultural e histórico que aportaban cuando se trasladahan?8 Estas y otras preguntas similares están detrás de este ensayo. Desde luego, las respuestas áÚn tienen un car-.ícter bastante provisorio y están cargadas de demasiados quizás y muchos muy probablemen/e. Aún así, una de nuestras pretensiones principales es �82 SigloXIX llamar la atención sobre una línea de investigación que privilegie el estudio de las connotaciones históricamente determinadas por las estructuras socia1es que preceden a la fábrica. II. f,os poblanos Una de las mayores especia1idades de la ciudad de.Puebla, desde la época virreinal, fue la producción de textiles; y no sólo de algodón, seda o lana, sino de textiles de carne y hueso, es decir de artesanos y operarios textiles. Se podría recordar aquí el barrio formado en la ciudad de México, en los primeros años del siglo XIX, a partir de la llegada de decenas de artesanos textiles que migraban de Puebla.9 A medida que el siglo avanzaba la vocación textilera de Puebla se acendraría y, ya para mediados del siglo y sobre todo con fuerza después de 1870, se daría un proceso de autorreproducción de la fuerza de trabajo fabril por la heredabilidad del oficio. Esto se encontraba en relación con el desarrollo de una nueva industria textil, ya mecanizada, que surgió desde mediados de los años 30 en las márgenes del río Atoyac, en los a1edaños de Puebla, tras la inauguración de la Constancia (la primera fábrica textil del país) en 1835. Con ~os establecimientos se fue imponiendo de manera lenta y gradua1, en convivencia con la producción artesanal, la industria textil. A las diez fábricas que en 1843 podría conferírseles ese título, en los años siguientes se sumaron otras más: para 1877 podían contabilizarse veintiuna en el municipio.10 Alrededor de v¡µias de estas fábricas se organizaron villas fabriles para garantizar el aprovisionamiento estable de mano de obra. En estas vi_llas se autorreproduciría la clase obrera de una manera clara a partir de 1870, si bien el proceso de captación de mano de obra continuó haciéndose, en parte, por el reclutamiento de una mano de obra en proceso de proletarización, tanto de sectores urbanos como del campesinado de pueblos circunvecinos. En las villas fabriles, como en los pueblos aledaños, que se podían considerar como extensiones de las villas, se dio un proceso de reproducción a través de la promoción del trabajo familiar, lo que permitió por otro lado mantener bajos los sa1arios individuales. Si las mujeres participaron sólo marginalmente en este proceso, su ausencia se vió compensada por el alto porcentaje de niños que ingresaba en la fábrica y constituía cerca de una cuarta parte del tota1 de operarios textiles en 1878-1879.11 B. García Díaz: Los obreros textiles de Orizaba 83 Así, para el período de máxima expansión de la industria en el país, Puebla pudo contar con un proletariado textil avezado en los modernos métodos de producción. Proletariado que estuvo en condición de migrar hacia otras regiones, como experto, en el momento en que se inauguraban fábricas. Esto sucedió cuando los poblanos formaron parte del primer grupo de cien obreros contratados para Tajimaroa, Michoacán, en 1895, "mientras se enseñan los hijos de la comarca", para iniciar los trabajos de la fábrica La Virgen. 12 Lo hicieron también en años anteriores, cuando fueron a la San Lorenzo, en Veracruz, en 1881 y posteriormente cuando se trasladaron hasta Juanacatlán, Jalisco, en 1896.13 Según algunos autores, los poblanos migraban buscando mejores salarios. Por ejemplo Keremitsis anota que en la década 1880-1890 los industriales poblanos pagaban un sa1ario mínimo de 25 centavos, "uno de los más bajos del país";14 en contraste con Orizaba, el mínimo era de 35. Juan C. Grosso coincide con esa apreciación, pero agrega que existen diversas referencias sobre una situación de desempleo en la ciudad de Puebla, consecuencia de la incapacidad de la estructura productiva de absorber una creciente disponibilidad de fuerza de trabajo ligada al proceso de proletariza., de sectores campesmos . c1on y artesanales.is Pero no sólo saldrían poblanos de la capital del estado y pueblos circunvecinos. También migraron de los distritos agrarios de Chalchicomula, Tecaniachalco y Tehuacán. Sobre todo de los pueblos de San Andrés Chalchicomula, Tecamachalco, Tochtepec, Auecholoc, Cañada Morelos, San José Ixtapan, San Agustín del Palmar y de otras muchas localidades dominadas por las grandes haciendas. Por ahora, en espera de estudios locales sobre estas regiones en la era porfirista, sólo conocemos en forma particular el caso de los campesinos de San José Ixtapan. Asfixiados por las haciendas cercanas, los josefinos se vieron obligados a cultivar las tierras de estas haciendas como aparceros o dedicarse a otras actividades rurales, como la arriería o la cría de vacunos. Inclusive salieron en cuadrilla a trabajar cuando se tendió la vía del ferrocarril Esperanza-Tehuacán; también fueron a laborar a una cantera de mármol vecina. La construcción de la Santa Rosa, que ofreció trabajo a los canteros, y su posterior funcionamiento, aparecería como una alternativa ' ante e1despOJO · de sus medios de vi"da. 16 mas Estos poblanos no sólo llegaban hasta Orizaba sino que seguían, en su descenso, hasta las tierras más bajas del distrito agrícola de Córdoba, al �84 SigloXIX B. García Díaz: Los obreros textiles de Orizaba 85 trabajo en haciendas y plantaciones tropicales. 17 Contribuían así a renovar el material humano de la tierra caliente, tan escaso y tan propenso a ser víc~ima de las fiebres y enfermedades tropicales. Por último debe agregarse que algunos de estos migrantes rurales procedían en algunos casos de un contexto productivo artesanal, más que exclusivamente campesino. En el distrito de Tecamachalco existía en algunos pueblos, por ejemplo, la tradición de] tejido de la lana en telares de manos. 18 la Mixteca no sufrieron a mediados del XIX los embates de los hacendados. Aún así, al interior de Jas comunidades se dio un proceso de privatización de las tierras comunales. El derecho de usufructo devino gradualmente en una form_a de propiedad privada, que avanzó sobre todo debido al crecimiento de la agricultura mercantil en la región. De hecho se ha propuesto una desamortiz~ción informal en parte de la Mixteca antes de 1856.21 Esta desamortización parcial contrihu ía a la separación de algunos productores de sus medios de vida. Los oaxaqueños Tan importante en la expulsión como la parcial disociación de sus medios de producción, o quizás más por ser un elemento permanente, sería el embate que siempre han sufrido los mixtecos por la pobreza de su medio natural. Insertos en una abrupta región, los recursos que les ofrecen sus montañas son escasos. Incluso en sus valles, la agricultura de temporal es difícil e inconstante: debido a su altura viven bajo las amenazas del hielo negro y por otra parte las lluvias no están garantizadas. Ciertamente el hambre es la gran espoleadora de la diáspora de la Mixteca. A ellas se podrían apljcar las palabras de Fernando Braudel sobre las montañas: fábricas de hombres para uso ajeno.22 Del estado de Oaxaca vendrían remontando a pie sus anchas serranías, sembradas de órganos y candelabros, los indígenas de la Mixteca. Especialmente saldrían de los distritos de Tepozcolula, Coixtlahuaca, Tlaxiaco y Nochistlán, ubicados en la Alta Mixteca. También llegarían de la región de los valles centrales: de la propia ciudad de Oaxaca y de algunos pueblos de su distrito. Unos cuantos saldrían incJusive de la región de la sierra de Juárez .19 Los oaxaqueños, los últimos en llegar al valle de Orizaba, para la primera década del siglo constituirían el segundo grupo estatal de inmigrantes, colocado solamente después del formado por los poblanos. La migración de la Mixteca contrasta con la resistencia e indiferencia de los indígenas nahuas de la sierra de Zongolica que no ingresan al trabajo fabril. Mientras los nahuas se encuentran en las montaijas circundantes del valle textil, los hombres de la Mixteca se localizan a muchos kilómetros de distancia. Kilómetros que se multiplican si se considera el área no en términos de distancia-espacio, sino en términos de distancia-tiempo. La ida a Orizaba implicaba para alguien que saliera de Santa Catarina Tayata, distrito de Tlaxiaco, un viaje de varios días. 2 Cargado su morral con totopos, su harina de frijol, hecha con ºfrijol tostado y molido, y sus calabazos de agua, dejaban atrás sus jacales de bajereque y se lanzaban hacia el cañón de Tomellin que los Hevaba al valJe de Tehuacán. Tardaban hasta cinco días en llegar a Tehuacán, en un viaje fatigante y pesado, subiendo y bajando por montes y quebradas en ásperos caminos. Al sexto día, después de mecli_a jornada de camino, llegaban hasta Puerto del Aire: desde sus alturas pod,an ver finalmente con alivio, a sus pies, las tierras labrantías de AcuJtzingo, que iniciaban el valle de O rizaba por su parte sur: necesitarían entonces de sólo unas horas para desencumbar y entrar en las primeras villas fabriles del distrito. ° A diferencia de las comunidades del centro del país, los habitantes de AJ parecer la migración a Orizaba fue precedida por migraciones temporales de jornaleros agrícolas hacia las tierras del Golfo. Por una protesta de las comunidades sabemos que, a finales del siglo XIX, anualmente subían enganchadores a reclutar cuadrillas al distrito de Huajuapan de 23 León. Estos comision~dos de los propietarios extranjeros, de las fincas tabacaleras de la región de San Andrés Tuxtla, reparten dinero a los que quieren comprometerse a trabajar por un periodo de seis meses en el levantamiento de la cosecha. Una vez que reúnen suficiente gente, la traen hacia Tehuacán, donde se embarcan las cuadrillas para la costa en el ferrocarril. Ahí se toma el ramal de Tehuacán a Esperanza, Puebla, y después transbordan al F crrocarril Mexicano para ir hacia Veracruz. Durante el viaje, después de descender las cumbres de Maltrata, atravesarán los pueblos fabriles de O rizaba, que en esos años acaban de inaugurar sus fábricas más grandes. Según el jefe político de Huajuapan de León, la oposición de los pueblos nace del abuso y los atropellos que cometen con las cuadrillas. Sostiene que los contratistas se aprovechan de la necesidad de los individuos y por un puñado de dinero se los llevan prometiendo beneficios que recibirán y un clima saludable, aunque después resulte todo lo contrario.24 Es posible que estos migrantes pendulares que se anotan en las cuadrillas, sean los que vayan posteriormente hacia Orizaba. De hecho, la moder- �86 8. García Díaz: Los obreros textiles de Orizaba SigloXIX nizac1on de la industria hizo que el proceso productivo se volviera más complejo y se subdividiera en un mayor número de etapas.25 Así por un lado se hacía necesaria la contratación de obreros experimentados para las actividades que requerían mayor calificación; por otro, apareció una gama de empleos que no requería ninguna especialización: podían ser ocupados por migrantes que vinieran directamente del campo a trabajar por temporadas. Esto pasaba en particular en los departamentos de estampado, tanto de la Río Blanco como de la Santa Rosa, donde al lado de oficios calificados como el de grabador o tintorero, había grupos de trabajadores que sólo desarrollaban labores manuales de fácil ejecución. Además en todas las fábricas necesitaban cuadrillas de peones para realizar trabajos duros y desagradables. Ya familiarizados los jornaleros con la ruta de inmigración de la Mixteca hacia Tehuacán y de aquí hacia Veracruz, podían probar fortuna en las fábricas de Orizaba. Allí los empresarios franceses los necesitaban tanto como ocupaban tejedores expertos. Si el trabajo fácil les resultaría mucho más extraño que las labores agrícolas a desarrollar en las fincas tropicales, no sufrirían las mismas coacciones para permanecer por prolongados períodos. En las fábricas podían estar durante algunas semanas, hasta que se cansaran o les pareciera insoportable el trabajo, la disciplina fabril tan terriblemente novedosa para· ellos, o el tipo de vida que se llevaba ahí, y regresar libremente a sus pueblos. Y de hecho tardaron en afincarse en la región. Todavía en el cuarto lustro de este siglo, durante los primeros años del sindicalismo, los militantes gremiales sufrirían su desinterés en la organización: en tanto que eran trabajadores temporales, en incesante ir y venir, entre la fábrica y sus comunidades, poco entusiasmo mostraban en la causa sindical.26 Pero también cabía la alternativa opuesta de que se fueran familiarizando, desde su trabajo en la cuadrilla de peones, con los diferentes departamentos, y terminaran aprendiendo las labores en algún puesto de trabajo. Y efectivamente, así lo hicieron algunos. Quizás Orizaba y sus fábricas aparecieron como una forma de opresión menos terrible, si bien más extraña, que el trabajo en las fincas. Además conforme la corriente migratoria se ensanchó con la llegada sucesiva de parientes y paisanos, los mixtecos pudieron desarrollar formas de solidaridad que les hicieran la vida menos adversa en esta lejana tierra. Numerosos testimonios de historial oral27 coinciden en señalar los fuertes lazos de hermandad que se creaban entre ellos: "ay hermano", decían cuando moría alguno. Algunos viejos trabajadores se quejaban de lo montoneros que solían mostrarse los mixtecos cuando de pelear se trataba: no se podía tocar a uno, porque todos se venían encima. 87 Esto lo supieron bien los queretanos que tendrían pleito casado con ellos, . d ustr1·a1es como en Atlixco.2s lo mismo en V eracruz que en otros centros m Esta cohesión interna, que era en parte una respuesta al menosprecio por parte de los mestizos arribeños y en parte una solidaridad impuesta por las mismas necesidades de la emigración, nacía también de la profundidad e identidad étnica mixteca: no desaparecía con la migración, que no implicaba automáticamente una renuncia a su cultura, ni una descaracterización étnica.29 De la región de los valles centrales saldrían de la ciudad de Oaxaca y del distrito de Etla. Aunque más distante que la Mix:teca, se volvería cercana con el ferrocarril Mexicano del Sur, que comenzó a circular desde 1892, comunicando desde entonces a la Antequera con el resto del país. En Etla se habían instalado dos pequeñas factorías: la San José y la Vista Hennosa, en 1875 y en 1885 respectivamente.30 De aquí saldrían operarios para Veracruz. La tercera región oaxaqueña que aportaría inmigrantes sería la de la Sierra de Juárez. En Xía, Tomás Grandison, un empresario inglés, instaló m 1875 una fábrica textil, en medio del campo, para aprovechar la riqueza hidraúlica del lug-.ir.31 Enemigo de importar trabajadores y con un proyecto de dominio patriarcal que incluía viviendas, tienda, escuela y capilla, creó su propia fuerza de trabajo a partir del reclutamiento de serranos. Su proyecto de forjar obreros y obreras en el campo se revelaría al parecer exitoso, durante el período que funcionó la fábrica: de aquí salli-ían asalariados textiles lo mismo para Veracruz que, posteriormente, pa32 ra Etla, cuando dejó de trabajar la fábrica. los mexicanos Fue de la ciudad de México, de Tlalpan, de Contreras, de San Angel, de Miraflores, de Tlalnepantla y de Toluca, es decir, de las poblaciones y zonas con industria textil, de donde saldrían los obreros que del estado de México y de la capital del país irían a Veracruz. Esta zona de México vivió tempranamente un proceso de instalación de fábricas textiles que le pennitieron competir con Puebla por la supremacía textil. En algunos años llegó a tener más trabajadores textiles que Puebla, como en 1877: había 3 261 operarios ubicados en catorce fáhricas, mientras en las veintiuna de Puebla se encontraban sólo 2 760. 33 �88 Siglo XIX La instalación de fábricas se inició en la tercera década del siglo '<IX y para 1843 eran diecisiete las factorías establecidas. 34 La mayor parte de las fábricas grandes se ubicarían en tres zonas: an Angel y Tlalpan, Tlalnepantla y Chalco. Las trt's estaban comunicadas entre sí, y de hecho se podría hablar de una sola región textil. La concentración de más de 3 000 trabajadores en una misma zona permitiría el desarrollo temprano de una red de comunicación y solidaridad. 35 Aquí también se dió un proceso de reproducción de la fuerza de trabajo semejante al de Puebla. -\sí, para 1870 había varios casos de maestros, algunos de ellos salidos de las filas obreras, otros del artesanado, que habiendo iniciado su trabajo en los salones textiles desde niños, ya podían sustituir a maestros y operarios calificados extranjeros. A esto contribuyó la fundación de algunos talleres escuela desde 1830, pero también la transmisión del oficio textil de una generación a otra, facilitado por la conformación de comunidades en los alrededores de algunas fábricas que contaban con viviendas para sus trabajadores, como La Fama y San Fernando en Tlalpan. tn estos barrios se comenzaron a formar pequeños núcleos de obreros que romperían con su entorno rural, y empezarían a ensayar formas asociativas y de lucha 1¡ue marcaron el inicio de una identificación de clase. Ilustrativos de una idrntificarión a partir del trabajo son los desfiles que hacían con sus instrumentos de trabajo. Por ejemplo, en 1873, en Contreras, los trabajadores desfilaron con sus lanzaderas y otros instrumentos para recibir a una comisión del Gran Círculo de Obreros. Pc,-o más significativas fueron las numerosas luchas regionales que sostuvieron, así como los intentos organizativos que levantaron lo obreros: ya fuera en forma autónoma, como la experiencia de "Las Fábricas Unidas", o en los que participaron bajo la dirección del artesanado, como con el Gran Círculo de Obreros (GCO). Por lo que se refiere a las luchas, de la~ 41 huelgas textiles que estallaron en el país en el período 1850-1883, 2i tuvieron lugar en el Distrito .Federal} en rl estado de ~léxico, es decir casi 36 dos l!·rcio:;. En este sentido se podría afínnar que el centro de gravedad de la lucha textil, en las déeadas de aparición del sistema de fábrica, estaba t·n la zona. Las mutualidades se vinieron creando desde los años 60 y paulatinamente se transformarían en sociedades de resistencia; cuando se formó el GCO, se afiliaron, } para 1875, de las 28 sucursales que coordinaba d Gran Círculo, do<·e <"Orrespond ían a fábricas textiles. El importante peso que los textiles tenían en la composición del GCO se reflejaría en la atención que el periódico oficia] del Gran Círculo daba a los problemas y luchas de los obreros, lo que provocaría a su vez que algunos operarios fue- B. García Díaz: Los obreros textiles de Orizaba 89 1311 asiduos lectores y sostenedores de esta prrnsa. ,\ través de su par~ci~ación en el GCO, los obreros obtendrían O<'asionalmrntc a}-uda econom1ca 01 sus huelgas y la difusión de sus problemas. En el difícil camino de su constitución como clase, más importante fue sin embargo la experiencia de "Las Fábricas l rudas", que funci?naba como una suerte de coordinador de las organizaciones del Valle. Scrra una agrupación más netamente obrera que el GC?: su dirección estuvo en manos de los propios trabajadores y ya no mas en las de l?s artesanos. ~u importancia estribaba en que contribuyó a superar el caracter l~cal y aJSlado de las luchas y generó w1a red de solidaridad. En este sentido fue u~ antecedente del Gran Círculo de Obrero;; Libres creado en 1906 en Onzaba, sólo que más limitado geográfÍl·amentc. Acle,~~• dc_b~_mencion~ que la población de la región textil del \ alle de Mex.ico VlVlO la expcnencia fundamental de luchar en la guerra de Intervención, contra los franceses. Algunos tejedores que se <·onvirtieron en guerrilleros y lucharon en contra del Imperio de Maximiliano, y a favor de las Leyes de Reforma, serían reconocidos como líderes de sus comunidades después de la guerra.37 Los obreros mPxicanos se caracterizaron, en los años previos a que un contingente de ellos se trasladara a Orizaba, por una gran riqueza en su vi: da asociativa y por su constante efervescrncia y disposición a la lucha. S1 tomamos como índice el número de huelgas y los proyectos organizativos que promovieron, debemos admitir que sin lugar a dudas constituían una de las vanguardias del incipiente prolt'tariado industrial. Coincidentemente, en los años inmediatamente anteriores a la apertura de las fábricas francesas de \, ecacruz, se dio una oleada de represión patronal para acabar con la org.inización de los trabajadores: se elaboraron listas de operarios que no eran aceptados en ninguna fábrica, se disparó contra huelguistas y asambleístas y se encan:eló a dirigentes destacados. Entre los más golpeados estuvieron los trabajadores de Tlalpan, a quienes la prensa calificaba como "hábiles, tenaces y testarudos,-.38 Verdaderamentc qut> lo eran: a pesar de haber sufrido una severa derrota en 1875, se declararían en huelga en cuatro ocasiones en el bienio 1876-1877; y su Dlf'sa directiva terminó en prisión en 18,i. Entre las filas de la migración vrnían -con seguridad- algunos de estos curtidos militante o algunos otros luchadore del valle de Anáhuac, tan testarudos o cmpednados como ellos. De la misma manera que se ha �90 Siglo XIX relacionado la llegada de migraciones transatlánticas con la efervescencia política en los puertos de arribo, deberían conectarse estos desplazamientos internos (por ahora poco estudiados) con Ja extensión de la agitación y de la organización. Los tlaxcaltecas Y o viví en Nogales. .. como yo era el mayor, recuerdo cuando llegamos a Nogales. Allá trabajó mi papá por un tiempo. Según mi papá fuimos porque mis abuelos también se habían ido en busca de trabajo. Mi familia completa ya tenía la costumbre de irse para Veracruz, le habían probado en algunos pueblos de Tiax. cala, habían buscado en fábrica la cosa de los textiles por todo 11axcala, pero había mejor paga allá en Veracruz, además había más movimiento en topo. La cosa fue que a veces también vendíamos, llevábamos comida; la fruta de aquí, carne, quesos, en fin muchas veces las vendíamos entre nuestros parientes o compadres. Allá en Río Blanco también teníamos familia que trabajaba en las textileras... Este testimonio de Gregorio Serrano,39 "campesino-obrero" de Santa Inés Zacatelco, nos da algunas de las razones de la migración hacia Orizaba. Nos habla de la búsqueda de trabajo y de un salario mejor, pero también de los hábitos de los tlaxcaltecas (de la región sur-centro del estado) de salir de sus comunidades a buscar trabajo, de probar suerte en las fábricas textiles y de dirigirse hacia el estado de V eracruz. Don Gregorio Serrano, que ~duvo por tierras veracruzanas en la última década del porfiriato, pertenec1a a un grupo que se caracterizó tanto por su movilidad geográfica como ocupacional. Históricamente, los pueblos ubicados en el corredor Apizaco-Puebla fueron como los barrios pobres, las reservas proletarias de la Puebla colonial. A Puebla y a su región circundante la proveían de gente para la construcción de edificios públicos, para sus talleres y para que trabajaran como segadores. En el siglo XIX la favorable ubicación de la zona, surcada por los ríos Atoyac y Zahuapan y por el Ferrocarril Interoceánico, y la crianza intensiv~ de ov~!as; hicieron de los pueblos de la región lugares escogidos para la ms~ac1on d: -~na docena de fábricas textiles, que pudieron aprovechar ademas la tradic1on en la producción textil doméstica. Con la instalación de las fábricas se fue creando un proletariado de tiempo parcial que com- B. García Díaz: Los obreros textiles de Orizaba 91 binaba su trabajo en el campo con el de las factorías. La experiencia de buscar un ingreso adicional fuera de la agricultura, como artesanos, comerciantes ambulantes y arrieros o fabricantes, no era una novedad en la zona. El exceso de población rural de la región, que radicaba en pueblos con terrenos comunales fraccionados en minúsculas e insuficientes parcelas, que se explotaban individualmente, hacía indispensable la búsqueda de un · 40 ingreso complementano. Así, cuando vino el despegue industrial de Orizaba, que se tomó cercana con el tránsito permanente de ferrocarriles, la ida a las factorías no implicó una gran aventura, ni siquiera un cambio drástico en las formas de ganarse la vida. Realmente lo que pasaba era que se hacía más amplio el radio de acción dentro del cual deambulaban los "campesinosobreros", que también fueron a trabajar a otra zona textil de Veracruz, la de Xalapa-Perote. 41 Aunque el hecho de alejarse de Tlaxcala por.temporadas de semanas, o ~un de meses, hacía más marcados y definidos los tiempos ocupados en el trabajo de la industria y los tiempos utilizados en las labores agrícolas: lo que llevaría a que algunos inmigrantes tlaxcaltecas en el mediano plazo tomaran una decisión más definitiva respecto al trabajo fabril . Los habitantes de este minúsculo estado del centro de México se significaban por provenir de pueblos con una tradición de protesta y lucha contra los hacendados. Más singular resultaba, no obstante, la reciente difusión de un movimiento religioso disidente en la región: el metodismo.42 El metodismo se propagó con éxito en la zona centro-sur de Tlaxca- la y buena parte de su membrecía estaba constituída precisamente por estos trabajadores móviles que, trasladándose de un lugar a otro, portaban consigo su credo. Este fue el caso de Agustín Flores Serrano, tejedor tlaxcalteca: lo primero que hacía una vez que se instalaba en el trabajo era localizar un lugar vecino donde hubiera reunión evangelista, lo mismo estu-· viera en Santa Cruz, Tlaxcala, en Metepec, Puebla, en la ciudad de México o en Río Blanco, Veracruz. Agustín Flores había transcurrido su infancia en el pueblo de Zompantepec, que además de ser un centro metodista era un foco liberal. En algún 16 de septiembre -recuerda don Agustín-, su tío Petronilo Serrano, que era juez local, en un momento importante del discurso oficial diría: "en una mano la santa biblia y en otra la santa Constitución". Con la misma emoción rememora, y aun entona, algunos fragmentos en francés de La Marsellesa, que uno de sus maestros liberales le enseñó en su educación prirnaria. 43 �92 SigloXIX El metodismo, además de conformar un espacio de solidaridad de tipo mutualista, tuvo un papel importante como fuente educativa para los trabajadores tlaxcaltecas. A través de la celebración de veladas, o más precisamente actos cívicos-religiosos, celebrados el 5 de febrero, el 21 de marzo, el 5 de mayo y el 11 de septiembre y otras fechas fundamentales del santoral liheral, se exaltaba la figura de Juárez, Hidalgo y Morelos y se ponderaba lo que se consideraban lás virtudes del liberalismo mexicano. Ahí surgían precisamente las críticas contra el gobierno porfirista; aJ observar el abismo entre la realidad política y los principios democráticos de la Constitución liheral. En esta labor eran importantes, además de la circulación de periódicos protestantes como El A bogado Cristiano Ilustrado, la actividad y el· celo de los propagandistas locales, que después de haber asistido al seminario de Puebla, regresaban a sus comunidades en entusiasta labor proselitista. Varias familias tlaxcaltecas que se adhirieron al metodismo, cuando emigraron a Orizaba participaron en la. conformación de una congregación en Río Blanco, junto con migrantes que arribaron de Miraflores, ChaJco y de otras partes del país donde el metodismo había cundido. La congregación de Río Blanco, dirigida por José Rwnbia, jugaría un papel clave a la vuelta del siglo. Sería sede, bajo el impacto de los militantes del Partido Liberal Mexicano, de la primera organización obrera militante de la zona: el Gran Círculo de Obreros Libres (GCOL). Además de Samuel A: Ramírez, nativo de Zompantepec y personaje central de la historia local del GCOL, saldrían desde las filas del metodismo otros militantes de los círculos, como Manuel Avila y Andrés Mota.44 Queretanos y de otros estados Vinieron además migrantes de los estadt>s de Querétaro, Hidalgo, Michoacán y Guanajuato. Pero serían unos cuantos, a excepción de los queretanos que constituían alrededor de un 5% del total de los inmigrantes que arribaron a la región. Los queretanos provenían de la capital del estado y del poblado textil creado alrededor de la fábrica Hércules; cuando fue fundada esta planta, en los años 40 del XIX, se trajo la maquinaria de Francia, de donde también se importaron artesanos y obreros calificados para que durante tres años instruyeran a los mexicanos que luego los sustituirían.45 Después de varias décadas, también Querétaro exportaba operarios para Jnanacatlán, Jalisco, para Uruapan, Michoacán, para Veracruz e inclusive para la zona de Atlixco, Puehla. 46 B. Gorcía Díoz: Los obreros textiles de Orizobo 93 m. La riada de inmigrantes que vino a nutrir las fábricas y a revitalizar la condición de tierra de forasteros de Orizaba fue muy variada, en tanto que era bija de un México decimonónico caracterizado por una marcada diversidad regional. Aún así se podrían agrupar principalmente dos tipos de inmigrantes. Aquéllos para quienes las factorías no representaban sino una ocupación esporádica y temporal, una forma de ganar el pan entre otras, aceptaih únicamente por razones de sobrevivencia; una mano de obra que tenía aún como lugares fundamentales de su identidad las comunidades rurales, la familia agrícola y el campo. Otros, en cambio, que salían de regiones textiles, para los cuales la fábrica ya formaba parte de su destino o aJ menos así lo consideraban. En el medio de los dos tipos se ubicaba además una gran diversidad de inmigrantes, como los llamados "campesinos-obreros" del altiplano. Los miembros del segundo grupo, si bien no constituían la mayoría del contiugente de migrantes, desempeñarían un papel central para que la masa de trabajadores lograra avanzar en su autoreconocimiento de clase. Ellos serían los promotores de las agrupaciones de resistencia y los animadores de las luchas en Orizaba, aunque nunca sus únicos protagonistas. Orizaba se vio favorecida en este sentido por el arribo de un grupo pequeño, pero a la vez consistente, de obreros que ya habían pasado por experiencias fabriles en diferentes grados. Algunos eran verdaderos operarios expertos, con años de trabajo en el ramo; otros eran jó'!enes que recién habían ingresado al mundo fabril en sus regiones de origen, pero que en ciertos casos habían tenido ancestros relacionados con las fábricas: realmente se harían obreros en Orizaha o en algún otro nuevo centro industrial como Atlixco, distinto a su lugar de origen. Estos obreros vendrían a formar parte de un proletariado textil que se caracterizaba por su transhumancia a través de un eje o corredor textil que se extendía desde el valle de México hasta Veracruz, atravesando desde luego la regiim textilera Puebla-Tlaxcala, y que incluía eventualmente las fábricas del Bajío, establec\das en Querétaro, Jalisco y Michoacán. En tanto no tenían propiedad de la cual vivir, estaban condenados al mercado de mano de obra de una industria que se caracterizaba en general por su inestabilidad, y debían 1:!asladarse a donde les compraran su fuerza de tra- bajo. Este proletariado nómada se movía en forma colectiva: ya fuera en �94 Siglo XIX B. García Díaz: Los obreros textiles de Orizaba equipos volantes -integrados por pequeños grupos de amigos o parientes solteros- que surcaban las regiones textiles, o en colectividades enteras de docenas de operarios que, ante el cierre de su fábrica o el despido masivo se veían ohligados a emigrar l1evando a cuestas sus familias y sus e ~ pertenencias. Los movimientos, que en ocasiones se daban al interior de una misma región y otras veces de un estado a otro, eran numerosos. En 1865 106 huelguistas de San Ildefonso, en el estado de México, son desalojados y se trasladan a la fabrica La Colmena y Barrón.47 En 1868 hay un éxodo masivo de trabajadores de Tlalpan, Contreras y Tizapan hacia la zona tex48 til de Tialnepantla. En 1875 huelguistas de La Fama y San Femando, de Tlalpan, no son aceptados en su trabajo al término de su movimiento y dehen emigrar hacia las fábricas de San Angel y Tlalnepantla.49 Exodos mayores fueron el de 1868, de los huelguistas de la Magdale. na, La Fama Y San Fernando, hacia el estado de Pueblafº el de 1873, de ~uelguistas de ~~peji del Río, Hidalgo, hacia San Ildefonso;51 el que realizaron 300 familias de huelguistas que, en 1877, emigraron desde Hércules, Querétaro, a La Fama de Tlalpan;52 el de 1889, de 200 obreros, que acompañados de sus familias llegan de Jalisco como esquiroles a una huelga en San Fernando, en el Valle de México ;53 el que se hace de Puehla hacia San Antonio Abad, en 1893, para romper otra huelga;54 el de 1896, de San Fernando hasta Juanacatlán, Jalisco, de cien obreros con sus fami. ' do sena , conservado en la memoria por un corrido: lias .55 Este u'ltimo exo Ya se acabó San Femando Y a los obreros se van, ' Se llevan la maquinaria, Se van a Juanacatlán. Conrado Carranza y otros se van a armar los telares pa cuando llegue la gente ya estén listos sus lugares. Roberto Carlos y algunos Juan Pérez y don Sarnuel se fueron a armar las mulas y tróciles a nivel. Adios, pulquito curado con plátano de manila 95 ... nos vamos para Jalisco a tomar puro tequµa.56 AJ igual que de San Femando llegarían contingentes de obreros de Querétaro, Puebla y de la región de Guadalajara. Los éxodos están lejos de ser excepcionales y no pasan muchos años para que ocurra alguno. Pero también estos trabajadores se movían en forma individual. Sin embargo: ¿cómo aprehender, cómo reconstruir capilarmente los movimientos, las direcciones, los posibles itinerarios de estos tejedores e hilanderos girovagos, para los cuales las fábricas más que un sitio de estabilidad o de certidumbre parecía ser un lugar de continuo pasaje, un puerto de permanente circulación? Sus historias son agitadas y difíciles de seguir. Aún así, a través de la historia oral se conoce algo de ellas. Un caso _sería el de Primitivo Soto: mtivo de Puebla, se mudó a Nogales en donde trabajó como tejedor en 57 1904; posteriormente se trasladaría hacia Contreras y San Angel. Tras una huelga en la Hormiga se tuvo que ir para La Carolina. Más tarde viajaría a Metepec, Atli.xco, donde también después de una huelga hubo vacantes. Posteriormente deambularía por las fábricas del municipio de Pue. bla, finalmente regresaría a Orizaba y se instaló en la Santa Rosa. Otra historia es la de Alberto Lara Rojano, un obrero sobreviviente de la huelga del 7 de enero de 1907, originario de Miraflores, Chalco.58 De tradición familiar textil, pues su abuelo materno fue tejedor y sus tíos obreros del ramo, a los pocos meses de haber nacido Alberto su familia se dirigió a TlaJ. pan, a la San Femando: su padre iba siguiendo a su tío, que era engomador. Cuando cierra San Femando, el padre de Alherto se traslada a Contreras; en cambio su tío se va a la Providencia y la San Pedro, fábricas de Uruapan, Michoacán. Más tarde migran su padre y sus tíos a Puebla y fi. mlmente llegan a Río Blanco; ahí los alcanzará Alherto, para ingresar en el departamento de telares. Un caso más es el de Agustín Ramírez, un chiquillo tlaxcalteca del puehlo de San Salvador Tzompantepec que cuando no ha cumplido aún los diez años de edad ingresa a la Trinidad, en Santa Cruz; de aquí pasará junto con su hermano a Metepec, donde un tío lo ayudará; la siguiente escala será La Carolina, en el Valle de México, donde también encuentra parientes, y en 1911 vendrá a Río Blanco, lugar en el que se estahlecerá.59 De Querétaro tenemos el caso de Antioco Mosqueda, que llegó en 1901 a la Santa Rosa después de haber estado en La Reforma, e.n Salvatierra; del valle de Orizaba regresaría a Occidente a La Virgen, de Tajimaroa, y sólo retornaría a Orizaba hasta 1918.60 Estas, pensamos, son �96 SigtoXJX B. García Díaz: Los obreros textiles de Orizaba 97 lústorias menudas entre decenas. Y son historias de gente que se arraigó finalmente en Orizaba. Pero más numerosas serían las de aquellos que no se quedaron y sólo se detuvieron temporalmente. Por ejemplo, para la fábrica Santa Rosa se ha observado en el período 1901-1906 una tasa de entradas y salidas bastante alta: de 1 348 obreros que trabajaban en 1901 sólo el 14°/o de ellos continuó laborando cinco años más tarde.61 ¿A dónde se trasladó el otro 86°/o?, ¿se dirigió a otra fábrica del mismo valle o lo abandonó en búsqueda de una mejor suerte?. Es una investigación todavía por hacerse. Lo evidente es que era una clase obrera difícil de sedentarizarse, y al movimiento permanente de población que llegaba correspondía otro flujo igualmente vigoroso de gente que se iba. El valle debió. dar la impresión, en esos años, de ser un honniguero con toda esa masa colorida y fluctuante que entraba y salía permanentemente. A la movilidad contribuían varios factores. En el caso de la gente que venía directamente del campo, y regresaba a éste, desde luego su retomo tenía que ver con las dificultades para adaptarse, y atrás de ello estaba quizás un intercambio estacional entre agricultura e industria. En cambio, para los integrados de manera menos parcial a las textileras, la inestabilidad expresa la creación de expectativas y no sólo insatisfacción. La movilidad era signo del deseo de mejorar la propia condición, tanto como reflejo de la crisis en que caían algunas fábricas. Como las ocasiones de trabajo habían aumentado, los obreros calificados no se sentían obligados a adaptarse a un mal empleo ligándose a la primera oportunidad que encontraran. Así, se movían con el afán de encontrar una mejor posición y salarios más elevados. Si no hallaban con la migración una mejora, no aceptaban establecerse y continuaban viajando o regresaban a la región de la que habían salido. Este sector de trabajadores, a pesar de que se caracterizaba por no permanecer fijo, perteneció a una generación que estaba preocupada más por la existencia de un puesto de trabajo, eventual o permanente, y por la creación de asociaciones de resistencia, que por el regreso a la tierra. La dimensión de este contingente, formado por varios centenares de obreros, es mínima si se le compara con la del proletariado textil ocasional o semicampesino, pero disminuye más aún su presencia si se le pone en relación con los trabajadores de un México central fundamentalmente agrario, o con el más amplio mundo artesanal del período. Es un sector minoritario que coexiste en las textileras con aquellos operarios que ingresan directa- mente del campo a la fábrica y que viven la actividad textil como una p~sihilidad de rehabilitar.su economía campesina, a la cual regresan. Con~ve, ...._L· • ianwten, c0 n aquellos - que combinan en forma permanente labores l )agnc<r las e industriales, ya sean campesinos libres (como los tlaxca tecas_ o peoe entran al trabajo fabril, de acuerdo con los ritmos de la agncultura Ías órdenes del propietario textil que es, al mismo ~empo,.hacen~ado.62 En este último caso no sería difícil enc~~trar trabajadores_ md~str1ales controlados y retenidos por sistemas tradicionales de eeonaJe, tíend~ de raya y dependencia por deudas. Aún así, e~tos p~~eros obreros textiles modernos, a pesar de ser más bien personajes at1p~~os en_ la estructur~ iaJ de la segunda mitad del XIX, en período de crJS1s seran muy sens1soc , all' bles a la agitación y tendrán capacidad para ampliar sus protestas mas a de los límites del escaso número que representan. ~ Estos fabricantes se formaron en la comparación y en el inte~cambio de ideas y de experiencias regionales. Habían madurado ademas en el con~to y en la discusión con otros sectores, _c~mo los art~san~s, Y en varios oasos no sólo sabían leer, sino hasta escrih1an y contrihu1an al mantenimiento de periódicos. Y no raramente además h~~ían -~dquirido ~s ¡ropias convicciones poi íticas, maduradas en su partic1pac1on en asociaciones obreras y artesanales. Comenzaron a existir como grupo desde los años 60 y 70, o al menos así lo hace suponer la serie de migraciones que efectúan entone~, que nos muestran grupos de operarios que no regresan al camp~, o a ~c~VIdades artesanales, ni aún por razones de sobrevivencia, y prefie~e~ VIaJar e~ busca del trabajo textil. Pero de hecho su presencia se consolido en el te11do social con la aparición de las grandes fábricas fundadas en lugares como Orizaba O Atlixco, y con la modernización y ampliación de al~as del Valle de México. Es decir, su existencia se afirmó con la expans1on Y el auge de la industria en los años que se colocan a caballo entre el pasado agio y el presente. Se puede decir que empiezan ya a constituir parte de lo que sería_un mercado libre de trabajo, si bien se valen de lazos de parentesco y paISanaje para tener acceso a algunas de las fábricas, particularmente en las menos grandes (en donde eran fundamental~ tal~- lazo~ para el control del merca~o de trabajo). E_fect~;amente, la migrac10~, leJos de ser_ un desorden, exigía cierta orgaruzac1on de contacto~, no solo para es~ mformado sobre las zonas en que había realmente demanda de trabajo y sobre las �98 SigloXIX condiciones de éste, sino para el moment~ del arribo. En el caso de Orizaba, el mercado de información fue creado por los primeros en llegar que transmitían las noticias hasta sus lugares de origen. Con el crecimiento de la inmigración, la familia y la más amplia red de parientes irían adquiriendo una siempre mayor importancia como transmisores de comunicaciones sobre la oferta y la demanda de trabajo. Esto era aplicable tanto para los que venían del campo como para los que salían desde distintas factorías. La comunicación fue facilitada por el tránsito permanente de los ferrocarriles, que contribuyeron así al desarrollo de la migración interna en estos años. No fue una casualidad que la mayor parte de las rutas de inmigr-ación concidieran con el tendido de vías férreas. El ferrocarril, a través de sus empleados y pasajeros, no sólo hacía posible la difusión acerca de las nuevas oportunidades que se abrían, sino que -como se ha señalado acertadamente-, su gr-an velocidad pudo haber disminuido los costos psicológicos de la separación del hogar y la familia para muchos inmigrantes.63 La estructuración de los desplazamientos tuvo como consecuencia que se formaran cadenas de migración: iban desde pequeños pueblos, algunos de ellos apenas minúsculos caseríos encerrados por las montañas, como Santa Catarina Tayata, y desde las villas fabriles de la mesa central, hasta Orizaba, hacia las fábricas en que se encontraban trabajando familiares, amigos o conocidos de la patria chica. Ahí, en los barrios obreros, se recrearían en la mayoría de los casos relaciones de solidaridad entre paisanos y parientes. Esto, que fue un rasgo particular de los migrantes oaxaqueños de la Mixteca -bastaba que se reunieran cuatro o cinco de ellos para recrear :Ñuñuma, el país de las nubes, es decir la Mixteca-, no era exclusivo de ellos. Según Gregorio Serrano los tlaxcaltecas establecidos en Nogales "siempre apoyaban a sus paisanos y los ayudaban, ya con comida, con dinero, con asilo, hasta que entraran a trabajar a la fábrica".64 Con él coincide Agustín Ramírez, que recuerda la alegr-ía que sentía cuando llegaba alguno de su rumbo y cómo él mismo fue auxiliado por sus pa· rientes de Tlaxcala cuando arrib&' a Río Blanco.65 Los de San José lxtapan, Puebla, contaban con un paisano, Marino López, maestro de preparación de telares, que funcionaba como una llave de entrada a la fábrica. Los mismos josefinos se agruparon en un barrio llamado San José, en las orillas de Santa Rosa. 66 El mapa de movilidad bien puede reflejar las redes de parentesco y de paisanaje, que a su vez reflejan otra geografía: la que nace de las constricciones del mercado de trabajo, que mueve B. García Díaz: Los obreros textües de Orizaba 99 a los grupos de inmigrantes de un lado hacia otro. Si en el conjunto se podría hablar de una clase obrera joven, tanto biológicamente -por su edad- como socialmente (por su reciente pasado preindustrial), también es posible afirmar que en su seno contenía ya un sector que pertenecía a la segunda generación de la clase obrera textil del país, y que formaba parte de un grupo de trabajadores que nacionalmente se dedicaba de manera profesional a ser obreros. En este sentido se podría decir que no toda la clase textil 0rizabeña comenzó a formarse en ese lluvioso valle en los últimos lustros del siglo XIX. Una porción de ella se venía creando desde varias décadas antes en diversas zonas, al menos desde la mitad del siglo pasado. Sería este grupo ya más familiarizado con el incipiente mundo industrial del país, y más próximo a su constitución como clase, a pesar de su movilidad, el que comenzaría a absorber a los nuevos. Una parte de esta fracción de trabajadores se encargaría informalmente de integr-ar a los recién incorporados al mundo fabril, tanto en el sentido de enseñarles a trabajar como en el de transmitirles, por vía del ejemplo cotidiano, los hábitos del comportamiento obrero. Ellos debieron enseñarles cómo adquirir un concepto urbano del tiempo tanto como las propias sirenas de las fábricas. Algunos de estos obreros, y esto como influencia del metodismo, asumirían abiertamente la función de promotores del orden y la ll>hriedad entre la masa de los inmigr-antes.67 Pero la influencia de los obreros asimilados al sistema fabril no sólo se daría en un sentido disciplinario. También contribuía a acelerar el proce!l> de definición social de los recién incorporados a través de la dirección de los primeros movimientos y de las primeras organizaciones: si observamos las luchas obreras, y la lucha proletaria por excelencia, la huelga, nos damos cuenta que no tuvieron que pasar muchos años antes de que se pusiera en práctica. Las formas de resistencia colectiva comienzan desde el momento mismo en que inician sus actividades las fábricas. En San Lorenzo estalló una huelga en 1881, año de su inauguración.68 Lo mismo sucedió en Santa Rosa en 1899, donde hubo una huelga a pocos meses de haber iniciado las labores en forma regular, y cuando ni siquiera Porfirio Díaz había llegado a inaugurar oficialmente la factoría.69 Estos datos revelan que los primeros migrantes, los que llegaban a "domar" las máquinas, ya estaban familiarizados con las formas modernas de lucha obrera y no ten Ían que recorrer un largo camino antes de en- �100 Siglo XIX frentarse colectivamente a los empresarios. Igualmente es notable la precocidad que mostraron en superar el localismo de sus proyectos organizativos. Cuando en 1906 se funda el Gran Círculo de Obreros Libres (GCOL), se decide promover la fundación de filiales a lo largo de todo el altiplano y aún en Oaxaca. Este temprano rompimiento con los límites locales tiene que ver, desde luego, con los proyectos magonistas de crear W1a oposición nacional al régimen porfirista, y con los lazos de los migrantes con sus orígenes. Pero es, al mismo tiempo, una herencia de las experiencias de ''Las Fábricas Unidas" , y de la del Gran Círculo de Obreros (GCO), que se levantó 34 años antes en el valle de México. La similitud de nombres que tienen el "GCO" y el "GCOL" no es mera coincidencia: el recuerdo y la tradición del primero persiste en el segundo, aún cuando sean dos organizaciones sustancialmente diversas que corresponden a distintos momentos históricos del acontecer de la clase. B. García Díaz: Los obrero, textües de Orizaba 101 pionera, aún siendo estrechos, eran mayores a los existentes normalmente ro. las fábricas enclavadas en el campo. Además, el funcionamiento más o menos regular y permanente de las distintas fábricas contribuiría a que se fuera creando un núcleo de trabajadores estable. Esta fracción, si bien numéricamente fue ínfima al inicio, año con año fue creciendo en forma paulatina hasta convertirse en un conjunto importante, que se reproduciría a sí mismo. Así, en la Santa Rosa vemos que en 1898, año de apertura de la fábrica, se quedaron más de 23 trabajadores; al año siguiente se les agregan otros 12; en 1900 otros 33: así, con cuentagotas, hasta llegar a 190 en 1905 y a 347 en 1909.71 En esta forma, para un grupo de textiles transhumantes, su último movimiento sería precisamente hacia Orizaba. De esta manera, simultáneamente a la persistencia de la movilidad de la gran mayoría de los trabajadores, se inicia una tendencia en contrario, de sedimentación de un núcleo obrero. Esta contratendencia no concluiría sino hasta la tercera década del siglo, con la afirmación del sindicalismo y su control del mercado de trabajo, y con la constitución de comunidades obreras. Si en Orizaba asistimos a un punto de arribo de este proceso de formación de la clase obrera textil decimonónica, es también gracias al carácter de las fuerzas económicas que ahí tenían sede. En efecto la modernidad de las fábricas francesas actuaría en el sentido de ofrecer la base material .para que cristalizara este proceso en relativamente pocos años. Las compañías francesas fueron de las pocas firmas de carácter monopólico en el ramo, en esta época, organizadas en verdaderas sociedades anónimas y centralizando considerables volúmenes de capital. El tamaño de sus establecimientos concentraba en unos cuantos recintos a un importante conglomerado de obreros. En estas plantas las relaciones de producción eran más anónimas, más carentas de cualquier participación afectiva y personal, lo que hacía que las relaciones de clase fueran más advertibles. El proceso no se dio ciertamente en forma automática. Los distintos componentes de la masa proletaria lo vivieron con diferente ritmo y diversa conclusión. Así, a pesar de la modernidad del sistema fabril en Orizaba, no se constituyó en el corto plazo una clase obrera moderna más que parcialmente. Una buena parte de los contingentes que se congregaron en el valle conformaban una clase obrera que no quería serlo, o al menos no de tiempo completo, y que encontraba muchas dificultades para convertirse en tal. El nuevo tipo de trabajo y la vida que conllevaba les eran muy extraños, representaban todo un choque cultural, y sólo lo aceptaban en la medida en que les era impuesto y en que eran empujados por la necesidad. Una mentalidad empresarial más moderna, más urbana que la de la mayoría de la patronal textil, se reflejaba en las relaciones laborales. 70 La dominación de tipo patriarcal, en la que el patrón se apersonaba con frecuencia para mantener su dominio por medio de su presencia física, con su mansión construida en medio de la fábrica, no existía más en Orizaba. Aquí los obreros lograban sacudirse el ordenamiento social jerárquico a que estaban sujetos en aquellas fábricas establecidas en el campo (que formaban en ocasiones parte de una hacienda), en donde los propietarios o sus administradores intentaban ejercer un modelo de relaciones de corte paternalista. Los márgenes de libertad e independencia de la población Dado que se trataba de una clase rica en contrastes y pobre en homogeneidad, el camino hacia una toma de conciencia colectiva sería sinuoso y cuesta arriba. No debe haber sido fácil la convivencia y la creación de lazos de solidaridad entre grupos de obreros con tan diferentes orígenes geográficos, sociales, culturales y hasta étnicos. Si no hubo más que parcialmente los problemas de falta de comunicación, nacidos de la diversidad de lengua, que existieron históricamente en numerosos países en el momento de constitución de la clase, sí debieron manifestarse fuertes diferencias culturales y de procedencia social en su interior. En la fábrica trabajaban lo mismo el obrero que vestía flex de casimir y sombrero de �102 Siglo X/X fieltro, que venía de un pasado fahril y estaba orgulloso de su oficio, que el recién llegado del campo, que usaba calzón de manta y huaraches. La relación entre ambos no siempre fue fácil. Los agrupamientos regionales informales y las mutualidades serían los que originariamente buscarían resolver los problemas y, al mismo tiem. po, los promotores de la solidaridad. No sería sino en un segundo momento cuando organizaciones más generales retomaron en sus manos la búsqueda de soluciones, una vez que los primeros organizadores hubieran librado algunas batallas al interior de la clase a fin de ganar consenso para la construcción de agrupaciones que fueran más allá de la solidaridad entre paisanos o parientes, y que arribaran al enfrentamiento con los empresarios como vía de solución de los problemas. Si los militantes tuvieron que trahajar arduamente para encuadrar en sus proyectos a gente con tan diversos orígenes y expectativas, para los administradores extranjeros no fue más sencillo pugnar con este multiforme proletariado. A la vez que enfrentahan a los militantes y sus simpatizantes, que al menos en forma parcial habían interiorizado y asumido el sistema de fábrica (y que luchaban por mejoras salariales), tenían que bregar con un proletariado más incontrolahle y espontáneo, más sensible a rechazar las formas de administración:72 sus formas de resistencia eran tanto o más difíciles de combatir que las colectivas medianamente organizadas. En este sentido debe decirse que el movimiento obrero orizaheño, en sus primeros años, no sólo fue hijo de las experiencias de la segunda generación de textiles: también descendía en línea directa de las formas de protesta y de resistencia de los recién llegados del campo. Después de todo no se debe olvidar que el movimiento más dramático de esos años no fue una huelga precisamente, sino una revuelta: la del 7 de enero de 1907. IV. CONSIDERACIONES GENERALES La clase obrera textil congregada en -el valle de Orizaba durante el Porfiriato se creó a través del desplazamiento geográfico de cientos de hombres, provenientes de un vasto espacio territorial. De un área amplia que comprendía tanto los territorios de México, Puebla y Tlaxcala -que consti- B. Garcfa Díaz: Los obreros textiles de Orizaba 103 tuían la principal sede de la industria textil del período- como al suriano ec¡tado de Oaxaca, y que abarcaba inclusive a otros estados más distantes de Veracruz, como los del Bajío. Dada la extensión del espacio, se localizaban en su seno variadas y diversas regiones, poseedoras cada una de ellas de específicos y singulares rasgos históricos, sociales y culturales. De ellas salieron las migraciones que confluyen en Orizaba desde los aiíos 80 del ¡¡glo XIX. . Dentro de estos flujos migratorios se hallaban hombres de distintos oficios y condiciones sociales, que junto con sus familias traerían consigo una diversidad de formas de vida y de pensamiento. Venía el indígena de la Mixteca, para quien el ingreso a la fábrica no era sino una de las vari~ modalidades económicas -la más diversa seguramente-, que le ofrec1a su· descenso temporal a las tierras intermedias y bajas de Veracruz; las otras alternativas podían ser el corte de caiía en los ingenios del Papaloapan, o el trabajo como jornalero en las fincas tahaqueras. Arribaban también los obreros del valle de México, en algunos casos tejedores de segunda generación, que venían en pos de las oportunidades que ofrecía esta nueva zona en expansión. Con ellos compartieron la experiencia de la migración los "campesinos-obreros" de Tlaxcala, que con su viaje a Orizaba ampliaban 91 ámbito de circulación entre la factoría y el campo. Otros más que se desplazaron fueron el campesino poblano, que huía de las presiones territoriales de los hacendados; el antiguo artesano ferrocarrilero, que proveniente ~e Apizaco mudaba de rama industrial; o aquél que combinaha el comercio pueblerino, la arriería y el trahajo en la industria. En suma, era una abigarrada multitud la que _ingresaba y salía incesantemente de las compaiíías francesas productoras de géneros de algodón. Como consecuencia de ello, esta clase se caracterizaría por conformar un conglomerado heterogéneo y por ser un grupo muy difícil de fijar en el espacio geográfico y social: un mismo obrero, debido a su movilidad, podía ser por ejemplo orizaheño o tlaxcalteca, de acuerdo al lugar en que laborara temporalmente, o ser campesino, artesano o trabajador, según la labor que desempeñara. En realidad, esta falta de unidad y homogeneidad no era sino una confirmación de lo que ha sido una constante histórica en el momento de formación de la clase obrera en distintos países. De importancia ha resultado identificar, dentro de ese conjunto de migrantes, a un núcleo de trabajadores que no inician su proceso de constitución en Orizaha, en el momento de apertura de las fábricas, sino que hunden sus raíces en la segunda mitad del siglo XIX, en la experiencia que re- �104 Siglo XIX presentaron las primeras fábricas textiles que se alzaron en el altiplano. Fue un grupo que se consolidaría hacia los últimos lustros de la era porfi. riana, cuando con el desarrollo de zonas textiles como Atlixco y Orizaha empezó a defuúrse por su concentración geográfica el proletariado textil. Fue en estas regiones fabriles (por mucho tiempo, desde el punto de vista cuantitativo, realidades minoritarias), que el rostro del proletariado se dibujaría finalmente, de manera riítida e incontrastable, y hasta dramáticamente, en ese México aún profundamente agrario. Estos antiguos obreros estuvieron preparados al comienzo del nuevo siglo para absorber a los recién llegados al mundo fabril. Contribuirían sin duda a producir auténticos semilleros de aprendices en los talleres en que ingresaron, a la vez que socializaban de manera lenta y dificultosa las nuevas formas de vida y de pensamiento que traía consigo la aparición del sistema de fábrica. En medio de la renovación contínua de las filas proletarias, característica de la clase obrera en vías de constitución, el papel de este núcleo, no siempre sedentario, sería fundamental para brindar alguna suerte de continuidad al proceso organizativo. Las grandes compañías textiles constituirán, por otra parte, un escenario propicio en el momento en que este núcleo minoritario y los militantes del Partido Liberal Mexicano buscaran crear asociaciones obreras con claros fines reivindicativos y de oposición al régimen porfiriano. Sin duda la capacidad de amalgama de las modernas factorías contribuiría a acelerar el proceso de unificación e identificación de los textiles "orizaheños". Mientras en las décadas anteriores se venía formando un proletariado sin grandes sobresaltos, a través de una lenta mutación que duró décadas, y que en ocasiones estaba fundada en una fuerte y secular tradición artesanal o manufacturera (como en Querétaro o en Puebla), en el Valle de nuestra atención esta maduración se alcanzó en relativamente pocos años y de manera más cabal, en correspondencia con el desarrollo especta· cular de la industria textil en la zona. B. García Díaz:: Los obreros textiles de Oriz:aba 105 NOTAS l. E.P. Thompson, ÚJ Formación Histórica de lo Clase Obrera, vol. l, Barcelona, LAIA, 1977, pp. 16-7. 2. Rolande Trempe, "Presentación", en Le Mouvement Social, 97, París, octubrediciembre 1976. 3. Victoria Novello nos ofrece una lista que aun cuando incompleta recoge los nombres de varios de estos nuevos trabajos en " Los Trabajadores Mexicanos en el ~o XIX. Artesanos u Obreros", manuscrito, Ciesa, 1988. 4. Dawn Keremitsis, ÚJ Industria Textil Mexicana en el siglo XIX, México, SepSetenlas, 67, 1973, pp. 60-154. 5. Bernardo García D., Un Pueblo Fabril del Porfiriato: Santo Rosa, Veracruz, ~1éxico, Sep-Ochentas, 2, 1981. pp.11-29. 6. Padrórt General del Censo de Población del Municipio de Nogales (/892), Archivo Municipal de Nogales, Letra P. núm. 6. Los datos de este padrón fueron procesados en computadora por los pasantes en lnfonnática Edda Arrez ReboUedo y Marte Meza, quienes diseñaron el programa de organización de la información. 7. Para aprender este flujo migratorio se trabajó en los libros de nacimientos del Archivo del Registro Civil del municipio de Ciudad Mendoza. Se anotaron los padres y los testigos que llevaron a registrar niños entre 1900 y 1908. 8. Algunas ideas desarrolladas en este ensayo fueron tomadas del proyecto colectivo "Formas y Formación: Historia Social de la Clase Obrera en México, 18801940", elaborado por Lief Adleson, Mario Carnarena y Gerardo ecoechea. Pero más importante aún fue la lectura de la iluminante conferencia que impartió en Roma en 1978 Rolande Trempe: "Storia Sociale e fonnazione della classe operaia in Francia", en Annali della Fondazione Lelio e Lisli Bassolssaco, vol. IV, Roma, Franco Angeli Editore, 1982. 9. Juan Carlos Grosso, Estructura Productiva y F uerz:a de Trabajo: Puebla 1830. /890, Cuadernos de la Casa Presno, 2, p. 31. LO. Leticia Gamboa Ojeda, Los empresarios de Ayer, Puebla, 1985, pp. 25-33. 11. Véase para el problema de la reproducción de la fuerza de trabajo, el ensayo citado de Juan Carlos Grosso. 12. José Alfredo Uribe Salas, ÚJ Jndustia Textil en Michoactin 1840-1910, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1983, p. 138. 13. Jorge Durand en l,n PURblo Obrero, Zamora, 1983, pp. 131-2. �106 Siglo XIX 14.. Keremitsis, Op. cit., p. 202. B. Carcfa Diaz: Los obreros textiles de Orizaba 107 34. Margarita García Luna, El movimiento obrero en el Ettado de México, México, UAEM, 1984, pp. 36-7. 15. J. C. Gros.50, Op. cit., pp. 33-34. 16. Bernardo García Díaz, Op. cit., pp. 35-36. 17. Teodoro A. Dehesa, Memuria General del Estado de Veracruz 1896-1898, Xalapa, Gobierno del Estado, 1898, p. 21. 18. J.C. Gros.50, Op. cit. p. 30. 19. Para la migración oaxaqueña véase Bernardo García, Op. cit., apéndice, p. 158. 20. Timoteo Reyes/Bernardo García, Programa de Historia Oral del Centro de Estudios Históricos (PHO.CEH); Melesia Valentina Espinoza/Bemardo García, PHO-CEH. 21. Esta tesis es sostenida por el profesor RodoÍfo Pastor; veáse: Francis R. Chassen, "Oaxaca: del Porfiriato a la Revolución, 1902-1911 ", UNAM, Tesis de doctorado en estudios latinoamericanos, 1986, pp. 73-83. 22. Femando Braudel, El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en la época de Felipe 11, vol. I, México, FCE, 1953, p. 148. 23. Archivo General de Oaxaca, Sec. de Gobierno, correspondencia, Reg. 96, exp. 7, julio de 1903. 24. Karl Kaerger, "Tabasco en Chiapas", en Friedrich Katz, La Servidumbre Agraria en México en la Epoca Porfiriana, México, Ed. Era, 1982, pp. 77-82. 25. Cuauhtémoc Carnarena Ocampo, "Las luchas de los trabajadores textiles Mexicanos: 1865-1907", ENAH, tesis de Lic. en Antropología Social, 1985, p. 60. 35. Estas páginas sobre el Valle de México están tomadas fundamentalmente de la excelente tesis de Cuauhtémoc Carnarena. 36. Cuauhtémoc Carnarena ''Las luchas de los Trabajadores Textiles, 1850-1907", en Leticia Reina (coord.), Las Luchas Populares en México en el siglo XIX, México, Cuadernos de la Casa Chata, 90, 1983, p. 189. Para la historia del GCOL, que es bastante compleja, véase el importante trabajo de José Villaseñor Orígenes del Movimiento Obrero Mexicano. El Gran Círculo de Obreros de México, 1870-1880, Avances de Investigación, 51, Cela, UNAM 1982. 37. Cuauhtémoc Carnarena, tesis cit., pp. 131-140. 38. [bid., p. 230. 39. Entrevista realizada por Beatriz Cano a don Gregorio Serrano, 12/sept/1979, en la ciuda~ de México. J. Buve, "Protesta de Obreros y Campesinos durante el Porfiriato", en Boletín de Estudios Latinoamericano,, 13, diciembre de 1972, pp. 1-20. 40. Raymond Th. 41. Abe) Juárez, "El trabajo en la hacienda de San José de Los Molinos", en Mario Cerutti (coord.) De los Borbones a la Revolución, México, COMECSO-GV Editores-UANL, 1986, pp. 204-5. 42. La infonnación sobre el Metodismo en Tiaxcala está tomada de: Jean Pierre Bastián, Protestantismo y Sociedad en México, México, CUPSA, 1983 e "Itinerario de un Intelectual Menor de la Revolución Tlaxcalteca,José Rumbia Gu7.lllán, Pastor y Maestro de Escuela Metodista, 1865-1913", mecanoescrito, 1986, pp. 7-11. 26. Francisco T. Olivares/Bernardo García, PHO-CEH. 43. Agustín Ram írez Serrano/Bernardo García, PHO-CEH. 27. Entrevistas realizadas con Luisa Muñoz, Gonzálo García Ortíz y Federico Madrid, PHO.CEH. 44. Peri~~c~, ~io Bl~nco,,, 28 de febrero y 13 de marzo de 1876, en Jean Pierre Bastián, I tinerano. . . . 28. Agustín Ramírez Serrano/Bernardo García, PHO-CEH. 4.5. Margarita García Luna, Op. cit., pp. 23-4. 29. La vitalidad étnica permanece viva en el correr de los tiempos: lo demuestran los etnólogos, que encuentran la reproducción de esta etnicidad en espacios poco adecuados y alejados del ámbito comunal. Véase: Miguel A. Bartolomé/Alicia M. Barabas ''La Pluralidad Desigual en Oaxaca", en Etnicidad y Pluralismo Cultural, México, INAH, 1986, pp. 73-75. 46. Para Juanacatlán, véase Jorge Durand, Op. cit., p. 131-2; para Tajimaroa véase José Alfredo Uribe Salas, Op. cit., p.138. 47. Cuauhtémoc Camarena, tesis cit., p. 177. 48. lbid., p. 180. 30. Francis R. Chassen, Op. cit., p. 125. 31. lbi1., p. 126. 49. Cuauhtémoc Carnarena, Op. cit. (1983), p. 230. 50. lbid., p. 216. 32. Arturo Hernández/Bernardo García, PHO.CEH. 51. lbid., p. 221. 33. Moisés González Navarro, Las huelgas textiles en el Porfiriato, México, Cajica, 1970, pp. 36-37. 52. lbid., p. 236-7. �108 Siglo XIX 53. lbid., p. 255-7. 54. /bid., pp. 262-3. Trabajo, Inmigración y Colonización en Cuba (1789-1847) 55. Jorge Durand, Op. cit., pp.131-2. 56. Jbidem. 57. Primitivo Soto/Bernardo García, PHO-CEH. Eduardo Bitlloch* 58. Alberto Lara RojanofBernardo García. 59. Agustín Ramírez Serrano/Bernardo García. 60. Carmelita Mosqueda/Bernardo García. 61. Bernardo García, Op. cit., pp. 62-3. 62. Luis G. Morales, "Los obreros de Mayorazgo, 1912-1918", UAM-1, tesis de licenciatura, pp. 47-50, encontró el caso de peones endeudados todavía para la segunda década del siglo. 63. John H. Coatsworth, El impacto Económico de los ferrocarriles en el Porfiriato, México, Era, 1984, pp. 65-0. 64. Entrevista de Beatriz Cano con Gregorio Serrano. 65. Agustín Ramírez Serrano/Bernardo García Díaz. 66. Bernardo García Díaz, Op. cit., p. 39. 67. Jean Pierre Bastian, "Itinerario ...", p. 7. 68. Cuauhtémoc Camarena, cit. (1983 ), pp. 244-5. 69. Periódico El Reproductor, 9 de febrero de 1899. 70. Es!as observacion~ _sobre el tipo de empresario textil francés que invierte en Onzaha son de Letic1a Gamboa Ojeda. 71. Estos cálculos han sido elaborados en base a listas de personal del Archivo de la Conpañía Industrial Veracruzana, S. A. 72. Para los problemas de indisciplina se puede ver Bernardo García Díaz. Op. cit., pp.46-48. LA PLANTACION La ruina de la colonia francesa de Saint-Domingue en 1791, gran productora mundial de azúcar hasta entonces (era llamada la reina de las islas azucareras), 1 significó la prosperidad de Cuba, a la cual consideraba ya algunos años antes Thomas-Guillaume Raynal en su Histoire. .. que ella sola podía valer un reino. 2 La insurrección haitiana tuvo para Cuha una doble importancia: por una parte, dejó libre un espacio en el mercado internacional del azúcar y del café; por otra, generó una inmigración de colonos franceses que aportaron capitales y esclavos, pero fundamentalmente ó1i práctica en el manejo de plantaciones y su experiencia técnica.3 Ramón de la Sagra había señalado ya en 1831 la importancia de esos hechos históricos: El mismo suceso de Santo Domingo, cooperó poderosamente á las medidas de protección dispensadas por el Gobierno supremo a esta Isla, favoreciendo la industria agrícola y estableciendo el comercio de la Habana sobre otras bases diversas de las que regian en el sistema colonial; con la mira de conseguir, que se llenase con los frutos cubanos, parte del hueco que aquel funesto suceso· dejaba en el mundo mercantil.4 *Este artículo sintetiza diversos capítulos de la tesis doctoral que el autor prepara solre la formación de la clase obrera en Cuba en el siglo XIX, bajo la dirección del pr0fesor Gerrit Huizer, en la Universidad de Nijmegen, Holanda. �110 SigloXIX Es que en Cuba se dieron todas las condiciones requeridas para facilitar su auge: 1. a) Tierras aptas para el cultivo del azúcar y del café ubicadas geograficamente en las cercanías de las zonas portuarias, requisito básico en esa época en que la existencia de escasos caminos y su mal estado representaban un aumento excesivo en los costos de transporte;5 b) montes abundantes, que suministraban las maderas necesarias utilizadas tanto en la construcción de ingenios y cafetales, como en carretas, en la fabricación de utensilios y, más aún, como combustible; e) ganados suficientes, para ser utilizados como fuerza motriz y, en parte, para la alimentación de los esclavos.6 2. Una legislación favorable al desarrollo de la agricultura; fueron dicta- das en la última década del siglo XVID una serie dé leyes que propiciaban no solamente el cultivo del azúcar, sino también los del café, añil y algodón. El más antiguo ejemplo al respecto es el llamado privilegio, por el cual no se podían embargar los ingenios, concedido a Cuba por Felipe II el 30 de diciembre de 1595. Posterior en el tiempo, aunque quizás objetivamente más importante, fue la Real Cédula del 30 de agosto de 1815 de "libertad de montes y plantíos", que permitió la demolición de numerosas fincas antiguas y la formación de nuevos ingenios, cafetales y potreros. 7 3. La mano de obra necesaria, facilitada por la introducción masiva de africanos -hasta ese momento la trata se hacía por el sistema de asientostras el dictado de la real Cédula del 28 de febrero de 1789 "(...) á fin de acudir a la estrecha necesidad con que se hallan de estos brazos, sin los cuales no pueden prosperar y florecer, ni producir al estado las inmensas riquezas que ofrece su clima y fertilidad de sus terrenos. ,,s A esas condiciones se sumó una aristocracia agraria que supo visualizar y hacer uso de su oportunidad, "(. ..) que consiste en aprovechar este momento, el único en que puede darse un fomento increíble á la riqueza nacional, ó lo que es lo mismo á la agricultura.'~ Coincidiendo con tal propósito de favorecer la agricultura, en los artículos 7 o. y 80. de la cédula de 1789 se establecía, respectivamente, que: a) la corona de España iba a gratificar a razón de cuatro pesos por cada africano a los españoles que los introdujeran de "buena calidad"; b) que como el principal objetivo para la concesión de libertades en el tráfico de E. Bitlloch: Trabajo e inmigración en Cuba (1789-1847) 111 esclavos iba determinado a fomentar la agricultura, se imponía una capitación anual de dos pesos por cada africano_que no fuese destinado al trabajo rural, sino al servicio doméstico en las ciudades y pueblos. Otras leyes prorrogando y ampliando el comercio esclavista fueron promulgadas el 20 de febrero y 24 de n?viem_bre de 1791 Y_ el 22 de abril de 1804, siendo esta última la qué_ cerro el ciclo de concesiones negreras hasta la firma, el 24 de septiembre de 1817, del tratado entre España e Inglaterra. Como consecuencia, a 'partir del cambio de ratificaciones el 11 . de noviembre del mismo año, se prohibía la trata y se la declaraba totalmente abolida en todas las p~esiones españolas -eomo fecha tope- desde el 30 de mayo de 1820. Pero vencido este definitivo plazo legal, se inició la era del contraband~ negrero que iba a durar hasta bien avanzado el siglo pasado, debido a la tolerancia de las autoridades, que no encontraban otro modo de reemplazar la fuerza de trabajo· esclava. Esto se agravaba, además, por. fiº que la reproducción natural de los ese1avos era lllSU ciente.10 Se sentaron así las premisas históricas que permitieron la transformación de Cuba en una "gran plantación". Simultáneamente con esos cambios económicos, comenzaron los debates sobre el sistema de trabajo -esclavista o asalariado- y sobre la inmigración y colonización blanca. Resultaban cuestiones pri~ritarias en una economía de plantación que era inconcebible sin esclavos debido a su mismo carácter: grandes extensiones de tierra y numerosos productores que efectuaban una labor rutinaria en extenuantes jornadas de 18 horas. Cuestiones que fueron debatidas prácticamente a lo largo de todo el siglo XIX, y que tuverion su antecedente teórico más lejano en el que puede considerar el primer historiador cubano, José Martín Félix de Arrate, que hacia 1754 escribió que los esclavos · (... } a más del preciso desembolso de su compra, sirven al _coste y riesgo de sus dueños; quienes reportan los gastos de su ~unen- to vestuario y curación, y la paga de sus fugas, hurtos y entierros, pe~diendo muchas veces su valor antes de utilizar~e de su servicio: espuestos continuamente a ser enfadosos y nocivos a los amo~, por la rudeza y barbarie casi común en todos, y la mala condición y viciosa costumbre de muchos de ellos.11 �112 Siglo XIX TRABAJO ESCLAVO Y TRABAJO ASALARIADO En su sesión del 29 de febrero de 1844, la Real Junta de Fomento de Agricultura y Comercio de La Habana consideró el nuevo plan de población por medio del cual se resolvía fundar sociedades anónimas de colonización blanca, disponiendo una serie de medidas prácticas: subsidios, reglas de funcionamiento, carácter que se debía dar a la inmigración, etc. Pero una semana más tarde, en una nueva reunión efectuada el 7 de marzo, se decidió no fomentar colonias agrícolas -algo implícito en la resolución anterior- sino "importar inmigrantes" en ealidad de jornaleros.12 La burguesía cubana comenzaba así a buscar una solución posible al problema de la carencia de mano de obra, agudizado progresivamente tras los acuerdos de 1817. En el decenio de 1840 coincidieron distintos factores que agravaron esa cuestión que, suscintamente, se pueden compendiar en: externamente, una mayor agresividad política inglesa, no sólo ya en lo concerniente a la extinción del tráfico negrero, sino también de la esclavitud como sistema económico;13 internamente, en la conspiración de la Escalera de 1844, cuyos alcances verdaderos -como conjura- están todavía por precisarse, pero que aterrorizó a gobernantes y hacendados y que sirvió, en última instancia, para liquidar a un sector social de africanos Ji. bres -artesanos, comerciantes, profesionales- que podían tornarse una amenaza potencial a nivel económico y político. Raynal había señalado en 1780 que las pocas industrias artesanales existentes en Cuba estaban en manos de mulatos y negros Libres;14 casi cincuenta años más tarde, José Antonio Saco había advertido en la "Memoria sobre la vagancia en Cuba" tal peligro: "Por una desgracia harto lamentable, casi todas las artes se hallan en nuestra Isla en manos de la gente de color."15 Pero en Cuba la controversia sobre el trabajo y la inmigración estaba íntimamente unida a la cuestión del rendimiento de los ingenios. En las firmas cubanas el crecimiento era condicionado por el propio método de trabajo, por la competencia de otros países productores de azúcar y por el progresivo desarrollo de una industrial europea de azúcar de remolacha. Esta última, inicialmente relativizada como concurrente eventual en el mercado internacional, terminó por provocar aprensión para una posible expansión de las plantaciones cubanas . E. Bitlloch: Trabajo e inmigración en Cuba (1789-1847) 113 El azúcar de remolacha, mirada á los principios con desden, y con menosprecio cuando se indicaba en relación con el futuro cultivo de la caña, ha llegado á inspirar verdaderos temores, tanto por la masa de productos que ofrece al mercado, cuanto por los medios que para favorecerla, adoptan los gobiernos de Europa. Al mismo tiempo, la enorme producción del azúcar escediendo á los consumos, ha producido en los precios una baja que no admiten las fincas actuales, establecidas sobre un plan vicioso de prodigalidad y desperdicios. 16 Su trascendencia se reflejó, igualmente, en Saco, quien dedicó un trabajo a esa industria y analizó sus probabilidades de prosperar en Francia y sus consecuencias, tanto para las propias colonias galas como para Cuba.17 Para poder continuar exportando, manteniendo, por lo tanto, precios competitivos a nivel mundial, había que tecnificar la producción de las haciendas cubanas. Pero esto era prácticamente imposible mientras sub!'istiera el trabajo esclavo como base principal de la economía. Los esclavos no tenían interés ni capacidad, dado el régimen embrutecedor en que se desenvolvían, para hacerse cargo de tareas que requerían como precondición cierta fonnación técnica. La coacción u obligación extra-económica tenía su correlato en los pobres niveles de las técnicas utilizadas, en la rotura de los instrumentos de trabajo, en el desperdicio de las materias primas. Circunstancias que (... ) encarecen la producción basada en la e~clavitud. En ésta, según la notable expresión de los antiguos, el trabajador sólo se distinguiría del animal y de la herramienta inanimada como el instrumentum vocale se distingue del instrumentum mutum (. . . ) Pero el propio esclavo hace sentir muy bien a los animales y a los instrumentos de trabajo que están muy lejos de ser sus iguales, que él es el hombre. Para darse ese placer, los maltrata con amore. Por consiguiente es un principio económico aceptado en ese modo de producción el de que se deben emplear los instrumentos de trabajo más rudos y pesados, para que su bastedad y peso los hagan más difíciles de deteriorarse (... )18 Tal era la conclusión a la que llegaba Karl Marx, bruándose en las afinnaciones de dos hombres, John Elliot Cairnes y Frederick Law Olmstead, que habían recorrido las plantaciones algodoneras del sur de Estados Unidos. 19 Sagra y Saco habían formulado apreciaciones similares. Según el primero, no dejaba de ser una fuente constante de inconvenientes para todo intento de perfeccionamiento de la agricultura; �114 E. Bitlloch: Trabajo e inmigración en Cuba (1189-1841) Siglo XIX 115 (...)la clase de trabajadores que se emplean para el cultivo;porque el negro esclavo, por mal dirigido, es grosero en su trabajo, no distingue la constancia y la asiduidad de la fuerza material, y emplea esta siempre y cuando se propone cumplir mejor, por voluntad ó por miedo. El grande y uniforme cultivo que se hace en los ingenios y cafetales, y los vicios introducidos en su régimen, han hecho que s~ disponga de las masas de operarios como máquinas de fuerza, y se deja poco ó nada al tino y a la previsión.20 Con Jo que, de hecho, los comerciantes perdían las garantías de sus préstamos. Concretamente, en cuanto a la abolición de la esclavitud, proponía cuatro disposiciones: Saco, por su parte y también refiriéndose concretamente a la labor esclava en Cuha, escribió que 2. Borrar o destruir la preocupación de color: aconsejaba que se forma- la indolencia y a veces la perversidad de los esclavos, es causa de muchos quebrantos en un ingenio. El animal que se suelta, y es· tropea el sembrado, el caballo que se pasma, el bu que se des· nuda, la chispa que salta y quema el cañaveral (... )2 como una forma de ir obteniendo la desaparición paulatina de los preJW· cios de color. 1y l. Abolición efectiva del tráfico de esclavos: la única manera de lograr tal objetivo era por medio de un estricto control legal, pero eso dependía de las autoridades, cómplices, hasta ese momento, del contrabando negrero. ran colonias mixtas, compuestas por jornaleros blancos y mujeres ne~~• 3. Mejorar la condición de los esclavos. Indicaba una serie de medidas tendientes a mejorar la situación de los africanos: disminución de los El problema para los plantadores cubanos consistía, enlonces, en cómo transformar esclavos en asalariados sin desestabilizar el orden existente. Por otra parte, si se aceptaba el principio de la abolición, cómo ejecutarla, traLando de armonizar los distintos intereses en pugna. Las soluciones pro. puestas eran disímiles. Arango y Parreño, el mejor representante de su cla• se -como intelectual y como empresario-, el hombre que había pensado a Cuha como una enorme plantación, que hahía pugnado por la introduc• ción masiva de africanos,22 se había convertido, años más tarde, en 1832, en un abolicionista, descubriendo que los esclavos"(...) trabajan en general, más de lo que deben. Se les castiga cruelmente. No se les alimenta, viste ni asiste en sus enfermedades(.. .f,23 Pero no había en ello arrepentimiento moral Oo que, obviamente, no entraba en sus cálculos -en 1789 hahía calificado a la trata de "miserable comercio", pero al mismo tiempo se quejaban de no poder participar en la misma-), sino el más craso interés económico. Es que él veía más allá que su clase, la que en conjunto se distinguía por su codicia y por su atraso, percatándose de que el mantenimiento de la esclavitud significaba a largo plazo la desaparición del ingenio y, por ende, la de un grupo social. Simultáneamente su antiesclavismo era una expresión de la contradicción hacendado-comerciante, ya que sugería la medida económica perfecta contra los segundos: "(. . .) que se declarenglebae adicti los esclavos campestres, no pudiendo rematarse, ni aun para pagar al Fisco, y solo cuando ellos lo soliciten con justa causa, sea permitida su separación de la hacienda en que se hallen (...)',24 días laborables, menor intensidad en el ritmo de trabajo, mejoras en la alimentación, en la vestimenta, en el alojamiento y en la asistencia médica, etc. 4. Establecer un sistema de manumisión gradual: debía ser elaborado y puesto en práctica un sistema de manumisión que no superara los límites . •25 señald a os por la expenenc,a. Otros aconsejaban separar las operaciones agrícolas de las de elaboración en los ingenios, dejando a colonos blancos la siembra y el cultivo, y a los propietarios, la manufactura.26 A la polémica sobre la supresión de la esclavitud se sumaba otro inconveniente: cómo evitar el desequilibrio demográfico entre blancos y oegros.27 La respuesta -tan difícil de implementar y que, por otra parte, nunca asumió otra forma que la simple condición de un paliativo- era dramáticamente sencilla: fomentar la población blanca. Es que el recuerdo de la revuelta haitiana de 1791 permanecía fresco en la conciencia colectiva de los hacendados cubanos. Pero había que ver si las condiciones de la economía eran favorables para la inmigración, que carácter debía darse a la misma. Antes de respon- �116 E. Bitlloch: Trabajo e inmigroción en Cuba (1789-1847) Siglo XIX der a estas y otras preguntas debemos interrogarnos qué es un esclavo y qué es un asalariado, cuáles eran las diferencias de sus costos para los plantadores cubanos. Finalmente debemos preguntarnos sobre algo que resulta problemático y enojoso de responder: cuál era la rentabilidad del trabajo esclavo. Recapitularemos los pro y los contra en la labor esclava según el clásJ. co estudio de Cairnes. Entre los pro mencionaba el poder omnímodo (fundamental para la organización del trabajo en gran escala que requiere toda plantación) que los amos ejercían sobre los esclavos y la apropiación total de los productos del trabajo. Entre los segundos indicaba: a) se trata de un trabajo hecho de mala gana y en consecuencia su productividad depende de la vigilancia que se ejerza: en el momento en que esta disminuye, el esclavo relaja sus esfuerzos. i\sí, los costos del trabajo esclavo están proporcionahnente relacionados con el grado de concentración o de dispersión de la fuerza de trabajo, según las necesidades de la producción, en el espacio de la plantación; b) es un trabajo inevitablemeente no calificado. No existe interés del esclavo en su labor: a esto se suma el hecho de que es inducido a no ejercer ninguna de sus facultades. Se puede afirmar que la Pducación en la ignorancia es prioritaria para el funcionamiento de la esclavitud; e) se trata de un trabajo carente de la más mínima versatilidad: cuando los esclavos aprenden una tarea no pueden ser utilizados en otra distinta.28 Estos aspectos perjudiciales del trabajo esclavo, continuaba sosteniendo Cairnes, tienen sus lógicas consecuencias. En primer lugar sobre la agricultura y, en segundo lugar, sobre la industria y el comercio: inmoviliza grandes sumas de capital en esclavos, lo que torna problemática la acumulación o la impide directamenle.29 117 queña en las actuales circunstancias, pues 5 Y ~ún 7°/o, no ~orresponden a un sistema de industria a l_a vez agronomo Y fabril, que exige la anticipación de grandes capitales, y que se halla expues. 31 to a innumerables d esgrac1as. Un historiador contemporáneo, Eugene D. Genovese, menciona a Edmund Ruffin, autor de The Political Economy of Slavery (Washington, 18~7), quien se oponía a las tesis del ricardiano Cairnes manif~tando, que m1~ntras hubo tierras fértiles y baratas, la habilidad en el trabaJO tema un caracter secundario. Fue el agotamiento de los terrenos lo que generó "(... ) las condiciones que exigían una participación inteligente de la fuer1;a de . (...)',32 traba.Jº Pero Ruffin, concluye Genovese, nunca terminó por elucidar su idea al respecto, ni sacó las correspondientes conclusiones. ORG t\..'JIZACIO - DEL TRABAJO Aunque los esclavos trabajaran en relación a sus propias capacidades, los límites a las mismas estaban determinados por condiciones quizás ajenas a su voluntad. La vigilancia, por ejemplo, es necesaria en todo modelo de sociedad cimentado en el antagonismo entre el productor y el propietario: cuanto mayor es ese antagonismo, más importante es el rol que adquiere el control laboral, que alcanza su apogeo en el sistema esclavista. Charles S. Sydnor puntualizaba la eficacia de la supervisión del trabajo en una plantación de M~issippi, especificando la diferencia de algodón cosrchado en relación con un día habitual de trabajo: Aún cuando Cairnes pueda haber caído en cierta desmesura en sus observaciones, no existe la menor duda de que las mismas coinciden con las de la mayoría de los economistas y viajeros de la época. Sagra, que quizás escribió los mejores tratados sobre la economía cubana en el siglo XIX, señaló la misma contradicción. Remarcaba: a) la imposibilidad de toda organización científica de la agricultura mientras que el cultivo se efectuase con esclavos; b) la irracionalidad de un sistema que consideraba la estúpidez como una cualidad preciosa de los esclavos, a fin de mantenerlos en una perfecta sumisión.30 En una obra anterior decía: El 27 de septiembre de 1830, un grupo de catorce esclavos, e? una plantación algodonera de Mississippi, recolectaron 4 520 libras de semillas limpias. de algodón o sea, un promedio de 323 libras por esclavo. La mayor cantidad recolectada ese día, ~or un esclavo fue de 415 libras y la menor fue de 240. El trabajo fue concie~zudamente observado, por ser una labor pagada, Y los resultados fueron lo suficientemente inusuales para ser publicados en la prensa. Por ello, es evidente que los esclavos calificados, bien estimulados, podían recolectar dos o tres vec,es más que lo que_ un esclavo común era capaz de efectuar en un d1a. El esclavo corriente, bajo condiciones normales, no era obligado a trabajar hasta el 33 límite de sus fuerzas. De todos modos la utilidad que rinden los ingenios es muy pe- Pero cuando la·vigilancia degeneraba en un castigo constante, la negligen- �118 Siglo XIX cia y la despreocupación eran incesantes en la vida de las plantaciones. Cuba no fue una excepción a esa pauta de control de las tareas diarias. La figura del mayoral, el barracón, el aislamiento, el castigo, emergen -como símbolos de la estricta vigilancia- de la lectura de los escritos dejados por los viajeros de esos años, aunque también se deducen matices divergentes en el trato dado a los esclavos entre un ingenio y otro, y de acuerdo a las 34 distintas épocas. Louis-René Villermé reproduce un cuestionario que le envió a Dé la Sagra: (. . .) que ha vivido mucho tiempo en la Habana, de querer responder a esta pregunta: ¿quiénes son, en la isla de Cuba, los que tratan mejor a sus esclavos, y quienes los que los tratan peor? He aquí cual ha sido su respuesta: En primer lugar hay que poner a aquellos que tratan peor a los esclavos, les exigen de más y se muestran crueles con ellos: los negros libres. Después vienen los mulatos. En tercer lugar los blancos de condición media. En fin, aquellos que tratan mejor a los esclavos son los blancos mas ricos. Los esclavos más maltratados son los pertenecientes a hacendados pobres y aquellos de la agricultura. Los últimos son puestos bajo las órdenes de blancos sin educación y crueles, nacidos en los campos de la isla de Cuba, o de naturales de las islas Canarias, que fueron a Cuba a hacer fortuna, como administradores de explotaciones rurales. La mejor condición para los esclavos es la de domésticos de la clase rica; ellos viven mejor que un gran número de obreros en Europa. Así por poco humano que sea su amo, ellos la prefieren a la libertad.35 En general se puede sostener que el tratamiento dado a los esclavos estaba determinado por la cantidad disponible, por su precio, por las técnicas de producción y por las condiciones del mercado. Un buen paradigma al respecto es Arango y Parreño, que en el cénit de su desvelo abolicionista propuso que se premiara a los dueños de ingenios que lograran tener, entre sus dotaciones, mayor número de esclavos nacidos que muertos.36 LA ALIMENTACION Otro de los factores que debe haber influido en el ritmo de trabajo de los esclavos es la dieta. Si bien por ley los propietarios de las fincas tenían la imposición de suministrarles una cantidad de alimentos establecida como escribió Frederika Bremer, ¿quién podía controlarlos?37 Evident:mente E. Bitlloch: Trabajo e inmigración en Cuba (1789-1847) 119 die pues todo airaba en tomo a la obtención de superbeneficios que era, to• d ah" na' en última instancia, lo que determinaba las jornadas intensivas e tr . ªJº· De modo que la dieta cumplía un cometido específi.~o, y era dependie~te de los intereses económicos. Ambos aspectos determmaban los promedios de vida de los esclavos. Arango y Parreño se habían preguntado en su "Discurso,~bre la ~ culmra. . . " cómo lograr que los esclavos trabajaran el maxnno posible con el menor costo de alimentación: Los ingleses, franceses y portugueses en la mayor part_e ~ienen un mismo modo de alimentar sus esclavos. No les dan m din~ro, ni alimento (aunque esto último se Jo prevengan sus leyes), smo un pedacito de terreno para que lo cultiven, y el tie~po que cada nación ha juzgado conveniente. Nosotros dam_os el m!smo terre~o y el mismo tiempo para el cultivo al que se qmere aplicar:; pero sm perjuicio de la ración diaria de carne y menestra. Los m?Jeses Y los franceses tienen menos días festivos y por consecuencia sacan mayores tareas de sus esclavos.38 Los viajeros mencionan casi unánimemente y sin demasiadas variacio~es en el devenir del siglo XIX, un régimen alimenticio consistente en tasaJO y/o bacalao, harina de maíz, arroz y plátanos. Alimentos que variaban -para bien O para mal- entre las distintas plantaciones, ~e~ido no sol_ament~ a los criterios particulares con que cada plantador adrmrustraha su finca, smo también en función de las existencias -en el sentido de capacidad de producción- de materias alimentarias en cada región.39 En cuanto a la calidad de los alimentos podemos ver las observaciones del médico negrero Honorato Bemard de Chateausalins, que sostuvo que el tasajo y el pescado salado llegaban muchas veces con un principio de fermentación pútrida sumamente dañosa, así como las del cónsul inglés Richard R. Madden, su antípoda ideológica, quien aseveró que el tasajo de Brasil era extremadamente duro, de escasa materia nutritiva, de mal sabor y peor olor.40 En cuanto a la cantidad de comestibles suministrados a los esclavos podemos formular un modelo hipótetico de dieta41 cotidiana basado en: �120 Siglo XIX E. Bitlloch: Trabajo e inmigración en Cuba (1789-1847) tasajo: arroz: harina de arroz: bananas: 230 gramos 112 gramos 336 gramos 6 u 8 piezas ~ t.) Al analizar los componentes de dicha dieta es posible establecer el cuadro de la página siguiente. 3 400 unidades 85 gramos 100 gramos todo lo referente a la dieta de los esclavos. ti, ""qo "" o q e "': .... .; < ¡:Q z o > < ~ 'SI! o \.(") ,-... 0 = e >q <O e,.¡ e,.¡ o o\.(") o ..... 1i ....B 0 >q .... .:a o u (/) 1i et 'le j 00 :-g 00 .i::: 4> -= u (/) w 1"' <IS .. ,.; bO o .... e<) e<) IIJ) ~ *Mi agradecimiento a la doctora Paula Poldennan por sus consejos y asesoramiento en o '"'! o > o En general podemos decir que, de acuerdo con la comida que se suministraba, no se pueden deducir otras deficiencias alimentari~, aunque esto no implique negar otro tipo de enfermedades debidas a las condiciones higiénicas de trabajo y vivienda o a la calidad de la comida.42 Además, debemos tener en cuenta que, después de cierta cantidad de horas diarias a:t e oo, ~ (/) En conclusión, se puede afirmar, teniendo en cuenta el ritmo de trabajo de los esclavos, que eon esa alimentación sufrían un proceso progresivo de adelgazamiento y, por consiguiente, de debilidad, provocados por la escasa cantidad de calorías y grasas que recibían. Dos enfermedades concretas originadas en la falta total de vitamina A son la _xeroftalmía y la alteración de la capacidad visual nocturna. Las vitaminas B y C se adquie1 ren con 1a ingestión de bananas, por lo que este alimento cumple un papel tan importante que se lo podría considerar "el salvador de los esclavos". .... > w 10 miligramos 0.45 miligramos 1.4 miligramos 50 miligramos* ::: > .; Un hombre entre los 20 y los 35 años y de un peso aproximado de 70 kilos y que desarrolla diariamente una labor física intensa necesita: calorías: albúminas: grasas: hidratos de carbono: hierro: Vitamina A: Vitamina B : 1 Vitamina C: o w o ~ w .... o "'<IS .e s -=::9 ,.; ,-... o e,.¡ .... <IS <IJ ,!! ... 0 ,-¡ o oe,.¡ o "" e,¡ "'0 <IS -==o ~o .... IIJ) <O --; e<) ""'° \.(") O> ., o ·;, "' ..."' e,¡ ,,, -o <SI <SI .s... -~ .e: e <SI lO ,-... \.(") e<) ~ s f bO t!') <SI s::: s::: N <sS -¡;¡ ~ <SI ...o ...o .o ... 121 �122 E. Bitlloch: Trabajo e inmigración en Cuba (1789-1847) Siglo XIX de labor intensa, el ritmo de trabajo decrecía por agotamiento físico. Madden, refiriéndose a los esclavos del ingenio O/anda, dijo: ''El aspecto de los negros en esta propiedad, era miserable en extremo, lucían muertos de cansancio, indiferentes, estupefactos, macilentos y extenuados(... )"43 En las sociedades de economía de plantación la estructura del trabajo determina que los beneficios de los hacendados se obtengan por simple extensión del tiempo total de labor de los productores, es decir, mediante la prolongación del proceso de trabajo: • Es en Cuba, hoy día, cuyos ingresos se cuentan por millones y cuyos plantadores son príncipes, donde vemos que la clase servil paga el precio más alto, con la labor más exhaustiva e infatigable, y aún más con la destrucción absoluta de una parte de sus miembros cada año, causada por la lenta tortura de trabajar demasiado y dormir y descansar insuficientemente (... )44 COSTO DE LA MANO DE OBRA, INMIGRACION Y COLONIZACION Pero si la jornada laboral y la dieta influían objetivamente en el rendimiento del esclavo, ¿cuál era la rentabilidad del trabajo esclavo? De esta pregunta se derivan otros interrogantes: ¿cómo transponer legítimamente a un modo de producción esclavista el problema de la rentabilidad, propio de un modo de producción capitalista? Y si fuera posible hablar de rendimiento: ¿se trata del rendimiento del esclavo o de un modo de producción? Pero si bien en Cuba existían problemas de rendimiento (tal como lo prueba la existencia misma del debate sobre los sistemas de 45 trabajo), éstos no eran lo suficientemente profundos como para que pudieran provocar una transformación de las relaciones de producción. Lo que no implica desconocer las diferencias, en la capacidad y el interés en su labor, entre un esclavo y un asalariado. La fluidez del capital, la versatilidad del trabajo y la indiferencia del trabajador por el tipo de labor que tiene que cumplir -en tanto que perciba que siempre le reditúa el mismo producto: dinero- son propias de una 46 sociedad capitalista. Además el esclavo pertenecía a un amo, equivalía a capital constante y debía ser amortizado -igual que una máquina- proporcionalmente con su vida útil, que oscilaba entre 10 y 15 años. 47 El esclavo recibía en especies los elementos necesarios para su manutención. 123 El asalariado, por su parte, debe venderse al capital, no a un patrón determinado, por lo que dentro de ciertos límites lógicos tien~ posibilidad de elegir y de cambiar, y recibe los medios para su subsistencia en forma de dinero. Al analizar las diferencias entre un esclavo y un asalariado dejamos de lado todo juicio de valor sobre las condiciones de vida de uno y otro. En este aspecto, quizás, no había demasiadas disparidades considerando la miseria en que vivían los proletarios europeos.48 Moreno Fraginals dice: El bárbaro sistema de explotación de los asalariados ingleses durante la primera mitad del siglo XIX fue un poderoso argumento justificador de la esclavitud. Quien lea las trágicas descripciones de Engels sobre los irlandeses en Gran Bretaña o el vibrante White Slaves in England de John C. Cobden, dará en cierta forma la razón a los negreros cubanos.49 Lo cual no deja de sorprendernos porque si -refiriéndonos a un aspecto tan específico como el de las condiciones de vida- en algún momento los esclavos fueron tratados mejor se debía, simplemente, a que eran una inversión de capital. Además, un proletario europeo o sus hijos podían socialmente progresar, mientras que un esclavo ni siquiera tenía existencia jurídica: era simplemente una cosa. Llegados a este punto nos debemos preguntar si, en términos estrictamente económicos, la transición del trabajo esclavo al trabajo asalariado no afectaba la competitividad del azúcar cubano en el mercado internacional. Vázquez Queipo, en el anteriormente citado Informe fisc.al. .. , ya se había formulado tal pregunta y agregaba: Para ello se hace preciso fijar el salario en que hoy puede regularse el jornal de los esclavos, y el precio ínfimo del azúcar que permite cubrir este salario, sin beneficio alguno para el propietario. Sin estos datos carecería absolutamente de base el proyecto de inmigración de jornaleros blancos, y si la Real Junta no los reunió y discutió, preciso es confesar que su determinación en materia tan grave ha sido menos el resultado del convencimiento emanado de un detenido y concienzudo examen, que el de una noble impulsión espontánea, que se parece mucho á la tentativa ó ensayo de aclimatación de una planta que se juzgase útil, pero cuyas condiciones de cultivo y temperamento se ignorasen.50 �124 Siglo XTX E. Bitlloch: Trabajo e inmigración en Cuba {1789-1847) 125 pesos (anuales) Su análisis precisaba los costos anuales de un esclavo de la siguiente manera: 120 Salario mensual a 10 pesos pesos (anuales) Cecina o tasajo, 1/2 libra diaria a 2 pesos la arroba 14 Dos esquifaciones o vestidos de lienzo completos, con una frazada 4 Maíz, plátanos u otras viandas de la finca a 1/8 de · real el día Cecina o tasajo, la misma ración y calidad que para un esclavo 14 Maíz, plátano, etc., etc. 5 Médico y botica para las enfermedades, que no excedan de cuatro días 1 5 Total Médico y botica para una finca de 200 negros, 400 pesos 2 Interés del capital de 300 pesos valor medio de un negro de la dotación 30 Amortización del capital, suponiendo 5% de mortandad o 20 la vida media en este país 15 Total 140 70 Tal era el costo de un esclavo anualmente.51 A estos cálculos de Vázquez Queipo corresponde efectuar dos observaciones: en primer lugar, en la tan manoseada palabra costos solamente pudo verificar aproximadamente los alimentos producidos por los propios esclavos, cuando esto es básico para la obtención de los costos reales; en segundo lugar, como lo señaló Juan Pérez de la Riva, no es menos cierto que la competencia del azúcar de remolacha había iniciado un período de baja en los precios del 52 azúcar de caña. Según Vázquez Queipo el precio de la arroba de azúcar, necesario para cubrir los gastos de producción, en este caso, era de 5 1/3 reales. Determinando esto para los ingenios con esclavos africanos, resta imaginar el hipotético cultivo por asalariados blancos de una plantación. Sin tener en cuenta los gastos de inmigración de los jornaleros europeos, los mismos serían: De tal manera el salario anual mínimo para un jornalero europeo, estimándolo lo más bajo posible, duplicaba los costos de un esclavo.53 El salario mensual de diez pesos Vázquez Queipo lo calculaba en base a lo que se pagaba por el alquiler de un esclavo -que sabía un ofi.ci<>-:- y que oscilaba entre 15 y 17 pesos mensuales, siendo para los simples braceros de diez pesos. 54 Reconocía, además, que ni la comida -tasajo-- ni la casa -barracón- podían ser dadas a los europeos. A ello se debía añadir el hecho de que los últimos no aceptarían el severo régimen de disciplina a que eran sometidos los esclavos.ss Por último es preciso señalar que el precio de la arroba de azúcar necesario para solventar los gastos en esta "hipótesis de plantación" debería ser de 8 reales. Antt>riormente, Arango y Parreño y José Antonio Saco, entre otros, bahían manifestado apreciaciones parecidas -en cuanto al costo de la mano de obra-, pero particularizadas por las diferentes épocas en que fueron formuladas, por los intereses distintos y por los enfoques divergentes de las posibles soluciones.Arango, en 1805, calculaba en 200 pesos anuales el costo de un esclavo (comprendía los gastos de subsistencia y amortización anual) y en 400 pesos el de un trabajador libre, aunque advirtiendo lo bajo de este último cómputo.s6 Saco, si bien no lo verificaba con cifras, aseveraba: "(...) bien se que el trabajo de los esclavos, materialmente considerado, y atendiendo a las circunstancias del momento, es más barato que el de los lihres. ,.r:,J Estas elementales estimaciones salariales -a las que debemos adicionar los elevados precios de artículos de primera necesidad: carnes, pescados, �126 Siglo XIX ropas, así como arrendamientos de viviendas-,58 evidenciaban la impractibilidad de todo proceso inmigratorio de operarios europeos mientras perdurara la misma organización esclavista del trabajo y, por consiguiente, idénticas técnicas de producción. Como prueba de esto tenemos el fracaso de los diversos -y sucesivos- ensayos y tentativas de colonización y elaboración de azúcar con obreros a sueldo. Es que, en la práctica, faltaban las condiciones de producción que permitieran la formación de una clase trabajadoras asalariada barata.59 Para el autor del Informe fiscal. .. , la única viabilidad real de promover la población blanca en la isla de Cuba residía en modificar su mapa econtmico, desarrollando otras industrias y cultivos, especiahnente el tabaco. Con lucidez sustentaba que el problema esencial de los plantadores no radicaba en incrementar la productividad -dada la transformación que, por entonces, se operaba en el mercado mundial en azúcar, café, tabaco- sino en reducir los gastos en la producción, y esto no se obtenía con la introducción de emigrantes provenientes de Europa. Enunciaba así -con otras palabras y en otro contexto- algo que ya bahía sido expuesto teoréticamente en 1836 por Andrés de Zayas: ante las dificultades concretas de innovar tecnológicamente, lo que debería hacerse era efectuar una reorganización del trabajo esclavo.61 Pérez de la Riva, en su artículo antes citado, parte de una realidad innegable: las altas renumeraciones que se abonaban a los jornaleros rurales -y en particular, a los que sabían una profesión- en todas las colonias europeas del Caribe con economía de plantación. Terminaba afirmando que "(...) los salarios cubanos eran de tres o cuatro veces superiores a los europeos de la misma época, afios 1845-1850, pero si se tiene en cuenta el poder de compra de la moneda en la adquisición de alimentos, serán sólo del doble(.. .)':62 No sabemos adónde quiso llegar Pérez de la Riva con esta afirmación: nos parece incorrecta la comparación de los jornales entre dos sociedades cualitativamente, absolutamente diferentes como la Cuba colonial y esclavista por un lado y Francia e Inglaterra (no sólo en plena expansión industrial, sino las potencias hegemónicas del momento), por otro. Por otra par· te la evolución de los salarios es diametrahnente opuesta entre esos países: mientras que en Cuba aumentan los estipendios rurales, los urbanos per· manecen estables -algo ya marcado en 1861 por el hacendado Francisco Diago en su informe a la Real Junta de Fomento-; a su vez en Francia e Inglaterra recorren la vía inversa. Además debemos sefialar que le quita E. Bitlloch: Trabajo e inmigraci6n en Cuba (1789-1847) 127 valor a la comparación el hecho de que utilice una moneda (el peso) sin uso en el comercio de la época, pues los valores dependen de la tasa de 63 cambio aplicada en uno y otro caso. Pero los elevados estipendios que se pagaban a los jornaleros rurales en todos los países con economía de plantación (y Cuba no era una ex64 cepción a la regla), y el aumento progresivo del precio de los bozales, obligaban a los hacendados cubanos a resolver el ~ema de 1~ i~~~iencia de mano de obra, especiahnente de aquella con cierta espec1al1z~c1on. Como el plan de población de la Real Junta de Fomento de Agricultura Y Comercio -que contemplaba la importación de inmigrantes blancos- era absolutamente inviable, resucitó una vieja institución: la servidumbre contratada. Así implementaron la compra e introducción de trabajadores asiáticos chinos en el caso particular de Cuba, que también estaban siendo llevado~ a gran parte de las colonias francesas, holand~ e ~gl":8as. ~eonar~ Wray había elogiado, en los culíes chinos, su frugalidad, mtelige~cta, esptritu de iniciativa y capacidad técnica, considerándolos como los Jornaleros 65 ideales para las colonias europeas de las Antillas. El primer contingente de los nuevos inmigrantes, que habían firmado contratos de labor por un 66 plazo mínimo de 8 años, llegó en 1847 . En resumen, la servidumbre contratada no fue otra cosa que una solapada forma de reorganización del trabajo esclavo y, por ende, un intento, el último, de perpetuar la sociedad esclavista. NOTAS l. Los ponnenores, así como las consecuencias de ese proceso revolucionario que detenninó la ru,ina de Saint-Domingue como gran colonia azucarera son, en general, conocidos, pero, de todos modos, no esta de más_cit~, a título info~_ativo, algunas obras al respecto: José Luciano Franco, Huto~ra de la R~lucion de Haití; David Patrick Geggus, Slavery, War and Revolut1on. The Bntuh Occupation of Saint-Domingue, 1793-1798. En 1789 Saint-Domingue tenía: 793 ingenios, 3117 cafetales, 3151 fincas en las que se cultivaba y elaboraba el añil, 789 plantaciones de algodón, más de 170 destilerías de ron. Pien:e Plucchon en la introducción a Justin Girod de Chartrans, Voyage d'un Su,ue. .., p. 32. Obra fundamental sobre el Haití colonial es la de Médéric-Louis-Elie Moreau de Saint-Méry, De3Cription. .. de la partie fraru;aise de / 'isle de Saint- �128 Sigú:>XIX E. Bitlloch: Trabajo e inmigración en Cuba (1789-1847) 129 Dom ingue, cuya primera edición fue hecha en Filadelfia en 1797. 2. T. III, p. 257. 3. Gabriel Debien, Colons de Saint-Domingue réfugiés aCuba (1793-1815). 4. Historia económica-política. •., p. 139. En las citas de libros antiguos respetamos la ortorgrafía de la época. 5. Véanse al respecto, José de Arazoza, ''O tro discurso sobre caminos . ..", en Memorias de la Rrol Sociedad Económica de la Habana... 1817, pp. 57-68;José Antonio Saco, "Memoria sobre caminos...", en Colección de Papeles. . ., t. 1, pp.61-150. 6. "Al presente necesitamos comprar algunos cientos de miles de arrobas de carne salada á los vecinos de Tampico y Buenos Aires, cuando en tiempos pasados podíamos proveer a otros pueblos." Francisco de Arango y Parreño, "Discurso sobre la Agricultura..." en Obras, t. 1, p. 95. 7. Saldándose, así,~ favor de los hacendados, el viejo conflicto que tenían con la marina española por la posesión y utilización de los bosques. El desmonte indi&criminado que siguió a esta ley fue denunciado por De la Sagra: "En estas tumbas se sacrifican todos los árboles, y caen bajo el hacha esterminadora ( ... ) árboles de maderas preciosísirnas que el fuego consume en pocos días. Los cortes de leña, ya para los ingerúos ya para hacer carbón, sacrifican también árboles del mayor precio, que ni se reponen ni es posible conseguirlo en cuatro generaciones. De resultas de esta tala asoladora y del sistema de imprevisión que 1a dirige, se ven transformados en llanuras estériles y abrasadas terrenos antes pingües y frondosos, se han abandonado fincas valiosas por falta de combustible, se ha acrecentado el costo de los materiales para el establecimiento de las nuevas, y sucesivamente se verán subir la temperatura y escasear las lluvias en las inmediaciones de las ciudades...". Op. cit., p. 184. 8. José María Zamora y Coronado, Biblioteca de Legislación Ultramarina..., t. 1, p.123. 9. Arango y Parreño, loe. cit., p. 54. 10. José Ahumada y Centurión, Memoria histórico-política. .., pp. 41-42. " La esclava preñada y parida es inútil muchos meses, y en este largo período de inacción, su alimento debe ser mayor y de mejor calidad. Esta privación de trabajo, este aumento de costo en la madre, salen del bolsillo del amo. De él sale~ también los largos, y las más ( de las) veces estériles gastos del mismo recién nacido, y á este se unen los riesgos que se corren en las vidas de madre é hijo; y todo fonna un desembolso de tánta consideración para el dueño, que el negro que nace en casa ha costado más, cuando puede trabajar, que el que de igual edad se compra en pública feria." Arango y Parreño, "Representación. .. ", en Obras, t. 2, pp. 194-195. 11. Llave del nuevo mundo• .•, p. 40. 12. Manuscritos de América, 19519, hojas 1-5. En este mismo manuscrito se encuentran referencias sobre una serie de premios monetarios a concederse -por la alu- dida Junta- a los propietarios que cultivasen sus fincas con .!amilias blan_cas, (hojas 6-11 ). La.5 disposiciones de esas r~u11;iones fueron, tamb1en, reproducidas por Vicente Vázquez Queipo en los apend1ces a su Informe f,scal• . ., pp. 1-7. 13 A este respecto pueden consultarse: Hubert H. S. Aimes, A History of Slavery in · Cuba 1511 to 1868; Arthur F. Corwin, Spain and the Abolition of Slavery in Cuba: 1817-1886; José Luciano Franco, Comercio c~ndestino de e~clav~s Y La diáspora africana en el nuevo mundo; Franklin W. Kmght,Slave Soc1ety m Cu~a During the nineteenth Century; Richard R. Madden, La ~s~ de Cuba; DaVJd Murray, Odious Commerce. Britain, Spain and the A bolitwn of the Cuban Slave Trode; Fernando Ortiz, Los negros esclavos; Rebecca J. Sco~e, Slave Emancipation in Cuba, the Tronsition to Free Labor, 1_860-1899; DaVId Turnbull Travels in the west. Cuba, with notices of Porto Rico and the Slave Trade. Sob;e la historia del movimiento aboliciorústa inglés, véanse: Thomas Fowell Buxton, The African Slave Trade and its Remedy; íbid. _Memoirs; R. ~?land, The British Anti-Slavery Movement; William Law Matl11e84?n, ~reat Bntam and the Slave Trade, 1839-1865; ibid., British Slave Emanc1patton, ,1838-1~~9; íbid., British Slavery and its Abolition, 1823-1838; Howard Temperley, Br1t1&h Antislavery, 1833-1870. 14. Op. cit., t. DI, p. 266. 15. En Colección de Papeles. .. , t. l , p. 188¡en pp. 216-221, se explaya más ~xtensamente .sobre este asunto. Su "Memoria..." es, también, sumamente interesante por las referencias que hace a asilos, casas de beneficenc!a y cárceles como instituciones formadoras y educadoras de futuros proletanos, pp. 197-199. Aunque posterior, el R(fflamento para el aprendizaj~ ~e _artes y o[icius, de 1849, es un buen ejemplo del trabajo tomado como d1SC1plinante social. A~go y Parreño había criticado en 1811 la existencia de una numerosa clase de libertos y el riesgo que ello entrañaba: "Por el más funesto descuido d~ nuestra soñolienta policía, y por el más culpable olvido de todos nu~t~os mtereses, nuestras casas en todas épocas han estado plagadas de esclavos Sll'Vlentes de ambos sexos, y principalmente de hembras, que viven comodísimamente, y por I? mismo contraen todo género de vicios, siendo los más seguros la pereza y la liviandad. Todos tienen su~ión, y muy numerosa los más; y todos, la facilidad de libertarse y libertarla á ella y á si mismos; de lo cual ha resultado en 1odas nuestras poblaciones esa infinidad de gentes de color que con tánto cuidado, como nosotros habrá V.M. observado en los padrones que enviamos. El daño en esta ciudad Úega á tan alto punto, que casi están á la par los libres de color con los esclavos; y, unidas ambas clases, llegan á una asombrosa suma de 55.077, que es muy superior á la de blancos, cuyo mal á cada paso !orna tan~ incr~mento, que, en el número de bautismo de los dos años antenores, casi salimo~ a dos de color por uno blanco. Pensar en medidas violentas para echar de las cmdades y transportar á los campos estas gentes en lo general corrompidas, es pensar un imposible( ... ):' "Representación...", p. 201. "El odio que tienen los libres de color á la agricultura, ó quizá la poca protección que en ella encuentra t~o el que la emprende sin caudal Di mayores proporciones, y sobre todo, el estunulo que ofrecen las ciudades á sus vicios, ó á su aplicación preferente á las-~~ mecánicas, son causas que explican en gran parte su asombrosa propagacron . Antonio del Valle Hernández, "Sobre la población de la isla de Cuba" en Ar311;go y Parreño, op. cit., t. 2, p. 260. En los censos de 1827, 1841 y 1846 se percibe la importancia numérica de los libertos - hombres y mujeres- en diferentes oficios: albañiles, carpinteros, jornaleros, sastres, tabaqueros, talabarteros, zapateros, costureras, lavanderas, tejedoras de sombreros, domésticas, etc. En lo re- �Siglo XIX 130 lativo a los orígenes y eclipse de ese sector social, son esenciales dos obras: una de Pedro Deschamps Chapeaux, El negro en la economía habanera del siglo XIX; y la otra de este mismo autor y Juan Pérez de la Riva, Contribución a la historia de la gente sin historia. En cuanto a las relaciones sexuales entre las distintas clases y razas en la sociedad esclavista cubana, es imprescindible la lectura de Verena Martínez-Alier, Marriage, Class ami Colour in NineteenthCentury Cuba. 16. Sagra, op. cit., p. 104. 17. "Manoria sobre el azúcar de remolacha" en Colección de Papeles• .., t. 2, pp. 20-30. Emile Légier, en Histoire des Origines de la Fabrication du Smre en Fmnce, realizó una inestimable síntesis sobre los comienzos y evolución de esta industria hasta 1850. Como prolegómeno a su obra repreduce la memoria presentada en 1747 por Andreas-Sigismond Marggraf a la Academia de Ciencias de Berlín, comunicando su descubrimiento sobre la posibilidad de obtener azúcar de la remolacha, pp. 8-14. Pero, como casi todo precursor, sus observaciones pasaron desapercibidas hasta 1799 en que el químico y naturalista CharlesFrédéric Achard logró los primeros resultados prácticos tras trece años de experimentación en su finca de Caulsdorf, en las cercanías de Berlín. E. Bitlloch: Trabajo e inmigración en Cuba (1789-1847) 131 'll. Sobre la evolución de la población cubana durante la primera mitad del siglo XIX, véanse: Cuadro estadístico... correspondiente al año de 1827; Resumen del censo de población. .. del año 1841; Cuadro estadístico. .. corre.fpondiente al año de 1846. Sagra reproduce en su Historia • .. las estadísticas demográficas de 1774, 1792 y 1817. Por su parte Antonio López Prieto llevó a cabo un extracto de los padrones y censos hechos en Cuba entre 1768-1879, Cuadro sinóptico . .. Una obra moderna sobre la historia demográfica cubana es la de Kenneth F. Kiple, Blacks in Colonial Cuba . . .; sobre el tráfico de esclavos es de consulta inprescindible el libro de Phillip D. Curtin, The Atlantic Slave Tmde, A Cen• sus. 28. Caimes, op. cit., pp. 43-47. Análogas apreciaciones formuló Olmstead , op. cit., pp.104-105,337-339 . 29. Cairnes, op. cit., pp. 66-70. ·30. Estudios coloniale.f con aplicación a la Isla de Cuba. De los efectos de la supre#Ón en el tráfico de negros. Un óptimo -y al mismo tiempo olvidado- ensayo sobre el sistema de la esclavitud en las colonias europeas, es el de Henri Wallon, De l 'esclavage dans les colonies. .. 18. El capital, t. l, nota 18, pp. 202-203. 31. Historia . . ., p. 109. 19. Caimes, The Slave Power. ••, pp. 53-63 ; Olmstead, Seabord Slaves States. .., pp. 46-47, 402. 32. Genovese, Economía política de la esclavitud, p. 49. El historiador estadouni- 20. Op. cit., p. 87. 21. "La abolición del tráfico de esclavos ... ", en Colección de Papeles• .., t. 2, p. 118. dense Ubich Bonnel Phillips -nostálgico del viejo sur esclavista- produjo la mejor introducción, hasta este momento, sobre esta temática en su American Negro Slavery, pp. 344-358. 33. "On Septernher 27, 1830, a force of fourteen slaves on a Mississippi plantation picked 4 520 pounds of clear seed cotton, an average oí 323 pounds per hand. 22. Véanse al respecto: "Primer papel sobre el comercio de negros"; " Representación manifestando las ventajas de una absoluta libertad en la introducción de ne- The largest amount picked by any one slave on this day was 415 pounds and the smallest was 240. The work was closely observed hecause it was done on a wager, and the results were sufficiently unusual to call for newspaper notice. It gros, y solicitando se amplíe á ocho la prórroga concedida por dos años"; "Papel número 2 que se cita en la representación antecedente"; " Oficio acompa• ñando copia de la representación sobre la introducción de negros, y corroborándola con razones muy sólidas", en Obras, t. 1, pp. 7-13, 31-38, 39-41, 43-45, respectivamente. is thus evident that skilled slaves with proper encouragement could pick two or even three times as much cotton as the average slave picked in a day. The average slave under normal conditions was, therefore, not driven to the limit of this power ... Slavery in Mississippi, p. 16, y en general sobre el trabajo de vigilancia, ver pp. 6 7-85. En Phillips, op. cit., ver pp. 260-290. 23. "Representación al Rey sobre la extinción del tráfico de negros y medios de mejorar la suerte de los esclavos coloniales", ibid., t. 2 , pp. 654-ó55. 24. lbid., pp. 656-657. A fin de fomentar la producción azucarera estaba legalmente prohibido confiscar ingenios por deudas, pero los esclavos no estaban incluidos en tal disposición por lo que podían ser embargados. Así, de aprobarse la propuesta de Arango y Parreño, todo el aval sobre los empréstitos, a favor de los comerciantes, se evaporaba irremediablemente. Manuel Moreno Fraginals, El ingenio..., t. l, pp. 289-291. • 25. "Representación al Rey ... " , loe. cit., pp. 647-658. 26. " Industria agrícola. ¿Puede suplirse á la falta de brazos esclavos en el establecimiento de un ingenio de fabricar azúcar?", en Memorias de la Real Sociedad Económica de La Habana, no. 7, mayo de 1836, pp. 35-48. 34. Los libros de viajeros constituyen una fuente inapreciable para la recuperación de la historia de las clases laboriosas cubanas. En ellos se encuentran referencias a comidas, viviendas, alquileres, horarios y fonnas de trabajo, fiestas, juegos, etc. En una palabra, reproducen la vida cotidiana de aquellos que un francés decimonónico llamó classes dangereuses. Abiel Abhot, John Abhot, JeanJacques Ampere, Frederika Bremer, Richard Dana, Walter Goodman, Samuel Hazard, Julia Howe, Francis Robert Jameson, la condesa de Merlin, Amelía Murray, Arthur Morelet, F. Trench Townshend, Anthony TroUope, Edward Bean Undemill, son los nombres de algunos de ellos. 35. " . . . qui a longtemps habité la Havane, de vouloir bien répondre a cette question: Quels sont, dans l'rle de Cuba, ceux qui traitent le mieux leurs esclaves, et ceux qui les traitent le plus mal? Voici quelle a été sa réponse: D faut mettre au premier rang de ceux qlli traitent mal les esclaves, en exigent le plus et se montrent cruels envers eux, les m;gres libres. �132 E. Bit/loch: Trabajo e inmigración en Cuba (/789-1847) Sis/o XIX Puis viennent les mulatres. Au troisiime rang les blancs de médiocre condition. Enfin, ceux qui traitent le mieux les esclaves sont les blancs les plus riches. Les esclaves les plus maltraités sont les domestiques des mames pauvres et ceux de l'agriculture. Les derniers sont placés sous des blancs sans éducation et cruels, nés dans les campagnes de l'ile de Cuba, ou sous des naturels des ilea Canaries, qui vont Cuba pour faire fortune, comme gérans de fermes ou d' exploitations rurales. La meilleure condition pour les esclaves est celle de domestiques de la classe riche; elle veut mieux que celle d'un tres grand nombre d'ouvriers en Europe. Aussi, pour peu que le maitre soiut humain, ils la préfe. rent la liberté." Tableau . .., t. 2, nota 1, pp. 63-04. a a 36. "Documentos anexos á la Representación al Rey ... ", en Obras, t. 2, p. 655. 37. Cartas desde Cuba, Jl. 79. El 31 de mayo de 1789 había sido sancionada la na. mada "Real Céduh, é instrucción circular sobre la educación, trato y ocupación de los esclavos", reglamentándose minuciosamente en sus catorce artículos. En su capítulo O, la vida del esclavo, referido a alimentos y \'estuario, se especifica. ha: "Siendo constante la obligación en que se constituyen los dueños de esclavos de alimentarlos y vestirlos, y á sus mugeres é hijos, ya sean estos de la misma condición , ó ya libres, hasta que puedan ganar por sí con que mantenerse, que se presume poderlo hacer en llegando á la edad de 12 años en las mugeres, y 14 en los varones; y no pudiéndose ~ar regla fija sobre la cantidad y cualidad de los alimentos, y clase de ropas, que se les deben suministrar, por la diversi• dad de provincias, climas, temperamentos y otras causas particulares; se previene, que en cuanto á estos puntos, las justicias del distrito de las haciendas, con acuerdo del ayuntamiento y audiencia del procurador síndico, en calidad de protector de los esclavos, señalen y determinen la cantidad y cualidad de alimentos y vestuario que proporcionalmente, según sus edades y sexos, deban suministrarse á los esclavos por sus dueños diariamente, conforme a la costumbre del país, y a los que comunmente se dan á los jornaleros, y ropas de que usan los trabajadores libres, cuyo reglamento, después de aprobado por la audiencia del districto, se fijará mensualmente en las puertas del ayuntamiento y de las iglesias de cada pueblo, y en las de los oratorios, ó ermitas de las haciendas, para que llegue á noticia de todos, y nadie pueda alegar ignorancia." Zamora y Coronado, op. cit., t. 3, pp. 131-132. Este mismo autor se explaya más extensamente, en lo concerniente a la legislación negrera en las pp. 108-142. Sobre la condición jurídica de los esclavos ver, también, Ortiz, op. cit., pp. 309356, 401-487. 133 41. Elaborada en base a las informaciones dadas por tres libros: Justo Cantero, Los Ingenios; Samuel Kazard, Cuba .. .; Ortiz, op. cit. 42. Sobre la vida cotidiana de los esclavos véanse: Barrera Y Domingo, Reflexiones•. •; Chateausalins, op. cit. 43. Op. cit., p. 70. 44. Weston, Progress 'of Slavery, citado endCaITllb.esilli,~P- cit.,dp. 1h11. "lit ist in Cubpa~t this day, whose revenues are reckone y m ons, an w ose P an ers ~e ces, that we see, in the servile class, the coarses! íare, the m~st exh~ustmg and unremitting toil and even the absolute destruction of a portion of 1ts numbers every year, by the slow torture of overwork and insufficient sleep and rest." 45. En el aspecto de la rentabilidad nos hemos limitado a enunci~ ~gunas cuesti~nes metodológicas sin desarrollarlas, a fin de no exceder los limites de estas paginas. Pero sí de~os agregar que, e? todo ~ríodo corres~ndiente a este artículo, la producción de azúcar y cafe estuvo ~~l~ble~~nte !1gada a la COI?· pra masiva de esclavos. Sobre el debate trabaJo-mn11grac10!1, veanse: Antomo Conrado y Asprer, Cartas sobre inmigTación y colonias; J~ Curbelo, Proyect~ de inmigración nacional para la Isla de ~uba! Urbano Fe1~00 Sotomayor, Inmigración de trabajadores españoles; Fe~ m F~era, Es~1os sobre la Isla de Cuba La cuestión social; Doningo de G01couna, !tfemor,a/. .• para el aumento de la ~oblación blanca; Ramón Hemández Poggio,Aclimatación e higiene de los europeos en Cuba; Cristóbal Madan, El trabajo libre y el (ibre cambi~ en_ Cuba; Carlos Palance Gutiérrez, Proyecto de inmigración tonk,na y cochmch1na para las islas de Cuba y Puerto Rico; Conde de Pozos-Dulces, La cuestión del trabajo agrÍ• cola y de la población en la Isla de Cuba; _Joa~ ín Rodr~ez San Pedro, La cuestión social en las Antillas españolas; Jose Suarez Argudm, Proyecto o representación afectuosa sobre inmigración africana. e! 46. Marx,EI capital, libro 1, capitulo VI (inédito), pp. 70-72. 47. Un viajero de esos tiempos, Gustavo d11espel d'Harponville, afirmó -al i~al que Vázquez Queipo- que la vida útil era, aproxirnadarnent~, de unos 20 ~os. A) otro extmno debe situarse F. Trench Townshend, para quien el promedio de vida era de 5 años, Wild Life in Florida with a Visit to Cuba, pp. 198-199. 48. Por ejemplo, la mortalidad en Inglaterra, en_ la ~rim~ra mi~ad del sigto X~ -Y tomando modelo comparativo tanto los d1Str1tos mdustnales como agr1colas más importantes era la siguiente· 38. En Obras, t. l, pp. 66-67. 39. Del examen de las balanzas del comercio exterior de la isla de Cuba pueden deducirse, con bastante exactitud, las cantidades de alimentos importados destinados a los esclavos, pero simplemente consultando los escritos de Ramón de la Sagra se infiere la c:yltidad progresiva de arroz. harinas, tasajo y bacalao impor· tado; además, se puede deducir el atraso de la agricultura cubana, en cuanto a métodos de cultivos y productos obtenidos: "El total de las especies vegetales destinadas al alimento del hombre cultivadas así en las grandes como en las pequeñas fmcas es muy poco numeroso y muy escaso en variedades( ... )". Histo• ria• .., p. 80. Una visión completa de la economía cubana se halla en el trabajo de Julio Le Riverend, Historia económica de Cuba. 40. Chateausalins, El Vademecum . .., p.14;Madden, op. cit., p. 169. Expectativas de Sobre 10 000 muertos habían vida cumplido Distritos más 40 años : 10 años manufactureros años 5386 34 3369 Monmouth 20 5962 3959 York ( distrito Est) 121/2 6953 4852 Lancastl'r ,., Distritos más agrícolas 43 4826 2801 Hereford 39 5044 2947 York (North) , . Villermé, Tableau .. . , tomo ll, pp. 267-269. En esta obra no se c1lan estad1sticas sobre Manchester. �134 Siglo XIX E. Bitlloch: Trabajo e inmigración en Cuba (1789-1847) Sobre l_as con~cio~es de vida: horas de trabajo, desocupación, enfennedades, al~hohsmo, d1vel'Slones beneficencia, tasas de mortalidad, nacimientos, casarme~tos, salarios, ~entos, etc., se pueden ver abundantes referencias en Eugene B';ll"et! La misere des classes laboriewes. .. ; John Cobden, The White Slaves• • :; Fnednch Eng_els, La situación. ..; H.A. Frégier, Des classes dangereuse.iM; de Ger:rn_do. De la b1enfainsance• .. y Le visiteur du pauvre; F .M. L. Naville, De la c"":1te• ..; Ro~rt A. Slaney, Stnte of the Poorer Classes•.. La literatura 00 fue a~ena a la.~dad des~ bem_po: Les Mysteres de Par-is, de Eugene Sue,es una Viva_ descr1pc1on de la vida ml6erable de los trabajadores franceses. En cuanto a la literatura ~ubana merecen citarse tres magníficas obras: Anselmo Suárez Y_ Rome~o, Francisco. El ingenio o las delicias del campo; Cirilo Villaverde, Cecilia Valdes o la loma del ángel; Antonio Zambrana, El negro Francisco. Novela de costumbres cubanas. 135 Back• •.; Feijóo Sotomayor, op. cit.; D'Hespel d'Harponville,op. cit.; Hobsbawn, Trabajadores•• .; E. Levasseur, Hist-Oire des classes ouvrieres.. ., y L 'ouvrier américan; Fran~s Simiand, Le salaire.. .; Mariano Torrente,Bosquejo...; Villenné, op. cit. 64. Entre 1844 y 1858 se habían duplicado los precios de los bozales, Pérez de la Riva, loe. cit., p.145. 65. The Pmctical Sugar Plante,. .., pp. 82-112. 66. Sobre los culíes chinos en Cuba, véanse. Denise Helly, ldéologie et ethnicité..•; Pérez de la Riva, El barracón. .• 49. Op. cit., t. 1, p. 261. 50. P.18. 51. !bid., pp.18-19. BIBLIOGRAFIA 52. Pérez de la Riva, "La contradicción ... ", p. 144. 53. Vázquez Queipo, op. cit., p. 23. 54. lbid., p. 21. J .D.B. De Bow en su Industrial Resources. .., t. 1, pp. 161-162 reproduce los gastos anuales de un plantador de Carolina del Sur de los cual~ se deducen los altos salarios que ganaban los especializados coro~ carpinteros y herreros. 55. /bid., p. 23. Aimes, Hubert H. S., A History of Slavery in Cuba, 1511 to 1868, New York, G.P. Putnam's Sons, 1907. Arango y Parreño, Francisco de, Obras, La Habana, De Howson y Heinen, 1888. 56. Op. cit., t. 1, nota 86, p. 520. 57. "Carta de un Cubano ... ", en Colección de Papeles. .., t. Ahumada y Centurión, José, Memoria histórico política de la Isla de Cuba, La Habana, Librería e Imp. de A. 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Bitlloch: Trabajo e inmigración en Cuba (1789-1847) 143 Zayas, Andrés de, "Observaciones sobre los ingenios de esta Isla" en Memorias de la Sociedad Económica de la Habana, tomo 12, 1836, pp. 174-183, 255-273. �Evolución y ·Persistencia del Colonaje en las Haciendas de Cochabamba Robert H. Jackson* El colon.aje era a fines del siglo XIX la forma principal de relación laboral en las haciendas de Cochahamha, en Bolivia. La habilidad de los hacendados para obtener este tipo de trabajo servil de parte de los colonos resultó ser un factor importante para la rentabilidad de la agricultura, a pesar de los cambiantes o limitados mercados. Algunos autores han analizado los orígenes del colonaje y su importancia en el seno de la economía interna de fa hacienda. Brooke Larson en particular estudió la estructura rural de Cochabamba a fines del período colonial, y Gustavo Rodríguez Ostria examinó la agricultura y la hacienda bolivianas al término del siglo pasado. Si se hace un análisis más detallado, sin embargo, se encontrará que la caracterización del colonaje hecha por estos autores es inadecuada. Este ensayo intenta proporcionar una reinterpretación del colonaje, centrándose en las postrimerías del siglo XIX. 0RIGENES DEL COLONAJE Larson sostiene que su origen en el siglo XVill sirvió para resolver el problema de mercados reducidos y escasez de capital. Según Larson, la obten- *Este trabajo resume algunos tramos de la tesis doctoral "LiberaJ Land and Economic Policy aod the Transfonnation of the RuraJ Sector of the Bolivian Economy-: The Calle of Cochabamba. 1863-1929", que el autor presentó en la Universidad de California en Berkeley (USA), 1988. Traducción del inglés a cargo de Isabel Cristina Mata Velázquez y Miguel A. González Quiroga. �146 ción de mano de obra de los arrenderos redujo o transfirió el costo de producción del hacendado hacia su inquilino. Por otra parte, al desarrollarse el arriendo de la tierra a cambio de servidumbre, el hacendado puso menos atención en la producción del demesne. * En otras palabras, con el descenso de la demanda de harina y granos de Cochabamba, los hacendados se preocuparon menos por la explotación directa de las tierras agrícolas, y por la participación en el mercado, y las rentaron -entre otros- a campesinos. Como evidencia para su interpretación del colonaje, Larson presenta una estimación del valor de la hacienda Aramasi en Calliri, en el valle del río Tapacari. La superficie de la hacienda era de l 218.82 hectáreas, sin incluir la estancia en las lomas vecinas. Del área total, .551.30 hectáreas eran ~ierra cedida a arrenderos· (45%), más otras 80.46 hectáreas (l°lo) trabajadas por el administrador indio. El demesne constituía menos de la mita_d de la tierra agrícola localizada en el valle del río. La vasta superficie de tierra arrendada muestra, según Larson, la emergencia del colonaje en d siglo XVIII. 1 La explicación que da Larson a este surgimiento en función de cambios en el mercado está abierta a modificación. En gran parte ignora el papel de los cambiantes patrones demográficos en lá evolución de las relaciones de trabajo de la hacienda. El arriendo a cambio de trabajo servil desempeñó una importante función en el esquema de producción de la hacienda en la época de su formación en Cochabamba, a fines del siglo XVI e inicios del XVII, en la cúspide del auge minero de Potosí. Los productores de Cochabamba participaron activamente en el lucrativo comercio de granos y harina hacia Potosí, que llegó a tener una población de 160 000 habitantes hacia 1611. ~l hacendado atraía mano de obra, en un período en que escaseaba, mediante el ofrecimiento de tierra. En tiempo de escasez de mano de obra y tecnología estática, los terratenientes pueden usar su abundante tierra como una forma no monetaria de pago a la mano de obra, la que de otro modo constituiría el insumo más costoso en la agricullura si se le · remunerara en efectivo. Además, el terrateniente podría tratar de exten- 147 R.H. ]ackwn: El colonaje en Cochabamba Siglo XIX der sus propiedades a costo de las comunidades campesinas con el objeto de privarlas de sus tierras, y con ello forzar a los indígenas a vender su fuerza de trabajo por temporadas, o a aceptar el status de colono. La hacienda se desarrolló en los valles centrales de Cochabamha como respuesta a la demanda y a los altos precios en Potosí, pero también durante un período de inestabilidad en la población rural. Antes de la conquista española los valles centrales estaban escasamente habitados, y la población rural permaneció poco estable hasta fines del siglo XVIll. Nos concretaremos a su evolución en el Valle Bajo, uno de los tres que fonnaban el centro agrícola de la región durante el período colonial. La población indígena del Valle Bajo consistía de dos grupos con status bien definido: originarios con plenos deyechos a usufructuar la tierra en una de las tres comunidades indígenas del Valle, y forasteros gn tierras, muchos de los cuales habían abandonado sus cemunidades !'JI el Altiplano para evitar los tributos y el reclutamiento de mano de obra fijados por el estado colonial. La mita, este reclutamiento forzoso de trabajadores organizado por el virrey Francisco de Toledo en la década de 1570 para proporcionar mano de obra barata a Potosí, Huancavelica y otros centros mineros del Altiplano, resultó ser particularmente CUADRO 1 NUMERO DE TRIBUTARIOS EN.EL VALLE BAJO, 1573-1804 Año SipeSipe 1573 1633 1683 1732 1786 1798 1804 815 201 386 274 401 395 368 Quillacollo 4 Paso Tiquipaya Total 680 111 427 213 230 226 202 502 183 394 226 402 472 416 1 997 666 1 624 983 1317 1 430 1 252 171 417 270 284 337 266 *Tributarios categorizados como forasteros ~ierras explo_t;idas ~e manera directa por el propietario. Eran las mejores de la hacien~a; tarnb1en sohan ser trabajadas por colonos y la producción se destinaba al dueno. FUENTE: Nicolás Sánchez-Albomoz, Indios y tributarios en el Alto Perú (Lima, 1978), p. 106. �148 Siglo XIX R. H. Jackson: El colonaje en Cochobamba perturbadora para la economía de subsistencia de los indios incluidos en sus distritos. La reacción generalizada de los miembros de las comunidades era escapar hacia los valles de Cochabamha u otras áreas de frontera donde, como forasteros, estaban inicialmente exentos de trabajos forzados.3 Muchos iban a trabajar como yanaconas a las haciendas y otras propiedades prívadas en el Valle Bajo o bien ocupaban tierras comunitarias ociosas o parcialmente utilizadas como resultado de la declinación en el número de originarios. Hasta fines del siglo XVIII el total de tributarios del Valle Bajo, tanto originarios como forasteros, fluctuó bajo el impacto de enfermedades y de cambios en la legislación colonial española que regulaba el tributo. El número de tributarios descendió entre fines del siglo XVI y principios del XVII de 1997 en 1573, cuando se organizaron las tres comunidades indígenas, a 666 en 1633. El arribo de forasteros hizo aumentar su cantidad a 1624 en 1683, pero la cifra luego se desplomó hasta 983 en 1732. En la década de 1680, el virrey Duque de la Palata realizó un estudio general de condiciones en el Alto Perú, y modificó la estructura tri- 149 butaria para eliminar las exenciones de las que anteriormente disfrutaban los forasteros. Con la supresión de las exenciones del tributo y la mita, los forasteros tendrían menos incentivo para permanecer en Cochabamba. Es probable que algunos regresaran a sus comunidades de origen o fueran a Oruro y otros centros mineros como trabajadores libres. La emigración de forasteros al final del siglo XVII contribuyó a la caída del número de tributarios. A mediados y fines del XVID la cifra volvió a ascender, esta vez debido a la reproducción natural y a un descenso en las tasas de migración. Según datos publicados por Larson, sólo un 3.4% de varones tributarios estaban ausentes de Valle Bajo en la dérada de 1780.4 El número de tributarios es un indicador insuficiente para medir las dimensiones de la fuerza laboral de la hacienda. Algunos forasteros vivían en las comunidades indígenas o bien trabajaban en las chácaras, propiedades de mediana o pequeña extensión. Un censo de yanaconas CUADRO 3 POBLACION DE YANACONAS EN COCHABAMBA EN 1692 PORJURISDICCION CUADRO 2 TRIBUTARIOS EN JURISDICCION DE TRES COMUNIDADES POR CATEGORIAS Varones 18 a 50 años SipeSipe Paso Tiquipaya Año o F y o F y o F t 1683 1732 1750 1786 1792 1798 65 70 116 68 156 132 133 222 204 147 333 264 263 235 99 113 56 94 38 108 95 99 232 157 107 192 128 131 103 82 66 158 138 90 143 142 143 257 66 84 312 290 330 273 71 1804 O = Originario F == Forastero Y = Y anacona FUENTE: Nicolás Sánchez-Albomoz, Indios y tributarios en el Alto Perú (Lima, 1978), p. 163. Presentes Jurisdicción Valle Bajo Capinota Caraza Sacaba Valle Alto Total ! Presentes º/o Ausentes 787 73 128 258 1 079 265 19 75 116 335 2 325 810 ' Ausentes ºfo 100 13 22 42 147 34 50 28 29 38 198 13 58 101 244 66 50 72 324 35 614 65 71 62 FUENTE: José Gordillo Claure, "El proceso de extinción del yanaconaje en el valle de Cochabamba. Análisis de un padrón de yanaconas (1692)", Cochabamba, mimeo, 1987. �150 Siglo XIX en Cochabamba de 1692 documenta más directamente una de las causas de la inestabilidad de la fuerza de trabajo, en este caso a fines del siglo XVII. Alrededor de la cuarta parte de los yanaconas registrados como residentes en las haciendas habían huido, y la mayoría de los ausentes pertenec ían al grupo de varones con edades de 18 a 50 años. Un total de 810 yanaconas, el 26% de su población, h~bían abandonado las haciendas de la región, y de esta cifra 614 (16%) eran varones cuyas edades iban de los 18 a los 50 años.5 En otras palabras, un gran porcentaje de la fuerza laboral de las haciendas abandonó la región de Cochabamba, probablemente como consecuencia del cambio en el status tributario propuesto por el Duque de la Palata y formalizado por decreto real en 1689. Contrario a lo que argumenta Larson, el arriendo a cambio de trabajo servil se originó en el siglo XVII, si no antes, como respuesta a la inestabilidad de la fuerza laboral y no a cambios en el mercado. Un inventario reali• zado en 1666 en la hacienda Londo, en Caraza, pequeño valle que colinda con el Valle Bajo, muestra que la tierra cedida a yanaconas ocupaba 41.02 hectáreas, el 21% de la superficie total de la hacienda de 192.40 hectáreas.6 Los hacendados utilizaban la tierra para atraer la escasa mano de obra ya desde mediados del siglo XVII, por lo menos. La, orígenes del colonaje en Cochabamba guardan una estrecha semejanza con la evolución del inquilinaje y del peonaje en la parte central de Chile y en el Bajío mexicano. Los productores chilenos de trigo exportaban hacia un reducido mer• cado en Perú a fines del período colonial. Según ciertos cálculos la cantidad de trigo exportada a Lima podía cultivarse en unas 45 000 hectáreas, y las haciendas del área de Santiago dedicaban un promedio de unas 25 a 100 hectareas de tierra a la producción para la economía de exportación, apenas un pequeño porcentaje del área total de las haciendas.7 El inquilinaje se desarrolló debido a la escasez de la mano de obra, pero con el crecimiento de la población rural durante los siglos XVlli y XIX los hacenrfat.los lograron que los inquilinos les proporcionaran servicios adicionales. El excedente de mano de obra, junto con el crecimiento de la población, permitieron al hacendado imponer condiciones aún más favorables. A fi. nes del XVID y principios del XIX, el crecimiento del mercado en Guana· juato creó, en el Bajío mexicano, una demanda del trigo abastecido por los grandes productores de las tierras agrícolas aledañas al centro minero. Los hacendados atrajeron trabajadores agrícolas ofreciendo tierra.8 R. H. Jack,on: El colonaje en Cochabamba 151 EL COLONAJE COMO FUENTE DE RENTA FUA EN EFECTIVO O. arguyó que el En un estudio realizado en 1977, Gustavo ·Rodríguez dinero pagado por concepto de renta constituyo' una ·unpo rtante . fuente de ingresos para los propietarios de haciendas, y que esto era refleJO de la mentalidad rentista de los terratenientes de Cochabamba. Para prob~ tal interpretación Rodríguez presentó datos que muestran que durante cmco de los primeros años del siglo XIX las rentas fij:15 sobre la tierra sumaron d 57º/o del ingreso de la hacienda CalaCala, SI?1ada en las afueras de la ciudad de Cochahamha.9 La hipótesis de Rodnguez puede ser ~u~ta a rueba si se verifica la superficie cedida a colonos dentro del temtor10 de ~s haciendas, la renta que pagaban y las alternativas abiertas a los hacendados para la explotación directa de sus tierras. Algunos contratos de venta y tasaciones de haciendas contienen infonnación acerca del área de las parcelas concedidas a los colonos. El registro en 1898 de la partición de la finca MolleMolle, en Punata, ~ ~~ Alto, consignaba no sólo el área total de los dos suyos. en que fue dJV1dida la hacienda, sino también el área de los terren~s asignados a los colonos. El lote oriental tenía un área de 63.46 hec~reas, Y las parc~l:15 de subsistencia de los colonos 2.04 hectáreas (el 3.2 fo de la superf1c1e total) La fracción occidental medía de 65.79 hectáreas y las de los colonos. 2.18 hectáreas (3.3% del total). 1º En 1889, la finca Sopo'. en el Cantón Sicaya, Arque, localizada en un estrecho valle del. Altiplano, presentaba un área del 310.46 hectáreas, más las tierras de pastizal y -~onte. La, cultivo~ más importantes eran trigo, cebada y papa, los b:151cos en la agricultura del altiplano. La renta de los pastizales, el herbaje, e~ también una fuente considerable de ingresos. Los colo:os ocupab'.111 terrenos con una superficie total de 8.70 hectáreas, el 2.8 1o de 1~ hac1en~a, y pagaban una renta anual de 193 pesos. 11 Los do~ cas~s menc1ona~os mdican que el terrateniente facilitaba sólo un pequeno porcentaJe del área de la hacienda, aunque los documentos no registran el númer? de _colonos ni indican las necesidades de mano de obra de los prop1etanos. Otro ejemplo es el de Arocagua, localiz_ada en el v~e de Sacaba. En 1875 el cuerpo principal de la hacienda, mcluyendo tierras en el valle 2 y colinas circundantes, abarcaba un área de 1 2~.62 ~ectáreas: : Un reporte de 1869 sobre el manejo de la hacienda brmda mformac1on acerca de otras fuentes de ingreso aparte de los de la venta de las cosechas. La renta fija pagada por los 121 colonos totalizaba 1 485 pesos, Y sus par- �152 R. H. ]ackron: El colonaje en Cochabam ba Siglo XIX celas ocupaban 143.78 hectáreas, el 11.5% del área total. También contabiliza renta de pastizales (90 pesos), chal,a de papa, venta de restos que tras la cosecha servían como forraje (323 pesos) y la tasación de papa y oca (100 pesos). 13 Un caso final es el de la hacienda Hornillos, uhicada en un valle del Altiplano, en la provincia de Totora. La superficie de la propiedad en 1867 era de 77.08 hectáreas. El demesne ocupaba 4.16 hectáreas (5.8%), y las tierras rentadas más las parcelas asignadas a colonos, 67.92 hectáreas 14 (94.2%). Al término dersiglo XIX la proporción de las tierras asignadas a los colonos variaba de un caso a otro, y no pueden observarse tendencias claras en los aquí documentados. El diner9 pagado en renta fija por los colonos en algunos de los casos constituía apenas un pequeño porcentaje de los ingresos totales de la hacienda. mercado sin tener q~e invertir mucho capital, ni inmovilizarlo por largo tiempo, o preocuparse por su depreciación. CUADR04 RENTA DE HACIENDAS EN DETERMINADOS ~os, POR REGION Muestra Bajo Valle Alto 1860-1869 1876-1885 1890-1899 65 75 59 19 16 10 199 45 VaJle Total Un informe de los ingresos y egresos de una parte de la hacienda Tucsapucyo, en el valle de Sacaha, para los años de 1869 a 1876, da una clara idea de la importancia de la producción agrícola en su economía interna. El documento (1876) menciona dos fuentes de ingreso: la venta de granos, 7 261 pesos con un real por los ocho años (90.9%); y la .renta de pastos o herbaje, 730 pesos (9.1 %). Los salarios pagados a colonos daban un total de 663 pesos con 3 1/2 reales, lo que demuestra claramente que el negocio de la hacienda era la agricultura y que no en todos los casos utilizaba la tierra como sustituto del salario en moneda. 15 se En 1880, la mayor parte del ingreso de la hacienda Changolla, en el altiplano de Araque, provenía de la venta de granos. Según un estudio catastral preparado hacia 1912, Changolla tenía una superficie tntal de 1190.08 hectáreas, con una pohlación de 140 colonos. 16 La venta de trigo y cebada rindió un total de 2 595 pesos (92.l %), y la renta pagada por colonos, 223 pesos (1.9% ). 17 La evidencia presentada aquí sigiere que la venta de los productos agrícolas -y no la renta pagada por colonos- constituía la fuenta más importante de ingresos, lo que refuta la hipótesis de Rodríguez. La alternativa más común para asegurar un ingreso de parte de la tierra sin los riesgos ni gastos de la explotación directa era la renta a corto plazo de la hacienda completa, lo que heneficiaba tanto al dueño como al arrendador. El terrateniente se aseguraba un ingreso estable, y el arrend.atario lograba entrar al 153 Chapare/ Sacaba Provincias del Altiplano TotaJ 8 12 '.13 38 45 135 140 126 31 126 401 11 FUENTES: Protocolos notariales de Cochabamba y Quillacollo, Archivo Histórico Municipal de Cochabamba. El análisis de tres muestras de transacciones de tierra registradas en los protocolos notariales entre 1860 y 1899 muestra que el arrendam_iento de haciendas era una práctica común hacia fines del siglo XIX, espe~1almente en los valles centrales. La renta de una hacienda resultaba lucrativa y por lo tanto atrayente, por lo que siguió siendo una alternativa a la inversión a largo plazo que representaba su compra. Po~ otra part~,.fue la fo~a preÍfrida de admi!Wtración en el caso_ ?e las orden~ rehgio~ que aun poseían propiedades rurales. La contahihdad de la hacienda ~liza en Valle AJ. to en el año de. 1877, tras un período de tres años _de arnendo, demuestra la rentahilidad de esta fonna de operación. Esta hacienda, propiedad del monasterio de Santa Clara de la ciudad de Cochabamba, era la más extensa de Valle Alto. Segu'n un ·cálculo de 1828 la hacienda sumaba una superficie de 2 563 hectáreas, con valor de 300 000 pesos. 18 ManueI Sáinz Y José Urquidi organizaron una sociedad limitada basada en partes d~~es para trabajarla: 80% de las ganancias para Sáinz, y 20% para Urqwdi. ~ los tres años, el ingreso neto fue de 18 952 pesos con 7 reales, lo que eqwvale a un rendimiento del 19% del capital invertido. �154 R. H. Jackson: El colonaje en Cochabamba Siglo XIX CUADRO 5 INGRESOS Y EGRESOS, HACIENDA CLIZA (1875-1877) Egresos Ingresos Partida Importe Partida 155 les servicios. Hemos encontrado dos casos en la década de 1890 en los que la producción se organizaba basándose en la aparcería (compañía): la e& tancia Uculapia en el Cantón Pazo di Valle Bajo (1890), y la finca Alalay en el Valle de Sacaba (1892).2º La aparcería fue ganando importancia en los valles centrales durante el siglo XX y sustituyó al colonaje como relación dominante en las haciendas.21 Importe La mayoría de las obligaciones incluían trabajo directo en el demesne Venta de maíz 87 532p 1 1/2 r Venta de papa 13 732p 4 1/2 r 5 879p 1 r Renta de huertos Ingresos varios 12 504p 2 r Total 119 048p 1 r Renta 78 900 p. Impuesto por "exceso de predios" en 18 75 para costear la guerra civil 600p. Diezmo y costos de producción 20 595 p4r 100 095 p 4r FUENTES: Escrituras públicas, expediente No. 129, Archivo Histórico Municipal de Cochabamba. SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y ECONOMIA INTERNA DE LA HACIENDA Un artículo publicado en 1907 en un diario de Cochabamha resumía en forma sucinta la importancia de las obligaciones laborales de los colonos en la explotación directa de la hacienda Existen enormes y numerosas estancias en lastue los costos de producción se reducen a la compra de semilla, teniendo los colonos la obligación de transportar el producto al mercado en el que el patrón cree conveniente vender. Por otra parte, existen fincas en las que el costo de cultivo, a pesar del alto precio de los salarios y el transporte, permanece bajo a causa de estas circunstan· cias. 19 Los servicios prestados por los colonos incluían tres tipos básicos de obligaciones: pongueaje o servicio personal, trabajo en los distintos aspectos de la producción del demesne, y tareas de mantenimiento y transporte del producto al mercado. Sin embargo, no todos los terratenientes recibían ta- y las cachas, transporte del producto al mercado, lo que eliminaba o redu- cía los costos de producción y transporte para el propietario de la hacienda. No obstante, las obligaciones no eran las mismas para toda la región. Nuestra intención es ofrecer un resumen de ejemplos específicos en haciendas de los valles centrales y del Altiplano, registrados en sus tasaciones La importancia de la mano de obra en lasescasamente pobladas yungas de la región productora de coca, en la provincia de Chapare, en la región oriental de Cochabamba, se manifiesta claramente en una tasación de la hacienda de Santa Rita de Pucara de 1861. El valor de la finca era de 9 275 pesos con 3 1/2 reaJes, y el principal cultivo era la coca, planta de hoja narcótica tradicionalmente masticada por los campesinos del Altiplano para aumentar el vigor, y que hoy se usa en la producción de cocaína. Doce colonos proporcionaban la mano de obra directa, y se contabilizaban en el valor de la propiedad a razón de cincuenta pesos por colono: seiscientos pesos, o sea el 6.5% del valor total.22 En 1863, los 51 colonos de la hacienda Montecillo, localizada en el cantón Tiquipaya de Valle Bajo, pagaban una renta de doce reales por arroba de tierra concedida en usufructo, abastecían de leña al terrateniente, limpiaban el canal de irrigación, sembraban, quitaban la maleza y levantaban las cosech~en el demesne, llevaban los productos al mercado por un salario de diez reales, y prestaban servicios personales por dos reaJes a la semana. Montecillo era una típica hacienda de Valle Bajo, que contaba con tierras tanto en el valle como en las laderas y colinas. Las tierras principales de la hacienda tenían una superficie de 113.51 hectáreas, y la estancia no estaba medida. Los cultivos principales incluían trigo, maíz, papa, oca, cebada, papa lisa, quinua y hortalizas.23 En 1867, los doce colonos de la finca Caico, localizada en el cantón ltocta cerca de Cochahamha, tenían como obligación el abasto de leña y mukear dos veces al año (mukear era moler maíz para iniciar el proceso de fermentación de la chicha, cerveza de alto consumo en Cochabamha y �156 Siglo XIX R. H. Jacklon: El colonaje en Cochabambo 24 otras partes de Bolivia). Diez años después, el número de colonos se había elevado a dieciocho, y las obligaciones eran algo diferentes: abastecer de leña, prestar servicios personales y producir sobre la hase de la aparcería. 25 Las obligaciones en otras haciendas de los valles centrales eran similares. La estancia Choroco, en el cantón SipeSipe de Valle Bajo, contaba una fuerza laboral de veintidós colofios y un área de 467.17 hectáreas. Los eolonos prestaban servicios personales o quedaban exentos mediante un pago, transportaban el producto y la leña al mercado y elaboraban escohas.26 Los quince colonos de Lloquemayu, en el valle de Sacaba, brindaban servicio personal y mano de obra para la producción en el demesne. 27 Los colonos de las haciendas del Altiplano tenían obligaciones semejantes: los de la finca Queraya, en Ayopaya, llevaban el producto al mercado, lo que era importante si se toma en cuenta los altos costos del transporte y las malas condiciones de los caminos del área.28 Podemos citar varios casos en Arque y Tapacari. En 1889 las cuatro haciendas de Sopo, Larama, Huainapata y Cori, en el cantón Sicaya (provincia de Arque), tenían una fuerza laboral total de veintinueve colonos: pagaban una renta de 1 215 pesos y proporcionaban servicios personales y mano de obra para el demesne. 29 La hacienda Calliri, en el cantón del mismo nombre en la provincia de Tapacari, presentaba en 1885 una superficie de 701.52 hectáreas y un valor de 31 882 pesos con 11/2 reales. Los cultivos principales incluían maíz, vegetales, alfalfa, trigo, papa y otros tubérculos. La fuerza laboral estaba formada por colonos y trabajadores que recibían un salario basado en las dimensiones de la parcela que cultivaban. Sus obligaciones implicaban producir en el de.mesne, tareas de mantenimiento remuneradas con la distribución de raciones alimenticias y de coca, y el transporte del producto al mercado por un pequeño estipendio. El terrateniente organizaba el resto del trabajo de la hacienda bajo el sistema de salarios en efectivo.30 La hacienda Londo, en Caraza, pertenecía a José Aguirre, miembro de una importante familia terrateniente con intereses en él altiplano de Colomi, en la provincia de Chapare, el valle de Sacaba, y el Valle Bajo. La superficie de la propiedad era de 190.97 hectáreas en la década de 1890. Los colonos mantenían y limpiaban el sistema de irrigación y otras instalaciones de la hacienda a cambio de una ración de comida, proporcionaban mano de obra para el demesne, transportaban quince cargas de leña a la ciudad de Cochahamha cada quince días por una ración de alimentos con va- / 157 Ior de veinte centavos, llevaban el producto al mercado por otra ración alimenticia, y prestaban servicios personales al terrateniente. Los hijos de los colonos que trabajaban para el patrón en la casa de la hacienda percibían un salario semanal de cuarenta centavos, mientras que las mujeres, que 31 proporcionaban el mismo servicio, no recibían retribución alguna. Durante el primer lustro de nuestro siglo el gobierno municipal de Cochabamha administró diversas propiedades estatales en Arque, Tapacari y Vacas, y arrendó dichas tierras con el fin de obtener fondos para apoyar la educación pública. En 1917 y 1922 el ayuntamiento publicó las ~ligaciones de los colonos en siete fincas diferentes. Su arriendo incluía el derecho a recibir las habituales obligaciones de trabajo de los colonos. Los de Vacas aportaban mano de obra para la producción en el demesne y en ciertos casos se establecieron acuerdos de aparcería, transportaban productos al mercado, y prestaban servicios personales. Los colonos de las otras haciendas tenían obligaciones similares.32 EL OCASO DEL COLONAJE El colonaje persisti6 hasta la reforma agraria de 1953, pero su decadencia se había iniciado al transformarse la estructura de la tenencia de la tierra en los valles centrales. Los colonos aprovecharon la expansión del mercado de tierra para adquirirla, y en muchos de los casos compraron las parcelas que ya laboraban. A partir de las últimas décadas del siglo XIX aumentó el número de propiedades en los valles centrales, la posesión de haciendas se volvió inestable y ¡¡e subdividieron algunas de ellas. Con la adopción de la política de libre comercio y la construcción del ferrocarril Antofagasta-Oruro, en 1892, para unir al Altiplano con la costa, Bolivia abrió las puertas a la harina de trigo barata procedente de Chile y más tarde de Argentina y Estados Unidos, lo que hizo que se malvendiera el producto de Cochabamha en su principal mercado: los centros urbanos y mineros del Altiplano. Con la pérdida de esos antiguos mercados se inició un período de cri- sis y estancamiento en la agricultura de Cochabamha que contribuyó al decaimiento de la hacienda. Algunos terratenientes perdieron sus propiedades a causa de hipotecas, mientras que otros aprovecharon el valor ascendente y la demanda de tierras para vender pequeñas parcelas.33 Al mismo tiempo, el número de colonos disminuyó. La participación en el mercado local mediante la venta de excedentes permitió a los cam11esinos �158 SwtoXIX R. H. ]aéluon: El colonaje en Cochabamba 159 sin tierras acumular el dinero auf:iciente para comprarlas.34 Entre 1882y La habilidad para obtener esos servicios concedía prestigio a los pro- 1912, aproximadamente, la cantidad de colonos del departamento de Cochahamha cayó de 41 491 a 31 757 (ver cuadro 6). En las provincias altas del departamento mencionado, sin embargo, los hacendados mantenían pietarios pero, como hemos visto, guardaba importancia secundaria en el e;quema de trabajo de la hacienda. Ya desde 1923, el Congreso boliviano consideró establecer una legislación que aboliera el pongueaje, pero no se realizó ninguna acción.36 la tierra agrícola casi monopolizada, y el crecimiento demográfico de los campesinos sin tierra les permitió sacar trabajo adicional de los colonos. CONCLUSIONES CUADRO 6 NUMERO DE COLONOS PORPROVlNCIA EN AROS SELECCIONADOS Provincia• c.1882 c.1902 Cercado Cliza Tapacari Arque Mizque Ayopaya Chapare 1 500 12 890 8 000 4 978 5 858 4000 4 265 1394 10466 5 016 4 830 5 858** 2 317 4 265** c. 1912 1 074 7 888 4 567 4412 6 149 4046 3 621 Total 41 491 35 146 31 757 *Se han conservado las jurisdicciones políticas que existían en 1882 para mantener la validez de la comparación. **La misma cifra que en 1882, lo que indica que no se había efectuado un nuevo estudio catastral. FUt:NTES: El Heraldo, 23-IX-1898; Zenón Cosío,Jnforme del Prefecto y Comanda_nte ~eneral d~I. Departamento, 1915-1916 (Cochabamba, 1917); Y Honono Pmto, Bolw,a, tierra y población. 1844-1939 (Lima, 1978). La persistencia del colonaje y los abusos con él asociados se convirtieron en una cuestión importante para los políticos reformistas del período posterior a la guerra del Chaco (1932-1935), y el fracaso en sancionar una legislación refonnadora en la década de 1940 contribuyó a desatar una rebelión campesina en la provincia de Ayopaya, en 1947. Entre los abu806 se hallaban la amenaza de desalojo y el uso de la fuerza para expulsar colo~s de _los_ terrenos de la hacienda.35 Los servicios personales eran el objetivo pnnc1pal de la reforma, pero su abolición no alteraría en lo fundamental el régimen de trabajo de la hacienda ni mejoraría el status de los colonos en cuanto a subordinación a su dueño. El sistema de colonaje surgió en los valles centrales de Cochahamha a principios del siglo XVII, en respuesta al dinámico mercado de granos del Potosí y a una población rural inestable. Los terrateniente adquirieron grandes extensiones de tierra fértil, y utilizaron la superficie excedente de la que requería la producción para el mercado para atraer fuerza de trabajo (que era limitada y, por lo tanto, significaba el insumo más importante en llll sistema agrícola caracterizado por escasos cambios tecnológicos y una pesada dependencia de la mano de obra). Conforme funcionaba el sistema en el siglo XIX, los colonos cedían una renta y su trabajo, pero era esto . último el aspecto más importante. A fines del XIX y principios del siglo XX la crisis y la transformación de la economía agraria de Cochabamba contribuyeron a la disminución del colonaje, especialmente en los valles centrales. Los hacendados lo sustituyeron por la aparcería que, a diferencia del primero, transfería los costos y riesgos de la producción al campesino. El sistema de aparceros resultó ser una alternativa viable 'll la explotación directa por parte de los hacendados, en la economía de mercados restringidos y variables de principios de siglo. Asimismo, los propietarios vendieron tierras, con lo que el número de campesinos independientes aumentó mientras que el de colonos disminuyó. En las provincias del Altiplano del departamento de Cochahamha, por otra parte, y en e~cial en la de Ayopaya, la crisis económica tuvo menos impacto: los hacendados mantuvieron, así, el virtual monopolio de la tierra. El aumento demográfico entre los campesinos sin tierra permitió a los dueños de haciendas modificar las obligaciones de servicios para imponer trabajo adicional, como también ocurrió en el valle central de Chile durante el siglo XIX. La persistencia del colonaje en el Altiplano contribuyó a acrecentar la tensión social que desembocó en la agitación eampesina de 1927 coincidente con un movimiento a gran escala en todo �160 Siglo XIX R. H. ]ack,on: El colonaje en Cochabamba Bolivia, y que se repitió en 1947. El programa de reforma agraria decretado en 1953 eliminó el colonaje: su mayor impaeto se dio en las provin. cías del Altiplano. 161 9. Gustavo Rodríguez Ostria, "Acumulación originaria, ca),pitalism º 1 o ,.Y agricultura precapitalista en Bolivia (1870-1885), Avance, 2 (1978 pp. 1 9-1... 3 10. Registro de Derechos Reales, departamento de Cochabamba, provincia de Punata, 1898. ll. Escrituras Públicas, expediente 147, Archivo Histórico Municipal de Cochabamba (de aquí m adelante citado como EP). NOTAS l. Brooke Larson, ''Economic Decline and.Social Change in an Agrarian Hinterland: Cochabamba (Bolivia) in the Late Colonial Period", tesis doctoral sin publicar, Columbia University, 1978, pp.117, 126. Princeton University Presa prepara el estudio de Larson para su publicación. 2. lbid., p. 33. 3. Para las migraciones de los siglos XVI y XVII;- en el Alto Perú, véase Nicolú Sánchez-Albornoz, Indios y tributo& en el Alto Perú (Lima, 1978), pp. 74-9; Thierry Saignes, "Ayllus, mercado y coacción colonial: El Teto de las migraciones en Charcas (siglo XVD)", en Olivia Harris, Enrique Tandeter y Brooke Larson Participación indígena en l01 mercado& 1urandino1 (Cochabamba, de próxim~ publicación); y Ann Zulawski, "Wages, Ore Sharing._ and Peasant Agriculture: Labor in Oruro's Silver Mines, 1607-1720", The Hispanic American Historical Review 67 (1987), 405-430. Saignes destaca que los kura~ de los ayllus del Altiplano conseguían a veces aplicar y exigir tributo a los rrugrantes proveniente de distintas partes del Alto Perú, incluso de Cochabamba. Zulawski sefíala que los trabajadores indígimas de Oruro recordaban su- ayDu de origen durante varias generaciones. Por otra parte, según un censo de 1683, había forasteros y yanaconas de Cochabamba en Oruro, o descendientes de quienes habían emigrado de Cochabamba para trabajar en las minas de Oruro. Loe indígenas recordaban su ayllu de origen, y es posible que hayan rete~o Jos derechos de usufructo de las tierras de la comunidad a pesar de su ausenCll. 4. Larson, "Economic Decline", p. 106. 12. Protocolos Notariales de Cochabamba, 1873, Archivo Histórico Municipal de Cochabamba (de aquí en adelante citado como PN). 13. EP, expediente 118. 14. PN Cochabamba, 1867. 15. EP, expediente 128. 16. Catastro de la Propiedad Rústica, provincia de Arque, cantón Tacopaya. 17. PN Cochabamba, 1880. 18. Larson, ''Economic Decline", pp. 79-80. 19. La Patria, 17/IV/1097. 20. EP, expediente 153; PN Cochabamba, 1890. 21. En la década de 1940 el colonaje seguía siendo la relación laboral dominante en las haciendas de la provincia de Ayopaya, en el Altiplano, donde la hacienda fue la fonna primordial de tenencia de tierras hasta la refonna agraria de 1953. Jorge Dandler y Juan Torrico, ''From the National lndigenous Congress to the Ayopaya Rebellion: Bolivia, 1945-1947", en Remtance, R ebeUion and Comciousneu in the Andean Peaaant World, 18th to 20th Centurie,, Steve Stern editor (Madison, 1987), p. 336. Sobre la aparcería en los valles centrales de Cochabamba, véase Rafael Reyeros,EI pongueaje, la servidumbre personal de lo, indios boliviano, (La Paz, 1949), pp. 225-6. 2'l. EP, expediente 104. 5. José Gordillo Claure, ''El proceso de extinción del yanaconaje en el valle d_e Cochabamba (Análisis de un padrón de yanaconas, 1692)", Cochabamba, Dll· meo, 1987. Algunos autores establecen una distinción entre yanaconas y colonos, pero en la práctica parece haber sido lo mismo. 23. EP, expediente 107. 6. José Gordillo Claure, ''El origen de la hacienda en el Valle Bajo de Cochabam~ Confonnación de la estructura agraria (1550-1700)", tesis sin publicar, Urovusidad Mayor de San Simón, 1987, p. 229. 25. PN Cochabamba, 1877. 24. EP, expediente 115. 26. PN Cochabamba, 1875. 7. Amold Bauer, Chilean Rural Society from the Spanúh Conque,t to 1930 (Cam· bridge, 1975), pp.13-15. 27. EP, expediente 123. 8. David Brading, Hacienda& and Rancho, in the Mexican Bajío, Leon 1700-1860 28. PN Cochabamba, 1881. (Cambridge, 1978), p. 12. 29. EP, expediente 147. �162 SwloXIX 00. PN Cochabamba, 1885. NOTAS INTRODUCTORIAS 31. EP, expediente 149. La Formación de la Clase Obrera en Venezuela 32. Citado en Alberto Rivera,''Los terratenientes de Cochabamba", Coohabamba, mimeo, 1987. 33. Sobre la apertura de la economía nacional y la construcción del primer ferrocarril que permitió la importación de harina chilena barata, véase Antonio Mitre, Lo, patriarCIU de la plata (Lima, 1981), pp. 156-179. La transformación de la estructura de la tenencia de la tierra en Cochabamba entre 1860 y 1929 es examinada con mayor detalle en ''Liberal Land and Economic Policy and the Transformation of the Rmal Sector of the Bolivian Economy: The C- of Cochabamba, 1863-1929", de Robert H. Jackson, tesis doctoral sin publicar, University of California, Berkeley, 1988. Alberto J. Pla* 34. En 1917, por ejemplo, al concluirse el ferrocarril Ormo.Cochabamba, surgió 111 gran número de colonos y pequeños propietarios que vendían sus productoe en Oruro. Christine Whitehead, "Cochabamba Landowners and the Agrarian Refonn ", tesis sin publicar, St. Hugh's College-O:xford University, 1970, p.17. 35. Roger Simmons, Palea and Pucaro, A Study of the Effects of Revolution on Two Bolivian Haciendas (Berkeley y Los Angeles, 1974), pp. 70-71. Carlos dela Riva anplea la historia oral para documentar la violenta expulsión de colonos de una hacienda de Cochabamba en la década de 1930: "Sacabamba, 1U1a historia para tomar en cuenta", en Historia y evoluci6n del movimiento popular (Cochabamba, 1986). pp. 311-29. 36. El Heraldo, l/Xll{l923. I. El proceso formativo de la clase obrera venezolana abarca un período que podríamos acotar entre dos acontecimientos posibles de registrar: por un lado la aparición de las primeras organizaciones mutuales de artesanos, poco después de mediados del siglo XIX; y por otro, el surgimiento del proletariado petrolero, que va a adquirir una personalidad en los años veinte del presente siglo. Si bien la aparición de organizaciones mutuales artesanales no es expresión directa de la existencia de una clase obrera, sí constituye el antecedente que permite registrar una serie de procesos sociales, económicos y de organización que nos conducirán a su presencia. Por otro lado, el hecho de que aparezca conformado un proletariado petrolero no debe inducir a pensar que es recién entonces cuando se constituye un sector obrero en el país. Por el contrario, en Venezuela, lo mismo que en los demás países de América Latina, el proceso de formación de la clase obrera debe identificarse con el proceso de cambio de las relaciones de producción, es decir, con la aparición de relaciones capitalistas tanto en el campo como en *Instituto de Investigaciones. Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacio~ de Rosario. Argentina. El texto reproduce la introducción a "Sindicatos y política en Venezuela. 1924-1950", tesis doctoral presentada por el autor en París VIO. 1985. · �164 Siglo XIX la ciudad. Y este proceso es tardío, en Venezuela, referido aJ contexto de otros países latinoamericanos. : Los movimientos de contenido social del siglo XIX fueron creando las condiciones para romper con las sujeciones precapitalistas existentes desde el período colonial. En tal sentido, se puede decir que las guerras por la independencia son un lejano antecedente de la aparición de un problema social en el pa Ís, pero es recién a mediados de siglo en que aparecen movimientos con mayor contenido. Y naturalmente esta convulsión aparece primero en el campo. Ya en la insurrección campesina de 184748 s.- levantó un programa que reclamaba "tierra y hombres libres", y asoma entonces un pensamiento social que traducen en ados los campesinos armados. En la nueva insurrección de 1858-63, en rl mareo de la guerra federal, se plantea en el programa la "igualdad social", que el autor venezolano Federico Brilo Figueroa interpreta <'Orno "subjetivamente equivalente a la abolición de las clases sociales". Si bien es un tanto exagerada tal interpretación, en dicho programa se dice "el pobre igual al rico, el negro al blanco", y éstt' fue el credo de los oprimidos del campo "humillados y ofendidos".1 Como se puede apreciar aún eslá vigente la reivindicación que corresponde a las relaciones sociales de la colonia, con la equiparación de las llamadas "castas". En el mismo trabajo Brito Figueroa enmarca estas convulsiones campesinas dPntro de un proceso de difusión de las ideas socialistas utópicas en VPnezuela de.scfe la década de los años 40. Señala distintos aconlccimien· los: a) la ll<>gada de inmigrantes franceses después de l848; b) la <:dición del periódico Credo Igualitario, en La Victoria, entre 18:'>2 y l8S5, por parlt; de Pit'rre Cerreau; c) el hel'ho de que "uno ele los rnlaboradores más Íntimos dt' Zamora en las dos insurre,·ciones campesinas fm· el inglés José Brandford, 4ue en 1850 escrihía crónicas para The Red Republican, ~rna· nario cartista que se edil.aba en Londres ".2 La guerra federal, verdaocra insurrcrción camp,·sina d1· rnntcnido social, pero manipulada al Lriunfar en 1863 por sus dirig1·nt1·s lilwralcs ya 4ut· Eze(1uiel Zamora fue mucrlo hat·ia t>I final de la campaña, ha dejado al país en una siluaeión c:rÍLi,·a: desorganiza1·ión prorlut·Liva y 1·nd1•udamimto con el exterior. En esas 1·ondii-ionf's el presidente liLt'ral Antonio (;uzrnán Blam·o, 4u1• asurn1· f'n l870, lralará d ... modernizar al país. Las clas1·s domina ni c.~, derrotadas 1•n la expresión de sus vif'jos eaudillos, s1· acercan al nuevo goht>rnant,• y los acuerdos surgen naturalmente. A. Pla:" Fonnación de la cltue obrero en Venezuela 165 Desde un punto de vista económico la construcción y reparación de caminos se complementa con la introducción de capital extranjero para tender líneas ferroviarias. Este hecho marca el comienzo sistemático de una inversión imperialista del capital, inglés de manera esencial, y que se une a la existencia de la deuda externa (empréstitos) para configurar d carácter de la dependencia venezolana en sus primeros pasos de modernización capital_ista. Guzmán Blanco domina el panorama poi ítico venezolano desde 1870 hasta 1887. Gobernó directamente en tres períodos (1870-77; 1879-84; 1886-87 ). Venezuela sigue siendo país agrícola y sus rubros más importanles de producción son el café y el cacao. Guzmán Blanco neutralizó a los caudiUos, centralizó el poder del Estado y estableció una firme alianza con los hacendados, los comerciantes (casas extranjeras), iniciando la inversión sistemática de capital extranjero. Su política liheraJ se corresponde con la onda dominante en ese momento (matrimonio civil, laicización de cementerios, el<:.). La construcción de puentes, vías férreas, carreteras, muelles .Y enseguida el telégrafo al.rae trabajadores, se contratan técnicos e ingenieros. La producción minera es favorecida y ciertamente los capitales extranjeros combinan la inversión productiva (minas de cobre de Aroa, por ejemplo), con la construcción del ferrocarril (Tucacas-Aroa) todo de capital inglés, y que acerca la producción al puerto. Es de notar que en Venezuela no se construyó una red ferroviaria sino líneas troncales solamente. Más aún, ni siquiera en la actualidad existe una verdadera red ferroviaria en el país. Si por un lado Guzmán Blanco desvirtuó el contenido de la revolución campesina federal, por el otro se constituyó en el gobernante que intentó en Venezuela un proceso institucional de liberalización y modernización del Estado. En otros países ese proceso se realizó hasta su expresión final (por ejemplo, como lo hizo la burguesía argentina a partir de 1880), pero t'll Venezuela el proceso quedó muy pronlo desvirtuado con el regreso de los caudillos al poder. La fuerza de trabajo se reclutó principalmente entre los campesinos, y este desplazamienlo se acentuó enseguida con el crecimienlo urbano. Demás está decir que aún no existía legislación laboral, excepto para compulsar la gente a Lrabajar. Típicas de ello eran las reglamentaciones contra lo que denominaban "la vagancia". Dicen unas Ordenanzas de los años setenta: �166 Siglo XIX será considerado vago y mal entretenido toda persona, que a pesar de estar en perfectas condiciones físicas y mentales no esté trabajando por el bienestar de la nación y a1 contrario causándole gastos innecesarios al Estado. Las personas que trabajan no podrán abandonar sus empleos sin previo aviso a los dueños, pues se considerará como causante de pérdida para la nación.3 Para tener una idea sobre las características de la organización del trabajo y el avance tecnológico, se puede mencionar que recién en diciembre de 1874 se instaló la primera máquina a vapor, en los talleres tipográficos de La Opinión Nacional. A. Pla: Formación de la clase obrera en Venezuela 167 En 1865, el Gremio, en un Memorándum a "Senadores y Diputados de los Estados Unidos de Venezuela", al oponerse a la manera en que se aplicaba el arancel aduanero, clecía: El arancel favorece la importación del artefacto extranjero que daña al consumidor, que pone en ocio y desaliento al artesano, que mata a las artes como está sucediendo con la herrería, con la carpintería, con la sombrería, con la latonería, con la fundición y · hasta con la imprenta... Ya la peinetería no ~xiste, la platería expira... el extranjero se lleva el dinero... y sus artefactos a ~oco tiempo inutilizados completamente, a la vez que han perdido el fruto de su trabajo, ha disminuído también las riquezas del país. . . II. La existencia de gremios artesanales es un hecho que viene desde la época colonial. No obstante, aquellos gremioi,: de artesanos privilegiados prácticamente van a desaparecer al vaivén de las guerras por la independencia y las luchas caudillescas, que durante toda la primera mitad del siglo XIX desorganizan la vida nacional. Con el proceso de modernización comenzaron a surgir nuevos gremios de artesanos que poco después intentarán ya organizar mutualidades de otro tipo. El primero es el Gremio de Artesanos de Caracas, cuyos principales organizadores son Valentín Espinal y su hijo Mariano. En el Archivo Histórico del Congreso de la República figuran las notas enviadas por el Gremio al Congreso Constituyente en abril de 1864, así como la lista de sus miembros; y por la correspondencia se puede apreciar el tipo de actividades que realizaba, como por ejemplo conciertos gratuitos. Su tarea más importante fue establecer un Monte de Piedad y el Banco Popular de Crédito Mobiliario. El Gremio dice que estas actividades no deben ser consideradas "como industria", sino como "obras piadosas". Asimismo sostiene una Academia de Instrucción Popular, "en donde se dará instrucción gratis a quinientos alumnos". Dicho Instituto no sólo daba instrucción gratuita sino que proporcionó "libros a los alumnos y aún vestido a los niños que por su extrema pobreza", en caso contrario, se verían obligados a abandonar el estudio. El Gremio se pronunció también por la lucha para "mejorar la condición de las clases más necesitadas". La intención era que a partir del Monte de Piedad pudiera formarse una verdadera "Sociedad de Socorros Mutuos". 4 Aparte del contenido del alegato, es interesante la enumeración de las actividades productivas consignadas: como se puede apreciar son típicamente artesanales, y aún no se perciben las características ni ele un modo de producción capitalista, ni de la existencia di' un proletariado verdadero. El Memorándum abunda en argumt'ntos y dice: "De allí el espectáculo de multitud de hombres sumidos en la vagancia", a quienes luego les aplicarían las Ordenanzas contra la vagan<'ia ya mencionada. Por ello agrega que dicho comercio, que favorece a los productos extranjeros contra la producción local, es "la tumha de las artes".5 Lo que muestra un_a clar_a percepción de estos artesanos, pero no alcanza a proponer alternativas diferentes al predominio del capital y de los comerciantes extranjeros, y busca sólo mantener las condiciones preexistentes sin comprender que no era ya posible. Su dt>íensa de un proteccionismo comercial tiene como referencia la defensa del antiguo taller. Ello está ubicado en el pro<:eso de la Lransición hacia la incorporación de un modo de producción capitalista en el país, lo que llevará también a eliminar talleres artesanales)' hará emerger algunas fábricas, aun cuando al romienzo ocupen pocos obreros. En cambio van ir surgiendo se1;tores obreros en las adividades de servicios }' construcción (transportes, comunicaciones, caminos y puentes, etc.). a En relación a la prensa artesanal, puntualit·emos que en 1879 aparece un periódico llamado El Obrero. Será el anll'c1·dentc de varios pcriódi('.oS <lcl mismo nomlm• publicados en Caracas}' Maracaibo. �168 Sigl-OXJX El de 1879 revela una mezcla de posiciones: si por un lado torna del Manifiesto Comunista la consigna de que la emancipación de los trabajadores será obra del proletariado mismo, por el otro se declara cristiano. Se editaron sólo treinta y cinco números de este periódico, pionero de este tipo de actividades. En 1890 aparece otro periódico El Obrero, que sólo publicará catorce números; más coherente que el anterior ataca a la religión y cita a Proudhom como fuente de inspiración. Hasta l 911 seguirán apareciendo diversas publicaciones del mismo nombre. En la década del noventa, con la presencia de una inmigración europea de origen obrero y artesanal, comenzarán las referencias a las actividades obreras en Europa y sus organizaciones. Hay que tener en cuenta que esa nueva inmigración europea incluye algunos participantes en hechos como La Comuna de París, así como perseguidos por las leyes de excepción de Bismarck contra los socialdemócratas. Se publican algunas noticias sobre el Congreso de Liverpool y el socialismo inglés (El Pueblo, 7 de octubre de 1890): sobre la personalidad de Engels (El Avisador Comercial, 1896); sobre los sucesos de Chicago, en diversas oportunidades. La prensa de la época se hace eco de af'ontecimientos mundiales y es sistemática la difusión de artículos en defensa del proteccionismo comercial como manera dt> promover el desarrollo de la manufac-tura (El Mensajero). En 1893 aparecerá una información significativa: en el Café Caracas se reúne, el 25 de julio, un grupo de obreros alemanes que eligen como su representante ante el VI Congreso Internacional Obrero a Franz Schleese y el al'to termina con el canto de "La Internacional". Esto no implicaba la existencia de un movimiento obrero -en-el sentido de verdadera organización- pero muestra un dalo interesante de la actividad precursora de los obreros ~ue, en Venezuela como en otros países de América Latina con ma)or fuerza, introducen concepciones qut> hacen a una comprensión internacional amplia, de acuerdo con las corrientes de pensamiento de la época. En Venezuela, esta actividad no lcndrá continuidad posterior, a la inversa de lo que SU<:edió en países como Argentina o Uruguay. Decía la información sobre esta reunión: Acta de la primera reunión de trabajadores socialistas de Venezuela, realizada el 25 de julio de 1893 en Caracas, en el Restaurant 'Café Caracas'. La asamblea, con la asistencia de 14 camaradas, fue abierta por el camarada Bruno Rossner a las 9.30 de la noche. Luego de algunas palabras introductorias de su parte, se principió por la elección de un Buró, y se escogió para integrarlo a los camaradas: Adolfo Pickel, H. Willhoft, Bruno Rossner. A proposi- A. Pla: Formación de la clase obrera en Venezuela 169 ción del camarada B. Rossner se elaboró un acta con el propósito de legitimar al camarada Franz Schleese por ante el IV Congreso Internacional Obrero y fue firmada por todos los camaradas presentes. La misma es del tenor que sigue: 'Los trabajadores socialdemócratas de habla alemana reunidos hoy aquí en Caracas, capital de la República de Venezuela, en virtud de la presente, nombran al ciudadano Franz Schleese, nacido en Magdeburg el 7 de abril de 1861 como su delegado ante el IV Congreso Internacional Obrero d; Zurich de agosto de 1893. Después de la firma de esta acta por todos los camaradas, y luego del agradecimiento de Fránz Schleese por la confianza en él depositada, instó al camarada Picket a transformar esta reunión de provisoria en permanente y realizar, por tanto, a la brevedad, una nueva as:im~~ea. Terminada la parte formal, a las 11 de la noche se pros1gwo la reunión con una pequeña tenida durante la cual se formularon y fueron acogidos múltiples deseos relacionados con nuestras tareas. Tras el canto de la Marsellisa de los Trabajadores, finalizó la asamblea a la una de la noche. En 1895 se realiza la primera manifestación de desempleados. Para esa fecha existían en Caracas unos 3 000 desocupados, y el 20 de enero salen a manifestar a la calle. Llevan carteles con leyendas tales como "Pedimos protección para el Gremio de Artesanos" y "El pueblo perece" y aparece un dirigente llamado Antorúo Acosta. Es disuelta por la policía y se detiene a muchos manifestantes. Ante la protesta de la prensa, el gobernador responde justificando la represión con el argumento de que "es la onda del socialismo que invade al Viejo Mundo". Así lo narra Ramón J. Velázquez: El gobernador de Caracas, Juan Francisco Castillo responde a la prensa: "no se trata de una manifestación sino de un motín", afirma, y explica: "no se pidió permiso ni se dió aviso a ninguna autoridad y además las leyendas de los carteles constituían la más clara incitación a la asonada". Y agrega Castillo: "El pueblo conoce la penuria del gobierno" y concluye al referirse a la manifestación de trabaJadores: "es la onda del socialismo que invade al Viejo Mundo". Al año siguiente (1896) se realizará una importante reunión: se denominará "Primer Congreso de Obreros de Venezuela", y marcará toda una etapa en la historia social venezolana y en los intentos de artesanos-obreros por hallar formas de aglutinamiento, de organización. Este Congreso se instaló el 28 de octubre en la Biblioteca "Obreros del Porverúr", su presidente fue el doctor Alberto Gonzá]ez Briceño y su secretario Leopoldo Torres Abandero. No vamos a seguir ahora la polémica entablada sobre �170 SigloXIX el carácter de esta reunión, pero creemos importante que sectores artesanales e intelectuales tuvieran esta iniciativa. Es más, en el orden del día se incluyó la propuesta de formar un partido político, que no llegó a plasmarse. Organizaron este Congreso las siguientes instituciones (que dan una idea de su composición): el Centro Popular, el Liceo Pedagógico, la Alianza del Trabajo, la Alianza Filantrópica, y los gremios de artesanos, de impresores gráficos, carpinteros, ebanistas, etc. En un remitido publicado en El Tiempo de Caracas del 20 de octubre de 1896, se incluyen también otras corporaciones benéficas del Distrito Federal tales como Mutuo Auxilio, Vínculo de Caridad, Amparo Recíproco, Aurora Benéfica, etc.8 Según informa El Tiempo, 9 en el Congreso se declaró fundado el ''Partido Popular". Y ya con fecha 9 de noviembre, ese mismo periódico anunciaba haber recibido el primer número del periódico El Partido Popular, que apareció el 7 de noviembre de 1896 y que decía ser el órgano del "Centro Popular y de los Gremios". Las resoluciones def Congreso se refieren a la educación popular, al fomento de 1a "economía entre las clases obreras", a "mejorar la situación de las clases obreras según los principios del trabajo", el ahorro y el cooperativismo entre sus miembros, etc. Este Congreso es el síntoma más significativo de los cambios que se iban produciendo en Venezuela, y del surgimiento de nuevas preocupaciones sociales. En este sentido debemos puntualizar que el gremio más importante entre los presentes en el Congreso es el de los impresores de Caracas, y que ya no se trata de un gre· mio artesanal, sino obrero. Este gremio se constituyó en 1890. Como se puede apreciar estamos ante los primeros pasos organizativos e ideológicos. Las expresiones que se encuentran son entonces fragmentarias, aisladas, faltas de continuidad, pero al mismo tiempo significa· tivas. Hay periódicos, hay reuniones, hay presencia de ideas socialistas y anarquistas. Si bien no existieron organizaciones socialistas (sociaJdemÓ· eratas), sino sólo algunos intentos por constituirlas, las ideas socialistas están presentes y en la prensa se recogen algunas de sus manifestaciones. En 1893 escribía Pedro E. CoU sobre el lo. de mayo: es un día grande y hermoso para todos los que aman verdadera• mente al pueblo y anhelan el triunfo de la verdad... pero taro· bién... es el día en que la gran familia obrera, compacta, for- A. Pla: Formación de la cla# obrera en Vennuela 171 mando un solo cuerpo y una misma alma, se presenta al gobierno y a la sociedad reclamando derechos y pidiendo justicia. .. así como también es el día cuando ... los gobiernos se rodean con bayonetas, la policía se dispone a hacer fuego sobre el pueblo y la gente acomodada se va al campo, a sus quintas, lejos, bien lejos... IO Este Pedro Emilio Coll será luego ministro de Fomento del presidente de Venezuela José Gil Fortoul, durante un breve interregno en el período gomecista. Es decir, durante el largo período d?minado J>C?r ~a dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935), en la que este gobemo directamente 0 a través de presidentes adictos. CoU era ministro en el año 1914, cuando estalló la importante huelga de los telegrafistas que fue, aparentemente, la primera huelga nacional de un gremio en Venezuela; y como ministro la enfrenta y trata de derrotarla. La formación de la clase obrera y las primeras organizaciones artesana- les y de apoyo mutuo fueron suficientes para asustar a las clases dominantes, que creían o querían mostrar los peligros de la nueva situación social. Sin haberse constituido un sector significativo donde ya se desarrollaban relaciones capitalistas de producción, las ideas y los programas socialistas 0 anarquistas apuntaban a expresarse. Los inmigrados europ_eos, que no eran muchos en Venezuela, encontraron así en algunos intelectuales (maestros, abogados) y algunos artesanos, un medio propicio para sembrar las primeras inquietudes sociales de una nueva clase social, que existía más como germen que como realidad significativa. Mientras esto fuera así, perscmajes como Coll podían ser sensibles a ciertas reivindicaciones, como lo hizo en 1893. En 1914 se ha trocado en ministro del sistema gomecista y su posición ha cambiado radicalmente. EUo no significa que estas posiciones finiseculares de obreros, artesanos e intelectuales no encontraran contradictores que veían el peligro social inherente a las nuevas ideas. Con motivo de los acontecimientos de los años 1895-96, el periódico El Obrero Católico exclamará refiriéndose a los artesanos: "¡Qué ejemplo para enseñamos a comer el pan, amasado con el sudor de nuestra frente, sin soñar nunca con imposible nivelaciones sociales!". Y se lanzaba contra "la revolución" que azuzaba a los obreros diciendo: "¿Por qué ha de haber pobres y ricos? ¿Quién es ese Dios que da a wios tanto, y a otros tan poco? Así lo grita la Revolución a los Obreros, · excitando en ellos la ambición, el orgullo, la soberbia y el espíritu de rebeldía ".11 �172 Siglo XIX En resumen, para fines del siglo XIX existían en Venezuela diversos elementos destacables en lo que se atafle al lento proceso de modernir.ación del país: la introducción en algunos sectores de relaciones de producción capitalistas, con el consiguiente efecto de la aparición de núcleos verdaderamente obreros y ya no sólo artesanales; la inversión de capital extrañjero y sus consecuencias en cuanto a la dependencia de tipo imperialista, y no sólo comercial del país, frente a los centros metropolitanos (especialmente Inglaterra); y por último, una confrontación de ideas sociales distintas, unido a intentos organizativos que no por incompletos o fracasádos dejan de ser parte de las nuevas condiciones. En lo que se refiere al petróleo, señalemos que ya en 1878 se había otorgado una concesión para su explotación a la Compañía Petrolia del Táchira. Sus operaciones son las primeras en este rubro, y sólo nos indica una fecha en que las actividades ligadas a este tipo de actividad económica comienzan a expresarse. Los trabajadores de estos campos son más bien jornaleros en pequeño número, aunque al mismo tiempo constituyen d antecedente de la formación del proletariado petrolero. ' en Caracas y En 1902 aparecen varias entidades de tipo mutualista en el puerto de La Guaira (en esta última se denominará "Sociedad Vínculos de Caridad'} Y también en otras ciudades del país comienzan a formarse mutualidades de trabajadores de talleres de pequeña producción. Una de las características de la época, es que los diversos gobiernos, en época de crisis, rebajan los sueldos de sus empleados. Así por ejemplo, en agosto de 1901 se disminuyen los sueldos como consecuencia de la guerra civil, y la rebaja es "proporcional de los sueldos que pasen de cien bolívares, desde un 15 hasta un 500/o. Esto último para los de mil bolívares en adelante ...",12 según consta en el periódico El Obrero de Maracaiho. Un poco más adelante se mencionan los sueldos que se pagan en las oficinas de telégrafos: Jefe de estación, 120 bolívares; guarda, 60 bolívares; repartidores, 1 Oholívares.13 m. En la primera década del siglo se hacen más frecuentes los movimientos de protesta de diversos sectores de trabajadores. A. Pla: Formación de la cime obrera en Venezuela 173 En 1908 hay una huelga en el puerto de La Guaira y otra de tranviarios de la ciudad de Caracas. Por fin, en 1909 se registrará un nuevo intento organizativo de las asociaciones activas en el momento, y que agrupan a verdaderos núcleos obreros. Se trata de la "Asociación ele Obreros y Artesanos del Distrito Federal", que publica un órgano de prensa: Unión Obrera. Ese mismo año se aprobó el Estatuto del Gremio de Tipógrafos, que ya cuenta entre sus estipulaciones que quien·sea presidente de la República será Presidente Honorario de la sociedad. Así el Gremio se dirige a Juan Vicente Gómez para comunicarle su designación como Presidente Honorario. Era un requisito legal para poder actuar, pero se debe tener·en cuenta que el gobierno de Gómez, en sus primeros años, no era todavía la dictadura que fué posteriormente. En ese momento, era sólo el caudillo de turno. Es oportuno señalar que Gómez había derrocado a su compadre el general Cipriano Castro en 1908, quien gohemaba desde 1899. Castro se caracterizó por oponerse a pagar las deudas a las potencias extranjeras, con lo cual adquirió una cierta aureola de luchador nacionalista, y ello suscitó un conflicto internacional en 1902. En ese año las escuadras alemana e inglesa bloquearon las costas venezolanas. Ese bloqueo se produjo mientras se desarrollaba en el país una insurrección armada dirigida por Manuel A. Matos. Fue la llamada "Revolución Libertadora " y estuvo financiada por empresas como Raison and Co. de Londres, el Ferrocarril Alemán, The New York and Bermúdez Co. y la Corporación del Cable Submarino, francesa. La coincidencia del bloqueo llevó a que la burguesía y los comerciantes locales se unieran al reclamo de que Castro accediera a las demandas de las escuadras que cerraban los puertos. Castro se niega. Hay una acción mi~tar con la cual, el 17 de enero de 1903, los buques de guerra alemanes trataron de romper la barra del puerto de Maracaibo, pero fracasan por la eficaz acción de la artillería venezolana. No obstante, Castro debe acceder a garantizar el pago de la deuda con el 30% de los ingresos del puerto de La Guaira. Con todo esto se suscita una intervención holandesa y también de los Estados Unidos, y continúan los roces con las grandes potencias hasta que, el 20 de junio de 1908, este último país rompe relaciones con Venezuela. Pocos días después también lo hace Holanda. Castro ha enfermado y Juan Vicente Gómez aprovecha para tomar el poder manifestando que se trata de "una evolución dentro de la misma causa ".14 �174 Sigk>XIX Gómez cuenta con apoyo del exterior, y especialmente de los &tados Unidos. Se inicia así una larga dictadura que si comenzó como otro pron~~ciamiento ~udill~, será al mismo tiempo el último caudillo del tipo mihtar-<¼lmpesmo del siglo XIX. Sólo que Gómez aprovechará la bonam.a petrolera para convertir al país en monoproductor, garantizando a las compañías extranjeras el orden necesario para su explotación. Se convierte así en gendarme de las compañías para asegurar ei' funcionamiento de los campos de petróleo. Los grandes beneficiarios, a través de un proceso de traspaso de concesiones de exploración y explotación, serán la Standard Oi) Co. y la Royal Dutch Shell. Las relaciones de producción capitalistas -empero- se abren paso muy lentamente. Un documento de 1911 explica cómo se realizaban las tareas rurales. Según testimonio asentado en el Archivo Histórico de Miraflores,15 la carta que envía desde Santa Bárbara del Zulia el Jefe Civil del Distrito Colón al presidente Juan V. Gómez, describe como "completa~ente desastroso y tirano (...) el mal tratamiento que tienen los peonesJOmaleros de las distintas haciendas del Distrito", y califica la situación no como de ciudadanos libres sino "como de animales y esclavos". El mecanismo de explotación incluye multas y demás "cargos indebidos" a los efectos de "sostener el hacendado una deuda de cada peón, para que éste esté obligado a vivir esclavizado en un trabajo, perdidas por completo sus garantías ciudadanas". Como se puede apreciar se trata de la supervivencia de relaciones sociales de producción muy comunes en la América colonial, que se han denominado sistema de "peonaje", o sea servidumbre por deudas. El salario rara vez supera los dos bolívares diarios, que generalmente recibe el peón en mercancías, cuyo precio está recargado por el monopolio que ejerce la tienda de raya de la hacienda. A veces para mencionar el valor de una hacienda no se dice cuánto cosecha, sino cuánto produce la pulpería. Estas formas precapitalistas siguieron prevaleciendo hasta casi mediados del siglo XX, pero en la época en que el Jefe Civil hizo su denuncia era lo común. Sobre todo se debe tener en cuenta que nos estamos refiriendo a un distrito e~ donde,se ha dado ya el impacto del desarrollo petrolero, y es de las reg10nes mas adelantadas del campo venezolano. Para terminar la anécdota diremos que los hacendados de la zona y los personeros gomecistas acusarán al Jefe Civil. Entre los acusadores se encuentra el general Régulo Olivares, A. Pla: Formación de la clase obrera en Venezuela 175 a quien veremos aparecer unos años más tarde en la escena política de Maracaiho, y un tal señor Ménd~z, que consiguen al poco tiempo una solución acorde con la orientación del propio Gómez: la destitución del Jefe Civil. Entre febrero y marzo de 1914 se llevó a cabo el movimiento de huel- ga más importante del período que estamos tratando: la huelga de los telegrafistas, que adquiere carácter nacional. Se quejaban de Ja rebaja de sueldos y de la limitación de las partidas para el mantenimiento de los equipos. Indica el documento del Archivo Histórico de Miraflores: En marzo de 1914, los telegrafistas de todo el país fueron al paro por razones laborales. La Dirección General de Telégrafos había acordado una rebaja general de salarios y la eliminación de las partidas destinadas a la conservación de los equipos. A esta disposición que afectaba de manera grave a la vida familiar de los operarios, respondieron los trabajadores. Al movimiento de protesta iniciado por los operarios de la Estación Central de Caracas respondieron los Jefes de Estación Oriente, encabezados por Jacinto López, Carlos Savelli, Felipe Rivas, J. Fernández Ortíz y F. Croes, de Irapa, Macuro, Yaguaraparo, Río Grande y Güiria, respectivamente. Otro tanto hicieron desde Río Chico Nemesio Parada, Abraham Carrillo, Femando Azpurúa y Domingo Russián. Igual Valencia, Trujillo, Maracaibo. En San Cristóbal la intervención de Eustoquio Gómez impidió el movimiento de solidaridad. El Presidente Provisional Dr. Gil Fortoul dictó medidas de prisión contra los promotores de la huelga. 16 Los trabajadores, al recibir la comunicación con las mencionadas medidas, envían inmediatamente un telegrama al Direclor General en el cual terminan manifestando: "Esperamos aumento de sueldo y mejor trato o reemplazo inmediato". El gobierno decide un aumento de 10 bolívares por quincena, que es rechazado. El 2 de marzo, en otro telegrama, los trabajadores dicen que no sólo protestan sino que renuncian a sus cargos, "si no se nos aumenta el sueldo. Los telegrafistas de Venezuela son demasiado abnegados para tan poca recompensa". El movimiento sigue y se forma una Junta de los operarios para hacer frente al gobierno. Es interesante notar que los telegrafistas siguen en sus puestos y controlan las líneas de la red, por lo que sus telegramas, organizando nacionalmente la huelga del gremio, es un instrumento esencial de la lucha. Su actuación es legal y hasta las convocatorias a las reuniones las hacen por la red nacional de telégrafos. Est.á insinuada una ocupación de las fuentes de trabajo, y el gobierno reacciona ordenando la prisión de to- �176 Siglo XIX A. Pla: Formación de la clase obrera en Venezuela dos los jefes de estación. Los operarios responden y desde Oriente llega el primer telegrama a las autoridades: "Pedimos se suspenda la orden de prisión contra los jefes de estaciones de esta ciudad y de Carúpano, o si no que se ordene también nuestra prisión, pues somos solidarios de nuestros compañeros". Este telegrama muestra la segunda faceta importante que podemos destacar de este movimiento, no muy bien conocido por lo fragmentaria de la información que nos ha llegado. Si por un lado es un movimiento nacional y los operarios actúan durante varios días ocupando las estaciones y utilizando la red telegráfica, por fin demuestra un solidaridad en la lucha que caracterizará m~chas luchas obreras venezolanas posteriores. Digamos por último, que el propio documento del Archivo señala: "No se encuentran en el Archivo documentos que relaten el finaJ de la jornada, pero a deducir por uno de los últimos telegramas que aquí se publican, los telegrafistas lograron las modificaciones del Presupuesto que originó la protesta". En 1918 se produce otro movimiento importante: la huelga ferrocarrilera del mes de junio. En la zona de Aroa se encontraban minas de cobre que habían S1do explotadas desde mediados del siglo XIX con intervención de capitales británicos. Asimismo, desde la costa. y aprovechando el puerto de Tucacas se extendió la línea ferroviaria de Aroa-Tucacas, por supuesto también de capital inglés. Citando a Carlos E. Febres se constata : Desde principios de 1918 los empleados y obreros del ferrocarril Tucacas-Aroa comenzaron a expresar su descontento por los bajos sueldos y salarios que devengaban, así corno por las pésimas condiciones de trabajo que imperaban en la zona. Vale notar que las relaciones de trabajo estaban regidas por el "Re;Iamento Interno de Ferrocarriles Ingleses para América del Sur". 1 Y un poco más adelante: Los primeros días de julio estalló la huelga y paralizó totalmente las actividades de la "Bolívar Railway Company Limited" en sus estaciones de Aroa, Tucacas y Duaca así como las actividades extractivas y procesadoras de la "South American Copper Synd.icate Limited". El conflicto ocasionó también la paralización del tráfico de goletas entre Tucacas y las Antillas Holandesas, ya que por el tren eran embarcados los productos agrícolas que abastecían a Curacao, Bonaire y Aruba. 177 El gobierno de Gómez envió fuerzas policiales y un comisionado, ante lo cual los huelguistas descarrilaron trenes de carga en diversos tramos de la línea y paralizaron el tráfico en forma completa. Ante la gravedad de los hechos las compañías ofrecen un pequeño aumento de salario, que los obreros resisten. No obstante, la represión traducida en la detención de un grupo de trabajadores termina por hacer que los ferrocarrileros acepten el ofrecimiento de la compañía. Es interesante notar cómo aquí también aparece una acción obrera muy decidida, con el descarrilamiento de trenes, métodos de lucha que no se volverán a repetir más adelante. En ese mismo año de 1918 se publica en Caracas un periódico que volverá a llevar el nombre de El Obrero. Su principal animador es Leopoldo Torres Abandero, a quien vimos como secretario del Congreso Obrero de 1896. Los primeros siete editoriales están dedicados a explicar "Qué es bolchevismo". Con respecto a este atrevimiento, es necesario aclarar que la prensa del régimen gomecista venía sacando artículos sobre la revolución rusa, terminando siempre por mostrar que los bolcheviques eran propiamente el diablo, arrasaban los campos y realizaban desmanes y saqueos de todo tipo. Torres Abandero pensó narrar con mayor objetividad los hechos, lo cual en verdad lo ubicaba en una línea de simpatía hacia la revolución rusa y los bolcheviques, sin que se pueda afirmar que fuera comunista. Sin embargo, y a pesar del tono descriptivo y periodístico de los textos, la dictadura no se engañó: El Obrero es clausurado violentamente, incinerados los ejemplares localizados y solamente se salvan algunos números que sirven de apoyo a esa referencia histórica. Los redactores son presos y conducidos a La Rotunda de donde jamás salen en libertad: allí mueren tal es la orden de Juan Vicente Gómez, quien sí intuye la ' que diSlffiU . 1an aquellos e diton.ales... 18 verdad Aclaramos que La Rotunda era la prisión gomecista, que se hizo famosa pues allí iban a parar los presos políticos en -esta época. Salir con vida de La Rotunda era casi un milagro. En 1919 se organizó una Confederación General Obrera sobre la base de los trabajadores tranviarios de Caracas, del Gran Ferrocarril y de Teléfonos, participando también obreros de la electricidad. Publicó otro periódico El Obrero de corta vida. En ese mismo año hay diversas huelgas, como las de los zapateros, �178 A. Pla: Formación de la clase obrera en Venezuela Siglo XIX tranviarios, tipógrafos, de miner<?S dP cobre de Aroa (que consiguen un aumento de salario de 15,5 céntimos diarios), etc. Los tranviarios realizaron diversos movimientos durante este período } se pueden contabilizar las huelgas reivindicativas de 1913, 1919, 1921, 1925 y 1930, según testimonió más adelante Pedro Ortega Díaz, abogado del sindicato y dirigente comunista.19 Es dP destacar que en esos años se desarrollan divrrsas actividades económicas 4ue serán centro dr formación de núcleos proletarios: una fábrica de cemrnto en La Vrga, varias fábricas de cervPza y de textiles, moderni1,ación dP los ferrocarriles, } otras. Con el fin de la Primera Guerra \1undial Uegarán a Venezuela varios militante~ anarco-sindicalistas qut> influyeron para organizar diversos sindicatos di' oficios: zapateros, albañiles, carpinteros, panadt>ros, empedradores de calles y caminos, etc. Estos sindicatos de oficios muestran la existencia amplia de talleres donde se mezcla la vieja relación artesanal subsistente con el proceso de la formación de una clase obrera manufacturPra más diversificada. Otra huelga importante de este período es la del puerto de La Guaira, Pn junio de 1919. Los trabajadores de The La Guaira Harbor Corporation Ltd ., ped Ían un aumento de sueldo dt> tres bolívares por tont>lada que S<' descargara. Estos trabajadores cumplían un horario de trabajo de 10 horas todos los días, indu idos los domingos. La huelga duró menos de una semana. El administrador informó así sobre el movimiento: . . . fuí infonnado por el caporal que él podía formar una nueva cuadrilla para atender el trabajo, pues había hombres suficientes dispuestos a trabajar. Le autoricé para ello y más tarde me informó que tenía una cuadrilla de 40 hombres y los extraordinarios que necesitase... En las primeras horas de la mañana como 10 de los huelguistas se estacionaron en la puerta inferior del rompe olas diciendo que no pennitirían pasar a ningún hombre de los muelles; informé al prefecto de esto y él ordenó a la policía que hicieran salir dichos hombres de las propiedades de la compañía; salieron todos y entonces la nueva cuadrilla pasó a los muelles y se dió comienzo a la descarga del vapor; pero al salir el primer tren de pasajeros y equipajes, los huelguistas aumentados por muchos otros hombres del pueblo, detuvieron el tren en aduana, diciendo que no permitirían descargaran el equipaje ...20 Con esta solidaridad del pueblo del puerto, los huelguistas consiguen hacer retroceder a la compañía, que acepta una mediación del Prefecto. Los trabajadores nombran una comisión que los presenta y se llega al acuerdo 179 de volver al trabajo pagando la compañía 2 ,25 bolívares por tonelada descargada, y un bolívar extra si la tarea se realiza después de las seis de la tarde, o en d Ías domingo o feriados. En relación a los ferrocarriles y sus trabajadores, sPñalemos que de acuerdo con las investigaciones de José l. Urquijo se consiguió en ese sector el primer contrato colectivo en Venezuela, tan temprano como en 1919. El ferrocarril tiene una larga historia en el país, pues los primeros intentos de trazar una línea se remontan a 1835. Luego de diversos proyectos fracasados, fue en 1877 cuando se logró este avance. Se trataba precisamente del ferrocarril que unía Tucacas con las minas de Aroa. En 1914 existían diez líneas de ferrocarril , con una extensión de 831 kilómetros de acuerdo a los datos del ministro de Obras Públicas. La mayorÍa de ellas df' capital extranjero. A ello había que agregar unos 98 kilómetros más de vías locales para la actividad minera. El Gran Ferrocarril de Venezuela, al cual sr lo conocía como el ferrocarril alemán por estar en manos de capitales alemanes, era una de las mejores IÍneas y tenía una longitud dr 180 kilómetros. Su estación de partida estaba situada en Caracas y tocaba veinticinco estaciones hasta llegar a la ciudad de Valencia. Para 1911 el ferrocarril alemán contaba con 423 trabajadores y es de hacer notar que la mayoría tenían alguna calificación, dado el tipo de actividad . En 1919, según el periódic? El Obrero, había dos gremios de trabajadores ferroviarios: la Corporación Obrera del Ferrocarril Central de Venezuela y la Corporación Obrera del Gran Ferrocarril de Venezuela (el ferrocarril alemán). La empresa del ferrocarril alemán era de las que se podían drnominar progresista para su época, ya que había construido hospital para sus obreros, cuidaba las condiciones de trabajo y estimulaba el trabajo con premios y reconocimientos. El 19 de julio de 1919 la empresa accedió a firmar un convenio con sus trabajadores. En dicho convenio, que llrquijo considera legítimamente un convenio colectivo, se estipulan varias conquistas de los trabajadores, que en esta oportunidad no fué necesario arrancar por medio-de un movimiento de fuerza. El convenio, publicado en El Universal del 18 de julio de 1919, lleva por título "En el Ferrocarril Alemán; Bases del Acuerdo entre la Dirección y los Empleados y Jornaleros". Se consignan allí once cláusulas, de las cuales las más salientes dicen: a) aumento de sueldos y jornales de un 25% siendo el minimum Bs. 40 �180 Siglo XIX y el máximo Bs. 50; 2) todo empleado con más de cinco años de antigüedad tendrá sueldo mensual; 3) se fija 9 y media hora de trabajo para todos los jornaleros; 4) se acepta un seguro por accidente que será entre 2 500 Bs. y 5 000 Bs. "tomando en consideración las condiciones de tiempo y sueldo del empleado"; 5) se dará un descanso anual de quince días a todo empleado a sueldo: 6) habría indemnización en caso de muerte del trabajador; etc.21 A. Pla: Fonnación de la clase obrera en Veneruela 181 ro se vio en aprietos para rescatar un pasado comunista que tuvo influencia real en el movimiento obrero, al mismo tiempo que tomaba distancia con las primeras actividades de esos comunistas. Con respecto a Pío Tamayo, un comunista romántico de su época y no un anarco comunista, los testimonios son unánimes al declarar que hablaba no sólo de materialismo histórico, sino de organización sindical y política. IV. Según Rodolfo Quintero, militante comunista de muy vasta y contradictoria trayectoria, el movimiento obrero venezolano se inició con la influencia anarco sindicalista. En realidad esta visión es exacta a medias, ya que si bien Uegaron anarcosindicalistas al país lo cit>rto es que diferenciar a los primt>ros comunistas de aquellos sindicalistas es tarea difícil. Ha) elementos contradictorios de tipo ideológico a considerar. Quintero dice así, por ejemplo, en un trabajo: ... el predominio del taller artesanal y la pequeña manufactura, las prédicas y gestiones de los anarcosindicalistas europeos, espa- ñoles e italianos principalmente, y el contacto con un grupo de estudiantes influenciados por las charlas del anarco comunista Pío Tamayo en los calabozos del Castillo de Puerto Cabello fueron los factores económico-sociales e ideológicos que signar~n la propaganda obrerista de los primeros tiempos.22 Como dijimos, Quintero, como comunista, en sus escritos más actuales da una versión matizada de los ht>chos pasados. Hay que recordar que como militante tuvo actuación destacada aún antes de participar en la fundación de un sindicato en 1932, en la zona petrolna. Pero t>I argumento de Quintero es que él mismo fué influenciado en aquella época por las ideas anarquistas, razón por la cual se hizo una autocrítica. Era la manera más rápida y menos comprometida de borrar la actividad de los comunistas venezolanos, especialmente a partir de 1928 cuando imperó el criterio de lucha de "clase contra clase" en la lntrrnacional Comunista. Se descalificó toda una época, hasta 1935, invocando una influencia anarquista que part>cc enorme ) en realidad ha sido pequeña. Es sintomático que rsas influencias "anarquistas" se tra· duzcan en incitación a actuar en política, lo que estaba más de acuerdo con la posición comunista del llamado "tercer pt>ríodo ". Sólo que Quinte· A Pío Tamayo oímos por primera vez en su charla llena de imágenes poéticas, el relato de las luchas de los partidos políticos, de las huelgas, de la constitución de los sindicatos. A él, quien estaba en vigilia permanente de muerte, le escuchamos por primera vez una concepción materialista de la historia y una teoría cabal de cuanto acontecía en Venezuela.23 Pío Tamayo era un poeta, con lecturas del materialismo histórico y una inquietud política que lo hizo caer en los sótanos de la cárcel. Pero los comunistas, incluso aún dirigentes del Partido Comunista venezolano hasta pocos años 'atrás, se nutrieron de aquella influencia de la cual Tamayo fue uno de los primeros en abrir un nuevo horizonte. Sin embargo Quinteto dice que los rasgos anarquistas de aquel período inicial se pueden observar por las "formulaciones, objetivos y tácticas,, de las organizaciones de la época. La autocrítica de Quintero llegó a mencionar que las "Lecciones Obreras" redactadas por mí y difundidas en Caracas en 1930 reflejan un estado de confusióo ideológico y los efectos de los planteamientos hechos por aquellos equivocados pero respetables compañeros anarco-sindicalistas. Los gremios de panaderos, tranviarios y otros organismos denominados de "mutuo auxilio" fueron seriamente penetrados por las ideas de Proudhom y Bakunin. Es más, sostiene que en el sindicato petrolero, SAMOP, fundado en 1932, "predominaban tendencias anarquistas". Es importante señalar que esta es la fecha también de la aparición del primer manifiesto del Partido Comunista. Y es interesante encontrar la coincidencia de lo que dice este manifiesto con lo que, a la distancia de los años; Quintero califica de anarquismo. La concepción de clase contra clase inspiró el primer manifiesto comunista. �182 Siglo XIX Ya volveremos sobre el problema del comurúsmo. No obstante no queremos negar la existencia de la influencia anarquista. Existió y se expresó en la organización de los sindicatos por oficio, que es parte de toda una concepción, pero en forma limitada. El periódico Compañero transcribía un testimonio interesante de un viejo militante sindical: Yo recuerdo, ya para los años 27 y 28, época de las luchas estudiantiles, que todavía existían muchos anarcosindicalistas. Ellos, subestimaban al partido político y le daban fundamentalmente importancia al sindicato. Consideraban que el sindicato era la fuerza definitiva para la transformación de la sociedad y que la revolución tenía que fundamentarse en una huelga general que desquiciaría la actual sociedad y que necesariamente convertiría a la clase obrera en el elemento determinante de la dinámica social. Ellos predicaban esto e impulsaron organizaciones de las más antiguas, como la de zapateros, albañiles, y algunos grupos gráficos que nacieron bajo el signo del anarcosindicalismo... Los anarcosindicalistas fueron los que enseñaron a los intelectuales las primeras cosas referentes a los sindicatos.24 Junto al proceso de formación de la clase obrera y las primeras manifestaciones organizativas así como de las luchas que entablaron, se va a ir desenvolviendo un proceso de resistencia a la dictadura de Juan Vicente Gómez: culminará en la formación de diversas organizaciones políticas. Cipriano Castro fué el que inició el dominio de un grupo de caudillos del estado Táchira de los Andes venezolanos. Los sucesivos gobernantes desde 1899 hasta 1945 son tachirenses y generales (Castro, Gómez, López Contreras, Medina Anagarita ), y especialmente Gómez combinó todas las artes de la dictadura con la represión más violenta en beneficio del grupo de hacendados, del qüe formaba parte, y de las compañías petroleras. En el gobierno se convierte en el aliado de las empresas petroleras, que encuentran en el gobernante venezolano la garantía policial para la impunidad de sus actividades. No obstante, esta situación generó recelos y resistencias. Hay una combinación de elementos en esta resistencia a Gómez: viejos caudillos desplazados, nuevos sectores sociales que buscan mejorar sus condiciones de existencia como son los trabajadores de diversos ramos y por fin, el surgimiento de un sector de intelectuales y estudiantes que van a nutrir varias empresas antigomecistas. Surgen entonces diversas organizaciones políticas, donde la mayoría A. Pla: Formación de la clase obrera en Veneruela 183 de las veces. se confunden algunos viejos caudillos con los jóvenes estudiantes que quieren abatir la dictadura. Haremos una menció~ de algunas de estas organizaciones, con la intención de mostrar que aun antes de 1928, fecha de la rebelión estudiantil, ya existía un gérmen de preocupación y organización política. Las diversas organizaciones que van emergiendo muestran los intentos, en c_ondiciones de clandesti~dad, r~r encontrar una respuesta política y aun social como alternativa al regimen. Si la dictadura no fué abatida, ya que se mantuvo hasta la muerte de Gómez, en diciembre de 1935, es importante señalar la existencia de elementos que explicarán a los protagorúslas posteriores. En este ~er~odo que cubre de 1918 hasta 1929 se pueden considerar dos etapas distintas en cuanto a organismos de resistencia contra la dictadura. En primer lugar una etapa de organizaciones en el exilio, que resumidamente comprende las siguientes: 1918- "La Nueva Venezuela", en Nueva York. Son conservadores, pretendían invadir 1918- Venezuela, pero no lo consiguen. "La Unión Patriótica". Del mismo carácter que la anterior. 1918- "La Sociedad Patriótica". Del mismo carácter que las anteriores. 1919- ''Partido Republicano Democrático", en Cúcuta, Colombia. Son nacionalistas y como los anteriores se preparan a invadir a Vene• zuela, sin lograrlo. 1922- ''Partido Republicano", en México. Se los ha calificado de socialistas utópicos, se inspiran en la revolución mexicana. Organizaron dos invasiones: una es la de Arévalo Cedeño en marzo de 1924 a través del Río Arauca (Colombia): y la otra es la de Rafael Simón Urbina, que lo intentó por Coro en Venezuela. 1922- ''Unión Revolucionaria Venezolana", que se organizó también en México y pretendió invadir, sin conseguirlo. Estas organizaciones todavía reflejan la presencia de corrientes tradicionales de la política venezolana: viejos caudillos desplazados, en su mayoría de mentalidad conservadora o en el mejor de los casos nacionalista. �184 Siglo XIX Algunos de los protagonistas de estas luchas contra Gómez participarán en las organizaciones que surgirán en Ja segunda etapa que hemos mencionado. Esta segunda etapa ve nacer a otro tipo de organización, con una preocupación social mayor. Entre otras comprendió: 1926- "Partido Revolucionario Venezolano" (PRV), que se organiza en México. Quieren invadir pero se fijan el objetivo político de concientizar al pueblo, y buscan desarrollar en el interior del país una acción coordinada con el grupo en el interior. Hay allí ya una influencia de la Internacional Comunista que se combina con la de la revolución mexicana. Plantean ''la emancipación del obrero de la arbitrariedad capitalista". Intentó dos veces derrocar a Gómez. La primera invasión la dirigieron Gustavo Machado -luego uno de los principales dirigentes comunistas hasta la época presente- y Rafael Simón Urbina, por la vía de Curacao. Esta invasión tuvo ribetes de heroísmo y fué el más importante de todos los intentos desde el exterior. Después de derrotada esta invasión en territorio venezolano, Urbina realizará un segundo intento, también fallido. 1927- "Unión Cívica Venezolana", en Nueva York. Se pronuncia contra el caudillismo y contra el comunismo. 1929- ''Partido de Liberación Nacional", en París. Organizan una invasión por el oriente de Venezuela, entrando por Cumaná. Antes de ser derrotados tienen varios choques armados importantes. Como se puede apreciar, al mismo tiempo que la dictadura se consoli- da, se va modificando de manera paralela el tipo de organización que surge para oponerse. El más importante sin duda es el PRV, que va a ser un centro de aglutinamiento de los pocos comunistas venezolanos de la época. Hay que tener en cuenta que la presencia de la Tercera Internacional en el Caribe, por esos años 20, va a ser importante y también surge allí, con sede en México, la Liga Antimperialista de las Américas, que publica un periódico llamado El Libertador por lo menos entre los años 1925 y 1928. En dicho periódico figuran como miembros de su dirección dos destacados comunistas venezolanos: Salvador de la Plaza y Gustavo Machado. Se destaca por el apoyo a las luchas de Sandino en Nicaragua, y si en general se queda en un planteamiento antimperialista, preconiza la táctica de "frente único", aprobada en el Primer Pleno del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista en diciembre de 1921. A. Pla: Fonnación de la clase obrera en Venezuela 185 Por último mencionemos la existencia de una organización denomina- da ''Unión Obrera" , formada por emigrados venezolanos en Nueva York y cuyo principaJ dirigente es el doctor Carlos León. De este grupo, José Rafael Pocaterra dijo en sus Memorias: Venía a ser este grupo, chico y todo, un punto de contacto para corrientes dispersas . . . Pero naturalmente fuera de los intereses de los dos o tres que dragoneaban allí de jefes, acogióse con simpatía y algunos les prestaron ayuda -nunca mejor que el sacrificio que se imponían sus propios fundadores- a aquel grupo, y se 25 creyó que sería el núcleo de un partido obrero organizado". OTAS l. Brito Figueroa, Federico. TAS repercusiones de la revoluci6n socialista de Octubre en Venezuela. Ed. Vanguardia, Caracas, 1977. 2. Brito Figueroa, Federico. Las repercusiones. .. , op. cit., p. 17. 3. Ordenanzas 1870-1876. Resoluciones y Acuerdos sancionados por el Consejo Municipal. C~nsejo Administrativo del Distrito Federal. Secció? XXV, p. 41~3. Citado por Carlos E. Febres et. al." Antecedentes y primeros nucleos proletanos venezolanos 1870-1914". Facuitad de Ciencias Económicas y Sociales, UCV, s/f, mimeo, p. 64. · 4. Arclúvo Históricodel Congreso de la República, Caracas, 1864. 5. "Solicitud de los Representantes del Gremio de Artesanos a los ciudadanos Senadores y Diputados de los Estados Unidos Venezolanos", Archivo Histórico del Congreso de la República, 1865. Reproducido en el periódico El Eco de las Artes, Caracas, 19 de mayo de 1865. 6. Citado por Naudy Suárez. "Un capítulo inédito en nuestra historia de las ideas. Socialdemócratas en la Venezuela de fines del siglo XIX". En re\·ista Nueva Política, no. 17-18, Caracas,julio-diciembre de 1975. 7. Velázquez, Ramón. La caída del liberalismo amarillo. Caracas, 1973, p. 327 Y sigs. 8. Parra Aranguren, Femando Ignacio. Antecedentes de la ley del Trabajo de 1928. Universidad del Zulia, Maracaibo, 1975, p. 45-43. 9. El Tiempo, Caracas, 16 de diciembre de 1896, no. 1122. 10. El País Caracas 2 de mayo de 1893. Citado por Leonardo Rodríguez, "El primero le mayo e~ el siglo XIX", en revista Esfuerzo, Caracas, no. 10, mayo-junio de 1981, p. 16. 11. El Obrero Católico; Tovar, año 1 , no. 3, 20 de julio de 1896. �186 Siglo XIX 12. El Obrero, Maracaibo, no. 35, 12 de agosto de 1901. PORFIRIATO Y REVOLUCION 13. El Obrero, Maracaibo, no. 85, 10 de octubre de 1902. Conflictos Obreros y Legislación Laboral en Nuevo León (1885-1918) 14. Croes, Hemmy, El movimiento obrero venezolano, Ed. Movimiento Obrero, Caracas, 1973, p. 47. 15. Archivo Histórico de Miraflores, no. 32, septiembre-octubre de 1964, p. 183189. 16. Archivo Histórico de Miraflores, no. 28-29, enero-abril de 1964. Javier Rojas Sandoval* 17. Febres, Carlos Eduardo. "La huelga ferrocarrilera de junio de 1918", El Nacional, Caracas, 4 de mayo de 1980. 18. Brito Figueroa, Federico. La, repercusiones. .., op. cit. p. 21. 19. Ortega Díaz, Pedro, en Aquí Está, 31 de mano de 1943. 20. Arcila Farías, Eduardo. Centenario del Ministeriode Obra, Pública, 1874-1974, Ministerio de Obras Públicas, Caracas, 1974, p. 265. 21. Urquijo, José l. R.P. "El primer contrato colectivo en Venezuela", en Revisto de Investigaciones sobre Relaciones Industriales y Labora/e,, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, septiembre-octubre de 1979, no. 2, p. 35-46. 22. Quintero, Rodolfo. "Bajo el signo anarquista se inicia el movimiento sindical venezolano", en Jesús Prieto Soto, Las luchas obrera, por nue1tro petróleo, Maracaibo, 1970, p. xn.xm. 23. Femández, Carlos E. Hombres y sucesos de mi tierra, (1909-1920), Caracas, 1960, p.133. 24. Compañero, Carneas, no. 2, mayo de 1976. 25. Pocaterra, Rafael ;J. Memorias de un venezolano de la decadencia. Ed. Edime, Caracas-Madrid, 1966, 4 lomos, vol. IV, p. 25. Este trabajo es un breve estudio sobre la situación de los obreros fabriles de Monterrey, y de los trabajadores en general de Nuevo León (en el noreste de México). Abarca dos períodos: el primero comprende el gobierno del general Bernardo Reyes (1885-1909); el segundo, algunos momentos fundamentales de la Revolución, entre 1912 y 1918. El aspecto principal que se trata de describir es el relativo a los decretos sobre derechos obreros emitidos tanto por el régimen de Bernardo Reyes como por los grupos de revolucionarios que se sucedieron en el poder local, desde los maderistas hasta los constitucionalistas. Al final se hace una comparación sobre dichas medidas legislativas con otros estados de México con el objeto de conocer el avance realizado en la protección de los derechos de los trabajadores durante todo el período. l. LA LEGJSLACION LABORAL DURANTE EL REYISMO En principio, cabe aclarar que no es del todo acertado hablar de una legislación laboral durante el mandato de Bernardo Reyes, como tampoco en el régimen de Porfirio Díaz: los derechos obreros no estaban plasmados en *Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León (México) �188 Siglo XIX instrumentos jurídicos específicos. Sin embargo en Nuevo León, durante el reyismo, se produjeron algunas iniciativas legales que de alguna manera pretendieron regular las relaciones obrero-patronales. Tal fue el caso de la Ley sobre Accidentes de Trabajo expedida en 1906, sobre la cual y en torno a otras iniciativas jurídicas relativas a los obreros trataremos en el presente trabajo. El período que va de finales de la octava década del siglo XIX hasta 1909, que compr~nde parte del gobierno de Lázaro Gana Ayala y las dos décadas del régimen de Bernardo Reyes, ha pasado a la historia regional como el del despegue industrial de Monterrey. Fábricas de- acero y otros metales, cerveza, vidrio, textiles y cemento, entre otras, se instalaron y crecieron bajo la política liberal del Estado porfirista y de su representante local Bernardo Reyes. Con lo anotado, no ..se pretende atribuirle el mérito exclusivo y determinante en el proceso de industrialización a los personajes que estuvieron al frente del gobierno de Nuevo León, y de manera señalada a Bernardo Reyes. Sólo se pretende subrayar que la política aplicada por Reyes constituyó un factor que, junto con otros, fue de primordial importancia para el proceso de industrialización local. El gobierno reyista no solo otorgó concesiones y exenciones de unpuestos a los empresarios. También les proporcionó un ambiente de paz laboral mediante la aplicación de instrumentos legales como una forma de control sobre la fuerza de trabajo, lo que permitió la formación de una mano de obra segura, estable y disciplinada, y posibilitó una sostenida y ascendente acumulación de capital. Durante el reyismo, en ausencia de una legislación laboral que amparara los derechos colectivos de los obreros, el sistema que reglamentaba las relaciones entre éstos y los patrones se basaba en los códigos Civil y Penal y, en particular, en el contrato individual. Dejaba así en manos del con• tratante las prerrogativas de fijar las condiciones de trabajo: jornada, salario, etc.. Por lo cual, en los casos en que el obrero no cumpliera con las normas dictadas por los propietarios de las fábricas, podía ser despedido sin ninguna responsabilidad para el empleador. Primero fue la penalización de la vagancia (1886): todo aquel ciudadano que no ejerciera "alguna industria, arte u oficio honesto de subsistir" J. Rojcu S.: Conflicto, y legulación laboral en Nuevo Le6• 189 era obligado a cpntratarse en las fábricas o las haciendas mineras en calidad de prófugo de la justicia, o bien, enrolado en el servicio militar. En caso contrario tenía que depositar una fianza de entre 100 y 300 pesos, hasta que se ocupara en un trabajo honesto.* Era una forma de proveer de mano de obra, por parte del Estado, a una industria urgida de fuerza de trabajo ''libre ".1 Frente a las intenciones que los asalariados pudieran abrigar de realizar huelgas o cualquiera otra forma de acción para mejorar sus condiciones de vida ¡ de trabajo, el régimen aplicaba mano dura. Según el Código Penal de la época, se castigaba con ocho días y hasta tres meses de prisión, o era sometido a trabajos forzados -además de pagar de 25 a 500 pesos de multa-, quien empleara violencia física o moral con el objeto de hacer subir o bajar los salarios o jornales obreros.2 Otro ejemplo de esta política de mano dura lo constituyó el hecho de que en mar1.o de 1898, con motivo de la huelga del Ferrocarril del Golfo, se envió una circular a los jueces de Letras en la que se recomendaba proceder con todo el rigor de la ley, negando el derecho df' libertad bajo fianza a los involucrados en delitos contra la propiedad, el servicio o el orden público. Señalaba de manera especí- , fica a los huelguistas ferrocarrileros. 3 Para los efectos de capacitar la fuerza laboral que requerían las empre• sas, '; recurría a los contratos de aprendizaje. Los aprendices, que podían ser adultos o menores de edad, eran contratados por los patrones sin ningún compromiso de retribución salarial. Si el aprendiz abandonaba el centro de instrucción, el propietario tenía facultades para demandarlo (a él o a su representante, en el caso de menores de edad) por los perjuicios ocasionados al abandonar el lugar de trabajo. 4 Pese a tal situación, Bernardo Reyes se dio a la tarea de sancionar leyes en favor de los trabajadores. Francisco l. Madero sostendría en su libro La sucesión presidencial que estas leyes obedecían a propósitos propagan• dísticos, con el objeto de ganar adeptos en su promoción para la presiden• cia de la repúhlica.5 Y es probable que esas hayan sido las motivaciones de Reyes para impulsar algunas importantes disposiciones legales -como las que se señalan abajo- en favor de los asalariados. *Curiosa moral, cuando algunos de los capitales amasados por empresarios do Monterrey habían surgido del comercio ilegal realizado con Estados Unidos. �190 J. Roj<u S.: Conflict.o, y legulaci6n laboral en Nuevo Le/Jn Sip,XIX Jornales y fraude Al parecer eran frecuentes los abusos cometidos por algunos patrones ~ecíficamente en las sociedades anónimas- quienes, aduciendo insolvencia económica, no pagaban los salarios. Ello hizo que el gobierno reyista tipificara como delito de fraude o robo sin violencia estos casos, mediante una refonna al Código Penal del estado promovida en 1906.6 Accidentes de trabajo En febrero de 1907, un periódico local, el Monterrey News, publicó un artículo editorial sobre la necesidad de legislar en materia de accidentes de trabajo. Decía el periódico: En estos momentos en que los fatales acontecimientos de Río Blanco se relacionan, parécenos oportuno llamar la atención hacia la falta de una ley sobre accidentes de trabajo. La industria comienza a desenvolverse con cierta amplitud y adquirir las formas que tiene en los pueblos civilizados, en donde por desgracia la pugna entre el capital y el trabajo reviste con no poca frecuencia gravísimos caracteres. .. Entre nosotros el capital tiene como es debido toda clase de garantías, y a esto debemos su inmigración que tantos beneficios ocasiona, puesto que viene a fomentar la riqueza y dar impulso al progreso y a la prosperidad de la Nación, no acontece otro tanto con el trabajo que puede decirse carece del apoyo del poder público. for estas tierras se ignora si los edificios q1.1e albergan las industrias tienen la necesaria amplitud para contener a los que están expuestos a contraer enfermedades a causa de las substancias que manejan o de las emanaciones que aspiran, si trabajan más tiempo del que pueden resistir sin lesionarse el organismo humano, si las mujeres y los niños son dedicados a labores que los agoten, si la maquinaria está en buenas condiciones de seguridad e instaladas de tal manera ~ue aleje la posibilidad·dc una desgracia no imputable a descuido. Del texto citado se pueden inferir en parte las condiciones de trabajo pre• valecientes durante el reyismo, lo cual explicaría la expedición de la Ley sobre Accidentes de Trabajo. Conviene tener presente que esta ley tuvo como antecedente inmediato la promulgada por Vicente Villalda en el Distrito Federal, en abril de 1904. La reglamentación reyista obligaba al patrón a indemnizar a los obreros en casos de accidentes de trabajo. En su artículo cuarto se especificaba 191 que la indemnización comprendía "el pago por la asistencia médica y far. macéutica de la víctima, por un tiempo no mayor de seis meses, así como el de los gastos de inhumación".8 Había tres tipos de accidente en que el patrón quedaba eximido de responsabilidad civil: a) los de fuerza mayor, extraña a la industria de que se tratara; b) por negligencia inexcusable o culpa grave de la víctima; c) los derivados de la intención del empleado y operario por causarse daño. El artículo segundo establecía: "independientemente de la imputación de la causa todo accidente se estima como accidente de trabajo y por lo tanto es responsabilidad del patrón, hasta en tanto no se compruebe lo contrario".9 No obstante lo anterior, en el considerando once establecía que la prueba "de estas excepciones -se refiere a los accidentes en donde el empresario era eximido de responsabilidad- queda a cargo del patrón o propietario de la industria ". 10 Es importante hacer notar que la citada ley hace referencia exclusivamente a los accidentes de trabajo, y deja fuera de consideración las enfermedades profesionales. Tampoco se contemplan los casos del trabajo infantil o de mujeres embarazadas. Según Santiago Roel, en un trabajo publicado en 1931, la aplicación de la ley fue muy limitada: Los patrones se rehusaban a cumplirla y obligaban a los trabajadores a acudir a los tribunales de justicia para reclamar sus derechos alegando siempre aquéllos que el operario sufría el accidente por impericia o descuido y, tras una tramitación que duraba largos años, o la acción deducida por la víctima era abandonada o se concedía la razón al patrón. Aquella humilde ley de accidentes de . era com bati'da energicamen ' . t e por e1 cap1'tal.11 trab aJo Ley de Jornales Un año antes que renunciara a la gubematura de Nuevo León, Bernardo Reyes decretó (agosto de 1908), la Ley sobre Jornales: prohibía los abusos que cometían los hacendados con los peones agrícolas, quienes eran vinculados a las haciendas mediante el otorgamiento de préstamos o adelantos monetarios. De esa manera los peones quedaban sujetos al hacendado de por vida, y era frecuente que sus hijos heredaran las deudas. �192 SigioXJX J. Roja, S.: Conflictos y legislación laboral en Nuevo León Dado que las industrias demandaban cada vez mayor número de ohr&ros, el régimen reyista decretó la ley citada. Establecía que "e] salario de los jornaleros no está sujeto al pago de anticipos que se hagan a éstos a cuenta de trabajo... el pago del anticipo sólo será exigible hasta la tercera parte de la cantidad que importe dicho jornal en un afio ".12 No prohibía pues el trabajo por deudas: sólo reglamentaba dicho sistema. Junto a la legislación del reyismo operaba la política laboral de los propios empresarios. Consistente en el otorgamiento de casas y escuelas, !lis acciones se dirigían a fijar y, por lo tanto, controlar la fuerza de trabajo. Con respecto a los salarios que se pagaban en esa época en las industrias, era evidente su superioridad en comparación a los rurales. En 1906, por ejemplo, mientras Cervecería Cuauhtémoc pagaba un peso por jornada diaria, en el campo los trabajadores agrícolas recibían en promedio cincuenta centavos. 13 Entre los trabajadores de una misma empresa existían diferencias salariales de consideración, que rebasaban los promedios. Sin embargo, cabe advertir que ello obedecía, principalmente, a la existencia de técrúcos extranjeros -como sucedía en las grandes fundiciones y en la Fábrica de Vidrios y Cristales- quienes recibían salarios más elevados. En Fundidora de Fierro y Acero, el salario era hacia 1906 de tres pesos con 75 centavos, en tanto que en Vidrios y Cristales llegaba a cinco pesos el pagado a técrúcos alemanes.14 Conviene señalar empero que los obreros regiomontanos no disfrutaban de una situación de privilegio en comparación con otros de la república. Si se comparan los salarios devengados por los trabajadores textiles de Veracruz (que en promedio ascendían a un peso 25 centavos en 1906) con los obterúdos por los obreros de la misma rama industrial de Nuevo León, la diferencia es negativa para estos últimos en 25 centavos. Si bien es. cierto que los trabajadores regiomontanos recibían algunas prestaciones, como casas y educación para sus hijos, es difícil considerar que esto los convirtiera en obreros que gozaban de coqdiciones excepcionales: en otros centros fabriles del país se otorgaban similares prestaciones. 193 A) lado de estas prestaciones era frecuente el trabajo infantil en empresas como las textiles, con salarios muy inferiores a los de los adul tos. 15 En cuanto a acciones huelguísticas y paros obreros, se tienen pocas noticias: la de los ferroviarios de 1906, cuya demanda principal era la igualación de los salarios de los obreros regiomontanos con los d~ extranjeros; la huelga de 1906 promovida por alemanes contra la fábrica de Vidrios porque la empresa les descontó una parte del salario, debido a que descansaron el 5 de mayo, lo cual no estaba contemplado en los contratos; 00 1907 se registraron conflictos menores en las fundicion~ Y_ otro en el Ferrocarril Central, por aumento de salarios y por el reconocuruento de las uniones gremiales. 1?8 De los datos consignados se puede anotar que la acción obrera durante d reyismo fue mas bien débil. Ello puede explicarse a partir de una serie de hechos combinados, como los siguientes: la política laboral de los emp~esarios; la legislación laboral del gobierno y su ac~itu~, conten~~ora_ ~, finalmente el desarrollo tardío del proceso de orgaruzac1on y politizac1on obrera (po; ejemplo, hasta no han ~o~alizado e~presiones del an~~ mo u otras corrientes pohtícas e 1deologicas ohrerJStas durante esos anos. tanto la organización como la ideología predominantes fueron el mutualismo y el cooperativismo). ah~r:1 ~ Esto no significaba, empero, que no existiera en Monterrey el _pro~~ema obrero. Se expresaba justamente por la carencia de una legislac1on que amparara los derechos fundam~ntale~ de los asalariados_, ~to de sus condiciones de vida y de trabajo as1 como del reconocumento de sus organizaciones. Es decir, no cab~a _el recono~imie~t? de los d~r~~?8 de asociación, de huelga, jornada maxuna, salarios ~numos, prohib'.~1on del trabajo infantil, salarios iguales de los obreros meXJcanos con relac1on a los extranjeros, días de descanso pagados, horas e~tras, etc., L~ prueba de que tales prerrogativas no existían, ni en el pape~ ru en la practica, fue_ que serían demandados reiterativamente por los trabaJadores durante el penodo revolucionario. ll. EL MADERISMO Y EL MOVIMIENTO OBRERO En La sucesión presidencia~ Madero hace referencia de manera específica a los conflictos de Río Blanco y Cananea. 16 �194 Sigi-OXIX Sobre las huelgas textiles, si bien justificaba las acciones emprendidas por los obreros y reconocía las causas que las motivaban, concedía no obstante la razón a Porfirio Díaz por no haber obligado a los empresarios a que aumentaran los salarios, al mismo tiempo que criticaba a los trabajadores por haber decretado la huelga en un momento inoportuno. Asimismo juzgó como un momento de extravío el asalto a la tienda de raya realizado por los obreros de Orizaba. En relación a Cananea, Madero censuraba a D íaz por no haber procedido a formar colonias agrícolas con los desocupados. Lo mismo decía respecto de los textiles de Orizaba y Puebla. Ya en el poder, el maderismo se mostró más conservador que revolucionario en relación al problema obrero. Madero retomó las funciones del Departamento del Trabajo creado por el presidente interino Francisco León de la Barra. El organismo gubernamental se concebía como un instrumento para controlar y mediatizar las huelgas. . Rosendo Salazar, un historiador del movimiento obrero nacional , ha dicho que la democracia maderista temía a los dirigen tes obreros y, a veces, los mandaba al exilio; el órgano periodístico maderista Nueva Era, tildó a la Casa del Obrero Mundial de ser un nido de anarquistas que difundían propaganda perniciosa y conspiraban contra el gobierno. Temeroso de la influencia que alcanzó la Casa del Obrero Mundial entre los círculos obreros, Madero ordenó su clausura, la supresión de su periódico, el arresto de sus dirigentes mexicanos y el exilio de los extranjeros. Simultáneamente los funcionarios del gobierno propiciaron la formación de una ~rganización rival y menos militante: La Gran Liga Obrera.17 En Monterrey, la familia de Francisco l. Madero tenía importantes intereses económicos, tal y como lo han revelado las investigaciones de Mario Cerutti. El abuelo del revolucionario, Evaristo Madero, había amasado, desde la segunda mitad del siglo XIX, una respetable fortuna que sería luego invertida en negocios industriales y otras empresas cuyos capitales se encontraban asociados a los Madero. Debido a ello, no es extraño que uno de los dos personajes que ocuparon la gubernatura del estado durante el período maderista haya sido, precisamente, miembro. de la familia Madero: Viviano L. Villarreal, tío J. Rojas S.: Conflictos y legislaci6n laboral en Nuevo León 195 político del presidente, casado con Carolina Madero, que fue presidente del Consejo de Administración del Banco de Nuevo León (fundado por Evaristo Madero). Villarreal figuraba además como accionista en importantes empresas locales. El otro gobernador fue el general Gerónimo Treviño, quien concluyó el ciclo maderista: mantenía múltiples lazos empresariales con los Madero, incluyendo al citado Banco de Nuevo León. 18 En el aspecto obrero, hasta ahora no se ha podido encontrar información que indique las repercusiones inmediatas del cambio de régimen político entre los trabajadores regiomontanos. Existen algunos datos que comprueban que dentro del marco de la apertura política creada por el maderismo, algunos grupos obreros participaron en actividades políticas. Se tienen referencias de la constitución del Primer Círculo de Obreros Libres en abril de 1912, que agrupaba a los asalariados textiles de las fábricas La Industrial y El Porvenir. Es probable que la constitución de este organismo haya estado relacionado con la convención de industriales y obreros de la industria textil realizada en julio de 1912, cuando se estableció el reglamento que normaría las condiciones de trabajo de esta rama industrial a nivel nacional, problema que surgió durante el gobier• no maderista. En este mismo lapso se tienen noticias de la huelga promovida por la Unión Fraternal de Obreros de la fábrica textil La Fama, por aumento de salarios. Hay que anotar que durante el ciclo maderista la economía regional no sufrió alteraciones en su funcionamiento. Por el contrario -según ha 19 argumentado un historiador local- mantuvo su nivel de desarrollo. ID. EL HUERTISMO Ramón Eduardo Ruiz, historiador del movimiento obrero durante la revolución mexicana, asienta que "el régimen huertista, ya fuera deliberada o accidentalmente, irónicamente contribuyó a ampliar la esfera de las reformas laborales". Agrega que si bien el dictador ordenó clausurar la Casa del Obrero Mundial al mismo tiempo .designó para la jefatura del Departamento del �196 Siglo XIX Trabajo a Andrés Molina Enríquez y a Rafael Sierra, reformadores muy capaces (. . .) Según reconocieron los mismos constitucionalistas, bajo el régimen de Huerta el gobierno aceptó por primera vez en la historia de México la importancia del Departamento del Trabajo, el cual no sólo creció en tamaño, sino que también contó con un presupuesto de ciento once mil pesos, suma dos veces mayor que la asignada por el gobierno de MaderoJ mayor que la que más tarde le dieron los constitucionalistas. La actitud del dictador Victoriano Huerta, en relación a los obreros, tenía un propósito político muy preciso: evitar que los obreros engrosaran Jac; filas de los eonstitucionalistas, ya que difícilmente podría atribuírsele alguna simpatía por aquellos. A nivel local, al hacerse Huerta del poder, nombró gobernador de Nuevo León a Salomé BoLello (ex-diputado reyista, asesor y apoderado de varias empresas), quien se dedicó a organizar la contrarrevolución con el apoyo de algunos industriales.21 Es esle gobernador quien promueve la instalación de la Cámara del Trabajo de Nuevo León, a cinco meses de haber tomado las riendas de la administración, el 18 de agosto de 1913.22 Medida que era consecuencia de la política de Victoriano Huerta. El hecho tiene particular importancia porque tal vez sea el primer organismo gubernamental creado específicamente para atender los asuntos obrero-patronales en Monterrey. Aunque para el objeto de su constitución fueron convocados empresarios y trabajadores, los puestos principales de la junta direcliva de la Cámara fueron ocupados por connotados empresarios y funcionarios gubernamentales. La presidencia quedó bajo el mando del industrial Manuel G. Rivero, varias veces diputado durante el período de Reyes. Es probable que el organismo no haya logrado funcionar debido a los conflictos políticos que desencadenaron Jas acciones armadas de los constitucionalistas. IV. LA REVOLUCION CONSTITUCIONALISTA A) El carrancismo y el movimiento obrero Si bien el proceso revolucionario post-maderista entrelazó varias corrientes ]. Rojas S.: Conflictos y legislación laboral en Nuevo León 197 (la villista, la zapatista, la carraneista y la íloresmagonista), no obstante!ª que determinó su rumbo fue la de los terratenientes del norte del pa1s, representados por Venustiano Carranza. Como se sabe, el punto de referencia del programa político del carrancismo fue el Plan de Guadalupe: tenía como fin desconocer a Victoriano Huerta como presidente y nombrar a Carranza como primer jefe del Ejército Constitucionalista. El documento no contiene programa alguno de reformas sociales. o es sino hasta después de su ruptura con la Convención de Aguascalientes que Carranza -desde Veracruz, en diciembre de 1914- dio a conocer adiciones al Plan de Guadalupe. En ellas se comprometía a expedir y poner en vigor una legislación para mejorar las condiciones del peón rural, del obrero y en gener-dl de las clases proletarias. De una manera más amplia, Carranza expuso sus ideas sobre el problema del trabajo en su discurso del primero de diciembre de 1916, durante las juntas preparatorias del Congreso Constituyente. Carranza planteó reformar la fracción XX del artículo 72 de la Constitución de 1857, mediante el cual se confería al poder legislativo federal facultades para expedir leyes sobre el trabajo con las que se implantaran instituciones de progreso social en favor de la clase obrera y de todos los trabajadores. Carranza hizo además referencia a la reducción de la jornada de trabajo, las responsabilidades de los empresarios en casos de accidente, al ~eguro de-enfermedad y vejez, los salarios mínimos, entre otras demandas. Sm embargo, no abordó el punto atinente al derecho de los obreros a formar sindicatos. A pesar de estos pronunciamientos favorables a la clase obrera, la práctica demostró que Venustiano Carranza estaba muy lejos de pretender realizar reformar profundas sobre sus derechos. Así lo confirmó el decreto de agosto de 1916, con el cual Carranza condenó a pe~a de muc~te a los electricistas que se habían declarado en huelga por meJoras salanales. En los considerandos, Carranza fue tajante en su posición contra los trabajadores, al expresar que si bien la revolución había tenido como u_no de sus principales fines la destrucción de la tiranía capitalista, no hab1a de permitir que se levantase otra tan perjudicial... como sería la tiranía de los trabajadores.23 �198 Siglo XIX Con esto Carranza pagaba el acto de adhesión que un año y medio atrás la Casa del Obrero Mundial le había hecho patente, al formar los Batallones Rojos para combatir a los campesinos revolucionarios zapatistas. Como argumenta un tratadista del derecho mexicano del trabajo Nestor de Buen, "las consecuencias sociales de la revolución, y en particular las contenidas en el Artículo 123, se produjeron no gracias a Venustiano Carranza, sino a pesar de él".24 J. Rojas S:: Conflictos y legislación laboral en Nuevo León 199 l · ·ento del salario mínimo, acabar con la desigualdad entre los estab ecum , d I ah . inf til obreros nacionales y los extranjeros, la prohibicion e tr ªJº an , etc. Justamente en noviembre de 1914, cuando los revolucionarios a~ mantenían controlada la ciudad de Monterrey, los obreros de~~ Comp~1a Minera, Fundidora y Afinadora estaban reclamando la reducc1on de la Jor26 nada de trahajo. B) De Antonio l. Villarreal a la Junta Central de Conciliación y Arbitraje En la exposición de motivos del decreto, el jefe revolucionario ~frece su visión de la sociedad regiomontana y en general de Nuevo Leon de l. La prohibición del trabajo por deudas esos tiempos. Decía Villarreal: A mediados de 1914, Salomé Botello, adicto al huertismo, fue obligado a renunciar por los revolucionarios constitucionalistas. Quedó al frente del estado el general Antonio I. Villarreal, nombrado por V enustiano Carranza. Como resultado de los enfrentamientos armados entre huertistas y constitucionalistas, las actividades económicas de Monterrey se vieron afectadas considerablemente. Se habla incluso de una semiparálisis de la industria, el comercio y las comunicaciones, lo que trajo escasez y el encarecimiento de múltiples productos de consumo popular. Después de tomada la plaza, los revolucionarios procedieron a confiscar los bienes de las personas que habían colaborado con el huertismo, lo que hizo que muchos propietarios de empresas y negocios huyeran y se internaran en los Estados Unidos.25 En este contexto y a un mes de haber tomado posesión de la administración del gobierno de Nuevo León, el general Villarreal emitió ul\ decreto prohibiendo los trabajos personales en compensación por deudas. Resulta interesante hacer notar lo limitado del decreto, particular• mente por cuanto su autor había sido un destacado militante del movi• miento floresmagonista, movimiento que se había caracterizado por representar la corriente más radical del constitucionalismo en relación al problema obrero. El general Villarreal había firmado el programa del Partido Liberal en 1906: contemplaba la reducción de la jornada de trabajo a ocho horas, el En el Estado de mi gobierno -y este debe ser un timbre _de or~ gullo para los nuevoleoneses- puede decirse que n~, existe e proletariado con los caracteres de miseria y abyecc10_n_ ~~e se perfila en la mayor parte de los estados mexic_anos. ~a d1v1s1on de la propiedad, la extendida costumbre de antano arraigad~ d~ celebrar contratos de aparcería con los labradores; la peq~ena industria siempre floreciente; la multitud de escuelas esparcidas por todo su territorio, etc., han contribuido a que sea un p~co menos conflictiva la condición de la causa desamparada y huerfana, objeto de todas nuestras solicitudes... Hasta aquí la parte optimista del documento, que r~ta el pro~eso ~e Nuevo León. Luego menciona el problema que seg~m el revoluc1onar10 era el que más afectaba a algunos sectores de asalanados: las deudas de peones y sirvientes: pero todavía quedan resabios coloniales y restos ~-e tiranía fe~dal; aún existen peones y sirvientes que de ge~erac1on en generación vienen soportando el peso de las cue?t3:8 inacabables debidas a los amos; aún en los talleres y en las fabncas se consum,en_ obreros sin poder redimir ni con su sangre las deudas_de_l patron, , en e1 seno de las familias vegetan, desesperados s1rv1entes aun d ' de todas las clases que no alcanzan jamas a ver el fruto e sus 1mprobos trabajos, porque todo lo abonan a_ la deuda, esa deuda que mientras más se afana por solventarla, mas _c~ece; y es_p_o~ todo lo expuesto, obligación de est~ _gobierno, ~x1gir el sacnf1c10 de los pudientes en auxilio y benef1c10 de los miserables. · Villarreal decretaba·· 1) Queda estrictamente prohibido E n consecuencia, exigir trabajos personales en compensación de deudas; 2) Los contravento- �200 Siglo XIX res serán considerados como enemigos de la causa y castigados severamente; 3) Amos, patrones, etc., quedan_ obligados a dar a conocer este decre~ a los sirvientes de _ambos sexos, fijándolo en lugares visibles; 4) Habrá mspectores para el meJor cumplimiento de esta disposición.27 _ El documento tiene particular significado porque tal vez haya sido Junto con la creación de la Junta Central de C011ciliación y Arbitraje del estado e~ octubre de 1918, la instrumentación jurídica más importante ~e- realIZaron sobre los derechos de los trabajadores de Nuevo León los disbntos grupos revolucionarios que se sucedieron en el poder local.2s El de~reto de Antonio I. Villarreal revela que el trabajo por deudas no era e_~clus1vo para los trabajadores del campo: el general revolucionario tambien hace ~ef~renci~ ~ fábricas y talleres. El sistema de trabajo por ~eudas en las fabncas quIZas tuviera como base las Liendas de raya que func10"1>an en algunas empresas. icuán real era la visión optimista que expresara el general Villarreal en la primera parte del decreto? Aunque el nivel de las investigaciones realiz~das hasta el presente no nos permite hacer generalizaciones, tenía razon _rl general revolucio~rio al comparar la situación de Nuevo León ( que tenia e~ Mo~~errey un area industrializada y con alto desarroUo urbano), con la ~1tuac1on muy d~erente de otros estados de la república en donde p~edommaba la econom1~ agrícola. Acudiendo al estudio de algunos conflictos obreros que se ~egistran durante el gobierno del general Villarreal, nos podemos dar una idea, aunque sea parcial, de las condiciones de trabajo en que se desempeñaban los obreros regiomontanos. . Antes de esto, conviene apuntar un factor que habría de influir decisivamente como estímulo de las luchas obreras: nos referimos a la desarticulación de la aclividad económica como consecuencia de los enfrentamienlos ~~dos, como ya lo mencionamos anteriormente, lo que hará que las peticiones sobre aumentos de salario sean la demanda más frecuente de los movim'.entos huelguísticos. Las otras demandas prioritarias ohrera_s ~ran las relativas a la reducción de la jornada de trabajo y el reconoc1mienlo por parte de las empresas de las organizaciones gremiales. De los conflictos obreros más importantes registrados durante el go- J. Rojas S.: Conflictos y legislación laboral en Nuevo León 201 hiemo del general Villarreal, pueden anotarse los siguientes: a) La huelga del Sindicato de Motoristas y Conductores de la Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza Motriz de Monterrey, empresa de capital extranjero (canadiense) que e11 1916 fue intervenida por el gobierno.29 Esta huelga· generó una división entre los grupos revolucionarios, ya que el general Ildefonso Vázquez envió una escolta de diez soldados, a petición de la empresa, para brindar protección a los empleados de la compañía. En tanto, otro militar revolucionario, el coronel José E. Santos, remitió otro contingente armado el día siguiente de iniciada la huelga con instrucciones para que no se obedecieran las órdenes de los representantes de la compañía, sino únicamente las que emanaran de las autoridades militares. Entre las exigencias de los trabajadores huelguistas figuraban el reconocimiento del sindicato, aumento de 23 centavos por día a los salarios y el retiro de tres empleados de la compañía, entre ellos el superintendente. La empresa no accedió a las demandas obreras. En particular, se negó a reconocer al sindicato y a otorgar el aumento de salarios. Este conflicto tiene particular significación por la crítica que hacen los obreros al movimiento constitucionalista y por la respuesta que diera el general Villarreal a sus delegados, a quienes expresó que no era momento de hacer huelgas.30 b) En octubre de 1914 los obreros de la Compañía Manufacturera de Cerillos, agrupados en el Sindicato de Cerilleros, declaran una huelga, por segunda ocasión, en demanda de la reducción de la jornada de trabajo de 9 a 8 horas, el reconocimiento del sindicato, para que la empresa contratara obreros exclusivamente del sindicato, supresión del uso de fósforo blanco por su alto riesgo para la salud de los trabajadores, cancelación del trabajo . y aumento de salarios. . 31 a destaJO La empresa se niega a satisfacer las peticiones y amenaza con cerrar la planta, despedir a los agitadores y recontratar nuevo personal. Al parecer los empresarios hacen efectiva parte de la amenaza, ya que un año después del conflicto, un grupo de obreros acude: ante el gobierno del estado pidiéndole interceda por ellos para que la empresa los reinstale en sus antiguos puestos de trabajo. · �202 Siglo XIX J. Roja& S.: Conflicto& y legislaci6n laboral en Nuevo Le6n 203 e) Los gremios de la Compañía Minera y Fundidora de Monterrey van a la huelga en noviembre de 1914, en demanda de aumento de 50 centavos al salario y reducción de la jornada de diez a ocho horas.32 se expresaba como la libertad irrestricta de los patrones para contratar fuerza de trabajo según sus necesidades e imponiendo sus condiciones en cuanto a jornada, salario y otros. _, La empresa juzga que la huelga es ocasionada por la acción de unos cuantos descontentos y da a conocer, en carta dirigida al gobierno, que los obreros reciben 25 centavos diarios como premio (anteriormente sólo era para los que trabajaban domingos y días festivos y religiosos), que además ofrece medicinas y servicio médico gratuito y la mitad del sueldo por enfermedad. Lo que sí hicieron los sucesores de Villarreal fue instrumentar medidas para la reconstrucción y la desconfiscación de los bienes, para ganar así la confianza de los empresarios. d) En este mismo período se producen otros conflictos obreros en las fábricas textiles: por aumentos de salarios, por la reinstalación de trabajadores despedidos, por la creación de una bolsa de trabajo para los desempleados y por el reconocimiento del derecho de sindicalización. El general Pablo A. de la Garza, gobernador designado por Carranza en junio de 1915, duró en el cargo -exceptuando los tres meses que ocuparon la plaza los villistas- hasta 1917. De la Garza procedió a desmantelar la Oficina Confiscadora y devolvió los bienes a los propietarios que habían sido afectados por los revolucionarios del gobierno anterior. La otra medida tomada por Pablo A. de la Garza fue la de poner en vigor las antiguas disposiciones del Código Penal reyista, destinadas a castigar la vagancia y la mendicidad. 3. Las huelgas de l 918 Finalmente, es importante anotar que durante el gobierno del general Antonio l. Villarreal se fundó la que, tal vez, haya sido la primera organización multisindical del estado: La Federación del Trabajo de Nuevo León, en octubre de 1914.33 Aunque al parecer fue una organización que no agrupaba a los sindicatos y uniones obreras de las grandes empresas, no dejó de tener representatividad. Los sindicatos fundadores de la Federación fueron los panaderos, albañiles, carpinteros, pintores, curtidores y zapateros. 2. De la confiscación a la reconciliación Los gobernadores que sucedieron al general Villarreal hasta la promulgación de la Constitución local, en diciembre de 1917, no tuvieron ni el tiempo ni quizás la intención de introducir reformas significativas en favor de los asalariados. La reiterada demanda obrera de que les reconocieran sus organizaciones gremiales se topó con un empresariado que no estaba dispuesto a aceptar un poder extraño dentro de la fábrica. De aceptarlo, significaría renunciar a la vieja práctica del capitalismo liberal de la época reyista, que El primer gobierno constitucional fue el de Nicéforo Zambrano: tomó las riendas del estado en mayo de 1917 y permaneció hasta 1919. Durante la administración de Zambrano se expidió la Constitución de Nuevo León, se eligió la primera legislatura constitucional y se fundó la Junta Central de Conciliación y Arbitraje de Nuevo León. Entre 1917 y 1918 se computó un gran número de huelgas en las cuales se vieron involucradas las más importantes empresas: las fundiciones, las cuatro fábricas textiles (La Leona, la Fama, el Porvenir y la Industrial), la Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza Motriz, la Cervecería Cuauhtémoe. También, los maestros de las escuelas municipales de Monterrey. Fue un período de auge huelguístico en demanda de aumentos salariales, reinstalación de obreros despedidos, firma de contratos colectivos, aplicación de la Ley sobre Accidentes de Trabajo, reducción de la jornada y reconocimiento de las organizaciones gremiales. La mayoría de esos movimientos exigían el cumplimiento de las dis- �204 Siglo XIX J. Rojas S.: Conflict-Os y legislación laboral en Nuevo León 205 posiciones del Artículo 123 de la Constitución Federal, recientemente aprobado, lo que daba a las demandas obreras legitimidad frente al Estado y frente a los empresarios. condiciones que probablemente existían en otras empresas de la misma rama. El documento es importante, también, porque los obreros toman como referencia lo estipulado por el Artículo 123. Decía: Conviene tener presente que detrás de esta avalancha de acciones obreras se encontraba una serie de hechos que tomaba difícil la situación de la población trabajadora. Entre ellos cabe mencionar la sequía que azotó la región desde 1914 hasta 1917, provocando una reducción considerable de la producción agrícola; y las dificultades para importar alimentos de Estados Unidos, debido a la Primera Guerra Mundial. Ello trajo como consecuencia la escasez de alimentos y su encarecimiento. a) "no se respeta la jornada nocturna de 7 horas en varios departamentos" (por lo cual los obreros exigen el tiempo extra, como lo estipulaba la fracción 1 del art. 123). b) ''La empresa no concede el día de descanso semanal obligatorio". c) "No existe el reparto de utilidades". , d) ''Los técnicos extranjeros ganan de 6 a ~ pesos po~ d1~, en ~to que los obreros mexicanos que realizan el mJSmo trahaJO solo reciben de 2 a 3 pesos". e) Se pedía que el gobierno nombrase una comisión del Consejo Superior de Salubridad para que inspeccionara las casas de los obreros, ya que carecían de los servicios más elementales. f) "No se respeta la ley contra accidentes de trabajo. Solo existen en el interior de la empresa, para atender los accidentes, agua oxigenada, alcohol y petróleo" ( reconocen los servicios de un médico en la planta, pero pocas veces lo localizaban. Agregan una descripción de las condiciones antihigiénicas que prevalecen en la fábrica). g) ''La empresa no respeta el derecho de los obreros a organizarse en sindiéatos" ( denuncian que fueron despedidos en masa los miembros 35 de la directiva del sindicato). Otro factor que contribuyó a agravar aún más la situación de la población, fue la epidemia de fiebre española que tuvo lugar a mediados de 1918. Según los informes del gobernador Zambrano, provocó alrededor de 5 600 defunciones.34 Ante la ola huelguística y las dificultades para resolver los conflictos sólo bajo sus buenos oficios, y como consecuencia del mandato constitucional, Zambrano resuelve convocar a las uniones y sindicatos obreros, así como a los gerentes de las negociaciones industriales y al presidente de la Cámara de Comercio de Monterrey. Su objetivo era constituir la Junta Central de Conciliación y Arbitraje del estado (JCCyA), de acuerdo con los términos del texto constitucional (que en su preámbulo y la fracción X facultaba a los gobiernos de los estados a legislar en materia del trabajo). En marzo de 1918 quedó instalado el organismo conciliatorio, integrado por cinco miembros: dos patrones, dos obreros y un representante del poder público. Desde sus primeras intervenciones en los conflictos obrero-patronales, el organismo oficial enfrentó las reticencias de los empresarios, que no acataban los fallos emitidos por la Junta, sobre todo los extranjeros. A dos meses de haberse constituido, la Junta intervino en el conflicto de los trabajadores siderúrgicos y metalúrgicos. Los representantes obreros enviaron una carta al gobernador Zamhrano exponiéndole la actitud del gerente de la compañía ASARCO, quien no acataba las disposiciones emitidas por la Junta. Es importante citar algunos de los puntos de la carta porque reflejan las concliciones de trabajo en la fábrica mencionada, El gerente de ASARCO envió al gobierno del estado una respuesta a las denuncias formuladas, negando su veracidad. Los obreros deciden lanzarse a la huelga poco tiempo después. En general, la actitud adoptada por el primer gobierno constitucional no fue más allá de la conciliación de los conflictos. Hasta ahora no se han encontrado referencias que indiquen que se haya inclinado en favor de los asalariados. Por el contrario, en algunos casos apoyó abiertamente a los empresarios y no faltó ocasión para que amenazara con reprimir los mo~mientos de huelga, como el promovido por los trabajadores del Ferrocarril 36 Constitucionalista en septiembre de 1918. Los conflictos más agudos estallados en 1918 fueron los de las fundiciones ASARCO, Compañía de Minerales y Metales, Fundidora de Fierro y Acero, Compañía Fundidora y Afinadora Monterrey y Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza Motriz. �206 Siglo XIX A principios de junio de 1918, los obreros de Fundidora de Fierro y Acero declaran un paro exigiendo de la empresa el pago de tiempo extra por el trabajo de los domingos. Ante la negativa de la gerencia, buscan la solidaridad entre compañeros de las otras fundiciones. Se suman los tranviarios, quienes incorporan su rechazo a un nuevo reglamento que quiere imponerles la empresa. El movimiento de las grandes fundiciones amplía su pliego de demandas al incluir el reconocimiento de las uniones gremiales y sindicales, el cumplimiento de la Ley de Accidentes de Trabajo, mejorar la higiene y seguridad en el interior de las fábricas y que ningún trabajador sea despedido sin causa justificada. El conflicto obliga a realizar un congreso de sociedades obreras, con el objeto de conjuntar fuer.i;as y así hacer una mayor presión sobre los patrones. Las huelgas concluyen con la firma de sendos convenios en los cuales los trabajadores logran sacar adelante la mayoría de las demandas. Esto sucedió el 10 de junio de 1918. Pero un mes después, los trabajadores vuelven a promover paros y otras acciones en protesta porque los empresarios se niegan a cumplir con lo pactado el 10 de junio. El gobernador de Nuevo León, en su informe de 1918, expuso los resultados finales de los movimientos huelguísticos registrados durante ese año. Informó que los obreros tranviarios fueron cesados en masa; los de la Fundidora de Fierro y Acero regresaron al trabajo sin haber conseguido solución alguna a sus demandas; en tanto que los obreros de ASARCO y de la Compañía Fundidora y Afinadora Monterrey (Peñoles) habían levantado sus huelgas por solidaridad.37 Dos años después, en 1920, se vuelven a plantear, en las mismas empresas, excepto en la de tranvías, nuevas acciones huelguísticas por las mismas causas que motivaron las de 1918. . Puede anotarse que estos movimientos huelguísticos constituyeron las primeras grandes derrotas que sufrió la clase obrera regiomonlana, según se desprende de la documentación estudiada. J. Roj<U S.: Conflictos y legislación laboral en Nuevo León 207 CONCLUSIONES PRELIMINARES En vista de que el trabajo desarrollado constituye un primer acercamiento al tema sobre la problemática obrera durante el período aludido, no es posible derivar conclusiones consistentes. Sólo se puede dejar apuntado que en la documentación revisada se observa que los distintos grupos de revolucionarios que se sucedieron en el gobierno del estado, desde el maderismo hasta el primer gobierno constitucional no lograron instrumentar acciones legislativas de fondo que ampararan 1~ derechos fundamentales de los trabajadores (to~avía en 1918 el Secretario General de gobierno recomendaba a la gerencia de la Compa• ñJa de Tranvías Luz y Fuerza Motriz la instalación de una tienda de raya, , • 38 como tenían otras empresas de la localidad). De una manera preliminar se puede dejar anotado que en términos comparativos con otros estados, Nuevo León muestra un apreciable retraso en el reconocimiento y reglamentación de algunos de esos derechos: de huelga, reducción de la jornada, y prohibición del LTabajo infantil, entre otros. Como se sabe, el texto constitucional de 1917 contemplaba en el Artículo 123 el amparo de tales derechos, además de facultar a los congresos de las entidades federativas a legislar en materia laboral. A partir del mandato constitucional, los estado~ que primero reconocieron y legislaron sobre el derecho de huelga -.segun Alberto Trueba Urbina- fueron Veracruz, Yucatán y Nayarit en 1918; Sonora en 1919; Coahuila y Sinaloa en 1920; Michoacán y Puebla en 1921. En Nuevo 39 León no se decretó hasta 1924. La diferencia resulta todavía más notable si se compara a otros aspectos de la legislación laboral realizada en otros estados antes que se promulgara la Constitución de 1917. Para ilustrar lo anterior vale la pena c!~ a Mario de la Cueva, sobre la acción legislativa promovida por los pn· meros gobiernos revolucionarios post-maderistas: (... )Después de la caída de Huerta, enjulio de -~914, los jefes de las tropas constitucionalistas iniciaron la creac1on de leyes protectoras de los trabajadores. ., E.l 8 de agosto de 1914, se decretó en Aguascalientes la reducc1on �208 Siglo XIX de la jornada de trabajo a 8 horas; se impuso el descanso semanal y se prohibió cualquier reducción de los salarios. El 15 de septiembre del mismo año se dictó en San Luis Potosí un decreto fijando los salarios mínimos. Cuatro días después se fijaron en el estado de Tabasco los salarios mínimos, se redujo a ocho horas la jornada de trabajo y se cancelaron las deudas de los campesinos. En Jalisco, Manuel M. Diéguez expidió un decreto sobre jornada de trabajo, descanso semanal obligatorio y vacaciones; el siete de octubre, también en Jalisco, Aguirre Berlanga publicó un decreto que tiene el mérito de ser la primera ley del trabajo de la revolución constitucionalista, sustituido y superado por el del 28 de diciembre de 1915 que contenía: jornada de trabajo de 9 horas; prohibición del trabajo de los menores de 9 años; salarios mínimos en el campo y en la ciudad; protección del salario; reglamentación del trabajo a destajo; aceptación de la teoría del riesgo profesional y creación de las juntas de conciliación y arbitraje. El cuatro de octubre de 1914, se dispuso el descanso semanal en el estado de Veracruz y el 19 del mismo mes, Cándido Aguilar expidió la ley del trabajo del estado, cuya resonancia fue muy grande en toda la República: jornada máxima de 8 horas, descanso semanal, salario mínimo, teoría del riesgo profesional, inspección del trabajo y reorganización de la justicia obrera. Un año después se promulgó en el mismo estado, la primera ley de asociaciones profesionales de la República. En el mismo año de 1915, el general Salvador Alvarado se propuso réformar el orden social y económico del estado de Yuca• tán, a cuyo efecto expidió las leyes agrarias, de hacienda, del catastro, del municipio libre y del trabajo. Esta última reconoció y declaró algunos de los principios básicos que más tarde integrarían el Artículo 123 de la Constitución de 1917 .40 J. Rojas S.: Conflictos y legi,loción laboral en Nuevo León 209 NOTAS l. Código Penal del Estado de Nuevo León, art. 808, delitos contr~ el orddenNpÚ• blito. Capítulo primero: vagancia y mendicidad. Imprenta del gobierno e uevo León, 1893. 2. [bid., capítulo XHI, art. 877, penas contra las huelgas. 3. La voz de Nuevo León, marzo 26 de 1898. 4 _ Código Civil del Estado de Nuevo León, capítulo V del contra~o de aprendi·zaje. Impreso en 1891 y reimpreso con sus reformas correspondientes en 18 99 Y 1906. 5. Francisco l. Madero, La Sucesión Presidencial, Editora Nacional, México, 1967. p.279. 6. Código Penal del Estado de Nuevo león, cit., art. 394, del robo sin viole;cia.: particular la reforma al art. 395. fracción VHI : "S~ impondrá _la pena e ro__ sin violencia en los términos siguientes: al que habiendo obterudo la prestac1on de servicios por jornal no pagara la retribución debida, conforme a los artículos 2391 y 2392 del Código Civil del Estado de Nuevo León ..." 7. Monterrey News, febrero 22 de 1907. 8. Ley Sobre Accidentes de Trabajo, Gobierno del Estado de Nuevo León, noviembre 9 de 1906. Desde mucho antes que se expidiera la Constitución de 1917 se habían puesto en marcha ya, en varios estados, importantes reformas en favor de 41 los asalariados. Nacionalmente, la reglamentación del Art. 123 consti• tucional no se realizó hasta 1931, cuando se expide el Código Federal del Trabajo. Previamente, el presidente Emilio Portes Gil, en 1929, había promovido la primera reforma al Art. 123 federalizando la facultad de legislar en materia de trahajo.42 9. /bid. 10. lbid. u. Santiago Roel, La Ley del trabajo. Apuntes y breves comentarios, Talleres L. Canlú Leal, Monterrey, 1931. 12. Ley Sobre Jornales, Imprenta del Gobierno del Estado de ~uevo León, 1908. 13. Mario Cerutti, Burguesía y capitalismo en Monterrey (1850 -1910), Claves Latinoamericanas, México, 1983, pp.146-149. 14. Cerutti, obra citada, p. 149; Archivo General del EstadoCde alNuev; León (AGENL), documento sobre huelga en Fábrica de Vidrios y rist es, cretaría de Relaciones Exteriores, 1903. �210 J. Roj<u S.: Conflictos y legislación laboral en Nuevo León Siglo XI>. 15. Cerutti, obra citada, p.162. 211 traje del estado. 16. Madero, obra citada, pp. 211-16. 29. AGENL, carta enviada por el Sindicato de Motoristas y Conductores al general Antonio l. Villarreal, noviembre 24 de 1914, Conclu ídos. 17. Ramón Eduardo Ruiz, La revolución mexicana y el movimiento obrero 19111913, Era, México, 1978, p. 58. · 30. /bid. 18. Cerutti, obra citada, pp. 68 y ss; Cerutti, "Militares, terratenientes y empresarios en el noreste. Los generales Treviño y Naranjo {1880-1910)", en Mario Cerutti {~rd.). ~onterrey, Nuevo León, el Noreste. Siete estudios históricos, UniverSidad A utonoma de Nuevo León, Monterrey, 1987, especialmente anexo sobre empresas con participación del general Treviño. 31. AGENL, comunicación del Sindicato de Cerilleros enviada a la gerencia de la empresa, 9 de octubre de 1914. Correspondencia de gobernadores. 19. Isidro V~cay_a ~ales: Los orígenes de la industrialización de Monterrey (18671920), E di tonal Librena Tecnológico, Monterrey, I 971, pp. 127-128. 33. AGENL, carta enviada por el Comité Directivo de la Federación del Trabajo de Nuevo León. Octubre de 1914. Varias carpetas. 20. Eduardo Ruiz, citado, p. 63. 34. Memoria del gobernador Nicéforo Zambrano, septiembre de 1918. 21. Aspectos_ de la gestión de Botello pueden consultarse en Rocío González M · El huertismo en Nuevo León. Un caso: Salomé Botello Monterrey Arch%: General del Estado de Nuevo León, 1985. ' ' 35. AGENL, comunicación de los representantes obreros ante la Junta Central de Conciliación y Arbitraje, dirigida al gobernador del estado, 22 de mayo de 1918. 22. AGENL, Acta constitutiva del comité organizador de la Cámara del Trabajo de Nuevo León, Concluidos, caja sin número, 16 de agosto de 1913. 36. AGENL, carta de la Unión de Mecánicos Mexicanos Suc. No. 9, dirigida algobernador del estado 27 de noviembre de 1918. 23. Eduardo Ruiz, citado, p. 81. 37. AGENL, Informe del gobernador Zambrano, 1918. 24. Nestor de Buen, Derecho del trabajo, Ed. Porrúa México 1977 2 tomos vol J p.299. ' ' ' ' . ' 38. AGENL, del Secretario General de gobierno, licenciado M. Treviño, a la Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza Motriz, 25 de febrero de 1918, Concluidos, caja 2. 25. O~a_r Flores T?~es, "La presencia de la continuidad en el cambio. Grupos econormcos Y poi 1ticos en Monterrey 1909-1923". Ponencia presentada en Seminario de Historia Regional, organizado por la Asociación de Historiadores Profesionales de Noreste de México, A. C., Monterrey, 11 al 13 de febrero de 1986· González Maíz,citado. ' 26. AGENL, comunica~ión enviada por el Sndicato Obrero Fundición No. 2, dirigíal _empresario Vicente Ferrara el 23 de noviembre de 1914, Concluídos, caja sm numero. ~ª 27. AGENL, decreto del gobernador y comandante militar de Nuevo León general Antonio l. Villarreal, 7 de mayo de 1914. ' 28. Hasta el momento se dispone sólo de información acerca de medidas legislativas concretas para el amparo de los asalariados regionales desde 1922: cuando se decret_:m la jo~ada de ocho horas y el domingo como descanso obligatorio. Dos anos despues el general Porfirio G. González reconoce el derecho de huelga contenido en la reglamentación de la Junta Central de Conciliación y Arbi- 32. AGENL, documento del Sindicato Obrero de la Fundición No. 2, miembro de la Casa del Obrero· Mundial, 23 de noviembre de 1914. Varias Carpetas. 39. Alberto Trucha Urbina, Evolución de la huelga, Ed. Botas, México 1950, pp. 133 y SS. 40. Mario de la Cueva, El nuevo derecho mexicano del trabajo, 2 vols., Ed. Porrúa, México, 1984, tomo I, pp. 45-46. 41. En Nuevo León podemos enlistar las siguientes reformas laborales a partir de su fecha de expedición: Ley Sobre Accidentes de Trabajo 1906; Ley Sobre Jornales, 1908 : Decreto prohibiendo el trabajo por deudas, 1914; Creación de la Junta de Conciliación y Arbitraje, 1918; Reglamentación de la jornada máxima y Descanso Dominical, 1922 ; Derecho de huelga y Prohibición del trabajo infantil, 1924. 42. Emilio Portes Gil, Quince años de política m exicana, Ed. Botas, México, 1941. �.... ts;¡ ANEXO ts;¡ LEGISLACION SOBRE DERECHOS LABORALES en cj¡¡· Según el año en que fue emitida en diversos estados o ~ ~ Derecho huelga Estado Reducción jornada Salario mínimo Descanso semanal Prohibición trab. infantil Distrito y T. Federales 1917 1917 1917 1917 1917 Yucatán 1915 1915 1915 1915 1915 Veracruz 1918 1914 1914 Nayarit 1918 Sonora 1919 Sinaloa 1920 Coahuila Michoacán ,, Accidentes de trabajo 1904* 1914 1920 1911 Puebla 1921 Durango 1922 San Luis Potosí 1922 Chihuahua 1922 Querétaro 1922 Jaliseo 1923 Guanajuato 1924 Nuevo León 1924 Campeche 1924 ~ Colima 1925 Oaxaca 1926 ~ ~ o Tabasco 1926 Tamaulipas 1926 '< Zacatecas 1927 { Chiapas 1927 Hidalgo 1928 Aguascalientes 1928 1914 1914 1915 1914 1915 1922 1924 1922 1924 1906 ~ ~ a· 1914 1914 1914 'S ¡:;· ~ g" 5: :, IS" 1914 1914 1914 g2'.. "' :, que se indica. Durante la batalla contra Villa en Celaya (abril de 1915), Obregón expidió un decreto estableciendo el salario mínimo y haciéndolo extensivo a los estados de Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Guanajuato. r El cuadro fue elaborado a partir de la información contenida en las siguientes obras: Alberto Trueba Urbina, Evolución de la huelga, Ed. Botas, México, 1950, pp 133-236. Mario de la Cueva, El r1uevo derecho mexicano del trabajo, Ed. Porrúa, 2 tomos, México, 1984, vol. 1, pp. 50-52. Nestor de Buen, Derecho del trabajo, Ed. Porrúa, 2 tomos, México, 1977, vol. I, pp. 300-305. w * La primera ley sobre accidentes de trabajo fue expedida en el Distrito Federal por el gobernador Francisco Villalda, en el año [:, .... ts;¡ �EL MONOCULTIVO IIENEQUENERO Y SUS CONTRADICCIONES Estructura de Dominación y Formas de Resistencia en las Haciendas Yucatecas a fines del Porfiriato Gilbert M. Joseph* Allen Wells** INTRODUCCION iSí son conscientes!. .. En sus pechos los peones acasillados sienten odio y un deseo de venganza en contra de sus amos y de las autoridades que ayudaron a esclavizarlos. Tomás Pérez Ponce La sensacional entrevista con Tomás Pérez Ponce, defensor público y organizador laboral radical, publicada a mediados de 1911 en El Ciudadano. fugaz diario de Mérida, debe haber disgustado a los hacendados henequeneros de Yucatán, acostumbrados a dominar las condiciones del debate tanto en la prensa local como en sus fincas. 1 Pérez Ponce, calificado por periodistas pagados por los hacendados como "el líder del peonaje", exigía en forma provocadora el fin del acasillamiento del peonaje, la libertad *University of North Carolina, Chapel Hill (USA). **Appalachian State University y Bowdoin CoUege (USA). Los autores agradecen el apoyo recibido, para la investigación y para la redacción de este ensayo, del Center for U.S. Mexican Studies (University of California, San Diego), la American Philosophical Society, el University Research Comittee of Appalachian State University y del lnstitute of Latin American Studies de la University of North Carolina, Chapel Hill. Traducción de Isabel Cristina Mata Velázquez y Miguel A. González Quiroga. �216 Siglo XIX Joseph Y Wells: Dominación y resistencia en las haciendas yucatecas 217 de movimiento para los jornaleros del campo2 y mejores salarios para los trabajadores del henequén. El advenedizo abogado, que había pasado la mayor parte de los últimos años del porfiriato en la penitenciaría Juárez de Mérida por movilizar obreros urbanos y rurales, y por su desatada crítica de la oligarquía, aprovechaba ahora la apertura maderista para hacer públicas sus visitas a las haciendas de la zona henequenera.3 que El Ciudadano concedió amplio espacio a Pérez Ponce para la exposición de sus radicales puntos de vista, el diario morenista mantenía distancia de esos comentarios. Una cosa era reclutar la ayuda de agitadores, y otro muy distinta apoyar el tipo de cambios radicales y la lucha de clases que Pérez Ponce había hecho suya. En la entrevista (que llevaba el conveniente título de "La gravísima cuestión agrícola'), Pérez Ponce señalaba con astucia que el culpable de este nefasto régimen laboral eran las demandas incesantes del monocultivo del henequén. Es evidente que los problemas planteados por la entrevista guardaban el propósito de asustar a los terratenientes de la región. Los morenistas en busca del poder tenían mucho que ganar, al menos a corto plazo, al fo. mentar el caos en la porción noroeste de la península: su intención era maquinar un desasosiego "manejable" que provocara el derrocamiento del gobernador maderista, José María Pino Suárez. En su alegato a favor de la diversificación, prevenía a los henequeneros de que, a menos que se suavizara la despiadada presión de la producción mediante la siembra de maíz y frijol, y con la reintroducción de la cría de ganado en la zona henequenera, existía la posibilidad de ,¡ue los peones acasillados - hartos de que los terratenientes y políticos locales los embaucaran y se aprovecharan de ellos- recurrieran a la violencia contra sus antiguos amos y escaparan a los pueblos, cabeceras y centros urbanos aledaños: Mérida, VaUadolid y Progreso. Enseguida, Pérez Ponce exhortaba a los jornaleros para que desconocieran sus "ilegales" deudas y abandonaran sus fincas. Si los jefes políticos los arrestaban y los hacían regresar a la hacienda, sus familiares deberían comunicarselo: Pérez Ponce aseguraría que "las autoridades hicieran cumplir las leyes".4 Tan descarada agitación hubiera sido inconcebible die~ años antes. La puhlicación de la entrevista en julio de 1911 es significativa por varias razones: desde el punto de vista político, demuestra la voluntad de una facción elitista descontenta, conocida localmente como los morenistas (por su abanderado, el periodista Delio Moreno Cantón), de recurrir a elementos progresistas de la sociedad meridana.5 Frustrados en sus intentos previos por alcanzar el poder en el estado, los morenistas sentían que no tenían más alternativa que adherirse a organizadores del estilo del elocuente Pérez Ponce, que tenía importantes contactos con las clases trabajadoras urbana y rural. Por otra parte, la entrevista señalaba el reconocimiento de las élites de que el problema "laboral" mral era lo que había que plantearse -al menos en forma retórica- como el quid pro quo para lograr el apoyo de persuasivos hombres claves, o de agitadores como Pérez Ponce, durante los primeros meses del período maderista. Resulta interesante que, mientras No obstante, la libertad de movimiento que Pérez Ponce preconizaba en 1911 para los trabajadores del henequén, habría amenazado la esencia del monocultivo al socavar de un modo efectivo las relacio~es sociales de 1 producción. Si los jornaleros partían de sus fincas hacia lQ.s pueblos y ciudades aledañas para convertirse en lo que entonces llamaban ''hombres libres", el mundo que los henequeneros conocían se vería en serio peligro. El hecho de que esta cuestión pudiera salir a la luz pública en forma tan dramática y abierta da fe de las divisiones que existían en Yucatán en las postrimerías del porfiriato. El descontento rural, generalizado de 1907 a 1911, permitió a facciones elitistas descontentas (como los morenistas, que luchaban por el control político del estado) reclutar peones de hacienda y campesinos marginados para participar en el mosaico de jacqueries, disturbios y rebeliones que estremeció la península en los años iniciales de la Revolución. Este ensayo no intentará desenmarañar por completo la madeja de contradicciones políticas, económicas y sociales que fomentó las olas de rebelión por todo el estado durante los primeros años de la Revolución (verdaderas "tiempos de rebelión" que sólo con grandes dificultades fueron reducidos a la inocuidad por las élites y las autoridades locales hacia mediados de 1913). Se dedicará -tan sólo- a examinar las posibilidades y limitaciones de la movilización dentro de una de las regiones más importantes de Yucatán: la zona henequenera.6 Es interesante notar que, tal vez debido a las comparaciones con otras regiones mexicanas que sufrieron un pasado revolucionario más violento, los historiadores modernos siempre han subestimado la resistencia �218 Siglo XIX ]<>&>eph y Wells: Dominación y resi.stencia en las haciendas yucatecas 219 que el campesinado yucateco mostrara antes del derrocamiento del dominio oligárquico por el Ejército Constitucíonalista del Sureste, al mando del general Salvador Alvarado, en marzo de 1915. En particular se ha malinterpretado el comportamiento social y la mentalidad de los peones acasillados: a diferencia de los hacendados porfiristas y de su adversario Tomás Pérez Ponce, los escritores modernos han desestimado la capacidad de los peones para oponerse o protestar ante las demandas de sus amos. explícita la estructura de dominación formada por el Estado y los hacendados, que obstaculizó las posibilidades de movilización en la zona henequenera durante sus años de auge; 2) relatar el amplio espectro de formas "rutinarias" y "cotidianas" con que los peones respondían a las exigencias del monocultivo; y 3) esbozar a grandes rasgos las intensas contradicciones sociales que alimentaron reiterados ciclos de desasosiego en todo el área rural yucateca durante los años finales del ancien régime. Los henequeneros usaban con efectividad la táctica de la zanahoria y el garrote: mezclaban incentivos paternalístas y cierto grado de seguridad con mecanismos restrictivos de coerción y aislamiento. No es de sorprender, por tanto, que sus sirvientes carecieran del potencial revolucionario - "movilidad táctica", según Eric Wolf7 - tan evidente en los comuneros, vaqueros, mineros y campesinos serranos que formaron los ejércitos revolucionarios del centro y norte de México. No obstante, y por la misma razón, los peones acasillados que se afanaban en las haciendas henequeneras de Yucatán no eran de naturaleza pasiva. Su representación en la literatura histórica como una masa despreciable de dóciles sirvientes es una profunda exageración. Lo más irónico es que tal descripción hace evocar los estereotipos de aquella época propuestos (por muy distintas razones) por cronistas extranjeros hipercríticos y apologistas henequeneros por igual.ª Primero, empero, caracterizaremos de modo breve la hacienda henequenera, con especial atención en el problema particular que el monocultivo representaban para las relaciones laborales en dicha zona. Nuestra propia investigación en el Ramo de Justicia del Archivo General del Estado de Yucatán sugiere una caracterización muy diferente del campesinado de fines del porfiríato. En particular, modifica la idea generalizada en cuanto a la incapacidad de los acasíllados para resistir a sus amos. Afirmamos que sí bien la estructura de dominación característica del monocultivo del henequén restringía el potencial de insurrección autogenerada en las fincas, a menudo no podía evitar que los acasillados se unieran a revueltas originadas en los alrededores de la zona henequenera en los inicios de la era revolucionaria. Además, el hecho de que los peones yucatecos no se rebelaran tan abiertamente como los comuneros que residían fuera de la zona henequenera, no significa que no resistieran al régimen de monocultivo. Por el contrario, sus testimonios personales así como otros documentos locales sugieren que participaban "en formas de resistencia cotidianas" mas silenciosas: resultaban a la larga más seguras y exitosas para impugnar, simbólica y materialmente, los acelerados ritmos de trabajo y otros aspectos poco gratos del monocultivo henequenero. Este ensayo, por lo tanto, se ha fijado las siguientes metas: 1) hacer LA HACIENDA HENEQUENERA: UNA INSTITUCION HIBRIDA El mundo que en las haciendas forjaron durante el auge henequenero peones y propietarios -mundo en buena medida autosuficíente- abundaba en inconsistencias. El boom de finales de siglo fue tan repentino que no logró horrar los vestigios de la hacienda maicero-ganadera, unidad productiva que había dominado el área noroccidental entre 1760 y 1850. Una breve comparación del monocultivo del henequén con el complejo azucarero, su equivalente caribeño de mayor desarrollo, confirmará que las fin. cas henequeneras nunca llegaron a convertirse en plantaciones comerciales modernas. Mientras que la industria azucarera del Caribe utilizó técnicas nuevas para separar los sectores agrícola e industrial, y con ello hizo crecer la productividad y la eficiencia durante la parte final del XlX, los henequeneros yucatecos no realizaron cambios importantes durante el auge en los medios y factores de producción. El complejo agro-industrial azucarero se singularizaba por ser una propiedad· corporativa, con amplia capitalización, ganancias máximas y una fuerza laboral diversificada (aunque dependiente), organizada para abastecer un mercado distante pero considerable. Todo ello característico del prototipo de plantación. En contraste, la síncrética finca henequenera de Yucatán, en lugar de la administración corporativa, quedaba en la categoría de propiedad familiar; se caracterizaba por una clase empresarial que deseaba seguir los pasos de sus antecesores, con desmesuradas aspiraciones de status que inhibían la reinversión de las ganancias; y enfrentaba una crónica insuficiencia de capitalización como consecuencia de las volubles fluctuaciones del precio de la fihra en el mercado mundial. El resultado era un tipo de finca engranada �220 Siglo XIX a las operaciones comerciales modernas, pero carente de una clase gerencial y propietaria con sofisticación suficiente para completar su transformación.9 Si bien la hacienda henequenera pudo haber tenido semejanzas físicas con la plantación comercial moderna -maquinaria de reciente creación, sistemas internos de transportación tipo decauville, y cultivo intensivo del producto básico- la propiedad familiar, la administración y la mentalité continuaron infundiendo a la institución características de la hacienda anterior al advenimiento del henequén. Símbolo de una sociedad rural en medio de un complicado proceso de transición, la mejor caracterización de la finca henequenera es la de una institución híbrida que conservaba algunos de Jos rasgos de su antecesora, la hacienda maicero-ganadera, pero que reflejó ya inevitables ajustes de tecnología, mano de obra e infraestructura. Parece que la emergencia de una sociedad de plantación plenamente desarrollada se encontraba inhibida - también- por vestigios persistentes de la institución anterior, como en particular, la forma en que los hacendados enfrentaban sus problemas de mano de obra. En el modelo de plantación clásica, los administradores se sirven de un mercado laboral libre (o relativamente libre) y pagan salarios en efectivo. 10 A diferencia de la hacienda, la plantación moderna no tiene que depender de las deudas ni cultivar una relación patemalista. Por el contrario, las fincas henequeneras se parecían más a su escasa· mente capitalizada antecesora, la hacienda maicero-ganadera, que " ... comprometía a la mano de obra ·por medios distintos al salario en moneda ". 11 Los terratenientes seguían dependiendo de prácticas laborales tra• dicionales como el acasillamiento de peones y la tienda de raya para asegurar un régimen de mano de obra dependiente e impedir la movilidad. Por otra parte, las técnicas coercitivas como el uso de la fuerza bruta y la manipulación de deudas iban aparej~das con métodos más sutiles e indirectos como el reparto de parcelas de subsistencia y la "institucionalización de las relaciones personales entre el empleado Y el patrón", 12 para asegurar una fuerza laboral sumisa al menos en apariencia. Como resultado de su preferencia por la mano de obra dependien· te y del rápido auge, los propietarios de Yucatán se enfrentaron con la nada envidiable tarea de convertir las tradicionales relaciones de tra- Joseph y Wells: Dominación y resistencia en lai haciendas yucatecas 221 bajo de la hacienda en la disciplina rigurosa que se requería para la producción del henequén. Forzadas por la demanda norteamericana, las exportaciones subieron de 30 000 pacas de fibra cruda en la década de 1870, a más de 600 000 por afio en la década de 1910. lnevitablemente, en la medida que la economía henequenera se comprometía más y se subordinaba a las demandas del capitalismo internacional, las condiciones de trabajo se tomaban cada vez más rigurosas. Los encargados y sus capataces mayas (mayacoles) guiaban las cuadrillas de peones que limpiaban, sembraban, deshierbaban y cosechaban la fibra durante todo el año. Por otra parte, la desfibradora, equivalente industrial del ingenio azucarero localizada en la finca misma, requería equipos de trabajadores disciplinados que quitaban la corteza y comprimían miles de pencas de henequén al día. Empero, lo que resulta más interesante es que la naturaleza de la producción del henequén no hizo necesario un conjunto de especialistas entrenados que se hiciera cargo de tareas agrícolas e industriales específicas. Si bien los adelantos tecnológicos aumentarían la capacidad productiva, la industria henequenera nunca exigió una fuerza laboral especializada, sino un grupo cuantioso y móvil de trabajadores que se desempeñara en todas las fases de la producción, según las circunstancias. A diferencia de la caña de azúcar, el agave fibroso se cosechaba durante todo el año, pbr lo que requería de mano de obra permanente, descartando desde el punto de vista admirústrativo los esquemas de empleo temporal de mayor flexibilidad y rendimiento. En esencia, el monocultivo del henequén gestó relaciones sociales que en cierto modo semejaban un proletariado rural ( cuadrillas de trabajo rutinario, trabajo a destajo, salario diario y una economía casi de contado) pero, en otros aspectos, seguía encamando muchas de las características de la paternalista hacienda maicero-ganadera. Aunque las condiciones laborales en la híbrida finca henequenera eran en realidad más pesadas que las de su antecesora de cultivo extensivo, continuó ofreciendo una medida esencial de seguridad a los peones acasillados, por lo menos, como veremos, hasta las postrimerías del porfiriato. Las nuevas disposiciones agrarias y laborales implicaban la total dependencia de los mayas con relación al amo y al encargado para procurarse alimentos, leña, agua, auxilio contra el hambre, justicia, protección, servicio médico y otras ayudas. Para los peones yucatecos, la vida en la hacienda henequenera representaba una especie de pacto: la institución del monocultivo les ofrecía un mínimo de seguridad, pero a costa de su autono- �222 Joseph y Wells: Dominación y resistencia en las haciendas yucatecas Siglo XIX mía. Aun c~ando los p~~es residentes mostraban la mayor preocupación por el sentido de estabilidad y seguridad que las nuevas relaciones social~ f?m~ntahan, los henequeneros perseguían un proyecto muy distinto: dismmmr el contacto directo entre ellos y sus siroientes. A diferencia de sus_ padres Y ab~elos, esta generación de terratenientes consideraba prioritar1ame~te a. sus fincas como inversión comercial, y en segundo lugar como patnmoruo. La especulación de bienes raíces rurales -en particular dur~nte las é~ocas de quiebra en la economía regional- forzó a los empresano~ a co_ns1derar las haciendas henequeneras como activos. En este clima de m:ers1ones imprevisibles, donde se hacían y deshacían fortunas con regularidad, resultaba difícil para los peones mantener una relación estrecha con sus amos. Si bien existió una relación patrón-cliente en la zona henequ~nera, como veremos, nunca alcanzó el nivel de sofisticación que preval~cia en _el sur norteamericano previo a la guerra de Secesión, por la sencilla r~on de que la mayoría de los productores de henequén no dedicaba el ~empo Y el esfuerzo necesarios para nutrir tan compleja relación. A m~dida que avanzaba el auge, y que se multiplicaban las inversiones 00• merc1ales ~ que los_ crédi_tos hipotecarios se canjeaban a un ritmo vertiginoso, los vmculos clientelislas se deterioraban irremediablemente. La incompleta transformación de las haciendas productoras de maíz Y ganado del noroeste de Yucatán en modernas plantaciones comerciales durante el bo~m de la ~ibra, y una debilitada actitud paternalista, estimularon las. te~smnes soc1~es entre autoridades, hacendados, encargados y peones. Si b1e~ los mecarusmos de control social que utilizaban los supervisores de l~~ fmcas Y las autoridades locales durante el porfiriato sofocaron la acc1on colectiva, no evitaron que los peones acasillados mostraran su de~contento con el nuevo orden. Antes de examinar la reacción de los trabajadores frente a esta híbrida institución, primero caracterizaremos el ~ntorno de cooptación y represión en el que tenían que luchar los trabajadores henequeneros de Yucatán. EL IDIOMA DEL PODER: AISLAMIENTO, COERCION y SEGURIDAD ¿Por qué la obediencia de los trabajadores henequeneros a sus amos llegó porfiriato? La sola fuerza (o la amenaza de su uso) no habna ~astado para mantener sometidos a los peones. 13 Si bien el temor al castigo es un ingrediente esencial en todos los sistemas coercitivos ª tal gra?o durante el 223 de trabajo, debe combinarse la fuerza con la obediencia implícita a la autoridad para asegurar la sumisión. El triunfo final en la historia de estos sistemas asimétricos ha dependido de la habilidad de las élites para convencer a sus trabajadores de que tal forma de existencia era la más beneficiosa. Incluso las más infames formas de servidmnhre tuvieron elementos que al menos fingían apoyar los "derechos" y necesidades de los trabajadores dependientes.14 Las clases subordinadas deben· ser llevadas a creer que el sistema represivo es parte del orden lógico e inmutable de las cosas y que, por ende, la acción colectiva no es una alternativa viable. Asimismo, mientras esas clases no comparen su propia condición con la de sus amos (aceptación implícita de su propia inferioridad), las perspectivas de rebelión disminuyen enormemente.15 Para poder apreciar cómo los henequeneros inculcaban la obediencia en los peones acasillados durante el porfiriato, nos concentraremos brevemente en los idiomas del poder: es decir, las modalidades históricas de representación del aspecto coercitivo ante las clases subordinadas.16 En muchas de las sociedades premodemas, tradicionales, la fuerza se presentó casi siempre de un modo transparente y directo, cara a cara. Aunque a veces este idioma personalista del poder estuvo disfrazado por estrategias tan ingeniosas como el compadrazgo, el patemalismo y los intercambios asimétricos de regalos, ni a los elementos subordinados ni a los superiores les cabía duda de que la dominación era la esencia de tal relación. En épocas más recientes surgió un idioma materialista del poder: la relación desigual se representaba como poder sobre los bienes, no sobre los individuos. Con el desenvolvimiento del capitalismo moderno, las relaciones obrero-patronales se despersonalizaron cada vez más en la medida que ambas partes se separaban de las mercancías que producían. La dependencia estaba " disfrazada bajo la forma de relaciones sociales entre los productos del trabajo ". 17 La relación de poder resultante, diluida por la creciente alienación del entorno laboral, ya no estaba representada por el poder sobre las personas, sino oculto como poder sobre las mercancías. Las relaciones sociales del monocultivo del henequén representan �224 Siglo XIX Joseph y Wells: Dominación y resistencia en las haciendas yucatecas algo así como el punto medio del continuum que une a los idiomas personalista y materialista del poder. AJ,í como la sincrética finca hene• quenera combinaba las características de la hacienda tradicional y los tipos de plantación comercial, también sus relaciones de trabajo representaban la amalgama de ll!l' dos modalidades de coerción. En efecto, muchos de los elementos esenciales del idioma personalista de las sociedades tradiciona• les, como el paternalismo velado, el compadrazgo y la omnipresente acción de la violen~ia humana, ilustrada por las flagelaciones administradas por los encargados, perduraron en la nueva sociedad estilo plantación. FIGURA l EL MECANISMO DE AISLAMIENTO La comprensión de tres mecanismos complementarios de control social (seguridad, aislamiento y coerción) resulta útil para ilustrar plenamente el modo en que el idioma del poder en el monocultivo henequenero adaptó algunas características de las tradicionales relaciones laborales a los requerimientos de un más "proletarizado" régimen. Apoyados en el aparato político del Estado, estos mecanismos permitieron a los terratenientes mantener disciplinados ritmos de trabajo en la producción. Aislamiento, coerción y seguridad funcionaron simultáneamente para cimentar una re• lación estructural que no sólo se ajustó a los requisitos de la producción, sino que también sirvió a las necesidades de subsistencia de los trabajadores, al menos hasta las vísperas de la Revolución Mexicana.18 PERIFERIA DE YUCATAN FRONTERA Partición de ~ Aislamiento Los henequeneros inculcaban la obediencia a la autoridad mediante un diestro manejo del espacio físico y social. Haciendo uso de cuatro esferas reforzadas del aisJamiento - conceptualizadas como círculos concéntricos en la figura 1- las élites terratenientes de Yucatán y su aliado, el Estado, lograban canalizar y sujetar a los jornaleros a las haciendas, al tiempo que bloqueaban otras alternativas y vías de escape. En el núcleo del mecanismo de aisJamiento se encontraba la misma hacienda henequenera. Una serie de estímulos positivos y negativos asegu• raba que los peones permanecieron atrapados en la finca. Aun cuando los trabajadores estuvieran constreñidos por la deuda, la tienda de raya, el castigo corporal y sus documentos de identificación, su condición se ha· cía más tolerable gracias al pago del trabajo a destajo, la atención médica, y el adelanto de fondos para bodas, entierros y bautismos (las estrategias coercitivas y paternalistas se discutirán después con mayor detalle). Sin embargo, a pesar de estos atenuantes aspectos paternales, la estrategia de 225 .:::,::. / ""' ZONA :~:::-ERA/ ~ Incursiones de los cruzob Reclutamiento para la guerra de de~tivo1/ Ocupación por parte del Estado Limitaciones ecológicas Castas / / ""' E,,-;;,,.,~ """" ,...,.::... Vigilancia fronteriza en Campeche Enfermedades de la selva �226 Siglo XIX doble filo de los henequeneros ..estrihaba, a la postre, en la coerción: los peones acasillados sólo podían salir de la hacienda con el consentimiento expreso, por escrito, de los propietarios o de los capataces. Los henequeneros promovían concientemente el aislamiento de sus trabajadores al regular su comunicación con el mundo exterior. Si bien a algunos lugareños se les concedía acceso periódico a la finca en calidad de trabajadores por hora, los terratenientes se oponían a que sus peones trabaran amistad o contrajeran matrimonio con residentes de otras haciendas y pueblos. Por lo general, los hacendados impedían el paso a visitantes citadinos y vendedores ambulantes, y confinaban sus peones a la finca. Por supuesto, el primitivo sistema de caminos de Yucatán impedía de cualquier manera tales relaciones e intercambios. Por último, la heterogénea composición de la fuerza laboral acrecentó el predominante clima de aislamiento. Para hacer frente a la escalada en la demanda de fibra posterior a 1880, los henequeneros agruparon diversos conglomerados humanos que diluyeron las mayorías de peones mayas endeudados y de trabajadores por horas de los pueblos en una mezcla de grupos étnicos y lingüísticos extrafios: yaquis deportados, asiáticos contratados, enganchados provenientes del centro de México. De este modo, la estrategia de los henequeneros de ''importar" trabajadores mexicanos por contrató y prisioneros de guerra, y lo que ellos denominaban con eufemismo "colonos extranjeros", no sólo solucionaba una endémica escasez de mano de obra: también, disminuía las posibilidades de creación de viables comunidades de trabajadores. El poder y la influencia henequeneros, desde lnego, trascendieron los límites físicos de la finca. Los propietarios contrataban regularmente cazadores y jefes políticos (estos últimos por lo común miembros de sus extensas familias y clientelas) para hacer regresar a los peones fugitivos que buscaban refugio en las áreas urbanas o, más probablemente, en los pueblos o fincas vecinas dentro de la zona henequenera. Durante los afios iniciales del auge de la fibra, los henequeneros anunciaban en los periódicos de Mérida y ofrecían recompensas por la devolución de los sirvientes escapados. Sólo desaparecieron estos avisos cuando periodistas de la ciudad de México los citaron como clara prueba de ]a existencia de esclavitud en la península. 19 Tan precaria era la existencia en los pueblos de la zona que, ellos mismos, constituían en conjunto la segunda esfera complementaria del mecanismo terrateniente de aislamiento. El hecho de que los henequeneros pudieran ejercer el poder tan libremente y que los fugitivos tuvie- ]o$eflh y WeU,: Dominación y re,i,tencia en hu hacienda, yucatecaa 227 ran tan sombrías esperanzas de encontrar refugio, sugiere en parte la existencia miserable de las comunidades a fines del porfiriato. A medida que las alternativas económicas se estrechaban y la urdimbre social de la vida en el pueblo se disolvía, se canalizaban más y más campesinos hacia las grandes fincas henequeneras. Como es fácil suponer, la lógica expansionista del monocultivo relegó al olvido la vida tradicional del campesino. Al intensificarse el auge, el cultivo del henequén requirió cantidades cada vez mayores de tierra y mano de obra. Los henequeneros compraron las tierras de los pequeños propietarios colindantes, tanto con el propósito de adquirir su fuerza laboral como para extender la producción a esos campos. Absorbieron esas pequeñas propiedades auxiliados por la política agraria del estado oligárquico: por disposición de las leyes de reforma de 1856, todas las formas corporativas de tenencia de la tierra habían sido abolidas, y las tierras ejidales debían ser divididas entre los cabezas de familia del pueblo, cada uno de los cuales recibiría una pequeña dotación. Con el auge inminente de la fibra, los hacendados no perdieron tiempo y compraron las tierras ejidales de los jefes de familia de la zona. Sesenta y seis ejidos, que totalizaban 134 000 hectáreas, fueron adquiridas por las haciendas invasoras y entregadas al cultivo del henequén desde 1878 hasta 1912.20 En ocasiones el deslinde y parcelación de los ejidos estuvo acompañado por disputas y actos de violencia, sobre todo en las menos controlables áreas periféricas del área henequenera. De cualquier modo, al final los comuneros y pequeños propietarios resultaron impotentes para detener la expansión. Tarde o temprano, la mayoría de los campesinos acudieron a trabajar en las haciendas henequeneras en calidad de inquilinos, jornaleros por horas o, más comunmente, como peones acasillados. Los censos de fines del siglo XIX revelan que el número de peones se elevó de 20 767 en 1880, a 80 216 en 1900: un anmento del 386% en dos décadas.21 A medida que las fincas se robustecían, los pueblos se debilitaban. El auge no sólo transformó las relaciones sociales de producción en la finca henequenera: también alteró la compo~ción y el papel de los pueblos y cabeceras de la zona (véase mapa). El asalto efectuado por la hacienda a la tierra y mano de obra de los pueblos se intensificó con el papel cada vez más importante del Estado �228 Siglo XIX Joseph y Wells: Dominació,n y resistencia en ku haciendas yucateca, ·----~ • o •1 f 1l j 1 229 en la vida rural, a partir de la segunda mitad del siglo. La elevación de impuestos, las frecuentes levas militares y las arbitrarias obligaciones de la coroée (fajina) socavaron aún más los lazos corporativos de los pueblos y debilitaron la relación simbiótica que habían mantenido con las grandes fincas aledañas. Con algunas notables excepciones -como Hunucmá, cabecera situada a 25 kilómetros de Mérida, que siempre (y a menudo con violencia) se opuso a la irrupción de la hacienda y a las exacciones del Estado- los poblados campesinos de la zona henequenera se habían reducido para fines del porfiriato a una sombra de lo que había sido su existencia semiautónoma. Para los campesinos que optaron por permanecer en los pµeblos, ahora desprovistos de tierra y con apenas un frágil sentido de comunidad, el encontrar sustento se hizo cada vez más difícil. La mayoría se vió forzada a aceptar trabajo discontinuo en las fincas henequeneras de los alrededores, en donde se les pagaba " por pieza" en el corte de pencas de henequén, o desmontando nuevos campos (planteles). Aparte de eso, los pueblos de la zona ofrecían magras oportunidades de empleo a sus residentes: unos cuantos afortunados consiguieron empleo en la estación de ferrocarril cargando pacas de fibra; otros se emplearon en la Guardia Nacional para restituir peones fugitivos a las haciendas vecinas, o hicieron cumplir el cobro de impuestos y los trabajos forzados en los caminos para el jefe político; otros más trabajaban en establecimientos mercantiles de la localidad o tejían hamacas y bolsos de henequén que se vendían en Mérida. En ocasiones los campesinos tenían que combinar varias de estas tareas en su lucha por mantener en los pueblos una existencia marginal de "hombres libres". Las condiciones de los campesinos se agravaron aún más a causa de las limitaciones ecológicas de la suh-región.22 Debido a que el cuadrante noroeste de la península tiene un asentamiento de piedra caliza porosa, el agua ha tenido históricamente un valor más elevado que la tierra. Al no haber ríos, y con apenas unos cuantos cenotes a los cuales recurrir, el agua se ha extraído de profundos canales subterráneos con ayuda de costosas bombas y molinos de viento. El desarrollo de grandes latifundios durante el auge concentró los escasos mantos acuíferos en manos de los henequeneros en expansión, que así contaban con otra herramienta para reclutar campesinos como fuerza laboral. A menudo, aún donde el agua no constituía un problema, lo era la delgada capa de tierra cultivable. Las cosechas insuficientes de maíz han sido �230 Siglo XIX siempre un problema para los campesinos mayas que residen en los calcáreos distritos del noroeste. La combinación de escasez de agua, baja calidad del suelo, plagas periódicas de langosta y expansión de latifundios redujeron al extremo la inventiva de los campesinos locales. Hacia fines del porfiriato, muchos campesinos, despojados ya de la infraestructura colectiva que el ejido tradicional les había proporcionado, no pudieron sobreponerse individualmente a la pobre calidad del suelo del yermo, rocoso noroeste.23 Enfrentadas a las magras oportunidades de empleo y al inhóspito entorno social y físico de los pueblos que rodeaban la zona henequenera, la mayoría de los campesinos tomó la decisión económicamente racional de residir en las haciendas. La finca no sólo les proporcionaba empleo y artículos de primera necesidad (maíz, agua y leña): ofrecía también la exención legal de las levas militares y de la fajina. Por lo demás, el ámbito henequenero no presentaba otras alternativas. Incluso la huida hacia Mérida o Progreso, principales centros urbanos, ofrecía pocas ventajas a los fugitivos o a los acosados campesinos. Podían encontrar refugio temporal en los crecientes cinturones de miseria del puerto o la capital. Pero con su escaso conocimiento del español o de la ciudad, sin empleo, y exhibiendo las maltratadas manos de un cortador de pencas, el jornalero maya era, al final, blanco fácil de descubrir por las autoridades locales. Si tenía suerte, Jo regresaban a la finca para ser azotado o encarcelado; si no, podría verse obligado a ingresar a la milicia estatal por orden de un prefecto de distrito en busca de hombres aptos para cumplir con su cuota de leva. Una tercera, reforzadora esfera de aislamiento redujo aún más la posibilidad de fuga. A diferencia de sus ancestros, estos peones no se daban el lujo de "votar con los pies", de encontrar una zona de refugio en plena selva del sureste.24 La brutal Guerra de Castas de mediados de siglo había excluido efectivamente tal posibilidad al seccionar la península en dos áreas distintas: la noroeste, de agricultura comercial dominada por las élites de blancos, yucatecos, y las densas selvas plagadas de enfermedades de) sureste, último refugio del maya rebelde. En efecto, aún a principios de este siglo, gran parte del sureste se encontraba bajo el dominio del implacable saqueador cruzob y del semi-autónomo pacífico, un poco más tratable. Aún cuando el aculturado maya del noroeste pudiera de algún modo abrirse paso hasta la selva, salvando todos los obstáculos impuestos por las autoridades estatales, hallaba poco en común con sus hermanos, el cruzob y el pacífico, ya culturalmente distintos.25 No es de sorprender, por lo tanto, que pese a sus vastas extensiones de tierra fértil y Joseph y Wells: Dominación y residencia en uu haciendas yucatecas 231 barata, el sureste permaneciera sin desarrollar, casi como tierra de nadie, durante la segunda mitad del siglo XIX. Una de las principales preocupaciones de las autoridades peninsulares durante el auge fue la de mantener a salvo de las incursiones del cruzob a los distritos del noroeste, entregados a la producción de henequén. Sin embargo, desde la perspectiva del campesino maya o de los peones, ser llevado a los confines para prestar servicio en la primera línea de la milicia estatal, en contra del cruzob (en caseríos remotos como Xoccén o Chemax ), significaba la mala suerte. En 1901, cuando el presidente Porfirio Díaz envió un ejército federal a erradicar el cruzoh de una vez por todas, insistió en que las colonias mili26 tares del sur yucatecas participaran en la campaña de "pacificación". Más de 2 000 yucatecos morirían en la expedición, muchos de ellos campesinos 27 mayas de la misma zona henequenera. Los reclutas aborrecían por igual las levas para las colonias Y para la Guardia Nacional del estado; muchos de ellos intentaban escapar al vecino Campeche al ver llegar los odiados jefes políticos. A l~s_hombres ~~ ~ntre quince y sesenta años de edad se les exigía pre~~ sem~to ~n ~a.milicia cada año. Había tres modos de asegurar la exenc1on: a) s1 el individuo lograba pagar una cuota fija o encontrar quien lo r~mplazara en el se.~ cio; b) si padecía una enfermedad debilitante (se exig1a compr?ban~ m~fico~; c) 0 si se le clasificaba como trabajador permanente adscnto ~ease ac:1:'1llado ') a una hacienda.28 En vista de que normalmente la pnmera ?pcton quedaba fuera del alcance de muchos campesinos, y ase~ar el ce~~fica~? médico también resultaba costoso, los que deseaban evttar el semc10 militar en las colonias o en la milicia del estado a menudo se refugiaban (y endeudaban) en las haciendas. De este modo, el estado usurpador y los intereses locales, a los que a menudo servía, habían creado un mecanismo que era utilizado por el gobierno federal en su campaña para eliminar al cruzob, al tiempo que aseguraba a los henequeneros una fuerza laboral permanent~: Es importante notar que los estatutos de reclutamiento creaban el espeJtsmo de una _alternativa, al hacer creer a los campesinos que ellos eran los que prefenan la servidumbre en la finca a la "libertad" en los pueblos. En 1902 las "alternativas" de los campesinos se restringieron aún más, cuando ;l gobierno nacional seccionó la península con la creación del �232 Siglo XIX terri_torio federal de Quintana Roo.29 Ahora, el interior ya pacificado se hab1a transformado en una vasta prisión federal para mexicanos criminales, desertores obstinados y prisioneros de guerra yaquis. Los opositores del régimen de Díaz cumplían su sentencia en campos de trabajo infestados de paludismo y patrullados por el ejército federal, talando árboles de ce~o y caoba, o laborando en concesiones chicleras auspiciadas por el go~_1emo. La selv~. del sureste, refugio tradicional del disidente maya, deJo de ser una opc10n viable en las postrimerías del porfiriato. El ~ecino meridional de Yucatán, Campeche, no ofrecía mejores perspectivas. Campeche fue en esencia un Yucatán en miniatura dura~te el po~iriato, con sus haciendas henequeneras, una leva propia, los m1Smos confines hostiles y una milicia estatal que patrullaba la frontera con Yucatán en busca permanente de jornaJeros rebeldes. En resumen, el contorno de la península actuaba como una prensa que confin~a a los campesinos, haciéndoles ver que su mejor opción era el trabajo estable en las haciendas henequeneras. La leva, la Guerra de Castas, los campos de trabajo de Quintana Roo, las fiebres de la selva y un vecino en el sur que no ofrecía refugio seguro, todo conspiraba para enseñarle a los campesinos que "votar con los pies" estaba cargado de riesgos. Por último, la remota ubicación de Yucatán, alejada del resto de ~éxico, constituyó el cuarto círculo de aislamiento que apuntalaba los idiomas del poder transmitidos por henequeneros y autoridades estatales. En el fondo, por lo que concernía a los localistas campesinos mayas, Yucatán era una isla encerrada en sí misma. Aun cuando los campesinos hubieran d~s_eado abandonar por ~ompleto sus hogares y su patria chica (cosa que no hicieron por un buen numero de razones culturalmente válidas), les habría resultado muy difícil consumarlo: ferrocarriles y carreteras hacia el resto de la nación no se implementarían sino hasta después de la Segunda Guerra \4undial. Entretanto, el único medio de comunicación con el resto de la república lo constituía un irregular servicio de buques de vapor rumbo al puerto de Veracruz. La geografía reforzaba el mecanismo de control concéntrico al restringir libertad de movimiento a las clases trabajadoras de Yucatán. Si la falta de movilidad sujetaba al maya yucateco a la zona henequenera, la distancia de Yucatán a la capital federal disminuía sus esperanzas de alcanzar justicia social. La documentación existente sugiere que el gobierno central puso oídos sordos a las quejas de los campesinos durante Joseph y Wells: Dominación y resistencia en las hacienda& yucatecas 233 el porfiriato. Hasta su famo..a visita a la península en 1906, el presidente Porfirio Díaz seguía siendo un concepto abstracto para la gran mayoría del campesinado yucateco. Entre las decenac; de miles de cartas escritas a Díaz durante el ejercicio de su cargo, apenas un puñado procedía de esos campesinos, y menos aún de los peones acasillados.30 Si bien la política porfirista era jerárquica y se basaba en el inOuyentismo, parece evidente que los mayas se sentían excluidos de acudir a tal jerarquía. Rara vez se tomaron la oportunidad de recurrir directamente al Gran Patrón de la ciudad de México (aunque, sin duda, muchos peones se habrían sentido demasiado apremiados para pensar siquiera en eso). Incluso si los campesinos encontraban un abogado compasivo que consignara sus quejas por escrito, eran escasas las probabilidades de recibir alguna respuesta significativa de parte del dictador. En general , Díaz contestaba a peticionarios y gobernadores por igual, en un estilo mecánico y críptico. Muchas cartas parecen no haber obtenido respuesta alguna.31 El aparente desdén del dictador por enfrascarse en cuestiones puramente locales sólo habría sido igualado por la renuencia de sus gobernados a presentar quejas ante una autoridad superior. Los campesinos yucatecos de la época no mostraban los mismos sentimientos que sus ancestros de la colonia tenían por su soberano, el rey de España. La veneración por el cargo presidencial brillaba por su ausencia y, sobre todo después de 1910, los mayas acudían a instituciones locales, como el sistema judicial, en busca de remedio a la fonna injusta en que eran tratados. En suma, los cuatro círculos concétricos de aislamiento actuaron a semejanza de polos magnéticos, creando un campo de fuerza que repelía de los pneblos, de Mérida y el sureste a los campesinos (y peones rebeldes), y los atraía a las fincas henequeneras. En ocasiones esto se lograba mediante la coerción, pero con más frecuencia mediante la disminución del atractivo y posibilidad de otras alternativas. El mecanismo de aislamiento no sólo predisponía al campesino a obedecer la autoridad de la hacienda y facilitaba los aspectos coercitivos de las relaciones de poder: también, daba a los campesinos que "observaban desde fuera" una visión distorsionada de la finca henequenera misma. Al evaluar sus alternativas, muchos campesinos acosados llegaron a preferir el status de residente en la hacienda que su mísera existencia en el pueblo (véase más abajo el análisis sobre la seguridad). �234 Siglo XIX Joseph y Well&: Dominación y resistencia en las haciendm yucateCIU Es importante recordar que el mecanismo de control social de aislamiento no privó por completo a los campesinos independientes de la capacidad de decidir acerca de su propio futuro (y el de sus familias). Las limitadas alternativas, se tratara de una preferencia personal por aceptar el status de residente, contratarse como peón por horas, o no moverse de las languidecientes cabeceras y pueblos de la zona henequenera, brindaban a los campesinos mayas la sensación de ser actores independientes, aun cuando las opciones concebidas por la élite terrateniente y el estado casi equivalieran a elegir entre el menor de dos males. De cualquier modo, quienes optaron por la permanencia en la finca henequenera, se toparon con un tipo de coerción que explotaba su trabajo mediante la efectiva combinación de los idiomas personalista y materialista del poder. Coerción / Si el mecanismo de aislamiento otorgaba a los mayas yucatecos del noroeste cierta variedad ilusoria de elecciones, el embrollado asunto de la coerción les recordaba a los peones residentes en las fincas que podía emplearse la fuerza directa si no se mantenían ritmos disciplinados de trabajo. Pero incluso la coerción era un mecanismo multifacético que transmitía imágenes difusas de poder a los jornaleros. Esta cualidad ambigua, que permitía impartir la coerción en algunos casos con furia catártica y, en otros, transmitirla en forma más sutil para intimidar o ''imponer un castigo ejemplar", era lo que confería a este mecanismo de control tal versatilidad. A semejanza de las plantaciones azucareras del Caribe, la finca henequenera era un mundo aparte. Con la bendición del estado, los hacendados forjaron un poderoso sistema extra-legal de justicia que reforzaba su relativo aislamiento. Los capataces (mencionados en los libros de cuenta de las haciendas como "encargados", "mayordomos" o "personeros") sólo debían responder de sus actos ante sus patrones (que, en promedio, visitaban sus propiedades un fin de semana cada mes).32 Por ello, hasta que la rebelión nacional maderista abrió un espacio político mayor, rara vez los peones registraban sus quejas por la brutalidad del encargado o por otros abusos ante las indiferentes autoridades estatales "de fuera". El idioma personalista del poder tuvo su más clara representación en el castigo corporal. Se creía que la flagelación era la herramienta más efectiva del encargado para controlar a sus peones. La representación más gráfica de esta venerable práctica se encuentra en una fotografía que apa• 235 reció en la cruda narración de Henry Baerlein, México: Land of Unrest (1914). La foto exhibe la espalda llena de cicatrices de un sirviente maya de la hacienda de don Rogelio Suárez, yerno de Olegario Molina. Los encargados utilizaban el látigo por una variedad de razones: insubordinación, rehuir el trabajo, disimulo, evasión y como antídoto regular contra la violencia generalizada que formaba parte de la rutina diaria en las haciendas henequeneras. La flagelación, después de todo, no le costaba al hacendado el trabajo diario de sus jornaleros, lo que sucedía al encerrarlos en el calabozo de la hacienda.33 El aforismo yucateco "d indio oye sólo con la espalda", era algo más que simple humor negro: reflejaba la creencia generalizada entre la clase dominante de que la disciplina debía ser reforzada por el ejemplo riguroso. El gobernador Santiago Méndez reafirmó este arrogante modo de pensar cuando observó: 34 En general se considera a los indios yucatecos como mansos, humildes, y que no se dejan llevar fácilmente por la ira y la crueldad... el castigo más usual entre ellos era la flagelación aplicada con moderación. Este tipo de castigo no los ofendía, si se les informaba la razón por la que se les aplicaba, ni lo consideraban degradante ... Aunque hoy nos repugna tal idea, muchos encargados compartían la opinión de que los azotes "con moderación" reforzaban la disciplina en el sitio de trabajo, y que eran una herramienta efectiva de control social. Otro observador comentaba que los jornaleros mayas eran "dóciles, obedientes y sumisos ante las órdenes del amo, la aplicación de unos cuantos golpes, 35 como último recurso, resulta invariablemente efectíva". Las implicaciones de la racionalización de los henequeneros era un mensaje inequívoco para las clases trabajadoras: los jornaleros eran subordinados que requerían, incluso esperaban, el látigo, tal como los niños esperan que sus padres los disciplinen. Esta deshumanización explícita asumió en Yucatán un carácter racista: los mayordomos y otros administradores invariablemente tenían apellidos españoles, mientras que los peones eran, en su mayoría, indios mayas. Uno de los pocos casos hallados en los registros judiciales en que un peón residente protestó por una flagelación, demuestra por qué tales casos rara vez se llevaban ante el poder judicial del estado. En 1912 los padrastros de un sirviente de dieciséis años de edad condujeron ante un tribunal al mayordomo de una pequeña hacienda del distrito de Sotuta, por la �236 Joseph y Wells: Dominaci6n y resistencia en las hacii>ndas yucatecas Siglo XIX flagelación de su hijastro (debida a insubordinación). Sin embargo, avanzado el proceso, los demandantes se retractaron y dijeron que el mayordomo sólo había disciplinado a su ingobernable hijo, que tanto lo necesitaba. La madre, de hecho, contradijo su propio testimonio anterior: negó que el muchacho hubiera sido azotado, a pesar del testimonio médico que corroboraba el castigo corporal y que los mismos demandantes habían presentado. Huelga decir que los cargos fueron retirados. Si bien tal vez nunca sepamos con exactitud qué sucedió, las implicaciones son claras: el hacendado (en este caso, Hemando Ancona Pérez) tenía tantos modos de ''persuadir" a sus sirvientes de la importancia de arreglar sus asuntos fuera de los juzgados, que pocos acasillados aprovechaban sus derechos como ciudadanos mexicanos.36 El mínimo uso de los peones residentes de los recursos legales de reparación muestra un contraste claro con la actitud de los campesinos libres, situados al margen del monocultivo: recurrían con regularidad a presentar sus quejas ante las autoridades judiciales. La "Justicia"/coerción de la hacienda también se administraba mediante el uso de calabozos construidos para encarcelar provisionalmente a los infractores. En vista de que el alcoholismo constituía un grave problema, muchos peones que provocaban desórdenes cuando se intoxicaban terminaban durmiendo la borrachera en el calabozo. En la hacienda Tamanché, camino a Progreso, la cárcel anexa a la tienda de raya era tan pequeña que parecía poco más que una celda para confinamiento solitario. De techo bajo y con sólo dos ventanas pequeñas para contrarrestar el asfixiante sol tropical, aun una breve estancia en el calabozo de Tamanché debió haber sido una experiencia infernal. El mecanismo de la deuda y su complemento, la tienda de raya, eran dos componentes indispensables del personalista idioma de poder de los henequeneros, adaptados ambos de la hacienda maicero-ganadera tradicional. Esas instituciones conjuntadas reforzaron la inmovilidad de los peones. En 1882 la Ley Agrícola Industrial del Estado de Yucatán reiteró leyes de peonaje que estipulaban que el peón que abandonara el empleo sin pagar las cantidades que adeudaba sería e~juiciado legalmente. Además, si el sirviente deudor escapaba y se refugiaba en otra finca el propietario que lo ocultara podría ser arrestado.37 En contraste el 'artículo V de la Constitución de 1857 (por el cual nadie debía ser obligado a prestar servicio personal sin justa compensación y pleno consentimiento, cláusula que tomaba ilegal el acasillamiento) era ignorado por las 237 élites: violaban el espíritu de la ley federal justificando el peonaje con el eufemismo de que era un "simple contrato que convenía a ambas partes ".38 Después de todo, las deudas eran una práctica de trabajo establecida desde la época de la colonia, y había impregnado a través de la historia las relaciones sociales en la península. El peón tenía dos tipos de deudas, la chichán cuenta y la no hoch cuenta. La primera representaba una pequeña deuda por compras diarias y sueldos semanales, mientras la última era una cuenta grande (utilizada para eventos importantes como matrimonios O bautizos) de la cual el peón raramente se libraba. De hecho la deuda del peonaje estaba tan arraigada en las prácticas de trabajo locales que los contratistas ferroviarios yucatecos utilizaron esla institución para limitar la movilidad de su escasa fuerza laboral. Además, los estatutos legales locales aceptaban el avalúo de la deuda del trabajador como gasto legítimo, lo que concedía mayor legitimidad -sin m~ncionar la ventaja financiera- aJ acasillamiento. Específicamente, el articulo 2030 del Código Civil del estado estipulaba que las deudas de los peones deberían incluirse en el inventario de la propiedad. Nelson Rubio Alpuche, prominente abogado local, lo expresó sin rodeos en un expediente legal de 1895 cuando dijo: "En Yucatán no existen cuadrillas libres de peones. . . La hacienda que no cuenta con personas obligadas por contrato . . , val ,,39 personal ... no tiene mngun or. Por consiguiente, si el endeudamiento de la mano de obra era una práctica establecida, lo que cambió durante el auge fue la apremiante ?ecesidad del henequenero de asegurarse de que sus jornaleros no saldarian las deudas. 4º Como resultado, las relaciones relativamente flexibles que habían caracterizado el régimen laboral prc-henequenero se endurecieron con rapidez. Ahora, los henequeneros conseguían la ayuda de la a~recentada burocracia del estado para asegurar que las deudas no fueran cubiertas. Los jueces de paz y jefes políticos a nivel de distrito ~?°peraron_ con los pr~pietarios para dificultar a los deudores la reparac1on en el sistema de tribunales. En muchos casos, la colaboración estaba consolidada por lazos de parentesco entre hacendados y los funcionarios estatales. El caso de Juan Bautista Chan es un ejemplo útil de tal colaboración entre las élites.41 Para 1912, Chan, peón acasilJado de la hacienda San José en el municipio de Hoctún, había acumulado unos 400 pesos de deuda. Por razones que no se especifican, huyó de San José y se estableció en Tahmek, un pueblo distante. De acuerdo con Chan, trató de pagar la deu- �238 Siglo XIX da aJ juez de paz de Tahmek, Segundo Sergio Echeverría.42 Sin emhargo, el juez rehusó aceptar el pago porque el asunto quedaba fuera de su jurisdicción. Aconsejó aJ peón regresar a Hoctún y pagar en el establecimiento comercial de Aurelio Gamboa, un hacendado de San José de gran poder político. El abogado de Chao señaló que su cliente tenía el derecho legal de pagar la deuda en la jurisdicción que eligiera, y solicitó al Tribunal Superior que obligara al juez a aceptarlo. Por su parte, el juez Echeverría negó conocer a Chao y presentó testigos que apoyaron su argumento. Como era de esperarse, el Tribunal Superior falló en favor del juez. El caso es una ilustración implícita de la afinidad entre los henequeneros y el sistema de justicia, e indica lo difícil que resultaba para los acasillados el pago de su deuda, incluso en los raros casos en que podían hacerlo. Por otra parte, sugiere que Chao no estaba dispuesto a regresar a Hoctún, ya que podría ser atrapado por las autoridades locales confabuladas con Gamhoa para enviarlo de regreso a San José. Si las autoridades trabajaban mano a mano con los henequeneros para dificultar el pago de deudas, las tiendas de raya proporcionaban a los hacendados la excelente oportunidad de acrecentar el pasivo de sus jornaleros. La mayoría de los peones acasillados adquirían sus bienes en estas tiendas, ya por la disponibilidad de crédito, ya por simple conveniencia: como hemos visto, a menudo los peones tenían dificultad para salir de la hacienda y hacer las compras en otra parte. Las tiendas de raya, que en ocasiones pertenecían al mismo henequenero y en otras se rentaban a comerciantes locales, coadyuvaban a reforzar la inmovilidad de los peones. Los hacendados pagaban los salarios en vales canjeables en la tienda.43 El uso de vales variaba de una hacienda a otra y sólo en raras ocasiones podían negociarse en tiendas de los pueblos vecinos. Aunque a muchos jornaleros se les pagaba por pieza y no mediante un salario diario fijo (para acelerar los niveles de producción), sería desacertado concluir que estos "proletarios rurales" eran asalariados en el sentido moderno del término. Nunca hubo pretensión de parte de los henequeneros de que los jornales alentaran una economía monetaria o un mercado laboral libre en la zona. Los peones henequeneros tenían poco acceso al dinero "real": el salario que ganaban se deducía de una cuenta que prácticamente nunca se saldaba.44 Por último, como para añadir afrenta al agravio, algunos documentos de las haciendas revelan que los propietarios acrecentaban la deuda de sus jornaleros cobrándoles el desayuno.45 Como podrá imaginarse, el peón nunca tenía que salir del sagrado recinto de la hacienda. Desde el punto de vista de la comodidad, la tienda Joseph y Wells: Dominación y resistencia en las haciendas yucateca& 239 ofrecía una amplia variedad de artículos, que incluían alimen~os, manta cruda y enseres domésticos, escopetas y pólvora para la caz~ Y finé!-illlente, · • m odo último en popularidad ' licor. Los hbros de. cuenta aunque de rungun , . de Ja Compañía Agrícola del Cuyo y Anexas, S. A._, empres:i mulbfacehca de la remota región oriental, son evidencia del co_ns1der~le ~ngreso que generaba a sus propietarios la cantina anexa a la be~da. Si ~1en algu~as haciendas no tenían cantinas en el predio, la mayona v~n~1a aguardiente a sus trabajadores. Los críticos sociales, afectos a fasbd1ar al g~bernad~r Olegario Molina por sus intentos de infundir a las clases. trabaJadoras de Yucatán una moralidad positivista y pistina que predicaba ~n fo~a enérgica la abstinencia, se regocijaban en señalar esta evidente hipocres1a. De este modo, el flexible mecanismo de coerción. qu~ <:°mbinaba elementos de castigo corporal, un sistema extra-legal de JUSbc1a en favor del propietario, el acasillamiento y la tienda de raya, era un arm~ -~dero5:1 el arsenal de control social del henequenero. Fue la yuxtapos1c1on de di: ~ instiruciones personalistas -en forma individual y combinada-:- Y modo materialista de producción implantado en la finca, lo que al~en~o las mayores contradicciones sociales en el monocultivo del h~~equen. Sm em bargo, dado que la meta definitiva era, la máxima producc1on. de. fibra, de! los hacendados comprendieron que pod1an exagerar el autontartS~,º ,~ e a menudo, la fuerza era más efectiva si se aplicaba "con moderac1on . :a' es la razón por la que instiruciones coercitivas ~orno 1~ deuda y 1~ · da estaban tan m ' tunº amente ligadas a otro mecarusmo mas aceptable. ben la seguridad. Seguridad Había que hacer creer a los peones residentes que las relaciones s?ciales de la finca, aun cuando fueran de explotación, les ofrecían algo mas que flatos ocasionales y una deuda de por vida. El hecho de que los hen~quene:s pudieran emplear con eficacia instiruciones como el endeudauue~to la tienda de raya para constreñir a los acasillados (al tiempo_que restnn~a su movilidad y les proporcionaba un cierto grado de segundad), acenbia la multiplicidad de papeles desempeñados por es~ instiruci~?es durante el Yucatán porfírista. El mecanismo de seguridad Vta cooptac1on era el ~do opuesto del aislamiento y la coerción, ya que proporcionaba algo tangible '! �240 Siglo XIX ]oseph y Wells: Dominación y resistencia en 10$ haciendas yucateCO$ a los peones residentes a cambio <le su trabajo: una fundamental seguridad 47 de subsistencia. Como explica un estudioso del tema: "los peones permanecían en la hacienda (no obstante el maltrato) porque era lo razonable, además de lo acostumbrado".48 241 con el de los periféricos. CULTIVO DE MAIZ EN LA ZONA HENEQUENERA, 1896-1912ª Al proporcionar un abasto continuo de maíz importado, frijoles y carne en la tienda, los henequeneros se convertían en los únicos en controlar la clave para la subsistencia en la zona henequenera. Después de 1880, con las atractivas ganancias del monocultivo claramente a la vista, los henequeneros se apartaron de la autosuficiencia y se apresuraron a convertir sus maizales en henequén. A pesar de que el maíz importado era más costoso, resultaba más rentable comprarle a los comerciantes de granos de Mérida los alimentos básicos necesarios para los peones acasillados. Es interesante hacer notar que estos esforzados importadores eran las mismas casas exportadoras que compraban la fibra a los henequeneros.49 Lo más importante: los henequeneros ya no tenían que dar parcelas a los milperos, puesto que podían conseguir maíz en la tienda. Aun cuando los peones henequeneros se quejaban amargamente de la baja calidad del maíz importado (al que algunos llamaban "rancio" y le atribuían erróneamente el origen de los brotes de pelagra, desorden nervioso causado por deficiencia de la vitamina B), para 1910 el maíz importado ya había reemplazado al autóctono como sustento principal en la dieta del campesino yucateco.50 Una vez más, perdían los campesinos: durante más de un siglo habían disfrutado de un considerable mercado interno, al proporcionar su excedente de maíz y frijol a las haciendas cercanas. La infraestructura del monocultivo (cuatro líneas ferroviarias que comunicaban las zonas agrícolas con Mérida y el puerto de Progreso) erosionó la viabilidad económica de los pueblos de la zona al transportar maíz importado, frijoles y carne desde el puerto a la península. Para 1910 el cultivo de maíz en la zona se encontraba en un estado de irreparable decadencia. Las estadísticas (véase el cuadro anexo) narran la historia: los niveles de producción de partidos comoMaxcanú, Mérida, Motul y Tixkokob demuestran hasta qué grado los tentáculos del monocultivo habían usurpado las tierras de la milpa en d noroeste. Si comparamos las cifras referentes al cultivo en la zona con los de los partidos "periféricos", encontramos que el cultivo en los distritos henequeneros palidece en comparación Partido Promedio de hectáreas cultivadasb Acanceh Hunucmá Izamal Maxcanú Mérida Motul Progreso Temax Tixkokob Promedio de la zona henequenera Promedio de la zona no-henequenera Promedio de Yucatán a) 2 332 4 515 4 225 3 461 579 1 800 313 2 792 1 073 2 343 5 683 3 805 Existen datos confiables para cada partido para 1897-l?0~, 19081910, y 1912. Los datos del promedio de cultivo de Yucatan •~cluyen todos los años mencionados más los de 1896 y ~ ~~~. El partido, Las formaba parte de Yucatán antes de la d1vmon de la pe~tnsuI1 , de¡ tern·tono · de QUJ ntana las as, en que 1902, con la subsecuente creacion Roo, se excluyó para 1896-1901. b) Los promedios por partido fueron calculados y redondeados po~ los t Debe tenerse cuidado con "rulS cifras: representan las milpas en las haciendas y villas, y ~o s~n ci~r:is globales de_producción. Las plagas de langosta y las lluvias ,msuf1c1entes y ex~es1vas causaban estragos en la producción de ma1z en_ toda_ la pentnsula. Por desgracia, los datos en el estado eran demasiado rrregulares para resultar estadísticamente útiles. ;r;;:~as FUENTES: para 1896-1901, Boleti'n de Estadística, passim; datos sobre el cultivo del maíz para 1907-1912, El Diario Yuc~teco, 22 d~ f:brero de 1910; El Agricultor, 1907-1908 passim; y Boletin de Estadistica, 19081910, passim. �242 Siglo XIX En efecto, en los distritos en que el henequén no invadió totalmente las tierras y donde las comunidades campesinas pennanecieron relativamen. te intactas (por ejemplo: los partidos de Tekax, Valladolid, Ticul, Espita, Tizimín y Sotuta) el cultivo promedio de maíz superó en más del doble al de la zona henequenera (5 683 has. vs.2 343 has.). Mientras que medio siglo antes los partidos del noroeste suministraban los artículos de primera necesidad a los distritos de la periferia, ahora importaban maíz mexicano y extranjero. La parasitaria economía henequenera, al absorber la tierra y mano de obra de los pueblos de la zona y negarle a esas comunidades un papel de consideración en la economía regional, condenaron a los acosados pueblos a una lenta y dolorosa muerte económica durante el porfiriato. Obviamente, sin medios de vida suficientes en las comunidades, las abundantes reservas de la tienda de raya adquirieron mayor importancia dentro de la estrategia general del hacendado para atraer (y confinar) trabajadores. La tibia clase de paternalismo practicado en las fincas henequeneras también sobresalió en el mecanismo de seguridad. Como hemos visto, la mayoría de los hacendados yucatecos eran propietarios ausentes que deja• han el manejo diario de las explotaciones a sus encargados. Por lo comun, el jornalero planteaba sus problemas, quejas y peticiones a un empleado a sueldo. Los hacendados escrupulosos visitaban sus haciendas los fines de semana, prefiriendo pasar el resfo del tiempo en Mérida, donde podían vigilar sus innumerables inversiones y disfrutar de los atractivos c~lturales de la vida urbana. Esto no significó que ciertos hacendados no se mteresaran por sus peones, o que no existieran en Y ucatán durante el porfiriato relaciones patemaJistas basadas en las obligaciones y responsabilidades mutuas. La institución del compadrazgo, por ejemplo, ataba inform~ente al , 51 peon y su amo. Pero sería un error suponer que ese patemalismo alentaba lazos vigorosos de adhesión. Menos aún, algún acuerdo o entendimiento cultural entre el maya asimilado y sus amos.52 El sirviente maya y el dzul (el amo yucateco) estaban divorciados por una polaridad cultural que socavaba la confianza. Un claro ejemplo de cómo esa división cultural debilitaba el paternalismo se reflejaba en las maneras diferentes en que dzules y mayas - durante el porfiriat0- percibían los tratamientos médicos, la atención de la salud. Los hacendados proporcionaban una mínima atención sanitaria e~ la hacienda. Puesto que los médicos no eran elementos permanentes en runguna finca, salvo las más grandes, la mayoría de los sirvientes, cuando enferma- Joseph y Welh: Dominación y resistencia en las haciendas yucateca& 243 han de> gravedad, eran transportados por tren a la villa de su patrón en Mériaa: allí los atendía el médico de la familia hasta que se recuperaban. Si los acasillados requerían los servicios del hospital O'Horán de Mérida, la única instalación sanitaria auténtica del estado, necesitaban ir acompa· ñados de su amo o contar con penniso escrito de las autoridades de la hacienda.53 Sin embargo, los campesinos mayas se mostraban reacios a encomendarse aJ médico personal de su amo. Menos todavía a un hospital: consideraban culturalmente desconcertantes, incluso aterradoras, las prácticas de los médicos citadinos. Un ejemplo que viene al caso es la infortunada historia de Eleuteria Ek, muchacha que vivía en la hacienda Santa Bárbara, cerca de Cansahcab, en el partido de Temax.54 El 8 de octubre de 1907 Ciriaco Santos, mayordomo de Santa Bárbara, ordenó a los padres de la enferma Eleuteria, de doce años de edad, trasladarla a la casa principal. Eleuteria estaba afectada de influenza, atestiguó Santos, y la hacienda tenía por norma aislar tales contagios. Al principio los padres de Eleuteria, Crisanto Ek y Micaela López (quien provenía del cercano Cansahcab pero que ahora vivía en la hacienda), rehusaron entregar a su hija, alegando que la necesitaban en casa para los quehaceres domésticos. De acuerdo con el testimonio de Crisanto y Micaela, fue entonces que los hombres del mayordomo arrastraron físicamente a Eleuteria hasta la casa principal, y se previno a los padres de que los azotarían si se seguían oponiendo. Al día siguiente, Eleuteria fue llevada en tren a Mérida para recibir tratamiento médico y convalecer en casa del hacendado, Pedro Luján. La escena (descrita con emoción en el testimonio de los padres ante el tribunal) de la niña sollozando histérica mientras su padre y su madre observaban impotentes en la estación ferroviaria de Cansahcab, pone de relieve los mundos diferentes en que vivían el campesino maya y sus paternalistas amos. Aunque en general, durante el auge, no se separaba a las familias los campesinos mayas temían que después de que se llevaran sus hijos a la residencia del amo, en la capital, podrían quedarse como sirvientes. Quizás por ser oriunda de un pueblo, Micaela se atrevió a presentar la queja ante el juez de paz de Cansahcab. El juez le concedió penniso para viajar a Mérida, recoger a su hija~ regresada a la finca. Resulta interesante el hecho de que el expediente se cierra con la declaración de Micaela, quien dio fe de que Eleuteria fue bien tratada en Mérida: un tranquilizante epitafio judicial para tan perturbador incidente. Es evidente que el tribunal deseaba ha. cer saber que si bien se permitía que los padres condujeran su hija a casa, también era preciso que la reputación del hacendado quedara absuelta de �244 Joseph y Wells: Dominación y resistencia en las haciendas yucatecas Siglo XIX cualquier sospecha de maltrato. . La historia de Eleuteria es una ilustración gráfica de la falta de confianza entre el maya y el dzul. Algo en apariencia tan inofensivo como el tratamiento médico era distorsionado por tensiones culturale~ que debilitaban, en lugar d~ reforzar, los lazosclientelares. Tal vez la observación que hace Nancy Far~ss acerca del maya yucateco de la colonia sea apropiada para los ~e~e_nd1entes me~?r asimilados por la cultura de fines del siglo XIX y pnnc1p1os del XX: Los mayas no tenían hospitales ni deseaban tenerlos, pues _habían llegado a la conclusión, no del todo infundada, según sus observaciones, de que estas instituciones europeas eran para irse a morir" 55 Resulta irónico que tales sospechas fueran albergadas por las familias mayas precisamente cuando las intenciones del amo eran a toda luces altruis~s (si bien paternales). Los apologistas se han empeñado en elogiar a los benevolos hacendados que se preocupaban por sus sirvientes enfermos ya transportándolos a sus casas de Mérida, o llevándolos personalmente~ 56 ho~pital O'Horan. El caso de Eleuteria, y otros semejantes, hacen necesar~o un _nuevo examen del paternalismo en la finca henequenera: el altruJSmo bien puede estar en los ojos del observador. Aun~ue las discordancias culturales entre amo y sirviente templaron sus relaciones, la fundamental seguridad de subsistencia que ofreció el mon~cu~tivo durante gran parte del porfiriato, aparejada con el deceso econom1co de los pueblos cercanos, permitía reclutar peones y engancharlos a los disciplinados ritmos de la producción de fibra. El hábil ma~ejo por parte de los henequeneros de los tres mecanismos complementa~os de control social (seguridad, aislamiento y coerción) mantenía a los Jornaleros ~tados al trabajo. Sin embargo, pese a que se encontraban muy a la defensiva durante el auge del henequén, con frecuencia lograron responder a la estructura de dominación por vías diversas y creativas. LAS FORMAS DE LA RESISTENCIA - Con todo y lo formidable que era, la estructura de dominación del monocultivo henequenero no privó -de hecho, no podía privar- por completo a los peones acasillados de recursos para protestar y para expresar su calidad de humanos. Una cierta cantidad de "juego" debe introducirse aún en los sistemas laborales más coercitivos. La implementación de cualquier me- 245 dio de control social (trátese de azotes de parle del encargado, uso de documentos de identificación para inhibir la movilidad del trabajador en el campo, reclutamiento a la despreciada Guardia Nacional o maniobras del sistema de justicia penal), requiere un cierto grado de flexibilidad para asegurar su máxima eficiencia. Si el mecanismo de control es demasiado rígido o restrictivo, si no permite excepciones, es probable que su utilidad disminuya: aquellos a los que está dirigido se resistirán cada vez más. No es de sorprender que hayamos descubierto que, pese a sus aspectos coercitivos, el idioma del poder característico del monocultivo henequencro permitía a los peones residentes un cierto margen de adaptación a las rápidamente cambiantes circunstancias, utilizando los recursos culturales a su alcance. En el proceso, se convirtieron en agentes activos en la reformulación de las condiciones de su propia opresión. uestro argumento en este punto apoya hallazgos recientes relacionados con el casi contemporáneo régimen esclavista que impulsó al monocultivo azucarero en Cuba. A pesar de profundas diferencias en otras cuestiones, tanto Manuel Moreno Fraginals como Rebeca Scott sostienen que 57 los esclavos cubanos consiguieron forjar una cultura altema. Incluso bajo las brutales condiciones de trabajo de los ingenios -donde laboraban hasta veinte horas al día durante la zafra, literalmente sonámbulos entre calderas hirvientes y peligrosa maquinaria que cobraba vidas y miembros- los desarraigados esclavos no consintieron (ni permitieron ser doblegados por) el tratamiento que sus amos les propinaban. Scott concluye: "Los esclavos podían ser engañados, y sin embargo participar en una economía monetaria. Podían estar mal alojados, y aún así luchar por mantener a sus familias. Podían ser tratados peor que a las bestias, mas no convertirse en bestias ,,_ss Comparados con los bozales nativos de Africa y los esclavos criollos que se afanaban en los ingenios cubanos, los peones ma} as de Yucatán (que siempre integraron la gran mayoría de la fuerza laboral de la finca henequenera) disfrutaron de diversas ventajas que acrecentaron su capacidad de resistencia. Como hemos visto, pese a su aislamiento y subordinación al dzul, el maya del noroeste poseía todavía una cultura definida, basada en la familia nuclear y extensa, y reforzada por creencias y prácticas religiosas sincréticas. ,\ diferencia de muchas sociedades esclavistas, la familia maya de la zona henequenera rara vez era separada, aun por los amos más despóticos. De hecho, la escas1·z crónica de mano de obra, característica permanente del auge, operó para limitar cualquier �246 Siglo XIX des~lazamiento del peón de una fir.ca a otra. Además, las familias de los acas1llados habitaban viviendas de varas entretejidas y blanqueadas con cal, y no en las barracas impersonales -en las que se separaba a los hombres d~ las ~ujeres, y que contenían hasta doscientos esclavos- de los vastos mgemos cubanos. Es decir que, por lo menos, la unión familiar de los mayas ofrecía un cierto grado de consuelo y refugio contra los estragos del sistema de explotación.59 Sin duda, la habilidad de los peones para moldear una cultura alte . b ~. ~ se vio o stacuiizada durante el auge por la intensificación del régimen laboral. No obstante, los henequeneros siguieron considerando con cierta ala~a. la potencia~ soli~aridad maya y, como hemos visto, diluyeron a P~~~SJto la _aproxunac1on de los acasillados con grupos étnicos y lin~1~ticos foran_eos. Los dueños de las plantaciones cubanas adoptaron SJmilar estrategia al c~ntratar trabajadores chinos. Sin embargo, ninguna de las ~~s clases domma_ntes logró eliminar finalmente el espacio cultural que legitimaba l?s des~fws a su heg~monía. Parece evidente que los indígenas de Yucatan teman mayor capacidad de resistencia que los esclavos cubanos, muchos de los cuales eran "forasteros", desarraigados y trasplantados desde el extranjero.60 . _Por supuesto, las formas de resistencia que los peones de Yucatán cons~gu1eron mont_ar c~ntra el monocultivo fueron configuradas por las relacione~ de dommac1on en coyunturas históricas concretas. Hasta fines del porfinato, los peo~es mayas de la zona henequenera, al igual que sus equivalentes en las soc1e~des esclavistas más formales, rara vez se arriesgaban ª, to":1ar parte en acciones colectivas violentas contra la élite terrateniente. Cons1derand~ los ni_veles múltiples del mecanismo represivo que los henequneros haluan ÍOIJado en colaboración con d Estado las revueltas e insurrecciones, así como las operaciones organizadas de' bandolerismo estaban condenadas al fracaso, incluso a la masacre. Sin duda se suscit.ilian estallidos esporádicos, indicadores de las desesperadas respuestas locales a los ~articularmente atroc~s abusos de los henequeneros (y que, por lo comun, provocaban excesivas venganzas por parte del hacendado). Pero de manera general los peones mayas, como los esclavos del sur de Estados ~ni~os los del Caribe, no eran suicidas: ellos también consideraban que s1 bien el hombre puede ser muerto a hierro ... ninguno desenvaina la espada para morir, sino para vivir por ella " .61 Además contaban con otras alternati~as, con estrategias más modestas con las que los peones acasillados_ ~odian asestar un golpe, material y simbólico, a las exacciones y dominac1on de sus amos. ! Jo,eph y Welu: Dominación y ruistencia en /a¡¡ hacienda, yucateca, 247 Estas "silenciosas" o "cotidianas formas de resistencia", como las denomina James Scott, podían incluir pequeños actos de incumplimiento en beneficio propio, tortuguismo, zafarse del trabajo y fugarse; o, en plan más agresivo, actos clandestinos de robo, incendio premeditado y sabotaje. Aunque los científicos sociales les han concedido poca importancia, este "fuego de armas ligeras de la guerra de clases", estas "armas de los débiles" que acontecen fuera de los límites de los movimientos organizados, siempre han constituido la mayor porción de la política campesina (y de la propia clase obrera).68 Asimismo, como afirma Scott en tono persuasivo, es probable que hayan logrado así lo que no obtuvo la infructuosa resistencia annada: "conferir ventajas materiales inmediatas y concretas al 3 · · tiempo que se ruegan recursos a 1as c1ases usurpadoras... ,'16 En la zona henequenera, tales "rutinas" de resistencia resultaban muy apropiadas para el ambiente de la plantación, socialmente heterogéneo y de máximo control: requerían poco planeamiento, apenas un mínimo de espacio para maniobrar, podían ser realizadas en secreto por un solo jornalero o por informales grupos diminutos. Además, evitaba cualquier confrontación directa (y por fuerza costosa) con el amo o sus encargados. El sentido de tal resistencia no era el irrealizable objetivo de derrocar el sistema de dominación del monocultivo, sino más bien el de sobrevivir dentro de él: hoy, esta semana, esta temporada. Es que, tal como generaliza Eric Hobsbawm, la aspiración fundamental de los campesinos ha sido siempre la de operar dentro del "sistema con un mínimo de desventajas.,_64 Esta diaria resistencia plantea un problema metodológico desafiante al historiador social. Se la menciona poco en los documentos oficiales porque no genera declaraciones programáticas, encuentros violentos y manifestaciones públicas que tienden a cautivar la atención del Estado. De hecho, la meta de sus ejecutores es, precisamente, no atraer la atención. Además, la burocracia estatal y las élites terratenientes locales tenían poco interés en divulgar la incidencia de la insubordinación campesina: hacerlo significaba reconocer la existencia de políticas impopulares y lo límites de su hegemonía. De este modo, con mucha razón afirma Scott que la historiografía de la lucha de clases ha sido estadólatra. Las insurrecciones menores predestinadas al fracaso que han dejado huella en el papel impreso continúan preocupando a los estudiosos más allá de toda proporción frente a su impacto en las relaciones de clases; mientras, "los silenciosos actos de evasión, sabotaje y hurto, que pueden tener mayor importancia a la larga, 65 rara vez son mencionados ". �248 Siglo XIX En tanto que antropólogos como Scott asumen el papel de observador participante para comprender de primera mano tales estrategias no confrontacionales, a los historiadores se nos ha dejado una relación escrita incompleta que, de manera sistemática, resta importancia a las formas cotidianas de resistencia. Por ejemplo, sólo unas cuantas muestras sohre peones que se zafaban de sus obligaciones, se hacían los disimulados, o se insubordinaban (principales fonnas de protesta en las fincas henequeneras) han logrado colarse por las grietas de la documentación histórica. Los funcionarios del estado consideraban que dicho comportamiento era demasiado insignificante para documentarlo (excepto en contadas y enfadosas disgresiones burocráticas), mientras que los henequeneros prefirieron no extenderse sobre el lado oscuro de la vida de las haciendas en las ilustradas memorias que encomendaron a la posteridad.66 Por desgracia, en lo que respecta a los peones, se pudo entrevistar a pocos con edad suficiente para recordarlo: ya no quedan muchos ancianos que den testimonio de ello. Además, las historias orales incompletas que se han obtenido aluden al pasado en términos nebulosos y no permiten una comprensión profunda de las formas cotidianas de resistencia.67 Este dilema metodológico explica en buena medida el retrato más bien estático y monocromo que surge de la literatura histórica sobre la vida porfiriana en la zona henequenera. Como ya hemos observado, se ha caracterizado a los peones como criados dóciles y atemorizados, y a los amos y sus representantes como patrones omnipotentes y ubicuos que se negaban a tolerar la más pequeña crítica a su autoridad, mucho menos un desafío constante a los estrictos ritmos de producción. Por supuesto, tal imagen suprime de la documentación histórica no sólo las formas rutinarias de resistencia, sino también, como veremos, los actos de protesta de mayor coordinación y violencia que los peones iniciaron o secundaron durante las postrimerías del viejo régimen. Pese a estar incompletos y desorganizados, y plenos de prejuicios ofi• ciales (problemas que hemos abordado en otro lugar68 ), los expedientes penales de Yucatán ayudan a corregir las deficiencias metodológicas e interpretativas de la literatura histórica. Los testimonios de los tribunales documentan casos de las formas más rutinarias de protesta69 (eludir tareas, tortuguismo e insubordinación) y captan las fonnas más agresivas 70 de resistencia (abigeato, incendio premeditado, sabotaje). Por último, proporcionan también un mirador hacia los motines, revueltas e insurrecciones que brotaron durante la época maderista. Además de arrojar luz sobre los modos de resistencia, los testimonios personales ante el tribunal Joseph y Wells: Dominación y resistencia en las haciendas yucateca 249 revelan en forma gráfica (Y a menudo conmovedora) momentos de la clase trabajadora durante el auge hencquencro que son testimonio de la dura lucha cotidiana por sobrevivir. Si bien aquí no nos es posible reconstruir la textura y los matices del proceso global, sí podemos ilustrar la amplia gama de resistt>ncia que culminó con la ola de insurgencia de los afios iniciales de la revolución mexicana. Pese a las diversas formas de coerción que se aplicaron, el rehuir responsabilidades y el ausentismo siguieron siendo un problema durante el auge para los encargados de mantener los niveles de producción. Los hacendados y su personal se quejaban continuamente de los flojos e inútiles mayas. Los libros de cuentas de las haciendas comunmente muestran listas de peones que, por una u otra razón médica, no trabajaban determinado día: resulta imposible indicar cuánlas de eslas enfermedades eran fingidas.71 Es evidente que los henequeneros no lograron inculcar una actitud ''proletaria" en sus acasiJlados: es que :;u régimen laboral híbrido no era el apropiado para producir tal cambio de menlalidad. Los peones, obligados materialmente a cortar de 1 500 a 2 000 pencas espinosas al día bajo el implacable sol tropical, que subsistían en perpetuo endeudamiento y con severa constricción a su movilidad, encontraban formas de evitar el trabajo. Aunque se les hubiera pagado por pieza, la deuda aumentó tanto para fines del porlirialo que pocos tenían perspectivas reales de liquidar sus cuentas. En realidad, ;,qué incentivos podían tener los peones para realizar las tareas asignadas, sin hablar de adquirir una ética del trabajo, si lo único que generaba su esfuer-i:o era una insignificantt' disminución de la deuda?. o es de extrañar (Jlle el jornalero buscara escapes en el alcohol, con lo que se agravaba el problema del ausentismo. Ni siquiera las flagelaciones sistemáticas evitaban la costumbre popular de prolongar los fines de semana para abarcar el San lune.~. El alcohol era, por supuesto, el principal alivio de los peones residentes: la facilidad para conseguirlo en la tienda de raya indica que, en otro nivel, los henequeneros apreciahan su valor como mecanismo de control social. De ahí que el alcohol represenlara un asunto complejo en términos sociales., y es probable que aumentara o disminuyera la resistencia en las fincas. Además de estar vinculado con el ausenlismo, parece ser que t>Ste tipo de intoxicación tuvo importante influencia en el crimen y la violencia, endémicos en el agro yucateco durante el porfiriato. Por ejemplo, en 1906 y 1907 los arrestos por escándalos en estado de embriaguez representaban del 55 al 70% de todas las aprehensiones hechas �250 Siglo XIX por las autoridades estatales. 72 Si bien las estadísticas de gobierno son muy poco confiables y reflejan tanto patrones urbanos como rurales, destaca la asombrosa incidencia del abuso del alcohol. Por otra parte, las cifras de gobierno no incluyen los incidentes manejados con más "discreción", fuera del sistema judicial del estado, por los hacendados y encargados en las mismas fincas. Los expedientes penales abundan en muertes y crímenes en los que el tribunal dedujo que fueron inducidos o estimulados por el alcohol.73 Los crímenes recorren toda la gama de ofensas: desde simple hurto y abigeato de ganado hasta incendio premeditado, desde riñas domésticas y agresión, hasta asaltos y asesinato. En muchísimos casos (probablemente en la mayoría) los peones eran victimarios de otros peones, 74 el anverso de la noción de resistencia "rutinaria" que da Scott: afirma con validez que en ~to los camp~in~~ están reducidos a arremeter contra (o ahusar de) sus iguales, la aprop1ac1on por parte de las clases dominantes se ve favorecida w~de~~~ ' Sin embargo, los expedientes penales contienen también una variedad de casos en que los peones robaban ganado u otros bienes (e incluso asaltaban y mataban) a encargados y hacendados. Invariablemente, los defensores y testigos invocaban el beber en exceso: ya como explicación, ya como atenuante. Al parecer, el tipo de preguntas planteadas por los acusadores influía o predisponía las respuestas de los defensores, lo que sugiere la habilidad de los delincuentes rurales pobres para "seguir el juego". Como sabían que los crímenes premeditados se castigaban con mayor severidad, al defensor le convenía alegar que la ofensa había sido causada por embrutecimiento alcohólico, o en forma imprevisible.76 En consecuencia, es probable que los expedientes penales presenten un exceso de actos no premeditados. Las autoridades comprendieron la importancia del alcohol como un escape para el campesino, y los jueces parecen haberse complacido en el estereotipo del indio ignorante y borracho.77 Pero estos mismos jueces (por lo general hacendados o clientes suyos) también reconocían que si cada infractor (borracho o en plena posesión de sus facultades) recibiera su "justa" sentencia, las cárceles se habrían desbordado y quedarían pocos brazos para trabajar en los campos henequeneros.78 En contadas ocasiones se nos presentan caso2 evidentes de resistencia (episodios de abigeato, hurto y sabotaje) en que los peones hayan sido aprehendídos en el acto mismo. El incendio intencional, por ejemplo, se convirtió en una formidable modalidad de resistencia en la zona heneque- Joseph y Wells: Dominación y re&istencia en /tu hacienda.! yucatecas 251 nera, y se vislumbró como una amenaza constante a la producción durante su auge. En 1908 Santiago May, jornalero maya, fue sorprendido con los cerillos en la mano prendiendo fuego a 120 mecates de henequén (valuados en 3 000 pesos) en la hacienda San Pedro, partido de lzamal.79 Aunque el peón alegó haber estado bebiendo aguardiente, el juez, apoyándose en el testimonio de numerosos testigos presenciales, llegó a la conclusión de que el maya había actuado con premeditación y que nunca perdió el control de sus facultades. Fue declarado culpable y condenado a seis años de prisión, sentencia en extremo rigurosa si se considera que los homicidas a menudo recibían penas más leves en el Yucatán del porfiriato. La severidad de la sentencia de May (y de otros veredictos, aplicadas en casos de destrucción de planteles y demás bienes de la hacienda) sólo puede ser interpretada como una clara señal del estado oligárquico a los peones: los delitos contra la propiedad constituían la ofensa más grave, y no serían tolerados.80 Por otra parte, el incendio premeditado representaba uno de los pocos casos en que las autoridades estatales sentían la imperiosa necesidad de meterse en los asuntos internos de la hacienda: es que podía borrar en cuestión de horas los ahorros de toda una vida.81 Aunque el veredicto en el caso May fue muy claro, a menudo se dificultaba a los jueces decidir sobre hechos de incendio intencional a causa del clima tropical de la región. Los accidentales eran comunes en la zona durante la prolongada estación seca que abarcaba desde octubre hasta abril: sobre todo en los abrasadores meses de marzo y abril, en que los campesinos de los pueblos cercanos, empleando técnicas de agricultura tradicional (swidden ), prendían fuego a sus milpas y desmontaban la tierra para la próxima siembra. En ocasiones, un cambio en la dirección del viento transportaba chispas a los planteles henequeneros aledaños: una vez iniciado el fuego, poco podían hac8t los encargados para evitar la conflagración, ya que la capacidad para combatir incendios era muy limitada en el árido noroeste. Uno de los mayores incendios de fines del porfiriato ocurrió en la hacienda Temozón, a unos cuarenta kilómetros de Mérida, durante la temporada más cálida de la estación seca, a finales de abril de 1908. 31 700 mecates de henequén de primera, valudos en más de cuatrocientos mil pesos, se convirtieron en humo.82 Aunque por lo regular los jueces porfiristas ordenaban diligencias tras la destrucción de planteles, dada la naturaleza de la ecología se veían en apuros para encontrar culpables (más aún para juzgar el delito).83 �252 Siglo XIX Es evidente que las consideraciones sohre la mentalidad del peón y la ecología de la región, así como la representatividad y parcialidad de los • mismos documentos oficiales, loman problemático extraer conclusiones sobre la incidencia de la "resistencia consciente". James Scott afirma que el historiador social difícilmente alcanza una comprensión cabal de las motivaciones del campesino. La efectividad y seguridad de la resistencia cotidiana dependen del secreto y de la aparente conformidad. Más aún, sos-tiene que las intenciones pueden estar tan incrustadas en la subcultura rural y en la lucha diaria por asegurar la subsistencia, que permanecen "inarticuladas". A falta de evidencia definitiva, finalmente, el historiador debe evaluar <' inferir la int1·nción o motivación de los hechos mismos. Cuando los intereses materiales de las clases dominantes se encuentran en conflicto directo con los de campesinos o peones (por ejemplo, en lo que atañe al acceso a la tierra, a la subsistencia o salarios y condiciones de trabajo), Scott sugiere que los actos de abigeato, hurto y sabotaje put'den a menudo presumirse como hechos de resistencia.84 Es probable que Scott considere las defensas expuestas ante los tribunales por los peones (deterioro mental, accidentes derivados del ambiente) como coartadas convenientes que disfrazaban actos clandestinos de la lucha de clases. el ambiente local Scott bien puede exagerar en cuanto a una estrategia constante de la resistencia cotidiana, en particular en lo concerniente a incendios. Si del contexto social se debe inferir la resistencia, el historiador necesita estar preparado para presentar un argumento convincente, si no de máxima garanlía.85 En Lodo caso, nuestros datos sobre las fincas henequeneras de Yuca tán bastan para concluir que los peones acasillados desafiaban el régimen del monocultivo en diversas formas, que se intensificaban según los daños que inílingían } el riesgo que conllevaba~ Sin duda la respuesta más conmovedora, negativa y total a la explotación era el suicidio. Los expedientes judiciales documentan un aterrador número de muertes autoinfligidas, mU1·has de ellas inducidas por la pelagra (deficiencia de vitamina B que produce descamación de la piel, comezón, y en sus etapas avanzadas, desórdenes mentales)- '\sociada con el alcoholismo endémico de la zona hencquenera, la pelagra a menudo tenía trágicas coTIS<'cuencias. Que tantos peones se colgaran de los árboles o de las vigas de sus casas, o se arrojaran a las norias, era prueba de su pobre dieta, atención médica inade1·uada y sentimientos de desesperación, con<licionr~ que se agudizaron aún más duran t.- los últimos años del porfiriato.86 Joseph y Welb: Dominación y resütencio en las haciendas yucatecas 253 La investigación judicial de la muerte de José María Eb proporciona un espeluznante relato de los efectos perniciosos de la pelagra y el alcoholismo, y destaca el deterioro del paternalismo y seguridad en las fincas de fines del porfiriato. Eb era un peón maya de setenta años de edad de la hacienda San José, finca ubicada en el rico distrito henequenero equidistante de Cacalchén y Motul. Fue descubierto completamente sepultado bajo las pencas de un plantel henequenero por sus compañeros de trabajo Isidro May, de 84 años, y Toribio Escobarrubias de 75. Los ancianos camaradas de Eh fueron guidos hasta su cadáver por una concentración de buitres. Lo que encontraron era tan horrible que resultaba casi indescriptible: los buitres habían devorado el cuerpo hasta dejarlo casi irreconocible, y se logró identificarlo sólo por la ropa característica de Eh y su sabucán (costal). El médico que lo examinó encontró el cadáver cubierto de las lesiones indicadoras de un caso avanzado de pelagra. May y Escobarrubias atestiguaron que, debido a la enfermedad y a las intensas borracheras, Eh se había desplomado y perdido repetidamente el sentido de las semanas anteriores. En ocasiones hasta había d&iconocido dónde se encontraba y lo habían te87 nido que llevar a su trabajo en los campos. Si bien el caso de Eh no se manejó como suicidio, sino que se imputó a una aguda congestión alcohólica, los desórdenes mentales que con frecuencia acompañaban los nexos de pelagra y alcoholismo solían empujar a los jornaleros a quitarse la vida. Es significativo resaltar que, a menudo, los peones se colgaban de árboles o vigas, una forma de adhesión a los ritos y usos tradicionales.88 Las creencias religiosas precolombinas de los mayas sostenían que los suicidas, a diferencia de la mayoría de los muertos -que enfrentaban un arduo viaje al otro mundo- eran recompensados con un viaje directo al paraíso. Se les asignaba un cielo especial, donde junto con otros infortunados, como criaturas sin destetar, "pasarían una vida de alegría y ocio con todos los deleites imaginables bajo la sombra de una ceiba gigantesca (la sagrada yaxché) ". En realidad los suicidas eran transportados a este paraíso por la diosa maya Ix Tab, "La de la cuerda" o "Diosa de los ahorcados".89 Aunque los arqueólogos no están seguros en cuanto al motivo por el que los mayas concedían tan especial distinción a los suicidas, el hecho de que esta creencia cultural probablemente lograra persistir hasta el siglo XX confirma nuestro argumento de que la élite terrateniente y la Iglesia nunca remodelaron completamente la ideología de los aculturados mayas d~I noroeste. La práctica y la percepción mayas del suicidio por ahorcamiento sugiere que pudo haber otras tradiciones y creencias indígenes sustentan- �254 Sy¡to XIX do los actos diarios de resistencia: así, los mayas reformulaban otras formas culturales de la sociedad dominante, y les conferían una significación y relevancia diferentes.90 Aunque en muchos aspectos las formas de resistencia "más calJadas" que utilizaban los acasillados se asemejaban a las que emplearon los esclavos de toda América, los recursos culturales con que contaban los mayas tomaban más efectivas tales estrategias. En conjunto, representaban más que un escape de las diarias indignidades de un sistema de explotación: con la notable excepción del suicidio (que tenía su propio fundamento cultural), estos mecanismos revelan una tenacidad para perseverar y, cuando se presentaba la ocasión, para impugnar las exigencias de los henequeneros sin arriesgar una confrontación abierta (y desigual). En .realidad, hasta los últimos años del porfiriato estas "pequeñas armas" eran las únicas en el arsenal de los peones. Pero les permitieron hacer valer sus propios intereses dentro de un régimen brutal, aun cuando esto significara tan sólo operar "el sistema con un mínimo de desventajas". No obstante, después de 1907 nuevas coyunturas históricas facilitaron patrones más dinámicos de resistencia. Las consecuencias de la crisis financiera mundial de 1907-1908 en México (y en particular su forma de socavar el régimen de Díaz) han sido tema de reciente debate, pero no cabe duda de que el pánico internacional tuvo un profundo impacto en todos los niveles de la sociedad del monocultivo dependiente de Yucatán.91 Con el desplome de la cotización de la fibra en 1908 (que continuó casi constantemente a la baja hasta 1912) y la escasez de crédito una reacción en cadena de bancarrotas y quiebras comerciales asoló la p~nínsula y repercutió en numerosos pequeños y medianos henequeneros. Entre la espada y la pared, los apurados productores pasaron al ataque: redujeron salarios, restringieron anticipos a los peones, extendieron el crédito en la tienda de raya, con una reducción radical de los tradicionales beneficios e incentivos paternalistas. Al mismo tiempo, los henequeneros aceleraron los ya coercitivos ribnos de producción: sus mtensas demandas dejaban a los peones poco tiempo o energía para atender sus pequeñas milpas, en los casos cada vez más raros donde la finca no las había subsumido totalmente al monocultivo. Aparte del trabajo adicional que extraían de los jornaleros, es posible que los hacendado,¡ hayan empezado a apropiarse di- ]0$eph y Welll: Dominación y resistencia en /0$ hacienda& yucateea& 255 rectamente del esfuerzo de los familiares de los sirvientes. Durante mucho tiempo, los peones habían aumentado sus ingresos domésticos mediante el jornal extra de los hijos adolescentes y las labores hogareñas desempeñadas por esposas e hijas. El henequenero, ahora, privaba al acasillado y a su fa. milia de un recurso estratégico en la continua lucha por mantener asegurada su subsistencia, al explotar en forma directa la fuerza laboral de los fa. 92 miliares dependientes, en particular de hijas y esposas. Después de 1907, cuando el paternalismo ya no era más que un simple eco y las exigencias del trabajo se intensificaban a medida que el acceso a la milpa y los ingresos familiares suplementarios disminuían, los peones residentes se convencieron cada vez más de que su calculado intercambio de autonomía por seguridad ya no proporcionaba garantías de una subsistencia permanente. Sequías periódicas y plagas casi anuales de langosta entre 1907 y 1911 desgastaron aún más su horizonte de expectativas. No es de sorprender, por consiguiente, que la confrontación violenta -antes el último recurso y el más peligroso- se convirtiera después de 1907 en una respuesta más frecuente. No se necesita recurrir a una simplista teoría volcánica de la violencia colectiva para explicar los motines locales y las revueltas campesinas que ocurrieron en la zona henequenera entre 1907 y 1911, o las oleadas más vastas de rebelión rural que recorrieron el estado en 1911 y 1912, en las que se logró considerable apoyo de los acasillados. Los modelos volcánicos o de curoa J sugieren que, al empeorar las condiciones económicas, se generan una relativa escasez y descontento que, con el tiem93 po, desencadenan la furia de las masas y la aci:ión colectiva. Sin duda, en lo que atañe a los peones, la creciente espiral en el deterioro de las condiciones de trabajo y bienestar económico abatieron el umbral de tolerancia hacia la opresión y, tal vez, generaron múltiples encuentros (aunque aislados) después de 1907. Pero, como veremos, el agravamiento de las condiciones económicas nunca desencadenó una más generalizada ola de protesta de violencia en el estado, y mucho menos dio origen a un movimiento masivo que hiciera tambalear al régimen oligárquico. La prensa regional reportó una variedad de violentas controversias sobre el recorte de salarios, el deterioro de las condiciones laborales y el abuso físico ante la baja del precio de la fibra entre 1907 y 1911. Por ejemplo, en 1909 un encargado redujo los salarios de cuatro maquinistas de platafonna que se negaron a trabajar los domingos en la hacienda Eknakán, propiedad de Luisa Hühbe de Molina, cuñada de Olegario Mo- �256 Siglo XIX lina (el hacendado más rico de Yucatán y dirigente de la facción oligárquica dominante). Cuando estalló la violencia, se envió la Guardia Nacional a restaurar el orden. Un capitán fue herido por los peones y la Guardia se vio obligada a retirarse; un sirviente resultó muerto y ocho más resultaron heridos. Fue necesario enviar refuerzos desde Mérida, a toda prisa, para sofocar el disturbio.94 Asimismo se reportaron episodios en que los peones protestaban por el trato abusivo y por castigos en las fincas. A fines de 1907, ciento diez peones marcharon desde la hacienda Oxcúm, propiedad de Avelino Montes, yerno de don Olegario, hasta el palacio municipal de la <;ercana Umán para protestar por el encarcelamiento de tres compafieros de trabajo. De Mérida, a seis kilómetros de distancia, se despacharon tropas de la Guardia Nacional. Sin intimidarse por el despliegue, seis peones de Oxcúm asaltaron más tarde al odiado encargado de la finca. Se llamó de nuevo a la Guardia Nacional, esta vez para arrestar a los seis transgresores.95 Varios afios después, en marzo de 1911, el régimen de trabajo por demás brutal de la hacienda Catmís, aislada en el sur, cerca de Peto, produjo la chispa que encendió el episodio tal vez más violentq entre las protestas de los ~casillados bajo el antiguo régimen. Con furia catártica, los peones destruyeron maquinaria y acuchillaron al hacendado, miembros de su familia y del personal.96 En cada caso, la 1,iolencia se presentó en respuesta a causas locales específicas, y fue aislada y velozmente reprimida por las autoridades estatales. Como hemos observado, dichos motines y revueltas habían sucedido esporádicamente durante el auge porfirista. Entre 1907 y 1911, sin embargo, su incidencia parece haber ido en aumento. De hecho, para 1911, tanto dentro de la zona henequenera como en su menos controlable periferia, los motines y un abrupto incremento en actos afines de abigeato y robo se convirtieron en las principales formas de resistencia entre el campesinado maya.97 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION EN LA ZONA HENEQUENERA Los jornaleros no estaban solos en su descontento. Pese a la fabulosa riqueza generada por el auge henequenero, la primera década de este siglo fue un verdadero "verano de descontento" para la enorme mayoría de los productores regionales, comerciantes, trabajadores urbanos y campesinos Ji- Joseph y Wells: Dominación y resistencia en las hacienda.t yucatecas 257 bres, subordinados de una u otra forma a la camarilla oligárquica basada en el parentesco de Olegario Molina y Avelino Montes. Esta facción dominante (o casta divina, como se le llamaba y llegó a autodenominarse a principios de siglo) tenía intereses homogéneos, una membrecía relativamente cerrada y, debido en parle a su,colaboración con el principal con:iprador de la fibra cruda, la lntemational Harvester Company, mantema tal control sobre las palancas, económicas y políticas del poder en la región que -en las postrimerías del porfiriato- era capaz de frustrar las oportunidades de grupos hacendados rivales.98 Para fines de 1909, cuando la represión molinista les cerró el camino electoral, estos frustrados terratenientes, organizados ya en dos grupos rivales comprendieron que la rebelión era el único medio para forzar a una n~eva y más equitativa repartición del botín henequenero. Así como la coalición nacional maderista derribaría a la oligarquía porfirista, los científicos, así las facciones de hacendados disidentes (popularmente conocidos corno morenistas y pinistas por sus respectivos abanderados, Delio Moreno Cantón y José María Pino Suárez) aspiraban ahora a romper el dominio absoluto de la casta divina. Cada ~arilla elitista hizo un veloz intento por construir amplias coaliciones con mtelectuales de la clase media, la pequeña clase obrera y artesana urbana y, lo que resulta tal vez más importante, pero que hasta ahora no ha sido explicado por completo, el campesinado maya. Con rapidez, el verano de desco~t~nto_ se agudizó y violentos períodos de agitación sacudieron el orden ohgarqu1co desde 1910 a 1913.99 Aunque nunca tuvieron un papel principal o autónomo en estos ciclos de agitación, los peones acasillados de la zona henequenera integraron a menudo un componente importante de los bandos rebeldes. Por supuesto, los expedientes judiciales nos permien hablar con ~ayor confianza acerca del carácter de las movilizaciones que de las rnobvaciones de los peones que se incorporaban a ellas o que se negaban a hacerlo. De hecho, muchos estudiosos de los movimientos sociales se preguntan si alguna vez podremos determinar con exac~tu~, sob~e ~o~o en forma retrospectiva y con datos incompletos, las motivaciones ~div1d~ales. En el particular contexto de estos motines y rebeli~nes, los ~msmos insurgentes pueden no haber estado conscientes sobre que los motivaba en el m~mento en que se unieron a un bando. Un peón yucateco, Mar~s Cha?, hi~o este sucinto comentario en el juicio: "Me preguntaron que SI quena unmneles y yo dije que sí" 100 ¿Cómo podemos ~canza~ a entender lo que p~ba por su mente? ¿Cómo podemos saber s1 habna actuado_ en forma di~tinta un día O una semana después si se le presentaba la misma alternalJ- �258 Siglo XIX va? Algunos estructuralistas encuentran tan subjetivo el ejercicio de juzgar la motivación, que desisten por completo de preguntar por qué actuaba la gente. Intentan comprender tan sólo cómo actuaba.101 Sin duda estos críticos practican una observación válida. Una lectura cuidadosa de los expedientes penales sugiere que cada uno de los peones puede haberse unido o rehusado a unirse a los bandos insurgentes por una multitud de motivaciones conscientes (a menudo interconexas): beneficios económicos, lazos familiares y un vivo deseo de venganza, entre otras. Pero más allá de estas motivaciones evidentes había sin duda otros factores inconscientes, de sustento psicológico, que tal vez influyeron en las decisiones individuales. Por ejemplo, los psicólogos han documentado la reducción colectiva de los umbrales de inhibición en turbas y otros fenómenos de masas: de hecho, algunos episodios de la insurgencia yucateca semejaban fiestas públicas en las que grupos enteros de personas, acompañados por la banda de la comunidad, desertaban en masse. 102 ¿Y qué papel desempeñaba la relación mujer-hombre en la motivación? En algunos casos encontramos madres y esposas incitando a su.s familiares varones, retando de hecho el machismo: "¡Andale, por que no matas a ese cabrón ahora que pu.edes, ten por segu.ro que él no se portaría tan blando contigo!".1º3 Es verdad que una diversidad de motivaciones y variables conscientes e inconscientes, así como muchas otras contingencias entran en juego cuando tenemos que examinar la cuestión de por qué los individuos participan en motines y rebeliones (y de hecho en cualquier acción social). Empero, al intentar abordar analíticamente estos actos de resistencia y rebelión, finalmente nos sentimos obligados a ensayar una explicación general, a ofrecer al menos una causa aproximada del por qué sucedieron y por qué los peones decidieron incorporarse a ellos. Para tal fin, estamos obligados a ver más allá de la propia creencia del insurgente ante sus acciones. Debemos considerar mas bien estas convicciones en el contexto de las condiciones estructurales que afectaban al individuo como miembro de uno o más grupos, y como parte de una formación social más extensa. En efecto, esto significa que hay que evaluar todo el rango de relaciones "externas" de poder, además de las propias per- Joseph Y WeU,: Dominación y re.tútencia en /tu hociendas yucatecas 259 cepciones "internas" de la gente en cuanto a sus condiciones y comportamiento.104 Se han analizado con cierto detalle las dinámicas relaciones de dominación en la zona heoequenera durante los últimos años del porfiriato. Hemos sugerido que las condiciones cada vez más miserables de vida y el present~iento entre los sirvientes de que la finca ya no podía garantizar la segundad por la que habían canjeado su autonomía, probablemente convencieron a muchos de que debían participar en la insurgencia. Del mismo modo, y aunque no era nuestro principal terna de interés, hemos mencionado la severa amenaza que significaba la expansión de la hacienda henequenera para la existencia de las poblaciones pobres pero libres del área y de lsu menos controlable periferia. Esta amenaza, aparejada con el dete~ord del~ condiciones e~nómicas ~ con la ampliación del espacio político ~espues de 1910, sugiere por que tantos cabecillas y reclutas de estas revubltas provenían de esos pueblos asediados pero de mayor movilidad táctiba (como los de Temax, Unucmá, Muna y Santa Elena en particu~~ ' • El historiador social británico E.P. Thompson proporciona lo que bien podría ser el mejor indicador para la desafiante tarea de penetrar la mentalidad de los peones (o campesinos) durante los episodios de in.surgencia: 106 El grado de conciencia de un obrero no es una curva que ascienda Y descienda con los precios y salarios; es de una vida de experiencia y socialización, tradiciones heredadas, luchas ganadas y perdi- das . .. Es este pesado bagaje el que interviene en la formación de la conciencia del obrero y proporciona la base de su comportamiento cuando las condiciones maduran y el momento se presenta. La percepción de Thom pson puede ser provechosa a la luz de las evidencias del período. A los agitadores como Tomás Pérez Ponce y a los cabecillas ROSteriores se les recibía generalmente en forma ambigua cuando llegaban a ~s fincas henequeneras en brisca de partidarios o reclutas, entre 1909 y 1913. Pese a lo malas que llegaron a ser las condiciones, muchos peones eludían aún la estrategia de confrontación. Probablemente pensaban q1M, como en el pasado, tales acciones estaban condenadas al fracaso: los limitados beneficios que momentáneamente obtendrían no valían el riesgo de perder la seguridad mínima que las fincas aún proporcionaban; menos, la potencial pérdida de la integridad física o la propia vida. Además, no todos los henequeneros habían abandonado los incentivos pater- �260 Siglo XIX nales, ya que las condiciones variaban de una hacienda a otra. Sin duda, muchos peones favorecían la estrategia de obtener cuanta seguridad pudieran y resistir a las exigencias del monocultivo con métodos más "rutinarios,, y menos riesgosos.107 Con todo, muchos sirvientes se arriesgaron a unirse a la insurgencia popular. Coincidimos con gran parte de la literatura de ciencias sociales sobre revueltas campesinas en que, por afligidos o "motivados'' que estén, los campesinos en general esperan a tener evidencias de que quienes detentan el poder se han debilitado y/o dividido antes de asumir los riesgos de una insurrección. La noticia de tales oportunidades para la revuelta a menudo es llevada a los campesinos por elementos externos (casi siempre, élites disidentes) o por agentes locales intermedios con cierta experiencia cultural en la sociedad dominante que les complementa (de hecho realza) su posición en la sociedad rural suhordinada.108 En el caso de Yucatán, los propietarios independientes, pequeños comerciantes, bandoleros, artesanos, maestros y exoficiales del ejército con frecuencia se convertían en cabecillas e intermediarios: enlazaban los grupos encabezados por hacendados disidentes con los nucleamientos de peones y campesinos. Por lo común, los hacendados morenistas y pinistas y los intelectuales de clase media radicados en Mérida planeaban una revuelta (sincronizando su complot regional con una conspiración a nivel nacional) y luego, mediante una extensa red de intermediarios que incluían contactos y espías locales conocidos popularmente como "orejas", movilizaban elementos simpatizantes (y no pocas veces obligaban a los que no lo eran tanto) en rancherías pueblos y haciendas.109 Durante la serie de conjuras e intrigas elitistas que tuvo lugar en la víspera de la rebelión maderista, un líder morenista declaró: "Tengo más fe en la gente del campo que en los meridanos."11º Durante 1910 y principios de 1911 la tenue alianza entre las facciones elitistas disidentes de las ciudades y los influyentes intermediarios rurales del interior continuó creciendo. Mientras las élites aseguraban armas y dinero, los cabecillas locales reclutaban adeptos entre los pueblos y fincas vecinas. Sin embargo los morenistas y pinistas pronto se pusieron a reconsiderar la sensatez de su movilización de peones y campesinos. Para la primavera de 1911, la última ronda de motines y revueltas empezó a girar fuera de control. Lo que las élites no evaluaron plenamente cuan.do construyeron estas redes rudimentarias de insurgencia fue que los incipientes rebeldes rurales también tenían su propia agenda, y que no era congruente con los pro- Joseph y Wells: Dominación y resistencia en IIJ8 haciendas yucatecas 261 yectos políticos más bien limitados de la élite. Gradualmente, a partir de la abortada conjura de Candelaria en octubre de 1909, pasando por la fallida rebelión en Valladolid de fines de la primavera de 1910, hasta las revueltas más incontrolables que con regularidad hicieron temblar a1 estado durante 1911 y 1912, la movilización y protestas populares habían comenzado a adquirir vida propia, y concedían poca importancia a actitudes políticas o resultados de elecciones fraudulentas. Las élites contendientes de Yucatán habían abierto la caja de Pandora y, por más que se esforzaron, nunca supieron encauzar la furia que explotó en áreas l!eriféricas como en Puuclll y el partido oriental de Temax. Allí, en la periferia del monocultivo, durante 1911 y 1912, las haciendas fueron asoladas por bandas merodeadoras que "liberaban" a peones y propiedades por igual, a veces de las mismas élites morenistas y pinistas que al inicio fomentaron la movilización. En algunas fincas, las revueltas surgieron desde dentro. En varias cabeceras, los rebeldes dinamitaron las casas y tiendas de los notables locales, atacaron los cuarteles de los destacamentos de la Guardia Nacional y "sometieron a juicio" sumario a los abusivos jefes políticos, autoridades municipaJes y personal de la hacienda.112 Durante dos días ocuparon Halachó, cabecera de regular tamaño en el Puuc, y comenzaron a nombrar nuevas autoridades municipales.113 En ocasiones bandas dirigidas por popuJart:S cabecillas, junto con peones locales, allanaban las casas principales para luego detrozar desfihradoras y tramos de rieles del sistema Decauville, muy a la manera ludista. Tras años de explotación y degradación racial, los sirvientes mayas se encontraban de pronto en tienditas y bailes populares sabatinos, discutiendo -entusiasmados- sus acciones: "Yo encendí la dinamita que hizo volar la caldera", decía fulano; "Y o derribé las alharradas que rodeaban el nuevo plantel", comentaba mengano; "Imagínense", intervenía zutano, "todas estas ropas finas se pagaron con las ganancias sacadas de las costillas de nuestro pueblo ".114 En varias ocasiones durante 1911 y 1912 esta insurgencia popular en la periferia henequenera amenazó con extenderse y paralizar la producción del corazón de la zona. 115 De este modo, a semejanza de la gran rebelión campesina del siglo XIX conocida como la Guerra de Castas, la participación masiva de grupos subaJtemos en estas rebeliones de la era maderista comenzaron a infundir en la lucha una resistencia local a la dominación elitista que se convirtió en motivo de preocupación entre los mismos núcleos dominantes que en principio precipitaron estas movilizaciones. Una vez más, en la lejana periferia de la nación, los campesinos y peones mayas comenzaban a sacar pro- �262 Siglo XIX vecho de las disensiones entre las élites: huyendo de las fincas, colocando en la mira las propiedades y familias de los individuos abusivos y, en algunos casos notorios, estableciendo redes clientelares que más tarde se consolidarían en cacicazgos cuando la Revolución ganara arraigo en Yucatán, desde 1915. Fue esta dicotomía estructural entre mentalidades y políticas populares y elitistas, manifiesta en los tiempos de rebelión de la era maderista (como lo fue durante la Guerra de Castas), lo que constituyó el desafío más dramático a la hegemonía del monocultivo antes de la llegada del ejército revolucionario del general Alvarado.116 Diversos factores, así como las provisionales estrategias de emergencia de los henequeneros y el Estado, explican por qué en Yucatán -en última instancia- el conflicto político y la insurgencia popular detuvieron secamente la generalizada rebelión que tuvo lugar en muchas otras partes de la república. 117 Ante todo, en Yucatán el viejo orden tenía ciertas ventajas "inherentes" que le permitían contener el enconado descontento popular y mantenerse alejado del precipicio. La remota ubicación de la península (no hubo carreteras hacia el centro del país sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial) impedía la comunicación con los jefes revolucionarios del centro y del norte de México, haciendo casi imposible la coordinación de campañas. Segundo: hemos visto que el sistema de dominación del monocultivo del henequén, coercitivo y de alto control, que mantenían los terratenientes y el estado, operaba para impedir la colaboración entre campesinos y peones y para mantener aislados los estallidos locales. Por otra parte, la "memoria social" o mentalidad de la clase henequenera podría considerarse como otro factor estructural. La obsesión que representaba para los henequeneros el inquietante espectro de una nueva Guerra de Castas les hacía meditar sobre una movilización total de empleados portuarios y de ferrocarriles, sin hablar de los peones y campesinos mayas. Aunque los hacendados morenistas y pinistas estaban impacientes por derrotar a la camarilla molinista, la mayoría temía que al armar a las masas rurales se socavaran los elaborados mecanismos de control social que con tan buen éxito afianzaron el auge henequenero. Ahora bien, si las movilizaciones encabezadas por hacendados suscitaban una revolución social, las élites contendientes en Yucatán podrían perder sus propiedades, su mundo social, y hasta sus vidas en otra Guerra de Castas. El que ciertas élites corrieran ese riesgo, armando a los campesinos, demues- }o&eph y Wells: Dominación y re,istencia en la, hacienda, yucatecas 263 tra la disensión en el seno de la clase dominante en Yucatán, así como el sentimiento de desesperación de algunos henequeneros durante el porfiriato tardío. No obstante, incluso con la serie de obstáculos estructurales en su contra, la insurgencia popular alcanzaba peligrosos niveles para fines de 1912. Esto obligó a los henequeneros, por lo pronto, a hacer algunas concesiones a los peones o, como lo expresa Knight para México en su conjun, . . ,,11sra1 como 1as pnmeras . to: "Halagar y prometer, as1 como repnmir . rebeliones esclavistas del Caribe o del sur de Estados Unidos, los tiempos de rebelión popular en Yucatán generaron la redacción de una agenda reformista por hacendados progresistas Qa Liga de Acción Social) Y verdaderas concesiones materiales en algunas fincas, aun cuando provocaron medidas más severas de control en otras.119 En general, hemos encontrado que, después de 1913, los tribunales locales, aun bajo el control de los hacendados demostraron más interés ert tomar nota de (e incluso en enmen, 120 dar) los abusos más atroces contra los peones. El Estado desempeñó un papel complementario en la desmovilización de bandos de campesinos sublevados. La imposición del régimen militar por el general Victoriano Huerta, a principios de 1913, institucionalizó el estancamiento político de las tres facciones elitistas contendientes en Yucatán: las obligó de hecho a aceptar una entente que preservara la paz social. Una vez resuelta la cuestión del poder del Estado, al menos de momento, se procedió a aplicar la justicia, unas veces con sagacidad porfiriana y otras con creatividad. Los poderes Ejecutivo y Judicial indultaron! cooptaron algunos poderosos cabecillas y mandaron a otros al paredon. Para mediados de 1913, el campo había sido desmovilizado. Sin embargo, la promulgación de un decreto aboliendo el acasillamiento al año siguiente da fe de lo tenue que era en realidad la ~az en ~ ucatán. El decreto nunca entró en vigor y parece haber sido emitido so,o por conveniencia, para ganar tiempo, a raiz de la nueva andanada de ~~tines y violencia que precedieron a la caída de Huerta. De hecho, la elite terrateniente se esforzó por mantener en calm;i al campo justo hasta antes del desmoronamiento de su hegemonía, cuando el ejército constitucionalista de ocho mil hombres al mando del general Alvarado invadiera la pe- soc!~ nínsula en marzo de 1915. A su vez, el reformista Alvarado comprendió de golpe que el campe- �264 Siglo XIX sinado había cambiado con su participación en las recientes insurrecciones. El tribunal militar que instaló recibió oleadas de peticiones: los peones exigían aumentos de sueldo a sus patrones y mejores condiciones de trabajo. Por ejemplo en un pintoresco proceso, el veredicto favorable del tribunal no fue suficiente para calmar al líder de una delegación de peones, quien siguió demostrando la arrogancia y crueldad del mayordomo hasta que se le acusó de desacato y tuvo que ser sacado por la fuerza. El comandante que presidía la corte escribió al general que ese hombre estaría bajo arresto hasta que se calmara, de mane¡a que " tan incendiario comportamiento no promoviera antagonismos de clase tan lesivos a la producción y al espíritu de trabajo", principios rectores del régimen modernizante y progresista de Alvarado .121 Si bien el autoritario caudillo recibió con sorpresa tan agresiva conducta, los hacendados la habían observado fermentar a través de los años. Los archivos judiciales y la prensa regioftal de 1910 a 1915 revelan que muchos encargados y patrones se quejaban de que sus sirvientes ya no se quitaban el sombrero ni les besaban la mano.122 La advertencia de Tomás Pérez Ponce a los hacendados había resultado profética: a pesar de las complejas precauciones que habían tomado en el curso del auge porfirista para subordinar y controlar a sus sirvientes, los henequeneros dolorosamente descubrieron, durante el período de Madero, cuán conscientes eran sus peones. Mientras que los campesinos libres conformaron el liderazgo y las primeras filas en los movimientos populares de Yucatán, muchos peones residentes aprovecharon la apertura que acompañó a la caída de Díaz para combatir con violencia el régimen del monocultivo. Su participación en estas efímeras revueltas representó la respuesta política apropiada en una coyuntura dinámica y estratégica. En tanto que los peones acasillados del noroeste habían elegido usualmente actos de resistencia "más callados" y "cotidianos" para combatir una estructura de dominación en apariencia inconmovible, ahora, muchos arriesgaban a asestar un golpe más efectivo contra el régimen social que los sometía y explotaba. Para 1913, en el remoto y oligárquico Yucatán, como en otras partes de México, los modos tradicionales de conducta y respeto retrocedían ante una asertividad y formas de autoridad novedosas: lo que Knight denominó "la nueva insolencia plebeya ".123 Los tiempos de rebelión popular fracasaron en Yucatán, pero echaron los cimientos de aspectos fundamentales para más extensas movilizaciones bajo regímenes revolucionarios radicales posteriores. 124 Joseph y Wel/.f: Dominación y re,istencia en las hacienda, yucatecas 265 NOTAS 1. El Ciudadano, 10 de junio de 1911, 34. 2. Debemos aclarar los diversos términos que empleamos en este ensayo para caracterizar a los trabajadores rurales de Yucatán durante el porfiriato. Jornalero de campo es un tÚmino genérico aplicado al trabajador agrícola: lo utilizamos libremente para abarcar trabajadores henequeneros, inquilinos y trabajadores de tiempo parcial (llamados lunero, en Yucatán, por trabajar los lunes). Los peones acasülados o 1irvientes eran peones de residencia permanente, atados a la finca henequenera mediante el mecanismo de la deuda. Los campesino, o comuneros, por otra parte, eran campesinos ''libres" que podían o no poseer tierra, pero que vivían en las comunidades aldeanas y no se encontraban atados por deudas a las haciendas vecinas. 3. Dentro de un radio aproximado de setenta a ochenta kilómetros de Mérida (véase mapa). 4. El Ciudadano, 10 de junio de 1911, 34. 5. Los moreni,tas, que gozaron de poder político durante el cuatrienio de gobierno del General Francisco Cantón (1897-1901), habían esperado con impaciencia, durante más de una década, para retomar el poder estatal. Porfirio Díaz había elegido a Olegario Molina y su camarilla (los molinistas) para que gobernaran el estado de modo ininterrumpido desde 1902 a 1911. En este último año los morenistas se rebelaron cuando se les excluyó, de nuevo, con la imposición del gobernador maderista, José María Pino Suárez. Sobre los orígenes del descontento morenista durante los últimos años del porfiriato, véase Gilbert M. Joseph y Allen Wells, "Yucatán: Elite Politics and Rural lnsurgency in a Period of Transition, 1897-1913", enMexican Revolution,: Essay, on Regional Mexican History, 1910-1929, Thoma.~ Benjamín y Mark Wasserman eds., de próxima aparición, University oí New Mexico P~. 6. Este ensayo representa sólo una porción de un extenso estudio, actualmente en desarrollo, sobre política y sociedad en Yucatán titulado Summer of Discontent, Seiuons of Upheaval: Elite Poli tic, and Rural Rebellion in Y ucatán, 1890-1915. En este trabajo, más amplio, empleamos el rico testimonio personal de los casos penales, así como la historia oral, para sondear la mentalidad del campesino y de los participantes de la élite, con mucho mayor detalle del posible en esta síntesis. 7. Eric Wolf, Pecuant Wars of the Twentieth Century (Nueva York, 1969), introducción; John Tutino explica con mayor claridad: "En los lugares donde ocurrieron los cambios económicos más radicales del porfiriato, donde las comunidades campesinas establecidas fueron súbitamente incorporadas a la economía en calidad de productoras, hubo escasa insurrección revolucionaria después de 1910". Tutino, From lmurrection to Revolution in Mexico: Social lJase3 of I r / /\ �266 Siglo XIX Asrarian Violence, 1750-1940 (Princeton, 1986), p. 296. 8. Un retrato reciente del peón acasillado maya en el que se lo describe como tranquilo se encuentra en Alan Knight, The Mexican Revolution, dos vólumenes (Cambridge, Reino Unido, 1986), 1:89. Para un análisis general de la literatura sobre los trabajadores henequeneros durante el porfuiato, véase Wells, Yuootán 1 Güded Age: Haciendas, Henequen and lnternalional Haroester, 1860-1915 (Albuquerque, 1985), capítulo 6. 9. Este punto está tratado con mayor detalle en Wells, "From Hacienda to Plantation: The Transfonnation oí Santo Domingo Xcuyum ", en New Approaches to Mexican Regional Hutory: Land, Labor, and Capital in Modern Yucatán, Gilbert M. Joseph y Jeffery Brannon eds., University of Alabama Press, de próxima aparición. Sobre la transformación de la industria azucarera del Caribe, véase Manuel Moreno Fraginals, "Plantations in the Caribbean: Cuba, Puerto Rico,and the Dominican Republic in the Late Nineteenth Century", en Between Slavery and Free Labor: The Spanish-Speaking Caribbean in the Nineteenth Century, Moreno Fragi.nals, Frank Moya Pons y StanJey L. Engarman eds. (Baltimore, 1985), pp. 3-21; y Christian Schnakenbourg, "From the Sugar Estate to Central Factory: The Industrial Revolution in the Caribbean (1840-1905)", en Crisis and Change in the lnternational Sugar Economy, 1860-1914, Bill Albert y Adrián Graves eds. (Norwich and Edinburg, 1984), pp. 83-93. 10. En un trabajo fundamental escrito hace más de tres décadas, Eric Wolf y Sidney Mintz intentaron dar una defmición rigurosa de haciendas y plantaciones. Una "hacienda" es "una finca agrícola operada por un gran propietario. . . y una fuerza laboral dependiente, organizada para abastecer un mercado a pequeña escala por medio de capital escaso, en la que los factores de pr?ducción se emplean no sólo para acumular capital sino también para sustentar las aspiraciones de status del propietario". En contraste, una "plantación" es "una finca agrícola operada por grandes propietarios (por lo general constituidos en corporación) y una fuerza laboral dependiente organizada para abastecer un mercado a gran escala mediante capital abundante, en la que los factores de producción se emplean en primer lugar para acumular más capital sin considerar las necesidades de status de los propietarios". Aunque esta clasificación de tipos ideales simplifica instituciones coro plejas, pone de relieve las diferencias claves de la posesión de tierras, capitalización, mercados y el deseo de consumo ostentoso de los terratenientes. Véase Wolf y Mintz, "Haciendas and Plantations in Middle America and the Antilles", Social and Economic Studie1, 6 (1957): 380412. 11. /bid, p. 390. 12. /bid, p. 401. 13. La penetrante intuición de George Hegel en The Phenomenology of Mind resulta aquí particulannente apropiada: el poder personal llevado al extremo finalmente se contradice a si mismo, "pues la dominaciórt total puede convertirse en una forma de dependencia extrema hacia el objeto del poder, y la carencia total de poder puede convertirse en el camino secreto hacia el control del sujeto Joseph y Welh: Dominación y re,istencia en las haciendas yucatecas 267 que intenta ejercer tal poder". Hegel citado por Orlando Patterson en Slavery and Social Death: A Comparative Study (Cambridge, MA, 1982), p. 2. 14. Pltilip Mason, Patterns of Dominance (Londres, 1971), p. 11. 15. lbid, p. 11. 16. El siguiente análisis de los idiomas del poder se inspira en gran medida en Orlando Patterson, Slavery and Social Death, cap. l. 17. Karl Marx, El Capital, I :77, citado en Patterson, Slavery and Social Death, p. 19. 18. Diseñados por los henequeneros para limitar la movilidad y autonomía de los trabajadores, los tres mecanismos se reforzaban mutuamente tanto y tan a menudo que, a veces, resulta difícil delimitar donde comienza uno y donde tennina el otro. Por ejemplo, instituciones como la tienda de raya cumplían múltiples funciones. En un plano, la tienda daba a los henequeneros un mecanismo seguro para acrecentar la deuda del trabajador (coerción). Sin embargo, a otro nivel, al suministrar alimentos básicos y útiles para el hogar, disminuía en los peones residentes la necesidad de salir de la propiedad para adquirir bienes, minimizando así los riesgos de contacto potencialmente perjudicial entre los peones acasiUados y los campesinos y agitadores de las cercanías (aislamiento). Por úJtimo, la venta de maíz, frijol y otros productos básicos aseguraba la subsistencia de los peones residentes (seguridad). En suma, la tienda de raya era el vehículo perfecto para apoderarse de la mano de obra en un mercado en que escaseaba: facilitaba la dependencia y la inmovilidad, al tiempo que transmitía un cierto grado de conveniencia y seguridad a los peones sin tierra. Sin embargo, para fines heurísticos desglosaremos estos mecanismos interconexos para esclarecer cómo se hacía llegar e/ idioma del poder a los jornaleros y campesinos de la zona henequenera. Empero, siempre debe recordarse su convergencia estratégica. 19. WeUs, Yuca1án '., Giided Age, pp.161-162. 20. Antonio Betancourt Pérez, Revoluciones y crisis en la econom(a de Yucatán (Mérida, 1953). p. 52. 21. Víctor Suárez Molina, La evolución económica, dos volúmenes (Mérida, 1977), 1:160. 22. Para un examen completo de la ecología de Yucatán, véase Eugene M. Wilson, "Physical Geography of the Yucatán Península", en Yucatán: A World Apart, Edward H. Moseley y Edward D. Terry eds. (University, Alabama, 1980). pp. 540. 2:J. Para un análisis de la pobre calidad del suelo y las bajas cosechas de maíz en la wna henequenera, véase Malcolm K. Shuman, "The Town Where Luck Frll: The Economics of Life in a Henequen Zone Pueblo" (Ph. D. Dissertation, Tulane University, 1974),cap. 5. �268 Siglo XIX Joseph y Wells: Dominación y resistencia en las haciendas yucatecas 269 24. Nancy Farris.5 hace una enérgica defensa de su tesis en cuanto a la propensión migratoria del maya yucateco durante la colonia en Maya Society Under Colonial Rule: The Collective Enterprise of Survival (Princeton , 1984), especialmente en el capítulo 12. 36. Archivo General del Estado de Yucalán (de aquí en adelante, AGEY), Ramo de Justicia, "Flagelación a Julio Pérez", 1912. 25. Para un análisis del nuevo trabajo en lomo a la Guerra de Castas, los cruzob y 38. Knight, "Mexican Peonage", p. 51. los pacíficos a partir de la publicación de The Caste War of Yucatán de Nelson Reed (Stanford, 1964), véase Joseph, Rediscovering the Past at Mexico's Periphery: Essays on the History of Modern Yucatán (University , Alabama, 1986 ), capítulos 2 y 3. 37. Wells, Yucatán 's Gilded Age, p. 157 . 39. AGEY , Ramo de Justicia, "Incidente promovido por el apoderado de D. Dolores Guerra de Mendoza pidiendo la suspensión del remate de la hacienda Xcuyum ", 1895. La cita en El Crédito del Estado, 15 de julio de 1895, 12; y Wells, Yucatán 's Gilded Age, p.157. 26. La correspondencia entre Díaz e Ignacio Bravo, general a quien confió la campaña del cruzob, revela que ambos estaban decididos a eliminarlo por completo: lo percibían como una raza perniciosa. Colección General Porfirio Díaz (de aquí en adelante citada como CGPD), Ignacio Bravo a Porfirio Díaz, legajo 30, caja 25, 23 de junio de 1905, 009756. Véase también Marie Lapointe, Los mayas rebeldes de Yucatán (Zamora, Michoacán, 1983). 27. Wells, Yucatán 's Gi~ed Age, p.105, n. 30. 28. lbid, p. 159. 29. El cerebro que ideó la separación de Quintana Roo fue Manuel Sierra Méndez, científico confiable y hermano del ministro de Educación Justo Sierra. Es interesante notar que Sierra Méndez, nativo de Yucatán, sostuvo con fiermeza (pero al final en vano) que la separación debería ser temporal y que tras la pacificación del cruzob, el territorio debería ser reincorporado a Yucatán. Véase CGPD, memorandum de Sierra Méndez a Díaz, "Apuntes sobre la campaña de indios presentados en croquis explicatorio de ellos", legajo 22, caja 17, 12 de julio de 1897, 008128-008140. Para un análisis detallado de la separación, véase Wells, Yucatán 's Cilded Age, capítulo 4. 30. CGPD, passjm. 40. Un estudio reciente del peonaje en Puebla y Tlaxcala durante el porfirialo indica que algunos acasiUados buscaban en realidad incrementar su deuda: pensaban que el tamaño de la misma indicaba sta~s social e_n la hacie~d~. Herbe~t J . Nickel, Peonaje e inmovilidad de los traba1adores ogrico/as en Wex1co: la situación de los peones acasillados en las liaciendas de Puebla y Tlaxcala, lrad . Catalina Valdivieso de Acuña (Bayreuth, 1980), pp. 54-55. Aunque carecemos de datos sobre este fenómeno en Yucatán, es evidente que muchos acasillados acumularon altísimas deudas duran le el porfiriato. Lo que no queda claro es si restaban importancia a la deuda y por lo mismo pedían prestado tanto como el administrador de la finca se los permitía, o s í, en efecto, consideraban a la deuda como símbolo de status dentro de la comunidad de la hacienda. 41. AGEY, Ramo de Justicia , "Acusación presentada por el c. Juan Bautista Chan contra el juez Segundo de Paz de Tahmek", 1912. 42. Un punto que no fue señalado en la queja presentada por Chan fue cómo ~l jornalero pudo pagar tan enorme suma: el salario diario en el campo en esa epoc:1 era de aproximadamente un peso. Sin otros apoyos financieros hubiera sido d1f ícil reunir tanto dinero para liquidar la deuda. 43. Sobre el pago con fichas o vales, véase Edwin C. Leslie y A.F. Pradeau , Henequen Plantation Tokens of the Yucatán Península (Washington, D. C., 1972). 31. En ocasiones, D íaz ~licitaba a sus gobernadores investigar las quejas específicas, pero es difícil discernir si los problemas eran tomados en cuenta. CGPD, passim. 32. Wells, Yucatán 's Cilded Age, pp. 176-177. 33. Henry Baerlein, México: land of l/nrest (Philadelphia, 1914), pp. 19-20, 182; Alan Knighl, "Mexican Peonage : What Was lt and Why Was il?", Journal of Latin American Studies (de aquí en adelante citado como JLAS), 18:1 (mayo de 1986 ), 61. 34. Méndez, citado en Wells, Yucatán 's Cilded Age, p. 178. 35. Citado en Knight, "Mexican Peonage", p. 61. 44. Para un interesante análisis de deudas y salarios en las haciendas de henequén Y maíz yucatecas durante el auge, véase Chrislopher J. Gill, "Regional Variation and Patlems of Resistance: The Henequen Boom in Yucatán, 1880-1915" (Seniors' Honors Thesis, University oí Michigan), capítulo 3. También véase Wells, " From Hacienda to Planlation"; y Joseph, Rediscovering tl1e Past, pp. 59-81. 45. AGEY Ramo de Justicia, "Tercer cuenta de administración de la finca San Pedro sujeta al juicio hipotecario promovido por la repr~ntación ~e . Don Perfecto Eduardo Bolio Rendón y continuado por Don \\enceslao Lazarraga Patrón contra Doña Mercedes [rigoyen de Herrera", 1911 ; e ídem, "Segunda cuenta de admin.istración que rinde el depositario de la finca sujeta al juicio que siguen los Sres. Avelino Montes S. en C. contra Marcos Díaz Cervera", 1911. �270 Siglo XIX 46. AGEY, Ramo de Justicia, "Cuenta de administración de la Compañía Agrí. cola del Cuyo y Anexas, S. A.", 1910. 47. El concepto se analiza con mayor detalle en Tutino, From lnsurrection to Revolution. 48. Knight, "Mexican Peonage ", p. 64. 49. Para un análisis de los papeles múltiples desempeñados por las casas exportadoras durante el auge, véase Joseph y Wells, "Corporate Control of a Monocrop Eoonomy: lnternational Harvester and Yucatán's Henequen industry During the Poñrriato",Latin American Re.,earch Review 17:l (1982): 69-99. 50. Fernando Arjona,Breves apuntes sobre la pelagra (Mérida, 1898). 51. Knight, "Mexican Peonage", p. 64. 52. Aunque los asentamientos de acasillados predominantemente mayas carecían incluso de los escai;os recursos organizacionales y culturales de las comunidades sitiadas de la zona, como veremos no estaban despojados por completo de afinidades y recursos culturales, sobre todo en la familia y la religión. 53. Esta también es una ilustración clásica del mecanismo de aislamiento en juego Alejandra García QuintaniUa, comunicación personal, 20 de noviembre de 1987. 54. AGEY, Ramo de Justicia, "Diligencias en la averiguación del delito atentado contra la libertad de la menor Eleuteria Ek, denunciado por Micael López", caja 658, 1908. Joseph y Wel/8: Dominación y resistencia en hu haciendas yucatecas 271 60. Sir Mores Finley prefiere caracterizar a los esclavos como "forasteros" en vez de "desarraigados": Ancient Slavery and Modern Jdeology (New York, 1980), capítulo 2. Las limitaciones de espacio y lo incompleto de los datos nos impiden reconstruir aquí los patrones de resistencia de los trabajadores importados a la zona henequenera (yaquis, asiáticos, enganchados y deportados del centro de México). La resistencia y mano de obra de origen no maya (y las dificultades que entraña su estudio) se discuten en Joseph, Rediscovering the Post, capítulo 4,en especial las pp. 70-81. 61. De james Harrington, A System o/ Politics, citado en Eugene D. Genovese, From Rebellion to Revolution: Afro-American Slave Revolts in the Making o/ the New World (Baton Rouge, 1979), p. vi. 62. James C. Scott, Weapons o/ the Weak: Everyday Forms o/ Peasant Resistance (New Haven, 1985), y "Resistance without Protest and without Organization: Peasant Opposition to the lslarnic Zakat and the Christian Tithe ", Comparative Studies in Society and History (de aquí en adelante, CSSH), 29:3 (julio de 1987): 417-452. Scott no puede atribuirse todo el crédito (y no lo hace)de enfocar la atención hacia las formas "calladas" de lucha que no dieron como resuJ. lado la insurgencia. Reconoce que su trabajo se basa en estudios previos sobre temas agrarios similares realizados por eruditos que se dedican a otra área: por ejemplo, Eugene D. Genovese, Roll, ]ordan, Roll: The World the Stave, Made (New York, 1972); y Michael Adas, "From Avoidance to Confrontation: Peasant Proles! in Precolonial and Colonial Southeast Asia", CSSH, 23:2 (abril de 1981 ), 217-247. Para un estimulante y actualizado estudio sobre la resistencia campesina en sus diversas formas, véase Steve j. Stem, "New Approaches to the Study of Peasant Rebellion and Consciousness: lmplieations of the Andean Experience" en Resistance Rebellion and Consciowness in the Andean Worls: 18th to 20th Centuries, Stem, ed. (Madison, 1988), pp. 3-25. 55. Farriss,Maya Sociely Under Colonial Rule, pp. 268-269. 63. Scott, "Resistance without Protest", 450. 56. Por ejemplo, véase Alberto García Cantón, Memorias de un ex-hacendado henequenero (Mérida, 1965). 57. Scott, Slave Emancipation in Cuba; Manuel Moreno Fraginals, El ingenio: complejo económico social cubano del azúcar, 3 volúmenes (La Habana, 1978). Para reseñas del debate historiográfico sobre las condiciones de trabajo cubanas, véase Franklin W. Knight, "The Caribbean Sugar lndustry and Slavery", LARR, 18:2 (1983): 219-229; y Wells, "The Terrible Green Monster: Recent Literature on Sugar, Coffee, and Coerced Labor in the Caribbean ", LARR, 23:2 (1988), 189-205. 58. Scott, Suwe Emancipation in Cuba, p. 19. 59. La historia social de la familia maya aún no ha sido escrita,. Nuestras observaciones generales en cuanto a la zona henequenera de fines del siglo XIX y principios del XX derivan de una gran variedad de fuentes, 'incluyendo el Ramo de justicia del AGEY y la prensa regional y datos contenidos en la literatura etnográfica y etnohistórica (p. ej., Farriss, The Maya Society Under Colonial Rule). 64. Eric J. Hobsbawm, "Peasants and Politics", Journal of P00$0nl Studies, 1:1 (1973), 12; también citado en lbid, 424. 65. Scott, "Resistance without Protest", 422; ef. Weapons o/ the Weak, capítulo 7. Scott señala, por ejemplo, que la acumulación de miles de actos individuales de evasión fiscal, robo o deserción pueden trastocar seriamente a las élites e, incluso, desestabilizar regímenes. 66. Si bien los juicios hipotecarios y documentos de la hacienda nos informan SObre categorías tales como salarios, deudas, producción, maquinaria, valores y bienes disponibles en la tienda de raya, dicen poco acerca de la interacción diaria entre empleado y patrón en la finca. El Ramo de Justicia contiene menciones aisladas de tortuguismo, excusas para evadir el trabajo, etc. (véase la nota 69), pero se advierte la ausencia de tales detalles en las memorias de hacendados: por ejemplo, García Cantón,Memoria.f de un ex-hacendado, y Gustavo Molina Font, La tragedia de Yucatán (México, 1941). �272 Siglo XIX )oseph y We/ls: Dominación y resistencia en las haciendas yucatecas 67. Un ejemplo perfecto de este vago impresionismo se encuentra en el documental de 1971, "México: The Frozen Re,olution ", en el que se entrevista a un anciano sobre la naturaleza de las relaciones de trabajo durante el auge henequenero. En Joseph, Rediscouering the Post, capítulo 4 y epilogo, se encuentran menciones de la escasa literatura histórica oral. 68. "Summer of Discontent, Seasons oí Upheaval: Towards an Analysis oí Elite Politics and Rural RebeUion in Yucatán, 1890-1915 ", trabajo presentado en la Conferencia sobre el Desarrollo Histórico de Yucatán, Mérida, abril de 1987. 69. Por ejemplo, en cuanto a eludir el trabajo: AGEY, Ramo de Justicia, "Denuncia que hace Lorenw Díaz de varios hechos delictuosos cometidos por Federico Trejo", 1910; ídem, ''Toca a las diligencias practicadas en averiguación de las lesiones que presenta Francisco Lugo contra Temístocll'-S Correa Gutiérrez", 1914. En cuanto a tortuguismo, desobediencia e insubordinación, ídem, ''Toca a la causa seguida a Antonio Puc y socios por los delitos de motín y destrucción de propiedad", 1911. 70. Por ejemplo, en cuanto a abigeato y robo: AGEY, Ramo de Justicia, "Causa seguida a Severiano Baas y socios, por el delito de abigeato", 1911; ídem, ' 'Toca a la causa seguida a Hermenegildo Nah y socio por los delitos de robo y destrucción de propiedad ajena por incendio", 1912. En cuanto a incendio premeditado y sabotaje, ídem, ''Toca a la causa a Santiago May por el delito de de¡;trucción en propiedad ajena por incendio". caja 674, 1908; ídem: "Denuncia que hace Manuel Ríos de destrucción en propiedad ajena ". 1914. 71. Por ejemplo, AGEY, Ramo de Justicia, "Cuenta dr administración de la finca San José 11.uché y su anexa San Francisco correspondiente a un mes corrido de 25 de julio a hoy agosto 25 de 1897", 1897. La literatura comparada sobre la esclavitud contiene un abundante análisis de enfermedades fingidas como forma de resistencia. Los relatos de viajeros contemporáneos de Barlein and John Kenneth Tumer, &rbarous México, Chicago, 1910, entre otros, contienen diversidad de quejas de hacendados referentes a embriaguez y pereza de sus peones. 273 a la causa seguida a Manuel Baas por rl delito de de,strucción en propiedad ajena por incendio", 1912. Baas alegó estar "completamente embrutecido por el al. cohol" cuando incendió la cabaña. Se le impuso una sentencia muy leve. 77. Por ejemplo, véase la l'aracterización de los campesinos maya en AGEY, Ramo de Justicia, ''Toca a la causa seguida a Hermenegildo '.\jah y socio", 1912; e ,'dem, '1'oca a la causa seguida a \'isitación Gonzálcz } Magdalena \lcocer de Gon?..ález por injurias a funcionario público y resistencia a la autoridad", 1914 78. Para un fascinante análisis de la actitud del sistema judicial colonial hacia el abuso del alcohol, qur ha resultado muy útil para el presente trabajo, véase ~illiam B. Taylor, lJrinking, Homicide and Rebel/ion in Colonial Mexican I il/ages (Stanford, 1979). 79. Un mecate equivale aprox1rnai.unente a un ane. AGEY, Ramo de Justicia, ..To. ca a la causa seguida a Santiago May", caja 674, 1908. 80. Una muestra de algunos otros veredictos inusitadamente severos por destrucción de propiedad ajena incluyen AGEY. Ramo de Justicia, "Toca a la causa seguida a Felipe Medina por el delito de destrucción ajena por incendio" 1908 (siete años y nueve mrses por incendiar una vivicnda);ídt>m, "Toca a la causa seguida a Pedro May y socios por el delito de robo ~.1912 (dos años y seis meses por robar una modesta cantidad de maíz); íclt>m, "Toca a la causa se~ida a Francisco Vázquez por destrucción de propiedad ajena", 1914 (un año por hacer milpa ilegalmente en ocho hectáreas dr monte del hacendado). Compárese con la leve sentencia por a;;esinato en ídem, ''Toca a la l'ausa seguida a \1anuel Femández y Antonio Tos por el delito de homicidio". caja 680. 1908 (Femández recibió cinco a,ios y i;eis meses por matar a otro jornalero). 81. Las cortei; inglrsa.s del siglo X VIII defrndinon de un modo similar la inviolabilidad de la propil'dad privada. Vfase Douglas Hay, "Property, Authority, and the Criminal Law ", en Albion '.f Fatal Tree: Crime and Societ_y in Eightl'l'nthCentury Englnncl, Hay, Peter Linebaugh, John G. Rule, E.P. Thompson y Carl Winslow, eds. (Londres, 1975): 17-64. 82. Carlos R . Mcnéndez, Nouenla allos de liistoria de Yucatán {1821 1910) (Mfrida 1937). p. H7. 72. Diario Oficial, 9 de enero de 1908, 3096. 83. !'ara una investigación íru;;trada, véase AGEY. Ramo de .luslicia. "Toca a la l'au73. Para eJemplos de muertes atribuidas a congestión alcohólica, véase AGEY, Ramo de Justicia, ''Toca a las diligencias practicadas en averiguación de la muerte de Manuel J. Chávez", 1913; ídl'm, "Toca a las diligencias practicadas en averiguación del motivo de la muerte de Victoriano Chan " , 1913 . 74. llasta ahora, no hemos intentado cuantificar los datos sobre delitos del Ramo de Justicia. Lo desorganizado e incompleto de los mismos torna extremadamente difícil y problemática tal empresa. 75. Scott. Weapons of the Weak, p. 302. 76. Un caso que ilustra esto perfectamente está en AGEY , Ramo de Justicia, "Toca sa seguida a Pedro Chi por el delito de deslrurción de propiedad ajena por incendio", 1912. 84. Scott, "Resistance without Protest ", 452. 85. !'ara un análisis y crítica dd razonamiento de Scolt, véaSI' Joseph, "On the Trail oí Latin American Bandits: Recent Trends and New Concepts for the Study of Peasant Reisistance ", /,.1RR, de próxima apari1·ión. 86. Un grupo de observadores contemporáneos, incluyendo al general Salvador Alvarado y al poeta yucateco Antonio Mt'diz Bolio, comentaron la endémi<"a incidencia del suicidio entre los peones durantr el auge. Véase Jame;; C. Carey, The ifexican Ret>0/u1ion in Yucalán. 1915-1924 (Roulder, 1985), p 78, nota 29. Resulta interesante notar que las investiga,·iones sobre- el maya yucateco de �274 Siglo XIX la colonia realiz.adas por Nancy Farriss y Grant Jones no han descubierto una incidencia alta de suicidios (correspondencia personal, inviemo y primavera de 1988). Esto puede ser reflejo de diferencias en las condiciones sociales y/o en la forma de llevar archivos_ El Estado porfirista estaba tal vez más dispuesto, y por cierto mucho mejor equipado, para investigar muertes violentas en el campo practicando detalladas diligencias para cada episodio. 87. AGEY , Ramo de Justicia, "Diligencias en averiguación de la muerte de José María Eh, vecino que fue de la hacienda San José", 1912. Algunas veces, la pelagra empujaba a sus víctimas a cometer actos socialmente agresivos, incluyendo el homicidio. Por lo común las víctimas eran parientes cercanos o compañeros de trabajo. En 1912, Hermenegildo Puc golpeó con sus sandalias a Desideria Canul hasta dejarla inconsciente en su hamaca. Puc creía que Canul era una hechicera que lo había embrujado "oscureciéndole la vista y negándose a sanarlo". El tribunal determinó que la pelagra había alterado a tal grado los sentidos del acusado que ya no era responsable de sus actos, de modo que se envió a Puc al sana torio Ayala, de Mérida, para su tratamiento.Jdem, "Toca a la causa seguida a Hermenegildo Puc por el delito de homicidio", 1912. 88. Por ejemplo, AGEY, Ramo de Justicia, "Diligencias con motivo del suicidio de Candelario Cauích, sirviente de la finca Chunkanán", 1913; ídem, "Diligencias con motivo de la muerte de Vicente Cen", caja 714, 1908; ídem, Diligencias en el suicidio del que se cree llamarse Valerio Godoy, verificada en la Hacienda Vista Alegre", caja 296, 1897; e ídem, "Toca a las diligencias practicadas en averiguación de la muerte de Enrique Canché Piña", 1912. Estos son episodios conmovedoramente descriptivos, pero se podrían proporcionar múltiples referencias del Ramo de Justicia para cualquier año de este estudio. 89. J . Eric S. Thompson, Maya History and Religion (Norman, Oklahoma, 1970), p. 301. 90. Por supuesto, la creación del culto de la CJUZ Parlante después de la Guerra de Castas por parte de los mayas rebeldes del sureste, proporciona el ejemplo mas notable de la reformulación de formas y símbolos tradicionales dentro de un proceso dinámico y progresivo de resistencia. 91. Para 1ID debate sobre el pánico véanse Knigbt, TheMexican Revolution, 1: 64-65, y Fried.rich Katz, "México: Restored Republic and Porfiriato", en Cambridge History of Latin America (Cambridge, 1986 ), V: 62-68. El siguiente análisis del pánico económico y sus consecuencias políticas en Yucatán se basa en gran medida en Joseph y Wells, "Yucatán: Elite Politics and Rural lnsurgency", y "Summer of Discontent: Economic Rivalry among Elite Factions during the Late Porfiriato in Yucatán ", ]LAS, 18:2 (noviembre de 1986 ), 255-282. 92. Gill, "Regional Variation ", capítulos 3 y 4, proporciona un estudio microhistórico del deterioro en las condiciones de trabajo, la escasez de crédito y la amenaza a la seguridad de subsistencia del peón durante los últimos años del poñlriato. Ver en particular su análisis preliminar del modo en que el hacendado se apropiaba de la mano de obra doméstica (pp. 39-40, 60-61 ). 93. Para una crítica perspicaz de tales modelos, véanse Rqd Aya, "Theoríes oí Revolution Reeonsidered: Conlrasting Models of Collective Violence", Theory and Society 8 (1979): 39-99; y Aya, "Popular lntervention in Revolutionary Situations", en Statemaking and Social Movements: Essays in History and Thoory, Joseph y Wel/s: Dominación y resistencia en las haciendas yucateca.t 275 Charles Brigbt y Susan Harding eds. (Ann Arbor, 1984 ), 318-43. 94. La Revista de Mérida, 20 de septiembre de 1909. 95. La Revista de Mérida, 5 de septiembre de 1907 ;El Imparcial, 6 de septiembre de 1907. 96. Sobre el incidente Catm ÍS y sus consecuencias, véanse el Diario Oficial, La Revista de Mérida y el Diario Yucateco del 8 al 12 de marzo de 1911. 97. Existe, sin embargo, el peligro de exagerar tanto la novedad como la amenaza que representaban estos episodios violentos de fines del porfiriato. Hubo estallidos aislados durante todo el antiguo régimen, pero no fue sino hacia 1910 que comenzaron_ a reportarse con persistencia, y a veces de manera exagerada, en la prensa opoS1tora vinculada a las facciones elitistas que disputaban la hegemonía a la oligarquía molinista. Institución largo tiempo reprimida y amedrentada, la prensa opositora incrementó su cobertura de los disturbios de la zona henequenera cuando se abrió un espacio político a raíz del estallido de la rebelión nacional maderista. Véase José Luis Sierra Villarreal, "Prensa y lucha política en Yucatán, 1895-1925", mimeo, 1984. Algunas indicaciones sobre la creciente ola de bandolerismo y abigeato en la periferia de la zona henequenera aparecen en AGEY, Ramo de Justicia, ''Testimonio de la causa seguida a Herminio Ba1~ y socios por los delitos de homicidio y robo por asalto", 1911; e ídem, "Diligencias practicadas con motivo del asalto y robo hecho a AbsaJón Váu¡uez, administrador de la finca Uayalceh ", 1911. 98. La economía poi ítica del henequén durante las postrimerías del poñiriato, y en particular la preponderante influencia de la lntemational Harvester (tema que ha generado considerable debate tanto dentro como fuera de Yucatán), se tratan a fondo en Joseph y Wells, "Corporate Control" y Yucatán y la lnternational Harvester Company (Mérida, 1986 ). 99. Para una reconstrucción más detallada del período de 1909 a 1913, véase Joseph y Wells, "Yucatán: Elite Politics and Rural lnsurgency". 100. AGEY, Ramo de Justicia, ''Toca a la causa seguida a Juan Jiménez y socios por el delito de provocación al delito de rebelión", 1913. 101. Véanse, por ejemplo, Joseph Foweraker, Personal Networks and Political Strategies: The Making of Democracy in Spain (Cambridge y Nueva York, de próxima aparición); y Theda Skocpol, States and Social Revolutions (Cambridge, 1979), en especial pp. 16-18. 102. Véase por ejemplo La R evista de l'tférida, 16 de mayo de 1911. 103. AGEY, Ramo de Justicia, ''Toca a la causa seguida a Luís Uc y socios por los delitos de amenaza e injurias", 1913. 104. Taylor, Drinking, Homicide and Rebellion, pp. 128-142, y Stem, "New Approaches", presentan análisis reveladores de la relación entre la mentalidad del campesino y las relaciones estructurales de poder en el origen de las insurgencias rurales. �276 Siglo XIX J~ph y WeU,: Dominación y re.Tistencia en las haciendlU yucatecas 105. La movilización y mentalidad de los poblados campesinos " libres" se tratan con mayor detalle en Joseph y Wells, "Seasons of Upheaval: The Crisis of Oligar. chical Rule in Yucatán, 1909-1915", en The Mexican Revolution, Jaime E. Rodríguez ed., de próxima aparición. 106. Thompson, citado en Peter Winn, Weavers of Revolution: The Yarur Workers and Chile 's Road to Socialism (Nueva York, 1986 ), p. V. 107. Episodios que revelan mucho de esta ambigüedad y ~omplejidad se ~~cuentran en AGE Y, Ramo de Justicia, ''Toca a la causa segt11da a Pedro Ch1 , 1912; e ídem, ' 'Toca a la causa seguida a Juan Jiménez", 1913. 108. Véase por ejemplo Tutino, From lnsurrection to Revolutions, pp. 13-32. 109. Un caso que documenta en forma gráfica este sistema de reclutamien_t~, r~pleto de agentes intermedios y orejas se encuentr_a en AGEY, ~amo de J~~c~~• Cau~ sa seguida a José Policarpo Mendoza y socios por el delito de rebelion , 1912, véase también la nota 107 . 110. AGEY , Ramo de Justicia, "Causa seguida contra Alfonso Cámara y Cámara y socios por el delito de rebelión ", 1909. 111. Lomerío que va de Maxcanú a Muna, en el partido de Ticul. 112. Para ajusticiamientos populares, véase AGEY, Ramo de Justicia, "Causa seguida contra Pedro Crespo y socios por el delito de homicidio, rebelión y robo", 1911; e ídem, "Causa seguida a Bemabé Escalante por suponérsele presunto cómplice del delito de homicidio, para la continuación respecto de Juan Osorio, Juan Campos y socios" , 1912. 113. AGEY Ramo de Justicia, ''Toca a la causa a José Dolores Cauich Y socios por los delitos de rebelión, robo y destrucción de propiedad ajena", 1912. 114. Véase, AGEY, Ramo de Justicia, "Causa seguida a Guillermo Canul y socios por los delitos de daño y destrucción de propiedad ajena ", 1912. 115. Los henequeneros se sentían tan amenazados por la ~enerali,zación de 1~ violencia que a mediados de 1911 pidieron al gobernado~ Pmo ~~z y al _g~~1erno federal protección militar adicional. AJ final P~o Suarez 5?hc1to y recib10 de la ciudad de México dos batallones federales mas y un envio de ametralladoras. Diario Oficial, 8 de julio de 1911, 4180, y 16 de agosto de 1911, 4213. 116 . Para una comparación de los dos ciclos de rebelión popular, véase Joseph, ' 'The United States, Feuding Elites, and Rural Revolt in Yucatán, 1836-1915", en Rural Revolt in Mexico and U.S. lntervention, Daniel Nugent ed. (La JoUa, próxima publicación). 117. El siguiente análisis de la desmovilización de la insurgencia popular se basa en gran medida en Joseph y WeUs, "Seasons of Upheaval". 118 . Knight, The Mexican Revolution, l: 221. 119. Véase por ejemplo, Genovese, From Rebellíon to Revolution, pp. 110-11~ ; sobre '1a Liga de Acción Social. véase Ramón Chacón, " Yucatán and the Mex1- 277 can Revolution: The Pre-Constitutional Years, 1910-1918" (Ph. D. dissertation, Stanford University, 1981 ), pp. 118-131. 120. Esto sugiere un paralelismo con el sistema de plantaciones del sur de Estados Unidos antes de la guerra de Secesión. Como Genovese y otros han demostrado, la ley cumplía en parte una función hegemónica, dejando -al menos- la apariencia de un modelo desinteresado de jll8ticia en las mentes de los subordinados. Genovese, Roll, Jordan, Roll, pp. 25-49. Véase, por ejemplo, el juicioso manejo en los tribunales del notorio caso "San Nicolás" de·•.abusos cometidos contra los peones (uso consunte de grilletes, flagelaciones con alambre, etc.); AGEY, Ramo de Justicia, "Toca a la call8a seguida a Pedro Pinto y socios por los delitos de lesiones y atentados contra la libertad individual", 1914. 121. AGEY, Ramo de Justicia, "Diligencias contra Juan Córdoba", 1915. 122. Véase, por ejemplo, AGEY, Ramo de JU8ticia, "Incendio en la Finca Texán", 1914;y La Revista de Yucatán, 31 de marro de 1914. 123. Knight, The Mexican Revolution, 1:169. 124. Sobre movilizaciones más amplias bajo el régimen de AJvarado, del gobernador socialista Felipe Canino Puerto y, más tade, ~o el cardenismo, véase Joseph, Reoolufion from Without: Yucatán, Mkico anti the United S1aie., 1880-1924, ed. rev. (Durham, 1988), pp. XX-XXV y 93-298. ���� Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Siglo XIX : Revista de Historia Description An account of the resource Revista semestral de historia publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, editada por Mario Cerutti. Contiene investigación histórica y económica, tanto local, nacional e internacional. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Siglo XIX : Revista de Historia Año de publicación El año cuando se publico 1988 Año Año de la revista (Año 1, Año 2) No es es año de publicación. 3 Número Número de la revista 6 Mes de publicación Mes cuando se publicó Julio-Diciembre Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Semestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1754019&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Siglo XIX : Revista de Historia, 1988, Año 3, No 6, Julio-Diciembre Creator An entity primarily responsible for making the resource Flores Flores, Bernardo, Director Subject The topic of the resource México Historia América Latina Siglo XIX Publicaciones periódicas Description An account of the resource Revista semestral de historia publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, editada por Mario Cerutti. Contiene investigación histórica y económica, tanto local, nacional e internacional. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Filosofía y Letras Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Cerutti, Mario, Editor Vázquez Buenfil, Luis, Cuidado de la Edición Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/07/1988 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource tex/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2016609 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. Monterrey, N.L., (México) Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies. Universidad Autónoma de Nuevo León Rights Holder A person or organization owning or managing rights over the resource. El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores Buenos Aires Colonización Cultura Emigración Obreros Uruguay https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/366/14413/SIGLO_XIX_REVISTA_DE_HISTORIA._1989._Vol._4._No._7._Ene.-Jun._0002016610.ocr.pdf 036bf8d10651aa8d6693e8dd3e41fe1f PDF Text Text Revista de Historia POBLACION, MIGRACIONES Y CICLOS VITALES EN EL XIX (Argentina, Brasil, Ecuador, México, Costa Rica y España) Año IV, número 7 enero.junio de 1989 Facultad de Filosofla y Letras Universidad Autónoma de Nuevo León Monterrey•México ��SIGLOXIX Revista de Historia Publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León Apartado postal 3024, 64000 • Monterrey, México Este número fue editado con la contribución académica del Instituto de Estudios Histórico-Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina). Universidad Autónoma de Nuevo León Rector, INGENIERO GREGORIO F ARIAS LONGORIA Facuitad de Filosofía y Letras Director, LICENCIADO BERNARDO FLORES FLORES Editor Responsable MARIO CERUTTI Editor Adjunto MIGUEL GONZALEZ QUIROGA Cuidado de la edición: Mario Cerutti Arte y diagramación: Sylvia Eloísa Morán Tipografía e impresión: Impresora Monterrey, S.A. Aparición semestral Para envíos al exterior: U.S.A. $7 �AÑO ENERO-JUNIO DE IV NUMERO 7 1989 SigloXIX REVISTA DE HISTORIA · FONDO UNIVERSITARlO SUMARIO Nota del Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Patrones de mortalidad en las tierras nuevas de la provincia de Buenos Aires: Tandil (1860-1895) .. . .... . .. . .... NORBERTO ALvAREZ EDUARDO MIGUEZ 9 Café, ferrocarriles y población. El proceso de urbanización en Río Claro, Brasil ... . DANIEL J. HOOAN MARIA COLETA DE ÜLIVEIRA JoHN M. SYDENSTRICKER NETO 71 Camino a la fazenda: estructura de la familia inmigrante y cultivo del café en San Pablo . . . . . . . . . . . . MARIA s. 95 BEOZZO BASSANEZI Ecuador en el siglo XIX: movimientos de la población en la región de Cuenca ... .. .. . ..... SILVIA PALOMEQUE 127 El mundo del trabajo en una parroquia de Puebla a través de los libros matrimoniales (1640-1910) . . ]OSE LUIS AR.ANDA ROMERO MIGUEL ANGEL CUENYA 177 Natalidad y mortalidad en _Tecali (Puebla): 1701-1801 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . LUTZ BRINCKMANN Costa Rica, 1866-1973: tablas modelo de mortalidad . .. ... . . .... ... . RECTOR PEREZ BRIGNOU 271 La emigración española durante las décadas del comercio libre (1765-1820). El ejemplo catalán . . . . .... .. JosEP M . DELGADO RmAS 315 S. 219 �,, Nota del Editor La población, sus ritmos vitales y movimientos, el impacto que sobre determinados núcleos demográficos guardaron variables que incluyen desde las epidemias hasta el ferrocarril, sus relaciones con el mundo del trabajo o con políticas migratorias, concentran la atención de este número 7 de Siglo XIX. Revista de Historia. El dossier que aqui se ofrece -"Población, migraciones y ciclos vitales en el XIX'' - alude a cinco países latinoamericanos y a la Espai'ía que vio morir el Antiguo Régimen. La recopilación de estos materiales fue factible en una elevada proporción gracias a la labor de Norberto Alvarez y Eduardo Míguez*, especialistas del Centro de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires • Norberto AJvarez cursa su doctorado en Demografía en la Ecole de Hautes Etudes, en París. Entre sus publicaciones se cuenta El Estado y la economía en la Argentina, 1910-1955, editado en Buenos Aires. Eduardo Míguez recibió su doctorado en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Es director del citado Instituto de Estudios HistóricoSociales y autor de Las tierras de lo$ ingleses en Argentina, 1870-1914, Buenos Aires, 1985. �6 Siglo XIX Nota del Editor Y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. Siglo XIX mantiene entonces la política de abrir sus páginas a ~tudios?s de diversas latitudes que, por su adecuado conocirruento ~e areas específicas, se encuentren en condiciones de reunir un dossier con aportes de diferentes países del continente. . Son Alv~ez Y Míguez, precisamente, quienes abren el conJunto de articulos de este número 7. Lo hacen describiendo un caso _de_la Argentina ~el XIX: el de Tandil, en el sureste de la provm~ia de Buenos Aires. Los autores analizan los patrones de ~ortalid?d e? est~ }ncipiente centro urbano en décadas que arreciaba la ~~graci~n europea, volcada sobre las tierras nuevas de la ubernma región pampeana. La expansión poblacional y económica matiza asimismo los dos ensay_os sobre Brasil. El primero, a cargo de Daniel J. Hogan, Mana Coleta de Oliveira y John Sydenstricker Neto está enfoca~o a _las vinc~aciones entre cultivo del café, ferroca'rriles Yurb~ción en Ri? Claro, en el estado de San Pablo. Los autores polenuzan con ciertas aseveraciones que se hao brindado en d.erredor. de los moi_nentos de dicha urbanización, y ponen énfasis en la 1?1POrtaoc1a del mer~ado interior en este tipo de proceso~. M_ana Beozzo Bassane21, por su lado, sitúa su artículo en el ~bito de la producción cafetalera: lo hace para encontrar las relac1?nes entre las necesidades de fuerza de trabajo de los fazende1ros Yla estructura de la familia inmigrante. Aunque revisa sobre todo el caso de las familias italianas, Beozzo Bassanezi no desdeña hablar sobre núcleos parentales autóctonos que de ~anera análoga a los anteriores, marcharon como colonos 'hacia la f azenda en tiempos que la agricultura del café transitaba horas de esplendor. Ecuador vuelve a ser analizado en Siglo XIX. Silvia Palomeque aporta ~a.síntesis de sus resultados de investigación en torno a l?s moVJrruentos de la población durante la centuria pasada. El area de Cuenca es el espacio regional analizado, con una 7 núrada que sin dejar de tener en cuenta lo señalado por otros autores incorpora una copiosa revisión de fuentes primarias. El estudio atiende aspectos como los del trabajo en Cuenca y regiones aledañas, el fraccionamiento de la tierra y los vínculos mercantiles. José Luis Aranda Romero y Miguel Angel Cuenya, a su vez, presentan su aproximación a los procesos demográficos en una parroquia de Puebla (la de Sao Angel Custodio, Analco), a partir de la información de los libros matrimoniales y de lo que llaman el mundo del trabajo. El rastreo incluye una buena porción de la etapa colonial y remata en 1910. Un segundo trabajo sobre México -el de Lutz Brinckmaon-, también dedica su atención a otra parroquia poblana, la de Tecali. En este caso, sin embargo, lo que se ofrece es una densa cantidad de datos atinentes a natalidad y mortalidad durante todo el siglo XVIII. Costa Rica, en cambio, es revisada por vez primera en nuestra revista: Héctor Pérez Brignoli adopta el período 1866-1973 para debatir sobre las tablas modelo de mortalidad. Junto a la información específica de los procesos indagados, Pérez Brignoli alude a las peculiaridades de estos instrumentos de trabajo y a la aplicación que han tenido en otras latitudes. El conjunto de materiales se cierra con la colaboración de Josep María Delgado Ribas, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sustentado en una ya reconocida tarea de investigación, Delgado Ribas aborda el impacto y características de las migraciones catalanas en América en la segunda mitad del XVIII y en vísperas de la independencia. Asumiendo como punto de partida la instauración del llamado régimen de libre comercio, menciona las actividades y distribución de los activos catalanes desde el Río de la Plata hasta México y el Caribe. Como en algunos de los anteriores, este número de Siglo XIX ha logrado entrelazar una densa información sobre el tema seleccionado y aportes significativos en lo teórico-metodológico. �8 Siglo XIX Para los responsables de su edición, esto parece ser una adecuada forma de inaugurar el cuarto año de existencia de la publicación. MORIR EN LA FRONTERA Patrones de Mortalidad en las Tierras Nuevas de la Provincia de Buenos Aires: Tandil (1860-1895) Mario Cerutti Monterrey, México, mayo de 1989 Norberto Alvarez * Eduardo Míguez * In memoriam Marta Bruggi En general la segunda mitad del siglo XIX es conocida, en lo que a mortalidad se refiere, como una época de cambios. En algunas zonas, especialmente el norte de Europa, se acentúa el movimiento de descenso que se había iniciado por lo menos medio siglo atrás. En otras, sobre todo en Europa del sur, recién durante este período -en algunas regiones incluso hacia fines del mismo- se observa esta caída en forma sostenida, superando las oscilaciones de largo plazo que caracterizaron a los períodos precedentes, y se atemperaron los bruscos movimientos coyunturales de la mortalidad "de crisis", que sólo desaparecerán con los progresos de la medicina curativa y preventiva en el transcurso del siglo XX. • Instituto de Estudios Histórico-Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, Argentina). El presente trabajo es una versión abreviada y corregida de la ponencia "De la Vida y la Muerte en una sociedad de frontera. Un análisis de la mortalidad en Tandil (Buenos Aires) en la segunda mitad del siglo XIX", en la que colaboraron como asistentes M.E. Argeri, M. Bruggi, S. Cosenlino, G. Medina, H. Otero, N. Pastor, F. Urquiza y B. Zeberio, y que fue presentada en las Primeras Jornadas de Historia Argentino-Americana, organizadas por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Centro de la Provinciade Buenos Aires en Tandil, septiembre de 1983. Debemos agradecer las observaciones de los asistentes a dicho evento y, muy especialmente, del comentarista Nicolás Sánchez Albornoz, que contribuyeron a mejorar esta versión. �10 Siglo XIX Es ésta, sin embargo, una visión excesivamente eurocéntrica. En vastas regiones del mundo -que son precisamente aquellas de las que sabemos menos- no está muy claro que en este período se hayan producido cambios permanentes muy significativos, y es muy probable que no haya sido así. La idea, entonces, de esta etapa como un hito significativo en el cambio de los patrones de mortalidad -y esto como un factor de la "transición demográfica"- requiere ser considerada en una perspectiva regional. Los estudios existentes sobre la Argentina han señalado que el inicio de la caída regular de la mortalidad se produce durante este medio siglo (más precisamente alrededor de las décadas del 70-80 1), pero la gran mayoría de estos trabajos han considerado el conjunto nacional o la ciudad de Buenos Aires. Los resultados, entonces, se refieren al principal conglomerado urbano del país, con características singulares, o son el promedio de un conjunto enormemente diverso. Así, un intento de regionalización efectuado por Somoza que ofrece datos sólo a partir de 1914, muestra que la expectativa de vida al nacer (eo) en esta fecha es en la provincia de Buenos Aires algo superior a los 51 años, en el Litoral se aproxima a los 49 años, en tanto que en Cuyo y en el Noroeste se encuentra en 41.5 y casi 38 años respectivamente. Para la misma época MÜller estima la de la Capital en 48.5 años casi idéntica a la del promedio nacional2 • La diversidad de estas cifras es más evidente si tenemos en cuenta que ellas ponen a la provincia de Buenos Aires en una situación no lejana a las áreas más avanzadas del mundo, en tanto que el Noroeste muestra una situación intermedia entre las zonas de mayor mortalidad y aquellas que, como Italia y España, están en pleno proceso de cambio. Esta diversidad regional, entonces, no se observa sólo en escala mundial, sino nacional -no sólo en la Argentina: se encuentra también en los países avanzados (Inglaterra o Francia) o en los que atraviesan la etapa de arranque de la transición (España o Italia)-, existiendo incluso marcados matices dentro de cada región. De por sí esto sugiere la conveniencia de abordar el tema no sólo en la escala nacional (macro) y en la regional, sino incluso desde la micro regional, para ir construyendo el conocimiento desde "abajo" por agregado de fenómenos locales. Por otro lado, a falta de recursos masivos para la investigación, sólo la escala micro permite la suficiente profundidad de análisis como para poder formular hipótesis de conjunto más acabadas. En contraste los análisis micro sólo cobran sentido cuando se los inserta en un marco más amplio. Es con esta perspectiva que en el presente trabajo nos propone- Alvarez y Míguez: Mortalidad en la provincia de Bs. Aires I1 mos abordar los rasgos básicos de la mortalidad y su evolución a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX en un ámbito reducido, el partido de Tandil (en el sureste de la provincia de Buen?s Aires). P~a ello contamos con los registros provenientes de los archivos parroquiales, católico y protestante, a partir de 1855 y 1861 respectivamente, Y del Registro Civil a partir de 1889. Los datos parecen ser razonablemente continuos y completos sólo a partir de 1862/3, Y en lo que a causas de muerte se refiere, recién a mediados de la década de 1870. Esta información es completada con la proveniente de los censos nacionales de población de 1869 y 1895, el Censo Provincial de 1881 y el Registro Estadístico del Estado de Buenos Aires de 18543• El poblamiento blanco de Tandil se inició en la década de 1820, como un fortín de frontera. Aunque la ocupación del suelo creció paulatinamente desde esa fecha -no sin algunos vaivenes- sólo a fines de 1870 la línea de fuego de la frontera militar se alejó definitivamente de la región. Entre tanto una gran oleada de malones* a fines de la década de 1850 marcó el fin de la etapa más crítica del afianzamiento blanco en la región; a partir de la década del 60 se inició un crecimiento demográfico y económico sostenido que para fines de siglo, cuando cerramos nuestro estudio, había hecho de la zona un núcleo destacado del sur de la provincia, comparable en población y producción a zonas de ocupación mucho más antigua. El casco urbano declarado ciudad precisamente en 1895, fue un centro comercial de ;elativa importancia ya desde la década del 60, Y más aún desde su conexión a la red ferroviaria en 1883. Como tal se fue desarrollando en él la oferta de servicios médicos y sanitarios _que, aunque lejos de ser de avanzada, son visibles y crecientes a partir de la década de 1870. Como veremos más adelante, la inmigración ultramarina prov~yó la parte principal de los contingentes ?umanos necesarios para realizar esta transformación, los que predommaron en forma casi ~bsoluta :~ el ámbito urbano. En el espacio rural, en que la ganadena no ced10 • Nota del Editor: los malones consistían en ataques masivos lanzados por los _nú~leos indígenas que ocupaban -con asentamiento P:~o- bu~~a parte de la p~ovmc1a de Buenos Aires en la época analizada. La expuls1on y extenrumo de estos conungentes se completó en el área pampeana argentina en los años 80, y facilitó la _explotación de una vasta extensión de tierras fértiles para abastecer el mercado mundial. �12 Siglo XIX A/varez y Míguez: Mortalidad en la provincia de Bs. Aires 13 su pre~ominio en t?do el período -la agricultura se restringió a la z-ona pen-~rb~na, orientada al abasto local-, también son notorios los gr~pos 4mm1grantes, aunque existió aquí mayor peso relativo de los cnollos • de partida no es el mismo, entonces, y si bien las condiciones de vi?a también cambiaron aquí rápidamente, lo hicieron de forma muy distinta a Europa. Ni siquiera la difusión de la higiene y 1~ !ecnolo_gía sanitaria y médica fueron totalmente paralelas a las del vteJo contmente. Un área de frontera, entonces, con rápido crecimiento demográfico, con fuertes contingentes migratorios, con amplios espacios "abiertos" a comienzos del período, que se "cierran" rápidamente en virtud de una fuerte demanda de tierras generada por la creciente inserción en el mercado i?terna~ional. Basta enunciar estas características para perc~tarno~ de mmed1at?, que no sólo es necesario considerar la perspectiva regional en functon de sus propios ritmos: también hay otros problemas. Sin embargo, aunque se haya partido de situaciones diferentes Y los factores de cambio no hayan sido iguales, existen puntos de contacto en la evolución del comportamiento de la mortalidad (a diferencia, por ejemplo, de lo ocurrido con_ la n~talidad). La tenden~ia general a una baja constante y regular, distorsionada por fluctuacion~ coyunturales, se inició en este período, al igual que _en algunas r~gionC;8 de migración. Más aún, buena parte de la po~lac1ón de Tan~ habia vivido hasta muy poco antes en Europa, y eso impone la necesidad de considerar el comportamiento de su mortalidad en relación al lugar de origen. En resumen, no paree, posible interpretar la evolución regional mediante la aplicación mecánica del modelo clásico de la transición demográfica; pero resulta igualmente claro que la primera ~~ totalmente ajena a los fenómenos que el segundo trata de descnbrr . El modelo clásico de la transición demográfica tiene en cuenta contextos q~e parten, o al menos parecen partir, de un cierto equilibrio malt~~s1ano entre el nivel alimentario y las condiciones de salud. Si las cns1s de escasez no provocan necesaria y directamente una alta mortalidad de famine, parece de todas maneras muy probable que los niveles globales de mortalidad se hallen en buena medida condicionados por los alimenticios. En este contexto, las condiciones del medio ambiente natural introducen una variable relativamente más autónoma de lo social en la conformación regional de la mortalidad. El proceso de cambio que trae aparejado el crecimiento económico S?Stenido q~e se difunde progresivamente por Europa a partir de mediados del siglo XVIII no sólo afectó, sin embargo, la disponibilidad de alimentos. Las condiciones materiales de vida en su conjunto fueron variando -no siempre en sentido unívocamente positivo-, entre ellas las condiciones de higiene y la tecnología de salud. AJ analizar, entonces, la evolución espacial y temporal de la mortalidad, parece fundamental discutir cómo se conjugan estos factores en su caída. Pero carnear un vacuno en campo abierto para pucherear, algo tan remo!º com~ la luna para un campesino gallego, era aún posible para su pnmo emigrado, que deambulaba por las cercanías de Tandil en 1860: Y si.esto no siguió siendo así por mucho tiempo, aún a fin de siglo a casi_ nadie_ faltaba en la zona un pedazo de carne y una galleta; y quien e_stuviera dispuesto al trabajo fuerte, seguramente no pasaría mucho tiempo desocupado5 • Por otro lado, dada la abundancia de tierra fértil y escasez de población, la productividad marginal del trabajo era bastante elevada facilitando al trabajador el acceso a un nivel de ingresos considerable~ mente superior al de las áreas campesinas del viejo mundo. El punto :s Finalmente junto a las dificultades de interpretación que introduce un contexto t~ distinto al que dio origen a los modelos interpretativos mejor establecidos, existen problemas específicos en cuanto a la medición de la mortalidad vinculados a estas sociedades "abiertas". En efecto, todo parece indicar que a partir de la década d~ 1870 la información parroquial resulta razonablemente confiable. Sm embargo, la gran movilidad física de la población, y la atípica estructura de edades provocada por la inmigración, vuelven inútil buena parte del arsenal metodológico desarrollado para el estudio de estos temas. Así, resulta impensable el uso de tablas de vida modelo1 , e incluso el intento de cálculo de la esperanza de vida por otros métodos no resulta totalmente confiable. Más aún, un indicador simple y descriptivo, como la tasa bruta de mortalidad (T.B.M.) resulta difícil de interpretar: puede estar influido tanto por el nivel general de mortalidad como por una estructura de edades muy favorable, con alta concentración en segmentos con menor riesgo. Estos problemas, sin embargo, no deben desalentarnos. Si bien dificultan una caracterización demográfica de la sociedad estudiada, no la impiden totalmente. Por otro lado, los fenómenos sociales vinculados al comportamiento poblacional no necesariamente deben ser_ interpretados en términos paramétricos; la descripción del comportamiento global -es decir, por ejemplo, la tasa de mortalidad independientemente de la estructura de edades, o la fecundidad total, en lugar de la específica por edades- puede ser significativa para comprender el desarrollo social, aunque no nos permita elaborar un modelo. �14 Siglo XIX Con esta perspectiva, pues, en las páginas siguientes comenzaremos por presentar muy brevemente los rasgos básicos de la población de Tandil en el período en cuestión. A continuación veremos la evolución global de la mortalidad, y la existencia o no de "crisis", basados principalmente en la T.B.M. En las secciones siguientes analizaremos las causas de muerte, la estructura de edades de la mortalidad, con especial atención en la infantil, presentaremos el cálculo de la esperanza de vida8 • Posteriormente veremos el ciclo estacional anual de la mortalidad, y al concluir abordaremos una cuestión clave en nuestro contexto: el comportamiento de la mortalidad de nativos y extranjeros, relacionándolo con el de sus lugares de origen. Será en función de estos análisis, entonces, que en la sección fmal nos plantearemos una evaluación global de la mortalidad en el contexto estudiado. LA POBLACION Cuando el fundador de Tandil (entonces Fuerte Independencia) se retiró de la zona en 1823 dejó tras de sí 400 hombres de línea, unos pocos colonos y un cierto número de esos gauchos que habitualmente deambulaban por la frontera sur de la provincia de Buenos Aires. Hacia 1836 sabemos que la inestable población de la zona estaba constituida por 689 personas, de las cuales 367 se encontraban en la campaña y 322 en el poblado. Para 1854 se había logrado una más amplia estabilización de la población. Se observa un equilibrio mucho mayor entre los sexos: 1 207 .mujeres de las cuales 512 eran menores de 15 años, y l 692 varones que incluían 513 de ese grupo de edad; de ellos, 2 210 habitaban la campaña y el resto -689- las inmediaciones del Fuerte. Como hemos señ.alado ya, en los años siguientes se producirán los últimos grandes malones, y con ellos un considerable despoblamiento, tras lo cual (a partir de 1858) el crecimiento poblacional será continuo y vertiginoso, como se evidencia a través de los censos reseñ.ados en el cuadro l. Volviendo a las pirámides de población vemos que su forma es obviamente atípica. Los escalones inferiores, especialmente en 1869, muestran los rasgos clásicos de "antiguo régimen", pero a partir de los 15 años, especialmente en el sector masculino, se observan claramente los efectos de la inmigración. En las edades activas se detecta un fuerte desequilibrio entre los sexos, que como puede verse por los datos de 1881 y 1895, se debe, al menos en esos años, fundamentalmente a los inmigrantes de ultramar. En las edades mayores se observa el rápido aguzamiento de los regímenes antiguos, exagerado por el efecto inmigratorio. La inmigración también es responsable de que la base. es~ Alvarez y Míguez: Mortalidad en la provincia de Bs. Aires 15 CUADRO 1 POBLACION DE TANDIL POR ORIGEN Y SEXO: 1869, 1881, 1895 Varones Mujeres Total Pueblo* 4 103 767 4 870 2 181 6 389 2 373 8 762 3 561 9 967 5 015 14 982 7 088 84.3 15 .7 100 44.8 72.9 27.l 100 40.6 66.5 33.5 100 47.3 1869 Nativos Extranjeros Total 2 102 578 2 680 Nativos Extranjeros Total 3 419 1 751 5 170 Nativos Extranjeros Total 5 043 3 491 8 534 2 001 189 2 190 1881 2 970 622 3 592 1895 4 924 1 524 6 448 Porcentajes de lo anterior 1869 Nativos Extranjeros Total 43.2 11.9 55 .0 Nativos Extranjeros Total 39.0 20.0 59.0 Nativos Extranjeros Total 33.7 23.3 57.0 41.1 3.9 45.0 1881 33.9 7.1 41.0 1895 32.8 10.2 43.0 • Habitantes del " centro urbano" Fuentes: Censos nacionales de 1869, 1895 y Provincial de 1881 �-°' GRAFICO 1 PIRAMIDES DE POBLACION !:/) ~ e años )< ~ CENSOS DE 1869, 1881 y 1895 90 80 NATIVOS 0 EXTRANJEROS ~ Mase. Fuente: ver cuadro 1 Sigue gráfico 1 PIRAMIDES DE ~OBLACION CENSOS DE 1869, 1881 y 1895 ~ aftos ~ ~ 90 80 ~ 70 ~I~ 60 ¡a o l Jli ,='~ '-.: ie: ~ ~ i ~ ~ a ¡;;~ e g. ¡¡. t ~ t ~ "' �18 Siglo XIX cialmente a partir de 1881, sea relativamente estrecha respecto a los grupos adultos (y ello, pese a que sabemos que la fecundidad era muy alta). Por otro lado, aunque las distorsiones señaladas dificultan una adecuada "lectura" de la evolución temporal de la población, en general parece observarse una tendencia a la "modernización", lo que coincide, como veremos, con los datos sobre mortalidad. La información sobre población "urbana" tiende a marcar ciertas peculiaridades respecto de la región circunvecina. En 1854 Tandil era sólo un pequeño poblado de campaña, pero para 1869 ya era un pueblo que agrupaba el 440/o de la población del partido, siendo el principal centro comercial y de servicios del sur de la provincia (el segundo, !)a_hía Blanca, apenas superaba los l 000 habitantes).,Aunque el creclilllento rural fue mayor que el del pueblo para 188 l, Tandil seguía siendo el principal núcleo poblado de la región, seguido de Juárez (2 691 habitantes) y Bahía Blanca (2 096 habitantes). Para 1895 había perdido esa condición en favor de Bahía Blanca (distante 400 kilómetros), pero el peso relativo de la ahora ciudad había crecido respecto de la población rural del partido. Esta concentración relativamente alta de habitantes en el casco urbano se explica por su carácter de centro de abastecimiento de bienes y servicios a un sector rural de frontera mucho mayor que su propio partido. El peso relativo de la inmigración fue mayor en Tandil que en el resto del sudeste provincial. En 1869 era casi el 16% del total de habitantes, alcanzando el 27% en 1881 y el 33.5% al final del período, frente a un 13.9%, 24.40/o, y 32.2% respectivamente en la región. La media de toda la provincia, en cambio, supera claramente a Tandil en 1869 (19.9%) pero, con un crecimiento más lento, queda por debajo de nuestro partido en 1895 (30.9%). La comparación con la región y con la provincia sirven para marcar la evolución del área estudiada durante el período: a medida que pierde su carácter de zona de frontera se va asimilando cada vez más a la media provincial. LA MARCHA DE LA MUERTE Como hemos visto, el aporte inmigratorio jugó un papel crucial en el crecimiento poblacional que alcanzó niveles sorprendentes. La tasa media anual de incremento fue de 3.25% entre 1854 y 1869, 5.02% entre la última fecha y 1881, 3.91 O/o desde entonces hasta 1895, y 4.42% hasta el censo de 1914. Al mismo tiempo el volumen anual de muertes también evidenció un tendencia creciente pero en proporción mucho menor. En consecuencia la tasa de mortalidad mostró una clara tendencia Alvarez y Míguez: Mortalidad en la provincia de 8s. Aires 19 a la baja. En el gráfico 2 hemos tratado de reflejar la evolución general de la tasa bruta de mortalidad (T.B.M.) anual a partir de las cifras de mortalidad suministradas por los registros parroquiales y civil, y la de población suministradas por los censos. Para los años intercensales hemos estimado la población de acuerdo a la tasa indicada arriba. Aunque nuestro trabajo termina en 1895 computamos hasta el censo de 1914 para verificar la continuidad de la tendencia decreciente que se evidencia en el último período. Para evaluar la evolución en el largo plazo incluimos la recta de tendencia central estimada por el método de los mínimos cuadrados, en tanto que para tener la medida de la mortalidad "normal" incluimos la media móvil propuesta por Livi Bacci y Del Panta, sobre la que volveremos más ade1ante. Finalmente cabe aclarar que, si bien es muy probable que exista un cuarto subregistro de la mortalidad, particularmente en el sector rural del partido, este no debe ser tan significativo como para alterar substanciamente los datos presentados. Por otro lado debe estar compensado en parte por un subregistro similar en los censos. Por último, el subregistro debió ser, sin duda, mayor hacia comienzos del período; si esto es así la disminución de la T.B.M. debió ser aún más marcada de lo que sugiere el gráfico. Disponemos de información de mortalidad para 1854, pero es muy poco confiable: fijaría la T.B.M. en un 22.8 0100, valor próximo al de la capital del estado al año siguiente. Pero si dejamos de lado este valor inseguro, y partimos de 1863, cuando los datos se hacen más confiables, podemos establecer con claridad cuatro ciclos. Durante la primera década, el accionar de la muerte parece haber sido contundente; tres momentos críticos surcan la etapa: 1864, 1868 y 1871. Resulta difícil aseverar en los dos primeros la existencia de epidemias; las cifras lo sugieren, pero la falta de especificación de las causas de muerte plantea dudas. En cambio en 1871 sabemos con certeza que la viruela se enseñoreó en la región, diezmando la población. Esos once años (1863-73) fueron de alta mortalidad, con tasas claramente de "antiguo régimen". En 1869, por ejemplo, un año "normal", la T.B.M. fue de 45.2 0100, en tanto que para el conjunto del país se la estima en 32 0/ 009 , y en la ciudad de Buenos Aires 35.2 010010• Y para el año epidémico de 1871 ese indicador trepó al 66.1 0100 (el más alto de todo el período), pero aún así quedó por debajo de la Ciudad Puerto, que padeció la fiebre amarilla. A partir de 1873 y hasta 1895 el número de defunciones tiende a volverse estacionario, lo cual, dado el crecimiento de la población, im- �20 Siglo XIX Alvarez y Míguez: Mortalidad en la provincia de 8s. Aires -;- = as .., I 0. O\ .; e >, ·5 u as 1%1 -.:t . O\ .., IO -.:t ;; 00 ..,' -; .. "> ;:J o -o o .t, - 8 e, ª .> e< :¡ ~ ai -o :¡; IO 00 o as .. ·5 e: .., ; ~ e as .. ¡:i,: o :E / i o < f-- ~ ,., I-✓ I lll ou 00 La comparación de las tasas de mortalidad en Tandil y Buenos Aires nos muestra una cierta semejanza. El punto de partida parece ser más alto en la región de frontera, para aproximarse luego, e incluso aventajar, a la zona urbana en la medida en que Tandil supera su relativo aislamiento inicial, se facilita el acceso a los servicios de salud y mejoran las condiciones de vida (vivienda, calidad de la alimentación, etcétera), sin ser tan afectada como el gran centro urbano por el hacinamiento y la marginalidad. Pero lo que predomina en los dos ámbitos es la clara tendencia a la baja, amortiguada sólo por periódicas epidemias que, sin embargo, parecen perder letalidad a partir de 1891. ..... "" 00 Como hemos señalado ya en referencia al conjunto provincial, esta transformación es muy notable dado que en el breve período analizado se pasa de una situación típica de regímenes antiguos a una bastante avanzada para la época. Por otro lado, si bien el indicador presentado está afectado por la estructura de edades de la población, durante el período en consideración no se produjeron modificaciones que pudieran afectar las conclusiones que proponemos. O\ 00 ::> 01:: ~ 1%1 ~ ~ .... < ·~ s ~ < ..¡ e:: 2 CI) i5> lll .., I o z o 00 / o ::> ..¡ o > ltl as as ·5 - e: ::s... o .... >> as -¡¡ I .,... / .!"' '.2 Q, ltl ~ o - 1 ::l ;; :E o:i ¡..; I .,... .!!! .,e ,., -o .,.. IO plicó una baja regular muy significativa de la T.B.M. En el año censal de 1881, por ejemplo, alcanzó al 26.8 0100, frente a un 20.4 0100 de 11 Buenos Aires y 28 0100 para el total del país • En 1886 la muerte retoma su accionar violento y hasta 1892 la alta mortalidad vuelve a ser dominante. Este nuevo ciclo estuvo marcado por dos ataques epidémicos: el de 1886-87, debido a la difteria y la viruela, y el de 1890-91, cuando la segunda se combina con el tifus y algunos otros brotes menores. En los puntos críticos, 1887 y 1891, la T.B.M. llegó al 33.7 y 37.4 0100, siendo el punto más bajo 1889 con el 22.7 0100. Entre tanto, Buenos Aires exhibía una tasa de 30.0 0100, que descendió al 23.8 12 0100 para 1891 • Desde 1891 se inicia otro ciclo de estabilidad en las cifras mortuorias, frente al cual el aumento sostenido de la población marca una nueva retracción de las tasas de mortalidad: para 1895 resultó del 20.3 0100 . y continuó descendiendo en forma lenta pero regular hasta el final del período de observación, siendo en 1914 de tan sólo 14.5 0100. -o ¡..; f--5 :E ~ 21 f5 & o .,.. ¡ o ,,, ,., V\ .,.. N IO o N .,.. - o .,.. 00 Queda dicho que difícilmente pueda asociarse en la región la evolución de l~ mortalidad con el nivel de consumo de calorías y proteínas. La alimentación puede haber mostrado algún defecto en su condición higiénica -un problema recalcado con frecuencia por el periódico local, y que suele ser de preocupación para las autoridades municipales- 13, y sobre todo un cierto desequilibrio por falta de frutas y verduras frescas, en especial hacia comienzos del período (supe- �22 SigloXIX Alvarez y Míguez: Mortalidad en la provincia de Bs. Aires rado luego por la generalización de la práctica hortícola difundida probablemente por la inmigración). ' . En cambio parec_e, proba?le la conexión del nivel general de mort~1dad ~on la evo!uc10~ de ciertas prácticas culturales ligadas a la higie~e. P_nvada ~ret1cenc1a a la vacunación, consenso al curanterismo, preJmc1os o mitos medicinales populares) y con los poco fructíferos esfuerz?s de la higiene pública, que no contó hasta fines de siglo con una se_ne de c~no~í~entos científicos, una tecnología médico-sanitaria Ymedios de d1fus1on capaces de provocar un impacto significativo sobre la marcha de la muerte. Cabe por último plantearse si los picos de mortalidad constituyeron verdaderas "crisis". Como es bien sabido desde los trabajos de J. Me~vret Y P. Goubert, el análisis de las crisis de subsistencia no puede reduc_me.al ~s~udio de la mortali?ad. En nuestro caso, sin embargo, no exis~e mdic10 alguno que perffilta suponer la incidencia de crisis alime~tanas en la evolución demográfica, y más bien todo sugiere lo contrano. En este contexto la pregunta tiende a centrarse en si Ja intensidad d~ sobre-mortalidad epidémica justifica considerarlas auténticas cns1s. !ª . . Existen varios métodos propuestos para medir la intensidad de las cns1s. No entraremos aquí e~ _la discusió~ técnica de los mismos, pero po~~I?os sefialar que, aun utilizando el cnterio más amplio para su defiruc1on, I?~ mayores picos obituarios no alcanzan a constituir una verdade~a cns1s de mortalidad. En efecto, el método propuesto por Livi Bacc1 Y I?el P~~ta consiste en considerar como mortalidad "normal" una media ~ovil de once años que descarte los cuatro valores extremos (es decir, los_ ~os superiores y los dos inferiores). Estaríamos ante una (pequefia) cns1s cuando el total obituario de un año dado supera en un _5~0/o el valor c?rrespondiente de la media móvil para ese año (las .~ns1s mayores senan cuando la mortalidad real supera a la "normal en dos, tres, cuatro o más vecesf4 • Ni en 1871 ni en 1887 ni en 1891 :--los picos máximos de mortalidad-, tomando tanto el t~tal mortuono como la T.B.M. estimada, se alcanza un incremento del 500/o respecto del valor de la media móvil o el de la tendencia central como puede apreciarse en el gráfico 2. ' Se ha ?bjet~do a este método que al adoptar el año calendario puede ocultar la mtens1dad de una crisis ocurrida entre dos años. Pero en nuestro caso, aún c?n~iderando los doce meses de mayor mortalidad en 1886-87 (a~osto-Julio)_ Y_ 1~90-91 (septiembre-agosto), no alcanzaron ver1 daderos ruveles de cns1s . Esto es especialmente significativo porque 23 en un ámbito reducido el efecto de las epidemias suele aparecer más marcado que en un espacio más dilatado, donde la alta mortalidad de una villa suele compensarse con otras no afectadas . En síntesis, la presencia de epidemias, si bien provocó espasmódicas alzas de la mortalidad, no alcanzó a ~enerar auténticas crisis: Sólo en 1871, cuando se produce uno de los mas nefastos ataques de vuuela en la región, sumándose a una alta mortalidad "de base'', se observan tasas realmente agudas. En cambio, en los puntos álgidos de la década del 80 y comienzos de la del 90 las tasas "normales" habían caído sensiblemente y aunque la difteria y la viruela afectaron severamente la población,' no alcanzaron a provocar niveles de mortalidad que pusieran en peligro la dinámica demográfica de la región. Se hace evidente, entonces, que por encima de las fluctua~iones coyunturales, lo más significativo es la clara y marcada tenden~1~ a la baja, que se halla gráficamente reflejada en la recta de los ?11mmos cuadrados (más aún, si trazáramos esta recta sólo para el pen?do que consideramos centralmente, 1863-1895, aparece con una pendiente levemente mayor). Por otro lado es también llamativo el paralelo entre la recta mencionada y la curva de medias móviles. Esta última muestra algunas divergencias con aquella al señalar las fluctuaciones de mediano plazo, con sus inflexiones a mediados de la dé~ada del 70, y a comienzos del 80 y nuevamente del 90. Pero en realidad estas no ha~en más que marcar pequeñas aceleraciones o retras~s dentro de la_rá~1da marcha descendente. Y a partir de 1892 el paralelismo y la proxirmdad de las tres lineas apuntan a confirmar no sólo la marcada tendencia general, sino incluso la limitación de las fluctuaciones anual~s (la mayor divergencia entre la media móvil y la T.B.M. real postenor a 1892 es en 1902, y es sólo del 220/o, frente a un 420/o en 1891 y 48.50/o en 1871). LAS CAUSAS DE LA MUERTE Si las condiciones en que se desarrollan las vidas de los seres humanos determinan en buena medida su duración y fin, la forma en que éste tiene lugar suele reflejar esas vidas: La capacidad de observación del médico debe en realidad ser muy limitada si no lo ha llevado a la conclusión de que el motivo de la muerte de cientos de personas en este pueblo debe buscarse en la falta de los elementos imprescindibles para la existencia. Es posible que mueran de enfermedad; pero esta es inducida por las malas condicio16 nes de vida combinadas con el agotamiento laboral • �24 Siglo XIX La cita corresponde a otro momento y lugar, donde las condiciones de vida de los sectores bajos eran sin duda más duras que las del Tandil decimonónico, pero el criterio implícito tiene una validez mucho más amplia que la situación que la inspiró. Estudiar las causas de muerte, entonces, no sólo sirve para comprender sus patrones básicos, sino también para aproximarnos a las condiciones de vida. Por ello en esta sección enfocamos el tema no sólo desde las estadísticas surgidas de los registros parroquial y civil, que aunque con falencias aportan una imagen bastante precisa de la incidencia de los distintos tipos de mortalidad, sino también la forma concreta en que éstos actuaban, sus idas y venidas, e incluso la reacción de los contemporáneos frente a ellos. Este relato menos numérico busca ahondar en ·1os efectos de estas plagas sobre el hombre y la sociedad, teniendo especialmente en cuenta la calidad y forma de la vida cotidiana. Constituyen parte de él desde el exagerado temor provocado por la fiebre amarilla de 1871 (la plaga nunca llegó a Tandil), o por una epidemia de cólera que fue mucho menos grave de lo esperado, hasta el resignado silencio que acompaiía la alta mortalidad anual tuberculosa, o las medidas de escasa eficacia con que intenta responderse a las grandes pestes. El análisis cuantitativo presenta algunas dificultades. Las quince categorías que presentamos en el cuadro 2 son el resultado de la reagrupación de más de cincuenta rubros -algunos subdivididos por edades- en que habíamos sistematizado originalmente la información. En general hemos adoptado una agrupación similar a la utilizada en otros trabajos de este tipo para facilitar las comparaciones, desglosando de ellas ciertas causales que por su importancia estadístico-social requieren un tratamiento específico. Algunas categorías (notoriamente el cáncer) han sido incluidas en forma independiente pese a su escasa representatividad para remarcar la diferenciación con períodos más recientes en que adquieren mayor gravitación. Hasta la década de 1870 la información sobre las causas de la muerte, como se observa en el cuadro, era muy fragmentaria y la mayor parte de los casos registrados corresponden a la categoría "otras y no especificadas". Sólo a partir de 1875 la incidencia estadística de este rubro dejó de ser significativa. Es por ello que además de la columna de resumen total hemos incluido otra que abarca el período que va entre este afio y 1895 para evitar la distorsión que en los años iniciales provoca la falta de especificidad de la información. Otro problema está constituido por la discontinuidad o inadecuada especificación de las causas. Así, la desaparición de una causa puede deberse a su inclusión en otras más imprecisas (por ejemplo entre AJvarez y Míguez: Mortalidad en la provincia de Bs. Aires 25 1876 1878 el tétano infantil parece hallarse encu~ierto en de(miciones v:gas como "fiebres y convulsio~es"). A p ~ de 187?, sm embargo, este tipo de caracterizaciones tienen un baJo y ~ecreciente peso estadistico. En general puede afi.rll!arse_que la mayona de las ~us~ señaladas en la fuente pudieron ser mclwdas en nuestras categonas sm an riesgo de error, Jo que crea cierta confianza al menos en lo que refiere al panorama global ~ue, p~r º!ro lado,. es convergente con estudios contemporáneos refendos a ambttos próximos -~ayormente a la ciudad de Buenos Aires- y con la información provemente de las fuentes cualitativas locales. fe Infantiles Dentro de la mortalidad infantil encontramos un conjunto de ~os atribuibles a causas específicas que afectan sólo ª. este grupo, Junto con otras que actúan sobre el conjunto de la población. Dada la lffipo~ancia de la mortalidad infantil en el total obituario parece convemente analizar por separado estas causas. Podemos distinguir t~es grupo_s. El primero, p~~~atales, .~º~~es: ponde a cuatro consignaciones distmtas en la fuente_. al nacer , as fixia" "falta de desarrollo" e "inanición". Las prlffieras dos Y p~e de la t~rcera corresponden a decesos ocurridos en los primeros mmutos u horas de vida, las restantes en el primer mes. Se agruparon s~bre el criterio de que pueden atribuirse mayorment~ a problem~ endogenos en la gestación O al parto. En consecuencia su ev_olucion parece ligada en general al ritmo de crecimiento de ~a p~bl~ción, Y sus fluctuaciones parecen deberse a problemas de diagnostico. Bien distinto es el caso del tétano infantil. Esta enfermedad proviene de la infección de la herida umbilical, hallándose ~strechamente vinculada a las condiciones de higiene durante y despues del parto, Y por lo tanto a las pautas culturales relacionadas con este p~oce~o. Como hemos señalado existen dificultades respecto a su clas1ftC3:ción que complican la evaluación de su incidencia exacta y su e~olución en el tiempo pero el diagnóstico parece confiable en la mayona de los c~os por tratarse de una enfermedad de síntomas claros Y muy conocid~s en la época. Más allá de las carencias a las que hací_~mos referenc~a (que posiblemente se evidencien en una sobrevalor~c1on entre 1871 Y 1873, y una subvaloración entre 1876 y 187~)_, los numeros co~rman que se trata de un mal endémico con una accion regular ~da ano,. aunque parece observarse una tendencia de_s~ndente, en pamcular_teruendo en cuenta el creciente número de nac1m1entos. Esto puede vmc°!ars_e con la difusión de pautas de higiene más avanzadas, en parte atnbmbles al proceso migratorio. �~ CUADR02 ~ CAUSAS DE MUERTE (1859-1895) Causas S9 Perinatales Tétano infantil 5 Diarrea infantil Infecciosas y parasitarias 5 Viruela Difteria Tuberculosis y consunción 1 Vías respiratorias 1 Cerebrales 1 Cardiovasculares Cáncer Parto Alcoholismo Accidentes, violencia 5 Otras y no especificadas 14 Totales 32 60 61 63 64 5 4 1 5 2 15 1 4 62 4 14 6S ~ o Montos 66 le 67 3 1 68 11 1 69 70 71 72 73 74 7S 76 77 8 2 32 41 41 40 3 24 5 15 13 3 32 1 1 18 41 64 83 41 43 27 7 56 3 112 1 67 14 95 ~ 3 2 11 1 1 4 4 'I 6 2 2 6 2 3 2 15 3 8 1 3 9 22 3 4 7 17 12 1 10 2 18 1 10 4 17 2 15 1 2 14 16 4 8 1 8 24 27 3 9 3 3 29 19 14 11 1 4 17 3 4 19 1 3 1 4 4 10 1 8 9 4 2 8 4 6 14 15 15 57 18 42 27 50 23 15 56 83 166 134 143 155 224 146 98 85 90 77 53 42 46 69 18 88 130 180 139 152 163 248 212 224 335 307 208 232 271 271 19 17 35 - 246 sigue cuadro 2 Porcentajes Perinatales Tétano infantil Diarrea infantil Infecciosas y parasitarias Viruela Difteria Tuberculosis y consunción Vías respiratorias Cerebrales Cardiovasculares Cáncer Parto Alcoholismo Accidentes, violencia Otras y no especificadas 0.6 15.6 5.8 5.7 3.1 15.6 20.3 5.7 1.6 0.6 11.5 2.2 2.9 15.9 1.4 4.5 4.5 3. 1 3.1 3.1 4.4 4.4 5.6 5.6 0.8 4.6 2.2 4.6 4.6 3.1 3.8 0.7 1.8 0.6 0.8 1.1 1.1 4.4 0.4 1.2 2.1 0.4 8.5 7 .1 3.8 1.0 1.3 14.3 12.3 13.4 19.2 10.3 1.9 5.5 4.8 1.1 13.0 0.5 0.4 18.3 19.1 13.4 13.0 24.1 41.3 24.7 38.6 24.8 14.0 3.4 1.3 0.4 5. 1 1.2 4.0 9.8 1.3 2.1 5.0 1.8 -0.3 3.6 3.0 1.4 0.7 5.9 0.3 8.2 1.0 3.3 0.5 1.3 7.2 0.4 1.0 6.0 6.9 1.7 8.7 10.7 10.0 7.0 5.2 1.1 7.7 6.9 3.5 3.3 0.4 3.5 1.1 4.1 1.2 1.5 6.9 1.1 e"' .,.,~ i e: ~ ~ i ~ 0.. g 1.6 ¡¡; ',:, ag. ,., ¡¡;· 15.6 14.5 5.6 9.1 6.9 2.2 1.4 5.3 2.5 2.4 6 .6 6.7 4.5 18.6 8.7 18.1 !O.O 18.5 7.7 43.8 33.4 83.3 64.6 63.9 92.2 96.4 94.0 95.1 90.3 68.9 43.8 25.4 29.3 37.0 22.8 15.5 16.5 14.,2 ~ ~ t !)¡ "'..... �sigue cuadro 2 ~ r CAUSAS DE MUERTE (1859-1895) Causas Perinatales Tétano infantil Diarrea infantil Infecciosas y parasitarias Viruela Difteria Tuberculosis y consunción Vías respiratorias Cerebrales Cardiovasculares Cáncer Parto Alcoholismo Accidentes, violencia Otras y no especificadas Totales o' Montos 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Sub95 total Total 26 26 4 9 . 3 18 5 1 11 11 11 18 3 2 12 6 12 12 11 12 14 3 7 13 5 17 17 7 26 25 13 22 25 19 17 28 IS 47 25 17 31 5 18 20 23 11 25 13 10 36 29 14 35 390 200 325 48 59 43 4 4 38 28 5 35 11 28 33 32 4 1 62 64 78 SS 61 71 48 2 27 39 73 20 3 80 138 4 62 SI 48 63 1 213 1 524 347 504 210 210 25 38 18 13 14 26 22 16 2 1 28 23 13 8 3 2 20 28 11 7 3 2 1 25 48 16 13 7 3 4 20 18 29 17 6 3 3 19 34 21 10 6 1 1 17 34 32 22 8 2 6 21 61 24 7 5 6 4 17 51 9 16 7 3 3 33 67 14 20 9 28 67 8 16 8 6 28 46 10 18 6 6 2 10 33 49 6 17 11 3 7 28 64 5 19 8 2 1 6 5 539 579 791 923 307 319 287 360 114 118 67 107 SS SS . 1 31 25 22 12 2 6 36 19 16 7 6 3 1 . s 2 1 13 s 44 30 14 12 s ~ 395 405 325 20 14 12 24 6 12 14 10 13 20 27 20 IS 25 21 25 25 21 420 19 10 19 21 30 26 17 32 41 34 48 29 34 36 43 30 27 21 640 2 202 255 210 208 230 182 168 215 199 385 412 340 268 389 476 306 291 286 638 a 299 5 907 8 644 sigue cuadro 2 PorctntaJes Perinatales Tétano infantil Diarrea infantil Infecciosas y parasitarias Viruela Difteria Tuberculosis y consunción Vías respiratorias Cerebrales Cardiovasculares Cáncer Parto Alcoholismo Accidentes, violencia Otras y no especificadas 10.2 12.4 1.6 4.3 1.4 8.7 2.4 0.5 4.8 4.8 4.8 9.9 1.7 1.1 7.1 3.6 7.1 5.6 5.1 5.6 7.0 1.5 3.5 3.4 1.3 4.4 4.1 1.7 6.3 7.4 3.8 6.5 34.5 28.1 20.7 16.5 19.2 16.7 15.4 16.1 16. 1 13.4 14.1 . 2.0 16.6 14.9 0.6 1.9 12.2 6.0 0.5 20.3 17.2 7.9 0.4 1.9 2.2 12.2 17.2 12.0 6.1 15.4 11.9 11.6 10.1 9.8 9.0 18.3 11.3 12.6 16.7 22.3 9.1 6.6 7.4 14.6 8.6 7.6 8.7 9.6 7 .1 4.7 0.8 2.4 . 3.3 2.9 1.4 0.5 6.3 2.4 1.0 0.5 7.0 0.9 0.4 7.8 6.7 5.8 10.4 7.5 4.8 9.1 9.1 9.3 7.2 7.1 3.9 6.3 12.0 5.3 3.6 7.4 1.6 5.8 6.5 14.6 18.8 16.8 20.3 5.1 29.0 4.9 0.8 0.8 4.9 8.8 5.6 4.1 6.1 6.3 8.5 8.3 17.9 19.4 17.2 3.4 3.6 7.8 7.1 17.5 18.5 21.1 20.6 17.4 5.9 5.8 . 3.6 2.4 4.2 1.4 1.3 0.6 "' ~e: ~ ~ ;:¡ ~ ~ 3.3 4.0 1.7 2.0 1.7 6.9 8.6 8.7 7.0 7.4 a 7.6 14.0 10.3 9.4 7.0 10.8 25.5 ¡¡;· 2.6 1.6 0.3 0.3 5.4 1.9 0.5 1.5 2.1 1.5 1.8 1.2 6.0 2.6 1.1 1.1 5.1 2.3 1.3 1.5 3.8 1.3 1.3 0.4 5.2 2.6 7 .1 6.5 10.0 3.4 4.9 7.9 7.5 3.9 5.3 16.5 15.5 8.0 16.1 10.7 8.3 14.1 10.8 8.7 4.9 1.9 e ~ .., ~ 6.6 2.8 0.7 0.4 8.5 3.0 1.5 1.5 3.3 4.6 5.0 3.8 5.8 3.8 1.0 2.4 6.0 3.3 1.4 1.9 1.1 6.6 3.4 5.5 5.9 9.1 11.3 9.8 14.7 9.1 6.8 9. 7 21.9 16.8 22.4 10.0 13.4 10.6 2.1 2.6 2.1 1.8 4.7 5.2 3.7 4.2 1.8 1.2 0.6 4.4 l. 7 7.9 4.6 9.7 3.8 3.5 4.7 8.6 12.6 11.7 1.1 1.0 Q. g ¡¡; ,:, 7.1 • Período 1875-1895 Fuentes: Registro parroquial de defunciones, 1859-1889, parroquias católicas y protestantes de Tandil. Registro Civil de Tan dil, libro de defunciones, 1889-1895. s· " ~ ~ ae. ~ �30 Siglo XIX Esta enfermedad conocida generalmente como el mal de los siete días, o simplemente el mal tuvo, como puede observarse en el cuadro, un peso significativo en el conjunto de la mortalidad en la región, superior al que se evidencia en la ciudad de Buenos Aires. G. Rawson sostenía que presentaba carácter endémico en la provincia de Buenos Aires y amplias zonas del Litoral, y que se generaba por la falta de higiene y la humedad del clima. En su tesis doctoral del año 1854, M. Montes de Oca afirmaba que: '' ... del mal método de curar el ombligo puesto en práctica por las comadres y los sectores del charlatanerismo en nuestro país depende la extraordinaria frecuencia de una afección tan mortífera" 17 • Recién a fines de la década del 70 tomó difusión su etiología más precisa: ''Es un hecho admitido en la actualidad, que el tétanus infantium o trismun nascentium conocido entre nosotros con el nombre de mal de los siete días, no es otra cosa que un tétano producido por el traumatismo del cordón umbilical" 18 • Un médico danés que recorrió buena parte de la campaña bonaerense, a mediados del XIX, relataba en sus memorias: Gran preocupación tenían los médicos por la frecuencia aterradora del llamado "mal de los siete días", que se presentaba a este tiempo del nacimiento, cuyo término casi seguro era la muerte de la criatura. Todos los partos nos llenan de preocupación en la primera semana que sigue al nacimiento, dicen los médicos ante el temor de que el recién nacido sea atacado por la enfermedad denominada " mal de los siete días'', que se anuncia por el hecho de que la criatura al quinto día suelta el pecho materno y grita. La boca no puede abrirse lo suficiente para tomarlo nuevamente; le es imposible tragar nada líquido a lo cual se agregan calambres; la cara toma un color azul-negro y adquiere una expresión horrible, terminando generalmente el proceso con la muerte de la criatura al séptimo día del nacimiento, de lo cual deriva el nombre de la enfermedad. Acerca de los motivos de la misma, así como su origen y tratamiento no se conoce nada concreto. La enfermedad era conocida también en otros países, pero nunca con la misma asiduidad y violencia como en Buenos Aires 19 • Esta letal afec~ión, que te~ía su origen, probablemente, en prácticas culturales propias de la región (cortar el cordón con el facón• o tijeras y untar Ja herida umbilical con bálsamos vegetales), 20 disminuyó fuer- • Nota del Editor: cuchillo del peón rural o gaucho, de uso cotidiano. Alvarez y Míguez: Mortalidad en la provincia de Bs. Aires 31 temente al haber mayor cantidad de médicos y parteras en la pr~vi~cia además del cambio de prácticas culturales aportado por los mm1gr;ntes. Esto tiende a ser confirmado por la observación de E. ~a~elli, quien insiste que el tétano infantil encontraba el grueso de sus victimas entre los hijos de pobladores del campo, mientras que los lactantes de los centros poblados de la campaña bonaerense eran asiduos pacientes de las diarreas, debido al hacinamiento y la contaminación. El caso que estudiamos muestra también la presencia de este último mal. La diarrea infantil presenta menos dificultades para su análisis aue las otras dos afecciones infantiles. Se han incluido en ella las muertes de niños de entre cero y tres años consignadas como "diarrea", "enteritis" o "colitis", "cólera infantil" o "colerina". Es necesario remarcar el carácter fuertemente estacional de la afección. El 26.8% de los casos registrados tuvo lugar en enero y el 17.3% en diciembre, en tanto que en los meses invernales sólo julio (4.6%) superaba el 3% de los casos. Los cinco meses de mayor mortalidad (diciembre-abril) suman el 77 .8%. Así, en algunos veranos los picos adquieren rasgos muy agudos provocando una fuerte alza de la mortalidad general. Es sabido que esta enfermedad, que es esencialmente una diarrea que puede deberse a distintos orígenes, y cuya gravedad consiste en provocar deshidratación en el infante, puede combatirse fundamentalmente mediante extremos cuidados en la higiene y alimentación de los párvulos. Consciente de ello, la municipalidad, a través del Eco, solía dirigir recomendaciones a madres y nodrizas acerca de cómo alimentar "sanamente" a los recién nacidos, exhortándolas y mostrando su responsabilidad sobre el particular: " ... es menester, de una vez por todas, que lo hagan, pues en la lucha contra las causas que dan mayor número de defunciones, a ellas les toca desempeñar el papel primordial" decía, citando a la Academia de Medicina21 • En este aspecto Tandil no era singular. En la ciudad de Buenos Aires, entre el 35 y el 50% de la mortalidad infantil tenía origen en problemas del aparato digestivo: " .. .la estadística señala a la gastroenteritis en primer lugar de la mortalidad de la infancia, viene enseguida la enteritis y la enterocolitis. Digamos en fin que el raquitismo corona la obra ruinosa del mal alactarniento. " 22 Los años 90 fueron testigos en la Capital de una campaña emprendida por los médicos higienistas, destinada a ilustrar a las madres sobre la necesidad de amamantar directa y personalmente a sus híjos, evitando los "pechos mercenarios" y los "sucios biberones". La hígiene alimenticia del bebé ocupó largos espacios en diarios, revistas y libros especializados. Estas preocupaciones eran, en parte, el correlato �32 Siglo XIX Alvarez y Míguez: Mortalidad en la provincia de Bs. Aires de medidas sanitarias de los países industrializados europeos, vinculadas al trabajo femenino, pero también la visión de una realidad que ya resultaba propia: Durante las horas del día el trabajo absorve a la madre y la obliga a abandonar su casa; el recién nacido queda a cargo de alguna vecina a quien sus propios quehaceres y cuidado de sus hijos la ocupan demasiado para que pueda dispensar atenciones al huesped, arrojado en cualquier sitio, sobre un mueble o en el suelo; se revolverá hambriento hasta que a objeto de acallar sus gritos se le dé unos tragos de leche, si la hay, o se le haga succionar el nauseabundo chupón hasta el agotamiento de sus fuerzas23 • Estrechamente ligada a condiciones sociales y culturales, la evolución de la incidencia de esta afección en la mortalidad infantil fue reflejando el cambio de las condiciones de vida, pero este último no fue suficientemente marcado en el período estudiado como para que se evidenciara una reducción sensible de su desarrollo. Este flagelo mantuvo su letalidad para la población infantil en la provincia de Buenos Aires todavía por un largo tiempo. Infecciosas y parasitarias En esta categoría se ha incluido un amplio conjunto de enfermedades que presentan la etiologia señalada, junto con algunas descripciones sintomáticas que parecen corresponder a este tipo de males. Podemos distinguir cuatro subgrupos: 1) algunas enfermedades claramente identificadas aunque de escasa difusión, y que tienen poco peso estadístico; 2) la descripción de síntomas cuya causa específica no es consignada pero que corresponden muy probablemente a una enfermedad infecciosa -fiebres, llagas, convulsiones, etcétera-, cuyo peso relativo en el conjunto del grupo depende sólo de la calidad de la informa~ió~, Y~ que a medida que ésta se hace más regular este tipo ~e descnpc1ó:'1 tiende a ~esapar~r; 3) afecciones en el aparato digestivo o unnano, a veces 1mprec1samente caracterizadas, cuya incidencia es intermedia, y exhiben gran regularidad en la medida en que se precisa el diagnóstico; 4) enfermedades epidémicas, cuyo diagnóstico es en general bastante exacto. Junto a ellos es necesario considerar otros tres rubros del cuadroresumen que fueron separados para destacar su importancia relativa. Se trata de las dos enfermedades que provocaron las epidemias más agudas del período, viruela y difteria, y el mal pandémico con una incidencia más regular y devastadora, la tuberculosis. 33 De las cuatro categorías señaladas concentraremos nue_stro an~sis en las epidémicas, que son las más significat_ivas en _ténrunos soc_iales, lo que se refleja entre otras cosas en un d1agn_óst1co más preciso y un mayor cuidado en su asentamiento en los registros. Por otro lado, su presencia puede ser confirmada por otras fuen!es tal~ como memorias, periódicos, etcétera. Incluimos en esta_ categona ~ las infectocontagiosas infantiles, el cólera, el tifus y la fiebre amarilla. Esta última, que es la que ha dejado más ttistes recuerdos en la historia argentina, se destaca por su total ausencia en la región. El único caso reconocido de muerte por esta causa en Tandil corresponde a un comerciante porteño de paso por el pueblo durante la gran peste del verano del 71, y no se encuentra registrado en los libros parroquiales, posiblemente por no haber sido inhumado en el cementerio lo~. Pese a ello la posibilidad de la expansión de este flagelo en la región dio lugar a una serie de medidas municipales -tales como la habilitación de un lazareto y la formación de "consejos de peste" por los médicos locales- que aunque demuestran un total desconocimiento sobre la propagación del mal, constituyen un avance significativo de la organización vecinal en la lucha antiepidémica24 • En definitiya p_arece que el clima poco favorable para el desarrollo del mosqwto libró a Tandil de la fiebre, algo análogo a lo que debió ocurrir con el paludismo, también ausente en la región. Los brotes epidémicos de las enfermedades típicas de la niñez -eruptivas, paperas, tos convulsa- en cambio, no eran infrecuentes, pero no parecen, salvo excepciones, haber presentado carácter agudo, lo que en parte puede deberse a que no afectaban a una població~ infantil que sufriera un gran déficit nutritivo. De ellas son la escarlatma, el sarampión y la tos convulsa las que acusan mayor gravedad, lo que se refleja por primera vez en una epidemia de las dos últimas, que causan nueve y once decesos respectivamente en 1875. Con posterioridad a esta fecha su difusión se observa en varias epidemias en distintas áreas de la campaña bonaerense: en 1883 la tos convulsa se expande por casi toda la provincia; en 1884 hay una epidemia de sarampión en Azul y en 1887 nuevamente la tos convulsa ataca Dolores25 • En Tandil su recurrencia sólo se refleja en los registros de defunciones con apariciones esporádicas y reducidas (no más de tres casos anuales). Las excepciones son dos epidemias de tos convulsa -la primera, causa seis decesos conocidos en 1891, y la restante, siete, cuatro años más tarde- y una epidemia de sarampión que cobró siete víctimas en 1890. En esta última ocasión el ausentismo escolar llegó al 30%, pero no encontramos referencias al cierre de escuelas para evitar el contagio, medida habitual en las epidemias mayores, lo que sugiere que �34 Alvarez y Míguez: Mortalidad en la provincia de Bs. Aires Siglo XIX 26 no se la consideraba entre las enfermedades temibles de la época • Más grave parece el caso de la escarlatina. En el período estudiado registramos en Tandil sólo dos epidemias. De la primera, _que tuvo lugar a mediados de 1886, se hallan asentados en los _registros .~arroquiales sólo tres víctimas; pero si nos atenemos a la mformac1on del periódico local, la mortalidad debió ser mucho mayor: ¡Estamos de desgracia! -decía un artículo-. Después de la viruela, que todavía combatimos, un nuevo enemigo se ha presentado a nuestras puertas. La escarlatina con una complicación de angina gangrenosa. Ya hemos enterrado muchas víctimas y hay muchos enfermos ...27 El diario propone que los cadáveres sean tratados en forma similar a los de diftéricos y variolosos, reflejando la honda preocupación provocada en una opinión pública sensibilizada por un año en que confluyeron varias epidemias. Las actas registran un cierto número de defunciones caracterizadas como "anginas", que pueden corresponder a ta complicación indicada por el periódico, lo que incrementaría el índice de letalidad del mal. También es posible que dada la coincidencia con el terrible brote diftérico de ese año haya habido una cierta confusión en los diagnósticos. Pocas dudas caben, en cambio, de la gravedad de la epidemia de escarlatina de 1890. Entre mayo y diciembre, la enfermedad provocó dieciocho víctimas, casi el 7 .50/o de la mortalidad general en un año en que ésta se vio incrementada por la viruela y la diarrea infantil. Con posterioridad a esa fecha no se vuelven a registrar picos agudos, aunque pequeños rebrotes pueden observarse al año siguiente (siete ~os) y en menor medida en 1893 y 1894. Todas estas enfermedades tuvieron poca incidencia en la mortalidad global, evidenciando en cambio cierto peso en la de niños entre uno y diez años. Entre las epidemias mayores fue el cólera una de las que produjo mayor alarma, aunque ésta fuera poco justificada por su incidencia real en las estadísticas obituarias. Existieron sólo dos brotes de este mal en el período estudiado: el primero en el verano 1867-68, que produjo siete víctimas fatales, y el restante en 1886-87, con igual número de muertes registradas. Aparte de esto conocemos muy pocos casos aislados. Ya de por sí, la consignación precisa de la causa de muerte en un periodo en el que más del 900/o de los decesos son asentados sin determinar esta información evidencia la impresión provocada por la primera incursión registrada de este mal en el pueblo, lo que es confirmada por las medidas adoptadas para combatirlo. 35 En efecto, se prohibieron bailes y velatorios, se cerraron escuelas se estableció la recolección de residuos, se prohibió la venta de frut~ traídas en galeras y se dispuso que el chanchero* retirara su negocio y faenara sus animales fuera del pueblo; los muertos coléricos debían ser enterrados a un metro de profundidad en un baño de cal y los enseres y utensilios de las víctimas quemados. La municipalidad organizó una comisión de higiene presidida por el doctor Fuschini para hacer cumplir_esta reglamentación. Fue también en ocasión de esta epidemia que se dispuso la reorganización y limpieza del cementerio para lo cual se destinó un presupuesto de 25 000 pesos y se contó con' la colaboración de la tropa de la guarnición local. Una crónica de la época relata: "el ambiente era de tragedia, muchas familias huyeron del pueblo" .28 La mortalidad causada por el cólera no parece justificar el pánico aunque es posible que haya habido más víctimas cuya causa de muerte no fue asentada en forma precisa en los registros. Así lo sugiere el hecho de que 1868 marca un pico de mortalidad. La información referida al segundo brote, sin embargo, sugiere que el t~mor pro~ocado por el cólera en Tandil no se origina en su trayectona local, smo en sus fuentes europeas. En septiembre de 1884 el Congreso Nacional resuelve la clausura de los puertos a buques provenientes de algunas zonas de Europa en función de "las proporciones alarmantes que ha cobrado la epidemia de cólera morbus en algunos puertos europeos ... " . Poco después el descubrimiento de un caso en un vapor italiano llegado a la capital provoca nuevas medidas sanitarias29 • Meses más tarde el periódico de Tandil difunde informaciones sobre los estragos que la peste causaba en Europa -se mencionan 120 000 víctimas en España- , lo que debió contribuir a crear un clima de intranquilidad. Entre tanto, en agosto de 1885 el gobierno de Buenos Aires volvió a disponer la clausura de los puertos por el desarrollo de la epidemia en Francia Y España. Pero pese a las medidas, y con un año de retraso (octubre Y noviembre de 1886) el cólera se hace presente en Buenos Aires, Y para diciembre el mal se ha extendido a Tandil. El Eco expres~ una vez más :1, temor provocado: " Calma, cordura, tranquilidad", pide a la poblac1on en grandes letras, en una editorial que informa sobre la declaración de algunos casos en el medio local. A continuación describe la enfermedad y el fallecimiento de los dos primeros atacad~s, reproduciendo una serie de recomendaciones dadas por ta Academia Española de Medicina en ocasión de la gran epidemia última. El *Persona que hace la faena de puercos: chanchos en Argentina ( Nota del ·editor). �36 SígloXIX mismo número informa sobre la creación de una comisión de higiene formada por los tres facultativos más antiguos en Tandil que "ha tomado medidas enérgicas para evitar la propagación del flagelo mandando aislar las casas afectadas, quemar la ropa y muebles de los fallecidos e inhumar sus restos en un paraje bastante retirado del centro de la población ... ''. Se establece también una casa de aislamiento para los e~fe_rm?s y la I~tendencia hace traer desinfectantes de La Plata para distnburr gratmtamente a las familias sin recursos30 El periódico continúa reflejando en los días siguientes la alarma provocada. Sigue caso por caso la evolución de los afectados31 , y relata cómo "los ranchos de la quinta del Sr. Lasalle donde han muerto dos coléricos, han sido reducidos a ceniza". Pese a la alarma el brote pronto desapareció. El cuatro de enero El Eco informa que ~o se han declarado nuevos casos, y los registros obituarios parecen confrrmarlo. Entre tanto la epidemia asolaba otras regiones del país: además de Buenos Aires resultan afectadas Mendoza y Rosario, y un año más tarde el mal provoca seis mil víctimas fatales en Tucumán. En Tandil en cambio, la difteria, que se hallaba en pleno auge, pronto hizo desa~ ~arecer la impresión causada por el cólera. Tres meses después del úIttmo caso de cólera El Eco, tratando de remarcar la necesidad de combatir el crup, destaca precisamente que se trata de una epidemia con características más agudas que la otra32 • Resulta claro por Jo señalado que el !error prov?;ado por el. gran flagelo europeo del siglo XIX se prop~go _por la r~gion ~e Tandil -probablemente incentivado por la expenenc1a pre-IDigratona de muchos de sus habitantes- mucho más que el propio mal. . Tampoco el tifus provocó una mortalidad tan alta como la diftena o la vrruela, pero su presencia fue mucho más constante y maligna que la ?el cólera. Los primeros casos registrados datan de 1867 y 68 observando~e pequeños brotes epidémicos en 1870/71, sin que alean~ cen a const1turr el 3% de la mortalidad global. A partír de entonces Yhasta 1890 la presencia del_ ?1al es constante en el partido (una media anual de 3.5 casos)~ excepc1on de brotes de mayor importancia en Jos mes~ d~ enero-abril ~e 1877 y 78, en que se registran doce y quince falleclffilentos respectivamente. Entre 1891 y 1895 la acción del tifus se hace más grave con ~rotes,re_currentes a fines de cada período estiv_a} ~rovocando unas vemte vtcttmas cada año. Esto se refleja en el pen~co local q~e hace f~ec~entes referencias al mal en la década de 1890, exigiendo medidas S3:D1tanas para su erradicación. Esto, sin embargo, no altera a las autondad~ local~s, que no parecen preocupadas mayorm~nte por este ~al, ~ diferencia de lo que ocurriera con Ja amenaza del colera o las ep1deIDias agudas de escarlatina, viruela y difteria. Alvarez y Míguez: Mortalídad en la provincia de Bs. Aires 37 La última de estas enfermedades tuvo una única y terrible incursión en Tandil en el período estudiado. Los primeros decesos se registran en 1877 y entre entonces y junio de 1886 observamos sólo algunos casos aislados. En julio comienza a desencadenarse una prolongada epidemia cuyo auge se extendió hasta mayo de 1887 con un promedio de trece muertes mensuales, continuando luego con menor intensidad para desaparecer en octubre de ese año. Los picos de mortalidad ocurrieron en agosto de 1886 (dieeinueve casos) y abril del 87 (dieciséis casos). Nuevos brotes con vigor decreciente tuvieron lugar en los dos otoños siguientes, para ír declinando hasta desaparecer en 1892. La mayor mortalidad se produjo entre los niños de 1 a 11 años, abarcando el 72% de los casos letales, en tanto que su peso fue ínfimo entre los infantes (5% del total de casos). Esto provocó un inusual crecimiento de la participación de los niños en el total mortuorio en 1886 y 1887, que es un 50% superior a la media (c. 30% frente a un 190/o). Por otro lado, si exceptuamos las grandes epidemias de viruela de 1871 y 1891, la mortalidad por difteria es la más alta provocada por una única causa en todo el período, como puede verse en la parte del cuadro con datos porcentuales. Los peligros de la difteria no eran desconocidos para los pobladores de la campaña de Buenos Aíres antes de 1886. Ya en 1884, por ejemplo, El Eco daba cuenta de un cruento brote en Chascomús. Sin embargo, no parece existir conciencia clara sobre el peligro del flagelo. Contrariamente a lo que ocurriera con el cólera, y pese a la solicitud de los médicos locales en tal sentido, pasan largos meses antes que se dicten disposiciones tendientes a evitar la propagación de la difteria33 • Incluso El Eco, en general alarmista, demora en reflejar la gravedad de la epidemia. Las primeras referencias coinciden con el inicio del brote pero no es hasta principios de 1887 en que el diario comienza a tratar el tema en forma sistemática. Sus comentarios no sólo reseñan el avance del mal sino que ilustran sobre ciertas prácticas que, a su juicio, contribuían a la propagación del mismo. La principal era los velatorios y entierros de las víctimas, en especial, los muertos en la campaña, que debían ser traídos al pueblo para obtener la autorización legal y poder ser inhumados en el cementerio. El trámite podía durar un par de días, durante los cuales el cadáver era un foco de infección. Otra fuente de contagio serían los mismos médicos, portadores del mal en sus visitas domiciliarias: la muerte de las dos hijas de Fuschini debió contribuir a sustanciar esta idea. El Eco proponia una serie de medidas para evitar estos peligros. Finalmente en 1887, cuando la situación se agravó por un nuevo brote de viruela, la municipalidad adoptó las medidas solicitadas (rá- �38 Siglo XIX pida inhumación de los fallecidos, un lazareto para los enfermos y los encargados de atenderlos), junto a otras medidas habituales de lucha antiepidémica (cierre de escuelas y casas de baile, creación de un cuerpo de desinfección, etcétera). A partir de entonces (aunque posiblemente no como consecuencia de ello), el mal comienza a declinar. En junio llega al pueblo un médico enviado por las autoridades provinciales para estudiar nuevas medidas, pero ya ese mes los casos son muy aislados y desaparecen totalmente en octubre. ... • El registro parroquial señala un total de 149 decesos producidos por la epidemia, y El Eco, en mayo de 1887, hablaba de más de 500 víctimas, refiriéndose probablemente al total de enfermos. Más del 1.5%, por lo menos, de la población total del partido falleció por la epidemia, y su incidencia fue mucho mayor en la población joven. Pero salvo los "coletazos" de los años siguientes, ya no volvería el crup a azotar el partido. La viruela, en cambio, se destaca por la temible reiteración con que ataca la región. De las epidemias, fue ella sin duda la gran asesina en esta historia de la población de Tandil. En un trabajo que data de 1883, el doctor Federico Cuñado señalaba que la viruela apareció en Buenos Aires con carácter epidémico a fines de 1861 y diezmó a la población urbana hasta fines de 1862 propagándose a la campaña. Desde entonces ha reinado constantemente con carácter endémico, asumiendo en diversas épocas la forma epidémica Y causando un número considerable de víctimas anualmente~ · En dos cuadros que abarcan el período 1855-1877 resume la información sobre la mortalidad provocada por la viruela' en la ciudad y campaña de Buenos Aires, mostrando que en el sector rural hay un escaso desarrollo de la enfermedad hasta 1862. Se genera entonces un brote epidémico que continúa hasta 1864 con un máximo de 368 decesos registr_ados en 18_63. Los años 65-66 muestran cifras muy bajas, pero a partu de 1867 _es~as se elevan para colocarse en un nivel que oscila entre 300 Y700 v1ctnnas anuales, a excepción de fuertes epidemias en 1871 Y72 (3 271 Y3 104 víctimas respectivamente), y 1877 en que baja a 114. ~stos datos coinciden notoriamente con los que disponemos para Tan~l. Los valores absolutos son sin duda bajos en esta región aún r~lat1vamente desp~blada, pero acompañan marcadamente la tendencia general. Es posible, por otro lado, que el número de víctimas en la primera ~pidemia _haya sido considerablemente mayor dada la endeblez de la mformac1ón del período, pero esta falencia también debe Alvarez y Míguez: Mortalidad en la provincia de Bs. Aires 39 afectar los datos de Cuñado. En los años posteriores el comportamiento de la viruela en Tan_~ mantiene el mismo patrón, con brotes epidémicos recurr_en~es de d1s1mil gravedad. En promedio se destaca como una de las pnnc1pal~ causas únicas de muerte, pese a hallarse ausente durante lar~os penodo~. Pero Jo que hace de ella la principal malvada de la población de Tandil es la ferocidad que alcanzan algunos de sus embates, lleg~ndo a provocar hasta el 290Jo de las muertes de un año: los mayores picos de mortalidad siempre coinciden con su presencia en el pueblo. En la década de 1880 la viruela parece haber sido un habitante permanente de la campaña bonaerense, y es muy raro el año e~ ,que 1!1 Eco no traiga referencias a la existencia del mal en alguna ~eg¡on proxima a Tandil. En 1883, por ejemplo, la vemos en la Capital (6-1), Y posteriormente en Balcarce (18-III), Azul (5-IV), Rauch (19, 26 Y29-IV) y Dolores (3-VI), rodeando así a Tandil, donde sólo se producen unos pocos casos benignos. Esto dio lugar a una intensa campaña de vacunación, pero, como veremos más adelante, eran escasos los resultados que éstas producían. En 1884 vuelve a desarrollarse una epidemia en la Capital Yalgunas zonas de la campaña y lo mismo ocurre en el 8535 • Finalmen~e en 1886 Je llega el turno a Tandil. Los primeros casos se dan en noviembre del 85, y El Eco vuelve a insistir sobre la nec~si_dad_ de la vacunación. En febrero el diario exige medidas a la mumc1palidad, y ante la falta de inmediata respuesta, hace responsable a su presidente de la evolución ulterior. Haya o no habido descuido el mal continuó desarrollándose alcanzando su auge entre marzo y mayo. En agosto comenzó a ceder, dejando su lugar como principal causa de muerte a la difteria, para retornar en junio del 87, cuando la otra plaga comenzab~ a decrecer. Según El Eco este último brote puede vincularse con la 1mportación directa de la enfermedad por los inmigrantes: Ahora nos ha venido a visitar la viruela a los vecinos de Tandil. .. Los inmigrantes venidos para las canteras han llegado, puede d_ecirse, con la viruela brotada, pues al día siguiente de llegar a Tandil se enfermaron diez, y llegaron aquí al día siguiente de desembarcarse~6 El registro parroquial confüma que fue entre las familias italianas de picapedreros donde se produjeron los primeros casos fatales. �40 Siglo XIX Finalmente la enfermedad desaparece en noviembre de 1887, asolando en 1888 y 1889 otras áreas de la provincia. Tandil disfruta de un par de años de respiro antaes del terrible embate de 1890-91. Entre tanto la corporación municipal había tomado las habituales medidas de combate antiepidémico en marzo del 86, reiterándolas en junio de ese año y mayo del 87, sin lograr resultados visibles. ,. Renglón aparte merece la vacuna como forma de lucha contra la plaga. Esta había comenzado a ser utilizada en el país desde comienzos de la vida independiente, pero su aplicación y disponibilidad fueron irregulares hasta entrada la década de 1870. Durante ese período se aplicó el método de la vacunación brazo a brazo, hasta que en 1878 se estableció en el país un laboratorio para producir suero animal, evitándose así el posible contagio de otras enfermedades (notoriamente la sífilis) que podía producir la vacuna humana. Pero haya sido por este temor, por la difundida idea de que con la vacuna se inoculaba el mal37, o más probablemente por descuido o desinformación, la vacuna alcanzó poca difusión: A pesar de toda la propaganda, a pesar del interés con que siempre se ofrecía el virus y la constancia con que los poderes públicos se ocupaban de combatir la viruela, ni aún en las ciudades principales la población respondía, y sólo cuando la enfermedad bacía su aparición epidémica en algunos de los grandes centros urbanos y la prensa se ocupaba del asunto llamando la atención sobre el contagio acudían los habitantes a vacunarse. Así vemos en un período en que se llevó estadística, de 1884 a 1885, en la ciudad de Buenos Aires sólo se inocularon 33 000 individuos sobre una población de 800 000 babitantes38 . El comentario de Alvarez corresponde totalmente con la información que disponemos sobre Tandil. La municipalidad disponía permanentemente de suero y los médicos vacunaban en forma gratuita. En reite• radas oportunidades se insiste sobre el carácter obligatorio de la vacuna, especialmente para los niños en edad escolar. Pero el número de personas inoculadas siguió siendo bajo. Por otro lado cabe preguntarse sobre la eficacia de la inmunización lograda. Los estudios contemporáneos la confirman, aunque las estadísticas en que se sustentan no son del todo concluyentes39 • Dada la escasa vacunación en Tandil nuestros propios datos aportan poco al respecto. Resulta llamativo, sin embargo, un cambio en la estructura de edades en la población afectada. De las epidemias de comienzos de la década del 70 a las de comienzo de la década del 90 se observa Alvarez y Míguez: Mortalidad en la provincia de Bs. Aíres 41" una caída del 10OJo de la participación de niños en la mortalidad variolosa lo que quizás pueda vincularse a la mayor difusión de la vacuna 40 entr~ estos, abundantemente atestiguada por El Eco • Las medidas higiénicas y preventivas poco pudieron hacer para impedir la gran epidemia. de 1891. A _comienzos_ del año anterior hubo un suave brote que motivó la adopción de medidas por parte de la municipalidad. Este brote cedió entre agosto y septiembre, pero algunos casos vuelven a registrarse hacia fines del año, preanunc1ando la gran epidemia. Esta cobró ímpetu a comienzos del 91, y alcanza su pico entre marzo y agosto. En mayo se registraron 48 casos fatales. En septiembre el mal comienza a disminuir su actividad para desaparecer totalmente en noviembre, y ya no se registrarán nuevos casos de viruela en Tandil en el período considerado. Este último embate, sin em~3:1'go, se había llevado en unos pocos meses más del 1O/o de la poblac1on total del partido. ¿Afectó el mal a toda la población por igual? No podemos dar una respuesta concluyente, pero no pareciera ser así. Los higienistas ~e la época señalan que su propagación era mayor ~ntre lo~ ~ectores soc1al~s más bajos, debido al hacinamiento, la carencia de higiene y el descwdo en la asistencia a los afectados. La difusión de las epidemias en Tandil tiende a confirmar esta opinión. En 1887, por ejemplo, se inicia en las canteras causando varias muertes entre las familias italianas que trabajaban allí, como ya hemos señalado. De allí se extiende al "Pueblo Nuevo", barrio marginal de precarias condiciones donde "en una sola pieza hay más de cinco camas", y "otras sirven de comedor, cocina, dormitorio y letrina a la vez". En ocasiones "se trae un enfermo de viruela de la campaña y se lo deposita en uno de esos inmundos tugurios viviendo en man<:omún con el paciente"41 • Finalmente el mal llega al centro de la cmdad, pero su paso por allí fue mucho más leve. El mismo patrón se repite en la epidemia de 1891, pero esta vez el grueso de la mortalidad se halla entre la población baja de la campa2 ña. Lo mismo ocurrió con la epidemia de 1888 en 9 de Julio y Rojas~ En conclusión, parece claro que si bien todos los sectores sociales eran afectados, los estratos más bajos sufrían mucho más sus consecuencias. La otra gran matadora de hombres de la época fue la tuberculosis (TBC), pero debido probablemente a que su actuar era constante y no provocaba picos muy agudos de mortalidad los contemporáneos no nos han legado una visión tan nítida sobre su acción en Tandil como lo hicieran con la viruela o el cólera. �42 Siglo XIX En efecto, durante el período 1875-95 la TBC fue, en promedio, la principal causa de muerte, provocando casi 27 decesos por año, es decir un promedio de más del 9% del total anual. La desviación standar es apenas mayor a 7 casos lo que señala una marcada regularidad. Estos datos coinciden con los que disponemos para la ciudad de Buenos Aires para el mismo período. En los años que van de 1869 a 1877, la tuberculosis provocó el 9.6% de los decesos, en tanto que en 1880 fue responsable del 10% y del 8.6% en 1887. Según los datos del doctor Emilio Coni en Europa y Estados Unidos, la mortalidad por esta causa era algo mayor, con valores que oscilaban entre el 12 y el 18% del total. "I Pero pese a ser el mayor flagelo para el mundo occidental poco pudo hacerse para combatirlo en el período estudiado. Hace ya más de 100 años realizó Kocb su importante descubrimiento, pero no sería hasta bastante más tarde que se estaría en condiciones de aprovecharlo para la cura y prevención del mal. Por otro lado era difícil contrarrestar esta enfermedad en las inadecuadas condiciones alimenticias y sanitarias que predominaban en los sectores sociales más bajos. Si bien la situación argentina no era la más desfavorable en el primer rubro (y quizás de alli la incidencia algo menor a la observada en Europa) las condiciones de vida de buena parte de la población pueden haber contribuido a su exposición a la TBc43 • Una característica del desarrollo de esta enfermedad en Tandil es su marcada predilección por el sector femenino. En efecto, en tanto que entre los hombres producía un 7 .65% de las muertes, en las mujeres llegaba al 13.04%. La misma tendencia puede apreciarse en algunos países europeos, pero en forma menos marcada. Coni, en cambio, señala para Buenos Aires un mayor número de muertes masculinas coincidiendo con la información presentada por Viale, pero al no tener en cuenta el índice de masculinidad general de la población, estos datos pierden valor. En Tandil llama la atención el alto número de mujeres jóvenes (15-25 años) fallecidas por esta causa. Aunque es poco probable que muchas de ellas tuvieran noticias de las desventuras de Margarita Gautier, parecería que no eran pocas las que corrían la misma suerte que las heroínas románticas de su siglo. Vías respiratorias Las causas de muerte que hemos agrupado por su vinculación con este sistema (excluyendo, claro está, la tisis) conforman el segundo grupo en importancia relativa. Podemos distinguir en ellas dos tipos de enfermedades. El principal consiste en afecciones no contagiosas Alvarez y Míguez: Mortalidad en la provincia de Bs. Aires 43 -laringitis, bronquitis, pulmonías-, y el restante, con una incidencia relativa reducida, constituido por gripes y anginas. En general la acción de ambos fue constante a lo largo del período con algunos picos bastante pronunciados debidos a un alto númer_o de bronquitis y neumonías. Se observa tambié_n una clara ~endencia_ al aumento de los montos absolutos de mortalidad acompanando al mcremento de la población. En términos relativos su participación en el conjunto de los decesos también crece, lo que indica que la tasa de mortalidad por estas causas tiene mayor regularidad que la tasa de mortalidad general, en tanto que no se observa una mayor dif~renciación de su incidencia por sexo o grupo de edad. Todo esto sugiere que se trata de enfermedades de alta difusión, afectadas quizá por variaciones climáticas pero poco sensibles a los cambios de condiciones de vida ocurridos e~ aquella época o al desarrollo de la medicina-presulfarnídica. Causas endógenas Las tres categorías siguientes del cuadro 2 corresponden a esta caracterización, y muestran valores relativos no muy altos._ En general se destacan por una cierta regularidad y una suave tendencia al aumento tanto de sus números como de sus valores relativos. Excepción a ello es la mortalidad por afecciones cerebrales -apoplegía, congestión, derrames- que muestran un ciclo de valores altos en la década posterior a 1878, lo que contribuye a elevar su media para todo el período. Entre las cardiovasculares predomina el llamado "vicio orgánico del corazón", apareciendo también algunas afecciones circulatorias. Se incluyen además en esta causa las muertes denominadas "repentina" y que parecen corresponder a infartos de miocardio. Las distintas variedades de cáncer se hallan seguramente subregistradas por problemas de diagnóstico, pero aún teniendo esto presente parecería que su incidencia relativa fue muy baja en el período. El incremento de sus montos totales hacia finales del mismo se vincula en parte con el aumento de población sin que varíe la tasa de mortalidad por esta causa, pero también con la mayor precisión en los asien-. tos del Registro Civil. En general vemos que estas dolencias, atribuibles mayormente a procesos de malformación o desgaste interno del organismo, y por lo mismo más vinculadas a una edad adulta, suman sólo un 12% del total de la mortalidad en el período de información confiable, confirmando el peso abrumador de las infecciosas e infecto-contagiosas y las �44 Siglo XIX afecciones respiratorias en el régimen de mortalidad predominante en la época. Parto Este rubro incluye a las muertes en el momento del alumbramiento, o producidas como consecuencia de éste. Los casos más frecuentes son las hemorragias e infecciones puerperales. El número anual de fallecimientos por esta causa es bajo, y también lo es su peso relativo en la mortalidad general, aunque es significativo si consideramos sólo las muertes femeninas (la media del período de información confiable es de 5.60/o) y especialmente a las mujeres de edad fértil (casi el 15%); porcentaje que se hace más elevado por tratarse de un grupo de baja mortalidad. Las edades de las mujeres fallecidas como consecuencia del parto se distribuyen en forma proporcional a lo que debió ser la frecuencia de edad en dicho momento. Los puntos extremos son 16 y 48 años, y la media algo superior a los 28 años y medio, pero la mediana -26 años- y la moda -25 años- sugieren mayor juventud en el momento de dar a luz. Finalmente, si tenemos en cuenta la alta fertilidad reinante, apreciamos que la tasa de mortalidad de las parturientas no fue alta. Alcoholismo Los relatos de la época sugieren que la embriaguez no fue un fenómeno inusual en el Tandil decimonónico. El doctor Lizarralde, refiriéndose en un informe sanitario a la frecuencia de las afecciones cardíacas, hepáticas y la estrechez esofágica en la región decía: " ... me inclino a creer que dependen del abuso del alcohol que es tan común en la campaña44 • Sin embargo las muertes provocadas por la dipsomanía no fueron numerosas. Hemos incluido en esta categoría a los decesos atribuidos directamente al alcoholismo y al delirium tremens, y el número total de muertes en este rubro es marcadamente bajo. Su incidencia es mayor sobre los hombres que las mujeres, y obviamente entre los grupos de edad más avanzados, pero todo indica que la fatalidad de la bebida tuvo que ver más con su efecto inmediato de violencia en una población en condiciones de vida bastante precarias que con el lento deterioro del organismo provocado por el alcohol. A]varez y Míguez: Mortalidad en la provincia de Bs. Aires 45 Accidentes y violencia Este es uno de los rubros para el cual la información es más constante y precisa, como se evidencia en el hecho de s~r el único para el cual contamos con datos para todos los años del penodo. Su peso en el conjunto de la mortalidad es sin duda bastante s!~ficativ~, y lo es m~ aun si consideramos exclusivamente la poblacron masculina. La participación media de esta categoría en el conjunto de muertes de varones para el período 1875-95 es de 10.40/o, y para el pe~odo total 10.5%, con una desviación standar de 3.1 % y 5.3% respectivamente. La continuidad de la información se refleja en la similitud de valores_po~centuales entre el período 75-95 y el conjunto. Resulta bast~te_sigmficativa la mayor dispersión anterior a 1875, que ~uede atnburrse ª. dos causas: en los años iniciales a defectos en el registro de 1~ mortalidad general que sobrevalúa relativamente este rubro, y_en la ~ecada del ~O, como veremos, a algunos brotes coyunturales de ~olenci~. Esto ~ugiere que como modalidad los accidentes y la violencia tendieron a merementar en algo su peso relativo. Dentro de esta categoría hemos incluido tres tipos de asientos: las muertes accidentales los homicidios, y un tercer grupo de casos descritos como "heridas;, o "golpes" y que pueden pertenecer a cualquiera de los otros dos. Entre los primeros hemos contabilizado 182 decesos, siendo los más habituales los ahogados, las quemaduras y los accidentes de caballo. También hay algunos golpeados por carros o carretas, heridos por rayos y picados por serpientes. Hacia final~ d~l período el ferrocarril y el trabajo en las canteras causan algunas VIctlfilas. Hay 163 casos asentados por "heridas" y "golpes" y suponemos que algunos deberían sumarse a la categoría analizada pero la mayoría fueron probablemente homicidios. De hecho hemos podido comprobar a través de la información del periódico local que algunos de estos casos corresponden a muertes violentas. Al analizar estas últimas vemos que son preponderantemente masculinas salvo los suicidios, en que sobre un total de 19 casos hay nueve muj;res. En cuanto a grupos de edades predominan claramente los adultos (mayores de 18), pero no se destaca ningún subgrupo específico entre ellos. Como hemos señalado los picos que presenta esta categoría en la década del 70 corresponden a hechos particulares de ~olencia: en 1872 hay 32 muertos en la llamada Masacre de Tata Dios, y en el 74 y 76 ocurren sendas incursiones indígenas45 • La segunda produce 19 víctimas conocidas en tanto que en la primera se registraron sólo nueve inuenes por los indios (además de un muerto durante la revolución mítrista), pero hay numerosos casos de decesos producidos por "heridas" que pueden deberse al malón. �46 Alvarez y Míguez: Mortalidad en la provincia de Bs. Aires Siglo XIX Aparte de estos hechos extraordinarios, el cuadro que surge de la "sección policiales" de El Eco indica dos tipos de hechos de sangre: uno menos numeroso con móviles de robo, que va desde el asesinato de un pobre verdulero italiano en la zona de las canteras, o la confabulación de una hija con su marido para robar y matar a su padre en las quintas que rodeaban a Tandil, ·hasta la muerte de un estanciero a manos de un peón de 19 años (quien había declarado que lo iba a matar porque "ese viejo ha vivido demasiado y bien puede morir para que yo tenga algo, si no por la razón por la fuerza")46 • ,.... V\ °'00..... Más frecuentes fueron los enfrentamientos a cuchillo (hacia fines del período aparecen también las armas de ruego) por disputas ocasionales, muchas veces vinculadas a las pulperías y "casas de baile". Tienen alta participación en estos hechos los sectores bajos y desarraigados -jornaleros, peones, trabajadores de las canteras-, tanto nativos como ex_tranjeros. Otras y no especificadas Se trata de una categoría residual en la que hemos incluido los decesos sin causa consignada o los atribuidos a "muerte natural", "enfermedad" y "enfermedad natural". También se contabilizaron en este rubro descripciones de síntomas demasiado vagos para conocer su origen, o enfermedades poco frecuentes no incorporables a las categorías anteriores. Estas últimas son características del periodo final, en tanto que las anteriores lo son de los primeros años: preponderantes hasta 1869 y conservando un peso significativo hasta 1875, lo cual, como señaláramos, dificulta la interpretación de los datos de la mayoría de los rubros hasta ese año. LA EDAD DE LA MUERTE En esta sección hemos tratado de averiguar en qué momento solía interrumpirse la vida o, de otra manera, cuál era la edad de la muerte. En una primera aproximación hemos dividido la población en cinco grandes grupos: infantil (hasta el año de vida), niños (de uno a once años), adolescentes (doce a diecinueve años), adultos (20 a 69 años) y ancianos (70 y más). A su vez el grupo de niños lo hemos subdividido en dos: primera niñez (1 a 5 años) y segunda niñez (6 a 11 años); y al de adultos en tres: adultos jóvenes (20 a 29 años); adultos mayores (30 a 49 años), y adultos viejos (50 a 69 años). Las connotaciones sociales primaron en esta clasificación por sobre la tendencia a agrupar en intervalos homogéneos. Para evitar las .....' 00 ..... __, 'C E-- -r----ovvoo v-COt-t-V>O OOOOOlt-Ol ..... 00 ! 0:- ¿ =- -- -V\Oll'-t-MV'o <'l"'VMMOOV\ ~~l'!~~~C! ~ > O<'IN,,,t--M <'I <"> .,.. ,., ,.., r--- oro E-- -c--coroNOl'C --cr---vv-coo ~ V\OM<'IV<">V'o <"> <"> N N 01 V > --MM00\0-f'f".IVN.,....r---V E-- 'C 'C 000 NO 'C ~ t-V\'COOV>"-.:t<"l M'C'C'C'C;:!;~ .. o-.., ~Ñ - o < o ¡J.¡ ..... ...... :!, N ¡J.¡ o o o 11. ~ ;:) ~ iz o V ..,.. e .. ..,s ;z N - .., o N 11. o < o -< o ¿ .. -.;- ; ; ~ E .!!- 6-8 =-s= CI t-t-OOV>OOO'lt- 0000000 -.:tOOl'Cr---V>OI º,..;ººº,..;º ..... 'CNt--.:tNOIN ~ _,."""""...,.. N N - > OI-N<'lt-'CM N'C-t-V>VO E-- V <"l OOV\ r--- 'C V\ -NM,,,Nv-.:t V('f")-0000- C).....:~ci~<'Í_; °' 00 V\ V\ ,,, rO O O O O,..; O V\ o t -.. . -.,..--c - ,..,-v-N_r--_ 'ii!"iMMMM<'ÍM -,:i J-oVl--t'--\0 :t'f')V)NMfflf'f')~ - ..... o-oor---0\M- ~~C!~ C!~"! E-NN-NNN _ _ _ _ __ _ -=e s,,,-co oo-.:to 0.MMOOOlr...:.,.;r...: SN<'l<'INNNN -,:i ¿ =- > -é &, ------- -,:i -l E-iz 00000,..;0 0. ~ -..,.. e -.. iz - Olv<"l....,Ot-'C V>Oloo--=t-oo - - ...... N t"I -r---V>'CQ\'CV\ 00,,,0 ..... 'CV\-.:t -NN-NN :2g~gó6~~ 1 1 1 1 1 1 1 -\0-\0-\0- 'C 'C t- t- 00 00 OI 00 ..... ;; o 'C ,,, ,.., ,,, °' '.?! .,.;M.,.;N\OIC>O\ '<:INN<"l<"lNNN ; '3'~~-;~"!~~ ....,N<'IOOOIV\V\ ~NN NNNN C .f------:2g~gó6~~ 1 1 1 1 1 1 1 -\0-\0_\0_ -c-cr---r---ooooOI 00 47 �Sigue cuadro 3 ~ MORTALIDAD POR GRUPO DE EDAD (1861-1895) (1) €o Qulnque- Adultos Mayores (30-49) Jóvenes (20-29) nlos 1861-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 V M T V M 53 71 129 88 57 103 111 26 41 62 60 56 68 74 79 112 191 148 103 167 192 198 133 167 199 62 76 78 59 69 93 81 113 171 185 V T 165 50 243 80 270 81 257 89 202 70 260 107 280 132 ~ Ancianos (70 y más) Viejos (50-69) M T V M T 13 42 29 36 34 62 45 63 122 110 125 104 169 177 8 20 36 30 31 67 61 6 15 17 15 14 35 53 45 0.3 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 24 55 32 57 99 118 Porcentajes divididos por nllmero de af\os del arupo 1.4 1.2 1861-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 1.1 1.0 1.2 1.4 1.5 1.2 1.0 1.0 1.2 1.3 1.1 1.4 1.4 1.4 1.2 1.3 1.1 1.1 1.3 1.1 0.9 0.9 0.8 1.1 1.1 1.1 1.3 0.7 1.3 1.2 0.7 1.0 0.5 1.1 0.6 1.0 0.6 0.7 0.5 0.8 0.7 1.0 0.7 0.7 0.8 0.6 0.6 Fuente: ver cuadro 2 e "T1 No Defunciones (102 C (11 ff (') e -o 1 11) ~ o ...., ~ °' V, --.J 'T' --.J o --.J .e e .e e(11 s· e. o "' .:., V, \ ·.. \ •• '1 %\• \ : : / (!, . ~~ 00 ' V, 1 \ • ~ ..,.'° ■• • / • ' .. ··... ...... i <~ ✓-., .~. / [ 1 a ¡;- ...... ··r ·.. '\ ~"l.:-.,,··. \. ..•.... O_,. ,.";:\ .·· .... ............. .. -~::·.'),_ ··•.... \ / ·•. ·~ ',1:.,.,. fR • / ,. ··- •• ·.··..' ' • •• ••·: l.. ..\., ,....... '< i J ,... •••• : i~ .) ; •• ',t .... :♦ .. •. '• · , ..... ,,, •• •e i!! \. .... \1'· •• •• . 1 •• 1 ·•··..• • •• I I I I .... :g l...> . • ·, 11 \ 00 'T' 8 "' \\ \>.•. --.J 00 § V, • : o .,:. ', ·.. ~. ... ' .. ~' \ ' ! 'T' 00 ...., N 00 .•, ~ .; , ~.. .. : .. _, . .. o, ..-:. \ \ / =F 1 i : 1'1 ~: ':': e;,'?' ,,., G')J : ♦ • 1 ' : • i : : ' : ~ o s·~- .:..iv.wNj::;o-.- o oc;:>c;:>9>, T , r ~ 'te ?i' + O\•N--"\.A \0\C)\0'° - - ti t ~ ~ �50 Alvarez y Míguez: Mortalidad en la provincia de 8s. Aires Siglo XIX fluctuaciones erráticas de valores muy reducidos hemos agrupado los datos en quinquenios. Hemos contabilizado el número total de óbitos de cada grupo y la participación del mismo en el conjunto de la mortalidad. A este último porcentaje se lo dividió por el número de años que abarca cada grupo, para hacer factible la comparación. Sigue gráfico 3 O!o/aftos grupo 29 Los datos muestran con claridad que la mayor frecuencia de muerte se da entre los infantes y los niños más pequefios. Es evidente la alta tasa de mortalidad infantil, que se prolonga en la primera infancia. La participación de los restantes grupos, sin embargo, parece ser más el resultado de la estructura de edad de la población que de diferenciales en la mortalidad específica. 28 27 Para salvar esta dificultad hemos calculado la tasa de mortalidad específica para cada grupo de edad para los años en que esto fue posible. Para ello utilizamos la estructura de edades que proveen los censos de 1869, 1881 y 1895 cotejándola con la mortalidad de esos años. Esta última fue estimada como la media de los cinco años pericensales para evitar distorsiones que podían provenir de considerar un solo año. En el caso del período 1867-71, descartamos este último año y el siguiente por tratarse de casos anómalos por su alta mortalidad, considerando el año 73 en su reemplazo (1867-70 más 1873 dividido 5). 26 25 24 El análisis de estos datos confirmó la alta mortalidad infantil y de la primera niñez. A partir de ella se da una brusca caída, siendo la segunda niñez y la adolescencia los grupos con menor mortalidad. Desde allí se da un paulatino incremento de la mortalidad, que es lento hasta los 40 años para hacerse mucho más marcado entre esa edad y los 60, y volverse dramático a partir de entonces. Este patrón se mantiene casi inalterable durante todo el período (lo que no es sorprendente, ya que es un patrón habitual de mortalidad), aunque se observa una clara disminución en las tasas. 23 22 3 B ,. ,• .. ........ -- ..... ·" .~ •. ...... . 2 o 1861-65 66-70 51 71-75 76-80 81-85 quinquenios 86-90 Si volvemos a los datos del gráfico 3 se observa que en líneas generales se mantiene una gran regularidad. Esta sólo se ve alterada en el quinquenio 1886-90 por un fuerte incremento de la mortalidad de los grupos B,C y D (1 a 19 afios) y, por lo mismo, una caída relativa de la mortalidad infantil, lo que debe atribuirse a la epidemia de difteria de 1886-87. En cuanto a la evolución de la mortalidad infantil, el incremento entre 1861 y 1870 debe atribuirse a un crecimiento relativo de este grupo etario en el conjunto poblacional, en tanto que desde este momento hay una cierta tendencia a la disminución que refleja una auténtica mejora de ésta. 91-95 A partir de la mortalidad específica por grupo de edad fue factible �52 Alvarez y Míguez: Mortalidad en la provincia de Bs. Aires Siglo XIX calcular las expectativas de vida (eo). Estas no son enteramente confiables, en parte por la existencia de subenumeraciones tanto en los censos como en los registros obituarios, y en parte debido a que trabajamos con valores relativamente bajos, sujetos al azar de los pequeños números. Sin embargo creemos que marcan adecuadamente la tendencia general de la mortalidad, confirmando lo que ya señaláramos respecto de la T.B.M. En efecto, la eo en 1869 era de aproximadamente 25 años, elevándose bruscamente a casi 38 en 1881 , y más de 41 años en 1895. Como puede apreciarse, era dramáticamente baja en el período en que Tandil se hallaba aislado como una sociedad propiamente de frontera, pero evoluciona muy rápidamente junto con el desarrollo socioeconómico de la zona. Si se cotejan estos datos con la T.B.M. puede parecer exageradamente bajo el valor de 25 años para 1869, pero debe tenerse en cuenta que la estructura de edad se hallaba muy abultada en grupos de mortalidad relativamente baja (20 a 40 años), lo que disminuye un poco la mortalidad global en relación al conjunto poblacional. Por su importancia, la mortalidad infantil requiere un análisis más cuidadoso. La mortalidad infantil Al igual que en los regímenes demográficos antiguos, el primer año de vida resultó una barrera difícil de franquear para los recién nacidos. Un editorial de El Eco comentaba: "Se ha dicho con razón que la infancia es la primera edad de la vida, mas por la falta de higiene, en nuestro pueblo suele ser con frecuencia también la última"47 • La alta mortalidad infantil guardaba, por otro lado, correlación con una también alta tasa de natalidad, dejando así fuera de peligro el nivel de la reproducción vegetativa. Esto se refleja en los datos del cuadro 4. Como puede verse existe una considerable variación anual debida en ~uena medida a que _trabajamos con un universo relativamente pequeno, Y en parte t:11"b1~n ~ la posible existencia de subregistros. Pese a ello, parece posible d1stmgwr claramente cinco ciclos en la evolución de la mortalidad infantil, que por lo demás coinciden con los que pueden observarse para la mortalidad general. El primero va hasta fines de la década del 60 evidenciando una mortalidad relativamente baja (la media 1862-1869 está entre el 150 y 53 CUADR04 MORTALIDAD INFANTIL (1862-1895) Año Nac. Def. T.M.I. Año Nac. 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 221 232 200 251 249 256 254 281 288 310 301 300 328 363 416 448 463 20 9.05 12.07 22.00 13.94 15.66 15.23 16.93 16.37 22.22 25.16 29.90 21 .33 17.68 27.00 17.79 19.20 15.12 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 487 390 394 452 429 28 44 35 39 39 43 46 64 78 90 64 58 98 74 86 70 464 443 590 434 563 619 629 625 606 651 641 746 Def. T.M.I. 66 61 62 36 59 64 58 85 93 103 86 96 102 81 89 88 91 13.55 15.64 15.64 7.96 13.75 13.79 13.09 14.41 21.43 18.29 13.89 15.26 16.32 13.36 13.67 13.72 12.19 Fuente: ver cuadro 2. 160 0100 •) , aunque es probable que esto se deba en gran medida a un subregistro bastante alto en estos primeros años. El segundo, el de mayor mortalidad de todo el período considerado, abarca desde 1870 hasta 1877, con una media de 225 0100 (probablemente para entonces el subregistro sea menor, aunque aún debía ser significativo). A finales de este ciclo se observa una fuerte tendencia a la baja: se evidencia en una media entre 1878 y 1886 de alrededor del 140 0/00, para subir posteriormente con las epidemias del ciclo 1887-1891, que arrojan una media del 170 0/00; y, finalmente, estabilizarse en 1892 en adelante en valores próximos al 130 0/00 (a partir de 1890, en que el Registro Civil comenzó a funcionar-adecuadamente, el subregistro tendió probablemente a ser mínimo)48 • Puede observarse en general una suave tendencia a la baja. Pero es evidente que es mucho menos marcada que la de la mortalidad en general. Comparando la evolución en Tandil con otras regiones encontramos que no existe una gran discrepancia de los valores hallados con los de otras áreas de la provincia. El alza que se produce hacia la década del 70 ya había sido observada para la ciudad de Buenos Aires49 �54 Siglo XIX y para el total de la provincia50 • A fines de siglo Tandil mantenía un nivel de 122 0/00 , similar a la región circundante (la región Sur muestra un 123 0100 ), y algo superior a las regiones Central y Norte de la provincia de Buenos Aires (105 y 103 0100 respectivamente)51 • En la Capital, a fines de la década del 80 se observan valores próximos al 170 0100 52 y en 1895 el valor había caído al l J2 o;oos3 • Estas tasas eran superiores a las de París (103 0100) o Londres (115 0100 ) pero inferiores a las de zonas más atrasadas de Europa54 • . En general se observa una mayor resistencia de la mortalidad infantil en las zonas rurales más nuevas que en las regiones más densamente pobladas o urbanas, lo que llevó al doctor Eduardo Berenguer a una visión quizás un tanto exagerada del problema: ... ¡Qué distinta es, en efecto la suerte que le depara el porvenir al nacido en los grandes centros, donde al abrigo de la mansión confortable y de todos los recursos asegura en parte su existencia, de la del pobre de la campaña que en el rancho miserable donde vio por primera vez la luz va a tener que correr todos los albures de una vida llena de tribulaciones! Otras veces la alimentación defectuosa por falta de elección en los alimentos o por ingestión de éstos en malas condiciones, provoca tan graves alteraciones que concurren rápidamente a la muerte cuando no adquieren carácter de cronicidad. La leche, elemento indispensable en la alimentación del niño no es suministrada con los cuidados exigidos en la lactancia artificial, unas veces por economía y las más por negligencia o ignorancia de las madres, que desconocen las prácticas de esterilii.ación para impedir que sirvan de vehículo a tanto germen patógeno55 • Es evidente que no son sólo las diferencias regionales sino fundamentalmente las sociales las que se hallan por detrás del diagnóstico del higienista, pero quizás dé una pista sobre algunas de las causas de esta persistente amenaza sobre la población local. Más adelante retomaremos este tema en la interpretación global de la evolución de la mortalidad en el período. EL RITMO DE LA MUERTE En la segunda mitad del siglo XIX era opinión generalizada entre los médicos e higinistas que los factores climáticos condicionaban cuando no determinaban, el ritmo vital de la población. Son reiterad~ tanto en los libros técnicos como en los periódicos, las referencias a' la influencia de las variaciones de temperatura, presión y humedad sobre Alvarez y Míguez: Mortalidad en la provincia de Bs. Aires 55 la evolución de la mortalidad. La información que disponemos sobre Tandil no permite establecer una dependencia demasiado estricta entre mortalidad y clima, pero el estudio de las regularidades anuales del comportamiento necrológico nos ha revelado un ritmo estacional de la muerte. El clima, sin embargo, es sólo uno de los factores que condicionan estas fluctuaciones. La desigual incidencia de las distintas causas, la participación de los diferentes grupos de edad en el total obituario, las condiciones alimenticias, el ritmo laboral y otro conjunto de factores económicosociales actúan sobre la conformación del ciclo obituario anual. La compleja articulación de todos estos factores hace que resulte muy difícil simplificar una tipología, aunque algún progreso se ha logrado en este sentido. Los estudios realizados sobre distintas regiones de Europa señalan que en el norte parece haber predominado desde muy temprano un aumento invernal de la mortalidad, en tanto que en la cuenca mediterránea -especialmente España- predominó hasta el siglo XIX una mortalidad estival -especialmente marcada en la mortalidad infantil-, acompañada en algunas regiones por un suave pico invemal56 • Hacia fines del XIX, sin embargo, este ciclo ha sido reemplazado en España por uno exactamente inverso -predominio invernal, con suave pico veraniego- para alcanzar hacia 1960 un absoluto predominio invernal. La complejidad del fenómeno, sin embargo, se hace evidente cuando se compara el ciclo español con el italiano. Ya para 1871 en toda Italia hay un neto predominio invernal, y sólo en algunas regiones del centro-sur aparecían picos veraniegos, patrón que se remarca aún más hacia fines del siglo. El contraste se hace aún más notorio si observamos que aún en las regiones más frías y desarrolladas de España el predominio estival es marcado en 1863 (aunque ya ha desaparecido de ellas para 1900), en tanto que en las más cálidas y atrasadas de ·Italia, en un año próximo (1871) ya se observa un predominio invernal. Es cierto que Italia en su conjunto presenta un patrón de mortalidad más "moderno" que España en la segunda mitad del XIX, pero la diferencia no es tan marcada, y no es probable que las regiones más avanzadas de España muestren atraso respecto del mediodía italiano. El otro ejemplo retomado por Sanchez Albornoz -el estado de Massachussets, en la relativamente fría y progresista Nueva Inglaterrar~fleja a mediados del XIX un marcado predominio estival, que se convierte en bipolar (picos veraniegos e invernales) hacia comienzos del XX, y en netamente invernal a partir de la tercera década de este siglo. �AJvarez y Míguez: Mortalidad ea la provincia de Bs. Aires 56 57 SigloXIX En definitiva, el modelo tipo parece ser, para las zonas templadas con verano cálido, un predominio de la mortalidad en los meses de verano asociado a los períodos de mortalidad "arcaica", que evoluciona pasando por un patrón bipolar intermedio, hacia un neto predominio de la época fría del año, vinculado a la modernización de las pautas obituarias. Esto, sin embargo, sujeto a variaciones regionales y a dinámicas de evolución desiguales, que reflejan una relación no lineal con el progreso demográfico. o"' :E '0 00 .,t ~ o (") ~ g ~ o V) 11 o ~ ~ ~ o M o A > CUADROS ~ FLUCTUACIONES ESTACIONALES DE LA MORTALIDAD ..; oo ~ Mes ener. feb. mar. abr. may. jun. jul. agost. sept. oct. nov. dic. Infantil % No. 254 12.6 201 9.97 194 9.62 138 6.84 140 6.94 162 8.04 167 8.28 168 8.33 117 5.80 137 6.80 6.50 131 207 10.27 Niños % No. 129 115 130 121 124 102 98 116 109 107 111 112 9.39 8.37 9.46 8.81 9.02 7.42 7.13 8.44 7.93 7.79 8.08 8.15 Adultos % No. 366 11.16 267 8.14 276 8.41 247 7.53 273 8.23 253 7.71 229 6.98 292 8.90 280 8.54 280 8.54 254 7.74 8.02 263 total No. 749 583 600 506 537 517 494 576 506 524 496 582 % %C. 11.23 10.86 8.74 9.28 8.99 8.70 7.59 7.59 8.05 7.79 7.75 7.75 7.17 7.41 8.63 8.35 7.58 7.59 7.86 7.61 7.44 7.44 8.72 8.44 Fuente: ver cuadro 2 •' Q < Q V) -~ '°.... ,.;¡ °'.... 00 -h 00 ~ ..,,. o :E 8 :s ~ ~ ~ o ,.;¡ < ~ < ..; c. 4) 00 co -; < "'= '3 ..... ::, 4) e -; a ...8= o .....::, .g ~ ,.;¡ ...<SS u .!!! u > < o - c. ·¡:¡ ci ~ ..ci ,.; <SS Dentro de este marco Tandil refleja un patrón estacional marcado. En el cuadro 5 y en el gráfico 4 resumimos información sobre las variaciones porcentuales de la mortalidad mensual. :E ..ci 4) 11- Para esto hemos considerado sólo el período posterior a 1866 dado lo endeble de la información anterior. Originalmente los datos fueron agrupados en forma quinquenal, para evitar que las oscilaciones anuales erráticas desdibujaran el patrón estacional, y al hacerlo surgió con características similares a las que se observan en el cuadro. No se observaba, por otro lado, que éstas fueran variando a lo largo del período, pero en ciertos quinquenios se presentaba un comportamiento anómalo, siendo especialmente notorio el péríodo 1886-90. Esto se de- 4) = ~ V) ...o -g::, o ... 4) > ... ~ = ::, 4) ~ �58 Siglo XIX bía a la alta mortalidad por difteria y viruela, cuyo comportamiento no se ajusta al patrón estacional de los ail.os "normales", lo que quedó en evidencia al reelaborar las cifras descartando los ail.os de peste. En el cuadro, sin embargo, hemos incluido el período completo ya _que la in~uencia de lo_s ail.os anómalos se pierde en el conjunto de la mformacion. Esto sugiere, sin embargo, que en los ail.os "normale_s" los ritmos tendieron a ser algo más marcados que los indicados. Fmalmente, en la última columna se presentan valores corregidos a meses de !reinta días para evitar las pequeñas dístorsiones que producen las desigualdades de los meses calendario. El mismo procedimiento se adoptó para el gráfico 4. • 1 Alvarez y Míguez: Mortalidad en la provincia de Bs. Aires 59 a una estructura causal algo distinta a la del conjunto de la población -mayor incidencia de infectocontagiosas no estacionales, como la difteria, viruela, escarlatina, sarampión, etcétera-. Los decesos de adultos, en cambio, se comportan de acuerdo al patrón general sobre el cual tienen mayor peso relativo. Este patrón de mortalidad continuó vigente en Tandil hasta la segunda década de este siglo, tendiendo a hacerse más pronunciado el alza invernal, para ceder hacia la década de 1930 dando paso al predominío de la mortalidad invernal que se halla generalizado en la actualidad59 • L~ cifras. de! cuadro 5 muestran en forma clara que los picos de mo~dad coi~ci~en con el período estival, y salvo un suave repunte hacia fmes del mVIemo, se mantienen bastante constantes el re9'o del ail.o. Este patrón coincide marcadamente -incluyendo el alza de agosto- con el que presentan Coni y Viale para Buenos Aires en un período similar. La única diferencia visible es un cierto adelanto en la Capital del ciclo veraniego, vinculado a las diferencias térmicas entre 57 ambas regiones • El alza que se observa en los meses de verano debe sin duda explicarse por la mayor facilidad de difusión y desarrollo de algunas enfermedades infecciosas y la agudización de la diarrea infantil, en un clima caluroso. Esto sin duda tiende a coincidir con la estructura de causas de muerte que presentarnos más arriba. Es notorio, entonces, el paralelismo con la evolución de Massachussets y Espail.a. Resulta en cambio destacable un cierto retraso en ~l avance hacia el predominio invernal, especialmente respecto del caso espail.ol. Esto es particularmente llamativo ya que, en lo que respecta a la T.B.M. o la esperanza de vida, ya a partir de 1880 la región parecería hallarse en una posición de ventaja respecto a la mayor parte de regiones espail.olas y probablemente parte de las italianas (sobre esto volveremos en la sección final del artículo). La comparación con el ejemplo estadounidense, en cambio, sugiere la existencia de un ritmo de evolución occidental que guarda ciertas diferencias respecto del europeo. Será necesaria, sin duda, mucha níás investigación para poder obtener algunas conclusiones más consistentes. . Los contemporáneos, por otro lado, tenían clara conciencia del peligro que rep~esentaba la llegada del verano, como se refleja en varias notas aparecidas en El Eco, similares a la siguiente: CONCLUSION: INMIGRACION Y CAMBIO DE LOS PATRONES DE MORTALIDAD Aunque se goza actualmente de un buen estado sanitario (las enfermedades contagiosas que en la estación calurosa siempre visitan el pueblo este año lo obviaron) no deben olvidarse algunas considerac~ones so~re la hi~ene, por ejemplo, frutas que se venden sin inspección preVIa, ~esc~do en la limpieza de establecimientos, inspección de la leche, limpieza de las calles (algunas son todo un ejemplo de desidia) casas o ranchos abandonados. Todo esto debe ser atendido por las autoridades58 • Hacia finales del período que analizamos, según ya señaláramos, más del 40% de la población de la región estaba constituida por inmigrantes, casi en su totalidad europeos. Más aún, casi la mitad de los nacidos en el primer lustro de la década de 1890 eran hijos de inmigrantes, Y más de un 10% de los restantes tenían padre extranjero y madre nativa. Para esa época había también un cierto número de hijos de nativos que eran nietos de integrantes de los primeros contingentes de inmigrantes llegados a la región<,() . Al observar la estacionalidad de la muerte en los distintos grupos de edad r~salta el infantil, debido sin duda a la agudización del ritmo necrológico provocado por la diarrea estival. En el grupo de uno a once el patrón se hace menos evidente pese a que en los más chicos también actúa este mal. Esto se relaciona a una mortalidad que corresponde En resumen, para fines del período considerado el componente de migrantes recientes y sus descendientes constituían bastante más de la mitad (quizás cerca de dos tercios) de la población regional. A comienzos del período su presencia, si bien visible, era aún poco significativa. Ante esto, es inevitable preguntarse qué influencia tuvo el flujo migratorio en las transformaciones de los patrones de mortalidad. �60 Siglo XIX Los mejores estudios sobre la mortalidad en la Argentina han coincidido en señalar que la expectativa de vida era considerablemente superior entre los extranjeros que entre los nativos. Para la ciudad de Buenos Aires, MÜller marca aproximadamente cinco años de diferencia en la expectativa de vida a los cinco años de edad en 1887, extendiéndose a siete años para 1895 y reduciéndose en los años posteriores61 . Somoza señala una diferencia de casi seis para los varones y ocho para las mujeres en 1913-15, para todo el país62 • ... Lamentablemente, los datos que disponemos no nos permiten intentar un cálculo similar para la región estudiada63 • Una aproximación mucho más rudimentaria sin embargo, sugiere un diferencial en el mismo sentido. En efecto, hemos comparado el porcentaje de participación de la población extranjera mayor de catorce años en el total poblacional y en el total obituario, con los siguientes resultados64 • En 1869 los extranjeros conformaban el 32.9% de la población masculina de quince y más años, en tanto que representaban sólo el 18.2% de los decesos de ese mismo grupo de edad. En 1881, los valores respectivos eran del 48.6% y el 28.4% y en 1895 59.5% y 39.4%. Lo mismo puede observarse respecto de la población femenina. En tanto que un 14.1 OJo de las mujeres mayores de 14 años eran extranjeras en 1869, estas constituyen sólo un 4.54% de los decesos. Las cifras de fallecimientos femeninos extranjeros correspondientes a 1881 son demasiado exiguas para efectuar una comparación significativa, pero tienden a confirmar, incluso de manera demasiado exagerada, la misma tendencia. Para 1895 los guarismos señalan un 38.4% de mujeres extranjeras adultas que constituían sólo el 12.2% de la mortalidad de ese grupo. En realidad todos estos porcentajes resultan poco confiables por lo reducido de los valores implícitos (en especial los femeninos) pero la consistencia de los resultados permite suponer que indican un fenómeno real65 • La cifra de los tres censos sugiere que entre los varones la diferencia de mortalidad era favorable a los extranjeros en relación 1:1.75; y entre las mujeres mayor aún. Obviamente, pese a la exclusión de los menores de quince años, los resultados pueden reflejar tanto diferencias reales en la mortalidad, como diferencias en la estructura de edades en la población nativa y extranjera. Para 1869 no disponemos de la estructura de edades de la población por origen. De la observación de la pirámide de 1881 surge una concentración de extranjeros en las edades de menor riesgo, y una presencia menor en las más avanzadas, lo que podría explicar parte Alvarez y Míguez: Mortalidad en la provincia de Bs. Aires 61 de la diferencia. En 1895, en cambio, la participación extranjera se halla mejor distribuida en todos los grupos de edad, siendo su presencia muy importante en los de mortalidad creciente (70% de varones entre 51 y 60 años, 53% entre 61 y 70; 50% y 40% respectivamente entre las mujeres), lo cual no sólo otorga mayor confiabilidad a los datos, sino que tiende a confirmar la sobrevida de los inmigrantes. Sabemos además que la mortalidad infantil era marcadamente menor entre los hijos de extranjeros que entre los descendientes de nativos66 ¿Son estos fenómenos producto de una inserción socio67 ocupacional distinta entre nativos y extranjeros, de diferentes pautas culturales, o es más bien el resultado de trayectorias vitales diferentes o de la "selección natural" provocada por el proceso inmigratorio? Difícil es saberlo. Lo que parece en cambio evidente es que el aumento de la población extranjera debió jugar un papel importante en la reducción general de la mortalidad. Esto nos remite a las preguntas anteriores: ¿se debió al hecho mismo de ser extranjeros, o al papel que jugaron en el proceso de conformación de la sociedad local? En cierta medida esto equivale a preguntarse si esta influencia se debió a un traslado de pautas demográficas desde su país de origen, o a la conformación de pautas nuevas según su inserción en la sociedad receptora. Una primera aproximación al tema nos lleva a comparar la mortalidad local con la de los principales países de emigración. Somoza Y MÜller han efectuado algunas comparaciones a escala nacional con Italia, llegando a la conclusión de que recién en la primera dé~da de este siglo las esperanzas de vida (eo) en la Argentina alcanzan, e mcluso superan, las de la península mediterránea68 • Esta comparación es sin embargo problemática dadas las desigualdades regionales en uno Y otro ámbito. Al respecto es necesario hacer notar que si bien éstas eran marcadas en Italia, lo eran mucho más aún en la Argentina, y que la inserción de inmigrantes se produjo en su enorme mayoría en áreas más avanzadas del país. Por otro lado, durante el período que nos interesa hubo muy claro predominio en la emigración a la Argentina de las áreas de menor mortalidad en Italia. M.C. Caccopardo y J.L. Moreno también compararon la esperanza de vida en Italia y Argentina, utilizando para ésta última los mismos datos de Somoza y Müller, pero en este caso con mayor preocupación por la cuestión regional italiana. Tomando la esperanza de vida a los quince años (e 15, por ser la edad en que comienzan a insertarse los inmigrantes en la sociedad local), llegan a la conclusión de que las condiciones fueron consistentemente más favorables en Italia hasta la dé- �62 SigloXIX cada de 1930, o en todo caso que en el mejor período argentino no existieron mayores diferencias. Cotejando en cambio la T.B.M. se observa una situación inversa: esto se debe en parte a una estructura de edad mucho más favorable en el Río de la Plata, pero también a una mortalidad infantil inferior69 • Como se observa, la situación es muy compleja. Los resultados varían muy significativamente según sea el indicado utilizado (ei; e 15; T.B.M.; M.I., etcétera.) o en el área comparada. Para peor no siempre disponemos de la información necesaria, especialmente para el caso argentino donde los estudios de demografía histórica se hallan aún poco avanzados7º. No es este el lugar para intentar una revisión cuidadosa del problema. Nos limitaremos, por lo tanto, a efectuar algunas consideraciones generales sobre la relación entre los indicadores observados por nosotros en el área estudiada y los de ciertas zonas de emigración, al solo efecto de plantear algunas hipótesis interpretativas generales sobre la evolución de Tandil71 • 1 i i -1 Los datos de 1869 son taxativos. La sitúación del Tandil fronterizo no era superior (y quizás incluso era inferior) que las de las regiones más atrasadas de España, sin duda el país de mayor mortalidad de los que aportaron contingentes importantes de inmigrantes. Los indicadores se corresponden más bien a regiones atrasadas de Europa en el siglo ?(VJII. Sólo la mo_rt~idad infantil parece ser menor a la espafiola e 1t~~na, lo que quizas se deba a ciertas condiciones sociales; pero es dificil estar seguro dado el subregistro existente en la campafia de Tandil. E~ _los años posteri~res las tr~sfo~acione_s en esta región fueron dramat1cas. Italia part1a de una s1tuac1on considerablemente mejor a mediados ~el ,siglo ,x1x,. y ~m!'ié~ estaba atravesando un proceso de n?table meJona. Aun as1 vanos mdicadores sugieren que para 1881 Tandil había alcanzado una situación similar o superior incluso a las mejores regiones de la península. En otra península europea, Espafia, el período 1850-85, surcado po~ ham!'runas (1~57 y 68) y epidemias de cólera (1855, 65 y 85), no trajo mejoras sensibles, por lo que a fines del mismo su situación era claramente des~avorable respecto de Tandil (y, hasta donde sabemos, d_e toda Argentma). Y pese a que entre la década del 80 y fin de siglo s1 hu~o una mejoría notable, la situación de Espafia, salvo quizás en el Pa1s Vasco (sobre el que, por otro lado, no disponemos de datos precisos), seguía siendo notoriamente inferior a la Argentina. Alvarez y Míguez: Mortalidad en la provincia de 8s. Aires 63 Italia, en cambio, continuó con su rápido proceso de ascenso, en tanto que Tandil, afectado por el ciclo epidémico 1886-91, no avanzó en la misma proporción que en el período anterior. Hacia fines de siglo las expectativas de vida al nacer en Tandil parecen ser similares al promedio italiano y, por ende algo inferiores a las regiones más avanzadas (Veneto, Liguria), similares·a las intermedias (Piamonte, Italia Central) y superiores a las de Italia Meridional. La mortalidad infantil, en cambio, parece seguir siendo inferior en el sur bonaerense. Finalmente, Francia se halla en una situación extremadamente superior a mediados de siglo: salvo excepciones, las diferencias regionales parecen menores y si bien continuará mejorando hasta fin de siglo, para entonces las diferencias se hacen mucho menos marcadas. Más aún, en lo que a mortalidad infantil se refiere, la situación de Tandil parece muy similar a la media francesa hacia fines de siglo (precisamente el período de información más confiable). En sintesis: Tandil parte de una situación en general inferior a las regiones de emigración, pero ya para 1881 esta situación se ha revertido, y a partir de entonces se produce un avance paralelo (aunque a distinto ritmo) que tenderá a borrar las diferencias. Persisten, sin embargo, fuertes peculiaridades, tales como una mortalidad infantil relativamente menor en Argentina, y una mayor mortalidad adulta. Cabría preguntarse si entre los inmigrantes la mortalidad de Tandil fue similar en las distintas nacionalidades, pero lamentablemente poco podemos señalar al respecto. La comparación de los porcentajes de participación en la población inmigrante y en la mortalidad señalan una menor participación en la última parte de los italianos, los españoles con una intermedia, y sorprendentemente, los franceses y europeos del norte exhiben la más alta. Pero esto parece reflejar más los ritmos de llegada de la inmigración y su estructura de edad que diferencias reales en las pautas necrológicas. Si algo puede deducirse de estos datos (lo que es dudoso), es que no parece existir una correspondencia marcada entre la mortalidad en el país de origen y las diferencias en el país de inserción. Así las cosas, es difícil saber hasta qué punto existió una traslación de patrones de mortalidad por los inmigrantes, y hasta qué punto éstos se amoldaron a una sociedad que estaba cambiando los suyos, en parte como consecuencia de su propia llegada. Las diferencias en el ritmo del cambio -el que, por otro lado, tampoco corresponde en Tandil totalmente con el de la llegada de los inmigrantes-, en la es- �64 Siglo XIX Alvarez y Míguez: Mortalidad ea la provincia de Bs. Aires tructura por edad y por causas y en el ritmo estacional, sugieren que la evolución de los patrones de mortalidad en la sociedad receptora tuvo más que ver con su propia dinámica que con el simple traslado de patrones europeos. Y que, por lo mismo la influencia en este proceso de los inmigrantes se produjo por mecanismos más complejos. La llegada de estos contingentes humanos influyó sobre el cambio de patrones culturales y contribuyó al crecimiento económico. Por otro lado, se adaptaron a una sociedad de relativa abundancia, o al menos de menor escasez; a un mercado laboral con brutales exigencias que tentaba con la perspectiva de ahorro y ascenso social, pero que cobraba a cambio -y sin seguridad de recompensas- un enorme desgaste; quizás a un mejor cuidado de los hijos, facilitado por madres que en general no tenían que hacer frente a las duras tareas campesinas, (los niños no estaban sometidos al hacinamiento de la Europa en industrialización, y eran promesa de un futuro que parecía más abierto). Todos estos factores articulaban una nueva realidad que, aunque compartía con otras regiones la tendencia general de su evolución, remarcaba sus propias características. La rt-ducción de la mortalidad, tan notable en la zona durante el período estudiado, en la que confluyen un sinnúmero de factores sociales, económicos y poblacionales, forma parte del proceso mismo de surgimiento de una nueva sociedad en un territorio, también, nuevo. 65 4. En los trabajos mencionados en la nota anterior se describe en mayor detalle este proceso, remarcando la utilidad del concepto de "frontera"~~ que.~acem~s referencia en el título), para comprender el proceso: frontera f1s1co-militar pnmero, frontera económica (ocupación de nuevas tierras) luego, finalmente frontera de productividad (modernización tecnológica). 5. En los enormes espacios abiertos, sin cercos y poco poblados de la frontera s~r, a la que perteneció Tandil por lo menos hasta la década de 1860, ~l ganado a~n valía poco y casi exclusivamente por su cuero. En general no se c~ns1d~raba delito el carnear ajeno, si era para comer y se entregaba el cuero~ pr~p1etano._ Ver relatos al respecto en W. Me Cano, Viaje a caballo por las provmc1as argeau~~s, Buenos Aires, Solar-Hachette, 1969 (primera edición i~glesa de 1853); tamb1en J.~. Suarez García (comerciante gallego llegado a Tandil e~ ~860'. e~ cuyas n:iem~nas se inspira la frase del texto), Apuntes autobiográficos, ~crón lirni~da de cien eJemplares, 1943; y J. Fugl, Abriendo surcos, Buenos Aires, Altanura, 1972. 6. Sobre el carácter heterodoxo de la transición demográ_~ca argentina: ;er E. Pantelides, op. cit.; también E. Míguez, "Migraciones, familia y repoblac1on del sudeste bonaerense a fines del siglo XIX", ponencia presentada en el LIV Congreso Internacional de Americanistas, Amsterdam, 1988. 7. Véase el artículo de H. Perez Brignoli, incluido en este mismo volumen. 8. En esta versión del trabajo hemos eliminado por razones de espacio casi t'?<1a referencia a la mortalidad diferencial por sexo, tanto en cuanto a la mortalidad por edad, esperanza de vida, como a las demás áreas estu~adas; ~í como los difere~ciales por estado civil. Estos temas pueden verse en De la vida Y la muerte. .. • 9. M. Müller, La mortalidad ea la Argentina, Buenos Aires, CENEP, 1978 p. 5. 10. z. Recchini, La población de Buenos Aires, Buenos Aires, ITDT, 1971, p. 71. 11. [bid., y Müller, La mortalidad en la Argentina. NOTAS l. J.L. Somoza, La monalidad en la Argentina entre 1869 y 1960, Buenos Aires, ITDT, 1971; M.S. Müller, La monalidad en Buenos Aires entre 1855 y 1960, Buenos Aires, ITDT, 1974; Edit A. Pantelides, "La transición demográfica argentina: un modelo no ortodoxo", en Desarrollo Económico, 88, enero-marzo 1983. Una revisión más amplia de la bibliografía sobre el tema en M.S. Müller, "Bibliografía para el estudio de la p0blación argentina", en [bid., 48, 1973. Un encuadre clásico del caso argentino en el marco latinoamericano, en l". Sanchez Albornoz, La población de América Latina, Madrid, Alianza, 1977. 2. Somoza, op. cit., p p. 19 y 28; Müller, "La mortalidad.... ", p p. 11, 17 y 19. 3. Más detalles sobre las fuentes y su utilización en "De la vida y la muerte... "; ver también "Población e historia social. Notas teórico metodológicas para el estudio de una sociedad de frontera: Tandil (Buenos Aires), 1854-1895", ponencia presentada en el Encuentro Internacional Sobre Cuantificación en la Investigación Histórica, Florianápolis, Universidad Federal de Santa Catalina, Brasil, 1984. 12. E. Kern, La mortalidad en la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, 1948, p. 71. 13. El Eco del Tandil (en adelante Eco). Hemos revisado la colección_a_ panir d_e su aparición en 1882, encontrando frecuentes denuncias sobre la condición Ycalidad de los alimentos, que el periódico vincula, sobre todo en verano, a problemas de salud. El diario también refleja la preocupación municipal sobre el tema, que se tradujo en una serie de medidas sanitarias. 14. Esto es así porque con " ... un aumento del 50070 de los deceso~ _d e un afio dete~inado no puede ser equilibrado por la capacidad de recuperac1on de la generación nacida en el año de la crisis; en tanto que una multiplicación por cuatro de las m~ertes no puede ser compensada por la capacidad de recupera~!ón las l ~ generaciones que, al momento de la crisis, tenían menos de 15 años. , L1v1 Bacc1 Y Del Panta, op. cit., p. 405 (trad. de E.M.) ?~ 15. El pico de viruela de 1871 estuvo totalmente contenido en ~e afio: con su epicentro en agosto, aunque se repitió al año siguiente con menor mtens1dad. �66 16. G. C. Holland, The vital Statistics of Sheffield (1893), capítulo 8; citado por E.P. Thompson, TheMakingoftheEnglish WorkingC/ass, Middlesex, Penguin, 1963, p. 360 (traducción nuestra). 17. Ambos citados por Jacinto Velázquez en La Argentina Médica, Buenos Aires, 1902, p. 19. 18. Cándido González, Etiología y Profilaxis del Tétano Infantil, Buenos Aires, Facultad de Medicina, UBA, 1888. 19. Citado por Ernesto Vivanco en Un héroe cívil: Carlos J. Furst. La vida de un médico danés al través de veinticinco años de historia argentina, Buenos Aires, 1959, p. 140. 20. E. Caselli, La enfermedad de los lactantes en la provincia de Buenos Aires, La Pla- ta, 1902, p. 58. 21. Eco, 18-XU-83. 22. Laureano Araya: Estudios de los casos de mortalidad en la primera infancia, Buenos Aires, Facultad de Medicina, UBA, 1882, p. 35. 38. Femando AJvarez, en La viruela y la vacuna, Buenos Aires, 1915. 39. AJvarez, op. cit.; Emilio R. Coni, Apuntes sobre estadistica mortuoria, s/edit., s/f.; Cuñado, op. cit.; L. Rufino, Observaciones estadísticas sobre la viruela, Buenos Aires, 188 l. 40. Eco, 14-IX-84, 13 y 19-XII-86, 24-VIl-87, etcétera. 41. Eco, 25-IX-87 y 19-IV-91. 42. Jbid., 24-V-91 y 14-Vlll-88. 43. Coni, op. cit.; Adrián Viale: Estudios sobre la morlalidad ocurrida en Buenos Aires durante e/ año 1880, tesis de la Facultad de Medicina, UBA, 1882, p. 58; Kem, op. cit. (e.l documento data de la década de 1880). 44. D. Lizarralde, "Tandil, condiciones higiénicas. Patología.", en Carlos A . Grau, La sanidad en las ciudades y pueblos de la provincia de Buenos Aires, Eva Perón, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, 1954, p. 258. 23. Enrique Day: De la mortalidad de los recién nacidos, Buenos Aires, Facultad de Medicina, UBA, 1895, p. 92. 24. O. Fontana, Tandil en la historia, Tandil, Talleres Gráficos Di Tulio, Í943, s/n. 46. Eco, 26-VIII-83. 25. Eco, 29-11-83, 14-IX-84 y 6-V-87. 47. Eco, 26-11-86. 26. /bid., 6-VII-90. 31. Esto ~os _h~ permitido corroborar la información de los registros parroquiales y la penodísuca, constatando su total coincidencia. 48. No presentamos los valores medios precisos porque tal exactitud sería ilusoria dado que los datos no son plenamente confiables. Debe tenerse en cuenta que hasta la instalación del Registro Civil, los nacimientos son tomados de los registros de bautismos. Con frecuencia éstos se apartan varios meses, e incluso años del nacimiento. Existieron sin duda muchos casos particularmente en la campaña, de niños que no llegaron a ser bautizados, y por lo tanto no figuran ni su nacimiento ni su defunción. Si, sólo como ejemplo, suponemos veinte casos anuales de este tipo en la década del 60, tendríamos una mortalidad infantil del 220 0/00, lo que parece más probable. Al avanzar el período, el fenómeno debió disminuir, ya que los bautizos tardíos se hicieron menos frecuentes, y con la mayor densidad de población rural se intensificó el control social de la Iglesia y el Estado, lo que hace menos probable la abundancia de estas muertes "clandestinas". 32. Eco, 30-IIl-87. 49. Recchíni, op. cit., p. 73; Müller, La mortalidad en Buenos Aires... 33. Eco, 12-VIII-86. 50. Berenguer, op. cit., p. 72. 34. Vacuna y vacunación obligatoria, Buenos Aires, p. 60. 51. Berenguer, op. cit., p p. 61-63. 35. Eco, 24-VIl-84, 18-XI y 13-XIl-85. 52. M. Aberastury: La mortalidad de la primera infancia en Buenos Aires durante el año 1889, Buenos Aires, Facultad de Medicina, UBA, 1890, p p. 16 y 40. • ! 28. Ver Fontana, op. cit. l 29. Eco, septiembre y noviembre de 1884. ~ -i 67 45. Sobre "Tata Dios" ver H. Nario, Tata Dios, Mesías de la última montonera, Buenos Aires, Plus Ultra, 1976. También E. Miguez "Política, participación, poder. Los inmigrantes en las tierras nuevas de la provincia de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX.", Estudios Migratorios Latinoamericanos, 6-7, 1987. 27. /bid., 4-VII-86. . A/varez y Míguez: Mortalidad en /a provincia de Bs. Aires Siglo XIX 30. Eco, 12-VIII y 20-XII-85; 29 y 31-XIl-86. 36. Eco, 17-IV-87. 37. Ver, por ejemplo, Eco, 27-IV-90. 53. A. Lopez Córdoba, La lucha contra la mortalidad infantil, Buenos Aires, Facultad de Medicina, UBA, 1908, p. 47. �68 SigloXJX 54. Berenguer, op. cit., p. 47; Perez Moreda, op. cit., p. 148. 55. Berenguer, op. cit., p. 43. 56. Sobre estos puntos ver N. Sanchez Albornoz, "La modernización demográfica. La transformación del ciclo vital anual, 1863-1960", en su Jalones de la modernización de España, Barcelona, Aliel, 1975; también PerezMoreda, op. cit., p ;>. 203-217. 57. Coni, op. cit., p. 29; Viale, op. cit., passim. Tandil posee un clima templado con un verano menos caluroso que Buenos Aires (la media estival ronda en los 20 grados), y un invierno más frío (entre mayo y septiembre la media ronda los 8 grados). 58. Eco, l-III-91. 59. Debemos agradacer a G. Velázquez, que estudia con el apoyo de una beca del CONICET el componamiento demográfico de esta región posterior a 1914, los datos referentes a ese período. 60. Sobre estos fenómenos ver E. Míguez, "Migraciones, familia ... ". 61. La mortalidad en Buenos Aires... , p. 32. Se toma la población a partir de cinco años por los reducidos números de migrantes menores de esa edad. 62. Op. cit., p. 32. Hay que tomar, sin embargo, estas cifras con sumo cuidado ya que al tomar al conjunto nacional reflejan no sólo las desigualdades según origen sino también las regionales, ya que la mayor parte de los extranjeros vivían en zonas de menor mortalidad. 63. Esto porque los valores absolutos de mortalidad por grupo de edad, desagregando nativos de extranjeros, son demasiado bajos para producir resultados mínimamente confiables. 64. Excluimos a los menores de quince años ya que dada la alta mortalidad infantil y la casi nula participación extranjera en este grupo de edad, su inclusión hubiera distorsionado mucho los resultados. 65. Los valores de mortalidad utilizados para los años censales surgen del promedio de cinco años, _el del censo más los dos anteriores y posteriores, para dar mayor consistencia a la comparación. 66. Miguez, "Migraciones, familia ... ". 67. Sobre la desigual inserción ocupacional, ver N. Alvarez, E. Míguez y equipo Población y Sociedad, "La estructura socio-ocupacional de Tandil, 1869-1895 ", ponencia presentada a las VI Jornadas de Historia Económica, Vaquerías, Córdoba, 1984. También Míguez, "Política, participación, poder. Los inmigrantes en las tierras nuevas de la Provincia de Buenos Aires en ta segunda mitad del siglo XIX", Estudios Migratorios Latinoamericanos, 6-7, 1987. 68. Somoza, op. cit., p p. 149-153, Müller, La monalidad en Buenos Aires, p p. 10-18. 69. Caccopardo y Moreno, "Características regionales, demográficas y ocupacionales de la inmigración italiana a la Argentina (1880-1930)", en F. Devoto y G. Rosoli, La inmigración italiana en la Argentina, Buenos Aires, Biblos, 1985, p-p. 77-80; Alvarez y Míguez: Mortalidad en la provincia de Bs. Aires 69 sobre la mortalidad infantil italiana ver G. Caselli, "Mo~t~ e s~pravvi~e~ in Italia dall'unita agli anni 30", en Asociación de Demograf1a H1stónca-S~1eta_ It~liana di Demografía Stórica, I Congrés Hispano Luso Italiá de Demograf1a H1storica, Barcelona, 22-25 de abril de 1987. 70. Para señalar sólo un ejemplo, Moreno y Caccopardo debieron conformar~e ~on cifras de eo 15 sólo para la Capital y para el promedio nacional, por ser las urucas disponibles para el período anterior a 1913-15. Hay_ buenas. razo~.es par~. supon~r que en las provincias litorales (incluyendo Buenos Aires) la s1tuac1on deb10 ser mas favorable que en los ámbitos señalados. 71. Los datos sobre la evolución italiana y española fueron mayormente tomados de las ponencias presentadas en el mencionado congreso de Barcelon~ de 1987, espe: cialmente la ya citada de Caselli y la de Lucía Pozzi, "Fattori ambientan, progres1 medid et evolucione delle cause di morte nelle regioni italiane fra la fine del XIX e i primi decenni dal XX secolo". También Perez Moreda, op. cit.; M. Livi Bacci, "Fertility and Nuptiality Changes in Spain from the Late 18th to the _Early 20th Century", en Population Studies, XXII, 1968, 1 y 2; y Del Panta, op. cit.; N. Sanchez Albornoz, España hace un siglo, una economía dual, Barcelona, 1968, caps. 2 y 3; además de los datos citados por Somoza, Müller y Caccopardo Y ~oreno. Para Francia nos limitamos a los conocidos datos retomados por E.A. Wngley en Historia y Población, Barcelona, Crítica, 1985 (original e-n inglés, 1969). �Café, Ferrocarriles y Población. El Proceso de Urbanización en Río Claro, Brasil Daniel J. Hogan * María Coleta F.A. de Oliveira * John Marion Sydenstricker Neto * l. INTRODUCCION t i 1 .f La evolución de la red urbana del interior paulista, que se remonta a los primeros días de la colonización del país, recibió su impulso definitivo en el siglo XIX. La configuración de esta red de ciudades preexiste a la economía cafetalera: se remonta al ciclo azucarero. Aunque el desarrollo del cultivo del café condujo a la consolidación y expansión de la urbanización paulista, permanecen como objeto de polémica, entre los especialistas, los mecanismos responsables de dicho proceso. Cuna de la industrialización brasilera, esta región y su experiencia de urbanización nos brindan la oportunidad de reexaminar tanto la teoría de la urbanización, como las transformaciones sociales, económicas y demográficas que marcaron al país a fines del siglo pasado y a principios del XX. Por un lado, las características de esta red urbana no confirman algunos lugares comunes sobre la urbanización en el Tercer Mundo. El crecimiento de la capital paulista, por ejemplo, nunca impidió la expansión urbana del interior y, en el momento del primer censo na- • Nucleos de Estudos de Popula~o (NEPO), Universidad Estadual de Campinas (Sao Paulo, Brasil). El presente trabajo es resultado de un amplio proyecto de investigación llevado adelante por NEPO, referido a la transición demográfica en Sao Paulo Y financiado por la fundación SEADE, FINEP y CNPQ. El período cafetalero (1850-1930) representa el primero de los estudiados en el proyecto mayor. Sobre éste y otros períodos ver Oliveira (1985) y Sydenstricker et al (1985). Traducción: María Teresa Fantini. �72 Siglo XIX cional, San Pablo y Campinas casi se igualaban demográficamente. C¿iando la capital adquiere "primacía urbana", una amplia y diferenciada red urbana ya se encontraba instalada en el estado. El gigantismo.de Sao !'abl?, hasta en escala internacional, no impidió la urbanización del mtenor a lo largo del último siglo. . Por otra parte el hecho de que la urbanización emergiera fortalecida por la economía cafetalera no significó que el perfil de las ciudades estuviera marcado sólo por los servicios financieros y comerciales generad?s por el café. Por el contrario, indicadores de las actividades ~nómicas pr~ntes en los principales centros urbanos del interior pauli~ta~ en _el penodo cafetalero, sugieren que la urbanización y )a industrialización marcharon juntas, y que la experiencia paulista contradice la difundida ~eneralizac~ó!l de urbanización sin industrialización, típica de los pa1ses de Amenca Latina. . Esta urbanización estuvo revestida de importancia e interés especiales. Ya fuese desde la perspectiva de la teoría de la urbanización como de la comprensión del papel de la ciudad en las transformado: nes. económi~ .Y demo~áfi~as de Sao Pablo en el siglo XIX, es necesano reconstitwr esta histona. El análisis de la urbanización sin embar_go_, es característicamente condu~ido a un nivel de agregación que casi sie~p~e revela un proceso contmuo, de mayor o menor intensidad, comcidente o no con la evolución de otros procesos sociales y econ.~micos, pero siempre repstraodo aumentos en la tasa de urbaniza~ion. E~ "natur~ción" del proceso nos permite ver y evaluar )a mfluenc1a de las diversas fuerzas que contribuyen al crecimiento urbano. En el ~so del interior paulista, por ejemplo, el impacto del café Y de la asociada expansión ferroviaria tiende a ser evaluado mecánicam~nte. Ello fue r~ultado, por lo menos en parte, de una historiografia que en el penodo tomaba lo urbano como residual. Por todas ~tas ~azo_nes, el estudio de caso se presenta como una estrategia de mvestigació~ capaz de poner al descubierto las raíces del crecimiento urbano pauhsta. ~s datos e interpretaciones contenidos en este trabajo son fruto precisamente, de esa estrategia de investigación. Buscando reconstruk I~s proc~o~ demográficamente significativos entre 1850 y Ja grao crisis ~ononuca _del 29, el _municipio de Río Claro fue seleccionado en f~~ión de su 1mportaoc1a como productor de café (tercero -en Ja provmcia de San Pablo en 1886) y como centro ferroviario. Además de estos factor~, se es~~aba que la multiplicidad de estudios existentes s?b~e la r~1on penrutlera una profundización de los mecanismos más s1gruficat1vos. A estos estudios se agregaron una serie de fuentes nue- Hogan _ C. de Oliveira - Sydenstricker: Urbanización en Rio Claro 73 vas, especialmente anuarios y crónicas de la época con riquísimas informaciones sobre la vida urbana. La estrategia adoptada se mostró adecuada: si bien no para tod~ las cuestiones de interés, sí al menos lo fue en lo que res~ta ~ crecimiento urbano en el período cafetalero. A partir ~e la histona de la evolución del núcleo urbano de Río Claro, los mecamsmos por lo~ cuales se relacionan café, rieles y ciudad son revalorizados. Se cuestiona la línea explicativa que atribuye a la vía férrea e_l papel ~e _motor de l3i ubanización, al mismo tiempo que son redefimdos el tJmm~ d~l crecimiento urbano y el papel del mercado interno en ese crecmuento. II. LOS ORIGENES DEL ASENTAMIENTQ EN LA REGION: RIO CLARO COMO "BOCA DE SERTAO" (1739-1835) Río Claro, con origen semejante a una gama de embrio~es urb~~~s en la región, se desarrolló en el borde interno de la depresión penfenca paulista a partir de caminos transversales que comenzaban en Carnpinas Itú ; Sorocaba. Esos pequeños lugares eran pobl~ciones a la vera dei camino, levantados en las últimas décadas del siglo XVII Y la primera del xvm. Estas rutas iban en dirección a las nuevas áreas de poblamiento: la meseta del Oeste y las tierras del Mato Grosso. El descubrimiento de OIO en el Mato Grosso, en 1718, aceleró la ocupación del área donde nacería Río Claro. El camino inicial par~ el Mato Grosso iba por el Río Tiete hasta la cuenca del Paraná. Evttaodo los riesgos de contaminación por las fiebres de los pant~nos, las caravanas marchaban por tierra, desde Piracicaba, por un cammo muy difícil debido a sus pronunciadas irregularidades. Entre 1719 Y 1727 se abrió una ruta en un área más suave y baja, abandonada luego Y reabierta sólo entre 1765 y 1775. Ribeirao Claro era lugar de posta para el descanso de Jas mulas, antes de comenzar la subida. Con el tiempo, algunos arrieros se convirtieron en ~.ueños negoci~tes. Tras s~plantar las tropillas, iniciaron un comercio rrregular de art!culo~ de pnmera necesidad que sirvió por muchos años a una población dispersa. Esta región en esa época era boca de sertao: más adel~te, en la ~eseta, comenzaba lo que se consideraba realmente el desierto, o sertao de Araraquara. ' La ocupación incipiente de la región de Sao Joao da Beira do Ribeirao Claro situada en los desiertos de Morro Azul, tuvo probablemente su m~co de iniciación en 1729-1732, cuando las Sesmarías YPatentes registraron la donación de una sesmaría en esta área a Francisco �74 Siglo XIX Pereira de Carvalho. Pero hasta el comienzo del siglo XIX Río Claro todavía estaba deshabitado, como lo demuestran los diversos oficios ~u~ la caracterizaban como "habitación exclusiva de las fieras sin vest1~os de suerte hu_mana" (Diniz, 1973:p. 169). La etapa más representativa del poblamiento de esta región recién ocurrió de 1817 a 1821. En e~te lapso se intensificaron las concesiones de sesmarías, antes que ese sistema d_e, dona~iones se extinguiera en 1822. Las grandes fazend_as de la reg1on tuvieron origen en la división de las antiguas sesmanas: ~ue el caso de la del Morro Azul, desmembrada en las fazendas de Ib1caba, Morro Azul, Santa Gertrudis y Paraguazú. H'.18ta 1850 el único título de posesión de tierra válido venía de esas donaciones de ~esmarías, efectuadas por el virrey o por el gobernador. En general teman una superficie de una legua cuadrada (44 Km2) y c?stab~~- en aquel momento de 300 a 400 mil réis por gastos de exped1ent~, 1mp?rte q~e. no estaba mucho más allá de la capacidad de un colo~~do~. hbre, s1 el ya estuvi~se empeñado en algún tipo de cultivo econom1co (Dean, 1977:p.8). Sm embargo, las donaciones beneficiaban con frecuencia a personas ricas y con influencia política en los poblados,_ lo que mostró ser una regla en Río Claro. De las diez sesmarías concedidas, nueve pertenecían a la élite. .., 1 l i i . . La p~opi~dad de la tierra estaba bastante concentrada. En la re~1on de P1rac1caba, donde se localizaba Río Claro, predominaba el cult1v~ de la caña: las mayores fazendas se dedicaban a ello al comenzar el siglo XIX. ~ grandes fazendas poseían superficies medias en tomo ~ los 4 176 alque1res, 14.~% de las propiedades poseían 88.80/o de las tierras en ~anto ~ue el 32.5% tenía sólo el 0.8%. La región de Morro Azul se~ma el nusmo patrón: 5.6% de los propietarios sumaban más de la nutad de las tierras, mientras que 460/o de ellos poseían apenas 2.6% de la superficie. La d~isión de levantar una capilla (Capilla de San Juan Bautista) en la r~g1~n de M?rro ~ul, a mediados de la década de 1820, llevó a constlturr el pati:imomo de San Juan Bautista. Fue escogida un área de 400 ?raza_s de tierra, en cuadrado, definida como "los terrenos en los declives hndando con el corral de los Pereira y perteneciente a Ma~uel Alfonso Taborda y su suegro. Manuel Paes de Arruda". Posteno~mente fue do~ada por sus propietarios: los límites del patrimonio cedido se exten~1an por. la actual avenida I, desde Ja calle 3 hasta la calle 12, Ya ~artrr d~ al.U por las avenidas impares. El trazado de calles desde el comienzo s1gmó el modelo utilizado en Piracicaba y Lº · . · d imerra. en t a ble~o d e aJe r~z con calles casi paralelas en dirección de los puntos cardmales. Oficialmente la Capilla Curada de Río Claro fue cons- Hogan _ C. de Oliveira - Sydenstricker: Urbanización en Río Claro 75 truida el 10 de junio de 1827: su primer capellán fue el padre Delfino Barbosa. Río Claro pasó la feligresía el 9 de diciembre de _1830., cuando el núcleo urbano contaba con dos mil habitantes y poseia vemte casas de comercio. Enmarcada en la urbanización de Río Ciar~ está la creaci~n d_e la Sociedade Do Bem Comúm, en 1832. Dicha sociedad se co?stituyo en una administración provisoria que durante siete años, aproXlllladame?te se ocupó de asuntos locales de la nueva ~oblación ~ue. el conseJo m~nicipal de la sede del municipio (Constitución, ho! Prracicaba) d~cuidaba. Esa sociedad reunía a los más destacados cmd~danos ?e Río Claro deliberando en asambleas generales, con resoluciones eJecutadas p¿r un mayordomo, un escribano y un procurador nombrados por aclamación . Luego de su organización, la sociedad di~i'!i~ _el área que sería el centro del poblado, fijó el precio de los lotes e imct? su vent~. L~s fondos recaudados fueron utilizados para la construcción de la iglesia m~triz, que ftrmó su contrato a fmes de 1832. A medi~dos de 1833 la actividad de la sociedad disminuyó bastante, pero contm~ó en la con_st~cción de la matriz y en las cuestiones generales de la ciudad. Su última sesión fue el 3 de enero de 1839. La disolución de la sociedad es desconocida, pero probablemente ~o de sus últimos actos fue el cierre del cementerio en el centro de la cmdad y la apertura de una nueva etapa de venta de lotes aún no trazados. Por estar distante de los centros decisivos de la provincia, la sociedad asumió muchas veces funciones propias de las esferas del gobierno provincial o del poder judicial.. Pare~ que ~d~~~ de Río Claro, solamente Limeira contó con semeJante tipo de 1IDc1at1va. Este h~ho ya sugiere que Río Claro poseía en esta época (1830-40) un~ ?rg~ción social más sólida que la esperada de una poblac1on recién constituida. En cuanto a la actividad comercial, la clientela contaba en 1835 con sesenta residencias que desarrollaban actividades no agrícolas en el centro del poblado: 23 en el comercio, 19 en la.co~trucción (~intería, principalmente) y quince en diversos ofic!os, mcluso una Joyería. Otros 34 se declaran joyeros, pagados por d1a, probablemente trabajando en la agricultura. Un secretario del Juez de Paz que funcio~aba como escribano público y el vicario completa~an el cuadro ~oci~. Cinco de los anteriores declararon una renta supenor a los 200 mil réis, siendo el más rico un comerciante que vendía telas y ganaba 500 mil �76 SigloXJX réis (Dean, 1977:pp.36-37). Según Dean, la actividad económica creció mucho en relación a 1822. A partir del 8 de marzo de 1842, Río Claro pasó a estar subordinada al nuevo poblado de Limeira y no ya a Piracicaba. Río Claro fue elevada a la categoría de villa el 7 de marzo de 1845, y a la de ciudad el 30 de abril de 1857. En esa época el café ya había entrado al municipio y comenzaba a sustituir a la caña como principal producto. Mas, en una interpretación nada rara en los investigadores, el conglomerado urbano habría sido entonces pequeño. Las razones apúntadas para las dimensiones limitadas del núcleo han sido los precarios medios de transporte y la autosuficiencia que caracterizaba a las fazendas de caña de azúcar y de café de aquellos tiempos. Esos factores inviabilizaron el desarrollo del comercio y de los servicios urbanos. Diniz, por ejemplo, va en ésa dirección cuando afirma: Río Claro, en esta lejana época de mediados del ochocientos, era poco más que un villorio sin vida propia, pues al estar rodeado de latifundios autárticos que se autoabastecían, no podían crecer su comercio, su industria, su artesanía, su burguesía: no había consumo para lo que producían (1973: p.12). Pero las informaciones sobre el período comprendido entre las décadas de 1840-70 son muy escasas. Los datos disponibles revelan que ocurrieron grandes modificaciones en el ámbito judicial y administrativo. En diciembre de 1852 fue creado el distrito policial. Siete años después Río CJaro pasó a ser la sede de la comarca, a través de ley provincial. En 1870 fue levantado un edificio para la cárcel, que en su segundo piso abrigaba el consejo municipal. En 1865 la ciudad tenía 466 casas y la escribanía del Registro General de Hipotecas sumaba 327 escrituras con un valor representado superior a 8 753 contos de réis. Ocurrieron también algunos desmembramientos. En 1859 se formó el municipio de Brotas, que incluía una vasta región al oeste, abarcando un área delimitada por las actuales ciudades de Torrinha, Barra Boníta, Bariri y Ribeirao Bonito. Descalvado, en el extremo norte de Río Claro en 1857, fue desmembrado en 1865. Después de este período, con excepción del municipio de Analandia (formado en 1897 al sur de Descalvado) sóJo ocurrieron desmembramientos en el siglo siguiente, a partir de 1935 (Itirapina, 1935; Santa Gertrudis y Corumbataí, 1948; y lpeúna, 1965) (Diniz, 1973: 16, mapa 2). Hogan - C. de Oliveira - Sydenstricker: Urbanización en Río Claro 77 Río Claro permanecía, por lo tanto, como centro de una región en la que haría sentir su influencia. Constituía el polo de la frontera cafetalera. De hecho, basta aproximadamente el final de la década de los 60, Río Claro era considerado el puesto más avanzado desde el punto de vista de un poblamiento con bases relativamente estables. Esa condición estaba determinada fundamentalmente por las posibilidades de acceso y de distribución de las zafras, que viabilizaban un mayor avance de las fazendas de café hacia el interior. III. RIO CLARO Y LA EXPANSION DE LA VIA FERREA La construcción del ramal Santos - Jundiaí (1867) aseguró el avance del café en el oeste paulista. En verdad, la frontera cafetalera estuvo siempre por delante de la vía férrea que, el expandirse, satisfacía las necesidades de los fazendeiros. De cualquier modo, la llegada de los rieles tuvo por efecto la extensión de los limites económicos para el transporte del café, al mismo tiempo que alteró la importancia relativa de los núcleos urbanos preexistentes. En 1872, el extremo del ferrocarril llegó a Campinas y, a pesar del movimiento de los fazendeiros de Limeira y Río Claro para que avanzara más hacia el interior (ver Debes, 19 81, para un relato de esa actividad), solamente en 1873 el gobierno imperial autorizó a la provincia la licitación de la obra. En 1874 se inició la construcción de la línea por la Compañía Paulista de Vías Férreas y Fluviales, y concluida en 1876. Al convertirse en punta de riel y permanecer en estas condiciones basta 1884, Río Claro amplió su influencia sobre una vasta área: abarcaba el espacio comprendido entre las actuales ciudades de Torrinha (al sur de Brotas), Jaú, Jaboticabal, Descalvado y Cordeiropolis (Diniz, 1973: 1970, mapa 7). En su condición de "terminal ferroviaria" no sólo concentró toda la producción de las regiones interiores, sino que reforzó su papel como centro de comercio para el abastecimiento de las actividades que se desarrollaban en toda el área. En la formación de la Compañía de Río Claro en 1882, que adquirió la concesión para la prolongación del ferrocarril más allá de Río Claro, se manifiesta el grado de desenvolvimiento de la región y su poderío económico. Esa vía férrea fue la única construida hasta entonces sin subvención del gobierno. La Compañía de Río Claro sucedió a la Barao Do Pinhal & Comp., que había obtenido la concesión para construir, usar y explotar durante cincuenta años una via férrea que, partiendo de Río Claro, llegara hasta Sao Carlos Do Pinhal. Su capital �78 Siglo XIX fue mayoritariamente aportado por los fazendeiros locales. En 1886, año en que se terminó el ramal que desbordaba Río Claro, la compañía contaba con 254 accionistas. Cuatro grandes fazendeiros detentaban más el 50% del capital: el vizconde del Pinhal, el barón de Araraquara, el barón de Mello Oliveira y la vizcondesa de Río Claro. Al transformarse en sede de una compañía ferroviaria, Río Claro consolidó su influencia sobre el Sertaó y aprovechaba la posibilidad de convertirse en un centro muy importante, en comparación con Piracicaba. El ferrocarril alcanzó San Carlos el 15 de octubre de 1884; Araraquara el 18 de enero de 1885; Jaú el 19 de febrero de 1887 (Diniz, 1973: p. 165, mapa 6). Diniz ve en la extensión de los rieles el punto crucial para la retracción de Río Claro, ya que pasaba de punta de riel a la condición de estación intermedia. Dean y Othake (después de él) parecen ir en la misma dirección de Diniz, entendiendo el vaciamiento de Río Claro como una etapa posterior a la dinamización impresa por la llegada del ferrocarril. ... . La so~~evalo~ación de la importancia de esta verdad generó una mterpretacion eqwvocada del proceso de urbanización. Se traza un perfil tal del crecimiento urbano que la proliferación de las actividades urbanas y la explosión demográfica se dan como resultado de la llegada de los rieles a Río Claro en 1876 (trayendo vida al villorio aletargado). De esta manera, para simplificar, se escribe una historia de la ciudad pre y postferroviaria. 1 i i ~ 1 La interpretación se equivoca en ambas direcciones. Primero la ciudad, a juzgar por los indicadores presentados hasta ese mome~to no era tan insignificante como se creía. Como mostrará más adelant; el análisis del Almanak de 1873 -tres años antes de la llegada del ferrocarril- Río Claro poseía una notable y bien diferenciada insfraestructura que no podía ser atribuída a la llegada de los rieles. La confrontación de las tasas de crecimiento de Río Claro en diversos momentos (cuadro 1) lleva a conclusiones semejantes. La etapa que podría llamarse punta de riel, entre 1876 y 1884, presentó la tasa menor (2.4% anual) en todo el siglo comprendido desde 1822 a 1920. Tanto_en_el lapso anterior (1857-1872, con una tasa del 8.60Jo) como en el s1gwente (1886-1890, con un 5.5%), se detecta una efervescencia ausente en el momento en que Río Claro constituyó el más avanzado punto del ferrocarril en la región. ~I impulso al crecimiento no se localiza, definitivamente alli. Los análisis que se refieren a la autosuficiencia de las fazendas de caña de Hogan . C. de Oliveira - Sydenstricker: Urbanización en Rio Claro 79 azúcar y de café como factor inhibidor_ del d~arollo urbano padecen de problemas semejantes. No solo fue la mclus1ón de m~ fazendas aut<_>suficientes en el radio de acceso de Río Claro, prop1C1ado por la VIa férrea, lo que impulsaría su crecimiento. CUADRO 1 POBLACION DE RlO CLARO {1882-1920) Año Total 1822 1835 1857 1872 1886 1890 1900 1920 1 514 2 906 6 564 15 035 20 133 24 584 38 426 58 262 Fuente: Dean, 1977 (cuadro 6.2). AnaJandia. Crecimiento Anual% 6.5 6.0 8.6 2.4 5.5 5.6 2.6 1857 incluye Brotas; todos incluyen Cerca de 1870, con el café ya implantado en la región, el efecto urbanizador del mismo ya comenzaba a sentirse a pesar de ser casi autosuficientes en alimentos, materiales para construcción, animales de tracción y algunos artefactos. Las fazendas no eran autónomas y _satisfacían algunas de sus necesidades en la ciudad. El algodón, por eJemplo: aunque fuera tejido por esclavos, en esa época ya era com~n 1~ compra de productos ingleses por yardas. Por otro lado, la fabncac1ón de ladrillos y materiales afines -localizada en las fazendas aprovechando los yacimientos de cal y arcilla- contaba con demanda para su expansión. Además de las alfarerías, las propiedades rurales poseían con frecuencia molinos y aserraderos movidos a energía hi~áulica o a v~por, que proveían también a la ciudad. A su vez, la cmdad ab~tecia algunos productos manufacturados, como arneses, carros, trabaJos de carpintería y hierro fundido. Los pequeños productores _rurales eran los principales abastecedores de la ~ame de cer~o consunuda e? las fazendas, pues raramente era producida en las nusmas. Les vendian tam- �80 Siglo XIX bién, con menos regularidad, maíz. Otros productos (como los tejidos ingleses mencionados más arriba) eran importados. Vemos así una economía regional que, aunque volcada principalmente hacia el café, daba margen a la realización de una gama diferenciada de actividades urbanas y a relaciones rural-urbanas sistemáticas. La interpretación ferrocarrilera se apoya en datos de 1883 (siete años después de la llegada de Tos rieles y un año antes de su expansión). En ese año la ciudad poseía un comercio bastante activo, con 34 almacenes generales, 24 ferreterías, 22 mercerías con ropa y sombreros, ocho zapaterías, dos orfebrerías y siete sastrerías. Contaba con maquinarias para el cultivo de arroz y café, fábricas de cerveza y licores. Tenía servicios médicos y educativos, por lo que podía ser considerada como un centro cultural. Disponía de cinco médicos, dos dentistas, dos maestros de canto y piano, cuatro farmacias, seis colegios particulares, seis sociedades recreativas, un teatro y dos periódicos (Diniz, 1973: p.171). En 1884 la Asamblea Legislativa Provincial autorizó a la cámara municipal de Río Claro a contratar la construcción de una . línea de bonds en el centro de la ciudad, cuando los trolis ya formaban parte, hacía tiempo, del paisaje de Río Claro. Jolio Jacob Meyer, su fabricante en Río Claro, había instalado su taller en 1854. Pero el impacto de la vía férrea sobre la vida urbana de Río Claro es visto en sus efectos contradictorios por los estudios realizados anteriormente. Dean presta atención al hecho que, si por un lado, ocurría la modernización de las pautas de consumo y de servicios por "efectos demostración" del desarrollo que se procesaba en la capital, por otro lado había un achicamiento de las distancias, y los servicios postales y telegráficos permitían que los grandes fazendeiros se mudaran hacia la capital y, desde allí, administraran sus propiedades. En la ciudad quedaban una clase media y un proletariado no muy diversificados que influyeron y marcaron el paisaje urbano a través de la homogeneidad en las edificaciones, que aún hoy se observa. "La política local quedó abandonada en las manos de los boticarios, en los dueños de almacenes, escribanos y otras personas destacadas de la clase media local" (Dean, 1977: 56). Ese vaciamiento por lo tanto era de la elite cafetalera, y no tuvo implicancias en el estancamiento de la ciudad. Eran "los grandes fazendeiros" que Dean apunta los que, trasladando su residencia a la capital, acarreaban así cambios en la vida política y cultural de Río Claro. Por lo lo tanto la contribución a la demanda de bienes y servicios representada por las fazendas no se alteró demasiado con la migración de sus dueños. Fue esa demanda la que determinó el crecimiento de la ciudad, proceso que no fue interrumpido. Al contrario: el crecí- Hogan • C. de Oliveira - Sydenstricker: Urbanización en Río Claro 81 miento más lento del período punta de rieles (2.4% anual) fue inmediatamente seguido por la recuperación de altos niveles de crecimiento (5.5%) en 1886-1890, cuando la ciudad pasó a ser una estación intermedia. El factor que parece haber impulsado su crecimiento fue justamente su carácter de centro ferroviario. Además de ser la residencia de los trabajadores del ferrocarril, generando así una razonable demanda, se tomó también sede de los talleres de la Compañía Paulista de Estrada de Ferro, con más de dos mil empleados en 1892. La importancia del ferrocarril pareció tener implicaciones en esta expansión del mercado de trabajo y en la consecuente demanda de bienes y servicios en la ciudad. Así, en el momento en que Río Claro dejó de ser punta de riel, cuando la línea fue extendida hacia otras ciudades, es cuando aquella crece. Como sede ferro viaria, como residencia de los empleados ferroviarios y, más tarde, en 1892, con los talleres y sus dos mil obreros, Río Claro recibe su verdadero impulso. Estos talleres debieron tener un efecto multiplicador, generando demandas para otros servicios industriales y comerciales, que hicieron de la ci~ dad un centro regional industrial. El desencuentro de los análisis sobre el efecto urbanizador de los rieles se debe, entonces, a esa conclusión. Río Claro urbano crece y se desarrolla por la presencia de un contingente de consumidores. Descartada así la explicación hinterland, deja de ser contradictoria la coincidencia constatada en esta investigación acerca o sobre la gran diferenciación de la estructura urbana anterior a la llegada de las vías. La propia existencia de esa estructura refuerza y procura otras explicaciones. IV. EL ALMANAK DE 1873 Y EL TIMING DEL CRECIMIENTO URBANO El Almanak, una verdadera radiografía de la ciudad, identifica una compleja estructura de actividades comerciales, industriales, culturales y sociales que revelan, ya en 1863, un centro bastante desarrollado. El cuadro 2 presenta el número de establecimientos en funcionamiento en ese año. Se incluyen las actividades industriales de bienes de consumo personal, de materiales para construcción, de muebles, de metalurgia y mecánica, transporte y alimentos; de servicios de consumo personal, de esparcimiento, de comunicación y transporte. El sector de. comercio incluía 127 establecimientos de los más variados productos. Aunque algunas de las actividades relacionadas pueden represen- �82 Siglo XIX Hogan - C. de Oliveira - Sydenstricker: Urbanización en Rio Claro (Sigue cuadro 2) CUADR02 ACTIVIDADES ECONOMICAS EN RIO CLARO (1873) 1.6 INDUSTRIA / ARTESANIA 1.1 Bienes de Consumo Personal Sastre Sombrerero Costurero Modista Orfebre Zapatero -: ·'" .. '1 1 1.2 33 15 05 07 II. COMERCIO / SERVICIOS Il.l Servicios de Consumo Personal Tintorero Almidonadora Relojero Cigarrero Barbero 11 1 ' 1.4 Mobiliario Mueblero Colchonero Ebanista Tapicero ·1 1.5 01 01 01 01 Otros Tonelero Pirotécnico Materiales de Construcción Alfarería .! Industria de alimentos Fábrica de licores Fábrica de vinagre Fábrica de cerveza Refinación de azúcar 1.8 03 05 02 05 Construcción Civil Carpintero y Maestro de Obras Albañil y Maestro de Obras Vidriero Pintor 1.3 1.7 14 01 10 04 02 08 Transporte Fábrica de Trolies Talabartero No. de Establecimientos l. 83 Il.2 11 04 02 06 Metalurgia y Mecánica Fábrica de Máquinas Vías Férreas Herrero Fundidores de Hierro y Bronce Hojalatero o Chapista Calderero Maquinista 04 07 05 04 05 05 Servicios de Recreación Billares Juegos de pelota Fabricante de guitarras Hoteles 11.3 01 04 01 04 02 01 03 02 04 Servicios de Comunicación I Transporte Alquiladores o arrendatarios de viajes / carros Conductores de Carrozas Cocheras EmpreSas de Transporte Arrieros Propietarios 08 12 07 06 04 06 �Hogan - C. de Oliveira - Sydenstricker: Urbanización en Río Claro 84 tar empleo sólo para un artesano, un examen de las categorías pone en evidencia que muchas de ellas involucran más personas, mínimamente un ayudante. (Sigue cuadro 2) 11.4 Comercio de productos alimenticios Panadería Confitería Dulcería Carnicería Almacén de bebida, vajilla Almacén de depósito de productos de la tierra Depósito de azúcar Depósito de harina de trigo Depósito de sal •. .. 11.5 • .,rw 1 i 11.6 04 04 03 09 63 08 06 01 09 18 08 05 PROPIEDAD URBANA EN RIO CLARO (1873) 01 03 06 02 04 04 08 04 Salud ~ Casas de Salud II.7 CUADR03 04 ; i Confiriendo a las actividades el nombre del artesano o propietario para llegar a determinar el número de personas que realizaban las múltiples actividades, se llega a un total de 269 personas diferentes. Si se consideran sus familias, los empleados y sus respectivas familias, una estimación conservadora daría una población de 1 500 personas que vivían de actividades claramente urbanas. Esto representaba el 10% de la poblacióq del municipio (15 000, según el primer censo, del año anterior). Comercio en general Tienda de estancias Ferreterías Depósito de calzados Depósito de Máquinas de costura Y géneros americanos Depósito de correas para máquinas Farmacias Depósito de sombreros Depósifo de maderas Depósito de suelas y cueros Depósito de zinc, hierro, cobre, plomo, estaiio Casa ~e Importación, Exportación Y comisiones Depósito de cal . •,' 85 Siglo XIX 03 Ofo Propietarios con 1 inmueble Propietarios con 2 inmuebles Propietarios con 3 inmuebles Propietarios con 4 inmuebles Propietarios con 5 inmuebles Propietarios con 6 inmuebles Propietarios con 7 o más inmuebles 188 63 69 23 10 30 3 3 3 3 (1) Total de propietarios (2) 298 Total de propiedades (3) 568 1 1 1 1 Otros Abridor Afinador de piano Organizadores de fiestas y funerales TOTAL GENERAL 01 01 03 430 (1) Incluido el senador Vergueiro que había vendido recientemente seis o siete manzanas, donde se levantaron más de veinte casas. (2) Además de los 298 propietarios nombrados, hay más de 90 "cuyos nombres no se pudo obtener" y un número descontado de "otros". (3) lncluídos los 90 sin especificación del nombre del propietario. Fuente: Almanak de Sao Jiio do Rio Claro para 1873 . Jos:~r:.:!aª f!~/rgaruzado por Tho- Fuente: Almanak de Siio Jofio do Rio Cl maz Carlos Molina y publicado por �86 Siglo XIX Hogan - C. de Oliveira - Sydenstricker: Urbanización en Rio Claro l Un segundo elemento que permite visualizar cuán desarrollado era e ce;11tro urbano _Río Claro es la estructura de la propiedad urbana L~ c1~:a~ ya h~b_1a !legado a presenciar en 1873 una razonable espe: c ac1 n, mmobiliar1a. No era sólo el lugar de residencia de aquellos ~~e semana la economía cafetalera sino, también, un lugar de invers1 n,_ un~ fuente de rentas para una porción considerable de prop1etanos. La_ lista de pro~ietarios, analizados uno por uno, revela que de los 298 registrados norrunalmente, 37% tuvieron más de una propiedad (cua- dro 3). Aunque no se conozcan estudios comparativos que apunten el m~mento del desarrollo local en que surge la tierra urbana como fuente e rentas, ~?s dato~ indican un centro que es más que un conglomerado de serv1c1os destmados a la economía cafetalera. CUADR04 OCUPACION DEL ESPACIO URBANO DE RIO CLARO (1827-1976) Perfodo Indice de Indice de credmlentc: aeclmiento Aumento Aumento Total de cuadras área/m2 a-no de aaadras en área (m2) cuadras anual 1827 (núcleo inicial) 1828-1835 1836-1870 1871-1881 1882-1886 1887-1900 1901-1945 1946-1953 1954-1964 1965-1976 1 8 35 7 26 71 244 296 227 564 10 000 80000 370 000 70 000 250 000 660 000 2 320 000 2 750 000 2 210 000 5 120 000 1 9 44 51 77 148 392 688 915 1 479 1 1.1 1 1 6.5 5.4 5.5 42.2 22.7 51 10 000 11 428 10 911 7 000 62 500 50 769 52 727 392 857 221 000 465 555 Fuente: Troppmair, 1978. Este panorama es r~forzado por los datos presentados en el cuadro 4· muestran la ocupación del espacio urbano de Río Ciar 1 , d. d~ 1827 a 1976. Ya en_ 1~70, seis afios antes de la llega~:~:! ie~ca~ rril, el área urbana dehm1tada Y ocupada cubría cuarenta Y cuatro cua- 87 dras. El crecimiento regular y sustancial que caracteriza a la ciudad en este período demuestra la importancia de la economía azucarera en los comienzos de la urbanización rioclarense. Antes del predominio del café y antes de la llegada del riel existía -ya- una estructura urbana sedimentada. En cuanto a la importancia del ferrocarril, es interesante observar que un mismo ritmo de crecimiento (ya en tomo del 1O/o al afio) se mantenía desde el núcleo inicial en 1827. El índice de crecimiento del período 1871-81 es ligeramente inferior al de los anteriores. A partir de 1882, hasta la década de 1940, el crecimiento continúa en otro escalón, de 5 a 6% anual. Por consiguiente, no fue el momento de la llegada de la vía férrea (década de 1870) el que asistió a un impulso de crecimiento, sino la década siguiente, marcada por la extensión de los rieles más allá de Río Claro. Nuevamente, vemos que no fue la condición de punta de rieles lo que hizo crecer a la ciudad, como no lo fue la pérdida de esta condición lo que interrumpió el crecimiento. Este hecho sugiere que no fue por su condición de medio de transporte que el ferrocarril contribuyó a la urbanización, sino principalmente por los empleos creados y la infraestructura de la industria, de los servicios y el comercio generada. Es como sede, primero de la Compafiía Río Claro (1882) y después de los talleres de la Paulista (1892), que el crecimiento urbano alcanza un ritmo acelerado. Finalmente, es necesario notar que la conocida urbanización del país de las últimas décadas también caracteriza a Río Claro con una significativa expansión del área ocupada. Lo que esos datos sugieren, en resumen, no son crisis y/o estancamiento del crecimiento de Río Claro, sino una evolución constante. Su cambio de escala no indica discontinuidad sino transformaciones en la relación rural-urbana. V. RIO CLARO COMO CENTRO URBANO El análisis desarrollado basta aquí permitió la reformulación de las interpretaciones comunes sobre el proceso de urbanización en el período cafetalero y sobre el papel de la expansión ferroviaria en ese proceso. A pesar de la importancia del cambio tecnológico que el transporte ferroviario representó, no es posible atribuirle un papel determinante en las transformaciones responsables de la configuración de la red urbana. Ciertamente, el mayor o menor impacto de la vía férrea irá a depender de las especificidades locales y regionales. Pero seguramente a su llegada ya se encontraban en acción las fuerzas que conducirían a la consolidación de la vida urbana en el interior. Los datos consigna- �88 Siglo XIX Hogan • dos a continuación reiteran las afirmaciones hechas más arriba y sugieren la necesidad de profundizar la investigación en la dirección indicada. .., A partir de la mitad de la década de 1870 se registraron varias licitaciones para la iluminación de la ciudad por medio de lámparas de kerosene. A mediados de la siguiente fue contratada, y en 1885 instalada, la iluminación eléctrica a través del sistema de arco voltáico: fue así la segunda ciudad del país y la primera de la provincia en poseer tal sistema. En 1889 se iniciaron una serie de cambios en el sistema y en 1900 fue inaugurada la central eléctrica de Río Claro. Posteriormente ésta amplió su red para abastecer de energía a Limeira, Araras, Leme, a fazendas de estas regiones y a los poblados de Cordeiros y Pirassununga. Todos los sistemas de iluminación de Río Claro estuvieron en manos de empresas particulares . Antes de la instalación del sistema de agua corriente, la ciudad fue abastecida por medio de pozos y vertientes. A comienzos de la década de 1880 se abrieron licitaciones para la captación del agua de las nacientes de los ríos y abastecimientos de surtidores. En 1885 se inauguró el sistema de aguas de Río Claro. Todavia en esa época los domicilios no tenían agua corriente: el servicio fue inaugurado en 1887 con las conexiones de cañerías en los domicilios particulares. El sistema cloacal se inició en 1898 con la instalación de cañerías y brazos recolectores. Tres años después fue inaugurada la red recolectora cloacal con la instalación del primer filtro. El sistema de aguas y cloacas estuvo siempre bajo responsabilidad de empresas particulares y sólo en 1929 pasó al poder público. En esta época el sistema contaba con 3 300 conexiones de agua y 1 700 conexiones cloacales. A fines del siglo fue tendida la red telefónica de la ciudad, resultado de la formación, en 1895, de la Compañía Telefónica Río Clarense de propiedad privada. Nueve años después la provincia concedió lo~ derechos, también a un particular, para comunicar a través de los teléfonos la ciudad de Río Claro con Aranas, Limeira y Anápolis (hoy Analandia). En lo que se refiere a salud, Río Claro desarrolló una red bastante extensa. En 1863 fue designado un médico encargado de la vacunación antivariólica. La enfermedad estaba presente en el municipio desde 1844, cuand~ apareció el prime: brote. En la últimas décadas del siglo XIX ~l hospital ~ara el t:atamíento de la viruela se abrió y se cerró en vanas oporturudades, siempre en función del control de la epidemia. En 1872 Río Claro tenía tres asistencias públicas, mantenidas por c. de O/iveira • Sydenstriclcer: Urbanización en Río Claro 89 la municipalidad y por hermanadades. En 1885 fue instalada ~a Santa Casa de Misericordia, que en esa época er~ uno de los ,hospitales de la provincia. En 1908 se inauguró el Hospital de los Lazaros. ~erró sus puertas luego de dos décadas de_fu~c~on~ento y sus pacientes fueron transferidos al hospital de P1rapitmg01. Gracias a su excelente clima, Río Claro atraía a muchos ~nf~rmos en busca de reposo. Muchos eran tuberc?losos, a pesar de la mexis~encia de un servicio específico para tratamientos pulmonares: En el siglo xx fue inaugurada la Casa de Reposo, con baños y masaJes, Y reformada en 1919. ,En 1917 se creó el Sanatorio de Río Claro. Los datos sobre la educación escolarizada en Río Claro son bastante dispersos y confusos. Sin embargo, es destacable el ~echo que, junto con la creación de escuelas públicas, se desarr~ll_ó un numero considerable de establecimientos particulares. La apanción de escuelas en Río Claro aparentemente data de mediados de la d~da de 1840, cu~do se formaron dos: una particular y otra subve~cion~da_por el murn: cipio, que se mantuvo hasta 1885. La red ~ucatlva pubhca, como asi también la privada, se consolidaron a partir de la década de 1870, de acuerdo con los datos recogidos. En la década de 1880 Río Claro contaba con cinco escuelas particulares. Destacaban entre ellas el Colegio Americano y l~ Escuela Alemana, embrión del actual Gimnasio Koelle. En la red pnv~da fue ~uy marcada la presencia de instituciones prot_estantes_. A P~l!" del numero elevado de escuelas, el informe de la lQStrucción publica de fi~es del siglo XIX apuntaba la insufici~mcia de esc~elas para la po~lac1ón en edad escolar en Campinas, Río Claro, Sao Carlos do Pmhal Y Piracicaba. En los primeros veinte años de nuestro siglo surgieron aproximadamente cinco escuelas más, particulares. Entre ellas esta_ban las que proporcionaban una formación profesional. Durante la decada del 20 surgieron algunos colegios más. Sobresalía la ~scuela Normal, desde 1928, que tuvo un papel importante e~ la ~ormac1ón de los!uturos ~aestros para toda la región. Durante casi tre~ta años 1~ Socie~ad Italiana de Beneficiencia y el Círculo Obrero de Río Claro impartieron cursos nocturnos de alfabetización para sus asociados. En el campo cultural, Río Claro tuvo, luego de su consolidación como ciudad, una actividad muy intensa, fomentada en gran parte por los inmigrantes extranjeros. �90 Siglo XIX Hogan • C. de O/iveira • Sydenstricker: Urbanización en Rio Claro En 1864 fue inugurado el teatro Sao Joao, de propiedad articu- ~~~J;~~ el rgundo de la provincia, tenía dos palcos, 32 tertuli~, cuasit1·0 obli~gsaduogares e~ la platea Y la galería. El teatro de Sao Joao fue para 1amosas comp - , líri • ras. En 1888 pasó a denominar aru~ cas nacionales Y extranjemente reformado En s~h_e,mx, lu~go de haber sido entera1901 ciudad, en ese mi~mo teatr;.e e bio la pnmera película vista en la Muchas sociedades artísticas, recreativas musicales ul formaron Ydesarrollaron durante la década de 1870 Enir~ eJ:!es se cen destacarse la orquesta de Río Claro (1871)· la Fil~óni Rí Cerlerense (1879) que en 1882 · , d ' ca o ade Lectura ~on más de cua~~:f ~~ pianos de cola; Y el Gabinete Revista do Gabinete. A fines del si;~~~;\: 1'!':e e~ 1910 d~tó la del XX los clubes • . pnmeras ecadas Yde bailarin grermos, soc1ed~des recreativas, grupos teatrales . es pro eraron en gran numero. Entre los r . d :xtr~Je!edos dmere~en anotarse la Sociedad de Ayuda 8~;)por oy oci a ltahana del Brasil · la So 'ed d D ,. Umberto I (1901) y el Club Glillil.ás' t' Ríe~ cªl rarnatica y de Danza d, d ico o arense En las p · eca as del XX se crearon dos escuelas de dib . . i:meras con el aporte destacable asimi d .UJO y una de pmtura, • smo, e extranJeros. lit 1 i ¡ 4 ~!:~ El cine se instaló en Río Claro . ., de proyección· Iris en 1905 con 1a maugurac1on de dos salas con un proyector eÍéctrico. ~ : ~~~y~tordm~ual; Y. Bijou, en 1910, En 1914 fue inaugurado el Teatro d/Vas_ ; ~ne tuv1er?,n poca vida. con treinta Ydos palcos platea . . ane a es, tamb1en particular guración trajo consi o ~n m Yq~entos lugares populares. La inaudad. Algún tiempo ~espuésª:eº:~~ero de co!11pañías líricas a la ciuel cine Parques con aleo t teron pehculas. En 1916 se creó La década del 30 as· i"ó s Y pla~~as' pero cerró sus puertas en 1925 . is t a 1a creac1on de Radio Club d Rí Cl . Ydel eme Excelsior (1938) 1 · 'al e o aro {1933) luego pasó a ser exclusiv~e:~ c::::n~: presentó obr~s teatr~es, pero cia provocó una gran audiencia lo q · ll ~aaln s~tuos1dad e tmponen' ue evo cierre del Teatro Phenix. La intensa dinámica de la vida cult al d , bién en la gran cantidad de eriód. ur e Rt~ Claro se refleja tamla década del 70 Y que contuiuarontcos suJgieron a comienzos de renta años. Muchos fueron sus reda pro eran o dur~te más de cuacos tuvo vida efímera. Desde 1872 c::~es Y la _mayol?a de l?s periódiO do Povo), hasta mediados de la surgió el ~nmer diario (Echo mente setenta periódicos. poca del 20, surgieron aproximada- {t;e é 91 VI. CONCLUSIONES La explicación sobre el desarrollo urbano como una secuencia de crecimiento incipiente pero reprimido por la falta de demanda de las fazendas, "boca de sertao ", un brote de urbanización en la etapa de punta de rieles, y estancamiento con la extensión de los rieles (estación intermedia) y la pérdida de control del hinterland, no encuentra apoyo en este análisis. El cuadro que emerge es el de un desarrollo bastante diferenciado ya antes de la llegada de los rieles, y que continúa en el tiempo. Si se estancó durante algún período fue justamente el de punta de rieles. La vía férrea llegó cuando el café ya estaba bien establecido (y había generado riqueza). O sea: la vía férrea sirvió a una producción ya instalada, y no provocó ninguna extensión grande en la producción, capaz de aumentar o diferenciar aún más la estructura urbana. Los datos sobre la producción cafetalera (cuadro 5) en Río Claro muestran que el nivel alcanzado en la década de 1870 sólo fue superado a fin de siglo, con su punto méUimo en 1901 (Dean, 1977: 52). Si hubo retracción en ese período, con la marcha de los fazendeiros para la capital, esto fue compensado con la extensión de los rieles más allá de Río Claro. Lejos de haberle restado dinamismo a la ciudad, sustrayéndole el monopolio de acceso a una gran región productora de café, fue el factor que más contribuyó para su crecimiento. Frente a las tasas de crecimiento demográfico del período, y a la compleja vida urbana revelada en el Almanak de 1873, es necesario relativizar el obstáculo que para la urbanización representaba la autosuficiencia de las fazendas. Seguramente hacen falta más investigaciones para identificar y evaluar a los consumidores de la extensa gama de bienes y servicios disponibles para la población rioclarense en 1873. Pero no se puede negar la compleja estructura de la industria, del comercio y los servicios, la evidente especulación inmobiliaria, la vida cultural rica y diferenciada, el ritmo de crecimiento del tejido urbano que muestran a un centro urbano propiamente dicho. Ese análisis llevó a la indagación sobre lo que diferencía a Río Claro de otras ciudades que componen la red urbana del interior paulista. Vale la pena recordar que fue en la fazenda lbicaba que se dio la primera tentativa de sustitución de mano de obra esclava por mano de obra libre. Es posible que los inmigrantes hayan cambiado el perfil de la demanda de bienes y servicios, además de contribuir, con el abandono de las fazendas por parte de algunos de ellos, a la población urbana. Hubo además cierto sector de la población que arribó específi- , �92 Siglo XIX Hagan - C. de Oliveira - Sydenstricker: Urbanización en Rio Claro camente para servir a los extranjeros: médicos, profesores y religiosos, por ejemplo. CUADR05 PRODUCCION DE CAFE Y CAÑA EN RIO CLARO (1822-1929) en toneladas alio 1822 1835 1851 1852 1853 1854 1855 1857/59 (media) 1862 1874 1876 1884 1886 1892 1894 1885 1897 1898 1899 1900 1901 1903 1905 1907 1909 1911 1913 1915 1917 1919 1929 café 0.5 294 470 756 1 671 caña 8 024 9 300 9 815 11 378 10 503 14 824 9 071 13 172 14 642 12 356 8 940 9135 10785 10 980 8 070 4 050 Fuente: Dean, 1977 (cuadros 2.1 y 2.5). ¿Qué nos enseña todo esto sobre urbanización y crecimiento poblacional?. En pocas palabras, que el motor del crecimiento urbano fue el mercado interno. En último análisis residió en la economía cafetalera el origen del crecimiento: no como consumidora de productos urbanos, sino por el efecto multiplicador que era capaz de gestar. 158 177 522 1 466 1 764 2 557 4 410 6 000 6 000 9 000 7 895 6 269 93 264 BIBLIOGRAFIA Almanak de Sao Joao do Rio Claro para 1873 1981 Almanak de S. Joao do Rio Qaro para 1873. Edición facsimilar, Sao Paulo: Convenio IMESP/DAESP. Dean, W arren 1972 "Condi~ do Mercado de Trabalho e Organizac;ao do Trabalho nas Planta~ na Economia Cafeeira de Sao Paulo, 1885-1915, urna análise preliminar". Estudos Economicos, 2 (6): 145-180. 1976 "A Pequena Propriedade dentro do Complexo Caffeiro: Sitiantes no Município de Rio Claro, 1870-1920". Revista de História, 53 (106): 487-494. 1977 Rio Claro: Um Sistema Brasileiro de Grande Lavoura (1820-1920). Sao Paulo. Paz e Terra. Debes, Célio 1981 "O Surto Ferroviário Paulista: A Importancia de Rio Claro". Revista do Arquivo Municipal. 44 (194). Diniz, Diana M.F.L. 1973 Rio Claro e o Café - Desenvolvímento, Apogeu e Crise (1850-19()()). Tesis doctoral, FFCL de Rio Claro. Font, Mauricio 1983 Planters and the State: The Pursuit of Hegemony in Sao Paulo, Brazil (1889-1930). Tesis doctoral, Universidad de Michigan. Hall, Michael M. 1969 The Origins of Mass Immigration in Brazil, 1871-1914. Tesis doctoral, Universidad de Columbia. �94 Siglo XIX Holloway, Thomas H. 1984 lmigrantes para o Café. Rio de Janeiro: Paz e Terra. Camino a la Fazenda: Estructura de la Familia Inmigrante y Cultivo del Café en San Pablo Keller, Elza 1964 "Noticia Geográfica de Río Claro". pp. 56-71. En: Río Claro 1964. Prefeitura de Río Claro, Río Claro. Ohtake, Maria Flora G. 1982 O Processo de Urbaniza9iio em Siio Paulo: Dois Momentos, Duas Faces. Tesis de maestría, PUC-SP. María Silvia C. Beozzo Bassanezi * Prefeitura Municipal de Río Claro 1971 Sinopsis Estatística 1971. Río Claro: Prefeitura Municipal. ":l . ,r,":, ~ 1 'f 'r ... ,,' : 1 Río Claro,Sesquicentenária 1978 Río Claro Sesquicentenária. Rio Claro. Museu Histórico e Pedagógico "Amador Bueno da Veiga". Sallum Jr., Brasilio 1982 Capitalismo e Cafeicultura: Oeste Paulista: 1888-1930. Sao Paulo: Duas Cidades. Soave, Vera Lígia de Oliveira 1983 "Transformai;oes do Espa~o Arquitetonico do Centro Histórico da Cidade de Río Claro". Campinas: FAU / USP. Troppmair, Helmut 1978 ''.Aspectos Geográficos". pp. 75-87 In: Río Claro Sesquicentenária, citado. INTRODUCCION En el momento en que se produjo la crisis del sistema esclavista en Brasil, a mediados del siglo XIX, los fazendeiros paulistas buscaron solución para su problema de mano de obra para el cultivo del café -en plena expansión- en la inmigración extranjera. En torno a 1880 y principalmente después de 1884-1886, cuando comenzó la inmigración subsidiada, fueron introducidos en San Pablo y canalizados para la labranza cafetalera millares de trabajadores extranjeros, sobre todo italianos. Esta inmigración, al garantizar una gran oferta de mano de obra para la agricultura del café, dio inicio también a la constitución de un mercado de trabajo libre en el Brasil. La continuidad de este flujo inmigratorio permitió la expansión de la frontera cafetalera, al mismo tiempo que fue alimentada por ella. Por otro lado, la propia forma en que estaba organizada la producción garantizó también esta continuidad (Vangelista, 1982). Los fazendeiros de San Pablo, en este proceso de sustitución del trabajo esclavo por el libre, insistieron desde el comienzo en contratar no sólo trabajadores extranjeros, europeos de preferencia, sino tam- • Núcleo de Estudos de Popula~ao-NEPO, Universidade Estadual de Campinas (Brasil). Este trabajo es parte de estudios que la autora realiza sobre la familia en el cultivo del café en San Pablo. Una versión ampliada de los primeros resultados fue publicada en Textos NEPO, 8, Campinas, UNICAMP, 1986. Traducción: María Teresa Fantini. �M.S. Beozzo B.: Inmigrantes y café en San Pablo 96 bién trabajadores en unidades familiares. Dieron origen as1 al sistema de organización de trabajo -característico de la labranza cafetalera en el oeste paulista- conocido como colonato. En este sistema predominaban familias venidas de Italia septentrional, principalmente del Véneto. Familias ligadas a la agricultura y que eran las que más sufrían con la crisis económica que entonces asolaba ese país (Alvim, 1986). De esta forma, mientras que en Italia la emigración aparecía como la respuesta a la crisis de desempleo, para San Pablo la inmigración surgía como alternativa hacia la sustitución de la mano de obra esclava en el cultivo del café. .. lt.: Por otro lado, al convertirse San Pablo en gran centro de atracción de mano de obra internacional, los cafetaleros acabaron por relegar a un segundo plano a los trabajadores nativos. Estos sólo comenzaron a ser reclutados cuando disminuyó el flujo migratorio internacional Ycuando un número cada vez mayor de extranjeros y sus descendientes dejaron la fazenda para dirigirse a los núcleos urbanos. Esto ocurrió de forma más acelerada en la década del 20, cuando grandes flujos de trabajadores oriundos del noreste del país llegaron a San Pablo, en un momento de escasez de mano de obra y de una econornia en expansión y diversificación. Durante el proceso de introducción del trabajo libre, los fazendei- ros se esforzaron no sólo por encontrar una nueva fuente de mano de obra, s~o también por buscar otra forma de organizar y controlar est~ trabaJo, de modo que se presentase más rentable y con costos reducidos. El colonato representó el punto culminante de una serie de tent~tivas para ~daptar al proceso de producción de café a trabajadores libres extranJeros en unidades familiares, los colonos 1• • l i J 1. Colono pasó entonces a significar no el trabajdor aislado sino su núcleo familiar. La ~a~ilia aparecía como unidad de producción, pues al contratar los serv1c1os del colono, el fazendeiro estaba contratando tod~ familia. Cada _je~e de familia se tornaba responsable de la eJecuc1on de las tareas dianas que la familia -o al menos sus elementos aptos para el trabajo- debería desempeñar. ª. 97 Siglo XIX !ª Al ecu:~cterizarse como un régimen de explotación del trabajo con bases farm!1are_s: el colo?at~ entrelazó formas distintas de producción. E~!,a com_bmac1on peculi~ tomaba este sistema muy complejo y tamb1en de ~1erto ?1odo ambigua 1~ figura de su personaje, el colono, que era al rrusmo tiempo un asalanado, un trabajador de subsistencia un productor Y negociante de mercaderías y un consumidor" (Hollo~ay, 1984: p. 126). Eso ocurría porque la actividad del n~cleo f~liar incluía el cuidado de los cafetales, la cosecha del cafe, trabaJo para la producción directa de la subsistencia y prestación de servicios anexos a la fazenda. El colono recibía un pago fijo en dinero por el trato de cada mil pies de café (el trato consistía en hacer limpieza de !as hierbas d~as de tres a cinco veces por año). Ganaba una cantidad -tamb1en en dinero- proporcional al volumen de café cosechado. Debía, segú~ su contrato efectuar servicios sueltos (remunerados o no) al fazendeiro. Al colon~ le era permitido el usufructo de mejoras y se le concedía vivienda gratuita. Podía cultivar maíz, porotos y arroz,. en terreno designado por el fazendeiro, mantener una pe_queña huert~ alrededor de la casa, criar animales pequeños (aves, porcmos) y usar areas de pastoreo para algunas vacas y ~aball?s. Esta pro~~cción in~ependiente respondía no sólo a la subs1stenc1a de la familia: tamb~en generaba un excedente que era comercializado, vendido al fazendeiro o a las poblaciones y ciudades vecinas (Bassanezi, 1973: pp. 208-209). Para el fazendeiro, la explotación del trabajo familiar a través del colonato era importante: al estimular la integración productiva de todos los elementos de la familia en condiciones de manejar Los instrumentos básicos de trabajo, conciliaba una mano de obra abundante con la insuficiencia de recursos para el pago de salarios (Salurn, 1982). La familia, al constituir una unidad de producción y consumo y obtener su subsistencia sin comprometer la producción volcada hacia el mercado, reducía los costos. Garantizaba para la fazenda una fuerza de trabajo excedente, principalmente en el pico de la cosecha, cuando las necesidades de trabajo aumentaban. Para el fazendeiro también era interesante contratar trabajadores en unidades familiares porque la propia familia funcionaba como elemento disciplinador: una vez establecido el contrato, la organización, el funcionamiento y la calidad del trabajo quedaban a cargo del propio trabajador, dependiendo las ganancias obtenidas de su esfuerzo Y del de su familia. Finalmente, desde el punto de vista del fazendeiro, la familia grande con tres o más trabajadores, era ventajosa. Podría adaptarse mejo; a las condiciones de trabajo, cuidaría de un mayor número de pies del cafetal, reduciría la cantidad de familias necesarias y el costo de producción. Más aún, maximizaría la utilización de las mejoras y de viviendas en la fazenda. Por otro lado, en la sociedad campesina italiana -origen de lama- �98 Siglo XIX yoría de los colonos- la producción agrícola ya se apoyaba en el trabajo familiar: éste, según Alvim, no era sólo un valor deseado sino ta?Ib!én un valor a ser preservado por el inmigrante. El campesi~o inmigro como una forma de resistencia al proceso de proletarización des~t_ado en el país de origen, y veía siempre en la nueva tierra una posib1hdad de reconstrucción de su núcleo familiar. En este sentido concluye la autora, el trabajo en la labranza del café basada en el col~nato representaba una atracción tentadora (Alvim, 1986: p.90). El colono tenía interés, pues, en laborar dentro de la estructura familia~: ~ra la cooperación de toda la familia la que aseguraba al grupo ;l mmur~o par~ su supervivencia. Era esta cooperación la que aparec1a como mcent1vo para la formación de un peculio; y éste, a su vez dependía del grado de intensificación del trabajo y de la reducción deÍ consu~o ª. lo estrictamente necesario, algo que el colono podría imponer a s1 mismo y a su propia familia. 1 l ¡ 4 1. . ~a form~ co_mo estaba organizado el trabajo reforzaba la cooperacion, la sohdandad y la combinación de esfuerzos de todos los miembros de_ 1~ familia para beneficio del conjunto. En esas condiciones, las ~amihas grande~ po~ían sacar mejor provecho que las pequeñas: hab1_a_ una proporc1~mahdad entre la cantidad de pies de café que la fam1ha _tema ~ue cmdar y la cantidad de tierra disponible para cultivos de subs1stenc1a. Cu~?to_ más trabajadores, más pies de café y más tier~a pa~a la p~oduccion m~ependiente: así, la producción para la subs1stenc1_a podia alcanzar ruveles por encima de las necesidades vitales Ypermitía !ª_a_cumulación de excedentes que a su vez representaría una mayor posi~1hdad de mej~ramiento social. Por otro lado, cuanto ~ayor e~a el numero de trabaJadores con que la familia podía contar más ampha res~ltaba la división del trabajo. Las tareas serían ejecu~adas con -~n meJor desempeño y con menor gasto de energía. Por eso la fam1ha gran~e sería también valorizada por el trabajador: interes~ba a su estrategia de supervivencia. . Las ventajas que la familia grande presentaba tanto para el fazend~1ro com~ para el trabajad~r hicieron que el colonato apareciera asociado a!ª l~teratura y, también, a la tradición oral respecto a la familia gr~~de 1tahana, ~orno se ,observa en el decir de un ex-colono: "las fam1has en a~u~I tiempo s1 que eran grandes. y las italianas de entonces ... Los itahanos tenían más hijos que las ratas". El é~ito_ del sistem~ estaría relacionado al tamaño de la familia y, por cons1gmente, a la idea de una prole numerosa. Esta sería el resultado de la forma en que estaba organizada la producción, como sugie- M.S. Beozzo B.: Inmigrantes y café en San Pablo 99 ren o afirman varios autores que se preocuparon por el estudio del colonato2 • Stolcke, por ejemplo, afirma que los intereses de los cultivadores de café en el tamaño y la composición de las familias inmigrantes influyó en el comportamiento demográfico al constituir un estímulo para la fecundidad( ... ) Aunque un gran número de hijos pudiese representar inicialmente un peso considerable para la madre o el padre, esto significaba que, después de los primeros años, la capacidad productiva de la familia aumentaría anualmente. Como contrapartida, una familia con pocos hijos estaba en desventaja durante todo su ciclo de vida (Stolcke, 1986: p. 356). Sostiene además que una madre con gran número de hijos pasaba una parte considerable de su vida ocupada con su crianza. A pesar de ello, según esta misma autora, la faena que representaba el trabajo en la casa, la larga carrera reproductiva y los cuidados de los hijos, era reconocida como algo esencial, y consecuentemente valorizada bajo el colonato. Por lo tanto, por ser socialmente reconocida, esta faena resultaba más fácil de soportar y no representaba problemas respecto al aumento de la familia (Stolcke, 1986; p. 357). Paiva, a su vez, intenta demostrar que en el colonato (y también en la organización de la economía cañera del noreste), la importancia notoria de la producción para el autoconsumo como garantía de la supervivencia familiar habría estimulado el mantenimiento de una fecundidad natural con efecto positivo sobre el tamaño de la familia. Este autor sustenta que la organización del trabajo, con sus diferentes formas desarrolladas en la econonúa de subsistencia, mantuvo al proceso de reconstitución de la fuerza de trabajo fuera de las relaciones monetarias. No estando su canasta de bienes de subsistencia expuesta a las variaciones de precios, la pareja típica no era compelida, en el corto plazo, a ponderar los costos de sus hijos con los costos de otros bienes (Paiva, 1985: p. 215). Por lo tanto, el colonato favorecía el mantenimiento de un patrón de alta fecundidad: al permitir el usufructo de la tierra -aunque controlado- y la consecuente generalización de la producción de subsistencia, evitaba la intermediación del mercado en el acceso a estos bienes3• Por �100 Siglo XIX eso, en la demanda de hijos, difícilmente la pareja podría evaluar sus c~s~os en relación a otros bienes. En otras palabras, el colonato, al peroutir el acceso a la tierra, estimularía la reproducción ampliada de la familia, a diferencia de situaciones donde el peso mayor del salario llevaría a la reducción de la prole vista como costo (Paiva, 1985: p.229). Sin embargo, para Oliveira y Madeira, esta idea de que la forma com_o es~ba organizado el trabajo en la labranza cafetalera podría haber mflwdo en el comportamiento demográfico, al premiar y/o estimular altas tasas de fecundidad, ganó fuerza mucho más como repetición que por respaldo empírico. Ambas autoras intentan demostrar que los datos existentes no permiten sostener tales afirmaciones. Llaman la atención sobre la importancia de las fases del desarrollo familiar en la evaluación de los efectos de una prole numerosa: La ampliación del tamaño de la familia significa una extensión de tiempo en que la unidad familiar se ve constituida por una minoría de productores(... ) Sólo cuando la unidad familiar puede sacar partido de una alta proporción de productores es que su tamaño ampliado actúa en su beneficio(... ) Por lo tanto, la concentración de los beneficios en ~n período estrecho de tiempo deja dudas en cuanto a la eficacia de la familia grande (Oliveira y Madeira, 1982: p.26). Por otro l_ado, proc~~ también demostrar que predominó en el colonato un tipo de famiha bastante próximo al que hoy se conoce: 1 l J Estimadas las probabilidades de supervivencia de la época, el grueso de las familias no podía disfrutar de un tamaño final elevado ( ...) Dadas las características de la producción cafetalera, esta adecuación -de la f~a al sistema productivo- podría ocurrir, por un lado, con una simple reorganización del trabajo y, por otro, por la acción de mecanismos de distribución proporcional de tierras para los cultivos alimenticios (Oliveira y Madeira, 1982: pp. 26-27). E? u~ trabajo ~ás reciente, Oliveira cuestiona aún más a fondo la hipotests q~e explica el ta~añ~ ~upuestamente elevado de la familia por las necesidades de orgaruzac1on de la producción. Destaca la interfer~ncia de una ~erie de factores tales como la mortalidad infantil y el ttem~o nec~sano para que u~ patrón de fecundidad se exprese en brazos dispombles para el trabaJo. La complejidad de la acción de estos fac~ores reforzaría, para esta autora, la hipótesis de que el colonato s_ena mucho más un sistema capaz de acomodar con éxito a las familias ~andes, que un sistema que demandaría estas familias. Por lo tanto: un sistema capaz de absorber una oferta cuyos determinantes se encuentran en otra parte (Oliveira, 1985). En otras palabras Oliveira está M.S. Beozzo B.: Inmigrantes y café en San Pablo 101 inclinada a buscar fuera de la organización del trabajo los condicio~ nantes del comportamiento demográfico del período cafetalero en San Pablo. Tras afirmar que muy poco se sabe sobre la familia en el colonato y que una conclusión sobre el papel de la población en el período está lejos de ser alcanzada, la autora apunta la necesidad de que se intensifiquen las investigaciones empíricas para que "aparezcan de modo más claro los contornos de la dinámica demográfica y sus componentes" (Oliveira, 1985: p.34). De hecho, aunque en los últimos afios la literatura sobre el colonato aumentó sobremanera y muchos estudios importantes hayan surgido con la preocupación de estudiar la familia en este sistema de trabajo, aún no se sabe de investigaciones que demuestren que la familia en el colonato fue realmente grande. Se desconoce la distribución de las familias en cuanto al tamaño, a su fuerza de trabajo y a su posición en los diferentes momentos del ciclo vital. No está clara aún la relación entre el tamaño de la familia y su capacidad de trabajo. No hay datos suficientes, en tiempo y en espacio, para valorar el usufructo de la tierra, la importancia de las retribuciones salariales y su impacto sobre la familia. Poco o nada se sabe sobre la nupcialidad, fertilidad, morbilidad y mortalidad en el colonato. Muy poco también se especuló sobre las influencias que otras variables que no son económicas -religiosas o culturales, por ejemplo- ejercerían en su tamaño. En este sentido es esencial también conocer y reflexionar sobre la realidad de los migrantes -extranjeros o nacionales- en su región de origen; sobre los valores que guiaban sus vidas. En fin: verificar cómo eran las familias que se dirigían hacia el área del café. En el caso de Italia, por ejemplo, Alvim apunta un elemento diferencial en la composición de los inmigrantes que arribaban al Brasil, en cuanto a época y a región de emigración (Alvim, 1986: pp. 28-40). Se hace necesario, también, acompañar a estas familias durante el tiempo que permanecieron en el cultivo del café, en un intento de captar posibles transformaciones ocurridas en el comportamiento demográfico mientras se incorporaban y fijaban en la labranza. Para encontrar respuestas es que se está emprendiendo un esfuerzo de investigación en busca de evidencias empíricas esclarecedoras, por lo menos en parte. Esta investigación se ha concentrado en el estudio de una subpoblación en un momento histórico dado: las familias de colonos en la fazenda de Santa Gertrudis, entre 1890 y 1930. La fazenda de Santa Gertrudis fue la más importante propiedad cafetalera del municipio de Río Claro, en el Viejo Oeste paulista. Pro- �102 p~edad mode~o, era una ejemplo de la compleja empresa capitalista dedicada al cafe. Poseía la mayor concentración de trabajadores extranjeros (y sus ?escendientes) entre las fazendas de la región, en el período en estudio. ,¡ .. •!lli'.! s.e' .;:11 .... "i M.S. Beozzo B.: Inmigrantes y café en San Pablo Siglo XIX _ El pres:nte trabajo, resultado de esta investigación, pretende analizar el perfil demográfico de la familia inmigrante -italiana y nacional (cearense)- y sus semejanzas y diferencias en el momento exacto de su introducción en la agricultura cafetalera. Busca detectar la fuerz~ de t~abajo potencial de las unidades familiares y tejer algunas consideraciones sobre la participación de la mujer en el trabajo productivo Yen el de subsistencia. Presenta además algunos datos sobre el número de hijos nacidos y sobrevivientes de las mujeres casadas entre los 15 Y 49 ~os, en el m?mento de su ingreso en el cultivo del café, que abren pistas y/o suscitan cuestiones relativas a la nupcialidad y a la fecundidad. . Para este e~tudio se utilizó como fuente principal de datos los Registros de Matnculas de Inmigrantes del Hospedaje de los Inmigrantes de San Pablo, además de la documentación de la fazenda de Santa Getrudis y otras fuentes. 103 Entre 1895 y 1930, los trabajadores de origen italiano representaban, en promedio, cerca del 65% de la mano de obra ocup~da con el régimen de colonato (Bassanezi, 1973: p. 141). Este por_ce~taJe fue mayor en los años próximos al 1900, cuando la entrada de_1talianos al ~rasil, con el cambio de siglo, resultó también más volummosa. Se estima que entonces los italianos sobrepasaron el 75% del total de los trabajadores. Para 1909-1918, cuando la inmigración i!aliana para el café ya había declinado bastante, los colonos de ese ongen alcanzaban, en promedio, el 640Jo (variando entre 53% y 68%) del total en la fazenda de Santa Gertrudis ( cuadro 1) CUADRO 1 FAMILIAS DE COLONOS SEGUN SU ORIGEN (1909-1918) origen año italianos % cantidad no italianos % cantidad total . _El ~ospedaje de los Inmigrantes fue uno de los múltiples canales mstitucionales ~reados para atender las necesidades de la agricultura cafe~alera paulista: Tenía como objetivo recibir a los inmigrantes extranJe~os Y (posten?n:nente, los nacionales) que llegaron a San Pablo a partrr de las dos ultlDlas décadas del siglo XIX, y que allí aguardaban el momento de seguir hacia su destino. Aunque la función inicial del Hosp~daje fue alojar hasta por ocho días a los recién desembarca?ºs,_ paso luego a ser punto de encuentro de los fazendeiros con los mDllgrantes para la contratación de mano de obra. 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 116 120 124 116 101 111 111 101 86 68 57.0 67.5 66.2 67.3 68.4 68.3 63.l 67.4 58.2 53.0 50 45 42 38 32 35 41 33 36 32 43.0 32.5 33.8 32.7 31.6 31.7 36.9 32.6 41.8 47.0 166 165 166 154 133 146 152 134 122 100 FAMILIAS PARA EL CAFE: 1TALIANOS Y CEARENSES Total 1 054 64.0 384 36.0 1 438 1. La fazenda de Santa Gertrudis reflejaba, en el período, la situación gene~al de la labr~nza del café respecto a la mano de obra. En ella predo~a?an trabaJadores europeos, tanto en el cultivo específico como en activ!dades ~omplement~ias (Bassanezi, 1973). Los italianos y sus ~esce~dtentes,siempre constituyeron mayoría entre los colonos; a cont1~u~ción ve~an portugueses, españoles y algunos pocos de origen germamco. Los.Japoneses no se adaptaron al trabajo en estas propiedad~ Ylos nac1?n~les, hasta 1920, fueron una pequeña minoría (apareciendo con mas mtensidad después de esta fecha, cuando un gran grupo de cearenses fue introducido). Fuente: AFSG, Registro de pés de café entregue aos colonos, 1909-1918. Para cuidar aproximadamente un millón de pies de café, esta propiedad necesitaba utilizar trabajadores asalariados adicionales. El empleo de éstos, los llamados camaradas, aumentaba mucho el costo de producción. Siendo así, para evitar los perjuicios que la inestabilidad del colono provocaba, el reclutamiento constante de nuevas familias era siempre la gran preocupación del fazendeiro. �104 Siglo XIX Los cálculos efectuados muestran que en Santa Gertrudis debían ser contratadas un promedio de 35 nuevas familias todos los añ.os (Bassanezi, 1973: pp. 151-152). Provenían directamente del Hospedaje de los Inmigrantes en San Pablo, o eran reclutadas en las fazendas cercanas y/o en los municipios de la región. Por eso. era que en una misma fazenda se encontraban trabajando, codo a codo, familias extranjeras y nacionales, así como recién llegadas a San Pablo y otras que hacía más tiempo residían en el lugar o región (por lo tanto, con alguna experiencia en el cultivo del café). M.S. Beozzo B.: Inmigrantes y café en San Pablo -"""" Para este estudio fueron seleccionadas aquellas que provenían directamente del Hospedaje de los Inmigrantes. O sea: las recién llegadas a San Pablo y que tenían como primer destino a Santa Gertrudis. Familias que probarían por primera vez el trabajo del café: italianas que se dirigieron a aquella fazenda entre 1867 y 1902; y venidas del estado de Ceará (noreste) que llegaron desde 1920. l i ~ Estas familias son consideradas separadamente en cuanto a su origen, y también analizadas en cuanto a su tipo; o sea, si eran nucleares o no (ampliadas). El primer tipo abarca todas las familias formadas por la pareja, por la pareja con hijos solteros y por uno solo de los cónyuges e hijo (s); el segundo, por aquéllas que no llenaban los requisitos establecidos en el primero, como por ejemplo: familias donde. había padre y/o madre, hermanos, sobrinos, nietos, etcétera, del jefe, además de otras combinaciones. Tamaño y composición Las 63 familias italianas que se destinaron a la fazenda de Santa Gertrudjs entre 1897 y 1902 eran, en su mayoría, nucleares: el 81 %, con tamafto medio de 4.84 personas (mediana igual a 5.O). De éstas apenas 6% estaban formadas por parejas sin hijos, el 90% por parejas que poseían entre 1 y 7 hijos y 4% compuesta por apenas uno de los cónyuges e hijo(s). El tamaño medio de las familias compuestas por la pareja e hijos era de 5.15 miembros; 3/4 partes poseían entre 4 y 6 personas y por consiguiente de 2 a 4 hijos, o sea 3.15 hijos en promedio (cuadros 2 y 3). "' \() 00 "' \() "' "' 00 \() "' \() - N Las unidades familiares diferían entre sí no sólo en cuanto al grado de experiencia en el cultivo, sino también en cuanto a composición y tamaño: podían ser tanto familias nucleares como ampliadas; podían encontrarse en diferentes etapas de su ciclo vital. Por lo tanto, familias con niveles diferentes de capacidad productiva trabajaban simultáneamente en la gran propiedad cafetalera bajo el régimen de colonato. 1 "' "! "' ~ !;; - 00 -- 00 íl 105 �106 M.S. Beozzo 8.: Inmigrantes y café en San Pablo Siglo XIX CUADR03 TAMAÑO Y COMPOSICION DE LA FAMILIA ITALIANA (1897-1902) Tamaño Familia Cas. y Cas. Nuclear Familia Total no general Total con hijo (s) 1 cónyuge e hijo (s) 2 3 2 5 - 5 3 5 - 5 1 6 4 12 - 12 2 14 5 12 - 12 4 16 6 11 - 11 2 13 7 3 - 3 1 4 8 - - - 2 2 9 3 - 3 - 3 Total 49 2 51 12 63 nuclear 1 l Fuente: HI, Matrícula dos lmigrantes e Registros de Imigrantes, 1897-1902. 1 ' 1 • :1 En grupo d 7las no nucleares (190/o) las familias alcanzaban un tamano promedio de 5.5 personas. Por lo tanto eran un poco mayores que las nu~leares; con todo, presentaba una gran dispersión en tomo de la media. En cu~nto a s~ comr.osición, lo más común era la familia formada po~ el Jefe, muJer, hiJos y el padre o la madre del primero. Otras vece~ mtegraban el grupo hermanos, hijos casados, nueras, nietos y sobrinos del padre, no verificándose casos de hijas casadas O suegra y suegro. L~ co~posición de estas familias estaba en parte relacionada con las exigencias para la adquisición del pasaje subsidiado: 107 Los miembros dependientes de la familia que podían ser incluidos en el pasaje eran padres, hermanos solteros, cuflados y sobrinos huérfanos del jefe de la familia. Mujeres casadas que se iban a reunir con sus maridos, podían ser escogidas ya en el Brasil, pero no primos y parientes más distantes (Holloway, 1984: p. 79). Por otro lado, el tamaño y composición de las familias tenía que ver con la propia estructura familiar del grupo en su país de origen. En el caso de Italia, por ejemplo, Alvim demuestra que las familias de pequeños propietarios, arrendatarios y medieros del Véneto, que predominaron en la emigración hacia el Brasil en el período anterior a 1885, eran familias ampliadas (formadas por 2 ó 3 hombres con sus respectivas mujeres e hijos). Las familias braccianti, también del Véneto, que formaron el grueso de brazos para el café después de 1885, ya poseían -según declaraciones de la época- cinco personas como máximo: normalmente la pareja con hijos; algunas veces la integraban el padre o la madre paternos (Alvim, 1986: pp.28-40). En 1920 fueron introducidos en la fazenda los cearenses: un total de 132 familias, de las cuales 650/o eran nucleares (casi 15% menos que las italianas) y cuyo tamaño era en promedio de 4.8 personas (cerca de 71 O/o de las familias poseían entre 2-5 personas). De estas familias nucleares 160/o estaban formadas sólo por la pareja, 730/o por parejas con hijos y 11 O/o compuestas por cónyuge e hijo(s). Las familias con una pareja e hijos poseían un tamaño promedio de 5.52, y de éstas 520/o poseían entre I y 3 hijos ( cuadros 2 y 4). Las no nucleares llegaban a un tamaño promedio de 5.9 (cerca de 760/o contenían de 3 a 7 miembros). Diferenciándose de las italianas, las familias cearenses incluían con mucha frecuencia -además de progenitores y hermanos del padreagregados, cuñados, tíos, primos, sobrinos, abuelos y nietos, en una clara demostración de que disminuyeron las exigencias en cuanto a la composición de la familia que debía recibir el pasaje. Se constata por otro lado que mujeres como jefes de familia aparecían con cierta regularidad, lo que era bastante raro entre las italianas y europeas en general. Las viudas predominaban como jefes, pero había también casos de mujeres solteras con hijos, y de mujeres casadas sin marido, con hijos y otros parientes. Para el estudio del tamaño de la familia, el conocimiento del reparto de las edades es fundamental. Aquí, su importancia aumenta una vez que también se pretende medir la fuerza de trabajo en un grupo donde los niños de temprana edad (a partir de los 7-8 años) se inicia- �108 Siglo XIX M.S. Beozzo B.: Inmigrantes y café en San Pablo ban en la ayuda de la familia. A los 12 afios ya eran considerados, de hecho, como personas de trabajo, elementos aptos para el cultivo del café. CUADR04 TAMAÑO Y COMPOSICION DE LA FAMILIA CEARENSE (1920) Tamaño Familia Nuclear Familia Total general 1 cónyuge e hijo (s) Total con hijo (s) no nuclear 2 14 4 18 3 21 3 11 1 12 6 18 4 12 2 14 5 19 5 17 - 17 4 21 6 7 - 7 11 18 7 3 - 3 9 12 8 5 l 6 1 7 9 5 - 5 3 8 10 1 I 2 1 3 - - - 1 I 12 2 - 2 2 4 Total 77 9 Cas. y Cas. 1 1 ¡ 4 ., 11 1, Fuente: HI, Registro de lmigrantes, 1920. 86 46 132 109 Los datos sobre la edad, sexo y estado civil de los miembros de estas familias italianas y cearenses se encuentran en los cuadros 5 y 6. Indican la presencia de familias relativamente jóvenes en una fase del ciclo vital en que la mayoría estaba en medio de su proceso reproductivo. En las familias nucleares los nifios y jóvenes entre 0-14 afios llegaban a representar un poco más de la mitad del total (52% para los italianos y 51 % para los cearenses); 99% de las mujeres italianas no pasaban de los 49 aftos, mientras que 100% de los hombres alcanzaban los 54 años; entre los cearenses apenas 2.4% eran personas entre 50 y 65 aftos. Exceptuando a las familias con sólo un cónyuge, se observa que las mujeres italianas tenían en promedio 33.8 años y las cearenses 27.4 años; los hombres casados italianos presentaban una edad promedio de 37.4 años y los cearenses 30.7; y finalmente la edad promedio de los hijos era de 7.2 aftos para los primeros y 6.8 para los segundos. Por lo tanto, las familias cearenses eran en general más jóvenes que las italianas. Las familias no nucleares italianas también perfilaban una estructura etaria más vieja que las cearenses. lndividuos entre 0-14 años formaban cerca de 1/ 3 de la población (32% para los italianos y 36% para los cearenses). En estas familias la incidencia de personas con más de 50 años era mucho mayor que en las nucleares, siendo que la mayor proporción de viejos se encontraba en las no nucle~res italianas. En cuanto al total de los elementos que componían las familias nucleares se verifica un desequilibrio entre los sexos en las familias italianas, con mayor peso en favor de los hombres, principalmente en las franjas de O a 14 aftos (la razón de sexo en estas familias es 125). ¿Se habrán seleccionado en Italia familias con mayor proporción de hombres? Las familias cearenses casi alcanzaban el equilibrio, con un mínimo predominio de mujeres (razón de sexo igual a 98.9). En relación a las familias no nucleares, las italianas presentaban un equilibrio entre los sexos; en las cearenses era mayor la proporción de mujeres (razón de sexo, 96.2), principalmente en las franjas superiores a los 30 aftos (cuadro 5 y 6). Si se observa el estado civil de los mayores de 15 aftos, en las familias no nucleares, se verifica que para los italianos predominaban los casados: 59% hombres y 55% mujeres. Para los cearenses, los solteros conjuntamente con los viudos excedían a los casados; 44% de los hombres y 39% de las mujeres eran solteros. En cuanto a los viudos, el menor porcentaje se encontraba entre los hombres cearenses: 7%; los italianos alcanzaban 23 % . Finalmente, las mujeres viudas llegaban al 20% y 18% entre cearenses e italianos, respectivamente. �~---·.Í ; -•- l ..... I .. -! • •·-•-• , ",.:u,1 · _, .• 1-4 ,r'J' ............ - CUADRO 5 ~ ~ FAMILIA ITALIANA; EDAD, SEXO Y ESTADO CIVIL (\897-1902) Familia Grupo por Edad O- 4 S- 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 e Hombres s e V Mujeres s 35 e V 23 18 10 7 25 18 8 2 8 7 14 7 7 4 Nuclear 1 s e V 6 Total 1 1 ~9 88 1 so s - 99 s 147 1 6 4 2 3 1 1 1 1 1 4 3 1 4 25 1 2 1 13 3 3 1 1 1 e V 2 4 7 4 4 1 1 1 2 3 4 1 1 Nuclear Mujeres 2 2 4 " 1 1 59 e V no 4 4 2 SS-59 60 y+ Hombres IS 8 17 21 23 12 13 4 s 1 Total 58 43 28 1 6 9 14 9 Familia 'foü: s 14 12 18 Total Total Total s ~ Hom. Muj Oral. V 10 8 4 3 1 7 1 39 29 20 8 2 8 8 7 29 22 12 12 9 16 14 12 6 6 1 32 20 14 29 27 27 14 14 8 7 s 4 9 9 170 s 13 13 IS 34 68 SI 14' 313 Fuente: HI, Matrícula dos Imigrantes e Registro de lmigrantes, 1897-1902 CUADR06 FAMILIA CEARENSE: EDAD, SEXO Y ESTADO CIVIL (1920) Grupo por Edad Familia Mujeres Hombres e s O- 4 S- 9 10-14 15-19 2 20-24 IS 25-29 12<> 30-34 14 35-39 14 40-44 6 45-49 2 50-54 SS-59 3 60 y+ 3 47 38 16 Total t79 127 V e s Nuclear Total V e s SS 11 12 2 1 1 7 24 23 14 4 4 33 20 8 s 3 2 1 1 1 1 1 78 124 4 Fuente: HI, Registro de lmigrantes, 1920. 9 39 43 28 18 10 2 1 3 4 157 V 102 71 36 19 17 5 1 e 1 9 3 1 1 7 5 5 1 2 3 Familia Hombres s V 30 13 16 10 13 6 1 251 s 36 8 17 IS 1 1 1 1 1 1 2 1 1 91 e no Nudur Mujeres Total s V e s 5 3 14 7 6 5 1 1 4 1 42 14 14 6 2 1 1 1 79 1 4 23 14 2 2 1 2 3 2 7 11 20 78 10 2 3 7 2 2 38 30 31 24 27 12 3 1 2 1 1 170 Total Total Hom. Muj Oral. V 77 SI 2 1 2 2 1 3 3 3 8 25 32 24 50 36 21 20 8 s 4 s 6 339 63 50 35 32 140 101 67 SS 108 75 45 34 16 10 12 8 14 39 24 14 8 s 8 3 8 56 347 686 ~ ~ tx, 1 ~ 1·~ íi '<: ~ g ~ ~ ~ -- �112 M.S. Beozzo B.: Inmigrantes y café en San Pablo Siglo XIX Diseñado, en líneas generales, el perfil de las familias que se dirigieron en diferentes momentos a Santa Gertrudis, siguen algunos comentarios sobre su significado en términos de la fuerza de trabajo. CUADRO 7 FAMILIAS NUCLEARES. EDADES MEDIAS ,- 'i "•l'~ ,, l .. ' - ,i F': f'°: ' --.. ~· ~ Padre Madre Hijos Familia Italiana (1897-1902) 37.35 33.84 7.17 26.12 Italiana/ Austriaca (1903-1914) 40.73 37.09 11.86 29.89 Portuguesa/ Española (1903-1914) 37.11 33.56 9.87 26.85 Brasileña (cearenses 1920) 30.74 27.44 6.80 21.66 ·• 1 l i 4 Nacionalidad Fuente: HI, Matrícula dos lmigrantes e Registro de Jmigrantes, 1897/1920 ' -' La fuerza de trabajo Para el cultivo del café, lo que más importaba era la cantidad de elementos aptos para el trabajo, preferencialmente hombres. Se entendía por "persona de trabajo" al individuo (hombre o mujer) a partir de los 12 años y hasta alrededor de los 60-65 años. Al fazendeiro le interesaba también conocer, además del número de elementos de trabajo, el tamaño y composición de la familia, pues los demás miembros podían ser utilizados en la cosecha (lo que podía ocurrir desde los 7 u 8 años). El.propio Hospe~aje de los Inmigrantes, como agente de mano de obra vmculado a los mtereses del café, además de clasificar a los invididuos por sexo los distribuía en tres grupos etarios: de 0-12 años, de 113 12 a 45 y con más de 45 años, en una clara demostración de conocer el potencial y la fuerza de trabajo de las familias. Además, entre las exigencias para que una familia pudiese obtener el pasaje subsidiado estaban que fuese de agricultores, y que tuviese por lo menos un elemento masculino de 12 a 45 años. En procura de una medida más precisa y para caracterizar mejor el potencial de la fuerza de trabajo de las familias recién llegadas a la fazenda, se optó por subdividir los dos primeros grupos etarios establecidos por el Hospedaje en otros dos. El tercer grupo, o sea aquel que contenía a las personas con más de 45 años, fue conservado idéntico ya que la cantidad de personas con más de 55 años era poco significativa. Así, a los efectos de este análisis, los elementos fueron clasificados en cinco grupos etarios: representado por niños que necesitaban cuidal. O a 6 años: dos especiales y constantes por parte de una mujer, generalmente la madre, o hermanos más grandes; grupo que no producía y, aparte de eso, dificultaba el trabajo productivo del elemento responsable de su cuidado. II. 7 a JI años: constituido por aquellos niños que estaban en condiciones de prestar servicio al grupo doméstico; por ejemplo: cuidar de los hermanos menores, llevar comida para el campo, ayudar en los servicios de la casa, cuidar de la huerta y de los animales, participar de la cosecha dél café y colaborar en la labranza de subsistencia. La importancia de este núcleo para la supervivencia de la familia residía en que contribuía a reducir las labores de la madre en la casa. Y porque, junto a ella en las tareas del cutivo y en actividades auxiliares, coadyuvaban con una parte del dinero recibido durante el año por la familia. III. 12 a 16 años: los "media azada", o sea adolescentes incluidos oficialmente en la fuerza de trabajo; aunque no hubieran alcanzado la plenitud de su capacidad física, asumían un papel importante en la supervivencia del grupo. IV. 17 a 45 años: formado por los trabajadores adultos o "azadas" con plena capacidad física, dedicados de tiempo integral a los cuidados del cafetal y de las labores complementarias. �114 M.S. Beozzo B.: Inmigrantes y café en San Pablo Siglo XIX V.- más de 45 años: constituido por personas que continuaban dedi- CUADR09 cándose totalmente al trabajo del café; por lo tanto, eran consideradas "personas de trabajo", pero su capacidad física y rendimiento tendían a disminuir a medida que avanzaban en edad. Con el objetivo de detectar la fuerza de trabajo potencial en las unidades familiares, se presentan en los cuadros 8 y 9 los resultados del agrupamiento de los componentes de las familias en las cinco franjas etarias propuestas anteriormente. ~ ....,,._ ....._ _.,_ , 1..:i •• 4 ... rt:: 1 l i J Grupo de Edad Familia Nudear Familia no Nuclear Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total General O- 6 68 68 136 36 12 48 184 CUADROS 7-11 26 29 55 14 19 33 88 FAMILIA 1TALIANA: EDAD Y SEXO DE LOS MIEMBROS Potencial que representaban como fuerza de trabajo 12-16 12 15 27 12 19 31 58 17-45 93 92 185 59 72 131 316 46 y+ 8 2 10 11 19 30 40 Total 207 206 413 132 141 273 686 C""' Grupo de Edad FAMILIA CEARENSE: EDAD Y SEXO DE LOS MIEMBROS Potencial que representaban como fuerza de trabajo. Nudear Familia Familia no Nuclear Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total General O- 6 43 31 74 6 7 13 87 7-11 28 17 45 4 4 8 53 12-16 13 8 21 - 3 3 24 17-45 42 48 90 14 16 30 120 46 y+ 12 5 17 8 4 12 29 Total 138 109 247 32 34 66 313 ,. Fuente: HI, Matricula de lmigrantes e Registro de Imigrantes, 1897-1902 Para las familias nucleares italianas, 52% de sus miembros poseían más de 12 años, por lo cual eran aptos para el trabajo productivo; para los cearenses este porcentaje era un poco mayor, 54%. Por otro lado, las familias nucleares italianas tendrían un 680/o de trabajadores en potencia mientras que las cearenses un 70%. Estos datos indican que para el fazendeiro las familias no nucleares presentaban mayores ventajas en el momento de llegada que las nucleares, porque ellas suponían más trabajadores; mientras que las últimas sólo comenzaban a tener mayor Fuente: HI, Registro de lmigrantes, 1920 proporción de productores después de algunos años, cuando los hijos tomaban parte efectiva como fuerza de trabajo. El argumento de que en las familias no nucleares habría más personas de edad avanzada que en las nucleares, no invalida la afirmación anterior. Sacando las personas con más de 60 años, probablemente improductivas, aún así el porcentaje de elementos aptos sería mayor en las familias no nucleares: 560/o y 670/o respectivamente para italianos y cearenses. Es necesario destacar que no todas las mujeres participaban directamente en el trabajo productivo y que, por lo tanto, los porcentajes presentados arriba, tanto en el caso de las familias nucleares como no nucleares, podrían ser menores. Calcular sin embargo la real participación de la mujer adulta en el trabajo productivo se torna un problema de difícil solución. Es que una serie de variables, de lo más diversa, interferían en el aumento o disminución de su participación. 115 �M.S. Beozzo B .: Inmigrantes y café en San Pablo 116 La mujer adulta, así como las menores de 12 a 16 años, era considerada "media azada", o sea que tendría condiciones de producir la mitad que el hombre adulto. Pero en muchos casos, liberadas del "trabajo de la casa", llegaban a trabajar y a rendir tanto como el hombre. Como observó un ex-colono: Oh! sí trabaja. Había una mujer allá, qué barbaridad. Yo tengo una cuñada ... Ella desafiaba a cualquier hombre con la azada ... En la cosecha hay mujeres que cosechan más que los hombres ... Ella trabaja más en serio. .. "; w;fl:t;;;:"':' '•. ., , ijíi 1,> , r, i,i: . t., ::,.., 1 l j ' '. / 117 Siglo XIX Con los datos presentados en los cuadros 8 y 9 se puede verificar que el total general de los individuos de lo~ dos ~rupos (? sea, 55% de los italianos y 60% de los cearenses) tema 12 anos o mas Y, por lo tanto, eran considerados aptos para el trabajo. Una muestra significativa de estas mismas familias, localizada en la documentación de Santa Gertrudis, en el momento de su llegada a la fazenda, apunta que el 49% de los italianos y también de los ce~~nses eran ''personas de trabajo''. La muestra se compone d~ 26 familias italianas con 126 personas (62 "de trabajo") y 101 familias cearenses con 498 personas (246 "de trabajo"). La ~articipaci~n de la mujer casada y su rendimiento en el trabajo productivo del cafe y en el de su subsistencia dependían también del mo~ento de_l ci_clo vital familiar en el cual se encontraba el grupo. Silva D1az YOhve1ra observaron en sus investigaciones sobre el colonato para un período más reciente, que el nacimiento de los hijos colocab~ ª.la mujer impedimentos para la ejecución de su trabajo, exigía su atención constante y aumentaba su tarea en la casa. Cuando los hijos comen~aban a ~recer, liberaban a la mujer para la labranza, y cuando los niños teman 7 u 8 años ya realizaba varias tareas domésticas. Finalmente a medida que los hijos crecían, asumían sus funciones en el trabajo productivo y la madre podía retornar a los domésticos. Aunque esto es para un período reciente, se cree también es válido para los anteriores (Silva Díaz, 1981; y Oliveira, 1982). Si se parte entonces del presupuesto de que todos los ho~bres mayores de 12 años eran trabajadores efectivos, podría deducuse que la diferencia entre los porcentajes presentados (550/o - 490/o = 60Jo para los italianos· 600/o - 490/o = 11 O/o para los cearenses) fincaba en las mujeres con más de 12 años que no participaban del trabajo productivo. Todavía hay que considerar, en cuanto al trabajo productivo de la mujer, los aspectos culturales. En este sentido hay una interesante declaración de Maistrello donde muestra que los casamientos entre nacionalidades diferentes, aunque menos comunes, no eran raros. Existían Aplicándose estos porcentajes a las 26 familias identificadas en la documentación de Santa Gertrudis, se obtiene que 70 de 126 personas deberían tener 12 años o más (36 hombres y 34 mujeres). Si todos los hombres con 12 años o más fueran considerados trabajadores, y si el total de trabajadores era de 62, se concluye que de las 34 mujeres, apenas 26 estaban incluidas en la fuerza de trabajo, o sea 23 .50/o de ellas no estaban entre las consideradas "personas de trabajo" . casos de casamiento de hijas de extranjeros con hombres de color, hecho éste que tiene explicación en el hábito del nativo de dejar siempre a la mujer en la casa para realizar los quehaceres domésticos, cuando el extranjero por el contrario la lleva para el trabajo pesado del campo (MaistreJio, 1982: p. 554). Estas actitudes demuestran la dificultad de obtener una real representatividad de la mujer casada en el total de la capacidad productiva de las familias, ya fuere en el cafetal o en la labranza de subsistencia. Sin embargo, un ejercicio con los datos recolectados permitieron que se especulase un poco más sobre el trabajo de la mujer, y que se llegase a algunas evidencias. Tomando como verdadero dicho presupuesto, fue posible entonces obtener la proporción de mujeres que participaban o no de la fuerza de trabajo. En el caso de las familias italianas encontradas en la documentación del Hospedaje de los Inmigrantes, había 313 personas de las cuales 173 eran mayores de 12 años (89 hombres y 84 mujeres)~ o sea, 55.30/o de las mismas. De ellas 51 O/o eran hombres y 490/o muJeres. Siguiendo el mismo razonamiento para el caso de l_as familias cearenses, en la documentación del Hospedaje de los Irurugrantes fue posible verificar que 60.30Jo de las personas tenía 12 años o más. De éstas, 470/o eran hombres y 530/o mujeres. Estos porcentajes aplicados a las 101 familias cearenses identificadas en los documentos de la fazenda muestran que 300 personas tenían 12 años o más de las cuales 141 eran hombres y 159 mujeres. Por lo tanto, de un tdtal de 246 trabajadores, 105 eran mujeres. En otros tér- �118 Siglo XIX mínos, del total de mujeres el 34% no estaba incluido entre las "personas de trabajo". Por lo tanto, si los presupuestos fuesen correctos, los cearenses tenían proporcionalmente una cantidad menor de mujeres que se ocupaban del trabajo productivo respecto de los italianos, entre quienes más de 3/ 4 partes de las mujeres eran consideradas como fuerza de trabajo. Nupcialidad y fecundidad: algunas indicaciones Además de la contribución de la mujer para el trabajo productivo de la unidad familiar, las fuentes ofrecen algunas indicaciones relativas a nupcialidad y fecundidad. Retomando los números del cuadro 7, se verifica que las edades medias de los hijos de las familias nucleares italianas y cearenses están bastante próximas, aunque las edades de los padres italianos alcancen valores más bajos que las de los cearenses. Esto por sí sólo conduce a la suposición de que la edad media al casarse era más alta para los italianos que para el grupo nacional. Tal constatación es reforzada cuando se calcula la edad del hijo más viejo que aparece en los registros. Para los italianos era de 9.6 años; por lo tanto, este hijo habría nacido cuando la madre tenía 24.2 años y el padre 27 .8. Para lós cearenses, la edad promedio del hijo mayor era de 8.1, lo que demuestra que la madre al concebirlo tendría 19.3 y el padre 22.6 afios. Aunque no se puede saber si el hijo mayor era realmente el primero, estos datos son indicativos de que las parejas cearenses -en las primeras décadas del siglo XX- se uruan antes que los italianos a fines del XIX4 • 1 l i J ....., No hay manera, con estas fuentes, de obtener directamente tasas de nupcialidad, fecundidad y mortalidad. Pero pueden ser practicadas algunas observaciones en relación a los hijos tenidos y sobrevivientes en el momento del ingreso de estas mujeres, entre 15 y 49 años, y así abrir algunas pistas respecto a la fecundidad. Los cuadros 10 y 11 indican que las mujeres italianas comprendidas en las franjas etarias de 15 a 34 tenían en promedio menos hijos que las cearenses. Esto ocurría porque los cearenses se casaban antes y tendían a espaciar el nacimiento de los hijos en una fracción de tiempo menor que las italianas. Los datos existentes para las mujeres con dos hijos o más mostraron (en el 68.5% de los casos examinados) que el tiempo entre el nacimiento de un hijo y de otro variaba de 1 a 2 años para los cearenses, mientras que para las italianas (70.5%) oscilaba de 2 a 3 años. Llama la atención inclusive el hecho que un aumento ma- M.S. Beozzo B. : Inmigrantes y café en San Pablo 119 yor del número promedio de hijos ocurría en el pasaje de la franja de 25-29 afios a la de 30-34 afios, y que en el caso de las cearenses este aumento llegaba a ser de 2.1 hijos; en otr~ p~abras, pasaba de 2.5 hijos a 4.6 hijos, mientras que para el grupo 1tahano pasaba de 2.0 para 3.0 hijos. Entre tanto la tendencia de las mujeres cearenses a tener un número promedio 'mayor de hijos que l~s ita~a~as ocurría apenas h~t_a los 30 afios. A partir de ahí la tendencia se mvierte en favor de l~s.últ1mas. Pero la pequefia frecuencia de mujeres cearenses en las ultimas franjas etarias del período reproductivo d~ja dudas e~ cu?nto a esta afirmación, así como sugiere algunas cuestl~:mes: ¿que vanables estarían interfiriendo en los resultados? ¿las muJeres cearenses en las edades más avanzadas del período reproductivo estarían sujetas a una tasa de mortalidad mayor que las otras? ¿problemas ligados a la salud estarían interfiriendo en la capacidad reproductiva de estas mujeres, más en uno que en otro grupo? CUADRO JO FAMILIAS ITALIANAS (1897-1902) número medio de lújos, sobrevivientes por mujeres casadas en el momento de su ingreso al cultivo del café Número Grupo de de hijos Total Total Prom. Edad o 1 2 3 4 s 6 15-19 1 1 - - - - - - 2 1 0.50 20-24 3 2 2 1 - - - - 8 9 1.13 25-29 1 2 7 2 1 - - - 13 26 2.00 30-34 - 2 2 6 3 - - 1 14 43 3.07 35-39 - - 3 3 3 2 - 1 12 44 3.67 40-44 - 2 - - 2 2 - 2 6 20 3.33 45-49 - - 2 - 2 1 - 1 6 24 4.00 Total 6 9 16 12 11 5 o 61 167 2.74 7 3 Mujeres Hijo! Hijos Fuente: HI, Matrícula dos lmigrantes e Registros de Immigrantes, 1897-1902. �120 Siglo XIX M.S. Beozzo B.: Inmigrantes y café en San Pablo CUADRO 11 FAMILIAS CEARENSES (1920) No. medio de hijos sobrevivientes por mujeres casadas en el momento de su ingreso a1 cultivo del café Grupo de ·, l j ~. de hijos Total Total Prom. Edad o 1 2 l 4 s 6 7 8 9 10 15-19 5 3 2 - - - - - - - - 10 7 0.70 20-24 9 12 6 9 - - - - - - - 36 51 1.42 25-29 3 6 7 5 5 3 1 - - - - 30 76 2.53 30-34 1 - l 7 2 - 3 3 1 - 1 19 88 4.63 35-39 2 l - 2 2 - l l - - - 9 28 3.11 40-44 l - - - 2 - - 1 - - - 4 15 3.75 45-49 - - - 1 - - - - - - - 1 3 3.00 21 22 16 24 11 3 5 5 l - l Total 1 Número Mujeres Hijos Hijos 109 268 12.46 Fuente: HI, Registros de Immigrantes, 1920. Nota: fueron retirados cuatro casos cuyas informaciones eran imprecisas. ¡,. ,. ·l J .. . Estas cuestiones, aún sin respuestas, apuntan a la necesidad de inve_rtir más tiempo_en la investigación para conocer mejor el comportamiento reprodu~t1vo de estas mujeres en las regiones de origen y, así, detectar las posibles alteraciones ocurridas durante su inserción en la agricultura cafetalera. CONSIDERACIONES FINALES Este retrato de las familias inmigrantes italianas y cearensc,s, en el mo~ento ex~cto de su introducción en la labranza del café, muestra que (mdependientemente de su origen extranjero o nacional) eran en su mayoría nucl~~res, basta_n_te jóvenes y de un tamafio relativamente pequefio. Tan:ibien las famihas_ no nucleares o ampliadas eran pequefias en promedio, aunque ofrec1an una estructura etaria más vieja que las nucleares. 121 Esto demuestra que a pesar de la propaganda para atraer mano de obra para el café e insistir en conseguir familias numerosas y con muchos brazos, como querían los fazendeiros, y que los observador~ italianos desaconsejaban a las famiglia piccole emigrar para el Brasil, eran éstas las que se dirigían a las fazendas. Y cuando la migración nacional substituyó a la internacional, las familias venidas del noreste del país poseían un tamafio semejante al de las europeas y eran, aún, más jóvenes. Tales evidencias tiran por tierra las afirmaciones, consagradas y repetidas por muchos, de que las familias inmigrantes eran grandes. Por otro lado, un análisis comparativo entre los dos grupos estudiados (italianos y cearenses) constató ciertas diferencias. Las familias no nucleares aparecían en mayor proporción entre las cearenses que entre las italianas: en su composición, las primeras incluían elementos que se presentaban en una gama más variada, con diferentes grados de parentesco en relación al jefe, que las segundas. Las familias italianas mostraban una estructura etaria ligeramente más vieja que las cearenses: se formaban más tardíamente, ya que la edad promedio para casarse era más alta. Las familias no nucleares en ambos grupos, a su vez, poseían también una estructura etaria más vieja que las nucleares y consecuentemente un mayor porcentaje de trabajadores. En tanto las no nucleares llegaban a tener 68% y 70% de elementos aptos para el trabajo productivQ., (italianas y cearenses, respectivamente), las nucleares cont~nían para estos grupos 520/o y 54% de elementos que podrían tomar parte en la fuerza de trabajo familiar. Los datos recolectados permiten suponer que, en cuanto al trabajo productivo de la mujer con más de 12 años, era realizado por lamayoría de ellas. En el grupo italiano en una proporción más alta. En otras palabras, del total de mujeres italianas, las que no trabajaban la tierra sumaban una menor proporción que entre las cearenses. Además fue posible presuponer la existencia de comportamientos diferentes entre los dos grupos estudiados en relación a la nupciaijdad, en cuanto al número promedio de hijos sobrevivientes que tenían las mujeres en las diferentes franjas etarias del período reproductivo y en relación al espaciamiento entre los nacimientos de los hijos. Las mujeres cearenses se casaban antes, poseían hasta la edad de 34 años un número promedio de hijos mayor que las italianas, y presentaban un espaciamiento menor entre un nacimiento y otro. Dudas surgidas, prin- �122 Siglo XIX cipalmente respecto al comportamiento reproductivo de las mujeres con más de 35 años, sugieren una continuación de los estudios en este sentido. Como estas familias se adentraban en el cultivo del café todavía jóvenes, la posibilidad de ampliarse continuaba abierta. Estudios realizados para las familias de la fazenda de Santa Gertrudis en la segunda década de este siglo indican que poseían un promedio de 7 personas (Bassanezi, 1986). Tamaño éste que no puede ser considerado muy grande, pero sí mediano, teniendo en cuenta criterios actuales que consideran pequeña una familia con 4 ó 5 elementos. Relacionando el tamaño de las familias, su fuerza de trabajo, su producción y salario y otros ingresos monetarios, estos estudios condujeron a la constatación de que el sistema de organización del trabajo en la fazenda de café paulista, si tenía que ver con el tamaño de la familia, no era por las ventajas económicas de los hijos. Los datos evidenciaron que, mucho más que el tamaño de la familia, era la cantidad de trabajadores lo que respondía por la producción y el rendimiento de la unidad familiar (era la capacidad de trabajo la que determinaba el número de pies de café a cuidar y, consecuentemente, la cantidad de tierras disponibles para la labranza de subsistencia). Más aún, y sobre todo, era la relación productor- consumidor la gran responsable por el éxito o no de la familia dentro del colonato. • 1 ' 1 ~-. 1 '. .. ••!I;, J ·~ Como el aumento de la fuerza de trabajo no ocurría en la misma proporción en que crecía la familia, el colonato acomodaría con éxito, por un tiempo limitado, a familias que se encontraban en un período favorable de su ciclo vital, donde la relación productor-consumidor estuviese bastante próxima a uno (incluso en este caso, las familias pequeñas y medianas conseguían obtener saldos relativamente más altos que las familias mayores). Por consiguiente, este régimen de trabajo no aparecía como muy viable para las familias donde esta relación fuese menor a 0.5. Es preciso recordar, sin embargo, cuáles variables, difíciles o imposibles de cuantificar, estaban también interfiriendo a cada instante, aumentando o disminuyendo la expectativa de éxito de la familia: las condiciones de trabajo ofrecidas por los fazendeiros (que podían variar de año en año), la postura de la familia en relación al trabajo, sus condiciones de salud y aquellas impuestas por la propia naturaleza, entre otras. M.S. Beozzo B.: Inmigrantes y café en San Pablo 123 Todo esto, por lo tanto, debe ser tenido en cuenta para entender porqué muchas familias, con tamaño y composici~n diferen_t~ unas de las otras, llegaban a obtener al final del año agncola rendimientos brutos y saldos bastante semejantes. Aunque estas evidencias inclinen al investigador a descartar el régimen de colonato como uno de los responsables por el tamaño de la familia que predominó en las áreas de plantación del café, ello sería una actitud prematura. A pesar que la investigación hasta ahora realizada ha conseguido algunos avances, solamente un estudio que acompañe a estas familias en el tiempo, y que informe sobre el comportamiento de la nupcialidad, fecundidad, mortalidad y permita la comparación con familias bajo otras experiencias, estaría en condiciones de presentar una respuesta conclusiva a esta cuestión: la forma como estaba organizado el trabajo en las fazendas de café paulistas, ¿tuvo influencias en el comportamiento demográfico del período? NOTAS 1. Estudios recientes corno los de Hall y Stolcke, por ejemplo, tienden a ver el colonato no sólo como resultado de la ausencia de un mercado de trabajo, de la abundancia de tierras y la escasez de capital, sino tambien como producto final de años de experiencia de los fazendeiros para implantar una fuerza de trabajo barata y disciplinada. En este sentido des.tacan la interrelación entre la explotación del trabajo y la resistencia de los trabajadores que tornaron al proceso económico y político, al mismo tiempo: "la dinámica de la situación resultó tanto de las r~ones económicas de los fazendeiros como del poder de negociación utilizado por los trabajadores al resistirse a las imposiciones" (Hall y Stolcke, 1983: p. 81). A ~u vez, AJvim demuestra que el colonato se presentaba como una forma de trabaJo bastante próxima a la desarrollada en el país de origen de los inmigrantes. Según esta autora, el sistema evitaba la destrucción del núcleo familiar, "única arma para escapar de la proletarización inminente". "Por eso (los colonos) luchaban todo lo posible para mantener cultivos de subsistencia y la unidad familiar, pautando su comportamiento con los valores de su sociedad de origen. Y lucharon al mismo tiempo, para ser reconocidos en un país en el cual el trabajo y el grupo del trabajador eran meros objetos que los fazendeiros manejaban en su provecho." (AJvim, 1986: p. 114). 2. Entre estos autores se citan: Bassanezi, 1973; Silva Dias, 1979; SalJum, Jr., 1982; Holloway, 1984; Paiva, 1985; Stolcke, 1986. 3. Era limitado el número de bienes que necesitaba comprar el colono. Estos bienes, no producidos por la familia, eran adquiridos en el almacén o proveeduría de la fazenda o en los almacenes de las poblaciones y ciudades vecinas, a través del sistema de libretas y de pagos al finalizar la cosecha. 4. Entre 1871 y 1881 la edad promedio de la mujer italiana al casarse era de 24 años (Cippolla, 1965: pp. 582-583). �124 M.S. Beozzo B.: Inmigrantes y café en San Pablo Siglo XIX BIBLIOGRAFIA Alvi.m, Zuleika M. F.1986 Brava Gente. Sao Paulo, Editora Brasiliense. Barreiro, José Carlos 1986 Campesinato e Capitalismo. Campinas, Editora da UNICAMP. Bassanezi, M.S. C . 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El movimiento de la población y la posibilidad de que ésta encuentre sus condiciones de reproducción en el lugar de origen, o tenga que abandonarlo desplazándose hacia otras partes, es uno de los problemas cruciales para cualquier estudio donde se quiera entender la forma en que los hombres comunes viven los fenómenos económicos y sociales generales. . l¡ .,, En las próximas páginas 1 intentaremos comunicar el resultado de nuestras investigaciones sobre los movimientos de la población, y su relación con los períodos económicos y grupos sociales, en una de las regiones del Ecuador: la de Cuenca2, ubicada en lo que hoy son las provincias de Azuay y Cañar. Principalmente observaremos la existencia de comportamientos diferentes e incluso contrapuestos de la población en distintos momentos. En un primer momento, de retracción de las relaciones mercantiles extrarregionales -cuando la región se mueve dentro de sus propias fronteras-, encontraremos un crecimiento sostenido de la población sin mayor emigración. En un segundo, la activación mercantil y de las relaciones con el mercado mundial coincidirán con traslados de la población como opción a las dificultades de diverso orden que debe enfrentar para su reproducción. Cabe señalar que no sólo nos hemos preguntado sobre la relación general entre movimientos de población y períodos económicos sino • Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). La autora agradece las sugerencias y comentarios de Eduardo Míguez, cuya · colaboración y paciencia hicieron posible este artículo. �S. Palomeque: Movimientos de Población en Cuenca 128 también cómo se da este proceso dentro de los distintos grupos sociales, subdividiéndolos de acuerdo a sus pertenencias al mundo rural o urbano, a economías campesinas o de haciendas y también a su localización dentro del espacio regional. 1. ALGUNOS ELEMENTOS GENERALES SOBRE LA REGION Durante el siglo XIX nos encontramos frente a la conformación de los nuevos espacios administrativos republicanos luego de la ruptura del pacto colonial. En el Ecuador se encierra en una frontera común a un conjunto de regiones con identidades históricas propias y cuya integración en un proyecto nacional ha significado un largo camino que, incluso, llega hasta el presente. ~ ;;. ~ 1 1 1' .. .. lb~: 'lo.; ¡. ., ~,, ' .. 129 Siglo XIX La región de Cuenca, durante los últimos años del período colonial, ya es un espacio definido con características propias con respecto a las regiones vecinas, con una vida económica, política y social nucleada alrededor de la ciudad de Cuenca, y con sus especializaciones productivas regionales orientadas hacia la exportación al mercado interno colonial y al mercado mundial (Brownrigg, 1978; Deler, 1983; Espinosa, 1981; Miaguashca, 1978; Palomeque, 1979y 1987; Wahburn, 1982). Estas especializaciones productivas consisten principalmente en textiles baratos de algodón y lana que, junto a otras artesanías, se exportan hacia Lima pero también hacia el norte del Perú y a la costa pacífica desde Panamá a Chile. Esta producción -de origen artesanal campesino- vincula a la región con el mercado interno colonial y es la base sobre la que funciona el resto del sistema mercantil. Junto a ella también existe la exportación de cascarilla3 hacia el mercado mundial, vía monopolio comercial español. En el segundo cuarto del siglo XIX la región verá disminuida significativamente sus relaciones con el mercado externo al suspenderse las exportaciones de cascarilla a España y también las de sus textiles por la competencia de los de origen inglés en los mercados del Pacífico, quedando así reducida a sus propias fronteras económicas. Hacia 1850 se reinicia la vinculación con el mercado mundial a través de un ciclo intenso de exportación de cascarilla, que dura hasta 1885. Aquí se dinamizan nuevamente todas las relaciones mercantiles y esto, entre otras cosas, permite una fuerte acumulación de dinero pero sin que existan modificaciones en las estructuras sociales regionales4. Cabe señalar que - en el último cuarto del siglo- se da un fuerte auge de las exportaciones del cacao que se produce en las tierras bajas de la región vecina de la costa, cercana al puerto de Guayaquil, área q?e se caracteriza por su clima malsano y una escasez de población agudizada por las demandas de la producción cacaotera. Esta situación junto a la interrupción del ciclo cascarillero en 1885 y a que la regió~ d_e Cuenca no despliega ninguna economía sustitutiva hasta fines de s1glo_,. hacen que la costa se convierta en el punto de destino de la migrac100 cuencana. Otro elemento general que es necesario conocer es que la región de <?uenca es un mundo completo, con su centro urbano principal en 1~ cmdad de Cu~nca, y rodeado de un vasto espacio rural que a su vez tie~e características diferenciadas. Si bien en términos generales puede decrrse _que 1~ mayo_r parte de la población es campesina, debe anotarse la eXJstencia de diver_sas estructuras de distribución de la tierra. Hay zonas donde predomman grandes unidades de producción -las ' ' haci~?~as''--;;, otras do~~e las medianas unidades son más importantes -:-las fincas - Ytambien zonas donde la gran mayoría son campesinos que controlan pequeñas unidades con muy poca tierra5 • 2. LOS MOVIMIENTOS DE LA POBLACION Investigacion~ anteriores ya habían realizado serios aportes sobre esto~ temas. To~as ellas concluyen que existió durante el XIX un crecimiento sosterudo de la población combinado con migración hacia la Costa,el.que ~dquiere mayor ~ntensidad ~acia fines del siglo (Chiriboga, 1980, Espmosa, 1982; Espmosa y Achig, 1981; Estrada Icaza, 1977; Hamerly, 1973; Wahburn, 1982). _E ste trabajo.?º contr~dice ni discute aportes brindados por los invest~gadores recien mencionados6, sino que ha incorporado sus conclusiones ~enerales sus sugerencias, integrándolos como una de las f~entes de mformacion. Lo que modificaremos es el sesgo que orientara las pre~untas, en t;anto trataremos de estudiar los movimientos de la ~~blac1on en relación a la dinámica que se vive en el interior de la reg100. r Es indudable ~l cre~i,miento demográfico de la costa cacaotera alimen_tad? por 1~ _nugracion serrana, pero lo importante para nosotros es dil~c1dar quienes son los migrantes, a qué grupos sociales pertenec~n, ~i se trata de migración definitiva que rompe con la sociedad originana o es _te~poral (en búsqueda de recursos) y cuáles son los ele~ent~s_que_mciden en 1~ deci~ión de ª?andonar el lugar de origen. En smtes1s.- c_uales son las s1tua~!ones reg10nales internas que posibilitan el mov~fillento de ~a poblacion. Además, ese movimiento no sólo se da hacia la<;osta smo_q~e ~ambien_existe dentro de la propia región, donde adquiere una dmanuca propia -y previa- a la alternativa ex- �130 Siglo XIX trarregional. Todo esto se conjuga con los ciclos económicos regionales y las posibilidades físicas de reproducción dentro de la región. Estimamos que las conclusiones a las que arribaremos, al igual que las de los otros investigadores, deberán ser modificadas y revisadas en futuros trabajos que consulten archivos parroquiales. En todos, hasta el momento, nos hemos basado en estimaciones de población realizadas por distintos funcionarios del Estado con sistemas pre-estadísticos. 1 l i -1-. .... . '• • ,.~I 1 J '. ..,.. ~ 131 medianas seguidas por la pequeña y escasa presencia de haciendas9• Gl'l!po 2: con localización central, vinculadas al mercado de Cuenca Y también del de Azogues'º. Predominio de unidades de producción grandes Y medianas, siendo casi inexistentes las pequeñas 11 • 3. LAS FUENTES Y SU TRATAMIENTO Grupo 3: localización centro-oriental, con difícil acceso a los mercados de Cuenca y Azogues. Claro predominio de pequeñas parcelas acompa_ñadas de escasas medianas y grandes unidades de producción 12• Los documentos pueden clasificarse en dos grupos: a) las estimaciones de población en general; b) las planillas originales de censos. G~upo 4: localización occidental, limítrofe con la zona de descenso hacia laCosta. Predominio de la gran propiedad territorial 13 • El análisis de esta documentación ha sido prolongado y complejo. En un primer momento se concentró sobre las fuentes más confiables: las planillas censales y los análisis demográficos realizados por otros investigadores. Posteriormente se incorporaron datos de las estimaciones generales de población, en tanto que las conclusiones globales que se desprendían coincidían con las de las planillas censales y con el proceso socioeconómico que se vivía en la región . (!rupo 5: l?Calizadas en la zona oriental, cercana a tierras cálidas al .º~ente Y, al igual qu~ el grupo 4, lejos de Cuenca y Azogues. Predomtruo de la gran propiedad 14. Las estimaciones de población en gen'eral 1. S. Palomeque: Movimientos de población en Cuenca Se han localizado catorce estimaciones generales de la población7 pero la información que cada una entrega no es homogénea. En casi todas se incluyen parroquias y cantones pero no todas comprenden la provincia de Cañar. Todas subdividen la población entre hombres y mujeres pero pocas diferencian la población infantil, la ocupación o la "raza". Parte de la información ha sido desechada, otra ha sido corregida8 . También se ha modificado la subdivisión administrativa: al respecto se adoptó la existente en 1825 y se la mantuvo durante todo el siglo. Con las parroquias rurales -muy numerosas- se conformaron grupos semejantes y para ello se cruzó la información de población con la que se tenía sobre tenencia de la tierra y con criterios de localización geográfica respecto a los distintos mercados. Se conformaron cinco grupos: Grupo 1: con localización central y vinculación directa con el mercado de la ciudad de Cuenca. Predominio de unidades de producción Estas su~di~isiones entre población de la provincia de Azuay y Cañ_ar, de los distintos cant?nes, de la población rural y urbana, de los cmco grupos de p~oquias. rurales, etcétera, permitirán comparar y ?bservar !os movurnentos diversos de la población al interior del conJunto regional. Planillas originales del censo de 1871 De_ las planillas originales del censo de 1871 se seleccionó a tres parroquias: San Sebastián, una parroquia urbana, y Molleturo y San Cristó~al? que ~on rurales. Se ha elegido a estas parroquias por sus caractenstlcas diversas y por. la posibilidad de que su conjunto representa un~ muestra de la variedad de situaciones existentes en el interior regional15• Mollet~ro se divide en dos secciones: Molleturo, que es el centro de parroqwa, YChaucha. La parroquia se encuentra en el límite occid7ntal de la provincia, a unos 2 500 metros de altura y en las estribaciones mo~taño~as _que b~jan hacia la costa. Por allí pasa el camino del NaranJal, pnnc1pal VJa de comunicación de la región en el XIX. . Existe cierta diversidad entre sus dos secciones. Molleturo está hab!ta~a por una ~omunidad indígena especializada en el conocimiento tec°!co del cammo del Naranjal, sumamente valiosa para los contemp~r~eos, Yque logra una relación especial con el poder político provmctal. Sus tierras son de comunidad y, en general, puede percibirse �132 Siglo XIX como un grupo que resiste mejor que los demás indígenas las exacciones a las que son sometidos. Chaucha tiene otras características. En sus tierras se encuentran algunas haciendas junto a los pequeños y medianos productores. Parece ser la zona de una comunidad indígena sobre la que se ha superpuesto un desplazamiento de población blanco-mestiza. También por sus tierras pasa un camino a laCosta que es de menor importancia que el del Naranjal. La población de ambas secciones aparece como exclusivamente agrícola pero es licito suponer, por su localización, que se combina la agricultura con la arriería ( cuadto 1) Si c.onsideramos que la presentación del listado censal es un indicador de los criterios sociales válidos para los informantes, cabe mencionar que en Molleturo la lista comienza por el padre del Teniente Político (en segundo lugar sigue éste) y que ambos son indígenas; luego vienen todos tos varones, todas las mujeres y, al final, se anota al cura. En Chaucha no se observa esta jerarquización y la preeminencia de los apellidos indígenas es menor. ' .' ...' 1 1 i ' 1 '• . ,:!~I I:!'' - .....,. San Cristóbal se encuentra en la zona centro-oriental, con su cabecera parroquial situada a unos 2 800 metros ·de altura, en las cercanías del río Paute . Su población combina agricultura con artesanía. Los hombres en su mayoría son agricultores pero un 150Jo son registrados como sombrereros; las mujeres son artesanas, la mayoría hilanderas y un 100/o son sombrereras o costureras. A esta parroquia se la puede caracterizar como una zona de pequeñas unidades de producción de tipo familiar, con combinación de agricultura y artesanía. u,11 S. Palomeque: Movimientos de población en Cuenca 133 mos considerado que esto es un indicador de la presencia de migrantes rurales de especialización artesanal poco calificada, que constituyen un sector con fuerte movilidad. En la presentación de las listas censales no se registran apellidos ni familias que ocupen lugares prominentes, pero se observa que comienza la lista con los hombres adultos, luego con las mujeres adultas y siguen los niños. Si en las zonas de Molleturo, de trabajo comunal agrícola, vimos que se pone en primer lugar a los hombres, si en la de San Cristóbal, de economías familiares, el criterio de ordenamiento está dado por las unidades familiares, en San Sebastián encontramos que no se encuentran familias o personas importantes encabezando la lista. Esta es una sociedad urbana de artesanos de migración reciente y las mujeres adultas ocupan el segundo lugar de la lista, en correspondencia con la importante situación económica que allí detentan. El 670Jo de las mujeres se ocupa de actividades artesanales, un 70/o de actividades vinculadas a la venta de alimentos (gateras, pulperas, chicheras, etcétera) y sólo un 260/o mantiene vinculación con la agricultura. Los hombres adultos, menos numerosos que las mujeres, están más vinculadas a la actividad agrícola: un 750Jo son agricultores y el 250Jo son artesanos -sobre todo sombrereros-. En síntesis, la mayor parte de los migrantes son mujeres y su ocupación es artesanal. Estas son las tres parroquias estudiadas: diversas en lo económico y en lo social, estimamos que representan un conjunto diferenciado e integrado en la vida regional. Su análisis se constituyó en el mejor indicador de los movimientos de la población de esta investigación. Aparte del estudio individual se las agrupó en un cuadro de síntesis que se estima representativo del movimiento poblacional regional. 4. LOS MOVIMIENTOS DE LA POBLACION ANTES DE 1871 (ANALISIS DE LAS PLANILLAS CENSALES) El listado censal se presenta por agrupaciones familiares en orden de jerarquía: primero el padre, luego la madre, siguen los adultos incorporados (abuela viudo, tía soltera, etcétera) y luego los hijos por orden de edad. La familia que comienza la lista es la del cura y, al final del listado, como encerrándola, está la familia del Teniente Político. A través del análisis de las planillas censales se pueden observar principalmente tres procesos: a) los movimientos de la población antes de 1871; b) la migración masculina dentro y fuera de la región; c) la migración femenina interna a la región ( gráficos 1-2-3-4) La parroquia de San Sebastián, en su sección primera, es totalmente urbana y pertenece a la ciudad de Cuenca. Tradicionalmente se la ha calificado como centro de residencia de sectores populares urbanos. Observando la población de esta parroquia durante todo el siglo se detecta que sufría fuertes oscilaciones en el total de su población, y he- Los movimientos de población antes de 1871 16 Este proceso hay que observarlo en las pirámides de población, en el sector de las mujeres y tomando como referencia el año de nacimiento, dejando de lado el sector de los hombres por las deformaciones que produce la migración. �134 Siglo XIX En las tres parroquias, y sobre todo en su suma, se puede trazar una línea oblicua que va desde 1812 a 1851 y también podemos ver que la línea salta entre 1832 y 1841/6. La inclinación oblicua de la línea implica un rejuvenecimiento de la población que se vuelve más intenso en el momento del salto. Desde 1851 hasta 1861 la línea se vuelve vertical, y desde 1861 en adelante vuelve a inclinarse pero en un grado menor al del perído 1812-51. La linea vertical implica un período de estancamiento de la población, que es seguido por un rejuvenecimiento, aunque menor que en la primera etapa. Esta línea imaginaria es fácil de observar en la suma de las tres parroquias y también en Molleturo, que no tiene migración femenina. Considerando que esta información unifica tramos de 5 y de 10 afios -lo que impide precisar los afios exactos de los movimientos de la población- puede plantearse como conclusión que existe un nota- ble crecimiento de la población durante los años comprendidos en las décadas del 30 y del 40, que este crecimiento se interrumpe bruscamente en la del 50 y que la población vuelve a crecer -más lentamenteen la década del 60. Estas tendencias coinciden y dan veracidad a lo planteado por las estimaciones generales de población que estudiaremos más adelante. La migración masculina, dentro y fuera de la región Ut 1 Sin duda en 1871 se está frente a un proceso de emigración masculina. Esto se ve claramente cuando se compara la distribución de la población regional con la del Cerro de Paseo (Perú), lugar caracterizado como centro receptor de migración (cuadro 2). La emigración es en su mayoría de hombres solteros. Esto lo confirma el hecho de que las mujeres son el 58% de la población económicamente activa que permanece en la región (cuadro 3), y de ellas casi la mitad está constituida por solteras (cuadro 4). Pocas tendrán posibilidad de constituir familia ya que dentro de la población soltera las mujeres son el 84% y los hombres el 16% (cuadro 5). La migración masculina en los afios previos de 1871 se pudo conocer estudiando la relación entre los sexos en cada segmento de edad. Para ello hay que observar la información de las pirámides (gráficos 1-2-3-4), el coeficiente de masculinidad (cuadro 6) y la serie del año de emigración que corresponde a cada rango de edad (se estimó en 20 años la edad de migración, ya que en los listados censales esa es la edad donde "desaparecen" los varones solteros). Realizada la comparación entre las diversas informaciones se pu- S. Palomeque: Movimientos de población en Cuenca 135 do ver que de 60 afios en adelante, con edad de migración anterior a 1822, el número de hombres es menor que el de las mujeres en las tres parroquias. Esto es más agudo en San Sebastián donde la presencia femenina se toma más importante por la emigración desde el campo a la ciudad. De 50 a 59 años hay una relación normal entre hombres y mujeres en la suma de las tres parroquias. Pero si se observa cada una de ellas se ve que faltan hombres en San Sebastián y hay un exceso en Molleturo. De esto puede inferirse que en el período de 1832 a 1841 no hay emigración hacia fuera del espacio regional, pero sí la hay internamente, y que se dirige hacia la estribaciones occidentales de la cordillera (o quizás se trate de un movimiento general hacia tierras poco ocupadas que se encuentran alejadas de la zona del centro). En el tramo que corresponde a los hombres entre 40 y 49 años, con edad de migración entre 1842 y 1851, la suma de las tres parroquias señala un lento descenso del número de varones, que afecta sobre todo a San Cristóbal. Esto indicaría que hacia 1850 recomienza, lentamente, el proceso de migración, en especial, desde las parroquias con economías familiares y tendencia al minifundio, como San Cristóbal. De 20 a 39 años, con edad de migración entre 1852 y 1871, se detecta una notoria ausencia masculina, mucho más intensa que en el segmento de 40 a 49 años. Esta ausencia emerge en la suma de las tres parroquias, pero es más notoria en San Sebastián y Molleturo que en San Cristóbal. Se ha dado, entre 1852 y 1871, un marcado proceso de emigración, más agudo entre 1852 y 1861. El que la ausencia masculina sea menos notoria en San Cristóbal se debe a que en esa parroquia se da paralelamente una migración femenina hacia los centros urbanos de la región, lo que trae aparejado una mayor regularidad en la distribución de la población entre los dos sexos. La relación entre hombres y mujeres tiende lentamente a normalizarse de 15 a 19 afios, pero no en el grado que era dable de suponer. Esto puede deberse a que algunos hombres migran cerca de los 18 años, cuando comienzan a tributar o prestar servicios al Estado. La información es irregular para los de menos de 14 años: por ello se consideró incorrecto desprender conclusiones de estos datos. En síntesis, esta información permite suponer que basta 1825-30 se da un proceso de emigración masculina que, combinada con la mor- �136 .... --;¡ -· l't', f • 1 t"• ~~ ~ ... ;.:, :1, - -f • : 1 • l •t..' 1 S. Palomeque: Movimientos de población en Cuenca 137 talidad de las guerras de la Independencia, origina la ausencia de varones det~da. En el período que va de 1830 a 1850 no hay emigración en térnunos generales, salvo la población de las zonas minifundistas que ya antes de 1850 comienza lentamente a desplazarse fuera del espacio. Sí hay movimientos intrarregionales. En la década del 50 se da un P!º~º marcado de emigración masculina fuera de la región, que continua en los 60 pero con menor intensidad. ciendas en sus tierras. Si en Molleturo hay ausencia de hombres solteros pero también de casados, en San Cristóbal en su mayoría faltan solteros. En Molleturo las mujeres -solteras o casadas- no migran; en San Cristóbal migran las mujeres cuando no pueden conformar familia. En Molleturo las mujeres están asentadas como población agrícola, en San Cristóbal como artesanas, a pesar de que podemos suponer que en ambos lugares desarrollan ambas actividades (cuadros 1.4 La migración femenina y 5). El perfil femenino de la pirámide de San Sebastián muestra una irregular y abultada población femenina adulta que luego desaparece en la _sum~ de las tr~ parroquias. Esto permite pensar que hay una clara !1llgra~1ón fememn~ desde el campo hacia la ciudad, que toma distinta mtens1dad en los diferentes períodos. Estos datos aluden a dos comportamientos diversos cuando se podría haber supuesto lo contrario. Puede pensarse que en Molleturo parte de los hombres emigran pero lo hacen en forma estacional o durante el período en que se los denomina "económicamente activos"; luego retornan cuando son mayores (ver el sector de ancianos del gráfico 2). Mientras los hombres migran, la comunidad queda responsable de la reproducción de las familias, lo que se realiza con fuertes contingentes de trabajo femenino -de casadas o solteras-, y al retomo de los hombres éstos incorporan recursos monetarios que permiten una mejor reproducción económica de la comunidad. E, incluso, queda abierta la posibilidad para las mujeres de casarse en algún momento. En 1871 la migración es de mujeres solteras mayores de 25 años. En la suma de las tres parroquias las mujeres solteras constituyen el 43% d~ la población femenina adulta en el promedio general. En San Sebastlán sobrepasan la media y alcanzan a un 62% en San Cristóbal están por debajo con un 36% y en Molleturo son ;l 430Jo, igual que el general (cuadros 4 y 5). ' • ,111 " Siglo XIX La conclusión es que hay un traslado de mujeres desde parroquias n.u:ales como San Cristóbal hacia la ciudad, pero que en otras parroqwas -como Molleturo- la población femenina no migra. . También h~y coincidencia entre los períodos de emigración masculina de la región y los de la migración femenina hacia las ciudades lo que permite pensar que son parte de un mismo movimiento. Obser: vando la parroquia de San Cristóbal y de San Sebastián en los listados ~nsales originales, viendo las edades de las mujeres solteras que no tte°:en c~ntraparte de solteros masculinos, se ha podido inferir que la m~~er IDigra cuando no tiene posibilidad de conformar su propia familia, a una edad mayor que la del migrante masculino. Otro indica??r de la_s dificultades que tienen las mujeres para conformar una familia lo bnnda la parroquia de San Cristóbal donde pueden verse varias parejas de hombres de 50 a 60 años co~ esposas de 20 a 30. Algunas conclusiones Hay ~otorias diferencias _ent!e Molleturo y San Cristóbal, ambas parroqwas rurales y ambas md1genas, las dos sin mayor presencia de ha- Este conjunto de datos nos habla de una reproducción social y económica de tipo comunitaria que se condice con los antecedentes que teníamos sobre el acceso a extensas tierras de comunidad, la ocupación masculina en arriería y reparación de caminos, y la presencia de un poder étnico muy consolidado. En San Cristóbal en cambio, hay un proceso de parcelación de la tierra y no se observan elementos que hagan pensar en la existencia de actividades comunales (no se observa preeminencia de ningún grupo étnico ni jefaturas), la producción se halla dispersa en unidades familiares individuales. Es así que cuando un hombre o mujer no tiene acceso a recursos que le permitan conformar una unidad doméstica debe migrar, y sin retomo. No hay en este caso alternativas comunales de reproducción que puedan absorber a ancianos, solteras, etcétera. En cada grupo familiar se nota que algunas familias han incorporado a algún abuelo o tía anciana pero no es lo común (posiblemente se trate del pariente que les legó la tierra que ocupan). El estudio de estos dos casos nos muestra que en las economías agrícolas parceleras de organización familiar, cuanto más atomizadas se encuentren y cuanto mayor sea el proceso de minifundización que dificulte el acceso a la tierra a las nuevas unidades familiares, mayor será la participación de su población en el proceso migratorio sin re- �138 Siglo XIX tomo. En contraposición a esto, los grupos indígenas que logran mantener formas de producción comunales e incluso la dirección de las autoridades étnicas, también se incorporan al proceso migratorio general de la región, pero pueden incorporarlo en beneficio de su propia reproducción, no pierden su población femenina y la masculina retoma. En ambos casos hay migración, una con retomo y otro sin él, pero en un caso sin mayores desestructuraciones y en el otro sí. En ambos casos se da en períodos similares como respondiendo a fenómenos generales externos a los grupos -aunque comunes a la región- pero la respuesta a estas presiones externas dependen de la estructura interna de cada núcleo a nivel social, y no tiene mucho que ver con su localización cercana o lejana de las zonas de atracción. 1 •, .. • ' .• 1 ' ¡: :i, También hay que pensar en el conjunto de la población regional. La emigración de solteros sin retomo y la de solteras hacia las ciudades tienen que originar una disminución de la natalidad, lo que permite no sólo verificar sino también comprender mejor los movimientos globales de la población. Comparando los flujos migratorios masculinos y femeninos con los movimientos de población para antes de 1871, se puede concluir que el crecimiento de la población de los años 30 a 50, que fue muy intenso, se dio por la falta de migración fuera de la región. Esto originó un incremento en las tasas de natalidad notable y es esta población, la nacida entre el 30 y el 50, la que migrará desde los años 50. También podemos concluir en que se está observando un mismo proceso desde distintos análisis estadísticos y que todos coinciden en las conclusiones generales. Las tendencias planteadas en las estimaciones de población serán similares a las que hemos encontrado en las planillas censales. .,, 5. LAS ESTIMACIONES DE POBLACION Y SU RELACION CON LOS PERIODOS ECONOMICOS17 Desde 1825 a 1850 aproximadamente la región vive un período donde se retraen las relaciones comerciales externas y, consecuente a la falta de interés de los sectores económicos dominantes por extraer plustrabajo a los campesinos, se da un crecimiento de la producción agrícola de autosubsistencia. En estos años encontramos un fuerte ascenso de la población originado por la disminución de la emigración y por un mejoramiento en las condiciones de reproducción de la población. Este crecimiento alcanza hasta 1854: la población se ha incrementado en un 86% con res- S. Palomeque: Movimientos de población en Cuenca 139 pecto a 1825, en lo que suponemos un proceso de rejuvenecimiento desconocido para las generaciones anteriores (gráficos 5-6-7-8-9-10). Según veíamos páginas atrás, esta situación se explica por la suspensión de las emigraciones masculinas fuera del espacio regional, y la de las mujeres hacia las zonas urbanas de la región, lo que ocasionaría un rápido ascenso de la tasa de natalidad. Para su mejor comprensión habría que imaginar un espacio habituado al drenaje del sector masculino adulto por las migraciones hacia la Costa desde fines del siglo XVIII y por las guerras de la Independencia (Hamerly, 1973: 65 y 66), el que bruscamente deja de sufrir ese drenaje y se encuentra con un mayor número de adultos en edad de procrear. Desde 1825 a 1849 se da un crecimiento general de la población tanto urbana como rural, y parte de ésta migra lentamente hacia la ciudad de Cuenca: el total de la población de la región aumenta un 36% desde 1825 hasta 1838, mientras que en el mismo período la ciudad crece un 1250Jo; de 1838 a 1849 el total regional aumenta un 20%, mientras la ciudad lo hace en un 660Jo. La población rural no sólo migra hacia la ciudad de Cuenca sino que también lo hace hacia otras zonas rurales regionales, con tendencias que corresponden con el proceso de avance de la agricultura hacia tierras que antes eran de uso ganadero (ver crecimiento parroquias grupo 4). Si se observa el origen de los migrantes se verá que éstos corresponden a parroquias con agricultura minifundista (grupos 1,3) que, muy tempranamente, pierden su capacidad para absorber el crecimiento de su población, o al menos de una parte de ella (gráfico 11). La migración hacia la ciudad ocasiona la aparición de pobladores urbanos desocupados, que rompen con las normas de convivencia habituales. Por primera vez encontramos quejas de las autoridades al respecto: Encargado por las leyes de cuidar la seguridad individual y propiedades de los ciudadanos de estas provincias, he apelado al medio de hacer perseguir a los vagos y malhechores, cuyo número desgraciadamente ha crecido en esta ciudad, en tal extremo que por las noches andan reunidos· de 18 a 20 ladrones, que con frecuentes robos y asesinatos, han hecho desaparecer la seguridad que todos los habitantes de esta ciudad y aun de las parroquias inmediatas han reclamado a esta Gobernación ... Incluso, debemos anotar que no se intenta " disciplinarlos" y convertirlos en trabajadores " libres" dentro de la región sino que se los remi- �140 Siglo XIX te a la Costa: " ... en estas circunstancias be acordado que siendo escasos los brazos en esa ciudad .... _deseo que VS se sirva recibir a los vagos que remito ... " (1846, marzo 27. Del gobernador de Cuenca José Vega y Chica al gobernador de Guayaquil. ANH/SA, F.A.L. 44 f. 102v). También existe un proyecto de enviarlos al oriente -zona extrema de frontera, sin pobladores aún- y dejarlos librados a sus recursos(" ... por necesidad tendrían que ser laboriosos y reformar su conducta ...") y poner en el camino de retorno una partida militar que " .. .les imposibilitaría el regreso... " (1846, julio 7, ANH/SA, L.142, f.32) (cuadro 7). En la década del cincuenta se modifican sustancialmente las condiciones económicas regionales. Se da abruptamente la revinculación con el mercado mundial a través de la exportación de cascarilla lo ,que ocasiona una serie de cambies en muy cortos años. El análisis de la población en esta década puede ser bastante detallado en tanto contamos con mucha información. Las estimaciones de población se han localizado para los años 1849, 1854, 1856, 1857, 1858 y 1861, constituyendo para nosotros el período con mejor relevamiento de datos. • > '. ::a :; 1 l i ~ ·. E .. ,. " ~~ : ' f :- '• =i 1 -.. 11 ...• r.; .:;~ ' "' '" En esta década vemos que se da el desarrollo pleno y la crisis del modelo anterior con crecimiento ilimitado de la población y con tendencia a la concentración urbana. La década culmina con una baja de la población ocasionada por la mortalidad y la emigración fuera de la región, precedida por varios movimientos intrarregionales. A esto lo comprendemos como consecuencia de las bruscas modificaciones en las condiciones de la repr(?ducción de la población: la activación de las relaciones mercantiles origina un notable incremento de las cuotas de plustrabajo para la extracción de cascarilla, la construcción de vías de comunicación y otras actividades. En los primeros años de la economía cascarillera se genera una fuerte concentración de actividades artesanales y mercantiles en la ciudad de Cuenca, ampliándose el mercado consumidor urbano y las parroquias ligadas a su abastecimiento. Es así como de 1849 a 1854 mientras la población total crece un 12%, la ciudad de Cuenca lo hace en un 35%, siguiendo dentro de los comportamientos anteriores. Lo que se modifica es que no sólo crece la población de la ciudad sino también la de las parroquias vecinas y las de las estribaciones occidentales de la cordillera donde se recoge cascarilla. Al mismo tiempo tiende a des- S. Palomeque: Movimientos de población en Cuenca 141 cender la de la villa de Azogues, el centro urbano de Cañar, de localización cercana a la ciudad de Cuenca. Este aumento de población con su veloz redistribución interna que con~entra en la ciudad y sus parroquias cercanas un inusitado contingente de poblaciones, rompe con la relación tradicional que existía entre habitantes urbanos y rurales, ya que el 40% vive alejado de las tareas agrícolas. También comienza a darse un proceso de emigración fuera de la región, todavía en forma lenta. Nuestras referencias de fines de la década del cuarenta nos hacen suponer que en este movimiento participan sobre todo indígenas. Ya a fines del período anterior podían observarse los primeros signos del proceso migratorio que aJiora se incrementa. Esto se infiere de otras investigaciones (Estrada Icaza, 1977:17) y también de referencias documentales, donde se marca la preocupación por la fuga de indígenas tributarios a Loja y Guayaquil: .. .informe de la Contaduría Mayor del Distrito de Azuai.. .los motivos a que se debe atribuir la rebaja que ha padecido el impuesto personal de indígenas es la fuga de muchos de los de la Provincia de Cuenca a la de Loja... (Quito, 1848, agosto l. En El Nacional n. 183) .. .las frecuentes inmigraciones que desde las provincias de Cuencia i Chimborazo hacen a la de Guayaquil en solicitud de jornales para su subsistencia en donde perecen los más, en cada ailo por la diferencia de la temperatura...(M. Hacienda 1848, en El Nacional, n. 206). (tuadro 8). De 1854 a 1861 observamos un brusco descenso de la población en general y sobre todo de la urbana. En siete años la población desciende un 14% y la ciudad de Cuenca pasa de 38 056 habitantes en 1854 a 15 700 en 1861 18 • El crecimiento sostenido de la población con su tendencia a la concentración urbana encuentra el limite a sus posibilidades. Al modificarse -en la década del cincuenta- el sistema económico regional, se tenderá a orientar los esfuerzos productivos hacia la recolección, las obras públicas y otras actividades, mientras los retornos monetarios de origen cascarillero originarán un aumento general de los precios de los alimentos que afectará principalmente a los pobladores urbanos, alejados del acceso a la tierra. Las referencias a los vagos continúan pero se modifica sustancial- �142 mente el proyecto sobre su destino, con una nueva actitud que ya perdurará durante el resto del siglo: .. .los delitos más comunes son robo y heridas ... el primero causado más que por la pobreza por la falta de educación moral y religiosa de la clase indígena y el segundo por la embriaguez y la prostitución y vagancia que han cundido en el país... el abigeato ... causa inmediata del estado de atraso en que se hallan todas las haciendas y hatos de criar ganado ... "i..,..fll:--, t ··.;:';; •• ~-,11t r:.... . ... ;:• .. h • 1' : '" S. Palomeque: Movimientos de población en Cuenca Siglo XIX ...una ley de procedimiento contra vagos y mendigos, breve y sencilla, sería el acto más honroso a la nación y profundamente útil a la sociedad... es obligatorio a las autoridades perseguirlos hasta que se dediquen a alguna industria o se asilen en una casa de refugio... (1858, agosto 4. ANH/Q, Com. y 1854, agosto 2, ANH/SA, F.A., L.61 f.50v). El crecimiento de la población, su concentración urbana, el alza del precio de los productos alimenticios, las coacciones para trabajar, las malas condiciones de salubridad dentro de la ciudad sobre todo, son elementos que se combinan y ocasionan que un fenómeno antiguo tome una dimensión diferente: la peste aparece como el elemento desencadenador del proceso de expulsión y reacomodamiento de la población. Las pestes y enfermedades ya estaban presentes en la vida regional. En 1838 se informaba que" ... en el presente año el sarampión ha desaparecido bastantes niños ... particularmente a los indígenas ... La disentería ha conducido también al sepulcro a muchos hombres, lo mismo que las inflamaciones ... " (1838, diciembre 12. ANH/Q. Com.); y en 1846 hay una peste de viruela (ANH/SA, F.A.L.42, f.54). Pero en 1857 los informes tienen otro "tono" que condice con nuestras estimaciones de población. En 1856 ya hubo un "horroroso terremoto" (12-11-1856) y en 1857 el gobernador informa: " ... en el presente año la mortalidad ha sido considerable con la desoladora epidemia de virual, que ha diezmado la población en todas las parroquias" (1857, agosto 5. Informe del gobernador Valdivieso. ANH/Q, Com.). Sin duda, a pesar del informe del gobernador que habla de "todas las parroquias", esta peste tiene que haber sido muy fuerte en la ciudad por la concentración de la población y las pésimas condiciones sanitarias en las que se vive allí durante todo el siglo XIX. En 1861 encontramos un informe municipal donde consta" ...que 143 la población de Cuenca se ve diezmada por la disentería a causa de las aguas corrompidas que se beben i de no tener fuentes públicas que provean aguas potables". En 1890, ya con acueductos y pilas instaladas, el problema de contaminación de las aguas sigue subsistiendo: También carece la población de agua potable. Los acueductos que conducen el agua a las pilas la reciben ya inmunda, después que ha pasado haciendo el aseo del Colegio de los SSCC, casas de particulares, tintorería, curtidurías, etc. Hasta el agua del río es inmunda porque antes de llegar a la ciudad recibe una asequia de las letrinas del citado establecimiento de los SSCC y de la casa de Ejercicios, y por que además de ser el lugar donde arrojan animales muertos las lavanderas ensucian la pequeña cantidad de agua que lleva en ios meses de verano ... " (1890, febrero 25. Informe del intendente de Policía. ANH/Q.Com.). En estos años las autoridades regionales demuestran en sus irtformes la felicidad que los embarga por el auge de la explotación de la cascarilla Y el despegue económico de la región. Son muy parcos en todo lo que sea referencia a áreas problemáticas como pueden ser las consecuencias desagradables que trae el auge económico mercantil y el increm~nto de tas~ de e~plotación sobre las economías campesinas: mencionan solo la existencia de varias sublevaciones (Vintimilla, 1980). !as Estos son entonces los años de la gran migración a lacosta o qui- zá a otr~ regiones. La frecuencia de los datos que hemos lo•do nos ~e1;111ten detenem~s, en su estudio para observar cómo operan los movim1entos de poblac10n en este tipo de proceso vistos desde el interior de la región. • La emigración se da principalmente hacia laCosta. En el censo de 1858 de Guayaquil se observa que la población casi se duplica con respecto a_ la de 1840 (a~men_ta en 40 000 habitantes), además de que en est~s anos se da el pnmer mcremento notable en el precio y las exportaciones de cacao. Este movimiento puede observarse si se compara el ascenso de la población de Cuenca con respecto a las otras de la Sierra en 1858 (cuadro 8), donde se verá que es menor. No hay que dese ~ ,el qu~ parte de la migración se haya ido a Loja o Riobamba, tambien vecmas, y con un inusual crecimiento de la población. ( cuadro 9). Regresando a la región de Cuenca se observa que la población total pasa de 140 242 habitantes en 1854 a 128 420 en 1856, 122 243 en 1857, 120 846 en 1858 y se mantiene hasta 1861 en 120 407, en un pro- �S. Palomeque: Movimientos de población en Cuenca 144 145 Siglo XIX ceso de decrecimiento sostenido menos brusco que el de la ciudad de Cuenca. En estos aiios se dan varios movimientos en el interior de la región. En 1857/8 uno se encuentra con que han "desaparee.ido" 30 ~ habitantes de la ciudad de Cuenca 19 pero que en la población to~al solo faltan 18 000. Es decir: parte de la población abandona la cmdad, trata de no migrar fuera de la región y de reubicarse en otras áreas. Así vemos que en 1856, 1857 y 1858 se da un crecimiento inusitado de las parroquias de Deleg, Biblián, Azogues y Cañar, todas ~rte~:cientes a la moderna provincia de Cañar, zona de donde se babia onginado la migración hacia Cuenca e~ l~s aiios ~849-54 (gráficos 6 Y_8~. Estos son los aiios donde aparecen insistentes mformes sobre la act1v1dad artesanal de Azogues. En el resto de las parroquias rurales la población no crece o lo hace muy lentamente. Queda al margen de este pr~c~o de r:torno ?esde la ciudad de Cuenca o incluso participa del moV1m1ento m1gratono negativo, dando la sensación de que en 1854 también hubiera encontrado su techo. Pero las cuatro parroquias de la provincia de Caiiar tampoco pueden absorber permanentemente esta inmigración de origen ~rbano. Ya en 1861 vemos que -mientras se mantiene igual la población to~ de la provincia, indicador de que continúa el proceso genera! ~e em1gr~ción general- la provincia de Cañar se ha despoblado VlSlbleme~te. Las parroquias de Azogues, Deleg y Biblián retorn~ a la pobl~~ón de 1854 y la de Caiiar pierde la mitad de su población en relacion a la de 1854. Parte de esta población retoma ~acia la ciudad de Cuen~, las parroquias rurales cercan~ a ella o haci~ la n~eva zona de crecimiento de la actividad mercantil: las parroqUias onentales en sus laderas calientes, con grandes propiedades (grupo 5) donde se r_ecolec~ cascarilla para la exportación y desde donde se avanza hacia las tierras orientales. De esta forma en el aiio final de esta fase nos encontramos con que mientras conthlúa el proceso de emigración se retorna a la distribución habitual de la población entre las provincias de Azuay Y Cañar. Pero se ha dado un cambio decisivo que será de larga duración, la población urbana ha disminuido y en términos relativos pasa a constituir el 25% de la población total, mientras la ciudad de Cuenca sólo concentra el 18% de los habitantes del Azuay y el 13% de los de la región. Desde una perspectiva estrictamente referida a los hombres y a la forma de acceder a los recursos que necesitan, habría que señalar que esta crisis aparece como el agotamiento de un sistema donde la población tendía a concentrarse en las ciudades alejándose de la producción agrícola en una región que tiene, como condicionante estructural, la dificultad de obtener alimentos de otras regiones por los altos costos de transporte que implican sus caminos. A este condicionante de larga duración se aiiadió un crecimiento inusual de la población y, coyuotU:ralmente, el desarrollo de la actividad de recolección de cascarilla, las labores artesanales y la búsqueda de huacas, todas ellas que también restan brazos a la producción agrícola. La solución a esta crisis implicó dos cambios esenciales en el comportamiento de la población. El primero es la emigración, tanto por la atracción que brindan mejores ingresos como por el agotarniento de las condiciones de reproducción en el lugar de origen. El segundo, es la reducción de la población urbana con respecto a la población rural lo que será una constante para el resto del siglo XIX. Luego veremos cómo se va imponiendo un tipo de producción artesanal (el tejido del sombrero de paja toquilla) que no implica la concentración urbana. También el estudio de esta fase nos ha permitido acercarnos al co~ nocimiento del proceso migratorio hacia la Costa, su lugar de origen y las causas centrales de su desplazamiento: si bien se refiere a la década del 50, creemos que pueden extenderse -con cuidado- hasta finales del siglo. Lo que se ha percibido es que la población rural, sobre todo La de las áreas rninifundistas con combinación de agricultura doméstica y artesanía, tiende a migrar hacia las ciudades (o quizás los pueblos) en un primer momento. Cuando se llega a un punto en que esta concentración es insostenible por la falta de medios de subsistencia, se origina un proceso donde, mientras una parte de la población emigra directamente hacia fuera del espacio regional, otra intenta retornar a las áreas rurales o de origen: los que no lo logran migran nuevamente, esta vez fuera de la región. Es decir que parte de los que migran tienen un origen urbano pero con un pasado reciente de origen rural. Esto permitiría sugerir que, durante el resto del siglo, la migración a laCosta podría haber tenido un comportamiento similar al descrito en este período. Hasta 1885 continúa el ciclo cascarillero y se va incrementando paulatinamente la producción -para exportación- del sombrero de paja toquilla. De 1861 a 1885 tenemos un período que podemos definir como continuación de la década del cincuenta. Aqui no encontraremos cambios bruscos ni reacomodamientos de la población: lentamente vuel- �146 Siglo XIX ve a incrementarse su número mientras la economía regional se adecúa a las nuevas circunstancias. En los últimos afios del período, cuando la recolección de cascarilla toma un ritmo febril para lograr exportar antes de que ingresen al mercado mundial las cascarillas provenientes de las colonias inglesas, vuelve a desaparecer el movimiento migratorio hacia laCosta. Dentro de este nuevo sistema económico regional emerge un nuevo elemento: la falta de alimentos, debido a las condiciones climáticas desfavorables. De 1861 a 1871-75 la población se incrementa. En 1871 ha crecido un 10% con respecto a 1861 y llega a 132 935 habitantes. El coeficiente de masculinidad de 1871 es de un 82%, reiterándonos la información de las planillas censales que continúa el proceso migratorio hacia el exterior de la región. La población de la ciudad de Cuenca vuelve a aumentar y llega a 24 052 habitantes en 1875~ con niveles similares a los de 1849 pero sin la desproporción entre población rural y urbaná de 1854. En la década del 70 se encuentran las primeras referencias a dificultades para obtener los alimentos necesarios (ANH/SA, F.A.L.94 f.14) y en 1875/6 se desata la primera crisis de subsistencia ocasionada por la pérdida de cosechas (ANH/SA F.A.Ll27, f.26v). Son situaciones que deben haber incidido en la continuación del proceso migratorio y la lenta recuperación de la población, también afectada por las bajas tasas de natalidad que origina la migración. No se observan cambios con respecto a los criterios de distribución de la población de 1861. Aumenta la población de la ciudad, a sus alrededores y en zonas de las estribaciones montafiosas orientales donde se recoge la cascarilla o viven pequeños campesinos que complementan sus ingresos con la recolección. La migración a la ciudad debe provenir del resto de las parroquias rurales ya que éstas, si bien aumentan su población, no lo hacen al ritmo de la ciudad. Desde 1861 a 1875 la economía regional se basa principalmente en la exportación de sombreros y de cascarilla, ninguna de las dos en grandes volúmenes ya que baja la exportación de cascarilla y, en la de sombreros, Cuenca recién comienza a participar. También vuelve a cobrar importancia el mercado urbano y en general pueden definirse estos afio~ como de una economía diversificada que no logra absorber todos los crecimientos de la población. Desde 1875 a 1880 hay un ciclo agrícola muy favorable (ANH/SA, F.A.L.143, f.14v), que coincide con que entre 1875 y 1885 se da el período con mayores exportaciones de cascarilla (en las que Cuenca aporta sustancialmente). Nuevamente la población responde a los movimien- S. Palomeque: Movimientos de población en Cuenca 147 tos de la actividad mercantil: la población total se incrementa en un 12% con respecto a la de 1871, dando la sensación de que no hubo retomo desde las zonas de emigración. Pero eso sí: la ciudad se despuebla en un 25% con respecto a 1875, y su población masculina se dirige hacia las parroquias rurales ubicadas en las zonas de recolección de cascarilla. En los finales de la crisis de la década del 50 vimos cómo comenzaba a incrementarse la población del cantón Gualaceo y de Paute. Ahora este proceso continúa y tenemos que esa zona es la única que duplica su población con respecto a 1858. En la estimación de población de 1880 vemos que Cafiar, con sus estribaciones occidentales, también se ha incorporado a este proceso: su población aumenta un 72% con respecto a 1861, cuando el total provincial sólo sube un 24% para el mismo período. El ciclo de la cascarilla persiste hasta 1885. Esto implica que si el comportamiento de la población siguió siendo similar, que si mientras se dio no hubo migración hacia la costa, deben haberse vuelto a incrementar las tasas de natalidad y en consecuencia vuelve a darse el aumento de la población sin que se modifiquen las formas de obtener los recursos alimenticios. En 1882 se dio una crisis de subsistencias que ocasionó una fuerte mortalidad debido a la imposibilidad de obtener alimentos baratos desde otras regiones (ANH/SA,F.A.L.153,f.28). 1880-1893. Hay muy poca información para 1893. Incluso han tenido que unificarse cifras que da T. Wolf con las que la gobernación remite para lograr una mayor representación en los aparatos políticos. Aún así se intentará sacar algunas conclusiones. A pesar de la crisis de subsistencias de 1882 la población total en 1893 se ha incrementado en un 31 OJo respecto a la de 1880. Es un crecimiento muy alto, que impresiona nuevamente como la consecuencia del período anterior, sin migración hacia fuera de la región: a pesar de ser de corta duración (1875-85, en que dura este auge cascarillero) debe haber incidido en las tasas de natalidad, produciendo su aumento. En los años que van desde 1885 hacia adelante comienza a incrementarse la exportación del sombrero de paja toquilla a nivel nacional. Participa cada vez más la producción de Azogues, Sigsig, Cuenca Y otras parroquias, a medida que bajan los precios y las calidades de los sombreros exportados. La producción artesanal del sombrero de paja toquilla no implica �148 Siglo XIX el desplazamiento de los productores hacia las ciudades, se teje dentro de las unidades domésticas campesinas y se lleva a los pueblos, a Cuenca o a Azogues en los días de feria, donde son adquiridos por un grupo de comerciantes que organiza el proceso del "acabado" en el espacio urbano y luego lo exporta. Esto implica que mientras se produce una artesanía para el mercado el agricultor puede mantenerse en pequeñas parcelas de subsistencia y producir parte de lo que consume. Con este sistema productivo vemos que la población de la provincia del Azuay crece al mismo ritmo en las zonas urbanas que en las rurales, pero la de Cañar alcanza un crecimiento mayor que toda la región (31 O'/o) llegando al 570'/o, que debe orginarse en.la mayor concentración de tejedores y artesanos en la zona de Azogues y en la migración hacia los "calientes" de Cañar con cascarilla. •. : ,11 s.- f :,·• .~ ... ". ,·: Con la crisis de la cascarilla las zonas comprendidas dentro de los cantones de Gualaceo y Paute sólo crecen un 270'/o, lo que indica que pierden población con respecto al resto. Si bien las economías familiaresparceleras de esta zona participan en el tejido del sombrero, esta alternativa no logra ser tan exitosa como la del período anterior cuando combinaba la agricultura con el trabajo de recolección de cascarilla. Aparentemente, junto al alza general de la población, se vuelve a dar el proceso de migración hacia laCosta. El coeficiente de masculinidad de la provincia del Azuay, que en 1880 era del 90.690'/o, se reduce al 83.400/o en 1893. Este coeficiente tendría relación directa con la crisis de subsistencias que se da en 1893/4, similares a las anteriores (ANH/SA.F.A.L.183, f.69v), y con las presiones sobre los trabajadores para la apertura de un nuevo camino hacia la Costa (el GirónMachala) cuando la región busca salir de la crisis comercial que la abate con la caída de la exportación cascarillera. En este caso la relación entre crisis de subsistencias y migración se puede constatar documentalmente: " ... habiendo abandonado sus hogares muchísimas personas de los pueblos que componen este cantón, a consecuencia del hambre... " (Gualaquiza, 1894, 8 de diciembre. ANH/Q. Com.); " ...continúa migración de gentes a la Costa a causa de la calamidad del hambre que aflige a toda la provincia... " (Gualaceo, 1894, octubre 27, ANH/Q. Com.). De estos años, ante la falta de alimentos y el alto costo de los transportes desde zonas con excedentes agricolas serranas, o por los niveles de los precios, se debe recurrir a la importación de frijol desde Chile S. Palomeque: Movimientos de pobladón en Cuenca 149 y otros puntos del Pacífico, introduciéndolo por Guayaquil (ANH/SA F.A.,L.192, f.145 y 206 r/v). Varios factores pueden explicar la existencia de las crisis de subsistencias. El origen más lejano está en el alza sostenida de la población, que se ha venido dando durante el siglo. Pero también inciden el que parte de la fuerza de trabajo se ha retirado de la producción de alimentos, y a que muchos ocupen tierras sumamente subdivididas2(), que en general son de pobres rendimientos si no incorporan en abundancia horas de trabajo humano. También hay que considerar que las tierras controladas por las haciendas tienden a producir caña y ganados. Los hombres adultos, los "más calificados" para el trabajo agrícola, son los que han tenido que migrar, trabajar en obras públicas, en el pequeño comercio, en la minería ocasional o en la recolección de cascarilla. En la parcela de subsistencia han quedado trabajando las mujeres, los ancianos y los niños, combinando la producción agrícola con las actividades artesanales. En estos elementos se encuentra la explicación a la crisis ya que todos, cuando se redujo la parcela y el tiempo de trabajo, se dedicaron a cultivar lo más adecuado ecológicarnente: el maíz. Por lo tanto cualquier accidente climático en una región casi monoproductora de maíz afectaba a todos por igual, sumiendo a la población en el hambre. En síntesis: en una crisis social de subsistencias. Sin ninguna duda los migrantes se dirigen hacia la Costa pero no lo hacen en forma permanente ni hacia todos los lugares donde haya producción cacaotera. Una parte se dirige a la ciudad de Guayaquil, donde consta en los censos de la ciudad21 y se observa que muchos artesanos tienen apellidos cuencanos. Pero el contingente más importante fluye hacia la parroquia del Naranjal o a la zona de Balao. Todos los papeles de particulares que hablan de viajes a la Costa o de parientes, mencionan estos lugares frecuentemente. En 1893, en el informe de los peritos evaluadores de tierras sobre la parroquia del Naranjal, puede verse que la mayor parte de la población de esta parroquia es de origen azuayo o cañarejo, e incluso una de las haciendas cacaoteras más grandes pertenece a una familia de origen cuencano -Ordóñez Mata-1 que emplea "150 peones del interior". �I 50 Siglo XIX 6. SINTESIS Y CONCLUSIONES Con todos los elementos aportados en este capítulo intentaremos despegarnos un poco de los datos y llegar a conclusiones sobre los movimientos de población, definiendo los períodos y sus puntos de cambio. l. De 1825 a 1850. Fuerte ascenso de la población originado por la disminución de la emigración y por un mejoramiento en las condiciones de reproducción de la población. Esta situación debe relacionarse con el crecimiento de la producción agrícola de autosubsistencia, la reducción de relaciones comerciales externa y la consecuente falta de interés de los sectores económicos dominantes en la extracción del plustrabajo a los grupos subalternos. ••'. > :s : :,, JI. De 1850 a 1860. Desarrollo pleno y crisis de un modelo de crecimiento ilimitado de la población, con tendencia a la concentración urbana que culmina con una baja de la población por emigración y mortalidad luego de varios movimientos intrarregionales. Esto debe explicarse por la brusca modificación de las condiciones de reproducción de la población. La activación mercantil origina un notable incremento de las cuotas de plustrabajo que se exigen a los grupos subalternos para dedicarlos a la extracción de cascarilla, la construcción de vías de comunicación y otras actividades. Al mismo tiempo se dan más libertades que en general, ayudan a la movilización de población. III. De 1860 a 1875. Lenta recuperación de la población por crecimiento natural mientras se mantiene la emigración y las condiciones de reproducción de la fase anterior. Aparecen deficiencias estructurales en el sistema de producción de alimentos que continuarán en lo que resta del siglo. IV. De 1875 a 1885. Desaparece la emigración y comienza un mayor ascenso de la población, que se retira tanto de las ciudades como de las actividades agrícolas. Culmina el período con una grave crisis de subsistencias en 1882/3. Estos movimientos deben relacionarse con el auge final de la recolección de cascarilla que resta fuerzas a la agricultura. V. De 1885 a 1900. Prosigue aumentando la población debido a la falta de migración del período anterior pero se reinicia el proceso de migración hacia la Costa y hay más crisis de subsistencias. Esto debe relacionarse con la crisis comercial que origina el gran debilitamiento de las exportaciones cascarilleras y la búsqueda de nuevas opciones mercantiles externas, que implican nuevos esfuerzos y coacciones destinadas a construir un camino a Machala. S. Palomeque: Movimientos de pobladón en Cuenca 151 Si tomamos en conjunto todo estos períodos podemos observar la existencia de dos situaciones diversas de formas de reproducción de la población. La primera, que va de 1825 a 1850, se da en un período de retracción de las relaciones mercantiles extrarregionales y durante este lapso encontramos las mejores condiciones de reproducción de la población, señalado por su notable crecimiento. En la segunda mitad del siglo encontramos una situación marcadamente distinta. Allí, junto al incremento de las relaciones mercantiles y de las cuotas de plustrabajo exigidas a la población, aparece la ruptura del sistema de reproducción anterior con sus consecuentes secuelas de migración y con dificultades, incluso, para la obtención de los alimentos necesarios dentro de la región. Ambas situaciones, planteadas en términos muy simples, nos remiten a la conclusión lógica de que cuando la región invierte tiempos de trabajo en la producción para exportación reduce los tiempos de trabajo destinados a la producción de alimentos. Esto debilita el sistema de reproducción, sobre todo porque se da junto a condicionantes estructurales: la región se encuentra imposibilitada de importar alimentos por los altos costos de transporte que implica su localización en zonas montañosas y con malos caminos, y no hay modificaciones en la tecnología ni en las formas de cooperación en la producción agricolaganadera. El dinero que ingresa por exportaciones será destinado al pago de importaciones no alimenticias, mientras no se modifican las bases sobre las que se asienta la producción de alimentos ni la reproducción en general de la sociedad: la economía de exportación se desarrolla sólo aumentando las cuotas de plustrabajo a las economías campesinas preexistentes. Estas economías campesinas constituyen el punto original de todos los movimientos de población y el abandono de sus lugares de origen debe relacionarse con la búsqueda de recursos monetarios que, por una u otra causa, no puede obtener en su lugar de origen. Dentro de la primera etapa ya comienzan a observarse las dificultades de los sectores campesinos con mayor grado de rninifundización y también de los grupos indígenas, en especial, sometidos a la obligación de pagar el tributo en metálico, en una economía con difícil acceso al dinero. Son los grupos que tempranamente comienzan a migrar a Loja o Quayaquil. �152 En la segunda fase, que comienza en 1850, cuando se dificultan las condiciones generales de reproducción de la población pero se incrementan las relaciones mercantiles, podemos ver que los movimientos de población se corresponden con el desarrollo de este tipo de relaciones. Cuando aumenta la recolección de cascarilla en Gualaceo o Cañar, aumenta la población; cuando la crisis, tiende a bajar; y el aumento de población en Azogues también se da cuando hay aumento de la producción de sombreros. Esto significa que la población es atraída por los centros productivos donde mayor desarrollo tienen las relaciones mercantiles. Claro está que los migrantes primero buscan trasladarse dentro de la propia región y, en última instancia, cuando se agotan las posibilidades dentro d~ ella, se trasladan a la región de la Costa, principalmente. La migración a la Costa se da por períodos. Estos están definidos por el agotamiento de las condiciones de reproducción dentro de la región más que por la atracción de los ingresos que la economía cacaoetera pueda brindar. De no ser así la migración debería haber continuado entre 1875 y 1885, pero no fue así. .. ..., S. Palomeque: Movimientos de población en Cuenca Siglo XIX Si bien sólo hemos podido conocer dos casos de estructuras agrarias con economías campesinas -Molleturo y San Cristóbal-, inferimos que la migración desde las economías campesinas se corresponde con los períodos generales de migración regional, aunque sus comportamientos son diversos. En economías campesinas como la de San Cristóbal, con gran minifundización de la tierra y presencia de unidades familiares independientes, la migración será más intensa, de ambos sexos y sin retomo. 153 que es la ciudad de Cuenca. Ella será el último punto donde los migrantes probarán suerte antes de emprender el camino hacia la Costa, o donde permanecerán en calidad de "vagos y malentretenidos", quizá luego de haber migrado dentro de las parroquias rurales de la región hasta que se vean obligados a migrar. En el transfondo de todos estos movimientos existe un espacio geográfico bien delimitado por nudos montañosos al norte y al sur, por agudas variaciones climáticas al este y al oeste. Condiciones geográficas que si bien implican encierro, en la vivencia cotidiana e histórica se han convertido en espacio conocido y propio. NOTAS l. Este estudio es parte de una invesúgación más amplia que trata sobre las transformaciones económicas y sociales que se dan en la región de Cuenca durante el siglo XIX los periodos económicos regionales, los movimientos de la población, la forma de distribución de la tierra y las formas de dominación y resistencia (Palomeque, 1987). 2. Esta región está situada en la parte sur de la sierra ecuatoriana, su zona más poblada son valles interandinos de una altura media de 2 500 metros, con tierras muy fértiles. Hacia el oriente y occidente se encuentra rodeada de altas montañas, con estribaciones tropicales que la comunican con la selva amazónica al este y la región de la costa al oeste. 3. Corteza del árbol de la quina que se usaba como medicamento. En otras, como Molleturo, donde todavía persisten las formas de organización indígena, también hay migración pero masculina y con retorno: esta será en beneficio de su reproducción. 4. Una información más completa puede encontrarse en Palomeque, 1987. Los ciclos migratorios afectan en general a todas las economías campesinas, con modalidades diversas de acuerdo a las estructuras internas de cada una. No habría una relación entre la migración y la localización geográfica, ya que San Cristóbal está al oriente y Molleturo al occidente de la región. 6. Sólo ocasionalmente se han corregido algunos datos y, sobre todo, se ha modificado la forma de agruparlos. Del conjunto de elementos estudiados podemos percibir una visión donde la región aparece como el espacio propio de reproducción de varios grupos sociales, donde las dinámicas económicas afectan al conjunto y también donde todos se mueven alrededor de un eje principal s. Si bien la mayor parte de la población campesina es indígena y mestiza, también se encuentran blancos pobres. 7. Las fuentes en las que se basa el trabajo estadístico, tomadas del Archivo Nacional de Historia, Sección Azuay (ANH/SA) y del Archivo Nacional de Historia de Quito (ANH/Q), son: Estimaciones de 1825, 1826 y 1827. ANH/SA, S. Expedientes, E.87 f.1, E.88 f.l, E. 90 f.l y E. 1125 f.28,35,54,13 y 21. "Razón... número de las Parroquias sus ayudas y anejos comprendidos a la Provincia de Cuenca... 30 de octubre de 1835"; ANH/Q, Comunicaciones de la provincia de Cuenca; 1836, sept. 23. "Censo de la población de la Provincia de Cuenca, Cuenca, julio 3 de 1849''. ANH/SA, Exp. 1138. "Censo de la población de la Provincia de Cuenca, Cuenca, agosto I de 1854" �154 S. Palomeque: Movimientos de población en Cuenca Siglo XIX ANH/Q, Comunicaciones de la provincia de Cuenca, 1854. "Censo de Ja población de la provincia de Cuenca, Cuenca, 1856" ANH/Q, Comunicaciones de la provincia de Cuenca, 1856. "Censo de la población de la provincia de Cuenca, Cuenca, 1857". ANH/Q, Coro. de la provincia de Cuenca, 1857. "Censo de la población de la provincia de Cuenca, Cuenca 1858". ANH/Q, Coro. de la provincia de Cuenca, 1858. "Censo de la población del Cantón Gualaquiz.a, agosto 4 de 1861 ". "Censo de la población del Cantón Paute, agosto 5 de 1861". "Censo de la población del Cantón de Azogues, abril 11 de 1861 ". "Censo de la población del Cantón Cuenca, 1861". "Censo de la población del Cantón Gualaceo, 1861". ANH/Q. Coro. de la provincia de Cuenca, 1861. "Censo de la población de la provincia de Cuenca 1875", ANH/SA, 1875. "Censo de la población del Cantón de Cuenca en 1880", ANH/SA, Exp/1168, 1880, mayo 28, f.3. "Resumen del censo de la población de la provincia del Azuay. Cuenca, junio de 1880" ANH/Q. Coro. de la provincia de Cuenca, 1880. "Registro de la población de la provincia del Azuay en 1893, Cuenca, noviembre 27 de 1894", ANH/Q, Com. de la provincia de Cuenca, 1894. 155 las tendencias generales que son las que aparecen como más valederas. En las bruscas oscilaciones de la población en la década del cincuenta, debió incidir cierto grado de error en las estimaciones. 18. Estos "saltos" tan fuertes, sobre todo en la ciudad, pueden tener relación con la redefinición de las parroquias urbanas. Pero estimamos que -aún así- estos movimientos tienden a reflejar la realidad. 19. Insistimos en recordar que esta cifra puede estar exagerada por existir en 1854/ 5 una reestructuración parroquial. 20. Ver Palomeque, 1987, cap. III. 21. El censo de población de la ciudad de Guayaquil en 1899 suma un total de 60 483 habitantes, distribuidos entre 27 767 hombres y 32 716 mujeres. También entrega el lugar de nacimiento de la gente extraña a la costa: así vemos que originarios de Quito son 2 828, de Ambato 1 342, de Riobamba 1 318, de Cuenca 1 768 y de Azogues 226 (En: Informe de la Policía Nacional, 1890-1911, G. 352, Biblioteca Rolando). 8. Es el caso de totales y subtotales con errores de suma o copia. 9. Corresponde a las parroquias de San Roque, Baños, Sidcay, Valle y Cumbe. 10. Azogues es otro centro urbano secundario. 11. Corresponde a las parroquias de Paccha, Quingeo, Deleg, Biblián, Jadán y Chuquipata. BIBLIOGRAFIA 12. Corresponde a las parroquias de Sigsig, Ludo, San Juan, San Bartolomé, Gualaceo y Chordeleg. Brownrigg, L.A. 1978 "Areas y mecanismos de control de la élite regional". En: Revista de Estudios Andinos, n. 14, Lima 13. Corresponde a las parroquias de Girón, Cañaribamba, Pucará, Juncal, Gualleturo, Suscal y a las que se le ha agregado Molleturo sólo por su localización cercana. Chiriboga,Manuel 14. Corresponde a las parroquias de Guachapala, Paute, Taday, Navón, Oña, Gualaquiz.a y Rosario. 1980 Jornaleros y gran propietarios en 135 años de exportación cacaotera (1790-1925). Ed. CIESE y Consejo Provincial. Quito. 15. En las planillas consta el nombre, apellido, sexo, edad, ocupación y si sabe o no leer. Se ha realizado una sola corrección en los datos presentados en las planillas censales. Se debió a que en los tramos de edad superiores (de 30 años en adelante) la información tendía a "redondearse" alrededor de la década. Por esa causa se ha trabajado la distribución de las edades con intervalos de 10 años a partir de los 30 años de edad. Deler, Jean Paul 1983 "Estructuración y consolidación del área central (1830-1942)". En: El Manejo del espacio en el Ecuador, Tomo I. Instituto Geográfico Militar. Quito. 16. En este análisis existen varios supuestos en cuanto al comportamiento de la natalidad, mortalidad y edad de migración. Estimamos que aún en el caso de variación de estos supuestos, las pirámides permiten observar señales inequívocas de las migraciones. 17. Debe insistirse en el hecho de que en las estimaciones de población se rescatarán Espinosa, Leonardo y Achig, Lucas 1981 Proceso de desarrollo de las Provincias de Azuay, Cañar y MoronaSantiago. Ed. Don Bosco. Cuenca. 1982 "En el bicentenario del primer censo de población de (1978) la Gobernación de Cuenca, 1778-1978". En: Revista del ANHIS. Azuay, 1. Cuenca. �156 Siglo XIX S. Palomeque: Movimientos de población en Cuenca Estrada lcaza, Julio 1977 "Migraciones internas en el Ecuador". En: Revista del Archivo Histórico del Guayas, junio de 1977. 11. Guayaquil. CUADROJ OCUPACION DE LA POBLACION ADULTA DE TRES PARROQUIAS DE CUENCA (1871) Hamerly, M. 1973 Historia social y económica de la antigua provincia de Guayaquil. Archivo Histórico del Guayas. Guayaquil. Maiguashca, Juan 1978 (?) "El desplazamiento regional y la burguesía en el Ecuador. 1760-1860: informe de un trabajo en curso". Mimeo. Palomeque, Silvia 1979 "Historia económica de Cuenca y de sus relaciones regionales (desde fines del siglo XVIII a principios del XIX". En: Revista del ANHIS Azuay, 1. Cuenca. 1987 La región de Cuenca en el siglo XIX (en prensa) Vintimilla, María Augusta 1980 "Luchas campesinas en el siglo XIX y la revolución liberal de 1895". En Revista del JDIS, 8. Cuenca. .~ ¿, .., ..¡ iJ IC, 1 l . ~· 4 ...·....5 i "~:) . -..--=..... Wahburn, D.A. 1982 "La delineación de regiones por características demográficas" . En: Revista del ANHI S. Azuay, 4. Cuenca. Wolf, Teodoro 1975 (1892) Geografía y geología del Ecuador. Ed. Casa de la Cultura. Quito. 157 Molleturo Oficio Hilado Agricult. Sombrer. Costura Músico Zapatero Herrero Curtidor Carpintero Alfarero Platero Sastre Panadero Gatera Pulpera Chichera Sillero Chocolat. Otros Total H M - - 138 182 - - .- - - - - S.Cristóbal S.Sebastün 3 parroquias M H M H M - 377 249 - - 7 8 l - 384 190 H 46 6 3 5 1 - - - 22 20 - - - - 4 - 138 182 313 420 - - - - 14 4 - 3 8 5 48 - 3 - 401 50 - 9 11 10 23 68 - 3 - Total ' 384 591 83 68 9 14 10 - 13 14 1 7 4 3 14 1 - 3 1 15 13 1 15 15 10 16 13 12 6 4 3 - - 12 -. - 13 12 21 5 13 - 10 8 2 1 8 7 13 12 7 13 25 83 145 534 747 1281 2 1 8 - 10 8 2 8 Fuente: ANH/ Q. S. Empadronamientos caja l (elaboración de la autora). Observaciones: en la fuente se considera "ocupados" a los mayores de 14 años en la mayor parte de los casos. También hay adultos sin ocupación, de sexo femenino �158 S. Palomeque: Movimientos de población en Cuenca Siglo XIX CUADRO2 CUADRO4 DISTRIBUCION POR EDADES DE LOS HABITANTES DE LAS PARROQUIAS DE CUENCA (1871) Y LOS DEL CERRO DE PASCO (1876) ESTADO CIVIL DE LOS HABITANTES ADULTOS DE TRES PARROQUIAS DE CUENCA (1871) Estado San Cristóbal Molleturo Edad 46.4 8.8 Paseo 44.6 51.3 4.1 45.8 44.5 9.6 44.0 45.9 10.1 100.0 ...e--,, -.. S. Sebastián S. Cristóbal Molleturo M 98 13 52 84 204 213 H 67 13 57 112 154 16 100 H M 357 371 13 70 180 338 329 424 83 160 550 779 H H 86 o 138 195 3 parroquias M M 60 o o 100.0 100.0 Observaciones: en la fuente se considera "niño/ a" a la población menor de 14 años. De allí en adelante se la califica de "soltera", etc., en la mayor parte de los casos de "adultos" ., • .,fu r~; ,. ~ :.~ Casados Viudos Solteros Total 100.0 100.0 Total San 3 Sebastün parroquias 47.0 43.2 9.8 44.8 0-19 19-59 60 + Cerro 159 CUADRO3 CALCULOS RELATIVOS CUADROS Molleturo S.Cristóbal S.Sebastián 3 parroquias CALCULOS RELATIVOS Edad H M Total H M Total H M Total H M Total 52 0-19 48 19-59 40 60 60 + 36 64 100 49 100 44 100 42 51 56 58 100 60 40 100 40 60 100 20 80 100 51 49 100 42 58 100 36 54 100 100 100 57 100 46 54 100 47 53 100 45 55 100 0-19 50 41 20-59 43 49 7 10 60 + 45 50 45 46 42 45 9 9 10 47 57 43 39 10 4 33 52 15 44 51 46 41 10 8 42 47 11 46 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Total 43 44 10 S. Sebastián Molleturo Casados Viudos Solteros H M Total H M Total H M Total 47 53 100 49 51 100 53 47 100 o O 100 100 19 81 100 o 38 62 100 42 58 100 14 86 100 Casados Viudos Solteros T otal 100 100 100 S.Cristóbal Estado o 62 o 38 50 7 43 100 100 55 62 50 56 81 38 4 41 9 35 4 34 14 36 100 100 100 o o 19 62 100 100 100 3 parroquias H MTnt<>I 49 51 100 16 84 100 35 65 100 52 65 48 55 48 2 33 9 43 6 39 100 100 100 100 o �160 S. Palomeque: Movimientos de población en Cuenca Siglo XIX CUADR06 N .. .. oCIO COEFICIENTE DE MASCULINIDAD DE TRES PARROQUIAS DE CUENCA (1871) o CIO CIO Edad ... Total 76.l 50-59 ... "',:,..~ ,, • 60-69 70-79 80-+ 105.2 72.4 69.2 43.1 87.5 118.1 27.2 71.4 72.7 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 c.. r- "" ·.•1 . ;, Mol~ turo San Cristóbal 69.5 67.3 77.7 84.4 68.0 97.8 71.8 48.3 300.0 3 San Sebastián parroquias 78.5 88.8 44.4 48.4 77.4 83.3 60.0 18.7 16.6 78.2 72.9 69.3 63.9 75.2 98.5 60.4 42.5 73.0 87.5 83.4 Añode migración ) •1, 85.48 i~ ·.. ~. , ~ 1 ·-:..::a 1 •·:-S ' 1 ~~ ..--::, ~ ...'-· ,.;: ··- Observaciones: el coeficiente de masculinidad es la cantidad de hombres cada 100 mujeres. El año de migración es tentativo. Se ha estimado en base a la suposición de que la edad de migración oscila alrededor de los 20 años para los hombres. § vv ~ $ ~ "'"' i Ñ' .. ~ CIO 00 ~ < 00 r-r-- :::, "' <'I -"'"'.,.. .. - "' 00 CIO r-- "' r-.... "' 00 "'.... "' CIO g,( - ::, ~ .,.. 0\ <'I >-~ ;8 z o ü < ,._¡ l%l o0. 00 " ' ¡::¡8 CD t"I CD 00 .... 000 ,._¡ 0. ~¿ - • CIO oov <'I .,.. v- _.,.. r-- .... ª <'I <'I 00 r--~ <'I r-- .,.. <'I - v .... 00 r-r-- .... ""! o Q\ 00 ~ --N .....,.. "' -- o"'.,.. ..,........ o.,.. --N -.,...,.. ........ 00 00 . .... - r-- r-. .,.._.,.. .,.. r-0 00 <'I .,.. "'$00 - 0\ r-<'I s:<'I: <'I 00 v .,.. ~ . . . °' ~ "' .... _..,<'I .... r-- - .,.. "' 0\ ~°'~ :; Q\ .... " ' .,.. 0\ 00 00 <'I v .... .... .... "' .... 0\<'I .... .,.. .,.. ~ r-- o Q\ Q\ 8 r-- v "' r-- .... ¡::¡ Ñ 00 <'I <'I ~ ~ -ª .... .... v .... .,.. r--.,.. r-- ~ o 00 00 Q\ .,.. r-- N :, - "' <'I .. .. o ~ 0\ 00 - <I) <'I :::! .,..v .,.. ~ .,.. "'....r-- Ñv o .,.. :::! V\O..., IIO OS oc N OS .. ..... ., ., <U ., e., ..: ..: .,c.!!., ¡...o .D .. ::, g,( ::, ex: < :, <'I .... u ., -¡;¡ e ., .!l ¡...o .o ., ... J .. .... 00 ] ;; ~ .,.. v o ~ .,.. .... 00 .... r-o .., 00 :::! .... .... ~ ~ ~ .,.. .,.. N <I) <'I r-. \O N .,.. r-- <'I :, ~ 00 v o ........ "' "'°' "' ., "e :, ~ -c:i - .... r-"' 0\ v ~ r-r-- r-- 00 CD - r-..... ..... 8!:: t: .. u .... 00 - ~~:g ;; lo~ "' "' "' .... r-CD r-- N <I) ., :!; .... o 0000 .,.. lo <....l .,.. ,z < ..... ~¡; .... <::, u¡... 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Cuenca Rurales Total Azuay Urbanas Parr .Azogues Parr. Caflar Rurales Total Callar 76 100 116 . Total Urbana 100 233 254 161 150 154 133 Total Rural 100 138 159 175 168 163 171 165 186 170 162 160 160 Total Pcia. Cuenca 101 100 136 ~ 57 148 234 198 261 Fuentes: 1825, 1849, 1854, 1856, 1857, 1858, 1861, 1875 y 1880, nota 7; 1778 y 1838, de Espinosa; 1892, de Wolf (1975,604). Observaciones: se considera que la ciudad de Cuenca la conforman las parroquias de Sagrario, San Sebastián y San Bias. A San Roque se la considera rural. En Caflar se consideran urbanas a las parroquias de Azogues y Caflar pero en 1892 la estimación de Wolf se refiere a los pueblos, que incluyen normalmente parte de áreas rurales. SQ~~~>~iQá o i3 ... -· e! ~ ('1) e ~ ,, > o. "' "O ..... ('1) ll> ll> "'c~=o-o-~ -l o ... a Vl ~- ~~~ ll> ::l- i3 ~ 0 .,, "'<~ (J.c--a ll> 0 <~ º"'~"'"'= ª"' i3oc ll>C ~ g- O" "' ~ ll> °""' O o =. ,!!. Q. ~~o~ E.i E.i ~ ~ .,, m ¡,;;· :; :~ ~ w -oN-ooo~-~000000~ ~ --o o--- N - o o-- ~ ~ 8- - - - - - - - - - - - 8888 ---88888888888 ~ - --- - ----- ---N ~ ~ ~ - -N--- ----- ---N - ~ ~ ~N~ ~O~ ~ N CD ~-~~ ~ ~ ~ - ~~~o • - W - ~www~ O - ~ ~ -~ O --wN ~O~N ~O~~~ ~O~~W~OOW~NN ~~o~~~~owoooo 0000~~ wNww ~ ~-~~~oooow~oo~ ,... ~ ~ i 1 l "' . o ~ s~ Zz ª~ ~m n V)(°) ~ ~~ om ~~ g - -C ~ 01) ~01) Z> ~0~ (J ~ l_ S - CD ~ 1 - c... w 1;g! 8 tll (J ... $e ~ ~ ~ oo ~~ow ~-~N N~~~N~~N~~~ e,> m :ii, - -N------- - --Nw w ~ o ~ O o~ ~> ~ Q. ~ ~ .. o <:1' oo ~ '-'-' O. ~ g ~ ~ § �164 Siglo XIX S. Palomeque: Movimientos de poblaci6n en Cuenca 165 CUADR09 INDICE DE MASCULINIDAD DE LA POBLACION URBANA Y RURAL DE AZUAY Y CAÑAR (1778-1893) ..ze ........>- .... °'"'....~ s;o ~ Total Azuay 77.82 75.32 86.42 90.63 95.23 87.27 86.50 86.49 89.17 85.29 86.47 87.98 ...... 1 ~~ Total Cañar -•4 92.78 ,:,: ::i 84.85 w ,..¡ ,..¡ o 88.34 ~:-·• ~=--.. ... •> :s .. , !,l ...~· ::1 a:. ~ ::) ...;l.:s, l ~ 1,.1., i ' !::; 00 "' Ñ N N "' ... ...;!: !.,. .,."'r.!. "'"' '7 "' ¡::; ~ ~ ~ ~ Ñ 00 ~ ~ 00 ;¡; :g .... ,.:. Ñ r.!. "' ~ "' ~ "'~ ~ .... 85.16 90.69 83.40 "' ... .. f "' :i' X .,. w o en"' <(W "ü ~ u t ..!, é ~ H -G- -f-- ..... _, ::iz O'< Of-- .; ¡; u ü3 e:,:- 88.98 114.69 "eo o f-- N ,:,:al << Urbana Rural ~ ¡g 83.44 90.96 90.80 86.00 76.10 82.23 84.72 88.16 86.25 89.65 ,..¡..,. w, o::en:;;; ··• 1 00 ~ ~ N a.X ~~ 'i !::: "' r.!. Ñ ~ o o 72.54 69.49 84.43 87.82 89.02 69.81 109.85 97.50 95.67 84.42 104.52 81.08 86.06 97.63 85.02 67.03 80.01 94.26 82.83 91.90 94.78 77.98 88.55 r.!. 00 ~ ~ U b Azogues r · Cañar Rural oD o 1778 1825 1849 1854 1856 1861 1880 1893 Urbana Rural ~ 'ti ... ~:; -::: ~ ~: ...,_s .. Total Cuenca 90.69 82.41 87.21 89.19 86.18 86.21 96.66 o ¡¡¡- 8¡.:; <( e( o f-- '-' zz << ¡..- 1 •- -f-en al << :,:al '-- -, N 1 w v,en .... Oz ,..¡< wen º> !1 .e O,.¡ X< W al u .,; g "' ·e.," "' 'O e o :e e .... Q., z o al ~ f-- V, o .,eo. e w -~ " V, G ::i .. ., - .,. E eno >f-o!!.l <,:,: oU wz ,:,:< oen ...: :a + "" "' 00 ~ ¿, 00 .,. .,. °' .,..,. .,..... °' r- .,. r- °' ";' "'.,. ¿, °' '7 ¿, ~ '9 "' °' V) ó o V\ r- r- "' ~ "' "' .,. .,. ..... "' .... "' "' "' N ~ ~ ¿, N ~ ' :i:: -G- z < e s. o Ó' ~ .; f :'.:! ... °' ... ¿, .;.. ¿, 00 >, - 8" 8 00 00 - " :s -.,. .,..,. .,. ..... "' ";' "' ;¡; :g ;:: N "' N '7 "' Ñ r.!. N r!. N r!- NÑ .... Ñ .... r.!. M .... "' ..... 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Edad 1806 Y· 1807-11 1812-16 85 + 80-84 75-79 1817-21 1822-26 70-74 1797-01 65-69 1802-06 1807-11 1812-16 1837-41 60-64 55-59 50-54 1842-46 45-49 1847-51 40-44 1852-56 1857-61 35-39 30-34 1862-66 1867-71 1827-31 1832-36 Afio Nadm. 1786 y1787-91 1792-96 Mujeres Hombres ¡- 1817-21 1822-26 1827-31 ,-- ~ ~ ~ .2 ~ ~ ~- 1832-36 1837-41 25-29 g· ~ 1842-46 20-24 li- 1847-51 15-19 1852-56 1¡¡; 10-14 5- 9 1857-61 - 1 l o r - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - . ; . __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1862-66 g 1867-71 ¡;;i g O- 4 OJo: 8 7 o. g- 6 s 4 3 2 o 2 3 4 6 7 8 f;¡ ... ~ �:....:......---·--. . ·• ··1,-r ~ I' -! • ."!'!!:...~1:_i_ ,,u., ¡,•t1.,,.J t' rt ~ - :._w~~•.'J :..w11 1 ...... - • • fil. &} GRAFICO 4 DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN (1871) 405 HABITANTES. Afio Mlcrx. 1806 Y· 1807-11 1812-16 1817-21 85-+ ~ 70-74 65-69 1827-31 60-64 1832-36 55-59 SO-S4 45-49 1 r1 35-39 1857-61 30-34 : 1 ,., 1 11 1 -~ 1 1 l ' 1786 Y· 1787-91 Muferes -7 : 1 1 7 : 1807-11 1812-16 1 1 1817-21 l - --: 1822-26 1 1832-36 1 1837-41 1 1842-46 1 1847-51 1 1 1 10-14 1827-31 1 1 1 15-19 1 1852-56 l 1857-ól 1 1862-66 1 O- 4 1 10 9 8 7 1 6 5 4 3 2 1 o >< 1802-06 7 1 1 ;>< 1792-96 1797-01 1 .1 25-29 OJo: ~ 11 ; 1 20-24 5- 9 1 1 I, r! r- - 40.44 1852-56 1862-66 1867-71 Hombres 80-84 75-79 1822-26 1837-41 1842-46 1847-51 Afio Nadm. Edad t,¡ €o 1 2 3 s 4 1867-71 6 GRAFICO 5 AZUAY Y CAl-lAR. POBLACION TOTAL (1778-1892) X 1 000 190 180 1 170 !') 160 ~ ª 150 140 .8 ~ 130 ~ 120 110 100 ij' s· ~ 90 ~ ~ ~ 80 70 1-------------- ~ s 60 so i 40 30 20 10 OL-------------------~ 1800 1850 1890 ij �170 S. Palomeque: Movimientos de población en Cuenca Siglo XIX 171 GRAFICO 7 AZUAY Y CAÑAR (1825-1861) '' ~ 00 '' ,-.. N - '' 1 00 1 00 r-r-- -z ...., o 'O "-•,h f: e~· .-·.. > ' • :a .:-,~ 1 .. ~· ~ 1: ~I r: "'-=-~ ;'\, ~., l' .,a; 1 ~ ¡.,,:,; 1 " :,: ::...:: ~ ~ ~5 .,__ " u :s ou 1%) t: o ~~ e:, ~ iZ u< >>- < ::i N < ~ ' 90 1 1 1 O\ 80 ' ...... ...'' ... _ ., 70 -, I \ 1.000 X , o,,... - 00 \ \ \ 60 50 \ 1 1 ' 40 1 1 1 1 30 1 1 1 1 20 1 10 1 1 1 ' 1 º------------------------.......J 11820 1830 1840 1850 ___ población urbana ----- población rural 1860 1870 �..,,,.__ ; 1 ' ,_ ~ ___-- . . .. - · ·.~ , , •!. U'\I . .# . f.1fl,1!'e,/Si!idU .t!!-1:run tT• .6 .- .. ,¡ ái" .... J .. ... ;::¡ GRAFICO 8 POBLACION URBANA DE AZUAY Y DE CAÑAR (1825-1892) X ro" 1.000 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , >< >< 40 30 _, - 20 ' 'v· 10 .... -- -- --i o 1820 1830 _ _ Azuay -----Cañar X 1840 1850 1860 1870 1880 1890 GRAFICO 9 AZUAY (1778-1892) 1.000 I I I · 100 I I 90 / / ~ / 80 / ~ / 70 .8 ~ ,. . I I 60 ,,, ,,, 50 40 ª / --- ----- ___ ,.. __ J / / \ I ~ " ~: ,·e:,, ------ población urbana / población rural 30 ~ !i- l¡¡¡~ g Q 20 g ¡¡ 10 ... ~ o 1800 1850 1890 �,.,...__ . ____ . . -, , . ··7·1I . . ' 1' "•~•'1 ;rv uu - -,_.,, ., . ~Ir i ~ 1 ,.1,~~ .,,,, A..'Vlit:I ~·· -•.--· .. o I ,_i,,.;f.4-ic ':11:;ji¡ ,,su:u11: ~,,,,.._,,\Jt...tt..'lh .. ..... ._ . ·- . .. ,.___,,. . . :a 1 .... ~ GRAFICO 10 ~ e CAÑAR (1895-1892) :>< ~ , X 1.00() / / 25 / / / / 20 15 10 5 o 1820 50 40 30 ----- población rural 80 70 _ _ población urbana 60 90 GRAFICO 11 (Indice base 100 en 1825) POBLACION RURAL DE CUENCA AGRUPADA EN CONJUNTOS DE PARROQUIAS SEMEJANTES. 240 ~ ~ 220 200 "':.... . ; ! 180 i f/ :, ~ ••••• ' ••• ' 160 / ' I 1 1 1 1 1 ,.' \ ,' 1 .,. • 1 ... ~ , ... ,, : .... ~ ~g· \ \ \ \ I \ ' ~ \ \ I I I 1 I ~ -g o¡¡; O. gg .....:- ,.-;.•, - - -------' ? - -- ,.-.-.-♦•..,•• 120 100 -1825 ,,,.,," ... ," ,.......................... ........... ... 1 1 1 140 ... /¡ , j ... ... "'\ I !il .... i:;! 30 40 50 60 70 -- - 18~0 �CAMBIOS Y PERMANENCIAS. El Mundo del Trabajo en una Parroquia de Puebla a Través de los Libros Matrimoniales (1640-1910) José Luis Aranda Romero Miguel Angel Cuenya ** * La intención del presente artículo es describir el mundo del trabajo de la parroquia del Santo Angel Custodio (Analco), la cual formó parte de la ciudad de Puebla en el período comprendido entre 1640 y 1910. /i .. :,-· t: ·•::-} 1 1 "·".., ., (..,:, i - .:i; :i. ~- ~ -- -~..... '- ~S Si bien la parroquia a estudiar no puede considerarse representativa de toda la ciudad de Puebla, debido a ciertas peculiaridades, nos permite en cambio analizar con mayor profundidad la inserción en el mundo laboral de la población indígena. Por otro lado, para dos investigadores resultaría sumamente arduo abarcar las cinco parroquias y el Sagrario Metropolitano en que se encontraba dividida la ciudad' : sus dimensiones y la populosa comunidad que residía en ella implicaría una labor de años. La parroquia del Santo Angel Custodio comprende una amplia zona del oriente y sureste de la ciudad, separada de ésta por dos ríos. Su jurisdicción abarca toda la margen izquierda del río Xonaca, hasta su desembocadura en el río San Francisco, y de allí, toda su margen izquierda hasta que sale de ciudad y desemboca en el río Atoyac. Su límite oriental es el río Alseseca. Pertenecen a su jurisdicción los barrios de Analco, La Luz y Nuestra Señora de los Remedios, los Molinos del Santo Cristo, Santa Bárbara y de Guadalupe, los Ranchos de Carreto y San Bartolomé y el pueblo de San Baltazar2 . • Centro de Investigaciones Históricas y Sociales, Universidad Autónoma de Puebla •• Colegio de Historia, Universidad Autónoma de Puebla �178 Siglo XIX El origen de la parroquia data de 1618, fecha en que los religiosos franciscanos erigieron una ermita en la zona de Huilocaltitlán ("lugar de las palomas"), en virtud de que en dicho lugar existía una populosa comunidad que se encontraba territorialmente alejada de los templos. En 1627, debido al continuo crecimiento ooblacional que presentaba la zona, el obispo Don Bernardo Gutiérrez Quirós determinó la creación de la parroquia del Santo Angel Custodio, encargando a los frailes franciscanos la administración de los sacramentos. En 1640, al secularizarse todas las parroquias del obispado de Puebla, se establece el primer párroco secular y se la separa de la jurisdicción de la orden franciscana, al mismo tiempo que se crean dos visitas de curato: una en el barrio de los Remedios y otra en el pueblo de San Baltazar, distante un cuarto de legua3 : En 1812 a causa de los estragos producidos por la epidemia de fiebres, la parroquia de la Santa Cruz se incorporó a la jurisdicción del Santo Angel Custodio, quedando Santa Cruz como ayuda de Analco (situación que se mantiene hasta 1913 cuando se vuelve a erigir la parroquia de la Santa Cruz). En 1812 la jurisdicción de la parroquia del Santo Angel Custodio se vio incrementada notoriamente: abarca toda la margen izquierda del río Sao Francisco, el pueblo de San Baltazar, las haciendas del _Gallinero, la Calera, San Diego de los Alamos, Sao Bartolo y el Santo Cristo, las ladrilleras de Azcarate y de Benitez, los barrios de los Remedios, La Luz, El Alto, San Juan del Río, Xonaca y los ranchos de la Rosa y Virgen de Guadalupe4 • La ciudad de Puebla desde sus orígenes (1531) adquirió grao importancia económica, cultural y religiosa, llegando rápidamente a convertirse en la segunda del virreinato. Cronistas e historiadores poblanos señalan -con gran claridad- el importante papel desempeñado por la Puebla de los Angeles durante el período colonial s , situación que es confirmada por viajeros y religiosos que visitaron la ciudad durante los siglos XVII y XVIII6 • La historiografía contemporánea centró su atención en el carácter peculiar y único de su fundación. El experimento llevado adelante por el obispo Garcés y el oidor Salmerón en 1531, le otorgaron otro rasgo peculiar: el de ciudad de españoles no encomenderos, proyectada desde su misma fundación como ciudad e intentando nuclear en su seno a todos aquellos españoles pobres que quisieran trabajar la tierra como lo hacían en España7 • De esta manera la planificación urbana de la Puebla de los Angeles fue elaborada a conciencia y el reparto de so- Aranda R. y Cuenya: El mundo del trabajo en Puebla 179 lares se realizó con moderación dentro y fuera de la traza urbana, la que se extendió alrededor de una amplia zona central. La necesidad de contar con mano ~e obra indígena que participara en la construcción de la ciudad, motivó un acuerdo entre el oidor Salmerón y caciques Tlaxcaltecas, Cholultecas, Calpantecas y Huejotzincas, por medio del cual "cada vecino pudo disponer de treinta indígenas para levantar sus casas, en un plazo de noventa dias, y otros veinte prepararon sus campos de cultivo (en el Valle de Atlixco), sin especificar el tiempo en que tal faena habría de concluir ... " 8 • Repartimiento temporal que fue convirtiéndose en permanente con el paso del tiempo, aunque el ñúmero de trabajadores indígenas fue disminuyendo. La necesidad de contar con mano de obra indígena libre y permanente determinó que el ayuntamiento de Puebla dispusiera en 1550 el otorgamiento de "algún sitio o solar para hacer sus casas", y que éstos "estén apartados y divididos de la traza de los españoles"9, dando origen -de esta manera- a los barrios indígenas, que rodearán la traza por el norte, este y oeste, quedando solamente libre la zona sur (que unía a la ciudad con las tierras comunales del ayuntamiento poblano). Los primeros asentamientos indígenas comenzaron a poblarse con tlaxcaltecas y cholultecas, a orillas del río San Francisco, alrededor del convento de los frailes franciscanos, asentamiento denominado Tlaxcaitecapan; al norte de la traza se formarán los arrabales de Xanenetla y Xonacatepec; al poniente Cholultecapan y Huejotzicapan, los que formarán el barrio de Santiago; en torno a la iglesia de San Sebastián se formó el barrio de San Pablo de los Naturales y al noroeste el barrio de Texcoco. A orillas de Tlaxcaltecapan surgirán los barrios del San Juan del Río, del Alto y de Tecpan. Al sur y sureste de la traza y separado de ella por el río Sao Francisco se fue formando la parcialidad de los tlaxcaltecas en un perímetro que formó el barrio de Analco ("al otro lado del río"), el que se constituyó po11Tepetlapan (barrio de los Remedios), el arrabal de Huilocaltitlán ("lugar de los palomares"), que se convertirá en el más importante, el arrabal de Xochitlán ("lugar de las flores") y, al sur del mismo, el arrabal de Yancuitlapan ("en la tierra nueva"). Durante los siglos XVI y XVII, diversas disposiciones del Ayuntamiento poblano, así como también virreinales, determinaban que los indígenas se establecieran fuera de la traza al mismo tiempo que disponían que mestizos, negros y mulatos no habitaran en los barrios indígenas; disposiciones que se cumplieron estrictamente en lo referente �180 Siglo XIX al asentamiento de los indígenas, pero las restantes ordenanzas cayeron en letra muerta. Numerosos mestizos levantaron sus viviendas en barrios indígenas, dando comienzo a importantes asentamientos de población mestizada en algunos barrios como San Sebastián, El Alto y Analco, lo que producirá constantes quejas de los funcionarios indígenas 10 • ";.« ... lt»■ .. A ~ ... 4' r~ ?~· .. ~~;.! - ·, . :s) j¡ f J - ... ~ ..M. ;¡¡ t. ·. ::-) 1 1 ¡ ' .¡.,.:_¡ ~ ~ ;;) ,,a5 .. ;:; :a.:. .,5.... ...1 ... El recorrido de los ríos Xonaca y San Francisco separaba del centro de la ciudad una amplia zona, que en época de lluvias la incomunicaba por varios días. La construcción de puentes que dieran fluidez al tránsito se tomó una de las mayores preocupaciones del Ayuntamiento, por cuanto a través de ellos se comunicaba con el camino a Veracruz, la Mixteca y toda la zona sur de Puebla. Así también, porque en sus márgenes se instalaron varios molinos, curtiembres y diversos talleres artesanales. Por estas razones, muy pocos afios después de su fundación (1555), se construyó el primer puente sobre el río San Francisco, "que unía al barrio del Alto con el centro de la población" 11 • El segundo puente conocido como el de las "Bubas", data también de 1555. Debido a la precariedad de su construcción, fue destruido varias veces por las aguas del río. Hasta finales del siglo XVII (1699) el Alto y Analco se comunicaban con el centro de la ciudad por estos dos puentes. La actividad artesanal y mercantil de Analco, así como el creciente número de sus habitantes, determinó que se reestructurara el paso peatonal existente que comunicaba la parroquia del Santo Angel Custodio con el centro "para mejorar las comunicaciones con Analco y que la obra se ejecutase· a costa de los propios de la ciudad, con la mayor solidez posible para que durase muchos años' 2". Durante gran parte del siglo XVIII el puente del Santo Angel Custodio de Analco. como fue conocido, estuvo en ruinas, habiendo sido reparado varias veces pero con escasos resultados. En 1775, debido a la imposibilidad de repararlo se construyó, dos cuadras al sur, el puente de Ovando, que accede directamente a la plaza del barrio. Será recién en 1795 cuando a instancias del Síndico Personero del Común se proceda a reparar el puente de Analco, el que quedará concluido y reforzado en 1808. Durante gran parte del período colonial la parroquia se encontró mal comunicada con el centro de la ciudad, situación que se agravaba en época de lluvias debido al gran aumento del caudal que corría por el cauce del río San Francisco (que en repetidas oportunidades desbordó). No obstante esta situación, la parroquia se fue consolidando, asu- Aranda R. y Cuenya: El mundo del trabajo en Puebla 181 miendo características propias de un barrio indígena y mestizo, mercantil y artesanal. Nuestra jurisdicción presentó durante el período colonial un comportamiento demográfico fluctuante en el que se interrelacionaron la crisis económica que afectó a la ciudad de Puebla desde el último cuarto del siglo XVII y la mortalidad epidémica. La crisis económica afectó a importantes sectores sociales, especialmente a grupos marginales, creando condiciones favorables para que las distintas enfermedades (epidemias, pandemias y endemias) azotaran con fuerza inusitada ocasionando una mortalidad diferencial entre las clases sociales y por grupo étnico. Crisis económica y mortalidad que se conjugaron cotidianamente agudizando aún más la situación y generando un proceso emigratorio13 • Lamentablemente, para el siglo XIX no hay estudios sobre el comportamiento demográfico de la ciudad o de la parroquia, pero a partir de la escasa información con que se cuenta 14 podemos inferir que a lo largo del XIX el comportamiento demográfico fue similar al registrado en el período colonial. Durante la colonia, la parroquia de Analco presentó un crecimiento demográfico vigoroso hasta comienzos del siglo XVIII (1705), durante el cual se verá afectada por importantes picos de mortalidad epidémica. Empero, el mantenimiento de una elevada fecundidad permitió mantener un crecimiento elevado . En el primer cuarto del siglo XVIII (1706-1723), se pierde el vigor del XVII, viéndose sacudida la población por la mortalidad epidémica de 1708/ 1710, recuperándose entre 1724 y 1736, volviendo a alcanzar durante estos 13 años los niveles de finales del siglo XVII. La crisis de sobremortalidad de 1737 (matlazabuatl) ocasiona una fuerte y profunda depresión demográfica que abarca 36 años, en el que varias epidemias (1747/ 1748, 1761/ 1762 y 1768) frenarán toda posibilidad de recuperación demográfica. A partir de 1773 se acelera el ritmo de crecimiento, aun~ue las epidemias de 1779 y 1784 moderarán las recuperación1 • La guerra de independencia habría afectado de manera bastante notable a la ciudad ocasionando importantes pérdidas pero, como señala Keith Davies, "es difícil saber con exactitud el monto de las pérdidas humanas" 16 • Al mismo tiempo, la mortífera epidemia de fiebres pútridas de 1813 causaba 7 603 defunciones 17 ocasionando la fusión de las parroquias de Santa Cruz en Analco y la de San Sebastián con la de San Marcos debido a la poca feligresía que había quedado en sus jurisdicciones. �182 Siglo XIX Aranda R. y Cuenya: El mundo del trabajo en Puebla 183 Entre 1823 Y 1827 se sucedieron casi ininterrumpidamente diversos brotes epidémicos que causaron la muerte de 10 046 personas situ~ción que se verá agravada en 1833 y 1850 con las mortíferas epidemtas de cólera morbus que ocasionaron la muerte de varios millares de habitantes de la ciudad, especialmente los de menores recursos. nas de las variables de su contenido: sólo se citan los nombres de los contrayentes, la fecha de la ceremonia, la edad y estado civil. La mención del lugar de origen, tiempo de residencia o la ocupación del contrayente no aparecen. LAS FUENTES Sobre las omisiones en el contenido de las actas, Louis Henry nos dice que éstas pueden ser de tres tipos: a) fortuitas; b) selectivas;- c) sistemáticas. Nuestro trabajo se basó en el análisis de los libros matrimoniales del ~chivo parroqui_al del S~to Angel Custodio, que por su carácter y nqueza nos permtten aproXllllarnos al conocimiento del mundo del trabajo para el largo período que va de 1640 a 1910. La parroquia del Santo Angel Custodio data de 1627 y su archivo se encuentra muy bien conservado, estando los libros divididos en tres grandes ~pos: libro~ de bautismos, libros de matrimonios y libros ~e defurtc1ones. No_ extste un ordenamiento numeral, lo que imposibilita s~ber con e~act1~ud los libros faltantes; no obstante, es posible determtnar la sene extstente guiándose por las fechas de las partidas al comenzar y finalizar cada volumen. La serie completa (1632-1910) consta de 50 libros, de los cuales corresponden 28 _al P:río_d~ colonial. El primero, muy incompleto (1632-~670), re~stra mdistmtamente a indigenas, españoles y "gentes de razon"; 1~ libros registran los matrimonios indígenas y once a esp~oles, mestizos y castas. Los libros matrimoniales correspondientes al s1~o_XIX (!800-1910), son 22. A partir de 1810 desaparece la diferenc1ac1ón étmca de los contrayentes, agrupándose en un mismo libro a españoles, mestizos, indígenas y castas. . El. primer libro de matrimonios que se conserva comienza el 28 de Jumo ~e 1632. En _167_1 da comienzo a los registros separados, correspondiendo uno a md1genas y otro a españoles, mestizos y castas. Entre 1743 y 1753 se abre un nuevo libro en la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, el que termina al comenzar el año 1754 volviendo a asen~se los casamientos realizados en dicha iglesia, 'en la sede parroqwal. Existen al~as lagunas que es necesario mencionar. La primera a~arca un peno~o d~_cuatro años (1634-1639), originada quizás en la mtsma des~rganizac1on de los registros. Entre 1670 y 1710, los libros correspondientes a españ.oles, mestizos y castas se han extraviado. La~as menores se encuentran en los años 1711, .1712 y 1718 en los registros matrimoniales de españoles. Entre 1876 y 1878 se omiten algu- Las primeras proceden de imponderables (la enfermedad del párroco por ejemplo), o de los olvidos ... pero son menos frecuentes en las actas matrimoniales a causa de su importancia. "La omisión selectiva ocurre cuando los padres creen inútil declarar un nacimiento, y las omisiones sistemáticas afectan sobre todo a los decesos infantiles" 18 • Es posible que las omisiones de 1711, 1712, 1718 y 1876/78 radique en la primera de las tres causas arriba mencionadas. El contenido de las actas casi no varía en el curso del lapso estudiado, pero no siempre se asienta toda la información. Para los siglos XVII y XVIII, una de las variables que se omiten con mayor frecuencia es la información sobre la o<;upación del contrayente, pero nunca se omiten nombre, estado civil o lugar de origen. La estructura típica de un acta matrimonial es la siguiente: • Nombre de la parroquia o templo donde se celebra la ceremonia. • Datos del oficiante: nombre y cargo. • Datos de los contrayentes: - nombre del contrayente - estado civil (soltero, viudo) - grupo étnico (para los siglos XVII y XVIll solamente) - ocupación - edad (para los siglos XVII y XVIII se omite esta variable) - lugar de origen - lugar de residencia - nombre de los padres (si es soltero) - nombre de la contrayente - estado civil (soltera, viuda) - grupo étnico (para los siglos XVII y XVIII solamente) - nombre de los padres (si es soltera) �184 Siglo XIX • Datos de los testigos: Aranda R. y Cuenya: El mundo del trabajo en Puebla - lugar de origen - lugar de residencia a) 1830-1860; b) 1870-1910._ D_e esta manera hem~s podido observar el comportamiento de los distintos rubros ocupactonales. - nombres - grupo étnico (para los siglos XVII y XVIII solamente) - lugar de origen Tratando de ser lo más claro posibles, r ~ o s el análisis del mundo del trabajo tomando como base los pnnctpale_s ~bros, presentando en primer lugar un panorama general por ~<:11vtda~ para todo el período (1640-1910) y, posteriormente, un análisis particular, para retornar al general en las consideraciones finales. La b~e~edad del p~esente trabajo nos impide incorporar dentro de <:'lda act1vtdad a los distintos oficios lo que hubiera enriquecido considerablemente el panorama. No ob;tante, hemos incluido un apén~ce al final. en e! que d<:5glosamos todos los oficios registrados en los libros matnmoruales, distribuido por rubros. LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE ANALCO Nuestro interés se centra básicamente en la medición cuantitativa de la presencia de los cónyuges en el "mundo del trabajo" de la parroquia de Aoalco. Es decir: abarca la población masculina cuyas edades oscilan entre los 18 y 26 años. Si bien no cubre a la totalidad ~e lapoblación activa que vive y trabaja en la jurisdicción, permite acercarnos al conocimiento de la estructura ocupacional existente, captando la realidad laboral colonial y decimonónica, observando los cambios y las permanencias registradas. Para este fin hemos tomado, en principio, la estructura de las ocupaciones que a través de diferentes trabajos ha sido diseñada por Carlos Contreras y Juan Carlos Grosso y ha servido de base para distribuir 19a la población ocupada en la ciudad de Puebla a lo largo del siglo XIX • Por otra parte, la apropiación de dicha estructura proviene del hecho de que después de conocer el inventario de las ocupaciones de la parroquia, éste se adaptó a la disposición que ya habían tomado en los trabajos de los investigadores arriba mencionados. No es una aplicación forzada aunque sí, de alguna manera, arbitraria; muy pocos oficios, una vez realizada la agrupación, quedaron sin solución. 1 1 ¡ ·-- 185 Cabe mencionar también que debido a la amplitud del período a analizar, nos vimos obligados a utilizar para el período colonial un muestreo, seleccionando tres años por década (años O, 1 y 2), obteniéndose de esta manera una muestra más que significativa (30% de los matrimonios realizados), criterio que utilizó Juan Carlos Grosso cuando analizó el "origen y composición de la fuerza de trabajo fabril" para 20 el siglo XIX • Empero, debido a la importancia del período porfirista, creímos conveniente contar con toda la información (año por año) registrada en los libros matrimoniales. Finalmente queremos señalar que para analizar la información y poder observar los cambios y las permanencias en la larga duración, hemos agrupado los datos de la siguiente manera para el período colonial: a) 1640-1699; b) 1700-1749; c) 1750-1802; y para el siglo XIX: La estructura ocupacional de la parroquia estuvo de~ermin_ada durante todo el período por seis actividades laboral~ (textiles, ~entos y bebidas, agricultura, curtido y pieles, construcción y comercio~, las que nuclearán entre el 67% y el 71 % del total de co°:trayentes registrados (véase cuadro X). De las restantes ramas ocupactooales, cabe mencionar a cerámica y vidrio, metales, transportes, madera Y muebles, confección e indumentaria y producción de artículos para el cons~m? doméstico, que mantienen una presencia permanente pero se veo dilwdas frente a los seis principales rubros. ¿Cómo explicarnos esta estructura ?Cup~cion:n: Consideramos ~ue esta concentración laboral no es gratwta, smo t_1p1ca ?e todas las ciudades coloniales novohispanas. El car~cter semimargmal de l? parroquia inserta en una ciudad de españoles, nucleará aquellas act1V1dades propias de una población pauperizada, así como también aquellas que por sus características y su ubicación harán concentr:11"se en las cercanías a los trabajadores del ramo. La grao cooc~otrac1ón_de panader_o s en la jurisdicción no implicaba que las panadenas _d e la ciudad es!uv1eran ubicadas en gran número dentro de la parroqma, como ~~a con los molinos, sino por el hecho -creemos- de que es~a ac~tvtd~d _e ra un trabajo insalubre y de muy bajo estatus social. S1tuac1óo similar encontramos en el ramo curtido y pieles ªU?que, en este ~º• en su mayor parte las curtiembres se encontraban ~taladas a o~illas d_el ~o San Francisco y los trabajadores del ramo vtvían en sus mmediac1~nes, dentro de la jurisdicción parroquial (constituyéndos~ e~ una ~ct1vidad tradicional de Analco). Por su p~e, la rama text~ t1en~ _cierta importancia desde el siglo XVII, y mantiene una pr_esenc1a ~ -1 malterable durante todo el período, siendo ésta una acttvtdad trad1c1onal de la ciudad de Puebla. Así también, desde el siglo _XVI se fueron poblando los barrios indigeoas de la ciudad con trabaJadores de la construc- �186 Siglo XIX ción, tradición que se mantuvo a lo largo de todo el período colonial y decimonónico, no siendo la excepción el barrio de Analco, La Luz, los Remedios, San Francisco y el Alto, que en gran número se concentrarán en sus calles. Una mención especial, merece la actividad agrícola dentro de la parroquia. Para comprender la importancia del mundo rural, debemos tener presente que a excepción del Sagrario todas las parroquias de la ciudad extendían su jurisdicción sobre un amplio territorio, dentro del cual se encontraban pueblos, ranchos, molinos y haciendas, por lo que un amplio porcentaje de su población habitaba en zonas rurales y se dedicaba a las actividades agrícolas. La parroquia de Analco -tal como lo señalamos anteriormente-, extendía su jurisdicción sobre el pueblo de San Baltazar, los molinos del Santo Cristo, Santa Bárbara y de Guadalupe y los ranchos de Carreto y San Bartolomé. A partir de 1813 se incorporarán a su jurisdicción el territorio de la parroquia de la Santa Cruz, ampliándose considerablemente el entorno rural, situación que se mantiene hasta finales de nuestro período (1910). .... , ) ·1 ' ;, :. i. ¡- Los flujos y reflujos de los trabajadores agrícolas, desde la colonia al porfiriato, dependieron de la actividad económica de la ciudad y de la oferta de mano de obra existente dentro del espacio urbano. La crisis económica que afectó a la Puebla de los Angeles desde finales del siglo XVII -dando comienzo a un largo período recesivo que habría culminado en la década de 1850/60- habría incidido en un aumento de las actividades rurales dentro de nuestra jurisdicción. Somos conscientes de que los registros parroquiales presentan limitaciones, ya que la ocupación anotada en los libros matrimoniales dependía de la declaración del contrayente. Sabemos que la actividad rural se concentra fundamentalmente en épocas de siembra y de cosecha, por lo que un porcentaje importante de los trabajadores agrícolas podrían haber sido eventuales y desempeñado, durante una importante parte del año, otro tipo de labores dentro del espacio urbano (lo que se nos escapa totalmente ante la falta de fuentes que hagan referencia a esta situación). La actividad mercantil no registra una presencia significativa, pero el incremento del sector es permanente. ¿Cómo explicamos que en una ciudad eminentemente comercial se observe, para la parroquia de Analco, que dicho sector tenga tan escasa importancia? Diversos factores pueden explicarnos esta situación. Hemos mencionado el carácter semimarginal y mayoritariamente indígena de Analco, factor importante a ser tomado en consideración ya que la actividad comercial de la ciudad se concentraba en el centro de la ciudad, en donde se intercalaban comercios mayoristas y minoristas dedicados en gran parte Aranda R. y Cuenya: El mundo del trabajo en Puebla 187 a la venta de artículos de Castilla y de la tierra, instalándose en los barrios que rodeaban a la "traza" urbana pequeños almacenes minoristas dedicados a la venta de diversos artículos necesarios para la vida cotidiana: comercio que se complementaba con la actividad mercantil desarrollada por los artesanos que vendían directamente su propia producción, pero que las fuentes utilizadas los registr~ dentro del rubro artesanal en el que se encuentran insertos. También, debemos hacer mención al hecho de que el comercio es una actividad desempei'lada por españoles y en menor medida mestizos mayores de 30 ó 35 años, por lo que tos libros matrimoniales no captan al grueso de la ~blación dedicada a la actividad mercantil, ya que la edad promedio del matrimonio es bastante m~nor. Finalmente, hay que destacar que la estructura étnica de la parroquia determina que el mundo del trabajo esté marcado por otro tipo de profesiones, haciendo dismin~ir -en el contexto general- el papel del comercio. Ahora bien, las curvas registradas por las distintas ramas laborales, desde la colonia al porfiriato, estarán condiciona~as -en ~a}'.or o menor medida- por factores externos a la parroqma, lo que limita el análisis general. Pero más allá de esos imponderables, es claro que la estructura laboral de Analco es típica de un barrio indígena Y mestizo que se encuentra inserto en una ciudad de españoles. El ámbito agrario El ámbito agrario parroquial concentrará, de la colonia al porfiriato, gañanes, segadores, campistas y jornaleros, los que representan el 14% del total de los contrayentes para el siglo XVII (1644-1699); el 12% para la primera mitad del XVIII; y el 17% entre 1750-1802, tal como puede observarse en el cuadro X. Entre 1830 y 1860 los trabajadores agrícolas constituirán el grupo laboral más importante con 250/o de los contrayentes, revirtiéndose la tendencia en el porfiriato en que disminuyen a niveles casi similares a los registrados a finales del período colonial. Estos valores porcentuales nos indican que entre 1640 y 1749 el sector agrícola ocupó una posición importante dentro de la estructura ocupacional de la parroquia, siendo superado solamente p~r los rubros alimentos y bebidas y textiles; posición que se ve modificada en la segunda mitad del siglo XVIIJ, al incrementar su participación e i~alar a alimentos y bebidas. Una tendencia que se acelera durante el siglo XIX (1830-1860) superando ampliamente a los otros rubros, para retroceder durante el porfiriato. �188 ~J ·~.., ~ "' :J r: ¡... Siglo XIX Aranda R. y Cuenya: El mundo del trabajo en Puebla 189 ¿Cómo explicarnos la importancia del sector rural en el ámbito parroquial y sus cambios durante el largo período que estamos analizando? Cualquier tipo de explicación se enfrenta a imponderables que lo relativizan. En primer lugar, el reducido universo de análisis nos impide generalizar ya que nuestra jurisdicción se integraba a un espacio mucho más vasto: la ciudad de Puebla. Pero si bien se mantendrán varios interrogantes para los cuales no tenemos respuesta, nos atrevemos a indicar que estos guarismos nos estarían indicando la pervivencia -de la colonia al porfiriato- de un mundo urbano casi inalterado. Los cambios en la declaración de los contrayentes -de gañán a segador y de campista a jornalero- no hicieron variar sustancialmente su identificación étnica, en el que los flujos y reflujos de la mano de obra dedicada a las actividades agrícolas estuvieron relacionados directamente con la actividad económica de la ciudad y la demanda de mano de obra en el mundo urbano. No obstante, volvemos a señalar que este tipo de aseveraciones tiene que ser ratificada o rectificada después de haberse realizado un estudio que englobe a toda la ciudad de Puebla. el 15% de los contrayentes se dedicaba a las actividades rurales, manteniéndose este porcentaje casi inalterable entre 1700-1749, para aumentar numérica y porcentualmente para la segunda mitad del siglo XVIII, en que nuclea al 26% de los contrayentes indígenas. Ahora bien,- para el período colonial contamos con un elemento que desaparece después de la independencia: la composición étnica de los contrayentes, lo que nos permite observar la relación existente entre etnia y ocupación, sus cambios y permanencias, posibilitándonos comprender mejor el comportamiento de las distintas actividades . Por las características de la parroquia y por la tendencia existente durante la colonia a concentrarse los miembros de un gremio en determinado barrrio, Analco nucleará los trabajadores de alimentos y bebidas (panaderos, molineros, mamoneros, semiteros, harineros, etcétera), a los herreros, loceros, curtidores y albañiles. Diversos factores determinaron que desde sus orígenes Analco fuera seleccionado como lugar de asentamiento de estos trabajadores. En primer lugar, el carácter indígena de la parroquia los marginó durante la colonia del centro de la ciudad. También determinó este tipo de concentración el que sobre el río San Francisco se estableciera un importante número de molinos y curtiembres, por lo que sus trabajadores vivían en las inmediaciones. La distribución étnica de los contrayentes nos confirma el predominio indígena para todo el período colonial. Durante el siglo XVII (1640-1699), el 90% de los matrimonios realizados corresponde al grupo indígena. Aunque el subregistro existente para el período, y la ausencia de registros de españoles, mestizos y castas entre 1670 y 1710, relativiza el porcentaje, la preponderancia indígena es absoluta21 • El siglo XVIII muestra el proceso de mestizaje en la parroquia. Para el período 1700-1749, los contrayentes indígenas representan el 74% del total, mientras que los matrimonios ·de españoles y mestizos representan el 12% y 10% respectivamente. En la segunda mitad del siglo (1750-1802) el proceso se acelera. Si bien los contrayentes indígenas representan la mayoría, disminuyen hasta el 56%, mientras que españoles y mestizos alcanzan el 21 % y 20% respectivamente. Las castas tienen muy poca significación: mulatos, negros y pardos apenas llegan al 2% para 1640-1699, y el 3% para la primera y segunda mitad del XVIII (cuadros III y IV). Analizando el mundo laboral por grupos étnicos, el panorama se toma más claro. Si tomamos al indígena, vemos que entre 1640 y 1699 Por su parte serán muy escasos los españoles y mestizos dedicados a las actividades agrícolas: solamente el 6% de los contrayentes entre 1640 y 1749, para disminuir al 3% en la segunda mitad del siglo (véase cuadro VI). Las castas apenas tienen alguna significación en el mundo rural (cuadro VII). Vemos -por lo tanto- gue el grupo indígena casi monopolizará hasta el siglo XIX las actividades rurales, situación que se habría mantenido hasta 1910. La participación de mestizos aumentaba en la medida que la parroquia se mestizaba. Alimentos y bebidas Así, los panaderos, mamoneros, semiteros y harineros habitarán en número muy elevado en la jurisdicción parroquial, constituyéndose en el grupo mayoritario, numérica y porcentualmente, de los contrayentes entre mediados del siglo XVII a mediados del XVIII, nucleando al 23%. Situación que se verá modificada a partir de 1750, en que comienzan a perder fuerza dentro de la estructura ocupacional disminuyendo al 17%, una tendencia que continúa durante el siglo XIX de manera inexorable (cuadro X y gráfica VII). Este comportamiento puede explicarse a partir de los cambios en Analco desde 1750. Es claro que el proceso de mestizaje de la ciudad y de la parroquia incidirá directamente sobre el sector. Ello habría traído aparejado una cambio en la dieta alimenticia, con la consiguiente disminución de las panaderías existentes en la ciudad, así como también �190 Siglo XIX el rechazo -suponemos- de los mestizos a desempeñar actividades insalubres y de muy bajo estatus social. Por otro lado, el incremento del sector agrícola, construcción y comercio a partir de 1750 hicieron disminuir la importancia del rubro alimentos y bebidas. En el cuadro V se puede observar con claridad la identificación étnica existente dentro del rubro alimentos y bebidas. El número de contrayentes indígenas que nuclea el sector es superior en todos los casos al 24%, mientras que la participación de contrayentes españoles y mestizos es ínfima y de escasa significación (cuadro VI). Los trabajadores textiles ~......... •-.; • ..,r.-: .... 4, e.~, S: .:;~ ...... .... ~ ..., ~ •1 ~ .u ¡,, _. , .! : • 1 ;. :;, ;¡ ,: •.. !:') ·,::., • ~::tll ► l '"'s 1 • .,a~ :i. ' -,-- ~a~~ ~.· .,... ...., 1 Esta rama de la estructura ocupacional mantuvo -tal como lo señalamos anteriormente-, una presencia importante y estable desde la colonia al porfiriato. Es sumamente conocida la significación que durante gran parte de la colonia tuvo la industria textil en la ciudad de Puebla. Producción que pierde fuerza en el siglo XVIII y que durante el XIX constituye " ...un sector de escaso peso numérico en el mundo del trabajo de la ciudad de Puebla y sus alrededores" 22 • No obstante este decrecimiento del sector y pérdida de importancia a nivel general dentro de la estructura ocupacional de la ciudad, Analco mantuvo la tradición sobrellevando los avatares del mercado. Con ello no queremos decir que gran parte de la producción textil de la ciudad se concentrara en la jurisdicción parroquial; sabemos que sería erróneo aseverar un planteamiento de esta naturaleza cuando otras parroquias de la ciudad, como la de San José, concentraban mayor número de trabajadores. Pero al interior del espacio parroquial, el sector textil fue el segundo rubro en importancia, a excepción del período 1750-1802, en que es superado por alimentos y bebidas y agricultura (cuadro X y gráfica VII). Durante el período colonial, los contrayentes indígenas dedicados a esta actividad textil fueron en constante disminución frente a españoles y mestizos, quienes aumentaron casi permanentemente su participación en el sector marcando un claro predominio étnico dentro del mundo textil, situación que se habría mantenido a lo largo del siglo XIX (cuadros V y VI). Los trabajadores de la construcción El origen e importancia de los albañiles y trabajadores de la construcción en general en los barrios periféricos a la "traza" urbana poblana, son bien conocidos y han sido señalados anteriormente. Uno de estos Aranda R. y Cuenya: El mundo del trabajo en Puebla 191 barrios periféricos formados desde los siglos XVI/ XVII con albañiles y trabajadores de la construcción será Analco, estableciendo una tradición que permanecerá inalterable durante todo el período. También debemos señalar que en la circunscripción de la parroquia se encontraban buena parte de los establecimientos dedicados a fabricar materiales de construcción, situados a orillas del río San Francisco y en los barrios de los Remedios, Xonaca y Xanenetla: de allí la permanencia de los albañiles, canteros, areneros y ladrilleros en Analco. Durante la colonia el rubro de la construcción no presenta un lugar preponderante dentro de la estructura ocupacional de la parroquia, ubicándose en quinto lugar con aproximadamente el 4.5% de los contrayentes, recuperándose en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente durante el porfiriato, hasta convertirse en el tercer grupo en importancia en el mundo del trabajo (cuadro X y gráfica VII). Merece destacarse la importante recuperación de la rama de la construcción durante el porfiriato. La "modernidad porfiriana" cristalizó en la ciudad de Puebla en algunos aspectos: el auge de las construcciones, sobre todo públicas, que a partir de 1880 alt~raron la planta arquitectónica de la ciudad, el desarrollo de los ferrocarriles que integraron el espacio conectando a la ciudad con la capital del país y con las principales ciudades del interior y el impulso de la urbanización después de 1907 le dio a la ciudad una nueva fisonomía23 • Los beneficiarios de la reconstrucción del centro de la ciudad fueron, en el sentido ocupacional, los albañiles, areneros, ladrilleros, canteros, etcétera. El lapso de mayor expansión del empleo de la industria de la construcción lo observamos entre 1895 y 1900. En este proceso participan activamente los contrayentes de Analco, y ello explica el desmedído crecimiento del sector. La identificación étnica existente durante el período colonial es indíscutible. Entre mediados del siglo XVII y mediados del XVIII ningún contrayente español o mestizo declara como ocupación ser miembro del "gremio" de la construcción, registrándose entre 1750 y 1802 solamente cuatro, que representan apenas el 2%. Por su parte, el sector indígena muestra que entre 1640 y 1749 el 6% de los contrayentes pertenecen a la rama de la construcción, para ascender durante la segunda mitad del XVIII al 9%. Estos guarismos nos indican también que, durante gran parte del período colonial, los trabajadores de la construcción no ocupaban un lugar destacado en la estructura ocupacional. �I 92 Siglo XIX Curtido y transformación de pieles "Cerdo, cochino, puerco y marrano come el poblano" rezaba un dicho popular en la colonia, reflejando una realidad que se observa en la gran cantidad de tocinerías, jabonerías, velerías, tenerías y curtiembres que existían en la Puebla de los Angeles. El río San Francisco sirvió de marco para instalar en sus orillas a un gran número de industrias del cuero que volcaban en su cauce los desechos originados en el proceso de la curtiembre de las pieles. Analco verá instalarse en sus cercanías y dentro de su jurisdicción a estas empresas, por lo que en gran número sus trabajadores habitarán en la zona, ocupando un lugar de importancia dentro de la estructura ocupacional. En el siglo XVII, el 100/o de los contrayentes ~eclarará una ocupación relacionada con la industria del cuero, sobresaliendo los curtidores y zurradores. Sube este porcentaje al 11.5 entre 1700-1749, para decaer durante los cien años siguientes (1750-1860), alcanzando los niveles más bajos a mediados del siglo XIX. El porfiriato verá recuperar al sector hasta niveles históricos de mediados del XVIII. ..... _ La industria del cuero agrupó especialmente a mestizos y españoles y, en mucho menor medida, a indígenas. Durante la primera mitad del siglo XVIII (1700-1749), el sector agrupaba al 90/o de los contrayentes indígenas y al 180/o de los españoles, mestizos y castas, porcentaje que se modifica en el segunda mitad del siglo en que los contrayentes indígenas que declaran laborar en el rubro cuero y transformación de pieles disminuye al 70/o. Sucede lo mismo con los españoles, mestizos y castas (120/o). Al interior del grupo étnico español y mestizo, la preponderancia de los segundos es notoria: agrupa en la primera mitad del XVIII al 31 OJo de los contrayentes, frente al 40/o de los españoles, mientras que en la segunda mitad aumentan los españoles (5.50/o) y disminuyen los contrayentes mestizos (18.60/o) (cuadros V y VI) . El comercio Ya señalamos que en el primer cuadro de la ciudad y, con mayor densidad en los alrededores del zócalo, se concentraba el mayor número de comerciantes. Grandes y pequeños, tratantes y corredores, dependientes y traficantes convivían allí cotidianamente, constituyendo_el "núcleo central del comercio poblano", distribuyéndose en los barnos que rodeaban la "traza urbana", especialmente en el nort~ de la ciudad, una actividad mercantil en la que el pequeño comerciante era el predominante. Aranda R. y Cuenya: El mundo del trabajo en Puebla 193 Analco no será un barrio comercial y, si bien el sector presenta durante todo el período una tendencia constante al crecimiento, talcomo puede verse en el gráfico VII y en el cuadro X, ocupará el sexto lugar entre las principales actividades laborales. Situación originada en las características de la parroquia, en la preponderancia indígena de su población y en que las fuentes captan a un reducido grupo de jóvenes contrayentes, dejando de lado a una población mayor de 30 años (entre los que se habrían encontrado la mayor parte de los comerciantes). Dejando de lado el siglo XVII -ya que la ausencia de libros matrimoniales para españoles, mestizos y "gentes de razón" no nos permite tener un panorama completo- vemos que entre 1700-1749 de un total de 1 100 matrimonios solamente 25 declaran tener una actividad laboral ligada al comercio, entre los que encontramos tratantes, traficantes y en menor medida comerciantes: en conjunto representan apenas el 20/o del total de contrayentes registrados para el período. Esta actividad se incrementará en la segunda mitad del siglo (1750-1802), nucleando al 4.50/o de los contrayentes, tendencia ascendente que continúa a lo largo del siglo XIX: agrupa el 6.50/o entre 1830-1860 y el 6. 70/o entre 1870-1910 (cuadro X). La composición étnica de los comerciantes indica que desde 1640 a 1802 los contrayentes indígenas que declaran como oficio la actividad mercantil es insignificante: en ningún momento alcanzan el 1OJo, mientras que españoles y mestizos nuclearán para la primera mitad del siglo XVIII al 8.80/o de los contrayentes del sector, para incrementarse al 9.50/o entre 1750-1802 (confirmando claramente el predominio de este grupo en el sector comercial). Si tomamos por separado, para el siglo XVIII, a españoles y mestizos, encontramos que para la primera mitad el 14.80/o de los contrayentes españoles declaran ser comerciantes, frente al 4.50/o de los contrayentes mestizos, distribución étcnica que se mantiene en la segunda mitad: los españoles nuclean al 160/o frente a los mestizos que agrupan solamente al 30/o (cuadro VI). Por su parte, las castas se habrían encontrado totalmente marginadas de esta actividad, habiéndose registrado para todo el período colonial a un solo comerciante (cuadro VII). Esta identificación étnica se habría mantenido a lo largo del siglo XIX, en que el grupo mestizo habría tenido una mayor participación en la medida que la parroquia fue perdiendo su carácter étnico originiario y mestizándose. �194 Siglo XIX El lado oscuro del mundo del trabajo Hemos descrito y analizado seis actividades cuya significación numérica es importante en la estructura ocupacional de la parroquia de Analco. En una subdivisión de veinte sectores diferentes, catorce tienen una participación cuantitativamente pobre. Este hecho resalta en parte la diversidad del empleo en una parroquia cuya transformación cualitativa es muy lenta, al igual que la de la ciudad. ----~ ...... , La gran cantidad de oficios existente harían interminable un análisis minucioso que abarcara a todos ellos. No obstante merecen destacarse algunos que, por tradición, se mantuvieron: por ejemplo, los trabajadores nucleados en la rama de la confección e indumentaria, metales y cerámica y vidrio. t::,, '~• f· ~.· •• ,ll e:-: ~~. '1 _...u! ~· .;;.:: .... ..... ~· ~ ~ .... ?:i r. ~~ ~~ '1 l i:' .. ,:;" ¡-,~ • ~.i+- ....;:;¡ ~ .. ., Los sastres mantuvieron una actividad permanente, a pesar de no ser una zona de la ciudad que nucleara tradicionalmente a este sector. Empero, durante el siglo XVII concentrarán al 4.20'/o de los contrayentes, porcentaje que se eleva al 7 .60Jo en la primera mitad del siglo XVIII, al 8.00Jo en la segunda mitad, para descender durante el siglo XIX (7.70Jo en 1830-1860, y 4.70/o durante et porfiriato). Esta actividad congregará tradicionalmente a españoles y mestizos, participando la población indígena en menor medida (cuadros V y VI). •: 1( Los herreros, por su parte, se concentrarán en gran número dentro de la jurisdicción parroquial lo que explica la permanencia del sector dentro de la estructura ocupacional de Analco desde mediados del siglo XVII hasta comienzos del XX. La falta de registros para españoles, mestizos y castas durante el XVII hace disminuir los guarismos para el periodo. No obstante, entre 1640-1699 el 3.70Jo de los contrayentes realizará una actividad ligada al rubro metales. Durante el siglo XVIII y primera mitad del XIX el 7 OJo de los contrayentes se nuclearán dentro de dicha actividad, para disminuir al 50'/o durante el porfiriato (cuadro X). Debemos señalar también que esta rama concentrará a españoles y mestizos: la participación indígena es netamente minoritaria (cuadros V y VI). Otra de las ramas con tradición en la parroquia serán cerámica y vidrio, que se mantiene a lo largo de nuestro período para incrementarse entre 1870-1910. El barrio de La Luz será la sede de esta actividad, en la que alfareros y loceros, principalmente, elaborarán la tradicional cerámica roja. Indígenas, mestizos y españoles participarán en el oficio, aunque el predominio indígena es indiscutible (cuadros V y VI). Aranda R. y Cuenya: El mundo del trabajo en Puebla 195 Carboneros, tabaqueros, aceiteros, botoneros, cortadores dejabón, cereros, veleros, candeleros, etcétera, a quienes agrupamos en el rubro "producción de artículos para el consumo doméstico" tienen importancia durante el siglo XVII, pero pierden significación desde comienzos del XVIII, lo que se acentuará desde 1750 en adelante: agrupa menos del I OJo del total de contrayentes. El resto de las actividades se diluye en una gran cantidad de ocupaciones que no inciden en la estructura ocupacional de la parroquia. CONSIDERACIONES FINALES En los umbrales del siglo XX la ciudad de Puebla no había logrado recuperar el importante papel que desempeñó en el "sistema de ciudades coloniales", en oposición al norte y al Distrito Federal que significarían el poder político y ~onómico del país. Extendiendo esta verificación al ámbito parroquial, el mundo del trabajo de Analco revela la predominancia de una estructura muy cercana a la colonial. El proceso de mestización de la parroquia, ocurrido a lo largo del siglo XVIII, no trajo consigo la desaparición ni transformación de las profesiones indígenas sino su readaptación a las nuevas circunstancias. Esto significa que la evolución de los oficios y su distribución marcharon al margen de los acontecimientos de orden político y que su desarrollo está regido por circunstancias de orden interno, cuasi parroquial. En términos de la estructura profesional, parece que la colonia vivió mucho más allá del siglo XVIII. Esto se puede verificar en el comportamiento de las actividades cuya frecuencia resalta en la larga duración. Tales son los casos de la rama textil, cuya especialidad mayor son los tejedores; agricultura, llámense gañanes, segadores, campistas o jornaleros; alimentos y bebidas (panaderos, mamoneros, bizcocheros, semiteros, reposteros, etcétera); curtido y pieles, que agrupa a zapateros, curtidores, zurradores y peleteros; construcción, en el que encontramos fundamentalmente a albañiles; y comercio. En el análisis individual, la estabilidad que mantiene la rama textil a lo largo de dos siglos y medio resalta su peso en el mundo del trabajo parroquial, en el que convive con una gran cantidad de oficios. Concentró durante el período colonial a españoles y mestizos, situación que se habría sostenido a lo largo de todo el siglo XIX reflejando en su �196 Siglo XIX interior el proceso de mestizaje. La importancia del sector agrícola revela claramente la pervivencia de un mundo urbano cuasi-inalterado. Los cambios producidos en la declaración de los contrayentes, de gañán y segador a campista y jornalero, no hicieron variar la identificación étnica durante la colonia y siglo XIX. Las alteraciones en las curvas, especialmente la brusca caída durante el porfiriato, genera algunas interrogantes sobre las cuales no tenemos respuesta al desconocer lo que sucede en el ámbito urbano más general. .p r. ~· ~~ X ~ ~ ·i:: ª'r: ;¡ r.. .. El sector de alimentos y bebidas, dominado durante el período colonial por los panaderos, muestra una constante declinación desde mediados del XVIII. Este comportamiento se debe al proceso de mestizaje que se verificó en la ciudad de Puebla y que definió un cambio en los hábitos alimenticios de la población de la ciudad, lo que habría motivado una disminución en el número de panaderías, aunque perdurara la fabricación de panes de consumo popular como las semitas. Curtidores, zurradores, zapateros y peleteros existieron en el ámbito parroquial desde sus orígenes por la cercanía del río San Francisco, lo que nos explica su permanencia durante todo el período colonial. Su decaimiento en la primera mitad del XIX coincide con el pico del sector agrícola (incidiendo este en una disminución porcentual del resto de las actividades, situación que se verá modificada durante el porfiriato al disminuir la influencia de la agricultura y regresando a los niveles de ocupación que mantuvo durante el período colonial). Resulta clara la elevada proporción que alcanzó la rama de la construcción en el porfiriato; el embellecimiento del centro de la ciudad creó una demanda de mano de obra que fue satisfecha, parcialmente, por los contrayentes de Analco. Los albañiles se instalaron en la jurisdicción parroquial desde sus orígenes, con una actividad similar a la que presentan los textiles durante el período colonial. El aumento de las construcciones después de 1840 hará que el grupo se incremente hacia los niveles del porfüiato. Finalmente debemos referirnos al comercio, sin tomar en consideración los registros del siglo XVII. Su presencia durante el XVIII será limitada, debido a que el grupo indígena sobredeterm.ina la estructura ocupacional, situación que se modificará si tomamos sólo en consideración a españoles y mestizos. Tratantes, traficantes, corredores y comerciantes incrementarán su actividad hasta alcanzar a mediados del XIX cierto peso, que se mantiene hasta finales del período. Lamenta- Aranda R. y Cuenya: El mundo del trabajo en Puebla 197 blemente la fuente no nos permite vislumbrar el tipo de comerciante existente dentro del ámbito parroquial, pero por sus características sociales y económicas suponemos que eran pequeños comerciantes. En suma, el lento proceso de mestizaje que terminará con una clara identificación étnica, siguió independientemente de los cambios producidos en el mundo del trabajo de la parroquia. Habrá que corroborar lo aquí expresado con un estudio que cubra toda la ciudad. NOTAS 1. En los siglos XVII y XVIII la ciudad de Puebla estaba dividida en cinco parroquias (San José, Santa Cruz, San Marcos, San Sebastián y Santo Angel Custodio) Y el Sagrario Metropolitano. 2. Antonio Carrión, Historia de la Puebla de los Angeles, Puebla 1896-1897, pp. 378/379. 3. Antonio Carrión, op. cit., pp. 378/379. 4. Cfr. José Luis Aranda, Nupcialidad, migracién y ocupación en la parroquia de Anal· co 1870-1910, tesis de Maestría, UAMI, 1987, p. 11. 5. Cfr. Juan de Villa Sánchez, Puebla Sagrada y Profana, Puebla, 1962; Antonio Carrión, op. cit. 6. Fray Antonio Vázquez de Espinosa, Descripción de la Nueva España en el siglo XVII, México, 1944; Joseph Antonio de Villaseñor y Sánchez, Theatro Americano, México, 1952. 7. Cfr. Julia Hirschberg, La fundación de la Puebla de los Angeles. Mito y realidad, Puebla, 1981. 8. Fausto Marin Tamayo, La división racial en la Puebla de los Angeles bajo el régimen colonial, Puebla, 1960, p. 15. 9. Archivo del Ayuntamiento de Puebla, Libros de Cabildo, No. 6, Folio 68. 10. Fausto Marin Tamayo (coord.), Puebla a través de los siglos, Puebla, 1962, pp. 26/ 33. 11. Oiga Yolanda Couoh, Los puentes históricos en el rio San Francisco en la Puebla de los Angeles, Puebla, 1965, pp. 14/ 19. 12. Oiga Yolanda Couoh, op. cit., pp. 22/23. 13. Cfr. Miguel Angel Cuenya. Evolución demográfica de una parroquia de la Puebla de los Angeles (1660-1800), tesis de Maestría, UAMI, 1985. �198 Aranda R. y Cuenya: El mundo del trabajo en Puebla Siglo XIX 14. Cfr. Carlos Contreras Cruz, La ciudad de Puebla. Estancamiento y modernidad de un perffl urbano en el siglo XIX, Puebla, CIHS-UAP, Cuadernos de la Casa Presno, 1987. 199 CUADRO/ CIUDAD DE PUEBLA. DEFUNCIONES (1823-1827) 15. Cfr. Miguel Angel Cuenya, op. cit. 16. Keith A. Davies, "Tendencias demográficas urbanas en el siglo XIX en México", en Historia Mexicana, vol. XXI, 23, 1972, p. 515. 17. Carlos Contreras Cruz, op. cit., pp. 35/39. 18. Louis Henry, Manual de demografía histórica, Barcelona, Crítica, 1983, p. 62. 19. Carlos Contreras Cruz y Juan Carlos Grosso, "La estructura ocupacional Y productiva de la ciudad de Puebla en la primera mitad del siglo XIX", en Puebla en el siglo XIX, Puebla, CIHS-UAP, pp. 111/176. 20. Juan Carlos Grosso, Estructura productiva y fuerza de trabajo en Puebla 1830-1890, Puebla, ClHS-UAP, Cuadernos de la Casa Presno, p. 27 y ss. 21. Cfr:Miguel Angel Cuenya, op. cit. Nro. parroquias Sagrario San José Santo Angel Santa Cruz San Marcos San Sebastián 2 731 1 111 1 593 Total 6 430 hospitales Nro. San Pedro S. Juan de Dios San Roque Religiosas 3 331 195 27 23 995 3 576 Fuente: Carlos Coiitreras Cruz, La Ciudad de Puebla. Estancamiento y modernidad de un perfil urbano en el siglo XIX, Puebla, Cuaderno de la Casa Presno, 6, CIHS/ICUAP, 1986, pp. 37. 22. Juan Carlos Grosso, "Notas sobre la formación de la fuerza de trabajo fabril en el municipio de Puebla 1835-1905", en Boletín de Historia del Movimiento Obrero, CIHMO-UAP, 1981, p . 17. CUADROII 23. Carlos Contreras Cruz, op. cit., p. 21. POBLACION DE LA CIUDAD DE PUEBLA año 1678 1746 1793 1803 1825 1830 1835 1848 1856 1862 pobladón año pobladón 69 800* 50 366 57 168 67 800 44 756 43 000 1868 1869 1870 1876 1878 1887 1889 1895 1900 1910 70 916 40 000 71 631 70 000 75 000 60 000 65 000 65 000 76 817 72 743 78 530 88 674 93 521 96 121 Fuentes: Miguel Angel Cuenya, "Puebla en su demografía. Una aproximación al tema 1650-1850", en Puebla: de la Colonia a la Revolución, Puebla CIHS/ICUAP, 1987, p. 53; Carlos Contreras Cruz y Juan Carlos Grosso, "La estructura ocupacional y productiva de la ciudad de Puebla en la primera mitad de siglo XIX", en Puebla en el siglo XIX: contribución al estudio de su historia, Puebla, CIHS/ICUAP, 1983; Keith A. Davies "Tendencias demográficas urbanas en el siglo XIX en México", en Historia Mexicana, Vol. XXI, 23, 1972. • La cifra de 1678 corresponde a comulgantes y no a población total. �200 Aranda R. y Cuenya: El mundo del trabajo en Puebla Siglo XIX 201 CUADRO IV DISTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONTRAYENTES INDIOS, ESPAÑOLES, MESTIZOS Y CASTAS (1640-1802) CUADROIII 1640- % 1699 Actividad DISTRIBUCION ETNICA DE LOS CONTRAYENTES (1650-1802) 16~ 1699 Indios Españoles Mestizos Mulatos Negros Moriscos Chinos Pardos Morenos Extranjeros No declaran 851 34 30 13 10 Total % 17001749 854 2 90.34 3.61 3.18 1.38 1.06 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.21 942 100.00 o 2 o o o % 17501802 621 236 219 19 1 1 1 11 1 1 1 74.07 12.32 10.23 2.08 0.00 0.00 0.09 0.95 0.09 0.09 0.09 1 153 100.00 1 109 142 118 24 o o o o o o 10 % Tot. 56.00 2 326 21.46 19.75 1.71 0.08 0.09 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 414 367 56 11 l 3 21 1 1 3 100.00 3 204 Alimentos y Bebidas Textiles Agricultura Curtido y Pieles Art. Cons. Doméstico Construcción Transportes Confec. Indumentaria Metales Otros Madera y Muebles Cerámica y Vidrio Actividades Artísticas Domésticos Edo., Clero y Educación Comercio Emp. Particulares Establee. Fabriles Viven de rentas Profesiones Liberales l ' ' 1 - 182 118 110 82 63 48 35 33 29 27 21 18 12 3 2 1 o o o o 23.16 15.01 13.99 10.43 8.02 6.11 4.45 4.20 3.69 3.44 2.67 2.29 1.53 0.64 0.25 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 17001749 252 146 133 127 35 53 60 84 15 20 22 46 16 3 1 25 o o o 2 % 22.91 13.27 12.09 11.55 3.18 4.82 5.45 7.64 6.82 1.82 2.00 4.18 1.45 0.27 0.09 2.27 0.00 0.00 0.00 0.18 1750- % 1802 181 17.00 144 13.52 181 17.00 101 9.48 9 0.85 60 5.63 41 3.85 86 8.08 80 7.51 18 1.69 14 1.31 57 5.35 18 1.69 10 0.94 14 1.31 48 4.51 o 0.00 o 0.00 o 0.00 3 0.28 Fuente: Libros matrimoniales. Parroquia de Analco 1640-1802 Totales 786 100.00 1 100 100.00 1 065 100.00 �7W'n ; ~- - - - - -· ..• _.,..,......_.__ ... ' ~ . j ~uub.t~:/;;:,;; •:.-. ,rn;i1,,; ~,,; l• u1,,-t""'"''...,"""""' •ni•n~ . ...-~ f r:~~\~ fJ'.-.r ;~t ~ Of_1 ,1: _:. . .... ro........ J J:;,,.,,,._,,., .J- ...w,1, ••it-'-•·.. - • • .• , ... 4 - J !!illt.!~r¼11~ f ~ CUADRO V DISTRIBUCION ETNICA SEGUN ACTIVIDAD DE LOS CONTRAYENTES DE ANALCO (1640-1802) 1640-1699 etnias % Indios Actividad Agricultura Alimentos y Bebidas Textiles Art.Consum. Domes. Confec. e Indumentaria Curtido y Pieles Metales Cerámica y Vidrio Madera y Muebles Construcción Comercio Edo. Clero y Educación Profesiones Liberales Actividades Artísticas Transportes Empleados Particulares Domésticos Est. Fabriles Viven de rentas Otros 1 2 4 o 4 1 1 o 3 2 o o o o 5 o o o o 19 2.38 4.76 9.52 0.00 9.52 2.38 2.38 0.00 7.14 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 45.24 % 109 14.65 180 24.19 114 15.32 63 8.47 29 3.90 81 10.89 28 3.76 18 2.42 18 2.42 46 6.18 1 0.13 2 0.27 o 0.00 12 1.61 30 4.03 o 0.00 5 0.67 o 0.00 o 0.00 8 1.08 1700-1749 etnias % Indios 10 3.66 1.83 56 20.51 o 0.00 31 11.36 50 18.32 41 15.02 JO 3.66 9 3.30 o 0.00 24 8.79 o 0.00 2 0.73 2 0.73 29 10.62 o 0.00 1 0.37 o 0.00 o 0.00 3 1.10 5 Totales 42 100.00 744 100.00 273 100.00 Fuente: Libros Matrimoniales. Parroquia de Analco, 1640-1802 123 247 90 ~ % etnias 1750-1802 % Indios ~ o ~ % 14.87 29.87 10.88 4.23 6.41 9.31 4.11 4.35 1.57 6.41 0.12 0.12 0.00 1.69 3.75 0.00 0.24 0.00 0.00 2.06 19 4.28 9 2.03 105 23.65 1 0.23 49 11.04 55 12.39 66 14.86 24 5.41 8 1.80 4 0.90 42 9.46 12 2.70 3 0.68 6 1.35 28 6.31 o 0.00 2 0.45 o 0.00 o 0.00 11 2.48 162 26.09 172 27.70 39 6.28 8 1.29 37 5.96 46 7.41 14 2.25 33 5.31 6 0.97 56 9.02 6 0.97 2 0.32 o 0.00 12 1.93 13 2.09 o 0.00 8 1.29 o 0.00 o 0.00 7 1.13 827 100.00 444 100.00 621 100.00 35 53 77 34 36 13 53 1 1 o 14 31 o 2 o o 17 >< CUADRO VI DISTRIBUCION f'E CONTRAYENTES (ESPAl'IOLES Y MESTIZOS) POR ACTIVIDAD (1700-1802) Actividad españoles 1700-1749 % 1750-1802 % Agricultura Alimentos y Bebidas Textiles Art. Consumo Doméstico Confección e Indumentaria Curtido y Pieles Metales ,. Cerámica y Vidrio Madera y Muebles Construcción Comercio Estado, Clero y Educación Profesiones Liberales Actividades Artísticas Transportes Empleados Particulares Domésticos Establecimientos Fabriles Viven de rentas Otros - ." Totales 8 3 36 2 6.25 2.34 28.13 0.00 9.38 3.91 21.88 3.13 0.78 0.00 14.84 0.00 1.56 0.00 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 128 100.00 o 12 5 28 4 1 o 19 o 2 o 8 o o o o ' 14 3 8 6.45 1.38 23.96 0.00 8.29 5.53 15.67 4.15 0.92 0.00 16.13 5.53 1.38 0.46 5.53 0.00 0.92 0.00 0.00 3.69 217 100,00 52 o 18 12 34 9 2 o 35 12 3 1 .12 o 2 o o Fuente: Libros Matrimoniales. Parroquia de Analco, 1700-1802 mestizos 1700-1749 % 1750-1802 % 1 2 13 o o o o 0.89 1.79 11.61 0.00 12.50 31.25 8.04 5.36 5.36 0.00 4.46 0 .00 0.00 1.79 16.07 0.00 0.89 0.00 0 .00 0.00 112 100.00 o 14 35 9 6 6 o 5 o o 2 18 '1 5 5 1 2.53 2.53 24.24 O.SI 13.64 18.69 13. 13 7.07 2.53 2.02 3.03 0.00 0.00 2.53 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 O.SI 198 100.00 48 1 27 37 26 14 5 4 6 o o 5 14 o o o o :i:,.. ~ e:'1:1 '-< Q " ~ !'? t!1 :3 e: ::, g. C).. a ~ c:r o· ~ g ¿' " .;c:r l\j a �204 CUADRO VII CUADRO VIII DISTRIBUCION DE CONTRAYENTES (CASTAS) SEGUN ACTIVIDAD (1640-1802) DISTRIBUCION DE CONTRAYENTES SEGUN ACTIVIDAD.1830-1860 Actividad r;: :i r. • e t 1 ". :,¡ l ...,~, ~u ~ l .t. ¡; . ......'J ~ -r~ <J (.. Aranda R. y Cuenya: El mundo del trabajo en Puebla Siglo XIX 1640- % 1699 Agricultura Alimentos y Bebidas Textiles Art. Consum. Dom. Confec. e Indumentaria Curtido y Pieles Metales a.. imica y Vidrio Madera y Muebles Construcción Comercio Edo., Clero y Educación Profesiones Liberales Actividades Artísticas Transportes Emp. Particulares Domésticos Establee. Fabriles Viven de rentas Otros 1 5.26 o 0.00 o 0.00 o 0.00 o 0.00 o 0.00 o 0.00 o 0.00 o 0.00 o 0.00 o 0.00 o 0.00 o 0.00 o 0.00 o 0.00 o 0.00 o 0.00 o 0.00 o 0.00 18 94.74 Totales 19 100.00 Fuente: Libros Matrimoniales. Analco, 1640-1802 1700- % 1749 1 o 7 o 5 10 4 o 2 o o o o o 3 o o o o 1 3.03 0.00 21.21 0.00 15.15 30.30 12.12 0.00 6.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 33 100.00 17S0- % 1802 o 2 0.00 3.45 17.24 0.00 13.79 20.69 20.69 3.45 3.45 0.00 3.45 0.00 0.00 0.00 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 6.90 29 100.00 1 5 o 4 6 6 1 1 o 1 o o o 2 o o o o Actividad No. % Agricultura Alimentos y Bebidas Textiles Art. Consumo Doméstico Confec. e Indumentaria Curtido y Pieles Metales Cerámica y Vidrio Madera y Muebles Construcción Comercio Estadp, Clero y Educación Profesiones Liberales Actividades Artísticas Transportes Empleados Particulares Domésticos Establecimientos Fabriles Viven de rentas Otros 151 63 89 6 47 34 43 30 25 11 24.71 10.31 14.57 0.98 7.69 5.56 7.04 4.91 4.09 7.53 6.55 0.33 0.16 0.49 2.62 0.00 0.65 0.00 0.00 1.80 Totales 611 100.00 46 40 2 1 3 16 o 4 o o 205 1 1 �206 Siglo XIX Aranda R. y Cuenya: El mundo del trabajo en Puebla 2()7 CUADRO/X DISTRIBUCION DE CONTRAYENTES SEGUN ACTIVIDAD (1870-1910) # Actividad No. % Agricultura Alimentos y Bebidas Textiles Art. Consumo Doméstico Confecciones e Indumentaria Curtido y Pieles Metales Cerámica y Vidrio Madera y Muebles Construcción Comercio Estado, Clero y Educación Profesiones Liberales Actividades Artísticas Transportes Empleados Particulares Domésticos Establecimientos Fabriles Viven de rentas Otros 353 152 378 12 105 237 111 141 101 279 149 16 14 19 40 17 26 18 1 47 16.11 7.13 16.16 0.99 4.74 10.69 5.01 6.36 4.56 12.59 6.72 0.72 0.63 0.86 1.81 0.77 1.17 0.81 0.05 2.12 2 216 100.00 # N M~~~~~~$~~~~~~~~888~ 8 ~±~~o~Ñ~~~~~ooo~oooo g o {I) .., o ,o CD~ Ul 1-< - z ...Ul ~ # 1-< z ou~ O N f i l - "'º "co 00 3~ Ul o._. -- # o Ul U 8~8;~~~~~$M~$~M~888~ ~~~~ci~M~~~~~~O~~OOOci __ _ ~Ñ~~~~~$~~8~~Ñ~Ñ888~ ,..,. N~N~M~~~~~N~~OOMOOOci 8 g {I) g; ~l~Ñ~~~:~2~1~~-~000N 8 "" -~ >-< !-'---!-------------------+-º ~º~~s=~2$;~~~i~~8888 8 ~ ¡:o # M~Mº®~~~MMMM~ººººººº u~ <u< §~ o .J ><: << o oZ N- - - Ul N- - - ::> < O' .JO ¡¡¡ilG Fuente: Libros Matrimoniales. Parroquia de Analco, 1870-1910. 88 ºº"~~ {I) Totales ~~=~~~~~º~~~~~~~~~~~ ~~~~ci~~~~N~~ci~O~Ocicid o~ z o ü ::> CQ ;¡ 1-< {I) ci fl. º°' • o,. ,o-O -- 1, 1 r l l : ; 1 �_n<tt 1• _ J.. -"·•-·· t!,_.,ad_..,.",;,;;.,., ._••,..,. ,, .1J11,..-..:;; "'''U"'-_,.. .... ..,; • · •~ Uni~~,..r'411a f"~~~ ... -••· , --- "' ,.~~ :..v GRAFICA I PRINCIPALES OCUPACIONES DE CONTRAYENTES. 1640-1802 Alim. y beb. ~ ¡------- ,___----------....' . --~................ 24· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , . - , . - - - - - - - - - - - - - - . - 22· text. <:,i ~ o ~ 20- >< >< 18 • +++ 16· agríe. 14·~ pieles ., 12· !S ·~ 5u 10 • ~ . + ~ · - · - ·-·-·-· 8 - I· · •••.••••••••• 6-, art. cons. domestic. 4 - construc. ... - -++ -+-++ ++++++++-'" -·- ~ ~~ k~ ~k ~"" ·-·-·- ·-·-·-. -.- . -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·····, '··········· ..................................................... 2 - o_,_----,.-.,------------------------J 1640-1699 --- 1700-1749 Actividades 1750-1802 GRAFICA 11 PRINCIPALES OCUPACIONES INDIGENAS 1640-1802 Alim. y beb. - 28 26 ++ + 24 agríe . -·-·pieles ········· art. consumo doméstico ~ 22 e 20 ·5 8 .... o c.. , --------· .---------------- 18 16 ,,."' _++ ++-+++-++ +++++ +" 14 ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,, -------------1,,, ,. ¡ ,, ,,, ,,, ?' ,, ,,, ,,, ,,. ,,, ,,, ~ '< .. ªt!1 Q !'! ee: ::, 12 10 8 construcción ......... 30 textiles ~ -·-·-·-·-·-·-·-·- ·- · Q. !t ¡i ·········· .eo·o- 6 ············- ············ ..... ~ . ...................... . º;-----------------r-----------------~ 1640-1699 1700.1749 - ---- -- 1750. Í802 l ¡¡;- ~ �,_ l·• ·----~· . I,, 1 r-~ ~1:.. Ji ..!P.~ •.ififf ,, ".-i ), ,,~·• ~" . 1111 u .,.J..Ml~ 't/t";,u~- --•'l'-:-i_111 -AJl lt · ~ · _ , . .~...... u .. f Unl11~r~1a '-jk•-··•·l• 1-t ~' !'lt'.1-:,.,. to.> GRAFICA IIl ACTIVIDADES CONTRAYENTES ESPAÑOLES Y MESTIZOS. 1700-1749 Actividades 40 35 2 metales i, .. ._ ..., ., \\. '• '\ . . ..., ·, '", , .,,'" _; 25 5 e 8 ... _ .-·...... ·,---......... ', --..... ...- .... 1 ,,, / ,,.-' > . ,1' o. 15 7 curtido y pieles ..--,,,. .-' /"/ ,l I / , , ""'·•. /~/~·! ·,. ../.,,,, 10 profesiones liberales o . .. ..........., '· ... '-.._'· ,"- •..., "·. ·- "\~· '....,,,_···...'. . 1. '...''· . ., 1, ··/ .---·>·/ / ' .•···"'··,,..•· (,.,-· .:r ___.,1 , .. '·, .. ' ,.. . _,·•.,.' .,, l ' .• ;' ·, •• ',,·•,, , ., _,.-·' ,· ,.,.' ·,,~ .-- 1/.,,.- /" ,,, , ·' ,...,· ...•/ _ ", • ,,..- ,,.•• ,,1 . ~ _>/;1 ,·" ... 5 , -.'"-... ·' / j . I' r' ' , , ' r, ', ··,, ,- .-~-- ·'/ 1,,,,1' , ··' . . / 9 alimentos y bebidas E;} _ ' • I'• ., · / .• _,,,,,/ 10 Mestizos ~ ~ ,·,' ' . •. . , ~ - ,., ' · ,/,,./ .. ,,.•· ,/ f •► 8 cerámica y vidrio ' .. ·, ,J ....,¡I , "' __ 20 o ~ ~ e , ..•.. ... ►,.,\. ·,...'..·,...'..... ', -~ .. / : ••,f ~ "'. .... '-.j ~ , ,· 5 agricultura 6 transportes •,' ''- '''• .~..., Espaftoles .·,.. ·, ".'' .... ···, '· 30 r•.~.~~!. •,, 3 comercio 4 confec. e indumentaria ., . ··, 1 textiles e; 1,, ....... .,.,,.,,,•,,.. ,••' ;> / " .,• ·' l.'✓ .•• , · _,: , ,. .... 9 8 7 6 5 4 3 2 10 GRAFICA IV A ctividades ..... S ....... 17_5.;;.0-...1_,80_2_ so ....,___ _. ;A..;;.C.;;;.T.;.;I;..;V~I~D.;. ;A;.;;;D;.;;;E;,;;S..,;C;;,;O;;,;N;..;.T.;;.R;;.;;.A:;.;;.;.Y,;;;E.;. ;N...T,;;;E,;;.S.;;E..S..P_A_,Ñ,_O...L_E_S_,Y...,.M,_E_S_T_l_ZO '•.' ' ~ ·,. '1 1 textiles " "·· .... .. ·..,' ·.....'•:··•J 2 metales 40 3 comercio 4 confec. e indumentaria 6 transportes Mestizos "1 \ ·, , ·,' '• , - ~- ·,.··', ......., ''·..... o .. ·-., l. '. r L:J ~ ?" 20 ¡, ·-..>': ' . ...•·· ,••••'. <·::/:,. 8 cerámica y vidrio ►• · 10 .-•' -~ ..... F ..•·~•~ ' ✓. .> ' , / ' •••, • . 1 . · " .··· ' ,> • •• ,,..• ,. • l.,-. ,··· _,, 1 . ,,· ~ • •• ..• , , ,. , ' ,.,·· ;-·' , ·· ,,> ,• .,, , , (' . / . •• • 2 '>' 1, •• 8: '· - ~ O' , ··· · _•. , ' .. . ...·· ' . .. . , .· ·"··· ¡1•' ~ ' ., . . ,..•• ..·· ................. ..,....,_'."'t ....-........ ¿1- _./ ,.;··' 1 eo · ··' .... ,,,.. / ' .,• ',', ..,'·,· ' ' .... ,·,. "· ' .., ··~ ' ~ 3 § · ......., j .... ,,,,.•' .... .• "' -· •, \ , '\ , .... , , · ,. ' 1 1 ·, ...... ") ~ ·''I: · ..... . ·.,. ". ' •. \. '\, ,¡I' ••• . . ,,.•· , o ., ··•... •. ¡; . , .......• , JO profesiones 1 i ........ ' f' ,·· .,' 1· / '<: .,-....'··•.. r,-7 8 ... o. liberales Pl ld 1, ,, , ··,. :~~---- ~ ·se 7 curtido y pieles 9 alimentos y bebidas Espai\oles '\ 30 S agricultura ~•., ··, ....., _, . · · ,•• a •... ·, ·, '•·, •. '··, 1 ' ,,,• ..., _.,.. ., 1 I'·' I ., .... I .. • •• . • 3 l • ·~. ~ ,. 4 5 6 7 8 9 10 !::! �~-~ - f.:.¡:u¿.!;,/;;:.,•; ~UJai11i11t;.; I: ...,, ••'-"• ...,,.,....,._,. .... ¡,,,; T., :::.;; • . . .. :l.i t1 I f!Ui:!lt! ~· j C~il~ Afbr.:;:n~ r3u'.1J,eca Unh-·~1a f f N ORAFICA V DISTRIBUCION DE LOS CONTRA YENTES SEGUN ACTIVIDAD. 1830.1860 Actividades 26 1 agricultura 2 alimentos y bebidas l//,, j 22 4 confec. e indumentaria S construcción 6 metales . 16 ~ ...= ·2 14 .. ./ / ....> ' ,;'· ~.. , ,. _,. ,.1 . ,. .,1 -' ~I ... í ' •',,. ' , 12· ,,. ,i 10 , ,' ✓ 7 comercio 8 / .1'' ',, ">.· ,'~,,.... ,. · ✓· , ,., ., 9 cerámica y vidrio 4 10 madera y muebles 2 , , ,• ..-,, ..,: / , ' , , , Actividades 1,· , ,,·• ,/ , ,., ·' s ,/ : ,·· .,·· ,,.,··,,, · -~...--· ••◄ /' 4 ,1 ,,; / ' 3 2 l:;~::~~~·.: ,,,7,, , ... ,, .,. ¡ ,·,,. ,,7.,1 • ,,,.. ..◄ • ¡.,,, ,; ,· ,, . /1~,. r...·.,• ., l•' ,1 , ,· o 11 transportes • , , , .. ~ , ,.· ,•· ,, ' ; ,, , : •' • •1 , .,-· I ¡,,_,, ,. ,· ,. 6 ,◄ ¡,' / ~-· J., Q. 8 pieles ~ . ' / ' ,·•1 18 8 o , ,., / ./,., ..,,. 20 3 textiles ~ o ,. , · 24 ¡;:¡ .•·.••·':·• 11 10 9 8 7 6 ORAFICA VI 3 text. DISTRIBUCION DE LOS CONTRAYENTES SEGUN ACTIVIDAD 1870-1910 1 agric. 16 15 10 construc. . ,. ,,,,,. 14 13 6 pieles 12 2 alim/ beb. 11 10 JI comerc. 8 cer ./vidrio 7 metal. 5 confec. 9 madera y muebles "' ·2 9 ~... o o.. 8 7 6 5 4 3 2 j o ;,~ ,·· , ' ~ [,/ / , ~-· -~.' ,• f.!, ~ '< ,,,,, ,··· "' .//. ,,, ,,,l . /, l<· . > ' ,; .,1 . _, 'I r" ,· ~" ,,· ... r" Q) ,J>' ,· ' "'. ¡.,' ,·· ,, , r,-··-.,, ,, ,,, . ,· ,, ' , ' ,1 l.,,..,• ,. t , ¡<' , ·· ¡,•' ' ~ .•·/ ·' ,,,, ..... ;· -~ . ~, ,,. ., , ,,. ,.,.- ' ►•••• "'. .,,.·..~··., ., , ,. ·" .. , 1<'',. ~,,, , .•••✓, •.,./ ,,; ~ g ~ t!l .•· , / , .,,· , ,, ,. ,; _,. , , , , , , ·I • ..-1 .,· !3 e 1 , ' ,, ,,. .. , 1 , .·,,,, / I ., ·, , ·"'( ~·· , .J· ../ ,• /',,, / ,, ,,, .·, ' ;' , , , ...· . ,· , , .. , ,,, ..· /.- ~_:/ .. ../ _,,. , .,. ,., , . ,~ ,,· ,,. §Q. a. , • ,.J· ¡_, r /. ; ' e, , , ,; ,, , 1 ,, , ··' ,· /,,··1 .,·· , , •I , l ,,.. "' ,·• .• ~ ., . ' , 1 .... , , ••...,; ,./1 ~:--:~,i ,,.,./,..., ,.. ,. . ~·· .,,~· ........,, ...,.l"_,·.,·1 ... ,,,..,. ~, ,.· lr, ... ' ,, J' / ,.. .• / · ,•·•/.• .. rT7 L,··-., •.-,., . ., ,.' ' .,,•_,._·-:., _.,. $ ' t' / / ' .. . . . j ~~-·•'~' .. _;_ ,· ~ c:r .e?. o g l ¡¡;- N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <.o �214 Aranda R. y Cuenya: El mundo del trabajo en Puebla Siglo XJX GRAFICA VII % ANEXO -------, ,, ~ .,. ...... . '!., ~ ") :. -~ . r~ :, Ei r. r~ ~~I ·.~~. f-! \ -,.., .,. .,. .,. .,,...,, ~ ~ ~ \ "" \ \ \\ ~ .·.•· ""-,..~ --· -- . ,.--- .,.,·,. '· ........... l '·.......... '' i:,; ..-!3......... it -,e 1 i':i¡ lo -1( ~ !, ~· .t ~: ~ ,,.,..,. ~ ~ 12 10 .\- .,_ ~ 14 ~ )("'IC\\ 16 ~ ~ .¡. ~ ) 1) AGRICULTURA .\ .,. 18 .; ~~ ~ ~ ,.. "é: ~ ~ .,. .,. \ ~ fl ~ .¡. \\ --~1 AGRUPACION DE LAS PROFESIONES POR ACTIVIDAD ~ -1, \\ \ 20 I .,..¡. .,. ..,.. \\ 22 ~---.... ,e\'..-, .\ PRINCIPALES ACTIVIDADES DE CONTRAYENTES. 1640-1910 24 8 6 .... .... .... .... .... 4 .~, / \ '' •••· . ' .-~--·, '~ ~ // --- - I / Textiles Alimentos y Bebidas +++ 2 ··········· Agricultura ·-·-. Pieles Construcción Comercio o gañán peón vaquero arriero labrador segador hortelano tlaquehuale campista pastor zacatero jornalero jardinero agricultor operario de campo campero 2) ALIMENTOS Y BEBIDAS chilero molinero panadero tocinero mantequero quesero harinero frutero repostero dulcero semitero bizcochero fiderero campechero carnicero tablajero cervecero obleitero cernidor lechero 3)TEXTILES 1640 1699 215 1700 1749 1750 1802 1830 1860 1870 1910 tejedor cardador cordelero hilandero sabanero sariero batanero tintorero 6)CURTIDO Y PIELES curtidor zapatero zurrador gamucero calzonero aparador ensi.lelador obrajero pasamanero talabartero bordador pañero 7) METALES herrero tilmero ollero guarnicionero cerrajero sedarero fresadero cuerdero pailero fabricante platero ovill~ro cuchillero indianillero herrador arpillador arcabucero flebotomiano calderetero campanero 4)ARTICULOS entorchador CONSUMO DOMESTICO barrero velero armero carbonero cobrero jabonero hojalatero leñero latonero candelero latero tabaquero jaulero aceitero guardafierros cerero fuellero canastero soldador 5)CONFECCION E INDUMENTARIA 8) CERAMICA Y VIDRIO sombrero guantero sastre botonero galonero camisero locero alfarero 9) MADERA Y MUEBLES carpintero �216 Siglo XIX perchero sillero tornero entallador ensamblador serrador carretero guitarrero carrocero tapicero 10) CONSTRUCCION albañil pintor cantero arenero pedrero ladrillero 11) COMERCIO tratante comerciante ambulador viandante corredor traficante 12) ESTADO, CLERO YEDUCACION tte. de barrio sacristán escribano de cabildo soldado militar guarda de aduana fiscal de naturales administrador del abasto maestro empleado de gobierno 13) PROFESIONES LIBERALES oficial de la pluma plumario practicante de cirugía amanuense de contaduría farmacéutico pasante de derecho escribiente Aranda R. y Cuenya: El mundo del trabajo en Puebla 14) ACTIVIDADES ARTISTICAS cantor músico dorador escultor tallador de oro tirador de oro fotógrafo grabador novillero dibujante 15) TRANSPORTES arriero cartero cargador cochero enfardelador maquinero conductor carrero empleado de ferrocarril 16) EMPLEOS PARTICULARES empleado mesero caballerango 17) DOMESTICOS sirviente criado lacayo 18) ESTABLECIMIENTOS FABRILES operario de fábrica industrial fabricante de cerillos mecánico 19) VIVEN DE RENTAS propietario 20) OTROS esclavo peluquero ciego barbero zarcillero cohetero rosariero nagero relojero cajillero ardero tecalero preso calfonero xatero cigarrero impresor purero artesano limosnero encuadernador temascalero guarda de tabaco 217 �EL SIGLO XVIII EN MEXICO Natalidad y Mortalidad en Tecali (Puebla): 1701-1801 Lutz Brinckmann S. * ~··--... ".Í ._¡¡ e -~s 1~ .'!. e .¡_;¡ ::l .,.. 'I") ! f . i:' ~ '1 ·~ ...._ • INTRODUCCION El presente trabajo pretende un análisis de estructura y movimientos de la población del distrito parroquial de Tecali en la parte del altiplano correspondiente al actual estado de Puebla durante el siglo XVlll. La base principal de la documentación usada son los libros de bautismo, defunciones y matrimonios conservados en el archivo parroquial de Tecali, v.g. las micropelículas de esta documentación original obtenidas mediante el apoyo de la Sociedad Mexicana de Historia y Genealogía y con fondos financieros proporcionados por la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). La documentación relevante para la demografía del siglo XVIII comienza en junio de 1701 y termina en mayo de 1801. Para los capítulos de este artículo sólo se hace uso de los libros de bautismos y defunciones con el intento de acercarse a los ritmos de vida y muerte palpables durante el último siglo de la colonia. La segunda parte de esta investigación, en proceso, se basará en los libros de matrimonios y en los dos censos generales de este Iugar y época que están a mi alcance: 1) el censo del virrey Fuenclara de 1744, publicado por Villaseñor y Sánchez (1746); 2) el censo del virrey Bucareli de 1777 ** • Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León (México) •• Archivo General de Indias (AGI), Sevilla: Aud. Méx. 2581. �220 Siglo XIX Peter Gerhard (1972) caracteriza el distrito de Tecali de la siguiente manera: Tecali is in central Puebla, state, alonge the great bend in the Atoyac (Balsas) river where it changes course and heads westwards towards the Pacific. It is a bleak region, quite dry and cold, at 1 800 - 2 400 m. There is little surface water except in the river, which flows at the bottom of a deep canyon. El distrito político de Tecali en el siglo XVIII consiste -según la misma fuente- de las siguientes poblaciones: Toe pueblos were Santiago Tecali (1950: Tecali de Herrera, villa), Sta. Maria Aguatepec, S. Pedro Apaxtlaguaca, S. Salvador Ayotempan, S. Buenaventura (Caltenpan), S. Martín (CaJtenco), Sta. Clara Huichitepec, S. Miguel Huiscolotla, or Acuexomac, S. Francisco Mixtla, S. Lorenzo Ometepec, S. Geronimo, Sta. Isabel, S. Bartholome (TepetlacaJtechco), Tepeyehualco (¿Asuncion?), Sta. Maria Nativitas Tochtepec, Trinidad, and S. Juan Tzicatlacoyan. Three of these places had acquires cabecera status by 1803. Twenty odd barrios which appear in the 1777 padron of Tecali may correspond to old estancias, moved in the congregacion. Villaseñor y Sánchez es más explícito en su descripción del distrito y de las actividades de sus habitantes a mediados del siglo XVIU. En la página 321 dice: Latitud 19 gr. 45 min. Longitud 275 gr. 10 aún. Cinco leguas de la ciudad de Puebla a la parte del Suest, está la Jurisdicción de Tecali, de que es capital el Pueblo de Santiago en donde reside el Alcalde Mayor de la Provincia: y aunque el partido es de los de segunda classe, y pingüe, está reduzido a una sola cabezera, que es el referido Pueblo de Santiago, y a dos curatos de clérigos colados de este Obispado, empero el Gobierno de los Indios está dividido en dos Parcialidades, conviene a saber, la de Santiago Tecali, y la de Santa María Toxtepec... Y en las páginas 322 y 323 describe las siguientes actividades económicas: El trato y comercio de esta Jurisdicción por la mayor parte son las siembras de maíz, trigo, frijol, sebada, alverjón, y otras senúllas por lo general, aviendo en algunos Pueblos, y sus contornos crías, y engorda de ganado cabrío, en las partes que son aptas para ello, y assi- L. Brinckmann: Natalidad y mortalidad en Puebla 221 messmo se ocupan los Pueblos de este Vecindario en algunos texidos de mantas de algodón, y otra grangerías de su especie conque comercian y especialmente tratan en la fábrica de Esteras de palma, y canastos abundantemente bastantes para repartirle en todo el Reyno de la Nueva España, aunque ay otras Jurisdicciones y Pueblos donde se hagan, son éstos los más expendibles. Cerca de tres leguas de esta Cabezera está una mina al modo de Cantera, de donde se corta el Mármol, y entre su betería sale mucha piedra Jaspe versicolorida, y blanca de que hacen muchas curiosidades menudas, y se cortan lápidas para Aras, y clarabollas de iglesias para resguardo del ayre, tan luminosas, que dan la mesma claridad, que si fueran vidrieras, y de las que sacan diversidad en los colores se hacen exquisitas tablas para Mesas, y sólo en este Pueblo aprovechan este beneficio natural de la tierra a distinción de otras partes donde ay Alabastra y Pórfido, que por carecer de curia, y aver mucha desidia, no trabajan en el pulimento, y usufructo de dichas piedras, yéndose sólo a la cantería regular, fácil en su labor, y poco costosa en su fábrica. Podemos concluir que Tecali tiene un clima seco y generalmente frío, "el clima semiárido y los suelos muy erosionados, delgados y pobres, formados de barros y tepetates poco consolidados ... (M. Olivera, 1978:45) Estas condiciones generales y la escasez de agua en la superficie hacen a la agricultura aún hoy un oficio arriesgado, y con bastante seguridad lo era también en el siglo XVIll. En esta situación, tenían entonces y en la actualidad gran importancia las actividades de artesanía mencionadas por Villaseñor y Sánchez, tales como la elaboración de productos de mármol y alabastro (hoy llamado "Onyx"), y la elaboración y venta de carrizal y palmito. Estos últimos según M. Olivera (p.43) actualmente elaborados por mujeres. Existe una posibilidad que en el siglo XVIII formaran todavía parte de toda una industria especializada con considerable nível de calidad y amplia venta en el reino. En los Libros Parroquiales de vez en cuando se menciona un cierto barrio de los amanteca y la existencia todavía en 1777 de barrios de pedreros, carpinteros y albañiles, lo que indica la continuidad de industrias artesanales pre-hispánicas durante la colonia. Hoy la industria del Onyx de Tecali y otros lugares ha conquistado al mercado nacional de ártesanías y es exportado en cantidad considerables al exterior. La situación social de los habitantes de Tecali del siglo XVIII se caracterizaba por el hecho de que la gran mayoría de los campesinos �222 Siglo XIX L. Brinckmann: Natalidad y mortalidad en Puebla distrito de Tecali fue positivo; y aunque las cifras globales de nacimientos y decesos se reducen a partir de 1771 a causa de que el importante subdistrito de San Miguel Tzicotlacoyan se convierte en curato independiente, en el año de 1801 hay un total de 9 149 individuos más que en 1701. Tanto el promedio secular del 'ratio' entre bautismos y muertes de 2.2 como los 'ratios' promediales para cada cuarto de siglo demuestran que los nacimientos superaban a las muertes en forma substancial. indígenas trabajaba como terrazgueros en las tierras que eran propiedad de los caciques locales, herederos de la antigua clase de los Pilli (pipiltin) o señores, y se empeñaban -junto con mestizos y mulatosen número crecido como trabajadores libres o gañanes en las haciendas y ranchos propiedad de familias españolas. M. Olivera (p. 52) da las siguientes características generales: En el siglo XVIII, la importancia de las repúblicas de Indios se había reducido; la mayor parte de las comunidades que sobrevivieron dependían más de las haciendas que de la Corona. En efecto, el siglo XVlll fue precisamente la edad de oro de la hacienda mexicana entendida como una propiedad rural que los colonos habían comprado o quitado a los Indios, en la que solían agrupar las caballerías de cultivo y las estancias ganaderas que explotaban con mano de obra negra, esclava e indígena o mestiza, de supuestos trabajadores "libres" llamados gañanes, que sustituyeron a los Indios de "repartimiento" desde mediados del siglo XVII. Muchos gananes del siglo XVIll vivían en las haciendas y tenían prácticamente carácter de acasillados, ya que además de su fuerza de trabajo podían venderse junto con las tierras ... Otros muchos gañanes vivían en sus pueblos cerca de las haciendas de las que eran trabajadores temporales; su servicio segarantizaba a través de adeudos y la coerción. 223 GRAFICA I TENDENCIAS DEMOGRAFICAS DEL SIGLO XVIII 10000 1000 A N 10 De sus cosechas precarias los indios comunes o macehualtin no sólo tenían que pagar a los caciques la renta de las tierras que cultivaban, sino también en muchos casos la renta de los lotes donde tenían sus propias casas. Se requiere entonces de poca fantasía para imaginarse el terrible impacto que tenían las cosechas pobres o fallidas sobre la economía de la familia campesina indígena y se puede comprender, quizás mejor, que cada escasez de alimentos provocada por una cosecha mala -originada por ausencia o abundancia exagerada de lluvias, sequías prolongadas o heladas- tenía como consecuencia el brote de enfermedades epidémicas entre un pueblo ya de por sí malnutrido. Las epidemias más temidas del siglo XVIII fueron el matlazahuatl -una especie de tifo, que atacaba principalmente a los adultos- la viruela, el sarampión y la pulmonía (dolores de costado), que cobraron muchas víctimas durante el segundo tercio del siglo XVIll. 1. TENDENCIAS SECULARES DE VIDA Y MUERTE A pesar de las epidemias y hambrunas concentradas principalmente en el segundo tercio del siglo XVIll, el saldo demográfico global para el G o 1 0.1 s ------- ----- ------- ---·-------- -- ----· ------- ·---- ·- -----~. ♦ RATIO e- MUER 1-BAP. En el promedio secular nacieron anualmente 8S.7 individuos más que los que murieron. Estas tendencias se pueden apreciar también en la gráfica, dado que el 'ratio' anda en la mayoría de los años arriba de la línea del 1. . Dividiendo el siglo en cuatro períodos de 25 años, se llega al sigmente cuadro general: Período I (1701-1725) El crecimiento acelerado durante este período arroja una ganancia neta de 3 831 individuos debido a que �L. Brinckmann: Natalidad y mortalidad en Puebla 224 225 Siglo XIX GRAFICA 2 en promedio nacieron anualmente 157.7 individuos más que murieron. Período II (1726-1750) A pesar de sufrir cuatro epidemias fuertes hay un superávit de 1 794 individuos. En promedio anual _nacen 71.8 individuos más que los que mueren, reduciendo el superávit demográfico a la mitad. Período III (1751-1775) No obstante haber pasado tres epidemias y dos crisis de subsistencia sube el superávit demográfico a 2 267 individuos. Nacen en promedio anual 90.4 individuos más que los que mueren. Período IV (1776-1801) . Aunque soportaron 3 epidemias, por lo menos una ensis de subsistencia y la disminución del distrito parroquial por la separación de San Miguel Tzicotlacoyan, hay todavía un superávit de 1 163 individuos. Nacen en promedio anual de 48.7 individuos más que los que mueren. 2. RITMOS DE NATALIDAD Esquema general de concepciones y bautismos Como es de suponer en una sociedad como la de Tecali del siglo XVlll, donde la mayoría de sus miembros vive de la~ activi~ades agrícol~, la vida -y en especial la fertilidad humana- sigue el ntmo de las actividades agrícolas, dictadas por las estaciones climáticas. La zona de Tecali como toda la zona central del altiplano de México, experimenta d~s períodos anuales de se~uía (enero-abril Y noviembre-diciembre); y un período central de lluvias entre mayo Yseptiembre el cual llega a su clímax durante los meses de julio Yagosto. Estas c~ndiciones climáticas se transmiten a los períodos de siembra y cosecha para las variantes básicas del maíz, base de la ali~entación de la población de Tecali. El período de siembra es determmado por las variaciones climáticas y regionales entre marzo-mayo, Y el de la cosecha entre octubre-diciembre (Gibson, p. 304). La gráfica calcula los promedios de todas las concepciones Yba~tismos por mes durante el siglo XVIII, y demuestra claramente 1~ diferencias estacionales en el comportamiento sexual de la población. CONCEPCIONES Y BAUTISMOS EN GENERAL p R 25 25 o 20 20 15 15 10 10 5 5 M EM DE 1 S o s I - 1 2 J ◄ 5 6 7 8 9 10 11 12 jMESES 1 - CONCEP. 0BAP. El tiempo de la sequía, de noviembre a marzo, es la temporada de máxima actividad sexual de la población adulta, debido obviamente al descanso por las pocas actividades en el campo. Durante los meses de diciembre y enero se registran las máximas concepciones por afio. Por consecuencia, los meses de siembra y los meses de trabajo intensivo de campo durante la estación lluviosa de mayo a septiembre están caracterizados por el descenso en el número de concepciones y el aumento en el de los nacimientos. Junio marca el punto más bajo de la actividad sexual, y julio y agosto son los meses del más alto promedio de natalidad anual. Concepciones y bautismos en tiempos de crisis Las frecuentes crisis demográficas del siglo XVIII alteraron también en cierta forma los ritmos seculares de concepciones y bautismos. El alto promedio de concepciones en febrero y los valores también relativamente altos para enero, noviembre y diciembre demuestran que los meses de la sequía invernal son poco afectados por las enfermedades epidémicas. El descenso más marcado que el normal entre los meses de marzo a junio (punto más bajo para ambos esquemas), y su recuperación más lenta hasta octubre demuestra -más allá del ritmo estacional- que la mayoría de las muertes ocurre durante la estación �226 Siglo XIX L. Brinckmann: Nat.alidad y mortalidad en Puebla Concepciones y muertes de lluvias (a pesar de que muchas epidemias empiezan tan sólo al final de la estación de lluvias). En el mismo grado en que se acerca la estación de lluvias disminuye la frecuencia de concepciones llegando a su punto más bajo en junio, mes en el cual se dispara la mortalidad de verano hasta septiembre. A partir de septiembre aumenta el ritmo de las concepciones en el mismo grado en que disminuye la mortalidad. Durante los meses de crisis se observa una interacción diferente entre las concepciones y muertes. GRAFICA 3 CONCEPCIONES DURANTE EL SIGLO XVlll p R o M -__,,, ___,.. __ .., ___,,, ---.•--•.-- ..... ........ . 25 1 S . ' ' ' : . GRAFICA 5 CONCEPCIONES Y MUERTES EN TIEMPOS DE CRISIS 20 EM 15 DE ' 227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --~---~--_.. ___.. __ -t.---~---~- --~--7---:· - --:-- --: . . . .. . . . . . . . ; 10 - -"---~--_.. --_.. __ -t - --~- --:-·- - -:-- -¡-- ---:-- •¡-- -¡ : : : : t I t t t t 1 1 t t 1 1 t I t I l 1 1 1 : : : : : '; : 1 1 1 1 o s 6 I 0-Li-+--+---+--+-+--+-,~+-+--+-~ 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 - CONCRIS. jMESES 1 - CONGEN. p R 26 60 o 45 20 M EM 16 DE 1 S 10 o s 5 I o _::,_-...¡l.ar"I 1 2 3 ◄ 6 6 7 8 9 10 11 12 GRAFICA 4 0 CONCRIS fMESES / 40 35 30 26 20 15 10 5 o - MORCRJS CONCEPCIONES Y MORTALIDAD EN GENERAL p R o M 25 20 20 16 15 EM DE 1 S o s I 10 10 5 5 0.!.á-+LiiUtl...J.t1ut"-'+-4'-"4'-Lfl-l~t--i-t0 - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CONGEN. 1MESES 1 0 MORGEN. La gráfica demuestra la preferencia de las epidemias para la segunda mitad del año. La mortalidad es muy alta en los meses de julio y agosto, cuando la mortalidad estacional normal está reforzada por la mortalidad repentina de algunas epidemias que aparecen en verano. A diferencia de los tiempos normales, no baja en los meses siguientes en forma acentuada: sigue alta hasta el fin de año debido a otras epidemias que brotan de octubre a diciembre. Lo interesante es que las concepciones tienden a descender con tres meses de anticipación al comienzo de la mortalidad. Esta disminución es más marcada que la normal, provocada por la cercanía de las labores de siembra ai comienzo de la estación de lluvias. ¿Estaban antici- pando algo los genes? Nacimientos múltiples Según la demografía moderna hay en toda regla un nacimiento de ge- �228 Siglo XIX L. Brinckm1111IJ: Natalidad y mortalidad en Puebla melos por cada cien alumbramientos y en el caso de trillizos es de 1 x 10 000 nacimientos (Henry, Louis: Population, p. 64). Con un promedio secular de 0.38% era en Tecali, en el siglo XVIII, considerablemente por debajo de esta norma moderna. Lo mismo para los trillizos. En el total de 25 043 bautismos registrados durante este siglo -debido a algunas lagunas en la documentación (faltan los bautismos de 1717)debió haber sido aún más, y se podría esperar por lo menos dos nacimientos de trillizos. Pero si uno de éstos no se perdió en la documentación incompleta de 1717, hubo tan sólo uno (en 1710). Con 48.1 O/o de varones y 51. 90/o de mujeres en nacimientos múltiples, estamos dentro del rango normal de proporción sexual entre recién nacidos. Durante todo el siglo no hay noticias sobre nacimientos múltiples de cuatro o más individuos. Dada la naturaleza de la documentación parroquial, no se puede distinguir entre gemelos univitelinos y gemelos nacidos de dos óvulos. Aunque es posible separar a los gemelos de sexo diferente, quienes con seguridad son polivitelinos. Queda el gran resto de gemelos con el mismo sexo quienes pudieron haberse desarrollado de uno o de dos óvulos. El caso es inabordable. Por esta razón no se distingue en esta investigación entre ambas posibilidades y se toma tan sólo en cuenta el número de nacimientos múltiples/ año y se calcula su porcentaje en base al número total de bautismos/ año. Durante la primera mitad del siglo XVIII los nacimientos múltiples son notoriamente más frecuentes que durante la segunda mitad, tanto en las frecuencias por año como en el total de nacimientos por período. También son interesantes los períodos donde no hay ni un solo nacimiento múltiple como entre los años 20 y 30, 42 a 60 y 72 a 85. GRAFJCA 7 RATIO BAP/ MUER Y EL% DE GEMELOS 10 R :::: ::::: :: ::::: ====:1•====• ::::: :::::::::::: :: ::::::::::,\ 1:::::::;==¡==::1~,1==:1 ·::::;¡~\)\))[::=::i~::~;=~ -.- -- r-- -- i-...:1~º 1 : --1-----------------------------··e ----------------------------------------------------------M a- RATIO e,. GEM.% GEMELOS EN EL SIGLO XVIII 10 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::C ::·:1::: :::::::._:::: ■ :::: ::::::: ::::::: ::::: :: ::::::::::A --•--• ---- - --------·■------------- ·11------1-S ---1---- ----- 1 ::y 0.1 1- NACIM. AÑOS / -•---- -- -------····o 0.1 GRAFICA 6 229 El ratio entre bautismos (bap.) y muertes (muer.) está arriba del nivel 1 en los añ.os en que la natalidad supera a la mortalidad. El porcentaje de los gemelos (gem. O/o) está arriba de la linea del 1O/o cuando hay por lo menos un nacimiento múltiple en cada cien nacimientos por año. El gráfico permite distinguir entre tres períodos claramente señalados: 1701-1730: Los seis casos de nacimientos múltiples en la línea del 1O/o o arriba, y el ratio -con excepción de 1727- asentado entre los niveles 2 y 4 indican una población en un proceso de fuerte crecimiento. 1734-1784: Sólo dos casos de nacimientos múltiples en la línea del 1O/o o arriba. El ratio experimenta bruscos cambios entre los niveles 0.2 y 9, provocados por las epidemias y épocas de crisis de subsistencia de este período y los subsecuentes lapsos de recuperación demográfica. Sólo dos de estos períodos " �230 Siglo XIX de recuperación, el de 1742 después del Matlazahuatl de 1737 y el de 1755 que marca la recuperación de la natalidad hacia un nivel relativamente normal después de la brusca caída de 1749, se transmiten en números normales de natalidad múltiple. En los demás años el porcentaje de gemelos sí se recupera cuando se aumenta la natalidad después de una epidemia, pero no alcanza el nivel normal del 1%. 1785-1801: El número de casos de nacimientos múltiples arriba del 1% (5), y el ratio de bautismos / muertes asentado aun más bajo que durante el primer tercio del siglo, pero sin grandes altibajos, señala la recuperación sostenida de la población hacia finales del siglo. Parece entonces que un crecimiento sostenido de la población, expresado a través de un ratio arriba de 2, es la precondición indispensable para alcanzar y/o superar las normas modernas para la gestación de gemelos y trillizos, sobre todo en las condiciones demográficas reinantes en sociedades agrarias anteriores a la Revolución Industrial. Falta mencionar por último el extraño caso ocurrido en septiembre de 1773. El cura menciona que le fue reportado el nacimiento de gemelos muertos. Según el reporte, un pariente de la madre les había administrado el bautismo en artículo mortis, pero en vez de notificar al cura para sepultarlos, sus cadáveres fueron arrojados al río Atoyac. Durante todo el siglo XVIII no hay otro reporte de semejante indiferencia y/o brutalidad con un cadáver humano, porque hasta los cadáveres de los bandidos ajusticiados por la Acordada recibieron siempre sepultura eclesiástica. Puede ser que se tratara de un alumbramiento ilegítimo, y la familia de la madre quisiera ocultarlo a toda costa, pero no lo sabemos: no se menciona el nombre y el estado social de la madre, ni los nombres de los parientes. Parece que la investigación del cura sobre este incidente no pudo aclarar nada. Hijos ilegítimos y expuestos Durante el siglo XV111 se bautizó un promedio de 10.8 niños nacidos fuera de matrimonio. Anualmente, esta cifra corresponde al 4.4% en promedio secular de los bautismos registrados en la parroquia de Tecali. La terminología empleada por los curas para distinguir estos niños de la mayoría de los hijos nacidos dentro del matrimonio eclesiástico era la de hijo (a) legitimo (a) de legítimo matrimonio, pero en la L. Brinckmann: Natalidad y mortalidad en Puebla 231 mayoría de los casos se usaba la fórmula abreviada hijo (a) legítimo (a). Hijo (a) natural o hijo (a) ilegítimo (a) era el nombre que se daba a los hijos ilegítimos declarados en el bautismo por uno o ambos padres, y también a los hijos ilegítimos expuestos dejados por sus madres desconocidas en las puertas de una iglesia o -más frecuentementeen las puertas de las casas de otras familias (y presentados por ellas a la iglesia para el bautismo). Las familias adoptivas de los niños expuestos eran muchas veces -pero no siempre- vecinos prominentes (españoles, caciques, mestizos). de los pueblos, barrios, ranchos y haciendas del distrito de Tecali. Pero también hay casos en que las madres solteras depositaban a sus hijos no deseados en las puertas de casas de viudas o mujeres no casadas, permitiendo de esta manera una cierta duda hacia algunas adopciones fingidas destinadas a mantener el niño deseado, pero ilegítimo, y salvar al mismo tiempo la reputación personal en una sociedad rural sujeta a un rígido código sexual. Esta práctica era especialmenta atractiva para las viudas relativamente jóvenes -y hubo muchas después de las grandes epidemias del segundo tercio del siglo- quienes no podían o no querían casarse en segundas nupcias, pero tampoco tenían intenciones de vivir como monjas. Durante todo el siglo XVIII el sistema de adopciones era tao eficiente que absorbía -también en tiempos de epidemias- el 100% de los nifios expuestos. Se criaban en las familias adoptivas eomo huérfanos junto con los hijos legítimos del matrimonio. Al menos en las familias socialmente prominentes, estos huérfanos eran los futuros criados y ganaban su vida como trabajadores domésticos y/o del campo. El promedio secular de niños expuestos es de 5.4/ año (2.5 mase. y 2.9 fem.). La diferencia en el sexo varía considerablemente en años diferentes, y no permite afirmar una supuesta costumbre general de abandonar a las hijas y retener a los hijos. La costumbre de exponer a los hijos no deseados tenía como causa en estos tiempos, como hoy en día, más bien la presión social que la económica, aunque también motivaba en las sociedades preindustriales de Europa a muchos matrimonios pobres a abandonar hijos que ya no podían alimentar. (Ver Haensel y (,retel de los hermanos Grimm). Dada la pobreza manifiesta de los indígenas y castas en el campo (la vasta mayoría de ellos no hacía un testamento al morir -a pesar de las insistencias del cura- por no tener qué testar, muchos eran tan pobres que los curas les daban los servicios de la iglesia de limosna, i.e. sin cobrar) no podemos estar seguros de que todos los hijos expuestos fueron procreados por madres solteras o viudas. �232 Siglo XIX L. Brinckmann: Natalidad y mortalidad en Puebla GRAFICA 8 GRAFICA 9 BAUTISMOS E HIJOS ILEGITIMOS HIJOS ILEGITIMOS: DECLARADOS Y EXPUESTOS N 20 R20 N!llO R 12 j 0400 ~o 1 0 1 2 AO o o s .T.W. • 15 14 12 10 ••f•',b. es e100 7 14 'l2 is i 43 18 16 8 6 IJ -~-~¡ " ,. , n 4 AÑOS o 10 Eaio s ,J 57 64 233 n 78 llj az 4 2 o 9';J La comparación gráfica entre hijos ilegítimos declarado_s e_ hijos ilegítimos expuestos demuestra dos períodos claramente delimitados donde prácticamente todos los hijos ilegítimos son expuestos: 1- ILEB.X GRAFICA 10 NIÑOS ILEGITIMOS: DECLARADOS/EXPUESTOS Lagráfica demuestra que el fenómeno de los nacimientos ilegítimos tiene mucho que ver con las consecuencias de las crisis agrícolas y demográficas que comienzan en Tecali a principio del segundo tercio del siglo XVIII. Aunque los porcentajes más altos son las consecuencias inmediatas de las epidemias del matlazahuatl de 1737 y de la viruela de 1797/98, los nacimientos ilegítimos no vuelven a bajar entre las epidemias a los niveles del primer tercio del siglo, pero forman una plataforma bien estable de entre 3 y 6% de todos los bautismos entre 1730 y 1780. Durante el último tercio del siglo este porcentaje aumenta aun más (entre 4 y 8%) e indica así que la población se estaba recuperando numéricamente -ratio mayoritariamente arriba de 1- pero menos en la calidad social. 5 D4 E3 c2 1 Ao S O 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415-161819202122232425 AÑOS S III DEC.M -11 EXP.M -él EXP.F l!!I DEC.F �234 Siglo XIX L. Brinckmann: Natalidad y monalidad en Puebla 1708-1713 Las epidemias de viruela y tabardillo de 1709 a 1711 (Florescano, cuadro 14) provocan un brusco ascenso en la mortalidad y bien pueden ser la causa -junto con la altísima tasa de natalidad en estos años, las malas cosechas y la escasez general, que anotan varios autores (Florescano, cuadro 10)- para la formación de una severa crisis demográfica y de subsistencia, ocasionando la abundancia de niños expuestos. Llama además la atención que, tanto en 1709 como en 1712, fueron abandonados mucho más niñas que niftos. El caso es bastante extrafio, y se repite-aunque no tan extremadamente- de 1764 a 1766, cuando también todos los hijos ilegítimos son abandonados. 1758-1767 •• 'I1 § d~ ' 'f ' ~ ¿ t i _q r: ,, ¡¡ e: ► \:J - lli ~--......... La crisis agrícola de 1759/60, las epidemias de viruela y matlazahuatl de 1761/62 y el período de mal clima entre 1762 y 1768 (Florescano, cuadro 10) ayudaron a que en este período casi no existieran hijos ilegítimos declarados. En 1759, el máximo con esta tendencia, predominó el sexo femenino entre los expuestos, ambos sexos están casi igualmente representados en 1760, y en 1762 predominó el masculino. Los años de 1763 a 1766 parecen haber sido económicamente tan difíciles para Tecali, que la gente abandonaba la totalidad de sus hijos ilegítimos. A consecuencia de la epidemia de sarampión de 1768 hay nuevamente un alto índice de abandono de hijos ilegítimos, pero a pesar de la crisis agrícola general de 1771 / 72, baja el número de hijos expuestos hasta a finales del siglo drásticamente a O, a pesar también del nutrido número de hijos ilegítimos declarados que caracteriza este período. La crisis agrícola de 1801/ 02, que se inicia con el mal clima de 1797 y conduce a las malas y mediocres cosechas de 1800 y 1801, aumenta nuevamente el número de hijos expuestos con 500Jo más mujeres expuestas que varones. Por otro lado, hay la categoría de los hijos naturales declarados. Durante la primera mitad del siglo XVIII estos hijos ilegítimos son presentados por sus madres -en toda regla solteras e indígenas, aunque entre ellas hay una que otra viuda o hasta casada- para el bautismo eclesiástico. En estos casos se anota en el libro de los bautismos nombres, casta y lugar de origen de la madre y de los abuelos matemos del niño. Este estado tradicional de las cosas -mater certa pater incertusempieza a cambiar en forma significativa desde mediados de siglo. A partir del año de 1749 aparecen con más frecuencia ambos parientes 235 de un niño ilegítimo en el bautismo, y los curas tienen que inventar el término técnico consorte para caracterizar al fenómeno nuevo de padres solteros que aceptan públicamente su responsabilidad paternal y quienes, por supuesto, no siempre son solteros. Hay entre ellos viudos -lógicamente- pero también uno que otro casado. Pero la mayoría son solteros quienes viven obviamente en una especie de concubinato o unión libre con la madre del niño y tolerados por el clero. Esta nueva tolerancia moral, ca,acterística en los años 60 y 70 del siglo XVIII, se refleja también en la terminología de los libros de bautismo, que llama a los hijos de estas uniones "hijo(a) de ..." y siguen los nombres de ambos padres no casados sin el distintivo peyorativo de natural o ilegítimo para la criatura. Pero si se conoce tan sólo a fa madre, se siguen empleando los términos tradicionales de natural o ilegítimo. Aunque se puede apreciar durante algún tiempo una cierta tolerancia hacia los concubinatos y uniones libres, sin duda motivada por las epidemias y frecuentes crisis de subsistencia, esta tolerancia no es la regla general: a partir de 1780 ya predominan nuevamente los hijos naturales en los registros parroquiales de Tecali, aún cuando ambos padres sean conocidos. La cronique scandaleuse de Tecali culmina en 1780 con el caso de una hija -soltera- de un cacique local, que pretende pasar a su hijo natural como hijo legítimo de otro matrimonio. Pero el esquema de engaño falla -probablemente a causa de chismes-, hay una investigación por parte del cura, y como consecuencia una entrada oficial al .libro de bautismos. Otra cause celebre ocurre en 1787: esta vez se presentan dos parejas de solteros como presuntos padres de un recién nacido, caso que quedó aparentemente sin "solución oficial". En 1797 ocurre finalmente el único caso anotado en los libros de bautismos en el cual una mujer casada presenta su hijo ilegítimo. Otra rareza es la declaración de un hijo natural, cuyo padre es casado. Pero a pesar de estos casos raros e interesantes y hasta excepcionales, hay que tener siempre presente que, a pesar de epidemias espantosas, hambrunas y conflictos sociales, se logra mantener intacto el esquema social tradicional, porque en promedio el 950Jo de los niños bautizados durante el siglo XVIII nace dentro de la institución del matrimonio eclesiástico. 3. MORTALIDAD INFANTIL La calidad de los documentos parroquiales es por lo general tan buena que sólo para 1701 , 1703 y 1711 existen insuficiencias graves. Los re- •I 1 1 �236 Siglo XIX L. Brinckmann: Natalidad y mortalidad en Puebla 237 gistros para los demás años permiten por lo menos el cálculo de la mortalidad infantil total para cada año, y ofrecen también la relación porcentual con la mortalidad total (i.e. de todos los individuos). Mientras el término demográfico moderno -niño/nifla- comprende a los infantes de entre Odías y 4 años de edad, basándose en los conocimientos actuales sobre el desarrollo físico y psíquico de los infantes, en los registros eclesiásticos de siglo XVIII se usaba el término párbulolpárbula, basado en la supuesta facultad del infante de compren~er y recibir los sacramentos de la iglesia. Por consecuencia este térmmo demográfico comprende en toda regla a los infantes de ambos sexos de entre Odías y 6 años de edad. Debido al número considerable de párbulos cuyas edades no fueron anotadas en la fecha de sus entierros, no se puede aplicar el término moderno. Si se usa desde aquí en adelante la palabra niño(a) se entiende infantes de hasta 6 años de edad. Como se puede apreciar en las gráficas este valor promedial está sujeto a una variación muy amplia entre sus extremos, y durante el último tercio del siglo generalmente más alta que entre 170l y 1771. La máxima mortalidad de niños ocurre durante la epidemia de 1734, año en el cual el 76.20/o de los muertos (389 individuos) son niños; el mínimo secular de 17 .20/o ocurre durante la trágica epidemia del matlazahuatl de 1737 donde perecen 1 148 personas Oa máxima mortalidad/ afio en este siglo), pero tan sólo 202 de ellos son niflos menores de siete años. El promedio secular señala, que la mortalidad infantil_ (0 días a 6 años) era el 53.2% de la mortalidad total anual durante el siglo XVIII. AÑOS DE MORTALIDAD INFANTIL ALTA Un alto porcentaje de mortalidad infantil puede coincidir con períodos definidos por una alta mortalidad general, pero ocurre también con frecuencia en años con una mortalidad general relativamente baja. CUADRO 1 Años con epidemias 1708 1734 1746 1747 1768 1778/ 81 1797 1798 GRAFJCA 11 MORTALIDAD INFANTIL TOTAL N R o Años sin epidemias 1701 1713 1716 1717 1739 1740/42 1752 1754 1792 Debido a la falta de datos adicionales a los registros parroquiales, se puede explicar tan sólo algunos casos, como el de los años 1739-1742. En este caso parece que la altísima mortalidad entre adultos -durante el matlazahuatl de 1737- afectaba durante los años siguientes de la catástrofe también a los niños, por la falta de atención o quizás debido a la escasez de alimentos. Mortalidad infantil total por sexo 0 MORINF. ■ T.MORT. - MORT.% En el promedio secular mueren 42.1 varones y 40.6 mujeres anualmente. Pero estas cifras son sujetas a variaciones muy considerables en años específicos, como con la epidemia de 1734, cuando mueren 204 mujeres y tan sólo 185 varones. Pero en otros años los varones son mucho más afectados que las mujeres: por ejemplo, 1727 (180 varones/ 116 mujeres). �238 Siglo XIX L. Brinckmann: Natalidad y mortalidad en Puebla 239 GRAFICA 12 MORTALIDAD INFANTIL TOTAL/SEXO N oR250 · 200 O) - ,. 100 e 50 e :, ~l g ·s. ii: :i . ) ' : ce ? ,, r. 1 :i e ,2 ,u - r:í ., ::i ~ < in ;5 ~..._,. C) o ,..._ CQ o:, C) l,C) ~ CI P, -= = C) N 1 O) -;o r-- - CQ CQ CQ P, CQ !IÍ C) Q ... (l,l A 1l o r-r-- D150 E -= C) C) s o o s 0 < MASC. AÑOS ri5 -. Mortalidad infantil por grupos de edad Niños sin edades La calidad de los registros parroquiales para Tecali queda demostrado por el hecho de que en promedio secular mueren tan sólo 12 nifios/ año sin que el cura o sus vicarios anoten la edad en el momento de la muerte. Pero la falta de edades en las partidas de defunción se concentra marcadamente en algunos años específicos. Las deficiencias más altas las encontramos durante 1703 a 1706 y 1711/ 12. En todos estos años no hay epidemias ni una mortalidad muy notable por otras razones. El problema radica más bien en el estado caótico de la administración parroquial, porque parece que no hubo cura propietario presente entre 1701 y 1706; pero seis vicarios que tenían a veces estancias muy cortas en el distrito, mezclaron frecuente- 0 ~ ~ ~ ~ ... ... LO z N .::s;;; (l,l Q ce CQ (I') (I') (I') o o l: • = N ..."' (I') o . ~ o 0.. o •• • iii:: 0.. Q < -< Q • ..J ¿ ~ .,.: P, z< o LL O) ..J iii:: .... LO o ,z 1- o LO LO CI) "'I Durante el último tercio del siglo domina la mortalidad entre las mujeres, y tan sólo en 1780 y 1798 la mortalidad afecta más a los varones. En lo general las cifras totales no demuestran grandes diferencias entre los sexos. Pero esta relativa homogeneidad se altera cuando se analiza la mortalidad infantil en sus diferentes grupos de edad. . • z ■ FEM. ~ CQ ,..._ Q ¡¡¡ 7 U 20 26 32 38 ~ 50 56 62 68 73 79 85 91 97 ..J .- ... N ce -l,C) N "#. O) ·---= ~ N 1 1 C) l,C) C) C) cr, ¡za: o cr, ' CQ CI) (I') 1 = Ln N = CI N QW - -=o =en = oe LO C) u.i = l,C) 1 ~ o o l: ,z < 1 �240 L. Brinckmann: Natalidad y mortalidad en Puebla Siglo XIX mente los registros de entierros con otros de bautismos en una manera muy desordenada. La situación mejora con la toma de posesión del Br. Antonio Vazques como cura propietario en enero de 1706. Quizás debido a una ausencia del cura Vazques, y la falta de interés de sus vicarios Brs. Manuel Cárdenas, José López de Aguilera y Joseph Alejandro de Alarcón, se produjo el fracaso de 1712 cuando menos del 10% de los niños muertos tienen sus edades anotadas. Las fallas de l 720 son también atribuibles a funcionarios eclesiásticos, pero en el caso de 1722 pudo haber influido la pequeña epidemia de este año. A partir de 1723 podemos notar una mejoría drástica en la calidad de la documentación a pesar de las grandes epidemias que se desataron. Tan sólo los años de 1738 (siguiente a la gran epidemia de matlazahuatl), y el de 1752 son una excepción. o:, o:, o:, """ - o:, ' o .;o (/) "- o00 - QO """ r-- o:, ll.l GRAFlCA 14 MORTALIDAD PROPORCIONAL DE NIÑOS SIN EDADES.1771-1801 •\ 300 N R250 1 o 200 100 90 80 70 1 / • 60 50 o E150 1 40 l C100 30 A S 50 20 10 o ~o o - 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 ....,... 0 ~ ~ o < o ll.l z """ "C) "- o ,z -z LO U) ( /) (/) C) U) (/) LO LO ll.l o o LO ll.l (/) '- ~ C) LO X "'" o o< ...l < ¡... ¡:,,:: o ¿ - IC> (") C) (") IC> (',j C) (',j O .,... LO AÑOS - MOFff. % 11 MORT.INF. o 0 TOTAL IC> ¡za:o OUJ U<Cl)OCl)l o .z < 241 �242 Siglo XlX La racha de mala documentación entre 1773 y 1778 puede haber sido -por lo menos parcialmente- causada por la epidemia de 1773/74 y ocurre durante la larga tenencia del Br. Gerónimo Matheos Gil de Taboada y Bunges como cura propietario de Tecali (12.1.1773-21.IX.1797). Sus vicarios Joseph Antonio Bonfil, Mariano Días, Francisco Matheos, Josef Gonzáles y Joseph Fabián tenían en su mayoría cortas estancias -a veces repetidas- en el distrito. Durante los demás años y hacia el final del siglo XVIII la documentación es muy satisfactoria a pesar de las epidemias que se presentaron en este período. L. Brinckmann: Natalidad Y mortalidad en Puebla 243 GRAFICA 16 MORTALIDAD l. 1701-1801 (HASTA UN MES DE EDAD) Investigando la hipótesis de que la falta de edades tendría un trasfondo 'sexista', tanto la gráfica 15 como los promedios seculares demuestran que esto no es cierto. Los promedios seculares para ambos sexos (varones 4.7, mujeres 4.5 individuos/año) son muy cercanos uno de otro para atribuir las disparidades ocasionales a las tendencias generales de mortalidad en aquellos años. Entre 1701 y 1771 el promedio anual es de 4.2 varones y 3.6 mujeres, mientras en el último tercio del siglo hay 5.9 varones y 6.5 mujeres sin edades en promedio anual. g1 ~- ., .¡ l · ~ ..~.__..1 Queda entonces establecido, que las deficiencias en la documentación parroquial no se deben al exceso de trabajo en período de crisis demográficas, ni a prejuicios 'sexistas' sino al sistema r~tativo de los vicarios y la vigilancia, a veces muy deficiente, por curas desinteresados y ausentistas. El análisis de muertes infantiles por grupos de edad tiene que basarse en un cuerpo relativamente homogéneo de datos. Por esta razón no se ha tomado en cuenta los años que tengan arriba de 10OJo de niños sin edades. - 21 26 30 34 39 43 -49 54 58 62 66 70 79 83 89 93 97 - BAP. % AÑOS O M. GRUP. En promedio ~ecular' el 5.1 % de los recién nacidos no sobrevive el primerl mes de ~1da, _Y la mortalidad relativa de este grupo es el 18 1% d e a mortalidad mfantil/año. · CUADR02 I Mortalidad de niños hasta 1 mes de edad Se estudiará la mortalidad de los recién nacidos tanto relacionada al número de los bautismos/año para obtener la relación con la tasa de natalidad anual, como en relación con el número total de niños muertos/año para establecer la conexión de este subgrupo con la mortalidad infantil total/año. MORTALIDAD DE LOS RECIEN NACIDOS lndlviduos 1701-1801 1701-1771 1771-1801 JI.O 11.8 11.6 Porcentaje 5.1 4.2 7.5 Hasta 1771, ~ueren ~ás niños recién nacidos en promedio anual ue durante el ultimo terc1_0_ del siglo, pero debido a la natalidad geneialme?te alta, las probabilidades de supervivencia del grupo son bastante ;e1ores que duran~e los años de 1771 a 1801 con descenso marcado e la tasa de natalidad (nro. de bautismos/año). o �244 Siglo XIX L. Brinckmann: Natalidad y mortalidad en Puebla 245 El alto porcentaje de los recién nacidos entre la mortalidad total inf~til se debe principalmente a 1801, cuando se registra una mortalidad de 55.6% para los recién nacidos durante los primeros cinco meses del año, sin que las fuentes documentales disponibles nos ofrezcan una explicación. Lt) ('r') e:, Lt) C) ('r') N N t-. ...__ ••e::::;. o < o w 11 ti ~ :::> ií ! ~ 1 , L~, r: 11 1 ( ~· ;¡ t ' 1~~ : ili .. il, ~ I: ..._ CUADROJ u, e:, MORTALIDAD PORCENTUAL en "' = = en .:::::- "' e:, "' e.o -. •• z .... !'- o ii:; ~ f3 Cll < ::i:: ._, -. -- • o00 -o < -<o N e.o ...= U') U') ---■ • o r-- ' • ~ en ('I') ---- ~~. ,..¡ Porcentaje 11.8 11.7 11.9 18.1 16. l 22.3 Como es de esperar, por lo general mueren más varones (6.6 individuos/ año) que mujeres (5.3 individuos/ año), pero la gráfica 18 demuestra que a nivel de años individuales hay fuertes diferencias entre los sexos. Este es el caso de los aiíos de 1709 a 1718, afectados por la epidenúa de 1707/ 08, cuando se registra un exceso de mortalidad femenil; pero el caso más drástico proviene de la epidenúa de 1727, cuando mueren más de dos veces más niiías que niiíos, núentras la mortalidad masculina supera a la femenina durante los años de 1729, 1732/33, 1735/ 36, 1746/ 47, 1753, 1760 y 1764. En el último tercio del siglo hay un donúnio de la mortalidad masculina muy marcada durante la epidemia de 1770/ 80, y una mortalidad alta, pero pareja para ambos sexos, durante la epidemia de la viruela de 1797. e.o ·---- 'li __ •= < ¡... 1701-1801 1701-1771 1771-1801 ('I') o lll ~ Individuos ('I') en en Cll ~~ ~ CI -., ,-.. w -u, ... ('I') Niños de 2 a 6 meses de edad CI ...l ('I') ¡... e.o • ~ o ~ N . . . (1) NO ~ 1 u, e:, ('r') ('I') 1 z =º LC:I N 1 CI N QW - =- U') U') La mortalidad de este grupo tiene un promedio secular de 18.50/o de la total infantil por año. Como en el grupo anterior, la tasa de mortalidad (MORT.0/o) aumenta hacia el fin del siglo. < CUADR04 PROMEDIOS I = Individuos (.),cCl)QC,01 1701-1801 1701-1771 Grupos Mase. Fem. M.Grup. M.Inf. 6.8 7.4 6. 1 6.4 12.9 13.7 1 81.8 89.2 18.5 17.8 �246 Siglo XIX L. Brinckmann: Natalidad y mortalidad en Puebla Por las epidemias de 1734 (52 individuos) y 1727 (44 individuos) la mortalidad individual de este grupo de edad llega a su máxima durante el siglo XVIII. Pero fue en 1764 (44.23%) y 1794 (41.18%), cuando el grupo de los niños de 2 a 6 meses de edad llega a su máxima secular. 1764 se caracterizó por una mortalidad general e infantil baja y un repunte notable de natalidad después de la epidemia de 1761/62. Tanto en este caso, como en el de 1794, no disponemos de información alguna para poder explicar la alta mortalidad porcentual de los niños de este grupo. e= es, Ln en N en en ,-.. e < elll e= N 1 z ::> te:: 1 t( ~; ,., l j ! __1 MORTALIDAD DE NIÑOS DE 2 A 6 MESES DE EDAD 1701-1801 Ln ID .....' Ln ot-- ó .... N40 ~ o ~ ~ X en -...... Q < Q -< ...l 1Z o ~ E200 = z-=-o--,_c_w__c.,_-c_rn_o_oo_l I,_ Ln Ln 1 en ~ < 1 .A 250 (I') (I') .... Ln N 300 0 (I') 45 1 R350 co (I') = N "' N """ e= f-< ' co """ 00 lll 11:1 .if'1 GRAFICA 19 co ~ 0 ii: o ..... ~ "' co "' - ~ 00 .... < ;; en ~ o = lll ~ • !l CIJ r,. en 1 < 2: - e :~ g ~1g 11 d Ln CQ ¡¡;¡ 11 e= 247 Í J= Jl- 1 25 20 c150 15 '100 s 10 O 50 5 s 21 26 30 34 39 43 ◄9 5◄ o 58 62 66 70 79 83 89 93 97 AÑOS 0 M.GRUP_ ■ T.MORT. -- MORT% �248 L . Brinckmann: Natalidad y mortalidad en Puebla Siglo XIX Según los promedios seculares mueren ligeramente más varones (6.8 individuos) que mujeres (6.1 individuos), pero como se puede apreciar en la siguiente gráfica, mueren durante las epidemias de 1727 y 1734, en 1770 y en la de 1773 mucho más mujeres que hombres. 249 Niños de 7 meses a 1 año de edad Este grupo tiene con un promedio secular de 20% el valor más alto dentro del rango de mortalidad de niños de hasta I año de edad. GRAFICA 20 GRAFICA 21 MORTALIDAD/ SEXO DE NIÑOS DE 2 A 6 MESES DE EDAD 1701-1801 MORTALIDAD DE NIÑOS DE 7 A 1 AÑO DE EDAD 1701-1801 N30 R • N 025 oR350 - 300 1 0250 1 c15o s5 o "100 s so O 50 • 18 24 27 30 33 36 40 43 47 51 55 58 61 64 67 70 72 81 85 89 92 95 98 AÑOS 0 MASC. ■ FEM. s o 21 26 30 34 39 43 49 54 58 62 66 70 79 83 89 93 97 AÑOS -MORT.% □ T.MORT. 40 35 1 E2on C1 A 45 1!J M.GRUP. Como entre los grupos anteriores, también en este grupo aum'!nta la mortalidad porcentual durante el último tercio del siglo XVIII. �250 Siglo XIX L . Brinckmann: Natalidad y mortalidad en Puebla En el promedio secular hay poca diterencia entre la mortalidad de varones (8.9 individuos) y mujeres (8.8 individuos). Pero al igual que en los anteriores grupos de edad, mueren mucho más niñas que niños en las epidemias de 1734, 1747, 1762, 1779, 1797/ 98. Durante la de 1727 mueren más varones que mujeres. CUADROS PROMEDIOS 11 Individuos 1701-1801 1701-1771 Grupos Mase. Fem. M.Grup. M.lnf. 8.9 9.6 7 8.8 9.1 7.ó 17.6 18.7 15.9 81.8 87.4 Niños de 2 a 3 años de edad 19.95 19.55 19.97 Los picos de la mortalidad individual coinciden generalmente con los años de gr~des epi~emias como 1727, 1734, 1747, 1772, etcétera, pero las máximas relativas caen en años que se caracterizan por una mortalidad general baja, pero en ascenso, y una natalidad también en ascenso como en 1725 (44.4%), 1765 (32.6%) y 1785 (44.3%). e Con un promedio secular de 21.70/o, los niños de entre 2 y 3 años tienen la más alta mortalidad dentro del rango de la mortalidad infantil. GRAFICA 23 MORTALIDAD DE NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS DE EDAD 1701-1801 GRAFICA 22 45 1 1 ... ,.. , MORTALIDAD/ SEXO DE NIÑOS DE 7 Al AÑO DE EDAD 1701-1801 1 1 ¡; j < \ 1 Q1 .. ¡ii ªl .tS._._.~, 251 40 35 .\ 30 1 / al 1 • ' 1 25 1 1 20 D E - 21 26 30 34 39 43 49 54 58 62 66 70 79 83 89 93 97 AÑOS - 18 24 27 30 33 36 40 43 47 51 55 58 61 64 67 70 72 81 85 89 92 95 98 AÑOS ■ FEM. 0 MASC. -MORT.% 11 M.GRUP. □ T.MOR �252 Siglo XIX L. Brinclanann: Natalidad y mortalidad en Puebla 253 La mortalidad culmina en el segundo tercio del siglo XVIII, entre 1746 a 1771, con un promedio anual de 24.8% de la total. Dos de los tres valores más altos coinciden con las epidemias de 1768 (40.5%) y 1780 (30.80Jo), caracterizadas por una alta mortalidad infantil general. En el promedio secular mueren ligeramente más mujeres (10.3 individuos) que varones (9.6 individuos), pero tanto en 1727 como en 1737 y 1780 -todos años de epidemias- la mortalidad masculina supera a la femenina. El tercer pico, el de 1742 (41.9%) cae en el período de recuperación demográfica después de la gran epidemia del matlazahuatl de 1737, en un ambiente general de drástico descenso de la natalidad y ligera alza en la mortalidad general. Niños de 4 a 6 años de edad El promedio secular de mortalidad relativa es con 18.1 o/o, notablemente más bajo que los valores de los dos grupos anteriores. CUADR06 PROMEDIOS III GRAFICA 25 Individuos 1701-1801 1701-1771 1771-1801 Grupos MORTALIDAD DE NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS DE EDAD 1701-1801 Mase. Fem. M.Grup. M. lnf. 9.6 10.9 10.3 11.9 81.8 89.2 6.5 6.5 19.8 22.9 13.0 65.3 21.7 23.8 17.2 Este grupo también es el único, en que la mortalidad porcentual baja significativamente durante el último tercio del XVIII. 400 5 1 N 1 n35o 0 40 l.. l . . : 1 30 GRAFICA24 1 MORTALIDAD/ SEXO DE NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS DE EDAD 1701-1801 ■ FEM. 1 ~ 1 1 1 1 1 1 5 1 \ 1 "9■ /■ 20 1•' 10 11 \./ 0 MASC. 6 IIMfillAWl.._....._o - 21 26 30 34 39 43 49 54 58 62 66 70 79 83 89 93 97 AÑOS C'lO A f>10 ■ T.MORT. o ~o - 18 2427 30 33 36 40 43 47 5155 58 616467 70 72 818589 92 95 98 AÑOS -MORT.% 0 M.GRUP. �254 Siglo XIX L. Brinckmann: Natalidad y mortalidad en Puebla La mortalidad relativa más alta ocurre entre 1730 y 1780, para disminuir durante el último tercio del siglo. CUADRO 7 1701-1801 1701-1771 1771-1801 En promedio secular mueren anualmente 9.3 varones y 8.9 mujeres, pero la mortalidad masculina domina en 1727 y la femenina en 1734 y 1780. Resta constatar que, en la mortalidad infantil, están establecidos dos subpattems bastante distintos: a) la mortalidad de los niños de O días a l año de edad; b) la mortalidad de los niños de 2 a 6 años de edad. PROMEDIOS IV Individuos 255 Grupos Mase. Fem. M.Grup. M.lnf. 8.3 10.6 6.6 8.9 9.4 7.6 18.1 19.8 14.2 81.8 89.2 65.4 El grupo con la supervivencia más arriesgada es el de los niños de 2 a 3 años de edad. 19.1 19.5 18.1 Los tres valores más altos coinciden con las epidemias de 1761/62, 1772/73 y 1779/80; el pico de 1740 corresponde a un año caracterizado por una mortalidad general muy baja y un repunte drástico en la natalidad correspondiente a la fase de recuperación demográfica después del matlazabuatl de 1737. La mortalidad relativamente alta de los niños de 4 a 6 años de edad en este afio puede ser causada por un pequeño rebrote de la epidemia y/o por la falta de atención durante los tres aíios de vida, debido a la altísima mortalidad de adultos por la epidemia. 4. MORTALIDAD DE LOS SOLTEROS El grupo de los solteros comprende a todos los individuos de 7 años en adelante que no se han casado. La edad inicial para este grupo - 7 años- significa la edad fijada por la Iglesia Católica, en la cual los jóvenes de ambos sexos pueden recibir los sacramentos, y nv corresponde a los conceptos modernos del cambio de la infancia a la adolescencia. Para facilitar el análisis me parece permisible dividir este grupo de solteros en los siguientes subgrupos: Solteros sin edades: todos los individuos no casados ni enviudados GRAFICA 26 MORTALIDAD/SEXO DE NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS DE EDAD 1701-1801 Adolescentes: Solteros adultos: a partir de 7 años cuyas edades no fueron anotadas en sus partidas de entierros. jóvenes con edades entre 7 y 16 aíios de edad. jóvenes con edades entre 17 y 30 años. Mortalidad total de solteros En el siglo XVIII murieron en total l 642 solteros y solteras, lo cual corresponde a un 10.3% de la mortalidad total en el distrito de Tecali. Durante el período de junio de 1701 hasta mayo de 1771, cuando se redujo el distrito parroquial de Tecali por la separación del subdistrito de San Miguel Tzicotlacoyan, murieron l 117 solteros lo que equivale al 9.5% de la mortalidad total. Durante el último tercio del siglo murieron 524 solteros y la mortalidad relativa de este grupo subió al 12.5% de la mortalidad total. 03 E e 2 At s o ~ - 18 24 27 30 33 36 40 43 47 51 55 58 616467 70 72 818589 92 95 98 ■ FEM. �256 Siglo XIX L. BriDckmann: Natalidad y mortalidad en Puebla GRAFICA 27 A pesar de la reducción de la población del distrito, debido a la separación del subdistrito de San Miguel Tzicotlacoyan en junio de 1771, sube la mortalidad de los solteros durante el último tercio del XVIII. MORTALIDAD TOTAL DE SOLTEROS • N120 • 1 R 01000 800 • 35 CUADR09 30 MAXIMAI 25 .J • 1701-1801 1701-1771 1771-1801 120 1 Fem. H.Grup. H.Toul. Hort.% 146 146 60 175 175 72 321 321 132 1 148 1 148 542 33.9 27.97 33.9 La máxima mortalidad en cifras absolutas ocurre durante la gran epidemia del matlazahuatl de 1737, pero es con la de la viruela de 1798 cuando alcanza su máximo relativo de 34% de la mortalidad total/año. Durante el último tercio del siglo no hay cifras absolutas tan altas: las máximas corresponden a la epidemia de 1779/80 (año en el cual también hay con 29.30Jo un alto porcentaje de solteros entre las víctimas, notablemente menor que en 1798). Los promedios de mortalidad/ sexo muestran cifras muy cercanlls para ambos sexos (masculino 8.1 individuos/femenino 8.0 individuos). 10 o - 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 76 83 90 97 AÑOS • Hase. 15 5 -MOR% 257 M.TOT. □ M.GRUP. GRAFICA 28 1 1 ' Las máximas de la mortalidad de los solteros coinciden con las grandes epidemias de 1737, 1779/80 y 1797/98. En estas ocasiones, la mortalidad de los solteros pudo alcanzar cifras de entre 30 y 350Jo de la mortalidad total/año. Pero los promedios anuales de mortalidad alcanzados en estos años catastróficos se encuentran más bien entre 5 y 150Jo de la mortalidad total. N R o D E CUADRO 8 PROMEDIOS V Mase. Fem. H.Gl'UJ>. H.Tot. Mor.% 8.1 7.6 8.7 8.0 7.9 8.2 16.1 15.7 16.9 153.3 166.5 134.9 8.3 7.4 10.2 e A 1701-1801 1701-1771 1771-1801 s o s MORTALIDAD/ SEXO DE SOLTEROS 180 160 0 MASC. 1-CO 120 100 80 60 40 ■ FEM. 20 o - 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 76 83 90 97 AÑOS �258 Siglo XIX L. Brinckmann: Natalidad y mortalidad en Puebla La situación documental mejora drásticamente entre 1738 y 1769. Durante estos años todos los solteros muertos aparecen con sus edades anotadas. Pero durante el último tercio del siglo vuelve la mala situación documental, y es especialmente fuerte desde 1785 a 1798, caracterizado por una mortalidad bastante baja entre los solteros. Hay que buscar la causa para estas fallas -como en el caso de los niños- en las omisiones de la administración parroquial, por un lado: pero también en el hecho de que muchos de los individuos clasificados como solteros eran en realidad adultos no casados, cuyas edades al morir tan sólo se anotaban en casos excepcionales. Empero, durante las epidemias de 1737 y 1779 mueren mucho más solteras que solteros; en la de 1734 y en la de 1772/73 mueren más hombres que mujeres. Mortalidad de solteros sin edades GRAFICA 29 MORTALIDAD DE SOLTEROS SIN EDADES N 100 R 350f • O 300 ~ · 250 ,, D 200 E 150 100 e 50 A s o 90 80 70 60 50 40 30 20 1 1 I t • i 1' l 11 111,1.a.wr~ ■ ■,,. I ,.•~ I V O - S AÑOS lw. l •• 10 l. o 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 76 83 90 97 -MOR% 0 M.GRUP. ■ M.ADOL GRAFICA 30 MORTALIDAD/SEXO DE SOLTEROS SIN EDADES N R40 º20 . 00 ºª E60 40 c20 A s o s Un promedio secular de 31. 711/o de solteros muertos no tienen sus edades anotadas en las partidas de defunciones (valor que está muy arriba del de 13.60/o de niños sin edades). Como demuestra la gráfica 29, los años buenos y los años malos de la documentación para este grupo están claramente separados unos de otros. Las deficiencias se concentran en el primero y el último tercio del siglo XVIII, empezando con valores altos a principios del siglo, pero disminuyendo claramente hacia los años 30 con excepción de las epidemias de 1727 y 1737, donde quizá el exceso de trabajo (escuchar las confesiones, administrar los sacramentos, etcétera) contribuía a que los curas olvidaran de anotar las edades de muchos adolescentes in articulo mortis. De todos modos no acostumbraron anotar las edades de los solteros adultos (aproximadamente arriba de 16 años de edad). La fuerte mortalidad de adultos (casados y viudos) en la epidemia de 1727 apoya esta hipótesis. 259 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 76 83 90 97 AÑOS 0 MASC. ■ FEM. No existe un desequilibrio sexual en la práctica de anotar o no las edades de los solteros difuntos, porque las máximas representan las tendencias generales de mortalidad/sexo en las epidemias de 1737, 1774 y 1779/80. Por desgracia no existe un método cuantitativo para repartir los solteros sin edades entre los dos subgrupos de 'adolescentes' (07 a 16 años de edad), y 'solteros adultos' (17 a 30 años de edad). Pero, partiendo de la hipótesis de que la gente del siglo XVIII se casaba entre 17 y 25 años de edad, supongo que cerca de 3/4 de los solteros sin edades pertenecían al subgrupo de los adolescentes. �260 Siglo XIX L. Brinckmann: Natalidad y mortalidad en Puebla Mortalidad de los adolescentes 261 en 1705 y durante las epidemias de 1722, 1724 y 1734. Las cifras absolutas de mortalidad alcanzan su máximo durante la gran epidemia de 1737, pero debido a los muchos solteros sin edades que mueren, el porcentaje de los adolescentes alcanza tan sólo el 30% de la mortalidad total de solteros. El subgrupo de los adolescentes, i.e. los solteros entre 7 y 16 años de edad, comprende en el promedio secular a 49.6% de todos los solteros muertos. Entre 1739 y 1766 los adolescentes integran la mayoría de los solteros muertos, incluso durante algunos años de este período (1739, 1744, 1749, 1752/ 57, 1761 y 1767) todos los solteros muertos son del subgrupo de los adolescentes. Durante el último tercio del siglo baja la mortalidad promedio porcentual notablemente, y sólo 1794 y la viruela de 1798 cobran un alto porcentaje de adolescentes muertos. Como demuestran los promedios anuales, mueren más mujeres que hombres, una tendencia que se refleja también en las máximas. GRAFICA 31 MORTALIDAD DE ADOLESCENTES GRAFICA 32 N MORTALIDAD/ SEXO DE ADOLESCENTES R50 o 40 ■ M.AOOL. -MOR% Llama la atención que entre 1742 y 1769 casi todos los solteros muertos pertenecían al subgrupo de los adolescentes. 1749 fue la excepción. C10 A s o o - CUADRO JO 1701-1801 1701-1771 1771-1801 S Mase. Fem. M.Grup. M.Adol. Mor.% 3.4 3.6 2.9 4.1 4.6 3.0 7.5 8.2 16.1 15.7 16.9 49.6 58.8 28.6 5.9 6 12 18 2-4 30 36 42 -48 54 60 66 71 77 83 89 95 1 AÑOS PROMEDIOS VI La mortalidad de los adolescentes aumentó durante el primer tercio del siglo, aunque en una forma muy errática, alcanzando valores altos O MASC. ■ FEM. Tan sólo en 1707, en la epidemia de 1734 y en 1776 mueren perceptiblemente más hombres que mujeres. Prácticamente en todos los demás años domina la mortalidad femenina. No puedo ofrecer una explicación a la debilidad de los adolescentes femeninos, que difiere tanto de la relativa robustez de las niñas menores de 7 años de edad. �262 Siglo XIX L. Brinckmann: Natalidad y mortalidad en ~la 263 Mortalidad de los "solteros adultos" del siglo XVIII. Junto con la reducción de la población en cifras absolutas después de la división del distrito parroquial en 1771, influye en este caso definitivamente el drástico aumento de solteros sin edades (ver parte 3) durante estos años. Por esta razón parece factible atribuirles por lo menos una tercera parte de los solteros sin edades entre 177J y 1801. Este subgrupo comprende a los solteros de ambos sexos entre 17 y 30 años de edad. Durante el XVIII, en Tecali, estos solteros adultos aportan el 12% -en cifras absolutas- de los solteros muertos en el período. De este conjunto muere el 10.6% durante los primeros dos tercios del siglo XVIII, y tan sólo 1.4% en el último tercio del siglo, después de la separación del subdistrito de San Miguel Tzicotlacoyan. En 1742 -el máximo secular- todos los solteros muertos pertenecen al subgrupo de solteros adultos, y en 1764 el 70% de ellos; cifras fidedignas, porque en ambos años no se registraron solteros sin edades. No se sabe qué afectaba a los solteros adultos, porque ambos años están caracterizados por una baja mortalidad general y una natalidad relativamente alta (¡años buenos, pues!). Durante el último tercio del siglo hay 21 años durante los cuales no hay muertes registra~as para el subgrupo de los solteros adultos. Estos años ocurren especialmente entre 1782 -una mortalidad relativamente alta para nuestro subgrupoy 1799, un año después de la epidemia de viruela. Tomando en cuenta el incompleto estado de los registros parroquiales, se puede est~ seguro que un buen número de los solteros adultos (¿30%?) fue reg¡~rado sin edades. La máxima corresponde a 1733, cuando muere un numero inusitadamente alto de hombres (13) al inicio de las epidemias de 1733/34. La máxima para las mujeres (5) cae en las epidemias de 1762 (viruelas y matlazahuatl) y 1768 (sarampión y "fiebres"). GRAFICA 33 N R 350 MORTALIDAD DE 'SOLTEROS ADULTOS' :I O 300 · 250 o 70 60 1- 50 40 30 20 200 E 150 e 100 A s o s 10 o AÑOS MORTALIDAD/SEXO DE 'SOLTEROS ADULTOS' 0 M.GRUP. ■ M.ADOL -MOR% TABLA 11 o PROMEDIOS VII 1701-1801 1701-1771 1771-1801 GRAFICA 34 E4 Mase. Fem. M.Grup. M.Adol. Mor.% 1.24 1.7 0.3 0.71 0.8 0.5 1.34 2.5 0.8 16.1 15.7 16.9 17.13 20.8 8.7 También los promedios anuales demuestran que la mortalidad de los solteros adultos se reduce a más de la mitad durante el último tercio c2 Aº-+ttt'Pi'"" 6 12 18 24 lJ 36 41 49 =:;4~r1 S O S AÑOS ■ FEM. ~ 71 O MASC. �264 Siglo XIX L. Brinckmann: Natalidad y mortalidad en Puebla La mortalidad masculina domina hasta 1750 con picos marcados en 1701/12 y 1730-1736. Después cambia el cuadro y la mortalidad femenina sobrepasa a la masculina hasta el final del siglo XVIII. Esta tendencia está respalda~a también por las cifras de los años seguros, cuando no hay solteros sm edades. Entre 1735 y 1752 domina la mortalidad mas~ulina; posteriormente domina la mortalidad femenina sin que se pudieran aportar causas lógicas para la explicación de este fenómeno. 265 El máximo secular ocurre durante el primer año de la epidemia del matlazahuatl de 1772/73, cuando el 81.3% de los muertos corresponde al grupo de los adultos. Durante la mayoría de los demás ~os del siglo XVIII, la mortalidad de los adultos oscila entre el 30% y el 50% de la mortalidad total. CUADRO 12 5. MORTALIDAD DE LOS ADULTOS PROMEDIOS VIII El término a~ulto es aplicado a todos los hombres y mujeres que aparecen en los hbros de defunciones del distrito parroquial de Tecali durante el siglo XVIII, con las siguientes clasificaciones: a) casado/casada; b) viudo/viuda; c) soltero viejo/soltera vieja. La mayoría de los individuos muertos de estas categorías fueron registrados sin sus respectivas edades en el momento del entierro. En total mueren entre junio de 1701 y mayo de 1801, 5 975 adultos, cifra que significa el 37.4% de todos los individuos muertos en este período. El 48.9% de ellos son hombres y el 51.1% mujeres, una proporción completamente normal. 1701-1801 1701-1771 1771-1801 Mase. Fem. M.Cirup. M.Tot. Mor.% 28.6 29.8 25.9 29.9 31.1 27.3 58.6 60.9 53.3 156.8 166.5 134.6 38.6 38.2 39.5 Los promedios anuales de mortalidad indican un ascenso del porcentaje de los adultos muertos durante el último tercio del siglo. CUADRO 13 MAXIMA 11 GRAFICA 35 MORTALIDAD DE ADULTOS N ~1200¡ .1000 • 1 O 800 E400 60oi-l' S "'~ - . ... 11¡ e A 200 s ._... 50 "lll"'S 40 ■ 1 • s o ~ t :: t ~~ - I 1, 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 76 83 90 97 30 20 10 o AÑOS -MOR% ■ T.MORT. 0 M.GRUP. 1701-1801 1701-1771 1771-1801 Mase. Fem. M.Cirup. M.Tot. Mor.% 220 220 145 234 234 168 454 454 314 1 148 1 148 542 81.25 62.II 81.25 La máxima mortalidad en cifras absolutas no coincide con el máximo porcentaje de adultos muertos. A pesar de que el matlazal_i?atl de 1737 cobró el máximo número de víctimas por año -tamb1en entre los adultos- este grupo figuró tan sólo con el 39.6% en el total de las víctimas debido al alto número de víctimas entre los niños y solteros. Este cuadro cambia radicalmente en 1772. Esta vez la epidemia -nuevamente el matlazahuatl- es precedida por varios años con mal clima y malas cosechas. La crisis de salud coincide con el pico ~e la crisis agraria con el resultado de que, por lo menos durante_ el pnmer año de la epidemia, son los adultos -agotados y malnutridos- los que mueren en cantidad mayor (81.3%). Otro año de mortalidad inusitadamente alta entre los adultos es �266 Siglo XIX L. Brinckmann: Natalidad y mortalidad en Puebla el de 1766, con el 62. 1% de la mortalidad total anual. Esta vez no hay epidemias, ni crisis agrícola, tan sólo hay noticias sobre lluvias abundantes. En ausencia de otra información, no tengo ninguna explicación para este fenómeno. El mínimo secular de mortalidad entre adultos ocurre durante el primer año de la epidemia del sarampión de 1779/80: sólo el 9.3% de los muertos corresponde a los adultos. GRAFICA 37 MORTALIDAD COMPARATIVA DE GRUPOS DE EDAD ~'ººº o 100 GRAFJCA 36 o MORTALIDAD/SEXO DE ADULTOS E 10 N250T R 0200 e ;. 150 s o s D EIOOt e 267 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 76 83 90 97 AÑOS I 50 M.INF. ♦ M.ADUL + M.ADOL A s ,so L.-. 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 76 83 90 97 AÑOS ■ FEM. 0 MASC. Tanto los promedios anuales como la gráfica indican una mortalidad femenina -en lo general- ligeramente más alta que la masculina. Esta tendencia se acentúa dramáticamente durante las epidemias de 1727, 1737, 1762 y 1772. Sólo en la de 1737 mueren más hombres que mujeres. 6. MORTALIDAD COMPARATIVA La siguiente gráfica trata de visualizar -como conclusión- el distinto comportamiento de los diferentes grupos de edad frente a las crisis demográficas del siglo XVIII. El rango bajo de mortalidad está ocupado casi exclusivamente por _solteros, incluyendo a los adolescentes. Sólo en 1737 Y_ 1779 (esta vez Junto con los niños) entran en el área de alta mortalidad. El campo del centro está dominado por los adult?s durante el -~rimer tercio del siglo; después se mezcla con la mortalidad de los runos en el área alta del rango. Los niños dominan el área alta del rango_ medio de mo~d~d. Mortalidad infantil y mortalidad de adultos se Juntan en las ep1detn1as de 1727, 1734, 1737, 1762 y 1772. Una alta mortalidad infantil ocurre exclusivamente en 1701, 1747/48, y 1797/98. �2ó8 Siglo XIX L. Brinckmann: Natal1da . d Y mon;úklad en Puebla BIBLIOGRAFIA Calvo, Thomas: Acatzingo. 1973 Demografía de una Parroquia Mexicana. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Colección Científica. Historia, 6. México. Chevalier, Louis: Towards a History of Population. 1946 trad. de Population, pp. 245-256 Cooper, OonaJd B.: Epidemic Desease in Mexico City. 1965 1761-1813. An Administrative, Social and Medica/ Study, Institute of Latin American Studies. University of Texas Press. Austin. Eversley O.E.e.: PopuJation, Economy and Society. s.a. de: Glass, O. V. & O.E.e. 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Concepciones en tiempos d~ cns1s Número general de concepciones Hijas ilegitimas declaradas Hijos ilegítimos declarados :::~~je de nacimientos múl~ples_(g~~elos) Porcentaje de nacimientos de hiJos ilegit1mos Masculino Mortalidad general = Mort. O/o Mortalidad infantil Tasa de mortalidad . . Mortalidad en tiempos de cns,s = Mort.inf. Número de muertes/ año Mortalidad de adolescentes Mortalidad de adultos Mortalidad/Grupo de edades = Mort. Inf. = Mor.lnf. Mortalidad total = M. Tot. Número de nacimientos Relación numérica entr~ bautismos Y muertes Totalidad de hijos ~au~dos/ año T talidad de hijos ileg1timos declarados T~talidad de hijos ilegítimos expuestos = M.Total = M.Tot. = T.Mort. 269 �Costa Rica, 1866-1973: Tablas Modelo de Mortalidad Héctor Pérez Brignoli • INTRODUCCION En este trabajo presentamos cinco tablas de mortalidad de Costa Rica para ambos sexos, en el período 1866-1973. Las tablas correspondientes a 19S0, 1963 y 1973, son oficiales. Las de 1866 y 1927 fueron calculadas como parte de la presente investigación. Las cinco tablas corresponden a aiios censales y aunque cubren un amplio espectro de variaciones en la mortalidad, presentan limitaciones importantes. Las tres primeras están separadas por períodos de observación muy largos, lo que dificulta el conocimiento de situaciones intermedias; y los datos que sirven de base para la construcción de las dos primeras tablas son, probablemente, de inferior calidad que los correspondientes a las tres tablas oficiales. Por todo ello resulta indispensable el recurso a las tablas modelo de mortalidad. Se estudian los diversos siste- • Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Costa Rica. Este trabajo forma parte de una investigación más amplia titulada "La población de Costa Rica, 17SO.l 950. una historia experimental". El autor agradece los comentarios del profesor Robert McCaa de la Universidad de Minnesota, y de los investigadores del programa "Cuantificación e historia interdisciplinaria" de la Universidad de Costa Rica: William Castillo, Rolando Cuenca y Arodys Robles. La colaboración prestada por el personal de CELADE (San José) merece una mención especial; hubo tres sesiones de trabajo destinadas a su discución, y Antonio Ortega leyó y criticó el texto final con particular agudeza y dedicación. Debe mencionarse también el apone de Juan Chaclciel y Dirk Jaspers, en la fase inicial de la investigación, y recordarse también, como es usual, que el autor asume plena responsabilidad por el contenido del trabajo. Este fue concluido durante el segundo semestre de 1986, mientras el autor, en goce de licencia sabática, se desempeiiaba como Fulbright Visiting Scholar en el Departamento de Historia de la Universidad de Minnesota. �272 Siglo XIX H. Pérez Brignoli: Tablas modelo de mortalidad en C. Rica mas ~po?ibles, ~n sus ventajas y desventajas, y luego de una comparación sistemática se presenta un sistema de tablas modelo adecuado al caso de Costa Rica, derivado de la Red 1 de Lederm~. LAS TABLAS DE MORTALIDAD clonadas. Las funciones más frecuentemente usadas son las siguientes: función definición nqx Probabilidad que tiene una persona de edad exacta • de morir antes de cumpir la edad exacta x+n Supervivientes de la generación hipotética hasta la edad exacta x. Defunciones en la generación hipotética entre las edades. y x+n. Número de años ~vidos por la generación hipotética J. entre las edades • y x+ ª· Número de arios vividos por la generación hipotética J. desde la edad hasta que la generación se extingue. Esperanza de vida: número medio de años que le resta vivir a cada miembro de la generación hipotética J. cuando alcanza una determinada edad. Relación de supervivencia: probabilidad que tiene cada miembro de la generación hipotética de sobrevivir cinco años más una vez que alcanza la edad •. I La ~la de mortali~ o tabla de vida constituye el instrumento más prectSO para el estudio de la mortalidad y sus variaciones por edad, sexo, causas de muerte2 y otros factores3 • Todos los índices que la C?mponen son independientes de la estructura por edades de la población! con lo cual las comparaciones pueden efectuarse en forma directa, sm tener que recurrir a procedimientos de estandarización. Por lo ~emás, algunas funciones de la tabla tienen aplicaciones prácticas muy IDlportantes en otros campos del análisis demográfico. El principio básico para el cálculo de una tabla de vida es un conjunto de probabilidades de morir o sobrevivir, disponibles para una población determinada. Esta idea se puede expresar con mucha claridad acudiendo a la imagen de una generación o cohorte. -digamos todos los nacidos en Costa Rica durante los años 1840-45:_ sometid~ ~ riesgo de morir durante un cierto período. Si escogemos'una duración de 80 o 100 años podremos observar la cohorte desde el nacimiento h_as~ su total extinción. El cálculo de las probabilidades es inmediato s1 disponemos del número de nacimientos (tamaño inicial de la cohorte) Y!os dat?s sobre las defunciones de esa generación cada año, o cada cierto numero de años. Aunque es sencillo razonar en estos términos, rara vez se dispone de d~tos d~ esa cl_ase. La info~ación demográfica habitual para la población baJo,el_nesg? de monr proviene de un censo, y las defunciones, de estad1st1cas vitales. Tanto en un caso como en el otro disponemos de datos que corresponden a distintas generaciones y no tenemos la posibil½iad directa de separarlos por cohortes. Las ~as específicas de mortalidad, así calculadas, no constituyen una probabilidad. Afor~damente, no es difícil transformarlas y existen varios métodos prácticos para ese efecto"'. 1:85 probabilidades de muerte, comúnmente conocidas como nqx5, constituyen la base de la tabla de mortalidad. A partir de ellas se calcul~ di~ers~s.índices o funciones, suponiéndose una cohorte o generación hipotetica compuesta de 100 000 nacimientos (este número se denomina r_aíz de la tabla, a veces se usa 1 000 o 10 000, y en ciertos casos especiales 1), y sometida a las probabilidades de muerte ya meo- 273 J. nLx Tx o e. sPx.x+4 La tabla de vida puede calcularse por edades simples, y en ese caso se denomina "tabla completa"; o bien con edades agrupadas, en cuyo caso se obtiene una "tabla abreviada". Para la mayoría de las aplicaciones prácticas la tabla abreviada es suficiente. ·si se requiere una tabla completa puede procederse a estimarla mediante procedimientos de interpolación, a partir de la tabla abreviada. O, si se dispone de datos de excelente calidad en cuanto a la declaración de la edad, a calcularla en forma directa. Es también usual el cálculo de tablas de vida para ambos sexos, para cada sexo por separado, y según distintos niveles de agregación de los datos: todo el país, por regiones, por provincias o departamentos, para ciertas ciudades, etcétera. Es necesario, de todos modos, contar con un número suficiente de casos en cada grupo de edad para evitar la incidencia de posibles fluctuaciones aleatorias. Habitualmente, la tabla de mortalidad se calcula para un año censal. El denominador de las tasas específicas de mortalidad es provisto por la población por edades enumerada en el censo y el numerador se calcula con un promedio de las defunciones ocurridas alrededor del año censal. Existen también procedimientos para calcular una tabla de vida utilizando dos censos espaciados en cinco o diez años, y otros "mé- �274 Siglo XlX todos indirectos"6. Se trata, en todos estos casos, de tablas de vida calculadas para un período o fecha determinada. Eso significa, en otros términos, que la tabla refleja una experiencia de mortalidad que pertenece a un número relativamente grande de cohortes o generaciones. Ya hemos explicado que, por la carencia de datos, es muy difícil el cálculo de tablas de vida por cohortes', aunque desde el punto de vista teórico esa noción es de primordial importancia en el análisis demográfico. Debe mencionarse, sin embargo, que hay otras razones prácticas, además de la falta de datos apropiados, para no insistir mucho en el estudio de la mortalidad por cohortesª. LAS TABLAS DE MORTALIDAD DE COSTA RICA (AMBOS SEXOS) Tabla de 1865-67 (cuadro 1) H. Pérez Brignoli: Tablas modelo de mortalidad en C. Rica 275 este hecho aparece confirmado en los registros de defunciones de todas las parroquias), por lo cual la tabla revelará una situación promedio de la mortalidad, pero con un nivel relativamente extremo. La población enumerada en 1864 fue estimada al 30 de junio de 1866, y se procedió al cálculo de la tabla con el procedimiento que se indica en seguida. En ese primer experimento se observó una relación anormal entre la qo y la 4Q1 12. Una inspección de dicha relación en tablas correspondientes a niveles de mortalidad parecidos, confirmó enseguida esa presunción. Examinando las tablas modelo de CoaleDemeny y Ledermann, se escogió una corrección apropiada de la qo original (1.678) de modo que la relación .qt!qo fuera igual a 0.95. Desde el punto de vista del ajuste de la información básica dicha corrección implica aceptar que las defunciones de los menores de un año tienen un subregistro mucho mayor que las defunciones de los otros grupos de edad13 • Datos básicos Cálculo de la tabla La población por edades fue extraída del censo de 18649 • Las defunciones por edades fueron provistas por los curas de cada parroquia, en informes correspondientes a los años de 1865, 1866 y 1867, según lo requirió el director del censo Fernando Estreber, y publicadas como anexos al censo de 18641º. Ajustes Las defunciones registradas fueron incrementadas en un 25%. Dicho factor de omisión fue calculado utilizando un procedimiento diseñado por Preston, Coale, Trussell y Weinstein 11 para corregir el subregistro de las defunciones de la población de 10 años y más. Para aplicarlo se requieren las defunciones por edades, la población por edades enumerada en el censo, y una estimación de la tasa de crecimiento de la población. Se efectuaron varias iteraciones, con diferentes tasas de crecimiento de la población (dentro de lo considerado plausible para el caso en estudio), y tres hipótesis en cuanto a la estructura de edades en la población total (población sin corregir, población corregida por el método de las Naciones Unidas, población corregida mediante interpolación osculatriz). Los resultados fueron siempre coherentes y se observaron muy pocas variaciones en torno al factor de 25% de omisión. Ello prueba tanto la calidad del valor estimado cuanto lo robusto del método propuesto por Preston, Coale, Trussell y Weinstein. Debe notarse, por otra parte, que la mortalidad fue particularmente elevada en 1866 y 1867 (4 789 y 4 380 defunciones registradas, respectivamente, frente a 3 125 en 1865; La qo fue estimada mediante el método de Greville14, haciendo uso de las defunciones y los bautizos correspondientes a los años 1865, 1866 y 1867. El resto de las oqx de la tabla fueron calculados a partir de las tasas específicas de mortalidad mediante el método de Reed y Merrellis. Para evitar la influencia de la mala declaración en la edades (preferencias por ciertos dígitos) se calcularon las oq, para los grupos de edad de 1 a 4 años, de 5 a 9 años, y en forma decenal a partir de los 10 años. Con ese primer conjunto de oq, se procedió al cálculo de los supervivientes hasta la edad • (función h de la tabla de mortalidad). Enseguida se interpolaron valores de la h para los grupos quinquenales de edad, y se procedió a recalcular las oq,. Por último, se efectuó un ajuste gráfico de las nq,. La tabla abreviada de mortalidad fue calculada entonces con el paquete Pandero 16. Como opciones estandar, tanto en esta tabla como en las demás, se utilizaron las siguientes: a) un factor de separación de 0.3 y 1.24 para el cálculo de las Lo y las 4L1, respectivamente; b) una estimación de la Lso+ mediante la fórmula de Ortega1'. Tabla de 1927 (cuadro 2) Datos básicos La población por edad fue tomada del censo de 192718. Las defunciones por edad del mismo año fueron extraídas de los Anuarios Estadís- �276 Siglo XIX ticos publicados por la Dirección General de Estadística y Censos. De la misma fuente se tomaron los nacimientos y las defunciones por edad correspondientes a los aíios 1921-1928. Ajustes Las tasas específicas de mortalidad fueron multiplicadas por 1.15. En otros términos, fueron aumentadas en un 15 % . Dicho factor fue elegido con base en los siguientes argumentos: a) el censo de 1927 parece tener una omisión no mucho mayor del 5% 19; b) los nacimientos de ese período tienen una omisión aproximada del 5%, mientras que en las defunciones el subregistro alcanza un 20%2(). Una prueba independiente de lo anterior fue proporcionada por el método de Brass para estimar el subregistro en las defunciones a partir de la estructura por edad de las muertes21, el cual produjo resultados equivalentes. Cálculó de la tabla Las qo, q1, q2, q3 y q4 fueron estimadas con el método de Greville22, utilizando los nacimientos y las defunciones de los años 1921-1928. Enseguida se calcularon las tasas específicas de mortalidad y las oqx (Método de Reed y Merrell) pa.ta los restantes grupos de edad, de acuerdo a la distribución por edad de las defunciones que aparece en los Anuarios Estadísticos: 5-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79 Y80 y más. Con ese primer conjunto de oqx se procedió a calcular las respectivas lx, y luego por interpolación se obtuvieron los valores intermedios correspondientes a los grupos quinquenales de edad. Se recalcularon las nqx, y se procedió a su ajuste gráfico. La tabla fue calculada entonces con el paquete Pandero y las opciones ya indicadas en el caso de la tabla de 1866. Tablas de 1950, 1963 y 1973 (cuadros 3, 4 y 5) En este caso se dispone de tablas oficiales, calculadas con base en las defunciones por edad y la población censal. Los autores de dichas tablas efectuaron cuidadosas evaluaciones y correcciones de los datos originales. Para los fines de este trabajo no se consideró necesario revisar esos cálculos 23 • El conjunto de oqx para ambos sexos fue extraído de las tablas respectivas24• Enseguida se calcularon las tablas abreviadas con el paquete Pandem y las opciones ya indicadas. LAS TABLAS MODELO Las cinco tablas de mortalidad muestran, como era esperable, un descenso gradual en la mortalidad. La medida más sintética de ese fenó- H . P&ez Brignoli: Tablas modelo de monalidad en C. Rica 2n meno es proporcionada por la esperanza de vida al nacimiento (eo), que pasa de 21.56 aftos en 1866 a 68.26 aftos en 1973. La función lx es particularmente útil para analizar este fenómeno por edades. Con esa finalidad se presenta en el gráfico 1. En 1866, la mitad de la generación (50 000) desaparecía antes de alcanzar los cinco aftos de edad; en 1927, ello ocurría recién entre los 40 y 45 aftos. En 1950, ese momento solo se presentaba entre los 65 y los 70 aftos, y en las tablas de 1963 y 1973 todavía más wde, entre los 70 y los 75 aftos. En el mismo gráfico puede observarse la existencia de cierta similaridad en la forma de las curvas, y ese patrón común de variación puede también reconocerse en cualquiera de las otras funciones de las tablas de vida. En otros términos, la mortalidad cambia de nivel a lo largo del tiempo, pero se conservan ciertos rasgos comunes en el comportamiento del fenómeno por edad. Esta característica peculiar de los cambios en la mortalidad se ha observado en todas las poblaciones humanas para las cuales existen datos disponibles, y no resulta difícil en términos generales explicar por qué se produce. Los cambios en la mortalidad tienen que ver con un conjunto muy grande de factores entre los que se incluyen las enfermedades predominantes, las condiciones ecológicas y ambientales, las actividades económicas predominantes, aspectos socio-culturales y componentes genéticos y raciales. Aunque estos factores también se m~fican a lo largo del tiempo, su incidencia es permanente y se refleJa en ese patrón específico de comportamiento de la mortalidad por edad. La construcción de tablas modelo de mortalidad es posible, precisamente, por el hecho recién mencionado. Una tabla modelo representa, en consecuencia, una especie de promedio estadístico de diferentes situaciones observadas empíricamente o, en términos más simples, una representación de la forma de variación de la mortali~ por eda_d, desde los niveles de mortalidad más altos, hasta los más baJos conocidos. La utilidad de las tablas modelo queda, en todo caso, fuera de discusión: permiten comparaciones, cálculos y estimaciones para situaciones intermedias entre dos tablas observadas, evaluación y corrección de datos de calidad sospechosa, estimaciones a partir de información incompleta, y muchas otras aplicaciones prácticas. Existen dos métodos básicos para la construcción de tablas modelo. El primero puede llamarse "estadístico". El conjunto de tablas observadas es analizado con técnicas estadísticas que permiten agrupar aquellas que presentan un comportamiento parecido. Cumplido este primer paso se pueden elegir ciertos parámetros "de entrada" para generar las tablas modelo. Este método fue empleado para construir las tablas modelo de las Naciones Unidas25 , el sistema de "tablas regio- �278 Siglo XIX n_ales" de Coale y Demeny2', y las tablas de Ledermann27, y más reC!entemente un nuevo conjunto elaborado por la División de Poblae1ón de las Naciones Unidas28• Las tablas observadas en que se basan todos estos sistemas pertenecen sobre t<>:<fo a la ;xperi~cia europea de la segunda mitad del si~o XIX Yel siglo XX . Urucamente en los sistemas más recientes se mcl~yen como base tablas de las poblaciones del Tercer Mundo pero cubn~ndo sólo una experiencia de mortalidad intermedia y baja. Así por ej~mplo, en las nuevas tablas de las naciones Unidas el nivel de mortalidad más alto elnpieza con una eo de 40 ailos. En el primer sistema de tablas modelo de las Naciones Unidas el P~ámetro_ de entrada utilizado fue la mortalidad infantil (qo). Ello qwere decir qu~ ~ índice determina en forma unívoca el resto de las nQ•, Ypor c?nsiguiente, el resto de la tabla. La extraordinaria rigidez de esta opción llevó a construir otros sistemas. . Co~e YDemeny observaron cuatro patrones regionales de mortalidad ~iferentes, después de analizar J92 tablas de vida diferentes. Introdujeron así _un ~nmer par~etro cualitativo: la región Norte, basad~ en el expenencia de los paises escandinavos (nueve tablas); ta región Este en la de Europa central y oriental (31 tablas)· la región Sur e!l la de ~uropa m~terránea (22 tablas); y la región Ckste, una especie _de residuo que mcluye experiencias de Europa Occidental, Estados Urudos, ~adá, Australia, Nueva Zelandia, Japón, Taiwan, Sud Afri~ (población blanca) e Israel (130 tablas). Una vez seleccionada la región, el parám~tro de entrada en las tablas de Coale y Demeny es la esperanza de vtda a los 10 ailos (e,o). H. P&ez Brignoli: Tablas modelo de mortalidad en C. Rica diferentes. En conjunto, el sistema es mucho más flexible aunque también más complicado de manejar. Provee varias "redes" o sistemas de tablas modelo con un parámetro de entrada: eo, sqo, ,qo, ,sqo, 20Q30, 20Q•s y mso+ (tasa de mortalidad para la población de 50 años y más), y tres redes con dos parámetros de entrada. Las nuevas tablas de las Naciones Unidas se basan en 72 tablas que cubren una experiencia de mortalidad reciente en países subdesarrollados de América Latina, Asia y Africa. El sistema incluye cuatro patrones regionales diferentes (identificados mediante "cluster analysis"): latinoamericano, chileno asiático sudoriental y asiático oriental, mientras que un quinto patrón "general" resulta de la combinación de los cuatro primeros. W. Brass30 desarrolló el segundo método para la construcción de tablas.Jllodelo. El procedimiento puede denominarse "relacional". La idea básica es que una tabla de mortalidad puede expresarse, previa transformación adecuada, como una función lineal de otra tabla igualmente transformada, que puede llamarse "tabla estandar". La función logito aplicada a las h cumple bien con esos requisitos y constituye la base del sistema de Brass. Dos aspectos requieren aclaración: la elección de la tabla estandar y el significado de los parámetros. Brass mismo calculó una tabla estandar general, y otra especial aplicable a las poblaciones africanas. El sistema permite, por otra parte, escoger cualquier estandar que se considere conveniente. Flexibilidad en este sentido, es uno de los rasgos más notorios del sistema de Brass. Los parámetros especifican la relación entre la tabla estándar y la tabla observada según la ecuación: Yx =A+ B Yu La región Oeste, basa~a en un número apreciable de tablas, repre- senta un patrón de mortalidad que puede considerarse como "estandar" (en 1~ prácti~ muy similar al presentado en las tablas modelo de las Nac!ones Umdas). ~ demás regiones representan experiencias ~ás espec1ficas, que se desvian de dicho patrón "estandar". Así por eje_mplo, el modelo Norte se caracteriza por una mortalidad infantil baja, un~ mortalidad juvenil relativamente alta, y tasas de mortalidad por debajo del promedio para los mayores de 50 ailos. El modelo Este ofrece un patrón con alta mortalidad infantil y en la población de más de 50 ailos. El modelo Sur, en cambio, presenta una elevada mortalidad en los niños menores de cinco ailos, baja mortalidad en los adultos (entre 40 y 60 años) y elevada en los mayores de 65 años. El sistema de Ledermann parte de un conjunto de tablas (154 en total) similar al utilizado por Coale y Demeny, pero utiliza parámetros 279 donde Y. = logito de h (tabla observada) Yu = logito de h (tabla estandar) El valor de A está asociado con el nivel general de la mortalidad, mientras que B representa la estructura por edad de la mortalidad en ~el~ción con la tabla estandar. Cuando B = 1 ambas estructuras comciden, mientras que cuando B es mayor o menor que la unidad dichas estructuras divergen. El sistema de Brass es sencillo y flexible, en muchos casos no es fácil lograr un buen ajuste a los datos observados. Una posible s~lución consiste en aumentar el número de parámetros, lo cual ha sido 31 efectuado por Ewbanks, Gómez de León y Stoto • Se estiman entonces dos parámetros adicionales, a los ya mencionados: K que mide la �280 Siglo XIX H. Pérez Brignoli: Tablas modelo de mortalidad en C. Rica mortalidad en los menores de 15 años y L que hace lo propio con los mayores de 65 años. ELECCION DE UNA TABLA MODELO Las cinco tablas de mortalidad de Costa Rica recién presentadas cu~ren un ~p~o espectro de variaciones en la mortalidad y más de un stgl? ~e histo~a de la población. Las tablas fueron calculadas con procedimi~ntos directos, para los año~ en que había datos disponibles. Aunque extsten otros dos censos nactonales, en 1883 y 189232, no se dispone para esos años de una estadística de mortalidad adecuada. Los pocos datos disponibles exigen ajustes demasiado drásticos como para otorgar a tablas así calculadas el mismo grado de confiabilidad que a las que acabamos de presentar. Para los años 1900, 1910 y 1920 disponemos de datos sobre la mortaµ?~3d mucho más confiables, extraídos del archivo del Registro Civil . Pero esos años están demasiado alejados de los censos con lo cual la estimación de la población total en cada grupo de edad ;e toma problemática. No hay medio directo pues, para llenar con alguna tabla de mortalidad los 6 l años que transcurren entre 1866 y 19'27. Afortunadamente, entre 1927 y 1973 el espaciamiento de las tablas es relativamente adecuado. Las tablas modelo pueden ofrecer una buena solución a la situació~ presentada. Una vez identificado el sistema que mejor se ajusta a las cmco tablas observadas se podrán efectuar estimaciones indirectas, utiliz.ando la información fragmentaria disponible para el período 1866-1927. La elección de un sistema de tablas modelo presenta cierta comP!ej~dad. Prestaremos particular atención, en lo que sigue, a los procedimientos de comparación y a las opciones y supuestos implícitos. El ejer~icio tiene valor, por otro lado, como test sobre la aplicabilidad de diferentes tablas modelo en Ja demografía histórica latinoamericana. Utilizaremos las tablas de Coale-Demeny y Ledermann el sistema logito de Brass y la reciente extensión de este sistema a 4 ;arámetros efectuada por Ewbank, Gómez de León y Stoto. Se excluyen las nuevas tablas modelo de las Naciones Unidas debido a que cubren una experiencia de mortalidad más limitada. Las tablas de Coale-Demeny y Ledermann La comparación básica es sencilla. Para cada una de las tablas observadas (1866, 1927, 1950, 1963 y 1973) se selecciona una tabla modelo, 281 según las opciones ofrecidas por los diferentes sistem~. En el caso de Coale y Demeny se escogió una tabla para cada región con una eo igual a la de la tabla observada34• En el caso de Lederm~, ~uego _d_e varias pruebas, se resolvió trabajar con la Red 1, lo que ~plica utilizar dos parámetros de entrada, la sqo y la 20Q4s. Se o_btuv1eron así 20 tablas del sistema de Coale y Demeny y 5 tablas del stStema de Ledermann. La comparación se efectuó sobre la función nqx, _un índice particularmente sensible ya que no tiene, como otras func1o?es de la tabla un carácter acumulado. El análisis gráfico de la relactón Rx35 permitió examinar las variaciones en el ajuste para_ cada _edad (gráfi~s 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 y 3.2), mientras que la cons1derac1ón de las diferencias entre las nqx de cada tabla observada y oqxm de cada tabla modelo (cuadro 6), nos provee de una medida resumen para escoger el mejor ajuste. Ambas comparaciones conducen al mismo resultado: el sistema de Ledermann parece más apropiado que las tablas modelo de Co~e Y Demeny. En este último caso, las v~aciones son bastante_ errá~tcas'. y no hay coherencia en cuanto a la re81:ón que produce el meJor aJ~te. en 1927 la diferencia mínima es ofrectda por el modelo Norte, mtentras que en 1866 y 1950 ocurre lo propio con el Oeste; el modelo Norte vuelve a ser la mejor opción en 1963 y 1973. Aunque el sistema de Ledermann prod~ce los mejor~ ajust~ (cuadro 6), los gráficos (3.1 y 3.2) revelan también que hay ciertas.diferencias sistemáticas entre aproximadamente los 10 y los 35 años. en esas edades las nqx del sistema de Ledermann son invariablement~ más el~ vadas que en las tablas de Costa Rica. El carácter sistemá!1~0 de dichas diferencias permite pensar que se trata de ~na caractenst1ca específica atinente al comportamiento de la 1:llorta~dª?• Y n~ ~ errores en los datos. Esto requiere, en todo caso, mvest1gac1ón adicional. El sistema de Brass Las primeras aplicaciones del sistema de Brass se efectuaron recurriendo a diferentes tablas estandar: las dos tablas propuestas por B~ass (estandar general y estandar afroasiático); una tabla correspondie~te al modelo Oeste con eo = 39 años; la tabla de 1927, Y un pron_iedio de las Ix en las cinco tablas de Costa Rica. Aunque las esttma~1ones _de los parámetros A y B variaron un poco, ~o se obser:varo~ d1ferenc1as significativas en la escala de dichas variaciones; la dispersión_ fue muy parecida en todos los casos y lo mismo ocurrió con la relac1ó~ entre el valor de los parámetros. Con base en estos resultados se resolvtó continuar el trabajo utilizando como estandar la tabla de 1927. Los parámetros así estimados se presentan en el cuadro 736• �282 Siglo XIX Los ajustes son satisfactorios, y los cambios en el parámetro A (nivel general de la_mortali~ad) corresponden a lo esperado. Pero el par~etro B también ~uctua: es mayor que 1 en 1866, iguala casi a la ~~ad.en 1950! descie~de en 1963, y vuelve a la unidad en 1973. La utiliz.ación práctica del slStema de Brass implica pues una decisión acerca del valor.que puede asumir el parámetro B. Las opciones son dos. La más sencilla consiste en considerar B = 1, despreciando las mencionadas fluctuaciones, lo cual equivale a suponer que la forma de la curva d_e 1~ L. <:5 siempre similar a la de la tabla estandar. La segunda op. C1Ón llDplica aceptar variaciones de B. Lo primero es muy simple pero también ?3~Y drástico. Sus resultados pueden verse en el cuadro 6: las tablas as1 aJustadas no son mejores que los modelos de Coale-Demeny o de Ledermann. Aceptar variaciones en B implica también alguna hipótesis plausib!e acerca de su .c<:>mportamiento a lo largo del tiempo, cuando se modifican las condic1on~ generales de l~ mortalidad. Si no existe un patrón general de cambios en B, es obvio que el uso práctico del sistema logito se toma limitado. Para investigar el posible patrón de variaciones d~ los parámetro_s del sistema de Brass se efectuaron dos aplicaciones diferentes. La pnmera, a las tablas de mortalidad femenina de Suecia YFrancia. La segunda a las tablas modelo de Coale y Demeny. Los resultados de la primera aplicación se muestran en el cuadro 8. Los datos de Suecia y Francia, aparte de ser de indudable calidad cubren un amplio espectro en la evolución de la mortalidad. Las variaciones de A son monotónicas, y a_umentan en forma regular a medida que se produce el descenso en el ruvel general de la mortalidad. Pero los cambios en B son irregulares, y más amplios en la experiencia sueca que en la francesa. La segunda aplicación (cuadro 9), mostró, como era de esperar, resultados mucho más regulares. Tomando como tabla estandar la del nivel 9, en el modelo Sur, el parámetro A se comportó de acue~do a lo esperado, mientras que B presentó cambios monotónicos crecientes, alcanzando un valor de 1 justamente alrededor del nivel 9. Con resultados tan divergentes es difícil la construcción de una hipótesis plausible acerca de cuáles podrían ser las variaciones de B en un caso como el de Costa Rica. . Otra JX?Sibili~ad es la de usar la extensión a cuatro parámetros del S1Stema logito recientemente propuesta por Ewbank Gómez de León YStoto. Dichos autores argumentan que, con cuat;o parámetros es posible, un ajuste virtualmente perfecto entre la tabla estandar y 1a'ta~la ob~ervada. Pero en ~a segunda etapa de cualquier aplicación práctica es llD~rtante también que los mencionados cuatro parámetros puedan_ reducrrse a por lo menos dos. De otro modo, la cantidad de tablas posibles, entre por ejemplo dos situaciones observadas, es tan enorme H. Pérez Brignoli: Tablas modelo de mortalidad en C. Rica 283 como inmanejable. Los resultados de la aplicación y el valor de los parámetros estimados con este procedimiento se muestran en el cuadro 9. Lamentablemente, el patrón de cambio en los parámetros es errático, y no resulta posible una reducción a dos parámetros. Discusión Podemos evaluar ahora las ventajas y desventajas de cada uno de los modelos presentados. El principal problema en las tablas de Coale y Demeny parece provenir del hecho de que se basan en experiencias de mortalidad algo diferentes de las de países latinoamericanos37• Aunque el sistema de Ledermann fue construido con una base similar, la posibilidad de entrar con dos parámetros permite un ajuste a los datos óbservados de mejor calidad. El sistema logito presenta dificultades más serias. Las variaciones en el parámetro B resultan difíciles de interpretar y prácticamente imposibles de estimar a partir de información empírica indirecta o incompleta. Esas variaciones parecen ser, por otra parte, independientes de la tabla estandar que se esté utilizando38• La extensión del sistema a cuatro parámetros no provee, aparantemente, una solución a este problema, sino más vale complicaciones adicionales. Por todo esto no parece que el sistema lo~to pueda reempl~ con ventaja las tablas modelo elaboradas a partrr de métodos estad1st1cos. Continua siendo, en cambio, un instrumento precioso por su flexibilidad y sencillez para la comparación y el ajuste de datos. TABLAS MODELO PARA COSTA RICA La identificación de un conjunto de tablas modelo de mortalidad de aplicación aceptable al caso de Costa Rica puede ef~u~se a ~artir de la red 1 del sistema de Ledermann. Nótese que la pnnc1pal discordancia encontrada con las tablas de Costa Rica sólo afectaba las edades comprendidas entre, aproximadamente, los ~O y 35 lm:os. _Aun~~e podría efectuarse un ajuste para controlar esa discrepancia ststemat1ca ello afectará relativamente poco el conjunto de cada tabla ya que, co~o es sabido, la fuerza de la mortalidad es baja en esas edades. El uso práctico de la red 1 de Ledermann implica empero solucionar todavía otro aspecto. Es necesario encontrar una relación entre los dos parámetros de entrada a las tablas, esto es la sqo y la 20Q4s. En las tablas de Costa Rica 39 dichos valores se comportan de acuerdo a relaciones aproximadamente lineales, tal como puede verse en el grá~co 4. Cuando la mortalidad desciende y se observan esperanzas de vida al nacimiento mayores de 55 años (tablas de 1950, 1963 y 1973), la relación sigue siendo aproximadamente lineal J>t:ro la pendiente_ de la rect_a se modifica. Por eso se calcularon dos ecuaciones de regresión: la pn- �284 Siglo XIX H. Pérez Brignoli: Tablas modelo de mortalidad en C. Rica mera para el período 1866-1950 (esperanzas de vida al nacimiento entre 20 y 55 años) y la segunda para el período posterior a 1950 (esperanzas de vida al nacimiento superiores a los cincuenta y cinco años): período 1866-1950 20Q◄s = 0.20417 + 0.632282 sqo cr2 = o.9966) u1 período 1950-1973 20Q◄s = 0.092476 + 1.255634 sqo cr2 = o.895) r21 Ello permite, enseguida, una estimación de las combinaciones relevantes de los dos parámetros, y el cálculo, utilizando las ecuaciones de regresión provistas por Ledermann-40,de las nqx correspondientes a cada nivel de mortalidad. Ello se presenta en el cuadro 11; como anexo se facilita un programa de computación que calcula las nqx y genera la tabla de mortalidad respectiva. En los gráficos 5.1 y 5.2 se presentan dos comparaciones de las tablas modelo de Costa Rica con el sistema de Coale y Demeny. Las diferencias son sobre todo notorias en las nqx a partir de los 20 años de edad. En el nivel 5 -una situación de alta mortalidad-, la tabla de Costa Rica se aproxima al modelo Sur y diverge del Oeste, al menos entre los 20 y los 60 años, y después de esta última edad se separa de ambos. En el nivel 13 -representativo de una mortalidad mucho más baja-, los tres modelos difieren mucho menos, pero el costarricense se parece más a la región Oeste que a la región Sur. En lo cuadros 12 y 13 se presentan dos ejemplos de utilización del sistema. Para el período 1919-1921 es posible calcular, mediante el método de Greville, las nqx desde O hasta cinco años. En 1910 la información sólo permite calcular la qo. Con ambos datos como criterios de entrada, es posible calcular las respectivas tablas de mortalidad. En el primer caso, al disponerse de la sqo, la entrada en el sistema es directa por medio de la ecuación [I]. En el segundo, es necesario efectuar varias iteraciones, con diferentes valores de sqo y la misma ecuación [l), hasta que se encuentra una tabla de mortalidad con una qo igual a la observada en 19l O. El programa provisto induye la ecuación [l] en la instrucción 190, por lo cual el cálculo de las tablas se puede lograr con un mínimo de operaciones. 285 CONCLUSIONES Podemos enumerar ahora las principales conclusiones de este estudio: 1) las cinco tablas de mortalidad presentadas cubren un ~plio.~pectro de variaciones del fenómeno, y presentan una coherencia numma como para que sea plausible la entrada en algún sistema de tablas modelo; 2) de los diferentes sistemas examinados (Coale-Demeny, Ledermann, Brass y Ewban.k-Stoto-Gómez de León) el de Ledermann (red 1) produce un ajuste más coherente y próximo a las tablas observadas; 3) hay amplia evidencia, -y la comparación de las t~blas costarricences con los diferentes sistemas de tablas modelo constituye una confirmación adicional-, de que existen uno o varios patrones "latinoamericanos" de mortalidad. En lo que hace a este último punto hay que decir que se necesita mucha investigación adicional. Las nuevas tablas modelo de las Naciones Unidas constituyen apenas un primer esfuerzo en esa dirección41 • En demografía histórica necesitamos, ade más,tablas que cubran apropiadamente situaciones de alta mortalidad, y en est_e sentido hay que decir que todos los sistemas de tablas modelo extstentes tienen profundas limitaciones. NOTAS l. Ver Barclay, George W. Techniques of Population Analysis. New York, John ".Viley, 1958; Shryock, Henry S., Jacob S. Siegel, et al, Tbe M~ocI_s and Matenal~ ofDemograpby, 2 vols. Washington, D.C., U.S. Govemment Prin~g (?ffice, 1970, Pressat, Roland. El análsis demográfico, Métodos, resultados, aplicaaones. Trad. A. Joubet. México, F.C.E. 1967; Pressat, Roland. TheDictionaryo~Demograpby. Edited by Christopher Wtlson. Oxford, BI~ckwell Reference, _1985; S~1egelman, Mortimer. Introduction to Demography. Chicago, Toe Actuanan Society, 1955. 2. Preston, S.N. Keyfitz and Robert Schoen. Caus~ of Deatb. Life Tables for National Populations. New York and London, Semmar Press, 1972. 3. Haines, Michael R. "The use of model life tables to estimate mortality for the United States in the late nineteenth century". Demograpby 16 (2), 1978, pp. 289-312. 4. Ver Shryock et al., op cit.; Pressat, El análisis demográfico, pp. 137-143; Ortega, Antonio. Tablas de mortalidad, San José, CELADE, 1982. �288 Siglo XIX H. Pérez Brignoli: Tablas modelo de mortalidad en C. Rica 34. El único parámetro de entrada que produce estimaciones insesgadas en el sistema de Coale y Demeny, es la e10. Pero en las aplicaciones prácticas esto raramente se respeta. En nuestro caso, no hubo prácticamente diferencias en cuanto a la tabla escogida, entrando con la eo o la e10. 35. q, (tabla observada)/ qm. (tabla modelo). e 36. En esta aplicación, al igual que en la que extiende el sistema de Brass a cuatro parámetros, se utilizó la transformación logito según la fórmula que se muestra en el cuadro 3.7. También es de uso habitual la fórmula logito J. = 1/2 la ((1 - l.)/ !.J. En este caso se modifica el signo del parámetro A. 37. No está de más notar que Coale y Demeny excluyeron las tablas latinoamericanas porque su comportamiento difería considerablemente del de las tablas europeas más confiables. Ver Coale y Demeny, op. cit. p. 12. Como lo muestran las nuevas Tablas Modelo de las Naciones Unidas, existen patrones específicos de mortalidad en las poblaciones latinoamericanas. 38. AJ cambiarse la estandar se modifican obviamente, los valores del parámetro B. Pero sus variaciones peananecen más o menos constantes, como si al utilizarse otra estandar se produjera apenas un cambio de escala. 39. Se efectuó también un estudio de las variaciones de OQ5 y 20Q•5 en las tablas del modelo Oeste de Coale y Demeny. La relación observada fue también lineal, con una pendiente similar a la calculada para el caso de Costa Rica. 40. Véase, Ledermann, Sully. op. cit. pp. 73-76. 41. Vale la pena también mencionar el trabajo de grado de Ramiro Coa Clemente, Tablas modelo de mortalidad para América Latina, CELADE, Programa de Maestría en Demografía 1985-86 (inédito), que desarrolla y mejora dichas tablas; y un intento pionero en Brasil: Frías, Luiz A. Medeiros y Paulo Rodríguez, "Brasil: Tábuas Modelo de Mortalidade et Popula~oes Estáveis", Anais.Segundo Encontro Nacional Estudos Populacionais. ABEP, Sao Paulo. 1981, vol. l. ♦ ,e ,l t C/) o X 111 C/) C/) o1%) ¿ < ~ < p.. Q < Q :3 .... ¡.. < o ~ ~ o ¿ ~ ¡¡:¡ u Q < ,.J 1%) < ¡.. r..: '9 .,... 1() 00 < u ;;a < o ¡.. C/) u cll 1/'\"<t °'ON r- 00 .,... 1() r- oo -o N r- M 289 �~ CUADR02 ~- !fü: o COSTA RICA, 1927. TABLA DE MORTALIDAD PARA AMBOS SEXOS Edad o 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 nmx 0.22726 0.03465 0.00766 0.00407 0.00513 0.00693 0.00874 0.01058 0.01251 0.01456 0.01678 0.02027 0.02684 0.03845 0.05777 0.08446 0.12229 0.20240 0.19607 0.12649 0.03760 0.02014 0.02534 0.03408 0.04275 0.05155 0.06065 0.07025 0.08053 0.09647 0.12576 0.17539 0.25238 0.34868 0.46829 1.00000 ~ ,. nQx 100 000 80 393 70224 67 584 66 223 64 544 62 345 59 680 56 603 53 170 49 435 45 454 41 069 35 904 29 607 22 135 14 417 7 666 >< ndx nlx T. e. nP.,••• 19 607 10 169 2 640 1 361 1 678 2 200 2 665 3 076 3 433 3 735 3 981 4 385 5 165 6 297 86 275 293 506 344 519 334 516 326 917 3 17 223 305 061 290 707 274 433 265 512 237 222 216 307 192 433 163 778 129 354 91 379 55 206 37 873 3 953 220 3 866 945 3 573 439 3 228 919 2 894 404 2 567 486 2 250 263 1 945 202 1 654 496 1 380 063 1 123 551 886 329 670 022 477 589 313 811 184 457 93 079 37 873 Pb: 39.53 48.10 50.89 47.78 43.71 39.78 36.09 32.59 29.23 25.96 22.73 19.50 16.31 13.30 10.60 8.33 6.46 4.94 wP,,; 0.75956 0.90715 1472 7 718 6 751 7 666 0.97096 0.97729 0.97035 0.96166 0 .95295 0.94402 0.93470 0.92480 0.91183 0.88963 0.85109 0.78982 0.70642 0.60414 0.40689 CUADRO 3 COSTA RICA, 1949-51. TABLA DE MORTALIDAD PARA AMBOS SEXOS Edad .m. nQx lx o 0.10414 0.01574 0.00274 0.00136 0.00193 0.00315 0.00375 0.00453 0.00565 0.00688 0.00929 0.01272 0.01964 0.02822 0.04182 0.06609 0.09988 0.17749 0.09706 0.06034 0.01361 0.00677 0.00960 0.01563 0.01858 0.02239 0.02784 0.03383 0.04538 0.06162 0.09360 0.13178 0.18929 0.28358 0.39961 1.00000 100 000 90 294 84 846 83 691 83 124 82 326 81 040 79 534 77 753 75 588 73 031 69 717 65 421 59 298 51 483 41 738 29 902 17 953 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 ndx 9 706 5 448 1 155 567 798 1 287 l 506 1 781 2 165 2 557 3 314 4 296 6 123 7 814 9 745 11 836 11 949 17 953 nlx 93 206 346 139 421 341 417 038 413 627 408 415 401 434 393 217 383 354 371 549 356 871 337 846 311 797 276 953 233 054 179 101 119637 101 147 T. 5 565 725 5 472 519 5 126 381 4 705 039 4 288 001 3 874 374 3 465 960 3 064 526 2 671 309 2 287 955 1 916 406 1 559 535 1 221 689 909 892 632 939 399 885 220 784 101 147 ex nPx,x+• Pb: 55.66 60.61 60.42 56.22 51.59 47.06 42.77 38.53 34.36 30.27 26.24 22.37 18.67 15.34 12.29 9.58 7.38 5.63 wP1s: 0.87869 0.95902 0.98979 0.99182 0.98740 0.98291 0.97953 0.97492 0.96921 0.96049 0.94669 0.92290 0.88825 0.84149 0.76849 0.66799 0.45813 Fuente: Dirección General de Estadística y Censos, Tablas de Vida de Costa Rica, 1949-51 (San José, 1957). ;i: "ti !:l~ t:ll i· ~ ~ 1:3 o ~ o' ~ :3 [ e: Q. g 0 ~ ~ �ls CUADR04 ~ COSTA RICA, 1962-64. TABLA DE MORTALIDAD PARA AMBOS SEXOS .m. Edad o l 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 15 80 0.08502 0.00795 0.00154 0.00083 0.00115 0.00163 0.00202 0.00252 0.00313 0.004) 7 0.00571 0.00802 0.01263 0.02004 0.03237 0 .05136 0.07530 0.15658 .q. 0.08024 0.03113 0.00765 0 .004)5 0.00573 0.00810 0.01004 0.01253 0.01554 0.02063 0.02815 0 .03933 0.06122 0 .09543 0.14972 0 .22759 0.31685 1.00000 l• .el. .L. T, e. 100 000 91 976 89 113 88 431 88 064 87 559 86 850 85 978 84 901 83 582 81 857 19 553 76 424 71 746 64 899 55 182 42 623 29 118 8 024 2 863 682 367 505 709 872 1 077 1 319 1 724 2 304 3 129 4 679 6 847 9 717 12 559 13 505 29 118 94 383 360 002 443 860 441 238 439 059 436 024 432 071 427 198 421 206 413 597 403 526 389 943 370 424 341 611 300 203 244 514 179 353 185 964 6 324 177 6 229 794 5 869 793 5 425 933 4 984 695 4 545 636 4 109 612 3 677 540 3 250 342 2 829 136 2 415 539 2 012 013 1 622 069 1 251 645 910 034 609 832 365 318 185 964 Pb: 63.24 67.73 65.87 61.36 56.60 51.91 47.32 42.77 38.28 33.85 29.51 25.29 21.22 11.45 14.02 11.05 8.57 6.39 .,p,,: ~ o ~ .,..... 0.90877 0.97684 0.99409 0.99506 0.99309 0.99093 0.98872 0.98597 0.98193 0.97565 0.96634 0.94994 0.92222 0.87879 0.81450 0.73351 0 .50905 Fuente: Romero et. al. Tablas de Vida de Costa Rica. 1962-64 (San José, 1967). is.:- ----------CUADRO 5 COSTA RICA, 1971-1974. TABLA DE MORTALIDAD PARA AMBOS SEXOS Edad o 1 s 10 IS 20 25 30 35 40 45 so SS 60 65 70 75 80 .m. .q. ,. .d,, .L. T, e. nP-.... 0.05130 0.00324 0.00079 0.00059 0.00103 0.00144 0 .00154 0.00200 0.00263 0 .00351 0.00485 0 .00703 0.01069 0.01732 0.02865 0.04633 0.07120 0. 14830 0.04952 0.01283 0.00396 0.00293 0.00512 0.00716 0.00768 0.00993 0.01304 0.01738 0.02398 0.03453 0.05208 0.08300 0.13367 0.20761 0.30222 1.00000 100 000 95 048 93 829 93 451 93 183 92 706 92 042 91 335 90 428 89 249 87 698 85 595 82 639 78 336 71 834 62 232 49 312 34 409 4 952 1 219 372 274 477 664 707 907 1 179 1 551 2 103 2 956 4 304 6 502 9 602 12 920 14 903 34 409 96 534 376 826 468 214 466 600 464 723 461 871 458 444 454 410 449 194 442 368 433 233 420 587 402 438 375 423 335 164 278 859 209 302 232 024 6 826 213 6 729 680 6 352 853 5 884 640 S 418 039 4 953 316 4 491 445 4 033 001 3 578 591 3 129 397 2 687 029 2 253 796 1 833 209 1 430 772 1 055 348 720 184 441 325 232 024 Pb: 68.26 70.80 67.71 62.97 58.14 53.43 48.80 44.16 39.57 35.06 30.64 26.33 22.18 18.26 14.69 11.57 8.95 6.74 wPn: 0.94672 0.98913 Fuente: DGEC/ CELADE. Tablas de Vida de Costa Rica, 1972-74 (San José, 1976). 0.99655 0.99598 0.99386 0.99258 0 .99120 0.98852 0.98480 0 .91935 0.97081 0.95685 0.93287 0.89276 0.83201 0.75056 :l:: l ~ ig, ., ;;;i O' f l" ~ a 1 t a 0.52514 !') ~ ~ �294 Siglo XIX H. Pérez Brignoli: Tablas modelo de monalidad en C. Rica 295 Sigue cuadro 6 CUADR06 COMPARACION DE LAS TABLAS DE MORTALIDAD DE COSTA RICA CON LAS TABLAS MODELO DE LEDERMANN Y COALE-DEMENY Y EL SISTEMA LOGITO DE BRASS modelo Diferencias entre las probabiDdades de muerte de cada ubla con respeao .1 las talas modelo SUffl.11 de las diferencbs .JI Cll.1CIDdo diferenm cmdlida media Tabla de 1963 modelo SUN de las diferend.Js .11 cmchdo clfef'ell(U audmla medi.1 Tabla de 1866 Ledermann Oeste Norte Este Sur Brass 0.002179 0.055227 0.065765 0.062852 0.074642 0.017842 0.000128 0.003249 0.003869 0.003697 0.004391 0.001049 Tabla de 1927 Ledermann Oeste Norte Este Sur Brass 0.000488 0.002438 0.002058 0.005641 0.007167 o 0.0000287 0.0001434 0.0001210 0.0003318 0.0004216 o Tabla de 1950 Ledermann Oeste Norte Este Sur Brass 0.000540 O.000623 0.003340 0.001920 0.002321 0.000934 O.00003 18 0.0000366 0.0001960 0.0001132 0.0001365 O.0000549 Ledermann Oeste Norte Este Sur Brass 0.0011910 0.0052500 0.0014200 0.0073880 0.0027700 0.0041580 0.0000700 0.0003087 O.0000835 0.0004350 0.0001630 0.0002445 Tabla de 1973 Ledermann Oeste Norte Este Sur Brass 0.0005926 0.0031850 0.0008298 0.0042610 0.0017320 0.0020710 0.0000348 0.0001874 0.0000488 0.0002500 0.0001019 0.0001218 Este Sur corresponden a las cuatro familias de las tablas Nota: Oeste, Nalorte,D Y En el caso de Ledermann se utilizó la red 1 (dos modelo de Co e Y emeny · parámetros: sqo Y lOQ•s). �296 Siglo XIX H. Pérez Brignoli: Tablas modelo de mortalidad en C. Rica 297 CUADRO 7 CUADROS PARAMETROS DEL SISTEMA DE B (TABLA ESTANDAR: COSTA RICA,~;~ Tabla de mortalidad A B PARAMETROS DEL SISTEMA DE BRASS TABLAS DE MORTALIDAD FEMENINA (SUECIA Y FRANCIA) Error estandar de la esdmad6n 1866 1950 1963 1973 0.47416 0.47638 0.71516 0.95734 1.11898 0.99353 0.92593 1.05646 0.00965 0.02255 0.03563 0.02953 ~ota: Lo~it? !. = 1/2 l.(lx/(1 _ l.)J proceduruento puede resumirse como si . en_ las tablas de mortalidad (incluida I gue. a) se ~culan los logitos de l. raiz de cada tabla debe ser igual a 1 . a que se va a ut1hzar como estandar, la zando como variable independiente{~b)I se.calculan regresiones lineales, utiliY como variable dependiente los logitis de l. de la tabla estandar (Yu), rbla obtenemos una ecuación de regresió den! ~da tabla (Y,); c) para cada os valores de Y. estimados con cada n_ e ~ orma: Y,= A+ B (Yu); d) versión a valores de lx) para el cálcul ec;ac1ón, sirven de base (previa recono e las tablas modelo del sistema. ~:ts Suecia * Año 1758-63 1801 1821 1841 1881 1901 1921 1941 1967 Francia + A B Año A B -0.2900 -0.2799 -0.0856 -0.0202 0.1526 0.3208 0.5407 0.9107 1.3100 1.04 • 1.17 1.11 1.01 0.92 0.98 1.12 1.34 1.48 1700-70 1805-07 1825-27 1845-47 1885-87 1905-07 1925-27 1947-50 1967 -0.4147 -0.1386 -0.0945 -0.0132 0.0557 0.1909 0.5407 0.5939 1.1314 1.16 1.05 0.987 1.04 0'.99 1.13 1.12 1.14 1.23 • Se usó como estandar la tabla sueca de 1861. La tabla de 1758-63 es la de Wargentin recalculada por Dupaquier. Las del período 1801-1941 aparecen reproducidas en el artículo de Brass, "Sobre la Escala de la Mortalidad" (Ver Brass, Métodos para estimar... , pp. 135-180). La tabla de 1967 aparece en Keyfitz y Fliegert. Demografía. Métodos estadísticos. Buenos Aires, Marymar, 1979. + Se usó como estandar la tabla francesa de 1871-72. Todas las tablas fueron extraídas, a excepción de la de 1967, de Bourgeois-Pichat, J. ''The General Development of the Population of France since the Eighteenth Century", in Population in History, Essays in Historical Demography edited by D. V. Glass y D.E.C. Eversley, Chicago, Aldine Publishing Co., 1965, pp. 474-506. La tabla de 1967 proviene de Keyfitz y Fliegert, op. cit.. �298 Siglo XIX H. Pérez Brignoli: Tablas modelo de mortalidad en C. Rica CUADRO 10 CUADR09 PARAMETROS DEL SISTEMA DE EWBANK, GOMEZ DE LEON Y STOTO (SISTEMA LOGITO CON CUATRO PARAMETROS) PARAMETROS DEL SISTEMA DE BRASS TABLAS DE MORTALIDAD FEMENINA MODELO SUR. DE COALE y DEMENY' eo 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 A 0.4622 0.2932 0.1416 o -0.1360 -0.2741 -0.4167 299 B 1.2719 1.1537 1.0660 1.0000 0.9539 0.9196 0.8934 Tabla de mortalidad 1866 1927 1950 1963 1973 A B k -0.5942 -0.1049 0.4033 0.6673 0.8737 1.1340 0.9151 0.9544 0.8669 1.0616 0.1387 -0.0547 -0.3581 -0.5222 -0.4776 -0.2238 -0.0434 0.0840 0.1934 0.0180 Nota: Tabla estandar: modelo sur, nivel 9 (eo=40.00) Nota: Los parámetros fueron calculados con el procedimiento iterativo descrito en Ewbank, D.C., J.C. Gómezde León y M.A. Stoto, "A Reducible FourParameter System of Model Life Tables". Population Studies, 37,1985, pp. 105-127, haciendo uso de la estandar general de Brass modificada. De acuerdo a dichos autores los cuatro parámetros tienen el siguiente significado: A = mide el nivel general de mortalidad; B = mide la forma general de la función h, o, en otros términos, la mortalidad alrededor de los 50 años; k = mide la mortalidad entre los 2 y los 35 años (pero sobre todo la mortalidad infantil y juvenil); 1 = mide la mortalidad de los ancianos (compara la mortalidad de 70-74 años con la de 60-64 años). �300 Siglo X])( H. Pérez Brignoli: Tablas modelo de mortalidad en C. Rica CUADRO 11 Sigue cuadro 11 TABLAS MODELO DE MORTALIDAD (AMBOS SEXOS) PRO PARA COSTA RICA BABILIDADES (RED I DE LEDERMANN) DE MUERTE (.q,) Niveles Edades eo o 1 5 JO 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 15 80 85 sqo alQ4S 1 20.00 0.32874 0.34974 0.07508 0.04267 0.06040 0.08340 0.09108 0.09752 0.10681 0. 11543 0.12567 0.15124 0.19273 0.25030 0.32721 0.44012 0.54956 0.65857 1.00000 0.579 0.570 3 25.02 0.28606 0.27770 0.06225 0.03610 0.05151 0.01099 0.07698 0.08244 0,09051 0.09892 0.10944 0.13326 0.17140 0.22641 0.30175 0.41218 0.52525 0.64226 5 7 9 30.11 35.03 40.05 0.24763 0.21857 0.05133 0.03043 0.04385 0.06()35 0.06503 0.06968 0.07676 0.08491 0.09554 0.11778 0.15296 0.20541 0.27887 0.38664 0.50254 0.62665 301 1.00000 1.00000 0.21388 0.11134 0.04227 0.02566 0.03740 0.05143 0.05513 0.05913 0.06540 0.07327 0.08391 0.10478 0.13740 0.18740 0.25884 0.36390 0.48189 0.61209 l .00000 0.4935 0.5162 0.418 0.4685 0.353 0.4274 0.18205 0.13105 0.03420 0.02134 0.03157 0.04339 0.04631 0.04975 0.05533 0.06288 0.07345 0.09305 0.12334 0.17086 0.24005 0.34219 0.46176 0.59755 1.00000 0.293 0.389 Edades 11 13 15 17 19 21 eo 45.02 50.10 55.04 60.01 65.05 70.01 o 0.15242 0.09749 0.02715 0.01749 0.02635 0.03623 0.03857 0.04152 0.04651 0.05374 0.06419 0.08265 0.11084 0.15594 0.22272 0.32180 0.44244 0.58319 l.00000 0.12364 0.09675 0.06875 0.04564 0.02074 0.01520 0.01391 0.01072 0.02148 0.01709 0.02958 0.02362 0.03145 0.02516 0.03398 0.02731 0.03844 0.03133 0.04533 0.03787 0.05564 0.04804 0.07305 0.06458 0.09932 0.08921 0.14195 0.12948 0.20607 0.19082 0.30183 0.28312 0.42308 0.40448 0.56835 0.55355 l.00000 1.00000 0.07973 0.03322 0.01147 0.00819 0.01296 0.01774 0.01842 0.01991 0.02268 0.02771 0.03576 0.04871 0.06820 0.10293 0.15898 0.24468 0.36605 0.52451 1.00000 0.05908 0.02020 0.00770 0.00576 0.00932 0.01272 0.01306 0.01414 0.01623 0.02034 0.02720 0.03802 0.05431 0.08471 0.13574 0.21521 0.33496 0.49920 0.03931 0.01025 0.00453 0.00364 0.00613 0.00838 0.1405 0.2930 0.113 0.2343 0.080 0.1929 0.0499 0.1540 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 15 80 85 sqo 20C}4S 0.2385 0.3550 0.187 0.3224 0.00854 0.00928 0.01083 0.01409 0.01983 0.02877 0.04222 0.06829 0.11378 0.18625 0.30294 0.47153 1.00000 l.00000 �302 Siglo XIX H. Pérez Brignoli: Tablas modelo de mortalidad en C. Rica CUADRO 12 CUADRO 13 COSTA RICA, 1919-21: TABLA MODELO DE MORTALIDAD COSTA RICA, 1910: TABLA MODELO DE MORTALIDAD Edades o l. 0.22066 100 000 0.18046 77 934 0.04405 63 870 0.02660 61 057 0.03868 59 432 0.05319 57 134 0.05707 54 095 0.06420 51 007 0.06763 47 886 0.07555 44 647 0.08620 41 274 0.10734 37 716 0.14047 33 668 0.19098 28 938 0.26286 23 412 0.36849 17 258 0.48609 JO 898 0.61509 5 601 1.00000 2156 l 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 Nota: 5Qo q. = 365.95 ~ •5 L. ex 84 554 34.0J 272 919 42.55 312 316 47.65 301 223 44.73 291 415 40.88 278 071 37.43 262 756 34.39 247 232 31.32 231 332 28.20 214 803 25.06 197 476 21.90 178 460 18.73 156 515 15.69 130 875 12.84 101 673 10.28 70 390 8.06 41 248 6.30 19 392 4.90 8 046 3.73 Edades q. l. L ex o 0.22564 0.18728 0.04537 0.02730 0.03962 0.05449 0.05852 0.06274 0.06928 0.07725 0.08790 0.10924 0.14275 0.19362 0.26581 0.37186 0.48916 0.61726 1.00000 100 000 77 436 62 933 60 078 58 438 56 123 53 065 49 959 46 825 43 581 40 214 36 680 32 673 28 009 22 586 16 582 10 416 5 321 2 036 84 205 269 717 307 529 296 291 286 402 272 968 257 560 241 960 226 014 209 488 192 235 173 381 151 703 126 485 97 919 67 495 39 342 18 393 7 584 33.27 41.87 47.24 44.36 40.54 37.11 34.10 31.07 27.98 24.87 21.75 18.60 15.58 12.75 10.22 8.01 6.27 4.88 3.72 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 = 435.55 Nota: 5Qo = 375.5 20Q•s = 441.66 303 �~ GRAFTCO 1 TABLAS DE MORTALIDAD, 1866-1973, Supervivientes hasta la edad x (L.) 100 ½ cS.: o ~ 90 80 70 ~ ~ Q 60 . ~ ~ so ·..e 40 .. e: ·;;: Q, = V, 30 20 10 o 40 O 1866 + 1927 ~ 60 1950 4 80 1963 X 1973 ORAFIC02.1 TABLA DE MORTALIDAD DE 1865-67 Ra - q,/q- (Tablas de Coale-Demeny) 2 ::i: 1.9 "0 !ll' 1.8 ~ 1:/::1 ).7 ~t:, 1.6 ~ 1.5 112 ;;1 1.4 o- 1.3 !3 o ~ l.2 Cl. o~ l.l ~ l !3 ~ 0.9 ~ 0.8 lll Cl. 0.7 g 0.6 0 0.5 ~ 0.4 0 edades o Oeste 20 40 + Norte 80 60 • Este • Sur .... ~ �0RAFIC02.2 ~ TABLA DE MORTALIDAD DE 1927 R. • q.;q. (Tablas de Coale-Demeny) 2 ~ <6: o 1.9 1.8 ~ " r ,• 1.7 , _ 1 1.6 1.5 1.4 1.3 a2 1.2 ~ 1.1 .. 1 0.9 · .. ~ ,¿7 . " -L i.~ "'--"- - . //L ¿__~ 0.8 lY la. - 0.7 •_1 L:" ~ ' .,,. _, .. -r.~ ·" - ~ 0.6 0.$ 0.4 o o ,edades 20 Oeste + . 40 None . 60 ♦ Este 80 A Sur ORAFIC02.3 TABLA DE MORTALIDAD DE 19$0 R. • q./q. (Tablas de Coale-Demeny) 2 1.9 ~ ~ 1.8 1.7 ij 1.6 j· o:, 1.$ ~ 1.4 ~ c:,- 1.3 a2 e- eo 1.2 ~ 1.1 o' 1 ~ 0 .9 9 1 0.8 0.7 Él' Q. g 0 0.6 º·' ~ 0.4 0 edades o Oeste 20 40 + None 60 O Este 80 A Sur ~ �GRAFICO 2.4 ~ TABLA DE MORTALIDAD DE 1963 R, = q,/q,m (Tablas de Coale-Demeny) ro ?:s 2 ;:.,: 1.9 1.8 1.7 1.6 I.S 1.4 1.3 c2 1.2 1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 ~ edades o Oeste 60 40 20 + O Norte Este 80 A Sur GRAFICO 2.5 TABLA DE MORTALIDAD DE 1973 R. = q,/ q,m(Tablas de Coale-Demeny) 2 ;r: 1.9 1.7 ...ij 1.6 ~-~ 1.5 o 1.4 ;i 1.3 É ~ 1.8 c2 ::, ~ :3 1.2 8. !2. 1.1 o 1 ~ 0.9 :3 o ;:¡ 0.8 i 0.7 e,. g 0 0.6 0.5 ):1 ~- 0.4 0 o edades Oeste 20 40 + Norte 80 60 ~ Este Á Sur ~ �- - :;- GRAFICO 3.1 ._ "" <:, TABLAS DE MORTALIDAD, 1865-67 Y 1927 R, = q,/Q,m (Red I de Ledermann) . ! ~ e' ~ :,,:: 1.9 1.8 1.7 . 1.6 1 1.5 1.4 1:1 1.3 t:i! 1.2 l. 1 1 0.9 /\ / \ •JA \ V '\.'\ 0.7 ,a( ~ -..,. ~ '\.-/ ~ ~ '\?-0"" . 0.8 .JiL .... 0.6 ~- ~-~ .,. ~ 0.5 ·- . 0.4 o 1 20 40 O 1866 60 80 + 1927 GlUFICO 3.2 TABLAS DE MORTALIDAD, 1950, 1963 Y 1973 R, = q,/ q,m (Red I de Ledermann) 2 1.9 1.8 1.7 ?:: 1.6 ~- "l:J 1.5 ~ ~ 1.4 is·o 1.3 i:.a ~ 1.2 ~ 1.1 1 0.9 ;;;i ' Q- \ ,,.,,- 1:\\ 0.7 0.6 0.4 o 9 ~ i o" ~ i3 ir' ✓ ~ 0.5 - :...__..r /~--;;,;__,,-,..,,,,,,. \\111 ,lL\ ~'\. ,.,.,.. 0.8 f .. edades 20 O 1950 ~ ~ ./ . 40 + 1963 . O 1973 . 60 ~ CI. g 1 80 fl ~ ~ ._ �- ...;:::; ORAFICO 4 TABLAS DE MORTALIDAD, 1866-1973 Relaciones entre la oq, y la ,oq,, O.SS to' ~ >< o.s 0.4S 0.4 i 0.3S 0.3 0.2S 0.2 O.IS 1 ~ 1973 o 0.2 0.4 0.6 oq, ORAFICO S.1 TABLAS MODELO: COSTA RICA/ COALE-DEMENY Comparación de q, (nivel S, eO= 30.0) 0 .7 ;i:: 0.6 "0 ~o.s tx:, ~::, o ~ ;¡;i 0.4 i O' :3 0.3 1 0.2 :3 ~ ~ ~ ~ 0. 1 Q. g f') o ):, 0 edades O Costa Rica (S) 20 40 + Oeste (S) 60 80 o Sur (S) f¡ ...::::: �314 Siglo XIX La Emigración Española Durante las Décadas del Comercio Libre. (1765-1820) EL EJEMPLO CATALAN o00 ,_ .., .. ~ ::s Josep M. Delgado Ribas * <I) o ~ l. LA EMIGRACION ULTRAMARINA ESPAÑOLA DURANTE EL SIGLO XVIII No puede afirmarse que la preocupación por el fenómeno de las migraciones ultramarinas sea tardía en la historiografía del siglo XX: basta con recordar los dos extraordinarios volúmenes editados entre 1929 y 1931 conjuntamente por el National Bureau of Economic Research (Nueva York) y el Bureau International du Travail (Ginebra), o el coetáneo trabajo de Carrothers sobre la emigración colonial inglesa, aportaciones seguidas de una considerable literatura posterior que sería engorroso enumerar1• • .,"' ;;,- 'tJ ~ ..., .. ii: 1 'tJ '-' '°o o"' ., o .., o •b o o"' o o !! "' o u o También a finales de la década de los veinte el tema comenzaría a preocupar a los hispanistas como quedara de manifiesto en la Exposición Iberoamericana de Sevilla (1929), donde se presentó un Catálogo de Pasajeros a Indias para los siglos XVI al XVIII que contenía re2 ferencias acerca de 70 000 personas que cruzaron el Atlántico • Curiosamente, este mismo año Im.re Ferenczi publicaba una nota en los Annales d'Histoire Economique et Sociale para comentar las informaciones recibidas desde España sobre la abundancia de fuentes existentes para el estudio de las corrientes migratorias y la lentitud de unas investigaciones que contaban con tan rico material, además centralizado en • Depanamento de Historia Económica, Facultad de Ciencias Económicas, Universi• dad Autónoma de Barcelona. Este artículo fue publicado previamente en Boletín Americanista, 32, Universidad de Barcelona, 1982. �316 Siglo XIX J. M. Delgado R.: La emigración española (1765-1820) el Archivo de Indias, atribuida a la falta de recursos económicos del país para financiar un programa de vaciado a corto plazo de las fuentes que podría obviarse mediante la ayuda internacional3 • Cuarenta y cinco años después, Magnus Mórner en su exhaustivo trabajo "La emigración española al Nuevo Mundo antes de 1810" realizaba una síntesis del caudal bibliográfico editado sobre las migraciones ultramarinas durante la edad moderna, concluyendo que si bien se habían producido importantes progresos por lo que respecta a los siglos XVI y XVII, el siglo XVIII continuaba siendo prácticamente desconocido4. Esta laguna, aun hoy no cubierta, dificulta considerablemente el estudio de las relaciones entre España y sus colonias durante el Setecientos, por constituir el flujo migratorio una de las pocas aportaciones positivas de la metrópoli al desarrollo económico hispanoamericano, a la vez que una fuente de acumulación para la burguesía mercantil española, cuyos miembros se desplazaron al Nuevo Mundo sin perder por ello la voluntad de retorno. Por otro lado, existen suficientes elementos de juicio para sostener que los flujos migratorios transoceánicos de la época borbónica poseen un carácter sustancialmente distinto a los de la etapa anterior no siendo descabellado calificarlos en conjunto como el puente que enlaza los desplazamientos de población a larga distancia durante la etapa preindustrial con la consolidación de un mercado internacional de trabajo, ya en los siglos XIX y XX. Los rasgos distintivos del fenómeno emigratorio en el siglo XVIII permiten distinguirlo tanto de unos como de otros. En pocas palabras, podríamos decir que sus características esenciales son: Un cambio en los incentivos. Durante los dos primeros siglos de la Edad Moderna predominan los factores de expulsión ("push factors") en la determinación de los españoles de abandonar la 5 península • Entre ellos cabe destacar el progresivo empobrecimiento de la vida campesina como resultado del incremento de la presión tributaria, las continuas levas, la persecución religiosa y el temor a las enfermedades epidémicas. En el Setecientos,a la vez que varían los factores de expulsión -cada vez es más importante la presión demográfica- cobran superior relieve los factores de atracción (''pull factors") que parten de la economía colonial (demanda de artesanado cualificado, deseo de realizar especulaciones mercantiles, disfrute de algún cargo público, etcétera). Descenso en el flujo migratorio. Si aceptamos para el siglo XVI la cifra de 200 000 emigrantes y 350 000 para el XVII, las estimaciones, un tanto aventuradas, que poseemos sobre el siglo XVIII, hablan 317 de 55 000 viajeros, contabilizando tanto la emigración legal como la clandestina6 • Este descenso es aún más sensible si tenemos presente el peso mayoritario del funcionariado y de los comerciantes en el cómputo total'. La acción del Estado. La administración española siempre fue reacia a permitir el éxodo masivo de peninsulares al Nuevo Mundo y así se refleja en las Leyes de Indias8• No obstante el intervencionismo llegaría a extremos desconocidos en la época borbónica, limitándose la concesión de licencias de embarque a supuestos muy concretos: funcionariado, eclesiásticos, encomenderos con sus dependientes y familiares cercanos de algún español establecido en América. Aumento porcentual de la emigración clandestina. El incremento de las restricciones a la emigración no vino acompañado de una mejora en los sistemas para evitar el embarque de polizones. La habilitación sucesiva de una docena de puertos peninsulares para el comercio libre actuó en sentido contrario al descentralizar las vías de acceso al Nuevo Mundo. Cabría añadir que la presión ejercida sobre la marinería, obligada a matricularse y a prestar servicio en la Real Armada «estimuló» las deserciones de buena parte de los tripulantes de embarcaciones que arribaban a puertos americanos9 • El peso de la periferia. El cuadro I nos muestra_ la procedencia ~eográfica de los emigrantes espaftoles, en cuatro peno~os de la doinJnación colonial. En él puede observarse cómo las regiones que proporcionaban la mayoría de sus efectivos (Andalucía, Castilla-León, Extremadura), durante los siglos XVI y XVII, pasan a un segundo plano, según los datos que hemos elaborado para el_ trienio 1794-1796. ~ún poniendo en duda la validez de estos porcentaJes -no ha~ que olvidar que el papel de la emigración cl~destin_a nos es descono~tdo-, resulta innegable y perfectamente l_ógico ~l mcremento_ co~stderable de la participación, en los saldos m.tgratonos, de la penfena. La raz_ón de este cambio debe buscarse en la aparición, como elemento determ.tnante entre los factores de expulsión, de la presión demográfica. Son efectivamente las regiones donde el equilibrio población-subsistencias se hace más precario, aquéllas que registran un incremento más notable en sus porcentajes11 • En la apertura comercial que se inició con los decretos de libre comercio, la regulación restrictiva de la emigració~ al Nuevo Mundo fue objeto de una especial atención por parte del legislador. _El R~glam_ento de 1778 distinguía a la hora de conceder las preceptivas licencias �318 Siglo XIX J. M . Delgado R.: La emigración española (1765-1820) CUADRO/ PROCEDENCIA EN PORCENTAJE DE LA EMIGRACION ULTRAMARINA ESPAÑOLA to Hispano- Hispano- américa américa (1493-1539) (154~1579) Andalucía Castilla-León Extremadura País Vasco Galicia Aragón Valencia-Murcia Asturias Cataluña Baleares Canarias 34.3 36.3 15.9 Total españoles 96.3 México Hispano(dudad) américa 1689 (1794-1796) 1.6 0.7 0.8 0.6 1.1 36.9 35.6 17.7 4.1 1.0 0.5 0.5 0.5 0.6 - - - 0.6 1.1 5 - 98 30.2 29.9 2.9 19.5 6.8 1.5 0.7 2.7 5.4 95.7 24.6 16.2 6.3 16.1 11.2 0.9 1.1 7.5 15.1 0.2 0.8 100 319 - Poseer la nacionalidad española, garantizada con la presentación de una fe de bautismo. - Ser mayor de 18 años y estar emancipado o contar con permiso paterno. - Los casados, obligación de presentar licencia conyugal. - Documentar, mediante certificado expedido por la aduana, haber cargado géneros en una embarcación por valor mínimo de 52 941 rs. 6 maravedís 13 • La decisión de impedir mediante los oportunos controles todo tipo de emigración ilegal se patentizaba en otra disposición de marzo de este mismo año: Con el fin de precaver los medios imaginables según conviene que en las embarcaciones del libre comercio que salgan de los puertos habilitados de España para los de América se embarquen polizones, llovidos u otros pasajeros sin las licencias prescritas ... ha resuelto el Rey por punto general que ningún individuo pueda pasar a Indias, excepto los comprendidos en el rol de matrícula que se forma a cada buque del enunciado comercio; bien entendido que siempre que en los navíos de guerra o mercantes a los puertos de Indias se encuentre algún sujeto sin asiento formal en las listas o roles de matrícula, o que no lleve Real Licencia expedida en virtud de orden dada por esta vía reservada o el Consejo de Indias, será relnitido indispensablemente a España bajo partida de registro en la misma embarcación que fe hayan conducido, sin permitirle saltar a tierra 14• entre _«tripulantes», «cargadores o encomenderos» y «pasajeros». A los pnmero~ ~e les concedía la autorización a través de la Real Patente d.e Navegac1on, en la cual el capitan se hacía responsable, bajo caución, de toda la dotación del buque: La concesión de la licencia presuponía el retomo del cargador en la misma embarcación, aplicándose a su estancia una prórroga máxima de tres años «en el caso solamente de no despachar sus efectos y géneros» . ... y_en lo que mira a la tripulación, que deberá componerse de gente matnculada Yconstar que lo sea por lista certificada que ha de entregar, obligándose a cuidar de su conservación y responder de sus faltas 12• Como «pasajero» sólo excepcionalmente podría viajar un comerciante, reservándose tal condición a funcionarios, clérigos o militares con plaza en América. La práctica del comercio colonial tendería a mitigar esta norma, tomando en consideración si el solicitante poseía al15 gún pariente allí establecido en cuya ayuda acudir • La con~ición de cargad~r o encomendero -según se viajase por cuenta P1:0p1a o por c~enta aJena- presuponía la existencia de una partida de ge~er?s ne~oc1ables en algún mercado colonial. Para obtener la necesana h~enc1a de embarque era necesario que el interesado se hallara e~ p_oses1ón de una serie de requisitos que resaltaban el carácter restnct1vo de la concesión, recogidos en la Real Orden de 27 de junio de 1778: Todas estas disposiciones, refundidas en los artículos 10 al 14 del Reglamento de Libre Comercio se mantuvieron vigentes hasta que la guerra de la independencia obligó a tomar medidas excepcionales que evitasen la entrada en América de afrancesados y desertores. Así, una R.O. Circular de 9-VI-1810, establecía nuevos requisitos para fa obtención del correspondiente permiso: �320 Siglo XIX - Haber sido «fiel a la Patria». - No hallarse encausado en ningún proceso. - Gozar de exención del servicio de armas. - No estar inscrito en la matrícula de marina. 11. LA PARTICIPACION CATALANA En el co?t~xto d~ las m~graciones transoceánicas, el caso catalán posee caractensticas d1ferenc1ales que permiten aislarlo como un fenómeno particular. Primeramente, por su corta duración cronológica. Los emigrantes del Principado sólo llegarán a constituir una partida de consideración dentro de la emigración española durante el último tercio del siglo XVIII y primeras décadas del XIX: los datos reunidos en el cuad~o I po.nian ya de relieve su insignificancia para la época de los Austnas, nuen_tras que algunas investigaciones recientes sobre el período 1700-1765 mducen a pensar que antes de esta última fecha difícilmente alcanzarían el centenar los catalanes instalados en América16• Una explicación excesivamente simplista tiende a asociar este hecho con la presencia de ciertas limitaciones legales que entorpecían el acceso de los hombres de la periferia peninsular al Nuevo Mundo. Sin negar la posible existencia de restricciones17, las razones que justifican la ausencia de cata}anes en la~ listas de pasajeros a Indias durante la mayor parte ~el penodo colorual -y su posterior eclosión en la etapa del comercio libre- son de índole económica. Pierre Vilar ya puso de manifiesto en su día la existencia de una coyuntura catalana cuya evolución a largo plazo no coincidía con la de la Espafia Imperial 18 • Así, al esplandor demográfico de Castilla en el siglo XVI correspondía una lenta recuperación de Cataluña, restañadora de los efectos de la crisis bajomedieval. Del mismo modo, la depresión del siglo XVII, c_uyo peso fuera decisivo como determinante de los factores de expulsión demográfica que actuaron en la meseta, resultó más corta y menos intensa en el Principado, donde el cambio de tendencia se anticiparía varias décadas. y la influencia de la coyuntura también contribuiría a la especifidad del fenómeno migratorio catalán durante el siglo XVIII. Si aceptam~s el descenso general de los flujos ultramarinos, particularmente sensible en las regiones que tradicionalmente aportaban la mayor parte de su caudal, aquél debe explicarse a través de un análisis de la economía española que insista en la recuperación castellana y muestre cómo el litoral comienza a sentir las consecuencias negativas del crecimiento demográfico en el marco de una sociedad preindustrial. Pero la presencia en progresión de los emigrantes catalanes en las rut~~ atlántic~s no ~e reduce al resultado de un desequilibrio entre poblac1on y subs1stenc1as que favorece la expulsión de la población exceden- J. M. Delgado R.: La emigración española (1765-1820) 321 taria. En el siglo XVIII Cataluña es la región más densamente poblada, pero también es la más rica, y la base de su prosperidad se encuentra en un proceso de especialización productiva que culminará en el último tercio de siglo merced a la conquista de un importante mercado exterior: Hispanoamérica. El asalto a este mercado tras la liberalización de los intercambios propiciada por el libre comercio es la razón última que justificará el desplazamiento de cientos de catalanes a los principales núcleos comerciales de las Indias. De ello se deriva otra característica peculiar de la emigración catalana: su homogeneidad.Cerca del 98% de los casos documentados a partir de más de 3 600 referencias corresponden a sectores sociales que participan en el comercio colonial 19 • El deseo de aprovechar al máximo las posibilidades de especulación que esta actividad mercantil permitía se traducirá en el predominio de una emigración temporal -entre 3 y 9 años- y rotatoria que aseguraba la continuidad de los negocios pero no de las personas. Es la convicción de que su estancia en América no era definitiva lo que provocaba la resistencia, observada por algunos contemporáneos, del inmigrado catalán a dejarse asimilar por la sociedad criolla20 • A pesar de tener en común una misma procedencia y pretender objetivos similares, la situación en que cada emigrante efectuaba su viaje podía ser muy distinta. Hasta la última década del siglo XVIII perduraría la iniciativa individual cristalizada en pequeñas comendas cuyos socios-factores marchaban a vender unas mercancías adquiridas a 21 crédito ; frente a esta figura del comerciante-aventurero la burguesía mercantil catalana, necesitada de peones para mover sus negocios americanos, fomentaría la emigración de profesionales del comercio, asalariados o con una mínima participación en los beneficios, que poseían unos conocimientos teórico-prácticos suficientes para manejar sin errores empresas de cierta envergadura22 • Numéricamente, el pequeño negociante quizá fuera mayoritario en el conjunto de la emigración catalana; sin embargo cada vez le correspondió un papel más modesto, hasta quedar reducido a la condición de simple botiguer, supeditado a las compañías mayoritarias de las cuales recibta el suministro. La tienda y el almacén constituyen el centro de trabajo y principal medio de vida de la mayoría de los emigrados. Su punto de partida siempre es el mismo: una primera expedición como encomendero o con mercancías propias que obliga, ante la dilación de las ventas, a comprar o alquilar una dependencia resguardada de las inclemencias del tiempo donde depositar su cargamento y evitar así su deterioro hasta el momento de darle salida, y que a la vez le servía de improvisada vivienda23 • �322 Siglo XIX J. M. Delgado R.: La emigración española (1765-1820) En función del tiempo de estancia de los catalanes en América podríamos hablar de tres tipos de asentamiento: a) Temporal, inferior a tres años, tiempo con que, en principio, contaban los sobrecargos para proceder a la venta de los géneros embarcados. Concluido con éxito tal empeño, el almacén o tienda se cerraba y el comerciante regresaba con el producto de su negociación en plata o coloniales. Por su rasgo de inestabilidad, hemos omitido en el apéndice toda referencia a este grupo de inmigrados, que apenas dejaron huella de su estancia en Indias. b) Semipermanente, corresponde al de aquellos factores o encomenderos cuya estancia se prolonga hasta cuatro y seis años -tiempo máximo permitido por la R.O de 12 de agosto de 179024- y que venía a coincidir con el período de duración de la compañia a cuyo cargo se había realizado el viaje. El carácter temporal podia no afectar la permanencia de los establecimientos sino que se arbitraba como mecanismo ideal para relevar periódicamente a los que gestionaban el negocio en ultramar. c) Permanente. Fórmula adoptada en los negocios de tipo familiar. Los relevos, cuando se producen, tienen lugar en períodos mucho más largos y siempre para dar paso a las nuevas generaciones. El asentamiento permanente actúa como polo de atracción para nuevos emigrantes, unidos por vínculos familiares o de afinidad. El carácter modesto de sus negocios hace que la inmensa mayoría de los catalanes establecidos en América {el 96.8%) no posean un peso específico propio en la comunidad de adopción. Sólo unos cuarenta nombres llegarían a formar parte de la élite mercantil colonial, matriculada en los consulados25• En el apéndice hemos distribuido todas las observaciones en cuatro grandes distritos regionales, según el lugar de asentamiento: I Nueva España, II Barlovento y Costa Firme, III Colombia-Venezuela y IV Virreinatos del Plata y Perú. Las cifras obtenidas hablan de una mayor densidad del asentamiento en el área caribeña (43%), seguida de la América meridional (26.4%). Los motivos de esta predilección son de tipo consuetudinario. En primer lugar, la corriente migratoria documentada en la época del comercio libre continúa una tradición anterior que se remonta al siglo XVII con la llegada de los primeros capuchinos catalanes al oriente venezolono26 y, más recientemente, aparece vinculada al área de expansión de la Real Compañía de Barcelona, dos de cuyas zonas de privilegio, Puerto Rico y Cumaná, registran el mayor número de referencias en sus respectivas regiones27 • También 323 se observa con claridad que la colonia catalana es tanto más nutrida cuanto más anterior es la fecha de la inclusión en el libre comercio. Ello explica la escasa implantación en Nueva España (12.43%), habili28 tada en 1789 , frente a las Antillas, cuyo tráfico se liberalizó en 1765, o el Río de la Plata (1778). Dentro de cada región en concreto, los catalanes muestran una clara preferencia por los puertos habilitados, o mercados interiores urbanos; sólo un 2. 71 % de los ejemplos observados, que corresponde a pequeños tenderos, escapa a esta regla. Cinco localidades de la costa catalana aportan el 75% de los naturales del Principado establecidos en América: Barcelona, Vilanova iLa Geltrú, Sitges, Mataró y Tossa. Si bien para Barcelona y Mataró (24.07% y 12.03, respectivamente) este dato pudiera ser poco significativo, no sucede lo mismo, por ejemplo, con Vilanova y Sitges, que conjuntamente aportan el 22.62% del saldo migratorio. En este caso -y lo corrobora el peso relativo de otras poblaciones de la c<;>st~ de poniente (Torredenbarra, Altafulla, Tarragona), todo parece md1car una especialización de estas localidades en el surtimiento de efectivos para la emigración comercial catalana. Ello no es nada extraño cuando ya hemos demostrado en otros trabajos cómo los pueblos de la costa de Levante, singularmente Canet, Arenys y Blanes aportaban buena parte de las tripulaciones de los buques que ~articipa_ban en la Carrera de Indias y de los representantes del comercio catalan en los enclaves coloniales de la Península29 • La importancia de los nexos familiares o de pura amistad a la hora de elegir un destino se refleja en la coincidencia. de las pr~ferenciaJ que manifiestan los miembros de una, misma com~dad de ongen. As1, mientras los barceloneses son mayona entre los emigrados a Nueva España (48.4%), su presencia es residual en el área caribeña (13.6%); por su parte, los naturales de Vilanova se dirigen en un 61.2% de los casos a la región antillana donde representan el 28. 7%_ de los c~talanes establecidos, e igual destino eligen el 74% de sus vecmos de S1tges,- Dentro de su modestia la presencia de los hombres del Levante catalan alcanza el 40.2% en Nueva Granada y Venezuela, destacando sólo las aportaciones particulares de Mataró y Tossa. Un examen más detenido de la ubicación de los distintos emigrantes catalanes en suelo americano refuerza la hipótesis de dos movimientos migratorios superpuestos y de disti!1t? carácter. Uno, ~ue arranca de mediados del siglo XVIII y se contmua durante el penodo del comercio libre se dirige a las áreas tradicionales de asentamiento: Puerto �324 Siglo XIX Rico, Santo Domingo, Santiago de Cuba, La Habana, Cumaná, Nueva Barcelona, distinguiéndose por el predominio de los hombres de raigambre marinera de Vilanova y Sitges, actores de un comercio a peqoeñ.a escala gestionado a través de comendas aglutinadoras de varias unidades familiares a menudo emparentadas, para los cuales la navegación trasatlántica no era desconocida antes de 177830• El segundo, característico del último tercio del siglo, nace de Barcelona y de los pueblos de la costa de Levante, singularmente Mataró y Tossa, y se encamina hacia las regiones más ricas del imperio colonial españ.ol (Veracruz, Campeche, Cartagena de Indias, La Guaira, Buenos Aires), enclaves fundamentales para los negocios de la gran burguesía mercantil catalana donde tejerá una red de corr~porrsalías y factorías dependientes estrechamente de la metrópoli, regentadas por factores permanentes. Esta distinción entre dos corrientes migratorias corresponde a otra entre comercio a gran escala, practicado con las regiones ricas en plata y coloniales apreciados, y que tiende a ofertar productos manufacturados de lujo e importación, y «comercio de abarrote», habitual en la región antillana, que se agota en el menudeo de productos agrarios catalanes y manufacturas de poco aprecio. En un informe al Consejo de Indias, el gobernador de Santo Domingo, Joaquín García, describía con precisión este comercio de la pobreza, típico de los asentamientos catalanes en las áreas marginales del Nuevo Mundo: J. M . Delgado R.: La emigración española (1765-1820) 325 APENDICE LA EMIGRACION MERCANTIL CATALANA (1778-1820) La información que aparece resumida en este Apéndice reúne los datos disponibles acerca del l 263 emigrantes de procedencia catalana d~cumentados a través de 3 616 referencias contenidas en las fuentes utilizadas para la elaboración de mi tesis d~ctoral CatalunY_a y el sistema de libre comercio, 1778-1820'2 • El matenal de base consiste en los expedientes individuales remitidos a través del Juzgado de Arribadas ~ Ministerio de Indias con los requisitos necesarios para obtener la licencia de embarque, que hoy se conservan fragmentariamente repart!dos entre el Archivo de Indias, Simancas, Corona de Aragón Y escnbanias de Marina de Barcelona y Mataró33 • A t~do ello hay q~e ~ñadir otro tipo de fuentes de carácter notarial y pnvado que no mdican el momento en que se realiza la travesía, pero _sin embarg? _denotan la presencia de un emigrante catalán establecido en Amenca Y su actividad34 • l. Comerciantes catalanes establecidos en América (1778-1820) l. VIRREINATO DE NUEVA ESPAÑA El Principado de Cataluña es casi el único que se emplea en la remisión de cortos renglones a esta ciudad, que son quincallería, zapatos, pañuelos ordinarios, poco aceite, menos cantidad de vinos, y éstos malsanos por-fuertes y adulterados: pasa, higos, almendras, algún jabón, rara o ninguna vez harinas, ni velas de sebo, grasas, ni otros tan precisos como indispensables a la subsistencia. Estas embarcaciones catalanas carecen de fondos para emprender un registro completo por lo cual se componen de tantos cargadores como marineros las tripulan. Esta: razón tan concreta acredita la debilidad de los efectos que nos conducen; como pobres hacen sus empleos en muchos renglones de corto o ningún momento, procurando por este medio aumentar sus pequeños caudales31• No. lugar Nueva Orleans Veracruz Puebla México Cayocan Durango Zimapán Cocula Campeche Villahermosa de Tabasco Total localizadones 4 128 2 9 1 1 9 1 157 % zona 2.54 81.53 1.27 5.73 0.64 0.64 0.64 0.64 5.73 0.64 100. % del total 032 10.13 0.16 0.71 0.08 0.08 0.08 0.08 0.71 0.08 12.43 �326 Siglo XIX J. M. Delgado R.: La emigración española (1765-1820) II. BARLOVENTO Y COSTA FIRME «Barlovento» Santo Domingo Puerto Príncipe Puerto Rico La Habana Santiago de Chile Sancti Spiritus Matanzas Bayamo Bonavacua Villaclara Honduras Guatemala 2. Procedencia de los inmigrados 49 4 6 258 154 9.03 0.74 1.10 47.52 28.36 9.76 0.18 0.37 53 l 2 3 2 0.55 0.37 0.18 0.37 1.47 1 2 8 Total 543 100.0 3.88 0.32 0.47 20.43 12.19 4.20 0.08 0.16 0.24 0.16 0.08 0.16 0.53 43.0 III. NUEVA GRANADA Y VENEZUELA Santa Marta Cartagena de Indias San José Cucutá Maracaibo Caracas Puerto Cabello La Guaira Cumaná Trinidad Nueva Barcelona Guayana ,,,.. Total 25 45 2 3 JO 5 47 58 17 12 JO 234 11.52 20.74 0.92 1.38 4.61 2.30 21.66 24.79 7.26 5.13 4.27 100 1.98 3.56 0.16 0.24 0.79 0.40 3.72 4.59 1.35 0.95 0.79 18.53 l. VIRREINATO DE NUEVA ESPAÑA 1. Nueva Orleans Barcelona Mataró Vilanova Torredenbarra 2. Veracruz Barcelona Mataró Sitges Vilanova Arenys Canet Torredenbarra Blanes Quadres de Rocacrespa Serdanya Girona Tossa Sant Poi Lloret Vilanova de Palafolls Manresa Tarragona No consta 3. Puebla Vilanova 1 l 68 21 7 6 6 5 2 2 1 l 1 1 1 1 l 3 2 IV. VIRREINATOS DEL PLATA Y PERU Montevideo Buenos Aires Lima Chuquisaca Puno Potosí Total 180 141 5 329 54.71 42.87 1.52 0.30 0.30 0.30 100. 14.25 11.15 0.40 0.08 0.08 0.08 26.06 4. México Barcelona Ripoli No consta 5. Cayoc.in Erp 6.Durango Mataró 5 1 3 327 �328 Siglo XIX J. M. Delgado R.: La emigración española (1765-1820) 7. Zimapán Martorell 8. Cocula Canet 9. Campeche Canet Mataró Barcelona Vilanova No consta 2 2 2 2 II. BARLOVENTO y COSTA FIRME 1. Barlovento Sitges Barcelona Vilanova Tossa Lloret Caldes d'Estrac Canet Mataró Arenys Valls 2. Santo Domingo Vilanova 17 8 6 4 4 3 3 2 4 3. Puerto Príncipe (Haití) 4. Puerto Rico Vilanova Sitges Barcelona Mataró Tossa Arenys 1 2 1 10. Villahermosa de Tabasco Figueres T?.radell Tossa Sitges Caldes d'Estrac Lloret Torredenbarra Igualada Calella Pineda Artes Canet Blanes Vilamajor No consta 2 2 2 105 52 29 18 15 12 5. La Habana Vilanova Barcelona Mataró Sitges Tossa Canet Torredenbarra Arenys Creixell Blanes Lloret Les Guinyoles Calella Pineda Vilafranca del Penedes Sant Pere de Ribes El Vendrell Reus Altafulla No consta 6. Santiago de Cuba Sitges Tossa Barcelona Vilanova Calella Canet Sant Pere de Ribes Llers Arenys No consta 36 30 25 13 9 7 6 3 3 2 2 1 2 9 25 11 4 3 3 2 2 329 �330 Siglo XIX J. M. Delgado R.: La emigración espaflola (1765-1820) 7. Sancti Spiritus Vilanova Mataró Vilanova Tossa Lloret Sitges Sant Pere de Ribes Blanes 8. Matanzas Sitges Arenys 9. Bayamo Sitges Vilanova 2 10. Bonavacua Canet 12. Honduras Palafrugell 2 13. Guatemala Barcelona La Bisbal Figueres Mataró 3 2 2 1 2 Arenys Barcelona Sitges 5. Caracas Mataró Sitges Tossa No consta 2 l 6. Puerto Cabello Vilanova Tossa Barcelona 3 1 1 5 2 3 2 111. NUEVA GRANADA Y VENEZUELA 7. La Guaira Tossa Barcelona Mataró Sitges Vilanova Canet Blanes No consta l . Santa Marta 11 6 4 4. Maracaibo 2 11. Villaclara Sitges 1, 3. San José de Cucutá Barcelona 13 Tossa Barcelona Sant Feliu Blanes Canet Mataró Sitges Vilanova Altafulla Girona Arenys El Vendrell 2. Cartagena de Indias Barcelona 14 8. Cumaná Sitges Barcelona Vilanova Tossa Canet Arenys 12 10 9 5 2 1 1 2 21 10 8 3 2 2 331 �332 Siglo XIX J. M. Delgado R.: La emigración española (1765-1820) Mataró Vilafranca de Penedés Reus Caldes d'Estrac Avinyonet Altafulla Tarragona No consta 2 2 1 1 1 2 9. Trinidad Tossa Mataró Canet Arenys Sitges Calella Altafulla 6 3 2 2 2 10. Nueva Barcelona Vilanova Barcelona Blanes Altafulla Sitges 11 . Guayana Tossa Barcelona Vilanova Torredenbarra Calella 4 3 2 2 3 2 t 2 IV. VIRREINATOS DEL PLATA Y PERU 1. Montevideo Barcelona Vilanova Mataró Arenys Calella Tossa Sant Feliu Caldes d'Estrac Blanes 41 41 25 12 7 5 4 4 3 Lloret Torredenbarra Calonge Figueres Vilasar Cubelles Torroella de Montgrí Santa María de Olost Sant Pere de Ribes Ripollet Sant Andreu de Llavaneres Sitges Altafulla Constantí Reus Els Pallaressos No constan 2. Buenos Aires Barcelona Mataró Vilanova Calella Arenys Lloret Castelló d'Empúries Canet Sant Sadurni d' ,.µoia La Bisbal Arbucies Blanes Sant Martí de Centelles Artés Pineda Sabadell Altafulla Tarragona No consta 3. Lima Barcelona 4. Potosí Barcelona 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 57 22 18 6 5 3 2 2 2 1 15 5 333 �334 Siglo XIX J. M. Delgado R.: La emigración española (1765-1820) 5. Chuquisaca Constantí Els Pallaressos Erts Les Guinyoles Les Quadres de Rocacrespa Llert Manresa Martorell Ripoil Ripollet Sant Andreu de Llavaneres Santa María d'Olost Sant Marti de Centelles Sant Poi de Mar Sabadell Serdanya Torroella de Montgrí Valls Vilamajor Vilanova de Palafolls No consta Barcelona 6. Cocbabamba Barcelona 3. Resumen procedencia ,, -1 Barcelona Vilanova Sitges Mataró Tossa Arenys Canet Lloret Calella Torredenbarra Blanes Caldes d'Estrac Altafulla Sant Feliu Sant Pere de Ribes Figueres Pineda Reus Artés Creixell La Bisbal Tarragona Vilafranca del Penedés Castelló d'Empuries Cubelles El Vendrell Girona Igualada Palafrugell Sant Antoni de Colonge Sant Sadurni d'Anoia Taradell Vilassar Vilassar Arbucies Avinyonet 304 255 157 152 80 47 33 21 20 17 15 14 10 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 l l 24.07 20.19 12.43 12.03 6.33 3.72 2.61 1.66 1.58 1.34 1.19 1.11 0.79 0.47 0.47 0.32 0.32 0.32 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.16 0..16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.08 0.08 0.08 Total l l 1 l l 1 1 1 1 1 l l l 57 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 4.50 l 263 100.00 335 NOTAS l. Bureau Intemational du Travail (Geneve) - National Bureau of Economic Research (N. York), Intemational Migrations. Vol. l Statistics, compiled on behaJf of the IntematÍonaJ Labour Office, with introduction and notes by lmre Ferenczi, and edited on behaJf of the NationaJ Bureau of Economic Research by WaJter F. Willcox. New York, N.B.E.R. 1929, y Vol. II lnt.erpretalions. New York, N.B.E.R. 1931. Especial interés posee la información recogida en las páginas 229 a 1.087 del primer volumen que contiene todos los datos disponibles sobre migraciones internacionales, reunidos en 643 cuadros estadísticos para 116 países. A Ferenczi debemos otros importante trabajo sobre el fenómeno migratorio en el marco de un mismo continente, donde distingue cinco fases de evolución a lo largo de la historia: Emigración "solicitada" (s. XII-XV), "forzada" (s. XVI-XVln, "de reclutamiento" (s. XVIIQ, "de proletarios" (s. IX-1914), y "macroemigración" (1914-1929). Cfdo.: lmre Ferenczi, Kontinental Wanderungen und dieAnniiberung der Volker, Ein geschicbtlicher uberblic. Jena, G. Fisher, 1930. Por su parte, el estudio de Carrothers, Emigration from the Britisb Isles, witb special referenre to tbe development of tbe Overseas Dominions, London, P .S. Kingand Son, 1929, arranca de 1815, cuando el problema de la sobrepoblación cobra nuevo realce, como resultado del crecimiento demográfico de la segunda mitad del siglo XVIII y el empobrecimiento del país provocado por las guerras napoleónicas. Una bibliografía reciente y completa sobre el tema puede encontrarse en el volumen editado por la Commission Intemationale d'Histoire des Mouvements Sociaux et des Structures Sociales, Les migrations intemationales de la fin du XVIII siecle a nos jours, París, C.N.R.S., 1980. e �336 2. 3. Siglo XIX J. M. Delgado R.: La emigración española (1765-1820) Ministerio de Trabajo y Previsión, Catálogo de pasajeros a Indias durante los siglos XVI, XVII y XVlll, Madrid, 1930. 8. La legislación respecto a la emigración americana para los siglos XVI y XVII aparece resumida en Josep de Veitia y Linage, Norte de la Contratación de las Indias Occidentales; Buenos Aires, Comisión Argentina de Fomento Interamericano, 1945 (ed. original, 1672), p. 302 y ss. 9. "Los marineros que frecuentaban nuestras colonias creyeron que estableciéndose en aquel Hemisferio lograrían mejorar fortuna y podrían al mismo tiempo evadirse del servicio de campaña que miraban con horror. Desde entonces empezó a notarse la baxa en las tripulaciones de los buques que regresaban a la península porque los individuos que aspiraban a mudar de residencia aprovechando las coyunturas favorables para quedarse en América" (Cfdo.: Ceferenio Ferret, Exposición Histórica de las causas que más han influido en la decadencia de la marina española e indicación de algunos medios para restaurarla, escrita el año 1813, Barcelona, Roca y Gaspar, 1819, pp. 89-90). lmre Fe,re~czi'. "Comment s'elabore l'histoire des migrations intemationales", An- nales d H1sto1Te Economique et Sociale, IV, (1932), pp. 295-300. 4. 5. 6. M. Morner. "Spanish Migration to the New World prior to 1810: A Report on the State of Research", en F. Chapelli (edit.), First lmages of America: The Impact of t~~ New World on the (!ld. Berkel~y, University of California Press, 1976. Hay vers1on española en Anuano de Estud1o_s Americanos, vol. XXXII, pp. 43-131. Vi~. Jordi Na~al._ La pobfación española (S. XVI a XX) Barcelona, Ariel, 1973 (3 .. ), pp. 60-71, Vicente Perez Moreda. Las Crisis de mortalidad en la España In~~rior (s. XVI-XIX). Madrid, s. XXI, 1980, pp. 245-326; Javier Malagón Barceló, ~oledo and the New World in the Sixteenth Century", The Americas, vol. 20, n. 2 (1963), PP- 97-126, p. 98; Enrique Otte, "Die europaischen Siedler und die Probleme der Neuen Welt", lahrbuch für Oeschichte von Staat Wirtschaft und C:esellesch~ft Lat~i~amerikas (1969), pp. 140, pp. 32-33; Antoni¿ Domínguez Oruz,_ El Anuguo Regimen: Los Reyes Católicos y los Austrias, Madrid, Alianza Editonal, 1974, pp. 168-172, etcétera. Cifras elaboradas a partir de M. Morner "La emigración española al Naevo Mun15, Y p.-~• teniendo en cuenta que los "factores de expuls10~ actuan de una forma mas mtensa en la segunda mitad del siglo XVII. Para el siglo_~VII_!, recogem~s la estimación de Mario Hernández Sánchez-Barba, "La poblac10~ H1spa_n_oamencana y su distribución racial en el siglo XVIII", Revista de Estudios Pobucos n.º 78 (1954), pp. 117-118. ~~ ª.~tes ~e 18!0», p. 11 l 1 7. Según una muestra a~alizada por Mario Hernández Sánchez-Barba, para los años 1729, 1749 Y 1?SO, cnados, comerciantes, funcionarios y eclesiásticos suponían el 5_7% de los emigrantes ("La po~lación Hispanoamericana ... ", p. 118). Creemos, sm em_bargo, que estos porcentaJes no son representativos de la media secular· dado lo •~adecuado de los años elegidos para la cata, especialmente para realz:ir la P_resenc1a del es~en~o mercantil. Las dos primeras fechas quedan fuera del penodo _de mayor 1_ntens1dad en las relaciones comerciales a raíz de la liberalización del trafico colorual, Y la tercera corresponde a un año central de la guerra contra Inglaterra (1779-1783) durante el cual los intercambios quedaron prácticamente colapsados. ~or otro ~ado, Boyd-Bowman calculaba en un 6.25% el porcentaje de los comer~1an~es emigrados entre 1560 y 1579, añadiendo que manifestaba una clara tendencia a mcrementarse, especialmente para el siglo XVlll (Peter Boy-Bowman "Patterns of Spanish Emigration to the New World (1493-1580)", The Americas: vol. ~11. 1 (1976_), pp. 76-77), poco reflejada en el 13% que Hernández SánchezBarba ati:ibuye estncta~ente a la clase mercantil. Si consideramos como más representativa las observaciones efectuadas sobre J 721 emigrantes que se desplazaron entre 1794 Y 1796 al Nuevo Mundo, los porcentajes quedarían como sigue: Comerciantes y negociantes ...... .... ... .. ......... . Funcionarios civiles ............................... . Militares con destino ............................... Eclesiásticos ....................... ... ............ . Artesanos .. ............... .... ..... . ............. . Labradores ... ...... ... ..... ...................... . Sin especificar .................................... . 724 (42.1%) 560 (32.5%) 51 (3%) 160 (9.3%) 106 (6.2%) 12 (0.6%) !08 (6.3%) 337 JO. Fuentes: Columna 1, P. Boyd-Bowman, "La procedencia de los españoles de América, 1540-59", Historia Mexicana, vol. 17, n. 0 65 (1967), pp. 37-71. Columna II, P. Boyd-Bowman, "Patterns of Spanish Emigration to the New World (1493-1580)", The Americas, XXXlll (1976), pp. 78-95. Columna lll, J.l. Rubio Mañé Edit. "Gente de España en la Ciudad de México, año de 1689", Boletín del Archivo General de la Nación, México, vol. VII, n. 0 1-2 (1966). Columna IV, A.G.l., Indiferente general, "Relaciones de pasajeros y cargamentos de embarcaciones que van y vienen de -Indias", legs. 2 168-2 169; "Licencias de embarques y sobrecargos", legs. 2 118-2 119; A.G.S., Secretaría de Hacienda, legs. 887-888; A.H.P.B. (Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona), Escribanía de Marina, manuales de 1794 yl796. 11. Vid., para establecer tal comparación, Emiliano Fe~á!ldez de Pinedo '.'Coyuntura y política económicas'', en Historia de España, ding1da por M. Tu ñon de Lara, .Vll, Centralismo, Ilustración y agonía del Antiguo Régimen, 1715-1833, Madrid, Labor, 1980, p. 21. 12. Este texto figura impreso en todas las patentes de navegación, buena pane de las cuales se halla dispersa por los legajos de Indiferente General, en el A.G.I. 13. A.H.N., Hacienda, Colección de Ordenes Generales, lib. 8 030, fols. 335 y 338. 14. A.G.I., Indiferente general, leg. 2 422. 15. Las solicitudes de real licencia a título de pasajero se fundamentaba casi siempre en este argumento. Así, Antoni Pagés i Bosch de La Bisbal solicitó, y ob~vo en 16-11-1793, licencia para pasar a Guatemala "donde es llamado por su tJo !ºan Pagés i Tort, para cuidar deél" (AGI, Indiferente general, leg. 2117). Del mismo modo Gabriel y Joan Marwuach obtendrían licencia, en septiembre de 1804 para unirs; "a la compañía de su tío Josep Marwuach, establecido en Montevideo con casa de comercio" (A.H.P .B., Escribanía de Marina, manual de 1804, fo. 478). 16. Vid. Carlos Manínez Shaw, Cataluña en la carrera de Indias, Barcelon~, Critica, 1981, p. 137 y ss.; José Ma. Oliva Melgar, La Real Compañía de Comercio de Barcelona, tesis doctoral inédita, Universidad de Barcelona, 1982. �338 Siglo XIX 17 · Sobre 1~ ~iscus!ones en torno a la posible exclusión de los catalanes en el comercio con ~me_nca, vid., J • Ma. Delgado Ribas, "América y el Comercio de Indias en (la H1stonografia catalana (1892-1978)", Boletín Americanista, Universidad de Bar0 celon~, n. ~8 (19;8), pp. 179-187; C. Martínez Shaw, "Catalunya i el comer\: amb Amenca:_ Fmal d un~ legend~"• L'Aven9, n. 0 15 (1979), pp. 19-23; "Cataluña y el comercio con Aménca. El Fm de un debate" Boletín Americanisca n • 30 (1980) pp. 223-236. ' ' . ' 18. P. Vilar, Cata/unya dins l'Espanya Moderna Barcelona Ed 62 1973 (4a) vol JI, p. 227 y SS. • • • • . • . 19. Este porcenca~e. equivalente a 1 263 emigrados, constituye la muestra utilizada en nuestro trabaJo. 1 ' 20. Así, F._ J?e_pons en s_u Voyage á la partie orienta/e de la Terre-Ferme, dans /'Amerique menru_ona/e, fait pendant les années 1801 á 1804, comentaba el comportamiento de los emigrantes españoles establecidos en Venezuela: ''.Les Espagnols, gi-aves par caractere, sédentaries par habitude, se déplacent difficilment: Aucu_n, d'eux, une fois rendu en Amérique, ne conserve la moindre désir ~e revou ses dieux penates; il s'en fait de nouveaux ou le sort le jete; souvent meme 1I se d?nne une femme et des infants avant d'avoir pourvu asa ptopre subsistance. Les B1~yen~ et les,;at~lans sont les seuls en qui l'amour patriotique ne s'eteigne pas auss1_ fac1lment (Cit. por Jean Paal Duviols, Voyageurs Frani;ais en Amerique, Pans, Bordas, 1978, p. 253. J. M. Delgado R.: La emigración española (1765-1820) 339 25. Veinte estaban matriculados en el consulado de Veracruz: Vicent Novella, Jaurne Tutsó, Josep Gibert, Josep Grau, Bonaventura Martorell i Alsina, Mane! Pla i Coll, Josep A. Feliu, Jaume Guañabens, Joan Bta. Soler i Plana, Geronim Font, Maurici Sagrista, Mane! Serrat, Maria Pujo!, Josep Nicolas Carbó, Lluis Seré, Francesc Bagarola, Josep Penades i Magarola, Josep Julia, France5\: Mustich, y uno, Paul Roset i Bavi, era corredor de comercio (Almanak Mercantil o Guía de comerciantes para el año de 1806, pp. 479-480; cinco fuguraban en el de Guatemala, Joan Pagés i Font, Antoni Coloro, Antoni Pijoan, Tadeo Piño!, Jaume Mateu (lbidem, p. 482), y dieciséis en el de Buenos Aires: JaumeAlsina i Verges, Joan Viola, Josep Roca, Jgnasi Tomba, Francl:S\: Bosch, Antoni Ferrer i llavallol, Joaquim Pintó, Adjutori Clasca, Miguel Cornet, Jaume Nada!, Joan Reixach, Santiago Flotats, Montells i C., Joan Vilardebó, Josep Riera y Antoni Carbonen (Almanak Mercantil... para e/ año de /796, pp. 433-434). 26. Vid., Relaciones históricas de las Misiones de Padres Capuchinos de Venezuela, Siglos XVII y XVIII, Madrid. Librería general de Victoriano Suárez, 1928; Pau Vila, loan Orpi, L 'home de la Nova Cata/unya, Barcelona, 1967; Marc Aureli Vila, Els Caputxins cata/ansa Vea~uela, Barcelona, 1976. 27. Puerto Rico, con 258 inmigi-antes documentados -un 20.4% del total- constituye la colonia catalana más numerosa. Por su parte, Cumaná, con 58, alberga una cuarta parte de los catalanes establecidos en Nueva Granada y Venezuela. 28. Por Real Orden de 28 de febrero (A.G.I., Indiferente general, leg. 1 832). 21. Cf.: Josep _Ma. Delgado Ribas, Catalunya ye/ sistema de libre comercio, 1778-18/8. Una_ reflexión S-Obre las raíces del reformismo borbónico, tesis doctoral inédita, Universidad de Barcelona, 1981, vol. 11, pp. 187-212, sobre la comenda y el papel en ella del pequeño comerciante. 22. En mayo _de 1798, el Diario de Barcelona publicaba un "Discurso político sobre el ~mercio Y lo que por punto general debe saber un joven para seguir esta carrera ' do~de se tr32é!b~ el grado de especialización elevada gue debía exigirse a los comerciantes profesionales: "U_n mozo destinado a la carrera de negociante, se coloca en una tienda o un escrit?no para apr~nder el comercio; adquiere en ellos el conocimienlb de las mercadenas de que quiere hacer el objeto de su negocio, se instruye de los parajes de donde se sacan con mayor ventaja, y de los que pueden despacharse con mayor utilidad de los seguros, etc ... . aprende los términos del arte, la aritmética, el modo de llevar la cuenta Y rarzón y tener los libros. No basta esto, es preciso de que más a más posea_ otros conocimientos de comercio; que sepa el modo de combinar muchos cam_b1os,_ para conocer qué plaza ~ más ventajosa para el r.ecíproco giro de las letras,_ el cálculo Y las reglas del cambio, el modo de entablar la correspondencia mercantJI Y de mantenerla, las leyes y costumbres usadas entre los negociantes, el de sacar todo el partido de la situación local del país; las producciones de su terreno· l~s reglas de la navegación mercantil; y otras mil circunstancias que le son necesa'. nas para gobernar con cierto su negocio y hacerlo florecer" (Diario de Barcelona 4--V-1798). ' 23. A.~.I., ~éxico, legajo 1 554, informe de Angel Puyade al virrey de Nueva España Rev1llag¡gedo. 24. Cf.: A.H.P.B., Escribanía de Marina, Pablo Raurés, m. de 1794, fol. J. 29. Vid., al respecto, Josep Ma. Delgado, "Cádiz y Málaga en el comercio colonial catalán posterior a 1778", en Actas del I Congreso de Historia de Andalucía, Andalucía Moderna (s. XVIII), tomo 1, Córdoba, 1978, pp. 127-139. 30. En las expediciones indianas efectuadas por catalanes antes de 1778, los patrones de Sitges y Vilanova gobernaban cerca del 35070 de las embarcaciones. (Cf. P. Vilar, Cata/unya dios l'Espanya Moderna IV, pp. 376-379; José Ma. Oliva, «La aportación catalana a la Carrera de Indias en el siglo XVlll», en Actas del I Congreso de Ha. de Anda/llcía, Andalucía Moderna, IV. pp. 126-131; Carlos Martínez Shaw, Catalunya en la Carrera de Jadias, Barcelona, Crítica, 1981, pp. 305-332. 31. A.G.I. Indiferente general, leg. 2 435. 32. Vol. I, pp. 2-87. 33. Cada expediente contaba de varias piezas: solicitud razonada del interesado, copia del acta bautismal legalizada por el párroco, certificado de la aduana expresando el valor de los géneros embarcados, licencia conyugal o paterna, caución notarial garantizando el regreso y licencia regia para efectuar el viaje. 34. La mayor parte de estas informaciones proceden de escrituras de poder otorgadas desde la Península a catalanes ya establecidos en América. ��NORBERTO AL V AREZ y EDUARDO MIGUEZ, Patrones de mortalidad en la pro,·incia de Buenos Aires (1860-1895) • DANIEL HOGAN, MARIA C. DE ÜLIVEIRA v ]OHN M. SYDENSTRICKER, El proceso de urbanización en Ria Claro (Brasil) • MARIA S. BEOZZO B., Familia inmigranre v café en San Pablo • SILVIA PALOMEQUE, ,Hovimienros de población en Cuenca • ]OSE LUIS ARANDA y MIGUEL ANGEL CUENY A, El mundo del trabajo en una parroquia de Puebla • LUTZ BRINCKMANN, Natalidad v mortalidad en T ecali (Puebla) • HECTOR PEREZ BRIGNOLI, Tablas modelo de mortalidad en Cosca Rica • ]OSEP M. DELGADO RIBAS, La emigración española en las décadas del comercio libre • J. � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Siglo XIX : Revista de Historia Description An account of the resource Revista semestral de historia publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, editada por Mario Cerutti. Contiene investigación histórica y económica, tanto local, nacional e internacional. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Siglo XIX : Revista de Historia Año de publicación El año cuando se publico 1989 Año Año de la revista (Año 1, Año 2) No es es año de publicación. 4 Número Número de la revista 7 Mes de publicación Mes cuando se publicó Enero-Junio Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Semestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1754019&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Siglo XIX : Revista de Historia, 1989, Año 4, No 7, Enero-Junio Creator An entity primarily responsible for making the resource Flores Flores, Bernardo, Director Subject The topic of the resource México Historia América Latina Siglo XIX Publicaciones periódicas Description An account of the resource Revista semestral de historia publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, editada por Mario Cerutti. Contiene investigación histórica y económica, tanto local, nacional e internacional. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Filosofía y Letras Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Cerutti, Mario, Editor Vázquez Buenfil, Luis, Cuidado de la Edición Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/01/1989 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource tex/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2016610 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. Monterrey, N.L., (México) Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies. Universidad Autónoma de Nuevo León Rights Holder A person or organization owning or managing rights over the resource. El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores Café Costa Rica Cultivo Emigración Ferrocarriles Puebla https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/366/14414/SIGLO_XIX_REVISTA_DE_HISTORIA._1990._Vol._5._No._9._Ene.Jun._0002016611.ocr.pdf e8976fff3224abed85386368b5ad06ce PDF Text Text Revista de Historia EMPRESARIOS, CAPITALES E INDUSTRIA EN EL XIX (Colombia, Argentina, Brasil, México, Uruguay y España) Año \, número 9 enero-junio de 1990 Facullad de •·ilosofía y Letras Universidad Aulóooma de Nuevo León Monlerrey-México ��• ·SIGLO XIX fOlllo IIHIVfa.slT.WO Revista de Historia Publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León AparLado postal 3024, 64000 - Monterrey, México Este número fue editado con la contribución académica del Vakgroep Culturele Antropologie, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit te Utrecht (Utrecht, Holanda) Universidad Autónoma de Nuevo León Rector, INGENIERO GREGORIO FARIAS LoNCORIA Facultad de Filosofía y Letras Director, LICENCIADO BERNARDO FLORES FLORES Editor Responsable MARIO CERUTTI Editor Adjunto MIGUEL ÜONZALEZ QUIROGA 'ü Cuidado de la edición: Mario Cer;iitti, Sylvia Eloísa M. Arte y di~ . ·r~~Il: Sylvia Eloísa: Morán TipografN_~;~Ji~García Rivera lmpr~s!~ -~_:Monterrey, S.A. Apanc1on•~ -::: Para eJ~':af!_!XL -r: U.S.A. $7 ~ ~ ~'!<l•· _;:._ a-V ~-· ~« -;f~/ ; : : ~ : ~ ~ . ~. \ .,. ... _ ~":"~,;;.-,? ••.:·" �FACULTAD DE 5ALUO PUBLldAB IBL 10 TE CA 1 AÑO ENERO-JUNIO DE V NUMERO 9 1990 REVISTA DE WSTORIA SUMARIO Nota del Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El empresariado antioqueño (1760-1920). De las interpretaciones psicológicas a los estudios históricos . .... CARLOS DAVILA L. DE GUEvARA Historia de empresas y crecimiento industrial. La Fábrica Argentina de Alpargatas . . . LF.ANl>Ro ~ JUAN CARLOS KOROL :. Comercio y crédito en Buenos Aires (1822-1826) .. .. ······· ·· ..... ..... . SAMUEL AMARAL Burguesía y Estado en Brasil durante la Antigua República (1889-1930) . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . STEVEN TOPIK Producción capitalista y articulación del empresariado en Monterrey (1890-1910) ..... .. . ... . . . ...... .. .. . MARIO CERUTII Revolución mexicana y diplomacia española. La burguesfa de Monterrey y los "gachupines" en el Nuevo León de 1914 . . ... . ÜSCAR FLoRES TORRES Capitales e industria en Uruguay (1900-1930). Un encuentro difícil ..... .... RAm JACOB Grupos empresaria/es e inversión de capital en Vizcaya (1886-1913) . . . . JESUS MARIA VAIDALISO GAOO 1 11 75 105 123 149 193 223 259 �Nota del Editor Este dossier sobre "Empresarios, capitales e industria" ha resultado un excelente pretexto para reunir un muy interesante cúmulo de aportaciones suscriptas por investigadores de América Latina, Estados Unldos y España. No pocos de los materiales que integran este volumen son útiles para avanzar un poco más en el esclarecimiento de un debate que alguna vez -a fines de los 60- tuvo mucho de ideológico y no tanto de investigación en fuentes responsables. Entre los máximos excesos de aquella controversia seguramente hay que contabilizar el término Jumpenburguesía, acuñado por Andre Gunder Frank y destinado a puntualizar la inexistencia -en América Latina- de grupos burgueses aptos para emular las habilidades, perspicacias y capacidades de sus colegas europeos y estadounidenses. Un segundo matiz de aquellos años -muy discutible a la luz de investigaciones recientes- fue la insistencia en que esa falta de habilidades y perspicacias había que supeditarla a causas psicoculturales, o a fervores religiosos. �2 Siglo XIX Quien se detenga a revisar este número de Siglo XIX encontrará dat,os y :onclu!iones d!ferentes y diferenciadores de lo que se sugena vemte anos atras, tanto desde trincheras revoluc~o~ar~as como desde otras más ligadas al statu quo. Una de las d~stmc1ones cen~rales r,e~ide, sobre todo, en el tipo de fuentes y mveles de trabaJo empmco que sustentan la mayoría de los artículos aquí presentados. . , A la lista ?e especialistas que han contribuido a la compilac1on de matenales para Siglo XIX se sumó en este caso el holandés Menno Vellinga, responsable de un panel sobre empresarios ~n _el 46o. Congreso Internacional de Americanistas (Amsterdam, Julio?; 1989), d~l qu~ ,se sele~ionaron algunos trabajos. Vellinga amplio su contnbuc1on al diseñar con el editor de Siglo XIX (Utr~cht, octubre de 1989) las características principales del Nota del Editor 3 Lo que hace el autor es recorrer a los principales protagonistas de esta posición y, luego, cotejar con lo producido por investigadores que apoyan sus conclusiones -discrepantes de los anteriores- en el uso intensivo de la documentación histórica. Dávila cita, pues, a Everett Hagen, Paul Me Greevey, Frank Safford, Roger Brew y Ann Twinam entre los no colombianos Que dedicaron sus esfuerzos al empresariado antioqueño. Y a Luis H. Fajardo, Alvaro López Toro, Luis Ospina Vázquez, Marco Palacios y Jesús Antonio Bejarano entre los locales. . Su repaso se completa con conclusiones que incluyen una alusión al papel del empresariado en el desarrollo económico, a cuestiones metodológicas y a su impacto en una sociología del conocimiento. dossier*. Los ap~rtes se ~nauguran con un extenso y detallado estado de la cuestión realizado por Carlos Dávila L. de Guevara, que se concentra en el empresariado antioqueño. Leandro Gutiérrez y Juan Carlos Korol, por su lado, fincan su estudio en un caso particular: la Fábrica Argentina de Alpargatas, una de las empresas manufactureras más relevantes en Argentina desde fines del XIX. . Dávila agr~ga un subtítulo que sugiere lo que su trabajo cont~ene;, "De las mterpretaciones psicológicas a los estudios históncos_ . Y buen~ parte de su argumentación apunta a impugnar una mterpretac1on que saturó más de un análisis sobre las burgue,sías Y el emp~esariado latinoamericano un par de décadas atras: la que sostiene.ª priori (es decir, mediante un pre-juicio) que so°: elementos ps1coculturales los que han definido el comportaffilento empresarial en el continente. Con una producción destinada particularmente al consumo masivo de la población -la alpargata era ya un calzado ligero de amplia difusión popular tanto en el ámbito urbano como en el rural- esta fábrica entró la actual centuria sustentada en el muy significativo mercado nacional que la economía argentina había configurado. • Mi?ucioso conocedor de América Latina -continente que ha recorrido casi en su totalidad'. ya como académico ya como asesor en problemas socioeconómicos-, Menno VeUmga cuenta c~n ~na_amplia obra escrita. Entre sus libros traducidos al castellano figur~ ln~ustnalizaaón, burguesía y clase obrera en México. El caso de Monterrey, M~co, S1_glo XXI Edi_tores, 1979; Desigualdad, poder y cambio social en Monterrey, Me,oco! Siglo XXI Editores, 1988; con Dirk Kruijt, Estado, clase obrera y empresa trans~aaonal. EJ_caso de/~ minería peruana, 1900-1980, México, Siglo XXI Editores, 1983, Y~o_n Mano Ce~tll (comps.), Burguesías e industria en América Latina Y Europa Mend!on8!, Madnd, ~anza América, 1989. VeUinga, que recibió su doctor~do en la_ümvers_1dad de Flonda (USA), es miembro del Center for Comparative Soc1econorrucs Studies de la Universidad de Utrecht, Holanda. a Gutiérrez-Korol tuvieron acceso a los archivos de la empresa. Los datos allí localizados facilitaron tanto una visión de largo plazo como el análisis de las distintas coyunturas -propicias o desfavorables- que la fábrica enfrentó hasta 1940. Las vinculaciones con el capital y la tecnología extranjeras, el tipo y fuentes de las materias primas empleadas, la diversificación instrumentada, los mecanismos de reinversión y financiamiento y la rentabilidad del capital se cuentan entre los puntos abordados por los autores. �4 Siglo XIX Nota del Editor 5 damericana a fines del XIX. Samuel Amaral también considera el caso argentino. Lo examina, en cambio, en una época más temprana: la de los tiempos iniciales de la organización nacional, cuando el mercado intenrior ni estaba articulado ni sumaba las potencialidades de principios del XX. Por ello es que el autor se concentra en otros ejes temáticos: el crédito y el comercio. Y adopta como punto de referencia el funcionamiento del Banco de Buenos Aires, una de las primeras instituciones de su tipo gestadas en América Latina. Vinculado estrechamente al gobierno de la provincia de Buenos Aires -la más poderosa en términos económicos, y la más ligada al ya significativo aparato exportador- el Banco propició una política de créditos que Amara! siguió por medio de su documentación íntima, en la que sobresale el asiento de las letras canceladas. Su examen señala una alta concentración de los créditos que se otorgaban, en buena medida destinados a comerciantes inmigrantes o locales. Entre los beneficiarios emergían "fuertes accionistas del Banco, miembros de su Directorio, cuatro de los seis miembros del consorcio contratista del empréstito Baring, y buena parte de los principales importadores y exportadores", resume el autor. Que concluye: ''El Banco, después de todo, había sido creado para animar la prosperidad del comercio. No debe extrañar que así fuera puesto que ni la producción agropecuaria ni la industrial requerían mayormente de créditos". Steven Topik nos habla en esta ocasión de las estrechas vinculaciones que durante la vieja república brasileña (1889-1930) se manifestaron entre grupos burgueses y gobierno, entre segmentos empresariales y Estado. Tan firµles fueron estas relaciones que Topik llega a afirmar que el Estado oligárquico "acostumbraba a servir los intereses" del pequeño grupo que dominó la economía de esta sociedad su- El autor no deja de mencionar la heterogeneidad de los núcleos propietarios, que dependía de la variedad geográfica del país, de los patrones de colonización y de la limitada integración de su economía. Por ello agrega que la "diversidad de escenarios económicos a nivel regional y local significaba que no se podía hablar de una élite económica nacional. Es más exacto dividir la clase dominante en tres niveles: la alta burguesía, los barones provinciales y los notables locales". Poniendo énfasis en la alta burguesía, Topik destaca su notoria diversificación en el plano de la actividad económica, un dato que encontramos asimismo en Antioquia y en Monterrey (y que parece estar en pugna con la apreciación que discute la racionalidad de estos núcleos burgueses de la América Latina decimonónica). "Con frecuencia -acota el investigador de la Universidad de Irvine- un mismo hombre era dueño de plantaciones, bancos, establecimientos comerciales y fábricas". Su trabajo detalla asimismo la capacidad de los inversionistas extranjeros, el papel del Estado y los mecanismos que se empleaban para influir en sus políticas. Los dos artículos sobre México se refieren al hoy poderoso empresariado industrial de Monterrey, en el noreste del país. El primero, a mi cargo, se dedica parcialmente a señalar los orígenes de esta burguesía con bases regionales. Pero su insistencia fundamental es mostrar cómo antiguos comerciantes, prestamistas y terratenientes se convirtieron, a fines del XIX, en un significativo empresariado fabril. La articulación que ello supuso estuvo alimentada de las nuevas condiciones que mostraban la economía internacional, un mercado nacional en constitución y las derivadas de la estabilidad sociopolítica fijada por "el régimen de Porfirio Díaz. �6 Siglo XIX A esos aspectos estructurales se añadieron dos matices relevantes: la funcionalidad de la sociedad anónima -mecanismo muy apto para la centralización de capitales individuales- y la puesta en marcha de un proceso de industrialización sustentado en la metalurgia pesada. El traslado de capitales formados en actividades no pro~uctivas al sector productivo se aceleró en los años 90, protagomzado por los mismos personajes o por sus directos descendientes. Como también se percibe en los casos de Antioquia, de Sao Paulo y del País Vasco, este grupo de propietarios del norte de Méxi~o diversificó claramente sus actividades: industria ligera, industna dedicada a bienes para la producción, comercio, minería, banca, servicios y tareas conexas se contabilizaron en un quehacer regido -no podía ser de otra manera- por la lógica del capital. La historia concreta de esta burguesía regional -seguida año tras año desde 1850 en fuentes primarias locales- parece muy distinta a lo que insistían en sostener aquellos analistas de fines de los 60, tan cerca del combate ideológico y tan lejos de los archivos. El segundo artículo sobre México -firmado por Osear Flores Torres- también alude, aunque no de manera exclusiva, al empresariado de Monterrey. Flores ad~lanta aquí un capítulo de la tesis doctoral que prepara en Madnd, donde ha terudo oportunidad de revisar materiales muy fértiles para auscultar los serios problemas que la Revolución planteó a los propietarios de origen español. No fueron fáciles esas horas para los peninsulares. La vieja espina heredada de la Independencia revivió y se reavivó cuando, en 1910, estalló la primera gran respuesta sociopolítica y militar al llamado orden oligárquico latinoamericano. Por los muy importantes intereses que sumaban en México, y por su consiguiente insistencia en inmiscuirse en la política_ interior, los propietarios españoles tuvieron que enfrentar las iras Nota del Editor 7 de dirigentes como el propio Venustiano Carranza, jefe del ala constitucionalista. El trabajo de Flores Torres no sólo describe los problemas que se plantearon en el norte de México a buena parte del empresariado. Reitera, paralelamente, un dato que otras investigaciones también señalan: lo capitales bajo control de españoles parecen haber sido mucho más relevantes de lo que suele estimar una historiografía excesivamente atenta a los apellidos ingleses, alemanes o franceses. Y este perfil no sería exclusivo de México: quizás salpique a no pocos espacios regionales del continente. Las labores confiscadoras de los jefes revolucionarios, los lazos entre la diplomacia española y Estados Unidos, las por momentos tirantes relaciones entre Carranza y la burguesía asentada en Monterrey y los fracasos iniciales del nuevo orden son puntos que se evalúan en este artículo. Al abordar el tema "Capitales e industria en Uruguay", Raúl Jacob detecta que se trató de un encuentro difícil. Los recursos volcados al sector exportador -fundamentalmente agropecuario-'- y las obvias limitaciones de un mercado interno apenas incentivado por el flujo inmigratorio, hicieron que en Uruguay el capital y los bienes disponibles no arriesgaran en la producción fabril. Pero Jacob incorpora en este ensayo el estudio de actividades que también se contaron entre las preferidas del capital: los bienes raíces y el sector turístico, estrechamente relacionadas en el modelo montevideano de ciudad balneario. Poco a poco, las playas uruguayas serían surcadas por caminos y tranvías, salpicadas de hoteles y provistas de lo necesario para recibir a un turismo que, sobre todo, provenía de la vecina y entonces próspera Argentina. Todo esto se fincó en una propuesta abiertamente implemen- �8 Siglo XIX tada desde el Estado, que tuvo entre sus principales impulsores a José Batlle y Ordóñez, gestor del Uruguay moderno. Batlle aspiraba a convertir a Uruguay -al menos a su área atlánticaen una costa azul sudamericana. Uno de los más entusiastas adeptos al programa diría que con la construcción de una rambla que subiera hacia Punta del Este -el más famoso nudo turístico del Uruguay actual- "haríamos de nuestra República el primer país balneario del mundo". Con los precios en alza y con el apoyo del Estado, los recursos autóctonos y no pocos provenientes del exterior se dedicaron a esta actividad. La industria fabril, así, quedaría postergada. "Si el país industrial no pudo ser, fue en parte, porque el Estado absorbió recursos y los orientó en función de la modernización urbana, porque existió otro modelo paralelo, que captó los excedentes de capitales y permitió el surgimiento del cascarón turístico", concluye Jacob. Y aunque el investigador uruguayo insiste en que ese resultado tuvo mucho que ver con una mentalidad tradicional, el enfoque podría matizarse si se recordase -como el propio Jacob lo hace en su aportación- la lógica del capital: su itinerario sigue los caminos de la ganancia. Por lo tanto, y desde su perspectiva -que es la perspectiva del hombre burgués- sólo se dedica a actividades rentables. El Uruguay de principios de siglo resulta un excelente ejemplo. Este número 9 de Siglo XIX se cierra con los materiales preparados por José María Valdaliso Gago, un joven historiador español. Más allá de la polémica que se atisba en el artículo -si los capitales que hicieron detonar la industria pesada en Bilbao provenían o no de la minería- Valdaliso presenta con claridad la dimensión de ese proceso y los múltiples entrelazamientos del empresariado vasco, quizás el más poderoso de España en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Nota del Editor 9 Como sucedía simultáneamente en Monterrey, la asociaciónarticulación de esta burguesía fabril era factible por el uso de la sociedad anónima, y era exigida por el monto y riesgo de las inversiones que se concretaban. El autor auscultó esta historia en los libros de sociedades asentadas en el Registro Mercantil, en el período que se abre en 1886 y termina en 1913. Describe lo que llama "política de integraciones verticales", la diversificación de las inv·ersiones y del grupo empr~arial, el origen de las capitales que fluyen hacia el sector fabril y el período de concentración empresarial, que ubica a partir de 190l. El proceso acaecido en el País Vasco llama la atención por su envergadura: aparición de la gran siderurgia, notable desarrollo minero, surgimiento de empresas de navegación y de constructoras de buques, emergencia de la más vigorosa banca del país, inserción hegemónica en el sector de la electricidad. Todo ello en medio de una sociedad caracterizada por signos de atraso muy similares a los latinoamericanos, estigmatizada por su condición de periferia de la revolución industrial. ¿Cómo fue posible que en espacios regionales como el que acoge a Bilbao, o como los perfilados en derredor de Monterrey, Sao Paulo o Medellín, surgieran a fines del XIX y al comenzar el XX brotes de industrialización llamativos? ¿Por qué fluyó el capital hacia estas actividades en dichos casos, y se refugió en el sector agroexportador o en los ámbitos del comercio y del préstamo en otros escenarios latinoamericanos y españoles? Estos interrogantes justifican parcialmente el presente dossier de Siglo XIX. Pero, en particular, se presentan como un desafío para interpretaciones que salpicaron años atrás los análisis sobre América Latina. Y a los que, en parte, revisa Carlos Dávila en su artículo de apertura. Mario Cerutti Monterrey, México, junio de 1990 �El Empresariado Antioqueño (1760-1920) DE LAS INTERPRETACIONES PSICOLOGICAS A LOS ESTUDIOS HISTORICOS Carlos Dávila L. de Guevara* INTRODUCCION Este capítulo tiene que ver con la inadecuación y transferencia mecánica de algunas teorías y esquemas analíticos utilizados para tratar la realidad de un país del Tercer Mundo. El objeto de estudio es el empresariado y su papel en el desarrollo económico. La sociedad a la que se hace referencia es la colombiana, pero más precisamente la antioquefia. El periodo cubierto va desde fines de la época colonial (17(,{) aproximadamente) hasta 1920. En otras palabras el estudio trata sobre el "empresariado en el desarrollo económico de Antioquia", circunscribiéndose al periodo indicado. Y por ello, sobra destacarlo, no hace un diagnóstico ni presenta conclusiones sobre la coyuntura que enfrenta el empresariado antioquefio hoy en día. Un propósito de este capítulo es mostrar en detalle los problemas de la superposición mecánica de esquemas_teóricos sobre una realidad espacial y temporalmente delimitada, substancialmente diferente de aquella de los países industrializados. Un segundo objetivo es mostrar • Facultad de Administración, Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). Incluido previamente en Carlos Dávila L. de Guevara, El empresariado colombiano: una perspectiva histórica, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 1986. �12 Siglo XIX cómo otros marcos conceptual-analíticos con un mayor poder explicativo y cuidadosamente aplicados, producen una más juiciosa interpretación de la realidad. En otras palabras el artículo puede leerse en la perspectiva de la evolución del conocimiento sobre un tema, mediante el examen de los más conocidos aportes al mismo. El lector encontrará que una parte sustancial de las investigaciones sobre el empresariado en Antioquia la han adelantado investigadores extranjeros. Como el estudio lo demuestra, no es el lugar de origen de los investigadores el principal determinante de la calidad de su trabajo científico. Si así lo fuera el resto de este documento sobraría, pues al comprobar rápidamente que entre quienes han llegado a estudiar más a fondo a Antioquia en el período aludido, los investigadores extranjeros tienen un papel muy destacado, podría con afán chauvinista emitirse un juicio ligero. El camino escogido, en cambio, ha sido adelantar un examen cuidadoso que permita evaluar contribuciones teóricas y de método, y examinar la sustentación empírica de una muestra seleccionada de estudios. Este camino permite concluir que la capacidad de adoptar creativamente esquemas conceptual-analiticos a las condiciones específicas de realidad bajo estudio, el rigor en la utilización de las diversas fuentes de información, el entendimiento de que no todos los esquemas conceptual-analíticos tienen igual validez, y la necesidad de no aferrarse rígida y dogmáticamente a un marco teórico tomado como fin en si mismo en vez de un medio para comprender la realidad, todos estos son elementos fundamentales para no caer en la transferencia mecánica de teorías y métodos, problema al cual se ha hecho repetida referencia en la introducción. LA PROLIFERACION DE ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA Para los estudiosos del desarrollo económico, en particular para los extranjeros, el "caso" del desarrollo de Antioquia ha sido tema de desusado interés. La temprana actividad empresarial de los antioqueños, la industrialización que allí se dio y el carácter de "polo de desarrollo" de esta región colombiana han sorprendido a más de un investigador atraído por el fenómeno antioqueño como objeto de estudio e ilustración de diversas interpretaciones del desarrollo económico. Parte del atractivo de Antioquia como centro de atención de economistas, historiadores, sociólogos, geógrafos y psicólogos radica en que es una región situada en un país subdesarrollado, atrasado, colo- Dávila: El empresariado antioqueño (1760-1920) 13 nizado por españoles -no anglo-sajones, germanos o galos- y tropical. Visto a través del prisma de la comunidad científica internacional, en particular la que se preocupa por los problemas del desarrollo económico, es excepcional o al menos extraño que en un continente que la lejanía hace ver homogéneo en su atraso secular, se haya dado una región con peculiaridades en su proceso de desarrollo que desafían -o al menos plantean interrogantes- sobre las causas del subdesarrollo y las alternativas para superarlo. Tal vez hay en América Latina, otro "caso" de perfiles similarmente atractivos para la comunidad científica: el de Monterrey, en México. De comienzos de este siglo hay una serie de trabajos de estudiosos colombianos que se suman a los informes de algunos extranjeros en el siglo XIX y que fueron señalados hace seis años por Jaime Jararnillo Uribe (1979) al presentar el estado de los estudios sobre el desarrollo de Antioquia. Más reciente es la oleada de trabajos de investigadores extranjeros que comenzó en los últimos años de la década del cuarenta con el trabajo pionero de un geógrafo, el norteamericano James Parsons (1950). Unos 10 años más tarde estuvo en Colombia otro investigador de la misma nacionalidad, el economista Everett Hagen (1963), cuyo trabajo desató una polémica llena de lecciones para los estudiosos del desarrollo. Dos años después de aparecer su libro en español, el historiador norteamericano Frank Safford (1965), publicó una refutación de las principales tesis de Hagen. Casi simultáneamente entró en la palestra el sociólogo colombiano Luis H . Fajardo (s.f.), a quien siguió en 1970 el trabajo del economista antioqueño Alvaro López Toro (1970) y la controvertida tesis del economista norteamericano Paul McGreevey (1971), sobre las razones del destacado papel de los antioqueños en la historia económica colombiana. A estos últimos había antecedido el libro pionero de Ospina Vásquez (1955). A las estimulantes contribuciones de los dos investigadores colombianos prematuramente desaparecidos (Fajardo y López Toro) siguió en 1974 el voluminoso y documentado estudio sobre el desarrollo económico de Antioquia en el período 1850-1920, escrito por el historiador inglés Roger Brew (1974), quien también murió. En ese año apareció además un estudio sobre la oligarquía del Viejo Caldas y sus orígenes que se remontan a la colonización antioqueña, realizada por otro historiador de la misma escuela oxfordiana, Keith Christie (1974). Uno y otro son casi simultáneos con el del mismo Roger Brew (1971) sobre la política en Antioquia entre 1850 y 1865. A la que era ya una avalancha muy fuerte de estudios, en un país en el cual la actividad científica es -cuando menos- quijotesca y exó- �14 Siglo XIX tica, se deben añadir aquellos de los investigadores franceses Daniel Herrero (s.f.; 1978), Jean Revel-Mouroz (1973), Claude CollinDelavaud (s.f.), Milton Santos (s.f.), Ghislaine Ibiza de Restrepo (1974), Frederic Mauro (s.f.) y Daniel Pecaut (s.f.). Y los estudios sociológicos sobre las élites de Medellín al comienzo de la década de 1970 adelantadas por los norteamericanos John Walton (1977) y David Dent (1973). Igualmente ha de destacarse la labor de recopilación bibliográfica sóbre Antioquia adelantada tanto desde el Instituto de Integración Cultural por parte de Ghislaine Ibiza de Restrepo (1976: 1977; 1978), como desde el Centro de Investigación Económica (CIE) de la Universidad de Antioquia. Aquí no termina, sin embargo, el caudal de trabajos sobre el "fenómeno antioqueño" . Porque después de 1976, la historiadora norteamericana Ann Twinam (1976) aportó nuevos elementos sobre un período histórico (1763-1810) que no había sido cubierto por anteriores trabajos y aparecieron también dos libros de investigadores colombianos -Marco Palacios (1979) y Mariano Arango (1977)- sobre el café, un estudio de Loma Michelson (1978) sobre el desarrollo regional de Antioquia y un trabajo general de Gabriel Poveda (1979) sobre historia económica. Y vinieron trabajos que varios de estos especialistas presentaron en el seminario que en 1979 organizó la Fundación Antioquefia de Estudios Sociales (FAES). Las memorias de dicho evento fueron publicadas tres años después (FAES, 1982). Allí Hugo López (1982) y Jesús Antonio Bejarano (1982) trataron los orígenes de la industrialización en Antioquia, Marco Palacios (1982) discutió el papel del café en la vida antioqueña, Frederic Mauro (1982) abordó el tema del desarrollo de Medellín y Ann Twinam (1982) se refirió al papel del comercio y los comerciantes en el desarrollo de esta tan estudiada región colombiana. De tan variados y numerosos estudios, se ha escogido la temática del empresariado en el desarrollo económico de Antioquia. Esta es sólo parte del tema más amplio del desarrollo económico. Y se han seleccionado los aportes más conocidos sobre el empresariado antioqueño. El estudio adelantado por el presente autor está -entonces- basado íntegramente en fuentes secundarias, algunas de las cuales se han difundido sólo en forma muy escasa ya que no han sido aún traducidas al español. La investigación en archivos es una característica de los estudios históricos, cuya imprescindible necesidad no puede negarse. Empero, el carácter del presente trabajo espera hacer una contribu- Dávila: El empresariado antioqueño (1 760-1920) 15 ción en el sentido de precisar un foco analitico no evidente a primera vista en los numerosos trabajos examinados y de dilucidar hechos e interpretaciones encontradas que existen en los mismos 1• Este capítulo consta de tres secciones. En la primera se presentan y discuten dos estudios basados en la teoría psicológica de la deprivación del estatus (Hagen) y en la teoría psicológica de la voluntad o deseo de hacer el desarrollo económico (Me Greevey), respectivamente. Una y otra se analizan y evalúan a la luz de la polémica que despertaron. En la segunda sección se estudian la formación y evolución del empresariado antioqueño que condujo a la industrialización a comienzos del presente siglo, a la luz de la minería del oro, el comercio, la colonización, la agricultura y el café. Para ello se eJarninan principalmente los aportes de López Toro (1970), Christie (1974), Twinam (1976) y Brew (1977) quienes superando las explicaciones psicológicas y culturales, han hecho avanzar el conocimiento sobre el empresariado paisa. En la sección final se presentan conclusiones tanto de teoría y método, como de carácter sustantivo y otras relacionadas con la sociología del conocimiento. LAS TEORIAS PSICO-CULTURALES SOBRE EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA La teoría de la deprivación de estatus de los antioqueños La teoría de la deprivación o despojo del estatus (status withdrawal) es de carácter psicológico-cultural y tuvo en los años sesenta una amplia resonancia nacional e internacional. La controversia que se desató alrededor de ella lleva ya cerca de veinte años; y es inevitable que -aún hoy en día- quien estudia el desarrollo de Antioquia haya de tomar una posición frente a esta teoría elaborada por Everett Hagen. Paradójicamente, muchos especialistas en desarrollo económico en la década de los sesenta, vinieron a saber de la existencia de Antioquia -y los antioqueños-, y por ende de Colombia, por la difusión de este trabajo del economista norteamericano y profesor del M .I.T. El "caso de Antioquia" Oa temprana y exitosa actividad empresarial de los antioquefios) parecía extraño a los especialistas extranjeros de la nombrada " década del desarrollo". Como un "caso" para ilustrar su teoría psicológica del despojo del estatus (status withdrawal), le interesó Antioquia a Hagen. Bastante tiempo le debió tomar al autor preparar su conocido libro sobre la teoría del cambio social; pero sólo tres meses estuvo en Colombia (en 1957) reconociendo el terreno que sería objeto de uno de los capítulos del mismo. Las consecuencias inevitables de tan fugaz contacto se hacen evidentes a lo largo de su trabajo, co- �16 SigloXJX mo se muestra en las páginas siguientes. El libro del profesor Hagen, titulado 0n the Theory of Social Change (Homewood, lllinois: Dorsey Press, 1962) es su obra más representativa. Uno de los capítulos del libro (capítulo XV, "The Transition in Colombia") trata sobre el crecimiento económico y el cambio social en Colombia: en Antioquia más en particular. Fue publicado en español por la editorial colombiana Tercer Mundo en 1963 (Everett E. Hagen. El Cambio Social en Colombia: El Factor Humano en el Desarrollo Económico. Bogotá: Tercer Mundo, 1963, 198 páginas; traducción y prólogo de Jorge Vélez García) 2 • Ocho años más tarde, en 1971, el mismo capítulo fue reproducido en una conocida antología sobre el papel empresarial en el desarrollo económico (Peter Kilby (ed). Entrepreneurship and Economic Development. New York: Free Press, pp. 191-224). ¿Cuáles son las tesis del profesor Hagen? ¿Cómo es que súbitamente los antioqueños superan nuestras fronteras y pasa a hablarse de ellos en el ámbito de los teóricos del desarrollo? ¿Qué representa el estudio del profesor del núcleo Harvard-MIT? ¿Cuál ha sido su repercusión en Colombia? Dávila: El empresariado antioqueño (1760-1920) 17 y el resto de grupos regionales de Colombia (payaneses, bogotanos, etcétera), Hagen discute cuatro explicaciones. Una es la étnica, seiíalando el autor "que la ascendencia vasca puede asociarse hasta cierto punto con el éxito económico de los antioqueños" (p. 81). La segunda explicación trata de la experiencia minera en cuanto ésta llevaba a asociarse para compartir el riesgo entre varias familias. La tercera es la canalización del capital comercial hacia otras actividades: hacia la industria en el caso de Medellín. Estas hipótesis secundarias son parcialmente aceptadas por Hagen pero no constituyen el factor explicativo más importante, sino que quedan subordinadas a la cuarta explicación: la deprivación de estatus o "tensión social" (status withdrawal) que, según el economista norteamericano, sufrieron los antioqueños por parte de otros grupos regionales. Estos últimos los miraban -según Hagen- con desdén, despectivamente, como si los paisas fueran un grupo inferior. Y, además, arguye que "política y socialmente" Antioquia "era agua estancada" (p. 90). Esa tensión social, con efectos en el medio familiar, produjo cambios a través de varios siglos en la personalidad antioqueña: de un inicial retraimiento y apatía, pasaron a buscar "sin sosiego, reafirmar su valía en el mundo de los siglos dieciocho y diecinueve, para encontrar lo que buscaban en la proeza económica" (p. 92). Una hipótesis de Hagen es que el crecimiento económico de Colombia no se debió a "causas convencionales" como el capital extranjero, los contactos con la tecnología extranjera, la existencia de infraestructura o excedentes de capital. Estando ausentes estos factores económicos, Hagen argumenta que en la existencia de los empresarios antioqueños y su éxito como tales radica el comienzo del crecimiento económico y añade: "con relación a la población, tres veces más antioqueños llegaron a ser empresarios que los 'viejos colombianos' de diferente cepa" (Hagen, 1963:66). Estos planteamientos sorprenden por dos razones. Por una parte, no están sustentados en hechos históricos que el autor compruebe mediante la investigación (histórica) rigurosa. Esta es una falla central del libro a la que se hará mención nuevamente en páginas posteriores. Por otro lado, son un planteamiento novedoso en cuanto trata sobre factores que no habían recibido atención dentro de la teoría del crecimiento económico. Esta novedad, claro está, sólo representa un aporte si la teoría propuesta tiene validez y si confrontada con la realidad de una sociedad es empíricamente comprobable. La segunda hipótesis, central en Hagen, se refiere a la otra pregunta formulada: "¿Por qué los antioqueños?''. Que no tenían ventajas económicas sobre otras regiones del país, es parte de su hipótesis. Partiendo de allí, Hagen apunta a la "personalidad creadora" de los antioqueños; su actitud favorable ante el trabajo manual y actitud religiosa diferente a otras regiones del país, las cuales llevan al autor a afirmar: " .. .creemos haber encontrado entre los antioqueños la 'ética puritana' "(p.76). A estas características tan simplistamente tomadas de los planteamientos de Max Weber sobre la ética puritana de los calvinistas, Hagen añade la orientación al logro, y la actitud innovadora ("relacionada de alguna manera con la necesidad de agresión", p. 77). Para explicar estas diferencias de personalidad entre los antioqueiíos Pero antes de examinar tales aspectos, vale la pena presentar en mayor detalle la teoría en cuestión. Para ello hay que acudir, a otros escritos de Hagen ya que lo traducido en español es solamente el capítulo sobre el caso antioqueño. Es de utilidad un artículo publicado en la revista Journal of Social Issues y reproducido en: Everett Hagen, "How Economic Growth Begins: A Theory of Social Change". En: Jason Finkle y Richard Gable (eds.) Policital Development and Social Change, New York: John Wiley & Sons, 1968, pp. 129-139 (2a. edición). El propósito de Hagen es elaborar una teoría del cambio social para �18 Siglo XIX lo cual el autor desarrolla "un modelo general de la sociedad", basado en el "análisis general de sistemas". El modelo de Hagen se propone explicar cómo una sociedad tradicional se convierte en aquella en la cual el progreso técnico ocurre y por lo tanto la producción y el ingreso per cápita aumentan continuamente. El modelo, pasa a decir Hagen, trata de las interrelaciones entre elementos del medio físico, estructura social, personalidad y cultura. Esto, anuncia con propiedad el autor, "no implica que casi cualquier cosa pueda ser la causa de algo, pues eso lo volvería a uno confuso y ecléctico" (Hagen, 1968: 129); por el contrario, existen ciertos factores de mayor importancia ¿Cuáles son estos? Las teorías "puramente económicas" que enfatizan barreras tales como tamaño reducido del mercado, contactos con naciones avanzadas de Occidente, ingresos muy bajos, etcétera, son "internamente consistentes pero aparecen sin mayor relevancia para la realidad" (Hagen, 1968: 129). De un brochazo, y sin mayor análisis, las juzga inadecuadas. Hay que entender que el crecimiento económico está íntimamente interrelacionado con el cambio político y social: el cambio económico no va primero sino que es mutuamente dependiente con el cambio sociopolítico. La imitación de los métodos técnicos de Occidente es otro factor que -continúa el economista norteamericano- no puede aceptarse por etnocéntrico e incorrecto. Existen dos factores particularmente importantes a los cuales considera "requisitos" para la transición al crecimiento económico: 1) creatividad -definida como habilidad para resolver problemas y tendencia a utilizar dicha habilidad- y 2) una actitud ante el trabajo técnico-manual y el mundo físico conducente a que las energías creativas se encaucen hacia la innovación en la tecnología productiva en vez del arte, la guerra, la filosofía o la politica. Según el economista norteamericano, estos dos requisitos para el crecimiento económico -creatividad y actitud favorable ante el trabajo manual- no se presentan en las sociedades tradicionales. En éstas predominan individuos con una personalidad autoritaria, autoperpetuante y fomentada desde la educación familiar, así como una baja creatividad y poco aprecio al trabajo manual. Sin demostrarlo, Hagen afirma tajantemente: Existen aún más convincentes evidencias de que varias de las características descollantes de la personalidad autoritaria están presentes en muchas sociedades tradicionales en América Latina y Asia. Aunque nuestro conocimiento sobre los países africanos es más limitado, dichas características probablemente están también presentes en dichos países. Por lo tanto, parece probable que una característica de esas sociedades sea un bajo nivel de creatividad (Hagen, 1968: 136). Dávila: El empresariado antioqueño (1760-1920) 19 Esas sociedades tradicionales -caracterizadas por individuos con personalidad autoritaria y baja creatividad- ¿cómo inician el proceso de progreso tecnológico y desarrollo económico? Hagen responde con la hipótesis del withdrawal of status respect, tan importante dentro de sus planteamientos. En relación con ésta deben añadirse algunos otros elementos que complementan lo expuesto por Hagen sobre los antioqueños. En primer lugar, otros grupos que jugaron un papel análogo al de los antioqueños en Colombia fueron los "antiguos creyentes" en la Rusia del siglo XIX 3, habiendo sido este grupo despojado del estatus en un proceso que comenzó en 1650 cuando el Zar ordenó cambios en el ritual de la iglesia ortodoxa; en Japón, los campesinos ricos y los samurais de bajo nivel, relegados del poder en 1600 por el grupo feudal de los Takugawa. En segundo término, Hagen da más detalles sobre el proceso mismo de la deprivación del estatus ¿ Qué sucede en el grupo de la élite (antioqueños, "antiguos creyentes", o samurais) que tuvo un gran estatus y luego lo perdió? Entre los adultos de la primera generación "la reacción es de ira y ansiedad" (Hagen, 1968: 137), mientras que sus hijos responden "tratando de reprimir dentro de ellos, en alguna forma, los valores de sus padres" (Hagen, 1968: 137). Este proceso -acumulativo a través de varias generaciones- llega a que después de dos a cuatro generaciones aparezca una pronunciada anomia y retraimiento, que afecta más a los hombres que a las mujeres. Estas reaccionando a las inefectividades de sus cónyugues, Tendrán un intenso deseo de que sus hijos sean más efectivos y responderán encantadas a cada logro de éstos en su infancia y juventud. Durante el período de la sexualidad infantil, el niño vencerá en la rivalidad con su padre, tanto porque su iniciativa complace a su madre como por la debilidad de su padre (Hagen, 1968: 138). En estas condiciones -prosigue el economista norteamericano- se presenta un "ambiente casi ideal" para la formación de un tipo de creatividad. Surge en esas condiciones un grupo de individuos creativos, Alienados de los valores tradicionales, movidos por un impulso carcomedor y abrasador de probarse a eUos mismos así como a otros, mediante la búsqueda de un área en la cual puedan ganar poder y preferiblemente en la cual también puedan en alguna forma simbólica dar salida a su ira contra las élites que les causaron sus problemas. Hacia qué dirigían este impulso está determinado en parte por los modelos que encontraron durante su niñez en la historia, el folclore �20 Siglo XIX o los cuentos que sus mayores les narraban; y en parte por las oportunidades objetivas del mundo a su alrededor. En el mundo moderno, para los pocos grupos rebeldes de sociedades tradicionales, no existe otro camino al poder, al reconocimiento y la prueba a sí mismos de sus propias habilidades más incitante que la proeza económica. Los individuos creativos en la mayoría de tales grupos se convertirán en innovadores económicos (Hagen, 1968: 138). Volviendo al caso de Antioqui;l, uno de los apéndices que incluye Hagen trata sobre "la necesidad de agresión" en Colombia, acerca de la cual afirma lo siguiente: "Aún cuando su relación con el crecimiento económico no es muy clara, la necesidad de agresión en Colombia es tan notoria que debe ser comentada" (Hagen, 1963: 97). ¿Sobre qué bases hace el profesor del M.I.T. esta afirmación? Por una parte, en su aproximación a la historia colombiana que fue superficial en extremo, logró identificar la realidad tan conocida de las guerras civiles del siglo pasado. Que éstas así como la violencia de las décadas del cuarenta y cincuenta en el presente siglo no tienen como principal factor explicativo las diferencias políticas, es una afirmación que -sin examinarla- presenta Hagen, inclinándose más bien por la interpretación de que se debe a un pueblo "cuya necesidad de agresión es prácticamente incontrolable" (Hagen, 1963: 98). El tráfico urbano es otra realidad que impacta a Hagen como una muestra más de nuestra violencia sin par. Un tercer indicador de la violencia colombiana está patente -para Everett Hagen- en los reinados de belleza. Tocó en suerte al profesor del M.I.T. presenciar en Medellin (bien hubiera podido ser en cualquier ciudad o pueblo colombiano) el efusivo y caótico recibimiento a la candidata regional triunfante, en 1957, en un evento nacional de este género. Ese desorden multitudinario con sus matices tropicales, absorbió el intefes del investigador norteamericano, posiblemente más acostumbrado a las frías avenidas de Cambridge. Debemos señalar lo inadecuado de atribuir a estos acontecimientos el estatus conceptual de supuestas características (culturales o psicológicas) definitorias de los miembros de una sociedad determinada. Un cuarto y último indicador de la necesidad de agresión en Colombia tiene que ver -para Hagen- con la prostitución abierta. Impresiona a Hagen el alto número de prostitutas registradas en la ciudad de Medellín; pero en lugar de indagar si este fenómeno tiene alguna relación con la altísima migración de la áreas rurales y el desempleo, Hagen lo ve como: " ... un escape más regular para la misma necesidad de agresión, tolerada por los hábitos morales de la comunidad presumiblemente en un intento por evitar que la agresión sexual rebase su cauce" (Hagen, 1963: 100). Dávila: El empresariado antioqueño (1760-1920) 21 Resumiendo, para el autor norteamericano, Colombia -el pueblo "cuya necesidad de agresión era prácticamente incontrolale" - sorprende por sus innumerables guerras civiles, el desorden del tráfico urbano, la euforia alrededor de los reinados de belleza y la prostitución. Al final del apéndice y en forma que es característica de todo su libro, Hagen parece retrotraerse de sus afirmaciones tan definitivas sobre Colombia y hace una saludable aclaración -con la cual como en el caso de otras aclaraciones, no es consistente cuando se trata de plantear y/ o resumir sus tesis- en el sentido siguiente: No trato de sugerir que la necesidad de agresión sea más elevada que en otros países latinos... (o) que la necesidad de agresión sea más alta que en los no latinos de Occidente; lo único que puede afirmarse es que sus manifestaciones son diferentes (Hagen, 1963: 101). A renglón seguido sin embargo el autor parece vacilar nuevamente: Sin embargo, la probable presencia en Colombia de un mayor grado de autoritarismo en la educación de los hijos me hace sospechar que el nivel de necesidad de agresión, en cuanto éste puede ser identificado en la personalidad, sea superior al de Estados Unidos de América (o Canadá) (Hagen, 1963: 101; nota de pie de página 52). ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema del desarrollo económico y con las preguntas centrales planteadas desde el comienzo del trabajo de Hagen? ("¿Porqué el crecimiento?" "¿por qué los antioqueños?"). La respuesta es la siguiente: Esta necesidad de agresión en Colombia es probablemente el resultado de tensiones sociales que afectan al medio local. No se positivamente si esto contribuye al crecimiento económico o lo retarda; pero ya que algún lector puede ser más perceptivo que yo para apreciar su significado, quiero por lo menos dejar sentado este hecho (Hagen, 1963: 101). LOS TEMAS CRITICOS DEL DEBATE SOBRE LA DEPRIVACION DEL ESTATUS DE LOS ANTIOQUEÑOS La teoría psicológico-cultural expuesta por Hagen ha sido sometida a un escrutinio cuidadoso de numerosos investigadores. En las páginas anteriores se hicieron ya algunas anotaciones críticas que se complementan ahora con una síntesis de las principales conclusiones del debate sobre su teoría del crecimiento económico. La gran mayoría de las críticas apuntan a la carencia de información histórica para sustentar los diversos componentes de la teoría en �22 Siglo XIX cuestión y a la falta de rigor en el uso de la información que utiliza. En esas condiciones para el caso de Antioquia las tesis de Hagen no están fundamentadas en la evidencia histórica sino en suposiciones e "impresiones" que resultan ser falsas. Esta crítica es particularmente notoria en los siguientes aspectos: I. Realidad y ubicación temporal de la negación o deprivación del eulstatus (status withdrawal), también llamada aislamiento social Y e tural de los antioqueños Las diversas evidencias traídas por los críticos indican que no hay base alguna para sostener que los antioqueños hayan sufrido una ne~ación de su estatus es decir que fueran mirados por otros grupos regionales como inferi~res socialmente, políticamente poco importantes Y -en general- como un grupo atrasado. Al no estar basado e~ hechos reales, este planteamiento central tiene un carácter_ es~eculat1vo. Resulta ser una aseveración que no se acoge a los cntenos elementales de rigor científico. La principal refutación de esta tesis tan central _en la interpretación hageniana, la adelantó el historiador norteamencano Frank Safford (1965). Este mostró que, contrariamente a lo sostenido por Hagen, las evidencias indican que en el siglo XIX el ~oncept~ de_ los bogotanos sobre los antioqueños era favorable. Escntos capitalinos de la · · · " , "ho orados" época se refieren a 1os patsas como "la b?~iosos . ", "seríos, sanos y sencillos"; por otra parte la elite bog~tana les,~º . respeto y amistad". Los miembros de la clase alta antioquefia ... siempre encontraron la misma acogida en Bogotá... " (Safford, 1965: 93), dado que los atributos de clase (riqueza, educación, modalidades ?e ~ida) eran más importantes que las identidades regionales. Los capitalistas antioqueños -según Safford- "tenían mucho oro"; gen~ralmente su riqueza era superior a la de sus congéneres de ~tras regi~nes. Y en virtud de eso antes que ser rechazados, eran admirados -mcluso temidos-. En manos de los "rescatantes" de Medellín y Rionegro se acumularon grandes capitales. Dado a que aún d~pués ?e 1_850 el ?r? era el medio de pago principal (durante la Colorua hab1a sido el umco), los antioqueños disponían de una podero~ palan~ económi~ que les permitió influir en las actividades econónucas de ~ve~sas regiones del país. "Los únicos que tenían recursos grandes _Y hqmdos er3:11 los antioquefios" (Safford, 1965: 107-108). Así por eJemplo a mediados del siglo los grandes rescatantes comerciales de Medellin hicieron préstamos a agricultores de Cundinamarca, Tolima y Valle; controlaban dos terceras partes de la exportación de tabaco en Ambalema y finan- Dávila: Bl empresariado antioqueño (1760-1920) 23 ciaban un volumen importante del comercio de importación en el Occidente colombiano. Además, afios atrás -en la década de 1820- habían hecho empréstitos a los ejércitos patriotas. "Después de varias generaciones de brega con el fiado a los mazamorreros, se convirtieron los antioqueños en los financistas del Estado colombiano y de los empresarios capitalinos ... hacia 1830 consideraban ya algunos que los antioqueños eran los principales comerciantes de importación del país" (López Toro, 1970: 67). Dentro de estos empresarios p;i.isas del comercio, la minería, las finanzas y la agricultura de exportación sobresalían por sus riquezas los Uribe, los Restrepo y muchos otros magnates de Medellin. De las familias ricas creadas en el comercio salieron no sólo los Uribe y Restrepo, sino también los Montoya y los Santamaría y al fin los Vicente V. Villa, para dominar las actividades económicas de las otras regiones del país (Stafford, op. cit.: 105-106). Pero podría argÜirse que todos estos ejemplos corresponden a la reacción de los antioquefios al mal miramiento que habían recibido generaciones anteriores. Esto lleva a destacar otra debilidad importante en la interpretación de Hagen: la no precisión de los períodos históricos en que se dio el supuesto proceso de negación del estatus de los antioquefios. Hagen páginas atrás hablaba de un proceso que va a lo largo de varias generaciones, desde que sufren la negación del estatus, hasta la reacción de los paisas para afirmar su posición encauzando sus energías hacia el éxito económico. Pero no precisa los períodos históricos. en que se presentan las diversas etapas del supuesto proceso. Los ejemplos que trae Safford cubren desde 1820 hasta fines del siglo XIX, refiriéndose en su mayor parte a la mitad del siglo. O sea que el rechazo de las élites valluna y bogotana a los antioqueños debería haberse producido hacia 1650. Pero no existen evidencias que prueben que en esos afios del siglo XVII se presentó el rechazo en cuestión. Como lo indica la historiadora norteamericana Ann Twinam (1976: 313), reiterando lo anterior, es claro que el argumento del despojo del estatus es "hipotético"; está basado solamente en las "propias inferencias" de Hagen y en su "propia y fértil imaginación". Añade Twinam que a mediados del siglo XVII no se podía hablar de la "aristocracia de la tierra", como lo hace Hagen. Lo que existía era una aristocracia rural "empobrecida y analfabeta". En estas condiciones, hacia 1650: Lejos de rechazar a los antioqueños parecería más probable que las élites de la Sabana y del Valle estuvieran solicitas a conmiserarse con �24 Siglo XIX Dávila: El empresariado antioqueño (1760-1920) 25 ellas por el deterioro mutuo de su posición económica (fwinam, 1976: 312). ción social o política de las otras regiones: en esta época Antioquia fue aislada por ser conservadora; no por otros motivos" (Safford, 1965: 84). Por otra parte, Alvaro López Toro (1970) señ~a que sil~ ~eacción de los antioquefios basada en nuevos valores sociales prop1c1os al desarrollo económico tuvo lugar hacia 1850, quedan interrogantes sin responder acerca de manifestaciones del espíritu empresarial paisa en las décadas de 1820 y 1830, de la colonización de fines del siglo XVII_I Y las habilidades comerciales de los rescatantes de oro en la Coloma. En segundo lugar, si el interés por la política en el Cauca y Santander era mayor que en Antioquia se debía fundamentalmente a la Resulta prácticamente imposible considerar estas preguntas dentro del marco teórico de Hagen, puesto que él ignoró completamente el movimiento colonizador, sostuvo que la minería mantuvo su estructura colonial hasta 1900 y no prestó atención suficiente a las condiciones de la clase comerciante (López Toro, 1969: 97). JI. ¿Conflictos de estatus entre regiones o conflictos sociales internos dentro de Antioquia? Ademas del problema de ubicación temporal, López Toro (1970: 94) hace mención del aislamiento entre las regiones colombianas y del analfabetismo, para poner en duda lo intensa que hubiere podido ser la negación del estatus social de los antioqueños. En lugar de estos conflictos de estatus entre regiones, hay evidencias de tensiones internas dentro de Antioquia misma. En el memorial de los Comuneros de Antioquia, dice López Toro (1970: 95), los agricultore~ de tierra f~a se quejaban de su posición desventajosa frente a los agncultores de tierra templada en Medellin y de las maniobras a que los s~metí~ los ab~tecedores de provisiones. Pero además se presentaron mvas1ones de tierras por parte de los colonos, estado de abandono de las concesiones latifundistas de gran tamaño y liberación espontánea de esclavos negros. III. El papel de Antioquia en la política del siglo XIX La afirmación del papel opaco de Antioquia en la política colombiana y las guerras civiles es complementaria de la_ tesis hageniana del ais~amiento y desprecio social sufrido por los antioqueños. Los hechps históricos tampoco confirman esta aseveración. Safford (1965: 82-84) sostiene que "los antioqueños hicieron un pape~ i_mp~rtantísimo en l~ política colombiana" como lo muestra su part1c1pac1ón en las rebeliones políticas de 1829 y 1840; las posiciones des~cadas q~e ocupai:on en el gobierno desde comienzos de la era Republicana; ~u m~ervenc1ón en las guerras civiles de 1876-1877 y 1885. Acepta el histonado~ noi:ieamericano que, especialmente entre 1863-1880, hubo un rela!1v~ a1:slamiento de los antioquefios el cual " ... no se explica por una dIScnnuna- economia dinámica que tenía Antioquia y que no tenían Santander (eso es, la región de Socorro) y el Cauca... Las otras provincias -que no tenían minas de oro y que no podian hacer ganancias mayores con otros productos por falta de comunicaciones- quedaron estancadas económicamente (Safford, 1965: 84). Esa economía dinámica y sus ganancias "enseñaron la virtud del trabajo en los negocios", "permitieron el rápido enriquecimiento", hicieron posible a los antioqueños construir sus vías sin necesidad de esperar que interviniendo en las guerras civiles pudiesen derivar influencia sobre el presupuesto nacional. Dentro de dicha economía antioqueña en Medellin dominaba "un grupo burgués bastante poderoso, un ~po de capitalistas grandes que no tenía ninguna otra capital de provincia" (Safford, 1965: 86), hombres prácticos que teniendo en mente la defensa de sus riquezas propugnaron por una "política moderada e inofensiva", "una política racional típica de una burguesía que tenía algo que defender" (Safford, 1965: 88). Estos tres elementos relacionados: inexactitud en la afirmación de un papel opaco y aislamiento político de los antioqueños; no dependencia del presupuesto nacional para la construcción de los caminos de herradura; conveniencias para los capitalistas de Medellin de adoptar una postura de moderación en política, aportan sin duda alguna mucho más que la alegre y no documentada afirmación hecha por Hagen acerca del aislamiento político de los antioqueños, cuya inexactitud histórica resalta frente a los comentarios de Safford. Debe recordarse que como parte del supuesto desprecio hacia Antioquia, Hagen menciona la desatención del gobierno central ilustrada según él por el hecho que cuando los técnicos mineros extranjeros visitaban la Nueva Granada no eran enviados a Antioquia. Esta afirmación como lo sefiala Twinam es "falsa y desorientadora". Por el contrario, "Antioquia servía como un imán para los técnicos y el capital extranjero" (Twinam, 1976: 318). N . El origen étnico como causal de la actividad empresarial de los antioqueños El espíritu y la exitosa actividad empresarial de los antioquefios ha sido atribuída en parte a razones étnicas. La leyenda judía que se re- �26 SigloXIX Dávila: El empresariado andoqueño (1760-1920) 27 monta a 1803 (Twinam, 1976: 289), fue descartada por Hagen basándose -con acierto- en el trabajo de Emilio Robledo (1922). Aunque en definitiva el autor norteamericano no le concede al origen étnico tanta importancia como a la deprivación del estatus, reemplazó la leyenda judía por la leyenda vasca: " .. .las personas de ancestro vasco en Antioquia tienden a asumir posiciones directivas en los negocios en un grado mayor que personas de ascendencia no vasca" (Hagen, 1963: 80-81). en buena medida se explica por la necesidad de proteger las fortunas familiares. Así por ejemplo buena parte de los 12 bancos regionales creados entre 1872 y 1883 eran de carácter familiar: Banco de Restrepo y Compañía, Banco de Vicente Villa e hijos y Botero Arango e Hijos (Brew, 1977: 112-115). Las familias de acaudalados empresarios antioquefios aparecen entonces con una función económica de vital importancia, al punto que un historiador ha reparado en que eran una "institución financiera" (Brew, 1977: 112). Esta aseveración también ha sido muy seriamente di~utada por argumentos históricos que son más convicentes que la técnica poco confiable de tomar los apellidos del directorio telefónico de Medellin. Es así como a la refutación inicial basada en el hecho que "la presencia de los vascos no es cosa particular de Antioquia" y "la inmigración vasca fue muy notable'' durante el siglo XVIII dentro y fuera de la Nueva Granada (Safford, 1965: 78), se sumó luego la investigación minuciosa que hizo Ann Twinam sobre los grandes mineros y comerciantes del período 1780-1800 en Medellín y que puso punto final a las elucubraciones étnicas como determinantes del crecimiento económico en Antioquia. Hay otras precisiones adicionales sobre este punto del espíritu de asociación. Una se refiere a que mientras hay testimonios encomiando el espíritu de asociación de los antioquefios, y provienen algunos de ellos no de autores antioquefios sino bogotanos y del oriente (escritos de Manuel Pombo y Felipe Pérez a mediados del siglo pasado) (Safford, 1965: 80-81, notas de pie de la página No. 6 y No. 7), existen sin embargo testimonios opuestos de antioquefios de la época, como Juan de Dios Restrepo, quejándose de Antioquia como el "país del individualismo" (Safford, 1965: 81, nota de pie de página No. 8). Otra -más importante- precisión hace alusión a que la sociedad anónima solamente se difundió después de 1870, pues como se había anotado las más grandes empresas paisas eran "netamente de familias". Su conclusión es la siguiente: ...el origen vasco no aparece como un criterio significante para la actividad empresarial. Como estos datos lo indican no parece haber correlación alguna entre la provincia de origen y la habilidad empresarial. Porque emigrantes de Asturias, Extremadura, Andalucía y Castilla están representados similarmente en la élite empresarial y la población migrante como un todo (Twinam, 1976: 328). V. La economía minera, el espíritu de asociación y el riesgo Dentro del cuadro teórico de Hagen, la minería es mencionada solamente en cuanto los riesgos que conllevaba hicieron "distribuir el riesgo de la actividad minera entre un conjunto de familias" (Hagen, 1963: 83) y por la familiaridad que les dio con procesos mecánicos. Según Hagen la minería requirió formas especiales de asociación similares a las sociedades modernas de accionistas, que hicieron que en Antioquia la identificación de la estructura familiar con la estructura de los negocios no fuera tan marcada como en otras regiones del país. En esto Hagen carece nuevamente de evidencias sólidas: no demuestra que en Bogotá, el Valle, Cartagena o el Cauca hubiera un predominio de actividades económicas familiares. Por otra parte, en Antioquia las familias dedicadas a una multifacética actividad empresarial fueron muy importantes social y económicamente. Su alto grado de diversificación La tercera precisión es quizá la más pertinente. El espíritu de asociación no parece ser exclusivo de los antioquefios, y así es como antes de 1870 hay evidencias de empresas por acciones fundadas por bogotanos y costefios, y luego de dicho afio la sociedad anónima no sólo se difunde en Medellín sino también en Bogotá, Barranquillla y Bucaramanga. Como refutación de lo planteado por Hagen sobre la escasez de mano de obra indígena que llevaría a que los espafioles trabajaran directamente, "con sus manos", en las minas (contra su fantasía de ser "sefiores de la creación" en la tierra conquistada), siendo ello conducente a una valoración especial del trabajo manual, Safford -acudiendo a James Parson, el geógrafo norteamericano, y a Francisco Silvestredemuestra definitivamente que este supuesto aspecto igualitario de la sociedad antioqueña donde todos serían peones de las minas, no se dio. ¿Quiénes trabajaban en las minas, entonces? Safford indica que quienes lo hacían eran "mineros indígenas, después esclavos negros, al fin de la Colonia una mezcla de esclavos y gente de color libre; y en la República los descendientes de estos" (Safford, 1965: 79). Muchos de los antioqueños que lograron una destacada posición social: "trabajaron con las manos en muchos casos, pero rara vez co- �28 SigloXIX Dávila: El empresariado antioqueño (1760-1920) mo trabajadores en las minas" (Safford, 1965: 79-80). Más preocupante que la falta de sustentación de Hagen en lo referente al riesgo, el espíritu de asociación y el trabajo manual, es la forma muy superficial en que se trata la actividad minera en el marco de la teoría psicológica de la negación del estatus. Se llega así a afirmar que: " ...si se atribuye a la experiencia minera la mayor influencia, aq?ella habría producido un número relativamente mayor de empresanos en otras áreas mineras ..." (Hagen, 1963: 85). Se ignoran así las grandes diferencias entre la minería antioqueña y la del Chocó y Barbacoas (Cauca). Y se pierde ~e vista que en ~ontraste con los mineros de Colorado en Estados Umdos o los de Minas Gerais en el Brasil, los de Antioquia aunque enfrentados a riesgos eran más prudentes y conservadores que aquellos, no eran aventureros. Por todo ello Twinam (1976: 382) señala que las conclusiones de Hagen sobre la minería son "insostenibles". La minería no es tenida en cuenta por Hagen como centro de una intensa actividad económica, medio de acumulación de excedentes, oportunidad económica propicia para el surgimiento y 1~ obt~nción de experiencia empresarial o base para una estructura social diferente a la de otras regiones colombianas. Todos estos aspectos de la minería antioqueña menospreciados y no estudiados por el afán de forzar la realidad dentro de una explicación traída de los cabellos, han sido justamente uno de los ejes de atención de investigadores como Alvaro López Toro, Roger Brew y Ann Twinam, cuyos aportes sobre el tema se presentan posteriormente. VI. La pobreza de Antioquia en las postrimerías del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX La imagen de Antioquia como una región pobre y atrasada, más aún que otras regiones, hasta la década de 1820, tiene un papel importante dentro de la teoría psicológica de la negación del estatus, según la cual Antioquia en términos económicos, conocimiento téc~co externo, recursos naturales capital y mercado estaba en desventaJa frente a la Sabana y el Valle. '"El ingreso per cápita en ambas debió haber sido superior al de Antioquia" (Hagen, 1963: 69). Dentro del marco de la pobreza y el atraso general de Colombia en el siglo XIX, las evidencias históricas contradicen el plant~e?to hageniano. Es cierto que a finales del siglo XVIII había una s1tuaetón 29 social y económica difícil en la agricultura, con una "crisis de altos precios y baja ocupación" que movió a "estimular y diversificar la producción y amparar nuevas colonizaciones" (López Toro, 1969: 34) mediante las reformas del oidor Mon y Velarde. Pero la producción minera, de acuerdo a los datos de la casa de fundición localizada en Santa Fe de Antioquia, se dobló entre 1760 y 1779 y se cuadruplicó de 1780 a 1800, gracias tanto a las reformas borbónicas como al aumento de la población y el descubrimiento de nuevos distritos mineros (Twinam, 1976: 83). En la época colonial el oro antioqueño representaba más del 85% de las exportaciones de la Nueva Granada, y Antioquia aportaba más del 40% de las divisas por comercio exterior; hacia 1830 dicho porcentaje era del 35% y hacia fines del siglo XIX el oro exportado que provenía de Antioquia aún representaba 25% de las exportaciones totale.s del país (Safford, 1965: 96-97). Sobre esta base Safford ha examinado diversas interpretaciones que afirman la pobreza de Antioquia y en las cuales se basó Hagen. Por un lado, dice Safford, seguramente hacían falta en Antioquia fuentes de agua, buenas calles y buenos caminos. Pero la coexistencia de una pobreza pública con una riqueza particular es perfectamente factible, sobre todo en los pueblos de fundación reciente y muy lejos de los centros administrativos eso es, con las condiciones del frontier (Stafford, 1965: 98). Además, las descripciones de pobreza se referían a las antiguas poblaciones mineras (Remedios, Zaragoza, Cáceres y Santiago de Arma) que a fines del siglo XVIII habían ya decaído, más no eran aplicables a centros comerciales como Medellín y Rionegro. Pero a esa decadencia siguió un "desarrollo dinámico" de la economía minera entre 1820-1850, en el cual la introducción de mejoras técnicas para la minería de veta fue decisiva para que los "antioqueños (buscaran) nuevas minas por todas partes" (Safford, 1965: 100). Además los mismos que señalaban -indiscriminadamente- la pobreza antioqueña (por ejemplo Silvestre en 1776, Finestrand en 1780), no dejaban de notar que los ingresos monetarios per cápita en Antioquia eran muy superiores aJ resto del país ... (Aunque) los precios en Antioquia también tenían un nivel realmente alto... Si los antioqueños eran pobres, eran pobres a un nivel monetario muy superior a la pobreza de los campesinos del oriente (Safford, 1%5: 102, 103, 104, 105) 4. VII. La canalización de los excedentes comerciales hacia la industria La industrialización antioqueña la explica Hagen en base al decaimiento �30 Siglo XIX del comercio a comienzos del siglo XX. El dinero amasado en aquel no encontró otras oportunidades o alternativas para ser invertido, a diferencia de lo que sucedió en Bogotá en donde se canalizó hacia la obtención de tierras para ingresar a la élite terrateniente. O en el Valle, donde se invirtió en ganadería en unos casos, en finanzas e industria en otros (Hagen, 1963: 85-88). La evidencia detrás de esta afirmación es muy frágil. Para el caso de Medellín y Cali se reduce a nombrar algunos de los grandes comerciantes, sin que luego se haga el debido seguimiento de sus actividades posteriores además del comercio. Y para el contra-ejemplo de Bogotá dice llanamente: "No pude obtener la lista correspondiente de Bogotá" (Hagen, 1963: 86, nota de pie de página No. 45). Además se pierde de vista la importancia de la minería, el comercio y el café como experiencia empresarial para los antioqueños, que luego -junto con los excedentes de capital, claro está-, sería uno de los factores determinantes de la industrialización en Antioquia. Hay una subvaloración de los comerciantes paisas del siglo XIX, otorgando atención como aceleradores del crecimiento industrial sólo a los del siglo XX: Su silencio (de Hagen), en relación con el papel de los comerciantes antioqueños en el siglo XIX sugiere su ignorancia de uno de los signos más conspicuos de la actividad empresarial de los antioqueños previa a la industrialización de Medellin (Twinam, 1976: 334). LA TEORIA DE LA VOLUNTAD O EL DESEO DE HACER EL DESARROLLO Una segunda interpretación del desarrollo acelerado de Antioquia, es también de carácter psicológico-cultural y fue elaborada igualmente por un economista, no un psicólogo o sociólogo, el norteamericano Paul Me Greevey. Corresponde a una teoría psicológica en cuanto destaca la motivación o deseo de los individuos; y cultural porque dicha voluntad está atada en un grupo regional, que aunque el autor no lo trate en detalle, implícitamente acepta que tiene un modo de ser diferente al de otras regiones. Me Greevey presenta su teoría en el marco de una interpretación de la historia económica de Colombia en el período 1845-1930, publicada en inglés en 1971 y traducida al español cuatro años más tarde (Me Greevey: 1975). Este autor tiene -como Hagen- un objetivo muy ambicioso: exa- Dávila: El empresariado antioqueño (1760-1920) 31 minar si la historia económica de Colombia comprueba alguna teoría del desarrollo. Para ello busca explicar el "período de transición" hacia el desarrollo económico sostenido, período que sitúa entre 1895 y 1915. Dicha transición significó un "trastocamiento de la decadencia que lo precedió". La decadencia cubrió todo el país, Antioquia incluida -según Hagen-. A la minería antioqueña no le concede un papel significativo y -en general- disiente de quienes han enfatizado la exitosa actividad económica de los antioqueños, aún si entendida en los términos relativos de la pobreza colombiana durante el siglo XIX. Me Greevey reconoce esa actividad pero únicamente a partir de 1895 y como un factor decisivo en la industrialización colombiana. . . .la transición clave hacia el desarrollo data de los primeros decenios de este siglo, y se basa en una gama de cambios interdependientes en la población, la capacidad exportadora, el sistema de transporte y el potencial industrial (Me Greevey, 1975; 189). Si en este conjunto de cambios consiste la "transición", ¿a qué causas puede atribuírse, cómo puede explicarse que se haya dado luego de un tan prolongado receso? El argumento de Me Greevey puede resumirse así: el desplazamiento hacia arriba de la función de crecimiento demográfico, "en algún momento después de 1850" (Me. Greevey, 1975: 287), aparentemente ocurrió en Antioquia antes que en otras regiones del país. Dicho desplazamiento incrementó la interdependencia entre personas y regiones, generando nuevos problemas así como oportunidades; frente a unos y otros, la respuesta de las diversas regiones fue diferente, presentándose un "desequilibrado avance regional", en el marco de una "interdependencia de las innovaciones" (mejoras en el cultivo del café, transporte, actividad manufacturera). En este marco el economista norteamericano, reiteradamente, presenta su explicación psicológica. Dice así: Una explicación 'mecánica' satisfactoria de la transición en Colombia sería que el crecimiento fue generado por las exportaciones. Sin embargo, el necesario incremento en la iniciativa empresarial, que permitió la rápida expansión de las exportaciones, requiere su propia razón de ser. Mi conclusión es que la transición hacia el desarrollo ocurrió porque algunos grupos (en particular, los antioqueños) quisieron que ocurriera. El análisis adicional de sus motivaciones está fuera del alcance de este libro (Me Greevey, 1975: 18). La sorpresa ante esta explicación que se adelanta, pero en la cual no se profundiza, vuelve a presentarse en el capítulo conclusivo del libro, aquel sobre la "teoría de la transición". Dice allí Me Greevey: "En última instancia, la explicación forzosamente radica en la motivación �32 Siglo XIX humana, algunas regiones se desarrollaron porque sus gentes así lo desearon" (Me Greevey, 1975: 287). Y termina así su libro: .. .el ingrediente básico de la transición fue la voluntad de realizarla. Habiendo reconocido dichos elementos de motivación y voluntad, el economista llega a las fronteras de su propio campo de acción profesional (Me Greevey, 1975: 308). La interpretación del economista del M.I.T., a la cual le dedica unas pocas páginas de un voluminoso libro de más de trescientas, no está basada en datos empíricos. Por ello más que una explicación de la transición económica sólo alcanza el carácter de hipótesis. Pero está tan cruda y poco elaborada conceptualmente, que para un investigador que buscara comprobar esta hipótesis voluntarista sería una tarea casi inabordable. A este nivel de elaboración teórica, es inferior en calidad a la criticada teoría de la deprivación de estatus. La afirmación final de Me Greevey en el sentido que como economista él llega hasta reconocer que en los factores económicos que analizó no está el principal causal de la transición, y que el "ingrediente básico" (principal factor causal) de la explicación es no económico, sino psicológico, mueve a reflexión. Por un lado implica una aceptación de las limitaciones del economicismo a ultranza: es el reconocimiento de lo que en la literatura del desarrollo económico se han llamado "factores no-económicos del desarrollo económico". Pero no presta atención al hecho de que dentro de tan amplia gama de factores, existían ya una serie de teorías psicológicas y sociológicas más elaboradas que la alegre hipótesis voluntarista que deja esbozada solamente. Sobre el tema del empresariado en el desarrollo económico han sido identificados siete enfoques teóricos 5 • Y dentro de esta diversidad de teorías hay elementos conceptuales y metodológicos valiosos, que no pueden-igno;arse. Hacemos esta anotación, concediendo algo que tampoco se aclara por parte de Me Greevey: por "voluntad" de hacer el desarrollo, se entiende voluntad del empresariado paisa; que es un grupo de la sociedad más concreto que las "gentes" de Antioquia. Es paradójico que todas estas ligerezas se presenten dentro de un trabajo planteado como el primero de la historia económica cuantitativa hecho en Colombia. Esta corriente "busca examinar los problemas históricos por medio de una interacción entre la teoría económica y la econometría, entendiéndose por ésta última la reconstrucción de series estadísticas incompletas, la elaboración de nuevas medidas de variables, o la medición indirecta de algún proceso". (Calvo, 1975: VII, en el prólogo del traductor a la obra en cuestión). No sería correcto Dávila: El empresariado antioqueño (1760-1920) 33 extender todas estas críticas de la interpretación de Me Greevey sobre "la voluntad de hacer el desarrollo" que tuvieron los antioqueños entre 1895 y 1915 a la mayoría de su libro, en el cual hay abundante material empírico. La controversia surgida alrededor del trabajo del economista del M.I.T. fue grande. Hasta el punto que en 1975 se realizó un seminario de tres días en el que investigadores de diferentes disciplinas y de muy diversas corrientes se consagraron exclusivamente a analizar la historia económica colombiana escrita por Me. Greevey. Los resultados de esta discusión fueron publicados cuatro años después (véase Instituto de Estudios Colombianos, 1979). Sin entrar en mayor detalle sobre este conjunto de valiosos trabajos, vale la pena destacar dos puntos. Por un lado las críticas adelantadas desde posiciones muy diversas son, en conjunto, demoledoras. En señalar la debilidad ~el~ tesis de la voluntad de los antioqueños de hacer el desarrollo, comc1den desde Kalmanovitz (1979) hasta Buenaventura (1979), Ospina Vásquez (1979), etcétera. Pero -además- la tendencia de Me Greevey a caer en las "generalizaciones fáciles e indocumentadas" que él mismo le enrostraba a los historiadores no cuantitativos, no se reduce a la tesis voluntarista que nos ha ocupado en estas páginas, sino a aspectos muy diversos de su labor 6 • Por otra parte, entre los ponentes se generó un debate que aportó elementos de teoría y método valiosos para, criti~ado Me Gre~vey y su peregrina tesis voluntarista, avanzar en el estudio de la transición económica. Como ilustración de las críticas, la de Safford es notable por lo sistemática y minuciosa. Afirma que hay interpretaciones ahistóricas; a veces la calidad de la estadística utilizada es "pésim_a"_; ~l autor ~cusa "falta de sentido crítico" en el uso de los datos histoncos; el libro resulta pretensioso e irresponsable"; "trata tantos temas de manera tan amplia"; tiene "suposiciones falsas", "juicios ligeros" y "errores estadísticos"; es poco modesto y tiene una actitud "alegre frente a la historia"· en cuanto al análisis económico "hay una sorprendente falta de co;sideración del papel de los factores económicos clásicos en el desarrollo de la economía colombiana". Estas son las bases de Safford (1979: 39-40) para señalar que es una "exposición histórica ... deficiente''. · Sobre la tesis voluntarista precisa: No puedo terminar sin sefialar lo absurdo de la co~clusión d~l libro donde dice que la transición al desarrollo al fin llego a Colo~b1a po~que los colorobianos (después de 1880) lo deseaban. Esto qwere decrr �34 Siglo XIX que no lo deseaban antes, una aseveración sin fundamento. Esta conclusión deja completameqte sin considerar los muchos obstáculos al desarrollo que enfrentaron los colombianos en el siglo XIX. Por lo· tanto este resultado no es más que una ligereza (Safford, 1979: 39). En el trabajo ya analizado de Safford (1965) refutando la teoría de la deprivación del estatus, el historiador norteamericano había hecho hincapié en el grupo de grandes comerciantes que se formó en Medellín y el papel destacado de Antioquia en la economía colombiana durante la primera mitad del siglo XIX. Esto es rechazado por Me Greevey basado aparentemente, ... en el equivocado concepto que yo había ubicado el desarrollo notable de la región en la primera mitad del siglo. En realidad el artículo mío no tuvo que ver con el desarrollo económico sino con la formación y concentración de capitales de alguna consideración en manos de los comerciantes de Medellin. El desarrollo y el proceso de capitalización son cosas bien distintas ... (Safford, 1979: 39). Queda la impresión que uno (desarrollo) es un proceso más amplio que el otro (acumulación). Safford no elabora más sobre las relaciones y diferencias entre desarrollo y capitalización y queda una confusión sobre su argumento teórico. Empero, es claro lo que dice luego: Es muy notable que en su explicación del desarrollo de Antioquia (Me Greevey) hace mucho hincapié en el papel de los pequeños caficultores pero no dice nada de figuras no menos notables, los grandes capitalistas de Medellin. Cabe anotar que las fábricas de Medellin no fueron fundadas por los pequeíios caficultores. Ni es para mi muy claro que como mercado eran un factor determinante en sostenerlas. Antes que se pueda aceptar esta tesis será necesario saber si los mercados de las fábricas antioqueñas estaban limitados a la región de Antioquia (Safford, 1979: 39). EL BALANCE DEL DEBATE SOBRE LAS TEORIAS PSICOLOGICO-CULTURALES ¿Qué conclusiones generales pueden derivarse del debate alrededor de la teoría psicológico-cultural de la negación del estatus y de la interpretación voluntarista de Me Greevey? Una primera -a nivel teóricoapunta a los peligros del determinismo psicológico para explicar el proceso de crecimiento económico. La sobre-determinación de los factores psicológicos -la personalidad creativa de los antioqueños explicada mediante el proceso psicológico autoritarismo-deposición del estatus, retraimiento-creatividad- conlleva la subvaloración de los factores económicos y sociales. Dentro de los primeros, la acumulación de Dávila: El empresariado antioqueño (J 760-1920) 35 capital, el tamaño del mercado, la disponibilidad de mano de obra y la tecnología, son tratados por la literatura económica y no pueden alegremente descartarse. En cuanto a los factores sociales, la no consideración de la estructura social; o lo que es lo mismo la simplificación patente al hablar del pueblo antioqueño como si se tratase de un conglomerado homogéneo en su posición social y económica, sus valores y su comportamiento, es otra falla protuberante del psicologismo ejemplificado por la teoría en cuestión. A nivel teórico se requeriría la demostración de que unos y otros factores son inexistentes o marginales, labor que no emprenden Hagen ni Me Greevey. O que están subordinados al factor psicológico en cuestión, empeño que intenta demostrar Hagen. Pero este es un intento fallido, por los numerosos errores y ligereza en materia de investigación histórica que aqueja su trabajo, como lo muestran exhaustivamente las refutaciones y demoledoras críticas de la serie de investigadores del desarrollo antioqueño, a que se hizo referencia en las páginas preyias. En segundo término, a nivel metodológico la impresión general que queda es la de forzar un esquema conceptual-analítico, transferido mecánicamente a los casos de Japón, Rusia y Antioquia. La naturaleza y complejidad misma del objetivo propuesto -explicar el acelerado crecimiento económico- hace previsible que el modelo propuesto no pueda confrontarse con el detalle y rigor necesarios para los tres casos que se pretende estudiar. En vista de ello se elucubra sobre las realidades históricas. El método utilizado por Hagen tiene varios rasgos distintivos. Uno es la falta de consistencia en cuanto al carácter mismo del tabajo: se debate a lo largo de todo el libro entre un tono exploratorio y de generación de hipótesis y uno conclusivo: lo que a veces son supuestos, toman de repente el carácter de hipótesis comprobada. Predomina el carácter conclusivo, afirmación que se corrobora al percatarse de que el trabajo sobre los antioquefios le sirve como una ilustración de una teoría general del cambio social por lo que es bien conocido el economista norteamericano. Otro rasgo es la ausencia de una base empírica adecuada para hipótesis tan amplias y complejas. Utiliza sólo algunas de las fuentes secundarias existentes en la época (fines de los años cincuenta), y no acude a fuentes primarias (archivos, periódicos, etcétera), indispensables dado el contenido de sus hipótesis. Frente a esta insuficiencia y fragilidad de información histórica, económica y social no sólo a nivel nacional, sino regional, antioquefio, Hagen acude a sus "impresiones" y conversaciones que van desde aquellas con conductores de taxi hasta otras �36 Siglo XIX Dávila: El empresariado antioqueño (1760-1920) con empresarios. Un tercer rasgo es la imprecisión acerca del período histórico de que se está tratando, tan notoria al hablar de la deprivación del status, paro también presente al no localizar temporalmente los logros de la "personalidad creadora" antioqueña. En cuarto lugar, utiliza dos técnicas adicionales de recolección de información: el instrumento psicológico del TAT de Me Clelland aplicado a una muestra reducida en extremo de empresarios antioqueños y politicos payaneses (recuérdese de nuevo: información sobre dirigentes de 1957 para sustentar diferencias que sitúa cien años atrás). Y el análisis del directorio telefónico para mirar el ancestro vasco, técnica de dudosa validez. En quinto término, se mueve en un marco comparativo, interregional. La dificultad radica en tres puntos: oor un lado, ante la ausencia de datos, Hagen fuerza y extrema la diferencia en algunos de los aspectos que está comprando. Tampoco se acoge plenamente a la necesidad -dentro del método comparativo- de identificar no sólo diferencias sino también semejanzas. Igualmente es muy desigual la información entre regiones: si bien es insuficiente para Antioquia, lo es aún mucho más para Cundinamarca, Valle y Popayán (de paso; ¿son homogéneas entre sí estas tres regiones?) las otras tres regiones que contrasta con Antioquia. Finalmente, no hay consistencia en cuanto a la unidad de análisis empleada. Está clara la pertinencia del análisis interregional. Más la dificultad radica en que en partes del libro toma como foco del análisis a los empresarios antioqueños y en otras al "pueblo antioqueño", cual si no existiese una estructura social y grupos sociales diferentes. 37 lleva al economicismo; los psicológicos que conducen al psicologismo; los sociológicos que terminan en el sociologismo, parece más prudente mirar la interrelación entre ellos dentro de una localización temporal, espacial y temática dada. La última está determinada por la especialidad e intereses del investigador. La relativa autonomía de lo económico, o de lo sociológico o de lo psicológico no radica en despreciar el otro conjunto de factores, sino en examinar lo económico, lo psicológico, lo sociológico en su dinámica y manifestaciones; en cuanto no se expliquen por el conjunto de factores de su mismo tipo ha de acudirse a buscar sus interrelaciones con los otros factores. Así, deben buscarse las bases materiales en que se sustentan los valores y se desarrolla la psicología de un grupo social y regional dado; esos valores y psicología han de mirarse además en su misma dinámica y esta estructura interna -valorativa y psicológica- no puede eludirse bajo la simple presunción de que "está determinada por factores económicos". Las instituciones sociales y los grupos sociales habrán de mirarse por su comportamiento, su estructura y relaciones y su poder relativo; uno y otros deben relacionarse con la base económica en que se asientan. En el caso concreto de este estudio, el empresariado habrá de concebirse como un grupo social, cuya evolución y dinámica está íntimamente atada a su función económica dentro de una sociedad determinada: la antioqueña en este caso. Los factores económicos: acumulación, mercado, comercio exterior y mano de obra, etcétera, no pueden concebirse simplemente como variables susceptibles de medición y manejo dentro de un modelo, sino que deben mirarse en el marco de las relaciones sociales que envuelven. 1) Necesidad de investigación empírica, en fuentes primarias y secundarias, reducida a períodos históricos menos extensos y centrada en aspectos temáticos menos amplios. 3) La refutación de la explicación psicologista sobre el empresariado, no niega la existencia de éste, ni su papel en el crecimiento económico. Simplemente apunta a que estudiado en un período o espacio determinados, el empresariado -sus orígenes, caracterización, sus valores, dinámica interna, etcétera- ha de encuadrarse y relacionarse con los factores económicos: dotación de recursos, mano de obra, tecnología, mercado; y con los factores sociales: estructura social y poder. El empresariado aparece entonces no como determinado por factores psicológicos (lo cual no implica desdeñar que los empresarios tengan rasgos psicológicos y una determinada estructura de valores). sino como un agente social en el proceso de crecimiento económico. 2) Consideración del fenómeno a explicar -el crecimiento económico- como la resultante de una urdimbre de factores interrelacionados, en vez de optar por la causa única. Antes que postular una sobre-determinación de un conjunto de ellos: de los económicos que 4) Necesidad de un enfoque integrado u holista, en el cual la fijación de un objeto de estudio más afín disciplinariamente a un conjunto de factores (ya sean económicos, sociales, psicológicos o politicos), no lleve aparejado el olvido de su interrelación con los demás factores. De estas anotaciones de teoría y método surgen algunas implicaciones para el estudio del empresariado en general, y de los empresarios antioqueños en particular. Pueden sintetizarse así: �38 Siglo XIX La superación de varios de los problemas encontrados en el psicologismo de la teoría de la deprivación del estatus y contribuciones muy significativas para un estudio más plausible del empresariado en Antioquia, se encuentran en los trabajos numerosos de varios historiadores que han avanzado significativamente el conocimiento sobre el tema. Varios de estos se tratan en el resto de este capítulo. EL EMPRESARIADO ANTIOQUEÑO: DE LA TRANSFERENCIA MECANICA DE TEORIAS AL ESTUDIO HISTORICO DEL FENOMENO Las dos teorías hasta ahora analizadas en este capítulo: la deprivación del estatus (Hagen) y la voluntad de emprender el desarrollo (Me Greevey) acusan problemas teóricos, de método y de sustentación empírica muy graves que llevan a descartarlas como explicaciones del crecimiento económico de Antioquia. Una y otra están permeadas de determinismo psicológico que configura una excesiva simplificación de la realidad que buscan estudiar. Los argumentos para sustentar esta conclusión no van a repetirse. Son muy variados y contundentes, como se colige del análisis adelantado en la primera sección de este capítulo basados en el copioso debate que originaron y en las apreciaciones del presente autor. Ante este balance surgen varios interrogantes: si estos dos enfoques que dan relieve al papel del empresariado han sido refutados contundentemente, ¿implica ello que el empresariado no sea un factor importante para comprender el crecimiento económico? En otras palabras, si se descartan las explicaciones voluntarista y de la deprivación de estatus, ¿debe descartarse al empresariado como uno de los factores que inciden en el proceso de desarrollo? ¿Existen otros enfoques que pueden dar buena cuenta del empresariado y su papel en el crecimiento económico? Estos interrogantes tienen relación directa con el problema del trasplante mecánico de teorías y esquemas conceptualanalíticos a las realidades que la investigación pretende estudiar. Dávila: El empresariado antioqueño (1760-1920) 39 dos. Y muestra que un acercamiento metodológico basado en la ínvestigación empírica rigurosa, como forma de estudiar la realidad y de aplicar en ella los modelos teóricos, es una condición sine qua non para la labor del sociólogo, del economista y del historiador, del psicólogo o del antropólogo. Los métodos específicos de uno y otro tienen diferencias: y aún más el armazón teórico-analítico que manejan miembros de una misma disciplina no es el mismo ni produce los mismos resultados. Estas son verdades muy elementales en las ciencias sociales, pero a menudo se olvidan, como lo ilustra el presente capítulo. El empresariado no queda descartado como factor que incide en el crecimiento económico. Historiadores y economistas que pertenecen a bien diferentes corrientes teóricas, y a variadas nacionalidades, han hecho valiosos aportes al estudio del empresariado antioqueño. Varios de ellos, bien vale la pena destacarlo, fueron acicateados por las fallas que encontraron en los modelos de Hagen y Me Greevey. Además de los elementos empíricos del método y teorías que dejaron sus críticas a esos dos trabajos, expuestas en detalle en el presente capítulo, estudiaron importantes aspectos del empresariado paisa. A algunos de ellos se refiere el resto de este trabajo. Los orígenes del empresariado antioqueño Todos los estudiosos de Antioquia coinciden en señalar su notable actividad económica dentro del cuadro de pobreza y estancamiento de Colombia hasta comienzos del presente siglo. Así mismo están de acuerdo en destacar unos patrones de acción y de pensamiento peculiares, indistintamente llamados "espíritu empresarial", "actitud empresarial", "sobresaliente actividad empresarial", "personalidad creadora", "innovación económica", "ética protestante de los antioqueños", "agudeza para los negocios", "los antioqueños: los yanquies de América del Sur", "recursos· empresariales", etcétera. El problema no radica en que ellas hayan sido elaboradas en el exterior y que quienes las hayan intentado aplicar -Hagen y Me Greevey- sean de nacionalidad norteamericana, si bien ello es un índice de la debilidad estructural de la actividad científica en un país latinoamericano. Las críticas se mantendrían si los autores de estos trabajos tuviesen apellidos criollos, antioqueños de pura cepa si se quiere. Hay desacuerdo, por el contrario, acerca de las causas de esos patrones de acción y pensamiento del empresariado antioqueño 7 • Y en la identificación del momento histórico en que aparecen las manifestaciones de ese empresariado. Mientras algunos lo sitúan en el siglo XVIII (López Toro, Parsons, Ospina Vásquez y Twínam), otros lo colocan en la primera mitad del siglo XIX (Safford y Brew). Hacia 1850 es la epoca señalada por otro autor (Hagen), mientras que el período 1890-1915 ha sido también propuesto (Me Greevey). La evolución creciente -y muy reciente- del conocimiento sobre Antioquia ofrece respuestas muy positivas a los interrogantes plantea- En balance, parece plausible situar la formación del empresariado paisa en la segunda mitad del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX. �40 Siglo XIX Dávila: El empresariado antioqueño (1760-1920) Como lo muestra Twinam (1976) 8, el siglo XVIII fue escenario de importantes cambios en los diferentes sectores (minería, agricultura y comercio) de la economía antioqueña y se constituyó en ... el período formativo para el desarrollo de una distintiva actitud antioqueña hacia el uso del capital que condujo a la notable actividad empresarial de los siglos XIX y XX ... (Twinam, 1976: 338. Traducción del autor). Los cambios en la economía antioqueña del siglo XVIII tuvieron lugar al final del período Borbón, entre los años 1760 y 1810, el período al que se circunscribe el estudio aludido. En ese período formativo del empresariado paisa jugó un papel decisivo la economía minera del oro. La minería antioqueña y el empresariado La actividad minera aurífera en Antioquia se remonta a los comienzos de la Colonia, habiéndose desarrollado alrededor de ésta una serie de poblaciones como Santa Fe de Antioquia, Santiago de Arma, Cácerez, Zaragoza y Remedios. Hasta mediados del siglo XVII la búsqueda de oro se localizó en un número reducido de minas de alta productividad, con tierras vecinas a las labores agrícolas y con un claro atractivo para el establecimiento de las actividades comerciales (López Toro, 1969: 11). Fuera de estos centros, asentados unos en torno a yacimientos (minería de veta) y otros a la minería de aluvión en ríos como el Cauca y el Nechí, la población era muy escasa, "exigua" en las pocas reservas indígenas (López Toro, 1970: 11). La población total de Antioquia no sobrepasaba los 25 000 habitantes, hacia 1650, época a partir de la cual se presentan dos grupos diferentes para la explotación minera. Uno de ellos es el de los mineros autónomos ("barequeros", "mazamorreros", "zambullidores", "guaqueros"); son núcleos de nómadas ... cuyas actividades sustituyen gradualmente el trabajo de las primeras grandes minas, abandonadas a causa de las dificultades de una tecnología inapropiada para la explotación a largo plazo, de los pésimos climas y del consiguiente costo excesivo de reposición de las grandes cuadrillas de esclavos, en comparación con su rendimiento... (López Toro, 1970: 13-14). Estos mineros libres vienen a consolidarse a lo largo de la Colonia como un estrato social, movido en su actividad económica por las condiciones geográficas de un terreno quebrado pero atravesado por innumerables filones y aluviones auríferos; los mineros independientes ven- 4/ drían a constituirse en un elemento decisivq para que Antioquia fuera una "sociedad relativamente abierta en marcado contraste con otras regiones mineras de la Nueva Granada en donde sigue predominando la mediana o gran explotación, o en las zonas donde se arraiga el sistema agrario latifundista" (López Toro, 1970: 15). El segundo tipo de minería, es la minería organizada o empresarial. Esta enfrentó una serie de frenos a su desarrollo (salarios altos, tecnología muy rudimentaria, oferta inelástica de mano de obra) que afectaban su rendimiento económico, mientras que la "tasa secular de crecimiento del estrato autónomo era sustancialmente más elevada que la del estrato empresarial" (López Toro, 1970: 25). Hacia 1750 sólo un tercio de la producción aurífera provenía de la minería organizada; del total ocupado en población, 5/6 eran mazarnorreros libres (López Toro, 1970: 24). Para esos mismos años, la región estaba sumida en una profunda crisis económica, que originó las reformas del visitador Mon y Velarde. Socialmente, en la Antioquia colonial hubo mayor movilidad que en otras regiones colombianas. Aunque no debe olvidarse que los grandes mineros-comerciantes vendrían a conformar un grupo poderoso con grandes capitales a lo largo del siglo XIX, la estratificación social era menos rígida que en el Cauca o la Sabana. Bastaba tener suerte o dedicación en la búsqueda del oro o el comercio para ascender. La posición dentro de la pirámide social no estuvo ligada en Antioquia a los apellidos ni al mayorazgo territorial sino al éxito en la actividad económica... (Fajardo, s.f.: 50). La producción de oro en la Nueva Granada tuvo un papel muy importante, siendo casi el único producto de exportación, al punto que "a fines de la Colonia se calculaba el oro en más de 850Jo de las exportaciones del Nuevo Reino de Granada" (Safford, 1977: 96). La carencia de estimativos confiables sobre la producción de oro durante el siglo XVIII había sido hasta años muy recientes un obstáculo para aclarar puntos de vista opuestos sobre la economía antioqueña en ese período. La paciente investigación de Ann Twinam en los libros de registro de la fundición (sitio al que debía llevarse el oro para ser fundido tanto por los mineros como por los comerciantes, base sobre la cual se liquidaba el impuesto al quinto real), le permitió un cálculo para la producción año por año en el período 1670-1810 (fwinam, 1976: cuadro 1). Por el contrabando de artículos y de oro, así como otros métodos de evasión estas cifras subestiman la producción real, como Twinam tiene el cuidado de precisarlo: " .. .las sumas que los mineros �42 Siglo XIX llevaban a la fundición eran entonces unaaproximación cercana a sus utilidades más que a la producción real... Las sumas que los comerciantes llevaban a la fundición no representan su utilidad, sino el valor de su comercio de importación ... un aumento o una caída en la contribución de los comerciantes a la fundición suministra un indicador amplio de la cantidad de capital disponible para la población; y como este capital se originó en la minería, significa una medida aproximada del estado de la minería" (Twinam, 1976: 44-45). Las cifras muestran un resurgir notable de la minería después de 1750: entre 1750 y 1779 el promedio anual fue de 59 000 pesos de oro (frente a 22 000 pesos entre 1670 y 1749); de 1780 a 1810 ascendió a 236 000 pesos de oro. Es decir, la minería produjo 10 veces más capital en 1800 que en 1700 (Twinam, 1976: 45-46). Estos datos sirven para poner en duda la alegada pobreza y atraso de toda la sociedad antioqueña en el siglo XVIII y permiten calificar más ciudadosamente el impacto de las reformas del visitador Mon y Velarde (posteriores a 1786). Si bien pudieron contribuir a la segunda fase de aumento de la producción minera (1780-1810), el hecho es que la producción se había más que duplicado en el período de 30 años previa a su visita y reformas. El aumento de la población y el descubrimiento de nuevos distritos mineros contribuyeron a esta expansión. La contribución de la minería organizada (los "mineros" eran quienes tenían bajo su control una fuerza de trabajo -libre o esclavade 5 o más personas) y de los mazamorreros a la producción del período Borbón fue muy desigual: los mazamorreros contribuyeron 2/3 de la producción anual. La tecnología misma del 'oro corrido' implica que los mineros tuvieran continuamente que invertir y reinvertir su tiempo y su capital para obtener utilidades. Aunque los mineros podían acumular sumas para inversión posterior, ellos no hicieron suficientes utilidades como para cesar sus actividades mineras y gozar de ingresos acumulados (Twinam, 1976: 83-84). La referencia a estos aspectos de la minería en el período en cuestión se justifica, pues la expansión que se presentó en la producción minera tuvo efectos en otros sectores de la economía regional (comercio y agricultura) constituyó unas condiciones tales que en esos años se puede situar la formación del empresariado antioqueño. Esa es una de las conclusiones que se derivan de la tesis doctoral de Twinam (1976) acuciosamente respaldada en fuentes primarias que no habían sido utilizadas en estudios previos. Dávila: El empresariado antioqueño (1760-1920) 43 Tanto las oportunidades como las limitaciones de la economía colonial antioqueña influyeron decisivamente en la capacidad de acumulación de la élite regional, así como en la altísima diversificación del capital, las múltiples ocupaciones de la élite y la re-inversión continua de su capital. La capacidad de acumulación de la élite antioqueña fue superior a la de otras élites regionales; pero era "suficiente pero no demasiado" y no comparable con la de los mineros de Guanajuato o los comerciantes de Buenos Aires. Los riesgos y los retornos esporádicos de la minería, el comercio y la agricultura forzaron, entonces a los antioqueños, a usar el capital limitado que ellos poseían diversificándolo como colchón de seguridad contra la incertidumbre. Paradójicamente, el conservatismo y la prudencia llevó a los antioqueños a invertir en forma innovadora ganando así una temprana reputación como empresarios (Twinam, 1976: 341). Las realidades económicas movieron a los antioqueños a mantener capital fluido, disminuír los riesgos y reinvertir continuamente...... Hacia el fin del período Borbón, lo que había sido un 'modo de estar', es decir la adaptación a una realidad económica específica, se había transformado en un 'modo se ser', una forma de vida que trascendía las condiciones históricas que la habían creado... La continuación de su propia tradición 'conservadora' llevó a losantioqueños a brillar como mineros, comerciantes, colonizadores, banqueros, cultivadores de tabaco, constructores de ferrocarriles, productores de café y, finalmente, los industriales de Colombia. (Twinam, 1976: 344). Esta conclusión ¿cómo se confronta con lo que Twinam llama la "tendencia natural" de las sociedades mineras a "crear élites con algún potencial empresarial"? Comparando los casos de centros mineros como Popayán, Guanajuato (México) y Minas Gerais (Brasil), concluye que en dichos casos había otras alternativas para que los mineros y comerciantes ricos adquirieran estatus social: encomiendas y haciendas en Popayán y Guanajuato; en el caso de Minas Gerais los recursos mineros no fueron suficientes para sostener una "naciente élite empresarial". Pero en nuestro caso "los medellineses del siglo XVIII no tenían estas alternativas" (p. 286). Es por estas circunstancias objetivas que losantioqueños tuvieron que desarrollar habilidades empresariales. Otra conclusión importante apunta a la composición de la élite de Medellin. Basada en una minuciosa reconstrucción de datos para averiguar la conformación del Cabildo, las actividades económicas de sus miembros y una invaluable lista de estratificación de la élite basada �44 Siglo XIX en los ingresos mineros y comerciales, se muestra (Twinam, 1976: 225) que los miembros de la élite eran a la vez mineros de oro y comerciantes que dominaban el Cabildo de MedeUín y ocupaban las más altas posiciones dentro de éste. La minería de oro y el comercio estaban íntimamente interconectados pues la minería dependía del aprovisionamiento por parte de los comerciantes, y éstos a su vez requerían conocer el volumen de la producción de oro. Y constituían las actividades más prestigiosas y un pre-requisito para el poder político: " .. .la correlación entre riqueza y cargos políticos fue casi exacta. Con muy pocas excepciones, la élite política reflejaba la élite económica" (Twinam, 1976: 238). Debe señalarse la variedad de tópicos muy bien entretejidos que analiza en la élite medellinense: la élite económica y su interrelación con la élite política; la composición de la élite en cuanto raza, ilegitimidad de nacimiento, los peninsulares y las familias criollas. "La sociedad medellinense puso un alto valor al nacimiento legitimo, la pureza racial y la riqueza acumulada a través de la minería y el comercio" (Twinam, 1976: 279). En cuanto a las ocupaciones de varias generaciones de los miembros de la élite, vale destacar que ... La élite de Medellín, difirió substanciaJmente de las élites de Popayán o Guanajuato. En Medellín los hijos siguieron a sus padres en la minería y el comercio, continuando una tradición empresariaJ ... (Twinam, 1976: 278). El comercio en el período Borbón: vínculos inter-sectoriales y formación de/ empresariado En cuanto al comercio, en el trabajo de Twinam se examinan el volumen de las importaciones, su distribución entre los diferentes tipos de comerciantes y la habilidad de estos para "adquirir y manipular" capital. Las "guías" que se otorgaban a los comerciantes en las aduanas, los registros que los comerciantes llevaban al entregar a la Fundición una cantidad de oro igual al valor de los bienes importados, los registros mismos de la Fundición, así como los libros de cuentas de un importante comerciante de Medellín, sirven como fuente para determinar no sólo el monto de las importaciones sino para identificar la élite comercial. Twinam hace un rastreo sistemático y construye 46 series anuales de importaciones, utilizando fuentes inexplotadas hasta que la historiadora norteamericana realizó su estudio. Según estos datos el comercio de importación se quintuplicó en el Dávila: El empresariado antioqueño (176()./920) 45 período 1760-1810 y refleja las mismas fluctuaciones de la producción de oro. Así mismo aparecieron nuevos centros urbanos a medjda que la minería se desplazó de las tierras bajas de Santa Fe de Antioquia hacia las tierras altas de Rionegro y Medellin. Por ello fueron apareciendo aduanas en diferentes poblaciones. Hasta 1763 sólo existía la de Santa Fe de Antioquia, año en el cual se establecieron aduanas en Medellin y Rionegro, seguidas por las de Marinilla·(l791) y Santa Rosa (1795). Una de las reformas de Mon y Velarde se encaminó a crear un nuevo grupo -los rescatadores de plata- encargado de ir a los distritos mineros y dar a los mineros monedas de plata a cambio del oro en polvo. Con esto buscaba crear competencia a los comerciantes que actuaban como rescatadores de oro, quienes tenían un gran poder sobre los mineros y mazamorreros. "El valor del oro de los míneros y los mazamorreros variaba en proporción inversa a su necesidad por artículos" (Twinam, 1976: 103). Mon buscó crear un nuevo tipo de comerciantes domésticos, quienes no importarían los artículos directamente fuera de provincia, sino los comprarían al por mayor de los importadores de Medellin y Rionegro. Estos últimos apoyaron dicha reforma: podían todavía seguir teniendo comercio con míneros y mazamorreros; tendrían competidores en los nuevos mercados domésticos, pero a su vez estarían relevados de la obligación de llevar el valor de sus registros de mercadería en oro a la fundición (Twinam, 1976: 106-108). A los comerciantes les favorecía también porque al convertirse en mayoristas se expanderían sus volúmenes de importación. Una consecuencia inesperada de la reforma comercial fue la nueva dependencia que se creó: los comerciantes importadores vinieron a controlar a los mercaderes domésticos, pues dado que no había suficiente plata, los importadores -quienes sí viajaban fuera de la provincia- comenzaron a intercambiar oro en barra por monedas de plata, con una pingüe ganancia resultante de su sagacidad empresarial: los comerciantes hacían utilidades por dos lados: cuando intercambiaban oro en barras por monedas de plata y de nuevo cuando intercambiaban las monedas por oro en polvo. El efecto último de la reforma monetaria de Mon fue permitir a los comerciantes se'r banqueros y mayoristas y acumular utilidades adicionales (Twinam, 1976: 113: Nuestro subrayado). Twinam indentificó l 028 comerciantes importadores en toda la provincia para el período bajo consideración (1763-1810): 157 en Santa Fe de Antioquia, 411 en Rionegro y 385 en Medellín (Twinam, 1976: tabla 12: 129). Los clasifica en cinco grupos de acuerdo con el volu- �4ó Dávila: El empresariado antioqueño (176().J920) SigloXJX meo de sus importaciones: los del primer grupo, obtenían sus mercaderías en Honda o Nare; se dedicaban sólo de tiempo parcial a sus negocios de importación de muy baja escala, y se "especializaban" en la importación de cacao y textiles para uso personal (Twinam, 1976: 130-132). En contraste la élite comercial se refiere a los tres grupos mayores (registros superiores a 10 000 pesos de oro), que comerciaban con Bogotá, Cartagena, Popayán, y Quito. "Las élites comerciales de Santa Fe de Antioquia, Rionegro y Medellin jugaron diferentes roles dentro de sus respectivas áreas" {Tinam, 1976: 146), evidenciando gran diversidad. En el cuadro 1 que se ha preparado re-ordenando la valiosísima tabla que aporta Twinam (1976, ~abla 12: _129) se pu~de ver la difer~~cia entre el tamaño y el monto de 1mportac1ones reabzadas por las elites comerciales de las tres ciudades. Para entender más la actividad muy diversificada y multifacética de la élite de los comerciantes, el caso de un comerciante de Medellín (Mateo Molina) es muy expresivo: Molina no fue solamente transportador y vendedor de artículos y evaluador de polvo de oro. Además fue banquero, padre en ausencia, promotor, portador de correo y droguista ... estos deberes pueden considerarse como los equivalentes coloniales de la publicidad. Los clientes deben haber evaluado la disposición de diferentes comerciantes para identificarse con sus intereses, como un factor para decidir a quien darle sus negocios (Twinam, 1976: 158. El subrayado es nuestro). Pero ¿cuál era el volumen de las utilidades que obtenían los grandes comerciantes? Estas se veían afectadas por un sinnúmero de dificultades y limitaciones: grandes distancias y tribulaciones del transporte (canoa, mula), clima maligno, condiciones comerciales desventajosas frente a los mayoristas de Cartagena, dificultades para cobrar a los mineros, provisión a los rníneros no sólo de mercancía sino de préstamos y protección a sus farníliares mientras el minero estuviera ausente. A lo anterior se sumaba la restricción de ejercer su comercio dentro de los lírnítes provinciales. Estas dificultades fueron determinantes en la formación de una actitud y hábitos empresariales. Para ponerlo en términos comparativos, un comerciante porteño en una sola transacción en Buenos Aires ¡manejaba el equivalente a las importaciones de todo un año de un miembro de la élite comercial paisa! (un Francisco Campuzano, José María Montoya, José María Aranzazu o cualquiera de los 20 más grandes importadores identificados por la rnínuciosa investigadora norteamericana; Twinam, 1976, tabla 17: 162). 47 CUADRO 1 DISTRIBUCION DE GRUPOS COMERCIANTES, PROVINCIA DE ANTIOQUIA Y CIUDADES DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, RIONEGRO Y MEDELLIN (1763-1810) (*) Santa Fe Rionegro Medellín Comerciantes Importadores - Elite comercial (**) • Número de sus miembros • % del total de comerciantes importadores • Número de sus miembros con importaciones superiores a 100 000 pesos de oro - Valor de las Otros Total provincia 157 411 385 75 l 028 10 44 65. 7 (***) 126 (***) 6.3 10.7 16.8 9.3 12.3 l 4 o 2 7 ¡ Importaciones • Importaciones totales 742 791 2 434 233 2 431 429 363 460 5 971 913 • Importaciones de la élite comercial 427 299 l 748 115 l 746 008 223 446 4 144 868 • % importación élite comercial 57.5 71.8 71.8 61.5 69.4 (*) Basado en: Twinam, 1976, tabla 12: 129. Se ha reordenado la tabla (**) La élite corresponde a quienes importaron más de 10 000 pesos de oro (***) "El n~ero ' de comerciantes . en las categorías superiores a 50.00 pesos sumados por cmdades no concuerda con el total provincial. La disparidad ocurre porque,~gun?s comerciantes registraban sus artículos en más de una aduana local... (Twmarn, 1976, tabla 12: 129, nota -b-). �48 Siglo XIX Bajo tales circunstancias: ...el período Borbón condujo a una expansión significativa del volumen de la producción de oro y de las importaciones. Empero, ni una élite minera ni una comercial dominaron la producción de oro o el comercio dentro de la provincia. Los mineros organizados enfrentaron el riesgo de las restricciones de la minería de aluvión y no producían la mayoría de polvo de oro. El comercio fue igualmente riesgoso, ya que los comerciantes tenían que compartir mercados con los pequeños mercaderes y tenían que luchar para poder pagar sus deudas a los mayoristas del virreinato. La naturaleza misma y organiza. ción de los sectores comercial y minero llevó a una situación de "suficiente pero no demasiado". Los mineros organizados y los comerciantes importadores fueron capaces de acumular ciertas cantidades de capital, pero loS-riesgos y restricciones de prospectar y de importar los forzó a diversificar sus inversiones y a actuar en una forma empresarial (Twinam, 1976: 165). La agricultura en el periodo Borbón: el desequilibrio entre el sector minero y el agrícola La preferencia por el uso excesivo de la tierra (ganadería y técnicas de agricultura de quema); los límites naturales a su uso intensivo, a causa del sistema institucional de tenencia, originalmente de concesiones realengas fragmentadas luego por ventas, usurpaciones y herencias; las tendencias latifundistas y orientación hacia el intercambio comercial de la economía agrícola de Antioquia (López Toro, 1970: 30-33); la escasez de tierras fértiles y bajo rendimiento de la tierra, la escasez de mano de obra y el predominio de pequeñas explotaciones, son algunas de las características de la economía agrícola antioqueña. Esta entró en crisis a fines del período colonial y fue otro de los sectores que buscó mejorar el oidor Mon y Velarde con una "reforma agraria" para "restaurar el orden social, superar la crisis de altos precios y baja ocupación, estimular y diversificar la producción y amparar nuevas colonizaciones. La más extraordinaria de estas reformas consistió en conceder acceso libre y gratuito a extensiones limitadas de tierras para la fundación de pueblos y de colonias agrícolas en la vecindad de los centros mineros, sin respetar los derechos previos de los terratenientes" (López Toro, 1970: 34-35). Dávila: El empresariado antioqueño (1760-1920) 49 ...Después de todo, no se adminsitra una hacienda en la misma forma que se acomete una explotación minera, y la clase especial y el talento y actitudes que marcan el éxito en la última conlleva cierta incompatibilidad con los hábitos más sedentarios del granjero eficiente. En este tipo de inflexibilidad del factor empresarial podría encontrarse buena parte de las causas de la incapacidad de asignación eficiente de los recursos laborales y naturales entre minería y agricultura... (López Toro, 1970: 35. Nuestro subrayado). Twinam ha destacado la no existencia de un producto agrícola para exportación como un limitante adicional, destacando ... el poco incentivo existente para desarrollar un producto agrícola de exportación, cuando existía uno metálico tan eminentemente adecuado ... El valor de la tierra estaba deprimido al punto que la producción agrícola estaba reducida a unos límites locales en vez de interprovinciales... (Twinam, 1976: 171). Igualmente la no abundancia de mano de obra barata y las condiciones topográficas no permitieron el desarrollo del sistema de hacienda. La riqueza agrícola de Antioquia estaba en el Valle de Medellín; la historiadora norteamericana examina la distribución de tierra, concluyendo que la élite agrícola no dominaba la propiedad ni el uso de la tierra en dicho valle: " ... aquellos individuos que poseían un área sustancial en tierra, tendían a diversificarla en varios sitios en vez de concentrarla en uno" (Twinam, 1976: 186). Esa élite no podría monopolizar la producción agrícola a la cual contribuía una importante población de pequeños agricultores y en la cual estaba presente la dependencia del Concejo de Medellín (dominado por mineros y comerciantes) en la fijación de precios de los granos. Twinam ilustra algunos enfrentamientos entre los agricultores y la élite minero-comerciante. En este contexto examina las reformas de Mon y Velarde y el apoyo a sus políticas de distribución de tierras: " ... Aunque la mayoría de la élite antioqueña era propietaria de tierra, no veía la adquisición de más tierras como algo necesario para el mantenimiento de su prestigio o de su bienestar económico" (Twinam, 1976: 204). Esto se sustenta en un censo de tierras realizado en 1787 al que acude Twinam. Para examinar la capacidad de acumulación de la élite agrícola tiene que acudir a "descripciones generales en vez de datos estadísticos". La colonización como campo de acción empresarial El desequilibrio entre el sector minero y el agrícola tiene un componente relacionado con la actividad empresarial. El desaparecido investigador antioqueño Alvaro López Toro lo manifiesta muy gfaficamente: Hay otra actividad de importancia en el desarrollo de Antioquia y en la conformación de su empresariado, en particular en la segunda mitad del siglo XIX: la colonización antioqueña en el occidente colom- �50 Siglo XIX biano. El primero en estudiarla detenidamente fue el geógrafo norteamericano James Parsons (1950) cuyo trabajo va mucho más allá de los aspectos geográficos para cubrir aspectos económicos y sociales y ha significado un trabajo clásico de obligada referencia. A medida que ha aumentado el estudio sobre Antioquia, en buena parte estimulado por el trabajo pionero de Parsons, algunos de sus planteamientos han sido cuestionados. Es importante precisar una afirmación de Parsons, porque hace también referencia a algunos rasgos de lo que se ha llamado el "espíritu empresarial" de los antioqueños. Dice Parsons: En Antioquia los derechos mineros tuvieron siempre precedencia sobre los derechos agrícolas ......El concepto de riqueza, entonces, no estaba vinculado a determinados pueblos y al suelo, sino más bien al trabajo duro y a la iniciativa... este caso rarísimo de una sociedad democrática de pequeños propietarios en un continente dominado por un latifundismo latino tradicional ... (Parsons, 1950: 105-106. Citado por López Toro, 1970: 87-88). López Toro fue uno de los primeros en contraponer a esta imagen algo ideal la más compleja de los tres tipos diferentes de colonización antioqueña durante el siglo XIX: concesiones realengas, colonizaciones capitalistas y baldíos. Dávila: El empresariado antioqueño (1760-1920) 51 dad empresarial de particular interés, que significó un área más de diversificación: la compra y parcelación de tierras. Los especuladores paisas de bonos tuvieron una "conducta peculiar" y en contraste con sus colegas de otras partes de Colombia "movilizaron sus recursos con una mentalidad ávida de lucros fmancieros tangibles y de pronta recuperación del propio capital. Esta motivación capitalista, en armonía con el espíritu comerciante vernáculo de Antioquia, predominó sobre otras consideraciones de prestigio social, influencia política y simple acumulación de propiedad raíz" (López Toro, 1970: 41. El subrayado es nuestro). Este tipo de colonización está ilustrada en el trabajo del inglés Keith Christie (1974) sobre la oligarquía del Viejo Caldas. Christie contradice la idea comunmente aceptada de Caldas como una sociedad igualitaria de minifundistas, cuyos orígenes ha sido convencional atribuír a una tradición de colonizadores-fundadores y campesinos de origen humilde. Los aspectos negativos de la colonización son también evaluados por López Toro (1969: 61): desigualdad social en los beneficios a los emigrantes; las convulsiones políticas dentro de las cuales operaba el movimiento colonizador; predominio de agricultura de subsistencia y destrucción de recursos forestales. La colonización capitalista fue adelantada por un grupo de "buenas familias" de Antioquia Central ("un grupo económicamente modesto pero socialmente orgulloso, un patriarcado rural ... ", Christie, 1974: 25), que tuvo los medios para organizar caravanas de colonizadores, peones, mulas y ganado. Más tarde, en la colonización del sur de Caldas, jugó un papel importante una empresa capitalista que vendía tierr~ para c~lonización (la Empresa Burila). A este respecto la reclamación que hizo la Empresa de una enorme extensión de 200 000 fanegadas (desde la mitad sur del Quindío hasta el norte del Valle del Cauca) tuvo un "efecto equívoco". Por un lado, sus ingresos fueron a fort3:1ecer a ~os mayores accionistas de la Empresa Burila, oligarcas de Cali_ Y Ma~es. Pero a su vez en medio de serios conflictos y reclamaciones de tierras entre los colonos y vecinos frente a la Empresa "1:fl~_cha de esta tierra se filtró del control de estas pocas familias y per~ rmt10 a m~chas otras establ~erse en fincas de tamaño medio ... A pesar de Burila y de muchos rmembros de la oligarquía que se movieron hacia la región, ... ésta ofreció gran oportunidad a muchos de los pobres" (Brew, I 974: 56-57). Este tipo de colonización tenía antecedentes en otra poderosa compañía que también se basaba en la venta de tierras cuyo origen estaba en concesiones reales: la empresa González Sal~ YC'_1ª:• un_a " ... empresa exitosa de venta de tierras ... (en la cual)' familias oligarqmcas de Medellin como los Mejías, los Gutiérrez y los Aranzazu se lucraron grandemente". (Christie, 1974: 23). La colonización que López Toro llama capitalista fue una activi- En la fundación de numerosos pueblos se muestran los diferentes Los logros de la colonización hasta 1880 fueron: superar el estrangulamiento de la producción agropecuaria; aumentar el nivel de vida y las oportunidades de trabajo para una capa social necesitada; desarrollar una "población más numerosa, menos estratificada socialmente y con mejores condiciones de movilidad ocupacional y terriorial" (López Toro, 1970: 61). Además contribuyó a la diversificación de la actividad empresarial del grupo de los comerciantes: las empresas especulativas en concesiones de tierras, la ampliación de los mercados de artículos de importación, la experiencia política en cuanto al fomento de una nueva orientación agraria, etc., fueron todos factores que contribuyeron a ampliar el horizonte de acción de este influyente grupo y arraigar en él una tradición empresarial cuyos frutos se multiplicarian al iniciarse posteriormente la gran corriente · de industrialización (López Toro, 1970: 61. Nuestro subrayado). �52 SigloXIX tipos de colonización, ilustrándose un mayor control oligárquico en el norte de Caldas que en el sur. Si biten este es un distintivo en Manizales (ciudad que a su vez dominó la vida regional por largo tiempo), Christie muestra cómo en el caso de Pereira, usualmente descrita como el fruto de colonos paupérrimos, una familia (los hermanos Marulanda) jugó un rol dominante. Como empresarios multifacéticos estuvieron envueltos en negocios de tierras, ganadería, construcción, fincas de raíz urbana, préstamos a individuos y acuerdos de cosechas. Más tarde se asociaron con un pariente, rico propietario de tierras en el Qundío, diversificándose aún más hacia la explotación extensiva de pastos, minas de sal y oro y propiedades urbanas en pueblos quindianos. Ese poder ha continuado: " ...a causa de que muchos descendientes de los Marulanda se casaron con miembros de otras acaudaladas familias, subsiste hasta hoy en día una fuerte linea de continuidad entre el poder socioeconómico y la familia Marulanda" (Christie, 1974: 50). En síntesis, la colonización fue en parte un nuevo y fructífero campo de acción para el empresariado paisa después de 1850. A través de ella se afirmaron las características de diversificación, especulación, innovación, toma de riesgos, sagacidad y trabajo duro del empresariado antioqueño. Del empresariado minero y comercial al industrial Queda demostrado hasta ahora que el empresariado antioqueño surgió en el período entre 1760 y 1810 de la expansión a la vez que de las limitaciones de la minería de oro y el comercio. En ese período inicial, la exitosa actividad empresarial de la diversificada élite minera y comercial, estuvo confinada al escenario regional de la provincia de Antioquia. Las evidencias que sustentan esta afirmación son las ya comentadas de Ann Twinam, cuyo rigor y creatividad en el manejo de fuentes primarias secularmente olvidadas otorgan validez a sus conclusiones. Otro riguroso historiador, el británico Roger Brew, terminó dos años antes que Twinarn, en 1974, su tesis doctoral, también un documentado y valioso estudio del desarrollo económico antioqueño, que cubre desde la independencia hasta 1920. Hay una divergencia que nos parece resuelta a favor de Twinam. A diferencia de ésta, Brew -cuyo estudio justamente comienza donde termina el período cubierto por Twinam -sostiene que "la élite empresarial que dirigió la industrialización en el siglo XX surgió en el período entre 1820 y 1880 de una clase de hombre humilde y desconocido", Dávila: El empresariado antioqueño (1760-1920) 53 j (Brew, 1977: 35). En una nota de pie de página, Brew precisa que 1790 podría ser una fecha factible para "fijar el comienzo del surgimiento de los mercaderes antioqueños... Pero apenas en la década de 1820 se pueden empezar a establecer vínculos familiares ininterrumpidos entre los comerciantes de Medellín, de imoortancia muy reciente, y los empresarios de principios del siglo XX" (Brew, 1977: 35, nota de pie de página No. 1). La minería, agricultura, café, ganadería, el crédito y la colonización, son los sectores económicos que estudia Brew para el período 1820-1920. Su propósito es explicar el surgimiento de la industrialización en Antioquia. Este es un propósito diferente, estrictamente hablando, de explicar el surgimiento del empresariado. Pero uno y otro están relacionados y a lo largo de su libro se encuentran copiosos elementos para comprender la evolución de la actividad empresarial durante el siglo XIX. Brew parte del supuesto que hay que reconocer " ...el peligro de buscar explicaciones simples para los procesos históricos ... " (Brew, 1977: 23). Así examina cuatro condiciones fundamentales para el surgimiento de la industrialización en Antioquia: espíritu empresarial, financiamiento, adaptación a la nueva teconología y mercado de trabajo. Para cada una de estas condiciones, estudia un conjunto de variables mediante la "observación cuidadosa" de los hechos históricos. Las numerosas variables estudiadas'' ...reflejan quizá el deseo del autor de no dejarse guiar demasiado por juicios y teorías preconcebidas en la selección del material" (Brew, 1977: 415). Una conclusión central es que en la industrialización de Antioquia jugó un papel crucial la economía minera de la región. Le dio un impulso inicial y creó patrones conducentes a que la industrialización no fuera un "paso brusco e inesperado dado por extranjeros o por antioqueños impulsados súbitamente por el auge de las exportaciones" (Brew, 1977: 408). La economía cafetera, en creciente expansión después de 1890 '' ...aceleró muchísimo los procesos iniciados por aquella (la minera)" (Brew, 1977: 133), dando un impulso definitivo pero no inicial a esa industrialización "local y autóctona". Impulso que se concretó en la expansión del mercado de bienes de consumo no sólo "entre los propios cultivadores, sino en toda la infraestructura que se creó en Medellin y otros centros más pequeños en la última décadá del siglo XIX par~ la exp?rt~ción y elaboración del grano" (Brew, 1977: 295); los cambios cualitativos en los patrones de consumo (por ejemplo, gaseosas, cerveza y cigarrillos desplazando artículos autóctonos); el trabajo de la mujer y los niños en las épocas de cosecha o su desplaza- �54 Siglo XIX miento a casas de elaboración y empaque del grano en Mede~; el estímulo a los inversionistas; impulso a la industria de la fu~di~tón Y de equipo para procesamiento del grano _(des~ulpadoras, prmc1palmente) Por otra parte, a pesar de que Ant1oqwa no fue un centro art~~nai de la importancia de Santander, existieron durante el predo~o de la economía minera manufacturas artesanales y domésticas ?º solo en Medellín sino en la provincia. Y " ... debe recono~rse_un~}m~ de continuidad entre la manufactura artesanal, la orgaruzac1ón seoufabril" y finalmente el establecimiento de la fábrica moderna" (Brew, 1977: 328). 1 1 El empresariado recibe un tratamiento central Y_ muy cuidado~o en este trabajo, logrando conclusiones de !111portanc1a. La economta minera'' ... creó las condiciones para el surguruento de una clase de empresarios con las tradicionales virtudes capitalistas tan marcadél;S q~e aún hoy parecen sacadas de un texto sobre e! desarrollo ~el capitalismo" (Brew, 1977: 407). El espíritu empresanal de los ant1oqueñ?s no surgió únicamente en esa clase empresar!al sino en ~f~rentes ruveles sociales. y fue el resultado de las oporturudades ~onom1cas que se derivaban de los recursos naturales, el oro en particular. Este, Yen menor volumen la plata, constituyó la ú~ca exportación per~anente de Colombia y de Antioquia durante el siglo XIX hasta que los cafeteros pudieran aprovechar la constru~ión del_ferro~ril" (Brew, 197~: 129). La minería implicaba grandes nesgos (1~ce_rt1dumbre de la cont_1nuidad de la riqueza de las minas; desconoc1m1~nto de la, tecnologia avanzada· dificultades de abastecimiento de los mmeros, etcetera). Pero era grand~ el interés de los comerc_ian!es en el oro ~m~ b~se para negociar con otras regiones por la liqmdez que daba, as1m1~mo, desde la época colonial a los comerciantes les interesaban los v~c~los con la explotación del oro en el comercio alrededor del _abast~~1ouento d_e los mineros. Dentro de un panorama de muy escasa mvers10n en_ la~nería, después de la Independencia los comerciantes mostraron m~eres como inversionistas en minas de veta. Brew toma algu1:1os casos ilustrativos de comerciantes que inviertieron en grandes mmas; defme_ la élite de Medellín para mediados de siglo como las 200 personas de mgresos más altos (basado en el catastro de la junta calificadora d~ Medellín en 1853), indicando que estaba compuesta por." .. -~omerc1a~tes que vendían mercancía extranjera, ~~os p~cos prop1eta~os de mm_as y los miembros jóvenes de esas familias.:. (Brew_, 1977. 89). _Prec1_sa que "muy pocos de los mineros po~res e !~dep~ndientes_se ennq,~ec1eron sin haber sido también comerciantes . Indica también q~e ..~en la segunda mitad del siglo XIX, los hombres de empresa ant1oquenos fueron los comerciantes de Medellin ... " (Brew, 1977: 39). Dávila: El empresariado antioqueño (1760-1920) 55 Algunos rasgos de esta élite empresarial son: 1) Ejemplifican una muy alta movilidad social, canalizada a través del comercio. 2) El comercio local antioqueño caracterizado por la fragmentación del mercado y las grandes fluctuaciones de los precios sirvió de escuela y entrenamiento a las habilidades comerciales de los antioqueños. 3) Siendo diferentes los minoristas provinciales de los mayoristas de Medellín, sin embargo la facilidad de crédito para el comercio permitía el tránsito de minorista hacia mayorista, aunque esta situación cambió a mediados del siglo. 4) Sus valores culturales son los de un "puritanismo" (no protestante sino católico): dedicación al trabajo, frugalidad, y la "mezcla paradójica de respeto a las costumbres patriarcales y al individualismo" (Brew, 1977: 59). 5) Hay numerosos casos de familias (en vez de individuos) de la élite de notable y diversificada actividad empresarial anterior al café: mayoristas de importación y exportación Ouego exportación de café) que antes se habían dedicado al comercio local al detal; minería; terratenientes; los "nuevos" terratenientes que después de la Independencia obtuvieron grandes extensiones de tierra, a bajo precio, en pago por préstamos hechos al gobierno y que estaban interesados en explotarla; finanzas: buena parte de los bancos creados en el siglo XIX fueron familiares; las compañías por acciones estaban dominadas por socios emparentados; financiación y control de la colonización; manufactura; transporte. Como indica Brew: " .. .la familia podría recurrir a las reservas de capital y de conocimientos técnicos de todos sus miembros, quienes consideraban que la confianza mutua y la multiplicidad de actividades significaban la seguridad a largo plazo para todos" (Brew, 1977: 112). 6) En las actividades de mayor riesgo (comercio, minería, banca y manufacturas) imperaron las compañías familiares; mientras que en la especulación de tierras se asociaban "unas pocas familias relacionadas" (Brew, 1977: 113, nota de pie de página, No. 56). 7) Esta élite empresarial tenía una "mentalidad progresista", abierta, reflejada en la colonización hacia el sur en la cual fue " .. .la aliada natural de los colonizadores contra los obstáculos que a estos pusieron los herederos de los donatarios coloniales . .. " (Brew, 1977: 168). �56 Siglo XIX 8) La innovación que exhibió la élite (pero asimismo otros sectores) se reflejó no sólo en la adopción y adaptación de nuevas tecnologías (especialmente en la minería), sino que tuvo múltiples manifestaciones, por ejemplo: el apoyo a la educación técnica (escuela de Arte y Oficios de Medellín, desde 1864), una marcada habilidad de los ingenieros paisas de " ...aprender experimentando y de improvisar soluciones rápidas para problemas específicos" (Brew, 1977: 377), introducción de nuevas variedades de pastos y razas en la ganadería, difusión de innovaciones haciendo giras por la provincia (por ejemplo, para difundir nuevos métodos de cultivo y explotación del tabaco, Brew, 1977: 261 y para demostrar maquinaria textil). 9) Mantenía contactos no sólo con otras regiones de Colombia sino también del exterior. 10) La existencia de alicientes económicos determinó que los empresarios paisas se interesaran diferencialmente por el cultivo de la tierra: interés en el caso del café, antes en el tabaco; pero no en productos alimenticios; sí en la ganadería (Brew, 1977: 226). 11) Las ferias ganaderas constituyeron otra escuela empresarial. 12) La acumulación de capital está intimamente ligada a la "aparición del grupo de familias de empresarios". Acerca de su relación con la industrialización, el autor no es claro al sostener que la importancia de la acumulación real disminuye a lo largo del siglo XIX: la industria no requirió mucho de capital; fue selectiva, hubo una gran inflación y especulación entre 1899-1904, el café se desarrolló sin mucho capital previamente acumulado. Sugiere que el capital necesario para la industria fue acumulado en forma " ... más súbita y mucho menos gradual" (Brew, 1977: 86). 13) Los comerciantes antioqueños, como los de Cundinamarca, iniciaron el cultivo del café para exportación. Hacia 1880 éste era reducido en Antioquia si se comparaba con el de Cundinamarca y Santander. Pero ésto no fue .. .por falta de iniciativa de los comerciantes, sino debido al costo del transporte del producto hasta el río Magdalena ... En la década de 1870 José María Jaramillo Zapata -quien había sembrado dos mil cafetos en tierras inapropiadas cerca de Río negro-... y las familias Ospina y Vásquez fueron los convencidos más entusiastas de las posibilidades económicas del café en Antioquia, y los partidarios más vehementes de la construcción del ferrocarril... (Brew, 1977: 271-272). Dávila: El empresariado antioqueño (1760-1920) 57 El papel de las familias en la actividad empresarial y la diversificación de intereses económicos de las más poderosas familias, vino a reforzarse con el café. Un ejemplo es el de las ya nombradas familias Ospina y Vásquez: dos de sus miembros, Mariano Ospina Rodríguez y su cuñado Eduardo Vásquez, que habían conocido la técnica de la industria cafetera en Guatemala, establecieron las haciendas cafeteras más grandes de la región. En 1883 inmportaron despulpadoras modernas y trilladoras. El poder de estos empresarios era muy grande: La sociedad anónima establecida alrededor de 1890 por los hijos de Mariano Ospina, con el nombre de "Ospina Hermanos" además de los intereses en minería y la metalurgia, tenía seis grandes haciendas a lo largo del Alto Cauca Medio. En 1926, las familias Ospina y Vásquez todavía tenían seis fincas en Fredonia y otras en diferentes sitios, con un total de 838 000 cafetos, siendo muy posiblemente los mayores productores de café en Antioquia (Brew, 1977: 279, nota de pie de página No. 139). La historia social, económica y política del café no la hizo Brew, pero sí el historiador colombiano Marco Palacios (1979) uno de cuyos mayores aportes lo constituye el estudio minucioso de grandes haciendas cafeteras no sólo en Antioquia sino también en Cundinamarca. Y, justamente, basa parte de su trabajo en el archivo Ospina de la mencionada familia. A la diversificación de sus actividades previa al cultivo del café, debe añadirse que la integración de las diferentes fases del complejo negocio cafetero hizo que ellos como otros . .. empresarios antioqueños, concluyeron que su debilidad residia en su carácter de intermediarios. En el segundo decenio del siglo, las empresas más pudientes decidieron abrir negocios, directamente en New York como importadores y comisionistas. En 1913, Vásquez & Correa, anuncia a los comisionistas de New York este proyecto, para recibir a vuelta de correo la respuesta de que les serían retirados todos los créditos... En vista de esta situación ... los capitales tuvieron que conseguirse en Colombia ... (Palacios, 1979: 231-232) . 14) Tanto familias liberales como conservadoras se destacaron empresarialmente, generándose poco conflicto político a diferencia de otras regiones del país. Y esa élite empresarial que " ... no cerró las puertas a gente nueva, ni siquiera después de que se vio bien establecida en el mundo social y económico... indudablemente constituyó un núcleo de inmenso prestigio y poder" (Brew, 1977: 407). �58 Siglo XIX 15) La figura del empresario industrial no existía en el sistema artesanal; aparece con el sistema semi-fabril, en el cual se dan estratos: "Este capitalista dirigía él mismo el negocio, o conseguía un administrador más capacitado técnicamente y a las órdenes del administrador estaban los obreros, que se dividían en calificados y no calificados" (Brew, 1977: 336). Fuera de las mencionadas conclusiones sobre el papel de la minería y el café en la industrialización antioqueña y de aquellas relacionadas con la élite nos parece importante señalar que abundan otras sólidamente respaldadas en los hechos históricos muy bien ensamblados en los diversos capítulos. Y que constituyen un aporte pionero en varios sentidos: uno en cuanto su amplia cobertura (una historia económica y social de Antioquia en el siglo XIX). En segundo término, están muy bien integradas, permitiendo ver la interrelación entre las diversas actividades económicas. El hilo conductor entre ellas nos parece que en muy buena parte es la élite empresarial. En tercer lugar, si se miran aisladamente algunos capítulos (por ejemplo los dos centrados en la industria manufacturera) se encuentran datos históricos que no eran conocidos o permanecían dispersos y fragmentados en numerosas, y a menudo desconocidas, fuentes históricas. Entre las conclusiones sobre otros temas están aquellas sobre la mano de obra: sus orígenes y transición del trabajo agrícola al manufacturero; el crédito en las diferentes actividades; el cambio técnico· la colonización; la enseñanza técnica; la relación (para varias ramas) entre artesania e industria, precisando las diferencias entre varios tipos de artesanías; formación de la industria textil (en mayor profundidad que otras); el desarrollo de la agricultura con énfasis en los éxitos y fracasos de la agricultura comercial (en una serie de productos que se estudian uno por uno), incluyendo los orientados hacia la exportación (tabaco, quina); el desarrollo de la ganadería. Algunos puntos quedan sin dilucidar por Brew: 1) parece exagerada (y no se estudia) la apreciación de Brew sobre una "verdadera oposición a la industrialización capitalista" en "algunas partes" del centro y norte de Colombia; 2) es más sistemática y exhaustiva la identificación de la élite a través de la metodología utilizada por Twinam para la élite de un período previo (1780-1810) (uso de registros comerciales Y de la Fundición), que la hecha por Brew; 3) es indiferenciado en Brew el uso de los términos "élite empresarial", "clase empresarial", "burguesía", "capitalistas"; estrictamente hablando, éstos no son términos intercambiables; 4) La afirmación de la existencia de unos valores culturales ("puritanismo católico") también entre los trabajadores pa- Dávila: El emprcsariado antioqueño (1760-1920) 59 rece algo forzada como factor explicativo de que la mano de obra no fuera "recalcitrante" (Brew, 1977: 61) y constituyera un "factor positivo para la productividad y las buenas relaciones industriales" (Brew, 1977: 60). Este tema del trabajador industrial de fines del siglo XIX, requiere mayor estudio. Un punto de vista que difiere del expresado por Brew sobre el "impulso definitivo pero no inicial" que el café le dio a la industrialización ha sido expresado por Marco Palacios. Señala el historiador colombiano que sin el café tal vez hubiese sido posible la industrialización antioqueña, dado que a lo largo del siglo XIX se habían dado los prerequisitos para la industria: capital, tecnología y experiencia empresarial (Palacios, 1979: 1). CONCLUSIONES El empresariado en el desarrollo económico de Antioquia En el marco del estancamiento de la economía colombiana en el siglo XIX las diversas regiones que conformaban el país no solamente presentaban diferencias en sus recursos naturales, en su geografía y las oportunidades económicas, sino también en su estructura económica y social. El proceso de crecimiento económico relativamente sostenido solo vino a presentarse en la década de 1890; las primeras industrias manufactureras son de esa época y en las tres primeras décadas del presente siglo se establece una base industrial en el país, que constituye una primera etapa de su industrialización. Antioquia surge como una región líder en la industrialización, si bien esto no implica que para esos años fuese la única región con industrias modernas (Cundinamarca, hacia 1916, estaba tan industrializada como Antioquia). El caso antioqueño ha llamado la atención de un número grande de estudiosos, extranjeros y nacionales que han señalado una diversidad de causas explicativas del crecimiento económico antioqueño, de su industrialización y -en general- del destacado papel de esta región en el desarrollo económico colombiano. En este trabajo se han examinado en detalle varias de estas interpretaciones a la luz del objeto de estudio que propusimos: el empresariado antioqueño ("factor empresarial" o "actividad empresarial"). Las principales conclusiones sustantivas que se derivan de este análisis son las siguientes: 1. El empresariado antioqueño tuvo un destacado papel en la tran- �60 Siglo XIX sición al crecimiento económico y la industrialización. Este empresariado surgió frente a oportunidades económicas a la vez que a limitaciones muy peculiares de la economía antioqueña. Unas Y otras Y la respuesta de este empresariado fueron determinantes de los rasgos distintivos de su conspicua actividad económica. Fueron entonces la base material de la economía minera, las oportunidades para el comercio que alrededor de ella surgieron, las limitaciones para explotar un producto agrícola de exportación -hasta que en 1880 se cultivó el caféY el impulso múltiple del café, las condiciones objetivas que hicieron posible el papel destacado de la élite empresarial antioqueña. Los rasgos de la personalidad y del modo de pensar y actuar del empresariado antioqueño: trabajo duro, frugalidad, innovación, toma de riesgo, altísima diversificación, apertura social y valoración del trabajo manual, son reales y comprobados por caminos bien diversos desde las perspectivas, igualmente muy variadas, de los numerosos estudios examinados. Algunos de ellos son de naturaleza psicológico-social o psicológico-cultural (la personalidad de un grupo regional Y social); otros de carácter valorativo-ideológico (el pensamiento, las actitudes y valores empresariales); otros se refieren a la conducta económica del empresariado. Las raíces de estos rasgos no son de carácter psicológico o estrictamente cultural. Las interpretaciones que hablan de una reacción regional a un supuesto desprecio de los bogotanos y vallunos a lo largo de varias generaciones, así como la que enfatiza la voluntad o deseo de hacer el desarrollo quedan totalmente descartadas. El moldeo de esta personalidad, valores y conducta económica, por parte de las condiciones económicas ya anotadas parece más plausible como explicación. Esto no niega las mutuas determinaciones y dinámica propia de esa personalidad y valores; ni la influencia que una y otras -plasmadas en la conducta empresarial- tienen en la transformación de las condiciones y de la base material en que se asientan. En otros términos, el empresariado no es como un agente pasivo, sobredeterminado por la realidad económica. 2. El interés por el empresariado no debe implicar que se le considere como el factor causal del crecimiento económico y de la industrialización. Este último es resultado de un conjunto complejo de factores que -a su vez- están mutuamente interrelacionados: acumulación de capital, mano de obra, tecnología, mercado y empresariado. La atención con la cual se ha mirado el empresariado en este trabajo, no nos ha conducido a perder de vista este carácter multi<rausal Dávi/a: El empresariado antioqueño (J 760-/920) 6/ del crecimiento económico. Y así, se entienden las limitaciones que presenta este capítulo por no tratar el tema de la mano de obra y la clase obrera en Antioquia. 3. El empresariado antioqueño surgió a finales del período colonial entre los años l 760-181 O más precisamente, como resultado de la expansión de la producción minera y del comercio de importación y del circuito comercial de aprovisionamiento de mineros y mazamorreros. Los altos riesgos que enfrentaban los comerciantes-mineros, los vínculos estrechos entre la minería de oro y comercio y los pagos en polvo de oro movieron a una alta diversificación (comercio, minería, crédito) de su capital como un colchón de seguridad. En este período inicial de formación del empresariado paisa su radio de acción estuvo confinado a la provincia de Antioquia. Después de la Independencia y durante 30 años, la llegada de técnicos extranjeros significó importantes avances tecnológicos en la minería de veta; las innovaciones y el capital extranjero para la minería de aluvión sólo llegó hasta la década de 1880. El consiguiente aumento de la producción y exportación de oro antioqueño a lo largo del siglo XIX consolidó la minería como la "escuela empresarial" de los antioqueños, no sólo en cuanto los aspectos económicos del negocio, sino también por la exposición y la experiencia tecnológica que dejó. Este último elemento jugaría también un papel importante en la industrialización. Luego de 1820 los empresarios antioqueños ampliaron su actividad a otras regiones del país llegando a ser influyentes a lo largo del siglo en muy variadas actividades económicas: comercio de exportación de productos agrícolas como el tabaco, comercio de importación, navegación fluvial, múltiples actividades financieras -dando crédito aún al Estado-, intentos manufactureros, colonización del Viejo Caldas, ganadería, minería, cultivo y comercialización de café, etcétera. Hicieron incursiones también en el extranjero, como en el caso de un banco creado en Centroamérica con capital de familias paisas. El empresariado en Antioquia, en resumen aparece antes de 1800. Su emergencia en el panorama colombiano no se reduce a la industrialización del siglo XX. 4. El empresariado en el siglo XIX no fue exclusivo de Antioquia. Dentro de las limitaciones de capital de otras regiones, en ellas hubo también empresarios y espíritu empresarial si bien en escala mucho menor. La carencia de las oportunidades económicas que tuvieron los an- �62 Siglo XIX tioqueños y el capital líquido (el "mucho oro" que éstos tenían, como dice Safford) de que gozó la élite empresarial paisa significaron ventajas comparativas muy grandes. Y que constituyen una mejor explicación de esta más abundante "oferta empresarial" de Antioquia, que las explicaciones psicológicas y culturales. 5. El papel de los empresarios extranjeros en Antioquia fue particularmente importante en la industria, el comercio, la agricultura o la banca. En la minería fue significativo su aporte técnico y más tarde la inversión extranjera. Más importante papel jugaron en la Costa Atlantica durante el siglo XIX como lo indican los estudios adelantados recientemente por Manuel Rodríguez y Jorge Restrepo (1982). 6. Las familias aparecen como eje de una importante actividad empresarial. Dentro de la élite empresarial fue común encontrar familias de actividad muy diversificada que incluso crearon instituciones de crédito con el propósito definido de financiar los negocios surgidos en el seno de las mismas, Algunas de estas familias tuvieron también el acceso al poder político local y nacional, especialmente en el caso de los más grandes cafeteros, como la familia Ospina. En la época borbónica la élite minero-comercial ocupó importantes posiciones en el Cabildo de Medellín. Pero en este trabajo no se examinó la evidencia de esta relación poder económico-poder político, que permita llegar a conclusiones sólidamente respaldadas al respecto. 7. El empresariado antioqueño -como el empresariado en general- es un agente económico con una posición definida dentro de la estructura social antioqueña. La relativamente alta movilidad social que se dio en Antioquia, atada a las características peculiares de la minería de oro, no niega la existencia de una élite empresarial con riqueza y acceso a crecientes oportunidades económicas que no son las mismas de los pequeños empresarios. Afirmar una mayor apertura económica y social no implica aceptar una supuesta homogeneidad económica y social; y dicha afirmación ha de hacerse en relación a lamayor estratificación social y económica de otras regiones colombianas. Teoría y método en el estudio del empresariado l. La transferencia mecánica de esquemas teóricos y analíticos para el estudio del empresariado en particular la teoría de la deprivación de estatus, ha conllevado muy serias deficiencias en términos teóricos y metodológicos, que se reflejaron en la incapacidad de explicar el fenómeno en cuestión. La invalidez teórica, excesivo abstraccionismo y notables deficiencias en la sustentación empírica de este modelo así co- Dávila: El empresariado antioqueño (1 760-1920) 63 mo del centrado en la voluntad o deseo de emprender el desarrollo o m?delo voluntari~ta, ilu~tran los peligros de la superposición de 1~ teonas sobre la realidad, sm que medie el estudio científico de la misma. El cas~ ?e transferencia mecánica de conocimientos aquí ilustrado no es umco Y se ha presentado en América Latina y en Colombia en otros campos y a otros niveles. 2. La necesidad_de investigación empírica rigurosa es imperiosa en el áre~ del empresariado. Las grandes generalizaciones que simplifican 1~ ~ealidad, resultant~ de un vacío abstraccionismo y del aferramiento ngido a esquemas teoricos, deben ceder el paso a los hallazgos sólidamente respal~ado~ en información factual obtenida. de investigación en fuentes pnmanas y secundarias. . 3._ Una línea de investigación es la histórica, más precisamente la his~ona económica y social regional. La importancia de las diferencias r~?ionales h~ce aconsejable que se realicen investigaciones en la direcc10n de las ~ustrad?S. en la ~egun?a parte de este capítulo (fwinam, Brew, Palaci?s, Christie, Ospma Vasquez), en diversas regiones del país. El empresariado valluno, el costeño, el de Santander y el bogotano son t:mas de estudio a la espera de ser tratados 9 • La abundancia de trabaJos sobre el caso del empresariado antioqueño contrasta con la e~casez de estudios sobre las otras regiones. Sin embargo, existen vaho~as fuentes secundarias, prácticamente inéditas en el medio investigat1vo _que aportan un ~aterí~ de partida muy útil para estudiar el emp~esan~do d: ~tas r:gion_es ~ferentes de Antioquia (biografías, autob1ograf1as, dicc1onanos b1ograficos, historias de empresas, etcétera)1º. . 4. Existen otr~ líneas de investigación promisoria sobre el empresanado en <:olombia en la época contemporánea. Si bien requieren entenderse articuladas al proceso de desarrollo histórico son distintivamente_ tra??jos de la disciplina sociológica sobre aspe~tos como la caractenzacion ~e los peq~eños y medianos empresarios en regiones y/ o ramas productivas especificas; la formación y evolución de los gremios empr:sariales en la_ industria (globalmente y por ramas), el comercio, la agncultura, las fmanzas y la ganadería; los grandes grupos financier?~; el per~ormance ~ d~sempefto empresarial -también con localizac~on espacial_~ econom1ca-; _los valores y actitudes de los empresarios; las familias de empresanos, etcétera. 5. Pero así mismo hay otr~ fuentes de investigación también para ser _abordadas con ~as herraIDientas de la investigación social: las mod_abdades de los estilos de administración en Colombia o en regiones cmdades específicas o sectores económicos específicos; 1~ introducción'. �64 Siglo XIX difusión y evolución de tecnologías administrativas específicas como por ejemplo la racionalización del trabajo, la selección del personal, la mercadotecnia, el control de calidad y la seguridad industrial, que constituyen instancias de innovación empresarial. 6. Este estudio ha ilustrado los problemas del psicologismo, una modalidad de la búsqueda de causa única a fenómenos complejos. Para el estudio del empresariado la alternativa no es el economicismo, ni el sociologismo. Una visión y aproximación del tema en forma que integre las variables económicas, psicológicas y sociales, en vez de preferenciar solamente una de ellas parece una alternativa plausible a los sobre-determinismos. Dentro de esa visión integradora caben diversas preferencias teóricas y analíticas. Unas y otras no pueden mirar el objeto de estudio -el empresariado- en una perspectiva ahistórica. Los riesgos de hacerlo han quedado patentes a lo largo de la evolución de los dos modelos criticados. Las ventajas de tener dicha perspectiva también han resaltado al analizar no sólo las críticas a los modelos sino el aporte valioso de diversos autores estudiado en la segunda parte del capitulo. 7. El estudio del empresariado está -en términos teóricos- en un estado de relativo atraso. En particular dentro de la teoría económica convencional ha recibido muy poca atención. No existen por ello modelos elaborados como sí los hay para varios campos de estudio de esta disciplina. Dentro de la economía política, hay elementos importantes, y la noción misma de empresariado se confunde con la categoría de burguesía; y el "espíritu empresarial" o pensamiento y valores de los empresarios queda cubierto por la categoría conciencia de clase de la burguesía. En esta perspectiva más amplia, sin embargo, la actividad, realizaciones y caracterización del empresario queda desdibujada pues lo que más se subraya es su relación social frente al proletariado. En los estudios históricos sobre el empresariado, el único intento de historia económica cuantitativa hecho en Colombia es el de Me Greevey, extensamente comentado en este capítulo. Su fracaso no apunta necesariamente a la imposibilidad de ese enfoque, sino a la falta de elaboración teórica de dicho autor y a su descuido en el manejo de los datos. Pero, por otra parte, no deben perderse de vista las deficiencias en la información estadística extensamente comentada por especialistas (por ejemplo Roger Brew, Marco Palacios), particularmente serias para el siglo XIX. Y que representan un obstáculo mayúsculo para la elaboración de las series históricas, fundamento indispensable de la historia económica cuantivativa. Dávila: El empresariado antioqueno (1760-1920) 65 La significación de la sociología del conocimiento 1. La trayectoria del conocimiento sobre el empresariado antioqueiío ilustra que ésta evoluciona mediante le refutación y crítica a los aportes que van surgiendo mas que por la superposición de ellos. El conocimiento no avanza lineal ni acumulativamente: se presentan quiebres, rupturas, retrocesos, contradicciones como las ilustradas en este trabajo. El simple paso del tiempo no asegura un incremento en la valid~z de los estucl~os que van apareciendo (las tesis de Me Greevey, por eJemplo, aparecieron cuando había ya pasado la primera oleada de refutación a la teoría de Hagen). 2. La calidad de los trabajos no es el criterio único para su difusión y aceptación. En el mundo de los estudiosos del desarrollo económico, las tesis de la deprivación de estatus hicieron carrera son más C?noci?as que varios de los estudios serios que las refutaro~ y se han difundido en escala que no se compadece con su endeble calidad. Dicha teoría junto con otras relacionadas y originadas en la "primera década del desarrollo" (los aiíos sesenta), jugaron un papel histórico al ser parte del sustento teórico de políticas y planes de acción para "modernizar" América Latina, adelantadas por los Estados Unidos y organismos internacionales. El s~pu~to -:-que demostró ser falso- que la psicología, la cultura Yla histona misma de los países latinoamericanos eran opuestas a la actividad empresarial, llevaba implícito el ideal de la cultura y sociedad no~eamen~as co"!-o arquetipo que debían buscar estos países. La debilidad teónca refleJada en tratar de alterar la psicología y la cultura de las sociedades subdesarrolladas para fomentar el empresariado Y-consecuentemente- iniciar el despegue hacia el crecimiento económico, estuvo acompaiíada de abundantes recursos financieros y de apoyo político. En breve, ciencia y política no están aisladas. Y el poder del conocimiento es frágil frente a otros poderes. 3. La existencia de la dependencia cultural y científica está atada a procesos de dependencia económica y de la división internacional del trabajo, cuyas manifestaciones son muy reales. Pero si algo ha quedado de todo el debate y de la corriente dependentista tan el boga entre 1965 Y1975, es la claridad de que no pueden tomarse como causas únicas Ysobredeterminantes las de esta dependencia. En la estructura interna <Je nuestra economía y sociedad radica la endémica debilidad de nuestra infraestructura científica. �66 Siglo XIX La respuesta adecuada a ese estado de cosas no puede ser la del chauvinismo intelectual y académico Que se niegue a considerar los estudios que hayan sido el producto de investigadores extranjeros. El caso del conocimiento existente sobre el empresariado paisa muestra dramáticamente que son extranjeros quienes más profundamente han tratado el tema. Como se ha reiterado, no es la nacionalidad del investigador lo que determina la calidad de su trabajo, sino su competencia y rigor científico. Tan cuestionados resultan los trabajos del norteamericano Everett Hagen como los de investigadores criollos que después de él han adelantado estudios sobre los valores de nuestros empresarios. 4. El énfasis en un enfoque holista, totalizante; para estudiar el empresariado, no puede confundirse con la creencia de que todo enfoque "tiene algo de verdad", o que de la combinación indiscriminada de enfoques surja algo mejor. Así mismo, la perspectiva simplista (a veces tomada de una vulgarización de la teoría de sistemas) que supone que "todos los factores influyen y son influídos por todos los demás factores" imaginables, no tiene asidero científico. Una actitud crítica y creativa requerida en un campo del conocimiento relativamente atrasado como el del empresariado, implica una cierta dosis de flexibilidad (al menos de no dogmatismo). Pero ésta no debe confundirse con los simplismos comentados. 5. La imposibilidad de la neutralidad valorativa en las ciencias sociales no implica que el estudio del empresariado tenga que conducir a hacer su defensa y apología. Este temor tal vez ha influido para que dentro de algunos sectores académicos e investigativos el tema en cuestión sea un "tema tabú". El desconocimiento de la formación y evolución del empresariado usualmente se reemplaza por una actitud ideológica que se refuerza en una u otra dirección. Esta actitud ideológica oscila pendularmente entre dos extremos: el empresario como el "héroe" del desarrollo o el "enemigo principal". El estudio de aspectos como los tratados en este capítulo aporta más elementos de juicio que el sumarse irreflexivamente a los dos polos mencionados. Le permitirá al lector contrastar sus herramientas teóricas y analíticas con una realidad llena de riqueza. Y contribuirá,a conocer -en vez de intuir- un aspecto relevante de la historia del desarrollo de su país. El lector puede aproximarse en mejor forma a la realidad del empresariado a través de estudios históricos como los tratados en este ca- Dávíla: El empresariado antioqueño (1760-1920) 67 pítulo, que de textos teóricamente poco sólidos y empíricamente referidos a otras realidades, como varios de los que se trajinan en el medio académico. Así por ejemplo, ofrece mayores oportunidades de aprendizaje sobre el éxito real de los empresarios estudiar biografías como las del paisa Pepe Sierra (Jaramillo, 1947), el caldense Jaramillo Montoya (1975) o el manizalita Femando Mazuera Villegas (1971), que recitar de memoria las cualidades que debe tener un empresario eficaz (Drucker, 1966). O enseña más sobre las oportunidades y limitaciones para la innovación tecnológica, leer a Roger Brew (1977) sobre los cambios técnicos en la minería antioqueña en el siglo XIX, que imaginar un proceso completamente racional, secuencial y abstracto de cualquier texto sobre toma de decisiones. Le deja más al lector leer la "biografía de las empresas de Antioquia" (Gómez Martínez y Puerta, 1946) y buscar en Eder (1959) la forma como estructuró y administró internamente la Manuelita, que aferrarse a la idea de un supuesto proceso administrativo de cinco o cualquier número de etapas, como lo ha presentado una de las más conocidas corrientes del pensamiento organizacional (Fayol, 1961; Koontz y O'Do~ll, 1974). NOTAS 1. El comentario del historiador Jorge Orlando Melo es pertinente: " ... es posible obtener nuevos conocimientos sin nueva información factual, por el simple proceso de reorganización explicativa de datos que habían sido insuficientemente elaboradas por los historiadores anteriores" (Melo, 1979: 52). 2. En un artículo del autor, publicado hace nueve años, se hace una lectura minuciosa del libro de Hagen, una evaluación del mismo y se presentan una selección de críticas de historiadores. Véase: Carlos Dávila, "Ciencia y Ficción sobre el Desarrollo de Antioquia. Notas Extemporáneas sobre el Libro de Everett E. Hagen". Revista Universidad Eafit - Temas Administrativos. 41, Enero-Febrero-Marzo 1981, pp. 47-68. 3. Preocupa a este respecto que sobre el desarrollo económico de Rusia en el presente siglo y los cambios políticos y sociales allí ocurridos y la relación -si hay algunacon su tesis, el autor llanamente dice "En cuanto al siglo XX no tengo información" (Hagen, 1968: 137). 4. Años más tarde, Safford (1979), añadíó una extensa aclaración a críticas que sobre esta afirmación la hace Paul Me. Greevey (1975). Por una parte, Safford reitera la díferencia entre ingresos monetarios per cápita e ingresos reales. En segundo término si los ingresos pe, cápita fueron más altos en Antioquia, no implica que no hubiera desigualdades en la sociedad. Finalmente ratifica los datos mismos, tomados de Ospina y Vásquez y Mollien (Safford, 1979, nota de pie de página 41, pp. 102-104). 5. Cuatro de estos enfoques son psicológicos y tres sociológicos. Entre los últimos están los de Weber (1971), Me Clelland (1969), y Kunkel (1971). Una síntesis del estado de la cuestión se encuentra en Kilby (1971). �68 Dávila: El empresariado antioqueño (1 760-1920) Siglo XIX 6. Véase el comentario del historiador J. León Helguera (1979), quien concluye señalando esta contradicción en Me Greevey (Helguera: 1979: 222). 7. "Empresariado", "factor empresarial" y "actividad empresarial" los utilizamos como sinónimos. Aunque puede haber alguna imprecisión conceptual al proceder así, es menor que la ambigüedad que revelan los términos traídos a cuento _en el párrafo anterior, que se utilizan en forma poco cuidadosa en S!an p~ de la literatura consultada en este capítulo. El término empleado por los mvestigadores de habla inglesa, entrepreneursbip, presenta menores problemas. 8. Véase la reciente traducción (1985) del libro de Twinam (1982) titulada Mineros, Comerciantes, .Labradores: Las Raíces del Espíritu Empresarial AntioqueiJo, 1763-1810 (FAES, 1985). El libro en inglés en buena parte está basado en la tesis doctoral a que aquí aludimos (Twinam, 1976). Un análisis de esta se encuentra en Dávila (1985). 9. Para recientes esfuerzos en esta dirección, véase el trabajo que constituye el capítulo primero de este libro así como la "introducción" al mismo. 10. El inventario sobre el tema realizado en la investigación que el autor dirige en el Programa de Post-grado en Economía de la Universidad Javeriana, suma cerca de 90 fuentes secundarias sobre el empresariado en Colombia. Cada una de ellas ha sido evaluada en detalle, preparándose una reseña crítica para 60 de estas fuentes. Esta bibliografía comentada junto con una síntesis global de la misma se publicará próximamente. 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Sobre la base de estos indicadores y el análisis de fuentes cualitativas se ha tratado de explicar las características y estrategias que le permitieron, a una industria que integraba un tipo específico dentro de las que se establecieron en las últimas décadas del siglo XIX en la Argentina, convertirse en una de las grandes empresas del país. l ,. • Programa de Estudios de Historia Económica y Social Americana (PEHESA) y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, Buenos Aires, Argentina). Publicado previamente en Desarrollo Económico, V. 28, no. 111, octubrediciembre de 1988. Los autores agradecen los comentarios de Arubal Arcondo y de sus colegas del PEHESA. Expresan asimismo su reconocimiento a los directivos de Fábrica Argentina de Alpargatas, que facilitaron el acceso a los archivos de la empresa. Fernando Rocchi colaboró eficazmente en las tareas de investigación. �76 SigloXIX Es posible considerar que el momento de origen de la industria argentina moderna se ubica a fines del siglo pasado y principios del presente, en el período en el que la economía creció muy rápidamente siguiendo el estímulo que provenía de la expansiva demanda del mercado mundial. Este mercado constituyó el destino de la producción de algunas de las principales industrias que se desarrollaron en ese momento, particularmente las de aquellas dirigidas a la·transformación de insumos agropecuarios, como los frigoríficos. Estas empresas requerían inversiones de cierta envergadura, en las que predominaba el capital extranjero y en las que usualmente el control era ejercido por directorios instalados en el país de origen del capital. Junto a este tipo de empresas se desarrollaron una serie de lo que más ajustadamente podrían denominarse "talleres", cuya producción se dirigía al mercado interno; en general eran empresas de capital comparativamente reducido, con escaso personal, tecnologia poco avanzada, y cuyos empresarios eran predominantemente inmigrantes recientes relativamente modestos. También puede registrarse en ese período el nacimiento de algunas grandes empresas, volcadas al mercado interno, y cuyo impacto en la economía del país, aunque aún no ha sido suficientemente evaluado, posiblemente fue mayor que el de la multitud de pequeños talleres 1• dutiérrez y Korol: Historia de empresas y crecimiento industrial 77 las industrias cuyos productos estaban destinados a la exportación recibieran una mayor atención en la bibliografía. Otro problema presente en casi todas las historias de la industria argentina radica en suponer que el sector de producción local para consumo interno recién tuvo impulso efectivo a partir de 1930. Si bien es cierto que esta afirmación ha sido matizada por quienes sostienen que ya en la década de 1920 se había instalado un parque industrial importante que constituyó la base del desarrollo posterior, siguen sin conocerse las respuestas que empresas específicas desarrollaron frente a las distintas coyunturas, conocimiento al que podría arribarse con el análisis de casos particulares de industrias muy activas desde fines del siglo pasado hasta por lo menos 1940 3 • Estos son los principales argumentos en favor de iniciar estudios sobre "historia de empresas". Es posible que con los conocimientos que surjan de la investigación se esclarezcan algunos temas centrales en la historia de la industria argentina. Sólo para señalar algunos de ellos se pueden mencionar: el problema de la formación de capital; el origen del mismo en términos de reinversiones, aportes locales o inversiones externas; la tenencia accionaria y su relación con el control de la actividad empresaria; la vinculación con el sector financiero; la composición de la rama a que pertenece la empresa en términos de mayor o menor concentración; el papel del mercado y la tecnología. Naturalmente también el análisis de empresas ofrece elementos claves para el estudio de la formación de la fuerza de trabajo 4. Las investigaciones y trabajos realizados en torno de la historia de la industria argentina, especialmente sobre el período que se cierra en 1930, se han caracterizado por elaborar sus conclusiones utilizando información con un alto nivel de agregación, por lo que los mecanismos particulares que constituyeron la trama de tal agregación permanecen aún en buena medida desconocidos. De esta manera, las conclusiones enunciadas en esos trabajos carecen en general de bases concretas en las historias particulares. La información agregada muchas veces oculta importantes diferencias entre casos, diferencias capaces de matizar aquellas conclusiones generales 2• En el estudio que se presenta, el objeto de la investigación es la empresa industrial misma. Es decir que se ha buscado analizarla como unídad _de producción y comercialización 5 • Esto ha signíficado estudiar las modificaciones que a lo largo del tiempo se han verificado en sus dimensiones, el tamaño y origen del capital, la capacidad de innovación tecnológica y de adaptación a diferentes coyunturas y políticas, y su rentabilidad. Por otra parte, esos estudios tendieron a destacar el carácter subsidiario de la industria local en relación a la producción agropecuaria, sin duda el sector de la economía más dinámico hasta por lo menos· 1930, ya fuera para señalar los limites de un modelo que anudaba una relación desigual con los países importadores de alimentos y materias primas, el resultado de erróneas políticas obstaculizadoras de un posible crecimiento autónomo o, por el contrario, para enfatizar cómo el mismo crecimiento agroexportador había facilitado las primeras etapas de la industrialización. Razones tan diversas confluyeron para que Para este trabajo la selección ha recaído en la Fábrica Argentina de Alpargatas, una empresa industrial instalada en 1884, dedicada a la producción de bienes para el mercado interno, cuyo control permaneció en manos del directorio local, si bien contó con una importante participación de capital extranjero. Se ha partido de los propios archivos de la empresa para reconstruir una síntesis de su historia y analizar algunos temas específicos que permiten explicar el comportamiento económico que hizo posible su crecimiento, en el período comprendido entre fines del siglo pasado y 1940. Ello ha permitido, además, seguir �78 Siglo XIX la ~volución de la empresa desde su origen hasta las décadas de 1920 Y 1930 momentos que han sido vistos como los de mayor impulso en ' . 6 el crecimiento de la producción local para el mercad o mtemo • Los objetivos centrales de este trabajo han consistido~~ analizar el proceso de formación de capital en la empresa y su rentabilidad. P~ra ello se ha recurrido al estudio de la evolución de la cuenta "Máqwnas y herramientas" y del patrimonio neto a través de un período de cincuenta años. El supuesto que ha guiado el trabajo es que 1~ cu~nta "Máquinas y herramientas" refleja la inversió1;1 net~ en ma9wnaria Y equip~s, en tanto_que el patrimonio neto ,refleJa mas am~h~en!e l_a evolución del capital social y las reservas . A su vez este ultimo_i_ndicador ha permitido realizar las estimaciones sobre rentabilidad patrimonial. · Cuáles han sido los resultados de estas operaciones? El primero 1., • d fue la constatación del crecimiento de la empresa a partrr e una política de inversiones continuas, al mismo tiempo lo suficientemente flexible como para adaptarse a distintas situaciones 8• Los momentos en los que las inversiones aumentaban correspondían~ las di_ferentes coyunturas que atravesaban tanto los mercados de eqwpos e msumos como los de los productos de la empresa y los precios de los factores ~e producción. La empresa tendía a invertir, y posiblemente a sobreeqwparse en los momentos de mayor acceso a los mercados externos de maqdinaria, y tendía a disminuir la inversión y utilizar _el ex~eso de capacidad así generada en los períodos en los que sur~an d!ficultades para el acceso a esos mercados. Por otra parte, esas mversiones eran posibles por tres causas: la reinversió~ de_utilidades, ~a ampliación del capital social a partir de nuevas suscnpciones de acciones y la obte~ción de crédito externo. La utilización de una u otra vía, o su combinación, dependía de condiciones externas a la firma,_pero t~bién de las decisiones que tendían a mantener a la empresa mdependiente de las fuentes externas de ímanciamiento. 1 Las decisiones de la empresa procuraban asegurar que las inversiones se realizaran en equipos de tecnología avanzada, que implicaban la posibilidad de reducir los costos de producción y que, además, se hubieran obtenido en exclusividad para su área de influencia 9 • Aunque esto la obligara al pago de "royalties", le aseguraba una posición dominante en el mercado, caracterizado en las primeras etapas de su historia por la existencia de una serie de pequeñas empresas competidoras que, presumiblemente, tenían co~tos de producción ~ás '.31tos que les dificultaban una política de precios flexibles ante oscilaciones de la demanda. En tanto, Alpargatas reforzaba su posición domi- Gutiérrez y Korol: Historia de empresas y crecimiento industrial 79 nante adaptando su política de precios y comercialización a las condiciones del mercado. La sociedad se había iniciado como una empresa argentina con fuerte -en realidad mayoritaria- presencia de accionistas británicos ligados a la provisión de maquinaria e insumos. Sin embargo, las decisiones de la empresa eran tomadas por su directorio en Buenos Aires, aunque esto provocaría más tarde un cierto conflicto con sus accionistas y proveedores británícos. A continuación, y luego de una breve historia de la empresa en la que se incluyen someras referencias a las decisiones sobre la política de ventas y la tecnología adoptadas, se presenta un análisis general de la evolución patrimonial y las fluctuaciones de la rentabilidad, para posteriormente analizar más detenidamente la política de inversiones y las fuentes de éstas, es decir las utilidades, el capital social y el financiamiento externo. 2. ORIGENES Y EXPANSION DE LA FABRICA ARGENTINA DE ALPARGATAS Alpargatas Argentina fue establecida hacia 1884, y desde muy temprano se convirtió en una empresa destacada en el mercado argentino de calzado de yute10 • Desde sus orígenes aparecía muy ligada a dos firmas británicas: la Ashworth & Co. de Manchester y la Douglas Fraser & Sons, de Arbroath, Escocia. La primera de ellas fue la encargada hasta mediados de la década del 20 de la comercialización, a través de su filial argentina, de la producción de Alpargatas en el país. Ambas empresas se contaban entre los principales accionistas de la fábrica 11 argentina • La relación se extendía a la conexión con el mercado británico de insumos -como el yute de Bengala- y a la provisión de maquinaria. La Ashworth había establecido una sucursal en la Argentina en 1854, cuando Eduardo Ashworth llegó al país con el objetivo de dedicarse a importar tejidos de algodón. Esa actividad se amplió posteriormente a la fabricación e importación de tejidos y, desde 1915, a la representación de la empresa británica de seguros London Assurance Corporation. Al frente de la sucursal argentina se encontraba en.1916 J. K. Cassels, quien también formaría parte del directorio de Alpargatas12 • La Douglas Fraser & Sons era, por su parte, poseedora de las patentes de las "complicadas e ingeniosísimas máquinas movidas por va- �80 Siglo XIX por (que) producen anualmente centenares de pares de alpargatas -barato y cómodo calzado- cuyo uso se ha generalizado en todos los centros agrícolas de la República" 13• Uno de los Fraser fue gerente de Alpargatas en 1891, pero es muy probable que ya desde antes ocuparan puestos importantes en la empresa. A diferencia de lo que ocurrió con los Ashworth, la vinculación de los Fraser con Alpargatas continuó hasta hace pocos años14• 1 11 '" La desvinculación de Ashworth & Co. se produjo a mediados de la década del 20. Como consecuencia de ello dejó de distribuir los productos de Alpargatas en el mercado local, e incluso dejó de actuar como representante de compras en Europa, siendo reemplazada en esas funciones por Douglas Fraser & Sons. A fines de la misma década los Roberts se incorporaron al directorio de Alpargatas15 • Paralelamente a la desvinculación de Ashworth, Alpargatas Argentina comenzó a controlar su propia red de distribución mayorista, continuó con la expansión de sus plantas, imprimió una diversificación más marcada a sus líneas de productos y buscó mantener frente a sus posibles competidores algunas ventajas mediante la utilización de tecnología avanzada obtenida en exclusividad. La diversificación productiva significó la incorporación de textiles de algodón, calzado de goma y telas para la industria del caucho. La producción de algunas de estas líneas se había intentado con anterioridad, en tanto que otras se establecerían definitivamente en la década siguiente. En cuanto a los textiles de algodón, ya en ·1893 habían comenzado los que la empresa denominaba "ensayos" con telares que utilizaban hilado de algodón para producir lonas. Este hecho, junto con la producción de hilo de atar iniciada en 1891 , mostraba los tempranos intentos de diversificación de las actividades de la empresa. No obstante, fue a partir de 1920 que la producción textil adquirió importancia, juntamente con la expansión del cultivo de algodón en el país 16• En una reunión del directorio en ese año "se trató la conveniencia de instalar una pequeña hilandería de algodón en la fábrica como para hacer experimentos en reducida escala, resolviéndose dar instrucciones al Sr. Gerente para averiguar lo que seria su costo máximum... " 17 • La instalación de la hilandería tomó forma definitiva el año siguiente a partir de la aprobación de una propuesta concreta del gerente. En ella se detallaba la compra de la maquinaria necesaria para producir 2 500 libras de hilado por día, aproximadamente un cuarto del consumo total de la empresa en ese momento. El gerente estimaba que se requería Gutiérrez y Korol: Historia de empresas y crecimiento industrial 81 una inversión de (,() 000 libras (aproximadamente 722 400 pesos m/n), lo 18 que permitiría obtener una utilidad anual de 230 000 pesos adicionales • Con la aprobación de los principales accionistas, se inició la nueva actividad 19• En 1922 se completó la construcción del quinto piso de un nuevo edificio destinado a la hiladería de algodón, donde sería elaborada fibra nacional. El año siguiente, 1923, se inauguró la hilandería cuya producción la empresa planeaba aumentar paulatinamente hasta cubrir sus necesidades totales20• Con ese fin estableció contratos para la provisión de algodón, enviando un técnico a la provincia de Corrientes con instrucciones precisas del precio máximo a pagar por la materia prima21 • Al mismo tiempo se realizaron gestiones para obtener la entrada libre de derechos de la nueva maquinaria para el procesamiento del algodón argentino22 • Finalmente, y dado el interés en la hilandería, se convino en aumelftar el capital social a fin de financiar las inversiones requeridas por la nueva actividad. Estas inversiones prosiguieron en 1924, cuando se ampliaron los edificios destinados a la hilandería e incluso se compraron máquinas de segunda mano, aunque por un valor poco significativo, a la empresa Ezra Teubal y Cía. La producción de distintos tipos de calzado se había iniciado también muy tempranamente. Ya en 1900 se había adquirido maquinaria para procesar cuero para suelas, y en 1907 se obtuvieron "las maquinarias más perfeccionadas que se conocen" de origen inglés y norteamericano para la fabricación de calzado de cuero. Pero fue en la década del 20 cuando comenzó la preocupación de los directivos de la empresa por la eventual competencia que podrían sufrir por parte de los fabricantes de calzado con suela de goma. Este calzado cuya venta estaba monopolizada por la United States Rubber Co. , comenzaba a tener gran aceptación no sólo en Buenos Aires, sino también en el interior, a pesar de que su precio de venta era superior al de las alpargatas23 • Aunque se realizaron algunos ensayos para enfrentar esta nueva competencia, esa línea de producción fue momentáneamente abandonada en 1927 ante la alta tarifa que debían abonar los artículos de caucho, lo que impedía la fabricación del calzado de goma a precios competitivos24 • No obstante, la fabricación de este calzado fue retomada en 1929, a partir de un convenio con la · firma Pirelli, fabricante de artículos de goma, para obtener de ella en exclusividad plantillas, cintas y contrafuertes25 • Un proceso inverso, pero también tendiente a la diversificación, se produjo a partir de 1931 con la fabricación de telas para neumáticos para la firma Goodyear, primero, y Pirelli y Firestone después. En la década del 40 estos rubros �82 Siglo XIX Gutiérrez y Korol: Historia de empresas y crecimiento industrial 83 Pero a fines de la década del 20, al mismo tiempo que se pensaba que el calzado de yute seguiría siendo la línea de producción más importante, se prestaba cada vez más atención a los nuevos productos: mas se aplicaron al fortalecimiento de la capacidad de producción de las nuevas líneas que la empresa había desarrollado, pero también a la renovación de la maquinaria utilizada para la fabricación del tradicional calzado de yute y, además, a la puesta en marcha de métodos y técnicas que permitieran una reducción de los costos. ...una preocupación constante del Directorio ha sido la de establecer sobre una base aún más firme el desenvolvimiento de las actividades de la sociedad. Con ese fin y a pesar de que la explotación de alpargatas es y se confía seguirá siendo el renglón de más importancia, el Directorio ha considerado prudente ampliar la elaboración de los demás renglones cuya fabricación se ha iniciado últimamente, como también crear otros ... la Sociedad se ocupa actualmente de la manufact~ra de l?nas y lonetas de todas clases, calzado de cuero y lona, zapatillas, bnnes, toallas, repasadores, telas para filtros, piolines, tintorería y ap~estos, hilos y cuerda de yute y cáñamo, estopa de algodón.... En 1934 existía capacidad ociosa en las secciones de alpargatería y calzado de cuero, en tanto la producción de la hilandería de algodón no cubría las necesidades de la empresa30• Esto impulsó al directorio a duplicar la capacidad productiva de la hilandería y la tejeduría, lo que requirió, a su vez la construcción de un nuevo edificio en la zona de Barracas aledaiía a la fábrica31• Las ampliaciones de la sección tejeduría se terminaron ese mismo año y al siguiente comenzó ha habilitarse el nuevo edificio de la hiladería. A ello se agregó la aceptación de la propuesta de James Mackie & Sons para instalar maquinaria para la elaboración de sisal32• tuvieron una creciente importancia en la producción de Alpargatas. Los récords de ventas logrados en 1927 y 1928 permitieron a la empresa continuar con su política expansiva. No obstante ésta se volvió más cautelosa, primero por el cambio de autoridades na:ionales y luego por 21 la crisis • Ese último año marcó, justamente, una interrupción en el crecimiento de las inversiones. Las compras de maquinaria continuaron pero se redujeron a un poco más de un tercio de las realizadas en 1927. Hasta 1934, entonces, la política de la empresa se caracterizó por búsquedas cuidadosas de ampliación de sus líneas de producción y compras de maquinarias destinadas especialmente a las secciones de hilandería y tejeduría. Esto incluyó la compra de treinta telares Northrop en 1930 Y la decisión tomada en 1929 de continuar con la ampliación de los edificios que formaban la planta de la empresa28 • La búsqueda de diversificación de la línea productiva se refleja en los porcentajes correspondientes a lo invertido en "agregados y refacciones" sobre la maquinaria existente en 1933 y 1934. Aunque estas cifras se refieren a la maquinaria ya instalada y son por lo tanto de un valor relativo, muestran que juntamente con la persistencia de la !mPo~ancia de la sección alpargatería -que pasa del 23.80% de las mvers1ones en 1933 al 19.50% en 1934- se produce el crecimiento de las secciones de hilandería y tejeduría de algodón y de calzado de goma29• . ~ partir de 1934 las inversiones en maquinarias, al igual que la ampliación de los edificios, adquirieron un ritmo más intenso. Las mis- La renovada demanda de alpargatas llevó también al reemplazo de la maquinaria de la sección más tradicional de la empresa: la dedicada al tratamiento del yute. Parte de esa maquinaria había sido instalada hacía cuarenta y ocho aiíos. En 1935 representaba sólo un 2.6% del valor de la cuenta "máquinas y herramientas". James Mackie & Sons, especialistas en el ramo e inventores de máquinas para el tratamiento del yute, fueron los proveedores de la nuevas máquinas, con el compromiso de no venderlas a ninguna otra firma en la Argentina o Uruguay. La nueva maquinaria permitía utilizar materia prima de calidad inferior, abaratando consecuentemente los costos33 • Estas inversiones continuaron en 1937. Pero el hecho de que la nueva maquinaria ya no fuera provista por Douglas Fraser & Sons no dejó de tener consecuencias. Ya en 1934 Alpargatas Argentina había intentado reducir a la mitad el porcentaje del 30Jo sobre las utilidades, que abonaba a la firma británica por los privilegios de exclusividad sobre la maquinaria en el país34• El contar con nuevos proveedores del equipo para el procesamiento del yute, juntamente con la diversificación de la producción, llevaron finalmente a Alpargatas a lograr en 1939 un acuerdo con la Douglas Fraser por el cual ese porcentaje se pagarla solamente sobre las utilidades de la sección alpargatería35 • No fue solamente en el tratamiento del yute y en la tejeduría e hilandería donde se realizaron inversiones. Otros dos rubros interesaban a la empresa: el calzado de goma y los textiles para neumáticos . En cuanto al primero, a partir de mediados de la década del 30 �84 Siglo XIX comenzó a considerarse redituable la producción de ese tipo de calzado. En 1934 se incorporó maquinaria para la utilización de suela de goma vulcanizada y en los aíios siguientes lograron superarse las dificultades que se habían encontrado anteriormente para la fabricación del calzado. Los nuevos sistemas de producción permitieron disminuir la cantidad de artículos dafiados, e incluso algunas de las innovaciones se aplicaron en los sectores de producción de las lineas del tradicional calzado de vute36 • Por otra parte, a las telas para neumáticos se agregaron, a partir de 1938, nuevas telas para correas que se producían para Goodyear. Las fábricas de neumáticos aparecían ya como un mercado promisorio, pero para cubrir sus necesidades se requería un hilado más fino. Esto también decidió a Alpargatas a encarar nuevas inversiones37• Por otra parte, y para ser utilizado en sus textiles, en este período se adquirieron los derechos exclusivos para la Argentina del proceso de "sanforizado", obtenidos de Cluett, Peabody & Co. de Nueva York a cambio del pago de "royalties" por metro de tela producido con ese procedimiento, y garantizando un pago anual mínimo38 • La expansión y diversificación de la producción y la incorporación de nueva tecnología llevó, como se ha visto, a una continua ampliación de la misma planta de la empresa. Esta ampliación fue paralela a los intentos de instalación de nuevas unidades de producción en el interior y el exterior del país. Ya en 1905 se había comenzado la instalación de una nueva planta en Rosario, proyecto abandonado en 1907, el comprobarse las ventajas de centralizar la producción en Buenos Aires. Pero en ese mismo aíio se fundó la Fábrica Brazileira de Alpargatas e Calcado, en San Pablo, de la que Alpargatas Argentinas recibió algo menos del 9% del capital accionario en concepto de usufructo de privilegios y patentes. La planta de Brasil se sumaba a la establecida anteriormente en Uruguay. En algunos momentos se planeó incluso la instalación de fábricas en Espaíia y aún en Italia, pero el principal mercado siguió siendo el interno, y la ampliación de las instalaciones se realizaría a partir del núcleo inicial. t En la década del 30 se compraron terrenos en la zona de Barracas aledaíia a la fábrica de Buenos Aires, se inició la construcción de nuevos edificios y se instaló nueva maquinaria. En 1940, con la compra de la hilandería de cáñamo perteneciente a Luis Elverdin ubicada en el partido de Avellaneda, que contaba con una superficie de más de 5 000 metros cuadrados, la empresa inició una nueva etapa de modernización39 • Gutiérrez y Korol: Historia de empresas y crecimiento industrial 85 Un hito importante en esa etapa, ya fuera de los limites cronológicos de este trabajo, lo constituyó la instalación de la planta industrial de Florencio Vareta en 1951, que en su momento fue uno de los establecimientos más importantes para la producción de calzado de goma en América Latina. Posteriormente se desarrollaron nuevos productos como el calzado de plástico, las telas estampadas y la confección de prendas de vestir. Algunas de las marcas de los productos de la empresa, como Rueda, Luna, Boyero, Far-West, se popularizaron en el país. La empresa, además, realizaría a partir de la década del 60 importantes inversiones en empresas asociadas, que la proveían de materia prima para sus productos. ¿Cuál era en esos distintos momentos la dimensión de la empresa en relación a otras firmas industriales que operaban en el país? Algunos datos provenientes de censos y estadísticas industriales alcanzarán para intentar una breve respuesta a esta pregunta. En 1887 existían en Buenos Aires 62 fábricas de calzado de yute, 61 de ellas eran talleres que empleaban técnicas tradicionales y contaban, entre todos, con 459 trabajadores; la restante era la Fábrica Argentina de Alpargatas, que dotada de maquinaria moderna empleaba a 530 personas. Además, se encontraba entre las 91 industrias -en un total de 4 723- que utilizaban más de 100 000 pesos anuales de materia prima40• En 1914 se registraron 72 empresas del ramo en la ciudad de Buenos Aires y 241 en todo el país41 • Puede estimarse que el activo total de Alpargatas representaba más del 70% del de todas las empresas del ramo de la Capital y más del 500/o del total nacional42• En cuanto a la mano de obra ocurría algo equivalente, más del 53% del total del personal de las empresas del ramo en Buenos Aires -porcentaje similar al de 1887- y más del 33% del total nacional era empleado por Alpargatas43 • Estas cifras indican claramente que la dimensión de esta empresa estaba muy por encima de la media de los talleres que constituían su competencia. Por otra parte, en 1929 Alpargatas ocupaba el lugar numero 21 entre las sociedades anónimas industriales por su patrimonio neto y el número 29 por su activo total44 • En 1939 ocupaba por su capital el puesto número 25 del ránking general de sociedades anónimas, aunque si se toma en cuenta sólo las empresas industriales, le correspondería el número 18 ó 20. En ese afio su capital había superado el de Campomar, pero ya era superado por el de Ducilo. �86 Siglo XIX Gutiérrez Y Korol: Historia de empresas y crecimiento industrial 3. EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y FLUCTUACIONES DE LA RENTABILIDAD ,¡ 87 GRAFICA 1 Como se ha visto Alpargatas Argentina fue fundada en 1884, y se ha contado con las memorias y balances a partir de 1890, lo que ha permitido en principio el estudio de un período de cincuenta años de actividad de la empresa. El análisis se ha focalizado en la evolución de la cúenta "Máquinas y her,rarnientas", el patrimonio neto y la tasa de ganancia45 • La primera constatación que fue posible realizar sobre la cuenta "Máquinas y herramientas", en este extenso período, tuvo que ver con el continuo crecimiento a largo plazo de las inversiones en maquinarias y equipos (véase gráfica 1). La tasa de crecimiento en los valores de la cuenta a lo largo de toda la etapa estudiada, es decir entre 1890 y 1940, fue de 5.8% anual 46 • El análisis de la serie permitió distinguir dos grandes períodos: el primero desde 1890 a 1917 y el segundo desde este último año basta 1940. El crecimiento en el primer período fue notoriamente menos intenso (3.5% anual). En el segundo se observó un ritmo de inversiones más acentuado (la tasa de crecimiento fue del 8.3% anual). Entre 1890 y 1917 el crecimiento se vinculaba con el desarrollo de las actividades tradicionales de la empresa, es decir, con la producción de calzado. En tanto que entre 1917 y 1940, a la producción tradicional que seguía siendo la actividad principal, se le sumaron nuevas líneas de productos, basados en el textil de algodón. ALPARGATAS. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Millones de pesos de 1950 45,-----------·--------40 35 30 25 20 15 10 5 CUADRO 1 O T'TT"l'"TTTTrrrrrrr,rrn...,."TTTTTrTTT"1-rn-rrrTT"r'rT"r"~~ ALPARGATAS. PATRIMONIO, ACTIVO FIJO Y MAQUINARIAS. CRECIMIENTO ANUAL (EN %) 1890 1900 1910 1920 1930 1940 Fuente: Elaboración propia en base a S.A. Fábrica Argentina de Alpargatas Años Patñmonio Capital Reservas 1890-40 1890-17 1917-40 8.12 6.59 9.58 s/ d s/ d 11.08 s/ d s/d 6.98 Activo fijo Maquinañas 5.60 1.97 8.55 5.78 3.48 8.27 Fuente: Elaboración propia en base a Fábrica Argentina de Alpargatas, Memoria y Balance, 1890-1940. Balance General, 1890-1940. ' �88 SigloXIX Gutiérrez y Korol: Historia de empresas y crecimiento industrial El patrimonio neto, por su parte, creció al 8.21 O/o anual entre 1890 y 194047• En cambio, en el período 1908-1940, para el que se encontró información más completa en los archivos de la empresa, la tasa anual de crecimiento fue del 6.21 O/o. En este período el capital creció al 6.130/o y las reservas al 6.440/o anual. No obstante -y tal como se observa en el cuadro 1- entre 1890 y 1917 la tasa de crecimiento del patrimonio neto fue del 6.590/o anual y entre 1917 y 1940 del 9.580/o. Por otra parte, si se toman capital y reservas separadamente, lo que puede hacerse para el segundo período, se observa que el capital creció a un 11.080/o anual, en tanto que las reservas lo hicieron al 6.980/o. Estas diferencias, como se verá más adelante, se relacionaban con la política de la empresa de recurrir a la emisión de acciones como una de las formas de financiar su expansión. En cuanto a la tasa de ganancia, de acuerdo con el indicador seleccionado -véase nota 45- la rentabilidad patrimonial fue de 13.490/o anual para el período 1890-194048. Sin embargo, como ocurre con los casos anteriores, la tasa de ganancia difiere según el subperíodo considerado, tal como se observa en el cuadro 2. CUADR02 ALPARGATAS. RENTABILIDAD PATRIMONIAL (EN OTo) Período 1891-95 1896-00 1901-05 1906-10 1911-15 1916-20 1921-25 1926-30 1931-35 1936-40 Rentabilidad 4.97 22.76 10.80 8.55 13.67 26.61 13.57 10.73 11.68 12.61 Fuente: Elaboración propia en base a Fábrica Argentina de Alpargatas, Me- j_ moria y Balance, 1890-1940. 89 Como se desprende del cuadro mencionado, en el primer período para el que se cuenta con información la rentabilidad fue relativamente baja; en tanto que se encontraba sustancialmente por encima de la media entre 1896 y 1900 y nuevamente entre 1916 y 1920. En los últimos tres períodos, en cambio, la rentabilidad fue relativamente estable con tendencia al alza. 4. LAS BASES DE LA EXPANSION 4.1. Capital y distribución de beneficios A partir de la información contenida en la Memoria del año de 1892 puede inferirse que el capital correspondiente a ese! fecha ascendía a 300 000 pesos m/n, equivalente a 106 700 pesos oro de ese momento. En 1895 el capital alcanzaba a 300 000 pesos oro y las reservas a 30 000 pesos oro. Aparentemente parte del aumento del capital provenía de la reinversión de utilidades brutas, dado que la Memoria de ese año señalaba que las utilidades netas se obtenían luego de "haberse hecho los castigos necesarios y de haber provisto la suma necesaria para mantener el capital y fondo de reserva" en las cifras mencionadas49• Pero la magnitud de la diferencia en las cifras indica que también se había recurrido a nuevas suscripciones de capital. Los fondos de reserva se constituían con montos que se destinaban a ese fin al repartirse las utilidades, pero también con montos que se deducían antes de establecer las utilidades netas. En los primeros aíios fue sin duda el segundo mecanismo el que prevaleció. Por ejemplo, en 1890 el 100/o de las utilidades fueron enviadas al fondo de reserva; cifras que se redujeron abruptamente en 1892 y 93 a menos del 20/o de las utilidades, en tanto que en 1890, 1893, 1894 y 1896, una suma de 277 148 pesos m/n, que aparecía como gastos antes de calcularse las utilidades, fue destinada a fondos de reserva para edificios, renovación de maquinaria y previsión contra depreciación de la moneda. Este mecanismo se reiteró en 1897 y 1898 por un total de 95 000 pesos oro, por lo que buena parte de las inversiones en los primeros años se financiaba en primer lugar con recursos que la propia empresa destinaba a ese fm antes de repartir utilidades y_e!! segundo lugar con montos que se restaban a las utilidades mismas. Con respecto a los dividendos pagados, no se cueµta con información detallada hasta 1908; sin embargo, puede inferirse que oscilaban entre el 8 y el 120/o en los primeros años, alcanzando el 200/o en momentos de alta rentabilidad. Esta información es más completa a partir de 1908, tal.como puede observarse en el cuadro 3. Entre 1908 y �90 Siglo XIX Gutiérrez y Korol: Historia de empresas y crecimiento industrial 1917 el porcentaje de dividendos pagados aumentó del 9% en la primera de esas fechas al 15% en la última. Es evidente, además, la tendencia a mantener sumas preestablecidas destinadas a dividendos, lo que significa que cuando las utilidades a distribuir eran menores, disminuían más que proporcionalmente los fondos destinados a reserva. Por otra parte, estos últimos superaban las sumas destinadas al pago de dividendos en varios de los años analizados. CUADR03 ALPARGATAS. DISTRIBUCION DE UTILIDADES, 1908-1917 (EN PESOS ORO) Año Dividendos 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 59 940 79 920 66 600 66 600 83 250 83 250 83 250 99 900 99 900 124 875 Fondo de reserva 10 000 80 000 68 000 2 000 12 175 63 347 37 464 103 653 170 000 160 935 Cuenta nueva 8 693 8 854 12 590 s/ d s/ d s/d s/ d 117 766 149 649 143 399 Honorarios directores s/ d s/ d s/ d s/ d s/ d 7 762 9 898 27 866 25 981 24 570 Cuenta nueva: Utilidades no distribuidas que pasan al siguiente ejercicio 91 acciones de 100 pesos oro cada una, que pagarían dividendos sólo a partir de 191250 • Durante la postguerra el capital creció espectacularmente (a un 25. 16% anual entre 1917 y 1925) y las reservas a un ritmo notoriamente menor (9.08%). De todas formas, el aumento en las reservas se explica especialmente por el crecimiento del Fondo de Reserva Legal, el que de acuerdo con lo establecido por el Código de Comercio debía incrementarse anualmente con un 2 % de las utilidades líquidas y realizadas hasta llegar a un mínimo del 10% del capital social. También aumentó la reserva para demérito de maquinaria, aunque a un ritmo menor, mientras los fondos especiales y el de previsión se mantuvieron en sus valores nominales. Entre 1925 y 1934 se desaceleró el crecimiento del capital en términos reales, en tanto que las reservas que habían crecido un 200% en los nueve años anteriores, en este subperíodo de diez años aumentaron un 50%51• En cambio, entre 1934 y 1940 el capital tendió a decrecer en términos reales, aunque aumentaron las reservas a un ritmo muy alto (12.92% ). Este crecimiento se debió al aumento de las reservas facultativas que duplicaron su valor nominal entre 1934 y 1940. Las reservas legales crecieron a un ritmo menor. En conjunto el crecimiento del patrimonio se acerca bastante al crecimiento de los valores de la cuenta "Máquinas y herramientas"52• El aumento de las inversiones durante todo el período 1918-1940 se relacionaba con el crecimiento del capital social. Como puede verse en el cuadro 4, la empresa aumentó el capital autorizado en 1924 y en 1933 y tendió a suscribir rápidamente buena parte de ese capital autorizado. Fuente: Elaboración propia en base a Alpargatas, Memoria y Balance, 1908-1917 En este período de la historia de la empresa también aumentó el capital, tanto el autorizado como el suscripto. En 1908 el capital autorizado era de 1 500 000 pesos oro, aunque sólo se habían emitido 6 600 acciones de un valor de 100 pesos oro cada una. Estos 660 000 pesos oro señalaban, sin_embargo, un aumento significativo respecto de los 300 000 pesos oro de capital suscripto de 1895. En 1911 se emitió una tercera serie de acciones, que si bien no alcanzaba a cubrir el capital autorizado, aumentaba el suscripto a 832 500 pesos oro mediante 1 725 Ya en 1918 se resolvió autorizar un aumento del capital autorizado, llevándolo a 2 500 000 pesos oro en acciones ordinarias y a 1 000 000 pesos oro en acciones del 70/o acumulativas53• En este mismo afio el directorio dispuso capitalizar 277 500 pesos oro del Fondo de Reserva entregando acciones ordinarias en la proporción de una acción por cada tres en circulación, debiendo esta nueva emisión participar en las utilidades de la sociedad desde 1919. Posteriormente, en 1919, 1920, 1921 y 1922 se utilizó el mismo mecanismo para capitalizar una parte de las utilidades. Esto significó que del capital suscripto total en 1923, casi el 62% correspondía a capitalización de utilidades. En 1923 se resolvió aumentar el capital autorizado a 7 500 000 pesos oro. Para comenzar a suscribirlo, en marzo de 1924 se emitieron 5 000 acciones preferidas de 100 pesos oro cada una -valor nominal- a la par. En �92 Siglo XIX Gutiérrez y Korol: Historia de empresas y crecimiento industrial CUADR04 ALPARGATAS. CAMBIOS EN EL CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRIPTO 1918-1940 (EN PESOS ORO) Año Capital autorizado Acciones Ordinarias Preferidas Ordinarias Preferidas 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000000 6 000 000 6 000 000 6 000000 832 500 1 100 000 1480000 1 480 000 1 480 000 2 500 000 3 000 000 3 000000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000000 3 000 000 3 000 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 4 300 000 4 300 000 4 650 000 4 650 000 4 650 000 500 000 500 000 792 800 1 000000 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 3 000000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000,000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 700 000 4 700 000 4 700 000 1000000 1 000 O!c)O 1 000 000 1 000 000 l 000 000 1000000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 Capital suscripto Acciones - Nota: De acuerdo con la información disponible, las cifras de capital suscripto y realizado son coincidentes Fuente: Elaboración propia en base a Alpargatas Argentina, Memoria y Ba- lance, 1918-1940 93 noviembre se emitieron 5 000 acciones ordinarias del mismo valor nominal cada una a 40 pesos oro sobre la par. El capital autorizado nos se volvió a aumentar hasta 1933, y a partir de 1925, aunque se siguieron emitiendo acciones, no se volvió a utilizar el mecanismo de capitalización de las utilidades. Esto se relacionaba con la disminución de la rentabilidad y aún cuando ésta tendió a aumentar luego de 1933, no llegó a alcanzar los altos valores anteriores a 1924. Resulta conveniente, entonces, analizar la evolución de la rentabilidad patrimonial. 4.2. Rentabilidad patrimonial y reinversión de utilidades La rentabilidad patrimonial, tal como se mencionó anteriormente y puede observarse en la gráfica 2, tuvo oscilaciones muy bruscas, parte de la explicación de esas oscilaciones, especialmente las caidas bruscas, radica en los aumentos dispuestos en la suscripción de acciones, es decir, en el aumento mismo del capital social, aunque no es éste el único factor que explica esas oscilaciones. En la primera mitad de la década del 90 la rentabilidad patrimonial se encontraba muy ligada a las fluctuaciones del precio del oro, dado que buena parte de la materia prima (yute, pita, algodón) era importada y aún manteniéndose sus precios en el mercado internacional, la desvalorización del peso papel implicaba su aumento en términos de costos para la empresa. Precisamente en 1890, a pesar de haber aumentado las ventas un IS% en valor y un 13% en cantidad de alpargatas vendidas con respecto al año anterior, las utilidades del ejercicio cayeron debido a la continua depreciación de la moneda argentina y la dificultad para aumentar en una proporción adecuada los precios de venta dado el temor a la retracción de la demanda. El problema se agudizó al año siguiente, único momento en el período estudiado en el que se registraron pérdidas. El aumento de las ventas en 1892, tanto en valor como en cantidad unido a la disminución del precio unitario, parece confirmar la elasticidad de la demanda54 • Durante los años 1895 y 1896 se produjo una recuperación de la rentabilidad patrimonial55• La actividad de los agentes de compras de la empresa en Europa, la firma Ashworth -que a su vez se ocupaba de la distribución de la producción de Alpargatas en la Argentinapermitió reducir los costos de los créditos utilizados para la adquisición de materia prima, al mismo tiempo que las comisiones por compras y ventas. �94 Siglo XIX Gutiérrez y Korol: Historia de empresas y érecimiento industrial La _rentabilidad se estabilizó en los últimos años del siglo pasado y los pnmeros del actual, y si disminuyó entre 1902 y 1907 ello se debió a un aumento de los gastos -especialmente los fondos de reservadado que la rentabilidad bruta aumentó. ' GRAFICA 2 ALPARGATAS. RENTABILIDAD PATRIMONIAL Porcentaje 35 -r------------------------- 30 ~ rt 25 i\ /L r~ ? ! \ 20 15 I 10 \ \ \ ~- l¡J 1 \ ,f{ &El \ / ~I t-•n BEi ~ 1r1 \·/ \ jú r V. " ,.Í\ 1 v, 0 5 L'J ~ 1 oJ - 5 1890 1900 1910 1920 1930 Fuente: Elaboración propia en base a S.A. Fábrica Argentina de Alpargatas, Balance General, 1890-1940. La rentabilidad patrimonial tuvo tendencia a bajar luego del alto porcentaje (29.6) alcanzado en 1897, disminución que coincidía con el continuo aumento de la inversión en maquinarias. Esta coincidencia se acentuó entre 1904 y 1907, años en que la rentabilidad disminuyó. En efecto, en el periodo 1897-1901, la rentabilidad alcanzó un promedio de 21.9%; en tanto que el periodo siguiente, 1902-1907, caracterizado por un aumento de las inversiones, la tasa promedio fue de 6.3%. Dentro de las ganancias de la empresa se encontraban los ingresos provenientes de los dividendos de las acciones de la Fábrica Uruguaya de Alpargatas, equivalentes a 80 000 pesos oro. La empresa uruguaya comenzó a pagar dividendos en 1893, pero éstos representaban un porcentaje muy poco significativo -entre un 2 y un 3%- de los ingresos de Alpargatas Argentina. A partir de 1908 la rentabilidad patrimonial tendió a subir alcanzando un promedio de 11.8% anual. Finalmente, a partir de' 1915 y hasta 1922/ 2? la ~entabilidad patrimonial alcanzó los porcentajes más altos de la histona de la firma. La disminución de la rentabilidad a pa~ir de 1923, pero sobre todo la caída de 1924 generó serias preocupaciones en la empresa. Una investigación solicitada por el presidente del directorio explicaba la disminución de la rentabilidad por el aumento de los precios de los insumos, la caída de las ventas en los departamentos de alpargatería y calzado y la disminución de los precios de los prod_uc!os de la tejeduría, dispuesta para enfrentar la competencia, y que s1 bien aumentaba las ventas disminuía los beneficios56• 1 1 1 o 95 1940 La caída en la rentabilidad entre 1929 y 1933 se relacionaba con la retrac~ión de la_demanda y la consiguiente política de la empresa de reducrr los precios de sus productos para mantener el nivel de ventas. _A ~esar_ ?e ello, y de la baja de los precios del yute y del algodón, 1~ dismmucion de las ventas de alpargatas llegó a reducir su producción. Durante 1929 se dedicaron a la fabricación de alpargatas sólo cuatro días y medio a la semana57• También la caída en la rentabilidad en 1938, la más importante desde 1924, se relacionaba con la decisión de la empresa de continuar produciendo en condiciones de retracción de la demanda. Nuevamente se optó _por disminuir_ los precios de venta a la espera de una pronta recuperación, que efectivamente se produjo al año siguiente. Evidentemente entre los factores que incidían en las fluctuaciones d~ la rentab~dad patrimonial deben contarse, entonces, desde los camb1?s del precio del oro hasta las fluctuaciones del precio de la materia P~~- Pero uno de los factores que no puede obviarse es la propia política de la empresa. En este sentido, influían tanto los montos destinados a reservas, como las decisiones de la empresa respecto a los precios de sus productos. 4.3 Financiamiento externo La reinversión de utilidades y la suscripción de capital fueron métodos que permitieron la expansión de la empresa. Pero éstas no eran las únicas formas, ni necesariamente las más importantes, de obtener finan- �Gutiérrez y Korol: Historia de empresas y crecimiento industrial 96 ciamiento para las inversiones. Ya en los primeros años, la empresa obtuvo un préstamo externo hipotecario -aparentemente en Londrespor 50 000 libras (252 000 pesos oro). Este préstamo aparecía en los Balances a partir de 1913 bajo la forma de debentures a1 6%, que comenzaron a ser rescatados a partir de 1916 a razón de 5 500 libras anuales por intermedio de la casa matriz del Banco Británico58 • Así se había llegado a tener debentures por sólo 28 000 libras en 1920, año en el que se decidió su rescate total. En 1921 la empresa recibió los títulos que estaban depositados en el Banco Británico de la América del Sud como garantía59• Simultáneamente Alpargatas renovaba un crédito de 50 000 libras conael National City Bank of New York a un interés del 7% anual, que se redujo en 1921 al 6.75% 60• Pero la empresa consideró en ese año que los créditos que tenía con la casa Baring Brothers & Co., tramitado por intermedio de la Ashworth, y los del Banco Británico resultaban más económicos, por lo que prefirió ampliar su crédito con 61 Baring • No obstante, el crédito del City Bank se volvió a renovar en 1924 a un interés aún menor, el 5.75% anual62• A partir de 1924, la empresa recurrió normalmente a los créditos de las filiales locales del Banco Británico y del Banco de Londres63 • 5. CONCLUSlON La Fábrica Argentina de Alpargatas fue una de las primeras grandes empresas dedicadas a la fabricación de productos masivos de bajo costo para el mercado interno. Su crecimiento estuvo íntimamente vinculado, en una primera etapa, al desarrollo de la agricultura de exportación. Una cuidadosa política de diversificación de su producción le permitió posteriormente crecer a partir de la satisfacción de las nuevas necesidades del mercado local. En primer lugar, el hilado y textil de algodón y más tarde los insumos requeridos por algunas industrias instaladas durante la década del 20, como las fábricas de neumáticos. L 97 Siglo XIX Su preocupación por sostener su posición en el mercado local no impidió que eventualmente se interesara por las inversiones fuera del país, como en los intentos fallidos en España e Italia y los medianamente exitosos en Brasil y Uruguay. Sin embargo, esta preocupación por los mercados externos no se correspondió con una política tendiente a la exportación de productos terminados. Aunque el tema merece exploración adicional, la documentación examinada permite inferir diferencias de costos en los insumos y la mano de obra, unidas a problemas arancelarios como las principales explicaciones de esa política. Entre las distintas etapas del crecimiento de la firma, se destacan los primeros años, caracterizados por una fuerte inversión inicial, la primera posguerra y la segunda mitad de la década del 30. Estos últimos períodos coinciden por otra parte con los momentos de mayor crecimiento de las inversiones en el sector industrial en el país64 • No obstante parece claro que las fuertes inversiones de la década del 20 respond~n no sólo a la diversificación de la producción, sino también a la necesidad de obtener maquinaria cuyo reemplazo había sido demorado por la guerra y que a su vez fue facilitado por la rentabili~ad_ obtenida durante el período anterior. Las inversiones de la década s1gwente se establecen ya en un nivel más alto y parecen responder tanto a la expansión del mercado interno recuperado de la crisis, como al proceso de sustitución de importaciones particularmente notorio en la industria textil65 • La empresa persiguió una política de crecimiento que implicaba la maximización de beneficios a largo plazo. Las fuentes de su expansión provinieron de la disposición a reinvertir las utilidades obtenidas en períodos de altos beneficios, su capacidad para suscribir continuos aumentos del capital y la posibilidad de recurrir al crédito yxterno. Para llevar a cabo esa política contaba con el monopolio local de la tecnología utilizada, desde la maquinaria para fabricar alpargatas primero, hasta el proceso de sanforizado más tarde. Esta preocupación por el monopolio de la tecnología se relacionaba con su política de ventas y captación del mercado y con sus vinculaciones con las empresas británicas, que eran a la vez proveedores, distribuidores y principales accionistas. La empresa estuvo ligada desde sus inicios con la Douglas Fraser, proveedora en exclusividad de sus máquinas para la fabricación de alpargatas, y con la Ashworth, proveedora de insumos, gestora de créditos y distribuidora de la producción de Alpargatas en el país hasta la década del 20. Estas relaciones fueron, sin embargo, muchas veces conflictivas, al punto que la empresa argentina no sólo renegoció los "royalties" debidos a la Fraser, sino que también terminó por desvincularse de la Ashworth y modificó su política de distribución y ventas. Incluso recurrió a otros proveedores de maquinaria cuando la Fraser no se encontró en condiciones de ofrecer la tecnología más avanzada. Paralelamente, algunos de sus accionistas británicos se habían radicado en el país, convirtiéndose en empresarios locales cuyo comportamiento no puede explicarse recurriendo a su origen extranjero. Este proceso hace �98 Siglo XIX más fácil entender la capacidad de negociación que la empresa argentina conservaba. Se ha visto que la preocupación por el monopolio local de la tecnología se unía en la empresa con una clara búsqueda de predominio en el mercado. Para ello decidió con cierta frecuencia en momentos de retracción de la demanda, como durante la crisis de 1929-30, la reducción de los precios de sus productos, llegando en algunos casos á la disminución de sus beneficios o la venta por debajo de los costos de producción. A ello añadió, luego de su desvinculación de la Ashworth, la búsqueda de sistemas más eficientes en la venta y distribución. Estos abarcaban desde el aumento de las bonificaciones en las ventas al mayoreo, hasta el establecimiento de sus propios locales de venta al público para aquellos productos que, como el calzado de cuero, se dirigían a consumidores de ingresos más altos, o anuncios en periódicos que, como La Vanguardia, suponían la inducción al consumo de sus productos más económicos por parte de los sectores populares. La empresa buscaba la diversificación, pero hay pocos signos de que tuviera el mismo interés por la búsqueda de formas de integración vertical en el período estudiado66• Las referencias a las compras de algodón nacional no implicaban que la empresa se interesara en su producción directa. El interés por el yute argentino era notoriamente reducido y aún el algodón se continuó importando luego de iniciada la producción de hilado con algodón del país. En resumen, se trataba de una empresa con fuertes vinculaciones con capitales británicos, pero cuyo directorio se encontraba y tomaba sus decisiones en Buenos Aires. Su política de crecimiento y maximización de beneficios a largo plazo implicaba el dominio del mercado de sus productos básicos y el monopolio de la tecnología, la diversificación de su producción y la capacidad de desarrollar un sistema autónomo de toma de decisiones. Una observación final. Las decisiones de la empresa no parecen en este caso coincidentes con la tendencia a la diversificación de actividades que caracterizó el comportamiento de algunos empresarios argentinos a principios de siglo. Si bien se buscaba la diversificación de su producción, ésta tuvo lugar dentro de una rama muy ~specífica de actividades industriales. No se realizaron intentos de desarrollar actividades agrarias, lo que hubiera parecido posible dado el tipo de insumos utilizados, y sus vinculaciones con el sector financiero, hasta donde es posible saberlo a partir de la documentación consultada, se limitaron a la obtención de crédito y las compras de algodón a futuro en Gutiérrez y Korol: Historia de empresas y crecimiento industrial 99 Londres. No obstante, esa tendencia a la diversificación de actividades se verificaría más tarde - a partir de la década del 60- en la empresa misma. Por otra parte, aún dentro del período estudiado, existen indicios de esa tendencia a la diversificación por parte de los miembros del directorio, en sus actividades globales como empresarios, aunque mantuvieron a esta empresa dentro de un sector específico de la producción industrial67 • NOTAS 1. Sobre la importancia de las grandes empresas véase Jorge Schvarzer: " La implantación industrial", en José Luis y Luis Alberto Romero: Buenos Aires, Historia de cuatro siglos, Buenos Aires, 1983, pp . 223-240. El proceso de concentración en algunas ramas de la industria es señalado por Dorfma n, q~ien ~ncluye ~ Alpar~atas entre las grandes empresas en 1913. Adolfo Dorfman: HIStona de la mdustna argentina, Buenos Aires, 1970, p. 301. 2. Para una revisión de la bibliogra fía sobre la industria argentina hasta 1930, véase Juan C. KoroJ.e Hilda Sábato: " La indust rialización trunca: una obsesión argentina", ponencia presentada al Vlll Simposio Internacional de Historia Económica, Buenos Aires, CLACSO , octubre de 1987 . Para el período posterior a 1930 existe una importante cantidad de trabajos sobre la industria en general y sobre empresas y ramas específicas. Véase, entre otros, Adolfo Dorfman: Cincuenta años de industrialización en la Argentina, 1930-1980, Buenos Aires, 1983; Carlos F. Díaz Alejandro: Ensayos sobre la historia económica argentina, Buenos Aires 1975; y los estudios correspondientes al Programa BID/ CEPAL/CIID/ PNUD. Cf. Jorge M. Katz (ed.): Technology Generation in Latín A merican Manufacturing Indusuies, Londres, 1987. 3. Véase Javier Villanueva : "El origen de la industrialización argentina", Desarrollo Económico, Vol. 12, No. 47, pp. 451-476, Buenos Aires, 1972. 4. Desde la perspectiva de los economistas, recientemente se ha señalado la importancía del estudio de empresas específicas para la construcción de un aparato analítico que permita superar la imagen formada por el supuesto de que las firmas constituirían unidades homogéneas de comportamientos previsibles. Cf. Jorge M. Katz et al.: Desarrol/o y crisis de la capacidad tecnológica latinoamericana. El caso de la industria meta/mecánica, Buenos Aires, 1987, pp. 239-241. 5. Es decir que se van a estudiar los mecanismos y comportamientos de la empresa, sus maneras peculiares de funcíonamiento y no los destinos de las inversiones que los propietarios realicen fuera de ella, aunque es presumible que al estudiar otros casos surja información que permita constatar el cruzamiento de lo~ empr~ar!os en diferentes sectores de la actividad económica. Sobre la trascendencia y el s1gn1ficado de la d iversificación de actividades económicas por parte de los empresarios argentinos a principios de siglo véase Jorge F. Sábato: La clase dominante argentina, formación y características, Buenos Aires, 1988. 6. Conviene, sin embargo, señalar las dificultades y los límites que implica la utilización de los archivos de empresas para el análisis histórico. Por ejemplo, uno de los temas iniciales de este trabajo consistía en analizar los cambios en la productividad �~~ 100 '4" .:'.. t".~•:.:{;,, ,_. '; __ ,_..¿,__ DE $ALUD PUBLICA IOTECA ·.:...... ~¡ , ·" Siglo XIX de la mano de obra para la etapa estudiada. Si bien ello es posible, requiere en este caso el análisis adicional de los libros "Mayor" y de "Jornales" para intentar la reconstrucción de los datos que no aparecen en la documentación examinada. Esta es una tarea de muy largo plazo. No obstante la información ya obtenida aporta un sustancial conocimiento sobre formación de capital y rentabilidad en la empresa. 101 14. La estrecha vinculación de los Fraser con Alpargatas se refleja en los cargos desempeilados por miembros de la familia. Desde por lo menos 1891 y hasta 1907 Robert Fraser fue gerente de la firma, pasando a ser vocal de directorio entre 1908 y 1920. Robert Fraser (hijo) fue vocal suplente entre 1909 y 1919, aparentemente el mismo Fraser fue vicepresidente en 1921 y presidente desde 1922 a por lo menos 1940. Finalmente, Robert M. Fraser fue vocal suplente desde 1929 a 1935 y vicepresidente desde 1936 hasta 1940 por lo menos. La presencia de los Fraser en el directorio se mantiene en las décadas siguientes. Por otra parte la creciente importancia de los Roberts a partir de fines de la década del 20 se manifiesta en la presencia en el directorio de algunos miembros de la familia, y algunas décadas más tarde en la de otros miembros del grupo como Oxenford y Lockwood. 7. En general los historiadores de la economía que estudian los problemas de formación de capital denominan de esa manera al capital fijo {especialmente plantas y maquinarias). Otros autores prefieren una definición más cercana a la que se encuentra en los "balances" de las empresas. En este caso se incluye, además de las plantas y maquinarias, las sumas de dinero en caja y bancos, las adeudadas a la empresa y el stock de materia prima y productos terminados. Véase, entre otros, Fran~is Crouzet, "Editor's lntroduction", en Francois Crouzet (ed.): Capital Formation in tbe Industrial Revolution, London, 1972, pp. 1-69, y C. H. Feinstein: "Capital Accumulation and the Industrial Revolution", en R. Floud-D. McCJoskey (eds.): Tbe Economic History of Britain since 1700, Cambridge, 1981, Vol. 1, pp. 128-142. Para un análisis de los "balances" como fuentes históricas véase Sheila Marriner: "Company Financia! Statements as Source Material for Business Historians", Business History, Vol. XXII, 2, julio 1980, pp. 203-235. 15. S.A. Fábrica Argentina de Alpargatas: Libro de Actas del Directorio, 25-8-25 (en adelante Actas). Ashworth había dejado de ser desde 1924 agente de ventas de Alpargatas en la Argentina y en 1925 deja de actuar como agente de compras en Europa. Aunque los motivos de la desvinculación no son claros, es de notar que en algunas fuentes Ashworth y Cía. aparece en la década del 20 como fabricante de alpargatas. Véase, por ejemplo, The Argentine Standard Directory: Anuario argentino de fabricantes y comerciantes nacionales y extranjeros, Buenos Aires, 1922, p. 402. 8. Todo intento de estimación cuantitativa del crecimiento de una firma está abierto a objeciones conceptuales. La perspectiva aquí adoptada responde a los olrjetivos centrales del trabajo. Véase sobre este punto Edith T. Penrose: The Theory of the Growth of the Firm, Oxford, 1966. 16. El cultivo del algodón creció desde mediados de la década del 20. En 1925-26 el algodón ocupaba más de 100 000 hectáreas, en tanto que hasta 1918 apenas había alcanzado las 13 000. Véase Ricardo M. Ortiz: Historia económica de la Argentina, Buenos Aires, 1974, pp. 442-443. 9. Un análisis completo de la capacidad de la innovación tecnológica de la empresa debería tomar en cuenta además de la tecnología incorporada en la maquinaria y los procesos que la empresa adquiere, otros factores como los desarrollos propios en los métodos y procedimientos, las adaptaciones y los diseños de las plantas. Estos desarrollos no siempre se han podido seguir en la medida deseada en la documentación existente. 17. Actas, 19-4-20. 10. La maquinaria a vapor necesaria para la producción de calzado de yute fue diseñada por la firma británica Doug]as Fraser & Sonsa instancias de Juan Etchegaray, un comerciante porteño, quien fue el primer presidente de la empresa. Véase Manuel Chueco: Los pioneers de la industria argentina, Buenos Aires, 1886, pp. 324-339. Algo más de treinta años después se recurrirá a la electricidad como fuente de energía. 11. Se cuenta con los nombres de los accionistas y la cantidad de acciones depositadas en las Asambleas Generales Ordinarias y las Asambleas Generales Extraordinarias realizadas entre 1918 y 1927. En 1918 Ashworth & Co. y Doug]as Fraser & Sons aparecen como los principales accionistas; en 1923 los primeros no aparecen registrados, los segundos mantienen su lugar y aparecen nuevos accionistas importantes como E. Gibson y G. Bellhouse; en 1927 se agregan otros como Lengs Roberts y Cia., T. Atkins y J. Lazzari. Los Fraser siguen apareciendo como los poseedores individuales del mayor número de acciones (más del 17% de las acciones depositadas para la Asamblea). S. A. Fábrica Argentina de Alpargatas, Libro de Asambleas Generales. jj Gutiérrez y Korol: Historia de empresas y crecimiento industrial 12. La Nación, número especial, 1916. J. K. Cassels se desempeñó en el directorio de Alpargatas como vocal (1904/1907 y 1923/27) y secretario (1908/19) y fue presidente (1920/21) y vicepresidente (1922) de la empresa. 13. Censo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, 1887, tomo 11, p. 316. 18. Las ganancias correspondientes a 1921 fueron de 2 143 065 pesos m/ n, en tanto que el activo fijo ascendía a 5 828 214 pesos en el mismo año. 19. Actas, 10-8-21. 20. S.A. Fábrica Argentina de Alpargatas: Memoria del año 1928(en adelante Memoria). 21. El interés de la empresa en la obtención de materia prima se refleja en la autorización otorgada a Fraser para invertir 5 000 pesos m/ n en un sindicato organizado con el fin de cultivar plantas de fibras en el país y de obtener máquinas que permitieran la extracción de las fibras. Actas, 13-4-23. 22. Actas, 23-3-23. 23. Actas, 8-1-26, 6-8-26. 24. Actas, 4-2-27 y 3-3-27. Sobre los aranceles aduaneros véase C. F. Díaz Alejandro: Ensayos sobre la historia económica argentina, Buenos Aires, 1975, pp. 272-301. Para una reconsideración reciente de estos problemas en la década del 20, A. O'Connell: "Free Trade in One (primary Producing) Country: The Case of Argentina in the l920's", en Guido di Tella y D. C. M. Platt: The Political Economy of Argentina, 1880-1946, Oxford, 1986, pp. 74-94. 25. Actas, 24-5-29 y 13-9-29. El costo de la maquinaria que Alpargatas debía instalar gracias a este convenio ascendía a sólo 20 000 pesos. En la década del 30, al mismo tiempo que aumenta la importación de caucho natural, disminuye notoriamente la de artículos de caucho, véase Adolfo Dorfman: Historia de la industria ..., pp. 369-370. �102 Siglo XIX 26. Memoria, 1928. 27. En 1928, por ejemplo, decide postergar cualquier decisión sobre futuras ampliaciones hasta que se conozcan las ideas del gobierno nacional "en lo que se refiere a las relaciones entre Capital y Trabajo y la protección a la industria nacional", Actas, 1-6-28. 28. Actas, 10-1-30, 15-3-29, 12-4-29, 6-12-29. 29. Memoria, 1934. S.A. Fábrica Argentina de Alpargatas, Balance General, 1932, 1933, 1934 (en adelante Balance General). Gutiérrez y Korol: Historia de empresas y crecimiento industrial 103 45. Por patrimonio neto se entiende la suma de capital .más las reservas. Para el estudio de la tasa de ganancias se ha utilizado el siguiente indicador: rentabilidad patrimonial = (ganancias netas del ejercicio/patrimonio neto) 100. La información que se consignaba en las memorias y balances fue cambiando, por lo que los datos no son completos para algunos momentos del período estudiado. 46. Se utilizó como índice de deflación para el período 1883-1912 la relación entre el valor del oro y el peso moneda nacional, en el mes correspondiente al Balance General indicado en Juan Alvarez: Temas de historia económica argentina, Buenos Aires, 1929, pp. 122-123. Para el período 1913-1940 se utilizó el índice de precios mayoristas no agropecuarios. Fundación Meditarránea: Estudios, año 9, No. 39, julio-septiembre 1986, pp. 122. 30. Actas, 31-1-34. 31. Actas, 27-4-34, 26-6-34, 8-6-34, 26-10-34. 47. Sólo a partir de 1908 los balances muestran separadamente los montos de capital Yreserva Y discriminan entre capital autorizado y emitido. A partir de la misma fecha comienzan a informar de manera continuada sobre distribución de utilidades. 32. Actas, 21-6-35, 13-9-35. 33. Actas, 8-11-35. 48. Si se consideran las amortizaciones como ganancias, la rentabilidad es más alta. La diferencia es especialmente importante hasta 1905. Calculados de esta manera los datos del cuadro 2 serían los siguientes: 34. Actas, 27-4-34, 26-6-34, 21-12-34. Periodo Rentabilidad ('%) 1891-95 1896-00 1901-05 1906-10 1911-15 1916-20 1921-25 1926-30 1931-35 1936-40 21.35 29.53 14.60 10.81 15.67 28.10 14.78 13.51 16.03 18.26 35. Actas, 8-2-39, 31-3-39. 36. Actas, 13-4-38, 15-7-38, 26-8-38. 37. Actas, 5-5-39. 38. Actas, 18-3-37. 39. La compra se realiza al contado por 500 000 pesos. Actas, 27-9-40, 25-10-40, 15-11-40, 10-1-41. 40. Alpargatas utilizaba 169 500 pesos anuales de materia prima extranjera. Censo Municipal, 1887, tomo II p. 345 y 316-317. 49. Memoria, 1892 y 1895. 41. Censo Nacional de 1914, tomo VII, Censo de Industria, p. 115. 50. Balance General, 1908-191 J. 42. Estos porcentajes resultan de considerar las cifras del censo de 1914 como estimaciones del activo total de las empresas censadas, dado que el censo estima los "capitales globales invertidos, comprendiendo terrenos, edificios, maquinarias, materias primas, productos y numerario", y compararlas con el activo total de Alpargatas. Cf. Censo Nacional de 1914, tomo VII, Censo de Industria, p. 25, y Balance General, 1914. 51. Balance General, 1924-1935. 53. Memoria, 1918. 43. En 1916 Alpargatas empleaba 1 600 trabajadores. En 1914 el total nacional de las industrias del ramo era de 4 764 trabajadores. La Nación, número especial, 1916, p. 473. 54. Los precios aumentan y la demanda efectivamente se retrae. La docena de alpargatas se vende a 6.53 pesos en 1889; 6.62 en 1890 y 8.38 en 1891. En 1892 desciende a 7.93 pesos. 44. Los primeros puestos están ocupados por frigoríficos, fábricas de cigarrillos, arucareras, petroleras y empresas de electricidad. Las únicas textiles que superan a Alpargatas son la Fabril Financiera y Campomar. Municipalidad de Buenos Aires: Revista de Estadistica, 1929, Apartado Industrias Fabriles, pp. 106-117. 55. En 1895 la rentabilidad patrimonial supera el l 0% por primera vez desde 1890. 52. El patrimonio crece en este subperíodo al 4.50!o anual; los valores de la cuenta "Máquinas y herramientas" al 4.88% . Cf. Memoria y Balance, 1934-1940. 56. Actas, 27-6-24. 57. Actas, 15-3-29. �104 Siglo XIX Comercio y Crédito en Buenos Aires, 1822-1826 58. La empresa había solicitado en 1911 autorización de los accionistas para la emisión de obligaciones o debentures. El monto de estas obligaciones ascendía en 1917 a 39 000 libras. El crédito hipotecario original de 50 000 libras fue convertido en debentures, aunque no se cuenta con información sobre esta operación. Cf. Memoria y Balance. 1911-17. 59. Actas, 2-2-20, 22-3-20, 19-4-20, 10-8-21. Samuel Amaral * 60. Actas, 18-12-19, 10-1-20, 23-12-21, 19-1-22. 61. En el mismo año Alpargatas rechaza una oferta de crédito de J. C. M. Thum & Sons de Londres por "no tener necesidad de él". Actas, 7-11-22, 3-11-22. 62. Actas, 31-7-24. 63. En 1924 obtiene un crédito de 1 500 000 pesos m/n. del Banco Británico y un crédito de 500 000 pesos m/n. del Banco de Londres, sucursal Barracas. Actas, 24-9-24 y 19-6-25. 64. Cf. Naciones Unidas, CEPAL: Análisis y proyecciones del desarrollo económico. V. El desarrollo económico de la Argentina. (Parte 1: Los problemas y perspectivas del crecimiento económico argentino. Parte 2: Los sectores de la producción), México, 1958-1959. 65. Véase Alberto Petrecolla: Sustitución de importaciones y formación de capital (La industria textil: 1920-1940), Buenos Aires, 1968. 66. La búsqueda de integración vertical se producirá más tarde. A partir de la década del 60 Alpargatas Argentina se vinculará con empresas proveedoras de insumos, como Fibramalva, SAIC y Fibrapalma S.A. Más adelante se intentará también una diversificación de sus actividades fuera de la producción textil y del calzado. 67. Un ejemplo de las diferencias está dado por el rechazo de Alpargatas a comprar el activo de la quebrada Casa Ashworth en 1930, señalando "la inconveniencia de dedicarse a otro tipo de negocios''. El activo es finalmente comprado por Roberts, uno de los accionistas importantes de Alpargatas en ese momento. Actas, 12-3-30 y 23-4-30. INTRODUCCION El tránsito de la economía colonial a la independiente fue en Buenos Aires, como en otras partes de América, el de un régimen mercantilista, basado en protección y provilegios, a otro de libertad económica, donde la competencia y la introducción de métodos mercantiles más eficientes permitieron el surgimiento de nuevos capitales y nuevos empresarios. En las zonas más dinámicas, donde la apertura a las corrientes comerciales externas tuvo mayores efectos, ·el poder económico y político de los viejos comerciantes se vio debilitado por nuevas ideas, por las necesidades fiscales de los gobiernos pos-revolucionarios y por nuevos grupos e instituciones económicas. El proceso de sustitución del poder y de la influencia de unos por la de otros fue un proceso rápido, pero rico en roces y conflictos. En Buenos Aires el eclipse de los antiguos capitales acumulados en la actividad comercial intensa de las últimas décadas coloniales se produjo al compás de la crisis financiera que enfrentaron los gobiernos revolucionarios. Hombres nuevos, criollos y extranjeros, aparecen a pocos años de la revolución usufructuando las ventajas de sus nacionalidades, pero más que nada las de una libertad que comprenden mejor que sus antecesores. • Department of History, Stanford University. Esta es una versión modificada de "Comercio y crédito: el Banco de Buenos Aires, 1822-1826", América, Buenos Aires, 1977, No. 4, pp. 9-49. Esa versión incluía un apéndice con una lista de los nombres de acreedores del banco y los montos de sus créditos, aquí omitida, cuya copia puede ser solicitada al autor. Agradezco aquí, como entonces, la información y las sugerencias de Alberto S. J. de Paula. �106 Siglo XIX Los gobiernos revolucionarios encontraron en ellos su mejor apoyo, aun cuando sus intereses no siempre coincidieron: los nuevos comerciantes podían sacar ventaja de la depreciación de los títulos de los involuntarios empréstitos, pero no siempre sobrevivían a las incesantes contribuciones para gozar de aquella ventaja. La conjunción de esos intereses no se alcanzó en Buenos Aires basta que, creada la provincia y separada de las otras integrantes de la unión del Río de la Plata, comenzaron a sentarse las bases de la estabilidad política que acentuó la prosperidad lentamente propagada en la región desde 1810. Prosperidad y estabilidad fueron los motivos de que el marco institucional heredado de la colonia, sólo ligeramente transformado durante una década en que las luchas, la ignorancia y el desorden habían predominado, comenzase a manifestar una urgente necesidad de reforma. Las más importantes de ellas estuvieron destinadas a poner orden en las finanzas públicas, pero al mismo tiempo en el crédito privado, ya que un punto de coincidencia de ambos sectores era el restablecimiento de un medio circulante que, en ausencia de la plata altoperuana, liberase a ambos, gobierno y comerciantes, de las restricciones impuestas por el uso de títulos de deuda como medio de apoyo. Este aspecto de la reforma emprendida se expresó en la creación de un banco, el Banco de Buenos Aires, que emitiría billetes contra el descuento de letras, es decir, contra el crédito de los comerciantes. • ' < Este trabajo, a través del análisis de las operaciones de crédito, tiene por objeto echar alguna luz sobre uno de los aspectos conflictivos de la reforma y de la apertura económica: la participación de capitales Yempresarios extranjeros -comerciantes británicos, pero también norteamericanos, franceses, alemanes, italianos y brasileños- en el proceso de expansión generado por el crecimiento de las exportaciones de productos pecuarios. Veremos en primer lugar en qué contexto se dio la creación del Banco de Buenos Aires; a continuación nos detendremos en el instrumento de crédito a través del cual llevó a cabo sus operaciones; y, finalmente, analizaremos esas operaciones para ver qué nos dicen de la concentración de los negocios y de la composición del sector mercantil de Buenos Aires en la primera mitad de la década de 1820. .: EL BANCO DE BUENOS AIRES ◄ Li El Banco de Buenos Aires comenzó sus operaciones el 6 de septiembre de 1822. Integrado por capitales privados, se originó en una convoca- Amaral: Comercio y crédito en Bs. Aires (1822-1826) l()'J toria del ministro de hacienda, Manuel José García, en enero del mismo año. Desde mediados del anterior, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, estabilizado bajo la gobernación de Martín Rodríguez tras las vicisitudes de 1820, había encarado un programa de reforma fiscal con el fin de simplificar la recaudación tributaria, consolidar la deuda pública, ordenar las finanzas y proveer a la plaza de un medio de pago que reemplazara al escaso metálico y a los abundantes títulos de deuda que circulaban. Todas estas medidas apuntaban tanto a resolver los problemas de la década anterior como a sentar las bases de la prosperidad futura. Exacciones y confiscaciones, contribuciones y empréstitos forzosos habían constituído la vía más fácil de financiar el gasto público, pero tras una década de abusos la violencia y la inseguridad generadas pesaban tanto al estado como a los contribuyentes. Fue así como, alcanzada la estabilidad política, comenzó a buscarse la estabilidad financiera. A fines de 1821 se dispuso la consolidación de la deuda pública anterior y posterior al 25 de mayo de 1810 y la creación del Crédito Público. La nueva institución emitiría inmediatamente bonos para la consolidación de la deuda y más adelante, eventualmente, para la financiación del gasto público de un modo que fuese conveniente tanto para el estado como para sus acreedores. Con la consolidación desaparecerían los muchos y variados títulos de la deuda pública que desde su primera emisión (los pagarés sellados de 1813) habían sido usados en lugar del metálico que, por haber dejado de fluir desde el Alto Perú por la interrupción del situado en 18l l, se tornaba cada vez más raro. La desaparición de los títulos implicaba la del medio de pago por lo que los bonos del Crédito Público pasarian a sustituirlos en tal función. Con la consolidación se lograba eliminar la incertidumbre de la recaudación fiscal (aquellos títulos eran amortizables por la aduana por su vaior nominal contra su presentación en pago de derechos de importación), pero no lograba separar las funciones monetarias y financieras del medio de pago. Con este fin era necesario apelar a otros recursos. Porque los negocios de Buenos Aires prosperaban era posible apelar, como en otros lugares se había hecho y como lo recomendaban ciertos economistas, a la monetización del crédito a través de la emisión de billetes de banco contra el descuento de letras. Por este motivo, a poco de haber comenzado las reformas, el ministro de Hacienda promovió la creación de �108 Siglo XIX un banco de descuentos que pusiera en circulación un medio de pago garantizado por el crédito de sus acreedores 1• El Banco de Buenos Aires ha sido objeto de buenos estudios en los que se encontrarán expuestas las circunstancias en que fue creado, operó y desapareció la empresa. Con mayor o menor detalle señalan sus antecedentes (la Caja Nacional de Fondos de Sud América, la Memoria de Santiago Wilde), su organización a partir de la convocatoria ministerial, las vicisitudes de sus emisiones, algunos datos de sus operaciones y los pormenores de su extinci6n, cuando en febrero de 1826 se constituyó la sociedad mixta del Banco Nacional sobre la base del Banco de Buenos Aires y de los fondos del empréstito colocado en Londres en 1824 2• Las actividades del banco, sin embargo, son poco conocidas: no existe un análisis de sus operaciones de descuento de letras ni de los depósitos en cuentas corrientes. Esto se debe sin duda, más que a falta de interés, a que tal estudio echaría menos luz sobre el banco que sobre los comerciantes, por un lado, y por otro a la naturaleza de la fuente, que impone un trabajo mucho más engorroso con este fin. Las operaciones del banco, de reconstrucción más compleja que su historia institucional, permiten como escasas fuentes estudiar ciertos aspectos de la actividad mercantil de los comerciantes de Buenos Aires. Aquí ofreceremos un análisis de las cancelaciones de letras descontadas por el banco, pero para poder interpretar la información es necesario detenerse primeramente en el instrumento de crédito, la letra. EL INSTRUMENTO DE CREDITO: LA LETRA Las letras eran instrumentos por los cuales una persona, el librador, ordenaba a otra, el librado, pagar a un tercero determinada cantidad de dinero a determinado plazo. No eran éstas letras de cambio, es decir giradas entre plazas con distinta moneda, sino lo que se denominaba letras secas, giradas en la misma plaza y por lo tanto sin cambio de moneda. Las letras de cambio implicaban dos operaciones: una de cambio, por la distinta moneda circulante en cada plaza, y otra de crédito, por el plazo entre la fecha de giro y la de pago. La letra seca sólo retenía esta última función 3. ..... ' El beneficiario presenta el efecto al librado, quien al aceptarlo se comprometía a hacer efectiva la letra a su vencimiento. La no aceptación y la falta de pago tras la aceptación daban lugar al protesto notarial 4 • Aceptada la letra su tenedor podía presentarla para su descuento a un banco si tal institución existía o a cualquier comerciante Amaral: Comercio y crédito en Bs. Aires (1822-1826) 109 que efectuara tales operaciones s. El descuento consistía en el adelanto del monto de las letras menos una cantidad equivalente a los intereses correspondientes a los días que aún debían correr hasta el vencimiento. Llegado éste, el aceptante debía pagar el monto nominal de la letra al banco que había efectuado el descuento, que así recuperaba la suma adelantada más la diferencia entre ella y el monto nominal, que era su ganancia. Por la condena de la iglesia a la usura, esta operación no fue practicada abiertamente sino desde fines del siglo XVII, con la fundación del Banco de Inglaterra, y en el continente europeo recién desde fines del siglo siguiente, tras la Revolución Francesa 6 • La letra de cambio no se difundió en el Río de la Plata hasta después de la revolución de Mayo, debido a las características del comercio, tanto legal como ilegal, basado en la extracción de metálico. Tras la revolución, tanto la quiebra de los antiguos circuitos de comercialización centrados en torno del eje Potosí-Buenos Aires como la libertad de comercio favorecieron el desarrollo de la letra no solamente en su función original, el cambio de moneda (ya que podía girarse libremente sobre Río de Janeiro, Londres o París), sino también en su otra función: como instrumento de crédito local, aquello que los escolásticos denominaban cambio seco, " que es cuando se trueca la moneda que está presente, por la que está ausente, no en otro lugar, porque se ha de dar en tiempo diferente", pese a las disposiciones aun vigentes de las Ordenanzas de Bilbao 7 • En esa función, como instrumento de crédito, las letras no siempre eran libradas como mandatos de pago en favor de terceros. Con frecuencia el librador era quien la enviaba al descuento para proveerse de fondos y el librado se transformaba en mero aval, cuya participación sólo era requerida en caso de falta de pago por parte de quien la había librado y enviado al descuento 8• Estas letras libradas sin la contraparte de una operación comercial eran condenadas por la literatura económica de la época: tanto Adam Srnith como Henry Thornton, a quien sigue John Stuart Mill, no aceptaban las letras ficticias. Su rechazo del giro recíproco de letras por operaciones inexistentes se basaba en tres motivos: 1) obligaba al banco a una mayor emisión para responder por las sucesivas letras por montos crecientes que iban siendo descontadas; 2) aumentaban el volumen de la circulación fiduciaria; y 3) hacían perder al banco el control de sus propios billetes, ya que los reiterados descuentos encadenados mantenían una gran masa de dinero en manos de los deudores, im- �110 Siglo XIX Amaral: Comercio y crédito en Bs. Afres (1822-1826) pidiendo al banco aplicarlo a otras operaciones de crédito 9 • Sin tomar en cuenta las consecuencias que para el Banco puede haber tenido el descuento de letras ficticias debe señalarse las diferencias entre éstas y las letras verdaderas por la distinta participación de las personas intervinientes en cada una de ellas. Las letras originadas en operaciones comerciales (gráfica 1) mantenían casi todas las características de la letra de cambio, a excepción de la cláusula de la distantia loci (el giro sobre distinta plaza), Las letras ficticias (gráfica 2) se aproximaban al pagaré. En el primer caso el girador (G) o el endosante (E) eran quienes recibían el adelanto del banco, y el aceptante (A) era quien pagaba la letra a su vencimiento; en el segundo caso era el girador quien recibía el adelanto y quien pagaba. Aunque las personas intervinientes eran responsables in solidum de la letra el protesto se efectuaba contra el aceptante, por lo que en la letra ficticia el receptor del adelanto y luego pagador quizá haya jugado también como aceptante 10 • GRAFICA 1 LETRA DESCONTADA POR EL BANCO DE BUENOS AIRES (SEGUNDA FIRMA COMO ACEPTANTE) ~sa n Gira contra ~ y -------- ~ . Descm1nta en ~ Que acepta----v:)} Descuenta f etnel 1 1 Paga a... . diJ'as vista 3 4 :_ ----~ANC DE BUENOS AIRE Esta disquisición apunta a desentrañar el carácter de la información proporcionada por el libro Diario del Banco de Buenos Aires. Las personas registradas son, según todas las apariencias, los aceptantes de las letras descontadas, es decir quienes efectuaron el pago de la letra al vencimiento. ' ~ '" ,," 1 111 ~ ,: Esta suposición se basa en algunos pocos casos que han podido aclararse. El 2 de agosto de 1823 se efectuó el siguiente asiento: "El Banco debe a Descuentos por 2 letras recebidas de Carlos Harton ... 7 726 pesos 3 reales"; pero tres días más tarde se enmienda un error cometido en ese asiento: "Descuentos deben a Juan C. Zimmermann por una letra vencida el 2 de agosto contra Carlos Harton ... 3 793 pesos 7 reales, depositada de Zimmermann" 11 • Vemos aquí que equivocadamente se registró la cancelación de dos letras por Carlos Harton como si ambas hubiesen sido descontadas por el banco, cuando en verdad una de ellas había sido depositada al cobro por Juan C. Zimmermann. En este caso fue registrado el nombre del aceptante, que era una persona distinta de quien había enviado la letra al descuento (suponiendo que fuera el mismo Zimmermann el tenedor de ambas letras de Harton, que depositó al cobro una y envió al descuento Ja otra). En el mismo sentido dos letras protestadas notarialmente en 1824 fueron registradas a su cancelación bajo el nombre de sus aceptantes. Fue el caso de la letra librada por Juan Comonos, aceptada por Felipe Xavier Nuñes, por 2 375 pesos, endosada en favor del banco el 15 de noviembre de 1823 por Bertram, Armstrong y Cía., protestada el 14 GRAFICA2 LETRA DESCONTADA POR EL BANCO DE BUENOS AIRES (SEGUNDA FIRMA COMO A VAL) Descue ta iJo DE BUENOS AIRES 111 �112 de enero de 1824 y pagada por Nuñes el 17 de enero. Igualmente sucedió con la letra librada por M. de la Calle Casamayor, por 200 pesos, aceptada por Narciso Marull, endosada el 23 de diciembre de 1823 en favor del banco por Miguel Riglos, protestada el lo. de marzo de 1824, y pagada por Marull dos días después 12 • Subsiste, sin embargo, el problema de determinar qué tipo de aceptante era, si el aceptante real (gráfica 1), el aval (gráfica 2) o una variante de éste, aceptante-receptor del crédito. Si se diera este último caso (Lamas mueve a pensar en tal sentido al afirmar que el banco fue el iniciador de los créditos personales), se tendría que las personas registradas en el libro Diario son los beneficiarios de los créditos otorgados por el banco 13 • Las letras libradas por Comonos y por Casamayor, sin embargo, no pertenecen a tal caso. Entonces, por la misma imposibilidad de distinguir la función de las personas intervinientes en la letra en ese momento de su desarrollo histórico, debe suponerse que los aceptantes registrados en el libro Diario corresponden a todas las variantes señaladas. LAS CANCELACIONES DE CREDITOS La información provista por el libro Diario no sirve, por lo tanto, para analizar la política crediticia del banco, ya que la ambigüedad del instrumento de crédito impide definir criterio discriminatorio alguno. Pero la sumatoria de las cantidades canceladas por las personas registradas en ese libro puede ser un indicador del volumen operativo de los comerciantes de Buenos Aires. En última instancia siempre se estará frente a deudas de un comerciante (excepto en el caso del aceptanteaval), puesto que si era el aceptante de una letra verdadera, ésta documentaba una deuda con otra persona; y si era ficticia, una deuda con el banco. Lamas consideraba que, aunque hubiese procedido en contra de las recomendaciones de los clásicos, el banco había seguido un buen camino: 111, 11: I '~ ;:~ =: ... ,,, •11q J ~-~:: IM Amara}: Comercio y crédito en Bs. Aires (1822-1826) Siglo XIX Las operaciones de crédito personal... han hecho del Banco de Buenos Aires el único que... le ha proporcionado a este país el inmenso beneficio de la distribución del capital de acuerdo con las aptitudes individuales. Las causas del fracaso del banco no fueron para él solamente la defectuosa integración del capital y el descuento de letras ficticias, como sostuvieron los enemigos de la institución, sino más bien una coyuntura desfavorable que no ofreció demasiadas alternativas al directorio. 113 Este, según Lamas, tras un primer ejercicio de acertada conducción, había procedido a aumentar las cantidades de los préstamos sin reparar en las personas a que se hacían ni en la naturaleza de los negocios para que se concedían, de modo que había expandido su circulación cuando el creciente desequilibrio del comercio internacional estaba disminuyendo el encaje metálico de la institución14. Al aumento de las importaciones, superiores a los cinco millones de pesos en 1824, muy por encima del nivel de las exportaciones, cabe buena parte de responsabilidad en el desencadenamiento de la crisis, ya que ellas eran financiadas a través de descuentos llevados a cabo por el banco. Pero otra parte cabe a las operaciones de crédito efectuadas entre abril de 1825 y febrero de 1826 con los fondos del empréstito colocado en Londres en 1824, que ejercieron una fuerte presión adicional sobre el banco al incrementar la demanda de billetes, forzándolo a aumentar la emisión o a resignar su posición privilegiada. Las consecuencias fueron el aumento de la emisión y, más tarde, la resignación de los privilegios. La calidad de los préstamos aludida por Lamas no puede ser analizada en detalle por carecerse de las precisiones necesarias (carácter de las personas intervinientes en las letras, plazos de los descuentos y de las renovaciones sucesivas), pero es notorio el alto grado de concentración de los créditos. El 6.5% de las personas registradas en el libro Diario correspondió el 71.6% del monto total de las operaciones. CUADRO 1 BANCO DE BUENOS AIRES (1822-1826) CANCELACIONES DE LETRAS DESCONTADAS pesos (de 8 reales) 1822 (6 sept -31 die) 1823 1824 1825 1826 (1 ene -11 feb) Subtotal 30 395 459 Letras en cartera al cierre de las operaciones Total 3 280 536 33 675 994 Fuente: ABP, 101-1-1, Mayor 1822-1826 176 786 3 610 635 11 563 079 13 502 290 1 542 669 �114 Siglo XIX Amara/: Comercio y crédito en Bs. Aires (1822-1826) 1 1 Aunque no es fácil efectuar una distribución de las personas registradas en el Diario por nacionalidad debido a la imposibilidad de conocer el origen de cada una de ellas (y aun siendo posible ello no implicaría el mantenimiento de relaciones estrechas con su lugar de procedencia), puede intentarse una clasificación basada en sus apellidos. ,, 1 Agrupándolos en cuatro categorías tenemos que los "británicos" (ingleses, escoceses, irlandeses y norteamericanos) representaron el 12.6% del total de las personas y registran cancelaciones por el 38.9%; los "europeos" (alemanes, franceses, italianos y otros europeos no españoles, ni portugueses, ni británicos), 6.7% de las personas y 2. 7% de las operaciones; los "luso-brasileños" (apellidos de ascendencia portuguesa no españolizados), 2.5% de las personas y 0.9% de las operaciones; al resto, los apellidos españoles que llamaremos "criollos", correspondió el 78.2% de los individuos y el 57.5% de las operaciones. De tal modo tomando el l OJo de cada grupo correspondió en promedio 3.09% de las operaciones a los "británicos"; 0.40 a los "europeos"; 0.36 a los "luso-brasileños"; y 0.74 al resto. Otra manera de poner estos mismos resultados es decir que a un "británico" correspondió en promedio 98 800 pesos; a un "europeo", 12 800 pesos; a un "luso-brasileño", 11 500 pesos; y a un "criollo", 23 600 pesos. I ··~1•• •t ' il,, 1 . r,: 1 ' ,, 1 :! 1 ,¡ 11 "' " " "1 r 1 El total de personas o firmas comerciales registradas fue 949 y el total de las cancelaciones 29 614 161 pesos, por lo que el promedio por individuo fue 31 205 pesos. El total de las cancelaciones difiere de las del cuadro 1 debido a la sustracción de 781 298 pesos correspondientes a la Tesorería General, cuyas cancelaciones representaron el 2.6% del total. 1,,. 111. 11"; t La proporción correspondiente a los "británicos" se toma más significativa si se discrimina entre quienes dentro de esa categoría canee!aron por más o menos de 50 000 pesos. Los primeros representaron el 3. 70/o de las personas y el 36.4% de las operaciones; los segundos, 8.9% de las personas y 2.5% de las operaciones. De esta manera a 36 "británicos" ( el 3.7% por encima de 50 000 pesos) correspondieron cancelaciones por 11 115 645 pesos (el 36.4% del total), con un promedio de casi 309 000 pesos. Aparece así una subcategoría que no se distingue de los "europeos" y de los "luso-brasileños", que está levemente por debajo de ellos y mucho más abajo que los "criollos". La concentración de las operaciones y la composición de las mismas puede establecerse mediante la diferenciación de quienes cancelaron por más o menos de 100 000 pesos (cuadro 2). CUADR02 BANCO DE BUENOS AIRES. CANCELACIONES DE LETRAS (1822-1826) (En miles de pesos de 8 reales) B Joaquín Achaval Domingo Adalid Rodríguez Ruperto Albarellos José Julián Arriola Miguel José Azcuenaga Bertram, Armstrong y Ca. Brown, Buchanan y Ca. Carnpbell, McDougall y Ca. José Antonio Capdevilla Manuel Carranza Marcelino Carranza Vicente Casares Félix Castro José María Coronell Braulio Costa Pasqual Costa Hugo Dallas Duguid, McKerrell Tomas Eastman Pedro J. Echegaray José María Esteves Esteves y Niblett Tornas Fair Lucas Femández Juan Femández Molina Guillermo P . Ford Mariano Fragueiro Ignacio Freire Félix Ignacio Frías Juan García Parga Juan Gibson, hijos y Ca. lnocencio González Miguel Ambrosio Gutiérrez Manuel José Haedo Carlos Harton Heyworths, Carlisle y Ca. Gregorio Lecocq e 217 3 102 6 250 7 306 1 136 5 * 969 5 255 O 195 9 254 5 177 9 305 6 124 9 223 1 108 1 1 194 8 245 5 * 122 2 190 1 138 1 109 8 244 O * * * * 271 7 622 5 133 3 424 9 765 O 812 9 236 6 679 4 122 3 • • 630 9 159 O 283 3 • 317 5 488 2 152 3 228 4 115 �116 Siglo XIX Amara/: Comercio y crédito en Bs. Aires (1822-1826) sigue cuadro 1 •q 11, Sebastián Lezica y hermanos Salvador Maldonado Alexandro Martínez McCrackam, Jamieson y Ca. Miller, Eyes y Ca. Miller, Robinson y Ca. Custodio J. Moreira Sebastián Ocampo y hermanos Ricardo y GuiJiermo Orr Julián Panelo Manuel Porto y Ximeno Estevan Puddicomb Miguel Riglos Guillermo P. Robertson Juan P. Robertson Marcos Rodríguez Allende Roquin, Meyer, Morell y Ca. Juan Pablo Sáenz Valiente Antonio Francisco Sánchez Roque del Sar Stewart, McCall y Ca. Tayleur, Cartwrigth y Ca. José y Josué Thwaites Winter, Brittain y Ca. Zimmermann, Frazier y Ca. Total !11'1 11 ·¡¡ i Ycancelaron por un total de 11 038 300 pesos, con tin promedio de 290 500 pesos. 164 4 165 1 115 8 * De las 16 personas que están por encima del promedio (marcadas con un asterisco en cuadro 2), que en conjunto representan el 45.6% de las cancelaciones, nueve son "británicos" y siete "criollos" 15 • Las c~celaciones de los primeros suman 6 671 300 pesos, con un promed~o de 741 300 pesos; y las de los segundos 4 839 900, con un promedio de 691 400 pesos. 162 7 180 1 425 2 133 8 116 5 152 6 147 9 279 3 CONCLUSION 690 9 Si se admite que_ las cancelaciones de las letras descontadas por el Banco de Buenos Aires revelan algo si no de su política crediticia sí al menos acerca de los comerciantes de Buenos Aires, debería concluirse que los negocios par:ecen por demás concentrados, que había una amplia masa de comerciantes menores cuyo volumen conjunto de operaciones es muy significativo, y que las más poderosas casas comerciales eran en casi igual proporción criollas y extranjeras. Entre éstas las primeras eran más pequeñas, pero un mayor número compensaba el volumen de las segundas. 127 4 * * * * * * * 157 1 1 956 O 463 8 247 2 307 3 234 1 573 2 664 O 257 9 186 3 1 075 6 274 7 10 421 O 11 038 3 21 459 3 = "británicos" = "criollos" * = personas que cancelaron sumas mayores que el promedio de este cuadro B C 111 . 111 ' ,::,11,! : ,,,, 1 117 Sesenta y dos personas, 6.5% del total, sumaron cancelaciones por encima de esa cifra y lo hicieron por un total de 21 459 300 pesos, equivalente al 72.5% del total de las cancelaciones. Las 887 personas que cancelaron por menos de esa cantidad, 93.5% del total, sumaron en total 8 154 900 pesos, equivalente al 27 .5% del total. El promedio de cancelaciones de los primeros fue 346 100 pesos y el de los segundos 9 200 pesos. De aquellas 62 personas 24 eran "británicos" y cancelaron por un total de 10 421 000 pesos, con un promedio de 434 200 pesos; y de los 38 restantes 36 eran "criollos", uno "europeo" y uno "luso-brasileño" En la lista de los principales operadores se encuentran importantes accionistas y miembros del directorio del banco, los integrantes de la sociedad que había contratado con el gobierno el empréstito colocado en Londres, y los principales importadores y exportadores. . El Banco había _sido creado, después de todo, para "animar la prospendad del comercio" y no debe extrañ;u- que así fuera puesto que ni la producción agropecuaria ni la industrial (denominación quizá exagerada para abarcar a saladeros y artesanías) requerían mayormente · d e ~~edito 16. L a pnmera porque se autofinanciaba a través de la liquidacion de vacunos; la segunda porque la primitiva técnica empleada no demandaba una inversión demasiado significativa. El plazo de noventa días de las letras no puede ser considerado un obstáculo para el acceso ~ crédit? de quienes por sus ciclos productivos, como los ganaderos o mdustnales, requenan plazos más largos de amortización ya que por las renovaciones constantes aquel plazo era más el mínimo ~ue el máximo 17• . El banco s~rvía a quienes necesitasen del crédito y estos eran principalmente los tmportadores. Ellos podían descontar letras para hacerse de fondos con qué financiar sus importaciones y de tal modo su crédito monetizado se convertía en el circulante de la plaza. �118 Siglo XIX Amara/: Comercio y crédito en 8s. Aires (1822-1826) No todos los habitantes de Buenos Aires veían las actividades del banco desde tal perspectiva. Los comerciantes apegados a morosos hábitos mercantiles, afectados por la compete~cia de ~ujantes ~riollos Y extranjeros recién llegados denunciaban la mfluenc1a extranjera en el banco para someterlo a su control. Esos enemigos del banco ~omenzaron a proponer a fines de 1824 la creación de un Banco Nacional que absorbiera al de Buenos Aires y que diluyera el poder de los grandes comerciantes. El Nacional fue durante algún tiempo el vocero de tales intereses y en sus páginas pueden leerse amargas quejas con~ra el a~ance den~~- vos métodos mercantiles que asignan a los extranjeros solo para d1s1mular sus objetivos: la influencia extranjera, que ha facilitado la anticipación de los retornos a las espediciones mercantiles introducidas en la plaza, privándonos del uso de capitales, que antes de la formación del banco existían en c~éditos pendien~es contra nuestros comerciantes: de suerte que el prus paga hoy las mtroducciones que se le hacen, antes de haberlas puesto al cons~o ... Resulta de aquí que nuestros comerciantes se hallan hoy reduc1~os al giro solo de sus capitales, porque los cr~itos que antes contrahi~ sobre el carácter pasivo de una cuenta cornente, hoy se ha transfen. . d e ella ,s . do al de una letra, y tomado la fuerza e1ecut1va de Buenos Aires y los fondos del empréstito externo. El premio del 40% para las acciones del viejo banco no alcanzó a disimular el cambio que una escala de votos en favor de los pequeños accionistas producía en el control de la nueva institución. La victoria se tornaría pírrica cuando acosado por las necesidades del gobierno el Banco Nacional perdiera a fines de 1826 apenas toda apariencia de una institución de crédito al servicio de la actividad mercantil. Tampoco el medio circulante se apoyaría en adelante en el crédito privado sino en el mucho más dudoso del gobierno. Se produjo entonces, por primera vez, la aparición de la inflación fiduciaria en Buenos Aires 19 • Una nueva coalición política apoyada por productores agropecuarios y los importadores daría por tierra con los intentos unitarios a mediados de 1827 y de modo irreversible dos años más tarde. Aunque la inflación cedió hasta 1830 el papel moneda inconvertible quedó como el legado permanente del fracaso de las primeras experiencias bancarias. El argumento xenófobo no queda justificado por el v~lumen ?e.cancelaciones de las dieciseis personas y sociedades comerciales mas lffiportantes, entre las que como vimos, extranjeros y criollos no difieren demasiado. Son entonces las fuerzas retrógradas que, asustadas por la velocidad impresa a los negocios por la monetización del _crédit? _desplazadas por extranjeros y crjollos más activos, ante la_ 1mpos1bilidad de recurrir en un Buenos Aires fuertemente comprometido desde 1821 con la libertad económica a la práctica mercantilista de pujar por pr<?tección y privilegios, se apoyan en la agitación xenófoba para reducrr a sus competidores y retornar a métodos menos eficientes pero que conocían mejor. El Banco debe a Descuentos por X letras recibidas de El proyecto de someter al Banco de Bue~os Aires ~racasó ~orque sus enemigos carecieron de la fuerza necesana para obligar al direc~orio a aceptar sus términos. Pero los intereses expresa~?s por Ifl _Nacional tuvieron mayor éxito cuando, desbordado por enns1ones debilmen~e respaldadas y soportando una corrida provocada por el bloqueo br~1leño el directorio tuvo que solicitar autorización del gobierno para mtem:mpir la conversión de sus billetes que hasta entonces se había ef~tuado libremente y a la par. Entonces, en enero de 1826, reapareció el proyecto del Banco Nacional a cuya integración concurrirían el Banco En muchos casos la expresión "recibidas de" aparece sustituida por "contra". Esto parece ser un cambio de escribiente más que de criterio. Al banco debía interesarle la mención del aceptante, quien había asumido la responsabilidad de pagar la letra a su vencimiento. Aimque la primera expresión parece hacer referencia a la persona que envió la letra al descuento y la segunda al aceptante, diversos asientos (entre ellos los mencionados en la nota 11) nos inclinaron a considerar que no se trataba de criterios diferentes. r . ~ ., .,,,,,.1 , .. :: 119 APENDICE Los asientos en el libro Diario (ABP, 101-3-1) de las cancelaciones de letras descontadas por el Banco de Buenos Aires tienen la siguiente forma: Juan Cano l 000 Tomás Eastman 355 etcétera �120 Siglo XIX Amara/: Comercio y crédito en Bs. Aires (1822-1826) NOTAS l. Sobre las finanzas públicas antes y después de la consolidación de 1821, v. Juan Carlos Nicolau, La reforma económico-financiera en la provincia de Buenos Aires (1821-1825). Liberalismo y economía, Buenos Aires, Fundación del Banco de la Provincia de Buenos Aires, 1988; Tulio Halperín Donghi, Guerra y finanzas en los orígenes del estado argentino (1791-1850), Buenos Aires, Belgrano, 1982; y Samuel Amara!, "Las formas sustitutivas de la moneda metálica en Buenos Aires (1813-1822)", Cuadernos de Numismática, 1981, v. 8, No. 27, pp. 37-61; "La reforma financiera de 1821 y el establecimiento del Crédito Público en Buenos Aires", Cuadernos de Numismática, 1982, v. 9, No. 33, pp. 29-48; "El descubrimiento de la financiación inflacionaria. Buenos Aires, 1790-1830" , Investigaciones y Ensayos, 1988, No. 37, pp. 379-418; y "Alta inflación y precios relativos. El pago de las obligaciones en Buenos Aires, 1826-1834", El Trimestre Económico, 1989, No. 221, pp. 163-191. 2. Sobre el Banco de Buenos Aires v. Octavio Garrigos, El Banco de la Provincia, Buenos Aires, Pablo E. Coni, 1873; Andrés Lamas, Estudio histórico y científico del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, El Nacional, 1886; Agustín de Vedia, El Banco Nacional, Buenos Aires, Félix Lajouane, 1890; Norberto Piñero, La moneda, e/ crédito y los bancos en /a Argentina, Buenos Aires, Jesús Menéndez, 1921; Nicolás Casarino, El Banco de la Provincia de Buenos Aires en su primer centenario, Buenos Aires, Peuser, 1922; y Horado J. Cuccorese, Historia del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Banco de la Provincia de Buenos Aires, 1971. Sobre el empréstito externo de 1824, v. Samuel Amara!, "El empréstito de Londres de 1824", Desarrollo Económico, 1984, v. 23, No. 92, pp. 559-588. 121 Depalma, 1961, pp. 11-34; y Héctor J. Cámara, La letra de cambio y vale o pagaré, Buenos Aires, Ediar, 1970, v. 1, pp. 141-142. 8. Escriche, pp. 385-386, v. Letra de cambio. 9. Adam Smith, Investigaciones sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, ed. Edwin Cannan, trad. Gabriel Franco, México, Fondo de Cultura Económica, 1958, pp. 284 y ss.; Jobo Stuart Mili, Principios de economía política con algunas de sus aplicaciones a la füosofía social, ed. W. J. Ashley, trad. T. Ortiz, 2a. ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1951, pp. 450-452. 10. Sobre la responsabilidad de las personas intervinientes en la letra, v. Ordenanzas de Bilbao, p. 105. 11. Archivo del Banco de la Provincia de Buenos Aires (en adelante ABP), 101-3-1, ff. 131 y 133. 12. Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Registro notarial No. 2, 1824-1825, ff. IOv y 102. 13. Lamas, op. cit., p. 17. 14. Lamas, pp. 17 y 12. Los enemigos del banco publicaban en El Nacional, enero de 1825, No. 3-6, pp. 54-60, 76-80, 92-96 y 103-108. 15. Dos de esos nueve "británicos", Harton y Ford, eran norteamericanos. 3. Sobre las funciones crediticias de la letra de cambio v. Raymond de Roover, L 'evolution de la lettre de change. París, Armand Colin, 1952. A través de la doble función de la letra define la "teoría del interés en el cambio" que permitía superar la barrera de la usura (pp. 43 y 61-62). Sobre el desarrollo histórico del instrumento en España v. Bruno Aguilera-Barchet, Historia de la letra de cambio en España (Seis siglos de práctica trayectieia). Madrid, Tecnos, 1988. 4. Joaquín Escriche, Diccionario razonado de legislación. 2a. ed. Madrid, Calleja, 1842, v. Protesto. 5. El descuento extrabancario parece haberse mantenido aún después de la creación del banco: "Es cosa sabida de todos, que hay casas particulares en Buenos Aires, que están descontando letras con metálico" (E/ Nacional, 17 de febrero de 1825, p. 152). 6. Roover, pp. 119-121. 7. Sobre la letra de cambio en Buenos Aires cf. Julio César Guillamondegui, "La letra de cambio en el derecho indiano" (tesis doctoral, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 1971), y Samuel Amara!, "Medios de pago no metálicos en Buenos Aires a comienzos del siglo XIX. Letras de cambio y letras secas", Cuadernos de Numismática, 1982, v. IX, No. 30, pp. 45-55. La cita es de Juan de Hevia Bolaños, Curia Philipica, Madrid, Juan de San Martín, 1767, p. 268. Hasta la codificación de Acevedo y Vélez Sarfield, convertida en ley provincial en octubre de 1859, se mantuvo la vigencia de las Ordenanzas de Bilbao, que no autorizaban el giro sobre la misma plaza. V. Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de Contratación de Bilbao (1737), Paris, Rosa, 1829, cap. XIII; Carlos C. Malagarriga, Reseña de la legislación comercial argentina (1810-/960), Buenos Aires, Roque 16. ABP, 001-1-1, Libro de Actas, 1822-1826, f. l. V. también la exposición de Manuel José García ante la junta general de comerciantes por él convocada para impulsar la creación del banco, El Argos de Buenos Aires, 23 de enero de 1822. 17. La imposibilidad de acceder al crédito por los lentos ciclos de la producción ganadera ha sido señalada por Mi ron Burgin, Aspectos económicos del federalismo argentino. Trad. Mario Cales. Buenos Aires, Hachette, 1960, p. 93. Sobre el plazo de las letras v. Lamas, op. cit., p. 9. 18. El Nacional, 6 de enero de 1825, No. 3, p. 58. 19. Sobre las relaciones entre el Banco Nacional y el gobierno en 1826, v. Samuel Amara!, "El Banco Nacional y las fmanzas de Buenos Aires: el curso forzoso y la incoovertibilidad del papel moneda en 1826", VI Congreso Internacional de Historia de América, Buenos Aires, 1982, v. 5, pp. 415-429. Sobre el proceso inflacionario, v. Samuel Amara!, "Alta inflación y precios relativos ... " (cf. n. 1). �Burguesía y Estado en Brasil Durante la Antigua República (1889-1930) 111 ,1 Steven C. Topik * 1 ..,~ 'ª'"'"'~,"' ~. Un pequeño grupo de hombres dominó la economía de Brasil durante la Antigua República (Old Republic), entre 1889 y 1930. El estado oligárquico servía, usualmente, a sus intereses, de modo que la clase acaudalada era también una clase gobernante. Este ensayo examína la naturaleza de la clase económicamente dominante en Brasil, y los medios que empleó para moldear las políticas del estado '. Por ello se describirá, en primer término, a los grupos propietarios. Luego, sus expectativas en cuanto a las políticas del estado, su organización política y los instrumentos con que influyeron el aparato estatal. . .... •1 1111 !! ¡ ~, ,, ,... :::1:1 11 lt 1 ,,¡ 1 11 ,¡,I Jjl •1 :: LA ELITE ECONOMICA BRASILEÑA DURANTE LA ANTIGUA REPUBLICA La clase adinerada era bastante reducida. Aunque no existen datos exactos en cuanto a propiedades o ingresos, varios cálculos independientes concuerdan en que aquellos que controlaban la mayor parte de la tierra, el capital y la maquinaria de Brasil constituía apenas el 1 ó 2% de la fuerza laboral (y ésta la componía sólo un tercio de la población nacional). Esto significaba unos 70 000 hombres en 1890, y 135 000 en 1930 (casi ninguna mujer ocupaba posiciones económicas importantes) 2 • La composición de la élite económica nacional reflejaba la vastedad, diversidad, y relativo atraso del subcontinente brasileño. Cierto que, como colonia, Brasil no experimentó la clase de cismas de nacio* _Department of History, University of California, Irvine (USA). Traducción del inglés de Isabel Cristina Mata Velázquez y Miguel A. González Quiroga �124 ,, Siglo XIX nalidad, tribales o religiosos que fragmentaron a los países de Asia, Africa, e incluso Europa 3• Las familias europeas que inmigraron y alcanzaron prominencia pronto se fundieron en una sociedad nacional·. Sin embargo, la clase adinerada era un grupo heterogéneo: se encontraba fragmentada en muchas facciones regionales y locales. Los miembros de las clases conservadoras constituían una clase unificada y consciente de sí misma sólo en el sentido de que presentaba una oposición común a las exigencias de las otras clases, y compartían el deseo por la hegemonía 4• En otros sentidos, sus miembros enfrentaban perspectivas económicas tremendamente distintas y operaban en escenarios socio-políticos diversos. El carácter heterogéneo de la clase acaudalada se desarrolló qebido a la variedad geográfica del país, patrones de colonización contrastantes, y falta de una economía nacional integrada. Ya en el período colonial, cada región había modelado su economía alrededor de un diferente cultivo para exportación. Esto promovió diferentes ritmos y ciclos de crecimiento. La orientación europea y el establecimiento costero de estas economías impedía la integración interna, y el deficiente sistema de transporte contribuyó aún más a la separación por regiones que fragmentó a la clase gobernante. La diversidad regional se acrecentó en el siglo XIX. La región del noreste, en otro tiempo la de mayor exportación, fue cayendo en un bache a medida que su azúcar perdía mercados extranjeros ante la competencia europea y caribeña, mientras que el Amazonas, área largo tiempo marginada y abandonada durante el período colonial, gozaba de un efímero auge de dos décadas (1890-1912), gracias al caucho. El sur, por su parte, gozaba de un firme aunque nada notable crecimiento basado en productos que se vendían principalmente en Brasil 5• Al mismo tiempo, la floreciente economía del centro, impulsada por las exportaciones de café, experimentaba un espectacular desarrollo que llegó a eclipsar al resto del país. El resultado de todo esto fue que la mayor parte de las riquezas generadas por la economía de exportación fuera producida por apenas 3 de los 20 estados brasileños, junto con el Distrito Federal. El estado de Sao Paulo generaba por sí solo el 400Jo de todas las exportaciones. Junto con Minas Gerais, Rio Grande do Sul y el Distrito Federal, producía el 600Jo de los cultivos agrícolas, representaba el 750Jo de la producción industrial y cárnica, y poseía el 800Jo de los activos bancarios de la nación. El ingreso per cápita de estas provincias y de la capital federal era más del doble que las ganancias obtenidas en las provincias más pobres, lo que ahondaba el abismo entre las regiones 6 • Topik: Burguesía y estado en Brasil (1889-1930) 125 También dentro de las regiones había marcados contrastes, y en parte era culpable la geografía. El magro y árido suelo del sertao que se extendía desde el interior del noreste hasta Minas Gerais sustentaba sólo agricultura rudimentaria y la cría de animales domésticos. Por otra parte, la fértil y bien irrigada tierra de la zona costera de Matta en el noreste, así como el plana/to del valle de Paraiba y la parte occidental de Sao Paulo producían abundantes cosechas. Los patrones de asentamientos humanos también contribuyeron a la diversidad. Algunas tierras que habían sido ricas, como las de los cafetales en el valle de Paraiba, comenzaron a declinar a causa del agotamiento y la erosión. Al mismo tiempo, áreas fronterizas recién abiertas como las del occidente de Sao Paulo, ofrecían terrenos abundantes y a bajo costo. Mientras tanto, el vasto interior, en gran parte desaprovechado, carecía d~ mano de obra suficiente y de transportación para sustentar algo más que agricultura de subsistencia. Las cambiantes demandas de la economía mundial y el desarrollo de la economía nacional también causaron diversificación y flujo regionales. Nuevos ricos cafetaleros del occidente de Sao Paulo, algodoneros del interior de Paraiba, comerciantes caucheros del Amazonas, cultivadores de cacao del sur de Bahia, de mate en Paraná se atrevieron a desafiar a la tradicional oligarquía terrateniente de sus áreas respectivas. Los industriales, financieros y otros hombres d_e negocios orientados al mercado nacional cobraron importancia a medida que las exportaciones se desplomaron, desde casi una cuarta parte del PIB en 1890, hasta casi un 150Jo para 1930 7 • Las diferencias locales y regionales en el ritmo e intensidad del crecimiento se reflejaban en el grado en que se implementaron prácticas totalmente capitalistas. En el centro y sur, regiones más opulentas, el fin de la esclavitud en 1889 produjo el surgimiento de un sistema laboral basado predominantemente en los salarios, y en donde prevalecían la especialización y una economía de mercado basada en el dinero 8 • La clase económicamente dominante, compuesta en su mayoría por hacendados, era en esencia burguesa. Si bien, muchos hacendados actuaban más como especuladores de tierras que como capitalistas industriales dedicados a aumentar la productividad (así lo sugiere Warren Dean), es evidente que consideraban la riqueza como capital que hay que invertir para producir más riqueza, e invertían sobre todo en la producción de bienes y servicios 9• En el sur, los sistemas agrícolas fluctuaban desde los pequeños agri- �126 11 Siglo XIX cultores dedicados al cultivo de arroz y la producción de vino, hasta los comerciantes que encomendaban la cosecha de los arbustos de mate a leñadores y vaqueros en las grandes estancias ganaderas. En la economía norteña, basada en el caucho, reinaban los comerciantes, quienes invertían más en sus transacciones que en la producción. Los recolectores de caucho trabajaban como productores semi-independientes que intercambiaban sus cosechas por los víveres necesarios. La economía estaba impulsada por crédito, pero en forma menos palpable por dinero. Los mercados eran reducidos y se !!ncontraban monopolizados por los comerciantes 1º. Aparte de las zonas aedicadas al algodón y el cacao, el noreste y otras áreas marginales de diversas regiones estaban dominadas por propietarios que a menudo eran más arrendadores que empresarios "modernizantes' '. Intentaban monopolizar factores loéales de producción: agua, tierra y capital con el objeto de rentarlos a un alto precio a los pequeños agricultores. No les interesaba tanto aumentar la productividad. El dinero no se utilizaba a gran escala porque los agricultores acos. tumbraban pagar la renta con una porción de su cosecha. Sin embargo, con el tiempo estos dueños de tierras fueron desplazados por los ingenios azucareros centrales que llegaron a dominar la rica zona de Matta 11 • 00¡,¡• ,111,_ lillfi :¡¡¡~ 11 j La diversidad de escenarios económicos a nivel regional y local significaba que no se podía hablar de una élite económica nacional. Es más exacto dividir la clase dominante en tres niveles: la alta burguesía, los barones provinciales, y los notables locales, si bien los límites entre los niveles no eran precisos ni intraspasables. ,:: 1d!5 A la cabeza se encontraba la alta burguesía, docenas de magnates que imperaban en las cumbres máximas de la economía. Una abrumadora mayoría provenía del centro del país, y aunque a menudo sus fortunas tenían sus raíces en el campo, donde conservaban residencias de verano, mostraban preferencia por vivir en las ciudades principales. Rio de Janeiro, centro financiero de la nación, albergaba a la mayoría de los aristócratas acaudalados del país. Sao Paulo llegó a rivalizar cada vez más con la capital federal, pero no logró darle alcance durante la Antigua República. Este pequeño grupo de hombres tenía mano en las empresas más grandes y lucrativas del país, e invertían a veces en regiones fuera del centro. Los barones provinciales constituían el segundo nivel. En su mayoría eran cultivadores y hacendados de áreas diferentes al centro. Estaban menos relacionados con la economía internacional y eran menos Topik: Burguesía y estado en Brasil (1889-1930) 127 capitalistas en sus negocios. Por lo general invertían su capital en su misma región, que eran menos lucrativas, y cuando participaban en las grandes empresas del centro, casi siempre servían de socios menores o accionistas minoritarios. La mayoría vivía en o cerca de las capitales provinciales. El tercer nivel estaba compuesto por los notables locales, quienes basaban su fortuna en la tierra, si bien algunos eran comerciantes. Sus inversiones comunmente se restringían a ateas geográficas pequeñas, marginales y no exportadoras; sus actividades implicaban menor capital, estaban menos diversificadas y tenían más probabilidades de apoyarse en prácticas precapitalistas que las de los otros dos niveles 12 • En vista de que la alta burguesía era la más importante en lo económico y lo político, este ensayo le dedica la mayor atención. El escalón más alto de la clase dominante era notable por su diversificada cartera. Con frecuencia, un mismo hombre era el dueño de plantaciones, bancos, establecimientos comerciales y fábricas. La familia Prado de Sao Paulo constituye un buen ejemplo. Aunque la base de su riqueza se originó en la producción de café, pronto se diversificaron. Antonio Prado, el patriarca, era al mismo tiempo uno de los mayores productores de café brasileños, presidente del Ferrocarril de Sao Paulo y del Banco de Comercio e Industria, socio de una de las mayores casas exportadoras (Prado Chaves), fundador de la primera empacadora de carne en Brasil, y socio de una fábrica vidriera. Los comerciantes importadores-exportadores se diversificaron en forma similar. Francisco Matarazzo comenzó importando y distribuyendo manteca de cerdo, pero pronto cambió a importaciones y exportaciones generales y con el tiempo llegó a construir el imperio industrial más grande de Brasil. Asimismo, fundó un banco y se convirtió en terrateniente a gran escala. Francisco de Paula Mayrink ejemplifica una trayectoria distinta. Comenzó trabajando para el Banco Comercial do Rio dt Janeiro y perseveró hasta fundar y presidir otros cinco bancos. También estableció en Sao Paulo una compañía de colonízación para inmigrantes, fue presidente del Ferrocarril Sorocabana, fundó cinco empresas ferroviarias mas pequeñas, encabezó la compañía naviera Lloyd, y ayudó a organizar la que operaba los muelles de Santos. Por último, fue presidente de la mayor compañía tranviaria en Rio, Sao Paulo y Belo Horizonte, y era dueño de ingenios azucareros, harineras y cafetales aparte de enormes fincas urbanas 13 • Tan diversificados cargos directivos y carteras fueron comunes hasta la depresión de los treinta. Sin embargo, esta diversidad no debía �128 Siglo XIX Topik: Burguesía y estado en Brasil (1889- /930) 129 ocultar la unidad que sustentába a la mayoría de los imperios comerciales. dos tras la Guerra Civil: apenas el 11 OJo de la misma estaba contenida en fincas mayores de 500 acres 16• Las familias que controlaban muchas áreas distintas funcionaban como corporaciones y centraban cada vez más sus posesiones en un banco. En este aspecto, Brasil siguió el mismo patrón que se ha encontrado en Argentina, Chile, Colombia y México: "las alianzas crediticias familiares estaban centralizadas e institucionalizadas en compañías financieras, particularmente bancos" 14 • Como señala Levi acerca de la influyente familia Prado: En el comercio de exportación dominaban unas cuantas casas mercantiles. Ocho firmas cafetaleras embarcaban dos tercios de la cosecha brasileña. Ocho comerciantes huleros exportaban más de la mitad de la producción anual. Asimismo, las importaciones estaban reguladas por unas pocas casas comerciales de gran tamaño 17 • Si los Prados se hubieran considerado a sí mismos como productores de café solamente, su impacto colectivo en Sao Paulo hubiera sido relativamente insignificante... (su) liderazgo en la sucursal paulista del Banco do Brasil dio a la familia una ventaja definida en el dinámico 15 clima económico de la segunda mitad del siglo XIX • La consolidación durante la Primera República se hizo evidente en toda la economía. Predominaron las empresas mayores, controladas por unos cuantos miembros de las clases conservadoras. La percepción generalizada del Brasil republicano es que, en la mayoría de las áreas fuera de la agricultura para exportación, prevalecían las firmas menores. En otras palabras, el subdesarrollo de la economía exportadora brasileña se reflejaba en la pequeña escala de las empresas. Según este punto de vista, sólo mediante la industrialización ingresaría Brasil al Gran Negocio. De hecho, un análisis sectorial de la economía durante la Primera República revela concentración por todas partes. En la agricultura, predominaban los latifundios. En 1920, el 4% de los terratenientes nacionales bastaron para representar un 60% de las tierras en propiedad privada. En las regiones exportadoras más prósperas, la concentración era aún más extrema. En Sao Paulo, el 2.5% de las propiedades abarcaba el 45% de la tierra. La situación seguía siendo bastante similar para 1935: 14% de los cafetales contenían el 57% de las plantas. Las tierras privadas en la rica región azucarera de Pernambuco mostraban un patrón similar: allí, el 20/o de las propiedades agrícolas representaban el 43% de la tierra. Vastos imperios agrarios surgieron en las áreas fronterizas de Goias ~ Mato Grosso. Se dice que el Ferrocarril de Brasil era el propietario unico de 140 000 kilómetros cuadrados. En comparación, la tierra estaba muchos menos concentrada en la región sureña de Estados Uni- La mayor parte de la transportación se hallaba en manos de unas cuantas firmas. Justo antes de la Primera Guerra Mundial dos compañías controlaban dos tercios de las vías férreas de Brasil. Estos conglome_rados ferroviar~os se diso~vieron en la década ~e los veinte, pero tod~v1a para 1930 mas de la nutad de los ferrocarriles era propiedad de siete compañías. La misma concentración era evidente en el sector del transporte marítimo, ya que seis firmas se hacían cargo de la mitad de_las exportaciones de café. Una sola empresa (Lloyd Brasileiro) maneJaba el 61 OJo de todos los pasajeros y, junto con otras dos, representaba el 84% de todos los embarques costeros18 • lg~alme~te concentradas estaban las finanzas: un banco guardaba casi la qwnta parte de todos los activos bancarios, y dos tercios de toda la actividad bancaria se realizaba en una docena de bancos, los que en su !llayor parte manejaban los negocios de los ricos, ya que las grandes hipotecas dominaban sus carteras de préstamos 19• En la Primera República, incluso la fabricación estaba dominada por unas cuantas empresas. Según la sabiduría popular, en la subdesarrollada economía brasilefia predominaban los pequeños talleres artesanales, y en cierto sentido esto era verdad. El primer censo industrial nacional de suficiente objetividad, realizado en Brasil en 1920 reveló que casi las tres cuartas partes de todas las compañías manufa~tureras empleaban a nueve empleados, o menos. Por otra parte los que empleaban a más de un centenar de personas representaba~ sólo el 40/o de las empres~, pero significaban el 55% de la producción (en valor), empleaban mas del 60% de los trabajadores y de los caballos de fuerza, y poseían dos tercios del capital invertido2(). De este modo la clase adinerada elaboró monopolios en los sectores clave de la economía de exportación. INVERSIONISTAS EXTRANJEROS Los extranjeros ocupaban un lugar importante en Brasil. Si bien la burguesía brasileña, que controlaba la producción de las exportaciones na- �130 Siglo XIX cionales, se hallaba entre las más poderosas de América Latina, los extranjeros dominaban muchos campos complementarios. Múltiples estudios no consideraban a los capitalistas extranjeros como parte de la clase gobernante nacional: como ciudadanos de otros países, no tenían voto en Brasil ni podían postularse para ningún cargo. De hecho, los propietarios de las mayores empresas europeas y norteamericanas comúnmente ni siquiera residían en Brasil. Asimismo, carecían de lazos familiares y culturales que los ataran á este país. Sin embargo, aunque los capitalistas extranjeros no inmigrantes diferían bastante de los nacionales en estos aspectos, de cualquier modo ejercieron una enorme influencia en la política económica del Estado brasileño. Sus intereses, por otra parte, no eran monolíticos: los compromisos e intereses económicos de los extranjeros resultaban casi tan diversos come los de los brasileños. Topik: Burguesía y estado en Brasil (/ 889-1930) 131 versionistas directos poseedores de acciones de capital social en compañías brasileñas. Brasil recibió una participación inusitadamente grande de capital de préstamo. Más del 40% de toda la inversión extranjera estaba en forma de préstamos. De hecho, Brasil era el mayor deudor de América Latina. Hasta 1906 todos los préstamos federales provenían de la casa bancaria Rothschilds de Londres. Ue allí en adelante, empezaron a participar algunos otros bancos. Estos prestamistas estaban tan bien situados que podían influír en la política pública brasileña. En ocasiones los intereses de los comerciantes extranjeros entraban en conflicto con los de los banqueros intrernacionales, ya que los primeros estaban más preocupados por el flujo internacional de bienes brasileños que por la habilidad del país para pagar los préstamos. En primer lugar se dividían, naturalmente, por su nacionalidad. Los británicos poseían más de la mitad de todas las inversiones extranjeras durante este período. Les seguían los franceses, quienes inundaron los mercados brasileños de capital en la década anterior a la Primera Guerra Mundial, pero se retiraron después de ésta. Fue entonces cuando los norteamericanos comenzaron a invertir a gran escala. Las otras dos naciones que realizaron inversiones de consideración fueron Bélgica y Alemania. Al dominar el comercio de importaciones y exportaciones de Brasil, lograban el control de los puntos claves de presión en la economía. Los comerciantes ingleses, alemanes, franceses y norteamericanos manejaban el 900Jo de las exportaciones de café en 1900, y todavía en 1930 se hacían cargo de las dos terceras partes. Junto con los exportadores portugueses, controlaban una proporción similar en los embarques de caucho. Asimimo, desempeñaban un papel importante en las importaciones y la distribución nacional21 • En conjunto, europeos y norteamericanos incrementaron su capital en Brasil durante la Primera República de unos 400 millones de dólares que tenían en 1889, a un aproximado de 2 mil 600 millones en 1930. En todo Latinoamérica, sólo Argentina recibió más inversión extranjera en este período que Brasil. Los inversionistas directos en empresas brasileñas constituían la tercera categoría de inversionistas extranjeros. Tenían un vínculo más directo con la economía brasileña que los prestamistas internacionales, ya que los inversionistas en realidad poseían una parte de la economía y se hallaban a merced de su flujo y reflujo. Tenían más capital invertido que los comerciantes. La relación entre los capitalistas extranjeros, la economía y el Estado brasileños variaba de acuerdo con la naturaleza de sus inversiones. En general, los capitalistas extranjeros no inmigrantes se dedicaban a actividades menos diversas que las de las de la alta burguesía brasileña. Los inversionistas extranjeros tenían experiencia en áreas tales como ferrocarriles, servicios públicos o la banca. Cuando ampliaban sus intereses en Brasil, generalmente se integraban en forma horizontal a actividades similares aunque a veces se integraban verticalmente a campos afines. En ocasiones su mayor especialización por sectores los conducía a bandos diferentes en cuestiones de política económica. Los inversionistas de cartera, que prestaban dinero al Estado o a empresas privadas, tenían intereses un tanto distintos a los de los in- Las más importantes compañías propiedad de extranjeros habían sido creadas en Londres, Nueva York o París para emprender actividades específicas en Brasil. Sus estrategias se basaban sobre todo en las condiciones comerciales dentro del país. Algunas de las grandes firmas extranjeras fueron establecidas por inmigrantes que echaron hondas raíces familiares y de negocios en Brasil. Por lo común, al cabo de una generación dichas compañías se volvían brasileñas. No fue sino basta la década de los veinte que las corporaciones internacionales comenzaron a aparecer y a someter a las compañías a la lógica más global de los conglomerados de integración internacional22 • �132 1 1 1 111 111 Siglo XJX Los inversionistas directos extranjeros poseían secciones vitales de la economía exportadora. En la administración de ferrocarriles tuvieron un papel muy importante, pues si bien las líneas pioneras de la década de 1880 habían sido costeadas por brasileños, pronto fueron adquiridas por inversionistas británicos y franceses. Justo antes de que iniciara la Primera Guerra Mundial, las empresas ferroviarias extranjeras poseían o arrendaban un 80% de las vías de Brasil. Esta proporción declinó hasta una cuarta parte para 193<>23. Los europeos controlaban también la banca. En el siglo XIX dominaron el mercado de cambio y tuvieron una importante participación en las transacciones de descuento fiduciario y préstamos a corto plazo. Hasta la Primera Guerra Mundial, continuaron proporcionando la mitad de todos los préstamos y descuentos; su posición declinó hasta una cuarta parte del mercado de préstamos para 193<>24. Durante el siglo XIX, los extranjeros se habían mostrado reacios a invertir en la fabricación de bienes de consumo a causa de las limitadas dimensiones del mercado nacional. Prefirieron dedicarse a las actividades que abastecían al mercado exterior, como la extracción de oro y la refinería de azúcar. Sin embargo, para principios del siglo XX muchos extranjeros comenzaron a construir fábricas. El inconcluso censo industrial de 1907 reveló que la fábrica más grande del país pertenecía a británicos, y que tres de las nuevas mayores eran de extranjeros. El ritmo de la inversión extranjera en la manufactura se aceleró a partir de la Primera Guerra Mundial, sobre todo por parte de los norteamericanos. Para 1929, este nuevo grupo derramó unos 200 millones de dólares en fábricas brasileñas. Los extranjeros se destacaron sobre todo en: 1) lineas de tecnología avanzada, como aparatos eléctricos, automóviles y productos farmacéuticos; 2) industria pesada, como petróleo, energía eléctrica, cemento y acero; y 3) sectores de la exportación, como empacadoras de carnes y minería. Los extranjeros también alcanzaron predominio en industrias de bienes de consumo, aunque la mayoría de los propietarios en este sector eran inmigrantes que se quedaron en Brasil y cuyos hijos adquirieron la ciudadanía. Las compañías más importantes en la producción de cerveza, cigarros, cerillos, calzado y textiles pertenecían a extranjeros. No hay claridad en los datos oficiales en cuanto a la proporción de la industria que pertenecía a extranjeros. Sin embargo, a partir de evidencias dispersas, se puede calcular que controlaban aproximadamente la mitad de toda la industria en 193025. Topik: Burguesía y estado en Brasil (1889-1930) 133 Así pues, la pequeña clase adinerada de Brasil, compuesta de nacionales y extranjeros, dominaba la oligopolizada economía de exportación. A pesar de los frecuentes traslapes de intereses, sobre todo en el sector externo, los dueños de los medios de producción brasileños estaban divididos por diferencias de consideración. Los distintos niveles y sectores de la clase dominante se dividían por su nacionalidad, perspectivas económicas, grado de vinculación con la economía internacional, su integración a la economía nacional, y su adopción de métodos capitalistas. En consecuencia, las demandas que le planteaban al estado eran tan diversas como los medios que empleaban para obtener resultados favorables. EL PAPEL DEL ESTADO El tipo de ayuda estatal que procuraba la clase dominante estaba determinada por la estructura de la economía de exportación. Sus exigencias eran bastante modestas porque, comparada con la planeación y el papel empresarial que el estado impondría al impulso industrializador a partir de 1930, la economía de exportación de la Primera República requería relativamente poca ayuda del estado. El bajo nivel de especialización y tecnología necesarias para hacerse cargo de plantaciones e industrias ligeras obviaba la necesidad de financiamiento estatal, de un sistema educacional sofisticado, o de institutos dedicados a la investigación y la experimentación. El mercado nacional, sectorizado y relativamente reducido, requería poca coordinación o planeación estatales. La ausencia de movimientos laborales rurales u organizaciones obreras urbanas de consideración previos a la Primera Guerra Mundial permitió al estado ignorar la regulación laboral y la prestación de servicios sociales. Por otra parte, miembros influyentes de las clases republicanas conservadoras, en particular de Sao Paulo, aspiraban a descentralizar al estado por razones políticas. Pensaban que el sistema imperial había favorecido a la élite declinante del noreste y el Valle del Paraiba, en detrimento de los nuevos ricos. Asimismo creían que el gobierno imperial había sido culpable de una regulación excesiva, una enorme deuda pública, y exagerados costos administrativos. Ello obstaculizó la formación de capitales y puso trabas a la creación de empresas. Los líderes republicanos tenían la esperanza de que, poniendo fin a lo que consideraban una intromisión por parte del gobierno en la esfera privada, podrían desencadenar las energías productivas del país y aprovechar sus vastos recursos. En realidad la República no pudo disminuir el papel económico �134 Topik: Burguesía y estado en Brasil (1889-1930) Siglo XIX 26 1; ,, , 1.-i11._,.,, '--.. del estado, pero el nuevo régimen sí descentralizó la autoridad • Las provincias ganaron el derecho a gravar las exportaciones (e ilegalmente gravaron las importaciones), así como a contratar préstamos extranjeros, lo que en ciertos casos produjo enormes aumentos en sus ingresos. También recibieron terrenos nacionales que antes habían pertenecido al gobierno central. Además, la legislación sobre los derechos del agua y minerales recayó en su jurisdicción. Los gobiernos provinciales podían asimismo otorgar concesiones ferroviarias dentro de su te~it~rio y servicios públicos en las capitales provinciales. Aunque en pnnc1pio todos los gobiernos provinciales compartían los mismos poderes económicos, en realidad sólo los más ricos obtuvieron cierta autonomía con la descentralización republicana. Las provincias más pobres se encontraban necesitadas de fondos y eran incapaces de obtener suficientes préstamos en el extranjero. En consecuencia, no podían recompensar a las compañías ferroviarias o de servicios públicos con incentivos que bastaran para hacer atractivas sus concesiones. A menudo, también tenían el control de tierras estatales menos fértiles, ya que sus fronteras casi habían desaparecido, y entonces tenían que recurrir a la ayuda del gobierno federal. Al igual que las provincias más pobres, los municipios tampoco ganaron muchos poderes nuevos con la República. Las ciudades más grandes y opulentas eran capitales provinciales y por tanto estaban sujetas a la autoridad provincial, o bien la capital federal en Río de Janeiro, supervisada por el gobierno federal. El resto de los municipios tenía autoridad sobre la zonificación, los servicios públicos, la justicia local, las obras públicas y algunos cargos gubernamentales, pero contaba con escasos fondos para emprender cualquier iniciativa económica27 • A pesar de la descentralización de la República, el gobierno federal siguió siendo muy importante. Aunque cedió muchos de sus poderes a las provincias, el gobierno central continuó supervisando las áreas claves de las relaciones económicas internacionales y sirviendo de árbitro supremo en las relaciones interprovinciales. De este modo la política monetaria, los impuestos al comercio exterior, los tratados comerciales, las ferrovías que se extendían por más de una provincia y los puertos y embarques internacionales, permanecieron dentro de su competencia. En vista de que el gobierno federal aún percibía 500'/o más ingresos que todas las provincias y municipios juntos, tenia también la mayor capacidad para financiar nuevos proyectos, prestar asistencia a empresarios y redistribuir la carga fiscal. 135 El nivel gubernamental al cual acudían los miembros de la clase dominante dependía del favor que pretendían y de dónde tuvieran influencia política. A la alta burguesía y los capitalistas extranjeros les preocupaban mucho más las tasas de interés, el tipo de cambio y la inflación, así como los ·derechos de aduana y los tratados comerciales, y en esto sólo podía ejercer influencia el Congreso federal . La prosperidad de la Hacienda federal atraía a los capitalistas en busca de concesiones y préstamos especiales. Por gozar de prominencia nacional y provenir casi siempre de las provincias más influyentes, la capa superior de la clase dominante podía ganarse el apoyo federal. Estos magnates también recurrían a los gobiernos de las provincias del centro y el sur, que tenían a su disposición considerables recursos. Por lo común, los barones provinciales, no gozaban de suficiente peso para influir en la política federal u obtener favores de Rio de Janeiro. Preocupados también por cuestiones tales como la tasa cambiaria y la inflación, se sabían impotentes para modificarlas. En cambio, los ricos provinciales restringían la mayoría de sus peticiones a concesiones, exenciones y préstamos, y enfocaban casi toda su atención en los gobiernos provinciales. Los notables locales tenían que contentarse sobre todo con controlar el gobierno y la justicia locales. A diferencia de los otros dos sectores de la clase dominante, que por estar mejor integrados a la economía capitalista solían pretender favores puramente económicos de parte del gobierno, los notables locales de escaso capital empleaban el estado en forma más directa, como una herramienta extraeconómica para posesionarse de tierras, asegurar su acceso a las aguas, constreñír la mano de obra y castigar a los competidores28• De este modo, la clase económicamente dominante de Brasil deseaba una actividad económica estatal limitada, pero seguían aspirando a obtener favores especiales. La división del poder estatal entre los gobiernos federal, provincial y municipal, así como lo heterogéneo de la clase dominante, significaba que existían numerosos caminos para hacer acopio de la ayuda estatal. MEDIOS PARA INFLUIR EN LA POLITICA ESTATAL La naturaleza de la clase dominante y del sistema político, así como las limitadas exigencias de los ricos ante el estado, determinaban que utilizaran casi siempre la influencia personal aQtes que partidos políticos u organízaciones comerciales para influir en la política pública. El predominio de políticas personalistas y patrimoniales, la naturaleza fragmentaria de los partidos políticos, y la falta de especialización sectorial contribuyeron a enfatizar más las instancias individuales �136 'IJ 1 Siglo XIX que los esfuerzos conjuntos organizados. Por otra parte, la clase de favores que comúnmente bbscaban las clases conservadoras, tales como exenciones de impuestos, concesiones o préstamos, beneficiaban sólo a un individuo o a una compañía específica. Sólo cuando la cuestión afectaba a mucha gente, como en el caso de la política monetaria o la valorización del café, era probable que las organizaciones fueran los vehículos principales. La influencia personal se ejercía de muchas maneras. El método más directo consistía en que el mismo capitalista desempeñara un cargo (este camino quedaba cerrado para los extranjeros). En ocasiones los ricos tenían altos puestos en el gobierno. Francisco de Paula Mayrink y Antonio Prado, arriba citados, desempeñaron cargos públicos. El ministro de finanzas Joaquim Murtinho, famoso por sus reformas financieras de 1899-1920, era también director de la compañía agrícola más grande, un importante banco, y el único ferrocarril de su nativo Mato Grosso29• Joseph Love ha descubierto un grado de correspondencia extraordinariamente elevado entre funcionarios de gobierno y gente rica, sobre todo en Sao Paulo30• Estos hombres utilizaban sus puestos para acrecentar sus fortunas personales. Sin embargo, este vínculo directo entre la alta burguesía y los puestos federales no era la regla, en parte debido a que muchos inmigrantes, como el acaudalado Matarazzo y el barón del café Francisco Schmidt, no podían estar en el gobierno. A nivel provincial había menos diferencia entre los que controlaban los medios de producción y los que estaban en el gobierno. No obstante, incluso en Sao Paulo, donde un porcentaje desusadamente alto de funcionarios públicos eran cultivadores de café, la mayoría de los hacendados más ricos no eran políticos31 • A nivel local, sin embargo, los notables eran por lo general "coroneles" que se hacían cargo del gobierno, si bien no siempre ocupaban un puesto oficial. Lo más frecuente era que la clase adinerada influyera en el gobierno colocando a familiares en puestos elevados; esto constituyó la regla durante el Imperio32• Por la naturaleza extendida de la familia brasileña y los fuertes lazos de lealtad que implicaba, las familias económicamente dominantes, continuaron teniendo miembros bien colocados durante la República33 • Aparte de las relaciones consanguíneas, los ricos podían contar con familiares rituales, como el compadre. Una variante afín era la relación mentor-protegido, en la que una persona adinerada (a menudo algún terrateniente) costeaba la carrera de un joven. En la ciudades, los ricos no se hallaban limitados a contactos fa- Topik: Burguesía y esUldo en Brasil (1889-1930) 137 miliares y de clanes para obtener favores públicos. Con frecuencia, las compañías contrataban políticos o burócratas de alto nivel como asesores legales para promover las aspiraciones de la empresa. En ocasiones los ingenieros de gobierno eran contratados como consultores por los mismos contratistas que se suponía iban a supervisar". Otra de las tácticas consistía en designar funcionarios gubernamentales como miembr~s _directivos de las grandes compañías. Por ejemplo, Alfredo Maia (IIllmstro de Transporte), Jorge Tiberica (gobernador de Sao Paulo) y José Paes de Carvalho (gobernador de Pará) fungían como directores de compañías. Cuando no se podía emplear estos medios aceptables, los acaudalad~s hombres_ de negocios recurríaD: al_franco soborno. La corrupción oficial no fue mventada por la Republica. El 14 de diciembre de 1889 el South American Journal señala en la página 757 que "durante más años de los que pudieran contarse, el ramo administrativo estuvo corro1;11pido hasta la médula". Los años iniciales de la República, en especial durante el derrumbe del encilhamento, fueron notables por el soborno y la corrupción. La compra de favores al gobierno continuó °:'-á~ tarde. El empresario norteamericano Percival Farquhar se especializaba en esa clase de tratos. Su biógrafo escribió: "Tan pequeña es la oligarquía en Brasil que Farquhar conocía, o alguna vez empleó, o sus ayudantes llegaron a sobornar a un considerable porcentaje de sus miembros"35 • Sin embargo, las concesiones y favores por parte del gobierno no podían otorgarse basándose tan sólo en la influencia y el soborno. Los peticionarios tenían que formular sus deseos en términos definibles ante el público en general. Dichas peticiones pueden clasificarse en cuatro grupos. Primero, el que pretendía el favor podía hacer hincapié en que su co_mp~a. h~a aumentar los ingresos del gobierno al agrandar la base unpositiva, mcrementar la producción nacional o mejorar la balanza de pagos. Segundo, podía prometer europeizar o modernizar Brasil con lo último en tecnología. Tercero, podía proponer ayudar a otros sectores de la economía con infraestructura o pedidos de materias primas. Por último, podía sugerir que su concesión contribuiría al bienestar general mediante la creación de empleos, la reducción del costo de la vida, el mejoramiento en la higiene pública o la dotación de viviendas para los pobres. La combinación y énfasis proporcionados a cada uno de estos enfoques dependía tanto del peticionario como del favor pretendido. Aunque los extranjeros no podían depender de lazos familiares ni influencias electorales al solicitar favores del gobierno, sí podían em- �138 ,, ,,,1•.,... 11,, ..... Siglo XIX Topik: Burguesía y estado en Brasil (1889-1930) plear varios métodos que no estaban~ disposi~ión de los ~~asileños. Se permitían, por ejemplo, apelar a la idea co°!?n en la nacion d,e que la inversión extranjera era en sí una confirmacion de salud economica y optimismo internacional respecto al futuro de Bras_il. La_G~eta_1º Comercio e Finan9as del 13 de febrero de 1897 refleJa tal mclinacion al comentar acerca de la fundación de un banco francés en Rio de Janeiro: "Esta expansión de capitalistas franceses dice mucho a favor nuestro, y demuestra que el crédito de Brasil, a pesar de l~s. maquinaciones de enemigos implacables, no se puede desalentar facilmente en los mercados productivos de ese país". De este modo, los funcionarios brasileños se veían con frecuencia honrados por solicitudes europeas de concesiones, que alegremente otorgaban. Cuando los brasileños se mostraban menos dispuestos a cooperar, los inversionistas extranjeros empleaban otras armas. O bien prometían atraer capital extranjero a Brasil si se les asignaba una concesión, lo que hizo Farquhar cuando arrendó el ferrocarril Sor~c~bana d~I :5tado de Sao Paulo, o amenazaban con empañar el credito brasileno en el extranjero. Las grandes casas bancarias como la Rothschild gozaban de una posición envidiable para hacer uso de tales amenazas Y lograr puntualidad en el pago de los préstamos. Las compañías extranjeras más pequeñas tenían que acudir a otros inversionistas o a sus g_obiernos. La Corporación Británica de Propi~tar_ios de Bonos,Extran_J 7 ros, compuesta de capitalistas privados, determinaba avaluo crediticio de los prestatarios en Londres. El gobierno frances empl aba co7 mo arma al mercado de capitales de París en política extranJera. En 1906, por ejemplo, se negó a permitir que el estado de Sao Paulo lanzara una emisión de bonos en París porque se oponía al esquema de valorización del café que supuestamente respaldarían los bonos. El gobierno alemán actuó de manera parecida. e! Además de amenazar con la pérdida de crédito, las compañías extranjeras amagaban ocasionalmente con solicitar una invasión por parte de las fuerzas armadas de su país natal. La mayoría de las veces, lo que los inversionistas extranjeros consideraran acerca ?e la.capacidad crediticia de Brasil era un medio más importante para mflmr en el gobierno que la intervención directa de potencias extranjeras. Los productores europeos y norteamericanos también presionaban a sus gobiernos para que negociaran favores comerciales mediante convenios mercantiles. En estos casos, los europeos y norteamericanos se encontraban en una posición superior a la de sus contrapartes brasileños. 139 ORGANIZACIONES La política pública estaba influida por actividades de lobbies, tanto por parte de grupos como de individuos y compañías. Sin embargo, los lazos entre los administradores del estado y los diversos grupos eran sorprendentemente débiles. Si como se ha afirmado, Brasil er~ una sociedad coporativa, la identidad estaba basada en la pertenencia a una familia o un clan, más que en la afiliación a instituciones más formales. Organizaciones que eran poderosas e influyentes en otras regiones de América Latina, como los masones y la iglesia católica, o clubes sociales como el Jockey Club, parecen haber tenido poca voz en cuestiones públicas durante la Primera República. Love y Barickman afirman que, si bien el 40% de su muestra tenían familiares en la misma élite, sólo una quinta parte pertenecía a los principales clubes sociales, y apenas el 5% llegó a desempeñ.ar cargos en asociaciones agrícolas, comerciales o de abogados36 • Las asociaciones comerciales tendían a desempeñar un papel secundarío en cuanto a influir en la política de gobierno, aunque su importancia creció con el tiempo. La República heredó muy pocas asociaciones mercantiles del Imperio. No existió ninguna agrupación agrícola nacional hasta que se formó la Sociedad Agrícola Nacional en 1897. Las sociedades agrícolas regionales que existieron antes de 1889 casi se habían limitado a divulgar información técnica. Del mismo modo, los industriales tampoco habían tenido representación política: la Sociedad Auxiliadora de la Industria Nacional, fundada por Pedro I en 1828, se interesaba sólo en técnicas agrícolas. Las asociaciones de comerciantes de las ciudades principales ejercían una influencia considerable, pero también carecían de coordinación nacional y quedaban parcialmente neutralizadas por el hecho de que muchos de sus miembros eran extranjeros37 • La debilidad de las asociaciones mercantiles incluso después de comenzar el siglo puede atribuirse a diversas causas. En primer lugar, la lealtad personal y familiar, y el depender de ella para presionar, socavó los esfuerzos por institucionalizar los distintos sectores económicos. Segundo, el sistema político oligárquico, sin partidos nacionales ni elecciones honestas, disminuyó la probabilidad de que el intercambio de los votos de la élite por favores gubernamentales se hiciera efectivo. Tercero, la diversidad regional del país y la falta de un sistema de mercado unificado retardaron la formación de grupos de producción. Los problemas enfrentados por los capitalistas en una región del país eran distintos de los que había en otras áreas. Por otra parte, como se había dado poca integración económica antes de la Primera Gue- �140 Siglo XIX rra Mundial, parecía haber escasa necesidad de coordinar a los productores a nivel nacional. Por último, la misma composición de la élite económica, formada por personas cuyos intereses comerciales estaban altamente diversificados, impedía cualquier colaboración estructural verdadera. Las asociaciones marcantiles reflejaban esta situación. La Asociación Comercial de Sao Paulo, compuesta en gran medida por comerciantes, también repres~ntaba a los•industriales. Tanto en Rio de Janeiro como en Sao Paulo existían centros comerciales e industriales integrados. Minas Gerais auspició una convención aún más extensiva, la Conferencia de Agricultura, Industria y Comercio. Agrupaciones tan amorfas embotaban la habilidad de las organizaciones para referirse a asuntos específicos. A menudo se expresaban como representantes de las clases conservadoras, es decir, de la clase capitalista, más bien que como agentes de sectores particulares. Después del fin de siglo, aparecieron organizaciones funcionalmente más diferenciadas, como reflejo de la creciente complejidad de la economía. En 1902 se formó el Centro Industrial Brasileño, y en 1912 se creó la Federación de Asociaciones Comerciales. A nivel estatal y local, también aparecieron nuevas y más específicas asociaciones comerciales. La presencia extranjera dentro de la élite económica socavaba aún más la eficacia de los esfuerzos por asociarse, tanto en la industria como en el comercio. Seis de las ocho organizaciones patronales que respondieron a un cuestionario en el censo de 1920, tenían más del 80% de miembros extranjeros. Estos extranjeros, sin importar cuán ricos fueran, no podían desempeñar cargos públicos. Peor aún, el público en general no los consideraba (y por extensión, tampoco a sus asociaciones) interesados en el bienestar de la nación38 • Por último, la falta de oposición organizada por parte de las otras clases, en especial antes de la Primera Guerra Mundial, eliminó un incentivo para que la élite económica se organizara. En las décadas de 1910 y 1920, cuando los sindícatos y grupos reformadores de la clase media se volvieron más exigentes, las asociaciones patronales respondieron mostrándose más activas. A pesar de estas debilidades, las asociaciones comerciales sí influyeron en la política gubernamental. En ocasiones lo lograron gracias a las conexiones y la experiencia oficial de sus líderes. Ejemplos de tales enlaces los tenemos en Innocencio Serzedelo Correa, líder político Topik: Burguesía y estado en Brasil (1889-1930) 141 y fundador del Centro Industrial; Gabriel Osorio e Almeida, alto administrador también asociado con el Centro Industrial; Miguel Calmon, ministro de estado y presidente de la Sociedad Agrícola Nacional; y Leopoldo Bulhoes, ministro de finanzas y presidente de la Asociación Comercial de Rio. Sin embargo, la mayoría de los dirigentes de las asociaciones comerciales no tenían experiencia política39• La vitalidad de las asociaciones mercantiles derivaba en parte del hecho de haber surgido en forma espontánea de la élite económica para promover sus intereses, de ahí que no estuvieran obligados ante el gobierno ni ninguna otra entidad40• De hecho, algunas realizaban funciones bajo la supervisión del gobierno, como recolección de datos, promoción del comercio exterior, supervisión de mercados de valores y otras. No obstante, su impacto verdadero sobre política gubernamental estaba en los dominios de los aranceles, la política monetaria y los impuestos. La mayoría de las asociaciones comerciales presionaba intensamente para conseguir aranceles que beneficiaran a sus miembros. Entraron a formar parte de comisiones especiales de gobierno encargadas de estudiar aranceles, donde los hombres de negocios representaban mucho peso por sus conocimientos especializados en comercio. Las asociaciones comerciales en las provincias cafetaleras también desempeñaron un papel importante en los programas de apoyo al precio de café conocidos como "valorizaciones". Durante la primera valorización (1906), dichas asociaciones promovieron la venta de excedentes en Europa. En la segunda (1917), aconsejaron al gobierno sobre la cantidad y momento adecuado para efectuar las compras. Su participación se institucionalizó en el tercer programa de valorización (1925), cuando se designó a miembros de las asociaciones comerciales para formar parte de los consejos provinciales que supervisaron el programa en Sao Paulo y Minas Gerais. Asimismo, algunos grupos de comerciantes privados intentaron: establecer monopolios en el azúcar, el caucho y el arroz con el objeto de elevar sus precios, pero sólo en el caso del arroz en Rio Grande do Sul hubo participación gubernamental, y sólo allí lograron cierto éxito los monopolistas41 • Las asociaciones agrícolas también ejecutaron papeles semioficiales. Grupos tales como la Sociedad Nacional de Agricultura reunían datos económicos, popularizaron nuevas técnicas de producción Y promovieron la selección de semilla y ganado reproductor mejorados. Influyeron para la creación del ministerio de agri~ultura, mismo que más tarde ayudarían a dotar de personal. Las asociaciones agrí- �142 Siglo XIX colas también tenían voz en los programas de valorización del café. Las asociaciones industriales realizaban funciones similares. En 1907 el Centro Industrial ejecutó el primer censo industrial de Brasil, para proporcionar al gobierno información más precisa sobre este sector y demostrar su propia importancia. La influencia de los industriales se dejó sentir más en las comisiones arancelarias del gobierno, donde con frecuencia lograban derechos de importación proteccionistas por medio de presiones. A pesar de estas funciones semipúblicas que emprendieron las asociaciones comerciales después de comienzos de siglo, las organizaciones mercantiles siguieron guardando diferencias respecto al estado. Tan era así, que los primeros esfuerzos estatales por organizar al sector privado en cooperativas y sindicatos fracasaron. No fue sino hasta 1923 que surgió el primer organismo verdaderamente corporatista; el gobierno creó el Consejo Nacional de Industria y Comercio para reunir a los funcionarios y representantes ministeriales de las asociaciones comerciales, financieras e industriales. Sin embargo, este consejo recibió poca autoridad y reservas, por lo que no tuvo impacto en la vida nacional. Al mismo tiempo, el gobierno federal creó el Consejo Laboral Nacional para reconciliar los intereses del capital y la mano de obra. Tampoco tuvo mucho éxito. ¿QUIEN GOBERNABA? Se ha sugerido que una de las razones principales por las que Brasil no pudo formar organizaciones sectoriales o de clase, políticamente poderosas y definídas, fue la hegemonía de la élite exportadora. Todo mundo: industriales, comerciantes, banqueros y ministros de hacienda, reconocían la preponderancia de las exportaciones y lo necesarias que eran las entradas por concepto de las mismas para impulsar la economía. Como nunca se cuestionó seriamente al modelo exportador, no hubo necesidad de crear organizaciones defensivas. Este punto de vista ha desatado una controversia en fecha reciente. Maurico Font y Jo hemos demostrado que, en efecto, a menudo los cultivadores de café no obtenían lo solicitado al gobierno federal e incluso perdieron su férreo control sobre la política paulista después de la Primera Guerra Mundial. Si bien nadie sugirió que Brasil abandonara el café, la creciente complejidad y la orientación interna de la economía, así como las divisiones dentro de los mismos sectores azucareros y cafetalero, condujeron al conflicto. Topik: Burguesía y estado en Brasil (1889-1930) 143 Los nuevos partidos políticos, como el Partido Democrático de Sao Paulo, se levantaron para retar al tradicional dominio del Partido Republicano Paulista, dominado por los hacendados. Además, las exigencias de los propietarios extranjeros de bonos a menudo chocaban con las de los hacendados. Cierto que el mercado del café continuaba fuerte, particularmente en Sao Paulo, como sostiene Love; y que la ideología del libre comercio conservó su hegemonía hasta la década de los treinta. Sin embargo, la realidad detrás de los discursos reveló fisuras y conflictos mucho mayores de lo que generalmente se ha aceptado. La'sociedad civil de la Primera República, regionalmente organizada, estaba mal equipada para organizar un medio para resolver dichas contradicciones42• CONCLUSION Los miembros de la reducida clase económicamente dominante de Brasil eran en extremo poderosos. Controlaban la mayor parte de las tierras, capital y maquinaria de ese país; en consecuencia, tenían en sus manos el destino de casi todos los demás brasileños. No obstante, a pesar de su reducido número, las clases conservadoras se encontraban profundamente divididas por el alcance de sus vínculos con la economía internacional, la integración a la economía nacional, y la adopción de métodos capitalistas. El reducido y sectorizado mercado nacional también las mantuvo separadas. La fragmentación de la clase dominante se exacerbó aún más con la naturaleza personalista y basada en la familia del sistema político, así como la ausencia de cualquier amenaza seria y bien organizada por parte de las clases contendientes. Debido al carácter rural y subdesarrollado de la economía de exportación, los ricos ejercieron su poder sobre todo en la esfera privada, al tiempo que limitaban el poder del estado. Y por su heterogeneidad, cuando los ricos solicitaban favores políticos tendían a ejercer influencia mediante la acción individual y no de grupo. Por lo mismo, las asociaciones mercantiles tardaron en desarrollarse. Aún así, a medida que la economía se fue haciendo más compleja en las décadas iniciales de este siglo, y que las clases media y obrera se fueron afirmando, el gobierno empezó a intervenir más en las relaciones sociales y económícas. En respuesta, las asociaciones mercantiles se volvieron más vigorosas. No obstante, dado que la mayoría de los miembros de la clase económicamente dominante pensaba que un estado débil era lo que más convenía a sus propios intereses, permanecieron mostrándose reacios a infundir mucha autoridad a las organizaciones comerciales, y continuaron buscando soluciones individuales, mejor que de grupo, a sus �144 ,¡1 Topik: Burguesía y estado en Brasil (1889-1930) Siglo XIX 145 mas Holloway, Immigrants on the Land, (Chapel Hill: University of Soutb Carolina Press, 1980). problemas. Cuando sobrevino la depresión de los treinta, la industrialización, la urbanización, una creciente militancia entre los trabajadores industriales, y un presidente activista se conjuntaron para expandir la esfera de la influencia del estado durante los años de Vargas; los hacendados, banqueros, comerciantes e industriales, se hallaron insuficientemente organizados para resistir. 9. Warren Dean, "The Green Wave of Coffee: Beginnings of Tropical Agricultura! Research in Brazil (1885-1900)" Hispanic American Historical Review 69: 1 (febrero de 1989): 91-116. Zelia Cardoso de Mello en A metamorfose da riqueza (SP: Huicitec, 1985) demuestra que los hacendados obtuvieron cada vez mayor solvencia e invirtieron aún más en acciones y compai\fas urbanas a partir de la década de 1870. NOTAS 10. Barbara Weinstein, The Amazon Rubber Room, 1850-1920 (Stanford: Stanford University Press, 1983), pp. 13-25 y Roberto Santos, Historia economica da Amazonas (SP: Thomas Queiroz, 1980), pp. 155-174. (1 l. Utilizo el término "estado" para referirme al complejo de agencias gubernamentales federales, provinciales y locales, así como a las instituciones que controlan. Aunque Brasil estaba dividido en 20 "estados" durante la Primera República, me refiero a estas sub-unidades como "provincias" para evitar confusión. 2. Este reducido grupo probablemente era propietario de más de la mitad de toda la riqueza nacional, y es probable que el escalón más alto de este grupo baya aumentado su participación en los recursos nacionales en el curso de la Primera República debido al surgimiento de empresas capitalistas a gran escala. Mircea Buescu, Evolus:ao economica do Brasil (Río: APEC, 1979), p. 61; Edgar Carone, A República Velba vol. 1 (SP.: DIFEL, 1970), p. 145; Ricardo Silveira, "The Distribution of Wealth in Brasil; The Case of Río de Janeiro, 1870-1980", presentado en la Conferencia del Grupo de Historia Económica de las Universidades de California, Los Angeles, 4 de mayo de 1985; Philippe C. Schmitter, lnterest Conflict and Political Cbange In Brasil (Stanford: Stanford University Press, 1971), p. 31. 3. La población indígena de Brasil fue exterminada o empujada hacia la frontera en Jugar de integrarla a la élite nacional. Véase John Hemming, Red Gold, Tbe Conquest oí Brazilian lndians, 1500-1760, (Cambridge: Harvard University Press, 1978). 4. El término "clases conservadoras" se utilizaba en esa época para descn'bir a la élite económica. 5. La economía de Paraná estaba sólidamente basada en las exportaciones de mate, pero su participación en la economía regional era opacada por las actividades agrícolas y ganaderas, de orientación nacional, de Río Grande do Sul. 6. Departamento General de Estatística (DGE), Anuário estatístico 1908/1912 vol. 2 (Río: Typ. da Estatística, 1916), p. 10; DGEAnuário estatístico, 1939/1940 (Río: Typ. da Estatística, 1940), pp. 1312, 1315, 1318, 1320, 1336, 1379, 1380, 1418-1420, 1425; DGE, Recenseamento 1920, vol. 2, pt. 2, p. VIII; Robert Levine, Pernambuco in tbe Brazilian Federation, 1889-1937 (Stanford: Stanford University Press, 1978), p. 129. 7. Véase Steven Topik, "The State's Contribution to the Development of Brazil's Interna! Economy, 1850-1930", Hispanic American Historical Review 65 (2), 1985: 203-228. 8. Es cierto que una considerable porción del ingreso de los trabajadores cafetaleros ("colonos") se presentaba en forma del uso ae una casa y el usufructo de la tierra. Sin embargo, parece que más de una tercera parte se pagaba en moneda; véase Tho- 11. Peter Eisenberg, The Sugar lndustry of Pernambuco (Berkeley; University of California Press, 1974), pp. 201-225 y Gadiel Perruci, A república das usinas (Río: Paz e Terra, 1978), pp. 123-127. 12. Es claro que un individuo podía ser miembro de los tres niveles. Si formaba parte de la burguesía también era miembro de los notables locales en el municipio donde tuviera hechas sus inversiones, asf como de los barones provinciales en esos estados. Sin embargo, para propósitos de este análisis, se le considerará sólo como miembro del nivel más alto al que pertenezca. Como parte de la alta burguesía, tendría acceso a muchos recursos y sus intereses serían muy diferentes a los del segmento de la clase dominante con sólo inversiones e influencia locales. 13. Warren Dean, Tbe lndustrialization of Sao Paulo, 1880-1945 (Austin: University of Texas Press, 1969), pp. 62-64; Francisco de Paula Mayrink Lessa, Vida e obra so Conselbeiro Mayrink (Río: Pongetti, 1975), pp. 70, 73, 113, 117, 118, 123. 14. Diana Balmori, Stuart F. Voss y Miles Wortman, Notable Family Networks in Latín America (Chicago:Universityof Chicago Press, 1984), p. 220. * 15. Darrell Levi, The Prados of Sao Paulo Brazil: An Elite Family and Social Cbange, 1840-1930 (Atbens Ga.: University of Georgia Press, 1987), p. 83. 16. Carone, ibid, p. 15; Thomas Holloway, Immigrants on the Land, Coffee and Society in Sao Paulo, 1886-1934 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1980), p. 160: Robert M. Levine, Pernambuco in tbe Brazilian Federation, 1889-1937 (Stanford: Stanford University Press, 1978), p. 26; Monitor mercantil (Rio), 23 de diciembre de 1915. 17. Brazilian Review, 30dejulio de 1901, p. 548, y4deagostode 1903, p. 380;Monitor mercantil, 23 de febrero de 1918, p. 280. 18. Ministe,rio da Viacao e Obras Públicas_, Inspectoria Federal das Estradas do Brasil, Estatística das estradas de ferro do Brasil, 1907, pp. VII-XII y 1930, pp. 17, 18; Wileman's Brazilian Review, 3 de diciembre de 1924, p, 1633; DGE, Anuário Bstatístico, 1908-1912, vol. 1, p. 28. 19. En 1909 el 2o/o de las transacciones del país recibieron la mitad de los préstamos nacionales. El préstamo promedio durante esa época era de 30 000 dólares, cuando el PIB per cápita era de unos 60 dólares. DGE, Anuário estatfstico 1908-12, vol. 2, pp. 174, 175; Industria e Comérico 31 de enero de 1919, pp. 41, 42, y 20 de abril de 1921, pp. 30, 31; Steven Topik, "State Enterprise in a Liberal Regime: The Ban- �,, ._ 146 Siglo XIX codo Brazil, 1905-1930" ,Journa/ of Interamerican Studies and World Affairs 22: 4 (noviembre de 1980): 409. 20. DGE, Recenseamento de 1920, vol. VIII, pt. 1, p. LXXXIV. Q 21. Brazilian Review 30 de julio de 1901, p. 548. Secretaria da Fazenda de Sao Paulo, Relatorio, 1927, pp. 419-421; Joseph Love, Sao Paulo in the Brazilian Federation, 1889-1937 (Staoford; Staoford Uoiversity Press, 1980), p. 43; Monitor mercantil, 23 de febrero de 1915, p. 297: Eugene Ridings, "Business, Nationally, and Dependency in Late Nineteenth Century Brazil", Journa/ of Latín American Studies, 14: 1 (1982): 96; Weinstein, Amazon Rubber,p. 145. 22. Para mayor información sobre inversión extranjera, véanse: Ana Celia Castro, As empresas estrangeiras no Brasil, 1860-1913 (Rio de Janeiro: Zahar, 1979); Richard Graham, Britain and tbe Onset of Moderniz.ation in Brazil, 1850-1914 (Cambridge: At the University Press, 1968); Dudley Mayoard Phelps, Migration of Industry to Soutb America, (NY: McGraw-Hill, 1936); J. Fred Rippy, British Investment In Latín America (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1959); Mira Wilkios The Maturing of Multinational Business from 1914 to 1970 (Cambridge: Harvard University Press, 1974). 23. Calculado con datos del Ministerio da Viacao e Obras Públicas, lnspectoria Federal das Estradas,Estatística das estradas de ferro, 1910, pp. VIII-XIX y 1930-31, p. 16. 24. Departamento Nacional da Estatística, Movimento bancário, 1929030 (Rio: DNE, 1931), p. 27; Wileman's Brazilian Review, JO de abril de 1930, pp. 479, 480. 25. Brazilian Review, 16 de julio de 1907, p. 822; Centro industrial do Brasil, Boletim, 1904/05, p. 368; Industria e Comérico, 30 de septiembre de 1913, s.p. Cámara de Comercio Británica para Sao Paulo y el sur de Brasil, Report on Brazil's Trade and lndustry in 1918, (SP; BCCSPSB, 1919), pp. 23, 56, 57; DGE, Recenseamento 1920, vol. 2, pt. 2, p. LIVy vol. 5, pt. 3, p. XIV; Warren Dean, "A industrializar,:ao durante a República Velha" en Boris Fausto, ed. Historia Geral. da civilizafao brasileira, vol. 8 (SP: DIFEL, 1975), pp. 260-62; Centro Industrial do Brasil, O Brasil: suas riquezas naturais; suas indústrias; vol. 3 (Rio: lmpressores M. Orosco e Co. 1907), pp. 260, 261; Annibal Villela y Wilson Suzigao, Politica do governo e crescimento da economía brasileira, 1889-1945 (Rio: WEA/INPES, 1973), p. 370. 26. Véase Steven Topilc, The Political Economy of the Brazilian State, 1889-1930 (Austin: University of Texas Press, 1987). 27. Véase Víctor Nunes Leal, Coronelismo, voto e enxada (SP: Editora Alpha Omega, 1975). 28. Véase Linda Lewin, Politics and Parentela in Paraiba (Princeton: Princeton University Press, 1987), pp. 74-80, y Barbara Weinstein, "Brazilian Regionalism", Latín American Researcb Review, vol. 17, n. 2 (1982): 262-276. 29. Virgilio Correa Filho, Joaquim Murtinho (Rio: Departamento de lmprensa Nacional, 1951). 30. Joseph L. Love y Bert J. Barickmao, "Regional Elites" en Michael L. Conoiff y Frank D. McCann, eds., Modern Brazil: Elites and Masses in Historical Perspective (Liocoln: University of Nebraska Press, 1989), pp. 7, 18. Topik: Burguesía y estado en Brasil (1889-/930) 147 31. J. W. F. Rowe, Studies in the Artificial Control of Raw Materials: Brazilian Coffee. (London: 1932), p. 28. 32. Frank Roger Colson, "Economy and Society in a Revolution Polity, Brazil 1750-1894", tesis doctoral, Princeton University, 1979. 33. Jorge Amado ilustró el patrón típico con su personaje ficticio Mundinho en la novela Gabriela, Cinnamon and C/oves. Mundinho apela a su hermano, senador por Sao Paulo, para asegurar dineros federales con el fin de mejorar las obras portuarias de llheus. Para estudios de caso, véanse Lewin, Politics and Parentela, y Eul Soo Paog, Babia in the First Brazilian Republic. (Gainsville: University Presses of Florida, 1979). 34. Véase, por ejemplo, Charles Gauld, The Last Titan: Percival Farquhar, American Entrepreneur in Latín America (Stanford: lnstitute of Hispanic-American and LusoBraziliao Studies, 1964), p. 167. 35. lbid, p. 297. 36. Love y Barickman, "Regional Elites", p. 7. 37. Eugene Ridings, "Class Sector Unity in an Export Economy: The Case of Nioeteenth Century Brazil". Hispanic American Historical Review 58, no. 3 (agosto de 1978): 435-44, passim; y "Business, Nationality, Dependency", p. 96. 38. Micbael L. Conniff, Urban Politics in Brazil: The Rise of Populism, 1925-1945 (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1981). pp. 37-41. 39. Joseph Love, "Um segmento da elite política em perspectiva comparada", en A revolufaO do 30 (Brasilia: Universidade Federal da Brasilia, 1982), pp. 84-85; Edgard Carone. O Centro Industrial do Brasil (Rio: Editora Catedra, 1978), pp. 171-2; E. Barros, Associafao Comercial no Jmpério e na República (Rio: Gráfica Olimpica, 1975), pp. 177-8. 40. Sin embargo, algunas asociaciones se iniciaron con ayuda del gobierno y recibían pequeños subsidios ya bien entrado este siglo. 41. Véase Joan Lamayso Bak, ''Sorne Antecedents of Corporatism: State Economic lntervention and Rural Organization in Brazil", tesis doctoral, Universidad de Yale, 1977, pp. 101-117. En general, el estado apoyaba los esfuerzos por elevar el precio de las exportaciones agrícolas, pero ignoraba los cárteles industriales de tales productos como cerillos y cigarros destinados al mercado interno. 42. Topik, "State's Contribution to the lnternal Economy" y The Political Economy of the Brazilian State; Mauricio Font, "Coffee Planters, Politics and Development in Brazil", Latín American Research Review (LARR) 22: 3 (1987): 69-90, y "Perspectives on Social Change and Development in ~ao Paulo: A Reply" en LARR 24: 3 (1989) y Joseph Love, "Of Planters, Politics and Development in Brazil: A Comment on Mauricio Font's Analysis" LARR 24: 3 (1989): 127-135 y Love, "Um segmento da elite". �Producción Capitalista y Articulación del Empresariado en Monterrey (1890-191 O) t Mario Cerutti * ,¡, l1 o: -i Para 1910 estaba estructurado en Monterrey, ya, uno de los sectores más modernizantes de la burguesía mexicana en consolidación. El término modernizante guarda aquí un doble significado: por un lado, implica que esta fracción regional de clase aparecía entonces como fuertemente interesada en el desarrollo de la producción capitalista; por otro, ese interés operaba centralmente en el ámbito industrial, e involucraba en buena medida la producción fabril de bienes destinados a la producción. Actividad, esta última, difícil de detectar en otras áreas de América Latina a comienzos del siglo, cuando las burguesías del subcontinente impulsaban un capitalismo dedicado a abastecer de materias primas el mercado mundial. El caso Monterrey no fue fruto de las nuevas políticas económicas implementadas después de la crisis de 1929. Aunque el apoyo al desenvolvimiento industrial de los años 30 y 40 (que se manifestó también en Argentina, Brasil, Chile y otros países) benefició generosamente a este empresariado, su conformación y capacidad económica eran ya visibles antes de la primera guerra mundial. Su historia, que intentamos reconstruír en parte, hunde sus raíces en un prolongado tramo del siglo XIX. I • Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León (Monterrey, México). Versión modificada de la ponencia presentada en el IX Congreso General de la Latin American Studies Association (Bloomington, Indiana, 1980). Incluido en Julio Labastida {comp.), Grupos económicos y organizaciones empresariales en México, México, Alianza Editorial Mexicana / Universidad Nacional Autónoma de México, 1986. �150 Siglo XIX l. PRODUCCION CAPITALISTA, INDUSTRIA Y BURGUESIA C'I, .... En trabajos anteriores hemos sugerido que el nacimiento y consolidación del capitalismo y de la burguesía en Monterrey se efectuaron en un proceso que, por lo menos, hay que estudiarlo desde 1850, y que se prolongó hasta los momentos de la Revolución. Se apuntó asimismo que entre 1850 y 1890 se protagonizó un subperíodo en el que, estrictamente, se registra una sensible acumulación previa de capitales. Los hombres de negocios que destacan en Monterrey desde los días posteriores a la guerra con Estados Unidos concentraron fortunas cuantiosas. Lo hicieron por medio de mecanismos que no requirieron vertebral.mente de la producción capitalista, y frecuentemente sin entrar en contacto directo con producción alguna. Estos burgueses actuaban y se enriquecían a través del comercio en sus más variadas formas, eran prestamistas, se apropiaban de tierras como medio de preservar sus dineros. Sólo de manera tenue, esporádica, realizaban inversiones en el sector productivo. Nadie debe extrañarse de esto si se recuerda la inestabilidad que ofrecían las condiciones económicas y sociopoliticas mexicanas, en un marco en que las guerras interiores e internacionales no faltaban. Epoca en la que, en tanto, Estados Unidos pugnaba por afirmar su unidad nacional, de la que emergería como una potencia industrial ansiosa de entrar en vinculaciones con otras zonas de América para alimentar su formidable desarrollo. En este artículo sólo brindaremos limitadas referencias respecto de la fase 1850-1890 1• Su finalidad, en cambio, es detallar el giro decisivo que entre 1890 y 1910 se manifiesta en Monterrey. Aquellos capitales previamente acumulados -sin una necesidad imperiosa de insertarse en el proceso productivo- ,aprovecharán una coyuntura signada por factores internos y exteriores, y se volcarán masivamente, ahora sí, a la producción. Pero a la producción capitalista. Y lo más relevante: en la médula de este movimiento estará la inversión en el rubro industrial-fabril. Que no será exclusiva ni excluyente Oa minería asume, simultáneamente, una importancia destacable), pero que se dará con el peso suficiente para tornarse el eje de una serie de transformaciones que ofrecerán otro resultado: la articulación de una burguesía con base productiva regional. Cerutti: Producción capitalista y empresariado en Monterrey 151 En esa coyuntura de dos décadas, puente entre dos siglos, quedará constituído el tronco histórico de lo que hoy es el influyente empresariado regiomontano. La fusión de capitales antes dispersos -que deben centralizarse ante las exigencias de las cuantiosas inversiones que se practican- y la paralela unión de familias por medio de matrimonios, llevará a la consolidación de una red socioeconómica en la que se introducen los antiguos burgueses. A los precursores de los lustros críticos posteriores al conflicto con Estados Unidos se sumarán, desde 1885-90, nuevos hombres de negocios. Se constituirá entonces un espectro ampliado de grupos familiares que orientarán el desarrollo del capitalismo en el noreste de México, y que lo usufructuarán cabalgando sobre el orden social y político del porfiriato. De grupo social en gestación, estos antiguos burgueses se transformarían en parte de la clase burguesa mexicana. La metamorfosis correspondería a su conversión en burgueses productivos, que les permitió dominar directamente las relaciones que se plasmaban en el nuevo proceso productivo. Ya no serán simples intermediarios entre clases de un sistema social no capitalista, en el que el excedente debía obtenerse por las vías del comercio o la especulación. Ahora el excedente será captado con el control abierto del organismo productivo, al que modernizarán y reorganizarán. Si es factible encontrar, en el marco latinoamericano finisecular, un ejemplo nítido del pasaje histórico que supone la transformación de un grupo burgués en clase burguesa, es el de Monterrey. Pero lo llamativo fue que ese salto cualitativo incluyó la industrialización, mucho antes de que algo similar ocurriese en otros países del subcontinente como tendencia básica del desarrollo capitalista. El fenómeno emerge más signíficativo si se advierte que el núcleo de dicha industrialización no fue la fabricación de bienes de consumo personal, sino que el dinamismo surgió de la elaboración de bienes destinados al consumo productivo, especialmente los generados en la metalurgia pesada (que incluyó la siderurgia). Tal vez en esta antigüedad relativa, en el hecho de haber encontrado en la industria su impulso fundamental, y dentro de la industria en sectores de base, resida el origen histórico de la diferencia que aún parece existir entre este empresariado y otros colegas del ámbito latinoamericano. Diferencia que podría definirse en términos de una mayor autonomía (o de una menor dependencia) frente al Estado, situación �152 $iglo XIX que se observó con cierta claridad durante el sexenio de Lázaro Cárdenas; también, por una más amplia capacidad de negoci~ción frent~ ~ capital extranjero, que después de 1950 pasó a predoounar en múltiples ramas de la gran industria privada de América Latina. 11, 11 11. LOS PROSPEROS AÑOS DIFICILES La mencionada etapa de acumulación previa de capitales hizo factible que los poderosos negociantes y terratenientes de Mont~rrey estu~eran en condiciones de destinar, en los aiios 90, una fracción sustancial de sus fortunas a la producción industrial capitalista. Los cuarenta aiios que transcurrieron entre 1850 y 1890 evidenciaron en general una marcada inestabilidad política y social. En ella floreció, paradójicamente, la estabilidad del embrión de la burguesía regiomontana de fines de siglo. En resumen: 1. Se registró el acercamiento de la frontera a Monterrey, consecuencia de la guerra con Estados Unidos. Este hecho implicará para la capital de Nuevo León un readecuamiento de sus funciones con respecto a la nueva línea fronteriza. Se estrecharían y ampliarían los lazos comerciales con Estados Unidos (particularmente importante fue el crecimiento demográfico y económico de Texas), y se produciría el auge de una actividad inevitable de señalar y analizar: el contrabando. 2. Se protagonizaron constantemente luchas políticas nacionales y regionales, que incluyeron los sucesos de la Reforma, la invasión francesa, la disputa entre Benito Juárez y el gobernador Santiago Vidaurri (1855-1864) con sus secuelas, los intentos de Porfirio Díaz por alcanzar el poder y las contiendas intestinas de Nuevo León, que se extendieron hasta fines de la década de los aiios 80. 3. Acaece la guerra de Secesión norteamericana (1861-1865), de singular relevancia para la expansión elel comercio en los momentos más antiguos de la etapa en análisis. La prosperidad de estos aiios, aunque fugaz, debe ligarse al citado acercamiento de Monterrey a la línea de la frontera y a la sistematización y ordenamiento que en materia política, administrativa, militar y aduanal logró imponer entonces en el escenario regional Santiago Vidaurri 2• 4. La lucha contra el rebelde indígena del norte mexicano se intensificó, especialmente desde la administración Vidaurri. El ya secular combate se cerraría de manera más o ménos efectiva poco antes de 1880. El proceso de acumulación de capitales y bienes en Monterrey, previo Cerutti: Producción capitalista y empresariado en Monterrey 153 a la industrialización, estuvo condicionado y alimentado, en buena medida, por la expulsión del aborigen semi-nómada hacia zonas occidentales del país, desalojo que se consumó en forma simultánea con el avance -desde el otro lado de la frontera- de la población de Texas. En la medida que el indio abandonaba sus antiguos paisajes, las tierras eran apropiadas en extensiones enormes y comenzaban a producir. Se acentuaba, además, la protección de las zonas que ya desde antes contenían población dedicada a la agricultura y la ganadería. Las invasiones indígenas dejaron de sentirse sobre los fértiles terrenos laguneros, desaparecieron de lo que después se convertiría en la rica área del carbón, se abrieron vastos predios de agostadero para los ganados mayor y menor. La circulación de mercancías se agilizó y se tornó más segura, se tendieron progresivamente nuevas vías de comunicación, la fuena de trabajo pudo transitar con menos riesgos y lo que luego serían centros mineros quedaron despejados definítivamente 3• En este marco, la absorción centralizada de recursos monetarios, de excedente convertido en dinero, ofreció como eje el comercio Oocal, regional e internacional), tanto en sus formas legales como en los ámbitos más clandestinos pero visibles del contrabando. Pero junto con ello, en un mismo movimiento, el gran comerciante se sintió capacitado para operar como prestamista a diferentes niveles, como usufructuario de la deuda estatal y de las necesidades de los ejércitos, como concentrador de tierras en escalas considerables, como financista de productores rurales (hecho repetido desde 1870, por ejemplo, con los agricultores algodoneros de La Laguna, en Durango y Coahuila) y de mercaderes de menor envergadura, como personaje ubicuo y aprovechado de las modificaciones que se registraban en las políticas aduaneras. Su fortaleza, creciente, le permitió soportar las repetidas situaciones críticas de estas décadas difíciles. La habilidad empresaríal de estos burgueses pre industriales les señalaba lo poco fructífero que -en este marco general- resultaría la inversión en los rubros manufacturero o minero. De allí la timidez en lo que atañe a producción fabril que manifiestan para estos años. Sólo algunos establecimientos dedicados a la elaboración de textiles, azúcar o licores se levantan en Monterrey y sus alrededores. Un panorama radicalmente diferente -empero- se dibujará desde 1890. �154 Siglo XIX III. EL CONTEXTO Por razones de brevedad no podemos detallar en este artículo las circunstancias que -junto con lo comentado- permitieron el crecimiento del capitalismo y de la industria regiomontana entre 1890 y 1910. Para una información más exhaustiva nos vemos obligados a remitir a otros trabajos 4 • .... :, '""°''•·......,.1 Sólo con el objetivo de ofrecer un marco mínimo, puntualizaremos algunos factores que inevitablemente deben vincularse a lo acaecido a partir de 1890: 1. La fértil coyuntura de los años 90 estuvo estrechamente vinculada con las nuevas necesidades de la economía mundial, derivadas a su vez del alto grado del desarrollo capitalista en los países avanzados. En el caso de Monterrey, por ejemplo, los requerimientos del noreste fabril estadounidense jugaron un papel preponderante para el establecimiento de la metalurgia pesada, uno de los pilares de su industrialización y del auge de la minería regional. 2. Capitales previamente acumulados y relaciones económicas internacionales estimulantes confluyeron con un factor que seguramente era imprescindible para que los antiguos burgueses arriesgaran gruesas inversiones en el sector manufacturero: la estabilidad social y política que impuso el porfiriato. Régimen que en Nuevo León contó con un eficaz y lúcido delegado: el general Bernardo Reyes. 3. Una especial trascendencia asumió d tendido de los ferrocarriles. Por tres motivos primordiales: a) porque comunicaron de manera óptima a Monterrey y su área de influencia con el noreste de Estados Unidos, el gran mercado para su producción minero-metalúrgica; b) porque unificaron un mercado tendencialmente nacional (o, cuando menos, ampliamente regional, que pudo ser atendido con eficiencia por las fábricas regiomontanas; c) porque las vías de comunicación facilitaron la llegada de la fuerza de trabajo, ya que Nuevo León carecía de los brazos libres que solicitaban sus centros manufactureros. Además, los ferrocarriles convirtieron a Monterrey en un sobresaliente nudo de comunicaciones y dinamizaron sus intercambios con Estados Unidos, de donde arribaron crecientemente -desde 1890- maquinaria, insumos y materia prima para sus industrias. 4. La ubicación geográfica de Monterrey, estratégica: en el seno de una extensa región minera que fue vigorosamente vitalizada por las Cerutti: Producción capitalista y empresariado en Monterrey 155 plantas de fundición. Las necesidades de minerales industriales que aumentaban en Estados Unidos (a las que se sumaron, lenta pero firmemente, las del propio mercado interior), asumieron una repercusión visible en este proceso. Por otro lado, los establecimientos de fundición y los ferrocarriles solicitaron masivamente un mineral localizable en la zona, especialmente en Coahuila: el carbón. Los capitales con base en Monterrey -junto con el de origen extranjero- se lanzaron hacia la minería en forma ostensible desde 1890. 5. Finalmente, un aspecto que es preciso remarcar. El brote fabril de Monterrey -núcleo de su desarrollo capitalista- fue estimulado claramente por una política gubernamental que pareció tener conciencia de la situación global. El caso regiomontano es mostrativo de cómo la acción del Estado fue históricamente importante para el surgimiento de este tipo de actividad en países que sufrían la agresiva competencia de las naciones más avanzadas. La política de Nuevo León en este sentido, básicamente la de Bernardo Reyes, se caracterizó por ofrecer una legislación que favorecía la instalación y/o expansión de establecimientos manufactureros de toda índole. Favores que, por supuesto, no excluían al capital extranjero: gozó de las mismas prerrogativas que el local, y su arribo en gran escala a Monterrey es otro elemento que debe tenerse en cuenta en el análisis de la coyuntura. Algunas cifras El panorama económico de Monterrey, a comienzos del siglo XX, podría resumirse con los siguientes datos: 1. Se había convertido en el eje de la capacidad productiva de Nuevo León. Su industrialización había desalojado largamente al sector agrícola del puesto de vanguardia, ocupado hasta 1885 aproximadamente. En 1908, los valores industriales generados en el estado eran casi diez veces mayores que los de la agricultura (41 429 116 pesos frente a 4 339 024). 2. De la producción industrial, las fábricas y talleres de Monterrey eran el cimiento principal. De casi cuarenta millones de pesos que registró Nuevo León en 1906, treinta y seis millones se generaron en su ciudad capital. 3. A su vez, dentro de este sector, la metalurgia pesada constituía el elemento fundamental. De los citados treinta y seis millones mencionados (para 1906), más de veinticinco millones eran gestados por dos grandes establecimientos fundidores de minerales. Si se sumaba lo �156 Siglo XIX que para esos años producía ya la Compañía Fundidora de Fierro y Acero (siderurgia), la importancia de estas plantas sobresalía aún más en el contexto fabril de la ciudad s. 4. La importancia de Monterrey trascendía el noreste. Estadísticas de principios de siglo apuntan que Nuevo León era entonces el estado que mayores valores industriales producía en el país: llegaba al 13.90/o del total, mientras que el Distrito Federal y el estado de México computaban el 11.7 y el 11.2%, respectivamente; Veracruz producía el 10.6 y Puebla el 7.70/o 6 • 5. Monterrey era entonces, asimismo, el mayor centro metalúrgico de la nación. La explotación de fundiciones de los años 1897, 1898 y 1899 arrojó un monto de 216 007 952 pesos. De éstos Nuevo León había brindado 50 847 178 pesos, lo que representaba el 23.5%. Sonora, en segundo término, sumó menos de veinte millones de pesos 7 • 6. El desarrollo del capitalismo en Monterrey y su zona de influencia, y el proceso de industrialización, alteraron el panorama humano de la capital de Nuevo León. Entre 1883 y 1910 su población se incrementó en un 112%, y con cerca de 90 000 habitantes nucleaba el 24.30/o de los habitantes del estado en vísperas de la caída de Díaz 8• En el momento de la Revolución era la cuarta ciudad del país, y ocupaba idéntico puesto en lo que atañe a la tasa de crecimiento anual de población (3.7) en urbes con más de 25 000 habitantes en el período 1895-1910 9 • llllllf1111,~1 7. El crecimiento humano de Monterrey no se protagonizó exclusivamente por vía vegetativa. Muy ostensibles fueron las migraciones desde estados vecinos y cercanos. La mayoría de los llegados provenía de San Luis Potosí, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes. En 1900, el 33% de los habitantes de la ciudad eran migrantes de otros estados 10 • 11•-:r :?;!!::,11t " ' 1, Cerutti: Producción capitalista y empresariado en Monterrey 157 No hay duda que este desplazamiento estaba al alcance de aquellos hombres. Sería dificultoso demostrar que Patricio Milmo, Valentín Rivero, José Calderón, los Zambrano, Evaristo Madero (abuelo del jefe revolucionario) o los Hemández-Mendirichaga no eran dueños de caudales suficientes para insertarse en actividades que, por los factores apuntados, aparecían sumamente lucrativas. Pero lo cuantioso de las inversiones que exigía no sólo el ala más sofisticada de la industria, sino también la minería, los transportes y la puesta en marcha de casas bancarias, los obligó a anexar sus capitales, a asociarse. En este proceso se añadieron otros empresarios: algunos, asentados en Monterrey desde poco tiempo atrás; otros, que confluyeron hacia esta ciudad -o que retornaban, como los Maderoporque detectaron su creciente relevancia económica. Hubo asimismo ligazones con burgueses de otras zonas de México; se hizo lugar, en fin, al capital externo, particularmente al norteamericano. Todo ello implicó, claro está, a hombres concretos, integrantes de familias residentes en Monterrey. En ciertos casos, con sus jefes venidos del exterior muchas deéadas atrás: Patricio Milmo, oriundo de Irlanda y yerno del ex caudillo Santiago Vidaurri, o Valentín Rivero, español, se encontraban en ese plano. En otros, los jefes del grupo parental y sus generaciones siguientes fueron autóctonos: Evaristo Madero y Francisco Sada y Gómez son ubicables entre ellos. También se tenían familias cuyos componentes principales mantenían su nacionalidad no mexicana, como los Hernández-Mendirichaga, españoles, y los Ferrara, italianos. Sin embargo, en la mayoría de los diez grupos parentales seleccionados en nuestra investigación, la base de las fortunas fue fruto de actividades y proyectos que se implementaron y crecieron económicamente en el norte oriental de México. Sus capitales, por su historia, pueden considerarse regionales. .JI •11, .. ~ '. " ''" ,J :11i ,IJ ' ti :.:, 11 •' ··~ ,: 1 , "'• !i,: 1111 IV. LAS DIEZ FAMILIAS :::! 1·' ,::; ·u> ..,iJl,¡¡.t 111,.,111,,: hl11 11111 • . . . . . . _ 1 En este contexto, superficialmente presentado, los burgueses que protagonizaron la acumulación previa de las décadas anteriores a 1890 modificaron sus formas de operar. Jugando al papel de núcleo modernizante (rol que, lógicamente, correspondía a sus intereses inmediatos) en el seno de la clase que se estructuraba en México por el mismo desarrollo del capitalismo, volcaron decididamente sus recursos en sectores productivos. Como se resume en el cuadro 1, las familias de empresarios prominentes que se han adoptado como muestra central en la investigación respondían a los apellidos Armendaiz, Belden, Calderón, Ferrara, Garza, Hernández-Mendirichaga, Madero, Milmo, Muguerza, Rivero, Sada Muguerza y Zambrano. Parentescos y actividades muy estrechas nos sugirieron unificar los apellidos Calderón y Muguerza, por un lado, y Sada Muguerza con Garza, por otro. De estos diez grupos se estudiaron especialmente los miembros que más sobresalían en los documentos de los años que corrieron entre 1880 �~·,1-'' 158 Siglo XIX Cerutti: Producción capitalista y empresariado en Monterrey ..1: ¡ ' 1 159 CUADRO 1 sigue cuadro 1 LOS MAS PROMINENTES EMPRESARIOS DE LAS FAMILIAS SELECCIONADAS (18~1905) (muere en 1900) Armendaiz 1 '1, CC: 11 .... ll .,.:JI ,,•1111110, 11 . ....._,, Belden Calderón (a) 4. Carlos 5. Francisco 6. Santiago :::> hermanos Ferrara 8. Antonio (muere en 1901) 9. Miguel -------IO. Vicente_-_____ hijos del anterior Garza (b) 11. Isaac (marido de Consuelo Sada Muguerza) HemándezMendirichaga 12. Félix Mcndirichaga Hemández 13. Tomás Mendirichaga Hemández 14. Mariano Hemández Mendirichaga 15. Ricardo Hernández y Mendirichaga Madero 16. Evaristo 17. E r n e s t o ~ 18. Evaristo 19. Francisco 20. Gustavo A. (nieto del primero, hijo de Francisco y hermano de Francisco Ignacio) Rivero hermanos 21. 22. 23. 24. ermanos y sobrinos de los primeros hijos del anterior Daniel .............._hermanos Patricio (muere eg.J899) Patricio v. ~ Sara (esposa de "jos de Patricio Eugenio Kelly) 27. 28. 29. 30. 31. Valentín (muere en 1897) Manuel G . > Ramón hijos del anterior Valentín Víctor Sada Muguerza (b) 32. Alberto :: 33. Francisco G. hermanos 34. Francisco Sada y Gómez (casado con Carmen Muguerza, padre de los anteriores, fallecido en 1893) Zambrano y>. Milmo Muguerza (a) 25. Francisca de Calderó~ (madre de José E.) / hermanos 26. José A. 7. José Eulalio (hijo de José Calderón, muerto en 1889) y> lt!lt111, , . . . . . . . . ~ hijos del anterior 35.Adolfo> 36. Eduardo 37. Emilio hermanos 38. Ildefonso 39. Onofre 40. Eduardo A ~ 41. Gregorio f' ':rijos de Eduardo 42. Onofre R. (hijo de Onofre) (a) Han sido seleccionados como un solo grupo familiar (b) Figuran como grupo familiar unificado Fuente principal: libros de notarios del Archivo General del Estado de Nuevo León (AGENL) • �160 Cerutti: Producción capitalista y empresariado en Monterrey Siglo XIX CUADRO 2 y 1910, con énfasis en los testimonios asentados de 1890 a 1905. Ello obligó a poner atención sobre la labor empresarial de 42 personas, todas figuras relevantes en la industria, la minería, el comercio, las finanzas, la producción agropecuaria y/ o los servicios. Una muestra de 42 empresarios, estimamos, resulta suficiente para observar el comportamiento de una burguesía con base regional a fines de siglo y en un país latinoamericano. Estos diez grupos parentales ofrecen una excelente evidencia sobre el proceso en análisis, porque es factible evaluarlos como los más prominentes del subperíodo 1890-1910. En más del cincuenta por ciento de los casos, además, habían destacado en la fase de acumulación primaria de capitales (1850-1890). Estas familias habrían sido el tronco sobre el cual se desarrolló la burguesía regiomontana en el siglo XX, la que hoy concentra tantas miradas por su poder económico, por su notable capacidad de expansión y por su muy comentada influencia en otros aspectos de la realidad mexicana. En algunas familias los cuadros empresarios eran visiblemente numerosos. Resaltan los Zambrano, herederos y multiplicadores de la fortuna que en 1873 dejó Gregorio Zambrano, uno de los grandes comerciantes de las dos décadas que siguieron el cambio de frontera. Entre padres e hijos, sumaban ocho destacados empresarios en el subperíodo investigado. • Grueso fue también el caudal de los Madero, aunque en este caso no todos residían de manera permanente en Monterrey. Se ha descripto en un trabajo anterior11 las causas que habrían llevado a varios miembros de esta familia a regresar a Monterrey a principios de los años 90, cuando fundaron -junto con Adolfo Zambrano y Francisco Armendaiz- el primer banco nacido en el estado: el Banco de Nuevo León . V. INVERSIONES, MATRIMONIOS Y ARTICULACION EMPRESARIAL La modernización que se implementaba demandó la instrumentación de métodos nuevos, tanto en la esfera de la producción como en el de la unión de capitales. La sociedad anónima, que distribuía los riesgos y canalizaba la centralización de capitales individuales, emergió como un arma excelente12• 161 EMPRESAS CON CAPITAL DE 100 000 PESOS O MAS, BAJO CONTROL O CON PARTICIPACION DE MIEMBROS DE LAS DIEZ FAMILIAS SELECCIONADAS (1890-1905) Empresa Rubro Capital (a) Año (b) 1- Compañía de Fierro y Acero de Monterrey, S.A. 2- Compañía Minera, Fundidora y Afinadora de Monterrey, S.A. 3- Banco Mercantil de Monterrey, S.A. 4- Banco de Nuevo León, S.A. 5- Cervecería Cuauhtémoc, S.A. 6- Compañía Carbonífera de Monterrey, S.A. 7- Compañía de Terrenos y Ganados de Coahuila, S.A. 8- Patricio Milmo Sucesores Industria Minería 1O 000 000 1900 9- Patricio Milmo e Hijos (t) 10- Fábrica de Vidrios y Cristales de Monterrey, S.A. 11- Francisco Armendaiz Sucesores (fábrica de azúcar) 12- Nuevo León Smelting and Manufacturing Company 13- Fábrica de Hilados y Tejidos El Porvenir S.A. (g) Minería Industria 8 000 000 (e) 1903 Finanz.as 2 500 000 Finanzas 2 000 000 (d) 1902 Industria 2 000 000 (e) 1905 Minería 1000000 1902 700 000 1904 1899 Agropecuario Venta Tierras Comercio Finanzas Agropecuario Comercio Finanz.as Agropecuario 628 420 1899 603 839 1895 Industria 600 000 1899 Industria 600 000 1899 Industria 500 000 más de 450 000 1890 Industria 14- Compañía Industrial de Monterrey, S.A. Industria 15- La Esperanza, S.A. (i) Industria 16- Negociación Agrícola y Ganadera de San Enrique S.A. Agropecuario 1898 400 000 (h) 1895 400 000 1895 360 000 1905 ,_ �l 62 Siglo XIX Cerutti: Producción capitalista y empresariado en Monterrey sigue cuadro 2 sigue cuadro 2 Empresa Empresa ' J lli' , 11 CC:k 11 w .. ¡,11 ,di 1 i:' ......111,,.,,.......... 163 . Rubro 17- Compañía Industrial de artefactos de metal laminado El Barco, S.A. Industria 18- Compañía Ganadera de Sierra Mojada, S.A. Agropecuario 19- Fábrica de Hilados y Tejidos La Fama de Nuevo León, S.A. (j) Industria 20- Compañía de Fundición de Fierro y Manufacturen de Monterrey, S.A Industria 21- Compañía Minera Azteca, S.A. Minería 22- Compañía Ferrocarrilera de Matehuala, S.A. (k) Transportes 23- Compañía Ladrillera Unión, S.A. Industria 24- Compañía Ferrocarriles Urbanos de Monterrey, S.A. Transportes 25- Compañía de Tierras Venta Tierras de Sonora, S.A. Agropecuario 26- Valentín Rivero Sucesores Comercio 27- Compañía Carbonífera de La Merced, S.A. 28- Compañía Minera de San Pablo, S.A. 29- Reinaldo Berardi y Cía. 3~ Compañía Minera de San Martin, S.A. 31- Fábrica de almidón El Hércules, S.A. 32- Molinos de cilindros de Parras, S.A. (m) 33- Compañía Minera de San Nicolás, S.A. 34- Compañía Minera Ocampo,S.A. 35- Compañía Minera La Paz, S.A. 36- Compañía Minera de Almoloya, S.A. Capital Año 350 000 1898 300 000 1898 270 000 1900 250 000 1898 250 000 1897 250 000 1903 180 000 (1) 1901 180 000 19()0 162 000 147 129 1904 1898 Minería 120 000 1905 Minería Comercio 120 000 105 566 1897 1894 Minería 1901 Industria 104 000 más de 100 000 1898 Industria 100 000 1905 Minería 100 000 1891 Minería 100 000 1903 Minería 100 000 1902 Minería 100 000 1903 Rubro 37- Compañía Industrial Jabonera de La Laguna, S.A. Industria 38- Compañía Metalúrgica Minería de Torreón, S.A. Industria Capital Año (n) - {ñ) - (a) En pesos de la época (b) Indica el año en que fue verificada la suma seiialada (c) El capital de esta empresa era de 600 000 pesos en 1890 (d) Esta firma inició sus operaciones en 1892 con 600 000 pesos (e) El capital de arranque de Cervecería Cuauhtémoc fue de 150 000 pesos en 1890 (f) Antecesores de la citada más arriba. Patricio Milmo e Hijos Sucesores fue constituida al fallecer Patricio Milmo, en 1899 (g) Fábrica instalada en Villa de Santiago (h) Su capital era de 200 000 pesos en 1892, al comenzar a operar (i) Ubicada en Gómez Palacio (Durango), en la zona lagunera (j) Establecida en Santa Catarina (k) Con asiento en Matehuala, San Luis Potosí (1) En 1900 su capital era de 120 000 pesos (m) Con funcionamiento en Parras, Coahuila (n) Esta firma surge de una fusión de La Esperanza, S.A. con empresarios de Chihuahua, entre los que sobresalían miembros de la familia Terrazas. Debido a que La Esperanza tenía en 1895 un capital de 400 000 pesos, puede inferirse que la nueva compañía inició sus operaciones con un respaldo que permite incluirla en esta lista, aún cuando no se verificó el monto exacto. Según José Luis Ceceña ("La penetración extranjera y los grupos de poder económico en el México Porfirista" , reproducido en Lecturas Universitarias, 22, UNAM, México, 1975), para fines del porfiriato la Jabonera contaba con un capital de 6 000 000 de pesos (ñ) Lo anterior es menester reintegrarlo con respecto a la Compañía Metalúrgica de Torreón, S.A. de la que era presidente Ernesto Madero a principios de siglo. Ceceiia menciona que en la década inicial de la presente centuria su capital ascendia a 5 000 000 de pesos Fuente principal: hbros de notarios del Archivo General del Estado de Nuevo León �164 Siglo XIX Cerutli: Producción capitalista y empresariado en Monterrey Los cuadros 2 y 3 brindan una síntesis del doble movimiento operado desde 1890, y que derivó en la fusión de capitales, en la asociación de distintos hombres de negocios. Es perceptible que integrantes de las diez familias investigadas estuvieron en los más importantes proyectos de la época. ,:,J 111- - • Desde el punto de vista del capital empleado, los datos obtenidos indican que entre 1890 y 1905 funcionaban y/o se instalaron 38 compaiiías (en su mayoría con asiento en Monterrey) cuyas inversiones oscilaban entre los 100 000 y los 10 000 000 de pesos. Hay que aclarar que no están comprendidas todas las firmas con respaldo de más de 100 000 pesos existentes entonces en Monterrey, sino exclusivamente aquellas en las que participaban representantes de las familias elegidas 13 • ' 165 • 16 firmas se desenvolvían en el ámbito industrial (tres de ellas eran, a la vez, mineras). • 12 en minería (incluyendo las tres mencionadas arriba). • Dirigian también compaiiías fiaancieras, comerciales, agropecuarias y dedicadas al transporte urbano y suburbano. CUADR03 ASOCIACIONES EMPRESARIAS SELECCIONADAS. 1890-1905 Del cuadro 2 puede practicarse la siguiente subdivisión: • Seis de las empresas allí enumeradas contaban con un capital de I 000 000 de pesos o más. • Una cantidad igual de firmas estaban respaldadas por capitales que oscilaban entre 500 000 y 1 000 000 de pesos. • De las veinticuatro restantes, diez tenian más de 200 000 pesos y menos de 500 000. Puede ser oportuno aludir a los cambios registrados en el capital de algunas de estas firmas, en quince años: • La Compañía Minera Fundidora y Afinadora Monterrey, S.A. fue constituida en 1890 con un respaldo de 600 000 pesos. En 1903 fue aumentado a 8 000 00014• Es decir: esta planta dedicada a la metalurgia básica elevó su capital más de diez veces en menos de quince años. • El Banco de Nuevo León, S.A. comenzó sus labores con un soporte formal de 600 000 pesos, en octubre de 1892. En 1902, luego de sucesivas ampliaciones, subió su capital a 2 000 000 de pesos15 • • La Cervecería Cuaubtémoc, S.A., orientada a la fabricación de bienes de consumo personal y masivo, pasó de 150 000 pesos (en 1890) a 2 000 000 en 190516• En cuanto al tipo de actividades que desempeñaban, nótese la diversificación por la que transitaban estos empresarios: Empresa Familias represenr.acm (a) 1- Negociación minera de San Francisco 3 (Ar-Fer-Zb) 2- Compañía del Ferrocarril Urbano y Local de Monterrey a Santa Catarina 3 (Bd-HM-Rv) 3- Banco de Nuevo León, S.A. 3 (Ar-Md-Zb) 4- Compañía Minera de la Fe y Anexas, S.A. 4 (Ar-Bd-HM-Rv) 4 (Bd-CM-Fer-Rv) 5- Compañía Minera de San Pablo S.A. 6 (Bd-Fer-HM-Md-Rv-Zb) 6- Fábrica de Hilados y Tejidos La Fama de Nuevo León, S.A. 3 (CM-HM-Rv) 7- Club Atlético Monterrey, S.A. 3 (Ar-Bd-Mm) 8- Negociación minera La Fortuna, S.A. 4 (Fer-HM-Mm-Zb) 9- La Esperanza, S.A. 4 (Bd-CM-HM-Mm) 10- Compañía Minera El Refugio, S.A. 3 (Fer-Mm-Zb) 11- Compañía Minera Azteca, S.A. 7 (Ar-Bd-Fer-HM-Md-Rv-Zb) 12- Compañía Minera Carbonato, S.A. 7 (Ar-Bd-Fer-HM-Md-Rv-Zb) 13- Compañía de Baños de Monterrey, S.A. 7 (Ar-Bd-CM-Fer-HM-Md-Rv) 14- Compañía Minera La Equitativa y Anexas, S.A. 4 (Ar-Bd-Fer-Zb) 15- Compañía Minera Maravillas y Anexas, S.A. 5 (Ar-Bd-Fer-Rv-Zb) 16- Compañía Minera de Dolores, S.A. 3 (Md-SMG-Zb) Año (b) 1890 1891 1892 1893 1897 1894 1895 1895 1895 1895 1896 1897 1897 1897 1897 1897 1897 �r u·- -~' 166 Siglo XIX Cerutti: Producción capitalista y empresariado en Monterrey 167 •ll f1 e: J ' J ', ¡, ce i c.J L~.:. _. . sigue cuadro 3 Empresas 17- Compañía Industrial de Monterrey, S.A. 18- Compañía Minera Norias de Baján, S.A. 19- Compañía Minera El Carmen, S.A. 20- Compañía Industrial de artefactos de metal laminado El Barco, S.A. 21- Compañía Industrial Jabonera de La Laguna, S.A. 22-Compañía del Panteón del Carmen, S.A. 23- Compañía Minera Mala Noche 24- Compañía de tranvías al Oriente y Sur de Monterrey, S.A. 25- Compañía Minera La Luz, S.A. 26- Compañía Minera, Fundidora y Afinadora Monterrey, S.A. 27- ...... 011- - - . ... 28- !ili!3 111••,..J ¡:a •:::, • !!i < !il·,'.) ~ ,,,,. "'º::> 2930- ji ,.. ~.J 11,1~ 11•1t· 11 1 1 '.l •· ... .. (' , 1::i: .. ! I' ;•J •1.,:) 11 11 -~ ,1,. ..........11, ,,11 .,..,__- 31323334353637- sigue cuadro 3 Familias representadas Año 4 (Bd-CM-Fer-Mm) 1897 3 (Fer-Md-Zb) 3 (Fer-SMG-Zb) 1897 1900 5 (Ar-CM-Fer-Md-SMG) 1898 7 (Ar-Bd-CM-Fer-HM-RV-SMG) 5 (Bd-CM-HM-Md-Mm) 1898 1898/ 9 5 (Bd-CM-Fer-HM-Rv) 3 (Bd-Fer-Rv) 1899 1899 4 (Ar-HM-Rv-Zb) 1899 3 (Fer-HM-Rv) 1899 6 (Ar-Bd-Fer-HM-Mm-Zb) 6 (Ar-Bd-Fer-Md-Mm-Zb) Banco Mercantil de Monterrey, 7 (Fer-HM-Md-Mm-Rv-SMG-Zb) S.A. 7 (Bd-CM-Fer-HM-Mm-Rv-SMG) Teatro Circo de Monterrey, S.A. 4 (CM-Md-Rv-Zb) Compañía Minera del Norte 3 (Md-SMG-Zb) Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S.A. Todas las Familias Fábrica de Cartón de 4 (CM-HM-Md-Zb) Monterrey, S.A. Compañía Ladrillera Unión, 8 (Bcl-CM&'-HMMd-Rv~-2.b) S.A. Compañía de Ferrocarriles Urbanos de Monterrey, S.A. 4 (Bd-CM-HM-Rv) Compañía Industrial Tipográfica de Monterrey, S.A 4 (Bd-HM-Rv-SMG) Negociación minera de Santo 3 (Ar-Fer-Zb) Tomás de Villanueva, S.A . Asociación Industrial Reinera, 4 (Fer-HM-Md-Rv) S.A. Empresa Editorial de 8 (Bcl-CM&'-HMMl-Rv-SMG-Zb) Monterrey, S.A. 1899 1900 1899 1905 1900 1900 1900 1900 1900 1900 Empresa 38- Compañía Minera El Porvenir, S.A. 39- Compañía Minera La Salvadora, S.A. 40- Compañía Minera Providencia y Juárez 41- Compañía Carbonífera de Monterrey, S.A. 42- Compañía Minera La Paz, S.A. 43- Compañía Minera San Rafael de Baján, S.A. 44- Compañía Ferrocarriles de Matehuala, S.A. 45- Compañía Minera Gran Cuadra Prodigio y Anexas de Zacatecas, S.A. 46- Compañía Minera de San Francisco de la Soledad, S.A. 47- Compañía Minera La Palmilla, S.A. 48- Compañía Minera Tuxtepec, S.A. 49- Fábrica de Vidrios y Cristales de Monterrey, S.A. Familias representadas Año 4 (CM-Fer-Rv-SMG) 1901 3 (Bd-Fer-SMG) 1901 5 (CM-Fer-HM-Rv-SMG) 1901 Todas las familias 1902 4 (Ar-Fer-Rv-Zb) 1902 4 (CM-Fer-Rv-SMG) 1903 3 (Bd-HM-Mm) 1903 5 (Bd-CM-Fer-Rv-SMG) 1903 3 (Fer-Rv-SMG) 1903 5 (Ar-Bd-Fer-Md-Rv) 1903 3 (Fer-Md-Zb) 1903 Todas las familias 1904 (a) En orden alfabético, las familias Armendaiz (Ar), Belden (Bd), CalderónMuguerza (CM), Ferrara (Fer), Hernández-Mendirichaga (HM), Madero (Md), Milmo (Mm), Rivero (Rv), Sada Muguerza-Oarza (SMG) y Zambrano (Zb) (b) Indica el año en que fue verificada la asociación entre miembros de las familias mencionadas Fuente principal: libros de notarios del Archivo General del Estado de Nuevo León. 1900 1900 1901 1901 En el cuadro 3 la lista se ha confeccionado desde el punto de vista de la cantidad de familias que participaban en diferentes empresas: evidencia de la asociación-articulación de esos grupos en el plano �168 < ,J Siglo XIX netamente econonuco. Se enumeran allí 49 sociedades con la característica de que en todas había representantes de por lo menos tres de las familias investigadas. Cerutti: Producción capitalista y empresariado en Monterrey 169 No debe exagerarse esta arista, pero sí resulta indispensable registrarla como mecanismo complementario de articulación socioeconómica que acompañó la centralización del capital, y la misma estructuración de la burguesía con asiento en Monterrey. Aquí tendríamos el siguiente resumen: 1 a:1 • Se anotaron 16 casos, entre 1890 y 1905, en los que estaban asociados integrantes de sólo tres grupos parentales (además de otros accionistas, por supuesto). • Otros 14 en los que se detectó la fusión de cuatro familias. • Siete ejemplos de articulación entre cinco de los núcleos revisados. • Un par de compañías en las que había componentes de seis familias. • Con miembros de siete de estos cuerpos parentales, se encontraron 5 empresas. • En 2 firmas estaban asociados delegados de ocho familias. • Finalmente se relevaron 3 casos de articulación total: las diez familias estaban representadas (Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S.A., en 1900; Compañía Carbonífera de Monterrey, S.A., en 1902; y Fábrica de Vidrios y Cristales de Monterrey, S.A., en 1904). 1iw,::; 11!3 ,¡¡¡~ ,, '.i- (, 111¡::l l¡ ;:·.::> t-• '"i ,1) (: un 11, 11, ,u 11'' ,.) 1····2 t ,,, 1 1111' ,, ·-· l:l; ➔-• .:' ·. j cri· ··~ ": ' 11 ,.,. 1 En ocasiones, frecuentes, cada grupo incorporaba a más de uno de sus integrantes. Ello multiplicaba la cantidad de representantes por familia en las distintas sociedades anónimas: los Zambrano, o los Madero, eran arquetípicos en este sentido. Un ejemplo: el Banco Mercantil de Monterrey, S.A. al iniciar sus operaciones, en 1899, mostraba entre los accionistas a la firma Sucesores de Hernández Hermanos, pero también incluía como tenedores de acciones, individualmente, a Tomás Mendirichaga y Mariano Hernández, del mismo núcleo 17 • En el cuadro 3 se mencionan, tan sólo, las asociaciones directas entre empresarios prominentes. Sin embargo, no había varones únicamente en estos conjuntos parentales conformados en torno a un apellido. Deben contarse, paralelamente, las mujeres. Que aún cuando no integraban los elencos empresarios, hay que situarlas en una segunda faceta que coadyuvó al entrelazamiento de la burguesía regiomontana en los años analizados: la de los matrimonios. En ocasiones, la articulación vía casamiento se materializaba a través de una tercera familia, también destacada, que no se encuentra entre las seleccionadas en nuestra investigación: los González Treviño encajan en ese esquema por su elevado nivel social, por el grueso número de hermanos que constituían el grupo y por una amplia participación en la industria, la minería, las finanzas y la propiedad de la tierra. En el anexo se detallan referencias no excesivamente exhaustivas sobre estas relacionés, que llevaban a que la influencia de una familia se extendiera en las distintas empresas. En el ya citado caso del Banco Mercantil se encontró como accionista a Francisco Madero (padre), pero a su lado se inscribieron un cuñado suyo, Lorenzo González Treviño, y su tío Antonio V. Hernández. La lista aumenta al anotarse que figuraban asimismo otros dos González Treviño, hermanos de Lorenzo: uno de ellos era, a su vez, marido de una Sada Muguerza. La espiral continuaría si se prosiguen indagando interrelaciones en este nivel. El empresariado regiomontano en constitución se asociaba repetidamente y de múltiples maneras: protagonizaba así un proceso inevitable ante el monto y características de las inversiones que debían implementarse para dinamizar formas capitalistas de producción en torno a la industria, la minería, la modernización financiera. En un momento histórico en que los países avanzados transitaban ya la fase monopólica del capital, y estructuraban compañías de ingente capacidad económica y sofisticado nivel técnico, resultaba imprescindible operar en términos similares en ciertos ramos de la producción. Estos entrelazamientos empresariales se vieron estimulados por la favorable coyuntura que arrancó en 1890, alimentada por la economía mundial, por la dimensión lograda ya por el desarrollo del capitalismo y del mercado interior en México, y por el amparo que brindaban en materia sociopolítica Porfirio Díaz y -a nivel regional- Bernardo Reyes. En la mayoría de los casos revisados, los grupos familiares seleccionados junto a otros también locales (sensible participación mantenían en la esfera económica personajes como Antonio V. �170 Siglo XIX Hernández, el general Gerónimo Treviño, Juan Weber, los hermanos Maiz, y las familias Dresel, Cantú Treviño, Tárnava, Berardi, Villarreal y González Treviño) trabajaban con notoria hegemonía en estas asociaciones. Empero no era raro detectar firmas en las que se permitía el ingreso de empresarios poderosos de otras regiones de México. En el ya mencionado ejemplo del Banco Mercantil un importante accionista era Enrique C. Cree!, miembro del sólido grupo de los Terrazas de Chihuahua y ministro de Porfirio Díaz en los años iniciales del siglo XX. Cree!, a quien solía representar Antonio V. Hernández, integró compañías como la Carbonifera de Monterrey, S.A., fundada en 190218• Joaquín Casasús, figura relevante de los negocios en México, y José Negrete, con residencia en Saltillo, eran otros destacados socios de los regiomontanos. En oportunidades, las nuevas y grandes inversiones demandaban la vinculación con hombres de negocios abiertamente representantes del capital externo. Una muestra sobresaliente en este aspecto fue la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S.A., cuya escritura de fundacrón fue rubricada el 5 de mayo de 1900. La firma se puso en marcha con un capital de 10 000 000 de pesos (alrededor de 5 000 000 de dólares), suma que requirió la anexión de recursos existentes más allá del ámbito regional e inclusive del nacional. No puede extrañarnos que en este proyecto ingresaran como accionistas los apellidos Armendaiz, Belden, Calderón-Muguerza, Ferrara, Hernández-Mendirichaga, Madero, Milmo-Kelly, Rivero, Sada Muguerza-Garza y Zambrano (nuestros diez grupos), sino también Maiz, Tárnava, Bortoni, González Treviño, Dresel, Villarreal, Cantú Treviño. Al lado de ellos, Tomás Braniff, norteamericano; los franceses Leon Signoret y Leon Honnorat; y el español Antonio Basagoití. Tanto el estadounidense Braniff como los franceses sostenían una enorme actividad en México, y eran paralelamente muy buenos amigos de personajes eminentes ligados al gobierno de Porfirio Díaz19• Cerutti: Producción capitalista y empresariado en Monterrey 171 En las firmas allí agrupadas se detectan inversiones en la industria de bienes de consumo personal, en la industria de bienes de consumo productivo, en minería, en transportes de pasajeros y carga para distancias cortas, en bancos, en comercio, en el ramo agropecuario y en servicios complementarios. Sociedades como la Compañía del Panteón del Carmen, S.A., el Club Atlético Monterrey, S.A., el Teatro Circo de Monterrey, S.A. y la Empresa Editorial de Monterrey, S.A. (entre cuyas tareas se incluía la edición de un periódico) indican hasta qué punto llegaba la multiplicidad de iniciativas que recorrían estos miembros de la burguesía regiomontana. CUADR04 EMPRESAS POR AREA DE ACTIVIDAD EN LAS QUE SE VERIFICO LA PARTICIPACION DE MIEMBROS DE LAS FAMILIAS SELECCIONADAS (1890-1905) Rubro Minería Industria Agropecuario Varios (finanzas, comercio, transportes, servicios) Total por actividades Total de empresas Cantidad de empresas 170 40 19 43 272 (a) 262 (a) (a) La diferencias entre ambas cifras deriva de que en algunos casos ciertas compañías actuaban en actividades diferentes (minería e industria, por ejemplo) Fuente principal: libros de notarios del Archivo General del Estado de Nuevo León VI. DIVERSIFICACION EMPRESARIAL Los cuadros 2 y 3 ofrecen un matiz común: la muy sensible diversificación de la inversión que los empresarios de Monterrey se anímaron a concretar noventa años atrás. Un dinamismo y una capacidad de ramificación-expansión que no parece ser exclusiva, pues, de las actuales generaciones. La dimensión del desenvolvimiento alcanzado desde 1890 es perceptible en el cuadro 4. Se enumeran por áreas fundamentales de actividad todas las firmas en las que fue verificada la participación de uno o más miembros de los diez grupos parentales seleccionados. El total de empresas fichadas llega a 262, entre 1890 y 1905, teniendo presente que varias de aquellas laboraban en actividades dobles (mineras e in- .. �172 Siglo XIX Cerutti: Producción capitalista y empresariado en Monterrey dustriales, o comerciales y agropecuarias, a la vez). CUADROS .. Jj Desde el punto de vista cuantitativo había un predominio del rubro minero: los componentes de la burguesía regiomontana en consolidación que hemos estudiado tenían vinculación con 170 compañías del ramo, lo que no deja de ser impresionante. Frecuentemente, la inversión no resultaba demasiado elevada en este sector: firmas que operaban con capitales iniciales que iban de 10 000 a 50 000 pesos se repetían. Claro que, ya se vio, un buen número de empresas mineras estaban por encima de los 100 000 pesos, situación que se reiteraba con las fabriles. Pero eran las grandes fundiciones las que fusionaban ambas actividades, y que estaban a la cabeza de las inversiones practicadas en Monterrey. La importancia de estas empresas en el crecimiento industrial de la ciudad y en el desarrollo del capitalismo en el norte mexicano no puede dejar de destacarse; requirieron la tecnologia más avanzada, produjeron para los mercados externo e interno Oa Fundidora de Fierro y Acero), incentivaron la explotación minera no sólo en el norte sino también en otros puntos del país, demandaron el perfeccionamiento de los sistemas regionales de transporte, solicitaron grandes contingentes de fuerza de trabajo, contribuyeron a aumentar la explotación de la zona carbonífera, abastecieron a múltiples industrias medianas y menores. Esta industria pesada, además, perfiló netamente a Monterrey en el marco latinoamericano de la época, y junto con otras plantas de importancia algo menor (producción de vidrio, de cemento, de maquinaria en escala limitada) destacaron asimismo a la burguesía que se configuró en este ciclo de modernización productiva de principios de siglo20 • La diversificación de actividades se verifica también si se analiza una familia o un empresario en particular. La nómina de empresas en las que se desempeñaban los Madero (cuadro 5) o Francisco Armendaiz (cuadro 6), entre 1890 y 1905, sirven de muestra. Por razones de espacio no comentaremos aquí estos casos aislados. Pero efectuaremos un agregado: los Madero o Armendaiz eran perfectamente representativos del funcionamiento de las restantes familias y/o empresarios. No deja de asombrar hoy la enorme capacidad que contaban a fines de siglo: los parientes del jefe revolucionario antiporfirista eran dueños o estaban asociados en 58 compañías; con Armendaiz se detectó una cifra similar. EMPRESAS EN LAS QUE TENIAN PARTICIPACION MIEMBROS DE LA FAMILIA MADERO (1890-1905) Empresa Rubro Otra.s familias (a) 1- Compañía Minera de San Nicolás, S.A. Minería Zb 2- Sociedad Minera Consolidada de Buenaventura de Vallecillo Minería IAr 3- Madero y Hemández (b) A&rOil.ecuairid 4- Madero y Cía. (b) Comercio Industria 5- Compañía Minera de San Pablo, S.A. Minería Bd-Fer-HM-Rv-Zb 6- Negociación Minera Jesús María Minería Zb 7- Banco de Nuevo León, S.A Finanzas Ar-Zb 8- Compañía Minero Franco Mexicana Minería Zb 9- García Galán, soc. en comandita Comercio 10- Compañía Minera de Dolores, S.A. Minería SMG-Zb 11- Compañía Minera Azteca, S.A. Minería Ar-Bd-Fer-HM-Rv-Zb 12- Compañía de Baños de Monterrey, S.A. Servicios Ar-Bd-CM-Fer-HM-Rv 13- Compañía Minera Carbonato, S.A. Minería Ar-Bd-Fer-HM-Rv-Zb 14- Compañía Minera del Carmen, S.A. Minería ~-CM-Fer-SMG 15- Compañía Industrial Jabonera de La Laguna, S.A. (c) Industria Bd-CM-HM-Mm 16- Banco Mercantil de Monterrey, S.A. Finanzas Fer-HM-Mm-Rv-SMG-Zb 17- Ernesto Madero y Hermanos (b) Comercio 18- Fábrica de Vidrios y Cristales de Monterrey, S.A Industria Todas las familias 173 �174 Siglo XIX Ceruttí: Producción capitalista y empresariado en Monterrey sigue cuadro 5 Empresa 1 lh 1 a:1 19- Compañía Minera Anillo de Hierro, S.A. 20- Compañía Minera Montaña ·de Hierro, S.A. 21- Compañía Minera de Dolores de Guadalcazar, S.A. 22- Compañía Minera del Norte, S.A. 23- Fábrica de Cartón de Monterrey, S.A. 24- Compañía Ladrillera Unión S.A. 25- Teatro Circo de Monterrey, S.A. 26- Compañía Minera, Fundidora y Afinadora Monterrey, S.A. 27- Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S.A. 28- Compañía Minera Norias de Baján, S.A. 29- Madero y García Galán 30- Compañía Minera La Candela, S.A. 31- Empresa Editorial de Monterrey, S.A. 32- Compañía Minera Zacatecas, S.A. 33- Lavandería de Vapor de Monterrey, S.A. 34- Compañía Minera Bolívar, S.A. 35- Asociación Industrial Reinera, S.A. Fábrica de cortinas y persianas 36- Compañía Minera La Fraternal, S.A. 37- Compañía Metalúrgica de Torreón, S.A. (d) sigue cuadro 5 Rubro Otras familias Minería Minería Minería Minería SMG-Zb Industria CM-HM-Zb Industria Bd-CM-Fer-HM-Rv-SMG-Zb Espectáculos CM-Rv-Zb Industria Minería Industria Minería Minería Industria Ar-Bd-Fer-Mm-Zb Todas las familias Fer-Zb Minería Industria Periodismo Bd-CM-Fer-HM-Rv-SMG-Zb Minería IFer Industria CM Minería Zb Industria Fer-HM-Rv Minería Industria Minería Zb Empresa Rubro 38- Compañía Industrial del Norte (c) Industria 39- Compañía Carbonífera de Monterrey, S.A. Minería 40- Compañía Minera Las Higueras, S.A. Minería 41- Compañía Minera La Pastora, S.A. Minería 42- Negociación minera anónima Santa Maria de la Paz y Anexas Minería 43- Compañía Carbonífera de Nuevo León, S.A. Minería 44- Compañía Minera La Palmilla, S.A. Minería 45- Imprenta y Litografía El Modelo, S.A. Industria 46- Compañía Minera Tuxtepec S.A. Minería 47- Compañía de Tierras de Tierras Sonora, S.A. .- . 48- Compañía de Terrenos y Ganados de Coahuila, S.A. Tierras 49- Compañía Carbonífera de Nuevo León y Coahuila, S.A. Minería 50- Compañía Carbonífera de La Merced, S.A. Minería 51- Compañía Minera El Roble y Anexas, S.A. Minería 52- Molinos de Cilindros de Parras, S.A. (b) Industria 53- Aguirre Hermanos, soc. en comandita (d) Comercio 54- Negociación Agrícola y Ganadera de San Enrique, A S.A. ·~ . 55- Compañía Minera Las Américas, S.A. Minería 56- Compañía Industriai" de Parras, S.A. (b) Industria Otras familias Rv Todas las familias Zb Fer Bd Ar-Bd-Fer-Rv Fer-Zb - - 175 �Ccruttí: Producción capitalista y cmprcsariado en Monterrey 176 177 Siglo XIX < CUADR06 sigue cuadro 5 EMPRESAS EN LAS QUE TENIA PARTICIPACION FRANCISCO ARMENDAIZ. (1890-1901) JJ t-- Empresa Rubro Otras familias 57- Molinos de Cilindros de Monterrey, S.A. Industria 58- Compañía Litográfica y Tipográfica El Modelo, S.A. Industria (a) En orden alfabético, las familias Armendaiz (Ar), Belden (Bd), CalderónMuguerza (CM), Ferrara (Fer), Hernández-Mendirichaga (HM), Milmo (Mm), Rivero (Rv), Sada Muguerza-Garza (SMG) y Zambrano (Zb). (b) Con asiento en Parras, Coahuila (c) Establecida en Gómez Palacio, Durango (d) Ubicada en Torreón, Coahuila Fuente principal: libros de notarios del Archivo General del Estado de Nuevo León. Empresa 1- Negociación minera de San Francisco 2- Compañía Minera de La Paz 3- Agencia Investigadora de propiedades mexicanas de Texas 4- Compañía Minera de Timulco 5- Sociedad minera Santa Gertrudis 6- Negociación minera La Purísima 7- Negociación minera El Refugio 8- Sociedad minera consolidada Buenaventura del Vallecillo 9- Compañía Minera de La Fe y Anexas, S.A. 10- Compañía Minera La Camarguense, S.A. (b) 11- Sociedad minera la Parreña 12- Compañía Minera del Carmen, S.A. 13- Compañía Minera La Reynera, S.A. 14- Compañía Anónima Porvenir de Matehuala 15- Armendaiz y Cía. 16- Segunda Zona de Sierra Mojada, S.A. 17- Club Atlético Monterrey, S.A. 18- Banco de Nuevo León, S.A 19- Banco Nacional de México (c) 20- Compañía Minera Maravillas y Anexas, S.A. 21- Compañía Minera La Equitativa y Anexas, S.A. Rubro Otras familias (a) Minería Fer-Zb Minería Fer-Zb í Servicios Tierras Minería Zb Minería Minería Minería Minería Md Minería Bd-HM-Rv Minería Minería Fer Minería CM-Fer-MD-SMG Minería SMG . Transportes Bd • V C Minería Actividades Finanzas Bd-Mm Md-Zb Finanzas Rv Minería Bd-Fer-Rv-Zb Minería Bd-Fer-Zb Deportivas "' �178 Siglo XIX Cerutti: Producción capitalista y empresariado en Monterrey sigue cuadro 6 Empresa 111,; , . . . . . . . . . . 179 sigue cuadro 6 Rubro Otras familias 22- Compañía Minera Azteca, S.A. Minería Bd-Fer-HM-Md-Rv-Zb 23- Compañía de Baños de Monterrey, S.A. Servicios Bd-CM-Fer-HM-Md-Rv 24- Compañía Minera Carbonato, S.A. Minería Bd-Fer-HM-Md-Rv-Zb 25- Compañía Minera Vulcano, S.A. Minería 26- Compañía Minera Nuevo León, S.A. Minería 27- Compañía de Tranvías de Lerdo a Torreón Transportes Bd 28- Compañía Minera Placeres de Pánuco, S.A. Minería 29- Compañía Industrial de artefactos de metal laminado El Barco, S.A. Industria Bd-CM-Fer-Hm-Rv-SMG 30- Compañía de Tranvías de Oriente y Sur de Monterrey S.A. Transportes HM-Rv-Zb 31- Compañía Ferrocarriles Urbanos de Monterrey, S.A Transportes HM-Rv-Zb 32- Compañía Minera La República, S.A. Minería 33- Compañía Exploradora de Minas del Parral, S.A. Minería 34- Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Industria Monterrey, S.A. Minería Todas las familias 35- Negociación Minera de Santo Tomás de Villanueva. S.A. Minería Fer-Zb 36- Francisco Armendaiz (d) Comercio 37- Francisco Armendaiz (e) Comercio 38- Compañía Minera Morelos en Baján, S.A. Minería 39- Compañía Minera La Luz (Sierra Mojada) Minería 40- Fábrica de Vidrios y Cristales de Monterrey, S.A Industria Bd-CM-Fer-HM-Md-Rv-SMG-Zb 41- Compañía Minera, Fundidora y Afinadora Industria Monterrey, S.A. Minería Bd-Fer-Md-Mm-Zb Empresa Rubro 42- Compañía Minera La Exploradora en Sierra Mojada 43- Compañía Minera La Gran Vía 44- Compañía Minera Primera Zona de Sierra Mojada 45- Compañía Minera la Encantada 46- Compañía Minera La Luz (Lampazos) 47- Compañía Minera La Fronteriza 48- Compañía Minera Flor de Peña 49- Compañía Minera Cerro Colorado 50- Compañía Minera Restauradora de Guanavecí 51- Compañía Nueva Paz y Anexas de Matehuala 52- Compañía Minera Todos los Santos 53- Compañía Minera Sierra de Carmen 54- Compañía Industrial de Sa.t1 Antonio Abad (g) 55- Fábrica de Azúcar Francisco Armendaiz 56- Fábrica de ladrillos Otras familias Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería Minería . Minería (t) Minería Minería Industria Industria Industria (a) En orden alfabético, las familias Belden (Bd), Calderón-Muguerza (CM), Ferrara (Fer), Hernández-Mendirichaga (HM), Madero (Md), Milmo (Mm), Rivero (Rv), Sada Muguerza-Garza (SMG) y Zambrano (Zb). (b) Esa compañía contaba entre sus accionistas al general Porfirio Díaz. (c) Se trataba de la sucursal instalada en Monterrey. (d) Con asiento en Monterrey. (e) Funcionaba en Matamoros, Tamaulipas. (t) Minera, probablemente. (g) Con asiento en el Distrito Federal. Fuente principal: libros de notarios del Archivo General del Estado de Nuevo León. �180 Siglo XIX Cerutti: Producción capitalista y empresariado en Monterrey VII. RAMIFICACION REGIONAL Hablar de Monterrey, en el subperíodo en análisis, impide constreñirse a su estricta geografía local. Desde la óptica del movimiento de capitales, Monterrey regionalizó una vasta área del norte de México. El crecimiento de la producción industrial (en la que incluimos, de manera vertebral, la metalurgia pesada) obligó a incentivar la producción capitalista -sobre todo la minera- en un ámbito que desbordó largamente los límites de Nuevo León. CUADRO 7 DATOS SOBRE LOCALIZACION REGIONAL DE EXPLOTACIONES MINERAS (a) De 152 empresas mineras (b), operaban en Coahuila Nuevo León Zacatecas Chihuahua Durango San Luis Potosí Tamaulipas Jalisco Querétaro 60 52 12 9 8 5 4 39.47 34.21 7.90 5.92 5.26 3.28 menos del 3 1 1 (a) Alude a los lugares en que estaban ubicadas las minas en explotación, aún cuando el asiento de la empresa y el origen de sus capitales fuese Monterrey (b) La cifra indica sólo aquellas compañías a las que fue factible localizar documentalmente el lugar donde funcionaba la explotación Fuente principal: libros de notarios del Archivo General del Estado de Nuevo León La minería, precisamente, fue la evidencia más relevante. En el cuadro 7 se alude exclusivamente a iirmas cuya característica era contar entre sus socios a alguno o algunos de los componentes de las diez familias citadas. De un total de 152 empresas en las que pudo comprobarse el lugar de funcionamiento efectivo de la explotación (o sea, el punto donde 181 estaban situadas las minas, aún cuando el asiento legal y el origen de los capitales que las impulsaban fuese Monterrey), 60 correspondían al estado de Coahuila. Otras 52 funcionaban en Nuevo León. El resto se dispersaba por Zacatecas, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí, Tamaulipas y hasta por Jalisco y Querétaro. Este proceso de regionalización económica se dio también, aunque con no tanta amplitud, en la industria, las finanzas, el comercio, transportes y agro. Patricio Milmo, en sus vastas extensiones ubicadas al norte de Coahuila, en las que décadas atrás solía correr el indígena, explotaba la ganadería en gran escala. Por sus latifundios los ferrocarriles no sólo cruzaban, sino que instalaban estaciones y demandaban el carbón del subsuelo21 • La influencia de los capitales regiomontanos en el auge que la zona lagunera mostró desde los afios 80 parece indudable. Ya desde la década anterior los poderosos comerciantes de Monterrey se convirtieron en habilitadores de los productores algodoneros, a los que proveían dinero en efectivo y mercancías, y a los que solían obligar a entregarles las cosechas. Patricio Milmo, los Hernández, Valentín Rivero, Armendaiz, Evaristo Madero, los Zambrano, entre otros, participaron en esta actividad, que en algunos casos se prolongaba a la producción misma, a la explotación directa de tierras y de hombres. Aquí, de paso, puede observarse el entronque directo entre la fase de industrialización con la que hemos denominado de acumulación previa de capitales. La regionalización que la burguesía regiomontana y sus asociados imponen nítidamente desde 1890 se insinuaba desde la administración de Santiago Vidaurri, cuando era el comercio -muy especialmente- el lazo principal. Las casas mercantiles de Monterrey extendían sus vinculaciones por una amplia geografía, conectándola en esos afios de la acumulación previa con puertos marítimos y fronterizos, en los que tenían sucursales. Principalmente Matamoros, hasta 1880, y Laredo, desde la llegada del ferrocarril, fueron los puntos de contacto con el comercio internacional, en el que intervenían estas casas. Lo que inició el comercio lo prosiguieron la explotación agropecuaria, la minería, la industria y las casas bancarias. El Banco Mercantil de Monterrey sumaba en 1908 nueve agencias en Coahuila, tres en Tamaulipas y una en Durango, además de manejar seis en Nuevo León, ochenta y seis coi:responsales en la república y veintiuno en �182 Siglo XIX Estados U nidos y Europa. El Banco de Nuevo León mantenía una ramificación análoga22 • Cerutti: Producción capitalista y empresariado en Monterrey 183 dejar de recordar que los González Treviño y los Villarreal -y el propio Gerónimo Treviño28- eran fuertes terratenientes y mantenían vinculaciones con nuestros grupos. VIII. BURGUESIA Y PROPIEDAD DE LA TIERRA Al terminar esta muy somera descripción es útil hacer notar el rubro agropecuario (cuadro 4) entre los que explotaban estos empresarios asentados en Monterrey. Si otro dato de la realidad finisecular regiomontana fue verificable en nuestra investigación, es el que indica que un alto porcentaje de estas familias era, también, gran terrateniente. Una breve muestra: • Al fallecer en 1899, Patricio Milmo era propietario de ocho estancias, cinco ranchos y cuatro haciendas, además de muchas decenas de miles de hectáreas dispersas, en los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas23 • • Los Madero, en 1904, integraron la Compañía de Tierras de Sonora S.A. junto con la viuda del general Francisco Olivares. Esta sociedad tenía bajo su control 646 000 hectáreas en distritos de Sonora. La Compañía de terrenos y ganados de Coahuila, S.A., nacida en 1899 y constituída por varios Madero y por Lorenzo González Treviño, contaba con 430 000 hectáreas24 • • La familia Sada-Muguerza e Isaac Garza mantenían en funcionamiento la Compañía Ganadera de Sierra Mojada, S.A., que desde 1898 operaba con 160 000 hectáreas en el Bolsón de Mapimí, en Durango25 • • Los Hemández-Mendirichaga no solo aparecían muy vinculados por el comercio y los préstamos a diversos productores de la zona lagunera, sino que también adquirieron en 1886 la Hacienda de Santa Teresa, con más de 100 000 hectáreas, para adaptarla al cultivo de algodón26 • • Francisco Armendaiz compró en 1897 más de 460 000 hectáreas en el distrito de Monclova, Coahuila. Se trataba de tierras deslindadas años antes por una compañía que tuvo como presidente al general Gerónimo Treviño. Desde 1887, por otro lado, Armendaiz era dueñ.o de casi 90 000 hectáreas en la municipalidad de Pueblo Nuevo, Durango27 • • Los ejemplos podrían continuar con los Zambrano y los Belden. Sin El control y la creciente utilización productiva de la tierra deben contarse entre las actividades salientes de esta burguesía con base regional. Muchos de estos terrenos fueron adquiridos, por distintos mecanismos, en la etapa previa a 1890, y este movimiento hay que vincularlo a la ya mencionada acumulación primaria de capital. La burguesía embrionaria de los añ.os inestables trasladó una fracción de sus fortunas a la tierra. Con ello aseguraba sus caudales en años difíciles, aún cuando no necesariamente con este paso pudiera incrementarlos. En la medida que el mercado interior fue articulándose de manera más sólida, que se ordenó el país en lo social, lo político Y lo jurídico, que se instalaron vías de comunicación más eficaces y que se mercantilizó más completamente la economía nacional, las enormes superficies apropiadas fueron utilizadas con criterios productivos, tanto en el rubro agropecuario como en la explotación del subsuelo. Pese a esta tendencia, los documentos revisados insinúan que parte de estas posesiones rurales seguían manteniendo hacia 1900 formas atrasadas en las relaciones de producción. Las alusiones a sirvientes endeudados no son escasas, aún cuando también se conoce que en zonas como la lagunera se aceleraba el empleo de fuerza de trabajo libre. En el escenario de un sistema socioeconómico en plena transformación, como lo era el mexicano de fines de siglo, no debe extrañar esta aparente contradicción de empresarios que en el ámbito urbano demandaban mano de obra libre y en el rural se negaban a dejarla circular. El problema básico del burgués en estas (y otras) fases es la búsqueda de conductos que le resulten eficaces para la preservación y ampliación de sus fortunas. En este sentido, su desempeñ.o global es coherente, aún cuando para el historiador -más formal y por lo tanto, en riesgo de caer en un análisis ahistórico- ello resulte poco comprensible. �184 Siglo XIX Cerutti: Producción capitalista y empresariado en Monterrey IJ ¡... ~"' ,11 1 - 1 CCI - .:.l IX. MONTERREY Y LAS BURGUESIAS LATINOAMERICANAS. COMENTARIO FINAL 1. El itinerario transitado a fines de siglo por la burgesía regiomontana en consolidación parece refutar apreciaciones que analistas sociales han volcado sobre una supuesta falta de visión o escasa aptitud empresarial de los grupos burgueses de la América Latina anterior a 1930. Tal vez fuese menester revisar parte de esas afirmaciones: en el fondo reflejarían una especie de frustración porque en nuestro subcontinente no se habría dado el empresario dinámico, eficiente, audaz y progresista de países de Europa Occidental o de Estados Unidos. 2. Es factible comparar los mecanismos de acumulación primaria usados en Monterrey con los que emplearon burgueses de otras regiones de México y de América Latina en el siglo XIX. Patricio Milmo, Evaristo Madero y sus hijos, los Zambrano, los Hernández, Valentín Rivero, entre otros, materializaron una próspera tarea entre 1850 y 1890: su habilidad, dinamismo y eficiencia quedaron largamente demostrados por las enormes fortunas y los bienes que habían logrado apropiarse. Desde el punto de vista burgués resulta discutible negarles capacidad. Multiplicaron sus capitales en el comercio legal, se encontró a algunos entremezclados o acusados de practicar el contrabando, usaron la actividad mercantil para convertirse en acreedores, controlaron desde posiciones prominentes la circulación de artículos de alta demanda, prestaron dinero con fuertes intereses, especularon con bonos y créditos gubernamentales, se adecuaron con elasticidad a los cambios emergentes en el ámbito del poder estatal, usufructuaron sus conexiones políticas para manejar con mayor fluidez las aduanas y el tráfico internacional, adquirieron tierras en zonas de las que se iba expulsando al indígena que recorría el noreste y de las que -con las leyes de reformaentraban en el mercado, vendieron o explotaron estas tierras -y su subsuelo- con mecanismos productivos propios de la época. Todas estas fueron herramientas de acumulación, con sus variantes nacionales, bastante generalizadas en el subcontinente durante el siglo XIX. 3. Con excepciones no relevantes, en el período anterior al brote industrial, los burgueses asentados en Monterrey no trasladaron sus caudales a la producción en forma masiva, sobre todo a la producción en gran escala que demanda e impone el capitalismo ¿Por qué? Simplemente, porque no les convenía. 185 Porque eran excelentes empresarios, en tanto individuos que controlaban con solvencia la racionalidad burguesa (que implica la racionalidad del capital, pero no necesariamente la racionalidad del modo de producción capitalista) no se metían en negocios inconvenientes. Con un mercado interior débil e inconexo, sin medios de transporte que ligaran eficazmente las diferentes zonas productoras y acercaran los mercados locales dispersos y los posibles nuevos mercados externos, con una inestabilidad política generalizada en el país y en las regiones adyacentes, con una amplia superficie del territorio nacional saliendo de o ingresando en guerras civiles e internacionales, con gruesos contingentes indígenas y con bandoleros obturando los caminos por los que debían circular mercancías y fuerza de trabajo, con potenciales asalariados retenidos en las haciendas o utilizados para las contiendas militares o en las batallas contra el aborigen, y con una economía internacional que aún no alcanzaba a modelar las necesidades que surgirían con la fase monopólica del capital (especialmente en Estados Unidos), ¿cómo se iban a lanzar a invertir en la producción masiva, que requiere mercados seguros y en expansión, comunicaciones relativamente eficientes, trabajadores que puegan migrar libre y rápidamente?. 4. Las condiciones históricas que transitaban la nación mexicana y la economía mundial en las décadas previas a 1890 hizo operar a los jefes de estos grupos parentales de manera parecida a la que recorrieron burgueses de otras latitudes en la fase de acumulación originaria de capital, aquella en la que se construyen los elementos indispensables para la estructuración del sistema productivo capitalista. En este proceso, el agente económico que llamamos burgués aprovecha parte del excedente social que llega a sus manos con un criterio que es esencial al hombre burgués: lo dedica, centralmente, a reproducir y ampliar su fortuna, sus caudales, su capital. Es un excedente que por el propio desarrollo económico y social aparece con las formas de mercancía y de dinero, y con el cual se trata de obtener ganancias con distintos mecanismos que llevan a multiplicar este capital. Debe entenderse que aqui capital no equivale aún a relación social, en el sentido que Marx emplea cuando se refiere a la producción capitalista. Y esto tiene coherencia: el burgués aparece antes que este tipo de producción. Es justamente el personaje encargado de realizar históricamente la acumulación originaria, que luego convergerá -en coyunturas determinadas- a la producción capitalista. 5. Este burgués aún no productivo modificará sus métodos de acu- .. �- -- 186 Siglo XIX mutación cuando un nuevo marco histórico (que él mismo pudo contribuir a gestar) resulte propicio para lanzarse a la producción en escala de mercancías. Nuevamente la razón es clara: en esta diferente actividad espera incrementar sus ganancias y reproducir de manera expansiva su capital. En Monterrey emerge esta coyuntura histórica hacia I 890. Desde mediados de los años 80 se acentúa la estabilidad política y se termina de imponer un orden social decididamente favorable a los grupos dominantes; ya no quedan indios rebeldes y el bandolerismo cesa de perturbar los caminos; a los vagos se les obliga a trabajar, y aumenta la disposición de fuerza de trabajo libre; se instalan los ferrocarriles y transforman a Monterrey en una de las ciudades mejor comunicadas del país, especialmente con el mercado norteamericano; se abre una ingente demanda para minerales industriales previamente transformados en metales en el noreste de Estados Unidos; en el plano interior circulan con mayor eficiencia las mercancías y la fuerza de trabajo; el mercado interno se diversifica y expande con la emergencia de nuevas zonas productoras; comienza a arribar regularmente el capital extranjero; gobierna en Nuevo León un militar (el general Bernardo Reyes) que sanciona leyes favorables a la inversión fabril y que -reproduciendo en el contexto regional las condiciones de orden del porfirismo- asegura a la naciente clase burguesa el control de su antogonista incipiente, la naciente clase obrera. Es decir, se articula un conjunto de circunstancias que hacen aparecer a la producción-industrial-capitalista como una actividad rentable y segura. Con la singularidad local de que este proceso se vertebra en fuerte medida en torno a grandes establecimientos de fundición, y ello dinamiza ostensiblemente la producción minera. Simultáneamente se requiere la puesta en marcha de bancos, una mayor eficiencia del sistema comercial y hasta el perfeccionamiento de ciertos aspectos de la producción rural. 6. Los Madero, los Zambrano, los Rivero, Patricio Milmo, los Hernández y otros burgueses que se fueron sumando en los años 80 (los Armendaiz, Ferrara, Sada, Isaac Garza, Belden, Maíz, González Treviño, el general Gerónimo Treviño) se lanzaron a la inversión en ramos productivos, alterando las anteriores formas, modernizándolas. El antiguo núcleo burgués precapitalista ya no sería exclusivamente intermediario. Para apropiarse del excedente social -excedente que se incrementaría sensiblemente- organizó directamente el mecanismo productivo y controló abiertamente las nuevas relaciones sociales que se gestaron en el proceso: todo ello en función de sus intereses más inmediatos y concretos que, simultáneamente, transformaba a estos bur- Cerutti: Producción capitalista y empresariado en Monterrey /87 gueses de sector social en formación en clase burguesa. 7. Si adoptáramos el enfoque de aquellos analistas que insisten en que el burgués latinoamericano fue diferente al europeonorteamericano, y que nunca pudo convertirse en empresario por "su falta de perspectiva" (como si burgués y empresario fuesen agentes económicos que actuasen con ópticas fundamentales divergentes), seria problemático explicar y comprender lo acaecido en Monterrey desde 1890. Sin embargo, en esta ciudad del noreste mexicano se configuró un proceso realmente llamativo en la América Latina de fines de siglo. Y lo protagonizaron centralmente aquellos burgueses que se enriquecieron después de 1850. Con el capital-dinero que disponían, no les fue dificultoso integrarse y dinamizar un proceso con dos aristas significativas: a) el ingreso de Monterrey al capitalismo tuvo como eje la industria fabril, a diferencia de lo que entonces acaecía en la mayoría de las regiones latinoamericanas, cuya entrada a este sistema productivo se efectuó a partir de la producción de materias primas; b) esa industria no sólo generaba bienes de consumo inmediato y personal -como se manifestaba también en los pocos lugares del subcontinente que en esos años iniciaban un incipiente crecimiento manufacturero- sino que estaba troncalmente asentada en proyectos tales como la metalurgia pesada, la siderurgia, la producción de cierta maquinaria y otros rubros destinados a abastecer el consumo productivo, a producir bienes para la producción. Por supuesto que en ciertas ocasiones (aunque no tantas como puede sospecharse) trabajaban en asociación con el capital externo. Pero esto no restó en absoluto importancia al peso que el capital de esta burguesía regional tuvo -y mantuvo- en el proceso. 8. ¿Qué había sucedido? ¿Se esfumó la falta de visión? ¿Era el regiomontano -como hoy sugiere la ideología asumida por su empresariado y por sus voceros intelectuales-, un hombre diferente, no contaminado por el mestizaje, pleno de inquietudes y de autonomia por su calidad de individuo de frontera, dinamizado por el contacto con el inteligente y pragmático anglosajón que reside de Texas para arriba? Sospechamos que lo distinto fue una coyuntura histórica que se presentó a un núcleo de hábiles empresarios situados en Monterrey y sus alrededores. Componentes de familias que, entre sus virtudes, la �188 Siglo XIX Cerutti: Producción capitalista y empresariado en Monterrey principal era que habían logrado acumular una vasta fortuna en las décadas anteriores. Estos antiguos burgueses del norte mexicano no parecerían, a primera vista, radicalmente opuestos a los que se enriquecieron en el México central o en otras áreas de Latinoamérica. Diverso, en cambio, sería el campo en el que pudieron desempeñarse. Enmarcada en una estructura socioeconómica que estaba cambiando -la mexicana-, y articulándose con nuevos giros que se registraban en la economía mundial, la etapa 18~1910 vio asociarse a los viejos precursores de la acumulación previa. Desde entonces, esta burguesía con base regional asumió el dinamismo y el carácter modernizante que, en el plano de la producción, mantiene hasta el presente. 189 • Pudenciana Madero, hermana de Francisco, era esposa de Lorenzo González Treviño, que además era socio de su suegro, Evaristo Madero (16), desde 1865. • Antonio V. Hernández, tío de Francisco Madero, era marido de otra González Treviño, Ana. • Mientras, Guadalupe González Treviño se casó con Eduardo Zambrano (36). Fueron padres de Gregorio D. Zambrano (40) y Eduardo A. Zambrano (41). • Ildefonso Zambrano (38) fue esposo de Carlota Gutiérrez Iglesias, cuñada de Francisco Belden (5). • Carlos Belden (4) estuvo casado con Maria Fernández, cuñada de Valentín Rivero y Gajá (30). • Una hija de Valentín Rivero (27), hermana del anterior y con nombre María Antonia, fue esposa de Tomás Mendirichaga y Hernández (13). ANEXO El entrelazamiento familiar del empresariado regiomontano es observable en la descripción que sigue, aún cuando no es exhaustiva Oos números entre paréntesis aluden al cuadro 1): • José Bulalio Calderón (7) era hijo de Francisca Muguerza (25), que fue hermana de José Muguerza (26). • Una hermana de Francisca y José A. Muguerza, Carmen, casóse con Francisco Sada y Gómez (34). Fueron padres de Francisco G. Sada Muguerza (33) y de Alberto Sada Muguerza (32). • Del mismo matrimonio nacieron, entre otros, Consuelo, Concepción y Rosario Sada Muguerza. • Consuelo Sada Muguerza fue esposa de Isaac Garza (11), y ambos progenitores de Eugenio Garza Sada. • Concepción Sada Muguerza se unió con José González Treviño. • Rosario Sada Muguerza tuvo como esposo a Francisco J. González, hijo de Jesús González Treviño, hermano del arriba mencionado, y de Rosa Zambrano, hermana de los cinco empresarios que encabezan la lista de ese apellido en el cuadro l. • Francisco Madero (19) se casó con otra González Treviño, Mercedes. De este enlace nacieron el jefe revolucionario Francisco Ignacio y Gustavo Adolfo Madero (20). • Mariano Hernández y Mendirichaga (14) contrajo matrimonio con Mercedes Rivero y Fernández, hija de Valentín Rivero y Gajá (30) y Elisa Fernández. Este espectro se ampliaría aún más si son insertados en el estudio otros apellidos relevantes del Monterrey finisecular, ya fuere por la importancia económicoempresarial o por el estrato social que ocupaban desde decenios atrás. Así, tendríamos matrimonios como los siguientes: • Miguel Ferrara (9) con Refugio Bortoni. • Carmen Ferrara, hermana de Miguel, con Vicente Bortoni. • Sara Milmo (24), con Eugenio Kelly. • Onofre Zambrano (39) con María de los Angeles Lafón, padres de Onofre R. Zambrano (42). • Elena Zambrano, de la misma familia, con Juan Clausen. • Adolfo Zambrano (35) con Margarita Berardi. • Carolina Madero con el licenciado ViVIano L. Villarreal, dos veces gobernador del estado de Nuevo León. • Victoriana Madero con el doctor Melchor Villarreal, hermano de Viviano. �190 Siglo XIX Cerutti: Producción capitalista y empresariado en Monterrey NOTAS l. Es un tema que se aborda más ampliamente en Cerutti, Burguesía y capitalismo en Monterrey (1850-1910), México, Claves Latinoamericanas, 1983. 2. Sobre la época de Vidaurri, Cerutti, Bronomia de guerra y poder regional en el siglo XIX. Gastos militares, aduanas y romerciantes en años de Vidaum {1855-1864), Monterrey, Archivo General del Estado de Nuevo León, 1983; también, "Economía de guerra, frontera norte y formación de capitales a mediados del siglo XIX", en De los borbones a la revolución. Ocho estudios regionales, México, GV EditoresConsejo Mexicano de Ciencias Sociales-Universidad Autónoma de Nuevo León, 1986. 3. Sobre el problema indígena consúltese José Reséndiz, "La política de Vidaurri y la expulsión de las tn"bus nómadas en el noreste de México", tesis de licenciatura en Historia, Universidad Autónoma de Nuevo León, 1983; también, Cerutti, Eronomia de guerra. 4. En especial, Cerutti, Burguesía y capitalismo, citado; y ''División capitalista de la producción, industrias y mercado interior. Un estudio regional: Monterrey (1890-1910)", en El siglo XIX en Méxiro. Cinco procesos regionales, México, Claves Latinoamericanas, 1985. 5. Archivo General del Estado de Nuevo León (AGENL), Memorias de los gobernadores del Estado y Correspondencia del gobierno de Nuevo León con Secretaria de Fomento. 6. La estadística es de 1902 y fue recogida por Fernando Rosenzweig en el Porfíriato. Vida Económica, l, en el trabajo "La Industria", México, Hermes, 1974, pp. 391-2. La obra íntegra la Historia Moderna de Méxiro, que dirigió Daniel Cosío Villegas. 1. Antonio Peñafiel, Cuadro sinóptico y estadístico de la República Mexicana, México, Oficina Tipográfica de la Secretaria de Fomento, 1901, pp. 56 y 57. 8. AGENL, Memorias de los gobernadores del Estado, censos nacionales y Correspondencia del gobierno de Nuevo León con Secretaria de Fomento. 9. La estimación la hace Femando Rosenzweig en "El desarrollo económico de México de 1877 a 1911", El Trimestre Bronómico, 121, vol. XXXII, México, julio-septiembre de 1965, p. 419. 10. Cerutti, Burguesía y capitalismo, cap. 4. 11. Sobre los Madero, Burguesía y capitalismo, cap. 2. 12. "Como el capital indispensable para nuestra empresa tenía que ser de consideración, hubimos de pensar en la organización de Compañía Anónima, forma única de asociación de esfuerws y elementos que ha producido en la práctica resultados fecundos": conceptos emitidos por Vicente Ferrara al solicitar exención de impuestos al gobierno del estado para la instalación de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S.A. el 5 de marzo de 1900. AGENL, Memoria del gobernador del estado de Nuevo León, periodo 1899-1903, II, pp. 486-9, y sección Concesiones, caja 4, expediente del 7 de abril de 1900. 191 13. A fines de siglo el dólar estadounidense equivalía aproximadamente a dos pesos mexicanos. José Luis Ceceña brinda en uno de sus trabajos la lista de 170 empresas mayores de México en 1910-11. Cita las compañías con más de 100 000 pesos de capital. Empero, son muy escasas las anotadas con asiento en Monterrey. Señal de que todavía hay mucho ~ara i_nvestigar en México respecto al desarrollo del capitalismo, tema en el que la histona contemporánea de Monterrey inevitablemente debe figurar como un punto vertebral. Ceceña, "La penetración extranjera y los grupos de poder económico en el México Poñuista", en Lecturas Universitarias 22 México, Universidad Autónoma de México, 1975. ' ' 14. AGENL, protocolos de Tomás C. Pacheco, junio de 1890, fs. 165v-168v, y junio de 1904, fs. 456-64. 15. AGENL, protocolo de Tomás C. Pacheco, julio de 1902, fs. 657-59v. Figura en esta escritura el incremento a dos millones de pesos. 16. AGENL, protocolos de Tomás C. Pacheco, noviembre de 1890. fs. 270v .-73, y marro de 1905, fs. 88-91. 17. AGENL, protocolo de Francisco Pérez, noviembre de 1899, fs. 186-214. 18. AGENL, protocolo de Francisco Pérez, diciembre de 1902, fs. 191-214. 19. La escritura de constitución de esta firma está en AGENL, protocolo de Tomás C. Pacheco, mayo de 1900, fs. 392-414. 20. Las plantas dedicadas a la metalurgia básica, la producción y/o reparación de maquinaria y la transformación de metales en bienes dedicados al consumo productivo, estuvieron entre las más estimuladas por las concesiones que el gobierno de Nuevo León brindó a la industria desde 1889. Estas medidas eximían de impuestos comunales y estatales, de acuerdo con el monto de la inversión. Una ley de Bernardo Reyes, del 22 de noviembre de 1889, permitía declararlas de utilidad pública. Entre 1889 y 1910 el gobierno autorizó 18 concesiones a este tipo de plantas, en las que se asociaron, en ciertos casos, los empresarios más importantes de Monterrey; en otros como en la puesta en marcha de la Gran Fundición Nacional Mexicana (luego American Smelting and Refining Co.) el capital era extranjero en su totalidad. Véase Cerutti, Burguesía y capitalismo y "División capitalista de la producción... ", citados. 21. Hemos analizado la trayectoria de este acaudalado irlandés, una de cuyas hijas contrajo matrimonio con un príncipe ruso, en "Patricio Milmo, empresario regiomontano_del siglo XIX. En torno a la acumulación de capitales en Monterrey", incluido en Ciro Cardoso (coord.), Formación y desarrollo de la burguesía en Méxie-0. Siglo XIX. México, Siglo XXI editores, 1978. 22. Nuevo León, Reseña geográfica y estadística, París-México, Librería de la viuda de Ch. Bouret, 1910, pp. 62 y 63. 23. El inventario de los bienes de Milmo se encuentra en AGENL protocolo de Anastasio Treviño, mayo de 1900, fs. 484-511. ' 24. AGENL, protocolos de Francisc<i Pérez, septiembre de 1904, fs. 289-91, y diciembre de 1904, fs. 281-86. �~--- ..... 192 Siglo XIX REVOLUCION MEXICANA Y DIPLOMACIA ESPAÑOLA "t 25. AGENL, protocolos de Tomás C. Pacheco, diciembre de 1898, fs. 998-1002, y de Francisco Pérez, junio de 1902, fs. 316-19. 26. M. Hemández Mendirichaga, Notas sobre la actuación de la Sociedad Mercantil Suresores de Hernández Hermanos. Monterrey, 1885-1943, Monterrey, diciembre de 1945, pp. 5 y 6. La Burguesía de Monterrey y los Gachupines en el Nuevo León Radical de 1914 Osear Flores Torres * 27. AGENL, protocolos de Anastasio Treviño, marzo de 1897, fs. 119-26, y de Tomás C. Pacheco, marzo de 1898, fs. 187-92. 28. El general Gerónimo Treviño fue un militar destacado, ocupó la gubernatura del estado, luchó contra el indígena, fue ministro del presidente Manuel González, se convirtió en un poderoso terrateniente y desde 1890 se asoció én numerosas empresas con la burguesía regiomontana en formación. INTRODUCCION La historiografía reciente ha esclarecido que el constitucionalismo en México (1913-1920) fue radical en su política pero conservador en su estructura. U na naciente burguesía nacional se incorporó rápidamente a la revolución para eliminar una serie de obstáculos en su camino a la obtención del poder. El acceso a esto último y a las fortunas personales fue resultado de este largo proceso. La llegada de los carrancistas en abril de 1914 al centro tradicional de irradiación de poder en el estado de Nuevo León -la ciudad de Monterrey-, evidenció el vasto abismo entre aquella ideología radical y la factibilidad de sostener la práctica constitucionalista. Si bien el radicalismo del primer gobernador preconstitucional -Antonio l. Villarreal- lo llevó a insospechados extremos como lo fueron la expropiación de grandes empresas regiomontanas -Cervecería Cuauhtémoc y Cementos Hidalgo, entre otras-, el fracaso general a fines de 1914 de las autoridades militares en Nuevo León, respondió esencialmente a la incapacidad de los programas constitucionalistas para plasmar la regeneración social y económica. A pesar de que las autoridades carrancistas controlaron relativamente el estado entre abril y diciembre de 1914 -ya que no enfrentaron en este lapso algún grupo militar de consideración-, la sociedad local mostró una clara antipatía por su política radical y creó serias dificultades para la consolidación de una autoridad política efectiva. ir..u 1C;:l •-J , .. l;U ...... ~ -·' 1 • Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León (Monterrey, México). Capítulo de la tesis doctoral que el autor prepara en la Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección del profesor Alberto Gil Novales. l �194 Sígk, XIX La depresión de la economía local y la escasez de recursos para el sostenimiento de los programas, desfondó dramáticamente al primer gobierno preconstitucional. Los enemigos políticos aumentaron conforme se implantó la ideología radical revolucionaria. La política anticlerical 1, el desamparo del movimiento obrero 2, y la incautación de los bienes inmuebles y de producción de que fueron objeto los terratenientes y la burguesía regiomontanos, minaron la popularidad, en Nuevo León del carrancismo en su infancia. Aunque ese radicalismo se atenuó a partir de mayo de 1915 (al evacuar Monterrey las tropas villistas -estacionadas desde el mes de enero- y entrar de nuevo el ejército constitucionalista) no dejó de marcar el tono y el tenor del gobierno carrancista. El vacío de poder político con el que se enfrentó Antonio l. Villarreal lo obligó a nombrar y destituir autoridades municipales. El poder dictatorial del Ejecutivo excluyó, en la mayoría de los casos, laposibilidad de celebrar elecciones municipales. Además, la autonomía municipal estuvo sometida a violación directa por las autoridades militares locales, regularmente interventores. El abuso de poder de los jefes militares hostilizó en gran medida el derecho ciudadano. La detención y encarcelamiento sin previo juicio al que se vio sometido todo civil sospechoso, y la confiscación de bienes y mercancías privadas, especialmente las de los españoles, se volvió una práctica común. La política radical se convirtió en una política rapaz. Hay pues, pruebas suficientes en áreas específicas de la política carrancista en Nuevo León -y en particular en Monterrey-, paramostrar su poco acierto para atraer u obligar a los nuevoleoneses -en especial a la burguesía citadina- a aceptar el constitucionalismo radical. LA OBRA SANA Y REGENERADORA DE LA CONFISCACION REVOLUCIONARIA La incautación de los templos católicos en el norte de México fue sólo el inicio de una represión con caracteres más amplios, desatada antes de la derrota definitiva del ejército federal y el derrocamiento de Victoriano Huerta, en julio de 1914, por las tropas constitucionalistas. De hecho el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, se encargó de dar unidad y coherencia a los diferentes decretos, leyes y circulares que emanaron desde su levantamiento a principios de 1913. El futuro encargado del Poder Ejecutivo siempre cuidó Flores: Revolución mexicana y diplomacia española 195 de guardar la forma y el contenido legal del movimiento. En 1914 definió los mecanismos para ejecutar su decreto número 5, de mayo de 1913 -expedido en Piedras Negras, Coahuila- con el fin de aplicar la ley Juárez del 25 de enero de 1862 (la cual descargaba todo el peso contra los sostenedores del segundo imperio) y juzgar al general "Victoriano Huerta y demás cómplices sostenedores de la usurpación", a quienes debían hacerse efectivas las penas corporales correspondientes 3 • El nuevo proyecto de ley sobre consfiscaciones de bienes contra los representantes del gobierno espurio, dictaba "leyes de inmediata ejecución para restablecer el equilibrio económico-social, roto por aquel ususrpador" y dar así paso al " próximo funcionamiento de un régimen constitucionalista". Es que la revolución triunfante tenía como "causa principal el hambre de justicia y tierra de las clases menesterosas oprimidas y sistemáticamente despojadas por las clases privilegiadas" 4 • Este proyecto jurídico aplicable en todos aquellos dominios arrancados por la revolución al ejército del antiguo régimen, definía claramente a los responsables de atentados contra la Nación, hacia quienes blandió la espada de Damocles: ...el Grupo llamado de los científicos, los grandes capitalistas y terratenientes que aprovecharon subrepticiamente y ostensiblemente influencias políticas; los principales miembros del clero y el Partido Católico 5; y los principales miembros del Ejército Federal ... 6• Por lo tanto quedaban comprendidas las confiscaciones de sus bienes muebles o inmuebles, especialmente aquellas . ..grandes extensiones de tierra semi-cultivadas o casi incultas que se habían formado en los últimos treinta años a la sombra de escandalosos fraudes fiscales, al amparo de leyes de baldíos, de denuncias de bienes mostrencos, de venta de bienes nacionales o en cualquier otra forma de fraude contra el Erario o contra los bienes de los particulares o pueblos sojuzgados y atemorizados, para poder despojarlos de sus ejidos, fundos legales, bienes de común repartimiento o ya repartidos 7 • El eje del complejo aparato creado para el sometimiento de los reaccionarios en Nuevo León fue la "Oficina de Intervención y Decomisación de Fincas", que empezó a funcionar desde el primero de mayo de 1914: logró tener bajo su cargo, solamente en Monterrey y para el �196 Siglo XIX día último del año, la administración de más de setenta fincas urbanas, el Teatro Independencia y la Administración de Correos 8• Los interventores constitucionalistas cubrieron rápidamente el mapa político del estado al enquistarse, y vivir al estilo y con lujos porfirianos, en las haciendas incautadas a los enemigos de la causa. En el municipio de Linares, al sur de la capital, el aparato estatal capturó un sinnúmero de haciendas y ranchos, la planta de luz eléctrica y fuerza motriz de ta ciudad, y la única fábrica de hielo (perteneciente al doctor Joaquín Beoítez) 9• Igualmente en Mier y Noriega, 23 haciendas, cuatro ranchos, un almacén y una compañía de líneas telefónicas entraron al círculo gubernamental 10• ' A Pablo de los Santos, insurrecto maderista de 19ll, y posteriormente defensor de la causa huertista y de la ciudad de Monterrey en octubre de 1913, le fue decomisada una finca en el poblado de 11 Linares • La misma suerte corrió José María Bonilla, hacendado de ese municipio: fue intervenida su hacienda, llamada "Puente Honda" cuya producción anual era de más de mil cargas de piloncillo12• ' Fue notorio el relevo que caracterizó a muchos interventores con respecto a los viejos hacendados. Cuando el mayor Abraham Nuncio retomó la sementera de caña a esta hacienda, pagó a la oficina sólo la tercera parte de su producción 15 • En el caso de las haciendas de Mier y Noriega, la explotación del ixtle de palma y lechuguilla habían acumulado en las bodegas de la oficina gubernamental, para el mes de septiembre, más de trece mil kilogramos de mercancía para su posterior comercialización14• ..... Esta última cifra era relativamente baja comparada con el cálculo hecho por el interventor en Dr. Arroyo, Miguel Rincón Ríos, en relación a lo que producirían mensualmente 16 fincas rurales explotadoras de ixtle y que apuntaban a una cosecha de 27 600 kilogramos15 • En este mismo municipio se encontró el caso de dos haciendas productoras de guayule que metían al mercado, mensualmente, 48 toneladas 16• ...,J l::O - 11(1 ,,., l 1. . - -J: La instrumentación de la práctica intervencionista pretendíó ser reforzada el 23 de junio, con un decreto en el sector rural para el "aprovechamiento inmediato de las tierras cultivadas en el estado" 17• Lapolítica carrancista aspiraba a que quedaran "provisionalmente a disposición del gobierno, todas las tierras cultivables" que no estuvieran sembradas y en producción, otorgándolas en arrendamiento a aquellos agricultores mexicanos que garantizaran "ponerlas inmediatamente en cultivo" 18• En el municipio de Allende, las haciendas "Los Enanos", Flores: Revolución mexicana y diplomacia española 197 "Caracol" y "La Santísima Virgen" fueron inmediatamente arrendadas a medieros locales 19• En Lampazos, 72 campesinos resultaron agraciados con tierras de regadío y repartimiento de aguasw. El plazo otorgado por la ley para su aplicación llegaba al 10 de julio de 1914. Asimismo estipuló el pago al gobierno (de todo aquél que arrendara este tipo de tierras) en 2 pesos por hectárea si era de regadío y 1 peso en caso de ser de temporal21• Un mes antes, el 17 de mayo, Villarreal decretaba que quedaba "estrictamente prohibido exigir trabajos personales en compensación de deudas" 22• Sin embargo, las características de la estructura rural y el rápido desmoranamiento del gobierno radical carrancista, impidieron la aplicación extensiva de tal medida. La intervención de las fincas rústicas no revistió mayores problemas ya que la mayoría de sus dueños había decidido abandonarlas en el transcurso del año anterior. La larga ausencia de los hacendados provocó dificultades para los nuevos renteros. Las utilidades se retrasaron debido a la inversión de tiempo y trabajo en poner las tierras en condiciones de producir nuevamente. El estado que guardaban en septiembre las fmcas industriales agrícolas y urbanas intervenidas -según un documento presentado a Villarreal-, hacía suponer que la mayoría de las tierras rendirían frutos a partir de marzo de 191523 • Lo producido hasta ese momento no había ido a parar al fomento de la instrucción pública como se tenía previsto, sino al sostenimiento de las jefaturas militares estacionadas en los municipios24• La situación de las fmcas era desastrosa. El interventor y mayor Abraham Nuncio se quejaba en agosto de 1914 desde el poblado de Galeana -uno de los municipios más extensos del estado-, de no poder cobrar los impuestos correspondientes a las fincas de campo por encontrarse deshabitadas y olvidadas por sus propietarios25 • El ejército constitucionalista y la jefatura de armas establecidos en los poblados del sur de Nuevo León absorbían, en el mes de septiembre de 1914, el 500/o de lo producido por las fincas incautadas26• El desarticulado mecanismo hacendario continuó agotado durante 1914, debido a una importante huida de capitales y a la falta de garantías derivada de la política de incautación. Un ejemplo lo encontramos en el municipio más acaudalado, donde la recaudación municipal correspondiente a 1914 decayó en casi un 250/o �198 Siglo XIX con respecto al año inmediato anterior. La recaudación en Monterrey atrajo en 1912, 582 118.84 pesos; en 1913, 583 628.46 y en 1914, 440 960.00. En los tres años mencionados, el impuesto a ventas y el ramo de degüello representaron las partidas más codiciadas27 • Y precisamente en Monterrey, la guillotina de la oficina cercenó el acceso a las fincas pertenecientes a un reducido número de la clase acomodada urbana, llegándose incluso a recluir en la prisión estatal a 139 individuos, cuyos delitos se reducían a etiquetarlos como "colabores huertistas"28• La prensa opositora también recibió un duro golpe. Las instalaciones de los periódicos El Noticiero y La Prensa fueron saqueadas y clausuradas y encarcelados Federico Gómez y Oswaldo Sánchez, sus directores29• El taller donde se editaba La Prensa era propiedad del exgobernador huertista, radicado entonces en San Antonio, Texas30• A Salomé Botello, quien era la cabeza más visible del poder espurio, le fue incautada también su residencia y ocho fundos mineros ubicados tanto en su municipio natal de Villaldama como en el de Salinas ~ictoria31 • "La figura enemiga de más relieve en el estado" -catalogación adjudicada al antiguo mandatario por el régimen revolucionario-, sufrió la presión del nuevo gobierno para que regresara los fondos que extrajo del arca pública, a través de la confiscación de sus bienes personales y de hostilización hacia su familia. Su tío Amulfo Botello fue encarcelado por varias semanas32 • Sin embargo, los fondos públicos exigidos a Botello por Villarreal nunca salieron de Monterrey: habían sido confiados, bajo pacto secreto, a los banqueros Milmo. 14 t- o La misma familia Milmo vio mermados sus intereses rústicos al perder buena parte de la cosecha y varias docenas de cabezas de ganado vacuno de los ranchos San Patricio y El Alamo33 (propiedad de Pudenciana Milmo, casada con un miembro de la realeza rusa y a la vez cónsul del imperio en Monterrey: el príncipe Alberto Radziwill). Los problemas ocasionados a las propiedades de los Milmo estuvieron estrechamente relacionados con levantamientos rurales; en especial durante el gobierno de Villarreal, por "atropellos" causados por los jefes constitucionalistas instalados en esa zona. Las quejas por daños causados durante 1914 a las haciendas y ranchos propiedad de extranjeros, por actividades derivadas del movimiento armado, no fueron pocas. El ciudadano norteamericano B. Hibler, hacendado de Galeana, elevó su queja en octubre al consulado esta- Flores: Revolución mexicana y diplomacia española 199 dounidense por daños hechos a su propiedad (denominada "Pablillos") por fuerzas del general tamaulipeco Alberto Carrera Torres. De este modo presionó al gobernador Antonio l. Villarreal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que destinara fuerzas para cuidado exclusivo de su hacienda34 • La zona de influencia de la familia Naranjo -de claras propensiones contrarrevolucionarias- arrojó una lista extensa de enemigos. Entre las setenta y ocho personas que comprendía la lista, destacaban -el empresario y terrateniente italiano Miguel Ferrara Volpe, por haber ayudado de manera pecuniaria y facilitado su casa como fortín del extinto ejército federal, Fortunato Zuazua, alcalde de Lampazos entre enero y mayo de 1914; Nemesio García Naranjo, quien llegó a colaborar al lado de Victoriano Huerta como ministro de Instrucción Pública; y su primo Francisco Naranjo, dirigente de las fuerzas irregulares que defendieron el poblado ante la embestida carrancista y al que se incautó la inmensa hacienda de Dolores35 • La oficina dirigió su mira también hacia los miembros de la burguesía industrial. En especial a los Calderón Muguerza y GarzaMuguerza-Sada, debido a su aparente colaboración con el huertismo a través del nombramiento de Enrique Gorostieta -consuegro de Francisco G. Sada y exsenador porfirista-, como ministro de Justicia y posteriormente de Hacienda en el gabinete nacional. La oficina gubernamental de incautación no sólo se limitó a tomar la residencia urbana de los Gorostieta: ocupó militarmente el 2 de mayo las instalaciones de la cervecería más grande e importante de México, la Cuauhtémoc, en la que se hizo cargo "de la existencia de cerveza y hielo que tenía esta negociación (para) aplicar su producto al préstamo especial de guerra" 36• Temiendo el rumbo de la política revolucionaria, buena parte del clan familiar decidió exiliarse a las ciudades de Austin y Houston, Texas. Colateralmente, no satisfecha con las incautaciones realizadas a la familia empresarial, la Comisión Revolucionaria de Préstamos exigió a fines de abril de 1914 al empresario José Calderón, quien se encontraba en Houston, la suma de cien mil pesos37• Ante el préstamo exigido por Villarreal, Calderón brindó una extensa explicación epistolar sobre la situación que enfrentaban los negocios, y en la que destacaba lo siguiente: Debido a las circunstancias de hace tres años acá y en especial al último año, las pérdidas han sido importantes al grado de obligarnos a �200 <f JJ ¡-. ,,1 Siglo XIX f FACULTAD- DE &."d..UD PUBLICA Floi: RevoJJJióh 5lekabaQ éipÁrlacil\:spañola 201 abandonar los negocios y salir de nuestro país con nuestras familias. Por otra parte, en Monterrey no hay dinero suficiente ni siquiera para las necesidades generales de la gente de trabajo, del comercio y de las industrias, y como las comunicaciones están interrumpidas y los Bancos han cerrado completamente las puertas a todo negocio de crédito desde hace meses, no hallamos la manera de conseguir cantidades de dinero de ninguna consideración aún menores que la que se me indica 38 como cuarto y último grupo enemigo de la causa -después de los científicos-terratenientes, el clero y el ejército federal- a En el mismo caso estuvieron los banqueros Rodolfo M. Garza y Lázaro N. Villarreal, accionistas del Banco de Nuevo León, a quienes se les demandó un prestamo forzoso por orden directa de Carranza39• El artículo quinto definía tres prototipos de adquisición fraudulenta de tierras, representadas por dos familias oligárquicas mexicanas norteñas -los Corral, en el estado de Sonora, y los Creel y Terrazas, en Chihuahua- y un gachupín* en el Valle de México: don lñigo Noriega, gran terrateniente residente en México por más de treinta años y amigo íntimo del dictador Porfirio Díaz. En fin, la política de intervención desarrollada por el carrancismo radical de Antonio l. Villarreal, a partir de la caída de Monterrey en abril de 1914, y el subsiguiente dominio de su vital enlace ferroviario, proporcionaron nuevas ocasiones de peculado y corrupción tanto a jefes militares como a los administradores de ferrocarriles. Los desmanes que ocasionaban los jefes militares interventores en zonas alejadas de la capital, y la impunidad con que manejaban su autoridad personal, ofreció una total falta de seguridad: obligó a los comerciantes, mineros y hacendados que aún quedaban a huir fuera del estado, principalmente a los Estados Unidos. El resto, propició la defensa de sus intereses -y de su propia vida-y generó con esto el cacicazgo militar y la corrupción. La centralización de los recursos financieros por parte del aparato estatal cambió los papeles de un gobierno que se perfilaba como gestor directo de la economía, por sus más tradicionales funciones de sim¡1le recaudador de "contribuciones extraordinarias". El criterio fundamental de la intervención fue guiado por una justificación totalmente política: se afectó a los enemigos de la causa, no a los representantes de una clase. Aunque los enemigos de la causa tendieron, por lo general, a coincidir con los grandes industriales, comerciantes y hacendados porfirianos de Nuevo León. EL CONSTITUCIONAUSMO Y LOS ESPAl'lOLES Hubo, contra lo que regularmente plantea la actual historio.grafía de la revolución, una sola colonia extranjera que fue definida como contrarrevolucionaria y non grata a los principios de la sedición. En la ampliación del decreto de mayo de 1913, el constitucionalismo incluyó un rencor histórico nunca saldado, en su totalidad en México, al definir ...los españoles que hayan cooperado directamente en el establecimiento y sostenimiento de las dictaduras porfüiana y huertista, y en consecuencia han incurrido en la pena de confiscación a que se refiere esta ley40• Así pues los españoles pasaron -de la noche a la mañana- a ser la única colonia extranjera definida como enemiga de los principios revolucionarios. Durante el auge del levantamiento en el norte, el perfil contrarrevolucionario del gachupín definió rápidamente sus rasgos característicos en la ideología revolucionaria. Para esos momentos era ya del dominio público la total antipatía que despertaban los rebeldes en la clase acomodada española afincada en México. El proyecto de ley anterior, pues, sólo se orientó contra las imprudencias cometidas durante la dictadura y la restauración por miembros prominentes de la colonia española. Fieles a la preferencia que recibieron durante el dilatado período dictatorial de Díaz, los españoles prominentes empezaron a erosionar el tímido poder del grupo revolucionario que derrocó a Díaz en mayo de 1911. En el norte, Federico Sisniega, vicecónsul de España en Chihuahua y yerno del todopoderoso cacique Luis Terrazas, financió económicamente la rebelión de mayor calibre que sufrió el fugaz período de Francisco l. Madero -1911-1913-41 • En Yucatán el vicecónsul español de Mérida Rogelio Suárez notardó en definir su postura antirrevolucionaria al aliarse a la oligarquía henequenera como fiel yerno de don Olegario Molina, exgobernador y de los últimos ministros de Fomento de la dictadura42• • Adjetivo despectivo que se da en México al espaftol peninsular y que remonta su origen al grito del populacho "mueran los gachupines", en la etapa crítica de la guerra de Independencia (1810-1821). OFr. I �202 Siglo XIX Las innumerables protestas de los revolucionarios contra la impunidad con la que se cubrían los diversos diplomáticos espafioles a lo largo y ancho de la república, para así poder actuar contra los principios revolucionarios, quedó documentada en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid. Este tejido socioeconómico que había labrado a veces ostentosamente la colonia espafiola a lo largo de décadas en el seno de de la sociedad mexicana, estalló violentamente ante la represión dirigida y generalizada que realizó en algunas regiones ·el movimiento armado. Pero la gota que derramó el vaso y desató la represión fueron dos hechos claves e imprudentes acontecidos en febrero de 1913. El primero de allos sucedió durante los días anteriores a la decena trágica -9 a 18 de febrero- que culminó con el derrocamiento del primer gobierno revolucionario. En esa ocasión, el ministro plenipotenciario de S.M. en México Bernardo de Cólogan y Cólogan, acudió a Palacio Nacional -a petición del siniestro embajador norteamericano Henry Lane Wilson-, a pedir la renuncia del presidente arguyendo su incapacidad para ocupar tal cargo. Si bien Francisco l. Madero enfadado le comunicó a Cólogan que su actitud era de intromisión en la política interna del país, vaticinó su destino y afirmó que sólo saldría de la presidencia una vez muerto43 • El encuentro tuvo una gran difusión en los periódicos al día siguiente. El golpe de Huerta como jefe del Ejército no tardó en hacerse efectivo. La muerte de Madero y el establecimiento del estado castrense condujeron al segundo de los hechos imprudentes. Las organizaciones espaíiolas de mayor prestigio en la ciudad de México -destacando entre ellas el Casino Espafiol-, reconocieron en una ceremonia ostentosa la calidad de miembros honoríficos de sus respectivas agrupaciones a los autores materiales del golpe44 • La suerte quedó echada. Los primeros intereses espafioles que fueron af~ados estaban en el norte, en tanto las fuerzas constitucionalistas avanzaban ganando terreno en la guerra contra uno de los regimenes más imponentes en equipo, pertrechos y armamento militar que haya tenido el país. Si bien la represión más enérgica hacia la colonia hispana tuvo lugar en la zona ocupada por la División del Norte -comandada por Francisco Villa- de donde fueron exulsados más de mil españoles hacia la ciudad texana de El Paso, en el noreste y en especial en Monte- Flores: Revolución mexicana y diplomacia española 203 rrey la inseguridad para los intereses ibéricos no cesó de acrecentarse. Ante el incontenible avance de las tropas constitucionalistas, la colonia espafiola en Monterrey tomó algunas medidas preventivas. En abril de 1913, el vicecónsul en esa ciudad José Pío Lagüera, connotado empresario y miembro de la burguesía industrial, comunicaba a Cólogan la conveniencia de armarse ante un "remoto ataque a Monterrey", así como de recoger en ese consulado "a cuanto extranjero desee refugiarse"45 • Dos meses después salió de Monterrey, ante la gravedad de la situación, el primer grupo de repatriados. Los pasajes de cuarenta adultos y veinte niños que partieron rumbo a La Habana (por ferrocarril al puerto de Tampico, y posterior embarque a Veracruz), fueron financiados por el presidente del Consejo de Administración de la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, el espafiol Adolfo Prieto, a través del agente comercial de la siderúrgica (Mr. Quiyle) radicado en Brownsville, Texas46• Ya los gobiernos alemán e italiano habían tomado la precaución de facilitar recursos a sus nacionales en caso de que consideraran prudente salir del país47 • LAS INCAUTACIONES A ESPAÑOLES EN EL NORESTE El 29 de abril de 1914, Pío Lagüera enviaba -ante la situación de incomunicación de la ciudad de México- un telegrama cifrado al embajador espafiol en Washington, Juan Riaño, en el que reconstruía la situación política en la capital de Nuevo León. Anunciaba la entrada de la revolución a Monterrey-27 de abrilY las entrevistas que sostuvo, en defensa de los intereses de la colonia, con el alto mando militar del ejército del noreste. Hasta ahora somos respetados. Se han marchado algunos (espaiíoles, OF1) por propio acuerdo: solo muy pocos lo han hecho ... hay señales evidentes de buena voluntad y real amistad hacia la población de todas las naciones. Los generales Pablo González y Antonio l. Villarreal y sus oficiales, toman profundo interés en mantener el buen orden y el establecimiento de un gobierno libre y constitucional48• En esencia, el reporte de Lagüera contrastaba bruscamente con lo acontecido a los españoles y sus representantes diplomáticos en las demás regiones del norte. '1 �204 J ¡.. ) Siglo XIX En Chihuahua, controlada por los villistas desde principios de 1914, el vicecónsul Federico Sisniega había huido en época temprana ante el incontenible avance de la sedición. Las tropas revolucionarias, tras su entrada triunfal a la capital del estado, decidieron entre sus primeras medidas la expulsión de todos los espafioles, sin distinción alguna. Sisniega fue buscado en el interior del viceconsulado, y violada la extraterritorialidad a pesar del cónsul inglés, bajo cuya custodia quedaron las vidas e intereses ibéricos49• Para nadie era desconocido que buena parte de los españoles participó efectivamente en los asuntos políticos internos, proporcionó préstamos al régimen de Huerta y trabajó como espía del gobierno castrense50• En Torreón, Coahuila, Villa expulsó al vicecónsul Fabián Grandizo, que dejó el archivo de la legación en manos del cónsul inglés. Grandizo había aceptado el cargo ante la huida de Policarpo Suso, su antecesor y rico propietario agrícola de Matamoross 1• En la villa del mismo nombre, perteneciente al estado de Tamaulipas, el vicecónsul Germán Arámburu huyó a la ciudad de Brownsville en abril de 1913, junto con otros españoles ahi residentess2 • Igualmente el consulado de ciudad Victoria quedó vacante ante la fuga de su encargado, quien escribió a Cólogan desde Brownsville que estaba "huyendo de los horrores de la guerra". En este viceconsulado irrumpió una parte de la tropa del ejército revolucionario. Rompieron puertas, arriaron la bandera y la pisotearon, haciéndola pedazos. Su titular, el señor Quintana, fue capturado y acusado de traidor, y amenazado de ser pasado por las armas. Sin embargo, para su fortuna, logró escapar y llegar con algunos magullones a la frontera norteamericanas3• En Tampico, el vicecónsul de mayor antigüedad -25 aiios- y octogenario Angel Trápaga, se vio precisado a renunciar a ese cargo honorario debido a que había llegado a ser objeto de continuas presiones y préstamos forzosos por rebeldes que tomaron la plazaS4. En Nuevo León, para fines de 1914, Pío Lagüera sostenía el único viceconsulado espafiol en el norte que no se había quedado vacante ni practicado cambios súbitos en el personal. Inclusive había llegado a instrumentar una política hábil, de acercamiento al gobierno constitucionalista local. Flores: Revolución mexicana y diplomacia española 205 En su informe a Riafio, durante la ocupación de la Convención, Lagüera establecía un saldo favorable para el período carrancista que acababa de terminar: Los últimos meses del Gobierno Constitucionalista en este Estado, se marcaron perfectamente con una política amplia y de verdadera atracción hacia los españoles. El general Villarreal atendió satisfactoriamente todas mis quejas ... Entre estos actos de justicia están la libertad que concedió a los señores Somohano y Rivero, después de una larga prisión... En los primeros de noviembre conseguí se levantase la intervención de las haciendas del señor don Pedro Barna Trueba, que radica en San Luis Potosí y cuyas haciendas están ubicadas en este Estadoss. días A pesar de la destreza diplomática que caracterizó a Lagüera, el constitucionalismo confiscó y en ocasiones saqueó innumerables negocios, cuyas ganancias fueron de importancia vital para el sostenimiento de la lucha. Entre los afectados que conformaban parte de la burguesía regiomontana destacaron los Mendirichaga-Hernández, los Maiz y los Rivero. Ante la inseguridad que provocó la toma de Monterrey por los rebeldes, la familia Mendirichaga-Hernández elaboró y presentó un inventario de sus bienes en la ciudad a la embajada de Espafia en Washingtons6 • Igual actitud asumieron los comerciantes Ruiz y García, el 8 de mayo de 191457 • La razón social Hernández Hermanos también pidió protección a Riafio, el 2 de mayo, contra la exigencia de los constitucionalistas de 200 000 pesos oros8 • El 28 de agosto la familia Maiz se quejaba que, en sus haciendas de Coahuila, la tropa de Carranza dispuso forzosamente de 15 mil cabezas de ganado cabríos9 • Tres meses antes, el hijo del ex-vicecónsul Valentín Rivero, reclamaba a Madrid, vía Washington, el encarcelamiento arbitrario del que fue objeto hasta que entregó 200 000 pesos&. Si bien las causas que originaron la represión no están del todo esclarecidas, debido a que es improbable que tuvieran en sus casos alguna relación directa con el sostenimiento del estado castrense, hubo otra familia de prósperos empresarios y terratenientes que vieron mermar buena parte de su riqueza. Fueron Francisco y Joaquín Armendaiz, empresarios industriales de primer calibre en Monterrey, que sufrieron serias devastaciones en un imperio empresarial que abarcaba todo el noreste del país. �206 Siglo XIX Las reclamaciones arrancan con el afianzamiento de los constitucionalistas en el noreste. Ya para el 23 de diciembre de 1913, Francisco Armendaiz se mostraba previsor del saqueo y confiscaciones de que fueron objeto las haciendas vecinas. En aquella ocasión solicitó la intervención de la embajada española en Washington para que le fuera concedido permiso para pasar ganado allende el Bravo: ochocientas cabezas de ganado vacuno, mil de ganado caballar y mular y trece mil de ganado menor fueron rechazados al ingresar en territorio norteamericano por el gobierno de Wilson61 • Ante el avance de las fuerzas constitucionalistas sus propiedades y negocios ubicados en Tamaulipas fueron afectados. En Matamoros, para principios de 1914, los rebeldes tomaron posesión de las lineas de tranvías de su propiedad, pasando la administración y ganancias al ejército de Carranza. La despepitadora de algodón fue incautada con grandes destrozos. La propiedad Potrero de Santa Cruz y fincas anexas pasaron a poder de los insurrectos, así como las bodegas de cueros de res, pieles de lana y cerda por un valor de nueve mil pesos. La casa de comercio Francisco Armendaiz y Compañía fue tomada como cuartel; todas sus fincas y propiedades urbanas pasaron a ser administradas por los revolucionarios, entendiéndose estos últimos directamente con los inquilinos. Finalmente, se registraron graves daños en el rancho San Francisco. En Nuevo León le fue expropiada la Hacienda Concepción con todas las mercancías existentes en su tienda, carros, carretas, coches con sus mulas, guarniciones y demás aparejos; tomaron el maíz de dos cosechas, 160 mulas y todos los bueyes, 1 400 cajas de alcohol y amenazaron con quemar la finca si no contribuía con pesos oro. Del rancho El Canelo los constitucionalistas sustrajeron más de dos mil reses -de las cuales más tarde recuperaron 543 en el lado norteamericano- y todos los caballos. En Monterrey la sucursal de su casa comercial fue saqueada y salvada del fuego por la entrega de 25 000 pesos. Durante la toma de la ciudad un carro de ferrocarril lleno de cueros fue incendiado. En Coahuila sus propiedades rurales no escaparon a la represión carrancista y villista. La finca Sierra del Pino fue cotizada para un impuesto forzoso en seis mil pesos; en ella fueron incautados todos los caballos de trabajo -indispensables para la caballería constitucionalista-, el ganado mayor fue tomado para alimentar a la tropa y dispusieron de los carros y mulas de la propiedad. En los ranchos conocidos como Cerro Blanco fue a la administración villista a Flores: Revolución mexicana y diplomacia española 207 la que le correspondió ejecutar las acciones confiscatorias. De allí fueron incautadas diez mil cabezas de carnero y el administrador Rodríguez huyó ante la amenaza de ser pasado por las armas. LA DIPLOMACIA ESPAÑOLA ANIE EL CONSITI1JCIONALISMO. LOS AGENTES CONFIDENCIALES Las innumerables quejas de los españoles residentes en México a su embajada en Washington respondían a la idea generalizada sobre el alto grado de poder de persuasión que ejercía la Casa Blanca sobre los alzados. De este modo los norteamericanos canalizaban -a través de sus diplomáticos en México- la mayoría de las reclamaciones de las potencias europeas. Para marzo de 1914 Carranza puso coto a esta situación. En una carta dirigida al cónsul norteamericano en Nogales 1 Chihuahua, desautorizó a éstos a seguir ejerciendo de intermediarios de las demás naciones, por lo que les exigió a todos los gobiernos extranjeros se entendieran directamene con él en aquellos asuntos que afectaran a sus nacionales, aceptando de este modo tener a su lado -en calidad de Comandante en jefe del Ejército Constitucionalista- representantes extraoficiales62 • Así, las potencias interesadas en entrar en tratos con Carranza, se vieron obligadas a crear un nuevo tipo de representantes diplomáticos, el "agente confidencial", que sin ser propiamente un diplomático de carrera, iba a México a llenar de hecho sus mismas funciones, sin que para ello fuera necesario un reconocimiento de jure, sólo de facto63• De inmediato, R.iaño recibió órdenes del ministro de Asuntos Exteriores en Madrid, conde de Lema, para buscar la anuencia de Washington en el envío de un agente confidencial español cerca de Carranza64• El nombramiento recayó en Manuel Walls, primer secretario de la embajada de España en Washington, quien salió rumbo a México a mediados de junio; el día 20 llegaba a El Paso, Texas, y para el 28 se presentó en Monterrey ante Carranza. En esta primera entrevista, Carranza describió elocuentemente el perfil contrarrevolucionario de los españoles en México. Le dijo a Walls que muchos de sus connacionales ... se habían puesto abiertamente en contra de la causa constitucionalis- �208 Siglo XIX y que tal injerencia era de necesidad castigarla, habiendo, sin embargo como en tantos casos ocurre, pagado muchos justos por pecadores65 • ta La misión conciliadora de Walls fue bien acogida. Walls permaneció al igual que Silliman -agente confidencial norteamericano- al lado de Carranza hasta su entrada triunfal en México meses después. Desde su primer día en Monterrey, Walls atrajo la atención delgabinete carrancista. Su arribo tuvo gran significación política debido a que España fue la primera nación europea que reconoció tácitamente al constitucionalismo como la facción armada más representativa de la contienda. La cercanía de Walls al Primer Jefe y su habilidad díplomática no tardaron en brindar sus primeros frutos. Para el 6 de agosto, Walls ya había logrado recrear un ambiente de confraternidad entre el elemento revolucionario y la colonia, al organizar un almuerzo -en la finca de uno de los empresarios españoles más connotados- con la asistencia de sesenta compatriotas, además del gobernador Antonio l. Villarreal y el ministro Luis Cabrera66• El periódico La Revolución transcribió la oratoria de Cabrera y Villarreal. Mientras Cabrera rechazaba la idea de que la revolución se hubiera manífestado contra España, Villarreal, dejando a un lado "los errores de la colonización'', ensalzó a la colonia hispana como modelo de "laboriosidad y honradez". La reunión terminó con fuertes aplausos y vivas a España y a México67 • Más tarde, el 15 de agosto, Walls volvió a entrevistarse con Carranza. En esa ocasión llevó la representación de los hermanos Armendaiz, intercedíendo en su nombre para la devolución de las propiedades confiscadas en Tamaulipas, Nuevo León, Durango y Coahuila. La respuesta favorable a sus demandas llegó diez días después, cuando Carranza dio órdenes a las autoridades respectivas para la devolución de gran parte de las propiedades incautadas68 • De esta manera el gobierno español desarrolló a pasos forzados -a diferencia de otros estados europeos- un complejo sistema de agentes confidenciales al lado de los principales jefes revolucionarios. Madrid se mostró considerablemente tolerante ante las constantes fricciones que se suscitaron con sus nacionales durante la etapa más violenta de la revolución. La expulsión de los ministros Cólogan en julio de 1914 y de José Caro en febrero de 1915, por órdenes directas Flores: Revolución mexicana y diplomacia española 209 de Carranza, no hicieron cambiar la política de acercamiento hacia los constitucionalistas. Esto se debió principalmente a que la colonia española era la más numerosa en México, ya que contaba con cerca de 40 mil individuos. Asimismo, la dispersión de sus miembros en todos los rincones del país -el 40% se encontraba concentrado en la ciudad de México y alrededores- y el alto grado de integración en la sociedad mexicana, hacían de ella un entretejido por demás complejo que díficultaba una efectiva labor diplomática en defensa de sus intereses. Por otra parte, la monarquía constitucional de Alfonso XIII tuvo que enfrentar la propia presión interna, que pedía por un lado un mayor acercamiento a países hermanos bajo la vieja idea de la hispanídad y, por otra, mano dura contra las vejaciones de las que eran objeto los iberos radicados en México. Sin embargo, la posibilidad de utilización de esta segunda opción se estrellaba en un muro sólido. Lo conformaban: la limitada capacidad de sus fuerzas militares para poder llevar a cabo tan magna empresa después del desastre de 1898; la imposibilidad de establecer un acuerdo conjunto con las demás potencias europeas -involucradas en el asunto de México- debido a la contienda iniciada precisamente en 1914; y finalmente la tutela de Washington, que limitó sobremanera todo posible intento de injerencia armada de cualquier potencia europea o asiática en México que, por este método, quisiera apoyar sus reclamaciones. En Madrid se pensó seriamente entre 1914 y 1915 en la posibilidad de ocupar el puerto de Tampico o Veracruz bajo la anuencia de Washington. El mismo Walls había abierto la puerta prematuramente en uno de sus informes referente al mal trato dado a los peninsulares. En un comunicado a Riaño fechado en Monterrey declaraba: Creo que estos momentos son de suma gravedad para España. Los españoles han sido tratados con saña y desprecio... El nombre de España ha descendido en consideración y respeto (prescindamos en absoluto del supuesto amor a la Madre patria) pero la consideración que las naciones se deben unas a otras ha cesado aquí con respecto a España. Es pues imprescindible, si nuestra influencia en América queremos que subsista, que nuestra reinvindicación sea completa. No se nos podrá achacar impaciencia: nuestra paciencia ha rayado en humillación. Debemos procurar la demanda en tonos sinceramente amistosos, pero dada la gente que ha encabezado y dirige este movimiento revolucionario hay que confiar poco de palabras y promesas, y quizá no estuviera de más la presencia en Tampico de una fuerza naval y militar suficiente para ocupar el puerto si las circunstancias aconse- 1 • �r· 210 Siglo XIX Flores: Revolución mexicana y diplomacia española 211 <( ) I JJ f-. () ..._, jaran a echar mano de este recurso de derecho internacional, apoyara la reclamación diplomática en pro de los cuantiosos intereses de nuestros nacionales tan gravemente atropellados. Este acto serviría de provechosa lección tanto a esta República como a otras de este Continente donde los intereses de nuestros nacionales pueden estar a punto de pasar por iguales procedimientos si quedan impunes los cometidos aquí69• y aisladas. Para ellos fue imprescindible siempre su aceptación, por la parte contraria, como una organización consciente de su papel de clase social. Su dominio decisivo en la economía y su habilidad política, perfiló a la Cámara de Comercio como un organismo capaz de llenar los vacíos de poder que se avecinaban. Su solidez y sobrevivencia a la etapa revolucionaria radicó en estas premisas. Por supuesto esto nunca se realizó. Y, de haberse hecho, la situación de los españoles en México hubiera empeorado irremediablemente. Por lo que la única salida fue manejarse a través de innumerables vicecónsules honorarios en todo el país -28 en total-; crear dos consulados más de carrera -Torreón y Mazatlán aparte de los ya existentes en México y Veracruz-; y enviar agentes confidenciales al lado de Carranza, Villa y la Convención70 • Y así actuó, no como una institución en decadencia y caduca, sino como un jugador que está consciente de tener el "as" bajo la manga. 1 CCI !al \ • Conforme el constitucionalismo fue afianzándose -nunca del todo- en el territorio nacional, las relaciones entre ambos países mejoraron. Ya para julio de 1916, en Madrid se aceptó a Juan Sánchez Azcona como nuevo ministro de México en España, y las reclamaciones (aunque no fueron satisfechas del todo) tuvieron en él un interlocutor hábil y meticuloso. EL CARRANCISMO RADICAL Y LA BURGUESIA DE MONTERREY Po~ doquier en Nuevo León, los últimos restos del antiguo orden y del antiguo progreso se desvanecían, y los revolucionarios se precipitaban a ocupar su lugar. En Monterrey, a la burguesía industrial no le quedó otra que aceptar el notable cambio que se registraba a su alrededor. El gobierno estatal carrancista se encontró bien plantado y aparentemente no tenía -a partir de abril de 1914- grupo militar opositor de consideración. . De .1~ noche a 1~ mafiana, las nuevas cabezas visibles del poder eran Jefes militares estacionados en la región, que repentinamente adquirieron un peso decisivo en las transacciones económicas locales. El control de fletes y circulación de mercancías por parte del gobierno revolucionario, permitió influir en suministros y precios para favorecer a ciertos grupos económicos y perjudicar a otros. Por lo tanto, la necesidad de establecer un vínculo por parte de los empresarios citadinos con el gobierno carrancista se tornó más que indispensable. El vehículo fue la Cámara Nacional de Comercio. (CANACOM). Con esto la burgues~a regiomontana se presentaba como un todo homogéneo y sin escisiones. Los empresarios casi nunca recibieron prebendas individuales Después de los combates de abril -fecha en que los carrancistas tomaron la ciudad- los socios de la Cámara compartieron reuniones intensas, de las que surgió la actitud generalizada de colaborar con el gobierno constituído, e iniciar las gestiones necesarias para recobrar la fuerza adquirida durante el régimen anterior. La primera petición a las autoridades se vinculó precisamente al intento de reforzarse como clase, condición que se había visto relativamente mermada con la migración de algunos de sus miembros. En mayo el presidente de la CANACOM, Jesús Ferrara, gestionó con relativo éxito el permiso de regreso "con toda clase de garantías" a los que se encontraban en Estados Unidos71• La segunda prueba de fuego -por cierto no muy halagadora- se les presentó días después. A fines de ese mes, el varón de Cuatro Ciénegas arribó a Monterrey para hospedarse en la casa incautada a Eugenio F. Castillón, uno de los máximos acaparadores del espacio urbano. La Cámara Nacional de Comercio no desaprovechó la ocasión de manifestar su más incondicional apoyo al futuro mandatario nacional. Para ello, Venustiano Carranza fue invitado a una comida ofrecida en su honor en la quinta de José Calderón, el dos de junio. El jefe máximo se presentó puntual a la cita compañado del gobernador militar. La oratoria siempre fue un arte dominado por los miembros de la Cámara, por lo que las frases de bienvenida y augurios del próximo triunfo de las fuerzas constitucionalistas plagaron las atmósfera de la selectiva reunión. Acto seguido, la palabra fue cedida por el presidente de la Cámara a Carranza, quien se había mantenido sereno e inconmovible en su asiento, sólo observando detenidamente uno a uno a los expresivos oradores que aseguraban la legitimidad del movimiento armado. El jefe máximo de la revolución, cuyas características más visibles eran la cabellera entrecana y la indumentaria militar caqui, contrastaba al levantarse de su asiento con la levita almidonada de los nego- �212 •r jJ ¡-. .) _, a:i CJ ~ Siglo XIX dantes citadinos. Aunque a los empresarios les pareció una eternidad, su discurso fue verdaderamente áspero y corto. Las facciones de los asistentes cambiaron de una manera violenta. Aparentemente molesto por la actitud manifestada, Carranza se pronunció contra todos aquellos anti-revolucionarios que "fueran quienes fueran, tendrían que caer bajo la sanción de la ley y de la justicia" , ya que por participar "directa e indirectamente" en el régimen emanado del "cuartelazo de febrero", lo pagaáan -aseguró- "aún con su propia vida" 72• En la culminación de su exposición y antes de retirarse abruptamente de aquel lugar, Carranza subrayó que los "banquetes en su honor" no torcerían la política expresada73 • La rudeza del trato recibido marcó un ligero distanciamiento que regiría de ahí en adelante entre industriales y gobierno durante el mandato de Antonio l. Villarreal. El 11 de junio el nuevo presidente de la Cámara, Constantino de Tárnava, se presentó ante el general Pablo González Garza para recibir el mismo gesto. La fricción con las autoridades militares tenia fundamento en las innumerables quejas de la población: denunciaba el aumento "en demasía y sin haber motivo para ello" -a juicio del mismo González Garza-, de los precios de los artículos de primera necesidad despachados en las casas comerciales de C. Holck, Juan Cram y José Calderón y Cía. Las dos primeras eran propiedad respectivamente de los ciudadanos alemanes Paul Buchard -excónsul del Imperio- y Adolfo Scheford75 • Ya el 4 de junio la administración Carrancista había emitido un decreto contra los acaparadores76• En esa ocasión se descubrió y se multó a algunos comerciantes por esconder los artículos y permitir el alza inmoderada de los precios. Antonio l. Villarreal fijó un precio máximo para cada producto "so pena de infraccionar" su incumplimienton . Villarreal hizo pública también una disposición para que se pusieran inmediatamente a la venta los productos disponibles en bodegas, a un precio máximo estipulado por el gobierno. En un ámbito más amplio, González Garza había prohibido desde el 23 de mayo la exportación de ganado de todas las clases por las aduanas de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas78• La queja de los <;omerciantes no se hizo esperar. Justificaron el aumento de los precios por la inundación de billetes constitucionalis- Flores: Revolución mexicana y diplomacia española 213 tas (que mantenían un valor más bajo que los de banco o la plata acuñada) los cuales tenían forzosamente que retribuir "un premio más o menos alto" que llegaba hasta un 20%79• Por otra parte, el rumor de la falsificación del circulante contribuia a "disminuir la buena aceptación de los billetes de que se trata -comentaba un prestigiado empresario-, con resultados bien desfavorables para el comercio e industrias locales"8(). La escasez de moneda fraccionaria también repercutió en los negocios de menor envergadura pero dedicados al consumo masivo, como molinos para nixtamal. El 24 de septiembre, los comerciantes del ramo se quejaron por la falta de circulación de monedas de uno y dos centavos, las cuales eran utilizadas tanto por el vendedor como por el consumidor en transacciones al menudeo. La falta de "feria chica" -debido a que la úníca que circulaba con fluidez era la de cinco centavos-, amenazaba con provocar un colapso en este tipo de negocios. La salida más viable aceptada por el gobernador fue la autorización para producir vales por esas mismas cantidades -uno y dos centavos-, resellados previamente por la presidencia municipal, a fin de controlar la emisión de un máximo de cien pesos81• Sin embargo, la CANACOM continuaba con el control de toda transacción comercial e informaba constantemente al aparato público de las existencias de los productos de primera necesidad en la ciudad. En caso de urgencia, siempre buscó la intervención del gobierno para facilitar el acceso a las zonas productoras, que en ocasiones quedaban incomunicadas por la anarquía existente en el país. El 25 de noviembre la Cámara solicitó a Villarreal tomar las medidas necesarias para aliviar la escasez de algunos artículos indispensables. Argumentaba no sólo la desarticulación de las zonas cerealeras, sino el caos monetario surgido por la circulación de billetes emitidos por los diferentes grupos en pugna82 • La colaboración entre el empresariado y el gobierno revolucionario a través de la CANACOM no se limitó a facilitar el acceso a los productos básicos, incluyendo a las "clases menesterosas"; también existió un claro apoyo al ejército constitucionalista por parte de algunas empresas. Este fue el caso de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, la cual asesoró y prestó sus instalaciones al mayor Daniel Mariñelarena -enviado personal de Carranza-, en la fabricación de "unos aparatos lanza bombas, para emplearlos en las Divisiones Constitucionalistas' ' 83• Durante este período, las actividades económicas siguieron regís- �214 IJ ¡.. ., 41 Siglo XIX 215 trando serias dificultades para su buena marcha, coartando en algunas ocasiones tendencias de expansión proyectadas durante el régimen castrense. ~casez_~ inflación en el precio de los artículos de primera necesidad, mes!ab1hdad de la moneda, interrupción del comercio nacional e interregional, entre otros. Un ejemplo fue la caída brutal de la producción de la Fábrica de Cementos Hidalgo, que se encontraba en plena expansión a principios de 1913. En el momento en que Victoriano Huerta se colocó en la silla presidencial, la compañía aumentó su capital social en medio millón de pesos84• Al mismo tiempo desembolsó en la compra e instalación de maquinaria alemana. Esta última tenía como fuente de energía el "gas pobre" producido por carbón proveniente de los minerales de Sabinas, Coahuila85 • LA POLITICA DE INCAUTACION, UN ROTUNDO FRACASO Pero los dolores de cabeza empezaron para los accionistas que se atrevieron a implementar el proyecto de expansión y modernización de la fábrica en un momento tan crítico. A mediados de 1914 la instalación de los implementos comprados y entregados desde Europa quedó trunca. Las causas fueron varias: la dispersión de los peritos alemanes encargados de esta labor a causa de la guerra existente tanto en el viejo continente como en el país; la interrupción del servicio de ferrocarriles provenientes de la región carbonífera y del puerto de Tampico de donde procedia el petróleo crudo utilizado en la quema de la materia prima para la obtención del cemento-; y la desarticulación de los mercados ubicados al norte de Torreón86• '!"'t- Flores: Revolución mexicana y diplomacia española La pésima planeación de los administrativos redundó en una catastrófica paralización del proceso productivo del que se expulsó a casi doscientos trabajadores. El gobierno revolucionario exigió la reanudación de las labores bajo amenazas de intervenir la compaíiía. Ante la negativa de los accionistas, el gobierno procedió a cumplir su amenaza el 5 de cotubre de 191487• De los problemas más urgentes para el gobierno carrancista, indudablemente destacaron los de orden económico. El efímero gobierno de Villarreal se esforzó por mantener un precario equilibrio entre el control gubernamental de la economía para fines políticos y de ingresos, y el incentivo a su regeneración, que daría bases para los beneficios socioeconómicos prometidos por la ideología del constitucionalismo. Pero la puesta en práctica de la reorganización de la economía en Nuevo León se vió frustrada por los problemas generales del período: Tanto la guerra como la política intervencionista y anticlerical de las autoridades carrancistas dañaron seriamente no sólo la economía de Nuevo León, sino la estabilidad social en sus fibras más sensibles. La pretendida modificación de la estructura social por Antonio l. Villarreal pronto demostró lo inadecuado de su estrategia, diseñada en el vapor de la efervescencia por el triunfo y el fanatismo liberal del grupo en el poder. La marcha atrás fue inevitable. La desarticulación entre las diferentes zonas del estado y la pérdida de irradiación de poder por parte de la capital hacia ellas, terminó por consolidar un proceso nacido durante la jefatura del gobierno huertista. Las autoridades militares encargadas de incautar las fincas rústicas se apropiaron de las antiguas haciendas, despreocupándose por la planeación de las cosechas y por la liberación de los peones. Los interventores oficiales se mezclaron y compartieron intereses con los caciques y hacendados porfiristas, permaneciendo imperturbables y al margen del ligero reacomodo político que experimentó el agro nuevoleonés . La ineficiencia de la mayoría de los personajes encargados de hacer producir las propiedades que se encontraban bajo la órbita del Estado, provocó un colapso en la economía y una falta de credibilidad hacia los carrancistas como nuevas cabezas visibles del poder. Los efectos no se dejaron esperar. En primer lugar, se secaron los canales de captación de impuestos debido a que los dueños de las tierras y fábricas decomisadas se negaron a proporcionarlos. En segundo término, si bien la producción agrícola se trató de impulsar a través del arrendamiento de la propiedad a campesinos desposeídos, estos se toparon rápidamente con dificultades: falta de instrumentos de trabajo adecuados, de semovientes, accesibilidad a los centros de comercialización para sus productos. En noviembre de 1914, la Cámara de Comercio se quejó por la incapacidad gubernamental para hacer frente a la problemática agrícola. En un detallado informe sobre los artículos de primera necesidad, se ponía énfasis en la "existencia casi nula" de frijol (el cual po- �216 -, Siglo XIX día ser traído solamente, a juicio de los comerciantes, de áreas inc~municadas del sur de San Luis Potosí y Durango). En cuanto al maIZ, era casi inexistente en Monterrey, pero se consideraba suficiente para el consumo de dos meses -en algunos puntos del estado-. La harina escaseaba por la inseguridad en las zonas productoras de trigo. Finalmente el informe aseguraba que el piloncillo como "sustituto del azúcar", ~taba en peligro de agotarse por la paralización de buena parte de las moliendas88 • cJ Ante el fracaso, la administración carrancista intentó vanamente, en diciembre, readecuar su política intervencionista. El retorno de algunas negociaciones a sus anteriores dueños, cambió la política inicial del gobierno de Antonio l. Villarreal con respecto a la propiedad privada. En algunas, como fue el caso de Cervecería Cuauhtémoc, las presiones externas jugaron un papel no del todo aclarado todavía. El clan familiar tuvo que ir a radicar a Texas por miedo a las represalias, pero de ningún modo tomó una actitud pasiva ante los hechos consumados. El hijo de J.M. Schneider -accionista norteamericano de la cervecera-, se quejó ante las autoridades estadounidenses por el ataque sufrido a sus intereses. De esta manera, presionó al gobierno norteamericano para que enviara una reclamación sobre las posibles consecuencias que acarrearían el sostenimiento de este tipo de prácticas contra propiedades ligadas al capital norteamericano89• Pero este factor -como determinante en la devolución de la compañía- pareció estar estrechamente ligado con el tipo de administración que se había implantado en Cervecería, que vislumbró la obtención de numerario a un plazo mediato para el sostenimiento del poder público y militar. Por ambas razones, la decisión de regresar la fábrica a sus dueños se tomó el 5 de diciembre de 1914, después de siete meses de administración revolucionaria90• Cuatro días después la política de "marcha atrás" se reafirmó al ser entregada también la compañía Cementos Hidalgo, con el acuerdo honroso de sus propietarios de reanudar sus actividades en "un plazo no menor de seis meses " 91 El colapso de la política radical constitucionalista en Nuevo León apareció abruptamente en enero de 1915, con la derrota militar de las fuerzas de Antonio l. Villarreal frente a la División villista Angeles en Ramos Arizpe, Coahuila. Flores: Revolución mexicana y diplomacia española 217 RECAPITULACION Durante 1914 el autoritarismo militar carrancista en Nuevo León sólo exarcerbó los ánimos, en una época de convulsiones y de rápida desintegración del progreso y estabilidad social que caracterizó a regímenes anteriores. Una prueba de ello fue la pesada naturaleza de la burocracia constitucionalista durante la confiscación de bienes y el intento de reforma agraria en la entidad. La rapacidad de los militares destacados en el estado generó descontento, corrupción y un vacío político y económico que hizo mella en el aparato estatal a fines de 1914. En Monterrey, la represalia contra los empresarios originó fuga de capitales -como en el sector rural- y una declinación económica que solo repuntaría hasta 1916. L_a ~esarticulación del mecanismo ~acendario y la escasez de recursos, linutó notablemente la puesta en practica del programa radical de los apologistas del constitucionalismo. La incautación de grandes empresas como la Cervecería Cuauhtémoc, mostró la falta de experiencia empresarial y la voracidad de los nuevos personajes públicos. Aunque el principio del nacionalismo económico que caracterizó el movimiento constitucionalista aparentó estar firmemente asentado, al dar una redefinición de las reglas con el capital extranjero Ylos empresarios individuales que podían operar en México, la políti~ económica del gobierno de Antonio l. V1llarreal mostró en la práctica - a la par que castigó duramente al empresario regiomontan~-, una continuidad en la defensa estratégica de los intereses estadourudenses y una oscilante represión contra los españoles. Los ataques contra los intereses de la burguesía citadina tendieron a reforzar internamente su organización, creada a principios del maderismo. La Cámara Nacional de Comercio de Monterrey empezó a mostrar, cada vez con mayor eficacia, la capacidad de sustituir en momentos de vacío político al aparato público revolucionario, que a final de cuentas ayudaría a reorganizar. Este órgano corporativo empresarial tuvo una fuerte voluntad política, y fue capaz de solucionar los problemas cotidi~os de es~ez y darle alguna estructura y forma al poder local. La pnmera_ expenencia de este tipo en su corta vida, se le presentó entre la salida de los tropas carrancistas y la llegada de la Divísión Angeles. Unos cuantos días bastaron para demostrar a los ejércitos revolucionarios de ocupación, el pleno dominio de su espacio vital y asie?to de su_ poderí~ económico, posteriormente propuesto como paradigma a ruvel nacional. �218 Flores: Revolución mexicana y diplomacia española Siglo XIX NOTAS 1. Las medidas anticlericales consistieron en el cierre indefinido de los templos católicos; en el uso de las campanas de los templos para anunciar los triunfos constitucionalistas; la quema de confesionarios; la persecución, expulsión y encarcelamiento de sacerdotes; en el fusilamiento de "imágenes de santos" etcétera. La resistencia popular a tales medidas fue inmediata. La muchedumbre ~ompió las emplomadas Y forzó las puertas de los templos clausurados para poder ingresar a ellos. Fue solo hasta la entrada de los villistas en enero de 1915 cuando las medidas incautatorias de ~os recin_t~~ católicos f?ero~ _abolidos. Ver Osear Flores Torres, Comuna empresarial y sedic1on. Burgues1a, militares y movimiento obrero en Monterrey. 1909-1923 Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, en prensa. ' 2. !bid. Los líenamientos embrionarios que posteriormente asumiria el movimiento obrero organizado a partir de 1918, se definieron en la primer gran huelga de noviembre de 1914. Esta se suscitó en la compañía Minera Fundidora y Afinadora de Monterrey Y fue secu_ndada por obreros de otras industrias metalúrgicas y por la Casa del Obrero Mundial. Sus demandas entre otras consistían en aumento de salario reducción de la jornada diaria a ocho horas y destitución del capataz norteameri~no N!ªc por su actitu~ hacia !os subordinados. La huelga perdió fuerza en los d1as s1gu1entes a su estallido debido a la intransigencia de la compañía y a la falta de apoyo a las demandas del movimiento por parte del gobierno revolucionario. ~aJ!i, 13. /bid. 14. AGENL, Concluidos, c-1914-1. 15. AGENL, Concluidos, c-1914-4, e-262. 16. Ibid. 17. AGENL, Circulares, c-1910-1917, decreto del 23 de junio de 1914. 18. !bid. 19. AGENL, Secretaria de Fomento, c-1914. 20. AGENL, expediente relativo a la Comisión Agraria de Nuevo León fundada por Antonio l. Villarreal en 1914, p.p. 13-16. 21. AGENL, Circulares, c-1910-1917, decreto del 23 de junio de 1914. 22. AGENL, Circulares, c-1910-1917, decreto del 17 de mayo de 1914. 23. AGENL, Concluidos, c-1914-4, e-263. 3. Proyecto de Ley sobre Confiscaciones de Bienes de los Sostenedores del Gobierno u~urpador. Elaborado por los licenciados Eduardo Fuentes y Rodrigo Gómez, México, 1914, p. l. 24. !bid. 4. Ibídem p.p. 1.2. 26. AGENL, Concluidos, c-1914-4, e-262. 5. Partido politico que saltó a la arena electoral durante el tí.mido período democrático ~ntre la_caí~a del dictador Díaz (mayo de 1911) y el triunfo del primer gobierno antirrelecc1orusta revolucionario (noviembre de 1911). El Partido Católico aglutinaba_~rededor _d~ prohombres de la dictadura a la mayoría de los grupos conservado~es et~~ y religiosos organizados. A raíz del golpe de Estado, este partido apoyó mcond1c1onaJmente el régimen de Huerta. 6. Proyecto de Ley... capítulo I, Artículo 1, p.p. 3-5. 1. Ibídem, capítulo I, Artículo 4, p. 66. 8. La Oficina de Intervención y Decomisación de fmcas urbanas en Monterrey poseía una existencia monetaria líquida para el 30 de noviembre de 1914 de 12 878.31 pesos. Los detalles de cada propiedad confiscada aparecen en el inventario eleborado por la Oficina. Archivo General del Estado de Nuevo León (AGENL), Concluidos, carpeta (c) 1914-16, expediente (e) 255. 9. AGENL, Concluidos, c-1914-4, e-263. 10. AGENL, Concluidos, c-1914-1. 11. AGENL, Concluidos, c-914-4, e-263. 12. /bid. 219 25. AGENL, Concluidos, c-1914-1916. 27. AGENL, Correspondencia con Alcaldes, Monterrey, c-1912-1913. 28. AGENL, Ramo Militar, c-1914-1. Entre los encarcelados destacan el empresario Valentín Rivero Martínez y el ex-gobernador Leobardo Chapa. 29. Archivo General de la Nación (AGN), Dirección General de Gobernación (DGG), 1916, c-3, e-10. 30. Ibid. 31. En cuanto a la incautación de los bienes del mandatario estatal Salomé Botello, se encontraban las minas de Puerto de Cacho en el municipio de Villaldama así como las de Dolores, Saturno, Milpillas, Porvenir, Victoria, Purísima y La Perla en el de Salinas Victoria, Nuevo León, AGN, DGG, 1916, c-3, e-10. 32. /bid. 33. AGENL, Ramo Militar, c-1914-1. 34. AGENL, Ramo Militar, c-1914-2. 35. "Lista de enemigos de la causa constitucionalista en el municipio de Lampazos", AGENL, Correpondencia particular del general Antonio l. Villarreal, 1914, c-1. �220 lJ f-· . .., 1 (O .... 1 1 Flores: Revolución mexicana y diplomacia española Siglo XIX 36. AGENL, Concluidos, 1914-16. Los grupos familiares Calderón-Muguerza y SadaMuguerza-Garza, fundaron entre otras empresas Cervecería Cuauhtémoc en 1890, la cual para 1909 tenía una capacidad de producción de 300 mil barriles de cerveza al año. Podía embotellar diariamente 300 mil unidades y producía 750 toneladas de hielo, empleando 1 500 obreros. Los vaivenes de esta empresa durante la etapa armada de la revolución en Osear Flores Torres, "De la edad del acero a los tiempos revolucionarios. Dos empresas industriales regiomontanas (1909-1923)" en Mario Cerutti (coordinador), Monterrey, Nuevo León, El Noreste, Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, 1987. 221 54. AMAE, Cólogan al MAE-Madrid, L-2559, d-143, México, 11 de junio de 1914; y el cónsul de Veracruz Bayón (el viceconsulado de Tampico estaba adscrito al consulado de Veracruz) a Cólogan, L-2559, d-148, Veracruz, 16 de junio de 1914. 55. AMAE, Lagüera a Riaño, L-2560, Monterrey, 31 de marzo de 1915 . 56. AMAE, Riaño al MAE-Madrid. Reclamaciones de españoles presentadas a esta Embajada de S.M. con motivo de la revolución en México, L-2558, anexo al d-321, Washington, D.C., 1 de agosto de 1914; y Riaño al MAE-Madrid, L-2558, anexo al d-169 . 37. AGENL, Corresp<mdencia particular de Antonio l. Villarreal, 1914, c-2. 57. Ibid. 1 38. Ibídem, Calderón a Villarreal, 1 de mayo de 1914. 58. lbid. 39. AGENL, Concluidos, c-1914. 59. /bid. 40. Proyecto de Ley... , capítulo l, Articulo 1, p.p. 3-5. 60. /bid. 41. Aseveración hecha por Emilio Zapico, enviado del ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid (MAE) a Chihuahua, para recabar informes sobre la posible participación de los españoles en la política interna de México. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, España, (AMAE), Sección Histórica. Entre junio de 1915 y marzo de 1916, Zapico permaneció en la zona villista como Agente Confidencial, Legajo (L)-2560, despacho (d)-1 al 30, Emilio Zapico a Riaño. 42. AMAE. El vicecónsul de Mérida Rogelio Suárez al ministro en México Cólogan, L-2561, d-26 al 30, de 1914. __...,._ 43. AMAE, Cólogan al MAE-Madrid, L-2558, d-26, del 15 de febrero de 1913 y telegrama cifrado (te) a Madrid con la misma fecha. 44. AMAE, Cólogan al MAE-Madrid, L-1659, d-35, México, 16 de marzo de 1913. 45. AMAE, Lagüera a Cólogan, L-1659, d-08, Monterrey, 27 de abril de 1913. 61. Estas y demás reclamaciones de Joaqu,ín y Francisco Armendaiz en AMAE, L-2558, anexo al d-321, Washington, 1 de agosto de 1914; L-2558, anexo al d-169; y Manuel Walls y Merino, consejero de Embajada y Agente Confidencial de España cerca de Carranza, L-2559, d-28, El Paso, Texas, 23 de septiembre de 1914. 62. AMAE, El Departamento de Estado en Washington al Embajador de España Juan Riaño, L-2558, d-96, Washington, 26 de marzo de 1914. 63. Isidro Fabela, La política interior y exterior de Carranza, México, Edit. Jus, 1979, p.p. 23-24. 64. AMAE, El Ministro de Estado Conde de Lema a Riaño, L-2558, T.C. en Madrid, 16 de marzo de 1914. 65. La Revolución, diario constitucionalista de Monterrey, número 5, del 29 de julio de 1914, p. l.; y AMAE, Walls a Riaño, L-2559, d-4, Monterrey, 1 de agosto de 1914. 46. AMAE, Lagüera a Cólogan, L-1659, d-159, Monterrey, 28 de junio de 1913. 47. lbid. 48. AMAE, Lagüera al embajador español en Washington Juan Riaño, L-2558, anexo al d-177, de la embajada de Washington al MAE-Madrid, 6 de mayo de 1914; y t.c. de Lagüera a Riaño, 29 de abril de 1914. 49. AMAE, Cólogan al MAE-Madrid, situación de los viceconsulados en el norte de México ante la revolución, L-2558, d-102, México, 21 de abril de 1914. 66. AMAE, WaUs a Riaño, L-2559, d-6, Monterrey, 6 de agosto de 1914. En esta ocasión Walls felicitaba la labor de Lagüera por su "gran entereza y tacto... Gracias a las cuales aconsejó mesura a los empresarios españoles y evitó así sufrimientos como en otras partes, a excepción de algunos impuestos de guerra". 67. La Revolución, Monterrey, 5 al 7 de agosto de 1914. Luis Cabrera dijo además que los ingleses venían a colocar su capital y a hacer alarde de su superioridad y altivez. "El alemán y francés nos traen géneros o su maquinaria; el americano viene a imponérsenos políticamente; el español no trae capital, pero sí su laboriosidad y honradez. Como hace familia en México, sufre más las consecuencias de la guerra". SO. Bertha UUoa, La revolución intervenida, México, COLMEX, 1971, p.p. 75-76 y 312. 68. AMAE, WaUs a Riaño, L-2559, d-28, El Paso, Texas, del 23 de septiembre de 1914. 51. AMAE, Cólogan al MAE-Madrid, L-2558, d-102, México, 21 de abril de 1914. 69. AMAE, WaUs a Riaño, L-2559, d-4, Monterrey, 1 de agosto de 1914. 52. lbid. 53. AMAE, Quintana a Cólogan, L-2558, d-16, BrownsviUe, Texas, del 7 y 19 de enero de 1914. I'i 70. Para 1914 los viceconsulados honorarios españoles estaban diseminados en todas las regiones importantes del país, por lo que sus informes nos proveen de una visión por demás global y pormenorizada de la situación revolucionaria en la república. �222 Siglo XIX UN ENCUENTRO DIFICIL Capitales e Industria en Uruguay (1900-1930) Estos se encontraban en las siguientes poblaciones: Aguascalientes, Chihuahua, Chilpancingo, Celaya, Ciudad Victoria, Coatzacoalcos, Cuernavaca, Durango, Guadalajara, Guaymas, Jalapa, Matamoros, Mazatlán, Mérida, México, Monterrey, Morelia, Oaxaca, Querétaro, Salina Cruz, San Juan Bautista, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Toluca, Torreón, Tuxtla Gutiérrez y Veracruz. AMAE, Ministro de España en México a MAE-Madrid, L-1659, d-106, México, 16 de junio de 1919. 71. Gestión de Jesús Ferrara ante Pablo González Garza en Rodrigo Mendirichaga, 100 Años de Comercio en Monterrey, Monterrey, CANACO, 1980. Raúl Jacob * 72. Juan Luis Cantú, Memorias de un modesto e ignorado revolucionario, 1908-1915, vols. Monterrey, 1948. 73. /bid. 74. Rodrigo Mendirichaga, op. cit., p. 62. 75. /bid. 76. AGENL, Circulares, 1910-1917, decreto del 5 de julio de 1914. 11. /bid. 78. Archivo del general Pablo González Garza (APGG), CONDUMEX, microfilm, volumen-31. Decreto de la División del Noreste del 23 de mayo de 1914. INTRODUCCION 79. Queja del 15 de junio del encargado de la compañía de Tranvías, Luz y Fuerza Motriz al Secretario de Gobierno, AGENL, Concluidos, 1914. Al despuntar el siglo XX los uruguayos se despertaron con la grata noticia de que constituían una "potencia pecuaria". El censo realizado en el año 1908 mostró la proporción más alta en el mundo de bovinos y ovinos por habitante, seguida en segundo lugar por Nueva Zelandia y Estados Unidos 1• 80. /bid. 81. AGENL, Concluidos, c-1913-2, e-309. 82. Solicitud del 25 de noviembre de 1914 en Rodrigo Mendirichaga, op, cit., p. 63. ~ tJ ::, <( 83. Archivo de Venustiano Carranza (AVC), CONDUMEX, México, carpeta-! 1, documento-! 091. 84. AGENL, Concluidos, c-1913-2, e-244, 10 pags. 85. Ibídem, p. 2. lil-0 ºiu ~~ u.1or ' 86. Ibídem, p.p. 2-3. 81. Ibídem, p.p. 3-5. Como todos los optimismos estadísticos, éste no proporcionaría una felicidad total. Los contemporáneos fueron sorprendidos por la constatación de que pese a que el flujo migratorio externo había logrado duplicar la población en treinta años, sobre los aproximadamente 187 000 km. 2 de territorio vivían sólo poco más de un millón de habitantes. En cambio la dotación de vacunos y ovinos estaba llegando al limite de lo que la pradera natural podía alimentar. El "milagro ganadero" se basaba en la debilidad demográfica del país, en el resultado de dividir los millones de vacas y ovejas por el número de pobladores. 88. Informe de la CANACOM, en R. Mendirichaga, op. cit. p. 63. 89. AVC, CONDUMEX, carpeta-12, y Alejandro Saragoza, "The State and capitalism in México; the formation of The Grupo Monterrey, 1880-1940", Tesis de doctorado, Universidad de Berkeley, 1981. 90. AGENL, Conclu.ídos, c-1914-1916. La conciencia nacional era además alimentada por la creencia de que en relación a su población la República Oriental figuraba "entre los pueblos más comerciales del mundo". Su posición estratégica en la entrada del estuario del Plata, la profundidad natural de la bahía 91. AGENL, Conclu.ídos, c-1913-2, e-244. • Centro lnterdisciplinario de Estudios Sobre el Desarrollo (CfEDUR, Montevideo, Uruguay). Ponencia presentada en el 46 Congreso Internacional de Americanistas, Arnsterdam, jvlio de 1988. El autor agradece los comentarios de Luis Bértola. �224 ,.... _, _, 1 ,~ l '° .. .., C,) • t tt Siglo XIX en la que estaba situada Montevideo, le habían permitido atender la intermediación regional durante décadas, abasteciendo de productos importados y exportando la producción de una vasta región que, en el período de mayor auge llegó a comprender el sur de Brasil, la Mesopotamia argentina y Paraguay. El comercio de Montevideo gozaba de prestigio en el mundo entero por su seriedad, cumplimiento de las obligaciones contraídas y por la adhesión al patrón oro•. Este, como lo sostuvo el asesor letrado del Centro Comercial de Importadores y Mayoristas, fue mantenido incólume en épocas difíciles, "luchando cuerpo a cuerpo con algunos de los más atentatorios gobernantes que hemos tenido" 2• En Montevideo y sus aledaiíos residía un tercio de la población del país. Los restantes dos tercios estaban diseminados en centros urbanos del interior y en la pradera que se extendía más allá de la ciudad-puerto. En ella, la paz de los vacunos y ovinos se veía constantemente interrumpida por alzamientos armados, que espaciados, se habían sucedido persistentemente a lo largo del siglo XIX, transformando a la otrora Banda Oriental en "La Tierra Purpúrea", que con tanta agudeza describió W. H. Hudson. El ciclo de las guerras civiles concluiría en 1904. La paz sobrevendría dificultosamente, una vez que se restaiíaran heridas y que se sosegaran los últimos díscolos. Ella permitiría mirar hacia adentro y construir un nuevo país. A esa tarea -la de esbozar un proyecto de país- se abocó un sector del elenco político, impulsado por la carismática personalidad de quien había logrado derrotar militarmente la última insurrección armada: José Batlle y Ordóiíez. Fue en el transcurso de las dos presidencias de Batlle, 1903-1907 y 1911-1915, en que se definió un modelo reformista en lo social y económico, arraígado en la tradición pasada del Partido Colorado, en la experiencia del intento de aplicación de la enfiteusis rivadaviana, en los proyectos de estanco del gobierno de la Defensa, en el proteccionismo aduanero de Andrés Lamas; pero también nutrido por la obra e ideas de un conjunto de pensadores extranjeros, entre los que deseo• La existencia de oro por habitante era otro de los puntales que alimentaba la confiada percepción que los uruguayos tenían de su país. En 1908 un periódico difundió que Uruguay ocupaba el tercer puesto en una lista encabezada por Francia y secundada por Estados Unidos. En ella Alemania, Austria, Inglaterra, Italia y Rusia estaban por detrás. José P. Barrán y Benjamín Nahum, La prosperidad frágil 1905-1914 tomo V de la Historia Rural del Uruguay Moderno , Montevideo, EBO, 1977, p. 33. Jacob: Capitales e industria en Uruguay (1900-1930) 225 liaban Henry George, E. Ahrens, Paul Janet, León Burgeois. Krausismo, solidarismo, georgismo, apuntalaron los afanes y desvelos de quienes, mirándose en un espejo europeo porque la pequeñez territorial no permitía alcanzar el norteamericano, soñaron entre 1903 -en que Batlle y Ordóñez asumió la Presidencia de la República- y 1933 -en que un golpe de Estado conservador interrumpió la siestaen transformar al Uruguay en la Francia primero, Dinamarca después de América del Sur. El prospecto era en sí demasiado ambicioso y chocaría con serios escollos -entre ellos políticos- que dificultarían su final concreción. En ·grandes rasgos se proponía superar la injusticia social en base al solidarismo, la concordia obrero-patronal, y el desarrollo de la legislación laboral y de previsión social Gornada de ocho horas, jubilaciones, prohibición del trabajo a menores, regulación del trabajo femenino, seguro de desocupación, etcétera); mejoramiento de las condiciones de vida de la población (obras de saneamiento, cursos nocturnos para trabajadores, etcétera); nacionalización y/o estatización de actividades industriales y comerciales con la finalidad de limitar la incidencia del capital británico y abaratar y extender algunos servicios considerados prioritarios para el desarrollo del país (Banco República, de Seguros e Hipotecario; energía eléctrica, ferrocarriles y tranvías; pesca; servicios portuarios; prospección geológica; insumos industriales; etcétera); tecnificación y transformación estructural del sector agropecuario para aumentar, mejorar y diversificar la producción y redistribuír la riqueza, (fomento de la agricultura y la forestación, cursos técnicos, crédito rural; impuesto progresivo a la tierra, al ausentismo; fraccionamiento de la gran propiedad rural, estímulo a la colonización, rescate de las tierras estatales, etcétera); industrialización del país con el objetivo de sustituír las importaciones, limitar la dependencia económica, generar empleos (impuestos aduaneros a las importaciones, libre importación de maquinarias, crédito industrial, transformación de la materias primas exportables, etcétera) 3 • De tener éxito en la obra, Uruguay lograría atraer la inmigración y evitar la emigración de sus hijos, dinamizaría su mercado interno, industrializaría y exportaría su producción, sustituiría el latifundio por la pequeña propiedad, fiscalizaría sus recursos y controlaría los resortes estratégicos necesarios para su desarrollo económico. Era una empresa nacional que un nuevo sector político en formación, el batllismo, surgido en el seno de uno de los dos grandes partidos políticos, decidió impulsar. �226 Siglo XIX Jarob: Capitales e industria en Uruguay (1900-1930) Su conductor, Batlle y Ordóñez, al aceptar en 1910 su canclidatura para un nuevo período gubernamental, manifestó: "La manufactura y especialmente la que tiene su materia prima en el país, debe ser 4 protegida" • Sus ideas eran claras al respecto: o se industrializaba el país, o éste se transformaba en una despoblada estancia. Pero no eran novedosas. En el último cuarto del siglo XIX se habían aprobado tres leyes proteccionistas y una serie de clisposiciones casuísticas, basadas fundamentalmente en el aumento de los impuestos aduaneros a los productos importados que ya se fabricaban en el país. Las mismas en general fueron fundamentadas con citas de algunos teóricos del proteccionismo europeo y su desarrollo coinciclió con el auge de las inversiones británicas y la contratación de empréstitos extranjeros para cuyo cumplimiento se afectaron parte de los ingresos aduaneros. En 1930, una autoridad respetada en los círculos económicos, como lo era el gerente de la máxima institución financiera nacional, el estatal Banco de la República, constató: "La producción industrial manufacturera y de elaboración, están aún en sus principios. Ocupa un lugar muy modesto en el caudal de nuestra riqueza (... )" 5• ¿Qué había pasado? Veinte años separaban las buenas intenciones de Batlle de la pesimista visión de Octavio Morató. Era casi la mitad del tiempo -medio siglo- que necesitaron para industrializarse algunos grandes países capitalistas. La respuesta a esta pregunta no es, no puede serlo. simple. ~ rJ::J< a.u Q :::J ILI ~H ",O ~:; 11) QJ- 1%1 _J :-.J o..:" &.l.; .;i ¿Era tan insignificante el crecimiento industrial uruguayo? ¿Qué perspectivas brindó el mercado interno? ¿Qué grado de protección efectiva recibió la producción manufacturera? ¿Los agentes económicos se orientaron a la financiación de la industria nacional? Dado que en una economía de mercado el capital busca el el eje seguridad-rentabilidad, y que algunas grandes industrias lograron en la década del veinte ganancias considerables, o por lo menos aceptables, nos interesa intentar dilucidar la última de las interrogantes. EL OTRO "MODELO": LA "CIUDAD BALNEARIO" Al finalizar su primera presidencia, Batlle y Ordóñez juzgó oportuno tomar un descanso y alejarse de la escena política nacional, dirigiéndose con su familia a Europa. Viajero perspicaz, Batlle aprovechó su estadía en el continente para repensar su país en función de las experiencias que ahora tenía la oportunidad de observar in situ. En 1907, 227 desde París, le escribió a su amigo y correligionario Domingo Arena: ( ...) no puedo menos que pensar con frecuencia en las enormes ganancias que nos proporcionaría el atraer a nuestros baños, todos los años, a una gran masa de argentinos. Los gastos que haga Montevideo para embellecerse y ofrecer comodidades en la estación balnearia, serán siempre un buen negocio, aunque parezcan de lujo 6 •. Batlle no hacía otra cosa que reconocer las ventajas y beneficios que podía ofrecer la venta de servicios, una de las funciones que históricamente había cumplido Montevideo, la ciudad-puerto: abastecedora de la marina real española e introductora de esclavos en el sur del continente durante la época colonial; punto de convergencia después del comercio de tránsito de la cuenca platense. Es a partir de la década del noventa que Montevideo había comenzado a ser la "ciudad de las playas", recibiendo a sus vecinos porteños, a pesar de que un viajero extranjer~ "con m~ndo" había en~~ntrado las aguas del Río de la Plata turbias, cuest10nando las debc1as que creían ver los nativos en su costa, concluyendo que las playas "son aceptables, eso es todo; por lo demás no hay nada mejor" 7• Los montevideanos comenzaron a aprovechar su borde marítimo con recato, a partir de 1871, en que se inauguraron las instalaciones balnearias de la playa de Ramirez conjuntamente con la línea de tranvías del Este; punto inicial de la larga línea de balnearios que_ en dirección Este llegaría con el tiempo hasta la frontera con Brasil. En 1875 le tocaría el turno a Pocitos; en 1879 a TrouviUe; en 1900 Capurro; en 1912 nacería la "Sociedad Anónima_BaJn<:ario Carrasco" ... Cada balneario se convertiría en un "barrio res1denc1al con costa para baños" 8• Este despertar costero, inicialmente estimulado por las empres~ tranviarias encontró un decidido y firme sostén en el Estado a partrr de la prime~a presidencia de Batlle y Ordóñez, en que se pi:oyectó construir una rambla de cuatro kilómetros desde el puerto a la playa, que su sucesor Williman (1907-1911) adoptó y consideró "El monumento • En 1907 José Serrato -Ministro de Hacienda durante la primera presidencia de_BatUe y Ordóñez- sostuvo en la Cámara de Senadores ~u.e la riqueza ~e las_naciones europeas se nutria de las exportaciones, las rentas recibidas por sus mve_rs1ones Y el turismo (Citado por J.P . Barrán y B. Nahum en_el tomo VI de la Hi~f~na Rur~ del Uruguay Moderno ["La civilización ganadera baJo Batlle (1905-1914) ), MonteVJdeo EBO , 1977; p. 418). �228 Siglo XIX Jacob: Capitales e industria en Uruguay (190()./930) 229 9 a su administración" • La "Rambla Sur" fue el primer síntoma de la "ramblomanía" que a partir de 1915 ~ por tres lustros aquejaría a todas las administraciones departamentales que se propusieron unir con una amplia y pavimentada avenida el puerto con el cinturón costero hasta el borde del arroyo Carrasco, límite natural del Departamento de Montevideo. Durante el gobierno de Feliciano Viera (1915-19) la Municipalidad fue autorizada a construir una rambla costanera desde Pocitos hasta Carrasco de nueve kilómetros de extensión y 50 metros de ancho; entre 1919-23 (presidencia de Baltasar Brum) el Concejo de Administración Departamental de Montevideo planeó la construcción de la "Rambla Sudamérica" -que más modesta en su concepciónse propuso acercarse en sentido opuesto desde las instalaciones portuarias en dirección al Balneario Capurro; en 1925 -durante la administración de José Serrato (1923-1927)- quedó aprobado el trazado definitivo de la "Rambla Sur", desde la playa Ramirez a la escollera Sarandí; en 1928 (presidencia Campisteguy 1927-31) el Concejo de Administración Departamental de Montevideo abordó el estudio de un plan de obras que comprendía la construcción de la rambla portuaria, uniendo la "Sur" con la "Sudamérica"io. El Estado incidió además en la construcción de la infraestructura hotelera destinada a albergar el turismo veraniego. En abril de 1907 se autorizó una concesión privada para la construcción del actual Parque Hotel, y la explotación de un Casino. El Parque Hotel fue inaugurado en 1909. En 1915 la Municipalidad de Montevideo adquirió el Parque hotel y las obras del Hotel Carrasco, que finalizarían en 1921, pasando a explotar la concesión de los juegos de azar de sus respectivos Casinos 11 • Los espacios verdes -zonas de esparcimiento y pulmones de la ciudad- merecieron especial atención de las autoridades. El tradicional paseo montevideano de "El Prado" (1873) fue extendido 18 hectáreas en 1912; el "Parque Urbano" (1901) -contiguo a la playa de Ramírez- fue ampliado en 1911 hasta Punta Carretas; el "Parque Central" (1907) fue ensanchado en 1911. Los trabajos de forestación y ornamentación fueron confiados a un arquitecto paisajista francés -Carlos Thays- al que se Je propuso también el diseño del futuro balneario Carrasco 12• De tal suerte Montevideo, con sus playas y modernas ramblas, con sus dos monumentales hoteles, con sus ruletas y parques arbolados, no tendría nada que envidiar a las estaciones balnearias de la Riviera francesa, que tanto fascinaban a las clases altas montevideana y porteña. La "ciudad-balnearia", al fin y al cabo capital de un pequeiio país, sería dotada de edificios públicos cuya concepción faraónica sorprendería a los visitantes extranjeros: el Palacio Legislativo -inaugurado en 1925- "un edificio para algunos siglos", según sugirió Batlle a Are13 na en 1909 , y la sede en construcción para el Banco República, una especie de nave central de una gigantesca catedral que en su sótano atesoraría el oro que simbolizaba la riqueza del país y la estabilidad de su moneda. El capital privado haría lo suyo, colaborando en la transformación de Montevideo que, después de la inauguración del Palacio Salvo (1928) -que la creencia y el frenesí popular elevó a la categoría del mayor rascacielos de América del Sur- perdería su fisonomía de gran aldea, sin dejar de serlo en la realidad. La Federación Rural, una de las más beneficiadas por las dos largas décadas de paz que vivió Uruguay, decidió eternizar con un monumento ecuestre al gaucho -carne de cañón de las pasadas guerras fratricidas- que se instaló en la principal arteria montevideana (1927); y las instituciones bancarias donaron a la ciudad el obelisco a los constituyentes de 1830 al conmemorarse el primer centenario de la jura de la carta magna, a ciento dos afios de la eficaz gestión diplomática británica ante los gobiernos de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil, que accedieron a reconocer la independencia de la Provincia Oriental. Del sueño de la "ciudad-balneario" se pasó sin mayores dificultades al del "país-balneario", aunque en los hechos sólo abarcó la linea costera desde Colonia al Chuy, si se contabiliza la fugaz experiencia del "Real de San Carlos" en Colonia, cuya plaza de toros atrajo a la afición bonaerense. En 1911 se creó una empresa que adquirió las tierras en que se erigiría "Atlántida", a pocos kilómetros de Montevideo; y a escasa distancia ese mismo afio nacería "La Floresta". En 1913 -cuando los hoteles "Biarritz" y "Espafia" ya recibían turistas en Punta del Este- don Francisco Piria comenzó la venta de Jotes de "Piriápolis" en Montevideo y Buenos Aires; se inauguró el "Atlántida Hotel" en el paraje homónimo y se vendieron los campos en los que se erigiría "La Paloma". Al afio siguiente se crearla la "S.A. Balneario Solis" 14 • Completar la trama sería cuestión de tiempo. En 1925 un moderno puente metálico giratorio sobre el Río Santa Lucía deste~aría todo intento de aislamiento de Montevideo con el norte ~ el oeste del país. Tres afios después se proyectó la construcción de una moderna carretera de hormigón que conectaría a la capital con �230 Siglo XIX facob: Capitales e industria en Uruguay (1900-1930) el puerto de Colonia, coincidentemente con la inauguración de la línea estatal ferroviaria a Rocha, que posibilitó la comunicación de Montevideo por ferrocarril con la franja costera hasta La Paloma. ...l Gl \, Este otro modelo, el de país turístico, no se hubiese podido delinear sin el apoyo, o por lo menos la complacencia, de una parte del sistema político*. Dejemos constancia de que aunque abundan estudios sobre el batllismo aún no se ha abordado la investigación de la administración municipal de Montevideo durante su vigencia, y que constituyó en estos años, dado su peso político en el medio urbano, quizás una de las posibilidades más tangibles de plasmar su ideario**. Por otra parte, la experiencia europea fue fundamental en la vida de Batlle, y éste así lo dejó traslucir en su correspondencia: ''Sólo me he entretenido en divagar, en presencia de los monumentos, paseos y jardines de acá, sobre lo que ahí podríamos hacer". Políticos batllistas fueron tres de los integrantes del directorio de "Territorial Uruguaya S.A.", empresa fundadora de Atlántida: ingeniero Juan P. Fabini, doctor Francisco Ghigliani y Atilio Narancio. Empresario de obras fue uno de ellos, el ingeniero Juan P. Fabini. Y fue un batllista -Pedragosa Sierra- a quién se le atribuyeron la apertura de plazas, iniciación de ramblas, comienzo de carretera y difusión de la energía eléctrica en Punta del Este 15 • A la consecuencia económica de la urbanizacióh costera y la transformación metropolitana ya Ricardo la había denominado "renta de situación". Lo que sucedió -y que se puede extender generosamente al ámbito de los terrenos capitalinos- lo describió en 1931 con agudeza el político Luis C. Caviglia: Nadie podrá decir que el Estado no favorezca la industria del turismo, desde que el tesoro nacional ha invertido millones a favor de ella. Cada propietario de arenal costanero se considera poseedor de una nueva Piriápolis; sin embargo, la única acción realizadora se concre- • Resulta interesante constatar que al secularizarse los feriados en 1919, el 8 de diciembre pasó a denominarse "Día de las Playas" y la sexta semana siguiente a la de Carnaval, "Semana de Turismo". •• El 30 de julio de 1916 el batllismo fue derrotado en las elecciones para la Convención Nacional Constituyente, la primera en la que se practicó el voto secreto. A partir de ella, la necesidad de derrotar a su principal adversario, el Partido Nacional, lo llevaría a un juego de alianzas con las fracciones conservadoras de su propio partido, el Colorado, lo que mediatizaría su propuesta reformista. 231 ta a pretender un wecio exorbitante por la tierra a la espera de que alguien la mejore 6 • ' Junto con la inversión en infraestructura por parte del Estado y de algunas empresas privadas IJegó la especulación inmobiliaria. LOS AGENTES DE CAMBIO En el siglo XIX y primeros años del siguiente las empresas tranviarias fue~on las responsables de que Montevideo reconociese su costa y se reclinase sobre ella. La extensión de los trayectos buscó aumentar el número de pasajeros transportados. Para ello las empresas invirtieron en la construcción de centros recreativos en las terminales, con la finalidad de ?traer a los usuarios. La línea tranviaria del Este fue inaugurada conJuntamente con las instalaciones balnearias de la playa de Ramírez en 1871. En 1875, en que el tranvía llega hasta el Buceo previo pasaje por Pocitos, se ~elinea el pueblo de los Pocitos a instancias de la empresa, lo que permite comenzar con la venta de terrenos y la construcción de un restaurante de su propiedad que se habilita en 1882. La compañía "La Transatlántica" construyó sobre la bahía, en tierras propias el "Parque Capurro", que elevó a la categoría de estación balneario (1910), siendo servida por su primera línea electrificada, la del "Paso Molino-Cerro", inaugurada en 1907. La sustitución del tranvía de caballos por el eléctrico permitió extender el radio de acción del transporte urbano, abaratando el boleto, e indirectamente, fomentar el desarrollo de la urbanización 17 • A la construcción de la instalaciones balnearias, hotel y restaurante, parques, le siguió el fraccionamiento y comercialización de las tierras contiguas, que se transformaron con el tiempo en compactos barrios. El Municipio capitalino fue otro de los eficaces agentes de esta cambio. La comuna emprendió la construcción de ramblas y parques, tomó a su cargo la explotación del "Parque Hotel" y la finalización del "Hotel Carrasco", el usufructo de ambos Casinos; ensanchó calles que tansformó en avenidas; compró la red cloacal de la ciudad (1911-18) y extendió los servicios de alcantarillado y saneamiento mientras con igual tesón procedió a pavimentar calles y caminos. Para hacer frente a la inversión necesaria para estas obras el Municipio debió concertar empréstitos en el exterior y en el país. Los be- �232 Siglo XIX Jacob: Capitales e industria en Uruguay (1900-1930) 233 neficiarios la sufragaron y sus propiedades se valorizaron. CUADRO 1 La extensión de la red de saneamiento, de la provisión de agua potable y de energía eléctrica eran necesarias para mejorar la calidad de vida de la población a que aspiró explícitamente el batllismo. Para ésta, tanto la que arribó desde el exterior como la que debió emigrar del medio rural, la transformación y embellecimiento de Montevideo se constituyeron en un imán. Se estima que entre 1908 y 1930 la población del país aumentó poco más de un sesenta por ciento, mientras que la de la capital se duplicó 18 • Los promotores privados fueron otros de los puntales que estimularon y se beneficiaron del cambio urbano. A la acción de uno de los pioneros más notorios, el rematad~r Francisco ~iria, se le agre~aron otros. Pero fue particularmente el sistema financiero el que asum1ó este rol, adquiriendo un destacado protagonismo. Hacia 1930 la red bancaria privada nacional podía ser definida como "moderna": el 56% de las instituciones existentes ese año habían sido fundadas en las dos primeras décadas del siglo (cuadro 1). La banca privada nacional cumplía más una función comercial que económico-financiera y algunas de las instituciones -como el Banco Popular del Uruguay~ reconocían su origen en el negocio de tierras 19• El aumento de la población iba parejo al crecimiento territorial urbano. Los principios que legaron las leyes de Indias, de que los ejidos precisaban los limites de las ciudades, y que hacia afuera se extendían los terrenos de propios y las chacras, ya habían sido sepultados y convenientemente olvidados. En 1915 un artículo periodístico publicado en El Siglo reconocía que Montevideo no había crecido en altura, extendiéndose en cambio "de un modo sorprendente y hasta anormal, puesto que ocupa hoy una superficie que solamente suelen cubrir ciudades siete ocho veces más populosas"20 • ~ ~ -:i < J. (.) Cl w l~ g:; Q~ 1- ,_J :-..) o <., a..i: ,n 1 Ya en el último cuarto del siglo anterior la banca privada nacional se había orientado a satisfacer la demanda de tierras originada por el aumento poblacional montevideano. Entre 1907 y 1911 se fundaron una treintena de nuevos barrios y en este auge participaron activamente las instituciones bancarias (cuadro 2). Algunas como "La Caja Obrera" se vanagloriaban de haber innovado el sistema de venta de propiedades y terrenos, incorporando las hipotecas a diez años, pagaderas en mensualidades21• La acción ANTIGUEDAD DEL SISTEMA BANCARIO PRIVADO NACIONAL EXISTENTE EN 1930 lnsdtudón 1- Banco de Crédito 2- Banco de Cobranzas, Locaciones y Anticipos 3- Banco Comercial 4- Banco Francés Supervielle 5- Banco Italiano del Uruguay 6- La Caja Obrera 7- Banco Mercantil del Río de la Plata 8- Banco Popular del Uruguay 9- Banco Territorial del Uruguay Año de fundación 1908 1889 1857 1887 1887 1905 1915 1902 1912 Fuentes: Banco de la República Oriental del Uruguay, Sinopsis Económica y Financiera del Uruguay - Estadística Retrospectiva, Montevideo s.f..; El Libro del Centenario del Uruguay, Montevideo, Agencia Capurro, 1925, M. Blanca París de Oddone, Roque Faraone, Juan Antonio Oddone, Cronología comparada de la Historia del Uruguay 1830-1945, Montevideo, Universidad de la República, 1966. bancaria se extendió a los balnearios del este: el Banco de Cobranzas, Locaciones y Anticipos comercializó los solares de "Las Toscas" y "Solis", el Francés Supervielle los de Punta del Este. Los plazos fueron extendidos: de las ventas en cuotas a diez años se pasó a treinta. En 1930 se denunció en el Parlamento que únicamente uno de los bancos, el Francés, se inclinaba a aceptar para sus operaciones un plazo máximo de diez años. Los restantes trabajaban a treinta años, lo que si bien facilitaba la adquisición de la propiedad por los sectores de menores ingresos, llevaba a una valorización desmedida: "Se viene a cobrar en definitiva mil o dos mil pesos por lo que vale en realidad diez" 22• El Estado intervino y la ley de 17 de junio de 1931 fijó las condiciones para la enajenación de inmuebles a plazos. La banca también intervino en la construcción de viviendas. Esto benefició particularmente a los sectores de ingresos altos y medios. Po- �234 Siglo XIX Jacob: Capitales e industria en Uruguay (1900-1930) CUADR02 BANCA PRIVADA NACIONAL. FlJNDACION DE ALGUNOS BARRIOS RESIDENCIALES EN MONTEVIDEO. 1908-1911 Año Institución 1908 Banco Popular del Uruguay 1908 Banco Popular del Uruguay 1908 Banco de Cobranzas, Loe. y Anticipos 1908 Banco Popular del Uruguay 1908 Banco Popular del Uruguay 1908 Banco Francés SupervielJe 1908 Banco Popular del Uruguay 1909 Banco de Cobranzas, Loe. y Anticipos 1909 Banco Popular del Uruguay 1910 Banco Popular del Uruguay 1910 Banco Popular del Uruguay 1910 Banco de Cobranzas, Loe. y Anticipos 1911 Banco Francés Supervielle 1911 Banco de Cobranzas, Loe. y Anticipos Nombre Localizadón Edison próximo Buceo Eduardo VII Propios y Av. Italia La Palma Larrañaga y Montecaseros Gral. Artigas Rivera y Comercio 25 de Agosto Millán Dr. A. Cabral Industria y Gral. Flores Latino Rivera y Comercio Fondos Capilla Jackson Piedras Gral. Flores Blancas Marconi Cerca Hipódromo Uruguay Nuevo Malvín Isabelino Larrañaga Bosch Capurro próximo a la Bahía Dr. Gonzalo Malvín Ramírez - Fuente: Alfredo R. Castellanos, Historia del desarrrollo edilicio y urbanístico de Montevideo (1829-1914). Montevideo, Junta Departamental, 1971; pp. 248-250. siblemente el sector popular no recurrió masivamente a este mecanismo financiero. Su limitada capacidad económica y su mentalidad que consideraba a la hipoteca exigida como un recurso desdoroso y posiblemente ruinoso llevó al camino de solucionar la necesidad de un techo por el recurso de la auto-construcción23 • La banca concedió préstamos para la construcción de viviendas y construyó viviendas que luego comercializó en barrios residenciales. El Banco Hipotecario estatal, nacionalizado en 1912, también intervino en el mercado concediendo créditos para la construcción de viviendas. A juzgar por la sucesión de proyectos parlamentarios para la construcción de viviendas económicas y a una iniciativa para fundar 235 un "Banco Constructor del Estado" discutida en 1930, su acción fue insuficiente para beneficiar a obreros y empleados, canalizándose además a auxiliar las necesidades de los sectores de medianos y altos ingresos. A mediados de la década del veinte la banca privada se queja·ba de la competencia del Hipotecario en los préstamos para la construcción de edificios de apartamentos, con la condición de que se le concediese la anticresis de los alquileres24 • Dado el aumento de la población de Montevideo y de la consiguiente necesidad de solucionar su demanda de viviendas se incrementó la construcción de casas y edificios de renta. La banca privada nacional también se encargó de la administración de este tipo de propiedades, reclamando el Banco de Cobranzas, Locaciones y Anticipos el reconocimiento de haber sido la primera institución que implantó este tipo de negocios25 • Hacia finales de la década del veinte el Francés Supervielle publicitaba en Argentina, Brasil y Paraguay el alquiler de viviendas durante el verano en Pocitos, Malvín, Carrasco, Atlántida, Piriápolis, Punta del Este, etcétera26• Los negocios inmobiliarios urbanos y rurales permitieron en buena medida el desarrollo del sistema financiero nacional. LA CAPTACION DE RECURSOS POR EL ESTADO El modelo que el batllismo intentó impulsar, que le asignó al Estado un nuevo papel económico sumado a las funciones tradicionalmente cumplidas, requirió capitales. El nuevo país -el pais de las empresas estatales, de la red vial y férrea, competitiva de los ferrocarriles británicos, de las ramblas y hoteles municipales, de los liceos de enseñanza secundaria en el interior, de las redes de saneamiento y agua potable, de los edificios públicos faraónicos, de las amplias avenidas y calles pavimentadas, de la vivienda decente y el mejoramiento de las condiciones de vida, de la colonización agraria- buscó financiarse con la venta de valores públicos, con el endeudamiento interno y externo, participando activamente en la expansión del mercado. Las cifras con que contamos corresponden a la segunda parte del período aquí analizado (año 1913 -presidencia de Batlle y OrdóñezY 1930 -crisis mundial-). Entre ambas fechas la emisión circulante de valores públicos creció en un 148%. Si en 1913 equivalió a dos veces y media de las exportaciones de ese año, en 1930 alcanzará a equivaler a cuatro (cuadro 3). �236 Siglo XIX Jacob: Capitales e industria en Uruguay (1900-1930) 237 CUADR03 VALORES PUBLICOS. MONTOS CIRCULANTES EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES 1913 % 1930 % 1. Deuda Externa e Internacional (al 31 de diciembre) 2. Deuda Interna (al 31 de diciembre) 3. Deuda Pública Municipal (al 30 de junio de 1913 y 31 de diciembre de 1930) 4. Cédulas, Títulos y Obligaciones Hipotecarias (al 31 de marzo) 120:7 72 153:5 37 15:6 9 85:9 21 3 48:3** 11 27:4 16 131:0 31 5. Total 6. Relación con el valor efectivo de las exportaciones 168:6 100 418:7 100 4:9* 2.5 4.1 • Deuda Externa •• 13:6 corresponden a Deuda Externa. Fu~nte: ~aneo de la República Oriental del Uruguay, "Sinopsis Económica Y Fmanc1era del Uruguay. Estadística Retrospectiva". Montevideo, Edición sin fecha. En base a los papeles circulantes se puede deducir que el menor crecimiento entre 1913 y 1930 correspondió a la deuda externa. En 1913 computando las emisiones municipales, el 75% de la emisión circulante era en deuda externa; en 1930 había descendido al 40%. (Estas cifras deben ser relativizadas. No es descabellado suponer que los uruguayos participaron de la adquisición de títulos de su deuda externa ni que los extranjeros pudieron invertir en valores internos). ' la oferta de títulos -tanto externos como internos- para financiar el modelo socio-económico. Este recurso, el de acudir al auxilio de la deuda interna para captar los fondos necesarios para el desarrollo, se incrementó a partir de la crisis en los primeros años de la década del treinta. A fines de 1932 la emisión circulante comprendía títulos de deuda de empresas estatales o con intervención estatal (Banco de Seguros, Usinas Eléctricas de Montevideo, Ferrocarriles, Teléfonos del Estado, Frigorífico Nacional, Administración de Combustibles, Alcohol y Portland, graneros del Banco de la República, etcétera), obras públicas (Palacio Legislativo, edificios educativos, puertos, saneamiento, etcétera), política agraria (colonización y rescate de tierras), política social (salud, previsión social), etcétera27 • La transformación de Montevideo y la pavimentación de algunas ciudades del interior también requirió de fondos y la emisión de la Deuda Pública Municipal pasó a constituir del 30Jo del total circulante en 1913 al 11 % en 1930, creciendo un 886%. El desarrollo urbano recibió otros recursos, los de parte de las cédulas, títulos y obligaciones hipotecarias, cuya emisión circulante pasó del 16% del total en 1913; al 31% en 1930; creciendo el 3780Jo. Con respecto a la búsqueda de capitales externos se actuó pragmáticamente: existía un mercado mundial, que a partir de la primera guerra mundial se caracterizó por la irrupción de los Estados Unidos, y a él se acudió como lo hicieron por otra parte muchos otros países latinoamericanos. El endeudamiento externo fue fundamentado en la necesidad de dejar libre al ahorro nacional para promover el desarrollo interno28• En los hechos permitió además al Estado mantener sobrevalorada la moneda y cumplir con los pagos de los servicios a los prestamistas y benefició al capital extranjero en el nivel en que se mantuvo la capacidad importadora del país y por los requerimientos de insumos para las grandes obras de infraestructura. En la captación de recursos el Estado encontró competidores. Diversos títulos de otros países podían adquirirse sin dificultad en Montevideo29• La nota más destacada fue la inserción en un nuevo mercado financiero a partir de 1915: el norteamericano. La emisión de deuda interna circulante creció entre 1913 y 1930 en un 451 %. Por otra parte el sistema bancario recibió en depósitos casi cien millones de pesos entre 1913 y 1930, estimando el Banco de la República que el ahorro nacional había crecido un 450% 30• Si bien el estado uruguayo siempre había recurrido a la emisión de deuda para solucionar el déficit fiscal, ahora se constata además Pero el Estado contó también con ventajas: la de obligar a sus propias empresas económicas a adquirir parte de las emisiones o la de de- �238 Siglo XIX Jacob: Capitales e industria en Uruguay (1900-1930) jarlas en caución en garantía de préstamos. . ~ capital privad_o. I_es ofreció su garantía, pero también ventajas ad1c1onales; La opos1c1on del batllismo al impuesto a la renta -que fund~ento en ~~e gr~varía al trabajo- facilitó el libre ingreso y egreso de cap1tal~s y _d1f1c~lto la evaluación y fiscalización de la riqueza privad~: Su mex1_stenc1a resultó funcional a la inversión en títulos, que se v10 favorecida por la exención impositiva. El auge de los valores hipotecarios -cuya emisión fue la de mayor crecimiento en cifras absolutas entre 1913 y 1930- fue auxiliado por el fraccionamiento de los Títulos, cuyo valor mínimo de veinticinc? pesos nominales los situó al alcance del pequeño ahorrista favoreciendo s_~ colocación y en la tasa de interés del 6%, considerada alta en relac1on a los bancos europeos31 • A comienzos _de los añ~s treinta_l~s distintos títulos ofrecidos por el E~tado co~pet1an entre s1 por rec1b1r la preferencia pública, y la red~c1da capacidad de absorción del mercado de capitales y la crisis ambientaron un pro~ecto para obligar a la banca privada a orientar parte del ahorro depositado en sus instituciones a la adquisición de valores públicos. EL PESO DE LA MENTALIDAD El pod_eroso sector mercantil que Montevideo había parido -la "aristocracia del bacalao", como la denominó con sorna Angel Floro <::o~t~- no desdeñó la apropiación de tierras y ganados -estableciendo v1VJf1cantes vasos comunicantes entre el mundo comercial y financiero Y el rural- Y fue extremadamente conservadora en sus inversiones. En general había optado por huir del riesgo productivo de la inseguridad en el éxito, de los esfuerzos prolongados. ' Y e~ esto tenía una tradición histórica. Los préstamos usurarios a lo~ part1c?la~es ~ el Estado fueron el entorno propicio para gestar las pnmeras mst1tuc1ones bancarias nacionales. El sitio de Montevideo dur~nte la denominada Guerra Grande había valorizado la tierra de la cmda~, Y la ~casez ~~ vivienda para albergar al constante flujo inmigra!ono babia perm1t1do obtener alquileres que se traducían en un int~res no menor al doce por ciento anual, y hasta un veinticuatro por ciento anual32• Henry Patdck -que no era otro que el seudónimo del rematador 239 de terrenos Francisco Piria- constató que parte de las riquezas obtenidas por el abstecimiento de los beligerantes durante la guerra del Paraguay habían sido invertidas en las tierras de los contornos de la ciudad que, transformadas en quintas, albergaron los palacetes en los que la clase alta buscó refugiarse los fines de semana y durante el verano, antes de que el descubrimiento de la costa les permitiera gratificaciones más reconfortantes y saludables33 • La especulación y la usura sirvieron de escalón social a muchos advenedizos en busca de fortuna. Hombres que apenas sabían sumar han encontrado en la hipoteca la ciencia sublime del amontonamiento, el organismo hembra poderoso y prolífero de la multiplicación pecuniaria. Así han alineado fincas, y sobre los despojos de Jos caídos en la batana, han podido pasar revista al botín de guerra, echando en la balanza del enaltecimiento social de sus hijos, no la espada de Breno, sino las esculturas de sus propiedades, que pesan mucho más, escribió Máximo Torres (Carlos M . Maeso) en Divagando. .. en 189534• Con tales blasones, la aristocracia hipotecaria, la aristocracia del bacalao, la fmanciera, la tasajocracia y los grandes propietarios rurales -cuyos miembros en ocasiones llegaron a concentrar todos estos patronímicos- permitieron tempranamente, en 1867, el surgimiento de la Bolsa de Valores de Montevideo, casi por generación espontánea, sin apoyo gubernamental y que en un país con estancias, saladeros, comercios y algunos talleres -en ancas de la experiencia europea y poder adquisitivo de su población extranjera- se orientó a la comercialización de una mercadería que podía ofrecer en ese momento: la deuda pública35 • Los·propietarios rurales, tanto los que residían en los centros urbanos como aquellos renuentes a abandonar la cotidiana compañía de sus ganados, no fueron menos conservadores en sus inversiones. Cuando no aseguraban el techo a sus familias en alguna ciudad en la que sus hijos podían adquirir los rudimentos educativos necesarios para pulir sus personas, y aún en esos casos, encontraron en la compra de tierras y ganados y el atesoramiento del oro, el mejor soporte para una estructura mental cuyo contacto con la naturaleza sirvió para reforzar los valores que también compartía con el horno urbanus: status, seguridad y bienestar económico36 • Estos indicadores externos de la riqueza, que también lo eran en aquella sociedad abierta del prestigio, fueron igualmente abrazados por �r 1 1 los _industriales que lograron trascender su condición de modestos tallenstas, y elevados a la condición de aspiración vital por estos últimos. 1 ) ..J !O Siglo XIX Jacob: Capitales e industria en Uruguay (1900-/930) 241 1 J ,.. 240 Ji \ll Si todo pudiese ser reducido a un torneo de alpinismo se puede afirmar que en la cúspide del pico a escalar, justo en el sitio en que los q_ue, llegaban debían clavar su bandera, la recompensa a la hazaña c?nsistia_ en comprar terrenos y estancias, en tener una buena provisión de libras de_oro, g~ado, títulos de deuda, casas de renta y alguno,s acreedor:s _hipotecanos ¿Se podía legar algo mejor a los hijos, ademas de la actmdad -con su activo y pasivo- en que se había amasado la fortuna original? Con (o contra) esta mentalidad debería luchar el batllismo. Lamen~blemente los estudios sobre mentalidades -salvo algunos esfuerzos pioneros- no se han desarrollado en Uruguay37 • Sería interesante seguir los textos_ d~ enseñanza ~on los que se formaron los elencos polític?s para percibrr la concepción de país que se trasmitió a las generaciones de educandos. En tal sentido es revelador repasar las páginas de _la <?eo~rafía de la República Orient.al del Uruguay redactada por Lms Cmcmato Bollo, obra que en 1914 iba por su undécima edición. El aut?r, al hablar de industria, se refirió a la ganadería, los saladeros, la agncult~a, y la, pr?ducción de quesos, vinos y de frutas. El papel del comercio de transito fue convenientemente resaltado. Al finalizar la construcción de varias de las líneas férreas proyectadas aquí y en los países vecinos, Montevideo "será el centro de todas las 'comunicaciones rápidas del centro del continente con el litoral del Atlántico" sirviendo a Perú, Bolivia, Paraguay, Río Grande del Sur y Matto Grosso. . L~ más curioso es que don Luis Cincinato Bollo participó de la ilusión de Batlle: Nos~tros podemos hace~ lo mismo (que en Ostende y Seveninge, en Bélgica y Holanda), y urur Ramírez con Pocitos, Buceo, Malvín y Carrasco por una rambla para tener un paseo que sólo podría superarlo el que une MONTECARLO a NIZA en la costa del Mediterráneo. Después la rambla debería seguir costeando las playas de Santa Rosa, Atlántida de Canelones hasta Piriápolis y Punta del Este y haríamos de nuestra República el primer país balneario del mundo38 • Para los adol:5centes de la década del diez, Uruguay era un país ganadero _que d~bia mantener y desarrollar la prestación de servicios (comercio, tunsmo) y las agroindustrias. El modelo que el batllismo buscó impulsar, con su extremada am- bición, requeriría ingentes capitales ¿Si la población con poder adquisitivo debía -junto con el capital extranjero- oficiar de banquero del Estado, quién lo sería de la industria? La oferta de valores públicos por el Estado se reencontraría con la mentalidad conservadora del país de inmigrantes del siglo XIX. Y aunque un difusor del industrialismo tan consecuente como Juan Carlos Quinteros Delgados en 1918 reconoció como mal étnico el conservatismo de la economía privada, su optimismo de que podía no sér imposible "la rectificación de estas costumbres atávicas" resultó en los hechos bastante desmesurado39• Poco antes del golpe de Estado de 1933, uno de sus impulsores, el herrerismo, entendió que el batllismo perseguía la propiedad "porque ellos ocultan sus grandes fortunas en títulos de deuda, que permiten a los tenedores pasar por pobres y eludir el pago de impuestos" 40• Esta acusación hecha a un sector político podía extenderse a una parte de la sociedad uruguaya. ¿QUIEN FINANCIA LA INDUSTRIA? Si la inversión se rige, entre otras cosas, por la relación rentabilidadriesgo, de acuerdo a un índice de valorización que hemos elaborado para algunos rubros (para aquellos en que encontramos cifras) podemos concluir que la adquisición de tierras fue una de las mejores opciones en el período 1900-1930, ya que el aumento de su valor -a pesar de que su renta descendió en las coyunturas críticas- se ensambló con la mentalidad dominante, que vió en su posesión una fuente de poder, prestigio y seguridad (cuadro 4 y anexo). El Banco de la República contabilizó el total de hectáreas enajenadas entre los años 1915 y 1930, sin descriminar su origen (urbano, suburbano, rural). Pero teniendo en cuenta la superficie total del país, las cifras aportadas por la institución oficial permiten afirmar que en tres lustros se comercializaron nueve millones de hectáreas, el equivalente a la mitad de la superficie del Uruguay41• Las particiones y transmisiones -los otros dos items considerados por las estadísticas del República- elevan la " movilidad" en tierras a más del noventa por ciento de la superficie total del país. Este proceso coincidió con el auge de la urbanización y el aumento de la superficie destinada a la agricultura; y también con la " nacionalización" del suelo uruguayo -en buena medida en poder de extran- �242 Siglo XIX Jacob: Capitales e industria en Uruguay (1900-1930) CUADR04 INDICE DE PRECIOS EN URUGUAY. 1900-1930 t V w l- o, Años 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 Precio Hectárea Tierra 100 125 151 155 173 213 238 282 336 359 326 299 294 322 306 305 289 306 293 Promedio Cabeza Bovino 100 103 92 79 77 88 87 105 186 212 218 191 191 245 275 291 182 122 123 155 160 139 124 140 136 163 Costo Edificación 100 106 110 111 112 117 120 124 133 141 145 144 148 150 152 150 168 178 214 220 239 234 235 227 238 233 230 219 214 213 215 Valor del Peso en relación a la libra esterlina 85 91 94 95 96 100 103 106 114 121 124 123 126 128 130 128 144 152 183 188 204 200 201 194 203 199 197 187 183 182 184 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 102 102 110 120 118 124 86 84 84 90 94 98 98 98 74 78 Fu~nte: Henry Fmch, H1sttma Económica del Uruguay Contemporáneo, MonteVIdeo, E.B.O., 1980, p. 274; Agustín Ruano Fournier Estudio económico de la producción ~e las carnes, del Río de la Plata, Mont~video, Peña y Cía., 1936, p. 3~5, R~VJsta Eco~om1a, _No.~• Montevideo, Febrero de 1934, p. 186; ~ROU, Smo1!s1s Económica y F1nanc1era del Uruguay-Estadística Retrospectlva. Montevideo, s.f., p. 102; Eduardo Acevedo, Anales Históricos del Uruguay, Montevideo, Barreiro y Ramos, 1934, tomo V, p. 626. 243 jeros en el siglo XIX42- y el triunfo del frigorífico entre 1905 y 1912. Este último, al requerir un tipo de ganado mejorado, estimularía la invernada y la adquisición o arrendamiento de las mejores pasturas. El hecho de que los ganaderos uruguayos -revelando el peso de la mentalidad comercial- buscaran la mayor ganancia posible en el mínimo de tiempo, sin plegarse masivamente ni al cruzamiento ni a la pradera artificial, los llevó a requerir mayores extensiones de tierras, y a competir por ella con los agricultores. Por otra parte el engorde y comercialización de ganados fue un excelente negocio por lo menos hasta la crisis en los primeros años del veinte, en que los precios se deprimieron (en tal sentido la comparación del cuadro 4 no resulta muy significativa, si se tiene en cuenta el aumento de los costos de explotación y se repara en el hecho de que hacia 1930 gran parte del ganado estaba mestizado y había mejorado en calidad, sin llegar al "óptimo" frigorífico que, una vez alcanzada la "frontera agropecuaria", sólo se podía lograr mediante el cruzamiento y la alimentación en praderas artificiales). En el rubro tierras también debemos incluir la comercialización de terrenos, en pueblos, villas, ciudades y balnearios: es decir el fraccionamiento destinado a albergar viviendas y casas de veraneo. No tenemos idea del aumento del precio de la tierra en Montevideo. Se ha dicho que los valores de los terrenos en la mejores zonas de la ciudad aumentaron cien veces al abrir los tranvías las áreas suburbanas para la construcción de viviendas43• Pero no eran sólo los sectores de menores ingresos los que demandaron nuevos espacios. Carrasco fue pensado como un balneario aristocrático para evitar el hacinamiento y la "confusión de clases" que provocaban Ramirez y Pocitos44 • En 1931 figuraban como propietarios de terrenos en el Balneario Solís apellidos vinculados a las actividades mercantiles, industriales, financieras, propietarios rurales y connotados políticos: Quincke, Mailhos, Supervielle, Lanza, Seré, Pardo Santayana, Illaraz, Eduardo Acevedo, José Serrato, etcétera45 • Si bien es posible que se hayan beneficiado de la necesidad de que sus personas prestigiaran el lugar, no se puede obviar que entre los promotores (y principales usufructuarios de la comercialización del loteo) de los balnearios se encontraban representantes del poder económico. Así integraron la "S.A. Balneario Carrasco", A. Arocena, vinculado a la banca y Esteban Elena, gerente de una compañía tranviaria extranjera y miembro del directorio del Banco Popular. Presidió la "S.A. La Floresta" el doctor Miguel Perea, abogado y banquero. Las tierras en las que se erigiría La Paloma fueron adquiridas por los propietarios de la poderosa firma comercial del norte uruguayo "Nicolás B. Solari". �244 Siglo XIX Jacob: Capitales e industria en Uruguay (/900-1930) Algunos industriales uruguayos se habrían orientado a la compra de terrenos como antes lo habían hecho a las de propiedades rurales (Mailhos, Caviglia, Salvo, constituyen ejemplos de lo Último). Hacia 1930 el gerente del Banco de la República estimaba que la venta de terrenos a plazo sólo en Montevideo había dado lugar a la formación de obligaciones por más de doscientos millones de pesos, lo que equivalía a dos veces el total de las exportaciones del citado año46• A juzgar por el aumento del costo de la edificación, la construcción de viviendas fue otro de los "buenos negocios" del período (cuadro 4). Contar con un techo fue una de las máximas aspiraciones del inmigrante junto a la de poder dejar a sus hijos el mayor número posible de "puertas", es decir casas y edificios de rentas. Esta costumbre estaba ya bien arraigada en la sociedad uruguaya al efectuarse en 1908 el censo de población y vivienda. Sus resultados fueron reveladores: la población inquilina era el 67.97% del total de la de Montevideo; y el 63.79% de las casas ocupadas en la capital eran alquiladas47• 245 ciones hipotecarias en circulación entre los años 1913 y 1930 equivalió a la exportación realizada por el país en este último (cuadro 3). Estas cifras merecen una precisión. El Banco Hipotecario no orientó todos sus recursos al medio urbano, ni todos sus préstamos se aplicaron a la construcción. Según sus propias fuentes entre 1920 y 1932 el crédito hipotecario fue de casi 183 millones de pesos, de los q~e más de 78 fueron al medio rural. Por otra parte no controló la totalidad del mercado hipotecario: en el ejercicio 1929-30 llegó a abarcar el 42.53_%. La otra mitad quedó en manos de particulares (escribanias, comerciantes, instituciones bancarias, etcétera). Un buen conocedor del mercado inmobiliario, como lo fue el director de La Revista Territorial entendió que en el Uruguay lo mismo que en la República Argentina, se opera en b_ie- nes inmuebles con intensidad extraordinaria, sin precedentes en nmgún otro país de América y Europa. Estos negocios a_traen pod~rosamente la atención pública, y en épocas ~oririales estunulan la mversión de capitales con fines de especulación . La duplicación de la población de la Capital que reveló el censo municipal de 1930 es también un dato elocuente para aquilatar la multiplicación de la oferta de viviendas que se debió producir consecuentemente, a pesar de la temprana aparición de cinturones de construcciones precarias, con ranchos de madera y de lata48 • El Concejo de Administración Departamental de ~ontev_ideo ~timó Jo invertido en edificación entre 1913 y 1931 en mas de ciento cmcuenta y cinco millones y medio de pesos (una vez y media las exp_ortaciones de 1930). Como estas cifras son tomadas de las declarac!ones de los permisos de construcción -es decir de las constr_ucc1ones "formales"- en un periodo en que su costo aumentó cons1der~blemente, habría que pasarlas a precios constantes para tener una idea más acabada de su magnitud mínima52• En plena crisis, en 1931, la fundamentación de un proyecto de ley entendió que el alquiler de viviendas era el renglón "más alto en la carestía de la vida" y un Consejero integrante de la rama colegiada del Poder Ejecutivo lo estimó en la tercera parte del ingreso nominal de un funcionario público. "Se edifica enormemente en Montevideo y los alquileres no bajan" fue el cáustico balance de otro legislador, meses después49• Los industriales tampoco se sustrajeron a estas inversiones. El gerente del Banco Popular, Pedro Cosio, ex-ministro y p~idari~ del ~esarrollo de la industria nacional, se quejaba de que los mdustnales 10vertían sus utilidades en campos para arrendar o en edificios para renta, clamando por aumentos de protección en épocas de crisis53 • El propio Banco Hipotecario hizo partir el desarrollo progresivo de la edificación en Montevideo del año 1918, reconociendo en los préstamos urbanos el renglón más importante de sus operaciones: "El desarrollo edilicio de la ciudad de Montevideo, los grandes capitales invertidos en inmuebles de renta, negocios y residencia, han contado con un abundante aporte en el crédito hipotecario" 50• Como ya se mencionó, la sola emisión de títulos, cédulas y obliga- AJ constituirse a mediados de la década del veinte la "Sociedad de Propietarios de Bienes Raíces del Uruguay", fue su vice-president_e el industrial Carlos Anselmi, uno de los fundadores de una de_ las pnmeras entidades gremiales del sector fabril, la "Liga Industnal", en 187~. Las actividades de la Bolsa de Montevideo atrajeron la atención y sirvieron para captar parte del excedente de capital. En t~ sentido las quejas de los contemporáneos fueron constantes. Los capitales, en �246 Siglo XIX El fomento del ahorro fue encarado oficialmente y su repercusión sobre el sistema financiero ya ha sido mencionada. El modelo de país que había enunciado el batllismo había producido la alarma de los sectores más conservadores de la sociedad uruguaya, contrarios al estatismo, la extensión de la legislación social y a algunos presupuestos de su política agraria. Agreguemos que en relación a la paridad legal el peso uruguayo mostró una relativa estabilidad (cuadro 4), valorizándose en algunas oportunidades y cayendo en otras (en 1921 su desvalorización frente al dólar fue de 35%, y en 1922 del 16% con respecto a la libra esterlina, según fuentes del Banco de la República). A pesar de que el discurso batllista reflejó hostilidad en ocasiones hacia el capital extranjero, el gran latifundio y algunos monopolios privados, y quizás por ello, el Estado pudo absorber capitales, a los que dió su garantía y un interés constantes hasta que en 1932 y 1933 la crisis obligó a cambiar las reglas del juego. Id ,- O · 247 especial el gran capital, absorbió parte del emisionismo de títulos que se volcó en el país. Sin embargo, éstos, como inversionistas, parecen haberse movido por razones de rentabilidad y conveniencia, prescindiendo de consideraciones ideológicas. En 1918, la Federación Rural resolvió vender Títulos Hipotecarios de su propiedad para adquirir Deuda Interna de Conversión al 6.5%, porque "de esta manera se obtiene la ganancia demostrada y se mejora el tipo de interés". En 1929, el diez por ciento del activo de la Unión Industrial Uruguaya lo constituían títulos de Deuda Pública. El balance del año 1931 del Banco La Caja Obrera mostró la existencia de títulos de Deuda Pública por una suma equivalente aJ 42% de su capital en 1930. Y el gerente del Banco de la República entendió que el capitalista extranjero estaba "mucho más dispuesto a suscribir un empréstito nacional o municipal o de una empresa industrial del Estado, que suscribir acciones de una exportación industrial privada ( ... )"ss_ < o Jacob: Capitales e industria en Uruguay (/900-/930) En la Bolsa se corría riesgos, pero se contaba con bienes fácilmente liquidables. Por otra parte, eJ otro modelo, el de la "ciudadbalneario" , el que valorizaba tierras y propiedades, el que procuraba mejorar las condiciones de vida de la población y atraer el turismo, ¿perjudicaba los intereses económicos de los que más tenían? El libre ingreso y egreso del flujo financiero permitió que se afincaran capitales de otros países pero también que emigraran capitales uruguayos•. El balance de ambos movimientos es imposible de cuantificar. Conformémonos con reconocer su existencia. • Al desatarse la primera gran conflagración mundial, en 1914, se estableció la incooversión del peso uruguayo y se adoptaron restricciones a las exporta ciones de oro. Resta citar la inversión en un bien de consumo que revolucionó al mundo, y también al Uruguay: el automóvil. Hacia 1930 la deuda pública interna y externa había permitido la construcción de la red vial, cuya extensión y alcances eran aún limitados al sur y este del país, y la pavimentación de buena parte de Montevideo y de algunas ciudades del interior. El automóvil pudo así ganar la calle y también la carretera. Su difusión fue facilitada por la instalación en la década del veinte de plantas de armado de dos de las empresas norteamericanas más importantes, "Ford" y "General Motors", y por la concesión de préstamos bancarios para su adquisición. En 1930 se informaba que Uruguay era, después de Estados Unidos y Cuba, el país americano que tenía mayor número de automóviles en relación a su superficie y población; ocupando el tercer lugar en América del Sur, en números absolutos, superándolo únicamente Argentina y Brasil56• En 1930 había en Montevideo registrados 37 00()57. Uno por cada dieciseis habitantes. ¿Qué pasó con la industria? La industria mientras tanto siguió creciendo a una tasa que ignoramos, multiplicando el número de establecimientos y aumentando la absorción de mano de obra. El Censo I~dustrial realizado entre los años 1929 y 1930 mostró una estructura piramidal, con una amplia base ocupada por pequeños establecimientos y cuya punta estaba constituída por una minoría de grandes fábricas, con capital y en algunos casos moderna tecnología58• En su~ ~ectorios figuraban apellidos vinculados tradicionalmente a la act_lVld~d fabril a la mercantil financiera e incluso en algunas ramas -fngonficos, ins~mos para el a~ro- a la rural. La diversificación de las i~~ersiones el apostar simultáneamente a varias fuentes de acumulac1on, fue un; de las caractarísticas del "poder económico uruguayo", a la que no escaparon los mismos industriales. Fu_e e~ este período que el ~pita! extranjero, beneficiado por el protecc1orusmo esta~, desarro!lo la industria frigorífica y en que la actividad toda conoció el desafio de la renovación tecnológica, de la posibilidad de utilizar la energía eléctrica y el fuel-oil. �248 Siglo XIX Jacob: Capitales e industria en Uruguay (1900-1930) A pesar de estos logros, Uruguay estaba aún lejos de completar su proceso de industrialización, de abastecer a su propio y crecido mercado interno en muchas ramas. Los grandes industriales no daban el ejemplo: ellos también sustraían capitales a su desarrollo productivo para emplearlo en operaciones especulativas rurales y urbanas. Sin embargo algunas industrias a fines de la década del diez declararon ganancias del 20 y 30% sobre su capital59• Y aún así, queda la incógnita si no le sumaron al capital la existencia de materias primas y combustibles, por lo que podrían haber sido mayores. La comercialización de acciones en la Bolsa de Montevideo, tenia escasa importancia en el total de sus operaciones (cuadro 5). AJ 31 de diciembre de 1931 cotizaban sus valores una veintena de empresas, entre bancos, fábricas y sector mercantil. De ellas, doce podían ser vinculadas a actividades industriales, de acuerdo a las categorías censales utilizadas en ese entonces: cervecerías, agua mineral, papel, vidrio, productos lácteos, calzados, imprenta, arenera, construcción60• Esta docena de sociedades anónimas fabriles representaban a un sector que según los criterios de la estadística oficial contaba con más de siete mil establecimientos. Pensar en desarrollar un capitalismo en base al apoyo de los inversionistas y a la emisión de valores bursátiles podía ser una aspiración de futuro, o una fantasía. Las sociedades anónimas industriales eran pocas y la competencia del Estado en la captación de fondos muy grande. Por otra parte, permítasenos insistir, la mentalidad tradicional pesó, y mucho. La actividad manual o industrial no era bien vista por todos los sectores sociales. Muchos productos nacionales debieron ser comercializados como extranjeros para ganar el favor público Oa ley de etiqueta obligatoria que compelió a especificar el origen de la mercadería es de 1932). El prestigio de la actividad y el de su producción por lo tanto no podían convocar a todos los ahorristas e inversionistas. Pero de haberlo hecho, también jugaba la vulnerabilidad del mercado, de un mercado que estaba en crecimiento pero que aún no era -y la vida mostraría que tampoco lo iba a ser- un gran mercado. 249 CUADRO 5 MONTOS OPERADOS EN LA BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO (% SOBRE EL TOTAL) 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 Valores Valores Públicos Privados Total 94.5 92.4 81.7 83.3 90.4 70.3 66.3 79.8 63.6 52.9 38.1 16.0 41.1 67.7 90.0 98.7 98.7 95.2 97.1 94.6 98.4 99.1 99.3 98.0 99.2 98.8 98.2 95.1 97.5 94.6 96.6 5.5 7.6 18.3 16.7 9.6 29.7 33 .7 20.2 36.4 47 .1 61.9 84.0 58.9 32.3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 !O.O 1.3 1.3 4 .8 2.9 5.4 1.6 0.9 0.7 1.1 0.8 1.2 1.8 4.9 2.5 5.4 3.4 Fuente: Academia Nacional de Economía, Contribución a la Historia Económica del Uruguay, Montevideo, 1984; p. 582. �250 Siglo XIX _¿Qué podía ~sperar el sector fabril del sistema financiero? Quizás el d1a en que algun uruguayo acceda a los archivos de un banco privado pueda contestar con cierta amplitud esta interrogante. Es de suponer que las grandes empresas extranjeras pudieron con~ar con el apoyo de las instituciones bancarias de sus países de origen 1~t~l~das en el Uruguay, especialmente las norteamericanas y bntarucas. , Siendo optimistas se podría pensar que algunas vinculadas a los nucleos de inmigrantes italianos y españoles pudo apoyarlos. _Pero a p~sar de estas posibilidades, que serían excepcionales, las quejas de los mdustriales fueron constantes. No contaban con préstamos de fomento, a plazos largos y bajo interés. Como tampoco las lamentaciones de los industriales en Uruguay d~ben sorprender,_ y~ que eran y son una de sus tareas auxiliares y habtt~ales por lo c_ottdi~nas, se pu~de mantener la hipótesis que las institu_c10nes bancanas pnvadas nacionales, aún aquellas que tenían industnales en sus directorios, siguieron las pautas del mercado atendiendo a 1~ rentabilidad_ y eficiencia de su especificidad como empresas. Es ~ecrr que :oncedieron préstamos a corto plazo, con garantía hipotecana Ya un mterés que tenía que competir con el que abonaba el Estado a sus títulos. . _La ~emial empresarial representativa de la industria no fundó una 1nst1tuc1on bancana específica para el sector. En buena medida la idea de cr~ bancos de fo?1ento industrial, y hubo algunos proyectos en tal sentido, fue sosteruda y defendida por algunos de los administradores del Est~do, por_ algunos políticos. Estos pensaban que era una tarea que deb1a as~ el Estad?: Los particulares estaban muy ocupados, P?r mentalidad y rentabilidad, en sus propios negocios como P3:fª ~edicarse .ª la filantropía sectorial. Es más, cuando se funda el F1:1g~nfic~ Nacional en 1928, como cooperativa de ganaderos con apoyo e mJerenc1a estatal, no se financia con la comercialización de acciones e~, el mercado sino con un empréstito y con un impuesto a la transacc~on de ganado_s que posteriormente se transformaría en acciones, medt~te la coacción de un acto legislativo. Y el Nacional fue creado para liberar ~ los productos rurales de los manejos del trust de frigoríficos extranjeros. En 1928, la aprobación de la ley de Prenda Industrial permitió al Banco de la República, estatal, abrir una linea de crédito industrial, Jacob: Capitales e industria en Uruguay (1900.1930) 251 a bajo interés y en plazos relativamente largos, apreciando el empleo económico del dinero. El mismo comprendía la instalación o ampliación de industrias, compra de maquinarias y herramientas, adquisición de materias primas, ampliación de edificios, capital de giro, etcétera61 • Las cantidades prestadas fueron en su comienzo pequeñas en relación a las colocaciones totales del Banco, pero era un paso. En 1929 un proyecto batllista de protección industrial, que no fue aprobado, propuso concertar un empréstito para conseguir fondos y apoyar así a la industria saladeril y a la manufactura privada nacional62• En rigor, el Estado utilizó minoritariamente su endeudamiento para desarrollar o apoyar al sector fabril. La estatización de los servicios eléctricos, del República, o la posterior creación del Nacional y de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (1931) insumieron sólo parte de los fondos captados, ínfima si a la Deuda se le suman los papeles Hipotecarios. Más bien se orientó a crear la infraestructura de puertos, ferrocarriles y carreteras tan necesarios para el sistema productivo interno como para el comercio y el turismo de sus vecinos. El desarrollo del modelo de la "ciudad-balneario", paso previo al más ambicioso del "país-balneario" que estaba implícito en el primero, estimuló sin embargo industrias destinadas a abastecer al consumo y a la especulación urbana. La depuración de los resultados censales de 1929-30, efectuada en 1936, asignó al grupo de la construcción y sus derivados -que a nuestro juicio sólo comprendió algunas de las actividades que se encadenan con la construcción-, el 24% de los establecimientos, el 21 O/o de los capitales líquidos, el 320/o del personal ocupado y el 230/o de los valores producidos63 • Era una rama que utilizaba abundante materia prima nacional, y apta para absorber a la migración interna y externa. Hacia 1930 el paisaje uruguayo había cambiado, especialmente el urbano. Julio Martínez Lamas, uno de los ruralistas más lúcidos, denunció: El oro de la Campaña la ha transformado (a Montevideo), la ha hecho casi de nuevo, convirtiéndola en uno de los más preciados floro- �252 Siglo XIX Jarob: Capitales e industria en Uruguay (1900-1930) nes de América Latina; a los rebaños trocados por mármoles y granitos, ha hecho el milagro de levantar esa urbe (. ..)64 • 253 agraria que descansaba en el binomio latifundio-minifundio. Montevideo había convertido los capitales rurales productivos en urbanos improductivos. Para los que no se resignaban a los espejos rotos -se dice que traen mala suerte- aún les quedaría otro en el que mirarse: Suiza. En parte tenía razón. El desarrollo de Montevideo se había tragado una porción del excedente rural. Pero sólo una. Otras se habían transformado en tierras, habían emigrado del país, habían alimentado otras actividades, entre ellas la especulación. Uruguay podría llegar a ser la Suiza de América, aunque esto no condecía con la tradicional impuntualidad de sus habitantes. Uruguay no pudo ser ni la Francia ni la Dinamarca de América del Sur. Pero contaba, por lo menos en la conciencia de sus habitantes, con una de las capitales más modernas del sur del continente. El desarrollo urbano fue acompañ.ado por el crecimiento industrial, aunque queda por dilucidar si este último fue menor, mayor, o simplemente acompañó al de la población. Industriales, comerciantes, banqueros, productores rurales, profesionales universitarios, invirtieron en algunas empresas. Capitales extranjeros desarrollaron la industria frigorífica, la de armado de automóviles, y adquirieron la de cemento. Sin embargo, los agentes económicos nativos siguieron mayoritariamente las señales emitidas por el Estado y las del mercado, mientras una bien orquestada campaña política conservadora paralelamente los alertaba sobre los peligros para la propiedad privada que entrafiaba el modelo reformista batllista. Si el país industrial no pudo ser, fue en parte, porque el Estado absorbió recursos y los orientó en función de la modernización urbana6.S, porque existió otro modelo "paralelo" que captó los excedentes de capitales y permitió el surgimiento del cascarón turístico, que se adaptó mejor a la mentalidad de un país de origen inmigratoria!, de self made men en potencia, y que se reencontró con el viejo espíritu mercantil y especulativo crecido a la sombra de las murallas de Montevideo durante la época colonial. Si el entorno y las condiciones externas en que Uruguay estaba inserto podía ser un gran freno para su desarrollo autónomo, también lo era la estructura mental de sus habitantes y su dimensión de pequefio país, sin hierro, carbón y petróleo; sin flota; sin posibilidades de expandir su frontera, y con una estructura NOTAS 1. Luis C. Benvenuto, La quiebra del modelo. Enciclopedia Uruguaya No. 48, Montevideo, Editores Reunidos - ARCA, 1969; p. 145. 2. Eduardo Acevedo, Anales Históricos del Uruguay, Montevideo, Barreiro y Ramos, 1934-36; Tomo V, pp. 173-174. 3. Carlos Zubillaga, Deuda externa y desarrollo en el Uruguay batllista (1903-1915), Montevideo, CLAEH, 1979 (Serie Investigaciones No. 8); pp. 95 a 133. 4. Edmundo Narancio en Batlle, Su obra y su vida, Montevideo 1956; p. 123. 5. Octavio Morató, Al servicio del Banco de la República y de la eronomía uruguaya (1896-1940), Montevideo, 1976; p. 250. 6. Milton Vanger, El país modelo-José Batlle yOrdóñez 1907-1915, Montevideo, ARCAEBO, 1983, p. 17. 7. Theodor Child, Les Républiques Hisp~o-améri~n_es (1890), ci~do por Alfredo Castellanos, Historia del desarrollo edilicio y urbanístico de Montevideo (1829-1914), Montevideo, Junta Deptal. de Montevideo, 1971, p. 201. 8. Carlos Real de Azúa, Montevideo, e/ peso de un destino, Montevideo, Revista Nacional, No. 236, diciembre de 1986, pp. 96-97. 9. Milton Vaoger, op. cit., p. 264. 10. Eduardo Acevedo, op. cit., Tomo VJ, pp. 107-108, 255, 322-323 Y~O. El arquit~to J Femando Chebataroff Reta seilala: "El estado no propugna nmguna doctrina arqlritectónica o urbanística. No obstante ello, se intenta mejorar la imagen de los centros urbanos, especialmente la ciudad capital, llevándo~ a cabo e? el ~ño 1911 ~ Concurso Internacional para el trazado General de Avemdas Y Ub1ca~ón de Edificios Públicos en Montevideo. Al ailo siguiente, dentro de ese propósito de otorgar una mayor monumentalidad a la ciudad se elabora el_priin~r Plan Repilad~r para Montevideo, buscándose por otra parte evitar la subs1Stenclll de fra~onanuentos, con un criterio ajeno al bienestar de la comunidad.( ...) En la tercera decada se_lleva a cabo el Plan Fabini, primera concreción urbanística iinportante ~n MonteVI~eo, realizándose ta Rambla Sur, la Avenida Agraciada -irnpo~te VIa _de <:Om~cación con el Oeste- jerarquizándose la iinplaotación del Palacio Legislauvo, 1na~gurado en 1925". (Uruguay: su patrimonio cultural y natural. ~I legado del Siglo XX" en Suplemento Dominical de El Día No. 2798, 7 de septiembre de 1987). �254 Siglo XIX Jacob: Capitales e industria en Uruguay (1900-1930) Sin embargo no suede soslayarse que las ramblas que unieron los diversos "balnearios" a la ciudad incidieron en el posterior desarrollo urbano de la misma en la inversión inmobiliaria. En 1930 Celedonio Nin y Silva, refiriéndose a Ramírez, Pocitos y Carrasco, escribió: "Se ha dicho que ninguna ciudad europea cuenta con barriadas tan originales y bellas como las nuevas que se han construido en las inmediaciones de esas tres playas, en las que se ha hecho derroche de buen gusto en el estilo de las construcciones". La República del Uruguay en su primer centenario (1830-1930), Montevideo, Sureda, 1930; segunda edición; p. 204. 255 bre de 1930; pp. 449-451. 23. Alvarez Lenzi, Arana, Bocchiardo, op. cit., pp. 56, 57. 24. Revista Banco Popular del Uruguay, Números JO al 12, octubre-diciembre de 1926, p. 13. 25. Banco de Cobranzas, Locaciones y Anticipos - Cincuentenario 1889-1939, p. 52. 11. Acevedo op. cit., pp. !07-108. 12. Alfredo Castellanos, op. cit., pp. 239 y 263-265. 13. Vanger, op. cit., p. 61. 14. Aníbal Barrios Pintos, Canelones: Su proyección en la Historia Nacional, Montevideo, Intendencia Municipal de Canelones, 1981; tomo 2 pp. 546-557; Suplemento Cincuentenario El Siglo 1863-/913; Montevideo, 1913, p. 386; "Francisco Piria: La agitada vida de un fomentista" en Jaque, 14 de diciembre de 1984, p. 7; José F. Franca Caravia, La Paloma - Una historia desde 1803, Montevideo, 1986, p. 41; Suplemento El Día. 7 de abril de 1935. 15. Milton Vanger, op. cit., p. 61; Barrios Pintos, op. cit., pp. 546-547; La Revista Económica Sudamericana, No. 7, mayo de 1929; "La industria del Turismo - El caso de Punta del Este", artículos publicados en El Día (edición de la tarde); Montevideo, 1927. Afirman Barrán y Nahum: "A veces se ha criticado la versión batllista del georgismo (expuesta en 1914 por Carlos Vaz Ferreira en sus conferencias sobre el problema de la tierra), por sus obsesivas reflexiones sobre el derecho individual a la "tierra-habitación" y el olvido del derecho a la "tierra-estancia". Sin negar validez a este enfoque crítico, lo cierto es que Vaz Ferreira -verdadero filósofo oficial del batllismo- en ese momento al centrar el problema de la propiedad de la tierra en el derecho de todo hombre al suelo para habitación, y dejar en las tinieblas el problema de la propiedad en el medio rural, estaba poniendo el dedo en una de las llagas de la sociedad montevideana del novecientos, llaga tan real y sangrante como podía serlo el latifundio en el otro extremo del país". Batlle, los estancieros y el imperio británico (tomo 1 El Uruguay del Novecientos); Montevideo, E.B.O., 1979; pp. 148-149. 16. Luis C. Caviglia, Estudio sobre la realidad nacional, Montevideo, Urta y Curbelo, 1952; Tomo 3, p. 170. 17. Castellanos, op. cit., pp. 125, 157,250; Alvarez Lenzi, Arana, Bocchiardo, El Montevideo de la expansión (1868-1915) Montevideo, EBO, 1986, p. 28. 18. Juan Ria!, Población y desarrollo de un pequeño país- Uruguay 1830-1930. Montevideo, CIESU-ACALI, 1983, pp. 122 y 123. 19. Revista Banco Popular del Uruguay, No. 1 - Enero de 1925, (s.p.). 20. El Siglo, 21 de agosto de 1915, p. 3. 21. Banco La Caja Obrera 1905-1955, Montevideo, Mosca Hnos., 1955. 22. Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes (DSCR) - Tomo 366 14 de octu- 26. Revista de la Sección Rural del Banco Francés Supervielle y Cía. No. 30, 15 de septiembre de 1929, p. 2. 27. Diario de Sesiones de la Honorable Asamblea General (DSHAG), Tomo 19, 15 de marzo de 1933, p. 288. 28. DSCR, Sesión del 6 de septiembre de 1934, pp. 47-48. 29. En 1915 el Banco Francés Supervielle ofrecía títulos del "Empréstito Nacional Francés 5070", (El Siglo, 1 de diciembre de 1915, p. 5); y en 1930 se publicitaban las bondades de las "Cédulas Hipotecarias Argentinas" (Diario del Plata -Suplemento 1930-, p. 39). 30. Banco de la República Oriental del Uruguay, Sinopsis Económica y Financiera del Uruguay - Estadistica Retrospectiva ; Montevideo, edición sin fecha; p. 130. 31. 25 años del Banco Hipotecario del Uruguay 1912-1937; p. 137. 32. Eduardo Acevedo, op. cit., Tomo 2, p. 32. Sobre el particular véase también Carlos Real de Azúa, El Patriciado Uruguayo; Montevideo, EBO, 1981; segunda edición. 33. Henry Patrick, Las impresiones de un viajero en un país de llorones, Montevideo, Imprenta El Ferrocarril, 1880, pp. 119-121. 34. Alfredo Castellanos, La Bel/e Epoque Montevideana, Montevideo, ARCA, 1981, p. 8. 35. En tal sentido son reveladoras las declaraciones del doctor Julio Grauert, presidente de la Bolsa de Valores, en El Día, 20 de noviembre de 1983, p. 12. 36. Sobre la mentalidad rural véase José P. Barrán y Benjamín Nahum, Historia Rural del Uruguay Moderno. La civilización ganadera bajo Batlle /905-1914. Tomo 6. Montevideo, EBO, 1977, p. 386 y sigs. 37. Entre los trabajos pioneros en este campo debe citarse el de Silvia Rodríguez Villamil, Las mentalidades dominantes en Montevideo (1850-/900); Montevideo, EBO, 1968. 38. Luis Cincinato Bollo, Geografía de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, Barreiro y Ramos, 1914; (lla. Ed.), pp. 31 y 41-42. 39. Proteccionismo Industrial, Montevideo, Imprenta Domaleche, 1918; p. 74. 40. El Debate, 7 de febrero de 1933, p. 10. �256 Jacob: Capitales e industria en Uruguay (1900-1930) Siglo XIX 41. ~co de la República, op. cit., p. 158. El fenómeno de la movilidad de la propiea. rural no era novedoso. José P. Barrán y B. Nahum en La civilización ganadera ba10 Bat!le (1905-1914) (Tomo VI de la Historia Rural del Uruguay Moderno) p 294, ?asandose en un estudio de casos concluyeron que en 1914 la clase alta ' ofrec1a una ~ueva imagen: "un cincuenta por ciento de sus miembros hacía a lo s:o dos generaciones que poseía el suelo". ai 42. Barrán y Nahum, Ibídem. 43. Henry Finch, Historia económica del Uruguay Contemporáneo Montevideo EBO 1980, p. 158. ' ' 257 59. Raúl Jacob, Uruguay 1929-1938: Depresión ganadera y desarrollo fabril. Montevideo, FCU, 1981, pp. 383-384. 60. Bolsa de Comercio de Montevideo - Revista quincenal de precios corrientes. Hasta 1913 se observa una importante participación privada en el total de operaciones de la Bolsa de Valores de Montevideo (cuadro 5), que alcanza su valor máximo en el año 1911, reduciéndose sensiblemente a partir de 1914. Según fuentes de la institución la caída acompañó "el rechazo hacia la moneda nacional que se vivió en esos años" (Revista de la Cámara Nacional de Comercio, Vol. 9, No. 2, julio-agosto de 1987, p. 21). Sin duda el hecho admite otras explicaciones, como la creación del Banco Hipotecario, la crisis mundial y la radicalización de la propuesta batllista, etcétera. 44. Suplemento Cincuentenario El Siglo, p. 33. 61. Banco de la República Oriental del Uruguay; Departamento de Crédito Rural e Industrial. Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1931. Montevideo, BROU, 1932; pp. 4 a 16. 45. Casares-Arocena - 1931 - Balneario Solís - Uruguay. 46. Morató, op. cit., p. 247. 62. Banco de la República Oriental del Uruguay -Labor del Directorio 1928-1931-. Montevideo, Barreiro y Ramos, 1931; pp. 185-189. 47. Alvarez Lenzi, Arana, Bocchiardo, op. cit., pp. 58 y 59. 48. María Isabel Bove, Desnutrición: Un problema actual Montevideo CIEDUR guay Hoy, no. 1 (segunda serie), 1986, p. 13. ' ' u _ 63. Censo Indnstrial de 1936, Montevideo, MIT, 1939; p. XIV. ru 64. Julio Martinez Lamas, Riqueza y pobreza del Uruguay. Montevideo, segunda edi49. DSC:R, Tomo 371, 14 y 18-19 de agosto de 1931, pp. 109 y 138· y Tomo 379 9 d septiembre de 1932, p. 128. ' • e 50. "25 años del Banco Hipotecario... ", op. cit., p. 161. 51. Declaraciones a El Pueblo, 18 de junio de 1934, p. 23. 52. "Boletí~ M~~sual de Es~ad(stica del Concejo de Administración Departamental de : 0 ~tevideo · No. 346, Jumo de 1932, p. 9; YLa Mañana, 22 de septiembre de 1932, 4 53. Revistá Banco Popular del Uruguay, No. 7 al 9, julio-septiembre de 1926, pp. 6-7. 54. Ibídem, marzo de 1926, pp. 4-15. 55. Revist_a ~e /a Federactón Rural, No. 5, 31 de octubre de 1918, pp. 57-58; La Revista Econom1ca ~udamer!cana, No. 7. mayo de 1929; La Mañana, 3 de febrero de 1932 p. 9. Morato, op. clt., pp. 244-245. ' 56. Celedonio Nin y Silva, La República Oriental del Uruguay en su primer Centenario (1830-1930). Montevideo, Sureda, 1930; Segunda Edición p. 116. 57. ":lvaro Casal, El automóvil en e/ Uruguay- Los años heróicos /900 -1930 Montevideo, EBO, 1981, p. 7. . 58. Según _el Censo Industrial de 1929-30, sobre el 94% de los establecimientos censados, solo el 2.~30Jo había_ declarado capitales mayores a 100 000 pesos (a Ja paridad le~aJ, 21 277 hbras es!erh?as). ~a masa de capitales en explotación, incluyendo ed.ific1?s, terr~nos, maqumana, veh1culos, materias primas, combustibles, etcétera equivaha_a ~• tres veces las exportaciones de 1930 (2. 73). Banco de Ja República', "Sinopsis... , p. 164. ción, 1946; p. 304. 65. Si bien no subestimamos las medidas adoptadas durante la segunda presidencia de Batlle y Ordóñez (1911-15) en favor del "modelo industrial" (Ley de materias primas, estatización del Banco República y de la generación de energía eléctrica, creación del Instituto de Quimica Industrial, etcétera) -cuya eficiencia y aplicación entre 1915-1930 merecerían una investigación específica- los puntos en cuestion son otros: 1) El papel del Estado como orientador de la economía, como caoalizador de recursos hacia el desarrollo industrial, como gestor de políticas de estímulo para la inversión de capitales privados en empresas fabriles; 2) En qué medida el modelo de modernización urbana absorbió recursos necesarios para el desarrollo de las fuerzas productivas. �Grupos Empresariales e Inversión de Capital en Vizcaya, 1886-1913 Jesús María Valdaliso Gago * -- .,. ... .... -, : ~ J{ Esta investigación se basa en una explotación sistemática de una fuente hasta ahora sólo utilizada para reconstruir indicadores económicos de larga duración, los Libros de Sociedades de Registro Mercantil. Pero, · además, es susceptible de una explotación mucho más intensiva que consistiría, básicamente, en la reconstrucción de los grupos empresariales y de su dinámica inversora, mediante la recogida de los nombres de los inversores que aparecen en las Escrituras de Constitución de cada Sociedad. l( "J\ ,,) ~ ;'' \ )1 + 1 \ \ ', + ~ ' ,,_ t --- + ---- t --1"--, + + + ' '1 + 1 \ + + \ \ ' ,\' 1 1 1 ,I I I o 8 N o 00 o \O o v o N "' \ + N N o 1 , Esto es lo que hemos hecho para Vizcaya en un período concreto, 1886-1913, período que supone para esta región una consolidación de su proceso de industrialización. Así, hemos esbozado un análisis de los principales grupos empresariales, cuyo ritmo de inversiones es un fiel exponente de la estrategia desarrollada en cada sector (minería, navieras, etcétera). Junto a ello, la obtención de amplios listados de inversores y la posibilidad de comprobar las relaciones intersectoriales entre los mismos nos ha llevado a contrastar los resultados de la investi2ación con la teoría tradicional de la industrialización de Vizcaya, que hace de la minería la fuente esencial de capitales que, en manos de un reducido grupo de inversores mineros, fueron reinvertidos en la industria. * Departamento de Historia e Instituciones Económicas, Universidad del País Vasc) (España). P ublicado previamente en Revista de Historia Económica, año IV, 1, 1988. �260 Siglo XIX Va/daliso: Grupos empresariales e inversiones en Vizcaya Las conclusiones finales a la luz de nuestros datos son claras: la minería como tal y los inversores mineros desempeñaron un papel no despreciable en la industrialización de Vizcaya. Pero sus inversiones preferentes se centraron no en la industria y los servicios, sino en minería fuera de Vizcaya. El carácter supuestamente decisivo que se le ha dado a la minería como motor inicial de la revolución industrial en esta provincia debe ser, pues, matizado, y los aportes de la minería valorados en sus justos términos. 261 Debido a que no siempre aparece el capital suscrito por cada socio, la importancia de un inversor en un sector u otro habrá que medirla por su presencia en el mismo, en función del número de veces que aparece en las nuevas Sociedades creadas. Aunque somos conscientes de que este supuesto entraña un cierto riesgo, creemos que los listados de inversores resultantes pueden reflejar nítidamente la conducta empresarial y las decisiones de inversión en una época particulamente interesante de la historia económica de Vizcaya. INTRODUCCION • La etapa histórica de fines del siglo XIX y principios del XX supuso para Vizcaya la consolidación de su proceso de industrialización. Tradicionalmente, y siguiendo la opinión de mineros de aquella época, se ha atribuído a la exportación de mineral de hierro vizcaíno un protagonismo fundamental de cara al inicio y desarrollo de la industrializa1 ción de la provincia • Sólo en los últimos años nuevas investigaciones basadas en un estudio exhaustivo de las fuentes han empezado a cuestionar dicha interpretación, matizando el carácter supuestamente decisivo 2 que la minería tuvo para el crecimiento económico de Vizcaya • Esta investigación pretende contrastar la llamada teoría tradicional de la industrialización vizcaína con los resultados obtenidos de la explotación de una fuente hasta ahora no utilizada, los Libros de Sociedades del Registro Mercantil de Vizcaya 3• Nuestro estudio se habasado en listados de inversores confeccionados tras la recolección, en fichas particularizadas para cada Sociedad, de los nombres de sus socios fundadores. Debido a la magnitud de la tarea -entre 1886 y 1913 se crean, en Vizcaya, 1 830 Sociedades Mercantiles 4- , la recolección no ha sido completa. Sólo hemos seleccionado las Sociedades más importantes, atendiendo al criterio del volumen de su capital social. Así, el número de Sociedades recogidas supone el 30% del total de las constituidas en Vizcaya durante ese período, cifra que aumenta hasta un 46% si sólo tenemos en cuenta a los sectores fundamentales de 5 inversión • Estos porcentajes, significativos, lo son aún más si tenemos en cuenta el capital que representan: más del 90% del capital total de las Sociedades constituídas en Vizcaya entre 1886 y 1913. • Debo agra decer a Emiliano Femández de Pinedo y a J . L . Hemández Marco sus útiles comentarios sobre esta investigación. Asimismo, para la recopilación de las fichas de inversores he contado con la inestimable ayuda de Ma. Eugenia González Ugarte. Naturalmente, los errores y omisiones son todos de mi responsabilidad. l. 1886-1900: HAClA UNA POLITICA DE INTEGRACIONES VERTICALES 1.1. Diversificación de inversiones y grupos empresariales Si partimos del capital invertido en las nuevas Sociedades creadas en estos años y su distribución por sectores podemos observar que destacan especialmente dos, el de negocios mineros y el de transporte marítimo, que son también los primeros por el número de Sociedades creadas. También es importante el peso de sectores como el químico o el de las compañías ferroviarias, con bajos porcentajes en núme_ro, pero relativamente altos en capital. Ambos alcanzan sus mayores cifras absolutas y relativas ahora. Parecidos porcentajes, aunque de muy diferente significación, muestran eléctricas y siderometalúrgicas, las primeras con un elevado capital medio por Sociedad 6• Por último, hay que señalar la escasa importancia del sector,de banca y _seguros_ e? ~st_a etapa: salvo el Banco de Comercio (1891) , no hay nmguna m1c1ativa de relieve hasta 1900. El sector de la construcción, a pesar de su cuarto puesto por número, moviliza muy poco capital. Las cifras de inversores e inversiones, referidas a las Sociedades recogidas en nuestra investigación, vienen a corroborar lo ya comentado. Destaca, sobre todo, el predominio de las compañías navieras, debido fundamentalmente a la hegemonía casi absoluta de la sociedad anónima 8 , con un elevado número de socios por compañía; socios que invierten en más de una Sociedad. En conclusión, hay una patente diversificación de inversiones con dos sectores punta, las compañías mineras y las navieras. Se produce, además, un auge de las compañías ferro~arias y de Ias_qu~mi~ 9, _que reciben bastante capital. Por el contrano, sectores mas s1gruficativos en número como el siderometalúrgico o el de la construcción, reciben menores ~ntidades de capital, principalmente porque la etapa de intensa inversión en estos sectores se produjo antes, en el período 1879-188210• �262 Siglo XIX Valdaliso: Grupos empresaria/es e inversiones en Vizcaya CUADRO 1 NUMERO Y CAPITAL DE LAS SOCIEDADES CREADAS EN VIZCAYA SEGUN SECTORES DE INVERSION Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL (1886-1900) Capital* Minería Navieras Ferrocarril Químicas Siderometalúrgia Eléctricas Banca-Seguros Construcción 115.7 96 56.6 47.2 34.1 30.8 26.9 12.2 % 23.1 19.1 11.3 9.4 6.8 6.04 5.4 2.4 Número % 122 90 20 39 16.6 12. 2 2.7 5.3 11.6 4.3 85 32 9 57 l. 2 7.7 • Millones de pesetas. Fuente: Registro Mercantil de Vizcaya, Libros de Sociedades. Elaboración propia. 263 negocio de transporte, el grupo era propietario de la Compañía mine19 ra de Setares , cuyo mineral se transportaba casi en su totalidad por su_ flota de vapores. Gracias a esta integración vertical "del negocio mmero y el transporte de su mineral" se cimentó buena parte de su fortuna. Una prueba significativa de lo que acabamos de afirmar será la rápida adquisición por el grupo de nuevas minas cuando los yacimientos del Norte den muestras de agotamiento: en 1900 crean la Compañía minera de Sierra Menera21 , con un capital de 32 millones de pesetas, compañía que se dedicará a explotar el coto minero del mismo nombre (sito en las provincias de Teruel y Guadalajara), arrendado a Cosme Echevarrieta. El mineral, conducido por ferrocarril hasta Sagunto, era embarcado allí en los buques de la compañía22 • Posteriormente, en ese mismo lugar se levantará la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo, en 191723 , que supondrá la integración completa (extracción-transporte-transformación). Además, este mismo grupo crea en 1900, junto a otros navieros interesados la Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de Buqu;¡J, ejemplo significativo del interés de los navieros por construir sus propios buques. En esta primera etapa, el 650Jo de los inversores en Astilleros son también navieros25• Otro de los grandes grupos navieros es el de Martínez Rodas, muy diversificado en cuanto a sus inversiones en 1886-1900. Su presencia CUADR02 A continuación vamos a analizar los principales grupos empresariales de esta primera etapa. El grupo Martínez de las Rivas es el primero en realizar los mecanismos de integración vertical para expansionarse económicamente11 .Con un capital, en parte, basado en negocios vinculados al sector público12, adquiere en 1879 una fábrica siderúrgica a la compañía inglesa The Cantabrian !ron Company Limited, la futura San Francisco 13 • A partir de 1889 comienza la "etapa naviera" del grupo; José Ma. Martínez de las Rivas funda, junto a Ch. M. Palmer, la Compañía Martínez Palmer'4. Dos años más tarde crean las Compañías de vapores Rivas, Mudela y Marqués de Mudela 15 • En ese mismo año -1891-, la antigua Sociedad Martínez Rivas-Palmer se transforma en Astilleros del Nervión'6, cuyo objetivo inicial es construir tres buques para la Armada Española 17• En 1894, con los mismos socios que se reinscribe la San Francisco, Alzaga y Procter, crean la Compañía Coto del Muse/, situada fuera de Vizcaya 18• En líneas generales, el grupo diversifica sus inversiones dentro de un panorama de actividades estrechamente relacionadas entre sí: minería-siderurgia-construcción naval-transporte marítimo. El grupo Sota y Aznar se encuentra ahora en su fase de conformación. A partir de 1889 y hasta 1899 se fundan por el grupo un total de veintinco compañías navieras, una por cada buque. Además de este INVERSORES E INVERSIONES EN VIZCAYA (1886-1900) Banca-Seguros Construcción Eléctricas Ferrocarril Siderometalurgia Minería Navieras Químicas Varios Total Inversores No. % Inversiones No. % 22 70 82 170 132 266 282 118 102 1.8 5.6 6.6 13.7 10.6 21.4 22.7 9.5 8.2 23 74 97 208 185 340 693 138 105 1.2 4.0 5.2 11.2 9.9 18.2 37.2 7.4 5.6 l 244 100.0 l 863 100.0 Fuente: RMV, Libros de Sociedades. Elaboración propia. �264 Siglo XIX es fuerte en sectores como el eléctrico, minería y banca y seguros. En 1890, y junto a Víctor Chávarri y otros, crean Hulleras del Turón, iniciando un negocio de exportación mineral hacia Asturias y retomo con carbón, todo ello en barco26• Dos años más tarde crea la Compañía Naviera Unión27 y en 1895 la Compañía Marítima Cantabria 28 • Pero el grueso de sus inversiones se centrará en los años finales del siglo: en 1899 participa en la creación de la Sociedad General de Centrales Eléctrica?; en 1900 crea la Sociedad Unión. Compañía Marítima, con un capital de 16 millones de pesetas30 ; la también Compañía Marítima la Actividad31 ; la Compañía de Seguros Aurora32, con 20 millones de pesetas, y Minas de Cala, con 15 millones de pesetas33 • El fuerte ritmo de inversiones del grupo en los años de la coyuntura finisecular y la cuantía de las mismas hace suponer que contó con una aportación "extra" de capital que no provino de los beneficios de sus antiguas compañías y que bien pudiera proceder del gran volumen de capital repatriado al perder España sus últimas colonias ultramarinas34 • No obstante, esto no deja de ser una hipótesis. Es, pues, un grupo muy parecido al de Sota y Aznar por las actividades donde desarrolla sus negocios, sobre todo sector servicios y alguna compañía minera, en la que invierte para sacar más rentabilidad a su negocio de transporte. Los años de fin de siglo, además de suponer una considerable capitalización de la economía vizcaína3s, fueron también años de gran dinamismo empresarial, referido tanto a los grupos empresariales ya existentes, y que amplían su esfera de influencia, como a los que surgen más claramente en este momento. Así, amparados en la fuerte subida de los fletes en los últimos años del siglo XIX 36, se configuran varios grupos navieros como los Azoar Tutor-Arzuaga-Urrutia37 , Barandiarán-Gómez-Mendiald ua38 , U riarte-Eguiraun-CortinaAcillona39. En resumen, y por lo que se refiere a los grupos empresariales centrados en el sector naviero, podemos concluir que hay dos grandes tipos. En primer lugar, los grupos creados antes de la coyuntura finisecular, que son también los más poderosos, están agrupados en estructuras de tipo vertical que integran extracción de mineral y transporte, o transporte y construcción de buques. A finales de esta etapa inician otra vinculación característica mediante la creación de compañías de seguros, como es el caso del grupo Martínez Rodas en 1900 o de Sota y Aznar en 1901. Ya hemos referido anteriormente el interés de este último grupo por tener criaderos para transportar mineral, puesto que su negocio residía en la exportación y transporte de su propio mineral. Es significativo, por otra parte, que el grupo Martínez Rodas, vinculado más al tráfico de cabotaje o con América, cree, en 1900, Minas de Cala ante un previsible descenso del comercio con América tras la pérdida de las colonias: la reorientación de parte de sus actividades hacia el tráfico con Europa se hacía con un negocio de extracción de mineral de por medio. Así, pues, los mecanismos de integración vertical tienen Valdaliso: Grupos empresariales e inversiones en Vizcaya 265 ahora un carácter defensivo frente a la competencia de los buques ingleses. Bien es cierto que proporcionaron a estos grupos (fundam~ntalmente, Martínez de las Rivas y Sota y Azn~r)_parte de sus cuantiosos beneficios, pero de su buena march~ econo011ca noyodemos ded~cir un control de los fletes ni una ventaJosa compe~enc1a sobre la marina inglesa"°. "Sin duda, -señ~a Fem~?ez de Pm~do-, la ~xportación de mineral de hierro y la unportac1on de carbon, a traves de los fletes, tuvo que suponer un negocio na~a desprecia~le! pero fueron los extranjeros quienes se beneficiar~n, ~eJando la~ ~gaJas a la ~º{ª _nglacional, tanto vizcaína como no V1Zcama, en el ultuno cuarto e s1 o XIX"41. En segundo lugar, los grupos navieros cread?s ~ fmes del siglo XIX aprovechan la fuerte subida de los fletes, que C01:Dc1~e co_n u_n ~umento del mineral y carbón transportado por la flota bilbama, mvirt}end~ algunos de ellos -como Arzuaga y Aznar Tutor- en compañías 011neras después de haber invertido en la _compra_d~ bu~ues. Pero,. además, parece que debió haber "una decisiva part1c1pac101;1 de! c~p,Atal repatriado de las colonias en el desarrollo de la flot~ VIZ~a · Ya ht mos señalado el caso de Martínez Rodas. El testimo~o. de R~6n e la Sota, citado por Fernández de Pinedo, es muy s1gruficat1vo: vizcaínos establecidos en Liverpool, Manila, Habana, etcétera, sustituyeron los antiguos buques de vela por otros de vapor,.:reand~ en poco tiempo una flota de importanciad,qu~ a1 tamb1en considerable desarrollo en los años del pasa o s1g1o • c:f7'Ó Cambiando ya de sector, el grupo Ibarra-Vilallonga-Zub~a, parte de cuyo capital es de origen bancario44 , crea en 1882 la Soc1eda~ Altos Hornos y Fábrica de Hierro y Acero de Bilbao. Durante estos anos pr<: seguirá la inversión en este sector, sobre todo en ~mpresas metalurgicas que demanden sus inputs a Altos Hornos de Bil?~º· J?e esta forma completan la integración que se iniciaba en la p~1c1p~~1ón de lbarra z b' 'a en la Orcona y Franco Belga con la mtenc1on de obtener ~n:r; barato para su fábrica siderúrgica4s. A partir ~e los años, n~venta y junto a otros señalados inversores del sector s1derom~talur~co co:Oo E. Gana y R. Rochelt, crean la Sociedad Tubos ForJados Bilbao, en 1892, y la Basconia y Alambres del Cadagu~, en 1893 · También invierten en minería del carbón e~ la cuenca ast~an~-l~nes_:: 1 para conseguir combustible a buen precio ; en compañías eléctncas , químicas49, y de construcciónso. La ex~ans~ón_ del grupo !barra es un claro ejemplo de la estrategia de los s1derur:g1c~s en l?s años ~nales del siglo XIX; "practicar una política de sust1tuc1ón_de 1mportac1on~: sobre todo de la maquinaria del país y que se hacia ~emr de fuer~ (Fernández Pinedo). De esta forma la demanda de hierro Y acero e las nuevas empresas metalúrgicas subsanarla el problema de los mer- ¡ �266 Siglo XIX cados para una siderurgia que hasta entonces contaba con una fuerte capacidad productiva sólo parcialmente desarrollada por la falta de 51 demanda • Otros grupos, como el de Chávarri o Echevarría, serán también ejemplos significativos de esta política que se empieza a poner en práctica a partir del Arancel de 1891. En efecto, el grupo liderado por Víctor Chávarri, inicialmente centrado en la minería, crea en 1882 la Compañía Anónima de Metalurgia y Construcciones la Vizcaya 52• En 1889 crea la Sociedad Delta Español; Talleres de Deusto en 1891; la Vasco Belga, en 1892; la Basconia y la Ochandianesa, en 1893; Santa Agueda, en 1896, Chávarri, Petrement y Cía., en 190053• Pero, además de las inversiones en el sector siderometalúrgico, el grupo diversifica extraordinariamente sus intereses económicos. Sólo su líder, Víctor Chávarri, aparece en cinco empresas metalúrgicas, seis mineras, cuatro químicas, dos de construcción, tres compañías ferroviarias y una eléctrica54 • El grupo Echevarría-Zuricalday, liderado por Federico Echevarría Rotaeche, es, b~icamente, el resultado de la unión familiar de un grupo fundamentalmente siderometalúrgico con otro más dedicado a negocios comerciales y de alimentación. Al igual que los dos grupos mencionados anteriormente, la dinámica inversora del grupo Echevarría refleja nítidamente la evolución del sector siderometalúrgico: en 1886 crean una fábrica de transformados metálicos, importando bojadelata inglesa55 • Dos años más tarde se unen con Goitia y Compañía, creando la primera gran empresa metalúrgica vizcaína, que luego pasará a denominarse lberia 56 • En 1895 crean El Valle, otra empresa metalúrgica57 • Sus vínculos con los Zuricalday se inician en la Sociedad Real Telefónica de Bilbao, creada en 1889, y en la Papelera Vizcaína, fundada un año después58 • En 1893 ya aparecen en la antigua Sociedad Hijos de Zuricalday miembros de las dos famílias 59• Este grupo también invirtió en algunos negocios mineros y en varias compañías navieras6(). Como hemos visto, gran parte de los grupos navieros o siderúrgicos invierten en minería por diferentes motivos. Grupos empresariales entrados en este sector son, por ejemplo, el formado por Benigno Salazar, Luiz Salazar y J. Ma. Lezama Hormaza, que en estos años crean 1a Sociedad Carbonífera de Matallana y Salazar y Compañía61 • Los Gandarias, vinculados al grupo Chávarri por su participación en /a Vizcaya 62 , aparecen junto a él en varias Sociedades63 • Posteriormente crearon la Sociedad Coto Minero de O/largan y Minas de Alcaracejos64 • Hay, pues, por parte de estos grupos, una reinversión casi exclusiva en el mismo sector. Valdaliso: Grupos empresaria/es e inversiones en Vizcaya 267 Otro grupo de carácter monosectorial, esta vez centrado en el sector eléctrico, es el de Salvatierra-Crespo-Márquez de la Escosura-Zuasti, que proviene, sobre todo, del interior del país. Aunque Bilbao es el domicilio social del capital, todas sus iniciativas se centraron en el resto de España: en 1899, y junto a C. Reinke y W. Reinchard, crean la Electra Martos Valdepeñas y la Electra Industrial de Navarra65 • Un año más tarde crean la Compañía Eléctrica Peninsular, la Electra Industrial de Gijón y la Electra Industrial Coruñesa66 • En el sector químico destacan los grupos Gurtubay-GreavesArbaiza, dedicado, sobre todo, a la importacion y refinado de petróleo y aceites minerales desde 188867, y los Errazquin, vinculados a la Sociedad Española de la Dinamita, creada en 187168, y que ahora aparecen en Explosivos de Burceña, Unión Española de Explosivos y Fábrica de Vidrios de Lamiaco69• LOS INVERSORES Y EL ORIGEN DE LOS CAPITALES Debido a las limitaciones de las fuentes, ya expuestas anteriormente, nuestras conclusiones en este apartado concreto se basan en la presencia de los inversores en las diferentes compañías y sectores y no en el volumen de capital suscrito por cada uno. A pesar de ello, creemos que los resultados son indicativos de las inversiones realizadas y de las relaciones intersectoriales en materia de inversión. Por lo que se refiere a la presencia de capital extranjero, ésta es importante en el sector químico, con un 15.20/o de los inversores. Los restantes sectores con participación de capital extranjero, por orden decreciente, son el eléctrico, con un 9. 70/o de los inversores; minería, con un 9.020/o, y compañías ferroviarias, con un 8.20/o. En los restantes sectores la presencia es mínima. La mayor intervención de capital extranjero en el sector químico es normal teniendo en cuenta la escasa tradición de la industria química en España, que ha provocado que la mayoría de las iniciativas hayan venido de la mano de empresarios foráneos70• En Vizcaya son, sobre todo, franceses y alemanes, vinculados a la fabricación de explosivos71 • También es importante la actuación de aquellos últimos en el sector eléctrico. Dentro del sector químico también hay que reseñar la presencia de capital asturiano, especialmente inversores del "Grupo Ovetense" como J. Tartiere y L. de Vereterra, agrupados en la Sociedad Industrial Asturiana Santa Bárbaran, que aparecen en la Vasco Asturiana de Explosivos y en la Unión Española de Explosivos13 • Del mismo grupo está A. López, que invierte en compañías ferroviarias como la Cons- �268 Siglo XIX tructora de Zalla a Solares y la Compañía de los Ferrocarriles de Santander a Bilbao14• Recíprocamente, parece que la presencia de capital vasco fue muy importante en Asturias en los años finales del siglo XIX1s_ A pesar de las continuas referencias a la importancia del capital repatriado invertido en Vizcaya al perder España a Cuba y Filipinas76, no nos ha sido posible cuantificar su presencia. Tampoco conocemos a los inversores que habían hecho su fortuna en las colonias, salvo los casos de E. Aresti Torren o Martínez de Pinillos78 • Por el momento, sólo un seguimiento personal de los inversores proporcionará algún dato al respecto. A continuación vamos a analizar las relaciones intersectoriales entre los inversores. La teoría tradicional de la industrialización de Vizcaya hace de la minería el sector de arrastre fundamental del posterior desarrollo industrial de la provincia. La burguesía minera vasca, exportadora de mineral, fue, según esta interpretación, "el eje, a nivel empresarial, del desarrollo industrial y del capitalismo en el País Vasco"79• La intensa acumulación de capital realizada en el sector minero por un "reducido grupo de empresarios{ ...) fue decisiva( ... ) en la financiación del desarrollo económico de Vizcaya y del País Vasco en el último cuarto del siglo XIX"80 • La reinversión de este capital sirvió para crear una moderna industria siderúrgica y, más concretamente en esta primera etapa, para "la financiación total de la expansión siderúrgica vizcaína"81 • A fin de calibrar de alguna manera la importancia de la minería y de la burguesía minera, hemos cuantificado la presencia, en cada uno de los sectores, de los inversores en minería y el porcentaje que representan en cada sector. Asimismo, y para realizar una comparación, hemos hecho algo idéntico con los inversores en siderometalurgia. Antes de analizar los resultados hay que hacer ciertas matizaciones. En primer lugar, cuando hablamos de capital minero, siderúrgico, bancario, etcétera, estamos recurriendo a una generalización para sistematizar los datos, pues es casi imposible averiguar la procedencia exacta de un determinado capital. En segundo lugar, y dado que operamos con un listado de inversores e inversiones de 1886 a 1900, hay que tener en cuenta la cronología de estas últimas. A este respecto, Fernández de Pinedo, para el caso concreto de la minería, ha señalado que el hecho de "que ciertos inversores de 1882, cuando se iniciaba la gran exportación de mineral, figuren como mineros en 1890 no garantiza que el capital invertido a principios de los ochenta haya tenido sus raíces en la minería"82• Por último, en los sectores están agrupados tanto las ac- Valdaliso: Grupos empresariales e inversiones en Vizcaya 269 tividades directamente productivas como las comerciales; por ejemplo, en nuestra lista de inversores en minería habrá tanto mineros productores, que laborean minas propias o arrendadas, como individuos que se dediquen al comercio del mineral. Si analizamos el número total de los inversores en negocios mineros83 podemos inferir de su cantidad que los beneficios de este sector "no se concentraron exclusivamente entre la gran burguesía minera, sino que más de un tercio de los mismos se desparramó entre las clases medias"84 • En efecto, se constituyeron gran número de compañías por parte de burgueses que no eran los Martínez Rivas, Chávarri, Gandarias, Durañona o Lezama; burgueses que formaron "una numerosa clase media que supo aprovechar lo fácil y barato de los registros"85 • Hay que tener en cuenta que nuestro listado de inversores en minería (1886-1900) corresponde a un 52.4% de las compañías mineras creadas en este período, porcentaje que se refiere a las compañías mineras más importantes o, a lo sumo, de tamaño medio. Las pequeñas compañías, generalmente colectivas, que laborean una o varias minas, se encuentran en ese 47 .6% que no hemos recogido. Por lo que se refiere a los porcentajes de participación de inversores mineros y siderometalúrgicos, vemos que la presencia de los primeros sobrepasa el 20% en el sector siderometalúrgico, químico y construcción. En los restantes sectores el porcentaje de mineros entre sus inversores oscila entre el 12 y el 18%. La presencia de inversores en siderometalurgia, aun siendo considerablemente menores en número que los primeros86, es importante en construcción, químicas y ferrocarril, teniendo porcentajes parecidos en minería y eléctricas. A primera vista de estas cifras, se deduce una contribución importante en la minería,' pero de ningún modo fundamental, ni decisiva, para el surgimiento de una industria moderna. Los relativamente altos porcentajes en químicas, ferrocarril y, sobre todo, construcción obedecen a la fuerte atracción que ejercieron como receptores de capital y diversificadores de inversiones. Tanto inversores mineros como siderometalúrgicos aparecen en ellos con parecida importancia. La dif~renci~ favor de los primeros estriba en el mayor desarrollo y prohferac1on de compañías mineras en esta etapa, mie~tras que el ritm? _d~ creació!1 de compañías siderometalúrgicas no se incrementa hasta m1c1ada la decada de los noventa ritmos diferentes que influyen en el mayor o menor número de inve;sores en cada sector. No obstante, eso no les impide ser a los inversores en siderometalurgia los que tengan un porcentaje más alto en el sector de la construcción e igualen a los mineros en el sector eléctrico. .ª �270 Siglo XIX Valdaliso: Grupos empresariales e inversiones en Vizcaya CUADRO 3 PRESENCIA DE INVERSORES EN MINERIA Y EN SIDEROMETALURGIA EN LOS DEMAS SECTORES (1886-1900) Inversores Minería (%) Navieras Siderometalu rgia Ferrocarril Químicas Banca-Seguros Eléctricas Construcción Minería 17.7 25.7 18.2 22.3 17.4 12.2 25.7 Inversores Siderometalurgia (%) 5.0 14. l 17.8 9.1 12.2 27.2 12.8 Fuente: RMV, Libros de Sociedades, listado de inversores 1886-1900. Elaboración propia Los porcentajes de inversores mineros en los sectores siderometalúrgico y naviero se explican por otros motivos. Ya hemos visto que algunos grupos navieros integraban verticalmente el negocio de extracción de mineral y su posterior transporte, pero las inversiones en minería no fueron siempre el punto de partida para una posterior adquisición de buques. Grupos como el de Martínez Rodas o el de ArzuagaUrrutia invirtieron en minería para poder transportar mineral en sus buques, mineral que mayoritariamente era embarcado en buques extranjeros 87 • El mismo Sota invirtió en el sector naviero siendo antes minero, pero en 1900 invirtió de nuevo en minería para asegurar la prosperidad económica de su flota de vapores, sin que sepamos hasta qué punto el capital empleado provino de la minería o del transporte marítimo. En el caso de los grupos siderometalúrgicos, el único que previamente tiene negocios de minas es de los Chávarri88 • Los dos restantes invierten en minería a posteriori de sus inversiones en el sector siderometalúrgico. Con esto no pretendemos en mingún momento negar la existencia de una corriente reinversora de beneficios mineros en la industria y los servicios, pero sí cuestionar que fuera la única o la predominante. Las corrientes de reinversión fueron múltiples y recíprocas dentro de una fuerte tendencia a diversificar las inversiones. Además, salvo los Chávarri, los restantes grupos que muestran un acusado dinamismo inversor no son precisamente mineros. La tendencia de es- 271 tos últimos se dirigirá hacia la reinversión en el mismo sector, como es el caso de Lezama, Salazar o Gandarias. En conclución, pues, hay que cuestionar la rotundidad de las afirmaciones de la teoría tradicional sobre la contribución de la minería a la industrialización de Vizcaya. De lo expuesto hasta el momento se deduce una cierta importancia de este sector; importancia que no es explicativa por sí sola del acelerado ritmo de industrialización que vive Vizcaya en estos años. 2. 1901-1913: UN PERIODO DE CONCENTRACION EMPRESARIAL 2.1. Diversificación de inversiones y grupos empresaria/es Partiendo de nuevo del capital invertido en los diferentes sectores y comparándolo con el de la etapa anterior, podemos apreciar varias diferencias. En primer lugar, hay un importante aumento del capital invertido, que se hace más perceptible en los primeros sectores del cuadro 4, banca y seguros y minería, cuyas diferencias con los restantes sectores son significativas. Asímismo, las diferencias entre el tercer y cuarto sector y los restantes también son importantes. Prueba de la concentración de las inversiones en este período es el hecho de que ahora los cuatro primeros sectores reúnen el 70.1 % del capital total invertido en Vizcaya, por tan sólo el 29.70/o en cuanto al número de sociedades mientras que en la etapa anterior los porcentajes respectivos fueron 62.9 y 36.80/o. Ha habido, pues, un aumento de capital absorbido por los principales sectores en este período 1901-1913, capital concentrado en un menor número de sociedades. En estos años se crean grandes compañías como Altos Hornos de Vizcaya, Hidroeléctrica Ibérica, Banco de Vizcaya, etcétera. En contraste con ese gigantismo empresarial, también ahora aumenta considerablemente el número de pequeñas compañías, la mayoría de ellas no encuadradas en los sectores básicos de inversión y con tan sólo un 13.4% del capital total. Por sectores, tanto banca y seguros como minería son los más importantes en cuanto a capital recibido, siendo, además, este último el primero en número. El sector siderometalúrgico y el eléctrico experimentan una fuerte subida en capital, aun cuando sus porcentajes en número disminuyan o permanezcan igual, lo que nos indica un aumento del capital medio por empresa en ambos. Por el contrario, las compafiías navieras y los ferrocarriles descienden fuertemente en número y capital como consecuencia de las crisis en sus respectivos sectores. La industria de la construcción permanece igual en porcentajes, pero ha visto aumentar el capital dirigido a ella. Las químicas, por último, des- �Valdaliso: Grupos empresariales e inversiones en Vizcaya 272 273 Siglo XIX CUADR04 SOCIEDADES CREADAS EN VIZCAYA SEGUN SECTORES DE INVERSION Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL (1901-1913) Capital* Banca-Seguros Minería Siderometalurgia Eléctricas Navieras Químicas Ferrocarril Construcción 200.0 183.4 98.02 83.3 41.9 38.3 30.4 23.0 % No. % 24.8 22.8 12.2 10.3 5.2 4.7 3.8 2.8 27 162 89 47 64 47 7 81 2.5 14.8 8.1 4.3 5.8 4.3 0.6 7.4 • Millones de pesetas Fuente: RMV, Libros de Sociedades. Elaboración propia de los grandes bancos, que en Vizcaya ~viero~ un ~á~er mixto, l_o que pudo suponer una diversificación de mvers1ones mdirecta a traves de la banca91 • El grupo de Martínez de las Rivas no ap~~ece ahor_a en ~~~a ·edad Hasta 1918 no volverá a part1c1par en mnguna llllCianueva SOCI • • Hº p rt tiva año en el que crea, junto a otros mversores, la 1spano .o u gu~a de Transportes Eléctricos, perteneciendo a su ConseJO de Administración92 • El grupo Sota YAznar experimenta una profunda transformaci?n en la primera década del nuevo siglo. En pnmer lugar, los tres socios ma oritarios de las compañías de buques, Ramón de la S?ta, E. Azn~ de Sota YLuis Ma. Aznar YTutor, crean en 190 l _la sociedad colectlS t Aznar93 como forma de gestionar sus mtereses Y agrup_ar ;:s a~~:Oes en la; compañías de lo_s dife~nte~u!~¿~e}cis:°L~~ dades mineras del grupo. En ese mismo o, J ., d J L Vill baso este último vinculado a Sota desde la creac1on , e1 ~~co.de c:mer~io en 1891, crean la Sociedad m~s grande del pen~ do la Polar de Seguros, con un ca~ital dedlOO milllon~ . '. d • 1O del grupo Martmez Ro as, e grup S1gu1en o e1eJemp , d n la doble finalidad de asecreó también una compañía e seguros co fu ~i;:; :o~:yesz:~ cienden en número y capital, aunque no considerablemente. Acorde con ese fenómeno de concentración empresarial que se produce en el período 1901-1913, las cifras de inversores e inversiones referidas a las Sociedades más importantes creadas en estos años también descienden, al igual que el porcentaje de sociedades anónimas, sobre el total, que ahora es del 24.9% frente al 34.70/o de la etapa anterior. El predominio del sector minero en cuanto al número de inversores e inversiones es abrumador en esta etapa, lo que se debe fundamentalmente a la gran importancia de las compañías mineras creadas en estos años, con grandes volúmenes de capital: compañías que en su inmensa mayoría se dedicaron a laborear minas situadas fuera de la provincia. Si en el período 1886-1913 el 77.711/o de las grandes Sociedades (el 4811/o del total) se dedicaron a explotar minas fuera de Vizcaya, en 1901-1913 el porcentaje asciende hasta el 82.4% 89• El número de inversores también aumenta en banca y seguros, eléctricas y varios, aumento relacionado con el especial auge que los dos primeros sectores experimentan en esta época. Todos los datos apuntan, en suma, a que en estos años se produjo una creciente concentración industrial y empresarial no sólo en Viscaya, sino en todo el país90• A la vez, no hay que olvidar el desarrollo CUADR05 INVERSORES E INVERSIONES EN VIZCAYA (1901-1913) Inversores % No. Inversiones % No. 8.9 5.1 9.8 5.7 95 11.1 144 2.2 6.1 37.7 7.6 4.1 15.6 111 23 65 436 78 39 169 2.1 6.1 40.7 7.3 3.6 15.8 923 100.0 1 071 100.0 Banca-Seguros Construcción Eléctricas Ferrocarril Siderometalurgia Minería Navieras Químicas Varios 91 53 103 20 56 348 70 38 Total Fuente: RMV' Libros de Sociedades. Elaboración propia. 55 10.4 �274 Valdaliso: Grupos empresariales e inversiones en Vizcaya Siglo XIX gu_rar su ~rop~ flota y ofertar s_us servicios a otras compañías navieras o t~~ustnales . En 1901 también, Ramón de la Sota participa en la fus1on del Banco de Comercio con el de Bilbao y en la creación de otras compañías96 • En 1906, siguiendo la estrategia particular del sector, se ~roduce la fusión de las veintitrés compañías de buques existentes baJO el nombre de la Compañía Naviera Sota y Aznar S.A. con un capital de 9 5 millones de pesetas97• En resumen, hay ~na r~rganización de! g~upo, tendente a un mayor control, por parte de sus tres figuras prmc1pales, de todas las actividades en donde está presente. En torno al Banco Vascongado, creado en 1902 y posteriormente integrado en el Viz':aya~, se produce una clara articulación de los que ~asta entonces hab!an sido grupos empresariales dispersos, que a partir de ahora tendran más conexiones entre sí. Este banco nace de la participación de la Compañía de Seguros Aurora, del grupo Martínez Rod~, Y de la fusión del Banco Naviero-Minero'~\ en el que participan diversos grupos. El grupo I barra-Vilallonga-Zu biría dirige su atención preferentemente hacia el dinámico sector de las eléctricas, participando fuertemente en compañías como la Hidroeléctrica Ibérica, Compañía Ibérica de Electricidad Thomson Houston y Unión Eléctrica Vizcaína 100 e indire~tamente e~ ~lgun~s más a través del Banco de Vizcaya, en cu~o C~nseJo d_e Adrrums~rac1ón están presentes 1º1• Maluquer ha puesto de reheve la tmportanc1a de este banco, eje de "un trust perfectamente articulado" de grandes empresas eléctricas 102• Junto a otros grupos participará en la creación de Saltos del Ter, en l 90tº3, y es, además, uno de los g_rupo_s creadores del gigante Altos Hornos de Vizcaya, junto a los Chavam y los Echevarría104 • También aparece en varias compañías mineras 105 • El grupo Echevarría-Zuricalday mantiene sus inversiones en los sectores metalúrgico y alimentación (véase Apéndice), pero en las iniciativas más destacadas en las que participa está asociado a R. Picavea Leguía, creador, con l. García Lastra, de Hispanía. Compañía General de_ Alumbrado106 • En 1901, junto a C. Reinke y J. Ahlemeyer, crean p~mero Ah/emeyer,. S.A. y poco más tardeAhlemeyer, Compañía Anómma de Construcc10nes e instalaciones Electromecánicas fruto de Ja fusión de la anterior con la Hispania 101• Un año más tar'de este mismo grupo crea la Hidroeléctrica de Cataluña, con un capital de 10 millones de pesetas 108• En 1907, tanto Echevaróa como Picavea participan en la creación de Saltos del Ter. No es extraño, pues, que R. Picavea sea uno de los socios fundadores del Banco de Vizcaya el banco eléctrico por excelencia 109• ' 275 El grupo bancario Crédito de_Ja Un!ón Mi~~ra está formado por un gran número de mineros cuyas 10vers1ones bas1~s y fundamen~al~s siguen centrándose en el sector del que proceden . El gr~po pn~c.1pal en este banco, aparte de los Chávarri, es el de Gandanas, familia minera muy importante en Vizcaya desde los años ochenta del pasado siglo 111 • Los Chávarri mantienen su política de diversificación, ahora no sólo de inversiones, sino también de relaciones con otros g~pos empresariales o empresarios indiv~duales. P~r. una parte, ~anuene u~a fuerte presencia en el sector romero, part1c1pando en sets compañías mineras y en el Crédito de la Unión Minera. En los restantes sectores, la mayoría de las veces aparece as<?ciad? a P. Allende Y a E. Borda Achúcarro, dúo inversor de gran dmarrusmo, presente s<?bre todo _en compañías ferroviarias 112 • Es, quizás, el ~rup_o empresanal cuyos mtereses económicos se encuentran más d1vers1 ficados. Como conclusiones generales de este apartado podelll:os enumerar, en primer lugar, la desaparición de vari?s &:~pos navieros como inversores en nuevas compañías y la reorgamzac1on de los ~rupos qu_e perduran a través de una política fusiones o concent~a~1?nes honzontales. Esta se explica por la cns1s del sector, que se 1~c1~ en 1~-• con una brusca caída de los fletes. Así, hasta 1909, las prmc1pa~es m1ciativas revisten el carácter de concentraciones ~orizontales, mientras que las restantes compañías que se crean se ded1c_an fundamentalm~nte al cabotaje -navegación que sí estaba protegida-,_ co~1~n captt~l social menor y una razón jurídica que ya no es la an?mma · Ademas de esa política de fusiones, la estrategia de los_ nav1er?s se centró en pedir protección al Estado, solicitando una sene de pnmas a la ~avegación que se concederán, en 1909, mediante la Ley de Prot~c1ón a las Industrias Y Comunicaciones Marítimas. Parece, p~es, que os navieros estuvieron muy interesados en recibi: la prot~c1ó~1?el Estado, lo que pone muy en duda su pretendido librecambismo . ?~ En segundo lugar, la tendencia de la mayoría de los grupos m~~eros a invertir de nuevo en el mismo sector, sobre todo en comparuas mineras situadas fuera de Vizcaya. (~! Por último, el vi_raje d~ grupos ~~di~ion(It:!:;Jj~;:a Tutor-Arzuaga-Urrulla), o s1deromet urg¡cos . . , s ue 'a) hacia una inversión preferente en el sector eléctnco, grupocq Vam , v· rtenecen a su onartici an en la creación del Banco de izcaya Ype . . ~e· o Administración. Tendencia a la que no son aJenas las d1fic~taJ .d , ·co vasco en la primera década del nuevo siglo. des del sector s1 erurgi d: �276 Siglo XIX Y en todos ellos una profundización de las relaciones con el resto de la burguesía vasca; burguesía que ahora no sólo diversifica sus inversiones como en el período anterior, sino también los grupos y empresarios con los que participa en la creación de numerosas compañías. La confluencia de varios de estos grupos y el fuerte papel de los bancos como cabezas de los grandes grupos de intereses (grupo Sota y Azoar, vinculado al Banco de Bilbao; grupos Ibarra-Vilallonga, Azoar, Tutor-Arzuaga-Urrutia y Echevarría-Picavea, en torno al Banco de Vizcaya) confirma la primera impresión de esta etapa como un período de concentración empresarial y financiera. 2.2.Los inversores y el origen de los capitales La presencia del capital extranjero se mantiene en el sector químico con un 15.80/o, pero disminuye o permanece en unos niveles mínimos en los restantes sectores. El número de inversores según nuestra muestra, disminuye. Frente a los 913 inversores de la primera etapa ahon¡ sólo hay 760, de los cuales un 32.90/o fueron inversores en la etapa anterior. Podemos hablar, pues, de una renovación importante en el conjunto de la clase empresarial vasca, aun cuando la mayoría de los grandes "capitales de empresa" permanezcan. Como en el período anterior, hemos cuantificado la presencia de los inversores de origen minero en los demás sectores. En primer lugar, y ya que tenemos el listado de inversores de la etapa 1886-1900, podremos constatar la presencia de inversores mineros en los diferentes sectores en el período 1901-1913, lo que nos dará una idea aproximada de dónde invierten los beneficios del período precedente-y, por tanto, una corroboración o una matización de la teoría tradicional ya comentada-. El cuadro 6 trata de reflejar la importancia de los inversores "antiguos" (del período 1886-1900) en los sectores de la etapa 1901-1913. En la columna bajo el nombre de inversores en minería se reflejan los porcentajes de inversores en cada sector que en la etapa anterior fueron inversores en minería. En la siguiente columna se hace lo mismo con los inversores en el sector siderometalúrgico y la última columna recoge los procentajes de inversores en cada sector que en la etapa 1886-1900 habían invertido en ese mismo sector. De alguna manera esta última columna reflejaría la reinversión de beneficios en el propio sector, una especie de autofmanciación del mismo. Analizando los resultados vemos que los porcentajes de la primera columna no son nada espectaculares: tan sólo el sector de banca y seguros refleja un 23. l O/o, no llegando los restantes al 200/o. En números reales destaca la elevada presencia de mineros del período 1886-1900 que vuelven a invertir en minería, fenómeno que ya hemos visto al ha- 277 Valdaliso: Grupos empresariales e inversiones en Vizcaya CUADRO 6 PRESENCIA DE INVERSORES EN MINERIA, SIDEROMETALURGIA y EN EL PROPIO SECTOR DURANTE 1886-1900, EN EL PERIODO 1901-1913 Inversores Minerfa % Inversores Siderometal. % 23.1 15.5 18.1 13.1 11.3 17.8 15.7 7.7 11.6 6.6 2.6 9.4 25.0 Banca-Seguros Eléctricas Minería Químicas Construcción Siderometalurgia Navieras Inversores mismo sector % 5.5 16.5 18.1 7.9 5.6 25.0 27.1 Fuente: RMV • Libros de ~ieda d es, listados de inversores 1886-1900 Y l901-1913. Elaboración propia. "al Del total de inversores en minería en blar de los grupos empresan ,es. ·nvert1·r en diferentes sectores en , d 1886 1900 que vue ven a 1 . el peno o - 7 . • ·erte sus beneficios de nuevo 1901-1913, _un 8~. 0/o det:di:~:~~::i,~ situadas fuera de Vizcaya, en compañlas mmeras, ud Es d 11s Se puede a la vista de estos ' .. . b . . h señala o cu ero . como tarn ien a . cedentes de la minería se dmg1edatos, afirmar que los be!1e,fic1os P.~º de compañías mineras en el resto ron mayoritariamente hae1a a creac1 n de España. .d talurgia también disminuye La presencia de inversores en s1 ero~e en el que llega a significar en todos los sectores, excepto en el p~~~~~~tor se produjeron elevados un 250/o, que hace supo~er.¿ue ~go parecido ocurre en el sector naporcentaJes de autof~anc1~c1 º~ofnanciación bastante elevadas, cerviero, que presenta cifras au lesa política de concentraciones bocanas al 300/o, lo que se ei ica/r primera década del siglo. Estos porrizontales llevada a cabo uranl e a . de Femández de Pinedo sobre centajes vienen a corroborar 37dtes.1sg¡·co Y sobre la escasa presencia la autofinanciación del sector s1 er~1~ de capital minero en la flota vasca . !º t . nerales pone de manifiesto la imUn último dato qu:, en hneasl ~e d strictlización llevada a cabo en portancia del sector minero en a m u �• 278 Valdaliso: Grupos empresariales e inversiones en Vizcaya Siglo XIX ~l ~ríodo 1901-1913. De los 250 inversores del período 1886-1900 mVIerten de nuevo en esta etapa 61O 1 31 2 o¡¡0 que minería p ¡ . s e · fueron inversores en . or o tanto, casi un 70% pertenece t . nemos en cuenta que de ese 31 2% de . o ª1 o ros sectore~. S1 te80 70/i · · d · romeros a gran mayona -un . o- mVIerte e nuevo en minería hab , 1. te de capital del sector minero a la ind~stri~~~~~º\~~tr que ~I aporcho menos importante de lo que hasta ahora se ha\o~:r;o_ue mu- Vamos · de •mversores en minería en !~]1913 en losahora a ruantifx:ar la presenoa restantes sectores (cuadro 7). No o ~ Y teniend ~~:=~~¡~;::::t~.::~::~:~~•~•!~:~:~:o~,:~,i~ efectivamª co umna 2 el porcentaje de inversores en minería que son . ente, nuevos, esto es, que no invirtieron en 1886-1900 ' el obJeto de evitar una doble contabilidad d 1 . ! con en ~I cuadro anterior y en el presente. Aun ~nºr~~;;::~rf! 1t~~! ;~~tff1~1~~~~te comp~rand~ los porcentajes de la columna 1 (que con3 v os Y antiguos mversores en minería) con los del cuadro t~j/:~: ~~eti~ovsoleons edlecmas,o de banca-seguros Yeléctricas, el porcenas sectores. :i CUADRO 7 PRESENCIA DE INVERSORES EN MINERIA EN LOS DEMAS SECTORES (1901-l 9 l3) Banca-Seguros Eléctricas Navieras Químicas Siderometalurgia Construcción 1 2 (%) (%) 28.6 17.5 15.7 18.4 21.4 15.1 16.5 10.7 5.7 10.5 8.9 7.5 Fuente: RMV' Libros de Sociedades li 1901-1913. Elaboración propia. ' stados de inversores 1886-1900 Y m ~e todo 10 expuesto parece cuando menos arriesgado sostener afir a~iones ~mo que la burguesía vasca exportadora de mineral "fu; e1 eJe, a ruvel empresarial, del desarrollo industrial Y del capitalismo 279 en el País Vasco" 117 • La presencia de esta burguesía explica tan sólo una mínima parte del desarrollo industrial de Vizcaya. Además, sus intereses se dirigieron primordialmente a la explotación de yacimientos mineros en el resto del Estado español. 3. CONCLUSIONES. Aunque el auge de algunos sectores tales como banca-seguros o eléctricas se produce a partir de 1901, hay una profunda diversificación de inversiones desde los años ochenta del siglo XIX. La mayoría de los grupos empresariales se centra en más de un sector, realizando, además, "incursiones" en otros campos de actividad económica. Con ello no sólo disminuyen el riesgo que toda inversión lleva consigo, sino que también estrechan las relaciones con otros sectores de la burguesía vasca y española. En las condiciones descritas, la sociedad anónima aparecía como la forma jurídica ideal que posibilitaba una rápida captación de capitales y una fácil participación de los inversores en cualquier sector de la actividad económica, sin verse obligados a llevar la gestión de la empresa. Lo mismo sucede en Asturias, donde diversificación inversora 118 y generalización de la sociedad anónima son hechos paralelos • Estos factores, junto a la intensa capitalización de la época, originaron la generalización de la sociedad anónima en Vizcaya. La importancia de la misma, especialmente en la primera etapa 1886-1900, donde supone el 34.70/o del total de las Sociedades constituidas en Vizcaya, no se superará hasta después de la guerra civil. La dinámica inversora de los grupos empresariales es un fiel indicador de la estrategia que se desarrolla en cada sector. Durante el período 1886-1913 se produce: - Un intenso ritmo de creación de compañías navieras en los años finales del siglo XIX, aprovechándose de la espectacular subida de los fletes. Los grupos navieros que operaban antes debían su prosperidad económica a una política de integraciones verticales minería-transporte de mineral (Martínez de las Rivas, Sota y Aznar) como mecanismo de defensa frente a la marina mercante extranjera, que controlaba lama11 yoría del tráfico de mineral y combustible por el puerto de Bilbao 9, o a su dedicación al cabotaje o al comercio con América (Martínez Rodas). A partir de 1901, y con el comienzo de la crisis de los fletes, hay un doble proceso en lo que concierne a la creación de compañías navieras: por una parte, una estrategia de concentraciones horizontales practicadas por los grupos creados en la etapa anterior, que se plasma �• 280 Siglo XIX Valdaliso: Grupos empresariales e inversiones en Vizcaya 281 ?~ en la creación nuevas compañías con elevado capital medio; por otra part~, la creacion hasta 1909 de pequeñas compañías vinculadas al comercio de cabotaje, navegación que sí estaba protegida, de carácter colectivo o comanditario y con un escaso capital social. - {!na polí,tica de creación de compañías de seguros por los grupos naVIeros mas poderosos (Sota y Aznar, Martínez Rodas) con las c~ales, además de explotar el negocio de los seguros, aseguran su propia flota. - Dentro de esa misma estrategia se sitúa la creación de astilleros por navieros interesados en construir su propia flota, además de abastecer a otros posibles demandantes. - (!na ~ol!tica de sustitución de importaciones por parte de los grupos siderurg¡cos, que les lleva a intervenir en la creación de la mayoría de los empresas metalúrgicas a partir de la promulgación del Arancel proteccionista de 1891. Sólo así terminaron los problemas de superproducción de una siderurgia originados al perder los mercados exteriores para el lingote Bessemer. -:-A partir de 1901, y por parte de grupos empresariales centrados antenormente en otros sectores, fundamentalmente el sjderometalúrgico, hay una fuerte inversión en compañías eléctricas. Estos mismos grupos s~rán los artífices del Banco de Vizcaya, el banco eléctrico por excelencia. - Una política, por parte de la gran mayoría de los inversores min~ros,_ de reinvertir Is beneficios en el propio sector, especialmente en mmena fuera de Vizcaya. Por lo que respecta a la contribución de la minería al desarrollo industrial de Vizcaya, creemos que la teoría tradicional debe ser cuestionada por varias razones: - De nuestro listado de inversores en minería se deduce que hubo muchos más que ese "reducido grupo de empresarios y compañías" que controlan "la mayor parte de la producción, de la exportación y de los beneficios del sector" 120• Teniendo en cuenta que nuestro listado procede de compañías de gran tamaño o, cuando menos, mediano, se confirma la tesis de Escudero para la minería que "más de un tercio de los beneficios se desparramó entre las clases medias" 121 • - La presencia de inversores de origen minero en los demás secto- res fue importante en algunos y más ~odesta_ en otro~, pero de ningú~ modo fue decisiva para el desarrollo mdustnal de V12caya. En la pnmera etapa, 1886-1900, los porcentajes oscilan entre el 12 Y el ~50J~, con una media general del 20%. Pero, además, esa presencia n~ sigmficó reinversión en su totalidad: en muchos casos fueron navieros o siderometalúrgicos los que invirtieron en minería. Parece, pues, que las corrientes de reinversión no tuvieron ese sentido unívoco -mineríarestantes sectores- que la teoría tradicional ha postula?º· En ~a segunda etapa, 1901-1913, los porcentajes d~ inversores mme~os siguen oscilando en torno a ese 20%. La afirmación de que a partlf de 1901 los beneficios de la minería se reinvirtieron masivamente en nuevos sectores también tiene que ser matizada: de los 250 inversores de ~uestr_a muestra que intervinieron en el primer peíodo y que vuelven a mvertrr en la etapa 1901-1913, sólo el 31.2% fueron inversores mineros en la primera etapa. Luego hubo casi un 70% de reinversores cuyos beneficios no procedieron de la exportación de mineral, Pero, ade~ás, la mayoría de las reinversiones no se dirigieron hacia la industna. Donde fueron en mayor medida los beneficios mineros fue ?ªc!a ~l mismo sector. De ese 31.2% de reinversores mineros, el 80.70Jo mv1rt1ó de nuevo en minería, la cual se encontró mayoritariamente, como ya hemos dicho, fuera de Vizcaya. En resumen, hubo más inversores y más fuent~ de ~pita! qu_e las procedentes del sector minero~• ~or ~nto, la_contnbuc1o_n del ~rus~o no explica por sí sola la industnalizac1on d~ V1zcay~- Las 10vest1gac10nes más recientes que han revisado la teona tradic1on'." y los res?ltados que se desprenden de nuestro estu?ío apunt~ hacia ~na t7ona de la industrialización vizcaína mucho mas compleJa que la simplista teoría tradicional. NOTAS Sobre todo de Lazúrtegui (1907). Autores como Lequerica (195~) o, más reciente1 . mente, González Portilla (1981) han sostenido esta interpretación. 2 _ Por citar algunas: Fernández de Pinedo (1983), (1985 a) y ( 1985 b); Escudero (1985) y (1986). 3 Fundamentalmente, este articulo es uno de los capi!ulos de nuest~a tesis ~e liceo. · t . Valdaliso (1986) en la que hemos proporcionado las senes de numero Y ~~i:de las Sociedades Mercantiles constinúdas en Vizcaya desde 1886 hasta 1975 • �.r: r 282 283 1 l j :l 1 l i 1 ' l. 4. Valdaliso (1986), p. 170. 24. RMV, L. 15, H. 720 (1900). 5. Que son ~ho: metalúrgicas.y similares, negocios mineros y derivados, navieros, 25. Porcentaje extraído de nuestro listado de inversores 1886-1900, elaborado a partir de los datos del Registro Mercantil. construcc1on ~e.obras y s1m1lares, productos químicos, negocios eléctricos, compa~las ferroV1anas y banca y seguros. Sobre esta clasificación sectorial, véase Valdahso (1986), pp. 13-14. Los porcentajes de los datos recogidos por sectores pueden verse en Valdaliso ( 1986), p. 115. 27. RMV, L. 6, H. 237 (1892). 7. Registro Mercantil de Vizcaya (en adelante, RMV), Libro 5, Hoja 219. 29. RMV, L. 14, H. 647 (1899). 8. En nuestros datos sólo hay anónimas entre las navieras. No obstante, una mínima 30. RMV, L. 14, H. 677 (1900). 9. El auge de las compafiías ferroviarias se debe fundamentalmente a la extensión del tendid? de líneas ~r el País Vasco y a la construcción de líneas que enlazan centros mmeros, pnncipalmente Santander y Asturias y la cuenca hullera del norte de León, con Bilbao. El de las químicas está muy ligado a la rama de explosivos muy necesarios para la minería. 10. Sobre esa etapa puede verse Femández de Pinedo (1983). 1l. Fernández de Pinedo (1985 a), p. 22. 12. Femández de Pinedo (1985 b), en prensa. 13. Fernández de Pinedo (1985 b). Una inscripción de la misma puede verse en el RMV L. 8, H. 345 (1894). Los socios que aparecen son J. Ma. Martinez de las Rivas: J. B. Alzaga y E. W. Procter. ! i 1 ¡ ! \ • ¡,, 1 ¡, 1 1: 31. RMV, L. 15, H. 760 (1900). 32. RMV, L. 15, H. 690 (1900). 33. RMV, L. 15, H. 764 (1900). 34. Según Harrison (1983), p. 29, "hay una decis(ón colectiva de invertir en Bilbao los ahorros mantenidos en cuentas de depósito durante la campaña de Cuba (1895-1898), esperando un desenlace del conflicto". 35. El capital registrado de las nuevas Sociedades creadas en yizcaya en 1901 no se sobrepasará hasta 1962 en pesetas corrientes, y nunca sera alcan~do en pesetas constantes. Los casi 450 millones registrados en Bilbao en l'?(ll supusieron el 50.9'7, de todo el capital constituído ese año en España. Valdaliso (1986), PP· 50-51. 36. Femández de Pinedo (1985 b). 37. Valdaliso (1986), p. 121. 15. Sus inscripciones respectivas se encuentran en RMV, L. 5, H. 216; L. 5, H. 214, y L. 5, H. 215 (1891). 38. Ibídem. 17. Fernández de Pinedo (1983), p . 17. 1 28. RMV, L. 9, H. 385 (1895). 14. RMV, L. 3, H. 139 (1889). 16. RMV, L. 5, H. 201 (1891); Ybarra (1947). p. 217. •1 ¡ 26. Debo esta información a E. Fernández de Pinedo. La escritura de Hulleras del Turón está en RMV, L. 4, H. 160 (1890). 6. El capital medio de las Sociedades del sector eléctrico no llega al millón de pesetas por muy poco (962 500), mientras que el de las siderometalúrgicas justo alcanza las 400 000. parte adoptó otras formas jurídicas. ! Valdaliso: Grupos empresariales e inversiones en Vizcaya Siglo XIX 18. RMV, L. 8, H. 337 (1894). 19. RMV, L. 1, H. 12 (1886). 20. Fernández de Pinedo (1985 a), p. 22. 21. RMV, L. 16, H. 770 (1900). 22. Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao (CCINB), Memorias de Sociedades 1902, Doc. 336, pp. 5 y ss. 23. RMV, L. 51, H. 2243 (1917) . 39. Ibídem, p. 122. 40. Como lo hace González Portilla (1981), vol. l, p. 201. 41. Femández de Pinedo (1985 a), p. 22. 42. Fernández de Pinedo (1985 b), en prensa. 43. Ibídem. 44. Ibídem. 45. Escudero (1985), en prensa. 46. RMV, L. 6, H. 276 (1892); L. 7, H. 278 (1893), y L. 7, H. 298 (1893). 47. Compañía Hullera Vasco Leonesa, RMV, L. 9, H 357 (1894). �r: i 1 _!_! ¡· :' [ . 1 i 1 ' Valdaliso: Grupos empresariales e inversiones en Vizcaya 284 285 Siglo XIX 70. Sobre la industria química espai!ola, véase Nadal (1986). 1 l ¡ 1 l. 48. Electra. Compaílía General de Electricidad, RMV, L. 3, H. 357 (1894). 71. Véase Tortella (1983), pp. 432-434 y 449. 49. La Papelera Vizcaína, RMV, L. 4, H. 153 (1890). 72. Vázquez García (1980), p. 177. 50. Sdad. de los terrenos de la Concordia, RMV, L. 3, H. 122 (1889). 73. La Vasco Asturiana también se integró en la UEE. Tortella (1983), pp. 448-449. 51. Femández de Pinedo (1983), p. 17. 52. Femández de Pinedo (1985 b), en prensa. 74. RMV, L. 7, H. 304 (1893); L. 9, H. 398 (1895). La primera acabará por fusionarse junto con otras para crear esta última. Véase Valdaliso (1986), p. 104, nota 20. 53. RMV, L. 3, H. 129 (1889); L. 5, H. 221 (1891); L. 6, H. 251 (1892); L. 7, H. 278 (1893); L. 7, H. 296 (1893); L. 11, H. 477 (1896), y L. 15, H. 703 (1900). 75. Vázquez García (1980), pp. 178-179. 54. Véase Apéndice. 76. Véase la nota 34. En el articulo de Harrison se pueden encontrar referencias de más autores. 55. Ecbevarrfa Hermanos, RMV, L. 1, H. 26 (1886); Femándezde Pinedo (1983), p. 16. 77. Escudero (1986), vol. 1, p. 249. 56. RMV, L. 2, H. 78 (1888). En 1890 se produce el cambio de nombre: RMV, L. 4, H. 173 (1890). 57. RMV, L. 9, H. 399 (1895). 78. Que fue secretario general de la Cámara de Comercio de La Habana en 1889. CClNB, Fondo Julio de Lazúrtegui, Carpeta 54, núm. 18: Informe sobre una exposición de la Sociedad de Estudios Económicos acerca del comercio de cabotaje en la metrópoli, CCIN de La Habana, 1889. 58. RMV, L. 3, H. 121 (1889), L. 4, H. 153 (1890). 79. González Portilla (1981), vol. 1, p. 70. 59. RMV, L. 7, H. 291 (1893). 80. Ibídem, p. 71. 60. F Ecbevarria y Picavea, Cia. La Blanca, Cía Naviera Aurrerá y Cía. Marítima La Actividad. Para sus inscripciones, véase Valdaliso (1896), p. 152. 81. Lequerica (1956), p. 47; González Portilla (1981), vol. 1, p. 96; Banco de Bilbao (1957), p. 167. 61. RMV, L. 4, H. 162; L. 3, H. 148 (1890). 82. Femández de Pinedo (1985 b), en prensa. 62. Fernández de Pinedo (1985 b), en prensa. 83. Que son más de 500 en el período 1886-1913. Dato extraído de nuestros listados de inversores del RMV, 1886-1900 y 1901-1913. 63. Hulleras del Turón, An&Jo Vasco de las Minas de Córdoba, Talleres de Deusto y Vasco Asturiana. Valdaliso (1986), p. 152. ' 64. RMV, L. 11, H. 502 (1897); L. 12, H. 555 (1898). 85. Jbidem. 65. RMV, L. 13, H. 597; L. 13, H. 613 (1899). 86. Véase cuadro 2. 66. RMV, L. 15, H. 705; L. 15, H. 709, L. 15, H. 710 (1900). 87. Fernández de Pinedo (1985 a), pp. 21-22; Fernández de Pinedo (1985 b), cuadros 8 y 9, en prensa. ' 67. Asociados primero a un francés, Fourcade, en la Sociedad Fourcade y Gurtubay, RMV, L. 2, H. 80 (1880), y más tarde solos en Hijos de Gurtubay, RMV, L. 3, H. 119 (1889). Este grupo también tenia varias Sociedades en el sector alimenticio; véase Valdaliso (1986), pp. 126-127. i 1 68. Sobre ella, véase Tortella (1983) p. 434. ¡ 1 ! i ' \ • 84. Escudero (1985), en prensa. 69. RMV, L. 10, H. 415 (1895); L. IO, H. 442 (1896); L. 4, H. 181 (1890). Tanto la Sociedad Española de la Dinamita como Explosivos de Burcella quedaron fusionadas en la Unión Española de Explosivos, que al ai!o siguiente controló el mercado español gracias al monopolio concedido por el Estado. Sobre esto, véase ToneUa (1983), pp. 448-449. 88. Y tampoco se le puede calificar exclusivamente de minero. Véase Fernández de Pinedo (1985 b), en prensa. 89. Para averiguar cuáles eran las compañías que laboraban minas fuera de Vizcaya he contado con la inesúmable ayuda de A. Escudero. 90. Tui'lón de Lara (1983), pp. 410-411; Maluquer de Motes (1987), p. 63. 91. Sudriá (1985), p. 262. �286 Siglo XIX Valdaliso: Grupos empresariales e inversiones en Vizcaya 287 92. RMV, L. 56, H. 2479 (1918). 110. Véase Apéndice. 93. RMV, L. 16, H. 799 (1901). 111. Escudero (1985), en prensa. 94. RMV, L. 16, H. 830 (1901). 112. P. Allende es vicepresidente de la Cía. de los Ferrocarriles Vascongados, de la que E. Borda es vocal del Consejo de Administración. RMV, L. 29, H. 1356 (1906). También son socios de otras compañías: véase Apéndice. 95. Debo esta información a E. Femáodez de Pinedo. 96. Banco de Bilbao, RMV, L. 16, H. 850(1901). En esta fusión aparecen como socios ejecutores, por el Banco de Bilbao, Tomás E . de Epalz.a, R. de Ibarra y Arregui, E. Coste, C . Urieo, M . Mac Mahón, A. Galina, E. Velilla e l. de Arias; por el Banco de Comercio, Ramón de la Sota, M. Lezama Leguizamóo, M. Meodiricbaga, R. Amézaga, F . Larrioaga, J. A. Uriarte, F . de Artecbe y L. Aosuátegui. 113. La relación completa de las compañías navieras creadas durante estos años está CD Valdaliso (1986), p. 157, nota 197. 114. Femández de Pioedo (1985 a), pp. 24-25. 115. Escudero (1985), en prensa. 97. RMV, L. 28, H. 1328 (1906). El capital estaba dividido en 19 000 acciones de 500 pesetas cada una, de las que la Sociedad Sota y Aznar poseía 7 857, el 4l.3'lt del total. Datos extraídos del Informe de la Comisión nombrada para llevar a cabo la fusión de las Compañías de los buques..., CCINB, Memorias de Sociedades 1906, Doc. 486. 116. Femáodez de Pinedo (1985 b), en prensa. También Escudero (1986), vol. l, p. 250, analizando los Consejos de Administración de varias compañías navieras, ha señalado lo mismo. 117. Véase nota 79. 98. Escudero (1986), vol. l, p. 267. 118. Váz.quez García (1980), p. 175. 99. Véase Apéndice. Las inscripciones de las diferentes Sociedades se encuentran en Valdaliso (1986), p. 154. 100. RMV, L. 17, H. 901 (1901); L. 17, H. 920 (1901); L. 33, H. 1491 (1908). En ellas también se encuentra el grupo Amar-Arzuaga. 119. Femández de Pinedo (1985 a), pp. 21-22. 120. Goll7.ález Portilla (1981), vol. l, p. 68. 121. Escudero (1985), en prensa. 101. RMV, L. 16, H. 825 (1901). Los socios fundadores fueron P . Mac Mahón Aguirre, T. Urquijo Aguirre, P . Maíz Arzuaga, R. Picavea Leguía YJ . Ma. Basterra, todos ellos en el Consejo de Administración. La información sobre los Ibarra la hemos tomado de Ybarra (1947), p. 213. 102. Maluquer (1985), pp. 247-248. 103. Véase Apéndice. 104. RMV, L. 19, H. 1023 (1902). La Sociedad Altos Hornos de Vizcaya es fruto de la fusión de Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Acero de Bilbao, la Vizcaya Y la Iberia. 105. Cía. Vascongada de Minería, RMV, L. 17, H. 867 (1901); Minas de Irún y Lesaca, RMV, L. 17, H. 877 (1901), y Sdad. Minera Vasco Catalana, RMV, L. 30, H. 1382 (1907). 106. RMV, L. 16, H. 777 (1900). 107. RMV, L. 17, H. 854 (1901); L. 17, H. 907 (1901). 108. RMV, L. 20, H . 1039 (1902). También participa aquí el grupo Salvatierra-Crespo... , que tras crear la Electra ladustrial de Castilla la Nueva, en 1901, Y participar en Saltos del Ta, desaperccc como grupo inversor. 109. La expresión es de Maluquer (1985), p . 252. �GRUPO IBARRA-ZUBIRIA-VILALLONGA, 1886-1900 DIVERSIFICACION DE INVERSIONES 1 Grupo •-•·••..ria·VJ•- , Minería Siderurgia Metalurgia Otros 1 1 Sdad. Tubos Forjados de Bilbao (1892) Orconera (1873) Mineral- Fco. Belga (1876) 4-- - - Electra. Cía. Gral. de Electricidad (1889) IAltos Hornos y Fábricas de Hierro! 1 y Acero de Bilbao (1882) Lingote - - Basconia (1893) La Papelera Vizcaína (1890) ,Alambres de Cadagua (1983) Sdad. Hullera Vasco Leonesa (1894) Combustible - - - - _ Sdad. de los Terrenos de la Concordia (1889) GRUPO CHAVARRI-SALAZAR (1886-1900) DIVERSIFICACION DE INVERSIONES c;rvp0 Chivarrt-5¡1,ur Siderurgia Minería l Metalur¡¡la Delta Espaftol (1889) Chávarri Hnos. (1889) La Vizcaya (1882) Hulleras del Turón (1890) Talleres de Deusto (1891) Vasco Asturiana (1888) Vasco Belga (1892) Fábrica de Vidrios de Lamlaco (1890) Basconla (1893) Papelera del Cadagua (1890) Minas de Garrucha (1894) Anglo Vasco Minas de Córdoba (1892) Qulmicas Sta. A¡ueda (1896) Unión Resinera Bspaftola (1898) Chávarri, Petrement y Cia. (1900) Minas de Carracedo ( 1900) ---, - - - - - - - - - - - - - - . . - - - -- - - - - - - - - - ~ - - - - - - - -~Otros Sectores 1 Banca y Se¡uros Banco de Comercio (1891) Electricidad Cia. Vizca!na de Electricidad (1897) Cia. del Ferrocarril del Cada¡ua (1888) Cia. del Ferrocarril de Bilbao a Lezarna (1889) Ferrocarriles Construcción Cia. del Ferrocarril de las Arenas a Plencia (1890) Constructora de Zalla a Solares (1893) Agulrre Hnos. y Cia. (1888) A. Rulz de Velasco y Cia. (1894) �GRUPO SOTA Y AZNAR, 1886-1903 CONFIGURACION DE UNA INTEGRACION VERTICAL Sota y Aznar 1 r Minería Siderurgia Navieras Otros l 1 Cía. Minera de Setares (1886) Varias Cías. (1889-1899) (Santander) Seguros La Polar S.A. (1901) Cía. Siderúrgica del Mediterráneo (1917) Sagunto 1 Mineral - ~ - [ -Transformación - - - - Distribución a) Exportación b) Interior J Cía. Naviera Sota y Azoar, S.A. (1906) Cía. Minera de Sierra Menera (1901) (Teruel) (Ferrocarril hasta Sagunio) 1 L - - ~ - - 1 - - - - Sota y Azoar Sdad. Colectiva - - _J - GRUPOS EMPRESARIALES Y CREACION DE BANCOS EL CASO DEL BANCO NA VIBRO MINERO Y EL BANCO VASCONGADO Banco de Vizcaya Grupo Zunzune¡ul _ _ _-..1Banco Vascongado!-----. í.1902) Aurora, S.A. 1 Banco Naviero-Minero Grupo Martlnez Rodas Antimonios de Villabarcu (1902) Bodegas Bilbaínas (1901) Sdad. General de Minería (1901) Cía. Minera Cala de las Conchas (1902) -- ---~(1901) Cia. Vascongada de Minería (1901) Sindicato Minero (1901) Grupo Uodlo Gokoechea 1 Sdad. Minera de Albarracín Grupo Zar.iuz-Seebold (1901) ,-sdad. Minera Pminsüiar 1 Cía. Minera Bilbao-Santander (1901) - (1903) 1 Sdad. Minera de Alonsotegui L __{!90_!) _ _ _ _ __ J Cía. Minera de Cabarga (1901) , .1 Arnezola y ~----··-··· Zarauz .(190.5) l.-- - - - r- _J - Amezola Hermanos (1908) Grupo Amezol.i - - - - - Amezola y Olabarrla (1908) Minera Vasco Manchega (1909) Sdad. Minera Collado de la Plata (1907) �LA CREACION DE SALTOS DEL TER, S.A.: UN EJEMPLO DE LA PROFUNDIZACION DE LAS RELACIONES ENTRE LAS DIFERENTES BURGUESIAS Grupo Echevarrfa-Plave.i Grupo lbarra-Vllallonaa 1 Unión Eléctrica Vizcaína (1908) Cia. Ibérica de Electricidad Thompson Houston (1901) Saltos del Ter (1907) Hidroeléctrica Ibérica (1901) Sociedad General de Minería Bilbaína Cía. Vascongada de Minería (J 901) Grupo ZunzuneJUI Minas de lrún y Lesaca (1901) Sdad. Minera Vasco-Catalana (1907) Crédito de la Unión Minera GRUPOS ECHEVARRIA Y PICAVEA, 1901-1913 SU CONEXIONEN EL SECTOR ELECTRICO GRUPOS ECHEVARRIA Y PlCAVEA, 1901-1913 SU CONEXlON EN EL SECTOR ELECTRICO Grupo Echnuiv-Zurlolcby 1 F. Echevarrla e Hijos (1901 y 1903) EclMY1m>'1UVH Ahlemeyer, S.A (1901) 1 Echevarrla, Zurlcalday y Cia. (1903) Ahlemeyer Cia. Anon1ma de ConSlrucclones e lns,alaciones... Zuncalday y Eche•arrla (1906) (190l)l Hijos de Zuricalday (1901 y 1906) l Hidroelktrica de Ca,alufta Btlbalna de FriaoriOcación (1911) (1902) Oíltas de Sondica (1912) Sallo! del Ter (1907) Cooperativa Elktrica (1903) lí:. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Grupo Grupo PluvH Cf• Fo,..,al de Anienza (1903) Cla Explo,adora de Aruenza (1906) Sana,orio, del Gorbca (1901) Sociedad Pro,cc<ora del Aho"o Popular (1907) La Papelera Espaftola (1901) ' - - - - - - - - - - - - Altos Hornos de Vizcaya (1902) Banco de Vizcaya (1901) �EL CREDITO DE LA UNION MINERA: UN BANCO DE Y PARA LA MINERIA 1------------------- - - - - - - - - - ~ Crédito de la Unión Minera Grupo Gandarias lbái'lez de Aldecoa Castai'lo-López Fernández 1 Los Almadenes (1901) Lomo de Bas (1904) Chávarri, Salazar y Cía. (1909) El Escarrancha! (1904) Núftez Arteche Sdad. Minera de Sopuerta (1909) Minas de la Veredilla (1905) Metalúrgica de Almagrera (1907) La Romana (1909) Sdad. Minera de Santa Fe (1913) Coto Teuler (1911) Lambarri SanbO<b,n 1 1 Minas de Irún y Lesaca (1901) Chávarris GRAFICA NUMERO Y CAPITAL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES CONSTITUIDAS EN VIZCAYA, 1886-1913 1000000 100 000 r-- - - - - -- -- ------;/-~11;::-- - - -- - - Capital lo 000 1 ----::r/ '...) /•\-~ // ~ .... . -..,.. ., . '- ti .,."'·,. ....... ., . ~ 'T ' / . . .y;. ,~ .... ... _ ~ --...-., .... • • -- 1 000 Com 100 + - - - -~ / " 10 ~. ,___ - ,.. ._. .. ,,,,,,. , - .. ,. .. ........ . ..... 1886 T : Total A: Anónima 1891 / ,,, ...... .J /"' 1896 C: Colectiva ~ I ¡/ -: . ..._... , ' --~--- ---- •--::-: ~ .. - .. ' - ..✓/ - - - -..... .,..., , ..,.,_ •.-.....·" '-· 1901 1906 ....,,,,,,,. - ""'- - ..... ......."-. "' A =i I II Com 1911 Com: Comanditarias Fuente: Elaboración propia a partir de los Libros de Sociedades del Registro Mercantil de Vizcaya �296 Valdaliso: Grupos empresariales e inversiones en Vizcaya Siglo XIX BIBLIOGRAFIA Banco de Bilbao 1951 Un siglo en la vida del Banco de Bilbao, Madrid. Carreras l. Odriozola, Albert 1985 "La producción industrial catalana y vasca, 1844-1935. Elementos para una comparación", en Industrialización y Nacionalismo. Análisis Comparativos, Barcelona, pp. 197-210. Escudero, Antonio 1985 "Minería e Industrialización en Vizcaya. Objeciones a una teoría tradicional", en I Encuentro de Historia Económica Regional; El pro- ceso de Industrialización en la comisa cantábrica (Estado de la cuestión), Vitoria, en prensa. 1986 Expansión y decadencia de la minería vasca (1876-1936), tesis doctoral, Vitoria, 3 vols. 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Title A name given to the resource Siglo XIX : Revista de Historia Description An account of the resource Revista semestral de historia publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, editada por Mario Cerutti. Contiene investigación histórica y económica, tanto local, nacional e internacional. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Siglo XIX : Revista de Historia Año de publicación El año cuando se publico 1990 Año Año de la revista (Año 1, Año 2) No es es año de publicación. 5 Número Número de la revista 9 Mes de publicación Mes cuando se publicó Enero-Junio Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Semestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1754019&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Siglo XIX : Revista de Historia, 1990, Año 5, No 9, Enero-Junio Creator An entity primarily responsible for making the resource Flores Flores, Bernardo, Director Subject The topic of the resource México Historia América Latina Siglo XIX Publicaciones periódicas Description An account of the resource Revista semestral de historia publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, editada por Mario Cerutti. Contiene investigación histórica y económica, tanto local, nacional e internacional. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Filosofía y Letras Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Cerutti, Mario, Editor Vázquez Buenfil, Luis, Cuidado de la Edición Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/01/1990 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource tex/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2016611 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. Monterrey, N.L., (México) Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies. Universidad Autónoma de Nuevo León Rights Holder A person or organization owning or managing rights over the resource. El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores Brasil Buenos Aires Burguesía Comercio Industria Psicología https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/366/14415/SIGLO_XIX_REVISTA_DE_HISTORIA._1990._Vol._5._No._10._Jul.-Dic._0002016612.ocr.pdf 51bdc7139f34df4aa5a3ae047b85e67b PDF Text Text Revista de Historia DESAMORTIZACION, IGLESIA, TIERRA Y SOCIEDAD EN EL XIX (Bolivia, México, Ecuador, Colombia y España) Año V, número 10 julio-diciembre de 1990 Facúllad de Filosofía y Letras Universidad Autónoma de Nuevo León Monterrey-México �SIGLO XIX Año V, púmero 10 / jul �SIGLO XIX Revista de Historia Publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León Apartado postal 3024, 64000 - Monterrey, México Este número fue compilado con la contribución académica del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Tandil, Argentina). Universidad Autónoma de Nuevo León Rector, INGENIERO GREGORIO FARIAS LoNGORIA Facuitad de Filosofía y Letras Director, LICENCIADO BERNARDO FLORES FLORES Editor Responsable MARIO CERUITI Editor Adjunto MIGUEL ÜONZALEZ QUIROGA Cuidado de la edición: Mario Cerutti, Sylvia Eloísa M. Arte y diagramación: Sylvia Eloísa Morán Tipografía: Alfonso García Rivera Impresión: Impresora Monterrey, S.A. Aparición semestral Para envíos al exterior: U.S.A. $7 �AÑO V N UMERO 10 J u uo-DICIEMBRE DE 1990 REV ISTA DE HISTORIA SUMARIO Nota del Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El liberalismo y el problema de la tierra en Bolivia (1825-1920) ............. ERICK D. LANGER ROBERT H. JACKSON Propiedad, crédito y desamortización en las haciendas mexicanas (1700-1870). El entorno agrario de Tepeaca .... .. ... JuAN CARLOS GARAVAGLIA JUAN CARLOS ÜROSSO Desamortización y liberalización de mano de obra en México. Pachuca-Real del Monte (1850-1880) .. . .. .. . ... .. ..... .. RlNA ÜRTIZ PERALTA La Iglesia y la consolidación de la propiedad en Puebla (1810-1856). Capitales eclesiásticos y réditos vencidos ..... FRANCISCO J. CERVANTES BELLO Poder republicano y protesta indígena en la provincia de Azuay. El siglo XIX en Ecuador . . . . . . . . . . . MARTBA Moscoso La expropiación de los bienes de la iglesia en México y Colombia. Una comparación . . ROBERT J . KNOWLTON Revolución liberal y grandes propietarios en Castilla-León (1854-1875) .. RICARDO ROBLEDO Hoz. La revolución liberal en España y los derechos de propiedad sobre la tierra. Reflexiones sobre el noreste catalán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RosA CoNGOST 5 9 33 77 105 121 149 169 209 �Nota del Editor Las reformas liberales retornan como tema central a Siglo XIX. Revista de Historia. Ya en su número 3 ("Liberalismo: reforma y contrarreforma en el siglo XIX", enero-junio de 1987), nuestra publicación había brindado espacio a tan sustancial tema de la historia contemporánea americana y europea. En este número 1O, empero, los estudios atinentes a los cambios propiciados por las corrientes liberales se concentran, en gran medida, en el proceso desamortizador y en los variados impactos que alcanzó: sobre la propiedad, sobre clases sociales y grupos raciales, sobre la iglesia católica, sobre los mecanismos de crédito, en torno al derecho o a los sistemas fiscales. Como en una ocasión anterior (véase Siglo XIX, número 7, dedicado a "Población, migraciones y ciclos vitales en el XIX"), la compilación de los materiales fue realizada con la colaboración de dos distinguidos especialistas del Instituto de Estudios Histórico-Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la �6 Siglo XIX Nota del Editor Provincia de Buenos Air . J los Grosso* . es. uan Carlos Garavaglia Y Juan CarSe mantiene vigente así un d 1 . . desde la creación de la r~vist~ enº19:5 ~s obáet1vos. enarbolados sean resueltos -en cuanto a 1~ 1 . q~e etermmados temas la ayuda de especialistas recon:c~dcc1 n e los materiales- con 1 os. 6 Erick D. Langer y Rob rt H J en Siglo XIX En este n ~ . ackson habían contribuido ya . umero regresan con un t b . ' ' rre las políticas liberales relativas a I f ra ªJ~ que recotaron los combates independentist! i;{ª e~~ª-Bohv1a que gesportamiento de una déb"l . . ; . análisis sobre el com1 1g1es1a catolica -en part· 1 d , d _1cu ar e or. enes como la franciscana- sob 1 servador' agrupa una alta o:Ción ~e os ~art1dos L1~eral YConbos académicos estadounidenses. el articulo suscnpto por amJ uan Carlos Garavaglia Ju C abren un conjunto de artícul~s d ª~. ~fos Gr~s~o, por su lado, una amplia indagación en fuente e ic_a o~ a Mexico. Basados en s pn~~tas, abordan la vida de las haciendas su vincula . , durabilidad (~ no) de la c1~~ ~o~~ ~red~t? eclesiástico Yla perp e ª amihar · El área estudiada es la villa de Tepeaca importantísima Puebl/ L~se~!o~no, en ~s proximidades de la impacto que la desamo~t. . n _menos e endeudamiento Y el de las haciendas constitu~~t~~npí~bral !uv_ofiso~re la propiedad u os s1gm 1cat1vos del ensayo. ¿ Rina Ortiz Peralta mi t zador lanzado por los libe e~ ras, c<?necta el embate desamortiindígenas, con la pérdida ~: ~ mexicanos con las comunidades ierras que soportaron, con la ges- • Juan Carlos Garavaglia obtuvo sud . . tes ~tud~s, en París. Especialista e~f;:d~ en H1stor!a en la E cole des Haupubbcac1ones figura Mercado interno ona eco?óm1ca <?olonial, entre sus Ju3:11 Carlos Grosso ha trabajado am econom1a colonial, México, 1983. el siglo XIX en el área de Puebl C p amente la economía novohispana y novoh1spanas, ' México, 1987. a. oautor con Ga ravag 11-ª de Las alcabalas ii 7 tación de un mercado de fuerza de trabajo y con las alteraciones demográficas que todo ello supuso. Su foco de atención es otra llamativa porción del centro de México: Pachuca, territorio fa. moso por su producción minera, por los arroyos de plata que brotaron de sus entrañas desde tiempos coloniales. Puebla es, también, objeto de atención de Francisco Cervantes Bello. En su caso el énfasis se coloca en las complejas relaciones crediticias que se manifestaron entre organizaciones y fundaciones piadosas católicas y propietarios, en las décadas previas a las leyes de desamortización. Las capellanias, sus préstamos y réditos -de notoria importancia en la dinámica económica del obispado de Puebla- son particularmente atendidos por el autor, quien insiste en la pérdida progresiva de influencia que soportaron los capitales eclesiásticos. La cuestión indígena es prolongada por Martha Moscoso, pero desde la realidad ecuatoriana. En su ensayo aparecen con vigor los cambios a que, tras la independencia, se vio impelido el status de las culturas indígenas, generalmente propiciados por el liberalismo. El pasaje a la categoría de ciudadano, que poco a poco se fue definiendo, no alteró, empero, la ya secular condición de explotación a que estabar1 sometidas las comunidades. La autora sigue este proceso a través de los mecanismos impositivos -y de la pertinente acción del Estado- que se aplicaron en provincias como la de Azuay, y que nunca dejaron de apuntar hacia una sistemática extracción del excedente. Robert J. Knowlton es un investigador con mucha labor realizada en derredor a las reformas liberales y a los bienes de la iglesia. Por ello es que pareció útil a Siglo XIX reeditar un esfuerzo comparativo que Knowlton realizó respecto de dos notables casos latinoamericanos: Colombia y México. Su mirada se detiene en las constituciones sancionadas en 1857 y 1863, que "simbolizaron la victoria de los liberales y consagraron sus principios". Empero, el autor no deja de recordar que -tanto en Colombia como en México- la iglesia logró recuperarse relativamente a finales de siglo, una vez que quedaron atrás los momentos más ásperos del combate anticlerical. �8 Siglo XIX Como sucedió en el ya citado número 3, España cuenta con un amplio y merecido espacio en este dossier. La revolución liberal -una definición que simpatiza a muchos estudiosos peninsulares, y que bien podría extenderse a algunas situaciones latinoamericanas (la que transitó México, por ejemplo)- ha ocupado un vasto espacio en la excelente historiografía postfranquista. El Liberalismo Y el Problema de la Tierra en Bolivia (1825-1920) Erick D. Langer * Robert H. Jackson ** En este número se incorporaron los aportes de Ricardo Robledo Hemández y Rosa Congost. Robledo Hernández se vuelca hacia las tierras castellanas y hacia el devenir de sus propietarios en años vitales: los que corren desde las vísperas de la desamortización general de Madoz hasta la Restauración. Uno de sus instrumentos de indagación consistió en el análisis de las contribuciones fiscales de los propietarios, seguimiento que efectúa por provincias y pueblos de Castilla-León. Congost, por su lado, ubica su énfasis en otra problemática decisiva: la de los derechos sobre la propiedad. Su terreno de investigación es, dentro del noreste catalán, el área que circunda a Gerona: paraje donde la enfiteusis y la subenfiteusis, los mecanismos de arrendamientos y de reparto del excedente vigentes durante el Antiguo Régimen se vieron sometidos a abruptas tensiones con las reformas liberales. Recuperando agudos destellos del Marx de La Gaceta Renana, Congost remarca el aprovechamiento que hicieron -del orden jurídico liberal- los propietarios más aptos para adecuarse a los nuevos tiempos. Mario Cerutti Monterrey, México, diciembre de 1990 . .ó d 1 ropiedades inmuebles (tanto urEn Bolivia la desamort1zaci as ~siones que adquirió en otros paíbanas como rurales)_no tuvodas im~·zac·ón de las propiedades de la ses de Améri:a Latma. La es~ola •hist~ria de la república, y se evi- f ~- ::~~~\s~ ;r~~~~:1:n~:t~t~~s~eriores. Lah superviveann~: dq:!ª:ecr~~ . . . f n problema mue o muy gr , . murudades mdigenas ue u .ó d 1 hacienda (y aún así sólo parctalsolvió a favor de la expansi. nd ~ ·g1 XIX mente) desde la segunda mtta e s1 o . f Se puede dividir el estudio en dos períodos·. En eallpesritam~f~~e::~ añ · ediatamente postenores extiende ~ur~te los o~ •~ 1 h con la iglesia Yla desamortizaci~n de la repubhca, predomm ª. ~e ª d ue abarca los úlparcial de los propiedades.religiosas. el :;;~~asºJ~das del XX, la timos cuarenta añ~s del siglo ~IX Y -~ des indígenas adquirió maexpansión de la hacienda sobre_ as ~om~arnente estas reformas anti•miento del liberalismo, pero yor importancia. Se pueden ~ncu ~r corporativas del segun?º penodo a su~~n a dos épocas distintas en el 0 0 en el fondo amb~s pe lisbco~es~~~ lo tanto la legislación misma desarrollo de la ideo1ogia er · ' Y los efectos fueron muy diferentes. T! °? . t Cameg¡·e Mellon University (Pittsburgb, U.S.A.) . . . . s A) • Department o f H1s ory, •• Department of History, Urnvemty of M1amJ (U. . . �10 Siglo XIX Las reform~ liberales de la p_rimera fase se distinguieron por el hec~o de haber sido adoptadas baJo la dominación de un ejército extran1ero que tenía en sus manos las riendas del poder. Este hecho explica la efectividad de algunas reformas y el fracaso rotundo de otras a largo plazo. !)e todos modos: el_ venez~I~no José Antonio de Sucre -primer pres1dent~ la Re~ubhca_ Bohv1ana- no tenía que preocuparse por una o~osic1on ;fect1va de intereses anti-liberales en un país postrado ~or mas de qumce años de guerra civil y la muerte de casi todos los lideres revolucionarios bolivianos antes de la victoria final de las fuerzas patriotas. ?; La iglesia católica también se encontraba postrada después de esta larga lucha, y apenas podía mantenerse. La gran mayoría de los cléri~os altoperuanos, por ser españoles (especialmente importantes en las ordenes regular;~) habían sido partidarios de los realistas y fueron en~rcelad_os o exilia~?s ?ura~te el conflicto 1• La ocupación de un ejército foraneo -el E1erc1to Liberador- sin muchos vínculos con las élites lo~a_Ies, y la_ d;?ilidad de la iglesia como consecuencia de las guerras civiles, posibilitaron la ejecución de reformas importantes durante los pocos años que duró la administración Sucre. . No suce_di~ lo mismo con las comunidades indígenas. Aunque el libertador Simon Bolívar d_e~de Cuzco había proclamado, ya en 1824 Y 18~~• ?ue~as leyes que ~eon~ente abolían el estatus legal de lapoblacion mdígena como tnbutar:ios y repartían las tierras de comunidad ª.los co~uneros, esa legislación nunca se hizo efectiva. La importancia del tnbuto indígena en las finanzas estatales y la incapacidad en la que se enco~traba el Estado p~a poder reprimir una potencial guerra d_e castas, lffi~ulsaron al gobierno a prorrogar cualquier reforma del sistema co1orual. Durante 1~ a~ministración de Andrés de Santa Cruz (1829-39), el Estado form~zo el statu quo del sistema colonial, y no iban a surgir grandes cambios hasta la administración Melgarejo (1864-1870). A lo largo de este período, el discurso sobre las comunidades indígen~ Y su rol en la sociedad se transformó de un liberalismo bolivaria~o ~nge~uo, que anticipaba pocos problemas en la abolición de esta mstitu~io~, hacia un recio debate sobre el destino de la población rural mayontana dentro de la sociedad y la economía nacional. Langer-Jackson: Liberalismo y cierra en Bolivia (1825-1920) 11 EL LIBERALISMO Y LA IGLESIA La desamortización de las propiedades y capitales de la iglesia fue uno de los elementos centrales de la política reformista liberal en varios países latinoamericanos. Los bienes de la iglesia, particularmente las propiedades rurales, constituían uno de los recursos que, según los id_eólogos liberales, eran un peso muerto sobre la economía. Según las interpretaciones más comunes, las propiedades de la iglesia no pod~ían ser vendidas porque tenían el estatus legal de mayorazgos. Los liberales usaron el término "manos muertas" para describir la tenencia y explotación de las propiedades religiosas. Además, los liberales argumentaron que la venta de las tierras de la iglesia y la liquidación de sus capitales contribuiría al desarrollo de la agricultura moderna y la economía nacional 2• El primer intento de liquidar la riqueza de la iglesia ocurrió en 1804, cuando el gobierno español, en situación de bancarrota a causa de su participación en las costosas guerras de la revolución francesa, decretó el pago en efectivo del valor nominal de los censos y capellanías, para crear un fondo especial que respaldara el valor de los vales reales (un instrumento de crédito real). Según el decreto, la iglesia hubiera debido recibir un monto de interés del 30Jo por año sobre el capital depositado en el gobierno. La consolidación de vales reales fue consecuencia de la presión de los gastos extraordinarios de guerra sobre la estructura fiscal del Estado español, pero los ministros ilustrados, como Jovellan~s, habían discutido durante la segunda mitad del siglo XVIII la necesidad de reformar y modernizar la estructura agraria y económica de España, y especialmente eliminar el mayorazgo y los bienes de "manos muertas". El decreto de 1804 tuvo un impacto importante sobre los terratenientes de América Latina. Sin embargo, son pocos los estudios sobre este tema tan importante, y la mayoría de ellos enfocan exclusivamente el caso de México 3. El decreto de 1804 estableció una base legal para las reformas posteriores, y el discurso sobre la reforma agraria en España en el s!glo anterior dio un respaldo ideológico a los programas liberales del siglo XIX. Los liberales del XIX intentaron llevar la consolidación de vales reales y la liquidación del capital de la iglesia a su conclusión lógica, liquidando el capital en censos y capellanías y forzando la venta de las propiedades urbanas y rurales. El cronograma de la implementación �12 Siglo XIX de los programas de desamortización varía de país a país; empero, hasta la fecha, las reformas liberales en México han recibido más atención 4. Los estudios sobre la política liberal en otros países de América Latina describen un proceso muy parecido al de México 5• Hay pocos trabajos sobre la riqueza de la iglesia en Bolivia, y específicamente sobre la implementación de la política de desamortización. Además, existe poca información en relación a la importancia de la iglesia como dueña de tierras 6 • Como mostramos abajo, el desarrollo de la política anticorporativa fue muy diferente al de México. El gobierno de Bolivia intentó liquidar la riqueza de la iglesia en una fecha más temprana, durante la administración Sucre, y sólo tuvo resultados parciales. La mayoría de las órdenes femeninas no perdieron sus tierras hasta este siglo y en algunos casos hasta la reforma agraria de 1953, y no todas las órdenes masculinas fueron cerradas; además, el programa de Sucre no afectó las tierras parroquiales. El debate sobre la riqueza de la iglesia no llegó a causar inestabilidad política en los primeros años de la formación del Estado boliviano ()825-1880); recién a fines del XIX se expresó como discurso en relación al problema de las tierras de las misiones en la parte oriental de la república: esta fue la manifestación más importante del anticlericalismo en Bolivia en el siglo XIX. Sin embargo, la inflación generalizada en la economía boliviana a fines del siglo pasado y principios del presente forzó a algunas órdenes femeninas a vender sus tierras, e invertir su capital en instrumentos bancarios que dieran un mejor rendimiento frente a la inflación. LAS TIERRAS DE LAS ORDENES REGULARES EN BOLIVIA En la época colonial tardía la iglesia, y particularmente las órdenes regulares, tenía una influencia en la economía rural más profunda de lo que indicaría el número de sus propiedades rurales. Sin embargo, la falta de estudios sobre el papel de la iglesia en la economía altoperuana ha llevado a algunas conclusiones erróneas. Poco y nada se sabe acerca de los motivos que tuvieron los administradores de los conventos y monasterios para adquirir o invertir sus capitales en bienes inmuebles y otros instrumentos que producían ganancias estables; también se desconoce el hecho que los miembros de las órdenes regulares generalmente eran descendientes de !as familias más ricas de la sociedad altoperuana, y que la existencia de las órdenes regulares no amenazaba a los intereses de las élites. Langer-Jackson: Liberalismo y tierra en Bolivia (1825-1920) 13 Los liberales mexicanos, que atacaron ferozmente la _iglesia, generalmente no eran miembros de las familias m~ r!cas, .smo de_ la flamante burguesía no ligada a la jerarquía ecles1~~1c.a n.1 a las orden.es regulares. Por el contrario, la evidencia para Bohv1a md1ca que no e:°stió un grupo de las élites locales que h~y~ prop.ue~to la desamo~!zación de la riqueza de la iglesia como obJetlvo pnnc1pal de su poht1ca. Herbert Klein notó, respecto a la relación entre las élites altoperuanas de la colonia tardía y la iglesia, que A pesar de ser una importante fuente de crédito y activo a través de unos cuantos conventos poderosos, la iglesia representó un peq~eño sector de la clase terrateniente, poniendo de manifiesto ~a capa~1dad de la sociedad secular por mantener un liderazgo fl~re~1ent~ e mdependiente en la agricultura a pesar de su dependencia fmanc1era con la iglesia. Diferentes instituciones religiosas tenían propiedades rurales Y dieron préstamos, pero los censos impuestos sobre propiedades rural.es Y urbanas también constituyeron una importante fuente de ganancias para las órdenes regulares. Algunos censos eran préstamos, pero 1? m~yoría funcionaban como hipotecas sobre propiedades que produc1an mtereses y que eran pagadas a los conventos y monasterios. El peso de los censos sobre l~ econo~ía alt~per~ana ~n la colonia tardía es una cuestión que requiere más mvest1gac1on. Sm embargo, datos de Cochabarnba nos indican la importancia de los censos en la econornia local. En 1825, siete conventos y monasterios en. C~habarnba tenían un capital nominal de 637 000 pesos, que produc1a mtereses de 22 000 pesos anualmente: del 5 al 100'/o del valor del trigo, maíz, Yotros granos y las harinas exportados de la región a fines del siglo XVIII. Por ejemplo, el convento de Santa Cla:-a recibió 41 OJo de sus ingresos de los intereses pagados sobre censos . La cuestión de la riqueza de las órdenes regulares concentró la atención del gobierno de José Antonio de Sucre O.8~5-1828). ~espaldado por tropas venezolanas y colombianas en Bohv1a, Sucre unplementó elementos del programa de reformas de Simón Bolívar, reformas que quizás no gozaban del apoyo de las élites locales. Una. ley del 29 de marzo de 1826 mandó cerrar los conventos y monasten~s c~n ~ocos residentes, y dispuso la confiscación de los bienes de las mst1tuc1ones así suprimidas 9 • La documentación referente a Cochabamba indica que la l~y de desamortización afectó fundamentalmente a las órdenes masculinas. �/4 Siglo XIX Langer-Jackson: Liberalismo y tierra en Bolivia (1825-1920) El gobierno cerró tres monasterios de las órdenes masculinas y un hospital, y vendió las propiedades de dichas instituciones. Las nueve haciendas que antes pertenecieron a los monasterios de los agustinos de la ciudad de Cochabamba fueron incluidas en la venta de las expropiedades religiosas, entre ellas la hacienda Collpa, que controlaba más de I l00 hectáreas de tierras fértiles en el Valle Alto de Cochabamba '0. La información sobre el departamento de La Paz demuestra que aquí también las órdenes regulares perdieron sus tierras rurales. En 1780, trece conventos y monasterios urbanos en La Paz y Oruro tenían 57 propiedades rurales en el departamento de La Paz. Un siglo más tarde, en 1880, seis instituciones eran dueñas de solamente 35 haciendas". Sin embargo, no es seguro que la disminución en el número de haciendas pertenecientes a las órdenes regulares se deba al programa aplicado por Sucre en la década de 1820. Durante el transcurso del siglo XIX el gobierno nacional no tomó otras medidas para atacar las órdenes regulares, ni tocó las tierras parroquiales, ni las pequeñas y medianas propiedades que proveían un nivel de subsistencia básica para los sacerdotes seculares. Las órdenes regulares femeninas no sólo no amenazaban los intereses de las élites, sino que además tenían un papel social muy importante. Las familias podían depositar sus hijas no casadas en conventos sin que corriese ningún peligro su estatus y prestigio social. En algunos casos las órdenes regulares femeninas aumentaron el número de sus propiedades rurales, en el siglo XIX, por donación o compras. En la ciudad de Cochabamba, en 1867, dos monjas salieron del convento de Santa Clara para establecer un nuevo convento. Miembros de la élite local donaron tierras para la nueva institución, y a finales del siglo el convento tenía por lo menos ocho propiedades rurales 12 • Las órdenes regulares en Cochabam ba tenían como mínimo veinte propiedades a principios del presente siglo 13• En las primeras décadas del presente siglo las órdenes regulares enfrentaron una crisis económica que amenazó su existencia. Información sobre las órdenes regulares de Cochabamba indica que las rentas pagadas por el alquiler de sus propiedades rurales no alcanzaban el nivel de la inflación generalizada de la economía boliviana. Los administradores de varios conventos vendieron esas propiedades, e invirtieron su capital en instrumentos bancarios -letras hipotecarias- que pagaban intereses más altos que la inflación. Por ejemplo, la renta de 15 la hacienda Cliza (convento de Santa Clara) se incrementó en un 130Jo entre 1877 y 1901. En los mismos años, los precios de maíz y trigo (índices muy importantes del movimiento de precios regionales) crecieron 70 y 4111/o respectivamente. Además, la inflación fue aún mayor después de 1900, incrementando la presión sobre las finanzas de las órdenes regulares14. En 1911 y 1912 los adrninisttadores de los conventos de Santa Teresa y de las Capuchinas ofrecieron varias haciendas . ..is . en venta, a causa de "neces1.da d econórruca La venta más extensa de tierras ocurrió entre 1901 y 1919. En estos años los administradores del convento de Santa Clara vendieron partes de la hacienda Cliza con un valor de 2 000 000 de bolívares para pagar el costo de la construcción de un nuevo complejo de edificios para las monjas, incluyendo una iglesia. El excedente de fondos de las ventas fue invertido en letras hipotecarias 16• Es probable que futuras investigaciones confirmen que la pérdida de las ganancias de los censos, junto con la inflación de fines de siglo XIX y principios del XX, causaron una erosión de la base financiera de las órdenes regulares, y que la política liberal, a pesar de su contenido anticlerical, no tuvo mucha importancia después de la administración de Sucre. La política del Partido Liberal (1900-1921) afectó las propiedades rurales y urbanas que financiaron el programa de las misiones orientales, pero no tocó los conventos y monasterios en los principales centros urbanos del país. EL CASO DE LAS MISIONES FRANCISCANAS Se puede advertir más claramente el papel que jugó la ideología en relación con el tema de la iglesia en la actitud que asumió el Estado en el caso de las misiones, aunque tampoco en esta situación los resultados fueron completamente obvios. Para entender los cambios sufridos en la política estatal hacia las misiones tenemos que volver brevemente a la historia política e ideológica. Cuando el sistema político boliviano se estabilizó a fines del siglo XIX, se crearon, como en muchos otros países latinoamericanos, dos partidos: el Conservador y el Liberal. Aunque llevaron los nombres tradicionales de las dos grandes corrientes políticas, no tenían las mismas ideologías como los demás partidos del mismo nombre en otros países. Esto se debía a que no nacieron de una lucha constante y feroz entre fracciones de las élites durante el siglo XIX. �16 SigloXIX Como ha propuesto Tristan Platt, ambos partidos en sus rasgos fundamentales eran de corte liberal en sus políticas: el deseo de fomentar el comercio libre, el reconocimiento de la superioridad de los modelos políticos surgidos desde la Revolución Francesa, y la necesidad de abolir las comunidades indígenas, vistas como residuos coloniales poco deseables17• Herbert S. Klein ha afirmado que la única diferencia sustancial entre los dos partidos fue la cuestión planteada en 1880 sobre la paz con Chile: los conservadores fueron partidarios de restablecer lazos comerciales y políticos con su enemigo de la Guerra del Pacífico (1879-84) 18 • La interpretación de Klein es esencialmente correcta, pero también advierte que los conservadores asumieron el rol de grandes defensores de la iglesia, mientras que el Partido Liberal atrajo a hombres de tendencia anticlerical. Al menos, en los periódicos de la época la cuestión de la iglesia fue un punto de debate vigoroso, aunque efectivamente la hegemonía política de los conservadores hasta fines del siglo hizo irrelevante la corriente anticlerical de los liberales en la política nacional. Un ejemplo de tales ideas sobre la iglesia católica fueron los escritos de Mariano Baptista, presidente de Bolivia (1892-96) e ideólogo principal del Partido Conservador: defendió a la iglesia católica ya desde los ailos sesenta, cuando escribió artículos de prensa desde Europa, profundamente desconcertado por la persecución de la iglesia por los liberales en ese continente. Después fue el defensor más consistente de la iglesia católica como institución. Vio a la iglesia como un baluarte de la verdadera civilización europea y cualquier intento de suprimir sus privilegios como un atentado que inevitablemente iba a llevar el país a la anarquía 19• Los sentimientos pro-católicos de los gobernantes tuvieron también consecuencias prácticas, especialmente para el restablecimiento del clero regular. Los jesuitas, cuando fueron readmitidos en Bolivia en 1882, no volvieron a adquirir grandes propiedades en el campo como antes, pero se constituyeron otra vez como los educadores de la élite boliviana con el establecimiento de colegios en las principales ciudades del país. Otras órdenes que entraron y, según el caso, volvieron a reocupar los edificios urbanos que habían abandonado en los primeros ailos de la república, fueron los regulares de Santa Ana (1879), Hijas de la Caridad (1883), Sacre Coeur (1883), Buen Pastor (1891) y los salesianos ( 1896)20• Empero, los que más arraigo tuvieron en el XIX en Bolivia fueron Langer-Jackson: Liberalismo y tierra en Bolivia (1825-1920) 17 los franciscanos. Fueron unas de las pocas órdenes que no habían desaparecido con la independencia del país. Aún durante la época colonial había sido la orden misional más importante en Bolivia tras el éxodo de los jesuitas en 1767. Ya en 1833, el padre Andrés Herrero había conseguido permiso del presidente Andrés de Santa Cruz para conseguir más frailes y fortalecer los conventos todavía existentes en Tarata, Tarija y La Paz. Viajó dos veces a Europa y trajo consigo un total de 64 frailes italianos y espailoles para Bolivia21 • Consecuentemente, los conventos empezaron a abrir misiones entre los indios infieles de las regiones fronterizas y, así, acapararon a veces grandes extensiones de tierras. El mejor ejemplo fue el de las misiones franciscanas tarijeñas entre los chiriguanos, sobre los cuales disponemos de una gran cantidad de información. Después de la independencia de Bolivia, la única misión con la que se quedó el Colegio Franciscano, después de su gran auge misional a fines del siglo XVIII, fue la de Salinas; recién en 1845 pudieron restablecer otra misión en ltau. Se puede puntualizar el auge del sistema misional tarijeño entre esa fecha y 1872, cuando los franciscanos de Tarija fundaron un total de ocho misiones. Después, el Colegio de Potosí fundó seis misiones más entre 1876 y 1907. Sólo en el Departamento de Chuquisaca, donde existían cinco misiones a fines del siglo XIX, éstas ocupaban casi 100 000 hectáreas de la tierra más fértil de la región22• ¿Por qué no les preocupó a los gobernantes durante el siglo XIX la gran extensión de tierra que ocupaban las misiones? Primero hay que reconocer que en buena medida el episodio de anticlericalismo del gobierno de Sucre había resuelto ya la cuestión de la iglesia, y había p~esto a esta institución bajo el control del Estado. En segundo lugar, las misiones estaban localizadas, casi por definición, en lugares netamente marginales para la sociedad boliviana. Aún si hubiera preocupado el poder de la iglesia en los centros más poblados de las alturas, las misiones en la frontera no representaban ningún peligto ni siquiera para un Estado tan débil como lo fue el de Bolivia durante gran parte del XIX. La razón más importante que permitió la expansión de las tierras misionales -a veces a costa de los colonizadores seculares- fue que la misión era vista no tanto como una obra religiosa, sino como una institución que podía resguardar la frontera; allí el Estado tenía muy escasos recursos para controlar, y mucho menos reprimir, los diversos grupos étnicos (entre los más importantes cabe mencionar a los chiri- �18 Siglo XIX Langer-Jackson: Liberalismo y tierra en Bolivia (1825-1920) 19 guanos). Esta situación y la política pro-católica que el gobierno mostró desde 1880, fueron los motivos más importantes para dar a los frailes tantos recursos como necesitaban. Luis Paz, el prefecto de Tarija expresó muy bien las actitudes de la clase gobernante de esta época; por eso vale la pena citarlo extensamente: blos y los fortines de la frontera por haber "asegurado la tranquilidad de las poblaciones25" . Con estas palabras desprestigió la labor histórica que habían hecho los franciscanos, e ignoró el papel importante que habían jugado las autoridades locales al impulsar el enganche de peones. Es indudable que las misiones franciscanas son el único sistema se~o Y provechoso de colonización implantado en Bolivia. En cada mis1ó~ se levanta una estensa población con templo y escuelas, con espaciosas plazas, con praderas y huertas productivas y de recreo· se da ocupación provechosa y permanente a los indios misioneros 'ensefiándoles las artes a la vez que las primeras letras arrancándolos de la barbarie para convertirlos en fuerzas útiles pa.r'a la civilización y la industria. La barbarie diseminada en el desierto, sin centro de unión sin ocupación alguna, amenaza constante y aterradora de los pueblos vecinos, convertida en fuerza activa de trabajo, en elementos de progreso; tal es la grande obra que realizan los abnegados misioneros. El ~obierno debe prestarles todo el apoyo que necesitan para la reali~c1ón de su~ fines, que reportarán los más grandes y positivos servic~os a la patna. Es necesario restablecer el pasado glorioso de las mis10nes, que transforman razas enteras, habilitándolas para el progreso Yque resguardan nuestras fronteras, llevando el signo de posesión a nuestros desiertos23 • Seguramente influyó en el cambio de opinión acerca de la eficacia de las misiones el hecho de que la frontera había pasado más allá de las misiones, y los vecinos ya no temian ataques de los chiriguanos u otros grupos del Gran Chaco. La misiones en cierto modo, por lo menos desde la perspectiva de los colonos, ahora eran superfluas y había que secularizadas. También tuvo mucho que ver en el cambio de actitud de los colonos y los funcionarios locales la codicia por la mano de obra indígena que estaba bajo control de los misioneros, especialmente dentro del contexto de escasez de trabajadores en la frontera. C:on tales palabras el gobierno también admitió que no tenía otros me~os para hacer efectivo su dominio sobre las tierras de la frontera. Ni bien pudo hacerlo de otra manera, cambió bruscamente la política colonizadora. En los últimos afios de la época de predominio conservador (pero después de la presidencia de Baptista), el gobierno de Fernández Alonso creyó haber encontrado un método más eficaz de colonizar la frontera: ,dar grande~ extensiones de tierras a empresas militares privadas. Se~man reconociendo la labor de los misioneros, pero ahora la caractenzaban como "de resultados seguros (pero que) tiene que ser lenta"'. Yconsideraba_n que en aquel momento "no basta para garantizar la vida y la propiedad de los colonizadores de los ataques de los salvajes24". Hubo otros problemas concretos que exacerbaron las relaciones tensas entre fraile~ y gobierno. En 1897, el nuevo prefecto de Chuquisa~ estaba muy disgustado con los misioneros, a quienes acusó de perrrut1r el enganc~e de i~dígenas residentes en las misiones como peones para la Argentma, rruentras que exaltaba a los habitantes de los pue- Una vez que subió al poder el Partido Liberal, después de la Guerra Federal (1898-1899), la política del gobierno claramente anticlerical frustó cualquier intento de mejorar las relaciones con los franciscanos. Lo importante para el tema de la tenencia de la tierra por la iglesia, es que empeoraron de tal manera las relaciones en los últimos afios del XIX que efectivamente se paró la expansión de los misiones en la frontera. Aunque hubieron intentos de fundar nuevas misiones en la región aún durante la administración liberal, la oposición de los vecinos valió más que los pedidos de los misioneros y se suprimieron en poco tiempo. Tal fue el caso con las misiones en el Parapetí, fundadas por uno de los misioneros más ilustres de toda la historia misionera, Fray Bernardino de Nino. Establecidas en 1903 y 1905, fueron suprimidas en 191226• Otras misiones, más antiguas, también fueron secularizadas. El caso más importante fue el de las misiones de San Antonio de Padua y San Francisco Solano, a las orillas del Pilcomayo, que dieron origen al pueblo de Villamontes en 1906. Aunque los indígenas de las misiones deberían haber recibido tierras dentro de las reducciones, el gobierno otorgó casi toda la extensión a Staudt y Cía., una compafiía alemana que prometió desarrollar la economia de esta región. La compafiía casi inmediatamente empezó a acaparar otras tierras en los alrededores del centro poblacional y, antes de la Primera Guerra Mundial, probablemente llegó a ser el terrateniente más poderoso de todo el Chaco boliviano. �20 Siglo XIX Los franciscanos se quejaron de esta política, pero no lograron cambiar la situación. Otra vez había triunfado el modelo de desarrollo centrado en entidades privadas, esta vez directamente a costo de las misiones27• EL PROBLEMA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS · Es bien conocido el debate protagonizado por las élites bolivianas sobre las comunidades indígenas, que en muchos aspectos se asemeja a los que hubo en otras partes de América Latina28 • Lo único que queremos destacar aquí es que las exigencias fiscales estatales y el espectro de una guerra de castas frente a un estado militarmente débil imposibilitaro~ cualquier reforma hasta la segunda mitad del siglo. Esto no quiere decrr que no haya existido un desarrollo ideológico, mayormente independiente de la situación contemporánea del agro o de la capacidad del estado para hacer efectiva cualquier medida adoptada. Recién en los años sesenta del siglo XIX se reanudó el debate sobre el rol de la comunidad indígena. Fue precisamente el momento cuando las élites bolivianas recibieron la influencia de la nueva corriente liberal que iba a dominar el pensamiento de los gobernantes en toda América Latina. Como parte de los proyectos de desarrollo económico -un tema que iba a preocupar a las élites bolivianas durante el resto del siglose empezaron a debatir las formas a través de las cuales se podría transformar el agro para utilizar plenamente la tierra y para aumentar la producción y la comercialización agrícola. La ideología liberal postúló que era necesario crear un mercado libre de tierras para llegar a esta meta. Todos los publicistas estaban de acuerdo con este postulado; lo que estuvo en debate fue cómo hacerlo. Una importante corriente argumentó que los indígenas eran incapaces de transformarse en agricultores capitalistas, y consecuentemente que las comunidades tenían que ser reorganizadas abriendo lugar ~ las haciendas en manos de las élites. Uno de los representantes más unportantes de esta posición fue José Vicente Dorado, quien arguyó que los indígenas iban a prosperar sólo bajo la mano fuerte de los hacendados criollos. Los hacendados no sólo eran los únicos que ya poseían un espíritu capitalista, sino que también podían proteger a los ex-comuneros de los abusos de autoridades y clérigos29• La otra corriente, contrapuesta a la posición de Dorado, también Langer-Jackson: Liberalismo y tierra en Bolivia (1825-1920) 21 quería abolir la comuni~ad ~dí~ena, pero pensaba _que l~ única medida necesaria para cambiar al mdígena de un campesmo onentado s?lamente hacia la supervivencia a un agricultor capitalista, era abolir el tributo y dar a cada comunero el derecho de propiedad en sus parcelas. Los miembros de esta linea propusieron que se debían dividir las comunidades entre los originarios, porque sólo así tendrían el incentivo para invertir sus capitales y esfuerzos en la tierra. Fav<?recer la hacienda, la gran propiedad, sería un error porque era un sistema poco productivo y tampoco iba a agilizar el mercado de tierras30• Hubo una dinámica regional muy importante en este debate. Los que seguían la posición de José Vicente Dorado ,eran ~ayorment~ de La Paz y el norte, donde las comunidades aymaras dommaban casi todo el altiplano. Los paceños se vieron restringidos en el desarrollo económico de su región por la predominancia de las comunidades alrededor de la ciudad de La Paz. Tomaron como región modelo el área de Yungas, donde las haciendas obtuvieron buenas ganancias comercializando coca y otros productos subtropicales. A la vez, los cochabambinos, potosinos y sucrenses estaban en favor de dar las tierras directamente a los indígenas, aunque por razones diferentes. En Cochabamba, los publicistas vieron como modelo la participación exitosa del campesinado, casi sin rasgos de comunidad indígena, en el mercado. Los potosinos y sucrenses (muchos de los últimos dueños de minas de plata en Potosí) seguramente tuvieron en mente la gran actividad comercial de las comunidades, especialmente las que habían incorporado la producción triguera, que abastecía a los centros mineros y urbanos de la región. También mostraba un sentido muy agudo del poder que tenían estas mismas comunidades, por las revueltas esporádicas que había sufrido la región durante el siglo_XIX. Sin embargo, estos argumentos y sus fundamentos fueron ignorados por los funcionarios del régimen de Mariano Melgarejo (1864-70), quienes buscaban desesperadamente fondos para subvencionar el ejército que el caudillo utilizó para suprimir la resistencia contra su gobierno. Así fue que, en cierta medida, se pusieron en efecto las propuestas de Dorado cuando Melgarejo hizo posible por primera vez la venta de tierras de comunidad. Aunque hubo funcionarios que se basaban en un fundamento ideológico para sus acciones,._ es difícil creer que el resultado -la adquisición de recursos para el Estado- no fue más importante que los argumentos esgrimidos para •adoptar tales medidas. �22 Siglo XIX Langer-JacksoQ: Liberalismo y tierra en Bolivia (1825-1920) 23 Dejando por ahora de lado los motivos políticos, es importante r~~ordar este momento histórico más por los precedentes que establecio Y por crear un poderoso grupo de presión dentro de Ja élite que e~taba en favor de transformar las tierras de las comunidades en haciendas, que por el poco éxito permanente que tuvo. y Potosí, la creación de haciendas nuevas partiendo de comunidades fue la excepción. En Cochabamba fue así porque las tierras de las comunidades ya eran pocas y las comunidades mismas habían sufrido un fraccionamiento interno, tanto en la tenencia de la tierra como en la organización social . . De hecho, las ventas de "tierras de origen" como resultado de Ja legislación mel~areji~ta de 1866 y 1868 no fueron permanentes, porque los re~olucionarios que derrocaron a Melgarejo en 1871 tuvieron qu~ recumr a I_a ~ovilización masiva de las comunidades indígenas del altip_lano. Los 1~dios retomaron a la fuerza las haciendas formadas con las, tierras vendidas de las comunidades (por Jo menos en el norte del pais) Ylos nuevos gobernantes no tenían ni el ánimo ni el poder militar para sacarlos de las propiedades reconquistadas31 • A la vez, en Chuquisaca y Potosí la fuerte resistencia campesina hizo difícil la adquisición de tierras por ajenos, por lo menos en grandes cantidades. La gran mayoría de los casos de compras de tierras indígenas fueron acciones parciales y para satisfacer deudas relativamente pequeñas. Donde sí se crearon haciendas enteras de las comunidades, como el caso excepcional de El Carmen, los duefios tuvieron problemas endémicos con las comunidades vecinas que trataron de reivindicar sus antiguas posesiones33 • Recién la "ley de exvinaulación de tierras indígenas" de 1874 implementada ~espués de 1880, efectivamente llevó a la abolición Íegal de las comumd~?:s y ,l~ pa~atina incorporación de las tierras indígenas al mercado libre de tierras. El proceso de exvinculación fue diferente qu: el aplicado por la administración Melgarejo, porque ganaron los legisladores que estaban en favor de otorgar las tierras directamente a los indígenas para que ellos presumiblemente se transformaran en pequefios propietarios capitalistas según el modelo liberal. Tampoco había un incentivo económico fuerte para comprar tierras. A mediados del siglo XIX era mucho más lucrativo para las élites invertir su dinero en acciones mineras de plata, y cuando esta fuente de riqueza decayó en los últimos años de ese siglo, la región entró en una situación de decadencia económica que afectó el nivel de la renta de la tierra34 • El proceso de exvinculación fue extenso y no incrementó súbita~ente, como en el caso de las propiedades eclesiásticas, la tierra disporuble p~ra la c?~pra. ~a ley_ reglame~tó un proceso burocrático muy compleJo para liberar las tierras. Pnmero, las comisiones tenian que mensurar l~s chacras de cada indígena para otorgar títulos individuales de propiedad. Este proceso de ''revisitas" tomó muchos años, dad~ los escasos recursos del Estado y, en muchos Jugares, nunca se ter~mó. Además, la resistencia indígena a la mensura de sus tierras no solo fue co1!1ún si~o qu: t~bién en muchos casos logró postergar -a veces por tiempo mdef1rudo- el proceso de exvinculación32• La situación fue muy distinta en el norte del país. El auge del estafio en los últimos años del siglo XIX y la ola de especulación subsiguiente, llevó a muchos miembros de la élite pacefia a comprar tierras indígenas para utilizarlas como medios de obtención de créditos. También la construcción de varias lineas férreas en el altiplano llevó a una expansión económica en el campo y dio mayor valor a la tierra. , _Otro resultado de esta legislación fue que -al menos teoncamente- los que querían comprar tierras de indígenas tenían que hacerlo caso por caso y no podían, como durante la administración Melgai:ejo, adquirir comunidades enteras. En la práctica no siempre ~ue as1, Y el proceso de adquisición mostró diferencias regionales importantes. Hubo entonces un fuerte incentivo para comprar tierras de comunidades enteras a un precio muy bajo, que llevó a muchos negocios sucios y al uso del fraude y de la fuerza. El ejemplo más sobresaliente de esta forma de adquisición fue la compra de gran parte de la península de Taraco al lado del lago Titicaca por el presidente Ismael Montes, a principios del siglo XX. Cuando los indígenas trataron de resistir, Montes mandó tropas a Taraco y tuvo que hacer efectivo su dominio a costa de sangre y fuego35 • Aunque Erwin Grieshaber recientemente ha cuestionado la imagen de la expansión de la hacienda paceña según la cuál sólo se habrían vendido comunidades enteras, pareciera que esa fue la situación prevaleciente en el norte del altiplano y no tanto en el centro o sur36 • En todo el sur y el centro del país, en Cochabamba, Chuquisaca Aparentemente, también la ideología racista del darwinismo so- �24 Siglo XIX cial, qu: concibió a los indígenas como seres inferiores destinados a ser dommados por la gente de extracción europea, tuvo más adherentes en L~ Paz des~e fines del siglo XIX que en otras partes del país. F~e ~na ideología ideal para justificar la usurpación de tierras comumtanas dentro del contexto boliviano37 • Enton~~s, especi~l!°ente a principio del siglo XX, se puede notar la corrupc1on del espmtu de la ideología liberal. A veces ni se preocuparon po~ mantener la fachada de que las reformas iban a beneficiar a todos e iban a crear nuevas oportunidades para la mayoría campesina. Tal fue el caso de las ll~madas ti~r:as sobrantes en el departamento de Cochabamba. El g~b1~rno def1mó como tierras sobrantes aquellas ocupada~ por comumtanos que excedían lo que el Estado consider~ba ne~esano para su subsistencia; también entraban en esta categona las t_1erras usurpadas P?r no-indígenas. En la mayoría de los casos, los gobiernos local~. vend~:ron o alquilar?n dichas tierras, pero en Cochab~ba la adm1mstrac1on, o meJor dicho, la mala administración d~ las tierras sobrantes, causó un escándalo político que duró unos cinco anos (1909-1914) durante el período del Partido Liberal38• Hemos centrado nuestro análisis de la administración de las tierras sobrantes (tierras del Estado) en el departamento de Cochabamba (ver cuadro l). _Ini~ialmente, el gobierno vendió o alquiló las tierras s?brantes a no-md1genas, y en algunos casos muy aíslados distribuyó tl~~ras sobrant_es a ex-com?nitarios. En Cochabamba, el concejo mumc1~al. de la c1u~ad del mismo nombre recibió la responsabilidad de adm1mstrar la~ tle~ras del Estado. Vendió algunas parcelas de tierra en el Valle BaJo. Sm embargo, no hubo mucho interés en las últimas décad~s del siglo XIX para comprar algunas estancias en los distritos del altiplano cochabambino, y fueron alquiladas. . Por e~emplo, en 1878 José Moscoso, un terrateniente cochabambmo, pago un alquiler de 2 208 bolívares por año por las estancias estatales en el Cantón Vacas39• ljna ley ~el 15 de enero de 1900 estipuló que el concejo municipal ven~,1ese las tierras del Estado en Cochabamba para los gastos de educac1on en los centros urban?s. El concejo tendría que invertir los capitales de las ventas de las tierras en letras hipotecarias. . El consejo municipal no hizo casi nada para realizar la venta de tierras estatales, y siguió ofreciendo las propiedades en alquiler. La evi- Langer-Jackson: Liberalismo.y tierra en Bolivia (1825-1920) 25 CUADRO 1 TIERRAS ESTATALES EN COCHABAMBA A PRINCIPIOS DEL XIX Cantón Passo Tiquipaya VilaVila* TinTin* Vacas Tapacari Quirquiavi Zona ecológica Número de Propiedades Valle Valle Altiplano Altiplano Altiplano Altiplano Altiplano 10 6 l l 20 9 12 Hectáreas 24.66.12 26.19.06 10 330.56.00 983.92.50 5 183.04.80 2 446.75.61 834.33.81 • Tierras confiscadas por falta de pago de la contribución territorial. Fuente: Catastro de la Propiedad Rústica, Archivo de la Prefectura de Cochabamba, varias jurisdicciones; El Ferrocarril y El Heraldo. dencia indica que hubo ventas de pequeñas parcelas en el Valle Bajo. En 1909 el prefecto de Cochabamba y miembro del Partido Liberal, José Santos Quiroga (1908-1910), tomó ventaja de una ley de 1908 que contradijo los términos de la ley de 1900, y vendió las estancias estatales en Cantón Quirquiavi (Provincia Arque) bajo circunstancias muy sospechosas. Santos Quiroga publicó anuncios de la venta de dichas estancias en un periódico temporal establecido en 1910 para promover los candidatos del Partido Liberal en las elecciones del mismo año, y no en los diarios de la ciudad de Cochabamba como era costumbre. Los compradores de las estancias -algunos especularon con la adquisición de las tierras anticipándose a la llegada del ferrocarril OruroCochabamba que iba a pasar por Arque- revendieron una gran parte de las estancias a un precio mayor, antes de pagar al gobierno el valor de esas mismas tierras. El Partido Republicano, la oposición del Partido Liberal, usó el caso de la venta de las estancias de Quirquiavi como propaganda para atacar la ética del gobierno en Cochabamba. Sin embargo, el caso de las estancias de Quirquiavi indica plenamente la forma en que las élites locales aprovecharon la política liberal para su propia ventaja. Este caso, y la usurpación de las tierras comunarias en Taraco, mostró claramente la bancarrota ideológica del liberalismo boliviano a principio del siglo XX. �26 Siglo XIX CONCLUSION En el caso del liberalismo boliviano se puede distinguir una divergencia en el tratamiento de las posesiones corporativas. Por un lado, las tierras de la iglesia fueron enajenadas por la administración Sucre poco después de la Independencia. Por el otro, desde mediados del siglo XIX se puede entrever una alianza entre el Estado y las órdenes religiosas que permitió el establecimiento de una serie de sistemas misionales en las fronteras bolivianas. A principios de la época republicana no se restringieron las propiedades de las órdenes femeninas, las que pudieron subsistir y mantenerse a un nivel más o menos constante durante todo el XIX. A la vez, las políticas del Estado hacia las comunidades indígenas (la única institución corporativa importante en Bolivia fuera de la iglesia católica) fueron casi exactamente lo opuesto a las aplicadas en relación a las comunidades religiosas. Al principio de la república, aunque el gobierno trató de abolir las comunidades y crear una clase de pequeiíos propietarios según el modelo liberal clásico, por varias circunstancias no pudo lograr sus metas. Sólo en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de las reformas de la administración Melgarejo, empezaron a activarse las tendencias liberales ya puestas de manifiesto unos cuarenta aiíos antes. Aunque la reforma melgarejista no fue efectiva, después de 1880 la llamada exvinculación de las tierras indígenas aceleró y llevó a la expansión de la hacienda como también de la economía aldeana en el agro boliviano. ¿Por qué hubo estas diferencias? ¿Fue porque los liberales bolivianos no fueron sinceros y consistentes en sus creencias? La historiografía ya ha comprobado que las élites latinoamericanas no copiaron total y fielmente la ideología liberal traída desde Europa. Siempre adoptaron estas ideas a su percepción de la realidad de los respectivos países, aunque a veces esas percepciones estuvieron algo distorsionadas por su posición de clase y por los intereses regionales a los que estaban vinculados. Eso, empero, no es suficiente para explicar las aparentes contradicciones en la ideología liberal ¿Por qué favorecer una corporación y no otra? Hacer un argumento semántico y aseverar que, a fin de cuentas, el partido de los oligarcas de la plata no por nada se llamó Conservador, no es sostenible. A pesar de su nombre, y excepto en cuestiones de la iglesia, los conservadores -a pesar de su nombre- siguieron el rumbo de los otros partidos de ideología liberal. Fuera de la política Langer-Jackson: Liberalismo y tierra en Bolivia (I 825-1920) 27 de exvinculación para las comunidades indígenas, establecieron un sistema de comercio libre con el exterior, fomentaron el sistema de transporte, pusieron al ejército bajo control civil, entre otras reformas netamente liberales. La respuesta a esta aparente contradicción reside en tres factore~: la falta de poder por parte de la iglesia ya desde los albores de la republica el poder relativamente grande de las comunidades, y el papel que jugó '1a iglesia a fines del siglo XIX en la política desarrollista del Estado liberal. El problema del poder de la iglesia ya se hab~a re~uelt~ a favor_del Estado boliviano como caso excepcional de la h1stona latmoamencana. Ocupado por un ejército y un presidente d_e proceden~ia extranjera al que no se podía presionar como a u_n_ go?1erno de cnollos. locales, la iglesia no representó una fuerza poht1ca importante ~espues de las reformas de la administración Sucre. Las órdenes femerunas no representaron ningún peligro político y más bien servían a la élite bolivia~a para ubicar a sus hijas no casadas y no diluir demasiado la herencia patrimonial. Con el caos político que siguió a la admini_stra~ión S~ta Cruz (que era mucho menos anticle_ric~ q~~ Sucre), 1~ ~gles1a no Jugó un papel importante: ya no era una mst1tuc1on con suf1c1entes recursos que justificaran un conflicto con ella. La política proclerical del Partido Conservador no c~~?ió mucho la situación. La iglesia católica no llegó a tener una pos1c1on preponderante en la sociedad boliviana a fines del siglo XIX, aún con la ayuda de la retórica de Mariano Baptista y otros copartidarios. Más bien, el único papel que el gobierno fomentó, entraba en un programa esencialmente liberal: el del desarrollo económico del país. En esto, los conservadores reconocieron el papel que los franciscanos ya estaban jugando desde los aiíos cuarenta, apr~b_ad~ por ~dministraciones arlteriores. No se sabe si esto fue una política mtenc10nal (y no es necesario probarlo), pero la acci~n de la iglesia fu~ ~estringida a las fronteras poco pobladas de la nación. ~on esta p~h~1ca, ~os conservadores también reconocieron (como tamb1en las adm1rustrac10nes anteriores) que el Estado no tenía los recursos para embarcarse en esta tarea. Es importante notar que,_ una vez qu~ h~~o un aug~ econó~ico en la región que hizo más factible la coloruzac10n por entidades pnvadas, el gobierno conservador favoreció esas entidades a expensas de �28 Siglo XIX la empresa misionera. El cambio de gobierno después de la Guerra Federal simplemente aceleró un proceso empezado por el gobierno conservador: en el fondo, ese partido también era esencialmente de corte liberal. El caso de las comunidades indígenas es algo diferente. Los comuneros eran mucho más poderosos que la iglesia durante el siglo XIX. La historia de los intentos por abolir la comunidad como entidad legal s<: remonta ~ambi~n a la ad~inistración Sucre, pero es obvio que el gobierno no d1spoma de suficientes fuerzas de represión para implemen!ªr las leyes bolivarianas. Esto nos sugiere, entre otras cosas, que la iglesia católica sufrió más durante las guerras de la independencia que las comunidades; una hipótesis que necesita de más estudios para probarse. De todos modos, la reinstalación del tributo por Andrés de Santa Cruz y la legislación de José Ballivian y otros gobernantes hasta Melgarejo, fueron acciones pragmáticas que tenían como meta regularizar los ingresos fiscales y así, implícitamente, reconocieron los problemas que implicaba la reforma de la sociedad rural. Mariano Melgarejo y sus consejeros creyeron tener los recursos para destr_uir el poder de las comunidades y así reformar, según prescripciones liberales de moda entre los publicistas de la época, la tenencia de la tierra en Bolivia. Estaban equivocados y después de la derrota del caudillo se volvió al sistema antiguo. Sól~ una reforma gradual, como la implementada después de 1880, fu~ factible, y el proceso de enajenación de tierras indígenas sólo podna acelerarse después de la Guerra Federal, cuando el ejército nacional derrotó a Pablo Zárate Willka, el caudillo de los indígenas del altiplano. Otra vez, el Partido Liberal heredó una situación en la cual la política liberal ya estaba vigente y sólo la llevó adelante de una manera más decidida que sus antecesores. Así se desvanecen en gran medida las diferencias observadas. En ambos casos fueron los que irónicamente se llamaban conservadores quienes prosiguieron la política liberal. Introdujeron suficiente estabilidad política y así libraron los recursos necesarios para disminuir el poder de la iglesia aún en los últimos rincones de la república y abolir las comunidades indígenas. La política del Partido Liberal después de 1899 fue simplemente Langer-Jackson: Liberalismo y tierra en Bolivia (1825-1920) 29 una extensión de las medidas ya introducidas. La aparente corrupción en la venta de tierras sobrantes de comunidad en Cochabamba mostró la visión netamente pragmática de los gobernantes en lo relativo a la cuestión de tierras indígenas. NOTAS 1. Para una descripción de Bolivia inmediatamente después de la independencia, ver Joseph B. Pentland, Informe sobre Bolivia, tr. Jack Aitken Soux (Potosí, 1975) y William Lofstrom, El mariscal Sucre en Bolivia, tr. Mariano Baptista G. (La Paz, 1983). La obra fundamental sobre la guerra de independencia en Bolivia sigue siendo Charles W. Arnade, La dramática insurgencia de Bolivia tr. Luis Pellaloza C. (La Paz, 1972). También ver René D. Arze Aguirre, Participación popular en la independencia de Bolivia (La Paz, 1979). Para la situación de los clérigos, ver por ejemplo Alejandro M. Corrado, El colegio franciscano de Tarija y sus misiones (Quarracchi, 1884), pp. 279-313. 2. Para una introducción general al papel de la iglesia en la economía de América Latina ver Arnold Bauer, "The Church in the Economy of Spanish America: Censos and Depósitos in the Eighteenth and Nineteenth Centuries", Hispanic American Historical Review 63:4 (1983), 707-733. Un estudio mas detallado es Michael Costeloe, Church Wealth In Mexico: A Study of the "Juzgado De Cape/lanías" in the Archbishopric of Mexico /800-1856 (Cambridge, 1967). 3. Para tos antecedentes de la consolidación de vales reales y la política reformista espallola del siglo XIX, ver Richard Herr, R ura/ Change and Royal Finances in Spain at the End of the O/d Regime (Berkeley, 1989), especialmente capítulos I Y2. Para la implementación de la consolidación de vales reales en America Lati?a ver Brian Hamnett, "The Appropriation of Mexican Church Wealth by te Span1sh Bourbon Government- 'The Consolidación de Vales Reales', 1805-1809", Jo urna/ of Latin American Studies 1 (1969); Asunción Lavrin, "The Execution of the Law of Consolidación in New Spain: Economic Aims and Results", Hispanic American Historical Review 53:1 (1973), 27-49; Romeo Flores Caballero, La contrarrevolución en la independencia. Los españoles en la vida política, social y económica de México (1804-1838), México, D.F. 1969, pp. 34-36; Masae Sugawara H., La deuda pública de Esp;ma y la economía novohispana, 1804-09 (México, D.F., 1976); y Margaret Chowning, ''The Consolidación de Vales Reales in the Bishopric of Michoacán", Hispanic American Historical Review 69:3 (1989), 451-778. El impacto de la política de la consolidación de vales reales ha recibido muy poca atención afuera de México. Para una excepción ver Lowell Gudmundson, "The Expropriation of Pious And Corporate Properties In Costa Rica, 1805-1860: Pattems in the Consolidation of a National Elite", The Americas 39 (1983). 4.- La política liberal acerca de la riqueza de la iglesia ha sido estudiada con más detalle en México, y a veces hay una tendencia a identificar la desamortización en los otros países de América Latina con el caso mexicano. Para un bosquejo de la política liberal en México, ver Richard Sinkin, Tbe Mexican Reform, 1855-1876: A Study In Liberal Nation-Building (Austin, 1979), especialmente capítulo 7; y Robert Knowlton, Churcb Property and tbe Mexican Reform, (1856-1910) (DeKalb, 1976). �30 Siglo XIX Para estudios regionales más específicos ver Jan Bazant, Alienation of Church Wealth in Mexico: Social and Eronomic Aspects ofthe Liberal Revolution 1856-1875 (Cambridge, 1971); y Charles Berry, The Reform la Oaxaca, 1856-76: A Micro History of the Liberal Revolution (Lincoln, 1981), examina el impacto de la política liberal en Oaxaca. lan Jacobs, Ranchero Revolt: The mexican Revolution in Guerrero (Austin, 1982), examina la estructura de la tenencia de la tierra en Guerrero en los años después de la reforma liberal. . 5. Para la política liberal en Colombia, incluyendo la desamortización de la riqueza de la iglesia, ver Richard Hyland, "A Fragile Prosperity: Credit and Agrarian Structure in the Cauca Valley, Colombia, 1851-87", Hispanic American Historical Review, 62:3 (1982), 369-406. 6. Los estudios sobre la iglesia y sus bienes en Bolivia generalmente enfocan las actividades de los misioneros en los departamentos orientales, o la historia institucional. Ver: por ejemplo, Joseph M. Barnadas, La iglesia católica en Bolivia (La Paz, 1976); David Block, "Links To The Frontier: Jesuit Supply of Its Moxos Missions, 1683-1767", The Americas, 37 (1980); Eudoxio Palacio y José Brunet, Los Mercedarios en Bolivia (La Paz, 1975); y Walter Hermosa Virreira, Tribus selvícolas y misiones jesuitas y franciscanas en Bolivia (La Paz, 1986). Hay varios articulos que describen los bienes de los jesuitas en los años posteriores de su expulsión por Carlos lll. Ver, por ejemplo, René Arze Aguirre, "Las haciendas jesuitas de La Paz (Siglo XVlll), Historia y Cultura, 1 (1973), pp. 105-124; y Edgar Valda Martinez, "Datos sobre la Compañía de Jesús en Potosí", Historia Boliviana, 6 (1986), pp. 43-60. 7. Herbert Klein, "The Structure of the Hacendado Class in Late Eighteenth- Century Alto Peru: The Intendencia de La Paz", Hispanic American Historical Review 60:2 (1980), p. 212. 8. Lofstrom, El Mariscal Sucre, pp. 112-113; y Boroke Larson, Colonialism and Agrarian Transformation in Bolivia: Cochabamba 1550-/900 (Princeton, 1988), p. 223. 9. Lofstrom, pp. 133-142. Según el trabajo de Thomas Millington, los compradores de las ex-propiedades podían adquirir las haciendas y cancelar los censos con certificados de la deuda interna del gobierno, que perdieron una gran parte de su valor nominal en el mercado abierto. Ver Thomas Millington, Funded Debt Versus Floating Debt: A Neglected Battlefield ofthe Liberal Reforms In The 1820s, manuscrito sin publicar, p. %. Por ejemplo, las élites de Cochabamba aprovecharon el decreto de 1826 pagando por las haciendas confiscadas de las órdenes regulares en certificados con un valor nominal de 214 080 pesos, y cancelaron censos con certificados con un valor nominal de 37 392 pesos. 10. Roberty H. Jackson, "The Alienation of the Lands of the Regular Clergy in Cochabamba, Bolivia, 1826-1929", manuscrito sin publicar. 11. Herbert S. Klein, "The Structure of the Hacendado Class", p. 202; y Herbert Klein, "The Distribution of Landed Wealth in the Late 19th Century: The hacendados of tbe Department of La Paz, 1881-1882", en prensa. 12. Damián Rejas, Tercer centenario de la fundación del Monasterio de Santa Clara de Asís en Cochabamba-Bolivia, af1os 1648-1948 (Cochabamba, 1948), pp. 16-17. Langer-Jackson: Liberalismo y tierra en Bolivia (1825-1920) 31 13. Jackson, "Alienation", cuadro 11. 14. Ibid. Para un índice de precios agricola en Cochabamba, ver Robert H. Jackson, "Tbe Decline of the Hacienda in Cochabamba, Bolivia: The Case of tbe Sacaba Valley, 1870-1929", Hispanic American Historical Review 69:2 (1989), p. 281. 15. Ver, por ejemplo, el anuncio publicado en El Ferrocarril, 25 de julio de 1911. 16. Robert H. Jackson, "Liberal Land and Economic Policy and the Transforrnatio~ of the Rural Sector of the Bolivian Economy: The Case of Cochabamba, 1860-1929 disertación doctoral (University of California, Berkeley, 1988), pp. 214-219. 17.- Ver por ejemplo Tristan Platt, Estado boliviano y a.rllu anclino (Lima, 1982); Y"Liberalism and Ethnocide in the Southern Andes", History Workshop, 17 (1984), pp. 3-18. El surgimiento de los partidos a fines del siglo XIX es descri~o en Herbert S. Klein Parties and Political Change in Bolivia, 1880-1952 (Cambndge, 1971), pp. 17-30'. Para un tratamiento global del liberalis~o ?ºliviano, v~r Erick ~ge~, "El liberalismo y la abolición de la comunidad mdígena en el siglo XIX , Histona y Cultura, 14 (1988), pp. 59-95. ?,· 18. Klein, Parties, pp. 22-23. 19. Mariano Baptista, Obras completas (La Paz, 1932-5), especialmente t. VII, pp. 142-157, 227-236. 20. Barnadas, La iglesia católica, pp. 99-100. 21. Corrado, El convento franciscano, pp. 301-313. 22. Ferrnín Prudencio, Memoria de Guerra y Colonización 1917 (La Paz, 1917), p. 132. 23. Luis Paz, Informe que en cumplimiento de la ley ele~a_al S~premo Gobierno, el Prefecto y Comandante General de Tarija, sobre la adm1mstraCJón del Departamento (Tarija, 1890), pp. 31-32. 24. Fernando Quiroga S., informe de la Prefectura y Comandancia General del Departamento de Chuquisaca (Sucre, 18%), p. 44. 25. Joaquín Torrelio, Informe del Prefecto de/ Departamento de Chuquisaca (Sucre, 1897), pp. 25-26. 26. Bernardino de Nino, Las tres misiones secularizadas de la Provincia de la Cordillera (Tarata, 1916). 27 Gerardo Maldini Franciscanos en Tarija (La Paz, 1988), pp. 131-139; Las indus. trias del Gran Ch;co y la Empresa Colonizadora Staudt y Compañía (Tarija, 1912). 28. Para un panorama general sobre el problema del tributo y las comunidad~ en ~oli_via, ver Langer, " El Liberalismo"; Joq1;e Alejandro Ovando Sanz, f:l tnbuto_ mdigena en las finanzas bolivianas del siglo XIX (La Paz, 1985); y E ~ P._Gnes?~ber "Survival of indian Communities in Nineteenth-Century Bohv1a , d1sertac1on d~oral (Universidad de North Carolina, 1977). �32 Siglo XIX EL ENTORNO AGRARIO DE TEPEACA 29. José Vicente Dorado, Proyecto de repartición de tierras y venta de ellas enue los indígenas (Sucre, 1964). Propiedad, Crédito y Desamortización en las Haciendas Mexicanas (1700-1870) 30. Pedro Vargas, Indicaciones económicas para la reforma del sistema tributario de Bolivia (Potosí, 1864). 31. Ver Langer, "El liberalismo", pp. 78-79. En el caso de Cbuquisaca, en el sur del país, muchos indígenas no pudieron recuperar sus tierras perdidas durante la administración Melgarejo. Ver Erick D. Langer, "Persistencia y cambio en las comunidades indígenas surbolivianas (siglo XIX)" Las comunidades campesinas en los Andes del siglo XIX, Heraclio Bonilla, ed. (Quito, en prensa). Juan Carlos Garavag1ia * Juan Carlos Grosso ** 32. Langer, Economic Cbange, pp. 65-66; Platt, Estado boliviano, pp. 73-111; Platt, "Liberalism and Ethnocide", passim. 33. Langer, Economic Cbange, pp. 43, 79-80, 83-84. 34. Ver Jackson, "Liberal Land"; y Gustavo Rodríguez O., "Entre reformas y contrarreformas: Las comunidades indigenas en el Valle Bajo cocbabambino", Lascomunidades campesinas, para Cochabamba. Para Chuquisaca, ver Langer,Economic Cbange; para Potosí, Platt, Estado boliviano. 35. Silvia Rivera C., "La expansión del latifundio en el altiplano boliviano: Elementos para la caracterización de una oligarquía regional", Avances 2 (1978), pp. 95-118. Para Taraco, ver Silvia Rivera C. Oprimidos pero no vencidos: Luchas del campesinado aymará y qhechwa 1900-1980 (La Paz, 1986), p. 32. 36. Erwin P. Grieshaber, "Hacienda Expansion in the Department of La Paz, Bolivia 1850-1920", manuscrito. 37. Langer, "El Liberalismo", pp. 85-86. 38. Algunos historiadores han examinado el impacto de la implementación de la ley de ex-vinculación en las otras regiones de Bolivia, pero no han identificado la importante categoría de tierras definidas por el Estado como tierras sobrantes. Las ventas de tierras en los años 1860 incluyeron tierras sobrantes. 39. Protocolos notariales (ciudad de Cochabamba) 1878, Archivo Histórico Municipal de Cochabamba. 40. El Heraldo, 11 de mayo de 1909, 22 de mayo de 1909, 27 de mayo de 1909, 18 de septiembre de 1909; El Ferrocarril, 20 de marzo de 1914. Para la reventa por los nuevos dueños de secciones de las estancias en Quirquiavi, ver Registro de Derechos Reales, Provincia Arque, 1911. El marcado endeudamiento que afectaba a la mayoría de las haciendas mexicanas en el siglo XVIII es una realidad reiteradamente constatada por los mismos contemporáneos y resaltada por la mayoría de las investigaciones sobre la historia rural novohispana. Sin embargo, at1n son muchos los interrogantes que permanecen sin respuesta respecto a las causas y características de ese proceso de endeudamiento y al papel que habría desempeñado la Iglesia como principal fuente de los recursos crediticios. No cabe duda que la Iglesia concentró, por lo menos hasta mediados del siglo XIX, el grueso de los gravámenes que pesaban sobre las propiedades rurales. Pero, tal como lo ha seiíalado Arnold Bauer, no sabemos hasta qué punto el endeudamiento de las haciendas fue producto de reales préstamos dinerarios, ni cuál fue el efectivo peso de los donativos o gravámenes impuestos por los mismos propietarios con distintos objetivos piadosos 1• • Instituto de Estudios Histórico-Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. 0 Instituto de Estudios Histórico-Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina; Centro de Investigaciones Históricas y Sociales (CIHS) de la Universidad Autónoma de Puebla, México. �34 Siglo XIX Garavaglia-Orosso: Propiedad y desamortización en las haciendas mexicanas urbana 4 • Aportes más recientes han permitido relativizar análisis reiterados, aunque poco fundamentados, sobre la desamortización de los bienes de las comunidades indígenas 5• Mas poco sabemos sobre los efectos de la desamortización y nacionalización de los distintos tipos de censos eclesiásticos que gravaban las propiedades rurales, a pesar de que, como parecería sugerirlo este acotado estudio regional, habría provocado una importante circulación de bienes desde las manos de la antigua élite de hacendados hacia otros sectores de propietarios que supieron aprovechar las ventajas ofrecidas por la legislación liberal, favorecidos por la liquidez monetaria que le porporcionaban sus actividades económicas y, en algunos casos, por sus vínculos con los sectores políticos triunfantes 6 • Aún aceptando que, en el conjunto de los gravámenes que soportaban las propiedades, hubieran predominado los censos-préstamos originados en una real transferencia de dinero desde las arcas de la Iglesia a los propietarios rurales, sería importante conocer el destino de esos préstamos; es decir, poder precisar en qué medida esos créditos fueron volcados a mejorar la productividad de las haciendas, o como afirma Florescano, se orientaron a la adquisición de nuevas tierras, a cubrir las pérdidas provocadas por los años de crisis y a los gastos suntuarios que respaldaban el prestigio de los terratenientes 2 • Por otra parte, la vulnerabilidad financiera de las fincas ante la fuerte carga de endeudamiento que soportaban, habría provocado una frecuente rotación de la propiedad. Diversas investigaciones parecerían comprobar la existencia de un alto grado de inestabilidad en la tenencia de la tierra. Se manifestaba en que difícilmente una familia lograba conservar sus propiedades por más de dos generaciones y que las haciendas que permanecían en las mismas manos durante largos períodos constituirían casos excepcionales, atípicos 3 • Esta excepcionalidad no parece corresponderse con la realidad estudiada en este trabajo, ya que son varias las haciendas del entorno agrario de la villa de Tepeaca que permanecen en el patrimonio de los mismos grupos familiares durante varias generaciones, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XVIII a mediados del XIX. Esta mayor continuidad en la propiedad de haciendas fuertemente gravadas reclama una explicación atenta a distintos aspectos, entre otros, el funcionamiento económico de las unidades de producción. Pero también se relaciona a nuestro entender, con una cuidadosa estrategia de los clanes familiares que procuraba asegurar la trasmisión de los bienes y tendía a evitar la dispersión del patrimonio, en coincidencia con los intereses de los acreedores que también se oponían a la parcelación de las propiedades en defensa de la seguridad de sus hipotecas. Una continuidad que habiendo superado difíciles coyunturas, como la de la misma guerra de la insurgencia, en no pocos casos encontró su límite en la etapa en que la aplicación de las leyes de desamortización impulsó una redistribución de la propiedad. He aquí también un tema sobre el que la historiografía ha abundado en generalizaciones, pero sobre el que aún son muchos los problemas que permanecen abiertos. Sin duda, trabajos como los de Jan Bazant han revelado aspectos importantes del impacto de la política liberal sobre los bienes de la Iglesia y la transferencia de la propiedad eclesiástica, sobre todo en el área 35 ) TEPEACA Y SU ENTORNO AGRARIO La villa de Tepeaca fue el segundo asiento español de la Nueva España. Refundada por Hernán Cortés en 1520, fue heredera directa del antiguo sefiorío de Tepeyac Tlayntic. En 1555 se creó la Alcaldía Mayor de Tepeaca que incluía los pueblos de Acatzingo, Tecamachalco, Quechula, San Agustín del Palmar, San Andrés Chalchicomula, San Salvador el Seco, Nopalucan y Acaxete, que habían formado parte del señorío de Tepeyac: también dependían de esa cebecera los pueblos de Tecali y Tep~xi de la Seda. Cuando se organizan las intendencias borbónicas, Tepeaca pasa a ser en 1787 una subdelegación y los últimos 7 dos pueblos nombrados se independizan de ella • La jurisdicción de Tepeaca se caracterizó, durante toda la época colonial, por poseer dos áreas cerealeras de particular relevancia: la ya mencionada Chalchicomula -un centro de producción maicera de riego muy importante para el aprovisionamiento del gran mercado de la ciudad de Puebla- y el llamado valle de San Pablo, situado entre la villa de Tepeaca y Nopalucan, un área triguera de temporal bastante destacada. Era tal la relevancia de la producción agropecuaria de esta región que para fines del siglo XVIII constituía la cabecera decimal más importante del obispado poblano (sin tener en cuenta los predios decimales veracruzanos) 8• La mayor parte de las haciendas de españoles de la región se formaron a fines del siglo XVI, a partir de las ventas y enajenaciones de tierras por parte de los señoríos étnicos, que habían perdido casi totalmente el control del trabajo de sus macehualtin; 9 ; para esa misma época aparecen las primeras menciones a gañanes10• �36 Siglo XIX Garavaglia-Grosso: Propiedad y desamonización en las haciendas mexicanas En 1791 rodeaban a la villa unos 10 pueblos de indios y 24 haciendas. Para entonces en toda la jurisdicción de la subdelegación de Tepeaca existían más de 400 haciendas y ranchos y tres molinos 11 • Las igualas de 1788 nos detallan la información para 315 de estas unidades 12 agrarias ; según esa documentación el entorno agrario de la villa de Tepeaca se destacaba en cuanto al número de haciendas (fueron registradas 21, frente a 20 y 19 de Nopalucan y Acatzingo, respectivamente); en cambio San Agustín del Palmar, Chalchicomula y Tecamachalco poseían muchos más ranchos que haciendas. De acuerdo a la detallada contabilidad de los diezmos de 1800, el hinterland más inmediato de la villa pagaba un tercio del total de la producción agraria de toda la jurisdicción decimal de Tepeaca, es decir tenía una gran importancia como área maicera y triguera (ambas sumaban un 75% del total de la producción agropecuaria sometida al pago de diezmo en ese año) 13 • En 1777 unos 5 129 individuos habitaban en la villa, sus haciendas y ranchos y en los pueblos indígenas sujetos. Casi el 60% de ese total residían en la villa y en los barrios indígenas anexos: un 23% lo hacía en las haciendas y un 17% en los pueblos. Esta población se dividía en un 66% indígena y un 34% de españoles y castas. Lógicamente la mayor parte de este último sector habitaba en la propia villa (un 80% del total), pero un hecho a destacar es que los indios que vivían en forma permanente en la haciendas sobrepasaban a los de los pueblos, y los que lo hacían en la villa casi igualaban a la población indígena residente en esos otros dos lugares••. CONTINUIDAD Y TRANSMISION DE LA PROPIEDAD La propiedad de las haciendas del entorno agrario de Tepeaca experimentó una mayor estabilidad que en otras áreas de la Nueva España. Así, en Guadalajara, entre 1700 y 1815, en promedio las haciendas permanecieron en las mismas manos cerca de 25 años 15 • En el Bajío, entre 1710 y 1865, unas 40 fincas de la jurisdicción de León cambiaron de propietario poco menos de cuatro veces como promedio (es decir casi cada generación) y sólo dos haciendas permanecieron en la misma familia a lo largo de todo ese período 16• En el área estudiada en este trabajo, aunque considerando un período notablemente mayor, doce de las 16 haciendas para las que contamos con suficiente información seriada, se conservaron en el patrimonio de algunas familias de la élite de hacendados durante más de 37 90 años. El caso más extremo, pero más fácil de explicar, fue el ~e las fincas pertenecientes al mayorazgo de los Gorospe, al que es!uv1eron vinculadas por lo menos desde fines del siglo XV~I. hasta la deca~a de I850· pero también los García conservaron su dormruo sobre la hacienda Sant; Inés Cuautla durante un siglo y medio. Los Tamayo pose~eron las haciendas San Vicente y San José Capula alrededor de 120 anos ... Como sucedió en la región de Guadalajara, en Tep~aca la r?tación de la propiedad fue muc~o mayor _en la primera m!tad del s1~lo XVIII. En J702 rodeaban la villa 17 haciendas cuyos antiguos propietarios habían participado en la composición de 1643; muchos de ellos formaban parte de la élite regional y algunos ocupaban cargos en el Ayuntamiento de Puebla. Una lista de ese año recoge sus nombres: el doctor Don José Martínez de la Parra, el licenciado Don Lore!12o León de Beltrán, el capitán Don Juan Francisco Olineros, el capitán Don Thomas de Palacios y Solórzano, Don Lorenzo de ~orospe ~ lrala, el licenciado Don Gaspar Tamayo 17 • Ya_en los años ~emt~ y tremta de este siglo, algunas haciendas han ~amb1ado de ~rop1etanos Y nuevos apellidos reemplazarán a los antenores: el presb1tero Pe~ro del C~pillo, Don Alonso Ruiz de Bárcen~, Don G~briel Antomo de Arrut!. Pero ni estos nuevos poseedores, m los antenores, lograrán _una continuidad que se extienda más allá de las últimas décadas del siglo; la excepción la constituyen los Tamayo y el mayorazgo de Gorospe. Entre J740/79 ocho haciendas cambian de propietarios, Ydurante las últimas décadas del XVIII lo ha_rán ot~as ~inco completando el proceso de desplazamiento de los ant~guos l_maJes de hacendados. Al~unos tradicionales apellidos de la éhte regional, como los Larrasqmto, los Ruiz de Bárcena o los Vélez de las Cuevas son ree_mplazados por tos Martínez, los Barroso, los Solís y Gorospe, o los rru~i:nos Tamayo. A partir de estos cambios la propiedad tiende a es!abilizarse Y en la primera mitad del siglo XIX sólo seis haciendas tuV1eron nuevos dueños (ver apéndice). El derrumbe financiero de las fincas provocado por la a~~ulación de censos fue, en la mayoría de los casos, el facto~ prec1p1tante de la transferencia de la propiedad18 • Algunos del?~ nuembros de la élite de hacendados responsables de la mayor estabilidad que caracterizó a la propiedad en el área durante las últimas décadas del XV~II y la primera mitad del XIX, adquirieron algunas fincas en las venta~~sas condiciones de los remates judiciales, aprovechando la vulnerabilidad financiera de sus antiguos poseedores. �38 Siglo XIX Así, don Gregorio Martínez Solís y Rivadeneira adquirió las haciendas San José Zahuatlán y El Pino en 1779, en el remate "en almoneda pública" de los bienes en concurso del licenciado José Antonio Gálvez; por su parte los Tamayo compraron la hacienda La Purificación en 1783 al ser rematada en el Juzgado de Capellanías en 13 000 pesos (en 1727 sólo el valor de la tierra y de las edificaiones se elevaba a 16 380 pesos), pagando, como era común en esos casos, sólo una ínfima parte al contado -2 000 pesos- y reconociendo el resto a favor de los censualistas 19 • Probablemente estas compras a precios convenientes les permitieron equilibrar el riesgo que implicaba la adquisición de una propiedad fuertemente endeudada. _Pero a diferencia de lo que solía suceder con este tipo de compras, realizadas generalmente con fines meramente especulativos, los Solís y los Gorospe conservaron esas haciendas durante muchas décadas. No se trata en estos casos de aquellas compras "fraudulentas" a las que hacía referencia el obispo de Puebla, Francisco Fabían y Fuero, cuando afirmaba que ... rara será la compra de hacienda en que ya se encuentre algún corto desembolso de contado; en lo más, con aprontar el costo de la escritura y costas del remate, y con la obligación del reconocimiento de sus principales entran en su posesión y manteniéndose en ellas algunos años sin pagar, vuelven a cederlas y a quedar los acreedores burlados20• Por supuesto, también en esta región hubo efímeros propietarios que se ajustan a la descripción del obispo poblano, y no faltaron tampoco aquellos que realizaban compras con fines claramente especulativos, como en el caso de un par de operaciones que tuvieron como protagonistas a Don Genaro Alonso de Armiño y a Don Gregorio Juez Sarmiento, quienes ocuparon en distintos momentos los cargos de Alcalde Mayor de Tepeaca y de Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla21 • Pero el hecho de que un buen número de fincas permanecieran en el patrimonio de algunos clanes familiares durante varias generaciones, nos habla de la excepcionalidad de esas situaciones. La constatación de esta excepcionalidad no basta para explicar la mayor estabilidad que habría caracterizado a la propiedad del entorno agrario de Tepeaca a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Para poder hacerlo, deberíamos contar con un mayor conocimiento de las distintas etapas y coyunturas por las que atravesó la producción agraria de la región, con información sobre la rentabilidad de las distintas unidades de producción, sobre sus posibilidades de acceso al crédito Garavaglia-Grosso: Propiedad y desamortización en las haciendas mexicanas 39 y la disponibilidad de recursos por parte de las fuentes de financiamiento a lo largo del período analizado. Pese al estancamiento relativo por el que atravesó la región de Puebla-Tlaxcala durante el largo periodo que corre entre fines del XVII y comienzos del XIX (que se refleja también en el área de Tepeaca de acuerdo a algunos indicadores, como los diezmos y la alcabalas22), el patrimonio de algunos hacendados locales experimentó un indudable crecimiento en la segunda mitad del XVIII, como fue el caso de los Tamayo o los Martínez Borges. Estos últimos encarnan un linaje de rancheros que se convierten en hacendados; en nuestras fuentes ya aparecen como medianos propietarios de tierras en Acatzingo en los años treinta del XVIII, transformándose en uno de los clanes familiares más poderosos de los que actuaron en la cebecera de Tepeaca a fines de ese siglo y conservando la mayoría de sus fincas hasta mediados del XIX. Don Antonio Martínez, uno de los hijos del fundador del linaje, refleja claramente la rápida acumulación que caracterizó al clan: heredó de su padre un pedazo de tierra en el rancho de la familia y una casa en Acatzingo. Cuando se casó en primeras nupcias aportó " como mil y quinientos pesos" y su mujer nada, pero al momento de sus segundas nupcias poseía ya un caudal de ocho mil pesos. Al efectuar su testamento en 1788, poco antes de morir, declaró entre sus bienes los de la herencia paterna más la hacienda de San Francisco "en la que tengo de caudal con ganados, semillas y aperos, como ocho mil pesos"23 • La continuidad del patrimonio familiar de los Solís y Gorospe o de los Tamayo no dependía únicamente del éxito económico de sus empresas, sino también de sus alianzas matrimoniales y relaciones de afinidad, de las vinculaciones con los diversos niveles de la administración civil y eclesiástica, de la organización y unificación del patrimonio alrededor de redes de parentesco y de las pautas adoptadas con respecto a la transferencia y repartición de la riqueza del grupo familiar". El recurso al patriarcalismo como forma de consolidar e incrementar el patrimonio y fortalecer la unidad del clan familiar puesto en relieve por Kicza y otros estudiosos de las élites novohispanas, no estuvo ausente en este mundo provincial25 • Y como era común en estos casos, la mayor parte del patrimonio familiar solía adjudicarse a uno de loa miembros del clan, quien asumía la responsabilidad de proveer por el bienestar de los demás, tomando a su cargo el mantenimiento de los �40 SigloXIX miembros del linaje que permanecían a su lado, otorgándoles en el momento oportuno las dotes o el respaldo económico necesario para un buen casamiento, para el ingreso a la vida religiosa o para emprender una actividad relativamente autónoma aunque integrada al conjunto de los negocios que conformaban, al decir de Lindley, "la alianza empresarial familiar" 26• Al morir en 1790 Don Gregorio Martínez de Solís y Rivadeneira sus bienes -que incluían las haciendas Zahuatlán y El Pino- fueron adjudicados a uno de sus hijos, el deán doctor José Solís y Gorospe, ya que los coherederos consideraron "ge. ellos no admitían división (. ..) y que la prudencia resistía ge. los interesados se expusiesen a sufrir las bajas ge. en las Almonedas suelen proporcionarse"27• Poco tiempo después, al no poder administrar el deán el patrimonio familiar, éste fue adjudicado al otro hijo varón con el objeto de evitar "una venta precipitada ge. pudiera serles muy perniciosa" y lograr así "ge. conserbandose en la familia los bienes, permanesca ideleble la memoria de sus mayores" . Don Miguel se obligó "a reconocer las hijuelas" de los demás herederos -entre ellos dos hermanas religiosas- pagándoles sus respectivos réditos e hipotecando el conjunto de sus bienes "al cumplimiento de estas capitulaciones". Los réditos de los capitales correspondientes a la herencia de sus hermanas doncellas, serían empleados en la manutención de las mismas, más las cantidades que fueran necesarias y que voluntariamente proporcionarían el nuevo jefe del clan y su hermano el deán. Del mismo modo, Don Antonio Tamayo, el fundador del más importante de los linajes locales, en 1726 se adjudicó la totalidad del patrimonio dejado por el presbítero Don Gaspar Tamayo "por no tener cómoda división los bienes", entregando algo más de 7 000 pesos "en reales" a una de las coherederas por su respectiva hijuela. A la muerte de Don Antonio, el acrecentado patrimonio familiar fue dividido entre la viuda y sus hijos, pese a lo cual se conservó su unidad al reagruparse la mayor parte en dos de los herederos varones que actuaron como nuevas cabezas del clan; además, todos sus miembros seguirán haciendo negocios juntos, en una compleja y a veces inextricable trama de hermanos, primos, tíos y sobrinos, como formando parte de una auténtica "empresa familiar" . En la tercera generación la figura que se perfila como el "patriar- Garavaglia.Orosso: Propiedad y desamortización en las haciendas mexicanas 41 ca" del linaje fue el capitán Don Francisco María, quien durante varios años concentró la gestión de las haciendas familiares arrendando las que pertenecían a sus primos y encargándose de la comercialización de sus frutos a través de la tienda "del Portal"_. Don Francisco María se había casado a fines del siglo XVIII, llevando un capital de 8 300 pesos, al que su esposa no sumó más que los favores que podía brindar un suegro administrador de las Rentas de Alcabalas de la ciudad. En 1810, al morir su padre se adjudicó la hacienda La Purificación y poco después al fallecer su madre la de San Vicente. Las hijas de su difunta hermana recibieron dos casas en la vecina Acatzingo como parte de la herencia de sus abuelos matemos, y del resto se hizo cargo este tío pagándoles réditos y velando por su futuro; en 1825, cuando una de sus sobrinas entró como profesa en el convento poblano de Santa Catarina, el capitán se responsabilizó por la dote, reconociendo 1 400 pesos sobre una de sus haciendas. Mientras otros miembros de la familia emigraron a Puebla huyendo de los insurgentes, el futuro capitán permaneció en Tepeaca y arrendó las fincas a los que se ausentaron. En los años veinte, cuando su actuación política lo lleva a trasladarse a la capital del estado, formó diversas compañías con sus hijos para la explotación de las fincas y de la tienda, sin desligarse de los negocios ni del tutelaje familiar. Al redactar su testamento en 1838, Don Francisco María debió haberse sentido orgulloso de haber podido sobrellevar exitosamente los tormentosos años de las guerras de la Independencia, legando a sus herederos los bienes que conformaban el antiguo patrimonio familiar, que continuarán en manos de los Tamayo varias décadas más. Un caso no menos interesante es el del ya mencionado linaje de los Martínez Borges. La muerte del prolífico Don Antonio (seis hijos supérstites y de ellos cinco varones) puso en riesgo la reciente y limitada acumulación con la que había dado el salto de ranchero a hacendado. Pero los herederos supieron garantizar la unidad y la ampliación del patrimonio familiar. El hijo mayor se adjudicó la hacienda San Francisco, formando con otros tres de los hermanos una "compañía para las labores del fundo" , aportando cada uno "la suma de ochocientos ps. qe. a cada uno nos cupieron". La "empresa familiar" fue lo suficientemente exitosa como para haber incorporado ya a fines del siglo XVIII otra hacienda con su rancho anexo. Otro de los varones, Don Miguel, dueño de una tienda en Tepeaca, no fue menos exitoso, ya que �42 Siglo XIX tuvo una prolongada y destacada actividad en la vida mercantil de la villa, manteniendo siempre estrechas relaciones comerciales con sus hermanos. Don Miguel fue el único de los Martínez que se casó; los demás quedaron solteros y sólo uno de ellos justificó su celibato por la vocación religiosa. La única mujer también permaneció soltera, viviendo de los réditos de los 789 pesos de su hijuela y que su hermano mayor reconocía sobre la hacienda paterna. Quizás el origen ranchero de los Martínez les había vedado la posibilidad de un casamiento conveniente, pero también es probable que hubieran optado por no contraer matrimonio ya que cualquier unión relativamente ventajosa hubiera requerido una transferencia de fondos que habría resentido el patrimonio del clan; el mismo motivo debió haber limitado la tan común opción de la carrera eclesiástica únicamente a uno de ellos. Paradójicamente, el tan cuidado patrimonio familiar terminó disgregándose por el profundo sentimiento piadoso y la tradición célibe de sus miembros. Cuando en 1851 el último hermano supérstite, Don Crisanto Rafael Martínez, nombró por su única heredera a una de las hijas solteras de Don Miguel -que durante un tiempo había vivido con sus tíos en la hacienda familiar- dejó asimismo diversos legados que redujeron considerablemente los bienes transmitidos. En 1869 esa heredera, Doña María Guadalupe, imitó el ejemplo de su tío, ordenando varios legados piadosos que debían cumplimentarse con el producto de la venta de la hacienda San Francisco, único remanente del patrimonio acumulado por sus tíos medio siglo atrás: mil pesos para el convento de los Capuchinos, otros mil para la casa cuna de San Cristóbal, cinco pesos para cada uno de los peones de la hacienda a quienes Don Crisanto ya había condonado sus deudas, una pequeña suma para sus familiares y el resto para las monjas de la Caridad de Puebla. La muerte del no menos prolífico Don Pedro González Barroso -cabeza de otro linaje local- también puso en peligro la continuidad del patrimonio familiar (la hacienda Santa Ana, varias casas y solares en Tepeaca y otros bienes valuados, en conjunto en 1837, en 33 864 pesos, con deudas por la mitad de ese monto). Luego "de varias juntas y conferencias extrajudiciales", los herederos decidieron adjudicar los bienes a la viuda "porque debiendo ser de poco valor las hijuelas, por ser muchos los hijos del finado, no cabe cómoda división". Doña Guadalupe Cacho adquirió el conjunto de los bienes al valor de inventario "con sólo la deducción de la décima parte", reconociendo y garantizando con una hipoteca general el haber de sus hijos y demás he- Garavaglia-Grosso: Propiedad y desamonización en las haciendas mexicanas 43 rederos. De ese modo, argumentó la viuda, no sólo se evitaría "una no conveniente venta a un extraño'', sino que los vástagos del difunto "podrían continuar en su~ giros ~e comercio y agricultura q~~ des~e su infancia tienen emprendidos", mtegrando una empresa fam1har baJo la tutela materna; a la muerte de Doña Guadalupe la hacienda fue adjudicada a uno de sus hijos varones, permaneciendo en propiedad de los Barroso hasta mediados de la década de los sesenta. El último caso que creemos conveniente citar es el de Don Francisco Sanchoyerto, un comerciante residente en Puebla que, sin poder prever las consecuencias del incipiente movimiento insurgente, decidió emprender una ambiciosa "negociación" comprando y arrendando algunas de las haciendas más importantes del entorno agrario de Tepeaca. Con este caso no se pretende ejemplificar la continuidad de la propiedad agraria -la hacienda de San Mateo perteneció a la familia durante cincuenta años- sino más bien la actitud de los acreedores, la mayoría de ellos instituciones religiosas, que permitieron que un fundo recargado de créditos desde hacía mucho tiempo continuara en posesión de deudores morosos, con un perfil que se acerca al de aquellos hacendados poco escrupulosos a los que hacía referencia el Obispo Fabián y Fuero. Aprovechando la quiebra de sus antiguos propietarios, Sanchoyerto adquirió San Mateo en 1811 en remate, por el precio de 41 300 pesos de los que exhibió al contado 5 500 y 2 000 en calidad de redención de capital; paralelamente arrendó varias fincas colindantes y compró la hacienda de Santa Cruz en Acaxete: , La negociación que había emprendido Sanchoyerto -diría su viuda en 1818- es la mejor que podía proyectarse en el ramo de la agricultura, porque reunía en las quatro haciendas de San José (Zahuatlán), San Mateo, Gorospe (Santa María Atlacuilican y San Miguel la Joya) y Santa Cruz Tlaxcaltepec, todo lo que desea un Labrador para el fomento de su giro: son las fincas más apreciables de aquel Territorio ... 28 Sin embargo, como sucedió con otros hacendados de la región, los negocios de Sanchoyerto se vieron muy afectados por el accionar de los insurgentes, debiendo emigrar a la ciudad de Puebla, donde falleció en 1817; para entonces la finca seguía debiendo a los acreedores del antiguo propietario el resto del valor de la finca, es decir 33 800 pesos, a los que se habían sumado 5 633 de réditos debidos desde 1815. Al año siguiente, la viuda solicitó esperas a los acreedores de la testamentaria, citando la Real Cédula del 31 de mayo de 1815 que había reco- �44 Siglo XIX mendado "que se exhite a los acreedores y a los deudores censualistas se compongan entre sí, evitando pleytos y costas, cediendoo cada uno algo d.e .1? que c.rea correponderle"; en caso de que no se accediera a su. pet1c1on, la vmda advertía a los acreedores que sólo quedaba el cammo del concurso "con sus funestas consequencias" para ambas partes: ... y es ocioso repetir lo qe. enseña la experiencia, porincipalmente qu~ndo h~y mult_1tud de fincas, y falta la emulación de Postores, lograndose a lo mas, q_ue se vendan por una tercia parte menos: que se consuman con escan~~o los más preciosos fondos en costas: que las propuestas de los L1c1tantes se reduscan a exhibiciones parciales Y!le. al fin ve?&ª? a empeorar a los acreedores, si después de muchos anos Y de salir ?1en los Depósitos, en que por lo común se pierden las fincas, consiguen enagenarlas 29• Los acreedores debieron haber compartido los argumentos y temores .~e Doñ_a María Villavicencio, pues llegaron a un "acuerdo de esperas . conf1ad?s en q~e e! ca~~al existente, cercano a los 120 mil pesos, podna garantizar la h~u1dac1on de las diversas y elevadas deudas (con un monto total s~penor a los 68 mil pesos) que gravaban los bienes de la te~,tame~t~na. Durante ~arios años la propietaria de San Mateo abo~ó ,!os red1tos _d e I_os ~P!tales que cupieron en la liquidación de créditos . , au~~ue sm d1~minmr el monto de los mismos; empero hacia 1834 la s1tuac~~n se babia agravado "aumentando considerablemente las responsabilidades de la Señora Villavicencio". Un nuevo acuerdo c~n los acr~edores posi~,ilitó que la hacienda continuara, durante tres decadas mas, en poses1on de los Sanchoyerto. EL CREDITO ECLESIASTICO EN LA REGION DE PUEBLA Cu~ndo en 1767 el Obispo de Puebla afirmó que los propietarios de haciendas sólo tenían un dominio formal sobre e!Jas, ya que "las han ca~gado de tal suerte de censos que todo su producto no es equivalente ~ importe de los rédi!os que tienen que pagar", dramatizó una situa~i?~ bastan~e generalizada en el mundo agrario novohispano30• Ya a 1ruc1os del siglo XVIII, las haciendas y ranchos de Tlaxcala poseían gravámenes por un 41 % de su valor total: de aproximadamente 170 fun~os emp~dronad~s en 1712, por lo menos 108 reconocían censos de diversos tipos y solo 11 declararon explícitamente estar libres "de c_enso, empeño e hipoteca" 31 • Y ~ fines de ese siglo las fincas del parti_d o de Cholula, una de las más tmportantes áreas cerealeras de la región, soportaban gravámenes por el 70% de su valor32• En el entorno agrario de Tepeaca las haciendas también se halla- Garavaglia-Grosso: Propiedad y desamortización en las haciendas mexicanas 45 ban fuertemente endeudadas: según la información con la que contamos para algunas de ellas entre 1720/ 1820, los gravámenes variaban entre el 40 y el 70% de su valor33 • Hacia 1806/ 1808, en el momento de la aplicación del decreto de "Consolidación de Vales Reales", las propiedades rurales y urbanas del corazón del área cerealera del valle poblano (la ciudad de Puebla y sus alrededores, y los distritos de Cholula-Huejotzingo, Atlixco y Tepeaca) cargaban hipotecas a favor de la Iglesia con un monto cercano a los 2.2 millones de pesos, de los cuales el 30% le correspondían a la subdelegación de Tepeaca34 • Con motivo de ese decreto, que entre sus disposiciones establecía que las personas o instituciones que reconocieran sobre sus propiedades capitales eclesiásticos debían redimir sus deudas para incorporarlas al empréstito forzoso impuesto a la Iglesia, los labradores de Tepeaca elevaron una representación argumentando que carecían " ...de arbitrio para hacer esa exhibición, ni en uno, ni en diez, ni en cincuenta años"35• En esta representación, como en las que elevaron los labradores de Tehuacán y el Ayuntamiento de Puebla, los afectados afirmaron que la mayoría de las fincas de la región de Puebla tenían gravámenes a favor de la Iglesia cercanos a los 2/ 3 de su valor. En la jurisdicción de Tepeaca los propietarios sólo redimieron el I0.90Jo de la deuda registrada36• Entre las pocas haciendas del entorno agrario de Tepeaca que hemos localizado en los registros de pago, sólo el propietario de las haciendas de San Miguel la Pila y Santa Catarina, el presbítero Francisco Antonio Tamayo, redimió en su totalidad los 7 200 pesos aue gravaban sus fincas; los demás recurrieron a "composiciones" 37• Los cálculos realizados sobre los montos recaudados en el obispado de Puebla como consecuencia de la consolidación, coinciden en un valor aproximado de dos millones de pesos38• Aunque es probable que esa suma no representara ni siquiera un tercio del total de los capitales eclesiásticos que debieron haberse redimido, sin duda la medida afectó el sistema crediticio; como lo ha demostrado Francisco Cervantes, en el obispado de Puebla la Iglesia dejó de prestar dinero a particulares durante los años de la consolidación39• En realidad, en el obispado de Puebla el crédito eclesiástico enfrentó serios problemas por lo menos desde fines del siglo XVIII. Ya antes de 1800 las entradas del Juzgado de Capellanías del obispado se vieron muy afectadas por la incapacidad de los propietarios rurales para pagar los réditos de los capitales40• Por lo demás, los montos disponibles para las imposiciones a censo disminuyeron cuando los con- �46 Siglo XIX ventos femeninos reorientaron sus inversiones hacia la propiedad urbana41 • En la primera mitad del XIX los préstamos otorgados por las diversas instituciones eclesiásticas de Puebla experimentaron una marcada tendencia decreciente con montos muy lejos de la cifras superiores a los cien mil pesos anuales de inicios de esa centuria: un promedio anual de 39 000 pesos en la década del veinte, 35 000 en la del treinta 42 y menos de 18 000 en el período 1840/ 47 • A la ya mencionada dificultad de la Iglesia por recuperar los antiguos créditos y recolectar los réditos, se sumaron mayores exacciones y presiones fiscales y la disminución de las fundaciones de capellanías y obras pías que tradicionalmente habían sostenido la capacidad crediticia de la Iglesia43• Como sucedió en otras regiones el crédito particular fue cubriendo parte del vacío dejado por la Iglesia, aunque es probable que, si se mantuvo la tendencia observada en la primera década del siglo la región haya experimentado una disminución del monto global de '10s préstamos otorgados en efectivo44 • Por otra parte la agricultura se habría visto desplazada por la actividad mercantil como beneficiaria del c~édito eclesiástico; más aún, hubo casos en que se hipotecaron propiedades agrícolas para financiar actividades comerciales45 • En síntesis, la región se enfrentó a una crisis del sistema crediticio que no pudo dejar de hacer sentir sus efectos sobre el sector agrario. Hubo hacendados de Tepeaca que fueron beneficiados con nuevos préstamos, pero seguramente, ahora más que nunca, los vínculos de diverso tipo con los hombres de la Iglesia debieron haber jugado un rol decisivo para acceder a las empobrecidas arcas eclesiásticas y a sus créditos "blandos" (tanto por su tasa de interés como por la tradicional predisposición a renegociar los términos originales)46• Una prueba del carácter blando de esos préstamos está en el hecho de que casi 50% de las operaciones realizadas durante la primera mitad del siglo XIX sólo se cancelaron después de 1856, cuando la desamortización puso a los deudores en la alternativa de redimir los censos o perder sus propiedades47 • EL PROCESO DE ENDEUDAMIENTO DE ALGUNAS HACIENDAS DE TEPEACA El recurso al crédito eclesiástico y un fuerte endeudamiento fueron como hemos visto, aspectos bastante comunes a las haciendas de la re~ gión. Pero a nivel global resulta difícil poder precisar el origen de los Garavaglia-Grosso: Propiedad y desamortización en las haciendas mexicanas 47 gravámenes que pesaban sobre las fincas, aunque contáramos con un censo tan detallado como el que existe para las haciendas de Tlaxcala en 171248 • Sin duda, parte de esas cargas correspondían a imposiciones piadosos efectuadas por los propietarios que se habían ido sucediendo en el dominio de la fine~; y otra parte era producto de verdaderos préstamos obtenidos principalmente de diversas instituciones religiosas: trataremos de precisar este doble origen del endeudamiento que caracteriza a las haciendas novohispanas analizando algunos casos correspondientes a la cabecera de Tepeaca. Empezaremos por la hacienda de La Purificación que, en 1727, con 14 caballerías (ocho de ellas de riego permanente), un surco de agua y diversas edificaciones -que incluían entre otras las viviendas, capilla y troje- fue valuada en 16 380 pesos, que sumados a los "llenos" (ganados, semillas, aperos, etcétera) alcanzaba un valor aproximado de 29 mil. Cuando Gaspar Tamayo la adquirió en 1783, lo hizo en buen precio, ya que le fue adjudicada en remate por la suma de 13 000 pesos, pagando al contado tan solo dos mil; probablemente la finca había sufrido un proceso de deterioro y los llenos debieron de haber sido liquidados con anterioridad al remate49• De acuerdo a los diezmos de la primera década del siglo XIX, la hacienda continuaba produciendo maíz, trigo y cebada, y en menor cantidad chile y frijol, dedicando parte de sus tierras a la cría de ganado lanar50• En 1810 al efectuarse la adjudicación de los bienes de Don Gaspar, las haciendas La Purificación y San Vicente -valuadas con sus llenos en 51 619 pesos- se encontraban gravadas por un total de 19 388 pesos a favor de diversas instituciones religiosas. Años más tarde, en 1824, cuando su hijo y heredero, el capitán Francisco María Tamayo, solicitó un nuevo préstamo para el avío de ambas fincas, las mismas se hallaban hipotecadas por un monto total de 15 467 pesos. Las deudas que afectaban a La Purificación en esas dos fechas reconocían, como era de prever, el doble origen al que se ha hecho referencia. Hasta inicios del siglo XIX predominaron los gravámenes producto de capellanías y dotes conventuales impuestos para asegurar la " opción" religiosa de algunos miembros de las familias de los sucesivos propietarios5 1• A partir de entonces, cuando a las dificultades económicas ligadas a diversas coyunturas se sumaron la pesada carga de los réditos debidos por antiguas imposiciones y por los que cada nuevo propietario reconocía a favor de sus coherederos, la situación financiera de la finca se hizo más frágil y obligó a tomar nuevos préstamos hipotecarios destinados a cubrir los adeudos anteriores y a fomentar �48 SigloXJX la producción. La familia Ruiz de Bárcena, propietaria de La Purificación desde la segunda década del siglo XVIII hasta 1783, fue la mayor responsable del endeudamiento de la hacienda, aunque por lo menos ya en 1631 se había impuesto sobre un rancho anexo un gravamen de 732 pesos como parte del capital de la capellanía fundada por González Palacios. En 1717 se fundó otra capellanía a favor del presbítero Don Cristóbal Ruiz de Bárcena, con un capital de 3 000 pesos; una década después se impuso otro gravamen de igual monto destinado a "una capellanía u obra pía" cuyo beneficiario sería el presbítero Don Francisco hermano del anterior, a quien le había correspondido esa suma com~ parte de ~a herencia paterna52 • En esa misma época, en 1723, se obtuvo un prestamo de l 000 pesos del convento de Santa Catalina de la ciudad de Puebla "para el cultivo de la hacienda (...) por el tiempo de dos aílos"; el préstamo fue renovado durante casi cien aílos, hasta 1818, cuando fue redimido por el entonces propietario el capitán Fran' cisco María Tamayo53• En la etapa de la consolidación la finca reconocía gravámenes a favor de la Iglesia por un total de 8 275 pesos. En 1807, el mencionado capitán optó por la "vía de composición", pagando 500 pesos al contado y el resto en anualidades de igual monto54• No sabemos que suma llegó a redimir Tamayo, aunque es probable que no haya pagado más de una anualidad ya que el decreto fue derogado en 180955• De ese año de 1807 sabemos que, salvo el préstamo de 1723, solicitado para el avío de la hacienda, el resto, o sea casi el 88% de los gravámenes que pesaban sobre el bien, no había implicado una transferencia dineraria desde las arcas eclesiásticas, sino simplemente imposiciones de los propietarios (derechos de retención o censos-gravamen, como propone denominarlos Bauer) obligándose al pago de los réditos correspondientes56• En 1824, el ya mencionado capitán Tamayo elevó al obispado de Puebla una solicitud para que se le concediese un préstamo de dos mil pesos "a depósito irregular, por el tiempo de cinco aílos", aprovechando la disponibilidad de un capital por igual suma correspondiente a un censo que acababa de redimir otro hacendado de la región. En esa oportunidad, Tamayo debió presentar un testimonio notarial de los gravámenes que reportaban sus dos fincas de acuerdo a los Garavaglia-Orosso: Propiedad y desamortización en las haciendas mexicanas 49 "Libros de censos": según ese documento las haciendas La Purificación y San Vicente se hallaban hipotecadas por una suma de 15 467 pesos. De los censos que en 1807 gravaban a la primera de esas dos fincas, ya se había redimido el préstamo de _1723 (en 18~8) runa de las capellanías de los Bárcena. Pero al mismo tiempo se hab1an impuesto nuevas cargas, dos de ellas garantizadas conjuntamente con la otra hacienda: uno, de 2 000 pesos, correspondía a una dote conventual; y el otro, por igual suma, a un crédito otorgado po~ ~l c~nvento de ~an Gerónimo. El tercero impuesto sólo sobre La Punf1cac1ón, era reciente de febrero de 1824, y consistía en un "depósito irregular" por la su'ma de 4 000 pesos a favor de diversas instituciones religiosas. En total la hacienda se hallaba hipotecada en más de 1O 000 pesos, pese a lo cual el "Promotor fiscal y defens~r de Obras P!as" ~e obispado consideró a la finca idónea para garanttzar la nueva 1mpos1ción de dos mil pesos ya que permanecía libre de gravámenes "más de la tercera parte del valor". Sin du?a sus excelentes ~culos _c?n la Iglesia y su posición política en la capital del Estado, hab1an_facilitado su acceso al tesoro catedralicio a pesar de la escasez de capitales y de la fragilidad financiera de sus fundos 57 • En menos de dos décadas La Purificación se había endeudado en 6 000 pesos de nuevos censospréstamos más los 4 000 de las cargas que compartía con la hacienda San Vicente. Pese a esa situación, La Purificación debió haber rendido suficientes ingresos como para poder liquidar buena parte. de la nueva deuda -probablemente utilizada para mejorar la producción- ya que en 1837 los gravámenes se habían reducido al nivel que tenían tres décadas atrás (unos 8 800 pesos), incluyendo las viejas capellanías, una nueva dote conventual y los 2 000 pesos del último de los préstamos otorgados en 1824. En ese año, Tamayo arrendó la finca a su hijo po~ una renta anual de l 200 pesos, debiéndose hacer cargo el arrend~tano de los 44'.4 pesos de réditos anuales que debían pagarse a los diversos censualistas; obviamente las ganancias estimadas debían garantizar las rentas del propietario y de los censualistas, más los beneficios que ~peraba ~~tener el arrendatario, lo cual permite pensar en una rentabilidad pos!ttva de la hacienda; suponiendo que se mant~viera el valor que se hab1a dado en el inventario de 1810 a la tierra y los mmuebles -unos 10 000 pesosY considerando que en 1837 los llenos de la hacienda (que ahora incluían una pequeña fábrica de aguardiente) fuer~n valuados en 7 6?(}, sólo la renta obtenida por el propietario era de un 6.8% del capital �50 Siglo XIX invertido58 • . En síntesis, hacia 1837 La Purificación se hallaba gravada por ca~it~es qu~ en su m_ayor parte habían sido producto de antiguas impos1cion~ pia~osas (~nc}uyendo aquí dotes y capellanías), en tanto que ya habian sido redllllldos la mayoría de los censos-préstamos otorgados para el avío de la hacienda. ~n el caso de la ~acienda San Vicente resulta más difícil precisar el ongen de sus gravamenes. Esta finca, que lindaba con terrenos de la ~iudad de Tepeaca, se dedicaba fundamentalmente a la producción maicera, ~unque como lo muestran sus diversos inventarios y los registros de diezmos, no desdeñaba sembrar trigo, cebada, frijol y chile. ~e sus 18 3/4 caballerías, 14 eran aptas para la producción agrícola, s1e~do las restantes de inferior calidad y "de cerro". Según el inventano de 1810 su valor era de casi 20 000 pesos y de ellos un 60.6% correspondían a las tierras, un 12% para los ganados (animales para la labranza y ganado lanar) y un 5.6% para edificios productivos; el resto _se re~artía en sem~rados y semillas. El inventario de 1826 pone en evidencia un notable incremento en la inversión ya que sólo las se~as, ganados y plantaciones valían alrededor de 19 000 pesos. El principal responsable de esta valorización fue la introducción de plantas de maguey, valuadas en unos 10 000 pesos. En 1824 la finca se hallaba gravada en 10 600 pesos a favor de diversos capitales piadosos. De ellos sólo uno era producto de una dote conventual, en tanto que otros dos, cuyos beneficiarios eran la Recaudación de Vacantes del Obispado y el convento San Gerónimo probab!emente fueran censos-préstamos; un tercero, por 6 000 pes~s, cuyo tituJar ~ra Ana María de Borbolla, parecería ser producto de un préstamo particular que dos años después -y aún en 1869- era reconocido a favor de Don Sebastián Mier, un conocido empresario poblano59• En 1825, Tamayo impuso sobre San Vicente un nuevo censo de l 400 pesos, a ser entregado en el término de cinco años como dote de su sobrina Ana María Aráoz, que deseaba profesar en' el convento de Santa Catalina. Este gravamen, conjuntamente con otro de 2 600 pesos impuesto en 1826 a favor del Hospicio de Pobres de Puebla permanecerán sin redimisrse hasta la aplicación de las ley¡s de desamortización. En la vecina hacienda de San José CapuJa (que conjuntamente con Garavaglia-Orosso: Propiedad y desamortización en las haciendas mexicanas 51 su anexa Santa Inés Tepango constituía una de las fincas más valiosas del entorno agrario de Tepeaca) el endeudamiento también se consolida a fines del XVII e inicios del XVIII con donaciones piadosas de sus propietarios. En efecto, ya en 1727 San José reconocía un censo de l 500 pesos a favor de una "memoria de misas"·que debían celebrarse en la capilla de la hacienda impuesto por orden de su propietario, el presbítero Gaspar Tamayo, y 5 000 pesos de dos capellanías de las que éste había gozado en vida. Por su parte, la finca anexa presentaba diversos gravámenes60• Es decir que. para 1727 San José Capula y su anexa acumulaban gravámenes por un total de 19 700 pesos, de los cuales por lo menos el 89% no tenían su origen en préstamos sino en obras pías y capellanías fundadas por los mismos propietarios que habían implicado una transferencia de derechos a favor de la Iglesia. Los gravámenes representaban el 50% del valor de la hacienda (que poseía tierras de distinta calidad, algunas "superiores para sembrar toda clase de semillas" y contaba con una presa y regadío). Este temprano endeudamiento parece haber pesado sobre la situación económica de la finca. Si bien carecemos de información para el resto del siglo XVIII, tenemos diversas referencias sobre las dificultades financieras por las que atravesó su propietario, José María Torija -sobrino bisnieto del presbítero Gaspar Tamayo- a inicios del XIX. En 1804 le había arrendado al Alcalde Mayor de Tepeaca nueve caballerías y media de tierras de la hacienda para pagarle una deuda de tres mil pesos; posteriormente, en 1814, o,btuvo de otro de los arrendatarios de la finca diversos préstamos por la suma de 9 000 pesos. Es probable que la precaridad financiera de la hacienda le haya vedado el recurso a las arcas eclesiásticas y lo haya obligado a recurrir al préstamo particular y a arrendar la finca, concentrándose en sus actividades mercantiles. Aunque en 1815 ya había saldado parte del anterior crédito, tomó nuevos préstamos que lo llevaron a tener que cel~brar una promesa de venta de la hacienda a favor de su arrendatario y acreedor61 • Finalmente, en 1828 debió concretar la operación vendiéndole -en realidad, se trata de un mero traspaso del bien- a Don José Rafael Gómez (de quien era deudor de "cantidad considerable de pesos") San José CapuJa, con su anexa Santa Inés Tepango, un rancho y el �52 Siglo XIX Molino Viejo en 40 000 pesos, pero el peso de los antiguos censos no dejará de provocar serios problemas a los nuevos propietarios, especialmente en el momento de la desamortización62• La hacienda de Santa Catarina, que colindaba con la anterior, era una de las menos gravada a inicios del XVIII. En 1727, con sus 12 caballerías de tierras regadas tenía un valor aproximado de 9 000 pesos y soportaba una carga de 2 500 pesos de censos. Un siglo después, Don Antonio Vallejos compró la finca al presbítero Francisco Tamayo -sobrino del mencionado Gaspar- en 10 000 pesos, de los que debía seguir reconociendo 4 000 de censos; 3 000 de una capellanía al servicio de Tamayo y 1 000 de un capital cuyo titular era el convento poblano de Santa Inés. El nuevo propietario realizó diversas mejoras (construyó "las casas de havitación y oficinas" y una obra hidráulica para aprovechar "un chorro de agua manantial") que, según sus palabras, "le dan mucho más valor del que antes tenía". En efecto, según el inventario de 1837 sólo "las tierras y aguas" fueron valuadas en cerca de 13 000 pesos, en tanto que los llenos ascendían a unos 8 600 pesos (de éstos el 35% correspondían a semillas y sembrados de·maíz, trigo, cebada, chile y frijol y el 43% a los animales de labranza y al ganado cabrío y lanar para matanza): la valorización de la hacienda no se realizó en base a nuevos préstamos hipotecarios ya que para entonces Santa Catarina seguía reconociendo los mismos capitales que una década atrás. En 1863, cuando se la adjudicaron las dos nietas y herederas de Vallejos por un valor de 14 800 pesos, los gravámenes sólo se habían incrementado por dos imposiciones realizadas por su abuelo: una fundación piadosa de 500 pesos y un principal de 1 000 pesos a favor de una huérfana bajo su protección. Pese a ello, las nuevas propietarias no pudieron enfrentar la desamortización de esos capitales, los que fueron adquiridos por un empresario poblano, Gumersindo Saviñon; en 1869 al estar "amagadas de un litigio" por el propietario de "los capitales píos" resolvieron vender la hacienda a un tercero, en el mismo precio en el que se la habían adjudicado, haciéndose cargo el comprador del pago de los capitales desamortizados63• La hacienda Santa Ana, en las inmediaciones de la ciudad y lindante con la mencionada San Vicente, corresponde al tipo más común de propiedad ya fuertemente endeudada a inicios del XVIII. En 1728 reconocía diversos censos por un monto de 17 000 pesos. Su propietario, el presbítero José de Sol y Piedra -quien la había heredado de Garavaglia-Grosso: Propiedad y desamortización en las haciendas mexicanas 53 su padre- se vio obligado a vendérsela al cura de Tepeaca. Don Pedro Ximénez del Campillo, quien le había prestado 5 136 pesos "con que se libertó de las execuciones que por los rédi~os d~vidos le amenazavan": el precio de venta fue de 22 054 pesos e mclwa las 24 caballerías de tierra, diversas edificaciones productivas, un "xaguey", dos manantiales de agua salubre y los "llenos". Los censos, que superaban el valor de la tierra y edific~ciones, se incrementaron por las disposiciones testamentarias de Campillo que ordenaron donaciones piadosas por 1 300 pesos. Los propietarios se sucedieron hasta que, en 1806, Don Pedro González Barroso la adquirió en remate judicial liquidando parte de los censos que gravaban la finca. Según el inventario realizado por sus herederos en 1837, Santa ~a reconocía 3 000 pesos a favor del Juzgado de Capellanías y Obras P1as y 2 840 de una capellanía; para entonces se habían introducido diversas mejoras a la finca, entre otras, nuevas obras de irrigaci_ón aprec~adas en conjunto en unos 4 500 pesos, en tanto que el avaluo total, mcluyendo los "llenos" se elevaba a 24 000 pesos64• Como ya hemos visto, Santa Ana continuó en manos de los González Barroso hasta 1868. Cuando en 1865 Don Carlos Barroso la arrendó por cinco años, previó la _p~sibilidad_ de q~e tuviera que ~ende~!~ incluyendo una cláusula que limit~~a la Vigencia del ~~endamient_o s1 la venta de dicha hacienda se venf1que por que le extJan los capitales que reporta". Al concretarse esta situación, 1~ h_acienda fue vendid_a a la esposa de Pedro Ibargüen, quien había redimido parte d~ los capitales que gravaban la finca por unos 10 000 pesos. Per~. al 1gu~ que los nuevos propietarios de San José Capula, los lbarg~en debieron afrontar apremios fmancieros no menos graves que los obligaron a vender parte de las tierras de Santa Ana6S. Las vecinas haciendas de San José Zahuatlán y La Concepción de El Pino también soportaban elevados gravámenes a inicios del XVIIl. El capitán Gabriel de Arruti, quien las ha~ía ~ompra~o cu~~do fueron rematados los bienes de su anterior prop1etar10 por e1ecuc1on del Juzgado de Capellanías y Obras Pías, reconoció en 1735 la exi~tencia de diversos censos por 50 000 pesos: una deuda muy elevada habida cuenta que a fmes del siglo el valor de ambas fincas no alcanzaba esa suma. Esta situación debió haber sido una pesada herencia para Arruti y los posteriores propietarios, y nuevamente e':1, l ~79 las fin~~ fueron rematadas a instancias de los acreedores ecles1asttcos adqumendolas, como se dijo antes, Don Gregorio Martínez de Solís y Rivadeneira. �54 Siglo XIX . Una _déca?a después, el_caudal de la testamentaria de Don Gregono, que mclma las dos haciendas, platería y "dependencias activas" era de ~O 275 pe~os y entre los pasivos se contaban 15 327 pesos de los capitales de diversas censualistas eclesiásticos y unos mil pesos de "réditos insolutos"; los gravámenes se habían reducido considerablemente, y en su totalidad correspondían a diversas capellanías cuyos fundadores no aparecen en la lista de los propietarios que tuvieron ambas fincas en el siglo XVIII, lo cual permite suponer que se trataba de verd~deros censos-préstamos (o que fueran antiguas imposiciones piadosas). Para obtener los recursos necesarios para explotar la más extensa de ambas fincas, los Solís recurrieron al avío de particulares y al arrendam_iento de la hacienda El _Pino. Así el presbítero Ignacio Saldaña y Bomlla,_ recolector de los diezmos locales, les suministró en diversas oportunidades semillas y efectivo "en clase de re faccionario'' hasta acumular en 1822 una deuda de más de 6 000 pesos; para saldarla se compr?metieron a entregarle 300 cargas de maíz y 200 arrobas de trigo, mas las cosechas de ambos cereales de ese año y del siguiente. La nieta de Don Gregorio y heredera de los bienes familiares siguiendo una política muy común entonces, desposó a un hijo de ¿tro de los acreedores -el teniente Pascual Moreno- integrando los intereses del productor y los del prestamista. Aun así los Moreno-Solís continuaron soportando constantes apremios financieros que los obligaron a vender, en 1844, un rancho anexo a las fincas de 3 3/4 caballerí~s d~ tier~a parcialmente irrigadas en 4 500 pesos. El obispado otorgo la hcenc1a para la venta por considerar que el valor de San José Zah~atlán (34 663 pesos) y El Pino (21 393 pesos) cubrían los capitales piadosos que reportaban ambas fincas y que se elevaban a 22 587 pesos; a los créditos existentes a fines del siglo XVIII se habían sumado nuevas imposiciones de los Solís por 7 200 pesos destinadas en esta ocasión a )as dotes conventuales de profesas de la familia, en tanto que los capitales necesarios para la producción se obtuvieron de préstamos particulares. Pero también en este caso los Moreno-Solís tuvieron dificultades para hacer frente a la desamortización de los censos que gravaban las fincas en casi la mitad de su valor y tuvieron que desprenderse de la hacienda El Pino, que hacia 1880 estaba en manos de Antonio Viveros, uno de los nuevos miembros de la élite local (y que había sabido lucrar exitosamente con la situación creada por la aplicación de las leyes de la Reforma). Garavaglia-Grosso: Propiedad y desamortización en las haciendas mexicanas 55 Las haciendas Santa María y San Miguel La Joya pertenecientes al mayorazgo de los Gorospe por lo menos desde mediados del siglo XVII, constituyen un caso especial ya que los gravámenes que pesarán sobre ellas a mediados del siglo XIX eran relativamente recientes y en su mayoría verdaderos préstamos. Los Gorospe, típicos propietarios ausentistas, arrendaron sus fincas a varios productores locales, entre los cuales figuraron los Martínez Borges. En 1791 Don Javier Gorospe obtuvo un préstamo por l 500 pesos pertenecientes a una obra pía para "avilitar sus fincas de mulas y aperos"; cuarenta años después Don Joaquín Gorospe, "necesitando de numerario", solicitó un préstamo de 12 000 pesos a un comerciante de Puebla, para lo cual hipotecó Santa María66 • Si bien en ese momento la hacienda, como también los otros bienes del mayorazgo, se hallaba libre de todo censo, en las décadas siguientes las dos fincas fueron gravadas considerablemente a tal punto que en 1858 reconocían 14 800 pesos de principales pertenecientes a una capellanía y a diversos conventos poblanos. Quizás previendo que, a pesar de la reacción de los grupos conservadores, la aplicación de las leyes de desamortización se impondría de un modo irreversible, en ese año los Gorospe decidieron desprenderse de las dos haciendas que habían formado parte del patrimonio familiar por doscientos años: Santa María fue vendida en 26 000 pesos más 6 000 por sus "llenos" y La Joya en 14 500 pesos más 3 500 de "ganado de apero y majadas"67 • En 1862, Mariano Oropeza, un comerciante poblano muy activo en los negocios vinculados a la desamortización de los bienes eclesiásticos, redimió dos capitales que gravaban ambas fincas: uno de 2 000 pesos del convento La Concepción y otro de 3 000 del convento de los Capuchinos68 • Esta situación y las altas anualidades con que debían pagarse el saldo del valor de las haciendas, debieron haber pesado en la decisión tomada por Mariano de Ita de vender nuevamente las haciendas en un precio menor: 35 000 pesos. En 1871 los nuevos propietarios ya habían liquidado la deuda con los Gorospe y habían redimido la mayor parte de los censos eclesiásticos, de modo que en 1873 las dos haciendas sólo reconocían un capital de 3 000 pesos pertenecientes a la dote de una monja exclaustrada. Por último regresaremos al caso de la hacienda de San Mateo al �56 Siglo XIX Garavaglia-Grosso: Propiedad y desamortización que hemos hecho referencia en la primera parte de este trabajo. Esta finca, con sus 31 3/4 caballerías "de tierra lavoria temporal" (19 de ellas "de mui buena calidad") era la más extensa y "apreciada" del entorno agrario de Tepeaca, pero al mismo tiempo una de las más endeudadas desde fecha muy temprana. En 1735 cuando el capitán Gabriel de Arruti la compró a su antiguo propietario ya se hallaba gravada en 30 000 pesos a favor de diversos censualistas (en 1741 San Mateo y su rancho de agostadero con sus respectivos llenos fueron valuados en poco más de 67 000 pesos)· para liquidar parte de los antiguos censos Arruti obtuvo 22 000 peso~ de la testamentaria del general Bustamante Bustillo a redimir en ocho años. Si este préstamo particular le permitió aliviar la carga de los capitales piadosos, poco tiempo después debió realizar una nueva imposición de unos diez mil pesos a favor de diversas obras pías para devolverle a su hermano -el licenciado José Ignacio, "Prebendado de la Catedral"- un préstamo que le había facilitado "para avíos". Por otra parte su esposa gravó la finca con un censo de 3 000 pesos a favor del ~onven_to de San Gerónimo como dote de su hija y fundó una capellama con igual monto para que se ordenara uno de sus hijos o descendientes. De este modo sus herederos recibieron una hacienda recargada de censos y ya en 1791 afrontaron un concurso de acreedores. A pesar q~e desde esa fecha se dejó de pagar los réditos de los capitales, no fue smo hasta 1809 que el entonces propietario, capitán Pedro Manuel de Erroz -bisnieto del fundador del linaje- hizo cesión de bienes entregando la hacienda San Mateo a sus acreedores. Los capitales P!adosos reconocidos en ese momento sumaban 21 300 pesos y los réditos que se adeudaban eran 14 060 pesos: un endeudamiento excesivo si_ tenemos en cuenta qu~, según el inventario realizado en esa oportumdad, el valor ~e la hac1end~ sin "llenos" era de 38 700 pesos, y que además reconoc1a otros gravamenes, entre ellos 7 900 pesos correspondientes a las "legítimas" de los coherederos de Erroz y otras partidas menores que elevaban los pasivos del concurso a más de 53 000 pesos69• Entre los capitales piadosos que gravaban la finca en 1809 unos eran antiguas ii:nposiciones anteriores a la era de los Arruti 7º otros eran responsab1hdad de los Arruti y de sus descendientes71 • Si bien es difícil precisar el origen exacto de todos los capitales que gravaban la fin~ en 18~9~ había algunos que eran producto de préstamos de instituciones rehg1osas, aunque parecería que predominaban los censos derivados de antiguas fundaciones de capellanias y dotes conventuales que en la mayoría de los casos ya no gozaban los familiares de los pro- y en las haciendas mexicanas 57 pietarios, sino que actuaban como pesadas cargas heredadas de sus antepasados. Cuando la finca fue ofrecida en remate, varios de los hacenda~os de la región -entre ellos Don Juan Martínez- se most~a~~n muy mteresados en adquirir San Mateo, elevando sus posturas m1_c1ales hasta los 38 000 pesos. Sin embargo en primera inst~ncia la ha:!enda le fue adjudicada a una hija menor de edad ~el cap!t~n ~rroz. ya ~ue por la porción hereditaria de su Madre tiene pnvilegiado mteres en el concurso". Resulta de interés comentar los argumentos esgrimidos en tal oportunidad por Erroz, en especial los referent~ a r~~tabili?ad de la codiciada hacienda. Según sus palabras la ad1ud1cac1on sena muy favorable para la menor ya que se trataba "de una fine~ compuest~ de más de treinta caballerías de tierra fértil que deben considerarse mas ~e 200 fanegas de sembradura'' que, cultivadas "con eficacia", ga~ant1za~an excelentes réditos. Pero aún sin hacerse cargo de la producción, Ys"1!plemente arrendando las tierras a doce pesos la fanega, se o~ten,'!1°~ª unas rentas de 2 400 pesos, equivalentes a 48 000 peso~ de capital" sm amenaza de peligro". Por otra parte, contaba la hacienda con una venta y paraje de arrieros que haciendo allí ind!spensable ~ornada del camino RJ. en que transitan consumen necesariamente PaJa1 Pulques y otros varios esquilmos que regulados sin la menor ponderac1?n ac1enden a la cantidad de tres mil pesos". De este modo, conclma Erroz, se podrían obtener ingresos no menores de 5 400 peso~, con los que se podían pagar dos mil de réditos, 1 500 anuales p~a 1T pagando los capitales que no puedan ser renovados, restando libres 1 900 pesos. !ª Probablemente los cálculos de Erroz pudieran pecar de optimismo, pero lo cierto es que lo argumentado_ cor~espondía, al_ ~enos_ en parte, con la práctica seguida por el prop1etar10 en la adm1DJstrac1_ón de la finca: cuando el depositario nombrado por los acr~dores se hizo cargo de San Mateo encontró que una parte de_ las tierras estaba~ arrendadas en un precio que se ajustaba a lo manifestado por el capitán y según las cuentas del nuevo administrador los arriendos del año 1810 sumaron 1 041 pesos. Por otra parte el cuaderno de diezmos correspondiente a la cosecha de ese año registró una pro_du~ción de 785 cargas de maíz en las tierras administradas por el depos1tar10 y 532 cargas de las que fueron responsables los arrendatarios. Y en 1819, cuando se efectuó un inventario "con todas Existencias de Semillas, ganados y Enseres" se encontraron 181 cargas de maíz regular más o~_ras 11 para semilla, 305 cargas de trigo largo, 170 de cebada, 63 de fnJol, �58 Siglo XIX 40 fanegas de tierra barbechadas, 450 magueyes de raspa más 24 220 de diversos tamaños, 134 mulas y machos de carga y aparejo, 1 172 cabezas de ganado lanar y 71 cerdos. Sin duda se trataba de una finca con un potencial productivo muy importante, como lo sabían los mismos hacendados que pujaron con mucho interés en el remate de la hacienda. Pero las elevadas cargas de los censos contrarrestaban la rentabilidad de San Mateo. Si bien la finca fue adjudicada en 39 000 pesos a la hija de Erroz, ésta no cumplió con las capitulaciones del contrato (que preveía un pago al contado de 4 000 y anualidades de 3 000 pesos para cubrir lo no reconocible), adquiriéndola Don Francisco Sanchoyerto en precio de 40 500 pesos en un nuevo remate realizado en 1811. Siete años después un nuevo concurso ponía en evidencia los problemas financieros del nuevo propietario agravados por las pérdidas económicas provocadas por la coyuntura bélica de la época. Para entonces, a los antiguos capitales eclesiásticos se les había sumado un principal de I 000 pesos del convento de Santa Inés y una nueva capellanía a la que se le reconocía un capital e interés atrasados por un total de 2 900 pesos. Como ya se ha visto, diversos acuerdos con los censualistas permitieron a los descendientes de Sanchoyerto continuar con la posesión de la finca varias décadas más. Pero en 1862 se vieron agobiados por los nuevos acreedores que habían adquirido los antiguos créditos. El mayor de ellos, Jorge Berkenbuch, que reclamaba el pago de un crédito de 19 090 pesos documentado en pagarés con los que se habían redimido algunos de los capitales piadosos que gravaban la finca, fue uno de los más importantes compradores de propiedades desamortizadas de la ciudad de Pueblan . Sin embargo quien se quedó con la codiciada hacienda de San Mateo no fue el hábil comerciante alemán, sino Ignacio Romero Vargas, político liberal y gobernador de Puebla, miembro de una tradicional familia de hacendados de Acatzingo, quien en 1862 se hizo cargo de las deudas de la testamentaria (que superaban los 30 000 pesos), cubriendo el resto del valor de la finca con un par de casas situadas en la ciudad de Puebla; al igual que lo sucedido con los herederos de algunos de los antiguos linajes de hacendados de Tepeaca, los del ambicioso Sanchoyerto pusieron fin a su inserción en el entorno agrario de Tepeaca transformados en pequeños propietarios urbanos73 • En síntesis, de estos detalllados ejemplos surge la idea de que el Garavaglia-Orosso: Propiedad y desamortización en las haciendas mexicanas 59 endeudamiento de las haciendas del entorno agrar~o de T~peaca tenía su principal origen en los diversos tipos d~ fundac10n~s piadosas Y~n dotes conventuales impuestas por las suc~1vas genera~iones de p_ropietarios, y no en auténticos préstamos _destmado ~l avio productivo ~e las fincas, aunque también ellos contnbuyeron ~ mcrementar el ,excesivo monto de los censos que_ gra.":aban la propiedad rural del area en el momento de la desamorttzac10n. EL IMPACTO DE LA DESAMORTIZACION La fragilidad financiera de gran parte de los hacendados del ento~no agrario de Tepeaca se puso de manifiesto. coro~ se ~a mostrado reiteradamente en las páginas anteriores, con la aphcac1ón de ~a~ !eyes de desamortización. Estas marcaron el fin de un sistema cred1t1c10 y~ en crisis y que se había sustentado en la fluidez p~r,a acceder a los capitales controlados por la Iglesia. Llama la aten:10n -~ue,_ a pesar de la~ condiciones ventajosas estipuladas por la leg1slacion liberal (se llego a rescatar los gravámenes al 25% de su valor), ~uchos ~e ~os hacen?ados de este pequeño mundo rural no hayan podido redimir los cap1~ales religiosos que gravaban sus propiedades, quedando a merced de quienes desamortizaron los antiguos censos. En general los nuevos acreedores no se mostraron tan complacientes con la liquidación de los créditos como lo había hecho durante tanto tiempo la Iglesia, lo cual no es de extrañar cuando verificamos que, en la mayoría de los casos, la adquisición de esas deudas constituyó un medio indirecto para la apropiación de las fincas gravadas. Un breve comentario en relación a las ya mencionadas haciendas de los Tamayo nos permitirá precisar algunos aspectos del impac!o de la desamortización y de la posterior nacionalización de los bienes eclesiásticos. Don José Mariano Tamayo (sobrino tataranieto del presbítero Gaspar) quien heredó la hacienda La Purifica:ión, in_tentó redi~i_r algunos de los capitales que gravaban su prof'1edad sm may,or _exito. En 1861 desamortizó un capital que pertenec1a a una obra ~1a ligada~ la parroquia de Acatzingo. Empero, los pagarés que entrego a la Hacienda Pública no fueron levantados (la situación política de esos años le permitió postergar la liquidación) lo que facilitó s~ adquisición por Antonio Viveros, un advenedizo hacendado y comerciante de Tepeaca que, en 1869 exigió el cumplirni~nto de la ~euda; para empeo~a_r, la ~nca aún reconocía diversos capitales consignados a dotes rehg10sas7 . �60 Siglo XIX Garavaglia-Grosso: Propiedad y desamonización en las haciendas mexicanas 6/ Para enfrentar esta situación, Doña Concepción Tamayo, quien había heredado la finca de su padre en 1868, vendió al mismo Viveros una fracción de tierras de La Purificación por un valor de 4 064 pesos y otros dos terrenos a diversos vecinos (indígenas) del Pueblo de La Candelaria por 2 200 pesos75 • San Agustín del Palmar, Quechula y Tlacotepec y dos molinos propiedad de los Ayuntamientos de Tecamachalco y Tecali. El precio global de estas adjudicaciones fue de 83 764 pesos; ninguna de ellas correspondía al inmediato entorno agrario de Tepeaca77 • Una situación aún más difícil debieron sobrellevar sus parientes, los herederos del último Gaspar Tamayo -sobrinos bisnietos del presbítero del mismo nombre- quienes habían heredado la liacienda de San Vicente. Al morir Don Gaspar en 1851 la finca entró en una etapa de deterioro al punto que, según lo manifestó el apoderado de la viuda, "durante muchos años ha estado sin arrendarse y otros en un precio tan corto que apenas se ha podido cubrir algunos réditos"76• En síntesis, la aplicación de las leyes de desamortización provocaron una importante rotación de la propiedad rural que afectó a un buen número de los antiguos hacendados del hinterland de Tepeaca78 • Pocos de ellos pudieron desamortizar los censos eclesiásticos que recargaban sus fincas y algunos de los que lo hicieron no pudieron cumplir con las obligaciones contraídas evidenciando su fragilidad financiera. Esta última situación también se dio en el caso de algunos de los nuevos propietarios que, de beneficiarios, se transformaron ellos también en víctimas del proceso desamortizador79• Para entonces la hacienda se hallaba hipotecada por un monto de 14 400 pesos de los que 4 400 pesos correspondían a las hijuelas de los demás herederos. En 1869, un tercero que había redimido un gravamen de 1 400 pesos pertenecientes al convento de Santa Catalina, demandó judicialmente el pago del capital y de los réditos debidos. Al carecer de recursos para cubrir esa responsabilidad, los herederos de Tamayo cedieron los bienes de la testamentaria a sus acreedores. San Vicente fue rematada en 1870 en 18 000 pesos (un precio menor a los 21 600 pesos del avalúo efectuado en esa oportunidad), aquiriéndola Pedro Ibargüen, el mismo que había comprado la hacienda Santa Ana a los herederos de los González Barroso. Pero tampoco el nuevo propietario pudo cumplir con las exigencias de todos los acreedores, vendiendo la finca en 1873 a otro hacendado de la región, quien la compró en 16 500 pesos comprometiéndose a liquidar un gravamen de 5 000 pesos que se reconocía al Colegio del Estado en cinco anualidades con el elevado rédito del 10%. Si bien las diversas instituciones eclesiásticas no tuvieron una importante presencia como propietarios de haciendas en la región (sus bienes consistían fundamentalmente en fincas urbanas y en los diversos tipos de censos), las pocas que tenían fueron adquiridas en general por los mismos arrendatarios: tal es el caso de la hacienda Macuila, situada en Acatzingo, que había pertenecido a los dominicos de Puebla y que se la adjudicó José María Romero y Barba. De acuerdo a los datos de los protocolos notariales de Tepeaca de los años 1856-1857 fueron desamortizadas cuatro haciendas situadas en Tecamachalco, Acajete y Acatzingo; cuatro ranchos localizados en CONCLUSIONES Una de las primeras conclusiones que recogemos de nuestro trabajo se relaciona con los diversos momentos de equilibrio y de ruptura en cuanto a la estabilidad de la propiedad agraria en la región. Los ejemplos estudiados muestran una estabilidad relativamente elevada para las haciendas que forman parte del patrimonio de algunas de las familias de la élite local. En los casos restantes, observamos que los momentos de ruptura coinciden con lo estudiado para otras regiones en lo que hace a la primera mitad del siglo XVIII (como es el caso de Guadalajara analizado por Van Young). La segunda mitad de ese siglo presenta signos de fuerte estabilidad y el período de la insurgencia, pese a haber atormentado las noches de los hacendados, fue mucho menos disruptor de lo que nosotros habíamos imaginado. Por otra parte, el otro gran momento de cambio acontece como efecto de las leyes de desamortización durante la segunda mitad del siglo XIX. También hemos profundizado en nuestro análisis dos aspectos que tienen que ver con las relaciones entre la estructura familiar y los negocios en el ámbito de las élites coloniales (y post-coloniales). Por un lado, la importancia del papel del "patriarca" como centro de gravedad de una red parental muy extensa. Por otra, este patriarca con frecuencia es el que aparece como administrador (y hasta como dueño) único del conjunto de los bienes inmuebles del grupo familiar -apelando a diversos mecanismos jurídicos para evitar la dispersión de éstos o su mal venta. Sin embargo, la contrapartida de ellos es su función de auten- �62 Siglo XIX tico paterfamilias moralmente obligado a ocuparse del bienestar de una vasta parentela. En cuanto a lo que hace al papel de la Iglesia como institución crediticia y al estado financiero de las unidades agrarias durante el período colonial, parece bastante claro que la mayor parte de éstas se encontraba sumida en una situación de muy frágil equilibrio financiero. Los ejemplos analizados nos permiten asegurar que esa precaria situación financiera tenía más que ver con los variados compromisos de origen religioso y piadoso que habían gravado a las haciendas durante más de dos siglos, que con auténticos préstamos destinados a solventar inversiones productivas. En todos los casos estudiados, además, la gran mayoría de las deudas de origen exclusivamente piadoso tenían ya una venerable antiguedad a fines del XVIII. Y eso nos lleva a otro tipo de problemas (aparentemente) muy alejados de la "vida económica". Es evidente que esas obligaciones religiosas y piadosas se relacionan con los valores más importantes a ojos de los miembros de la élite: la piedad y el honor, con sus complejas manifestaciones privadas y públicas. Estos valores son en realidad los objetivos últimos de los racionales negocios a los que han dedicado una parte sustancial de sus vidas. Como ya lo dijimos en otra parte80, no hay que olvidar que las mayores energías de estos miembros de la élite (y de los aspirantes a ingresar en ella) no iban encaminadas a hacer una fortuna, sino a gastarla en salvaguardar los valores que consideraban fundamenta/es. Es decir: una posición relevante en el horizonte social que les era propio y su piedad religiosa. Esta es una sociedad de Antiguo Régimen y la ostentación pública de esos valores, a través de una intrincada trama de formas ritualizadas de comportamiento, era de vital importancia como elemento de afirmación y de diferenciación social. En realidad, si se nos disculpa esta incursión filosófica, podríamos decir que aquí esos valores son los que sobredeterminan a la vida económica "pura" (si es que este concepto puede tener algún sentido en el marco del análisis de esta sociedad, hecho del que dudamos fuertemente). Volviendo ahora al tema central de este trabajo, señalemos también que los crédito otorgados por la Iglesia y que hemos llamado "créditos blandos", tenían características tan peculiares -en especial, para aquellos que habían anudado buenas relaciones con los responsables de otorgarlos (y aquí se cierra el círculo que va de la sociedad a Garavaglia-Grosso: Propiedad y desamortización en las haciendas mexicanas 63 la economía)- que fue casi imposible para los hacendados adaptarse posteriormente a las duras condiciones de un auténtico mercado crediticio. Mercado donde los créditos indefectiblemente tienen un plazo bien terrenal y subidos intereses, pues ya lo dice el refrán: "En este mundo no hay plazo que no venza ni deuda que no se pague ... " Finalmente, reiterando algo que señalamos en el primer párrafo, parece evidente que las leyes de desamortización provocaron una ruptura y que ésta afectó fundamentalmente a los viejos linajes de hacendados coloniales, favoreciendo a nuevos grupos. Estos estaban en mejores condiciones sociales y económicas -por sus relaciones con sectores políticos recientes y por su disponibilidad de efectivo, acumulado muchas veces en la especulación y el comercio- para hacer frente exitosamente a la desamortización de los censos que gravaban a las haciendas. Gran parte de este nuevo sector social de hacendados será el que funcione como uno de los sustentos del régimen que se avecina y que llegará hasta las puertas mismas de la Revolución. �ANEXO PROPIETARIOS DE HACIENDAS EN EL ENTORNO AGRARIO DE TEPEACA.1700/1880 Hacienda San José Zahuatlán El Pino Santa Ma. Atlacuil. San Miguel 1700/1760 Cap. Jh. Zárate y Vargas ( 1701...) Presb. Rodrigo Rinc:on Gabriel de Arruti (1735 ... ) Lic. Jh. Palacios (1701. .. ) Gabriel de Arruti (1735 .. .) Mat. Morón (1765 ... ) Mayorazgo Gorospe Mayorazgo Gorospe 1770/1820 Lic. Anto. Gálvez (1772 ... ) Solís-Moreno Solís y Gorospe (1779 ... ) Lic. A. Gálvez (1772 ... ) Solís y Gorospe (1779 ... ) San Francisco Los Reyes (c. 1850) Santa Ana Santa Cruz San José de Gracia Lic. Lor. de León Beltrán (1704... ) Lic. Sol y Piedra (1723/28) ( ... 1765 ... ) Cap. Palacios y Solórzano (1683/ 1739) Lic. Franco. Fernández Rondero Franco. Calderón L. de Guevara (1743 ... ) González Peláez M. García Cortés A. Gómez Cabildo (1720/23) Anto. Lezama Jh. de Gracia (1743 ... ) Solís-Moreno ( ... 1875) Anto . Viveros (1880) ·--·--- -- --- ......... --- ---------- ------- ------------ ---- -----·-- -----·------·-------- ............... ----- --------- --- ----- La Joya Cap. Juan de Rivera Barrientos Greg. Sánchez Guillén ( ... 1712/27) Br. Pedro Ximénez Campillo (1728 ...) Anto. Martínez Borges (.. . 1765 ... ) Bias Ovando y hered. ( ... 1750... ) 1830/1880 Mno. de Yta (1858 ... ) Mig. Ramírez Miranda (1869/ 73 ... ) ....... ...... -----. Crisanto Martínez (1850 ...) Mno. de Yta (1858 ... ) Nic. Vélez y hered. (1862/87 ...) ------ Herederos de ------------------( ... 1857) Martínez B. Franca. Meza de Nava (1865 ... ) -----------------1815-------------Martínez B. ---------------------Hered. Ponze de León (1771/89 ... ) Gonz. Barroso (1806 ... ) Hered. Gonz. Barroso ( ... 1868) Pedro lbargüen (1868/82) Herederos ----------------------(c. 1860) Juan Vara (1867/73) de Calderón Pedro Carrillo Herederos de Gracia Herederos de Gómez ( .. .c. 1850) Anto. Carbajal (1806... ) Andrés Gómez (1810... ) Greg. Moreno y hered. (1868/83...) �Garavaglia-Orosso: Propiedad y desamortización en las haciendas mexicanas 67 NOTAS ;:;::;- l. Bauer, A.J. (comp.) La Iglesia en la economía de América Latina, siglos XVI al XIX, México, INAH, 1986. Véase la "Introducción" de Bauer, especialmente pp. 27/31. Sobre este problema también pueden consultarse los trabajos de Gisela von Wobeser, en especial el artículo "El uso del censo consignativo como mecanismo de crédito eclesiástico", Históricas, IIH-UNAM, México, núm. 23, 1988. r---..._ o r-- 00 ¡ o CD CD -- o M t 2. Florescano, E., Origen y desarrollo de los problemas agrarios en México, 1500-1821, México, ERA, 1979, pp. 116/117. '' CD ' ''' ' '' '' '' '' (\1 :;¿ z ¡:o ...,"' ;,;- '' ' e : V ...o ' ""'¡ o ¡:o CD ' ~ 0---:-o N ¡:: :' ;>. o : r-- "'N 0 00 og~ ;>. ;;¡ -ci ~ : ~ ~ e &l e ., "' r-- "' l: ¡....::::, ¡.... "' >.o "' .,... ·- "O "'~ .,~ O..c: o;>. . "'> e . "O.,t "'e ¡.... "' «I (-,<t'...c: e "' ci:: o "'e--=- -o : Eo "' : ¡....- ..J r-- ... r-- o ·-N as o.._, Ñ ._, "' . o oe ;>. "'"O o~ .v o"' .e o.e: ..e:"' .., ¡.... :J ;>. o ~ e ~ e "' 'ü.,, ., ::, Q/ .2!) "' :e ., l:: e ~ (/)"'·> "'e «s ·¡:: -"'"'"' (/)u e - -V ~ o: VJ "' ..J"' e "'o"' .., "5 ~ e o. l::., VJU LL. "'"' 4. Bazant, Jan Los bienes de la Iglesia en México (1856-1875): aspectos económicos y sociales de la Revolución liberal, México, El Colegio de México, 1977. Entre otras importantes contribuciones sobre el tema véase: Robert J. Knowlton Los bienes del clero y la Reforma mexicana, México, FCE, 1985 y Charles R. Berry "The Fiction and Fact of the Reform: The Case of the Central District of Oaxaca, 1856-1867", en The Americas, v. XXVI (3), enero 1970. 5. En Oaxaca, según Ch. Berry (op. cit.) algunos pueblos indígenas habrían aceptado y orientado en su beneficio la individualización de las tierras comunales. También en la Huaxteca veracruzana algunos pueblos aprovecharon las leyes liberales para regularizar su tenencia; por otra parte tanto aquí, como en Jalisco y Michoacán, a pesar de la existencia de una legislación y de un proceso desamortizador previo a la Ley Lerdo, el avance sobre las tierras de las comunidades habría sido lento, y en algunos casos, como en la Huaxteca, recién se llevó adelante a partir de la década de los ochenta. Cf. Michael Ducey "Tierras comunales y rebeliones en el norte de Veracruz antes del Porfüiato, (1821-1880): el proyecto liberal frustrado", 1987 (mecan.); Moisés F. Mendoza "La desamortización de bienes de comunidades indígenas en Michoacán", en Pedro Carrasco et. al. La Sociedad Indígena en el Centro y Occidente de México, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1986 y J ean Meyer "La Ley Lerdo y la desamortización de las comunidades en Jalisco", en ibid: Robert Knowlton "La individualización de la propiedad corporativa civil en el siglo XIX, Notas sobre Jalisco", Historia Mexicana, XXVIII (1), julio-septiembre 1978. Véase también el excelente trabajo de Andrés Lira Comunidades indígenas frente a la ciudad de México. Zamora, El Colegio de Michoacán, 1983. ;>. e ,...._ 3. Florescano, E., op. cit., p. I 18; cf. el análisis de Eric Van Young en "La historia rural de México desde Chevalier: historiografía de la hacienda colonial", en Historias, México, núm. 12, enero-marzo de 1986, p. 43. ::, 6. Al referirse a "la nacionalización de hecho" aplicada por los gobiernos liberales en el occidente con anterioridad a la legislación nacional, Ja,1 Bazant recoge la preocupación que en su momento manifestaron algunos gobernantes michoacanos ante la posibilidad de que los capitales que los terratenientes debían a la Iglesia fueran redimidos por terceros que dispusieran de liquidez, quedando a merced de acreedores más rigurosos que las corporaciones eclesiásticas. Pero, a pesar de que menciona que en uno de los registros notariales de Morelia se asentaron varios casos en los que los capitales fueron comprados por quienes no eran los deudores, no desarrolló este problema (op. cit., pp. 171/175). El mismo autor, en la ponencia presentada en el Congreso Internacional de Americanistas de 1970, "Una tarea primordial de la historia económica latinoamericana: �68 SigloXIX el estudio de la economía de las haciendas en el siglo XIX. El caso de México", limita su consideración sobre la nacionalización de los bienes eclesiásticos al cambio que se habría operado en las pautas de inversión (concretada en la introducción de mejoras) en la haciendas "exclericales" adquiridas por sus antiguos arrendatarios o en aquellas en las que los deudores hipotecarios habían liquidado los gravámenes. La historia económica en América Latina, México, SEP-Setentas, 1972, 11, pp. 115/116. Por su parte Herbert J. Nickel en su libro Morfología social de la hacienda mexicana (México, FCE, 1988; Ira. ed. en alemán en 1978), sólo le dedica seis páginas al tema "Leyes de Reformas y política agraria liberal". Si bien sostiene que "todavía son muy deficientes los conocimientos de los efectos inmediatos de las leyes de reforma sobre el sistema de la hacienda", considera que "es probable que la transferencia a particulares de las propiedades de las corporaciones haya conducido a una mayor acumulación de terrenos por las grandes haciendas y a la creación de nuevos latifundios (p. 97). David Brading ha constatado que en la década de 1850 y principios de la siguiente fueron vendidas cerca de la mitad de las haciendas de la jurisdicción de León, pero no lo relaciona con la política agraria del momento. Haciendas y ranchos del Bajío, León, 1700-1860, México, Grijalvo, 198, p. 206. 7. Martínez, H., Tepeaca en el siglo XVI. Tenencia de la tierra y organización de un señorío, México, CIESAS, 1984 y Gerhard, P. A Guide to the Historical Geography of New Spain, Cambridge, Univ. Press, 1972. 8. En 1775. la jurisdicción de Tepeaca representaba el 26.6% del total de la masa decimal del obispado -sin contar las cabeceras de Veracruz- y en 1790 alcanzó a un 27.6%. La situación del hinterland agrario de la ciudad es totalmente diversa, pues · pasa de un 6.5% de ese total en 1775 a un 5.3% en 1783 y a un 5.6% en 1790. Ver Archivo General de la Nación, México (AGNM), Real Hacienda (RH), Diezmos, vol. 20 y Archivo General de Indias, Sevilla (AGI), México 2576. Para más datos, consultar: Medina Rubio, A., La iglesia y la producción agrícola en Puebla, 154().I 795, México, El Colegio de México, 1983. 9. La documentación existente en la colección "Tenencia de la tierra en Puebla" de la Biblioteca Nacional de México (BNMEX-TIP), con abundante y rica información sobre Quecbula y Tecamacbalco, permite inferir que, para el inmediato entorno agrario de la villa, es probable que la época de mayor enajenación de tierras controladas por los pillis baya sido el periodo 1590/1615 como ocurrió en esas dos cabeceras citadas. Ver BNMEX-TIP, caja 37 Fram;ois Chevalier conforma esta cronología pai:a Tepeaca a partir de otros legajos de AGNM-Tierras que nosotros no hemos podido consultar (ver La formación de los latifundios en México FCE México, 1976, pp. 263-264). • ' 10. Véase, entre otros, la visita del Obispo Mota y Escobar de 1613, en Biblioteca Nacional de Madrid (BNM), Mss. 6877, fs. 66-66 vta. Garavaglia-Grosso: Propiedad y desamortización en las haciendas mexicanas 69 de producción se igualaran; ver nuestro libro Las alcabalas novohispanas (1776-1821), México, AGNM-Banca Cremí, 1988. 13. Ver Archivo Diocesano de la Catedral de Puebla (ADCP), Diezmos de Temporal, Trigos y Mestas mayores y menores de Tepeaca, año 1800; ese año, los diezmos de la jurisdicción de Tepeaca incluían a Tepeaca, Hueyotlipan, Acatzingo, Los Reyes, Tecamacbalco, Tuxtepec, Santa Clara, Tecali y Zilcatlacoyan. 14. AGI, México 2578. IS. Eric Van Young ha comprobado que 80 haciendas de esta región cambiaron de manos por venta 375 veces entre 1700y 1815, pero la frecuencia de este tipo de transferencia fue dos veces mayor en la primera mitad del siglo. Hacienda and Market in Eighteenth-Century Mexico: Tbe Rural Economy of the Guadalajara Region, 1675-1820, Berkeley, Univ. of California Press, 1981, pp. 115/117. 16. Los dos momentos más importantes en los que se concentró el mayor número de ventas de las propiedades de León fueron la década de 1790 (en la que, bajo el "influjo" del capital minero cambiaron de manos IS de 27 fincas) y, como ya semencionó, la década de 1850 e inicios de la siguiente. David A . Brading, op. cit., pp. 202/06. 17. De acuerdo a lo declarado en 1702 por el representante de "los labradores de la Provincia de Tepeaca" estos participaron de la composición de 1643 pagando 30 000 pesos "no necesitando de componerlas porque no eran tierras del Real Patrimonio, sino de Indios Principales y Caciques"; en efecto, como decimos un poco más arriba, la mayor parte de los propietarios no habían obtenido las tierras por mercedes reales sino que las habían adquirido de los líderes indígenas locales entre 1580 y 1610, AGNM-Tierras 2870 y 2730 exp. l. 18. Basándose en la contabilidad interna del Juzgado de Capellanias del Obispado de Puebla entre 1789 y 1812, Francisco Cervantes ha logrado constatar que mínimamente 100 propiedades tuvieron que cederse al menos en una ocasión por la incapacidad de los deudores de pagar los réditos; la mayoría de esas propiedades se localizaban en el entorno agrario de la ciudad de Puebla y en las jurisdicciones de Atlixco, Cholula y Tepeaca. "La Iglesia y la crisis del crédito colonial en Puebla (1800-1814)", en L. Ludlow y C. Marichal (eds.), Banca y poder en México (1800-1925), Grijalvo, México, 1986, p. 63. 19. Archivo General de Notarías de Puebla (AGNP), Puebla, notaría (not.) núm. 2, 1976 y AGNP, Tepeaca, 1727 y 1783. Para no colmar la paciencia del lector en las páginas que siguen limitaremos al máximo las citas correspondientes a los distintos tipos de documentos obtenidos de los protocolos notariales de la ciudad de Puebla y de la cabecera de Tepeaca (años 1690 a 1882). 11. Flon, M. de "Noticias estadísticas de la Intendencia de Puebla", en Florescano E. Y Gil Sánchez, l. Descripciones económicas regionales. Provincias del Centro Sudeste y Sur 1766-1827, México, INAH, 1976, pp. 172-173 y AGNM, Padrones, voÍ. 38. 20. "Colección de providencias diocesanas del Obispado de la Puebla de los Angeles, Real Seminario Palafoxiano", Puebla, 1770, cit. por Florescano, E. op. cit, .p. 115 12. AGNM, Indiferente de Real Hacienda (lndif. R.H.), Igualas de Alcabalas, año 1788. En todos los casos las igualas constituían un impuesto concertado entre el recaudador fiscal y el contribuyente, pero no era obligatorio que todas la unidades agrarias 21. Véase por ejemplo las operaciones de compra y venta de las haciendas San Bartolomé Y San Juan en Acatzingo efectuadas por el Capitán Juez Sarmiento siendo Alcalde Mayor de Tepeaca, AGNP, Tepeaca. 1788 y 1792. �70 Siglo XIX 22. Véanse nuestros trabajos "La evolución económica de la región poblana (1778-1809)", Anuario de la Escuela de Historia, Universidad Nacional de Rosario, vol. 12, 1986/87, y "El abasto de una villa novohispana: mercancías y flujos mercantiles en Tepeaca (1780-1820)", en Anuario IEHS, UNCPBA, Tandil, núm. 2, 1987. 23. Para una mayor información sobre los Martínez Borges y otros linajes de hacendados locales, ver nuestro trabajo "Mexican Elites of a Provincial Town: The Landowners of Tepeaca (1700-1870)", Hispanic American Historical Review, 70 (2), 1990, pp. 255-293. 24. Una situación distinta habría caracterizado a la transmisión de la propiedad en las haciendas azucareras de Cuemavaca-Cuautla en el siglo XVIII donde no hubo continuidad y las fincas permanecieron pocos años en manos de una misma familia, debido -según Von Wobeser- al elevado endeudamiento y "a las leyes de herencia que prescribían la división de la masa hereditaria, en partes iguales, entre todos los hijos, lo que tenía como consecuencia que los bienes se tenían que vender para satisfacer a los herederos". Von Wobeser, G. "Las haciendas azucareras de Cuernavaca y Cuautla en la época colonial", en Crespo, H. (coord.): More/os: cinco siglos de historia regional, Cuernavaca, CEHAM-UAEM, 1984, p. 112. 25. Kicza, J .E. Empresarios coloniales, Familias y negocios en la ciudad de México durante los Barbones, México, FCE, 1986, pp. 47/ 48 . 26. Lindley, R.B. Las haciendas y el desarrollo económico, Guadalajara en la época de la independencia, México, FCE, 1987, p. 159. 27. AGNP, Puebla, not. 2, 1796. 28. "Cuaderno corriente del concurso de San Mateo Parra", 1818, AGNP, Tepeaca, Expedientes judiciales. Garavaglia-Grosso: Propiedad y desamortización en las haciendas mexicanas 71 en Ludlow, L. y Marichal, C. (eds.) banca y poder en México (1800-1925), Grijalvo, México, 1986. 37. Ante la aducida carencia de recursos para la liquidación de las deudas, se autorizó a que los propietarios las redimieran mediante "composición", es decir reconociendo el monto global de los gravámenes y obligándose a pagarlo en anualidades. Así, Don Juan Martínez, propietario de la hacienda San Francisco, pagó en 1807 500 pesos "por vía de composición" a cuenta de. los 3 000 que reconocía a favor del Convento de las Carmelitas; y Don Mariano Suárez, que declaró una deuda total de 20 990 pesos sobre la hacienda San Nicolás Tolentino y su casa de Amozoc, exhibió de contado 1 000 pesos, comprometiéndose a pagar el resto en anualidades de 500 pesos, AGNM, Consolidación vol. 8. 38. Hamnett, B. "The Appropriation of the Mexican Church Wealth by Spanish Bourbon Government: the Consolidación de los Vales Reales" en ]LAS, núm. 1, 1969 y Lavrin, A. "The Execution of the law of Consolidación Economics Aims and Results", en HAHR 53 (1), 1973. 39. Cervantes, F. op. cit., p. 59. En general existe un acuerdo entre los autores que han 1rabajado el tema sobre los efectos negativos que tuvo la consolidación en el sistema crediticio colonial. Así, Clara García ha comprobado la pérdida de la capacidad crediticia de la cofradía de Aránzazu como consecuencia de las redenciones que tuvo que efectuar: "El comerciante y el crédito durante la época borbónica en la Nueva España", en Ludlow, L. y Marichal, C. (eds.), op. cit. 40. Cervantes, F. op. cit., pp. 62/63. Véase también el análisis que realiza el mismo autor sobre los deudores de los capitales de la capellanías y obras pías en el trabajo "Réditos vencidos y capitales eclesiásticos", incluido en este mismo número de Siglo XIX. 41. Rosalva Loreto, que ha estudiado la composición de la riqueza de algunos de los 29. lbidem. 30. Fabián y Fuero, op. cit., p. 177. 31. González Sánchez, l. (ed.) Haciendas y ranchos de Tlaxcala en 1712, INAH, México, 1969. 32. Chávez Orozco, L. (ed.) "El crédito agrícola en el Partido de Cholula de la Intendencia de Puebla en 1790", México, 1955. 33. Así, por ejemplo, la hacienda de Santa Ana, valuada en 1728 en 22 054 pesos poseía gravámenes por 17 000 y la de San Francisco, con un valor de 24 800 pesos reconocía diversos censos por 13 000 (1712). 34. AGNM, Consolidación, vols. 4 y 8. 35. El texto de las representaciones de los labradores de Tepeaca, y las de los hacendados de Tehuacán y del Ayuntamiento de Puebla en Sugawara, M. La deuda pública de España y la economía novobispana, INAH, México, 1976. 36. Cervantes Bello, F. "La Iglesia y la crisis del crédito colonial en Puebla (1800-1814)", conventos de mujeres de la ciudad de Puebla a lo largo del siglo XVlll, ha comprobado una caída tanto en términos absolutos como relativos de los montos destinados a censos y obligaciones. Así, por ejemplo, el Convento de la Concepción, que en 1677 tenía invertidos en ese rubro 450 mil pesos (el 890Jo de sus bienes), en 1788 los censos y obligaciones apenas sumaban 373 000 pesos, en tanto que sus propiedades urbanas componían más del 530Jo de su riqueza en ese último año. "La perfección y la riqueza: la vida conventual en Puebla en el siglo XVIII", El Colegio de México, PIEM, 1988 (mecan.) Una situación similar se dio en los conventos de monjas de la ciudad de México cf. Lavrin, A. "Los conventos de monjas en la Nueva España", en Bauer, A.J. (comp.) La iglesia... , op. cit. 42. Cervantes, F. "Iglesia y crédito en la región de Puebla: la secularización del crédito eclesiástico en el siglo XfX", El Colegio de México, 1989 (mecan.), p. 38. 43. En el período 1830/47 las fundaciones piadosas fueron responsables del 480Jo del crédito eclesiástico, en tan to que los conventos proveyeron el 420Jo de los capitales prestados. !bid., p. 56. Sobre la reducción de los ingresos de la Iglesia ver el trabajo del mismo autor "Réditos vencidos ... ", op. cit. 44. Sobre la relación entre crédito eclesiástico y particular en el Obispado de Puebla en el período 1800/14, cf. Cervantes F. "La Iglesia y la crisis ... ", op. cit., pp. 62/68. �72 Siglo XIX Linda Greenow ha demostrado que la participación del crédito eclesiástico también declinó en Guadalajara a lo largo del siglo XVIII, pasando de 71 al 25070 entre J721 Y 1820, en: Credit and Socioeconomic Change in Colonial Mexico: Loans and Mortgages in Guadalajara, 1720-/820, Boulder, 1983. Por su parte, Eugene Wiemers quien ha trabajado sobre el mercado crediticio en Orizaba y Veracruz en el sigl~ XIX, antes de la desamortización, sostiene que la Iglesia tuvo un peso insignificante en est~ región en relación con el crédito particular dominado por los comerciantes: "Agnculture and Credit in Nineteenth-Century Mexico: Orizaba and Cordoba 1822-71", en HAHR, 65 (3), 1985. ' 45. Cervantes, F. "La Iglesia y la crisis...", op. cit., pp. 70/73. 46. Sobre 114 préstamos eclesiásticos otorgados en el Obispado de Puebla en 1830/47, 37 fueron respaldados por hipotecas sobre haciendas; de ellos ocho correspondieron a fincas de la jurisdicción de Tepeaca, por una suma de SO 229 pesos (el 9.5% del monto correspondiente al total de los préstamos).Cervantes, F. "Iglesia y crédito... ", op. cit. p. 46. 47. lbi~. p. SO. E~!ª. cercana r~ón a _la que estaban integradas Orizaba y Córdoba, el s1stem_a cred1uc10 no habna expenmentado mayores problemas en la primera mitad del siglo XIX, como parece sugerirlo el hecho de que la mayoría de los deudores pag~o~ ~us créditos_r un alto porcentaje lo hicieron en término sin llegar a procesos Jud1c1ales. Cf. W1em~rs, E_. op. cit. pp. 538/45. Y esto, probablemente, tenga que ver c~n el marcado dinamismo económico que se percibe en esta región desde fines del s1gl~ XVIII y que contrasta claramente con la situación del área poblana. H~mos estudiado en lineas generales algunos aspectos de este proceso en Garavaglia, J .C. YGrosso, J.C. "De Veracruz a Durango: un análisis regional en la Nueva España bor?óni~"• en Siglo XL?C, Revista de Historia, 11 (4), 1987, pp. 9-52, Facultad de Filosof1a Y Letras, Uruversidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey. 48. En muchos casos el "Censo de haciendas y ranchos" de Tlaxcala de 1712 menciona e_l mo~to gl?bal de los censos del "Principal" que reconoce la finca sin precisar el tipo ru el ong~n del gravamen; pero aun cuando aclara que el propietario del censo es una obra p1a o una capellanía, es difícil saber si se trata de una fundación disp~esta por al~no de l?s propietarios que tuvo la finca o de una imposición del capital perteneciente a dicha fundación piadosa (es decir, un censo-préstamo) González Sánchez, l. (ed.), op. cit. ' 49. Según el inventario de 17~7 el ganado-que incluía 46 bueyes y 92 mulas de arado, 69 Y caballos de trilla, una manada de 462 ovejas y algunas vacas y ternerasy diversos aperos fueron valuados en 3 300 pesos, en tanto que las semillas, sembrados Y ~arbechos en aproximadamente 6 000 pesos. En 1810 las 14 caballerías de tierra valían 7 800 pesos, las edificaciones 2 531 pesos, y los llenos J 998 pesos AGNP Tepeaca, 1727 y 1810. ' reguas 50. ADCP, Cuadernos de diezmos de la cabecera de Tepeaca, a!los 1800, 1805 y 1810. SI. Las comillas tienen aquí el sentido de evocar una parte de la complejidad de este pro_blema; pensemos que, con las debidas salvedades, esta "opción" era más bien SOClal que ~rsonal. La inver~ión en dotes conventuales o en capellanías podía no ser económicamente productiva, ~ro era socialmente muy redituable... Garavag/ia-Grosso: Propiedad y desamortización en las haciendas mexicanas 73 52. En 1725 cuando Don Alonso Ruiz de Bárcena se adjudicó la hacienda, debió otorgar la ~ritura hipotecaria por la suma de 12 209 pesos a favor de las "hijuelas" que correspondían a sus hermanos (cinco mujeres y el ya mencionado presbítero Don Francisco) por "sus legítimas Paterna y Materna" AGNP, Tepeaca, 1727. 53. AGNP, Puebla, not. 1, 1818. 54. AGNM, Consolidación, v. 8, f. 439. SS. Por otra parte, en 181 O la hacienda reportaba una carga de 7 788 pesos a favor de diversos "capitales piadosos". AGNP, Tep., 1810. 56. La deuda que reconocía La Purificación en 1807 estaba compuesta de la siguiente manera: -733 pesos de la mencionada capellanía fundada en 1631, en ese momento vacante. -1 000 pesos del préstamo concedido en 1723. -1 422 pesos del convento de la Concepción, censo producto de~ dote <:Onventu_al. -5 120 pesos de dos censos consignatarios que servían al presb11ero Xav1er de Bárcena, quien había heredado las capellanía fundadas en 1717-1727 a favor de sus tíos. 51. El capitán Francisco Maria Tamayo fue Regidor Ho~orario de la ciud~d de Puebla (1817), Alcalde Constitucional de Tepeaca (1823), miembro ~el ConseJo de Es!3do (1825) y Presidente del Ayuntamiento poblano en 1832; su hiJO llegó a ocupar mterinamente el cargo de gobernador de Puebla en 1830, cuando fueron expulsados los "yorkinos" del gobierno local . Para mayor información sobre los Tamayo, véase nuestro trabajo "Mexicans Elites... ", op. cit. 58. Refiriéndose a las haciendas azucareras de Morelos en la primera mitad del siglo XIX Domenico Síndico sostiene que el límite real del sector no estaba en la productivid~d ni en la falta de mercados, sino en el sobrendeudamiento de las propiedades que obligaba a orientar los beneficios al pago de los réditos e impedía obtener recursos para mantener en operación las fincas. "Azúcar y burguesía, Morelos en el siglo XIX", en Cerutti, M. (coord.), El siglo XIX en México. Cinco procesos regionales, México, Ed. Claves Latinoamericanas, 1985, p. 20. 59. Un miembro de la familia Mier se adjudicó el Hospital de San Pedro, en la ciudad de Puebla, por 22 250 pesos. "Noticia general de las fincas rústicas y urbanas de corporaciones civiles y eclesiásticas que han sido adjudicadas y rematadas en almoneda pública ... ", en Memoria presentada ( ...) por el C. Miguel Lerdo de Tejada dando cuenta de la marcha que han seguido los negocios de la Hacienda Pública ... México, imprenta de García Torres, 1857, p. 448. 60. Estos eran: 3 500 pesos impuestos por el propietario en 1654 como dote para dos de sus hijas profesas en el convento de la Concepción; 3 000 pesos de una capellanía fundada en 1681 por el propietario, el capitán Don Pedro Bravo de Lagunas, a favor del licenciado Francisco Bravo de Lagunas (¿hermano ohijo?);300 pesos de principal de una capellanía fundada por el citado capitán Bravo en 1683; 2 400 pesos de una "memoria de misas" fundada por el mismo propietario y su esposa en 1685; 2 200pesos de una censo impuesto en 1691 por el licenciado Miguel Bañuelos Cabeza de Vaca (probablemente se trate de un censo-préstamo); 600 pesos de una obra pía fundada por otro de los propietarios (¿fecha?). �74 Siglo XIX Garavaglia-Grosso: Propiedad y desamortización en las haciendas mexicanas 61. A su vez el arrendatario también recurrió al crédito particular "para adelantar el Giro de sus Labores", recibiendo del barón de Antoneli 3 674 pesos que se comprometió a pagar remitiéndole 334 cargas de trigo blanquillo de buena calidad de la cosecha de la hacienda; aiios después obtuvo un crédito mercantil por "varios efectos de matanza que importan la suma de 1609 pesos" con un rédito del 60Jo. AGNP, Puebla, not. 3, 1815 y AGNP. Tepeaca, 1824. 62. En 1846 su propietario, duei\o también de la hacienda Santa Inés CuautJa, celebró un convenio con el "defensor foráneo de Obras Pías" del Obispado de Puebla renegociando el pago de cuatro anualidades de 500 pesos por "rezagos de réditos" que se debían desde 1843. En la década de 1860 Don Rafael García, por entonces propietario de San José Capula, redimió dos capitales que gravaban la finca acogiéndose a los beneficios de las leyes de desamortización (en un caso redimió un capital piadoso de 3 000 pesos entregando pagarés por la suma de 2 543 pesos). Empero, García no pudo redimir la totalidad de los censos que afectaban la finca, posibilitando que terceros denunciaran esos capitales (dos antiguas capellanias por 7 000 pesos más sus réditos); ante esta situación en 1872 debió arrendar la San José por carecer de "fondos disponibles" para rescatar los créditos que amenazaban su dominio sobre la hacienda. En ese mismo ai\o su albacea testamentario debió reconocer un capital de 4 665 pesos de la capeUania de San José de Paula Tamayo que habia sido redimido por un comerciante de Tepeji, AGNP, Tepeaca, 1846, 1872 y 1873. 63. Gumersindo Savii\ón, un empresario muy ligado a la industria textil de Puebla, fi. gura entre los primeros adjudicatarios de bienes de la Iglesia adquiriendo en 1856 una casa propiedad de el convento de la Santísima valuada en más de 10 000 pesos, "Noticia general de las fincas urbanas y rústicas ... ", op. cit., p. 444. 64. En 1832 Barroso había celebrado un convenio con el propietario de la colindante hacienda El Pino, por el que adquiría ea servidumbre perpetua "una toma de agua de la Barranca", para lo cual había realizado "crecidísimos gastos (...) en hacer puentes, cañones y algunos otros preparativos que no vajan de Un mil pesos. .. " AGNP, Tepeaca, 1832. 65. lbargüen, miembro de una familia de comerciantes de Tepeaca, figura entre los adjudicatarios de bienes desamortizados y había redimido, como denunciante, un capital de 3 087 pesos; para eUo debió endeudarse con un tercero a quien finalmente le subrogó ese censo. Por otra parte, para poder recuperar un capital de 6 000 pesos que había sido redimido por un comerciante de Tecali, en 1877 tuvo que vender a su acreedor dos terrenos de labor de la hacienda de Santa Ana valuados en 5 000 pesos. Cinco ai\os después, los lbargüen vendieron la finca en un precio de 10 000 pesos por "lo raíz" más mil por los llenos a Soledad Gárate de Machorro, quien era la propietaria de un crédito hipotecario de 4 560 pesos, que reconocía Santa Ana, AGNP, Tepeaca, 1874, 1877 y 1882. 66. Aunque el préstamo fue por cinco ai\os, la hipoteca recién fue cancelada en 1838. AGNP, Puebla, not. 3, 1791, y Puebla, not. 7, 1830. 67. Como pane del pago los Gorospe recibieron una casa de "edificio alto y bajo", en pleno centro de la ciudad de Puebla, valuada ea 19 000 pesos. A pesar de sus estrechas relaciones con la Iglesia, no dejaron de redimir los capitales religiosos que gravaban la casa del PonaI de las Flores, AGNP, Puebla, not. 7, 1858. 75 68. Mariano Oropeza traspasó esos créditos a Julio Ziegler, cóos~ de Suiza en Veracruz, que en 1863 redimió en la jurisdicción de Te~ca 39 ca~1tales ~r ~n monto total de 112 844 pesos. En algunos casos Ziegler cedió los capitales redi_m1dos a los propietarios de las fincas, poniendo de manifiesto el caráct~r especulaavo _d~ estas operaciones, AGNP, Tepeaca, 1862 y 1863. Bazaot prop~rc1ona una amplia mf?r• mación sobre los negocios de ambos especuladores en la etudad de Puebla, op. cit., pp. 252/55 y 308 SS. 69. "Liquidación de créditos de la Hazienda San Mateo de la Parra... " , 1809-1822, AGNP, Sección Judicial. 70. Estos eran: dos capellanias, por un total de 3 000 pesos, _una fundada en 1696 Y la otra correspondiente a un capital impuesto en 1710 conJuntamente con el de una dote de 2 000 pesos a favor del convento de la Santísima; 1 000 pesos de una obra pía (1732). 71. Podemos detallar los siguientes: 3 000 pesos de la dote de una profesa perteneciente al convento de la Purisima Concepción (1735); 3 000 pesos d_e la dote c~?ve~tual de la Reverenda Casimira Arruti (1747); 6 300 pesos perteneetentes a los ~versarios" de la catedral de Puebla que databan de 1741 y que probablemente tuVJeran su origen en el gravamen impuesto por Arruti para saldar el préstamo de su hermano; y una capellania de 3 000 pesos que gozaba el presbítero M~nuel Vélez, hermanastro de Erroz y que tenía su origen en la fundada por su bisabuela en 1752. 72. Bazant, J., op. cit., pp. 244/ 246. 73. AGNP, Tepeaca, 1868, Romero Vargas figura entre los p~eros a~j~dicatari_os de bienes de la Iglesia, en tanto que otro miembro de su familia adqumó la h~c1enda de Macuila situada en Acatzingo, perteneciente al convento de Santo Dommgo de Puebla. "Noticia general de las fincas urbanas y rústicas ... ", op. cit., pp. 452 Y 455156. 74. Los pagarés adquiridos por Viveros, que sumaban 1 24_5 pesos, correspond!an a las 2/5 partes del importe del capital que había desaroorttzado Tamayo. Segun la ley de 1859 de nacionalización de los bienes eclesiásticos, los gravámenes podían ser rescatados por sus propietarios pagando 3/ 5 partes en tí~ulos de la _deuda pública (que se cotizaban 5-I0OJo de su valor nominal)~ 2/5 en diner~ efectJv~, pagader?5 en 40 abonos mensuales en pagarés, que posteriormente el mismo gobierno vendió al 3~35% de su valor. AGNP, Tepeaca, 1869. Las dotes de las religio~ fueron transformadas en propiedad privada de cada beneficiaria y debían ser escnturadas a favor de cada una de ellas y no del convento al que habían pertenecido. So~re los diversos aspectos de las leyes de desamortización véase Jan Bazant, op. at. 75. Jan Bazant (op. cit,. pp. 340/348) ha llamado la atención sobre el fr~ccionarniento de algunas haciendas en la región del Bajío luego de las reformas bbe~ales,.cuya legislación autorizó la división de las propiedades sin que fuera necesaria la 1_ntervención de los tenedores de los créditos hipotecarios. En Tepeaca hubo fraccionamientos que redujeron considerablemente la extensión de algunas haciendas. Tal fue la situación de San Mauricio el Grande, cu ya propietaria, para poder pagar las deudas de la testamentaria de su esposo, vendió numerosas pequei\as parcelas a campesinos de los pueblos vecinos, AGNP, Tepeaca, 1870 y 1871. �76 Siglo XIX Desamortización y Liberalización de mano de obra en México. Pachuca-Real del Monte (1850-1880) 76. AGNP, Puebla not. 8, 1871. El último arrendamiento de la finca del que tenemos noticia se había efectuado en 1856 por tres años y anualidades de 1 OSO pesos; en ese momento parte de las tierras se hallaban entregadas a arrendatarios y medieros. AGNP, Puebla, not. 7, 1856. 77. En la "Noticia general de las fincas rústicas y urbanas... " (op. cit.) sólo se registraron tres de estas operaciones. La única finca del entorno agrario vinculada a una institución religiosa fue la hacienda de San Felipe Tenextepec que peneneció a los dominicos de Oaxaca por lo menos desde 1780, pero cuyos rastros se pierden en la tercera década del siglo XIX. En 1861 su propietario, José Nicolás Vélez redimió los capitales que reconocía la finca a favor del convento de Santa Clara de Puebla. AGNP, Tepeaca, 1862. En general la venta de las fincas rústicas de la Iglesia no tuvo un efecto imponante en la estructura de la propiedad agraria ya que se ha calculado que, sobre un total de unas S 000 haciendas existentes entonces, sólo 70 -la mayoría de ellas localizadas en el Bajío y Michoacán- penenecían a distintas instituciones eclesiásticas. Cf. M. Bellingeri e l. Gil S. "Las estructuras agrarias", en C. Cardoso (coord.)Mético en el siglo XIX (1821-1910), Nueva Imagen, 1980, p. 115. 78. Los trabajos de Ma. Teresa Huena y Domenico Síndico figuran entre los pocos que, aunque sea indirectamente, hacen referencia a este proceso; los dos porporcionan información que permite pensar que en la región azucarera de Morelos se habrían dado situaciones similares a las descriptas en este artículo. Cf. M. T. Huerta "Isidro de la Torre: el caso de un empresario azucarero, 1844-1881", en C. Cardoso (ed.) Formación y desarrollo de la burguesía en Mético, Siglo XIX, Ed. Siglo XXI, México, 1978 y D. Síndico, op. cit. 79. Además de algunos casos mencionados en el texto es ejemplificador el caso de la hacienda Santa Cruz Calderón que fue embargada y rematada a solicitud de dos monjas exclaustradas que exigieron el pago de las hipotecas correspondientes a sus dotes. AGNP, Puebla, not. 1, 1873. 80. Ver nuestro trabajo "Mexican Elites..." loe. cit. Rina Ortiz Peralta * l. El viajero que recorra México, desde la Baja California a Yucatán, podrá constatar tanto la diversidad del paisaje como las diferencias de carácter y cultura de sus habitantes en las distintas regiones. En su origen, fue la geografía la fuente de los contrastes: las zonas cálidas y templadas del centro y sur, de suelo más o menos fértil, propiciaron el asentamiento y desarrollo de sociedades indígenas complejas, como la mexica o tarasca; en tanto en las regiones menos favorecidas habitaban -en el momento de la conquista- grupos nómadas y belicosos. Sin embargo, la relación del hombre con su medi~ geográfico no es inmutable, sino variable e interdependiente: "la acción de las fuerzas productivas puede estar frenada o acelerada por los recursos natu1 rales y los procesos que se operan en el medio geográfico" • En este sentido, la conquista española vino a alterar esta relación inicial entre los hombres y la geografía. La búsqueda de metales preciosos constituyó el motor de la exploración y conquista del territorio mexicano. Los descubrimientos de yacimientos argentiferos se produjeron en un plazo relativamente breve, • Dirección de Estudios Históricos, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH, México) �78 Siglo XIX aunque la explotación a gran escala se inició en el decenio de 1550 a 1560 concentrándose en tres regiones: Guanajuato, Zacatecas y Real 2 del Monte-Pachuca • Y de estas tres regiones provino la mayor parte de la plata producida en la época colonial y hasta la sexta década del siglo XIX 3• No pretendemos en tan breve espacio delinear el proceso de evolución de la actividad minera; sin embargo, con el objetivo de ubicar la problemática_q~e nos interesa, deberemos sefialar -aunque sea de manera esquemat1ca- algunas de sus carácterísticas más significativas. En_ primer lugar, hay que destacar que la minería requería -en la medida que se desarrollaba- de una concentración más o menos im~ort~~e de trabaja?ores, e implicaba una división del trabajo compleJa exigida por 1~ diferentes fases de la producción. En segundo lugar, hay que considerar que la minería impulsó actividades agrícolas Y ganaderas capaces de proporcionar alimentos y forrajes necesarios para la manutención de los trabajadores y la estabulación de las bestias, ocupadas tanto en el transporte como en las tareas de beneficio de los minerales 4. Así pues, a través de los hombres y los insumos requeridos, la minería estableció un determinado vínculo con el espacio rural. Pero, como señala acertadamente Sempat Assadourian, n~ de~e suponerse que la relación entre el espacio rural y la econo~1a mmera se da en forma unilateral y mecánica. Precisamente las diferentes estructuras regionales, tal como se presentaron en el momen_to del surgim!ento ~nero, se ofrecieron para distintos tipos e intensidades de art1culac1on con la economía minera 5• En el cas? mexic~no, y por su ubicación geográfica, dos de las principales regiones romeras -Zacatecas y Guanajuato- caían fuera de la zona de denso po~lamiento -~dígena. Por otra parte, la región agrícola que las ab_astec1a_ -C;l Ba110- tampoco se caracterizaba por albergar a comumdade~ md1genas de importancia y, por tanto, fue posible el desarrollo de ~rudades _productivas que no vivían en continua pugna con las comumdades ru por la posesión de la tierra, ni por los hombres 6 • En un principio la minería nortefia se nutrió de mano de obra forz~da, ~ediant.~ el si~!ei_na de repartimiento impuesto a los pueblos indigenas, tamb1en utilizo temporalmente trabajadores negros esclavos 7• Ortiz P.: Desamortización y mano de obra en Pachuca-Real del Monte 79 Paulatinamente esta situación fue cambiando: la riqueza minera atrajo un considerable número de trabajadores, tanto españoles como indígenas que habían perdido sus tierras o bien que huían de las múltiples cargas que pesaban sobre ellos. De este modo, en un lapso relativamente breve no hubo ya que recurrir al trabajo forzado: la mayoría de los trabajadores eran libres, acudían voluntariamente a contratarse a minas y haciendas 8• Esta continua afluencia de hombres modificó otra práctica implantada en la minería con el propósito de obtener más trabajadores: el partido. El partido consistía en conceder a la persona ocupada en las labores de extracción una parte del mineral obtenido. Era, pues, un incentivo. Por otra parte, evitaba desembolsos monetarios cuando escaseaban capitales 9• A medida que las condiciones permitieron el surgimiento de un mercado laboral relativamente amplio, los empresarios mineros fueron sustituyendo el partido por el salario, o bien reduciendo su proporción, de tal manera que al finalizar el siglo XVIII los trabajadores mineros constituían una fuerza laboral libre, bien pagada y geográficamente móvil. Una de las evidencias más reveladoras de los cambios que se habían operado en la estructura social de la región vinculada a la minería de Guanajuato y Zacatecas fue el predominio del elemento mestizo en la población. Dentro de esta categoría quedaban comprendidos no sólo los individuos producto de la mezcla entre espafioles e indios, sino también de los indígenas desarraigados de sus comunidades, aculturizados, ajenos ya a las obligaciones y beneficios comunitarios. De esta manera, diferencias naturales -por así decirlo- derivadas de la geografía y la demografía prehispánica habían devenido en una diversidad regional muy marcada ya a fines del período colonial. En contraste con la situación que privaba en el norte, la región del centro y sur de México seguía siendo predominantemente indígena. A pesar de la existencia de la hacienda, la mayoría de los habitantes autóctonos vivía en sus pueblos y mantenía una relación constante pero frágil con las unidades productivas de los espafioles. La capacidad de los pueblos indígenas para resistir a la asimilación y para conservar sus tierras quedó demostrada al fracturarse la dominación colonial: al registrarse la contracción de las actividades económicas por la guerra y la huída de capitales, la economía campesina �80 Siglo XIX pudo albergar a quienes regresaban a sus pueblos, libres ya de cargas y tributos 10 • Con el tiempo, los trabajadores mestizos del norte y los in~ígenas del centro y sur habían establecido formas diferentes de relación con el mercado de trabajo circundante, creando lazos de mayor o menor estabilidad. Una prueba de que en los centros mineros norteños se había logrado formar un mercado de mano de obra de cierta amplitud es que al iniciarse la recuperación del sector, después de la guerra de independencia, la perspectiva de una futura prosperidad atrajo nuevamente población a las minas abandonadas. Un estudio sobre la minería zacatecana señala por ejemplo que el número de trabajadores creció de 500 en 1826 a 6000 en 1835; un fenómeno similar ocurrió en Guanajuato11 • La afluencia de trabajadores a las minas de Real del Monte y Pachuca (en el área central) siguió, sin embargo, otra pauta: la escasez de trabajadores va a ser una constante en la historia de esta región hasta mediados de la década de los 70 del siglo XIX. II. ¿Cuáles fueron los factores que limitaron el mercado de trabajo para la minería en esta región? En mi opinión, fue la persistencia de una particular estructura social -la comunidad indígena- uno de los frenos más importantes para la formación de un mercado de trabajo libre para la minería en la zona central de México. Debemos considerar que las limitantes para la incorporación de la mano de obra campesina a las actividades regidas por el capital eran de diversa naturaleza. Así por ejemplo, la catástrofe demográfica del siglo XVI implicó una merma sustancial en las posibilidades de explotación de la mano de obra. Sin embargo, la ampliación de la oferta de trabajadores dependía no solamente de su número. Otros factores impedían la movilidad del trabajador. Entre ellos destacaba la existencia de fuentes alternativas de ocupación y subsistencia que permitían al trabajador sobrevivir sin vender su fuerza de trabajo. Dentro de esas fuerzas alternativas estaba, sin duda, la comunidad. Ahora bien, además de otros elementos de carácter cultural e ideo- Ortiz P.: Desamortización y mano de obra en Pachuca-Real del Monte 81 lógico, la base de la cohesión indíge~a era la tierra: De ahí que ~a desamortización de los bienes de comu01dad emprendida por los liberales mexicanos en la segunda mitad del siglo XIX constituyó uno ~e l~s factores de primer orden en la liberalización de la mano de obra md1gena. La pérdida de las tierras comunales obligó a los indígenas ~ desplazarse en búsqueda de fuentes de ~~stento, y los pat_rones estuvieron en condiciones de imponer sus cond1c1ones a los trabaJadores. Veamos ahora cómo se presentó el problema de escasez de trabajadores en la zona minera de Pachuca-Real del Monte. Los materiales consultados no nos permiten establecer si el aprovisionamiento de trabajadores representó un mal crónico en la época colonial. Sabemos con certeza que, al ampliarse las labores a final~s del siglo XVIII, el conde de Regla -propietario de las prin~ipales mtnas en la zona- recurrió a la provisión forzada de trabaJadores,_ lo cual refleja en cierta medida que no se contaba con todos los OJ>:rar1os requeridos. Cincuenta y ocho pueblos fueron afectados para ~atISfacer la demanda de brazos. La mayoría de estos pueblos se locahzaban en lugares relativamente cercanos a los minerales (véase mapa) corres~ndiendo en la división política a los distritos de Actopan, Atotonilco, 12 Meztitlán y Pachuca y en menor medida a Tulancingo y Apan • Es de suponer que la práctica del rep~imiento afect~ por lo_regular a los pueblos más inmediatos a los rrunerales, pero diversas informaciones evidencian que la zona de influencia de la minería en est~ región se extendía precisamente a los distritos afectados p~r el repartimiento de finales del siglo XVIIl 13 • Más adelante, al analizar los movimientos migratorios volveremos a referirnos a estos lugares. La producción minera fue abandonada poco después de estallar la guerra de independencia y los trabajos se restablecieron en 1825, cuando se instaló la compañía inglesa de los Aventureros de Real del Monte. La rehabilitación de la minería en la zona implicaba la realización de importantes obras de desagüe y de otras actividades que requerían un considerable número de hombres, que escaseaban al principio de la gestión británica14 • Para poder activar las minas los ingleses tuvieron que aceptar pagar a los barreteros "a partido". Randall refiere los problemas a que se enfrentó la compañía británica en relación a los trabajadores y atribuye principalmente a este factor el fracaso de la empresa15• Este autor hace hincapié en la "combatividad" de los operarios mineros como el principal obstáculo que tu- �82 Ortiz P.: Desamortización y mano de obra en Pachuca-Real del Monte Siglo XIX 83 vieron los ingleses para fijar condiciones de trabajo que posibilitaran la reducción de costos16 • Es indudable que la combatividad jugó su papel, pero además -en mi opinión- la escasa capacidad de negociación estuvo determinada por la falta de fuerza de trabajo que estuviera dispuesta a laborar en situaciones menos ventajosas. Es decir, la estrechez de la oferta de brazos condicionó en cierta medida el tipo de relación entre los trabajadores y la empresa. -É -~ ... tÚ ~ CI) "'¡;:o N En 1849 los ingleses vendieron la negociación a un grupo de accionistas mexicanos, fundándose la Compañía Minera de Real del Monte y Pachuca17 • A juzgar por los primeros informes de los encargados de la compañía, las dificultades para conseguir trabajadores continuaron18 • Por diferentes medios se buscó estimular la afluencia de trabajadores a los minerales, pero el éxito fue relativo. La carencia llevó en 1850 a la Compañía a firmar un contrato con el gobierno para 19 establecer un presidio y utilizar el trabajo de los reos • En un principio la empresa también se vio precisada a pagar altos salarios y a combatir el partido. Sin embargo, en un corto tiempo la situación tiende a cambiar. Al promediar los años 70, la compañía mexicana, a pesar de la crisis que vivía, se vio en condiciones de fijar sus propias reglas a los trabajadores, rebajó salarios e inclusive restableció el partido con un nuevo sentido: reducía las percepciones reales y evitaba desembolsos en una época de crisis20• CUADRO 1 oo ..J <( . o :e . ;1 : .,i ~ Valor de las operaciones (en pesos) o ~ ,$, ~ /,, ~ ~ ,( 111 No. de operaciones % del total % del valor total más de 5 000 más de 2 000 de 1 000 a 2 000 de 500 a 999 de 200 a 499 199 y menos 6 15 13 36 37 611 0.83 2.08 1.81 5.01 5.15 85.09 25.28 27.11 Total 718 100.00 100.00 10.24 14.99 6.55 15.28 Elaborado según datos de la Memoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1857. �84 Siglo XIX ¿A qué obedeció este fenómeno? Suponemos que existió una correlación entre los procesos de desamortización que tienen lugar en el área rural y los cambios que experimentó la compañía respecto de la fuerza de trabajo. El despojo de la tierra constituyó uno de los factores más21importantes en el proceso de formación de un mercado de trabajo : al verse privados de su única fuente de sustento, los indígenas de la zona se vieron compelidos a marchar a las minas y haciendas a cambio de un salario. Por razones de espacio no referiremos todas las evidencias existentes respecto a las características indígenas de la zona. Baste señalar que al promediar los años cincuenta, de acuerdo con las fuentes demográficas, cerca del 70% de la población era indígena y hablaba aún su lengua nativa, los patrones de asentamiento no habían cambiado y la mayoría de los habitantes vivían en sus pueblos. Las haciendas -por otro lado- no eran importantes centros de concentración de población22• III. Conforme a la ley del 25 de junio de 1856, todos los bienes inmuebles de las corporaciones civiles y religiosas debían ser desamortizados y adjudicados en propiedad privada a sus arrendatarios. Esta disposición marcó el inicio de una serie de transformaciones en el área rural. El problema de la desamortización se ha estudiado primordialmente en relación con los bienes eclesiásticos23 , en tanto que las fuentes relativas a las propiedades comunales de los pueblos son más escasas y dispersas. Desafortunadamente no contarnos con series estadísticas que nos permitan medir la magnitud del despojo a los bienes de comuni~ad. La pro~ia situación de guerra civil impidió llevar un registro contmuo Yfidedigno, de modo que los datos son escasos y fragmentarios. Sin embargo, aún esta información discontinua puede orientarnos acerca de los efectos que tuvo la Reforma sobre las comunidades indígenas en la región que nos ocupa. En 1857, a un año de haberse dictado las disposiciones sobre la desamortización de bienes de corporaciones civiles y religiosas, en Hidalgo -donde se ubicaban los distritos de Pachuca y Real del Montese habían efectuado 718 operaciones de adjudicación y remate de estos bienes, con un valor de 160 451.83 pesos. Esta cifra representaba el 21.28% del total de las operaciones realizadas en el estado de México al cual pertenecía entonces Hidalgo. ' Ortiz P.: Desamortización y mano de obra en Pachuca-Real del Monte 85 En sí, el número y valor total de las operaciones poco nos dicen sobre las características de la desamortización. Empero, de la misma documentación se pueden extraer otros datos de mayor significación. En la Memoria de Hacienda de 1857 se consignan, por ejemplo, el nombre de la corporación a la que pertenecían los predios desamortizados y el valor estimado de cada uno. A partir de ello pudimos establecer que la mayor parte de las propiedades afectadas pertenecía a los ayuntamientos de los pueblos y, en menor proporción, a las corporaciones religiosas24 • Por otra parte, la mayor porción de las afectaciones correspondió a terrenos y solares, mientras que no aparece afectación alguna entre las haciendas. Con base en el número y valor de cada una de las operaciones elaboramos el cuadro 1. De las operaciones registradas, las que aparecen con un valor superior a los 5 000 pesos corresponden exclusivamente a ranchos; las de más de 2 000 pesos comprenden ranchos y fincas urbanas; en tanto que las de más de mil pesos incluyen también fincas rústicas. En contraste, las operaciones de valor inferior se indican simplemente como "terrenos". Del número de propiedades afectadas con valor superior a I CXX> pesos, el 500Jo pertenecían a alguna corporación religiosa y la otra mitad a los pueblos. Por otro lado, de las operaciones con valor superior a 500 pesos, la mayor parte de las consignadas como fincas urbanas eran propiedad de la iglesia, mientras que los registrados como terrenos y fincas rústicas aparecen como propiedad de los pueblos. Uno de los datos que más llama la atención es que el 85 % del total de los predios afectados tiene un valor inferior a los 200 pesos: a estos predios corresponde apenas el 15% del valor total de las operaciones. Mientras, las adjudicaciones con valor superior a mil pesos suman poco menos del 5% del total de las operaciones realizadas, pero comprenden más del 60% del valor global. Esto es todavía mucho más significativo si tomamos en cuenta que se consideraba que los predios con valor inferior a los 200 pesos eran los pertencientes a los indígenas. A este respecto, la circular de 9 de octubre de 1856 disponía que, para evitar los abusos que se cometían contra los indígenas, los terrenos cuyo valor no pase de 200 pesos, conforme a la base de la ley de 25 de junio, se adjudique a los arrendatarios, ya sea que lo tengan como de repartimiento, ya pertenezca a los ayuntamientos, o esté de cualquier modo sujeto a la desamortización, sin que se les cobre alcabala o dere- �86 Siglo XIX Orriz P.: Desamortización y mano de obra en Pachuca-Real del Monte CUADR02 DESARROLLO DEMOGRAFICO DEL ESTADO DE HIDALGO: 1852-1910 Habitantes 1852 332 647 1854 337 813 1869 384 207 404 207 387 285 1874 427 340 1877 434 096 1882 457 179 1885 506 028 1889 494 212 524 343 1895 551 817 1900 605 051 584 069 1910 cho alguno, y sin necesidad del otorgamiento de escritura de adjudicación, pues para constituirlos en dueños bastará el título que les dará la autoridad política ...25 Del análisis de la información antes expuesta podemos deducir que el mayor número de afectaciones correspondió a terrenos pertenecientes a indígenas. En el documento hay un dato adicional en el mismo sentido: los nombres de los adjudicatarios mantienen la usanza indígena; es decir, dobles nombres sin apellidos. Número de Año 87 Agregados Esta cifra se consigna en el Censo y la diferencia de 20 000 habitantes puede deberse a un error de imprenta que asigna a Huejutla 51 988 habitantes en lugar de 31 988. Cifra de regresión lineal calculada por Vi viane Brachet No poseemos, hasta el momento, otros datos específicos acerca de las operaciones de desamortización de tierras comunales. Muchos documentos consultados, relativos a años posteriores, se refieren casi exclusivamente a las afectaciones de haciendas, ranchos y fincas urbanas que reconocían capitales a favor de diferentes corporaciones religiosas26 • Las escasas noticias sobre los bienes de comunidades son, sin embargo, muy significativas: todas aluden a los esfuerzos que realizan los pueblos para conservar o recuperar sus tierras. Así, por ejemplo, en sigue fuentes cuadro 2 ~a cifra se obtuvo sumando la población de cada uno de los asentamientos que formaban Hidalgo y coincide con la regresión lineal calculada por Brachet para esta fecha (p. 65). Cálculo nuestro de población intermedia Según Teodomiro Manzano 646 551 Fuentes: 1852: M_ef!loria de la Se~retaria de Relaciones y Guerra del Gobierno del Estado de MeXJco, '!'o~uca, ~pografía de Juan Quijano, 1852; 1853: Orozco Y Berra, Manuel. D1cc1onar10 Universal de Geografía e Historia, México, 1853, 5 vols. La población de los distritos se obtuvo sumando las cifras parciales correspondientes a los poblados que los integraban; 1854: Expediente sobre división del Estado de México y formación de uno nuevo, con el nombre de Hidalgo, México, 1868. Esta fuente transcribe los datos de población que constan en el tomo I de los Anales del Ministerio de Fomento; 1868: Censo de la República Mexicana, hoja suelta publicada en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadistica, t. I, 1869; 1869: Memoria que el gobernador provisional del Estado de Hidalgo, C. Juan Doria presenta al H. Congreso. Pachuca, Imprenta del Gobierno del Estado a cargo de Marcelino García, 1869; 1874: Memoria del gobierno del Estado de Hidalgo, 1874; 1877-1878: Busto, Emiliano. Estadísticas de la República Mexicana. México, Cumplido, 1880, 3 vols. (publicado como anexo a la Memoria de Hacienda 1877-1878); 1882: Manzano, Teodomiro. Anales del estado de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo, 1905; 1885: Diccionario geográfico, histórico y biográfico. México, 1888-1889, 5 vols.; 1889: Directorio Estadístico de la República Mexicana de 1888 a 1889. México, Eduardo Dublán y Compañia, Impresores, 1890, citado por Brachet, Viviane en La población de los estados mexicanos (1824-1895). México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1976, p. 65; 1895: Censo de 1895; 1900: Censo de 1900; 1910: Censo de 1910. �88 Siglo XJX 1861, los vecinos de varios pueblos del distrito de Huichapan piden que no sean adjudicados los terrenos que les pertenecen. En 1863, los indígenas del pueblo de Huitzila, municipio de Pachuca, solicitaron que sus terrenos no fueran redimibles. Entre 1861 y 1865, los campesinos del pueblo de Atitalaquia pidieron reiteradamente la devolución de sus tierras comunales. Aparece también consignada la queja del nuevo propietario de un rancho, a quien el pueblo de Zerezo üurisdicción de Pachuca) no le permitía tomar posesión, alegando que los terrenos le pertenecían desde tiempo inmemorial27 • - o .....---- - -- - - - -- - -- - - 7 ~ -.,., o ~1 ~ .,.., -.,.., -óo Estos datos, aunque escasos, nos permiten inferir que las leyes de Reforma conseguían desintegrar definitivamente la propiedad comunal, y que a este proceso se oponían aún los indígenas afectados. El estudio de las rebeliones indígenas en la zona a su vez, permite corroborar esta hipótesis28• 00 ,-l °' 00 o< = o lll La escasez de datos sobre la desamortización de los bienes de comunidades indígenas nos llevó a utilizar otro tipo de información que permitiera observar, desde una perspectiva distinta, los efectos de la aplicación de las leyes de Reforma sobre las propiedades de los indígenas. Nos referimos a los cambios demográficos. -ó ii:: °' 00 00 o o ~ .,.., 00 00 V} lll M ,-l 00 00 lll o z ~ o u < ,-l C0 oQ., < ,-l ~ IV. Con objeto de establecer comparaciones adecuadas, aludiremos primero a las características generales del crecimiento demográfico del estado de Hidalgo entre 1852 y 1910. Reuniendo las cifras generales de población que se encuentran en diversas fuentes, elaboramos el cuadro 2. Sobre esta base, en la gráfica l presentamos la curva de crecimiento global de la población de Hidalgo. Comparando el ritmo de crecimiento demográfico de dicho estado con el resto de las entidades federativas, no se observaron variaciones sensibles. La población de Hidalgo creció a un ritmo medio de 1.15%, en relación con el 1.4% que representó la media nacional29• Es decir, el crecimiento demográfico de Hidalgo no revela modificaciones de importancia en términos generales. Por otra parte, en los materiales estadísticos utilizados no hay indicios de epidemias de tal magnitud que hubieran provocado una reducción de la población capaz de alterar sustancialmente las activida- - i-i-00 ',:t - i-00 °''° lll 00 o < u z~ o ',:t .,.., 00 o .,.., .,.., .,.., o .,.., ',:t ~ s.,,un1qeH ap sanH N - 8::;: .,., M o... 'O <IS ::, (.1 ;,; ,u i:,u ::, "" �Ortiz P.: Desamortización y mano de obra en Pacbuca-Real del Monte 91 des productivas de la región. En las cifras globales no se observa ningún descenso brusco ni tampoco un ritmo de crecimiento inferior al registrado en otros estados. Tampoco hay signos de expulsión de población. Con estas apreciaciones no podía establecerse una correlación entre el crecimiento demográfico y las posibilidades de expansión del mercado de trabajo. Sin embargo, si desglosamos la información y analizamos por separado el comportamiento demográfico de cada uno de los distritos que formaban el estado de Hidalgo, podemos observar cambios cualitativos. ~ ;;~~;!~~~~~;; 1 ..... :;; - VVC00\0\0\0\vM!'MM\000"1"0\0\l'-\OCO v-MvMM--Mv --Vl0\0\MM NV-N O V M ~i;::;8 iM I'- V) M 00 00 I'- MM M v-, M ~ COMV'IO\O\ lo~~~~G~~ ..... V)V) C0 .- ONV'I---VM V-Nt"f"\MV-N M ~ ~ <">vor---o \OM\OMl'-V -r--covV'IO CX>O\Or---r---- M---NV 00 \O vM r-- ~ V oo ;f, M O\ I'- r-COMO\O M 00 I'- 00 O\ O 00 00 M MvM-, VlMO- 00 M M <">V'I\OM r---.-00\0 OMO\N M ..... Ll'I C0 v t"'l Vl N V'IOMM M\OMCO COMCO\O M v M ..., ~ V) v M - M M En el cuadro 3 se presentan las cifras del crecimiento demográfico por distrito. La gráfica 2, basada en esos mismos datos, ilustra las diferencias interregionales. Destaca el hecho de que el crecimiento de la población fue similar en la mayoría de los distritos hasta mediados de los años sesenta. A partir de ese momento los distritos de Huejutla y Pachuca comienzan a crecer con mayor rapidez, haciéndose más notable el aumento hacia la mitad de la década de los 70. ~~;;~ ~ ('I") Un crecimiento demográfico por distritos desigual, en contraste con un ritmo "normal" de crecimiento general del estado, nos sugirió que las diferencias se debían a un fenómeno de migración interna vinculado directamente con uno de los aspectos esenciales en la formación de un mercado de trabajo libre: la movilización del trabajador como consecuencia de su separación de los medios de producción. r-,.. O M M Para corroborar la idea de que el crecimiento desigual de los diferentes distritos obedecía a un fenómeno de migración interna vinculado a la desamortización de los bienes de comunidad, interrelacionamos distintos datos. t"'l - ;q~;:!¡~ ~ M M ...o -o (tj ::1 o ~ Inicialmente, medimos los cambios ocurridos entre 1825 y 1885 tanto en el número de asentamientos (haciendas, ranchos, ciudades, villas, pueblos y barrios) como en la densidad media de la población de ellos30• En el cuadro 4 se vaciaron los datos relativos al número de asentamientos (omitiéndose los correspondientes a 1825 pues solamente existían datos para los distritos de Apan, Atotonilco, Pachuca y Tulancingo). Según las cifras obtenidas, no se observan variaciones importantes entre 1825 y 1874: el número de poblados es similar, lo mismo que la densidad relativa. La mayoría de los habitantes se concentraba en �CUADR04 HIDALGO: NUMERO DE ASENTAMIENTOS• 1853-1855 p 1874 23 6 1 4 24 38 e V B o 1 o o o o 51 10 35 17 22 31 33 6 37 5 1 23 44 7 28 o o o o o 34 1 Zacualtipan 11 102 39 15 9 48 26 60 74 2 20 Zimapan 14 o o o o Distritos Actopan Apan H R Huichapan Ixmiquilpan Jacala Meztitlan Molango Pachuca Tula Tulancingo 8 11 R H 24 6 2 4 23 43 12 9 27 o o 63 15 111 1 o 14 23 53 1 o 36 4 19 o o 8 2 78 o 13 33 5 17 Atotonilco Huejutla p o o o o o 68 1 4 32 8 o 40 16 o 47 22 o 39 1 o 16 8 23 77 9 61 17 9 1888 e V B o 1 30 o o o o o o o 1 o o 1 o o 1 12 o 1 2 o o 7 o 1 o 1 o 13 o 1 28 1 o o o 1 o o o 1 p H R 21 9 2 5 23 43 12 9 30 61 15 158 13 23 55 36 4 19 9 33 5 2 78 17 68 1 22 32 14 80 42 18 9 47 24 63 39 1 17 11 8 9 e V B o 1 28 o o o o o o o 1 o o 1 o o 1 13 o 1 2 o o 7 o 1 o 1 o 13 o 1 28 1 o o o 1 o 1 o 1 • Este cuadro fue elaborado a partir de Orozco y Berra, Manuel. Diccionario... : Memoria del Gobierno del Estado de Hidalgo, 1874; Diccionario geográfico, histórico y biográfico, 1888. P = Pueblo H = Hacienda R = Rancho C = Ciudad V = Villa B = Barrio. ORAFICA 2 l DINAMICA DE LA POBLACION DE HIDALGO, POR DISTRITOS 1853-1910 1 / ,, ,, 100 90 i ! ! .g 60 l 50 ---- ./-¡-...... ~. .,,,,. ¡/ / --1 L.---·- TULANCINOO '·-......... · ~:.:.:_f;;r---·1"'"•,.,.,a,..,.. ..--,~ IZIIIOUILPAN ------.:-:.,.ACTOPAN ·········· _ _j,________-+---'::~~~----....:•~•~•~•-•--1 ~it:NOO ; .... °" ... :::-;:-.. ,... -:,,_-• --- _ - •-••.:~. -•• -~==-.. ~:.:J::...-~---.-:--::-::-==t'~~:"...,_:;:"~':-1!"'!11!'!!~:,;;;;;:1.~c::: .... - •-- •"' ________ JACAL.A it~tHNfPOAN Z IWAPAN MEZTITLAN .......':f.:..::.,._.,_..,_ <.,: • ----· r::::::· UCUALTIPAN ATOTOHILCO APAN ¡ ---+--·+ - - - -,1 --------+-----+------+1853 Fuentes: cuadros 2 y 3 1868 l874 1877 1885 1895 1900 1910 �94 Orúz P.: Desamortización y mano de obra en Pachuca-Real del Monte Siglo XIX CUADRO 5 CUADRO 6 DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN HIDALGO, 1874 DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN HIDALGO, 1910 tamaño de poblados %del No. de densidad total de habitantes media de total de poblados en este población habitantes grupo 95 NO. de oens1aaa '10 Oel media de total de en este población habitantes grupo total de habitantes tamaño de poblados poblados 4 252 384 144 90 60 160 106 119 663 16 Hasta 500 habitantes 918 181 972 209 42.5 Hasta 500 habitantes de 501 a 1 000 156 107 754 699 25.1 de 501 a 1 000 de 1 001 a 1 500 44 53 204 1 209 12.4 de 1 001 a 1 500 38 45 430 1 195 7 de 1 501 a 2 500 23 44 285 1 925 10.3 de 1 501 a 2 500 22 41 757 1 896 6.5 de 2 501 a 5 000 7 21 576 3 108 5.0 de 2 501 a 5 000 5 13 342 2 668 2 Más de 5 000 3 20 274 6 758 4.7 de 5 001 a 10 000 2 16 746 8 373 2.5 1 151 428 885 Más de 10 000 1 46 951 46 951 6 4 480 646 551 Total 100.o Total 100 Elaborado en base a la Memoria del Gobierno del Estado de Hidalgo, 1874 Elaborado en base al Censo de 19IO los pueblos y pocas haciendas sobrepasaban los doscientos habitantes. Los cambios son evidentes para 1874, cuando se percibe un incremento en el número de ranchos en los distritos de Huejutla y Jacala. A este aumento corresponde un incremento de la población: entre 1853 y 1885 el número de habitantes de Huejutla y Jacala crece en 1600Jo y 2430Jo respectivamente. Como puede apreciarse en el mismo cuadro 4, la tendencia aJ incremento en el número de ranchos y la concentración urbana se acentúan después de 1874. Por otra parte se observa una tendencia a la disgregación de la población en asentamientos con una densidad media de 90 habitantes (cuadros 5 y 6). Si comparamos ambos cuadros podremos notar que el número de poblados con rango de 1 501 a 2 500 habitantes permanece prácticamente sin variaciones y que el rango de 2 501 a 1 500 disminuye de 7 a 5. Podemos suponer entonces que algunas poblaciones descendieron al rango inmediatamente inferior. El cambio más significativo ocurre en los poblados con menos de 500 habitantes: pareciera que aquí se concentra el incremento general de población, al mismo tiempo que se registra una importante concentración urbana. Es decir, hay un traslado de población de unos lugares a otros. En esta etapa de la investigación, y hasta donde los datos nos han permitido, hemos analizado el comportamiento demográfico de algunas localidades, a fin de explicarnos los cambios en los patrones de asentamiento. Así, por ejemplo, encontramos que en el municipio de Cardonal (distrito de lxmiquilpan) existe una coincidencia entre la reducción del número de habitantes en los pueblos y la aparición de ranchos y rancherías en la misma municipalidad. De este modo, si en 1874 los pueblos existentes en la municipalidad del Cardonal aglutinaban 7 505 habitantes, para 1900 esta cifra se había reducido a 2 004. Pero, significativamente, en este lapso surgieron cuarenta nuevos núcleos de población registrados como ranchos o rancherías con densidad inferior a 90 habitantes por asentamiento. Es decir, parecería que los anteriores moradores de los pueblos mudaron su residencia trasladándose a los ranchos o rancherías. Esta si- �96 Siglo XIX Ortiz P.: Desamortización y mano de obra en Pachuca-Real del Monte CUADRO 7 DESARROLLO DEMOGRAFICO DE LA CIUDAD DE PACHUCA 1825-1910 Año Número de Habitantes 1825 2 415 1848 1852 1853 1859 1862 1863 1868 1874 1877 1880 1885 1895 1898 1910 Fuentes Ensayo de una memoria estadística del distrito de Tulancingo, México, Imp. Alejandro Valdés, 1825. 4 690 ReviUa D., Anexo a la memoria de la Secretaría de Relaciones, Justicia y Guerra del Edo. de México, México, 1849. 5 442 Memoria de la Secretaría de Relaciones y Guerra del Estado de México, 1852 (anexo). 5 541 Orozco YBerra, Manuel. Diccionario Universal de Geografía e Historia. México, 1853, 5 vols. 7 000 Burkart, J. "Memoria sobre explotación de minas en los distritos de Pachuca y Real del Monte" en An~es de la Minería Mexicana, t. I, 1861, p. 19. 6 500 Duran, Rafael, "Memoria sobre el censo de la República Mexicana". Boletín de la Soc. Mexicana de Geografía y Estadística, V. 9, 1862. 7 000 Alrnaraz, Ramón. Memoria sobre los trabajos (12 000) de la Comisión científica de Pachuca México 1864. ' ' 12 000 Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1869, t. l, p. 372. 8 410 Memoria del Gobierno del Edo. de Hidalgo, 1874 Memoria de la Secretaría de Fomento, 1877. p. 12 500 B_usto, Emi~ano. Estadfsticas de la República Mexicana, MéXJco, Cumplido, 1880, 3 vols. (publicado como anexo a la Memoria de Hacienda 1877-78). 13 679 García Cubas, A. Ensayo Estadístico de la República Mexicana, pp. 75-78. 25 000 ~culo B~sado en el Diccionario geográfico, bistórico y b1ográfico, México, 1888-1889. 5 vols. 40487 Censo de 1885. 40 487 Anuario Estadístico de la República Mexicana 1898. México, Of. Tip. de la Secretaría de Fornen: to, 1899. 39 009 Censo de 1910. 468: 97 tuación se repite en otros municipios de la zona central de Hidalgo, coincidiendo además con el desarrollo de algunas actividades agrícolas que comenzaron a surgir en algunas regiones. Así pues, la información demográfica manejada parece indicar que entre 1870 y 1900 se concretó en Hidalgo un reacomodo de la población. Este fenómeno obedeció a su vez, a determinadas transformaciones en la estructura económica y social del estado. Atendiendo a los datos de población establecimos la existencia de zonas de atracción y rechazo de población. Los distritos de Huichapan, lxmiquilpan, Actopan, Meztitlán y Atotonilco son los que se presentan como zonas de expulsión, siendo notable que fue precisamente en estos lugares donde se produjeron levantamientos indigenas en reclamo de tierras comunales. Es importante señalar que aunque el distrito de Tula fue también escenario de levantamientos, en la información demográfica no aparece como zona de rechazo. Posiblemente esto se deba a que la construcción del ferrocarril dio trabajo a los brazos desocupados e impulsó además la actividad agrícola de la zona. Por otra parte, los distritos de Jacala, Huejutla, Pachuca y, hacia finales del siglo, Apan son los que aparecen como polos de atracción, absorbiendo a habitantes provenientes de otros distritos. Como puede observarse en la gráfica 2, el ritmo de crecimiento de estos lugares no corresponde al natural de la población, sino que se trata más bien de un crecimiento social. Es decir: el desarrollo de determinadas áreas económicas los hacían atractivos y, a su vez, el constante flujo de trabajadores impulsaba la expansión de las nuevas actividades. ¿Qué actividades económicas se emprendieron en Hidalgo? Un estudio de caso muestra que a partir de los años 70 comenzó a desarrollarse en el distrito de J acala una agricultura de tipo capitalista, una de cuyas expresiones fue precisamente la aparición y expansión de los ranchos en esta zona . Por otra parte, en el mismo sentido, diversos informes del Ministerio de Fomento señalan que en Huejutla había empezado a cultivarse con éxito, café y caña de azúcar para exportación31• Por otra parte, el crecimiento de la ciudad de Pachuca ilustra claramente el fenómeno de migración interna. La urbe, en un momento determinado, se convierte en polo de atracción para los campesinos indígenas que fueron privados de sus tierras. La gráfica de crecimiento de la ciudad de Pachuca contrasta notablemente con la general del estado, observándose una aceleración a partir de 1875 (cuadro 7, gráfica 3). �Ortiz P.: Desamortización y mano de obra en Pachuca-Real del Monte Pachuca contaba en 1825 con 2 415 habitantes incluyendo a los de lugares, haciendas y ranchos dependientes de ella. La instalación de la compañía inglesa de los Aventureros había atraído pobladores, de modo que hacia 1853 el número de habitantes alcanzaba la cifra de 5 541; para 1859 Burkart menciona 7 000 habitantes aproximadamente. En la memoria de los trabajos de la Comisión científica de Pachuca se calcula en 12 000 la cantidad de habitantes en 1863, atribuyendo el rápido incremento a la prosperidad que experimentaba la minería; sin embargo, en este mismo trabajo se dice que la población de Pachuca asciende a 7 000 personas, cifra que nos parece más acertada tomando en consideración la de 6 500 consignada por Durán en la Memoria sobre el Censo de la República Mexicana de 1862, y la calcuJada por Burkart para 185~2 • [6[ ¡--- - -- - - - - - - - - - - ---1,868[ S68I S881 En 1874 se efectuó un censo en el estado, anotándose para la ciudad la cifra de 8 410 habitantes, la cual se elevó a 11 794 hacia 1878 de acuerdo a un nuevo recuento de población. A partir de 1880 se inicia un crecimiento acelerado incrementándose la población de 14 000 a 25 000 habitantes entre 1880 y 1885, superando la cifra de 40 000 según el censo de 1895. Después de esta fecha la población desciende ligeramente, posiblemente en relación con la inundación de la ciudad y con el inicio de explotaciones de minerales industriales en otras zonas. u¡ o o < o ;:) -< u f"l ..J u¡S 0 o~ tt: Zon ~ ON _00 0:: uo < ..J IXl oo.. < ..J Lo que resulta interesante es que el inusitado crecimiento de la ciudad no es provocado totalmente por el auge minero. La reanimación de la actividad minera iniciada en la década de los 50, y que alcanzó su auge entre 1860 y 1862, no se refleja automáticamente en la curva de crecimiento demográfico de la ciudad. g8r ZS8I 8P8I u¡ o < u r-- ..o ~ ~ ;:s z< o ¡,; o VI ~ o ~ .... V\ o .... V\ N o N V\ 5alUe'1fqeH ap sa11w o 0 Z81 99 ~ i:: 4) & Esta situación distingue a Pachuca de otras ciudades en donde se aprecian cambios poblacionales estrechamente ligados con el auge o decaimiento de la minería33 • Keith Davies, en un análisis sobre tendencias demográficas urbanas en el siglo XIX, establece que existe una estrecha relación entre el impulso a determinadas actividades económicas y los incrementos de población en las ciudades por él estudiadas34• Hacia finales del siglo XIX se observa una tendencia a la concentración urbana en todo el país, lo cual evidencia una serie de transformaciones en el medio rural. Para 1877 Pachuca concentraba el 3.3% de la población del estado, para 1895 la cifra se elevaba a 7.3%, llegando a 10.9% a finales del siglo. Estos incrementos no se explican por el crecimiento natural de la población, sino que nos remiten a fenómenos de migración. �100 Siglo XIX Ortiz P.: Desamortización y mano de obra en Pachuca-Real del Monte Finalmente, los datos de población foránea en el estado de Hidalgo parecen confirmar que los incrementos de población que se produjeron en las zonas económicamente más dinámicas obedecían a un reacomodo de la propia población del estado (cuadro 8) y no a flujos de población provenientes de otras entidades. CUADROS POBLACION FORANEA EN HIDALGO • Estado de origen Aguascalientes Baja California Campeche CoahuiJa Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tiaxcala Veracruz Yucatán Zacatacas Total 1895 1900 191 o 0.06 0.02 0.03 6.00 0.04 0.0J 0.0J 0.02 ---- -- -O.0J 0.69 0.0) 0.27 0.0J 0.04 0.59 0.04 0.09 -0.0J 0.0J 0.27 L99 -0.19 0.0) --0.03 0.88 O. JO -- 0.06 0.49 0.01 0.19 0.02 0.03 0.49 0.03 0.08 0.0J 0.01 0.0) 0.24 J.30 -0.16 --0.01 0.02 LOO JO/ -0.0J 0.02 Así pues, los cambios observados en el comportamiento demográfico parecen indicar que, en el caso particular de Hidalgo, fue la pérdida de tierras comunales lo que obligó a los campesinos indígenas a desplazarse en búsqueda de empleo. Con ello se crearon las condiciones para el desarrollo de una nueva forma en las relaciones de producción. -0.02 0.23 0.0) 0.)4 0.OJ 0.04 0.39 0.02 0.09 0.02 0.01 0.02 0.20 0.76 NOTAS 1. Kula, Witold , Problemas y métodos de la historia económica. Barcelona, 1973, p. 521. 2. Brading, David A. Mineros y comerciantes en el México Borbónico (1763-1810). México, Fondo de Cultura Económica, 1975, p. 23. 3. Cardoso, Ciro (Coord.). México en el siglo XIX (1821-1910). México, Nueva Imagen, 1981, pp. 130, 339-340. 4. Mendizábal, Miguel Othón de. Obras completas. México, T.5. p. 42. 5. Assadourian Sempat. Mineria y espacio económico en los Andes. Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1972, p. 81. -0.15 -0.01 6. Brading, Op. cit. pp. 301-310; véase también del mismo autor Haciendas and ran- 0.0) 0.01 7. Zavala, Silvio y María Castelo. Fuentes para la historia del trabajo en la Nueva España. México, CEHSMO, 1980, vol. 8. LOO chos in the Mexican Bajío, 1750-1810. -0.04 8. Humboldt, Alejandro de. Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. México, Porrúa, 1984, p. 48. 0.06 -0.06 0.04 5.41 3.28 3.30 9. Flores Clair, Eduardo "Minas y mineros: pago en especie y conflictos, 17~1880" en Historias, núm. 13, abril-junio de 1986, pp. 51-68. - 0.09 • Porcentaje en relación a 1 • censos de poblaet"ón co a pobdil~c1ón total. Elaborado sobre la base de los rrespon entes. 10. Bellingeri, Marco e Isabel Gil. "Elementos para el estudio de la estructura agraria de México en el siglo XIX" en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, México, año XXIV, nueva época, enero-marzo 1978, núm. 91, pp. 9-45. 11. Cross, Harry S. The mining economy of Zacatacas México in the nineteenth century, Berkeley, 1976. 12. Mendizábal, Miguel Othón. "Los minerales de Pachuca y Real del Monte en la época colonial" en El trimestre económico, vol. 8. julio-septiembre 1941, p. 253. �102 Siglo XIX Ortiz P.: Desamortización y mano de obra en Pachuca-Real del Monte 13. Archivo General de la Nación, México. Ramo Padrones, vol. 1, 7, 18, 20; Ramo Historia, vol. 523. 14. Ya desde finales del siglo XVIII, la explotación de las minas en Real del Monte presentaba problemas técnicos y materiales. Véase: Mendizábal, Miguel. "Los minerales... "; Randall, Robert W. Real del Monte: una empresa minera británica en México. México, Fondo de Cultura Económica, 1977, pp. 48, 74-78. 103 26 Consultamos al respecto los expedientes correspondientes al Est~do de Hidal~o en · 1 Archivo de Bienes Nacionalizados que se encontraba en la anugua Secretana de ~sentamientos Humanos y Obras Públicas; actualmente el fondo pasó a formar ~ e del acervo del Archivo General de la Nación. Las citas corresponden a la antigua clasificación. 27. Archivo de Bienes Nacionalizados, SAHOP, Hidalgo. 15. Randall, Robert. Op cit., p. 143. 16. Dentro de los costos de operación de las empresas mineras el principal estaba representado por el rubro salarios. Cross, Harry. Op cit. p. 37. 17. Herrera Canales, Inés. "La racionalidad económica de la empresa minera Real del Monte y Pachuca, 1849-1875" en Organización de la producción y relaciones de trabajo en el siglo XIX en México. México, Cuaderno de trabajo 29 del Departamento de Investigaciones Históricas, INAH, 1979, p. 118. 18. Archivo Histórico de la Compañía Minera Real del Monte y Pachuca (en adelante AHCMPRdM), Informe 1852. 19. AHCMPRdM, Contrato sobre el establecimiento de un presidio, 1850. 20. En el trabajo de Eduardo Flores Clair, "Conflictos en una empresa minera Real del Monte y Pachuca, 1872-1877", tesis, UNAM, 1989, se analizan en extensión y profundidad los problemas relativos al pago en partido. 21. Marx, Carlos. El Capital, México, Fondo de Cultura Económica, 8a. reimpresión, 1973, t. 1, pp. 610-631. 22. La información demográfica se encuentra dispersa e incompleta, sin embargo puede hacerse un seguimiento relativamente continuo y los informantes dan certeza acerca del carácter indígena de los habitantes, entre otras fuentes mencionaremos AGNM, Bienes Nacionales, Informes de los párrocos, leg. 39, exp. 2; Padrones, vol. 3, f. 94; Villaseilor y Sánchez, Joseph, Tbeatro Americano, México, 1746-1748, vol. 1, Miranda, José, "La población indígena de lxmiquilpan y su distrito en la época colonial" en Estudios de Historia Novobispana, México, UNAM, 1966, vol. 1, p. 126: y el libro de PoweU, T. G. E/ liberalismo y el campesinado en el centro de México (1850 a 1876), México, Secretaria de Educación Pública, 1974. 23. Bazant, Jan. Los bienes de la iglesia e,¡ México (1856-1875), México. El Colegio de México, 1971. 24. En otro trabajo he analizado cómo en determinadas ocasiones se puede establecer una identidad entre los bienes de comunidad y los de ayuntamiento. Ortiz, Rina "La legislación sobre pueblos en el siglo XIX, los casos de Jalisco y el Estado de México", ponencia presentada en el simposio "La Juridicidad en la Historia". Universidad Autónoma Metropolitana, México, octubre, 1987. 25. Colección de leyes, decretos y circulares relacionados con la desamortización y na- cionalización de bienes y materias conexas, desde la independencia de la República hasta la época actual, México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1937. p. 305. 28. Ortiz, Rina, "Los levantamientos indi~enas en Hidalgo 1860-1880", ~onencia ~;~sentada al ¡ Coloquio de Historia Regional, ADHILAC, Pachuca, Hidalgo, 1 • 29. Brachet, Viviane. La población de los _esta~os mexicanos (1824-1895). México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1976, pp. 39-115. 30 Resulta imposible presentar en este trabajo los datos d~ densid~d media ~btenidos, · porque se hizo un seguimiento de cada uno de los mas de mil asentamientos. 31. Ministerio de Fomento. Informes, 1881-1888. 32 Durán Rafael. Memoria sobre el Censo de la República Mex.icana. Boletín de la · Socied~d Mexicana de Geografía y Estadística'. v~I. IX, 1871 Y Burkart, Joseph. Memoria sobre la explotación de minas en los d1Stntos de Pachuca Y Real del Monte en Anales de la Minería Mexicana, tomo l. 1861. 33. Esto es palpable, por ejemplo, en el caso del mineral de la Luz en Guanajuat?, véase al res to el trabajo de Jáuregui F. de Cervantes, Aurora y Aurora Lyd1a ~ervantes Jkegui, Bonanza en el Mineral de la Luz, Guanajuato, 1843-1859, tesis de maestría, Guanajuato, 1976, p. 103. 34 D · K ·th A "Tendencias demográficas urbanas durante el siglo XIX en Méxi· 9 2 481 524 . avtes, ei co" en Historia Mexicana, vol. XXI, enero-marzo de 1 7 , pp. • �CAPITALES ECLESIASTICOS Y REDITOS VENCIDOS La Iglesia y la Consolidación de la Propiedad en Puebla (1810-1856) Francisco Javier Cervantes Bello * Desde fines del siglo XVIII un hecho era notorio en toda la Nueva España: la propiedad eclesiástica había aumentado aceleradamente y los capitales que administraba el clero, que estaban reconocidos en un sinnúmero de propiedades tanto urbanas como rurales, comenzaban a pesar sobre el conjunto de la economía. Este incremento de la riqueza eclesiástica tenía sus raíces en los siglos anteriores, pero es indudable que fue en el siglo XVIII cuando alcanzó un mayor auge 1• Puebla, segunda capital del virreinato de la Nueva España, era sin duda uno de los obispados más ricos del país y donde este fenómeno se presentaba claramente. En la primera mitad del XVIII, después de haber tenido durante los siglos XVI y XVII un proceso de endeudamiento a favor de los monasterios, casi la mitad de la ciudad de Puebla pasó a manos de los conventos; y, en la segunda mitad del siglo de la Ilustración, se dio un incremento sin precedentes de fundaciones de capellanías y obras pías. Estos dos hechos, junto con el riguroso cobro del diezmo, representaban uno de los obstáculos mayores para la consolidación de la propiedad plena y la acumulación de capitales no sólo en México sino en buena parte de América hispánica. • Colegio de Historia, Universidad Autónoma de Puebla (México) �106 Siglo XIX Cervanres B.: Iglesia y propiedad en Puebla (/8 10-1856) La primera reacción contra esta tendencia a acrecentar la riqueza eclesiástica vino del Estado borbónico español 2, aunque ya desde antes esta situación había causado importantes quejas contra la Iglesia. Después de la independencia, el poder y la riqueza de la Iglesia fueron temas reiteradamente presentes en el debate político. Más allá de los planes y las declaraciones, los propietarios comenzaron a tomar generalizadamente un conjunto de actitudes que se puede resumir como un desconocimiento de los derechos de propiedad de la Iglesia: comenzaron a dejar de pagarle el diezmo, a especular con sus casas y a suspender el pago de los réditos vencidos de capitales eclesiásticos. En este artículo analizamos sólo la actitud de los propietarios de bienes inmuebles ante las deudas eclesiásticas que reconocían sus propiedades, y tratamos de responder a la pregunta de cómo y por qué se dio este hecho. I. 107 propiedades estaban hipotecadas por menos del 500/o. La deuda_~º su mayoría, el 940/o, pertenecía a la Iglesia, por lo q_ue Flon _se queJo entonces de que casi todas las rentas de estas propiedades iban a parar a manos del clero s. Aunque la situación de la propiedad agraria de Cholula podría ser un caso extremo, expresaba una situación económic~. importante: ~¡ peso que los capitales eclesiásticos tenian s?bre la r~~on y, por consiguiente, la reducción del margen de ganancia y las linutac10nes del uso pleno de la propiedad que implicaba 6 • Los factores negativos del endeudamiento se prese?taron jus~ente como consecuencia de las irregularidades en los ciclos comercial~ y productivos. Esta situación queda por demás clara cuan~o se analizan los contratos de préstamo entre 1800 y 1815 para la región d~ Puebla: los préstamos se piden para refaccionar "comercios" Yse hipotecan para ello propiedades agrícolas como ranchos y haciendas 7 • La ciudad de Puebla era el centro de una región que articulaba los espacios agrícolas de Cholula, Huejotzingo, Amozoc, San Juan de los Llanos, Tepeaca, Tehuacán y Atlixco. Era también el centro de una diócesis mucho más amplia (que incluía a los actuales estados de Tlaxcala Y gran parte de Veracruz). El hecho de que la ciudad de Puebla fuera capital de un centro económico de importancia a la vez que sede administrativa de la Iglesia, favoreció su fortalecimiento económico y espiritual. El resultado era que una quiebra en los circuitos mercantiles ocasionaba falta de pago en los sistemas crediticios. En estas circunstancias los efectos negativos del crédito eclesiástico se ponían claramente de manífiesto. Precisamente cuando España se involucró en guerras contra Francia e Inglaterra, y los circuitos mercantiles se vieron constantemente interrumpidos, las críticas a las deudas a favor del clero se intensificaron 8 • A fines del XVIII estaban plenamente establecidos once conventos de religiosas y, desde temprano, en la ciudad se habían fundado los conventos de hombres más importantes (franciscanos, dominicos 3 y agustinos) • Para entonces la riqueza eclesiástica era quizá el factor económico de mayor importancia en la región: diversas instituciones dependientes del clero tenían ya en sus manos casi el 500/o del valor de las casas de la ciudad, y las propiedades estaban en un gran número endeudadas en favor de capitales eclesiásticos 4 • Este fenómeno crediticio favoreció considerablemente las desigualdades de la distribución de capitales entre ciudad y campo, gravando a éste para financiar las actividades mercant_iles urbanas. :.~bién dificultó notoriamente la acumulación de capital y la adqms1c1on y uso pleno de la propiedad privada. Al estar gravada por gran parte de s~ valor y depender del crédito, la propiedad era ~ás vulne~able a los_ c!clos mercantiles y una insolvencia temporal pod1a traducirse en un JUJcio hipotecario y su eventual pérdida 9 • La atención que se le prestó a este fenómeno a nivel local se puede ver en el informe que redactó, en 1790, el indentente de Puebla, Manuel de Flon, sobre los capitales que se reconocían en la cercana jurisdiC<:ión de Cholula. Las 58 propiedades agrícolas que conformaban las haciendas y ranchos de Cholula reconocían hipotecas de más del 700/o del valor de la propiedad. Cabe señalar que 20 de estas propiedades se hallaban endeudadas entre el 90 y el 1000/o de su valor y sólo seis Además , pocos podían consolidar su fortuna compran~o inmuebles que no cargaran algún tipo de deudas. Por el contrano, parece que fueron muy frecuentes los remates de propiedades insolventes Y los cambios de propietarios de una hacienda o rancho durante u~ período de cincuenta años o más. Aunque el hecho de que las propiedades materializaran parte del valor y lo canalizaran en forma de p_réstamos a la actividad comercial y mercantil tuvo sus grandes ventaJas, el costo fue limitar la inversión a largo plazo y la consolidación de la ri- �108 Siglo XIX Cervantes 8 .: Iglesia y propiedad en Puebla (1810-1856) 109 queza con base en la propiedad privada de uso pleno. El problema crediticio se agravó en un grado extremo cuando apareció un nuevo factor: la demanda de crédito, creciente y coercitiva, del Estado borbónico'º. La situación que creó la posición de la Corona de exigir en préstamo forzoso el dinero que en créditos administraba el clero, mediante la ley de Consolidación de Vales Reales 11 , no sólo afectó al clero sino a los particulares que dependían o debían fondos eclesiásticos. Aunque no sin dificultades, la Iglesia y los particulares lograron, a través de la independencia, evadir la presión fiscal del Estado español. Lamentablemente se conoce muy poco sobre el crédito eclesiástico Ylas deudas a favor del clero durante la primera mitad del siglo XIX. La historiografía después de la independencia se ha centrado en la desamortización y nacionalización de los bienes del clero, dejando vacío el problema del crédito eclesiástico durante la primera mitad del siglo XIX. Esta situación a llevado a presuponer que el clero fue poco afectado hasta antes de 1856. Sin embargo hay varios indicios que muestran que no fue así y que, por el contrario, la Iglesia vio reducidos fuertemente sus ingresos. La guerra de independencia y los continuos enfrentamientos entre las facciones se valieron frecuentemente de fondos eclesiásticos en efectivo o en diezmo, recolectados para sostener las tropas 12 • Los particulares comenzaron a tomar nuevas actitudes con respecto a la Iglesia y los bienes eclesiásticos. Redujeron el pago del diezmo y comenzaron a ver las casas que rentaban como suyas 13• Es curioso señalar que no fueron hombres recién avecindados en la región poblana los que principalmente llevaron a cabo este proceso: fueron los hijos de las mismas familias coloniales, que en el siglo XIX adoptaron nuevas actitudes'4. Si bien es muy difícil detectar el pago de réditos y la redención de ~pitales eclesiásticos si no es a partir de registros internos de la Iglesia, los documentos notariales pueden darnos una idea de la nueva sit~ación. El nivel_ de préstamos otorgados por la Iglesia se redujo drásticamente a partir de la ley de Consolidación para no recuperarse después. Los préstamos forzosos para sostener la lucha contra los insurgentes,_! después las guerras políticas internas, explican en parte esta reducc1on. Pero el factor decisivo en la disminución de la capac~d~d de pré~tamo eclesiástico fue la actitud de los deudores de_no redimir lo_s capitales eclesiásticos y de ya no fundar más obras p1as y capellamas, tal como lo reconoció el mismo obispo poblano en 1847 1$ . Estas fundaciones piadosas, junto con las dotes de las ?1~njas, repre,!entaban la fuente de crédito y la causa de hipoteca mas importante . II. Gracias a algunos registros internos podemos ~~n~r una ide~ de 1~ actitud de los deudores frente a los capitales ecles1ast1cos: La s1tuac1~~ de los capitales de las capellanias y los conventos se denvaba de qmenes eran Jos deudores, de cómo estaban pagando sus ~eudas _Y d~ cu~ndo dejaron de hacerlo. El análisis de las cue!1tas de diversas mst1tuc1ones eclesiásticas nos servirá para tener una idea de este proceso. La Iglesia era de hecho un conjunt? d~ institucion~_con cierto ~ado de autonomía. La participación ecles1ást1ca en el crédito dependio d 1 7 conjunto de estas instituciones, por lo que haremos una breve recapitulación de ellas. Las deudas a favor del clero podían ser de capellanías, obras pías y aniversarios, en cuyo caso eran ad~nistrad~ por el Juzgad~ de <;a: pellanias, Testamentarias y Obras P1as; se pod1a d~~r también a m versiones O compromisos derivados de las dotes de religiosas de ~os conventos O a capitales propios, generalmente producto d: donac10!1es, Y también a capitales provenientes de cofradías, colegios, hospitales, etcétera. Las capellanias, obras pías y aniversarios, a las ~ue ref~r~remos como fundaciones piadosas, eran capitales que la Iglesia administraba a cambio de cumplir ciertas obligaciones esp~ituales que el f~ndad~r había designado. Podía tratarse del comproffilSo de celebrar c1e~o numero de misas por su alma, en cuyo caso gener~ente se d~1gnaba a un capellán para que con el rédito de la fundación (capellarua) seordenara; también podría darse el caso de que con los ~roductos de la donación se sostuviera una monja, un huérfano, o se diera 1~ dote para matrimonio a una mujer que tuviera las virtudes re~uendas pero que careciera de dinero (como en el caso ~e las obras p1as); o, finalmente, la Iglesia podía administrar los ~~•tales P.cl1:ª que C?n sus _rentas se sostuvieran los gastos de cierta festmdad religiosa (aniversarios). Las hipotecas debidas a estas fundaciones piadosas y a los capita- �110 Siglo XIX Cervantes B.: Iglesia y propiedad en Puebla (1810-1856) CUADRO 1 REDITOS PAGADOS A CAPELLANIAS VACANTES.1813-1850 Periodo 1813-1815 1832-1834 1836 1837-1842 1847 1849-1850 Ingreso promedio anual Rédito promedio mensual pagado por capellanla 8 388 pesos 23 436 44 448 29 938 17 748 28 740 165 pesos 288 313 532 230 527 Fuentes: A~chivo Histórico Diocesano de Puebla y Archivo del Convento de San Gerómmo de Puebla, cuentas de varios años !es de_los conventos constituyeron el grueso de los capitales del clero mvert1dos en la región poblana' 7• Debido a esto nos centraremos en las cue?tas de _algunas capellanías -principal fuente de crédito de las fundaciones piadosas- y en las de algunos conventos de mujeres. Por lo q~~ se refiere a las capellanías, hay varios cambios que llaman la atenc1on. Desde aproximadamente 1800 se comenzaron a detectar tres hechos que demuestran la crisis de estas fundaciones: se crearon_ cada ~ez meno~ ~pellanías_, obras pías y aniversarios; a pesar de los mcent1vos econorrucos, hubieron pocos interesados en reclamar el derecho ~e sucesión de la capellanía 18, originando un gran número de capellaruas vacantes; y los réditos de estas fundaciones comenzaron a deJar de ser pagados. El cuadro I muestra los ingresos promedio anuales que recolectó el Juzgado de Capellanías en Puebla por concepto de capellanías va~tes. El cua~ro muestra_ que los réditos pagados se redujeron notonamente en la epoca de la independencia (1813-1815) y durante la guerra del 47. Esto muestra que los ingresos de la Iglesia por réditos eran extremadam~nte sensibles a los disturbios políticos mayores. Por otra parte, el alto mgreso de 1836 probablemente se deba a la inflación pro- 111 vocada por la moneda de cobre y a la primera ley que intentó su retiro. Debe tenerse en cuenta que la administración de capellanías vacantes no permaneció pasiva ante el período de deterioro general de sus ingresos, ya que presionaba a los deudores para que pagaran puntualmente sus réditos. En el cuadro I se puede apreciar también el rédito pagado, en promedio mensual, por cada capellanía. El promedio creció de 165 pes_os mensuales por fundación en 1813-15 a 527 en 1849-50, lo que sug:1ere que la Iglesia intentó obligar a los deudores a que pagaran más, ~rob!bl~mente a causa de los réditos que tenían vencidos y que no hab1an liqmdado. Parece que, al menos para ciertos casos, la presión _q~e ejerció el ramo de capellanías vacantes sobre los deudores tuvo e~1~0. G~an parte de éste se debió a _la amenaz~ del ~oncurso. La adm1D1strac1ón de capellanías vacantes implemento medidas para que se pagaran los réditos atrasados. Un análisis pormenorizado de una cuenta nos permitirá comprender mejor las actitudes de los particulares ante el pago de réditos. El libro de 1832 recoge 196 casos de capellanías vacantes, es decir las fundaciones sobre las cuales la Iglesia estaba al pendiente de su cobro, o como se señalaba, de las que "se tenia conocimiento". En la contabilidad cada capellanía incluye dos datos: el número de anualidades que pagó y el que quedó debiendo. Con esta información a cada fundación se le puede asignar un par ordenado (x,y) donde x representa el número de años que pagó, en tanto y el número de anualidades que se deben. Por ejemplo, la capellanía que fundó Cristóbal Otamendi contaba con un capital de 600 pesos con un anual de réditos de 30; la reconocía Gertrudis Tello, que si bien a principios de 1832 debía dos anuales atrasados, en ese año liquidó su deuda corriente: de este modo la capellanía de Otamendi quedaría representada por el par ordenado (2, O). Había casos en que la Iglesia misma desconocía el número de anualidades que el deudor debía, sea porque eran muchas o porque no se sabía desde cuando había quedado vacante o cuánto dinero debía al pasado capellán. Para estos casos empleamos el símbolo«-» en lugar de la coordenada y. Una fundación que no pagara ningún anual ese año y cuya deuda se desconocía está representada por (O, -). El cuadro 2 representa cómo se distribuyeron las fundaciones piadosas vacantes de acuerdo a la relación de anuales pagados y debidos (x, y). �112 Siglo XIX Cervantes B.: Iglesia y propiedad en Puebla (1810-1856) los fundadores, y un número considerable debía más de un año de réditos. En contraste estaban quienes no debían nada (columna O) pero estos sólo representaron el 270/o del total; en general se trataba de personas que debían entre uno y tres anuales, pero liquidaron su deuda en ese año. Pocos fueron los casos que debían más de tres anuales y que saldaron sus deudas en un año. CUADR02 CAPELLANIAS VACANTF.S EN EL OBISPADO DE PUEBLA (anuales que pagaron en 1832 y los que debían) Anuales pagados Anuales X o 2 9 5 2 2 3 Vencidos Y 4 s 6-10 11-20 21-SO li t(U o 40 1 2 2 3 4 4 1 5 1 6-10 11-40 2 1 Sul>-total 1 51 31 6 10 2 2 1 1 53 13 3 3 1 9 2 1 1 3 16 1 4 6 1 1 5 95 49 17 18 1 6 1 12 Veamos quienes pagaron réditos en este año, independientemente si debían o no anuales atrasados. De los 101 casos que pagaron réditos, casi la mitad pagó un anual, en tanto que la otra mitad liquidó más de una anualidad. Este hecho confirma la presión de la Iglesia sobre los deudores, pero esto sólo ocurrió con un pequeño grupo de ellos: sólo el 270/o del total de capellanías vacantes registradas en la cuenta pagaron más de un anual. A pesar de sus esfuerzos, la Iglesia no pudo lograr que los deudores mayores, aquellos que debían más de tres anuales, pagaran réditos. La gran mayoría de este tipo de deudores no liquidó nada. 4 1 29 I 13 1 11 2 4 20 7 5 2 7 196 Otro hecho que llama la atención es que la Iglesia ignoraba el estado de las deudas del 260/o de las fundaciones vacantes. Para 1832 apenas comenzaba a hacer un recuento de la actitud negativa al pago de réditos y es probable que a eso se debiera tal situación. Entre estos casos estaban, por ejemplo, las deudas de Juan Azcárate que reconocía sobre su hacienda Xoxtla, camino a San Martín Texmelucan, con tres capellanías vacantes de 3 000 pesos cada una. El estado de sus deudas no fue aclarado sino hasta años después. La finca se declaró embargada y entró a concurso en 1840, año en que la compró Mariano Fernández Anaya. . El cuad~o debe leerse de la siguiente manera: a cada renglón se le asignó un numero de acuerdo a los anuales pagados, que va del valor Oa 11-40; cada renglón se halla subdividido en columnas de acuerdo a los anuales vencidos y no pagados, valores que van de «-» hasta 21-50 años. El cuadro 2 nos indica que hubo 95 casos en los que el deudor ~o pagó nada (suma de subtotal del renglón O). De estos casos la Iglesia i~orab~ la deuda de 40 (intersección "O" con «-» ), 9 debían una anuali,dad (mtersección "O", "1 "), 2 debían nueve años de rédito (O, 9), etcetera. Otros deudores de los que no se sabía la magnitud de su deuda y que no liquidaron, fueron el convento de Santo Domingo, cuyos bienes se secuestraron años después, la hacienda Juan Evangelista, que reconocía dos capellanías vacantes, la hacienda José Bautista, del presbítero José González Cruz y la hacienda Toltepec, propiedad de Dolores García. Hubo incluso dos casos en los que el administrador asentó en su cuaderno que "no se pudo averiguar el dueño de la fmca". Comencemos por los deudo_res que no pagaron nada (renglón O). E!1 total suman 95 casos, lo que mdica que casi la mitad de las capellaru~ vacantes nop~garon réditos en 1832. Para gran parte de estas fundaCiones la Iglesia mcluso desconocía cuántos anuales vencidos debían Entre la lista de deudores mayores figuran Sebastián Furlong, que debía poco más de cinco anuales sobre su hacienda San Bartolo y su rancho Santa Isabel; el concurso de Juan Pablo de Ureta, que debía ocho años de réditos; la hacienda Zopanaque de Josefa Bocarando de Ibarra, que adeudaba réditos desde 1814; y la testamentaría de José �114 Siglo XIX Cervantes B.: Iglesia y propiedad en Puebla (1810-/856) CTJADRO 3 ANUALIDADES PAGADAS Y VENCIDAS POR REDITOS DE CAPITALES CONVENTO DE SANTA INES, 1821-1833 I 15 Aunque se pueden enc~:mtrar otr_os casos sim~lares d<?n~e tuvo éxito el convenio con la Iglesia a camb10 de una qmta de red1tos -entre los que se encuentra el de la testamentaría de Ag~stín de Ovand~-, en 1832 se citan pocos ejemplos de deudores de mas de tres anualidades que hubiesen pagado a vacantes. Anuales pagados Anuales o 15 1 3 2 o 2 11 8 3 3 6 1 1 2 1 5 1 6-10 sub-total 8 5w IIXal 50 2 4 11-W 1-5 6-10 11-20 ~1-40 ~1-60 61-100 ~01-140 1 3 2 2 2 2 1 5 1 6 1 6 3 w 16 1 21 25 1 29 21-40 Vencidos 2 9 15 4 43 2 13 17 12 8 3 3 131 ~ntonio Núñez, qu~ no había pagado durante 33 años de una capellama v~cante reconocida sobre la hacienda Tlaxcolpa. Aunque se pueden citar casos de deudas atrasadas que se acumulaban desde varias d~cadas, com? 71 caso de una capellanía vacante de la que no se hab_,an pagado red1tos desde 1766, la distribución de las anualidades vencidas en el cuadro 2 sugiere que la deserción en el pago de réditos comenzó a generalizarse, cuando más, 20 años antes de 1832. Fueron pocos l?s casos sobre los cuales la Iglesia tuvo éxito en el p~go de d~udas ~ntigua~:. En 1832 sabía que sobre los bienes del presbitero Jose Mana Pardmas se reconocían a favor de vacantes nueve capellanías, atrasadas con seis anuales cada una. En 1835 se hizo un recuen_to d~ l~s deudas y se descubrió que en algunas de las capellanías s~ deb1an red1tos desde 1787. Para entonces el valor de los réditos vencidos, 24 751 ~esos, superaba en más del doble al monto de los principales. ~a Iglesia logr~ entonces entrar en un convenio con el deudor, perdonandole un terci~ de la ?euda ~ cambio de liquidar a plazos el resto. Para 1842 estos bienes solo debian 605 pesos de réditos antiguos. Estos resultados coinciden con el análisis de los capitales conventuales durante el mismo período. Veamos la relación de las anualidades pagadas con las no liquidadas en el caso del convento de Santa Inés (cuadro 3). El 38% de los deudores no pagaron absolutamente nada de réditos durante los trece años (suma del renglón O). Dentro de estos casos estaban varios concursos de bienes pendientes desde la época colonial, y otros cuyas deudas eran incluso desconoc~das po~ los administradores porque no se había hecho una cuenta satisfactona. De los deudores que tenemos datos podemos inferir que un buen número dejó de pagar réditos entre 11 y 60 años antes de 1833. Del 62% que pagaron réditos, la mayoría liquidó entre 6 y 20 años. Estas cifras no son muy altas porque la cuenta es de 13 años y, por consiguiente, debería representar otras tantas anualidades. Se podría considerar, sin embargo, a la mayoría de los que liquidaron réditos como buenos (o, al menos, regulares) pagadores ya que muchos estaban al corriente o debían entre uno y cinco anuales. Todavía los que llegaban a deber entre 11 y 20 años estaban al borde del alcance de la cuenta, porque la administración del convento les pudo cobrar algo. Eran sin duda deudores que estaban a punto de perderse en el umbr~ de las 20 anualidades, esos que estaban más allá de los cobros y casi era seguro que sus capitales estaban perdidos. También habría que con~iderar en esta categoría a aquellos deudores de los que el monasteno desconocía el número de anuales que habían dejado de pagar, ya que pocos de ellos pagaron algo durante los 13 años de la cuenta. En realidad, eran muy pocos los que estaban al corriente de sus pagos ya que sólo representaban 190Jo del total de deudores. III. Los datos que hemos analizado sugieren la existencia, hacia 1832, de tres tipos de deudores en relación a los capitales eclesiásticos: los que habían dejado de pagar sus réditos desde bacía más de 20 años -que representaban capitales prácticamente perdidos-, y entre ellos desta- �116 Siglo XIX caba un sector responsable de deudas muy antiguas contraídas sobre todo a partir de 1780; los deudores que comenzaron a atrasarse en el pago de los anuales desde la guerra de independencia y que tenían 20 años o menos de no pagar réditos, la mayoría de los cuales había liquidado algunos anuales vencidos; y por último el reducido número de personas que no debían nada a la administración conventual. Desde 1847 presenciamos dos hechos: un mayor número de deudores dejó de pagar réditos, y se incrementaron las anualidades vencidas. La presión que la Iglesia había ejercido sobre los deudores en la década de 1830 se había agotado. Hasta antes de 1847 la Iglesia había podido ejercer sus derechos sobre un número considerable de deudas atrasadas a través de muchos convenios notariales y de concursos de bienes. El incremento de acciones judiciales y demandas promovidas por la Iglesia fue extraordinario en la década de 1830 y principios de 1840. En efecto, varias fuentes atestiguan que entre 1827 y 1842 la sombra de los concursos cayó sobre un número considerable de propiedades. Más de un centenar de haciendas y casas entraron en juicio demandadas por la Iglesia, en lo que podría considerarse una verdadera amenaza a la propiedad de los deudores que se resistían a entrar en los convenios. A partir de 1847 la posibilidad de la Iglesia de hacer efectivos sus créditos disminuyó. Este límite se alcanzó porque no podían salir a remat~ con éxito un número indeterminado de propiedades y posiblemente debido a que la nueva situación que se vivió desde 1847 hizo que el sistema judicial estuviera más cerca de los deudores que de la Iglesia 19• Hubo varios factores que influyeron en la baja de los ingresos del clero p<>r co~cepto de pago de réditos. Se podría suponer que en primera mstanc1a fue una respuesta a la crisis económica que la mayoría de los productores de la región poblana resintió con la guerra de 20 Independencia • La petición de baja de réditos fue generalizada y los propietarios que intentaron obtener ciertas condonaciones las lograron sin muchas dificultades. · Pero lo decisivo en la primera mitad del siglo XIX fue un cambio en la actitud de los deudores. Se expresó tambien en las escasas donaciones a la Iglesia de capitales y de fundación de obras pías y capellanías. Este hecho estaba ligado sin duda a un cambio en las creencias religiosas y de las ideas sobre el papel social de la Iglesia. Cer~antes B.: Iglesia y propiedad en Puebla (1810-1856) 117 Pero también estaba vinculado a la presencia de un espíritu de lucro que buscaba apropiarse y consolidar una propiedad inmueble en uso y dominio pleno, valiéndose de cualquier forma para ello. Tal comportamiento fue resultado de cambios sociales que se protagonizaban en el siglo XIX: las leyes sobre desamortización y nacionalización de los bienes del clero sólo fueron la fase final. NOTAS 1. Este hecho se debió por el carácter acumulativo de las dotes de las religiosas y por ser en el siglo XVIII cuando se fundó el mayor número de capellanías y obras pías. Con respecto a los conventos véase Asunción Lavrín, "La riqueza de los conventos de monjas en la Nueva España: Estructura y evolución durante el siglo XVlll", en Cahiers des Ameriques Latines, 1973; "Problems and polices of Administration of Nunneries in México (1800.1835), Tbe Americas, 1971, XXVIII ( l ); y "Mexican Nunneries from 1835 to 1860: Their Administrative Polices and Relation with State", TbeAmericas, 1972, XXVIII (3), pp. 288-310. La administración del dinero dejado para las fundaciones piadosas ha sido analiz.ada por Míchael Costeloe, Cburcb Wea/tb in Mexico. A Study of the "Juzgado de capellanías" in tbe Arcbiobisbopric of Mexico, 1800-1856, Cambridge University Press, 1967. 2. Cf. Nancy Farris, Crown and Ciergy in Colonial Mexico. Tbe crisis of tbe Eclesiastical Privilege, Londres, University of London, 1978. 3. Una recapitulación de las fundaciones fue realizada por un cronista del siglo XVIII, Mariano Fernández de Echeverría y Veytia, en Histoiia de la fundación de la ciudad de la Puebla de los Angeles en la Nueva España, 2 vols. Puebla, ediciones Altiplano, 1962. 4. Cf. Rosal va Loreto López, "La distribución de la propiedad en la ciudad de Puebla en la década de 1830" en Memoria de la Investigaciones Universitarias de Urbanismo, Puebla, Universidad Autónoma de Puebla, 1982. Aunque este texto se refiere al siglo XIX, casi la totalidad de las propiedades eclesiásticas a fines del XVII estaban ya en manos de la Iglesia. S. AGN, Intendencias, Censo de Manuel de Flon sobre lo.s capitales que se reconocen en el partido de Cholula, 1790. 6. Un gran endeudamiento no sólo consume buena parte de las ganancias al tenerse que pagar los réditos. Las hipotecas, además, limitan el uso pleno de la propiedad: el bien no puede subdividirse, venderse o comprometerse sin consentimiento expreso de la parte acreedora, en este caso la Iglesia. Este hecho parece haber estado presente, aunque en diferente grado, en otras partes de la república. Véase el trabajo de Linda Greenow, Credit and Socioeconomic Cbange in colonial Mexico. Loans and Mortagages in Gua da/ajara. 1720-1820, Bolder, Colorado, Latín American Studies 12, 1983. 7. Durante el período ISQ0.1814 se otorgaron 275 préstamos en dinero en efectivo. Notariados en la ciudad de Puebla, en 130 de estos casos se hipotecaron propiedades agrícolas, en 116 casas y sólo en 29 comercios. Esto contrastaba con el objeto con �118 Siglo XIX el cual se pedía el préstamo, que en poco más de la mitad iba destinado al comercio. ".éase para un análisis detallado Francisco Javier Cervantes Bello "La Consolidación de los vales reales en Puebla. Crisis y desestructuración de un mercado regional de capitales, 1800-1814", Puebla, 1984, UAP, mimeo. 8. Debe decirse además que Bauer ha seilalado que no todo el crédito eclesiástico era producto de un préstamo y que de hecho muchas obligaciones hipotecarias eclesiásticas eran sólo compromisos de dar una renta fija al clero. Véase "Church in the Economy of Spanish American: Censos and Depósitos in 18th and 19th centuries" Hispanic American Historical Review, 1983, 63 (4). ' 9. Las relaciones entre comercio y agricultura y crédito han sido abordados parcialmente ~r John Kickza, Empresarios coloniales. Familias y negocios en la ciudad de MéXIco durante los Borbones, México, FCE, 1986; Richard Lindley Las haciend~ Y e~ ~esarrollo económico. Gua~alajara, México, en la época de la independencia,_ Me,aco, FCE, 1983; y por Ennque Florescano "Formación económica de la hacienda en la Nueva Espai!a", México, 1980, mimeo. 10. La guerra fue en gran parte responsable de sobre emisión de papel moneda demanda de crédito e inflación en Espaila. Cf. Earl Hamilton "Guerra e inflación en Espaila (1780-1800)" en El florecimiento del capitalismo. Ensayos de Historia Económica, Madrid, 1984, Alianza Universidad. Sobre las repercusiones en México véase Carlos Marichal "La bancarrota del imperio: la crisis financiera de la Nueva España, 1780-1808", México, Universidad Autónoma Metropolitana, Monografía V Centenario, Banco de Espaila. 11. S?bre la aplicación de la ley véase Brian Hamnett, "The Appropriation of the MeXlcan Church Wealth by Spanish Bourbon Government: the Consolidación de los Vales ~eales", Joumal of Latin American Studies, 1969; Asunción Lavrin, "The Execu_tion of th~ Law of Consolidación. Economics Aims and Results", Hispanic A.menean Histoncal Rev,ew, 1973, 53 (I); Francisco Javier Cervantes Bello "La Iglesia Y la ~risis del crédito colonial en Puebla (1800-1814)" en Leonor Ludlow y Carlos Mancha! (eds.), Banca y Poder en México (1800-1925), México, Grijalbo, 1986. 12. Al res_pecto véase Francisco Javier Cervantes Bello, "Los militares, la política fiscal Y !os ";lgresos de _la Iglesia en Puebla", ponencia presentada en el coloquio sobre H1stona de las Fmanzas en México, El Colegio de México, 1989, mimeo. 13. Sobre la actitu~ de es~ulació~ con respecto a las casas del clero en la ciudad de ~ebla en la pr?Dera nutad del siglo XIX véase Rosalva Loreto López, "Los inquilmos de la Iglesia. Problemas que enfrentó la propiedad urbana eclesiástica en Puebla! 182!-55", en Espacio y perfiles. Historia regional mexicana del siglo XIX, Puebla, Umvers1dad Autónoma de Puebla - Ayuntamiento de Puebla vol. t, 1990. 14. Cf., francisco Javier Cervantes, "El clero y la Iglesia en Puebla ante tos cambios d~I siglo XIX (1825-1833)" en Espacios y perfiles. Historia regional mexicana del siglo XIX. Vol. 1, Puebla, Universidad Autónoma de Puebla - Ayuntamiento de Puebla, 1990. 15. El Católico, 30 de enero de 1847, cit. por M. Costeloe, op. cit., p. 61. 16. Había ot!as corporaciones o instituciones respaldadas por el clero que llegaban a prestar dinero o a las cuales estaba asignada una renta o censo en forma de hipote- Cervantes B.: Iglesia y propiedad en Puebla (1810-1856) 119 ca. Se trataba de colegios, parroquias y cofradías, éstas últimas son características de organización más laicas que religiosas. Frente a los conventos y las fundaciones piadosas, el dinero o deudas de otras corporaciones clericales era menor. Cf. Archivo General de Notarías del Estado de Puebla, Protocolos 1800-1850, para la ciudad de Puebla. 17. Sobre los cálculos de las proporciones de la participación de cada uno de estos sectores puede tomarse como ejemplo el caso de Cholula donde, en 1790, el 75% de las hipotecas a favor del clero provenía de fundaciones piadosas, y el 24.2% de diversos conventos. Archivo General de la Nación, Intendencias, Censo de Pion. 18. El fundador de una capellania marcaba una linea de sucesión entre sus descendientes para que disfrutaran de las rentas del capital que dejaba a cuidado de la Iglesia, a cambio de que el capellán dijera o mandara a decir misas por la salvación de su alma. La condición para ser capellán era, además del parentesco con el fundador, tener vocación eclesiástica. Como consecuencia, gran número de fundaciones quedaron vacantes, hecho que coincide con la disminución de miembros del clero secular durante la primera mitad del siglo XIX. Cf. Eugene Muller, "The status of the clergy in the first half of 19th. century Mexico", Kansas, Kansas University Library, mimeo. 19. Puede verse al respecto el trabajo de M. Costeloe "Guadalupe Victorian anda Personal Loan from de Church in lndependent Mexico", The Americas, 1969, XXV (3). 20. Para el caso de la disminución de la producción agricola en San Martín Texmelucan y otras haciendas cercanas a la ciudad de Puebla puede verse Francisco Javier Cervantes, "La crisis agrícola y la guerra de Independencia en Puebla, 1800-1820", ponencia presentada en el seminario La Formación del Capitalismo en México, Oaxaca, 1989. �EL SIGLO XIX EN ECUADOR Poder Republicano y Protesta Indígena en la Provincia del Azuay Martha Moscoso * l. EL INDIGENA Y EL ESTADO REPUBLICANO Durante el siglo XIX, el indígena se encontró ubicado entre dos concepciones forjadas por los sectores que controlaban el poder político: la de individuo miserable, miembro de una "raza desgraciada" y "abyecta", digno de protección y cariño paternal, y la de ciudadano, con el goce de iguales derechos y obligaciones que la población blanca y mestiza. De acuerdo con la ideología en el poder, el indígena adquiría el estatuto de tributario o de ciudadano. Con el advenimiento de la era independiente, el indígena dejaría de pagar el impuesto conocido con el "degradante nombre de tributo" a que había estado sometido durante el régimen colonial. De vasallo de la Corona se convirtió en ciudadano 1• Sin embargo, la sola idea de cambio del estado indígena no fue suficiente para lograrlo. Las guerras de independencia habían costado mucho dinero a las cajas públicas y la supresión del tributo no ayudaba para su recuperación. Es así que, a los pocos años, el tributo volvería a estar vigente bajo una denominación menos "degradante": la Contribución Personal de Indígenas, que reaparecía con la justificación de que la condición del indígena se "ha empeorado i se han agravado sus necesidades" . También se manifestaba que los mismos indígenas solicitaban pagar dicho im2 puesto y quedar exentos de otras cargas fiscales • • Depan amento de Historia de la Universidad Católica de Quito y Universidad Central del Ecuador. �122 Siglo XIX En las ~rimeras décadas del siglo la economía del Departamento del Sur _sufna una v~rdadera contracción debido, sobre todo, a las guerras de independencia y a la guerra con el Perú. Cuenca se vió particular~ente afectada por esta situación al haberse convertido en el escen~~10 de algunas de las batallas. Los constantes requerimientos de prov1s10nes, tanto d~ eleme~t~ humano como de animales de carga y produc~os para. 1~ ah~entac1?n de las tropas, limitaban aún más la ya reducida part1c1pac1on del indígena y del campesino en el mercado de prod_uct?s. _P_or ~tra parte, el comercio que se realizaba con el Perú se red~Jo s1gnif1cat1vamente, sobre todo, por la vía del interior. La falta de c1~culante parece ser que fue un fenómeno importante como lo eviden:1an las constantes quejas de las autoridades provinciales en este sentido. Este fenó~~~o incidía directamente en el ingreso provincial puesto que las pos1b1hdades de cobrar la contribución disminuían. . La necesidad de_ contar con ingresos fijos dio lugar a que las autondades_ l?~ales contm~aran con la recaudación del tributo a pesar de su abohc1on. Para, el ano de 1826, su cobro se había suspendido únicament~ e? el C~nton Azogues. El principal ingreso de la provincia lo C?~stJt~1a el tnbuto, como lo manifestaba un memorándum de la mumc1pal1dad de Azogues: ha resu!tado que en este Cantón la única contribución de indígenas produc1a 7 OOOpesos en cada año y la contribución directa ¡ 000 es~os, Yde _aqu1 es que se conoce claramente que si con el ramo antedicho de tributos, acaso. no es suficiente para sostenerse Ja Repúbli~• me_nos sería Y de ningún modo afianzable con la sola contribución dlfecta 3• La disminución de_las rentas fiscales y provinciales inquietaba, sin embargo, a las autondade~ que buscaban los mecanismos más apropiados ~ar~ llenar este v~c10. En 1826 se pidió informes de la situación econ~rmc~, a l~s autondades locales Hegando a la conclusión que "la contnb~c1on directa no se paga por los dos tercios de los ciudadanos que habitan en este depa!1a~ento'' por lo que se resolvió ''que se establezca el d_erecho d~ ~ap1tac1_on ? razón de tres pesos por cabeza desde 18 a 50 (sm excepc1on de mngun varón)" 4. La capitación co~tit_uia un impuesto sustitutivo al tributo y abrió las puertas a la_~ontnbuc1ón Personal de Indígenas establecida en 1828. Para la adopc10n de esta medida se alegaba que la capitación es ,el m~ conforme ª.la voluntad de los pueblos y por consiguiente mas fácil su recaudación... es equitativo, porque a pesar de ser igual Moscoso: Republicanos y pro1es1a indíg ena en Ecuador 123 su cuota, es visto que los ciudadanos ricos no pagan por sus sirvientes, con cuyos fallecimientos ellos son los que pierden las sumas socorridas. Además, los ciudadanos de comodidad quedan sujetos a contribuciones extraordinarias y préstamos en los casos de guerra. Sobre todo el expresado impuesto influye directamente en la extinción de vagos y adelantamiento de la agricultura 5 • La necesidad de reactivar la producción y el mercado interno y, en consecuencia, la circulación de moneda, marcaba el pensamiento de las autoridades en estos años. En 1828, el gobernador de Cuenca manifestaba: .. .que los indígenas satisfagan un impuesto o una contribución personal, no solo es bueno y ventajoso al Estado sino a ellos mismos y a la agricultura. Esta no tiene otros brazos auxiliares ... que los de los indígenas y ellos no trabajan si no es obligados por el pago del impuesto. Sin él... se entregan al ocio y a los vicios .. . 6 • La Contribución Personal de Indígenas estuvo vigente hasta 1857, año de su abolición definitiva. Nuevamente el argumento esgrimido para justificar esta decisión tenía relación con el estatuto del indígena en la sociedad. Este impuesto era "bárbaro y antieconómico" pues pesaba "exclusivamente sobre una clase y la más infeliz de la sociedad". Con su supresión, los indígenas quedaban "igualados a los demás ecuatorianos en cuanto a los deberes y derechos" 7 • En los dos momentos señalados se utilizaron argumentos diferentes que contrastaban entre sí. Para los gobernantes de la década de los 50, autoproclamados liberales, no podía continuar vigente un sistema de organización social indígena considerado como anacrónico. El tributo o contribución de indígenas era una de las materializaciones más tangibles de la reducción del indígena a la condición de siervos, esclavizándolo e incitándolo a la vagancia y al alcoholismo 8 • Su supresión significaría, para el indígena, una oportunidad de integración a la sociedad blanco-mestiza en la que, como ciudadano, cumpliría los mismos deberes y tendría similares derechos que el resto de los ecuatorianos. La ideología liberal contaba con una base económica que posibilitaba la adopción de esta medida. En la década de los 50 el ingreso nacional se alimentaba de fuentes cuyos aportes eran más significativos que la contribución de indígenas, que presentaba una tendencia a la baja, tanto en términos absolutos como relativos. Uno de estos rubros era el de aduanas que, para ese año, representaba el 49% del ingreso total, mientras que el tributo representaba el 12.6% 9• �124 Siglo XIX . La rentabilidad ~ue tenía est~ rubro era diferente al nivel provincial. A pesar de las dificultades existentes para su recaudación, este impuesto representaba la fuente más importante de ingreso (el 47% del mgreso en 1852-1853)'0 • Al dejar de percibirlo, las rentas provinciales se e~contraron en una _situación deficitaria por lo que se tuvo que recurrir a rentas provementes de la aduana de Guayaquil. . Obviamente, la queja por parte de las autoridades locales no se h1~0 esp:~ar. El Gobernador de la provincia manifestaba que al suprimir esa gabela monstruosa" el gobierno ... no hizo todo lo que debía hacer para que fuera perfecta su obra porque no h~lló el re;mplazo que llenara el gran déficit que ha deja~ do en la hacienda pubhca la ley de abolición del tributo. Arrancar el m~I que aquejaba a la nación, pero arrancarlo sin la vida de ella ... abol~r ~na c?~trib~ci~n ominosa, mas la única capaz de sostener Ja adm1mstrac10n pubhca.. . es matar la administración en el interior. .. 11 A pesar de este malestar, la Contribución Personal de Indígenas no fue ~uesta nuevamente en vigencia. La administración regional tuvo que 1m~lementar nuevas fuentes de ingreso a fin de revitalizar su econom1a. La ab?}ición del tributo no significó sino el cambio en la forma de extracc!~n del exced_ente indígena, de dinero a trabajo, con la implementac1on del trabaJo obligatorio en las obras públicas a través de la cont~bución subsidiaria. Esto trajo ~onsigo mayores cambios y transforma~10nes e~ la sociedad ind!gen_a sin llegar a su desaparición como lo hab1an manifestado los part1danos de la abolición. El sistema indígen~ no resultaba ya anacrónico sino todo lo contrario funcional a los mtentos de modernización del país, sustentado, entr; otros aspec~os, e? ~a apert~ra de vías de comunicación. A pesar de los enunciados 1deolog1cos de igualdad, pregonados por la ley de abolición los indíg~?as se convirtier~n ~n la fuerza de trabajo disponible para ia realizac!on de las obras publicas y a un bajo costo, dado lo reducido del salano pagado. En definitiva, la condición de indígena o de ciudadano no alteraba el orden social establecido y el lugar que cada uno de los sectores ocupa~an en la so:iedad. Aún después de la revolución liberal de 1895, los md1genas contmuaban soportando el peso de la discriminación en razón de su origen étnico. Los indígenas de San Sebastián manifestaban, en 1897, que Moscoso: Republicanos y protesta indígena en Ecuador 125 ...al iniciarse la reforma liberal que preside el General Alfaro, se nos hizo creer a los infelices indígenas que íbamos a mejorar mucho de condición i que ibamos a ser ciudadanos como cualquiera, y a gozar de las prerrogativas, inmunidades, y garantías que la nueva Constitución establecería en favor de todos los ecuatorianos. Tal era nuestra creencia y en ella fundábamos halagueñas esperanzas (pero) en la parroquia a que pertenecemos nada ha ganado la clase indígena... pues ... continuamos sujetos a los más duros e irritantes vejámenes (...) hemos sido alistados y perentoriamente requeridos en nombre de la autoridad parroquial para el trabajo del camino que conduce a la ciudad de Guayaquil... 12 II. EXTRACCION DEL EXCEDENTE INDIGENA Como miembro de una "raza abyecta" o como " ciudadano", el indígena estuvo siempre en la base de la construcción de la república y de los intentos de modernización y progreso como mano de obra de bajo costo. Aunque liberado del cumplimiento de otras obligaciones (las milicias, el ejército, el pago de alcabalas, por ejemplo), la carga tributaria a la que estaba sometido era suficiente para que su aporte fuera más importante que el realizado por los demás sectores sociales. La contribución en dinero y, posteriormente, la contribución subsidiaria destinada a la ejecución de las obras públicas, reducían al indígena a la condición de generador de excedente en beneficio del Estado, la Iglesia y la Hacienda logrando, como contraparte, la transformación de la organización étnica y, en algunos casos, su disolución. Esta situación tuvo sus variantes en los períodos de vigencia de cada una de las contribuciones, en los cuales el indígena se vio envuelto en dinámicas diferentes así como también fue distinto el significado de cada uno de los mecanismos de extracción del excedente implementados por el Estado. a. La Contribución Personal de Indígenas La Contribución Personal estaba dirigida a la población indígena masculina comprendida entre los 18 y los 50 afios de edad, que formaba parte de los padrones de contribuyentes. Los indígenas menores y mayores a las edades establecidas eran considerados como "reservados", así como los "liciados o enfermos habituales hasta el extremo de no poder trabajar y ganar un salario" 13 • Los indígenas incluidos en esta categoría estaban exonerados del pago. Si un contribuyente moría antes de terminar el período de pago se cobraba su parte correspondiente a su familia. �126 Siglo XIX De igual manera se actuaba con aquellos que pasaban a ser reservados por enfermedad o por accidente 14 • En estos casos, la incapacidad para trabajar debía ser comprobada por dos médicos residentes en la capital de la provincia o en las cabeceras cantonales. Si esto no era posible, el recaudador de la contribución debía emitir un informe a petición del protector de indígenas. Si la incapacidad no era total, el indígena debía pagar la mitad de la cuota fijada 15 • Desde 1830 se exoneró, además, a los indígenas que servían al Estado en calidad de postas o guías 16 • En 1851 quedaron exonerados aquellos que se enrolaban voluntariamente en el ejército, los que seguían la carrera de Letras, durante el período de duración de los estudios y exoneración definitiva para quienes la concluyeran. También estaban exentos de por vida los indígenas que habían trabajado como maestros de letras por un lapso de seis años consecutivos, los hijos legítimos de padre blanco y de madre indígena (más no los ilegítimos, que debían seguir la condición de la madre). Esta ley incluía entre los exonerados a los indígenas propietarios de tierras cuyo valor sobrepasara los 1 000 pesos. En este caso, estaban obligados a pagar la contribución directa sobre el valor de la propiedad a la que estaban sujetos el resto de los propietarios 17. En 1854 la exoneración fue ampliada a los hijos legítimos de padre indígena y madre blanca. Asimismo, los "gobernadores de indígenas" y "caciques" auxiliares de la cobranza estaban libres de su pago mientras ejercían sus funciones, y podían estarlo de por vida si habían desempeñado este cargo por espacio de seis años 18 • Sin embargo, la ley no estaba clara en lo que se refiere al papel desempeñado por los miembros del Cabildo Pequeño (Alcaldes, Regidores y Alguaciles) como auxiliares, quienes se encontraban en una situación incierta respecto no sólo del pago sino de su condición en el espacio social. Pensamos que, al no mencionarse su caso específico, las autoridades indígenas debieron haber seguido su condición de indígenas y cancelar el impuesto. El sistema de exoneraciones resultaba en sí demasiado complejo y largo para ponerlo en práctica, dadas las exigencias y requisitos impuestos, y beneficiaba únicamente a un reducido número de indígenas. Sin embargo, ante la expectativa de lograr la liberación del tributo, las peticiones que llegaban ante las autoridades eran numerosas, aunque Moscoso: Republicanos y protesta indígena en Ecuador 127 no todos los peticionarios resultaran favorecidos. Quienes tenían mayores posibilidades eran los mestizos que lograban demostrar su origen español. Es interesante observar cómo dentro de la concepción "racista" de la organización del espacio republicano, las exoneraciones profundizaban la diferenciación existente entre blanco/ mestizos e indígenas, tanto a nivel social como étnico. El hecho de buscar una salida legal al pago del tributo debe haber producido un mayor distanciamiento entre mestizos e indígenas. La búsqueda de un origen español había impuesto a los primeros en una situación de rivindicación de lo blanco y de negación de lo indígena, contribuyendo, de este modo, al desarrollo de una conciencia racista que sería asumida, en algunos casos, por los mismos indígenas. Las demás exenciones podían funcionar pero era muy raro que un indígena estudiara letras o se alistara voluntariamente al ejército. En el caso de los enfermos era más factible, aunque el trámite era largo y molesto. Efectivamente, en la documentación que hemos revisado se encuentran numerosas peticiones de exoneración por edad avanzada y origen étnico y, en un menor número, por enfermedad. De todas maneras, el Colector del impuesto se encontraba frente a una mayor resistencia y negativa de los contribuyentes a pagar su cuota, aumentando así las dificultades que tenía para el cobro. Del mismo modo, la exoneración tendía a beneficiar a aquellos indígenas que gozaban de una mejor posición social y económica en tanto que propietarios de tierras. No es fácil conocer el número de indígenas que se encontraban en esta situación, aunque es posible pensar que, si bien era reducido, ese enunciado legal podía haber alentado el interés por la acumulación de tierras, propiciado durante todo el siglo por las leyes que favorecían la fragmentación de las tierras comunales y su privatización 19• De acuerdo con estas leyes, la propiedad privada de la tierra por parte de los indígenas les permitiría su integración a la sociedad al dejar de pertenecer a una forma de organización considerada anacrónica. En este proceso de venta y arrendamiento de la propiedad comunitaria tenían prioridad los indígenas pero, al mismo tiempo, se favorecía el acceso de blancos y mestizos en la comunidad en calidad de arrendatarios. �128 Siglo XIX Las autoridades locales se empeñaban en cumplir con este proyecto agrario. Aunque no conocemos el impacto real que tuvo ni sus resultados, parece ser que -si bien estimuló el interés indígena por la propiedad privada- en otros casos favoreció más bien el desarrollo de una fuerte resistencia en algunas comunidades. En 1822, el gobernador de Cuenca envió una Circular a las autoridades parroquiales con el fin de que hicieran efectivo el reparto de las tierras comunales. El Teniente de Sidcay respondió que él procuraría "hacerles comprender (a los indígenas) las miras benéficas del soberano congreso en la medida de tierras, y la gran diferencia que hay de una posesión precarea a una propiedad directa". Manifestaba también que la resistencia a la medición de las tierras se debía a que los indígenas tenían "por sistema venerar ciegamente las costumbres y establecimientos de sus mayores... " 20• El tributo se convirtió en un mecanismo clave para el ordenamiento del espacio social republicano, en el cual se ubicaba los ciudadanos con deberes y derechos específicos, los indígenas, obligados a pagar el tributo, y un sector intermedio conformado por indígenas y mestizos que buscaban salir de su condición étnica a través del mestizaje y de la exoneración del tributo y, por otro lado, por blancos, mestizos o indígenas que accedían a las tierras de comunidad en calidad de pequeños propietarios. De acuerdo con el decreto de 1828, la cantidad fijada como tributo era de 3 pesos 4 reales, pagadera en dos cuotas semestrales: el 30 de junio y el 31 de diciembre. En 1845 se la redujo a 3 pesos, que debían ser cancelados al terminar el año. En algunas ocasiones (1839, 1846 y 1847) se exigió el pago anticipado, empezando su recaudación en el mes de mayo. Este hecho dio lugar a numerosas protestas y dificultades para la recaudación. El pago de 3 pesos equivalía al salario percibido por 60 días de trabajo. Este dinero podían haberlo obtenido a través de su vinculación a diferentes actividades productivas o de intercambio. De acuerdÓ con los testimonios de la época, los campesinos e indígenas se convertían en jornaleros en las haciendas, trabajaban en la ciudad o en la recolección de la cascarilla. En otros casos se dedícaban a la producción artesanal en pequeña escala para venderla en el mercado o vendían parte de los productos agrícolas. Moscoso: Republicanos y protesta indígena en Ecuador 129 De todas maneras, para el campesino parcelario o para el indígena de comunidad, inscrito dentro de un proceso significativo de transformación, el pago de los 3 pesos podía resultar oneroso y, peor aún, si se le cobraba anticipadamente. El tributo se había ido transformando paulatinamente en un mecanismo personal (y ya no comunitario) de extracción del excedente por lo que, en épocas de baja producción o de escasez de fuentes de trabajo, y dada la presión para su pago, los contribuyentes veían como únicos recursos la fuga o el asilo en las haciendas en calidad de "conciertos". En los testimonios analizados no encontramos referencias a la conservación del pago del tributo a través de mecanismos colectivos, implementados por la comunidad. Tradicionalmente, el tributo había sido afrontado por la comunidad, aunque la tasación de los productos o de la cantidad de dinero que debían pagar, era personal. El monto reunido se entregaba al cacique, quien oficializaba el pago. En el siglo XIX, cada tributario pagaba su parte correspondiente a los colectores y autoridades encargados de la recaudación. Cada indígena recibía una carta de pago, la que tenía que ser presentada al año siguiente para la cancelación del impuesto del año. El cobro del tributo estaba a cargo de los recaudadores designados por el Gobierno, quienes debían dar una fianza equivalente a la cuarta parte del monto a recaudarse responsabilizándose, además, con sus bienes hasta por la cuarta parte de dicho valor. Este funcionario percibía una comisión del 6% (el 5% para él y el 1% para el Jefe Político del cantón)21 • En 1851 se le asignó el 12% del total recaudado22 • La presión ejercida sobre este funcionario para la recaudación del "entero" de la contribución (además de sus propias pretensiones) dio lugar a la implementación de una serie de mecanismos coercitivos respecto de las autoridades locales Gefes políticos y tenientes parroquiales) en base a un sistema de multas si no cumplían con sus obligaciones de auxiliares de la cobranza. Del mismo modo actuaban estos representantes del poder local respecto de las autoridades indígenas, sobre quienes recaía la tarea del cobro y sobre todo de la denuncia de los indígenas deudores. Los miembros del Cabildo recibían constantes amenazas de multas e incluso castigos corporales cuando no cumplían con la tarea encomendada. A pesar de las medidas adoptadas, la dificultad para recaudar el dinero era constante debido a la negativa y a la protesta de los indígenas. Se emitieron disposiciones de todo tipo para evitar la evasión de �l JO Siglo XIX su pago. En efecto, todo indígena que cambiaba de domicilio tenía la obligación de dar aviso al recaudador sobre este particular, de manera que su nombre fuese registrado en los padrones del cantón de su nuevo domicilio. Parece ser que la movilización de los indígenas era importante por lo que, en los 40, se impuso la obligación de obtener y presentar un pasaporte a las autoridades de la provincia a donde llegaban. Las haciendas se constituyeron también en escondite de los contribuyentes, quienes no constaban en los padrones formados con los indígenas conciertos. Los conciertos estaban exentos del pago directo debiendo hacerlo, en su lugar, el hacendado. Sin embargo, la cantidad erogada con este objeto era sumada a la deuda que tenían los conciertos con el patrón. En algunas ocasiones los hacendados se negaban a pagar la contribución de sus conciertos por lo que la represión recaía sobre los indígenas, quienes eran reducidos a prisión. En otros casos los hacendados proponían cancelar la deuda en productos. En 1838, las haciendas Susudel y la Cría (parroquia de Oña) de propiedad de José Miguel Valdivieso, adeudaban la cantidad de 600 pesos por concepto de contribución. El propietario propuso el pago en parvas de cebada. El Colector rechazó esta propuesta por ser un producto que implicaba problemas de comercialización por lo que se le aceptó el pago en animales. Asimismo se estableció un sistema de gratificación al Recaudador y al Gobernador de Indígenas que diera aviso de indígenas deudores. En 1836 se pagaba 4 reales por cada deudor23. En 1854 se aumentó la gratificación a I peso si el indígena adeudaba la contribución hasta por 3 años y, a partir del cuarto año se aumentaba 4 reales por cada año de deuda 24 • Este incremento trataba de conseguir los resultados positivos que no se habían logrado con la recompensa señalada anteriormente, según lo denunciaba el gobernador de la provincia en 183825 • El sistema de recaudación vigente daba lugar a que se cometieran abusos de todo género contra los indígenas. Se denunciaron malos tratos, castigos corporales, capturas arbitrarias de bienes y productos así como también encarcelamientos masivos. En 1840, el gobernador de la provincia manifestaba que las cárceles estaban "llenas de indígenas porque no pagan la única contribución de su clase"26 • La negativa a pagar la contribución, la evasión a través de la fuga Moscoso: Republicanos y protesta indígena en Ecuador /JI o la migración, la protesta abierta y la sublevación mantenían en constante preocupación a las autoridades y sobre todo a aquellas encargadas del cobro. Los colectores solicitaban frecuentemente el auxilio de la fuerza armada para realizar el cobro, negándose a hacerlo si no contaban con su apoyo. b. La Contribución Subsidiaria 27 Esta contribución, establecida por primera vez en 1825 y ,revitalizada luego de la supresión de la Contribución Personal de Ind1genas, estaba destinada a conseguir los fondos y, sobre todo, la mano de obra necesaria para la apertura de carrunos interprovinciales? v~~nales, para la composición y mejora de los ya existentes y la reabzac1on de otras obras de carácter público. Esta nueva modalidad de extracción de excedente en beneficio estatal y local surgió de la necesidad, cada ~ez más ~m~eriosa, de com~nicar eficientemente entre sí a las dos regiones pnnc1pales del espacio republicano. Los sectores serranos que controlaban)ª p~~ducción agrícola tenían muchas limitaciones para lograr la reahzac1on de los productos en el mercado interregional en razón del mal estado en el que se encontraban las pocas vías de comunicación existentes. A ~ivel local el consumo era reducido; los sectores indígenas y campesmos requ;rían de escasos productos del mercado, dadas l_as formas productivas propias con las que hacían frente a sus neces1d~des de rep_rod~cción. Las autoridades expusieron, en múltiples ocasiones, sus mqmetudes al respecto. En 1839 el Congreso expidió una nueva ley sobre la apertura Ycomposición de los caminos, considerando que "uno de los medios principales de favorecer el comercio y la agricultura" era "poner espeditas las vías de comunicación, abriendo caminos cómodos Y permanentes"28 • El gobernador del Azuay se expresaba en los mismos términos sobre la necesidad de componer el camino a Naranjal, vía de contacto con la costa. Manifestaba que "el mal estado ... en el que se halla perjudica al comercio y agricultura de esta provincia, llamada por recíproca conveniencia a estar en comunicación continua con Guayaquil. .. ' ' 29 • La situación de aislamiento de la provincia dio lugar a la expedi- �132 Siglo XIX ción de una serie de reglamentos específicos para la construcción del camino a Naranjal, por medio de los cuales se adjudicaban, para este fin, todos los fondos y recursos recaudados en la provincia por concepto de contribución subsidiaria. Esta se convirtió en la obra más importante y de mayor interés de la provincia, y en torno al cumplimiento de este objetivo se movilizó a la población indígena y a ciertos sectores blancos y mestizos comprendidos entre los 18 y 50 años de edad (en algunos períodos se extendió la edad a los 60 años). . La integración de todos los sectores sociales al trabajo público deJaba de lado el principio de separación racial que había sustentado la existencia del tributo indígena. Cada uno de los contribuyentes debía pagar el impuesto, en trabajo o en dinero, la suma equivalente al jornal de los días correspondientes a los señalados por la ley. En sus inicios, el tiempo establecido como obligatorio era de cuatro días al afio o el pago de 4 reales (posteriormente 6) equivalente al salario de 4 días. Para el camino de Naranjal se amplió la estadía a 15 días a fines de la década de los 40 y a 24 en 1874, únicamente de permanencia en la obra sin contar con los días empleados en el viaje30• Sin embargo, si se habían cumplido ya los turnos por parte de todos los empadronados no se esperaba el transcurso de un año para volverlos a notificar. Los trabajadores de las obras públicas recibían un salario de 1/2 real diario y posteriormente de un real y la alimentación que consistía sobre todo de mote y aguardiente. Ante la negativa propuesta de los indígenas y campesinos a concurrir al camino de Naranjal, el Concejo Municipal de Cuenca trató, en 1849, de incentivarlos ofreciendo un salario de 2 reales diarios más la alimentación, el concurso de un médico y la indemnización del viaje de ida y vuelta. Por otra parte, se trató de fomentar el aumento de la población en las zonas aledañas al carretero, favoreciendo la instalación de tambos y exonerando a los pobladores de las reclutas para el trabajo público y del pago de diezmos y primicias. La construcción del camino a Naranjal fue asignada a contratistas particulares a quienes se les concedían ciertos beneficios como el cobro del peaje por un tiempo determinado, el derecho de pontazgo, la concesión de tierras baldías, exoneración de la requisa de animales de carga, de carruajes, de herramientas, etcétera, para el servicio del Estado31 • Alrededor de la obra del "camino carretero" se había formado un sistema de mercado de víveres y aguardiente manejado por los sobres- Moscoso: Republicanos y protesta indígena en Ecuador 133 tantes, conductores y demás empleados públicos, quienes sacaban provecho del salario recibido por los jornaleros. Por medio de la Contribución Subsidiaria se trataba de involucrar en el trabajo en las obras públicas a un mayor número de personas, por lo que las exoneraciones que estuvieron vigentes en relación a la Contribución de Indígenas habían dejado de tener validez. Así, los mayores de 50 años y menores de 20, enfermos habituales y mujeres, debían cancelarlo siempre y cuando fueran propietarios de tierras32• Ante la imposibilidad de acudir al trabajo, debían hacerlo en dinero. De la misma manera que la Contribuición Personal de Indígenas, la Contribución Subsidiaria y, fundamentalmente, el trabajo en el camino de Naranjal se constituyeron en factores importantes para la organización social, así como para delimitar el tipo de relación que se establecía entre el indígena y las instancias de poder regional local y con la hacienda. El indígena volvía a ser asimilado a la condición de ciudadano, obligado a pagar la contribución subsidiaria en los mismos términos que el resto de contribuyentes blancos y mestizos. Aunque legalmente las disposiciones eran claras, nos queda la duda de que, en la práctica, éstos hubieran participado en el trabajo público en las mismas condiciones que los indígenas. En lo que se refiere a la provincia de Cuenca no encontramos evidencias de que se hubiera dado ya que, desgraciadamente, los padrones de contribuyentes no especificaban su origen étnico. Sin embargo, la posibilidad de pagar la contribución en dinero podría haber dado lugar a que blancos y aún mestizos pertenecientes a estratos acomodados e influyentes de la sociedad, tanto de la capital provincial como de los cantones y parroquias rurales, se hubieran acogido a esta disposición. De esta manera, la participación en el trabajo se habría reducido a los indígenas y campesinos mestizos y blancos empobrecidos. Existen algunas referencias a su participación en dichos trabajos, sobre todo en ciertas parroquias y en ciertos períodos en los que la mano de obra indígena parecía escasear. En 1867, el jefe político de Gualaceo se dirigía al Gobernador para comunicarle que la lista de inscritos... no asciende en todo el cantón sino a doscientos sesenta i tanto en la forma siguiente: en Gualaceo 136, contándose �134 Siglo XIX en este número los miembros de la Municipalidad i muchas personas notables del lugar, con más algunos artesanos utilisimos en la población ... 33 • El Cabildo Pequeño de Cochapata manifestaba que "como la lei de la carretera no dise que sean yndios solo los jornaleros desta parroquia remitemos blancos que viven travajando pa si, aunque no se arrienden pa terseros". Añadía que en dicha parroquia "jornaleros indios solo hay los del Cabildo Pequeño" 34 • Los indígenas de El Valle pedían al Gobernador la exención de prestar servicios públicos pues "nuestra clase es la única que se entiende en las obras públicas y en sostener las cargas del estado con la contribución y tributo ..." 35. Por ciertos testimonios podemos ver que los blancos eran asignados a funciones diferentes a las de peones, actuando como "comisionados" en la conducción de los trabajadores o como sus "guardias" en las cárceles parroquiales. Así en Sayausi se enviaron 30 peones a Naranjal para el transporte de un piano con el "auxilio" de algunos comisionados blancos36; y en Nabón, diez peones destinados al trabajo del camino de Cuyes fueron encarcelados bajo la vigilancia de ocho guardias blancos37 • Las mismas leyes que reglamentaban la contribución posibilitaban la evasión del trab&jo por parte de ciertos sectores sociales, al determinar que podían "concurrir a la composición de los caminos por sí o por medio de otros"38• Existen algunos casos en los que los propietarios enviaban a sus jornaleros en su lugar. Esta no parece haber sido, sin embargo, la regla general, sino más bien un mecanismo utilizado por hacendados poco influyentes que no podían ejercitar su poder sobre las autoridades locales o sobre los comisionados encargados de la recluta. El hacendado Felipe Ullauri se quejaba, en 1881, de que el teniente político de Cochapata había enviado a su mayordomo al trabajo de Guarumal a pesar de que había enviado ya cinco trabajadores para dichas obras39• La actitud más generalizada de los hacendados fue la de oponerse al reclutamiento y envío de los peones y conciertos de sus propiedades. A pesar de la exoneración de la que gozaban los conciertos, en los períodos de escasez de mano de obra la presión sobre el indígena y el Moscoso: Republicanos y protesta indígena en Ecuador 135 campesino se intensificaba hasta el grado de enrolar a los peones de las haciendas. En la disputa por el control del recurso humano y por la captación del excedente generado, los hacendados no sólo ocu~taban o libraban a los peones conciertos que habían sido reclutados smo que convertían las haciendas en lugares de refugio de los indígenas y campesinos empadronados. Los recaudadores y comisionados se quejaban con frecuencia de que "los patrones han liberado a sus conciertos" o que "hacen muchas amenazas a todos los mandones de bara" 40 • En algunas ocasiones podían llegar a un acuerdo como en el caso de los hacendados de Cañar que aceptaron contribuir con "la cuarta parte de peones para el Naranjal"41• O como en el caso de Quinjeo, en 1896, donde los hacendados preferían pagar la contribución por sus jornaleros antes de enviarlos al trabajo42 • En lo que se refiere a la recaudación, se había establecido no sólo un aparato burocrático para lograr su eficacia y para reclutar la mano de obra requerida para las obras públicas sino, además, un sistema de sanciones para castigar su incumplimiento. Estas iban desde las multas impuestas a las autoridades locales e indígenas que no cumplían con el abastecimiento de trabajadores hasta persecuciones y embargo de los bienes de los indígenas que no se presentaban a cumplir con la obligación impuesta. Los bienes embargados eran rematados (aunque no tenían acogida por parte de los indígenas, quienes manifestaban su rechazo negándose a adquirirlos). Parece ser que el sistema de remate se convirtió en un mecanismo de enriquecimiento y apropiación de tierras adoptado por los mestizos y los blancos del pueblo o la de las haciendas cercanas. La convocatoria para el trabajo la realizaban el Gobernador de indígenas y las autoridades que componían el Cabildo Pequeño quienes debían ayudar, además, al Teniente Parroquial y al Comisionado a reunir y llevar la gente hasta su destino. La notificación se realizaba personalmente o en las casas de los indígenas, y se entregaba, en algunos casos, una parte del jornal que habrían de percibir por su trabajo. Ante las amenazas de multa y prisión por parte del Teniente Parroquial, los miembros del Cabildo Pequeño manifestaban que no era su culpa " que los notificados dejen de concurrir a los trabajos forzados a que les llama " 43• En los períodos de escasez de mano de obra, ya sea por la negativa �136 Siglo XIX Moscoso: Republicanos y protesta indígena en Ecuador o rechazo, por la migración o por disminución de la población, eran reclutados los viejos, los nulos, los lisiados, las mujeres y los conciertos de las haciendas, que estaban tradicionalmente exonerados de cumplir con esta obligación. La presión ejercida por el gobernador para contar con la mano de obra necesaria para el camino de Naranjal daba lugar a una pugna constante entre esta instancia de poder y las autoridades locales quienes debían, además, ejecutar una serie de obras en beneficio de la parroquia y de la iglesia (construcción del templo, de escuelas, caminos, etcétera). Los indígenas "capturados" eran encerrados en la cárcel hasta el momento de ser conducidos a los trabajos. Existían también otros mecanismos para reclutar mano de obra como las leyes sobre ''vagancia", que recaían sobre aquellos considerados "vagos", "malcasados" o "malentretenidos". Podríamos citar algunos ejemplos de los niveles de exigencia de mano de obra. En 1850, el Concejo Municipal dispuso la apertura de un canal de agua para abastecimiento de la ciudad. Para su ejecución debían participar 500 indígenas por año, provenientes de las parroquias aledañas a Cuenca (San Bias, Sininclay y San Sebastián). En 1851 se exigió la participación de sesenta trabajadores diarios, es decir, alrededor de 1 700 por mes. Se incluyó además a las parroquias de Baños y San Roque. En 1856 esta obra estaba lejos de ser concluida y cada trabajador había cumplido con tres tumos al año. En el informe presentado por la Casa Ordóiiez y Hnos., contratista del camino de Naranjal, para el mes de octubre de 1866, consta la participación de 2 262 jornaleros asignados a diferentes tareas. Parece ser que, hasta mediados del siglo XIX, los Gobernadores de Indígenas recibían una remuneración por sus servicios al Estado, más no así los miembros del Cabildo Pequeño. En 1853, las autoridades de El Valle solicitaban al gobernador la exoneración de la Contribución Subsidiaria alegando que, al ser los encargados de ''alistar buscar y traer a los peones" y de "la recaudación de los fondos creados por las leyes del Camino de Naranjal y del trabajo subsidiario" no deberían pagarla. El gobernador ordenó que los colectores les pagasen los 6 reales solicitados del porcentaje (12%) que ellos recibían por la cobranza44• La abolición de la Contribución Subsidiaria en 1895 significó para la población indígena la posibilidad de reducción de los niveles de 45 137 sobreexplotación a los que había estado sometida a lo largo del XIX a pesar de que, en algunas zonas, las autoridades locales continuarían cometiendo abusos en pos de obtener un excedente que había sido tradicionalmente proporcionado por este sector social. 111. LA PROTESTA INDIGENA Durante el siglo XIX los indígenas actuaron de diversas formas frente a las políticas fiscales y a las exigencias gubernamentales. En ciertos momentos y en determinadas zonas aceptaron las imposiciones, a pesar del grado de explotación al que estaban sometidos negociando, únicamente, la forma de cumplirlas. La inconformidad y el descontento que manifestaban en ocasiones derivaba, más bien, del exceso de requerimientos o de los abusos cometidos en la aplicación de dichas medidas. En estos casos eran comunes la denuncia, la queja o la petición dirigidas a 1~ autoridades gubernamentales, cuyo objetivo era conseguir la reducetón de las cargas tributarias, el aplazamiento del cobro, la disminución de tareas o el logro de algún beneficio. A través de numerosos testimonios podemos ver que las cargas impuestas al indígena podían haber resultado intolerables y suficien~es para provocar sublevaciones y un rechazo total a todos estos mecarusmos de extracción del excedente. Sin embargo, vemos que no se planteaban como reivindicación la eliminación de las contribuciones sino que se las aceptaba como legítimas y se trataba de cumplirlas. La insatisfacción se daba por los excesos cometidos pero se volvía manifiesta a través de los mecanismos legales señalados y, casi siempre, por intermedio del Cabildo Pequeño. En una queja presentada por el Cabildo de Sinincay se puede apreciar que los comuneros habían pagado la contribución en dinero, acarreando madera para la construcción del hospital y de los puentes del Barrio Blanco y de El Vado, y habían trabajado en las obras de San Francisco cumpliendo cuatro tumos de trabajo en el transcurso de un año46• En ,Patamarca, la comunidad "se ocupaba de enero a enero" en los trabajos públicos y por ello no tenia . ..descanso alguno para destinarse a buscar la subsistencia de sus familias... pues ya trabajan por la Ley del camino de Naranjal, ya por trabajos subsidiarios, ya a merced de los Tenientes parroquiales, viéndose así sofocados y desesperados47• �138 Siglo XIX Mo~coso: Republicanos y protesta indígena en Ecuador En Sayausi, los indígenas habían sido reclutados por tres ocasiones diferentes para la construcción del canal destinado a conducir el agua 48 hasta Cuenca • El Teniente Político de Baños manifestaba que la jente de este pueblo, á trabajado desde el mes de enero y como ya s~ ha concluido la jente que debe trabajar en el Salado, espero saber s1 se puede hacer notificar principiando un nuebo turno ... en esta semana han acarriado también tres mil ladrillos con cuyo motivo los indios están bastante rebeldes porque no se les deja descansar ...49 Cuando se trataba del camino de Naranjal, los indígenas de comunidad aceptaban pagar la contribución en dinero, oponieéndose a participar en la obras. En 1897, los comuneros de San Juan manifestaban que " ... como !ndígenas sumisos nos hemos prestado, aún con perjuicio de nuestros mtereses á toda clase de trabajos de la parroquia a que pertenecemos' ' 50• ¿Qué es lo que determinaba la acción de los indígenas de ciertas comunidades, impidiendo el desarrollo de la protesta y la sublevación? Creemos que existen varios factores en la base de este hecho. Por un lado, el Estado era el propietario de una parte de las tierras en las que se asentaban las comunidades de indígenas. El uso de las tierras de "reversión" le concedía el derecho de exigir servicios y contribuciones a su favor, el mismo que era aceptado como legítimo por parte de los indígenas y sus autoridades. En 1849, el Gobernador de la provincia se dirigía al Teniente del Tambo para manifestarle que los indígenas que poseen terrenos comunarios deben prestar los servicios á que están obligados sin causa ni pretexto alguno... si se resistieren puede U. adjudicar dichos terrenos á otros indígenas que puedan desempeñar cumplidamente sus deberes ... 51 Por otra parte, el cumplimiento de las obligaciones tributarias liberaba a los indígenas de otras cargas como el pago de las alcabalas del imp_ues~o predial y, sobre todo, del reclutamiento para las rnili~ias y el eJerc1to. . Por último, y como factor más importante, estaba el hecho de la mtervención de la autoridad indígena como intermediaria entre el Es- 139 tado y la comunidad. El Cabildo Pequeño participaba en la recaudación de las contribuciones y en la notificación y recluta de los peones destinados a las obras públicas. Cumplía funciones administrativas en beneficio estatal pero, al mismo tiempo, realizaba tareas en beneficio de la comunidad, como el reparto de tierras, la organización de las actividades productivas y, sobre todo, las funciones de protección Y de administración de la justicia así como de representación de los indígenas ante las autoridades republicanas. Estas funciones permitían que el Cabildo gozara de la aceptación de la comunidad y de la influencia y poder necesarios para lograr de los indígenas el cumplimiento de las exigencias estatales. Su rol de mediador y protector convertía a la instancia de poder indígena en un elemento clave para lograr la aceptación y el consenso respecto de las políticas estatales. A pesar de que las acciones del Cabildo indígena tenían una eficacia muy limitada, y en muy pocas ocasiones obtuvieron resultados positivos para la comunidad, la población indígena veía en sus autoridades a los propiciadores de beneficios y seguridad. La seguridad que se daba entre las autoridades indígenas y la población comunera se sustentaba en la reciprocidad de bienes y servicios. Los indígenas aceptaban cumplir con las obligaciones tributarias, en dinero y en trabajo, en razón de la intervención del poder étnico. En el Cabildo se materializaba la concesión de los bienes y servicios recibidos por la comunidad. Sí las tierras de "reversión" pertenecían al Estado, era la autoridad indígena quien realizaba la entrega a la población. Los servicios y contribuciones que daban los indígenas a cambio, los entregaban a través de las autoridades. Si el Estado permitía ciertos canales de expresión y ciertos mecanismos de protección y de justicia, era el Cabildo quien los hacía accesibles a la comunidad. En retribución, y como un acto de reciprocidad, los indígenas aceptaban pagar la contribución y prestar sus servicios. Esta relación no se daba en los mismos términos en todas las comunidades. El impacto de los cambios y transformaciones que tenían lugar en las organizaciones étnicas recaía en una mayor magnitud sobre aquellas cuyas características facilitaban este proceso (fragmentación de la propiedad; erosión y mala calidad de los suelos; cercanía a los centros poblados y de mercado; proximidad a otros espacios productivos; proceso de mestizaje, etcétera). Las transformaciones afectaban también al sistema de poder étnico disminuyendo su capacidad de convocatoria y de persuasión de la población comunera. El Cabildo Pequeño, debilitado y sin consenso, no tenía el poder necesario para �140 Siglo XIX Moscoso: Republicanos y protesta indígena en Ecuador 141 manejar el descontento de la población y canalizarlo hacia la legalidad. tribución subsidiaria- en trabajo. El conflicto estallaba produciéndose levantamiento en contra del sistema de contribuciones y de las autoridades encargadas del cobro. Una de las regiones más propensas a la sublevación (y en la mayoría de los casos armada) fue la región de Azogues, escenario de múltiples conflictos entre 1849 y 1862. Estos levantamientos armados surgieron, en su mayoría, por los abusos cometidos en el cobro de las contribuciones, pero se propusieron siempre su eliminación. Dado el nivel de organización y de violencia, las autoridades regionales tuvieron que suspender su recaudación y la recluta de trabajadores en numerosas ocasiones. Los "cabecillas" eran reducidos a prisión luego de la intervención y represión del ejército52 • De acuerdo con el contrato, el indígena se comprometía "libremente" a contribuir con "puro y efectivo trabajo" en beneficio de la hacienda, a cambio de un salario mensual que podía fluctuar entre 2 y 10 pesos mensuales, y en algunos casos sin salario, sino sólo en especie. En este caso, el Cabildo Pequeño y el Gobernador de Indígenas demostraron su falta de poder cuando, luego del levantamiento de 1867, pedían al gobernador de la provincia que conservara "encarcelados en aquella parroquia varios indígenas que pertenecieron al motín de Guapán y que han sido aprehendidos"53• Los indígenas de comunidad que estaban sujetos a una organización y autoridad política más rígidas, y que parecían no tener otra alternativa que cumplir con sus obligaciones, recurrían, sin embargo, a otro tipo de mecanismos que permitía evadirlas. Para ellos se presentaba como salida el concertarse en las haciendas, la migración o simplemente la fuga. Parece ser que, en la provincia del Azuay, el sistema de concertaje "voluntario" era muy importante. Aunque no contarnos con un registro completo de los "contratos" de concertaje notariados (muchos eran verbales), los testimonios de la época permiten darnos cuenta de la magnitud de este fenómeno. Desde muchas de las parroquias rurales llegaban comunicaciones dirigidas al Gobernador y firmadas por las autoridades locales manifestando que los indígenas se "asilaban" en las haciendas. En 1866, desde Santa Rosa se decía que "no hay peones disponibles porque se han concertado"54 • El Teniente Político de Cochapata escribía que "muchas personas han abandonado sus hogares, plegando algunas de las haciendas inmediatas .. .''ss. Este tipo de concertaje conocido como "voluntario" era resultado de la coerción ejercida sobre la población rural para el cumplimiento de sus deberes tributarios, ya sea en dinero, como en el período de vigencia del tributo, o -con una mayor fuerza en el período de la con- El nuevo concierto se comprometía no sólo con su persona sino también con sus bienes, sobre todo, sus tierras, hipotecándolas en favor del propietario. El ingreso del nuevo concierto en las haciendas se sustentaba en su endeudamiento respecto del patrón, ya fuera por una deuda contraída con anterioridad o en el momento del contrato. En los documentos que hemos recopilado podemos ver que el tiempo de trabajo establecido iba de uno a seis años. Cuando la deuda era anterior, no se establecía el tiempo de trabajo sino únicamente el salario. De esta manera el concierto tenía que permanecer en la hacienda hasta cancelar la totalidad de la deuda. En el caso del contrato firmado por José y José María Monge a favor de José Miguel Ordóñez, la deuda del primero ascendía a 260 pesos sencillos y del segundo a 215. Se comprometían a trabajar. en calidad de albañiles, con un salario de 3 reales el primero y 2 1/2 el segundo, más el alimento diario. De esta manera, su compromiso debía durar alrededor de 2 años y medio para el primero y de 2 años 4 meses para el segundoS6. En todos los casos, el valor del terreno hipotecado superaba al de la deuda del concierto por lo que, en caso de incumplimiento o muerte, el hacendado obtenía grandes beneficios al adjudicarse para sí estas propiedades. Por otra parte, la deuda contraída por el concierto superaba o era equivalente al valor que habría percibido durante el tiempo de compromiso. El contrato establecía, además, una serie de imposiciones como aquellas de no ausentarse de la hacienda sin permiso; en caso de faltar al trabajo, pagar una multa cuyo valor fuera el doble del jornal diario; presentar un "fiador" que se comprometiera a cumplir con las obligaciones del concierto en caso de ausencia o incumplimiento; o hipotecando también sus tierras en favor del hacendado. A manera de ejemplo podríamos mencionar algunos de estos contratos. En 1890, Francisco Pumacuri estableció un compromiso con Ezequiel Ugalde para trabajar en la hacienda de Sanaquin (Molleturo) por 3 años, con una remuneración de 60 pesos anuales. Ugalde le adelantó 160 pesos, es decir casi la totalidad del salario de los 3 años57 • �142 Siglo XIX De la misma manera, Urbano Cando y Domingo Tuquiñagui se comprometieron con el Coronel Antonio Vega Muñoz, por un año, con un salario de 2 pesos y medio mensuales cada uno, para lo cual recibieron como anticipo la totalidad del salario de ese año58 • En una de las situaciones más extremas que hemos registrado, Bartolomé Illezcas, se comprometió con Tomaza Albarracín, por 4 años, con un salario de 20 pesos sencillos por año (es decir, 1.6 pesos mensuales). La propietaria le adelantó la cantidad de 120 pesos. De esta forma, su compromiso iba más allá del tiempo establecido, prolongándose a 6 años59• Las tareas a las que se comprometían los conciertos eran de diverso tipo. Podían dedicarse a actividades agrícolas, cuidado de ganado y en calidad de albañiles o mayorales. A veces no se especificaba el tipo de trabajo al que se dedicarían comprometiéndose simplemente a "prestar toda clase de servicios a que están sujetos los peones conciertos en este lugar"6(). Desde el punto de vista de la hacienda, este mecanismo de evasión de las obras públicas representaba la posibilidad de aprovisionamiento de mano de obra a bajo costo y con condiciones ventajosas para ella y, además, la ocasión de ejercer un control sobre una mayor extensión de tierras o un mayor número de parcelas dispersas. Dado el tipo de información que nos ofrecen los documentos existentes en los archivos, es difícil desentrañar cual era la lógica que movía a los indígenas y campesinos a concertarse con un hacendado en las condiciones analizadas. Es cierto que una causa fundamental era la evasión del trabajo en las obras públicas. Sin embargo, el hecho de salir de su comunidad, de su medio, para trabajar en la hacienda le implicaba quizás más cambios que la ausencia temporal para cumplir con sus obligaciones tributarias. Es probable que el dinero recibido en calidad de "adelanto" (cuando no se trataba de una deuda contraída anteriormente) lo hubieran invertido en bienes (tierras, animales, objetos de lanza, etcétera) que habría posibilitado la inserción del indígena y campesino dentro del proceso de autonomización que se ponia en marcha gracias a la apropiación de una parcela y a la gestión productiva propia. Es interesante ver cómo, en ciertos casos, se daba un acuerdo entre los hacendados y las autoridades locales respecto de la provisión de conciertos a las haciendas, sobre todo en zonas donde, al parecer, no existía una gran disponibilidad de mano de obra. Tal era el caso de Turi, en donde el Teniente Político, que además era un indígena, Moscoso: Republicanos y protesta indígena en Ecuador 143 pactaba con los hacendados para proporcionarles conciertos. Los dos casos señalados nos permiten suponer que nos encontramos frente a dos alternativas de reproducción en zonas diferentes. La disponibilidad de mano de obra, así como también las posibilidades de controlar la producción y de crear las condiciones apropiadas para la reproducción de la familia indígena y campesina sin necesidad de recurrir al trabajo en la hacienda, eran diferentes. En Turi los indígenas pagaban para evitar el concertaje y en otras parroquias se concertaban voluntariamente para evadir las contribuciones. La interpretación tradicional de que los hacendados y las autoridades locales eran representantes de los mismos intereses puede ser, si no cuestionada, por lo menos matizada. En efecto, al interior del sector terrateniente existían grupos familiares cuyo origen social, o las alianzas establecidas entre ellos, les permitía desplegar una influencia capaz de mantener el control del aparato administrativo y político. En estos casos, los comisionados de las obras públicas no intervenían en sus propiedades o lo hacían en muy raras ocasiones. De otro lado se encontraba un sector de propietarios que no gozaba de un lugar privilegiado en la esfera social, y que era el más afectado con las reclutas de peones. En lo que se refiere a la migración, parece que fue un fenómeno que adquirió importancia durante el siglo XIX, constituyéndose en un mecanismo no sólo de evasión de la contribución subsidiaria sino, también, de complemento de la producción y de los ingresos obtenidos en la parroquia de origen. De acuerdo con los testimonios, podemos ver que la salida hacia diferentes espacios productivos era importante, sobre todo para sectores compesinos (tal vez mestizos). Parece que los indígenas de comunidad no migraban o, por lo menos, no en la misma proporción. Lá salida de los campesinos y sectores de mestizos afectaba al comunero, puesto que la carga tributaria recaía con más fuerza sobre sus hombros. Así, desde Paccha, el Teniente Político comunicaba que "casi toda la población capaz para el trabajo, se ha concentrado con dirección a las montañas de Santa Rita, para trabajar en ellas, ya estrayendo cascarillas o contribuyendo directa o indirectamente en ese negocio comprometidos con los empresarios de ese artículo " 61 • Desde J ima se decía que la gente se encontraba en la montaña de Cuyes, sembrando 30 arrobas de caña de azúcar y "otras plantas útiles" para subvenir a las necesidades de los habitantes de la parroquia62• Y de Pucará se comu- �144 Siglo XIX nicaba que ''casi la media parte de ellos (los habitantes) han emigrado a las montafias de Balau al trabajo del caucho... " 63• En Cochapata, "muchas personas han abandonado sus hogares ... retirándose hasta Loja y Machala ... En la actualidad, muy especialmente desde enero, salen a buscar subsistencia en los pueblos del Sigsig, Jima hasta Gualaceo porque nada tienen aquí... " 64. También existían numerosas quejas y denuncias de los colectores y comisionados sobre la fuga de los contribuyentes indígenas. Huían de sus casas durante la noche, de la cárcel cuando eran "capturados", o de las obras públicas, sobre todo del camino a Naranjal. El sistema de contribuciones, enmarcado en los intentos de modernización del país y de construcción de las vías de comunicación y nuevas rutas de comercio, llevó a que la organización indígena sufriera muchos cambios debido a la movilidad obligada de sus miembros por el sistema de contribuciones. Sobre todo, cuando se dio el paso del pago en dinero a trabajo. FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS Moscoso: Republicanos y protesta indígena en Ecuador 145 NOTAS l. Ley del 4 de octubre de 1821. 2. Decreto del 15 de octubre de 1828. 3. ANH/ C, Gob. Adm. Exp. 1117, Memorándum de la Municipalidad de Azogues, 24 de octubre de 1826. 4. ANH/ C, Gob. Adm. Exp. 1117, Informe de la Comisión formada por el Libertador para examinar los 10 artículos del memorándum, 3 de noviembre de 1826. 5. /bid. 6. ANH/ C, Gob. Adm. L. 18, Comunicación del Gobernador al Ministro del Interior, 22 de octubre de 1828. 7. Decreto del 21 de octubre de 1857. 8. Memoria del Ministro de Hacienda, Francisco Pablo !caza, 1857, Quito. 9. Rodríguez, Linda A., "Ecuador's national development government finances and the search for public policy, 1830-1940" Tesis PHD, Univ. de California, 1981. pp. 96-101. Mark Van Aken, en su artículo "La lenta expiración del tributo indígena en el Ecuador", Cultura ( 16), nos presenta datos un poco diferentes. En 1857, el tributo representaba el 8. 5% del Ingreso Nacional (p.68). 10. Informe del Ministro de Hacienda, 1852-1853. • Archivo Nacional de Historia, Sección del Azuay (ANH/C). Fondos: Gobierno Administración. 11. ANH/ C, F. Gob. Adm. L. 73, Comunicación del Gobernador de Cuenca al Ministro del Interior, 4 de agosto de 1858. • Archivo Nacional de Historia, Quito (ANH/Q). Fondos: Libros Copiadores; Indígenas; Tierras. 12. ANH/ C, Gob. Adm. Leg. 1287, Comunicación de los indígenas de San Sebastián al Gobernador, 20 de febrero de 1897. • Archivo del Palacio Legislativo (APL). Fondos: Informes y Mensajes; Legislación. 13. Decreto del 15 de octubre de 1828. • Hemeroteca Alfonso Andrade Chiriboga, Banco Central del Ecuador, Cuenca. 14. Resolución del Ministro de Hacienda del 12 de noviembre de 1839. 15. Ley del 3 de juni~de 1851. 16. Circular del 25 de mayo de 1830. 17. Ley de Contribución del 23 de noviembre de 1854. 18. Ley del 23 de noviembre de 1854. 19. Ley del 4 de octubre de 1821; decreto del 16 de enero de 1833; decreto del Jo. de junio de 1843; leyes del 23 de noviembre de 1854, del 25 de septiembre de 1865 y del 26 de noviembre de 1867. 20. ANH/C, Gob. Adm. Exp. 453, Comunicación del Teniente Político de Sidcay al �/46 Siglo XIX Gobernador, 7 de noviembre de 1822. 21. Decreto del 15 de octubre de 1828. 22. Ley del 3 de junio de 1851. 23. Circular del Ministro de Hacienda, 16 de mayo de 1836. 24. Ley del 23 de noviembre de 1854. 25. ANH/ C, Gob. Adm. Exp. 1070, Comunicación del Gobernador al Ministro de Hacienda, 26-V-1838. 26. ANH/ C, Gob. Adm. L. 29, Comunicación del Gobernador al Ministro de Hacienda, 12-VIII-1840. 27. Ley del 11 de abril de 1825. 28. Ley del 27 de marzo de 1839. 29. ANH/ C, Gob. Adro. Exp. 1161 , Bando del Gobernador, Antonio Martínez P., 30 de julio de 1841. 30. Ley del 11 de abril de 1825, resolución del Concejo Municipal de Cuenca, 20 de OC· tubre de 1849 y reglamento del 3 de marzo de 1864. 31. Decreto del 8 de abril de 1837. 32. ANH/ C, Gob. Adm. Exp. 1161, Bando del Gobernador Antonio Martínez Pallares. 33. ANH/ C, Gob. Adro. C. 23. 173, Comunicación del Jefe Político de Gualaceo al Gobernador, lo. de noviembre de 1867. 34. [bid C. 38-228, Comunicación del Cabildo Pequeño de Cochapata, junio de 1881. 35. ANH/ C, Gob. Adm. Exp. 1144, Comunicación de los indígenas de El Valle al Gobernador, 4 de noviembre de 1856. 36. ANH/ C, Gob. Adro. C. 36-581, Del Cabildo Pequeño al Gobernador, s/ f. 37. ANH/ C, Gob. Adro . C. 38-359, Nabón, 1-21-1896. 38. Bando del Gobernador Vicente González, 31 de enero de 1841. 39. ANH/ C, Gob. Adm. C.38-241, Comunicación de F. UUauri al Gobernador, 26 de julio de 1881. 40. ANH/ C, Gob. Adro. C. 34-224, Exp. 1060. 41. ANH/ C, Gob. Adro. L. 107, 1869. 42. ANH/ C, Gob. Adro. C.38-358, Comunicación del Juez Parroquial 2 al Gobernador, 20 de enero de 1896. Moscoso: Republicanos y protesta indígena en Ecuador 147 43. ANH/ C, Gob. Adm. C.34-531, Comunicación del Cabildo Pequeño de El Valle al Gobernador, noviembre de 1858. 44. ANH/ C, Gob. Adm. Exp. 1143, Comunicación del Cabildo Pequeño de El Valle al Gobernador, 26 de agosto de 1853. 45. Ley del 18 de agosto de 1895. 46. ANH/ C, Gob. Adm. C.52.060, Comunicación del Cabildo Pequeño al Gobernador, 8 de julio de 1853. 47. ANH/ C, Gob. Adm. C.52.041, Comunicación del Cabildo Pequeño de Patamarca al Gobernador, 10 de mayo de 1853. 48. ANH/ C, Gob. Adm. Exp. 1144, Comunicación del Cabildo Pequeño de Sayausi al Gobernador, 9 de mayo de 1856. 49. ANH/ C, Gob. Adm. Comunicación del Teniente Político de Baños al Gobernador, 2 de agosto de 1890. 50. ANH/ C, Gob. Adm. C.10.315, Comunicación de los indígenas de San Antonio de Pirca, parroquia de San Juan, al Gobernador de la provincia, 1897. 51. ANH/ C, Gob. Adm. C.20.290, Comunicación del Gobernador al Teniente lo. del Tambo, 27 de junio de 1849. 52. En 1849 se levantaron los indígenas de Azogues, Chuquipata y Cojitambo en oposición al cobro de la contribución subsidiaria. En 1853, en Chuquipata, en contra de los diezmos. En 1855, en Porotos y Cojitambo en contra de la contribución personal de indígenas. En 1856, en Azogues y Guapán, en contra de la Contribución Subsidiaria y en Biblian, en contra del diezmo, la primicia y la contribución de indígenas. En 1862 en Azogues, Chuquipata, Cojitambo y Guapán en contra de la contri• bución subsidiaria (ANH/ C, Gob. Hda. C.52.048 y Gob. Adm. cc.31.167 y 30.190. Ls.68, 83 y 85). 53. ANH/ C, Gob. Adro. L. 83, Comunicación del Gobernador al Ministro del Interior, 23 de abril de 1862. 54. ANH/ C, Gob. Adro. C.34.224, 5 de octubre de 1886. 55. ANH/ C, Gob. Adm. C.10.958, Comunicación del Teniente Político al Gobernador, 27 de abril de 1890. 56. ANH/ C, Notaria 1, contrato de trabajo, 22 de mayo de 1890. 57. ANH/ C , Notaria la., contrato de trabajo, 12 de diciembre de 1890. 58. /bid 18 de octubre de 1890. 59. ANH/ C, Notaria la., contrato de trabajo, 15 de octubre de 1890. 60. /bid. �148 Siglo XIX 61. ANH/C, Gob. Adm. C.38.209, Comunicación del Teniente Político de Paccha al Gobernador, 23 de abril de 1881. 62. ANH/C, Gob. Adm. C.38.229, Comunicación del Teniente Político de Jima al Gobbernador, 27 de junio de 1881. UNA COMPARACION La Expropiación de los Bienes de la Iglesia en México y Colombia 63. ANH/C, Gob. Adm. C.38.213, Comunicación del Teniente Político de Pucará al Gobernador, 23 de marzo de 1881. 64. ANH/C, Gob. Adm. C.10.958, Comunicación del Teniente Político al Gobernador, 27 de abril de 1890. Robert Knowlton * Una de las principales fuentes de conflicto entre liberales y conservadores en el siglo XIX en Latinoamérica, era la controversia entre la Iglesia y el Estado y la posición de la Iglesia en los estados recientemente independizados 1• Con frecuencia estos temas ocasionaron violencia, derramamientos de sangre y largos períodos de inestabilidad, mientras los conservadores, defensores de una Iglesia privilegiada, debatían con los liberales reformadores que intentaban poner en práctica sus ideas. Este era el caso de Colombia y México cuando el liberalismo llegó a su apogeo a mediados del siglo XIX. En ambos países hubo muchos afios de conflicto entre los conservadores, que en general eran proclericales y patrocinaban las ideas centralistas respecto al gobierno, y los liberales que eran anti-clericales y favorecían el federalismo. Los liberales también creían en la igualdad legal, la inviolabilidad de la propiedad privada, el individualismo, el laissez-faire y la necesidad de limitar a la Iglesia a un papel puramente espiritual en la sociedad. • University of Wisconsin-Stevens-Poiots (USA). Incluido previamente en Jesús A. Bejarano (ed.), El siglo XIX en Colombia visto por historiadores noneamericanos, Bogotá, La Carreta, 1977. �150 Siglo XIX Aunque los liberales en ambos países lograron el poder nacional antes de la década de 1850, la Constitución mexicana de 1857 y la Constitución colombiana de Rionegro de 1863 simbolizaron la victoria de los liberales y consagraron sus principios; durante añ.os esas constituciones le proporcionaron a los liberales el punto de referencia contra la oposición. Las constituciones mexicana y colombiana establecían una forma de gobierno federal y enfatizaban la autoridad del legislativo sobre la rama ejecutiva del gobierno 2 • Sin embargo el documento colombiano era más extremado en los derechos de sus estados; de hecho creó "pequeñ.as repúblicas". Ambas eran anti-clericales, pero de nuevo la Constitución de Rionegro iba más allá: fue el resultado del trabajo del partido liberal victorioso militarmente, dirigido por Tomás Cipriano de Mosquera, sin que estuvieran involucrados los conservadores derrotados. En México," aunque los liberales redactaron el documento, la fracción moderada que incluía al presidente provisional Ignacio Comonfort, suavizó algunas de las peticiones de los radicales, por lo cual la Constitución representó un compromiso. Así, la libertad religiosa que se incorporó en la Constitución colombiana, no se proclamó en México hasta diciembre de 1860 a finales de la Guerra de la Reforma. Por otra parte, ambas constituciones, entre otras cosas, establecieron la igualdad legal, prohibieron la pérdida de la libertad individual por medio de obligaciones especiales; ambas excluían al clero de los puestos federales y prohibían que la Iglesia interfiriera en asuntos políticos. Finalmente, ambas constituciones prohibieron a las corporaciones eclesiásticas adquirir o poseer bienes raíces 3 • Por razones económicas, políticas y sociales, el programa de los liberales incluía como elemento principal un ataque a la riqueza de la Iglesia. Varios aspectos de ese ataque proporcionan las bases y el centro de este artículo. La proximidad en el tiempo, entre la expropiación en México y Colombia, inicialmente despertó el interés de los escritores respecto a una posible conexión entre las dos actuaciones 4 • ¿Los actos mexicanos influenciaron a los liberales colombianos, y si lo hicieron, cómo y en qué medida? ¿Se beneficiaron los colombianos de la experiencia mexicana, eliminando las debilidades y defectos de las leyes y evitando los errores de concepción y ejecución de México? Además de estas preguntas que surgen del interés personal el au- Knowlton: Los bienes de la iglesia en México y Colombia 151 tor está cada vez más convencido de que la historia comparativa, por tópicos es un enfoque más útil y significativo para Latinoaménca que examinar historias nacionales cronológicas y aisladamente. Estos comentarios no pretenden ser definitivos o concluyentes, sino más bien tentativos, proponiendo sugerencias que provean un punto de partida para estudios comparativos detallados de este importante elemento en los movimientos liberales y anti-clericales del siglo pasado. En consecuencia, el resto de este artículo considerará brevemente y en forma comparativa tres aspectos de la cuestión de la propiedad: Primero: las mismas leyes básicas, las leyes de desamortización como fueron expedidas; los motivos detrás de ellas, los objetivos y las disposiciones legales con algunas referencias a la influencia de México sobre Colombia. Segundo: la respuesta del Clero a las leyes. Tercero: resultados o efectos de las leyes. La ley mexicana del 25 de julio de 1856 y el decreto colombiano del 9 de septiembre de 1861, desamortizando la propiedad corporativa, se realizan por motivos económicos y, de hecho, emplean la misma terminología. Así, Comonfort empezaba "considerando que uno de los mayores obstáculos para la prosperidad y el crecimiento de la nación es la falta de movimiento o circulación libre de una gran parte de los bienes raíces, base fundamental de la riqueza pública... " 5 • Y virtualmente en palabras idénticas, Mosquera dijo: ''considerando que uno de los grandes obstáculos para la prosperidad y el crecimiento de la nación es la falta de movimiento y de libre circulación de una gran parte de la propiedad de la tierra, que es la base fundamental de la riqueza pública ... " 6• En otra parte Mosquera declaró que la propiedad estaba mal distribuida en Colombia, "oprimiendo a las clases pobres, beneficiando a los privilegiados. Esta distribución de la propiedad no corresponde a un pueblo libre... Pongamos entonces la propiedad en armonía con la democracia; démosle entonces la tierra a aquellos que la trabajan y la hacen producir. .. " 7• Por otra parte Miguel Lerdo de Tejada, el ministro de Finanzas de Comonfort y dirigente liberal, le escribió a los gobernadores en una �I 52 Siglo XIX circular que acompañaba la ley de desamortización que los objetivos de la medida eran dos: primero, corregir el error económico que contribuía al estancamiento de la propiedad e impedía el desarrollo de industrias que dependían de ésta; y segundo, remover el principal obstáculo para el establecimiento de un sistema de impuestos uniforme basado en líneas científicas, movilizando la propiedad raíz que era la base natural de todos los buenos sistemas de pago de impuestos 8• Una persona de la época, expresando el punto de vista común que sostenían los liberales respecto a la ley mexicana, creía que remediaría la miseria general distribuyendo la propiedad entre miles de individuos; que favorecería a todas las clases de la sociedad, pondría el capital en circulación e impulsaría amplios proyectos que le darían trabajo a artesanos y obreros. Y el gobierno recibiría grandes sumas del impuesto del 5% a la transferencia de la propiedad. Todo esto se lograría sin perjudicar al Clero, simplemente alterando la forma de sus bienes 9 • En Colombia, Rafael Núñez, secretario del Tesoro y Crédito Nacional, expresó ideas similares en una circular casi un año después de haberse expedido el decreto de 1861: La desamortización es una de esas medidas esenciales, que necesariamente deben realizar los pueblos en la difícil búsqueda de la civilización ... Es un absurdo monstruoso imprimirle un carácter religioso a lo que sólo es temporal, que no interfiere ni remotamente en el espíritu y la conciencia. La desamortización simplemente es un paso adelante, un alto en el camino que hemos recorrido desde 1810: progresando hacia la libertadJO. Según Núñez, el decreto tenía tres objetivos: poner en circulación una gran cantidad de propiedad estancada en manos muertas; amortizar la deuda pública y resolver, tanto como fuese posible, el difícil e inmenso problema de una distribución equitativa de la propiedad, sin lesionar ningún derecho individual anterior". Así, tanto por las afirmaciones de los altos funcionarios -principalmente los ministros de Finanzas- como por los escritos liberales de la época, queda claro que la preocupación públicamente expresada de ambos gobiernos era el impacto económico de la concentración de la propiedad en manos corporativas, eclesiásticas y civiles, "manos muertas" en las cuales la propiedad se estancaba y no circulaba libremente en el mercado, debido a las limitaciones de su enajenación, en detrimento de la prosperidad nacional. Ambos gobiernos buscaron remediar esta condición individualizan- Knowlton: Los bienes de la iglesia en México y Colombia 153 do la propiedad. Ambos trataron de utilizar los recursos obtenidos por medio del funcionamiento de las leyes para varios proyectos públicos, principalmente para reducir la deuda nacional. Ambos le quitaron a las corporaciones la propiedad o la administración de bienes raíces urbanos y rurales. Ambos incluyeron como corporaciones, de nuevo utilizando una terminología similar, a todas la comunidades religiosas de ambos sexos, cofradías, hermandades, congregaciones, iglesias parroquiales y gobiernos municipales y, en general, todos los establecimientos y fundaciones que tuvieran un carácter de duración perpetua o indefinida. Ambas leyes establecieron que se pagaría el 60Jo del valor de la propiedad. Ambas eximieron de las disposiciones de las leyes sólo a los bienes raíces destinados inmediata y directamente al servicio de la corporación, como iglesias, palacios episcopales y municipales, conventos, escuelas, hospitales, mercados, cárceles y establecimientos similares para continuar el apoyo a los establecimientos de caridad y educacionales. Ambas consideraron que las capillas o capellanías eran propiedad privada, y le permitieron a los capellanes obtener la mayor parte del capital para sostenerlas. Ambas proveían pensiones de varias clases para el clero regular. Ambas permitían la denuncia de la propiedad corporativa, especialmente la oculta, y daban recompensa a los denunciantes. Ambas le devolvían a los estados o a las localidades, parte de los réditos o de la propiedad 12• Aunque los motivos y los objetivos aparentes de las dos medidas citadas en ambos países eran económicos y financieros, en México aparecen motivos políticos si se le agrega la nacionalización de la riqueza de la Iglesia en 1859. En medio de una guerra civil destructiva y aguda, el gobierno de Benito Juárez nacionalizó la riqueza eclesiástica para despojar a la Iglesia de sus recursos porque, supuestamente, los estaba utilizando para apoyar la guerra civil con el objetivo de librarse de la subordinación a la autoridad civil. Al mismo tiempo la nueva ley tenía un objetivo económico: enajenar la propiedad de la Iglesia y subdividirla para beneficio general de la Nación. Pero cualesquiera que sean las metas altruistas que públicamente se expresan, que la desamortización beneficiará económicamente al pueblo de la nación, surge la pregunta de si los actos estaban o no motivados también política, cínica o egoístamente. �154 Siglo XJX Ya se ha citado la motivación política detrás de la nacionalización en México. Pero además del deseo de despojar a la Iglesia de sus recursos, que estaba utilizando para apoyar la causa conservadora en la guerra civil, y de castigar al Clero por sostener la oposición, otros factores llevaron a la nacionalización. Era necesaria alguna acción para evitar la pérdida de dirección del gobierno federal de la causa liberal y proporcionar políticas consecuentes porque, en el campo, los comandantes y gobernadores en 1858 y en la primera mitad de 1859 se habían distanciado de las autoridades centrales, tomando posesión de la riqueza eclesiástica y expidiendo otras medidas extremas anticlericales. También, ciertos liberales influyentes como Miguel Lerdo querían utilizar la riqueza del clero como garantía para un préstamo de Estados Unidos. Respecto a la ley de desamortización de 1856, aunque es difícil probar motivos últimos, una de las razones que determinaron la fuerte respuesta del Clero a esa ley -que en realidad no le hacía daño material a la Iglesia- sin duda era el temor de que fuese simplemente el preludio de un asalto más radical a la posición y riqueza de la Iglesia. Y aunque es seguro que entre los beneficiarios de la ley había un gran número de liberales, sin embargo la evidencia no apoya la conclusión de que los liberales expidieron la ley con la intención de enriquecerse. En Colombia alegaban que las fuerzas de Mosquera buscaban beneficiarse personalmente y ampliar las bases de su apoyo. Pero es más que probable, considerando el énfasis sobre este punto, que los radicales estuvieran pensando especialmente en saldar la deuda pública. En realidad, el mismo día de la desamortización, el 9 de septiembre de 1861, el general Mosquera expidió otro decreto sobre la deuda pública que estaba estrechamente relacionado con la otra medida; el hecho de que ambos fueran expedidos en la misma fecha, sin lugar a duda no fue una simple coincidencia. Los réditos de la venta de la propiedad confiscada se destinaron expresamente para la reducción de la deuda interna13 • El problema de la deuda lleva a la cuestión de las diferencias entre la expropiación colombiana y la mexicana, y al asunto de la influencia en Colombia de la experiencia mexicana. El énfasis del decreto colombiano en saldar la deuda representa una diferencia significativa cuando se compara con la ley Lerdo, pero tiende a desvanecerse después de la nacionalización en México en 1859, cuando obtuvo importancia un objetivo similar. Knowlton: Los bienes de la iglesia en México y Colombia 155 La primera ley mexicana de 1856 sólo privó a las corporaciones de su propiedad raíz dejándoles el capital, especialmente las hipotecas sobre propiedades raíces. Así, Colombia realizó, de un golpe, lo que México hizo en dos pasos. Por lo tanto, lógicamente, por el énfasis en un decreto que lo abarcara todo, parecían predominar en Colombia los objetivos financieros; en México, por la desamortización diferida, el deseo de individualizar la propiedad. Todo lo que el gobierno mexicano obtuvo con la ley de 1856 fue el 5% de impuesto sobre la transferencia de la propiedad. Pero aún después, considerando ambas medidas mexicanas, aparece una diferencia aunque sólo sea de grado: el retiro de la deuda continuaba siendo predominante en el pensamiento colombiano, mientras las autoridades mexicanas, ostensiblemente al menos, continuaban más interesadas en pasar la propiedad a manos individuales. Así, en México eran más indulgentes que en Colombia los términos de la compra de bienes raíces o de la amortización de hipotecas. Entre otras diferencias estaba la siguiente: México le dio la primacía a los arrendatarios para la adquisición de bienes raíces corporativos; mientras, Colombia organizó subastas públicas, en lotes, de todas las propiedades después de terminarse el período corriente del pago de las rentas. Sin embargo, ambos estipularon la amortización de las hipotecas por parte de los acreedores o hipotecarios. México aceptó como "legal" en el remate la oferta de las dos terceras partes del valor calculado. Colombia desautorizó todas las propuestas por medio del valor total calculado de la propiedad, tal vez como un medio para retirar del mercado los bonos de un valor depreciado. Aunque ambos países excluyeron de los efectos de la ley las propiedades comunales de las aldeas, conocidas como ejidos, por estar destinadas al beneficio directo de la comunidad, aparentemente Colombia mantuvo esta exclusión y México eliminó la exención en detrimento de las comunidades, cuando la ley de desamortización fue incorporada a la Constitución de 1857. Cuando ambas medidas hablaban de la división de la propiedad rural y su enajenación por lotes, la redacción de Colombia era más precisa, y parecía preocuparse más por evitar un nuevo latifundismo secular como resultado de la ley. Por ejemplo, la desamortización de México estipulaba en el artículo 22 que "aquellos que adquieran propiedades rurales pueden dividir las tierras para enajenárselas a diversas personas... " Y el 13 de julio de 1859, una medida reglamentadora de �156 Siglo XIX la ley de nacionalización declaró en el artículo 26 que las propiedades rurales que se le habían restaurado al Clero, y que por lo tanto se deberían volver a vender, "se dividirían en lotes del tamaño que el gobernador del estado considerara deseable" 14• Por otra parte, el artículo 6 del decreto colombiano establecía que las propiedades urbanas y rurales "se enajenarían en remates por lotes, cuya división se haría en porciones tan pequeñas como fuese posible, con el objetivo de aumentar la competencia". Varias estipulaciones del decreto colombiano, además de otras evidencias, indican que los dirigentes del país sudamericano estaban familiarizados con la anterior experiencia mexicana y buscaban beneficiarse de ella. Tal evidencia es la redacción similar, y en algunos casos virtualmente idéntica, de la legislación. También algunas de las diferencias reflejan el deseo de Colombia de beneficiarse de las experiencias mexicanas: así, las posiciones colombianas respecto a los ejidos, a la división de las propiedades rurales, buscaban evidentemente corregir debilidades de las medidas mexicanas. El propio general Mosquera reforzó esta interpretación cuando el 9 de septiembre de 1861, justificando el decreto de desamortización, se refirió a acciones similares anteriores contra la propiedad de la Iglesia hechas por Francia y España; y continuó: "La República Mexicana ha adoptado medidas similares y aunque la base de esto es la misma cosa, me atrevo a pensar que mi decreto de desamortización es más perfecto que los que he citado..." 15 El 23 de septiembre de 1856, La Gaceta Oficial de Nueva Granada de Bogotá, reprodujo el texto de la ley mexicana de desamortización de junio 25. En ese momento Rafael Núñez era Secretario del Tesoro de la administración de Manuel Mallarino. Este mismo Rafael Núñez, 5 años después, fue el responsable de llevar a cabo el decreto de Mosquera. En general, en el momento y en los años que siguieron, el conocimiento entre los colombianos educados respecto al largo trabajo de México en beneficio de los principios liberales, parece haber estado razonable, acertadamente extendido. Memorias disponibles y periódicos contienen información sobre la Guerra de la Reforma y la intervención francesa16• Al menos un historiador afirma definitivamente, lo que parece ser bastante cierto por las pruebas anteriores, que Mosquera "copió su decreto de desamortización de la transformación social Knowlton: Los bienes de la iglesia en México y Colombia 157 y administrativa de México" 17 • Tanto en Colombia como en México, el asalto liberal a la propiedad de la Iglesia despertó la reacción más fuerte, contribuyó a la inestabilidad política y obstaculizó la realización de las leyes. La oposición clerical tomó varias formas y, sin embargo, en ningún caso el clero negó su obligación de someterse a las leyes y a las autoriades civiles; ni su oposición se limitó a los decretos sobre la propiedad o a ese período en la historia de los países. Generalmente la Iglesia se opuso a cualquier medida liberal dirigida contra su posición, sus privilegios o riquezas, tanto antes como después de esa época. Aunque los prelados reconocían y aceptaban su obligación de someterse a la autoridad secular, existía una condición cualitativa muy importante. Así, a principios de la década de 1850, el arzobispo de Bogotá, Manuel José Mosquera, le dijo a los fieles que la religión les ordenaba obedecer las leyes civiles, respetar y amar a los magistrados, como decía el Papa en su encíclica del 9 de noviembre de 1846: sean cuidadosos... porque se ha desarrollado en el pueblo cristiano una adecuada obediencia y sumisión a los soberanos, y a las autoridades, enséñeles de acuerdo con la doctrina del apóstol, que no existe poder que no venga de Dios, y aquellos que resisten a la autoridad, resisten al plan divino y se condenaron y, por lo tanto, el principio de obedecer la autoridad no puede violarse sin pecado, a menos que se exija algo contra las leyes de Dios y la Iglesia18• En estas últimas palabras se encuentra la base de la posición clerical respecto a las medidas liberales: atacaban los derechos dados por Dios, inherentes a la Iglesia; más aún, atacaban la misma religión según los lideres de la Iglesia. El Obispo de Santa Marta, Colombia, Vicente Arbeláez, en noviembre de 1861 protestó por la desamortización e informó a los fieles: "la lectura de este decreto llega a afligir de nuevo en la forma más intensa los derechos sagrados e imprescriptibles de la Iglesia, dándole un golpe fatal al culto y, como consecuencia necesaria, a nuestra sagrada religión" 19• A principios de 1864, el doctor José Romero, Vicario General de Santa Marta, explicó en un memorial al Congreso que la Iglesia Católica tenía y tiene la capacidad jurídica para adquirir, poseer y adminístrar sus propiedades e ingresos y que considerarla como cualquier otra asociación, es esencial para darle este mismo derecho reconocido igualmente por la legislación de todas las naciones...20• �158 Siglo XIX Knowlton: Los bienes de la iglesia en México y Colombia 159 Dos días después, el 20 de febrero de 1864, al oponerse a la ley que ordenaba la venta de las propiedades desamortizadas, Romero declaró: minales, contrarios a la autoridad católica, a su doctrina y a sus derechos25 • Debo protestar de nuevo y en su momento fulminaré con declaraciones de censura, que recibirán aquellos que verifiquen la venta de las propiedades, los que las compren y los que en aJguna forma tomen parte en el asunto. Declaro de nuevo que la Iglesia no entrega est~ propiedades, ni las cede, transfiere, o renuncia a ellas, y que garantizará sus derechos y sus acciones para siempre21 • Entonces, tanto en M,éxico como en Colombia, la respuesta del Clero a las medidas liberales fue similar, sino idéntica. El Papa condenó las leyes; los prelados en cada caso se negaron a sancionarlas y anatemizaron a cualquiera y a todos los que actuaran bajo ellas, o ayudaran a llevarlas a cabo. En ambos países los prelados suspendían al clérigo que apoyara o se sometiera a las leyes. En general se prohibieron a los fieles los votos de obediencia exigidos a la Constitución mexicana en 1857 y en la de Colombia de 1863, que en cada caso abarcaban mucho del anti-clericalismo; sin embargo, se podía jurar el apoyo a la Constitución en todas las partes en las cuales no se oponía a la ley de Dios, al dogma, a la libertad y a la disciplina e independencia de la Iglesia26 • La posición de la jerarquía en México era la misma. El arzobispo Lázaro de la Garza y Ballesteros no podía admitir una ley que privara a la Iglesia de la posesión de sus bienes raíces. Se estaba tomando por la fuerza las propiedades; por consiguiente, los recibos y los documentos que daban a los arrendatarios u otros poseedores de la tierra, en ningún momento serían válidos frente a los derechos de las corporaciones. Aunque la Iglesia no impediría la enajenación forzosa de sus propiedades, "nunca perdería el derecho a ellas" 22• Los otros prelados estaban de acuerdo. Uno de los más elocuentes voceros, Clemente de Jesús Munguía, arzobispo de Michoacán, afirmó que el antiguo principio de la propiedad poseída por la Iglesia y el derecho a disponer de ella era independiente de la voluntad de los gobiernos; que éste surgía no de las concesiones de los funcionarios, sino de la Iglesia misma como institución23 • No es necesario decir que su Santidad, el Papa Pío IX, estaba profundamente perturbado por los ataques a la religión católica, calificativo que le dio a las medidas liberales. Refiriéndose a México, el 15 de diciembre de 1856, el Papa condenó y declaró nulos y prohibidos todos los decretos y proyectos de ley contra la religión católica, la Iglesia, sus derechos sociales, sus ministros y la autoridad de la Santa Sede24• Siete años después reaparecieron las mismas palabras en una encíclica dirigida al episcopado de Colombia: Seguramente faltan paJabras para expresar la multitud de intentos sacrílegos que el mencionado gobierno -ofendiendo seriamente a este Apostólico Trono y todos nosotros- hace para que destruyan y se opongan a nuestra santa Religión, a sus derechos venerados, a su doctrina, a su culto y a sus santos ministros. Principalmente durante los dos últimos años, el dicho gobierno ha publicado leyes y decretos cri- Los gobiernos a su turno respondieron a la intransigencia clerical confinando y exilando a los prelados ofendidos, y promulgando medidas anti-clericales más extremas. El paso de los años no hizo nada por alterar las actitudes del clero en Colombia y México; al menos los obispos continuaron repetidamente oponiéndose a las medidas liberales, y la posición de la jerarquía respecto a las leyes de la propiedad siguió siendo de oposición y condena constante. ¿ Y cuáles fueron los resultados de la leyes de propiedad? Ciertamente se frustraron las grandes esperanzas y el gran optimismo de quienes propusieron la desamortización. Salvador Camacho Roldán, dirigente liberal colombiano, un mes después de que se expidiera el decreto escribió: Como acto legislativo llamado a perfeccionar las condiciones de la propiedad territorial, esta reforma es el feliz complemento de la abolición de la esclavitud y de la supresión de las propiedades perpetuas; como recurso financiero es el paso más atrevido y feliz reaJizado desde 1810; como medida económica es de la altura de la abolición del monopolio del tabaco y la libre exportación del oro27 • Y Rafael Núñez, en su circular del 14 de julio de 1862, declaró: La desamortización es simplemente un paso hacia adelante; un aJto en el camino que hemos venido recorriendo desde 1810, una pausa para seguir a aquellos que hemos visto realizando transformaciones similares, como la abolición de los autos de fe y las torturas, las propiedades perpetuas, los derechos diferentes, la esclavitud, etcétera, y una medida precursora de otras, que sólo Dios sabe, siempre �160 Siglo XIX en la misma ruta del progreso hacia la libertad. Entonces, la desamortización era algo que se esperaba; que lógica• mente tenía que llegar; y que finalmente llegó en medio de la crisis que todavía soportamos, o tal vez como consecuencia de ella, porque como dijo el famoso historiador de la época, César Cantú: el destino 28 de la humanídad es progresar sufriendo • Núñez sostuvo que no había resistencia por parte de la gente para llevar a cabo las operaciones, y confiaba en que se lograrían todas las metas económicas de la desamortización. En noviembre de 1862 informó que poca gente había comprado más de una propiedad, y que la mitad de los compradores eran artesanos y gente de medianos recursos. En México como en Colombia había mucho optimismo entre los liberales. El Heraldo de México creía que las desamortización era la base de la regeneración del país29 • El Republicano consideraba que la ley le abriría miles de recursos a la riqueza pública, que le daría vida a la agricultura, a la industria, al comercio, y a los oficios, poniendo en circulación gran cantidad de dinero30 • El Ministro de Finanzas de México, Miguel Lerdo, también era optimista. Seis meses después de la expedición de la ley, creía que la mayor parte de la propiedad corpo· rativa se había adjudicado a arrendatarios o se había vendido en remates, creando cerca de nueve mil propietarios nuevos, logrando así las metas de la ley a pesar de la resistencia del clero31 • Tanto Núñez como Lerdo confiaban en que las metas de la leyes se estaban logrando, especialmente la de ampliar el número de propietarios. La retórica brillante, el optimismo acerca de los grandes beneficios que se lograrían con la leyes, que en realidad continuaron planteándose oficialmente año tras año, no podían oscurecer el hecho de que las leyes no cumplieron con las alabanzas de la "prensa"; no alcanzaron los objetivos económicos por los cuales supuestamente se habían promulgado. Que esto fuera así, en parte se debió a problemas inherentes a las medidas, y en parte a problemas que surgieron de ellas. ¿Cuáles fueron algunos de los problemas y resultados sorprendentemente similares en México y en Colombia? Sin duda un problema principal, pero ciertamente predecible, fue la actitud ya mencionada de la Iglesia. A pesar de lo que Núñez y Lerdo dijeron acerca de la creación de muchos propietarios nuevos en las clases bajas y medias, y aunque inicialmente hubiera ocurrido, parece que a la larga este desarrollo bené- Knowlton: Los bienes de la iglesia en México y Colombia 161 fico se circunscribió enormemente. La oposición de la Iglesia, las amenazas de castigo, disuadieron a muchos individuos piadosos de aprovecharse de la ley, gente que de otra forma lo hubiese hecho. La actitud del clero ayudó a derrotar una de las principales metas de la ley, pero también otros factores contribuyeron a que la propiedad pasara a relativamente pocas manos. A menuda eran manos extranjeras, gente que tenía los recursos y no temía la condena32 • En ningún país el gobierno limitó el número de propiedades que un individuo podía adquirir. Además, no obstante los fáciles términos de la compra, poseer en vez de arrendar era mucho más caro de lo que muchos podían costear. En México, el arrendatario le pagaba algobierno el SOJo de impuesto de transferencia de la propiedad. Le pagaba anualmente a la corporación intereses sobre la hipoteca que usualmente resultaba de la compra, una suma que en realidad reemplazaba la renta pagada antiguamente; era ahora, además, responsable de las re• paraciones y el mantenimiento de la propiedad, así como de los impuestos (lo que antes era responsabilidad de la corporación). Enton• ces, económica y religiosamente la adquisición de la propiedad era una carga que muchos no podían afrontar; los que podían eran hombres de dinero y sin escrúpulos religiosos. Un problema inicial de México que no compartió Colombia, porque la nacionalización de la propiedad eclesiástica la hizo de inmediato por permitir que las corporaciones obtuvieran capital, fue el lío con las instituciones religiosas que surgió de la actitud oficial de la Iglesia de no reconocer y de no cooperar con la ley. Muchas corporaciones se negaron a entregar las escrituras de propiedad a los nuevos propietarios; como venganza, los compradores se negaron a pagarle a la corporación el interés que se debía como resultado de la hipoteca. Cualesquiera fueran los problemas personales y legales que abarcara esta situación, también creó una verdadera dificultad para las corporaciones que quedaron privadas de la mayoría de sus ingresos, y en muchos casos no podían afrontar los gastos básicos. En ambos países los primeros problemas y los más duraderos fueron las ventas simuladas y el "esconder" la propiedad. Para hacer frente a estas evasiones de las leyes, ambos países permitieron las denuncias, una política deseable desde el punto de vista del gobierno -para descubrir violaciones a la ley- pero también peligrosa porque disminuía el valor de la propiedad; además insegura, porque las denuncias podían ocurrir en cualquier momento por razones válidas o por algo técnico, como una irregularidad al llevar a cabo una transacción. �162 Siglo XIX Otros problemas fueron encontrar suficientes funcionarios oficiales que se hicieran responsables de llevar a cabo las leyes; apoyar adecuadamente los establecimientos educativos y de caridad que antiguamente tenía la Iglesia; y lograr la realización de las leyes federales en los estados. El último era un problema especialmente en Colombia, donde el federalismo era tan fuerte que una administración "que no simpatizara", como la de Antioquia, podía en gran medida destruir la ley. CONCLUSION Estas dificultades representan sólo unas pocas de las muchas que enfrentaron los gobiernos, la Iglesia y los individuos después de la desamortización. En síntesis y como conclusión, son adecuados unos pocos comentarios breves respecto a los efectos de las leyes. En Colombia, el anticlericalismo intensificó la vieja lucha federalista-centralista. El anticlericalismo de los liberales-federalistas le dio una arma más a los centralistas y contribuyó al caos y a la inestabilidad que caracterizó el período posterior a 1863. También en México el anticlericalismo contribuyó al estallido de la Guerra de la Reforma, que condujo a un anticlericalismo más extremo que, a su turno, intensificó la lucha. En ambos casos, la inestabilidad, la guerra y la anarquía se dieron después de la expedición de constituciones liberales y federales; y en ambos países el federalismo, así como el anticlericalismo consagrado en las cartas, contribuyeron a estos tristes acontecimientos33 • Es cierto que la inestabilidad crónica y la guerra ayudó a afectar los objetivos de la expropiación de la propiedad eclesiástica en ambos países. Los recursos que se obtuvieron de la venta de la propiedad de la Iglesia y que se pretendían utilizar para saldar la deuda pública, pagar obras públicas necesarias y apoyar la educación y la caridad, tuvieron en cambio que utilizarse para salvar a los gobiernos liberales y derrotar la oposición conservadora. En realidad, lejos de liquidar la deuda, el conflicto requirió más préstamos y la aumentó. Y, al menos en México, las autoridades liberales no sólo malbarataron la riqueza eclesiástica para apoyar su causa, sino que los lideres de la Iglesia pusieron la propiedad corporativa a disposición del gobierno conservador para financiar su acción. Knowlton: Los bienes de la iglesia en México y Colombia 163 La lucha civil fue también parcialmente responsable del fracaso de la ley en crear un gran grupo de pequeños y medianos propietarios de tierra. La necesidad de obtener recursos rápidamente para pelear contra la oposición, significó disponer de la propiedad eclesiástica en grandes bloques a bajos precios. A menudo, relativamente pocos especuladores eran los únicos dispuestos financieramente capaces de adquirirlos. El resultado desafortunado, entonces, fue el reemplazo de un tipo de concentración de propiedad eclesiástica, con otro tipo, un nuevo latifundismo al lado del viejo sistema originado en la colonia. Además, al privar a la Iglesia de la riqueza que había utilizado para servir de banquera, de institución prestamista, se le hizo un mal servicio a los deudores; existe poca duda de que la Iglesia como terrateniente y acreedor era mucho más indulgente que los individuos privados. Dado los relativamente débiles beneficios financieros, sociales y económicos logrados con las leyes, es cuestionable si valieron la pena o no. Las medidas pueden parecer especialmente inútiles cuando se miran los hechos después de esa generación "reformadora". En ambos países, el asunto se dejó descansar por la misma época aunque en diferentes formas. En Colombia, Rafael Núñez, uno de los dirigentes que propusieron la desamortización, y el hombre encargado de llevar a cabo el decreto, años más tarde, como presidente en la década de 1880, dio marcha atrás, concluyó un concordato con Roma y expidió una nueva Constitución conservadora, ambos altamente favorables a la Iglesia. En México, Porfirio Díaz, ese fuerte brazo derecho del liberalismo durante varios años de lucha contra los conservadores y la intervención extranjera, siguió una política de conciliación hacia la Iglesia; las medidas anticlericales permanecieron exactas pero se relajó su realización. Respecto a los bienes, el gobierno colombiano le devolvió a la Iglesia todas las propiedades de las cuales todavía no se había dispuesto y le reconoció como deuda al valor de los bienes raíces vendidos, aceptando pagarle un subsidio anual en reconocimiento de ésta. El Papado aceptó a su vez permitirle mantener la posesión a los compradores de la propiedad de la Iglesia. En México, durante los años de Porfirio Díaz, la Iglesia nuevamente amasó riquezas y llevó a cabo acuerdos (contentas) con aquéllos que habían adquirido la propiedad; por una suma de dinero, las autoridades eclesiásticas reconocían los títulos individuales de las propiedades. �164 Knowlton: Los bienes de la iglesia en México y Colombia Siglo XIX Si los efectos de las medidas no llenaron las expectativas, la creencia liberal en la necesidad de reducir a la Iglesia a un papel puramente espiritual en la sociedad -que necesariamente incluía un ataque a su propiedad- como esencial para el progreso y la prosperidad de un país, era una meta que requería cualquier sacrificio a cualquier costo. Si los resultados son descorazonadores, al menos no debe menospreciarse la grandiosa concepción de los más sinceros liberales. NOTAS 1. La investigación para este artículo en parte se hizo posible por una Teacher Jmprovement Leave otorgada por la Universidad del estado de Wisconsin-Stevens Point para el año académico de 1966--67. Una versión revisada de este artículo se leyó en la reunión de primavera del Consejo de Latinoamericanistas de Wisconsin, el 10 de mayo de 1968 en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. 2. Aunque después de la Independencia el país cambió de nombre varias veces, en aras de la simplicidad se usará Colombia. 3. Para la Constitución Mexicana ver Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos sancionada y jurada por el congreso general constituyente el 5 de febrero de 1857 (México, 1861); y, para la Constitución de los Estados Unidos de Colombia del 8 de mayo de 1863, ver William M. Gibson, The Constitutions of Colombia (Durham, N.C., 1948), pp. 273-94. 165 10. Actos oficiales del gobierno provisorio de los Estados Unidos de Colombia recopilados conforme a Jo dispuesto por el Decreto de 7 de abril de 1862 (Bogotá, 1862), Circular del 14 de julio de 1862, pp. 539-540. 11. Este punto era artículo de fe tanto para los liberales mexicanos como para los colombianos; es decir, la creencia en los derechos individuales y especialmente la inviolabilidad de la propiedad privada. En este aspecto diferenciaban entre el derecho de propiedad de los individuos -que era inviolable excepto en interés general y con compen5ación- y los derechos corporativos de propiedad que eran privilegios expedidos por autoridades civiles y revocables por los gobiernos. 12. En México, los estados retenían el 200Jo de la sumas recolectadas por la nacionalización; en Colombia, en 1866 se les devolvió a las municipalidades la propiedad que antiguamente les pertenecía y que todavía no se había enajenado. 13. Codificación nacional, XIX, 400. Según el artículo 6 del decreto de desamortización: "La venta se hará por documentos o bonos de deuda nacional interior flotante, o de renta sobre el tesoro del 6 por 100. Cuando para ésta se presenten capitales iguales en dichos bonos, billetes o rentas sobre el tesoro, se dará preferencia a aquellos que ganan mayor interés; pero cuando se ofrezca al mismo tiempo dinero sonante o billetes de tesorería, se preferirá esta oferta a los documentos ya citados, en cuyo caso se dará entrada al dinero o a dichos billetes de tesorería en la caja de amortización, destinando al pago de intereses de censos sobre el tesoro y a la amortización de deuda flotante ...". Y el artículo 7 del decreto de la deuda pública establecía (!bid., p. 405): "Igualmente se reconocerá en rentas sobre el tesoro al 6 por 100 o en incripciones asimiladas a la deuda nacional de dichas rentas del 6 por 100, el valor de todas las propiedades inmuebles de manos muertas de que, por decreto de esta misma fecha se hace cargo la Nación para restablecer la armonía en el giro y cambio de los valores y hacer que la propiedad inmueble se subdivida". 4. En México hubo desamortización en 1856 y nacionalización en 1859; en Colombia, la expropiación ocurrió en 1861. 14. Payno, 11, pp. 75-94. 5. Leyes de Reforma: Gobiernos de Ignacio Comonfort y Benito Juárez, 1856-1863 15. Actos oficiales, Apéndice, p. 186. (México, 1947), pp. 25-36. 6. Codificación nacional de todas las leyes de Colombia desde el año de 1821, hecha conforme a la ley 13 de 1912. (Bogotá, 1930), XIX, 398-401. 7. Actos oficiales del gobierno provisorio de los Estados Unidos de Colombia, recopilados conforme a los dispuesto por el decreto del 7 de abril de 1862, Apéndice (Bogotá, 1863). Circular de septiembre 9 de 1861 a los gobernadores, explicándoles los decretos sobre desamortización y deuda pública, p. 186. 8. Manuel Payno (ed.) Colección de las leyes, decretos, circulares y providencias relativas a la desamortización eclesiástica, a la nacionalización de los bienes de corporaciones y a la reforma de la legislación civil que tenía relación con el culto y con la Iglesia (México, 1861), Circular No. 1, 28 de junio de 1856, I, pp. ~7-18. 9. Anselmo de la Portilla, México en 1856 y 1857, gobierno del General Comonfort, (Nueva York, 1858), pp. 69-70. 16. José Manuel Restrepo, Diario político y militar (Bogotá, 1954) pp. 631, 727-28, y 732; José M. Samper, Ensayos sobre las revoluciones políticas y la condición social de las repúblicas colombianas (Bogotá, n.d.), p. 195; Antonio Pérez Aguirre, 25 a/Jos de historia colombiana, 1853 a 1878. Del centralismo a la federación (Bogotá, 1959), pp. 156-57; Salvador Camacho Roldán, Escritos varios (Bogotá, 1892-95), sobre la intervención francesa en México, ver artículos de La Opinión del 24 de junio de 1863, 1o. de julio de 1863, 21 de julio de 1863, 25 de septiembre de 1863 y 18 de mayo de 1864, Vol. I, pp. 300-31. 17. Milton Puentes, Historia del partido liberal colombiano (2nd. ed., Bogotá, 1961), p. 211. 18. El Arzobispo, hermano del General Mosquera, expidió esta pastoral el 23 de agosto de 1852 antes de salir para el exilio como resultado de su oposición a la ley del gobierno de 1852, dándole a los cabildos- municipales el derecho de elegir pastores. Sermones, por Manuel José Mosquera (Bogotá, 1936), p. 61. �166 Siglo XIX 19. Luis García Benítez, Reseña histórica de los Obispos que han regentado la Diócesis de Santa Mana (Bogotá, 1953), Pt. l. p. 417. 20. /bid, p. 468, 18 de febrero de 1864. 21. /bid, pp. 474-75. 22. Contestaciones habidas entre el limo. Sr. Arzobispo de México, Dr. D. Lázaro de la Garza y Ballesteros, y el Excmo. Sr. Ministro de Justicia, negocios eclesiásticcs e instrucción pública, Lic. D. Ezequiel Montes (México, 1856), p. 41. 23. Clemente de Jesús Munguía, Defensa eclesiástica en el Obispado de Michoacán desde fines de 1855 hasta principios de 1858 (México, 1858), 16 de julio de 1856, I, pp. 21-45. 24. Cana pastoral del limo. Sr. Obispo de Guadalajara en que se inserta la alocución de Su Santidad (Guadalajara, 1858). 25. J. Iván Cadavid G., Los fueros de la Iglesia ante el liberalismo y el conservatismo en Colombia (Evolución político-religiosa de nuestros dos Partidos, 1837-1955), (Medellin, 1955), 17 de septiembre de 1863, "lncredfüili Afflicramor Dolore", pp. 53-54. 26. Benítez, p. 490. 27. Puentes, citando El Tiempo, 8 de octubre de 1861, p. 212. 28. Actos oficiales, p. 539. 29. Citado en El Siglo Diez y Nueve, 1 de julio de 1856, p. l. 30. Citado en /bid, 3 de julio de 1856, p. 2. 31. Memoria presentada al Excmo. Sr. Presidente Sustituto de la República por el C. Manuel Lerdo de Tejada dándole cuenta de la marcha que han seguido los negocios de la Hacienda Pública en e/ tiempo que tuvo a su cargo la Secretaria de este ramo (México, 1857). 32. Codificación nacional, Decreto del 10 de marzo de 1862, XX, pp. 37-38. Los extranjeros en Colombia se destacaban por las ventas simuladas con la teoría de que su nacionalidad los protegería de la acción del gobierno liberal. En México, con fr~cuencia aparecen nombres extranjeros en la lista de compradores. 33. Parece por la literatura que los problemas de Colombia con más frecuencia se le atribuían al federalismo extremo de la Constitución de Rionegro, mientras que en México parece que se Je atribuían más a menudo al anticlericalismo. Knowlton: Los bienes de la iglesia en México y Colombia 167 BIBLJOGRAFIA Una buena síntesis del sentido político de la Reformas del medio siglo es la de Gerardo Molina, Las ideas liberales en Colombia, Ed. Tercer Mundo, Vol. l. Los aspectos fiscales son discutidos en Ambal Galindo, Historia Económica y Estadística de la Hacienda Nacional, Bogotá, 1874. Una visión contemporánea de los debates sobre desamortización es la de Salvador Camacho Roldán, Memorias, Ed. Bedout. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en el siglo XIX son ampliamente examinadas en Fernán González Partidos políticos y poder eclesiástico, Ed. Cinep, Bogotá, 1977. Véase también Juan Pablo Restrepo, La Iglesia y el Estado en Colombia , Londres 1886, y Carey Shav, "La Iglesia y el Estado en Colombia vistos por los diplomáticos norteamericanos 1834-1906" en Instituto Colombiano de Cultura "Mito: 1955-1962" (selección de textos), Bogotá, 1975. Los estudios más recientes y completos sobre desamortización son los de Fernando Díaz Díaz La Desamortización de bienes eclesiásticos en Boyacá, Ed. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja 1977 y Jorge Villegas "Enfrentamiento Iglesia-Estado, 1850-1887", ponencia presentada en el Seminario de Historia de Colombia, Depto. de Historia, Universidad Nacional, septiembre de 1977. Una comparación con México puede establecerse en Jan Bazant Los bienes de la Iglesia en México: 1856-1875. Aspectos económicos y sociales de la Revolución liberal, El Colegio de México, 1971. �Revolución Liberal y Grandes Propietarios en Castilla-León (1854-1875) Ricardo Robledo Heroández * l. LA HERENCIA DE LA REVOLUCION LIBERAL El tema de la propiedad y distribución de la tierra en España ha constituido uno de los aspectos "clásicos" en la explicación del problema agrario, sin que ello indique que sepamos casi todo sobre la estructura de la propiedad en la segunda mitad del XIX. Por una parte, el estereotipo del latifundismo andaluz provoca, sin más, con cierta frecuencia, la réplica del minifundismo al Norte del Tajo, y, por otra, seguimos careciendo de alguna estadística fidedigna para dicha etapa, como el responsable británico en Madrid se lamentaba, hace ya más de un siglo, de disponer sólo de informaciones estrictamente locales 1• Como seguimos desconociendo el panorama del siglo XIX, nos interesaría saber, en concreto, en qué medida los cambios de la revolución liberal intervinieron en esa concentración de la propiedad que, presumiblemente, existía antes de la Restauración. Sin duda alguna, los propietarios de la Restauración proceden o se consolidaron como tales a través de las medidas burguesas que liberalizaron el mercado territorial. Entre esas medidas destacaron, por cuanto materializaban el acceso a tal mercado, la desvinculación y la desamortización, pero existen también diversos procesos como el de • Departamento de Historia Económica, Universidad Autónoma de Barcelona (España). Este material resume los capítulos 1 y 2 del libro La renta de la tierra en Castilla La Vieja y León (1836-1913), Madrid, Banco de España, Estudios de Historia Económica, 11 , 1984. �170 Siglo XIX la abolición del régimen señ.orial, entre otros, que sirvieron para configurar una propiedad burguesa, antes mediatizada por múltiples trabas más o menos consuetudinarias. La diferente disponibilidad de las fuentes me obliga a hacer un resumen muy desigual de cada uno de estos procesos. Nota sobre la desvinculación Aunque durante la regencia de Espartero se alzaron voces pidiendo l~ extensión de la desamortización a los bienes de la nobleza 2, la decisión de vender bienes nobiliarios fue, como es sabido, un asunto privado, sin el protagonismo que la Hacienda Pública desempeñ.ó en otros procesos, lo que nos priva de una estadística similar a la del fenómeno desamortizador. Esto hace que el tema de la desvinculación, por lo que se refiere a las consecuencias en el mercado de aquella liberalización estudiada por B. Clavero, sea el gran desconocido de la historia españ.ola del siglo XIX; en el estudio de sus repercusiones económicas y sociales sigue siendo bastante cierto, todavía después de 25 añ.os, la afirmación de Vicens Vives de que "toda hipótesis es hoy por hoy temeraria" 3 • Abandonadas o sometidas a duras críticas las cifras de S. Millet (utilizadas por Vicens Vives en cuanto a propiedades vendidas en 1845-54), un camino de investigación está en los protocolos notariales, que reflejan importantes transferencias de propiedades, incluso antes de 1820 y 1836. La explicación reside, al margen del permiso real que la corona concedía con cierta regularidad, en las medidas arbitradas desde 1789, que concedieron facilidades para enajenar bienes de mayorazgo 4 ; también es significativo no olvidarse de los bienes libres, no sujetos a la rigidez de las cláusulas sucesorias del mayorazgo, que la nobleza fue ampliando en una estrategia de reserva económica, no sólo para seguridad frente a ataques contra los mayorazgos, sino también con el fin de disponer de fortuna para los hijos naturales (u otros parientes o amigos) excluidos de los mismos 5• Estos hechos explican que el Duque de Berwick y Alba hubiese enajenado "fincas, rentas y derechos vinculados" por valor de 7 004 178 reales entre 1795-1835, con unos máximos en el Trienio y en los añ.os 30. Varias de estas ventas se localizan en Castilla (Piedrahíta, Babilafuente Coca, Rioseco ... ), aunque el máximo correspondía a Sevilla. Siguie~do con la Casa de Alba -en este caso, con la Duquesa, fallecida en 1802-, nos hallamos frente a un "cuerpo general de hacienda" impresionante, que la tasación de 1843 evaluaba en 72 008 398 reales, Robledo H.: Revolución liberal y propietarios en Castilla-León 171 cantidad que únicamente hacía referencia a los bienes libres (muebles e inmuebles) y que procedían de muy diversos canales. Los avatares políticos, reclamaciones de herederos marginados (como el Duque de Berwick) que se creían con derecho a participar en el caudal, pleitos y otros "quebrantos" hicieron descender tal patrimonio al 90% durante la proindivisión del caudal que se prolongó más de cuarenta añ.os 6 • El Registro de la Propiedad nos ayuda a constatar transacciones de otros mayorazgos. Así ocurre con la casa de Cerralbo, que antes de que concluya el siglo XIX vende varias propiedades en Salamanca, pero también es cierto que se hace con el control total de una dehesa, comprando la única parte que no era suya. En el mismo sentido, el Conde de Santa Coloma consigue, con la compra de bienes nacionales, redondear el antiguo patrimonio en el pueblo de Campocerrado, y convertirlo realmente en "coto redondo", hasta que en 1901 pasó íntegro a unos ganaderos 7• Si estos casos han sido poco citados, no ocurre lo mismo con los de Frías y Osuna, aunque no abunden los datos concretos. El Duque de Frías, con más de siete millones de reales de crédítos en contra, había enajenado bienes raíces por valor de 7 414 281 reales (sin incluir las certificaciones de diezmos) pertenecientes a mayorazgos que extendían sus propiedades por toda la región: Mayorazgo de Frías, de Frómista, de Alba de Liste, de Peñ.aranda de Bracamonte 8, y en cuanto a Osuna, un protocolo notarial de octubre de 1863 revela el establecimiento de "una escritura de obligación para responder de un empréstito de 90 millones de reales y sus intereses con hipoteca especial de bienes raíces" del Duque de Osuna a favor de D. Estanislao de Urquijo. Conocido el desenlace de la casa nobiliaria, hay que pensar que buena parte de estos créditos se cobrara en bienes raíces, y esto tendrá repercusiones en Castilla. De hecho, en 1875, casi 3.5 millones de pesetas figuran en el inventario de Fernández Casariego (luego Marqués de Casariego) como valoración de los Estados de Benavente (además, disponía de 1m número importante de obligaciones de la Casa de Osuna). Así, pues, por primera vez a escala regional, disponemos de algunas estimaciones que miden la venta (parcial) de bienes de algunos títulos ilustres. No hemos hablado de otros grandes con influencia en la región castellana, como el Conde de Altamira (Marqués de Astorga) cuyas solicitudes de préstamo también se contabilizan por varios millones de reales 9 , y que, al final, según sabemos, acabó vendiendo �J72 Siglo XIX hasta los cuadros1º, ni de la apurada situación del Conde de Montijo 11 • Los ejemplos expuestos indican cifras por encima de los 150 millones de reales tan sólo contando a Alba y Osuna, en el supuesto de que no se devolviera el préstamo contraído por esta casa. No tiene sentido comparar esta cifras aisladas de algunos ejemplos con el volumen global de la desamortización; en alguna comarca o incluso provincia, quizá sean comparables desvinculación y desamortización y, en todo caso, la importancia relativa de estas fortunas en quiebra no parece despreciable si se tienen en cuenta otras magnitudes de la historia económica española del siglo XIX ¿Pero quiénes fueron los "beneficiarios" de la desvinculación? Sin que tengamos que excluir a otra nobleza con menos apuros, hay que inclinarse fundamentalmente por aquel grupo social que "tuviera la capacidad de movilizar de un día para otro considerables sumas en metálico" 12: comerciantes, grandes arrendatarios, burguesía de los negocios, etcétera. Estos darán un primer paso hacia la propiedad nobiliaria actuando de prestamistas de la nobleza endeudada que, al final, tendrá que vender, pues el poseedor del capital ya no está subordinado -como ocurría con los censos- al dueño de la tierra que solicitaba el crédito. Ahora, quien presta impone las condiciones 13. Así ocurre con los Vázquez, comprando cortijos del Marqués de Alcañices 14, con J. Safont, que adquiere bienes del Conde de Santa Coloma, cobrándose así el préstamo que le había hecho 15, con J. J. de Vicente, adquiriendo varios pueblos (sic) de Salamanca que pertenecían al Conde de Villagonzalo 16••• Aquí sí que no hubo lugar para que el campesino participara; lo que el noble necesitaba eran grandes sumas de dinero y al contado. Para evitar equívocos, digamos que no estamos argumentando el tema de una ruina nobiliaria colectiva por obra y gracia de la desvinculación. Como tendremos ocasión de exponer, la nobleza vendía, pero también demandaba tierras, y lo pudo hacer en condiciones ventajosas. Además, hay un aspecto poco analizado como es el de la Ley Hipotecaria que, sin ser tendencioso, creo que se convirtió en un instrumento para consolidar una propiedad, indeterminada en sus contornos e, incluso, insegura a mediados del XIX 17 • En efecto, al estudiar las "inscripciones" y "anotaciones" que figuran en el Registro de la Propiedad (de Ciudad Rodrigo y Alcañices), uno constata los signos de la propiedad territorial feudal acostumbrada a disfrutar de derechos sobre las personas o las tierras, pero que carece, a veces, de un inventario adecuado de las explotaciones -medido en hectáreas o fanegas-, que es lo que se inscribe en el Re- Robledo H.: Revolución liberal y propietarios en Castilla-León 173 gistro. A partir de esta indefinición o ambigüedad, me parece que el gran propietario de antiguos vínculos ha salido favorecido. Cuando el Conde de Luque, con sus papeles provenientes del siglo XV, trata de inscribir una finca, el Registrador anota claramente que "esta finca no se menciona en dichos mayorazgos", y es el hecho de figurar en el amillaramiento lo que da pie a la inscripción . Lo mismo ocurre con la Condesa de Campo Alange -en la dehesa Capilla del Río-, y sirve entonces para tal motivo el recibo de la contribución. En Santa Olalla, el Registrador advierte que en las transmisiones de esta finca nunca se ha hecho constar la cabida "por ignorarse la que pudiera tener" y que, si bien el propietario dice que es -y como tal la quiere inscribir"término redondo", en el Registro "no hay fundamento preciso para inscribirla como tal". Hay, efectivamente, 34 pequeñas fincas que limitan el pretendido término redondo, pero, en virtud de la inscripción, quedan "reivindicadas" y, al final, pasarán casi todas al supuesto único propietario. En otros casos (Marquesado de Tábara, perteneciente a Osuna), la "anotación preventiva" (que sirve para cancelar la inscripción hasta que las partes en conflicto aclaren a quién pertenece la finca, en plazo de 60 días) se resuelve a favor de quien ostentaba el pleno dominio, pese a que el Registrador observaba en la anotación que "existe el defecto de no resultar probado que D. Manuel de Toledo adquiere el pleno dominio de la finca . .. (pues) en los pagos conocidos con los nombres que la misma (finca) lleva, hay varias fincas inscritas a nombre de otras personas" 18• Si me he extendido con estos ejemplos es para llamar la atención sobre el desenlace final del fenómeno desvinculador, tan poco estudiado, y sobre la forma en que se materializa el cambio institucional, aparte de la dinámica de transacciones que se haya producido en la propiedad antes vinculada. Resulta obvio que los ampulosos pero ambiguos títulos que se hacían retroceder a Cédulas de la Baja Edad Media (y donde lo decisivo, a veces, era fijar el dominio sobre los hombres, y no tanto de cuántas fanegas de superficie se disponía) no tenían cabida en la sociedad liberal de mediados del XIX. Con la Ley Hipotecaria (y el Registro de la Propiedad), consiguieron una certeza, definición y seguridad (características específicas de la propiedad capitalista) de las que antes carecían. En resumen, aunque no podamos precisar cifras, una parte de los patrimonios nobiliarios que se vendieron con motivo de la desvinculación afectó claramente a varias provincias castellanas; de este trasiego �174 Siglo XIX de fincas estuvo al margen el campesinado castellano que no podía hacer frente en poco tiempo a la importante cuantía de estas compraventas. Veamos cómo se resolvió otra de las oportunidades de las reformas liberales. Robledo H.: Revolución liberal y propietarios en Castilla-León /75 llenara de pueblos que asistían como testigos más o menos mudos a la aplicación de una ley que iba en contra s~ya. Hubo pleitos, apa~ rentemente de menor cuantía que, al fallarse en contra de los pueblos, obligaron a desprenderse de tierras municipales para hacerse cargo de los costos25 • La abolición del régimen señorial. Un;¾ aproximación 19 Otro de los pasos para que la nobleza perdiera las características de clase privilegiada que tenía en el Antiguo Régimen vino a través de los sucesivos -y cada vez menos radicales- intentos abolicionistas que se concretaron de forma definitiva, un año después de la supresión de los mayorazgos. Ocurre, sin embargo, que no existe un modo unívoco en la forma de producirse la abolición, pues hoy se pueden distinguir dos modelos, uno más o menos clásico, que supuso la resolución de la mayoría de litigios planteados en favor de los señores y que condujo a la conversión de la tierra señorial en propiedad partícula~, y otros, con ejemplos periféricos que favorecieron el acceso del enfiteuta al pleno dominio o mantuvieron la permanencia de un sistema foral 21 • Carecemos, sin embargo, de un estudio de conjunto que certifique para Castilla-León el desenlace de la abolición y cuáles fueron las zonas más afectadas. Sabemos de algunos pueblos que resultaron vencedores contra las pretensiones del Duque de Alba, que les reclamaba el noveno: por ejemplo, San Felices, Ahigal y Barba del Puerco, en el rincón salmantino de los Arribes del Duero. Los tres pueblos afectados estuvieron juntos en un pleito que fue relativamente lento y, sin duda, costoso22, lo que nos da idea de las dificultades económicas que suponía embarcarse hasta el final en estos asuntos. Hacer frente a un gran desembolso y en metálico no era cosa fácil para estos pueblos, acostumbrados más al tributo en especie que enfrentar sus cosechas a las oscilaciones del mercado, inconveniente siempre llevadero cuando las perspectivas de un final feliz eran claras, pero cada vez menos a medida que los tribunales fallaran sistemáticamente en contra del vecindario. Conozco algún otro caso resuelto favorablemente, éste en Zamora23 , y, sin duda, debe haber otros, pero no la mayoría, como revela el análisis de las sentencias del Tribunal Supremo. Además, ¿cuántos pueblos ni siquiera pasaron la barrera del Juzgado comarcal? ¿Cuántos juicios "fantasmas" tuvieron lugar, como ocurrió en Cerralbo?24 ¿Y cuántos, después de pasar esa barrera, no quedaron atrapados en la Audiencia o en cualquier apelación o súplica? Preguntas sin contestar, por ahora, pero es posible que el mapa castellano se Como resultado global, pese a la imperfección y grado de ocultación, un análisis de 1875 de las cuotas tributarias a nivel municipal de cuatro provincias castellanoleones?s nos revela la existencia de más de 260 municipios concentrados en una o en pocas ~anos frecuentemente de origen señorial. De las cuatro provincias, es Sa1amanca la que destaca y, todavía en 1931, la Memoria de la Diputación contabilizaba 129 fincas "de señorío" que sumaban 104 047 hectáreas26• Conocemos el panorama de pueblos y lugares donde las calles, las casas y edificios públicos quedaron en manos del señor, hasta el extremo de que el Ayuntamiento constitucional tenía que pagar el alquiler de su local al amo qel pueblo27 • No hay por qué generalizar el ejemplo salmantino a toda Castilla, ¿pero hasta qué punto son sólo una excepció?, Otones de Benjumea en Segovia28, Zaya de Rascones en Soria29, vanos pueblos del Marquesado de Alcañices en Zarnora30 o Narros del Puerto y otros en A vila ?31 • Además, la existencia de bienes comunales en el lugar del sefiorío sirvió para incrementar las propiedades de éste, si hemos de creer las quejas de vecinos en una trayectoria histórica bien documentada. En concreto, el caso más destacado en Castilla es el pleito entre el Ducado de Medinaceli y el Común de Vecinos del propio Ducado, que hace tiempo refirió S. Moxó32• Salió ganando el Duque y consiguió, desde 1837, la propiedad privada de varios montes. Yo he efectuado, a través del inventario del IRA (tomo 178), el recuento de estas explotaciones -heredadas en bloque en 1895- y cuya superficie asciende a 8 259 hectáreas dentro del partido judicial de Medinaceli. El estudio de la abolición de los señoríos en Castilla está todavía a la espera de una investigación que revele las particularidades que pudo tener este fenómeno. Mientras tanto, sólo podemos añadir a lo expuesto algunos resultados de fuentes que creo valiosas. Una de ellas son los inventarios post-mortem, y es interesante contrastar lo que aquí se encuentra con las opiniones sobre la generosidad de los Grandes que se plegaron, con el sacrificio que esto comportaba, a la normativa liberal: así, por ejemplo, el Duque de Frías33 • Sin embargo, y al margen de compensaciones, no perdieron la totalidad de �176 Siglo XIX sus derechos. En, la adjudicación a la viuda Duquesa de Frías, en 1860, se le asigna "el derecho de treintena de los frutos recolectados por los labradores de las tierras de Corral del Toscón", cuya capitalización suponía una suma de 679 291 reales. Y su hija, la Duquesa de Uceda, contabilizaba en su inventario de 1874 "la mitad de la novena parte de las cosechas de trigo, serodio, centeno, cébada, cordero, huevos y lana que deducido el diezmo deben pagar los terratenientes de los pu~blos del Condado de Liste". La capitalización de esta renta se aprecia en 250 000 pesetas34 • Otro aspecto que merece su análisis es el de las sentencias del Tribunal Supremo que he examinado para Castilla-León a través de la Biblioteca Jurídica de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia. Existe una cronología en estas sentencias que es preciso comentar, pues se observa una evolución netamente regresiva para los pueblos. Hasta 1864 todos los recursos entablados por aristócratas fueron perdidos por lstos; después de esta fecha, y en plena Restauración, fueron los Ayuntamientos y sus representados quienes los perdieron sistemáticamente. Resulta paradójico comprobar en esa relación cómo la martiniega, que el artículo 11 de la ley de 1837 consideraba abolida, aparece como prestación a pagar en plena Restauración, y el noveno que el Duque de Alba perdió en 1851 lo gana el Duque de Uceda en 1866. Lo menos que puede decirse -aunque Moxó tilde de exaltado a García Ormaechea con insistencia- es que se produjo un incumpli35 miento de la legislación de señoríos por el Estado • Ciertamente, después de examinar el contenido de los juicios, estamos, por lo general, ante unos censos de esc~a importanc~a (salv? acumulación de impagos); pero, si ante estos pleitos de cuantla relativa el desenlace fue así de contundente, ¿qué ocurriría cuando lo que se cuestionara fuera la titularidad de un territorio determinado? Existe, además, un elemento adicional que complica la situación en Castilla, porque si censos y foros perpetuos se consideraron, con frecuencia como contratos libres entre propietarios y colonos, ¿qué se iba a de~ir respecto al arrendamiento castellano, que desde la consolidación del mayorazgo -como argumenta B. Clavero- se regulaba por plazos cortos, es decir, tan poco diferentes, en apariencia, de las formas de contratación liberal de la tierra? De hecho, pues, el método más extendido de subordinar el trabajo campesino en el Antiguo Régimen castellano no contribuía en nada a una resolución de los pleitos a su favor. En resumen, la ley de abolición de los señoríos, enmarcada en los inicios de la revolución burguesa, se está dilucidando mucho más tar- Robledo H.: Revolución liberal y propietarios en Castilla-León 177 de Y de forma desfavorable para el campesinado castellano. Durante la Restauración -en consonancia con el conservadurismo de esta etapa histórica-, se están aplicando, a través de la resolución de los pleitos de s~ñoríos, uno~ criterios de libertad, de contornos muy cerrados, Ys~ aplican ~na~r~mcamente a unas r~laciones anteriores, que eran de d~1gualdad Jundica. El resultado era ideal, pues se conseguía la "propiedad perfecta", respetada por la Ley e inscrita en e/ Registro, donde antes había existido una gran dosis de inseguridad y violencia. Así se cerraba, con bastante fracaso, un ciclo secular de luchas y resistencias que traían ~ sus espaldas los pueblos castellanos; más tarde, varios de ellos tratarían de conseguír, a través del mercado (con la ayuda de préstamos hipotecarios), lo que se les había negado por la ley de "abolición''. Los principales compradores de la desamortización A diferencia del tema desvinculador, la desamortización ha sido objeto d~ bastantes monografías que, de forma muy desigual, han estudiado diversas comarcas de todas las provincias castellanas. Si el número ~e transacciones fac_ilitadas por la abolición de los vínculos nos es prácticamente desconocido (y lo será durante bastante tiempo), sí &abemos que ~e 1836 a !895 se v~ndieron en toda la región 151 825 fincas que totalizaron casi 2 300 llllllones de reales en su venta. La región castellana aparece como la primera por el número de fincas subastadas y la segunda en cuanto a valores rematados36• ¿Podemos saber el número de hectáreas que abarcaron tales ventas? Si F. Simón había avanzado un 20% como magnitud de la superficie peninsular afectada por la desamortización, no parece que la región castellanoleonesa sea de las que se alejen -por abajo- de ese hipotético promedio· español. Con toda seguridad, hubo distritos que superaron ese 20%, al margen de la "desamortización oficiosa" (ventas fuera del proceso oficial) que pudiera producirse. En conjunto, si a las tierras desamortizadas añadimos las ventas realizadas por la nobleza de sus antiguos mayorazgos, puede arriesgarse (y nunca mejor empleada esta expresión) una cantidad en tomo al 1.5 millones de hectáreas, salidas al mercado en Castilla durante el siglo XIX ¿Pero quíén pudo beneficiarse de esta importante oferta de tierras? Creo que es preciso distinguir tres grupos principales de compradores. Un primer grupo lo constituyó la nobleza tradicional, y es difícil entenderlo si se acepta la hipótesis bastante probable de una coyuntu- �Robledo H.: Revolución liberal y propietarios en Castilla-León GRAFfCO 1 PARTICIPACION REGIONAL EN EL VOLUMEN DE FINCAS DESAMORTIZADAS SEGUN VALORES REMATADOS (1836-1895) CASTILLA-LEON ANDALUCIA PARTICIPACION REGIONAL EN EL PROCESO DESAMORTIZADOR SEGUN NUMERO DE FINCAS (1836-1895) CASTILLA-LEON Elaborado a partir de los datos de F. Simón Segura: La desamortización española del siglo XIX (1973) 179 ra de dificultades que atravesaba la nobleza a principios de siglo37 • Lo cierto es que vemos figurar a la aristocracia como una importante compradora de bienes nacionales en Zamora, Salamanca y, en menor grado, en Valladolid o Segovia. Algún caso resulta espectacular, como el de la Casa de Montijo, que había comprado más de 1 700 hectáreas en la desamortización de Mendizábal en Valladolid (G. Rueda) y remató también 24 fincas en Salamanca, que ascendieron a cerca de 7 millones de reales; una sola dehesa que adquirió el Duque de Frías en Zamora fue rematada en 4 340 000 reales38• La aparente paradoja de una nobleza endeudada que, a la vez, compra tierras no era una "huida hacia adelante": era, simplemente, el resultado de la transformación de unos derechos feudales incobrables desde hacía unos cuantos años, en unos medios de pago (indemnizaciones, certificaciones... ) aplicables de inmediato a una desamortización, que, en el caso del clero secular39 era un invento ex profeso para compensar a la vieja aristocracia por la abolición de los diezmos. El principal espaldarazo provino, seguramente, de las indemnizaciones por diezmos laicos, pero también tuvieron su importancia las compensaciones por alcabalas, juros, oficios públicos ... que, o se englobaron en el epígrafe de las "cargas de justicia" -una partida no despreciable en los gastos del Presupuesto del Estado-, o por las que sus antiguos poseedores recibieron también indemnizaciones en deuda pública. Si es cierta la reserva efectuada por F. Tomás y Valiente40 de que la nobleza también podía disponer previamente de títulos del Estado, hay que convenir, no obstante, en la decisiva importancia de cambiar derechos inseguros y degradados por unos medios de pago tan sólidos y de gran movilidad41 • Un segundo grupo, a veces englobado en el epígrafe de la "burguesía urbana", desempeñó un papel importante en Castilla. En las diversas monografías sobre la desamortización, destaca una serie de nombres como M. Aboin en Avila, Martínez Durango en Palencia, P. Casado en Burgos, Soriano, de Vicente, Sánchez Arjona, etcétera, en Salamanca, Pombo, A. Pesquera en Valladolid, Villachica en Zamora ... algunos de ellos ennoblecidos posteriormente, y casi todos con importantes papeles en la gestión de los intereses políticos durante la Restauración. Fueron muy diversas las fuentes de acumulación que permiteron a estos personajes tener acceso al mercado desamortizador. Sin que sean excluyentes, sobresalen las oportunidades que tuvieron como suministradores, asentistas o contratistas de bienes para el Ejército (compensados con pagarés que se aceptarían luego en la compra de bienes nacionales); también fueron importantes los recursos provenientes delcomercio de granos o fabricación de harinas que tuvo en el Canal de Cas- �180 Siglo XIX Robledo H.: Revolución liberal y propietarios en Castilla-León 181 tilla uno de sus ejes principales42 y en las Antillas uno de los mercados más seguros43 • La propia mecánica de la desamortización encumbró igualmente a un grupo de "especialistas" -agentes de negocios, escribanos, notarios...- que canalizaron las compras de bienes nacionales. Por último, se puede hablar de una autofinanciación en la desamortización: los beneficios acumulados en el arrendamiento de tierras o de inmuebles urbanos, que potencian. tanto la coyuntura expansiva de la agricultura española como el crecimiento de algunos núcleos de población, vuelven a invertirse en la desamortización urbana o rústica, principalmente de Madoz. En el extremo opuesto, en la cúspide de la pirámide, se mantiene con fuerza el grupo nobiliario que conserva un prestigio social muy compartido y competido por el ascendiente de una burguesía urbana y rural. Hay que darse cuenta, de todos modos, de que fueron muchos los miles de hectáreas sacados a subasta para ser cubiertos únicamente por la demanda regional, sobre todo si atendemos a las dificultades que labradores y ganaderos tuvieron que soportar con motivo de la crisis del primer tercio del XIX, circunstancia que dejó el campo abierto a la actuación de hombres de negocios madrileños. En lineas generales, parece que este grupo innovó muy poco en cuanto a la forma de llevar las explotaciones recién adquiridas y también fue causante de un proceso de agrupación de tierras antes dispersas. La situación resultante permaneció bastante alejada de algo que se pareciera, si no a una democracia rural, a una participación significativa de pequeños o medios campesinos en el control de la desamortización, aspecto este último que parece traslucirse de algunos estudios que insisten en los porcentajes importantes de compradores rurales... Finalmente, un tercer bloque de compradores lo constituiría el labrador y ganadero local que se ha aprovechado de la facilidad de largos plazos (a veces, de 20 años), y de la coyuntura ventajosa de unos precios en alza hasta 1883, junto con las ventajas de un transporte más eficiente. Una vez abonado el primer plazo que les da derecho a laposesión de las explotaciones, el mecanismo de arrendar tierras puede resultar también lucrativo: sabemos, en efecto, que la renta territorial pudo, por lo menos, duplicarse en 1840-70, dejando rezagada, por tanto, la estabilidad de los abonos anuales del remate, sobre todo cuando la renta debía pagarse en especie y sobrevenían crisis como la de 1856-7 ó 1868. Es difícil establecer un balance definitivo de las desamortizaciones en Castilla-León, cuando apenas disponemos de estudios que abarquen una provincia. Mi opinión es que estamos ante un fenómeno desamortizador que se resolvió, en lineas generales, de forma poco favorable para la creación de una amplia capa de propietarios medios que rompiera la estructura desequilibrada de la propiedad agraria44 ; y este último aspecto se hace más llamativo si atendemos a los dos extremos de la pirámide social y a su conexión con la desamortización. Parece claro que el escalón más bajo y numeroso quedó excluido prácticamente de las subastas45 , y cuando de sus aledaños salieron compradores, carecieron de resistencia económica para prolongar su condición de propietarios; nos lo demuestran las mayores dificultades de pago y consiguientes quiebras de los pequeños propietarios rurales respecto a los urbanos, la absorción de sus lotes a cargo del terrateniente ansioso de completar el coto redondo, y el callejón sin salida de ir reduciendo la dimensión de las suertes municipales adquiridas, a medida que aumentaba la presión demográfica. Y es que más relevantes que estos porcentajes son las cifras absolutas de compradores: poco más de medio millar en Avila (1855-1885), 1 321 en Valladolid (1836-1853), algo más de 2 500 en Burgos (1855-69), menos de cien en Soria (1838-1853) ... 46• Con cualquier tipo de población (activa o total) que confrontemos esas cifras, toparemos con una participación muy selectiva que no se desvirtúa por el hecho de compras colectivas a cargo de Ayuntamientos o vecinos, procedimiento no excesivamente frecuente y poco eficaz a largo plazo (por presión demográfica y repartos sucesorios). Para los más avispados, el recurso consistió en ir arañando lo que quedaba de las tierras comunales, ampliando a su costa el patrimonio familiar; el camino de las informaciones posesorias, sancionado por la Ley Hipotecaria, se prestó a la perfección para dar carta legal a aquellas apropiaciones del común, por más que lo quisieran limitar diversas Reales Ordenes. Partiendo, pues, de la existencia de un proceso importante de concentración en las compras de bienes nacionales, veamos cómo se refleja esto a través de las escasas fuentes disponibles para aquella época. 11. LOS GRANDES PROPIETARIOS EN CASTILLA-LEON (l 854-1875) Después de la desamortización de Mendizábal, año 1854 La Estadística Administrativa de 1855, comentada de vez en cuando para destacar el apabullante número de antiguos hacendados en los primeros puestos de grandes contribuyentes, nos sirve para conocer, de forma aproximada, el nombre de los grandes propietarios en esa bisa- �Robledo H. : Revolución liberal y propietarios en Castilla-León 183 gra de mediados de siglo, cuando concluye la etapa de Mendizábal y se abre la desamortización general de Madoz. ,_ .,,. .,., z Todos los que están son, pero no todos los que son están es un retruécano que ayuda a entender la particularidad y límites de unas listas elaboradas a través de las cuotas de contribución. De los 53 grandes contribuyentes que superaban la cuota de 50 000 reales, 28 tenían una incidencia regional que vemos reflejada en el cuadro 1. 00 '-' ~ o -• j ~.,, . . ~~~;;; .,.., f u.¡ ...l <: ...l ~ ,. en 1 .5 z u.¡ z ¡ u 1 ...l ¡... -¡¡ .." < u -o< 1 C?C?C?C?C?"'1:C? 1 ~ ~ ; ; 1 i5; ¡..._ z~ u.¡ § en·- ' u.¡ ~ ,:i;:: .. 0. :,.. f lil- ~ - - - l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10:l ,:i;::.~ .... z.s e o> c.:: u e INCIDENCIA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES < o. § rZ .§ <·C) 0. ~ Q De esa relación conviene destacar lo siguiente: lo. Importancia desempeñada por la nobleza y, dentro de ella, de la aristocracia más tradicional. Bien es verdad que debería haber propietarios que, a nivel provincial (e incluso regional), superaban varias de las cuotas reseñadas, aunque no pasaran de los 50 000 reales en el conjunto estatal. De haberse incluido, más de un nombre sin título nobiliario tendría que figurar en dicha lista, aunque seguramente no tanto en los primeros lugares. Pero, por otra parte, no olvidemos otra de las limitaciones de esta Estadística (que hace que los valores de la contribución reseñados en el cuadro estén sesgados a la baja): no se agregaron las cuotas inferiores a I 000 reales pues, de contabilizarse, sería probable "que todas o la mayor parte de las personas comprendidas pagasen una suma mayor"47 • %de su contrib. Cada-león Andaluáa Extremaoora total (conoibuyentes (contribuyemes (contribuyemes en .. u.¡ ~ ¡;¡;¡S < 10 10-25 26-50 51-75 > 75 º8 en u.¡ ¡... z u.¡ >- ::> - 13 8 6 - 4 5 8 3 4 6 4 6 1 1 * (1854) CastilllOtras regiones La Mancha (contribuyemes) (contribuyemes) 6 9 7 2 1 12 4 2 - 1 * Con representación en Castilla-León (excluido Canal de Castilla). 1:1:l ,:i;:: ¡... z o u en u.¡ ,:( o >- < ¿ en o ...l u" -o i :::, :z 2o. Si descartamos la empresa del Canal de Castilla, con incidencia exclusivamente en la región, los demás contribuyentes lo son a título interregional y participan en Castilla con porcentajes significativos (dentro del total de su contribución). No llegan a la cuantía del 60-80%, como ocurre en Andalucía, pero esto no quiere decir que Castilla fuera un apéndice secundario del gran terrateniente (al modo de Galicia, Cataluña, etcétera) sino, al contrario, una prolongación importante en el mapa de las grandes fortunas territoriales. �184 Siglo XIX Robledo H.: Revolución liberal y propietarios en Castilla-León 'A) Contribuyentes > Castilla-León Andalucía (8) % Total cuow 500 rs. 13 684 29 396 2.4 6.15 185 {Q únt. satisfechas (% del total) 30.2 63.65 3o. Desde otro ángulo, una comparación con el caso andaluz a base del análisis de los contribuyentes por encima de los 500 reales, revela, efectivamente, un peso inferior de éstos en Castilla, pues hay más del doble en el Sur pero, en términos relativos, puede afirmarse que hay una mayor concentración de riqueza en ese 2.4% de cuotas castellanas: el coeficiente de la columna B, al relacionar Andalucía/Castilla, es de 2.56, y en la columna Ces sólo de 2.11 48• 4o. Todas las provincias castellanas reciben la influencia de estos grandes contribuyentes a nivel estatal, pero no del mísmo modo. Excluido el Canal, sobresalen, por este orden, Avila, Zamora, Valladolid y Salamanca (de 10 a 15 veces aparecen en la lista anterior de 28 grandes contribuyentes); en el último lugar está Segovia, aunque es muy probable que la consideración del peso de estos contribuyentes en el total de la contribución provincial o regional no relegaría de esta forma a la provincia segoviana. Los grandes propietarios al inicio de la Restauración, año 1875 Partimos ahora no de un recuento a nivel estatal (ni con la exigencia de un mínimo de 50 000 reales), sino de una lista desde abajo, es decir, de grandes contribuyentes a nivel provincial, a través de la cual hemos elaborado la lista regional (a partir de la agregación de cuotas que superan las 6 000 pesetas). La fecha escogida de 1875 (impuesta por la disponibilidad de las fuentes) constituye un buen momento para apreciar el poderío de grandes propietarios, una vez que la oportunidad de la desamortización de Madoz se ha realizado en gran medida y ha dado tiempo también a que se produjeran traspasos de éstas y anteriores compras de Bienes Nacionales (cuadro 2). A partir de aquí, podemos disponer de una lista que nos permite aproximarnos a los grandes contribuyentes de la región, aunque, tal como veremos, poco o nada les costará esa contribución. De cualquier modo es una de las formas de tantear quiénes eran los grandes propietarios de Castilla, y lo primero que puede decirse es que quienes ostentaban esta categoría lo hacían, sobre todo, por ser grandes propietarios de Salamanca y, en menor medida, de Avila, Valladolid, Zamora o Segovia. Casi como provincias "exentas" figuran el resto (Palencia Burgos, León y Soria). ' Esto no quiere decir que en estas últimas provincias o en las otras no tuviera lugar el peso del gran propietario. En provincias como Avila, por ejemJ?lo, esos 50 primeros nombres que podían constituir el 0.2% de los contribuyentes controlaban el 8% del total de la contribución (sin_ contar ~l _tremendo fraude fiscal). El análisis que luego haremos a ruvel mumc1pal no hará más que confirmar esta apreciación. He.chas estas salved~des, Salamanca destaca no tanto por su número de nobles en los pruneros lugares, pues otras provincias la igualan o superan en esto, sino por la importancia cuantitativa de sus cuot~s: los 50 primeros sumaban más del 10% de la contribución provincial (cuadro 3). Además, importa fijarse en la existencia de hombres nuevos, sin historia de blasones que los avalen, pero que superan a la nobleza tradicional: dentro de los diez primeros hay tres propietarios ganaderos _salmanti?os que se intercalan entre la nobleza de la Baja Edad ~ed1a o del Siglo de Oro, y uno de ellos, R. Soriano (luego ennoblecido), encabeza la lista regional por encima del Duque de Alba, aunque no de la Casa de Alba que debería ser el primer gran propieta. rio de Castilla-León en 187549• Esta nueva situación, inédita cien años atrás (como revela el Libro del Mayor Hacendado) e incluso en 1855, ha sido resultado, principalmente, del_ fenómeno des_amortizador, al tener lugar la subasta de grandes extensiones pertenecientes a los Obispados de Salamanca y Ciudad Rodrigo, así como de instituciones regulares que monopolizaban gran parte de la superficie agraria provincial50• Pero esta novedad no se circunscribe a la provincia charra pues, aunque en menor cuantía, los primeros contribuyentes de Valladolid (J. Pombo), Burgos (P. Casado), Avila (M. Aboín) y, si prolongáramos la lista, de Palencia (Martínez Durango) y Zamora (M. Villachica), suben a la categoría de grandes propietarios de la región gracias al desenlace ~~l proceso desamortizador, lo que sanciona el proceso de concentrac1on resultante, al que antes nos referimos. Salvo J. Pombo, con propiedades en Santander y Palencia, el resto de "nuevos ricos" no supera la frontera provincial, pero la importancia que en ésta desempeñan les da derecho a codearse con gente ilustre en la lista regional. �CUADR02 LOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA REGION (1875) Contribuyentes Avtla - - - - 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Juan Pombo Ramón Crespo Mariano Crespo Conde de Oflate Duque de Osuna Duque de Uceda Francisco Gómez de Liaflo Marqués de la Torrecilla Conde de Encinas Antonio Terrero Policarpo Casado Conde de Torrearias Conde de Santibáflez Conde de Adanero Conde de Polentinos Mariano Aboin Juan Lamamie de Clairac Conde de Superunda Marqués de Cilleruelo Bureos - 1 Rodrigo Soriano 2 Duque de Alba 2 550 3 Duque de Fernán Núflez 6 678 4 Conde de Luque 5 Manuel Tabernero 6 Duque de la Roca 9 853 7 Clemente SánchezArjona 8 Conde la Patilla 9 Conde de Santa Coloma 10 Marqués de Castellanos 1 293 11 Conde de Pui'lonrostro 12 Duque de Abrantes 9 538 13 Vizconde Garcigrande 14 Fulgencio Tabernero 15 Marqués de Alcai'lices 16 Marqués de Aguilafuente 17 Marqués de Valderas 18 Conde V illagonzalo - 1 517 - 7 189 2 976 - 2 206 6 507 - 6 177 - - León - - - 2 850 - - - - - 730 - - P~ncla 1 281 - - - - 17 880 13 933 13 605 13 346 2 399 7 348 3 467 - 11 868 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 818 - - 6 319 3 210 -- - - - 1 370 - - - - - - - - 3 900 7 115 - - 13 138 4 229 - - - - 1 756 - - - - - 22 510 21 318 Valladolid - 2 540 - Sorta - - - ~ovb 22 510 17 487 11 202 13 933 13 605 3 493 - umora Salamanu - - 8 246 10 731 - 5 855 3 861 9 952 - 9 428 9 021 - - - 7 298 - - - - - - - - 3 273 - - 3 691 - - - - - 12 746 3 743 4 176 - - 10 084 10 069 9 952 - 5 656 3 749 8 414 9 754 9 428 9 021 8 929 8 821 8 414 - 7 298 - 7 198 7 173 7 136 7 115 7 059 6 982 6 866 6 829 6 507 8 384 - - 13 138 12 941 2 594 - - - 10 091 6 208 - - 12 108 11 868 11 105 10 840 10 731 10 459 - - - - - - 4 083 - 6 982 6 340 837 - 7 136 - - - Toul - - 5072 - - 6 866 4 623 - 2 468 - - - - - - 6 340 6 177 6 159 Fuentes: R. Robledo Hernández, La renta de la tierra en Castilla La Vieja y León (1836-19/3), Madrid, Banco de Espai'la, 1984, anexo l. �188 Siglo XIX Estos hombres nuevos coexisten en cada provincia con un número variable de nobles, siempre menos en número que los que no tienen título, pero con un peso desproporcionado a su inferioridad numérica. En el ámbito regional, los nobles son el 28%, pero controlan casi el 400/o del total contribuido por los 50 mayores. La provincia segoviana destaca en este aspecto, pues 8 de los 10 primeros contribuyentes son nobles (cuadro 3). Finalmente, los grandes contribuyentes de cada provincia están comprendidos mayoritariamente en la escala de 1 000 a 5 000 pesetas (cuadro 4). Incluso aparecen en la lista de 50 mayores un 17.8% que no llega a las 1 000 pesetas. Aquí se marca una de las diferencias de Castilla con las zonas tradicionalmente latifundistas, pues en Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha (con la excepción de Guadalajara), el último contribuyente (de entre los 50) paga cuotas superiores a las 1 000 pesetas. 51 Los cambios a mediados del siglo XIX La oportunidad de poder contar con una lista de grandes contribuyentes a nivel estatal en 1875, gracias a la paciente elaboración de Rosa Congost, nos da pie para establecer una comparación con la lista de 20 años atrás (cuadro 5). Para aclarar los términos de la comparación, recordemos que la clasificación que aparece en el cuadro 5 sirve para medir primordialmente hasta qué punto la región castellana está libre o no de la influencia de los grandes terratenientes españoles. Y en 1875, de forma parecida a dos décadas atrás, observamos una presencia significativa: 11 de los grandes contribuyentes tienen en la región de un 10 a un 250Jo del total de su contribución, 4 del 26-50% y 1 del 100%. En cuanto a las provincias más afectadas, se ha consolidado la elección por las más occidentales -Salamanca, Avila, Valladolid y Zamora-, que aparecen de 6 a 10 veces en esa lista de 27 grandes contribuyentes de ámbito ·estatal. La diferencia más marcada respecto a la etapa anterior reside, a primera vista, en que los grandes propietarios, sin perder su importancia, controlan menos provincias que antes. En 1855, la media de provincias por gran contribuyente era de 3 y, veinte años después, ha descendido a 1.6. Esta es una concreción, a nivel regional, de un fenómeno que parece funcionar de forma más global: la gran dispersión geográfica en la que se apoyan las fortunas nobiliarias de 1855 ha dado paso a una concentración en la que Extremadura y Salamanca desempeñan un papel importante52 • ig 8~~~~8~~~ :, \()COQOf""lt--r-"""o,. :@ r- ~ r-- --:::!t--~on 3 e 5 ~ 1---1---------1-z -se-GJ$!.t1-~'ff~-8--s! lI! e-8 C?~C?~C?<=!~~~ "lt; ;.1 z ~;-~;~e~a,; ~ e N Nr-NO'l"tf'Nr-N---- 00 ~:z:8~~~Ñ;es ~ N r---:MN~5?'°~<r:iV'\ V'\ �190 Siglo XIX CUADR04 DISTRIBUCION DE LOS MAYORES CONTRIBUYENTES SEGUN PROVINCIA Y ESCALA CONTRIBUTIVA (1875) (En pesetas) Provincias <1000 Avila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora Región OJo 18 24 - - 38 - 80 17.8 1 001· S 000 43 31 26 48 27 45 12 S 001· 10 001· 15 001· 10 000 IS 000 20000 >20000 7 1 - 47 2 16 4 6 2 323 71.8 38 8.4 44 - 5 1 - 1 - - 1 - - - l - - 7 1.6 1 0.2 0.2 - 1 -- t-"' 00 - ' -' Total 50 50 50 50 50 50 50 50 50 450 100 Fuente: Ver cuadro 2 El trasiego de própietarios y el consiguiente hecho de que unas figuras de la aristocracia sean suplantadas por otras han sido provocados por diferentes motivos: una mayor racionalización a costa de eliminar gastos fijos de administraciones en zonas marginales, una búsqueda de mayor seguridad, alejándose de provincias tradicionalmente más conflictivas, o el simple resultado de la división hereditaria facilitada por la desvinculación, constituyen los principales argumentos, sin poder precisar por ahora cuál tiene mayor incidencia, pese a que el último es el más fácilmente contrastable. El análisis de los cambios a nivel regional entre 1855-1875 revela la desaparición, en la última fecha, del Marqués de Cerralbo, Duque de Gor, Conde de Bornos, Marqués de Belgida, Conde de Chinchón y Conde de Parcent, mientras que otros dos títulos -Marqués de Villahermoso y Conde de Cervellón- se integran ahora en el Duque de Sta. Coloma y Duque de F. Núñez, respectivamente. Al contrario, una decena de nobles (salvo el primer gran contribuyente) se encarga de suplir a los anteriores. Por otra parte, si comparamos las riquezas imponibles de los que permanecen en ambas listas, parece confirmarse ~ -NM"'"<n\Ot-000\~=!::!~::!;~~~~~~Ñ~~~~~~ CD :a - l"'=::!:S ,~ 00 "'"' 1:::1 I'° ... ,~ 1 , .... ~ 1 1 1 l::l:sl �192 Robledo H.: Revolución liberal y propietarios en Castilla-León Siglo XIX 193 3 la idea de un cierto descalabro de la aristocracia tradicionals , pues las caídas se concentran en la nobleza de la baja Edad Media. En su lugar, otros títulos (varios del XVII y XVIII) han salido beneficiadosS4: En líneas generales, comparando la numeración España-Región, se advierte que los avances en la clasificación de España se corresponden con ganancias también en el ámbito regional, incluyendo casos de gente que en 1855 no estaba en la región y ahora sí (Marqueses de Perales Y Malpica). Conviene ser cautos, de todos modos, respecto a l~s ausencias o disminuciones, al comparar las listas de 1855-1875. Primero! porq?e sólo con la consideración del conjunto estatal puede saberse _s1 las perdidas en una región son o no compensadas con mayor presencia en otras zonas. Pero, sobre todo, por las características de la listad~ 1875, que yo creo menos fiable que la anterior. Varios de los :~?s citados pe~miten sospecharlo. El más sorprendente es la desapanc1on del Marques de Cerralbo que, al men?s por su_s propieda1ses en Salamanca_, debería figurar como un contnbuyente importante . En menor me~da, esto puede haberse repetido con el Duque de Gor, ~ues bastar1a que la contribución gravara con menos de l % a sus propiedades para _que figurara en varios municipios y yr~vin:ias entre l?s pr~eros contribuyentes56 • En cuanto a las d1smmuc1ones en la riqueza imp~nible entre ambas fechas, resulta muy dudosa la del Conde ~e Mont1jo, provocada por su no inclusión en la provincia de Valladohd, donde sí figuraba en ¡ g55s7 • Igualmente es difícil de entender que_el Duque_ de Medinaceli haya perdido su representación en la provmc1a de Sona Y que no pagara, al menos, 400 pesetas de contribución 0o que le haría figurar entre l~s 50 primeros de esa provincia), pese a dispon~r ~ ~or lo menos, d~ mas de 8 000 hectáreas, como vimos antes. La d1v1s1ón de la herencia del Duque de Frías es una explicación par~ que otro de los ~randes v~ reducida su presencia en Castilla: del numero 4 pasa al numero 20S • Las reticencias se extienden también a apellidos con menos solera, como, por ejemplo, Ferná_n?e~ Casariego! que debería figurar en Zamora (fue uno de los benef1c1ar1os de la qmebra de Osuna), o el caso realmente anómalo de J .J. de Vicente, pues era uno de los más grandes • ¡· S9 propietarios de la región y no figura en runguna 1sta . ¿Qué explicaciones cabe dar a estos ejemplos? La ausen~i~ de estos hombres puede ser atribuida a lo q!-1e _motivab~ la pub~c1dad de esta lista en el Boletín Oficial de la Provmc1a, es decir, al caracter ~lectora! (capacidad según la Ley Electoral -de 18:0- para ser eleg1~os senadores, de la que prescindirían algunos de los mteresados); tamb1en, con menos probabilidades, a que la costumbre de que los arrendatarios pagaran la contribución del dueño haga figurar de forma dispersa a aquellos en lugar de este último. Más verosimilitud tiene, simplemente, recordar el consabido tema de la ocultación y del fraude fiscal que los primeros avances catastrales se encargaron de cuantificar<>O. En resumen, creo que la presencia de las grandes fortunas nobiliarias en Castilla no se ha diluido tanto como pudiera desprenderse de una primera lectura de la lista de 1875. El hecho de que algunas provincias castellanas dejen de figurar en 1875 dentro de la telaraña de los grandes terratenientes hay que atribuirlo a la peculiaridad del sistema fiscal español, y a la ausencia del Catastro. Ciertamente, en otros casos no se puede ocultar que se han producido descalabros de una antigua nobleza, todavía poderosa en la fase final del Antiguo Régimen. Los ejemplos más o menos típicos de Osuna o Altamira, etcétera, están ahí para argumentarlo, así como para señalar, al mismo tiempo, los beneficiados de este proceso de ruina nobiliaria, tal como veíamos antes. Pero esta menor presencia de una nobleza que se va difuminando es reemplazada por otra (o por cualquier advenedizo) que abarca menos, pero que no deja de apretar, sobre todo, en la zona más occidental. Análisis municipal Por importante que sea un proceso de concentración de la propiedad, éste se diluye sin querer en el estudio del ámbito regional o provincial, y sólo recurriendo a escalas más reducidas cabe concretar dicho proceso: en definitiva, partiendo de los pueblos, que eran quienes sufrían directamente el peso de los grandes "contribuyentes". El objeto fundamental de este apartado reside, básicamente, en la presentación, cuantitativa y cartográfica, del impacto del gran terrateniente a escala local; los datos sólo se han elaborado para 4 de las 9 provincias castellanas (Avila, Segovia, Salamanca y Zamora), en parte por el tipo de fuentes disponibles y también porque los varios miles 61 de operaciones desaniman al más voluntarioso • Las provincias de A vila, Salamanca y Segovia tienen, prácticamente, 2/3 de los municipios afectados por la contribución de alguno de los 50 primeros, y en Zamora, un 36%. La agrupación por partidos judiciales que aparece en el mapa l indica unos máximos que se concentran en las zonas interiores de esas provincias, mientras los partidos más periféricos, en general, se ven más libres de la influencia del �194 Siglo XIX MAPA J gran contribuyente. Apenas si se les percibe en los arribes del Duero, en la Sierra de Béjar o en las estribaciones de la de Gredos, mientras sobresalen en la Tierra de Arévalo, Tierra del Pan y del Vino o en la penillanura al sur de Salamanca. MUNICIPIOS DONDE CONTRIBUYE ALGUNO DE LOS 50 PRIMEROS CONTRIBUYENTES DE LA PROVINCIA (En "lo sobre el total del partido judicial) La presencia de los grandes contribuyentes se extiende, a veces, entre muchos municipios, pero en varios de ellos mantienen una incidencia singular pues, cuando se supera el 10% de la contribución municipal, ello es debido (como máximo) a tres contribuyentes. CUADR06 INCIDENCIA MUNICIPAL DEL GRAN CONTRIBUYENTE Número de pueblos • Porcentaje cuota municipal Núm. pueb. %sobre total pueblos Provincias donde de prov. <10% contrib. Avila 179 67 102 234 SaJamanca 61 134 Segovia 172 63 118 Zamora 111 36 82 Total de pueblos 696 436 - 10-2s, 25-40% >40% 43 51 46 29 27 6 22 2 14 10 5 154 72 34 < 200/o • 20 - 40070 • 60- 800/o • 40- 600/o - > 800/o 5 NUMERO DE MUNICIPIOS DONDE 3 CONTRIBUYENTES PAGAN MAS DEL 10% DE LA CUOTA MUNICIPAL Fuente: Ver cuadro 2 Las peculiaridades de estas listas provinciales permiten suponer con fundamento que existían grandes propietarios en un término municipal, pero que su cuantía no era suficiente para figurar a nivel provincial. Este hecho, junto a otras ausencias realmente sorprendentes Oo que denota lapsus un tanto generalizados de la Administración Económica Provincial), indica que estamos ante una presencia del gran contribuyente en los municipios muy inferior a lo que en realidad era; algún caso lo puede testimoniar62 • Aún así, partiendo de los datos que constan en el Boletín, pienso que la realidad del peso del gran propietario es más consistente de lo que podría pensarse a juzgar por el porcentaje de esas cuotas sobre el • I Pueblo • 5 Pueblos .10 Pueblos �Robledo H.: Revolución liberal y propietarios en Castilla-León 196 197 Siglo XIX total municipal (y más importante de lo que algunas visiones d_e la~?ciedad castellana nos quieren hacer creer). En efecto, la contnb~c1?n territorial que estamos examinando engloba cuatro conceptos d1stmtos: contribución rústica, pecuaria, colonía y contribución urbana, ·desglosada esta última del resto en torno a 189363 • Natural~ente, el gran contribuyente podía serlo por los cuatro conceptos antenores, pero su incidencia en la riqueza imponible urbana no debía sobresalir, excepto en las capitales de provincia y pocos centros más, del tipo de Ciudad Rodrigo o Toro. En el conjunto regional, la parte i~put~~le a la c~mtribución urbana era del 21.70/o en el total de la contnbuc1on, con diferencias provinciales considerables64 • Excluida la contrib?ci?n de col~nía, sólo la riqueza pecuaria y territorial parecen const1tm~ los motivos principales para la inclusión en la lista de_ grandes ~on~nbuyentes y, por el tipo de personajes que figuran en la hstas, !°e mchno .ª pensar que, salvo algunos ganaderos s~mantinos, era la _nque~ es~nctarnente territorial y rústica la que echpsaba a la pecuaria; en termmos generales, según R. Santillán, ésta sólo contribuía en un 100/o al total de la cuota tributaria. En estas circunstancias, la significación de los porcentajes qu~ hemos utilizado se incrementaría sensiblemente, si, en vez de refenr 1~ cuota del gran contribuyente al total municipal, se hiciera sobre la riqueza territorial estrictamente. Por lo tanto, teni~ndo en cuenta est~ consideraciones y conocida la general benevolencia de las Juntas Periciales hacia el gran propietario, etcétera, hay que concluir _que: por lo menos, porcentajes superiores al_JO% en el to_tal de la ~º?~nbuc10n !Dunicipal presumen un grado considerable de riqueza,_ d1flcil de med1~ en hectáreas de forma rigurosa65, pero que, de cualqwer mod?, d~mienten la impresión de una región de escasísimos grandes prop1etanos que superaran la barrera del millar de hectár~, 66_- Al fin y al ca~_o, solamente en una provincia -ciertamente lat1fund1~t~,. pero tamb1~n en un momento tardío que había dado lugar a subd1V1s1ones y trasiegos ~e propiedad- existían, en 1933, 85 propietarios con más de 1 000 hecta67 reas registradas en el inventario del IRA • Recapitulación: hacia el propietario rentista El estudio de la propiedad de la tierra en la Castilla de la Restauración resta por hacer, en buena medida. Conocemos la importancia -decreciente- que tuvieron los montes públicos; pese a todo, representa68 ban entre una cuarta y quinta parte de la superficie agraria regional • No faltan monografías que nos recuerdan la persistencia de formas co- munitarias y aprovechamientos colectivos del suelo69, pintados en algunos momentos como la llave maestra que acabaría con la miseria y emigración que asolaban el mundo castellano a principios de siglo70• Pero no constituían ya más que una reliquia, lo que convertía en anacrónicos los intentos de presentarla como fórmula salvadora de la agricultura hispana. No hay ninguna duda de que lo dominante desde mediados del siglo XIX era -en palabras de un buen intérprete de la sociedad castellana- la linde71 • El liberalismo campaba por sus respetos. Efectivamente, esta sociedad se ha plegado a las normas liberales dominantes en Europa pero, a diferencia de los otros países europeos, se ha saltado el mecanismo para lograr una distribución equitativa de la contribución que gravaba su principal actividad productiva; desde las mismas bases de la revolución liberal, se ha instalado la ocultación y el fraude fiscal como un elemento fundamental del sistema tributario72 , lo que no dejó de ser grave en un país en el que la producción agraria aportaba la parte más sustancial de la renta nacional. Fueron inútiles los intentos de los gobiernos liberales para que los terratenientes se ajustaran a la realidad en sus declaraciones juradas, ni siquiera surtieron efecto las "intimaciones de comiso, ofreciendo a los denunciadores una parte no despreciable de las fincas sustraídas a la tributación"73 • Resulta inútil (o excesivamente costoso) probar el fraude fiscal sin catastro y, además, conocida la estructura de muchos pueblos y el apabullamiento a que estaban sometidos los menos poderosos, era arriesgado exigir más igualdad en la tributación74 • No es el momento de introducir el tema del fraude fiscal, soslayado con frecuencia por una amplia literatura que pedía "economías" y rebajas de contribución75 , más que un reparto equitativo de la carga tributaria, es decir, que los grandes propietarios pagaran lo que les correspondiera; pero era imprescindible una alusión, pues son estos hechos los que nos impiden presentar una estadística regional de la propiedad de la tierra. Sabemos el número de hombres que había en Castilla, cómo estaban distribuidos, qué tierras trabajaban o cuáles eran los cultivos principales, pero se tardará mucho en averiguar a nivel regional cuántas hectáreas poseían los grandes propietarios o qué porcentaje de los términos municipales era, realmente o no, controlado por los vecinos. Y todo esto no por azar, como hemos visto. Sin ser extemporáneo, cabe decir también que el fantasma de una ''oligarquía omnipotente y siniestra", que merece las invectivas de varios prohombres de la Restauración como algo "semioculto e invencible"76 , resulta tanto más oculto, por las mismas facilidades que recibía en el tratamiento fiscal . �198 Siglo XIX A pesar de todo, algo sabemos ya de la propiedad territorial durante la Restauración, y por lo pronto algo se ha descubierto de esa oligarquía, pues este capítulo se ha dedicado fundamentalmente a hablar del gran propietario. No tengo inconveniente en aceptar que se ha sesgado un panorama dominado por la gran propiedad, pero se ha hecho intencionadamente; un poco para desvirtuar el extendido argumento de una propiedad repartida en Castilla, y también para justificar el tema de la renta que figura en el siguiente capítulo, pues la norma del gran propietario fue practicar lo del "absentismo rentista". De cualquier modo, tanto en páginas anteriores como en las siguientes, se marca bien la distancia que existe entre el "latifundio castellano" (a veces, agregación de pequeñas explotaciones dispersas-) y el más conocido como Andalucía occidental. Esta estructura de la propiedad, más bien desequilibrada, podía haberse modificado por las posibilidades teóricas de acceso a la tierra abiertas por la revolución liberal. Pero dichas posibilidades fueron más bien restringidas para la mayoría de la población, a la hora de consolidar una propiedad media estable. La abolición del régimen señorial no abrió, como en algunas zonas del País Valenciano, un camino hacia la plena propiedad vía redención de los censos; las secuelas de prestaciones y derechos señoriales que, como el noveno, aún se seguían considerando como "contratos de particular a particular", indican que la resolución de los pleitos de señorío siguió, con ligeras excepciones, caminos parejos a lo que se ha escrito sobre Andalucía. Tampoco la desvinculación fue la ocasión para que el labrador medio castellano tuviera acceso a la propiedad del noble en apuros. En la desamortización, aunque es temerario generalizar para toda una región y sin negar que entre los compradores predominan los agricultores, no se oculta tampoco, como ha investigado Germán Rueda, que un pequeño grupo de la burguesía urbana (1667o del total) desembolsara más de la mitad del capital empleado en la desamortización de Mendizábal; en ese mismo periodo, para la provincia soriana (pues con Madoz la situación fue distinta), fueron más bien pocos y de fuera los que se aprovecharon de bienes tan preciados como los del monasterio de Santa María de Huerta, según cuenta Rosa Ortegan . Existe, además, un aspecto que favorece la consolidación de unos grandes propietarios_a través de oportunidades difícilmente repetibles en la historia de la agricultura española. En otro lugar he referido cómo esos balones de oxígeno, que llegaron a una aristocracia en crisis a través de las indemnizaciones de los más heterogéneos derechos feudales, sirvieron para animar la liquidez de antiguas fortunas; en varios países se Robledo H.: Revolución liberal y propietarios en Castilla-León 199 había efectuado algo parecido, pero con resultados diferentes, al menos en el caso de las indemnizaciones que recibieron los señores en Japón78• La ventaja para los AJba, Frías, etcétera, estaba en que aquí se abría, al mismo tiempo, un importante mercado de tierras al que tenían acceso precisamente con aquellas indemnizaciones ... 79• Otros no les fueron a la zaga y, a través de la desamortización urbana y rústica, arriendo de estas tierras o quiebras de otros compradores, lograron casi duplicar su patrimonio en muy pocos años80• De otros individuos con menor volumen de riqueza podemos deducir indirectamente, a través de las cuotas de contribución, que también disfrutaron de ocasiones ventajosas. Este es el caso de los primeros propietarios palentinos, residentes en Baltanás, Palencia, Paredes de Nava, etcétera, que, en el transcurso de 20 años, duplican o triplican su contribución, cosa que, como hemos visto, no puede imputarse a una progresividad tributaria81• Por lo demás, tanto unos como otros utilizaban los mecanismos que dirigían la vida económica de aquella sociedad y que eran, básicamente, los de una economía de mercado: a veces, a través de procedimientos verbales cuando se apalabraba un arriendo; otras, mediante las subastas que periódicamente aparecen en el Boletín Oficial de la Provincia, subastas de tierras82, de pastos83, de leñas84 ... Desde el planteamiento de diversos teóricos se ha concedido últimamente una importancia primordial a la renta, en parte a través del análisis del tomo III (Sección Sexta) de El Capital, donde la renta del suelo ocupa un lugar destacado. En un discutido contexto -el de la "renta absoluta"-, Marx insiste en que la principal premisa de la que se debe partir es la existencia de la renta, pues "lo que se compra con el precio abonado no es, en realidad, la tierra, sino la renta que de ella se obtiene... " y "cuando se vende la tierra, se vende siempre como fuente de renta" 85 • No es éste el momento de perdernos en un sinfín de disquisiciones o "lecturas" de unos textos u otros, aunque lo apuntado cobra pleno sentido en el panorama que estamos historiando, pues la norma era que, tanto el terrateniente tradicional como el advenedizo, optaran por el arriendo como la fórmula más cómoda y segura de hacer rentable la propiedad territorial. El gran propietario castellano vive de rentas. �200 Siglo XIX Robledo H.: Revolución liberal y propietarios en Cas1illa-León 201 NOTAS 1. El primer secretario del Consulado Británico en Madrid se había ~eferido con deses- 12. F. Herán: Tierra y parenlesco en e/ campo sevillano. Mo. de Agricultura. Madrid, 1980, p. 134. peración a la "ausencia de estadísticas impresas y a la inmensa dificultad de procurarse alguna información que no fuera _Puramente locat:•. ª;.P.P. (1871_)_ L~VII Reports... respec1ing the tenure of land, citado por D. Spr!ng: lntroduc_c1on a European landed elites in the nineteenth century. J . Hopkms U.P ., Balumore & London, 1977, p. 5. 13. Para este asunto, aunque esté aplicado en otro contexto social, cf. E. Femández de Pinedo: "Del censo a la obligación: modificaciones en el crédito rural antes de la Primera Guerra Carlista"./ Coloquio Vasco-Catalán de Historia. Diciembre de 1982, pp. 8-9 (comunicación fotocopiada). En general, B. Clavero: Mayorazgo, pp. 2. Representación dirigida al Regente del Reino por el apoderado General de los pu~blos contra la Grandeza y Títulos de Castilla (1842), citado por J. Ma. Jover: Pohtica.' diplomacia y humanismo popular en la España del siglo XIX. :urner, M~drid, 1976, pp. 317-318. La réplica al panfleto fue que esto ~radar ~,ie para ped1r mañana "el despojo de las propiedades que poseen los parll~ula~es , argumento que otros moderados utilizarían sin éxito contra la desamort1zac1ón. 3. Historia de España y América. Vol. V Edic. de Bolsillo, p. 68 (la. edic. 1957). 4. Cf. R. Herr: "Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen". Moneda y Crédito, no. 118 (1971), p. 48 y B. Clavero: Mayorazgo, propiedad feudal en Castilla (1369-1836). Siglo XXI. Madrid, 1974, p. 333. 5. El mayor de los hijos naturales del XI 11 Duque de Osuna resultó hered~ro u~ive!sal de sus bienes libres. Al fallecimiento del XII Duque, en 1790, el patnmomo hbr_e ascendía, sin cargas, a 9 millones de reales, pero su sucesor amplió ~asta_nte el_patrimonio de libre disposición. S. Moxó: "El Duque del Infantado... H1spama, no. 37 (1977). 6. Cuenta liquidación y participación. .. de la última Duquesa que fue de Alba. Protocolo 25.206. A. H. de Protoc. Madrid. 7. Cf. R. Robledo: La propiedad de la rierra . Estudio dinámico a trav~s del Regfslr? de la Propiedad (inédito). Banco de España, marz_o 1979. La e~is~enc1a del promd1víso -titularidad compartida entre la nobleza e 1gles1a- fac1hto mucho el que la primera se quedara con la parte correspondiente a la segunda. 8. Participación y adjudicación al actual Excmo. Duque de Frias. .. (1860). Prot. 27.ll5. 9. Casualmente he localizado un protocolo en el que el conde de Altamira, en dificultades por pleitos e imperativos de dotes familiares, recibe 4 .5 millones de reales en préstamo de J . Manuel del Collado a cuenta de las indemnizaciones de diezmos que le corresponden, pero que aún no se le han abonado Prot. no. 25.682. 10. P. RuizTorres: Señores y propietarios.Valencia, 1981, pp. 385-386, 391. Otro ejem- plo destacado en Cataluña es el del Conde de Santa Coloma, como ha señalado Angels Solá: "Notes pera iniciar un estudi de la desvinculació" . Primer c_ongreso de Historia Agraria. Octubre 1978. Editado por Diput. Prov. de Valencia, 1983. JI. Se expresa con toda crudeza en el "Presupuesto anual de ingresos Y gastos de 1~ Casa y Estados de Montijo ... ", 22 abril 1845, que me cedió generosamente el amigo Angel Ga. Sanz. No es extraño por eso que, al hojear protocolos de aquellos años en el A. H. de Protocolos de Madrid (no. 23.930), uno se encuentre con los acreedores del citado Conde delegando poderes en un importante comerciante. 164-169. 14. F. Herán: Ob. cit., p. 135. 15. A. Solá: ponencia citada, p. 3. 16. Así se hizo, por lo menos, con Cojos de Robliza (1 040 fanegas) después de un préstamo de 70 000 escudos en 1867: Hijuela de la Sra. Da. Ma. del Carmen de Vicente (1876) consultada en el Archivo del Conde de Montarco. Algo parecido tuvo que ocurrir con Santa Olalla de Yeltes, pues se hace con la parte que pertenecía al mismo prestatario en 1853. 17. Me he referido a este tema en "Movilidad de la propiedad de la tierra ... ". Miscellania del Collegi Universitari de Girona (1981). También R. Villares alude a la ina- decuación de la Ley Hipotecaria respecto al régimen de propiedad vigente en Galicia. Uno de los puntos conflictivos era la inexistencia de derechos claros y unívocos y la falta oe una referencia territorial explícita: La propiedad de la tierra en Galicia, 15()().1936. Siglo XXI. Madrid, 1982, pp. 297-308. Este tema ha sido explicado por Alicia Fiestas en las Jornadas de Desamortización de Santander (1982), en su comunicación "La protección, por la ley de 8 de febrero de 1861, de los compradores de bienes eclesiásticos desamortizados''. Se demuestra que los legisladores protegieron, y muy bien, a los compradores, pese a que muchas inscripciones fueran excesivamente vagas. 18. Se trataba de un monte de 2 500 fanegas. Este ejemplo y los anteriores proceden del estudio citado en la nota 7. 19. Tanto en este apartado como en el de la desamortización, reproduzco parte de la comunicación presentada al Primer Congreso de Historia de Castilla la Vieja y León: "La liberalización del mercado de tierras en Castilla-León: aproximación regional" (Valladolid, diciembre 1982). 20. Cf. A.M. Bernal: La lucha por la cierra en la crisis del Antiguo Régimen. Taurus, Madrid 1979, pp. 122-123. 21. Me refiero al caso valenciano, aunque no se trata de afirmar con esto un reparto general de las tierras al campesino, pues ya existía previamente una distribución desigual en las posibilidades de disfrutar el dominio útil. Cf. P. Ruiz Torres: Señores y propietarios. Cambio social en el sur del País Valenciano (/650-1850). Valencia. 1981, p. 397. La tendencia, en ésta como en otras recientes investigaciones, se orienta a señalar las oportunidades proporcionadas por la revolución liberal al concebir la enfiteusis como propiedad compartida. Vid. A. Gil Oleína: "Evolución comparada de la propiedad señorial a través de establiments y foros", Estudios Geográficos, no. 165 (1981), p. 370, y el prólogo de M. Peset al libro de Hernández Marco y Romero: Feudalidad, burguesía y campesinado en la huerta de Valencia. Valencia, 1980, �202 Siglo XIX p. 18. Para un desenlace también diferente en el caso galleg?, cf. R. Villares: La propiedad de la tierra en Galicia, 1500-1936. Siglo XXI, Madrid, 1982. pp. 146-150. 22. Solamente en la etapa de 1843 a 1852, los gastos que presentó el apoderado~; los pueblos, J. Manzanera, ascendieron a 136 000 reales, aparte_de una suma de_ gastos extraordinarios" de 37 500 reales, que provocó muchos disgustos. No sé s1 están incluidos en estas cantidades los 14 000 reales que cobró Olózaga por la defensa de los pueblos en el T. Supremo. El cronista local cu,~nta que '_'l~ pm~blos_, agobia~os con tantos repartos, apenas si podían sostenerlos . G. Tonb10: Histona de la villa de San Felices de los Gallegos. Ed. Libertad. Valladolid, 1940, p. 219. 23. Carta ejecutoria ganada del Concejo y vec~os del l_u~r de Ci_vanal, provincia de esta ciudad de Zamora ... (1815-1855). Archivo Muwetpal de Villar de Buey. Agradezco al Secretario don A. Blanco las facilidades concedidas para la consulta del documento. 24. M Sánchez: Cerralbo. Consecuencias de la disolución del Régimen señorial... pp. 59~. El autor estudia la inhibición del Ayuntami~nto_ en el juicio de instrucc!ón cuando el Marqués solicitó ser declarado señor temtonal con una documentación discutible: "Todo transcurrió sin oposición alguna como si el propio pueblo fuera el refrendador de las pretensiones del marqués" (p. 60). Tesina inédita. UAB. 1976. Se ha publicado una parte en Provincia de Salamanca, no. 2 (1982). 25. J.I. Izquierdo: "Estructura agraria y paisaje a~ario en_ e) borde.sureste de Tierra de Campos". I Congreso de Geografía de Castilla la V1e1~ Y León. Burgos, 1982, p. 152. nota 12. Lo que se discutía eran varios aprovecharrnentos en el páramo. Ganó el Duque de Alba. 26. Diputación Provincial de Salamanca. 1932. Rela~ión de fincas en las pp. ~5- Es posible que se incluyan algunas fincas desamortizadas compradas por ex seno~es, con lo que la cifra referida deba rebajarse en una proporción que no puedo P~I~ por ahora. Esta memoria ha sido reeditada parcialmente en el no. 4 de Provmcia de Salamanca. 27. El de Santa Olalla de Yeltes abonaba 75 pesetas al año. Cf. R. Ro~Jedo: "L~ propiedad de la tierra...". Provincia de Salamanca, no. l. En este articulo exammo la evolución a largo plazo de dos pueblos de señorío. 28. Un ejemplo de Acción social agraria. El caso de Otones de Benjumea. Impre~ta ?e Madrid. 1929. Repartido entre la Mitra de Segovia y el mayoraz~o d~ P . V1rUes, la desamortización ayudó, como en otros casos, a que un solo prop1etar10 se quedara con toda la explotación. 29. z. Espejo proporciona el contrato de arrendamiento que existía entre lo~ vecinos y el Vizconde de Eza (Costumbres de Derecho y Economía rural... Ma~lnd 1900). Este se quejaría en 1932 del proyecto de Ley de bases de Reforma Agra~a,_ 9ue preveía expropiación de antiguos señoríos. Para él se trataba de una expoliac1on, pues por las Cortes de Cádiz (sic) se había conseguido convertir los señoríos "en meras fincas particulares que en nada se distinguen ni diferencian de las demás". Buen resultado, pues, de la legislación abolicionista ... L. Marichalar 0'izconde de Eza): La exhumación de los señoríos. Imp. So. Suc. Minuesa. Madrid, 1932, p. 33. Robledo H.: Revolución liberal y propietarios en Castilla-León 203 30. El Documento de la Concordia entre el Marqués de Alcañices y los 53 pueblos de su estado sobre pago de rentas que algunos pueblos se negaron a pagar en 1845 no pude localizarlo en Alcadices, aunque consta inventariado por Matilla Tascón en la Guía Inventario de los Archivos de Zamora y su provincia. Madrid, 1964 p. 370. A partir de 1909, los pueblos se negaron a pagar las prestaciones que consideraban de origen jurisdiccional. La Sentencia del Tribunal Supremo de 19-XII-1914 volvió a dar razón al Señor Marqués Cf. El Código civil interpretado por el Tribunal Supremo. Apéndice 1914. Barcelona. 1916. 31. El examen de varios expedientes depositados en lo que fue I.N. de Colonización en Madrid demues~ra la existencia de varios pueblos castellanos, agrupados en sindicatos católicos que, a través de la Dirección General de Acción Agraria, luchan por conseguir la propiedad de varias dehesas (como los abulenses de Pedro Bernardo o Cobos de Villar) o de su pueblo, el de Narros del Puerto, Cfr. más adelante nota 165. Para la actuación de los sindicatos católicos, J. J. Castillo: Propietarios muy pobres... pp. 229-254 ("Crear más pequeños propietarios"). 32. S. de Moxó: La disolución delrégimen señorial en España. Madrid 1965, pp. 114-115. Véase también M. Artola: Antiguo Régimen y revolución liberal. Ariel, Madrid, 1978, p. 173. 33. "Fue uno de los grandes señores liberales que admitió sin queja las medidas que le privaban de pingües ingresos(...) dando un alto ejemplo de patriotismo". Así lo ve uno de sus sucesores en Inventario del archivo de los Duques de Frias. Tomo I. Casa de Velasco. Madrid, 1955. p. XXIV. 34. A. H. de Protoc. no. 31.205. El Tribunal Supremo había fallado en contra de los vecinos en 1866. Casos similares ocurrieron en el Marquesado de Alcañices. 35. García Ormaechea: Supervivencias feudales en España. Madrid, 1932. p. 61. De todos modos, S. de Moxó advi_erte también la incongruencia del Tribunal (La disolución del régimen señorial en España. Madrid, 1965, pp. 167-170), aunque es inexacto, por lo que hemos dicho, añadir, como hace Moxó, el noveno de frutos como una prestación suprimida (p. 169). 36. Para estos datos, así como para los que se han representado en el gráfico, vid. F. Simón Segura: La desamortiz.ación española del siglo XIX. IEF, Madrid, 1973. p. 263. En las páginas siguientes, hago una breve síntesis de la comunicación citada en la nota 19 (en curso de publicación) en la que se documenta cada una de las afirmaciones, ahora muy resumidas. Prescindo de citar buena parte de la bibliografía, recopilada hace poco por Germán Rueda en Agricultura y Sociedad, no. 19 (1981), y que asciende a 300 títulos (incluidos los de la addenda multicopiada); hoy ya deben pasar con seguridad de los 400... 37. Las principales dificultades provenían de la decadencia de derechos señoriales, con motivo de la crisis del Antiguo Régimen, que no se puede aislar, por lo demás, de la crisis económica del primer tercio del siglo XIX. R. Robledo: "Desamortización YHacienda Pública en algunos inventarios de grandes terratenientes del siglo XIX". Comunicación presentada a las lomadas sobre Desamortización y Hacienda Pública, Santander, 1982. 38. A. H. Provincial de Zamora (Archivo de Hacienda), Libro 69. �204 Siglo XIX 39. El tema ha sido descifrado por Esteban Canales: Decadencia y abolición delos diezmos en España. Tesis doctoral, UAB, 1980. Resulta extraño que los investigadores de la desamortización que han examinado cartas de pago no hayan caído en la cuenta de este fenómeno. 40. "Desamortización y Hacienda Pública. Reflexiones... ". Hacienda Pública Española no. 77 (1982). p. 27. Efectivamente, los vales reales, por ejemplo, figuraban en las cuentas de la Duquesa de Alba. 41. Así, por ejemplo, la Condesa viuda de Montijo compra bienes nacionales en Valladolid mediante certificaciones de las Contadurías Diocesanas del Culto y Clero de Logroño, Segovia, Valladolid y Zamora. Expediente 811 (Braojos). A. H. P. de Valladolid (sección Hacienda). 42. Véase J. Díaz del Moral: "Mercado, transportes y gasto público en la España interior". Hacienda Pública Española. no. 69 (1981). -J. Varela: Los amigos políticos. Alianza, Madrid, 1977, p. 224.- G. Rueda: La desamortización de Mendizábal... pp. 254 y SS. 43. Vid. J. Maluquer de Motes: "El mercado colonial antillano en el siglo XIX". J. Nadal y G. Tortella. eds.: Agricultura y comercio colonial..._Ariel, Barcelona. 19'!4, pp. 322-357. Uno de los enriquecidos por el tráfico coloru~ será el santandenn~ J. Manuel Manzanedo, según cuenta Maluquer. Se convertirá en el cuarto contnbuyente español por concepto de inmuebles, según la investigación de R. Congost: Notes sobre la propietat de la terra a Espanya ... tesis de licenciatura inédita. UAB. 1981. Robledo H.: Revolución liberal y propietarios en Castilla-León 50. 205 5?10 como "may~r hacendado", los obispados de Salamanca y Ciudad-Rodrigo reuman 30 000 h~areas. Vid. A. Cabo Alonso: "Concentración de propiedad en el campo salmantmo... " .. La econo~a agraria en la historia de España, p. 147. -M. A. ~erfecto G~ma YT. Martm: "La estructura de la propiedad en Salamanca a mediados del s1glo_XVIII". Provincia de Salamanca, no. 2 (1982). En este punto de la_prop1e_d~d de la Iglesia estoy en desacuerdo con Ma. D. Mateos (La España del.An~o.Regimen. Fascículo O. Salamanca. Universidad de Salamanca 1~, p. 56), pu~, s1gwendo a C. Argüelles, asigna menos del 5% de superficie pr~ V1DC1al a la_ lgles1a_y ~abla_de "un alto nivel de propiedad libre". Por lo que sabemo~ a traves del D1~c1onan~ de P. Madoz y de las mismas desamortizaciones, resulta c1~rt~ la afirmación de V1cens y Fontana -criticados por la autora- de que esta pr~V1Dc1a co~centraba la mayor extensión territorial de propiedad eclesiástica en el Remo de Leon. 51. Rosa Congost: Notes sobre la propietat..., 1855-1875, pp. 56 y ss. Las referencias que hacemos al totaJ esp~ol en 1875 son posibles gracias a esta tesis de licenciatura, de la que se ha publicado una parte en Agricultura y Sociedad (no. 27). 52. R. Congost: ob. cit. Esta es una de las aportaciones bien documentadas en su tesina. 53. Duque de Osu~a (-~O/o), Duque de Frias (-86%), Conde de Montijo (-540/o). Duque de Medinaceh (-45.4%), Conde de Altamira (-68%), Duque de San Lorenzo (-34%). El Conde de Oñate, que no figura en el cuadro pues 00 era en 1~75, de los grandes contribuyentes a nivel de Estado, ha perdid~ en Castilla~b1én (-31 %). 44. "En una economía predominantemente rural, las personas con capital disponible serían en general las que controlaban la tierra y serían sobre todo ellas las que la adquirirían". Richard Herr: "El significado de la desamortización en España". Moneda y Crédito, no. 131 (1974), pp. 79-80. 54. Duque de Alba ( +24%), DuquedeAbrantes ( + 3%), Marqués de Alcañices ( +4.70/o), Duque de la Roca ( + 40.40/o), Duque de F. Núñez ( +95.3%), Conde de Luque ( + 1211'!0), Conde de Sta. Coloma ( + 294.60Jo), Conde de Torrearias ( + J81.70Jo) Murga (+56.6%). ' 45. Me refiero, por ejemplo, a jornaleros, sirvientes o pobres de solemnidad, que supondrían, aproximadamente, un 510/o de la población agraria castellana en 1860. 55. Es c~n~ido por la investigación de Miguel Sánchez (ahora editada, en parte, en Provmc1a de ~alamanc:i, no. 2) que el pueblo de Cerralbo estuvo en sus manos hasta 1920. En el mventar10 post mortem, de 1876, sólo los bienes de la administración de Salamanca estaban evaluados en 14.5 millones de reales. 46. Estos datos son proporcionados, respectivamente, por J .A. Gil Crespo ("Notas sobre la desamortización civil de Madoz" ... Jornadas. Santander, 1982), G. Rueda (La desamortización de Mendizábal...), F. Ma. Castrillejo ("Datos para una aproximación" ... Jornadas) y R. Ortega: La desamortización de Mendizábal y Madoz ea Soria. Caja de Ahorros, Soria, 1982. 47. R. Santillán: Memoria histórica de las reformas hechas en el sistema general de impuestos de España ... Madrid, 1888, p. 124. 48. Si se mantuviera la ~elación castellana entre porcentaje de cuotas y cantidades satis· fechas, el procentaje de la región andaluza debería ascender al 77 .39070. Con esto no se trata, en absoluto, de rebatir la desequilibrada estructura de la propiedad en Andalucía, que el número de las cuotas de> JO 000 reales muestra muy claramen· te, sino, más bien, de matizar la tradicional visión de una Castilla únicamente minifundista. 49. Así ocurriria al agregar la contribución del Conde de Montijo y Condesa de Teba, que estaban bajo la administración común de la Casa de Alba. 56. El_~uque de Gor estaba representado en 1855 en 6 provincias castellanas con un maxuno en Se~o~a. mientras que en 1875 sólo aparece en Salamanca. Sin embargo, en las PM?c1ones ~fectuadas en 1880 (A.H. de P. Madrid, prot. no. 34.574), sabemos que. ~ene ~rop1edades en todas las provincias castellanas, salvo León y Burgos; La P3:tic1pac10n en Segovia es ahora ciertamente ínfima, pero no en el resto. Sena sufiCiente que la cuota contributiv~ ~i~ficara sólo el 0.5-0.6% de la propiedad (tal com? estaba evaluada_en la partic1pac1ón), para que tuviera que figurar entre los 50 pnmeros de Palencia y Valladolid. 5?. Sabemo~ que había comprado casi 2,000 Has. en la desamortización de Mendizábal ~ n G. Rueda. En los repartimientos de 1917, era el So. contribuyente de Vall~d~lid, con 30 813 ptas. (Sánchez Zurro: "La última desamortización en la provmc1a de Valladolid", Estudios Geográficos, no. 120). 58. ~I XIV Duque de Frias integraba varios mayorazgos, entre ellos el de Uceda, cuyo titul? -~.Duquesa de Uceda- pasará a su hija. Esta, como "inmediata sucesora de bienes , entablará demanda contra el XV Duque de Frias en 1849. �206 Siglo XIX Robledo H.: Revolución liberal y propietarios en Castilla-León 59. No figuraba tampoco en listas provinciales de 1860. Me he referido a este perso~aje en "la propiedad de la tierra: su dinámica y significado a través de algunos eJemplos del Campo de Yeltes {siglos XV-XX)." Provincia de Salamanca, no. I (1982). 60. Vid. a este respecto la diferencia entre riqueza amillarada y ~mproba~a, no tanto a nivel de provincias, sino de municipios. Cuando la superficie unpomble pasa de 2 000-3 000 hectáreas, es frecuente que la riqueza comprobada sea 3 ó 4 veces más que la amillarada. Dirección General de Propiedad y Contribución Territorial: Estadística de propietarios de fincas rústicas. Madrid, 1949. 61. Son casi 700 los pueblos afectados por los grandes contribuyentes en las 4 provincias. He sumado las cuotas de los que tributaban en un mismo pueblo {o agregado). El resultado lo he referido luego en al total de la contribución municipal que figura en los repartimientos provinciales publicado en el Boletín Ofic. de la Provincia durante el verano de 1875 y correspondientes al año económico de 1875-76. °'º 62. El Duque de Alba, según "Relación de propietarios que han declarado ~n las cédulas" que figura en la cartilla evaluatoria (A.H.P. de Salamanca), aparec1a con 3 96:4 hectáreas en el pueblo de Calzada de Don Diego {a nombre de la Condesa de Monujo). La contribución a pagar por todo el término municipal era de 8 265 pesetas. Sin embargo, este municipio no figura en la relación del Boletín (tampoco a cargo del Conde Montijo). El Duque era propietario de varias dehesas en distintos términos municipales, que tampoco aparecen en dicha relación. Por poco que significaran estas ausencias, la cuota de la contribución de Salamanca deberla incrementarse en un 30-40%. No hay que olvidar que el primer propietario en la lista del Inventario del I.R.A. era el Duque de Alba, con 12 412 hectáreas en la provincia de_5a!amanca; si se cuenta el grupo familiar, se llega a las 20 455 en la misma provmc1a. Esto último se deduce, aunque no se diga expresamente, del estudio de F. Sánchet y A.L. Calabuig: "La gran propiedad rústica de la provincia de Salamanca". Estudio integrado y multídisciplinario de la dehesa salmantina. Tomo l, Salamanca-Jaca, 1978. Las iniciales S.F. tienen que corresponder a Stuart y Falcó. 63. Prácticamente, basta el R.D. 4-feb. 1893, no tomó cuerpo la separación de la contribución urbana de todo el conjunto "inmuebles, cultivo y ganadería". Cfr. Cuentas del Estado Español de 1890 a 1907. Madrid, 1976 {reedición del l.E.F.), p. 443. 64. Calculado a partir del año económico 1898-99 {valores realizados de la contribución) en Cuentas del Estado Español... pp. 571, 577. Para Valladolid, suponía el 26.4%, mientras que, para Segovia y Avila, era el 180Jo; Salamanca y Zamora, 15 y 13.6%. respectivamente. 65. Aunque no podemos desglosar a través del Bolet. Ofic. de la Provincia ~da ~na de tas riquezas por las que se tributa, porcentajes del I 5-30% de la contnbuc~óo del total municipal en manos de 1 ó 2 contribuyentes indican varios cientos o mil~ de hectáreas en pueblos castellanos. Por no citar los salmantinos, esto podía oc~rnr en varios de los abulenses -Cabezas del Villar, Madrigal, Sotalvo, Tornadizos, Nava del Marqués, etcétera-, con una extensión entre las 9 000-11 000 hectáreas, o los segovianos Muñopedro, Palazuelo, Madrona, Fuentemilanos... , con superficie entre las 4 000-8 000 hectáreas. 66. J. Vareta Ortega: Los amigos políticos, p. 225: "Riquezas había que buscarlas entre los poquísimos que labraban por encima de las I úOO ó 2 000 hectáreas". De todos modos, Vareta critica más adelante {p. 231) la "descripción bucólica" del pequeñO 207 campesi_no castel_lano Y acepta la presencia de grandes terratenientes de cierta importancia en Avda y Salamanca (p. 224). 67. F. Sánchez López y_A.L. Calabuig: "La gran propiedad rústica de la provincia de Salamanca", are. cit. 68. La evolución de los montes públicos es uno de los temas de investigación de J. Sanz. 69. G_on~lez Cobos: Orígenes, forma y vicisitudes de la propiedad colectiva en Ja provincia de Salamanca. Salamanca, I 896. -A. Cabo Alonso: "El colectivismo en tierras de Sayago",- Estudios Geográficos, no. 17 (1956).- J.Ga. Fernández: "Formas de explotac1ó~"• e~ La economía agraria ... p. 205, etcétera. Que no debe hab!arse solo de ~erv1~enc1a de aprovechamientos comunales o de propios, nos to adv~ert~ Ma. Jose Dev1llard en sus estudios sobre la organización del proindiviso (Pro~mc1a deSafa~anca, no. 4). A este respecto, cf. también el artículo de B.Ga. Marlln en Provincia de Salamanca, no. I. 70. El mis_m_o ~?nzález Cobos lo dice así: en Villarino, donde existe un "ayuntamiento colect~v1sta • no hay pobres, precisamente en una comarca que envía contingentes de emigrantes al Brasil, arruinados por la filoxera {pp. 49-50); en Fuenteliante repoblado PO; c~lonos_en_ 1791 y que ha redimido el censo, no existe ni un jornal~ro, p. 55. En termmos s1m1lares lo planteará J. Costa en los Juegos Florales de Salamanca: "Tres lecciones de Salamanca a Espafta", en J. Costa: Crisis política de España. Produce. Edit. Barcelona, 1980. p. 69. 71. J. Senado~ ~ómez: La_ ciudad castellana. Minerva. Barcelona, pp. 23-24: "Todas ~~s le_yes c1v1les se han mventado para proteger la linde" y, cuando esto no basta, la hnde se corona de bayonetas". 72. J. Fontana: La revolución liberal, p. 339. 73. J. Callejo Y Madrigal: Observaciones sobre la estadística territorial Madrid 1876 p. 14. . ' ' 74. "¿Cómo se ha de a~enturar el po~re labrador, por más que le conste que paga el dobl~ de ~ue debiera por las miserables tierras que posee, a enemistarse con el pr~p1etano neo, ~I ~lector infl_uyente, el miembro del ayuntamiento y otros personaJes cuyo resentimiento podna ocasionar su ruina?". Revista del Catastro no ¡ 15-lll-1870 (Madrid). ' . ' !º 75. Dur~nte la Restauración, la ri_queza im~ni~le estaba gravada con unos porcentajes que iban del 16 al 21 %, segun las provincias, Jo que sin duda era exorbitante si no. fuera por~ue la riqueza imponible estaba situada a unos niveles anormalmente baJos Y, en cierto mo~o, e_s~acio~arios (sólo creció un 6% entre 1860-1881); tos incrementos en la contnbuc1on de mmuebles eran así, sobre todo, obra del aumento del gravamen, que ~n 1845 era el 12%. En Francia, el tipo de imposición era en 187~, del 4.2%, segun Gar~ía del Busto: Situación económica de España (Probl;ma agn_cola, R_eform~ financieras). Madrid. 1888, pp. 16-18. Sin embargo, ese año, la nq_ueza 1mporuble en Francia era, aproximadamente, 5 veces mayor que ta de Espana. �208 Si'glo XIX 76. Términos recogidos por A. Orti en la Introducción a Oligarquía y Caciquismo.Revista del Trabajo, Madrid, tomo 1, p. CXXIII. . ., 153 . R Ortega· Las desamortizaciones... p. 95. 77. G. Rueda: LIa desamt::~~~b~e~~ eta~a de Mad~z en Valladolid (Diez Espinosa) 1 Estamos a a espera e ºd d I que sabemos sobre la Y Burgos (Castrillejo), que matizarán, con segun a ' o desamortización. J , 1868 l900" en w w. Rostow: La economía 78. Cf. Tsuru: "El ~espegue en _ _ Lo¡ ingresos de la clase feudal 1 168 179 del despegue. Ahanza, M:td¡i •de de~~r pero "sin contrapartida productiva o de fueron conmutados por t1tu_os . . d _ los nobles tuvieron que "vender activos físicos". Cuando llego 1ª m11aci6 n e 1877 81 ' sus bonos y buscar trabajo", PP- 174-! 75 - .;ix::;¿ . . . . d diezmos laicos Esteban Canales lo ha 79. Por lo que se refie~e ª. ladmdem,mza~10;6 ey a él debo la po~ibilidad de utilizar esta demostrado en Tesis cua a en a no a ' referencia. . . iedad conyugal J.J. de Vicente y esposa asciende en 1852 a 80. El mventar10 de la soc 1875 J J de Vicente el patrimonio se evalúa en 2 223 736 escudos; al fallecer, en , · · ' 11 025 445 pesetas. . asa de 2 482 pesetas en 1852-57 a 7 742 pesetaS en 1875_; M. Martinez 81. _T. Solorzano P . V D' de 426 a 3 056. Suponiendo un incremento de Durango, de 1 435 a 6 203, . iaz, ºferencia a favor de la 2a. fecha es del las cuotaS del 600Jo entre amb~s fech~, ~0~1datos de 1852-57 me han sido cedidos 195 %, 270% y 448%, respecuvamen e. por el amigo Pablo Ga. Colmenares. 82. "Se arrienda dehesa de Tejadi~I~~ (dBe~M:qt~~:~o~~=:~;.;: ~:::1~ : y contribuciones... ante notario • · · e ª · ~t:. La Revolución Liberal en España y los Derechos de Propiedad sobre la Tierra REFLEXIONES SOBRE EL NORESTE CATALAN Rosa Congost * "El entendimiento eliminó, pues, las formas hfbridas y fluctuantes de la propiedad aplicando las categorías ya existentes del derecho privado, cuyo esquema se encontraba en el derecho romano. El entendimiento legislador se creía aún más autorizado a eliminar las obligaciones que tenía esta propiedad oscilante con las clases más pobres por el hecho de eliminar también sus privilegios estatales; se olvidaba, sin embargo, de que, aún considerado exlusivamente desde el punto de vista del derecho privado, existía un doble derecho, el derecho privado del propietario y el derecho del no propietario... " K. Marx Artículo de La Gaceta Renana, 27 de octubre de 1842 y comunes 83. "Se arriendan los abundantes pastos deI ~onte qu~ fue .de apropios M Pérez" B.O. de de la villa de Ureña ... su legítimo_du~ño residente en a m1sm . ' la provincia Valladolid, 29 de Jumo, 1860. . . 1 1 ñas de roble sitas en la dehesa 84. "Leñas para carb~neo: ~u~en ~=~::::~~~r:ente se servi;á presentarse en la Valverde perten~1entel r. d I Administrador". B.O. de la P. de Palencia, 22 ciudad de Palencia en a casa e octubre, 1875. 85. El Capital. tomo III, F.C.E., pp. 581 Y 621, respectivamente. Es muy importante que el estudio y la constatación de determinadas realidades empíricas sirva de telón de fondo a nuestras posiciones teóricas. Las reflexiones que constituyen el núcleo central de este artículo han sido sugeridas por el resultado de una investigación empírica sobre las relaciones de explotación del trabajo campesino en el nordeste catalán durante casi un siglo (1768-1862) 1• La continuidad y la persistencia de enfiteusis y aparcerías durante la segunda mitad del siglo XIX, la escasa incidencia de las medidas desamortizadoras y, en general, los pocos cambios que se producen durante el período revolucio- • Estudi General de Girona, Universitat Autónoma de Barcelona (España). �210 Siglo XIX nario liberal en las formas de explotación del trabajo campesino, permiten cuestionar algunas de las posiciones teóricas más frecuentemente admitidas sobre la revolución liberal española. Así, una de las ideas más extendidas sobre el contenido de la revolución liberal espafiola es la idea de que la revolución significó una redefinición de la propiedad de la tierra o, incluso, la creación de una nueva propiedad 2 • Los políticos contemporáneos simularon llenar de contenido histórico esta idea, de una forma extraordinariamente simple: el uso de adjetivos diferente~ y antagónic~s a los que eIIos mismos utilizaban para calificar la propiedad de los tiempos pre-liberales. La nueva propiedad era plena, absoluta, privada y libre, en contraste con la vieja propiedad que se caracterizaba por ser parcial, relativa, compartida y sujeta a cargos. Los historiadores generalmente hemos aceptado estas definiciones como válidas. Por otro lado en tanto que el nuevo concepto de propiedad se identificaba con los hltereses de la burguesía, se ha considerado también que la nueva propiedad era burguesa y, por un juego de s_imulación más arriesgado, capitalista, en oposición al concepto de propiedad abolido que era el concepto de propiedad feudal. Esta segunda parte tuvo bastante aceptación entre un sect~r ~e historiadores "marxistas" que encontraron en ella una receta facil para explicar la transición del modo de producción feudal al modo de producción capitalista. En la actualidad, todos sabemos que la~ ;osas f~eron y son mucho más complejas; en realidad, una observac1on sencilla sobre las afirmaciones hasta aquí enunciadas puede ser suficiente para sefialar su contradicción esencial: difícilmente podemos definir de una forma objetiva y neutra unas formas de propiedad que respondían a unQs intereses de una clase social concreta. No podemos confundir la discusión teórica o la utilización po~tica de unas palabras con la realidad de los he<:hos. Las palabras ~anan de significado según cuando, como y por qmenes son pronunciad~. Admitiendo que realmente la revolución liberal acabó con la propiedad feudal estamos cayendo en la propia trampa tendida por los liberales. No podemos olvidar el carácter intrínsecamente jurídico de_la propiedad, antes y después de la revolución liberal. A:'guien es propi:· tario de una finca porque tiene a su favor una l~~slación que le ~rmtte defender su propiedad. Por lo tanto, la defimción de una propie~ad -si feudal, burguesa y/o capitalista- es siempre arbitraria. La meJ?r prueba de ello: se tuvieron que presentar papeles antiguos -es decu, Congost: Revolución liberal y propiedad en Cataluña 211 pre-Ji~e~~~s- para justificar la "nueva" propiedad. En este sentido, 1~ defmicion de la propiedad que aparece en el proyecto de Código Ci- v!l de 1851 es bastante.ciar~: '~L~ pr?piedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sm mas hmitacmes que las que provienen de leyes Y.regl~mentos". Insistie~do en la creación de una nueva propiedad los historiadores hemos olvidado a veces que quienes estaban redactando las leyes y los reglamentos, en 1851, eran "viejos" propietarios. P~r todo ello, para analizar correctamente la problemática de la "p~?pied~d de,!a tierra", pue~e ser útil substituir el concepto simple de propiedad ~orla expresión "derechos de propiedad". Hay tres argumentos esenciales para defender esta posición: 1) La utilización del plural nos invita a explorar todas las formas posibles de obtención de una renta ~e la tierra y permite afrontar con rigor el hecho de que sobre una mis~a finca hubiese distintas formas de extracción del producto de la tierra por parte de individuos no-trabajadores. 2) El concepto "derechos de propiedad" nos recuerda constantemente el caráct.er jurídico de la propiedad de la tierra, y ya hemos dicho que era muy importante retener esta idea. 3) El estudio de la renta de la tierra satisfecha p~r el campe~ino-productor será también facilitado por la contemplación del c~~Junto de derechos de propiedad. Aunque los preceptores de los distmtos derechos de propiedad sobre una parcela fueran personajes distintos, la materialización de estos distintos derechos de propiedad -diezmo, censos, rentas en especie, rentas en dineroeran, desde el punto de vista del campesino, sumandos de una misma sum~. La explo!ación sufrida por el trabajo campesino tendremos que medrrla a part1C de esta suma y no partir del carácter -feudal capitalista- que atribuyamos a uno sólo de los sumandos. ' Ha~ otro problema a tener en cuenta. La tradición historiográfica ha considerado que las medidas liberales que más incidencia tuvieron en la propiedad de la tierra fueron tres medidas que presentaban un carácter claramente negativo: la desamortización, la desvinculación y la abolición del régimen sefiorial. Así, la revolución liberal habría sido ante todo un proceso de liberación de la propiedad. La nueva propiedad se caracterizaría por ser una propiedad libre de cargas. El hecho es que en los últimos años los estudios realizados parecen incidir en el ca_rácte~ relativamente poco revolucionario de estas medidas y en la persistencia de formas de propiedad compartidas hasta mediados de nuestro siglo. Pero estos mismos estudios regionales, a veces monográficos sobre algunas de las medidas liberales, a veces de cáracter más general, �212 Siglo XIX permiten avanzar nuevas líneas de interpretación. El dinamismo y la práctica de los "derechos de propiedad" había creado realidades bien distintas en el conjunto del Estado español. Las medidas liberales actuaron, pues, sobre unas realidades distintas. Es evidente que las medidas liberales, uniformemente aplicadas en todo el territorio, no tuvieron las mismas repercusiones ni tampoco uniformaron los derechos de propiedad. Sin embargo, tal vez la no-uniformización pueda ser considerada como el gran éxito de la revolución liberal. Desde el punto de vista de los legisladores, tal vez fuera un éxito el hecho de haber podido conservar derechos de propiedad tan distintos, y así haber podido contentar a las clases propietarias de todo el Estado. Así se explicaría que el proceso liberal hubiese tendido a "crear" minifundios en las zo3 nas minifundistas y latifundios en las latifundistas • Para valorar la eficacia de la revolución liberal es necesario hablar más de las medidas afirmativas de la revolución liberal. Y, sin duda, hay que hablar del resultado indiscutible de la revolución liberal: la consagración de los derechos de propiedad conquistados. Con las leyes hipotecarias que garantizaban la defensa jurídica -no solo d~ las "propiedades", sino también de las "cargas" anot_a~as en el !leg1stro de la Propiedad-, con la creación de cuerpos pohc1ales destmados a la defensa material de la propiedad, y con las leyes de liberalización de contratos que permitían expulsar a los arrendatarios, la revolución liberal se nos aparece como la culminación de un largo proceso histórico que había ido fortaleciendo a lo largo de los siglos -de maneras distintas en las diferentes áreas del Estado español- la posición de los propietarios y había ido debilitando la posición de los no-propietarios. Resumiendo: para esclarecer hasta qué punto la revolución lib~ral conllevó un concepto nuevo de propiedad, hay que llenar de contenido histórico esta idea. Para ello, no nos sirve el discurso de los políticos contemporáneos o, en todo caso, hay que acompañar el análisis ~e e~te discurso con un examen minucioso de las distintas realidades históncas. En este sentido, el estudio del campo catalán nos proporciona un buen motivo de reflexión sobre el carácter ambiguo -y por lo tanto, no absoluto- de la nueva propiedad. La revolución liberal no frenó allli la concesión en enfiteusis de carácter perpetuo de millares de fincas 4 ; para entender esta realidad, es ne~ar~o analizar la !~cha de los propietarios catalanes -junto a los prop1etanos de otras regionespara frenar los distintos proyectos de redenciones de censos que, en nombre de las teorías modernas sobre la propiedad, algunos legisladores intentaban llevar adelante. Vamos a dedicar las páginas que siguen al estudio de este caso histórico. De acuerdo con las posiciones defen- Congost: Revolución liberal y propiedad en Cataluña 213 didas, no vamos a discutir el carácter feudal o capitalista de la enfiteusis; v~mos a limitarnos a examinar y describir los derechos de propiedad Vigentes antes de la revolución liberal para ver cómo se vieron afectados por el conjunto de las medidas liberales. LAS COMPL~JAS RELACIONES ENTRE LOS HOMBRES y LA TIERRA: SENORES DIRECTOS, SEÑORES UTILES Y TRABAJADORES DE LA TIERRA La legislación feudal catalana permitía y regulaba el ejercicio de diferentes derechos de propiedad; algunos de ellos respondían al nombre de dominios o señorías: dominio o señoría directo, dominio o señoría mediano, y dominio o señoría útil. Aunque a veces algunos historiadores e investigadores lo hayan creído, el seiior útil de una tierra no era en absoluto el trabajador -es decir, el que usaba- de la tierra. En realidad, los dominios permitían el cobro de rentas del trabajo de la finca, y respondían a distintas formas de rentas. Por el contrario, no había ningún concepto de carácter jurídico que favoreciese la contemplación de los derechos de propiedad derivados del trabajo de la tierra. Es decir, el simple examen de los títulos jurídicos del siglo XVIII no revela las relaciones de clase, porque la mayoría de los trabajadores de la tierra no poseía ningún título. No obstante, si a los historiadores se nos pueden escapar muchos datos, la mayoría de los habitantes de Cataluiia conocían la compleja realidad. El trabajador más humilde no ignoraba que una parcela, por minúscula que fuera, se hallaba con toda seguridad sujeta a un seiior directo y a un señor útil. EJ señor útil podía arrendar, establecer -es decir, ceder en enfiteusis perpetua-, o vender, el dominio útil de la parcela; asimismo, el señor directo podía arrendar, ceder en enfiteusis, o vender, el dominio directo. Un cambio de titularidad en un dominio no implicaba ningún cambio similar en el otro; jurídica y prácticamente, se trataba de distintos derechos de propiedad. Que fueran distintos no significaba que no pueder. ser comparados y que no se hallasen relacionados entre sí. La relación que se establecía entre el dominio directo y el dominio útil era en sus orígenes una relación de subordinación. Aparte del diezmo, que muchas veces iba asociado al dominio directo, el señor útil debía pagar determinados censos -casi siempre en especie- anuales. En las escrituras de cabrevación, los señores útiles figuraban como enfiteutas de sus seiiores directos, y se comprometían a pagar los laudemios -cuyo valor podía variar entre un lO y un 33% del valor global- cuando la finca fuera traspasada o cedida en subenfiteusis. Pero esta relación no significa que �214 Siglo XIX el sefior útil fuese explotado por el señor directo. En el siglo XVIII, los censos debidos al señor directo eran en general de poca cuantía y, a menudo, el pago de censos y diezmos, así como el de las ~ontribuciones, recaía sobre los trabajadores -arrendatarios o subenf1teutas- de las tierras del señor útil. En el siglo XVIII, la principal diferencia entre el dominio útil y el dominio directo sobre una parcela se encontraba en el hecho de que el propietario del dominio útil tenía el derecho de cobrar unas rentas que, cuantitativa y cualitativamente, superaban en mucho a las rentas que cobraba el sefior directo. Por el contrario, si en lugar de una parcela pequeña considerásemos un ámbito geográfico más extens? -el de una parroquia, por ejemplo- muy a menudo no encontrar1amos en la zona ningún señor útil cuyas rentas alcanzasen las sumas acumuladas por el más importante de sus señores directos. Vamos a poner un ejemplo. Una de las rentas más apreciadas por los señores directos era la renta decimal. Sería interesante seguir la historia de los diezmos catalanes para conocer la vía que permitía a muchos señores directos apropiarse de esta renta. En 1486, la Sentencia Arbitral de Guadalupe reconocía ya el diezmo como una de las rentas asociadas al dominio directo. El análisis de algunas contabilidades señoriales permite señalarla como la parte de la renta con mayor v~or económico. Pues bien, un señor directo, aunque solo cobrase el diezmo tenía el control de la décima parte de la producción bruta de una det;rminada área. Sin embargo, desde el punto de vista del trabajadorproductor de una parcela, la renta de la tierra percibida por_l~s se_ñ~res útiles era mucho más alta, ya que normalmente el sefior util exig1a una tercera parte de la producción. Existe otra diferencia esencial entre el dominio útil y el dominio directo en nuestro período. El dominio directo casi se desentendía de los procesos de producción. El dominio útil mantenía, vía contrato de arrendamiento e incluso de subestablecimiento enfitéutico, un control estricto sobre la forma de explotación de las tierras. Y sin duda esto es importante. De algún modo, los derechos del dominio útil presentaban un carácter más "seguro" respecto de los seguros derechos de propiedad derivados del dominio directo, ya que podían intervenir decisiva y determinantemente en la producción y, sobre todo, porque eran más fáciles de defender. Hay un último hecho importante a considerar; ya hemos indicado antes que la lucha de clases no se hallaba bien definida en los papeles Congost: Revolución liberal y propiedad en Cataluña 215 jurí~i~os. La i?ea de un enfrentami~nto entre sefiores directos y señores utiles podna llevarnos a errores importantes. Las posibilidades de un mayor aprovechamiento de las rentas derivadas del dominio útil no entraban necesariamente en contradicción con las posibilidades de las rentas derivadas del dominio directo. Un ejemplo: los señores directos podían tener interés en que sus sefiores útiles controlasen y aumentasen la producción de sus tierras porque ellos percibirían el diezmo de los nuevos productos y verían incrementados los laudemios. Esto explicaría que en el siglo XVIII fuese atractiva la compra del derecho de 5 cobrar diezmos • Pero aún hay otro aspecto interesante. Casi todos los sefiores directos eran también importantes señores útiles. El estudio de la evolución de algunos patrimonios nobiliarios o eclesiásticos demuestra muchas veces que, ya durante la época moderna, la parte de las rentas derivadas del dominio útil superaba la parte de las rentas del dominio directo, es decir, para muchos historiadores, las rentas propiamente señoriales 6 • LAS DIFICULTADES DEL DOMINIO DIRECTO EN VISPERAS DE LA REVOLUCION LIBERAL Como hemos señalado al principio, a menudo coincidían el señor directo y el señor decimador de un lugar. Durante todo el siglo XVIII el crecimiento demográfico había significado un proceso importante de roturación de tierras y extensión de los productos que sin duda beneficiaban a los decimadores. A veces, cuando se trataba de productos nuevos, como podían ser el vino y el aceite, se pactaban cuotas inferiores a las del diezmo de los productos tradicionales, pero en todo caso el decimador veía aumentar sus rentas 7• La abolición del diezmo, en 1837, podía haber significado cambios importantes en la distribución de la renta de la tierra. Pero la resistencia al pago del diezmo había empezado mucho antes de la revolución liberal propiamente dicha. Así, algunos estudios sobre la evolución de la renta sefiorial -de la cual el diezmo constituye siempre una parte importante- han puesto de relieve el inicio de una disminución de estos ingresos bastante anterior a la revolución liberal. Es muy posible que la experiencia del Trienio liberal señalase el punto de inflexión definitivo. En todo caso, la legislación liberal permitió que los decimadores laicos fueran indemnizados a partir de las rentas que habían cobrado durante los años 1827-1836. Comparando esta renta con la de períodos anteriores se puede comprobar claramente cómo en el momento de su abolición ya hacía tiempo que los diezmos habían empezado a mostrar su debilidad. Por ejemplo, en 1791, el Marqués del Castillo de Torrente y el Duque de Medinaceli habían cobrado respec- �216 Siglo XIX tivamente, en concepto de diezmo, 4 290 y 7 581 libras. ~a r:nta que declararon haber percibido entre 1827 y 1836 era mucho mas baJa: 1 173 y 3 618 libras 8• Madoz manifestaba su desconfianza hacia los datos decimales del siglo XIX con estas reflexiones: ... desde el momento que el pueblo se persua~ió ~?e no era de derecho divino la prestación decimal, y que la obhgac1_on de~ Estado consistía en atender por uno ú otro medio á la subs1stenc1a del culto Y clero español, la institución de que estamos habla~d? era _al ent_r~r España en la época de las reformas la que más prox1ma d1soluc1on amenazaba. · d J d. ? ¿Se pagaba en Ja época á que nos referi~os con _e~acutu e. 1ezmo_. No· mil veces no; llámese despreocupación; cahf1quese de mmoral~dad; considérese esceso de egoísmo, es un he~ho, que se pa~a, particularmente desde la segunda época constitucional de 1820 a 1823 la · de d.1ezmos 9 • menor cantidad posible por razon El estudio de las rentes percibidas por las "~ap~llanías unidas a la Catedral" de Gerona -consistentes mayontan~ment~ en censos en especie- parece reflejar también una fuerte_ res1stenc1~ al p~go de los censos derivados del dominio directo a part1r de !os anos vemte. ~na evolución parecida caracterizó el pago de las pensiones de los censa es. Las fuentes no permiten seguir de cerca este movimiento de !esistencia pero las reflexiones de Josep Fontana d~ Jaume Tor_ras 1 '. entre ot;os, relacionándolo con la presión tributana, pon_en el enfas1\:~ las dificultades crecientes de los productores para satisfacer. a la . . diezmos, censos y contribuciones. Posiblemente ~adoz ~e?1a razon. J ueblo había sabido que el diezmo no era de ongen d1vm?, Y que ~s ~asible que un sentimiento anticlerical influyese en la ne~at1~a a p~gar el diezmo. Pero difícilmente podemos interpretar la d1smm~f1on de la renta-diezmo como una liberación de la clase productora . Tampoco puede ser ésta la interpretación de su definitiv~ ~~ol!ción. En efecto, la clase dominante reaccionó, pot~~te, ante la m1c1a~va emprendida por Ja clase dominada. Esta reacc1on la podemos ? servar en el mismo proceso de revolución liberal -:-que _procurara la · demnización de los diezmos-y en su reforma tnbutana, pero tam~én en la rapidez con que algunos propietarios de nuestras comarcas se apresuraron a añadir una nueva cláusula en sus con_tratos d~ apar~ria durante la década de 1830: "Si el diezmo es abolido, sera paga 0 • • "12 al prop1etar10 . Congost: Revolución liberal y propiedad en Cataluña 217 ¿Cómo se vieron afectados los dominios directos por la revolución liberal? Evidentemente, los dominios directos eclesiásticos, seguramente 13 mayoritarios , fueron desamortizados, y el Estado permitió la redención de estos censos en unas condiciones bastante favorables para el 14 propietario útil • Sin embargo, los dominios directos laicos conocieron desigual fortuna. Muchos particulares, y a veces pueblos enteros, se negaron a continuar pagando los censos debidos a algunos señores directos porque entendían que eran equiparables a los derechos jurisdiccionales y, por lo tanto, abolidos por el decreto de 1837 que disponía la abolición del régimen señorial. Así se iniciaron muchos pleitos. Los desenlaces que conocemos de estos pleitos no significaron nunca la abolición de los censos. Véamos algunos casos concretos. En 1858, el Barón de Esponellá perdonó a los vecinos de dos parroquias los censos de los 13 años anteriores pero consiguió que se le reconocieran sus derechos y continuó cobrando sus censos a partir de aquel año. En el convenio firmado, el Barón se proclamaba "señor alodial y campal" de cuatro pueblos. Conocemos también el caso de los vecinos de Púbol. Después de 9 años de resistencia, en 1851 firmaron una concordia en la cual se declararon convencidos plenamente de que efectivamente el referido Señor Barón D. Felipe Ignacio de Miguel se halla ser Dueño directo alodial i campal de las tierras sitas en este termino de Pubol por un concepto enteramente distinto del Señorío jurisdiccional, como clara i distintamente se desprende del título primordial del expresado Dominio directo concedido en la carta de donación hecha por Ramón Barenguer... a Analdo de Llers... á veinte y seis agosto del año de gracia de mil ciento cuarenta .. . En la concordia, el Barón renunciaba a los laudemios debidos hasta aquel día, pero exigía a partir de entonces un laudemio del 6%, aunque si el Barón descubría algún intento de fraude el delincuente habría de pagar el 16%. Todos los censos se pagarían como había quedado establecido antiguamente, si bien el Barón perdonaba los censos debidos hasta el momento. El Marqués de Benavent no había tenido tanta suerte en sus negociaciones. En el convenio firmado el 20 de enero de 1846 con tres importantes hacendados que representaban a muchos particulares de los pueblos de Palausator, Fontclara, Sant Feliu de Boada, Sant Julia de Boada y Pantaleu, se diferenciaba entre dos tipos de censos: los censos de contratos particulares y los censos que figuraban en las cabrevaciones. Los primeros no sufrían ninguna modificación, pero los segundos quedaban reducidos a una tercera parte. Tal vez si el Marqués de Benavent hubiese insistido tanto como el Barón de Púbol en sus reivindicaciones hubiese conseguido más15 • �218 Siglo XIX rón de Púbol en sus reivindicaciones hubiese conseguido más15 • Estas historias, mucho menos espectaculares que las disputas en torno a los señoríos del Sur de España y seguramente por ello mucho más olvidadas, sirven para ilustrar que no todo estaba tan claro como algunos pretendían y que la confusión entre señoría jurisdiccional y señoría dírecta era bastante frecuente, de manera que muchos catalanes, que pensaron en 1837 que habían sido abolidos los censos y laudemios, debieron sentirse burlados más adelante, cuando legisladores y tribunales declaraban que aquellos censos tenían que continuar siendo pagados porque "resultaba" que no eran de origen feudal. LA PRACTICA DE LA PROPIEDAD: DINAMISMO, CONCENTRACION Y DESDOBLAMIENTO DEL DOMINIO UTIL Ya en el siglo XVII, y posiblemente desde hacía tiempo, en los documentos notariales aparecía con frecuencia la expresión "señor útil y propietario". Así eran apostrofados los personajes que tenían el derecho legal de arrendar tierras o concederlas en enfiteusis, siempre que salvasen el dominio directo para quien correspondiese. Esto quería decir que el señor dírecto sólo podía vender, arrendar o conceder en enfiteusis el dominio dírecto de las tierras y, en cambio, el señor útil era quien arrendaba, vendía o concedía en enfiteusis "la tierra" ¿Cómo se había llegado a esta situación? Sin duda este es uno de los procesos claves de la historia de Cataluña. Interesa muchísimo esclarecer cómo se ha constituido la propiedad moderna, y saber cómo este proceso ha condicionado las formas de obtención de renta de la tierra y las formas de explotación agraria. Ya a finales del siglo XVIII, en Cataluña había unos señores útiles importantes, cada uno de los cuales tenía el dominio útil sobre un número considerable de masos -el mas era la unidad de explotación familiar típica de Cataluña-, que a veces se hallaban bastante alejados unos de otros. La concentración, en una sola mano, de frutos provenientes de tierras muy separadas entre sí era muy característico de nuestra zona: fruto de determinadas estructuras de la propiedad, de determinadas formas de explotación de la tierra y de un juego de herencias y políticas matrimoniales muy concreto. Esta dispersión geográfica, unida al hecho de que se tratase de una propiedad basada en la suma de explotaciones familiares, ha servido para esconder, en parte, el peso de la gran propiedad en Cataluña16 • Sería conveniente, pues, que la investigación histórica aportase nuevos datos sobre este proceso de concentración del dominio útil. El tér- Congost: Revolución liberal y propiedad en Cataluña 219 mino de "diferenci~ción c~pesina" podría servir para su estudio, pero s~gur~me?te no sena el mas adecuado para su interpretación. En camb1?,. s1 <:s. importante reconocer en el proceso de concentración del domm10 utd un proceso de disociación entre el trabajo y la propiedad Y? por lo tant_o, u_n proceso histórico que conlleva una polarización social: la polanza~1ón entre "propietarios" y cultivadores entre hacendados Y campesinos, en definitiva, entre una parte de la' clase rentista Y una parte de la clase trabajadora. . Unicamente el estudio riguroso de este proceso nos podría proporc10nar l?s dat~s necesarios para establecer los orígenes del sistema de aparcena. El sistema de aparcería imperante en esta región -y que ha durado hasta hace muy poco-= consistía en el arriendo por un período corto ~generalmente cmco anos- de la casa y las tierras de un mas a caJ?~lo de_la tercera parte de la producción. Los instrumentos de producc10~, as1 como el ganado, eran propiedad del aparcero. Todos los gastos iban a cargo de este último, quien pagaba además el diezmo los censos y I_as contribuciones. En el siglo XVIII la mayoría de los ma~ sos eran cul~1vados en estas condiciones. Cabe suponer que el desarrollo de este s1st~~a de aparcería fue un fenómeno paralelo al proceso de concentrac1on de heredades en unas mismas manos. Pero para el _estudio de este proceso hay un nuevo factor a tener en cuen_ta: e~ el siglo XVIII el ejercicio del dominio útil también basab~ s~ ~mam1~mo Y su continuidad en la cesión aparente de este domirno u~d, mediante la subenfiteusis. Más de 30 000 contratos de subenfiteus1s se firmaron en la región de Gerona durante el período 1768-1862 Se tr~taba de e~tensiones de tierras muy pequeñas, y muchas veces per~ tenec1an a las tierras yermas y boscosas de las heredades. En más del 80% de los cas~s _se t~ataba de subenfiteusis. En estos contratos se reservab~ el domiruo dtrecto para un señor distinto del señor útil, que era qmen cobraba una entrada y quien adquiría el derecho a percibir ~n ;enso anual. Estos censos no eran simbólicos; muy a menudo consistian en_una tercer~ parte de la producción bruta. La mayoría de las veces, qmenes acced1an así a una pequeña porción de tierra eran jornaleros que se empleaban temporalmente en los masos. , ~Cuál es el resultado jurídico de la práctica de la subenfiteusis? Teor:icamente, el desdoblamiento y la desagregación del dominio útil ¿Cuál fue el resultado práctico en el campo gerundense? Un aumento notable de las rentas de las tierras establecidas y la estabilidad de una mano de obra rural necesaria: en definitiva, un refuerzo importante de los derechos de propiedad derivados del dominio útil. �220 Siglo XIX LOS DERECHOS DE LOS NO PROPIETARIOS Hay otra investigación pendiente en la historia agraria de la_ ~ataluña moderna. Tan desconocido como el proceso de co~cen~rac_1?n Y d~sdoblamiento del dominio útil lo es el proceso d~ pnvat!za~1~n de tierras. Ambos procesos son largos -a menudo deb1~ron ~omc1d1r en unas mismas iniciativas- y culminaron con las medidas liberales. El proceso de privatización de tierras ha sido poco es~udiado en Cataluña. A fines del siglo XVlll, los bienes comunales teman ya muy poca importancia y los datos que tenemos sobre el alcancf de la des~7 mortización civil de 1855 parecen corrobora~ este hec~o : _Pero_ aun no tenemos buenas investigaciones sobre el triunfo del md1v1duahsm? a rario catalán. En el documento que quiero ahora comentar, he cre1d~ ver un testimonio del miedo de los hacend_ados ger~ndenses ante un posible cambio en el orden jurídico que pudiese cuestionar un anterior proceso de privatización de tierras. Se trata de un documento notarial de 1842, que aludía a la Aso_ciación de 17 hacendados de los pueblos de Llagost~ra, Santa Secuhna, Caulés y Vidreres18 • Creo que no es exagerado afumar que estos hacendados tenian miedo del nuevo marco liberal ~• sobre todo, de la~ posibilidades del nuevo marco_liberal. Veamos el nucleo del documento. Que para la mutua defensa de sus respectivas propiedades contra_cualesquiera corporaciones ó Personas que pretendiese~ se~ aquellas bienes comunales han venido en formar la presente asoc1ac1ón a fin de poder defenderlas, por lo que han convenido en firmar la presente mediante los apartados siguientes: Primero: si alguno de los expresados señores fuese m?lestado ~r cualesquiera corporación ó particulares en sus respectJvas propiedades sobre pretender que aquellas fuesen bienes comunales Y que por s~ defensa tuviesen que seguir y sostener algún Pleyto ó causa se obligan recíprocamente... . • d Ll Otro si: si el actual Alcalde ó Regidor Decano de ~1cba v1ll~ e_ ;gostera se hallasen molestados por iguales pret~ns1o~es arnba 10 _ • cadas, 6 bien se resistiesen á dictar algunas prov1denc~as a~rca el 10• dicado objeto y que para ello tuviesen que sostener algun pleito._.. prometen igualmente satisfacer los gastos que se les ocasionara proporcionalmente... El texto resulta bastante interesante por tres motivos prin~ipal~s. En primer lugar, porque representaba una respuesta a las medidas liberales, pero una respuesta de un tipo diferente a _la~ ~ue estarnos acostumbrados a analizar los historiadores. Estos d1ec1S1ete hacendados que- Congost: Revolución liberal y propiedad en Cataluña 221 rían defender sus tierras y tenían miedo de que alguien reclamase sus orígenes comunales. Este miedo, esta precaución, ¿en qué se basaba? Quizás en el pueblo corrían rumores de que las tierras eran de todos, de que habían sido injustamente apropiadas. Quizás los hacendados sabían que no podían justificar su propiedad privada. En segundo lugar, nos interesa el texto porque, a diferencia de las asociaciones que se habían hecho en algunos pueblos para firmar convenios con los señores directos, ésta era claramente una asociación de clase. Todos los firmantes se declaraban hacendados y afirmaban estar dispuestos a defender sus intereses, los intereses de una minoría, en contra de los intereses comunales, los intereses de la mayoría. A continuación, los asociados invitaban a los hacendados de la región a imitarlos. En tercer y último lugar, el texto revela el poder de la clase de los hacendados y la debilidad consiguiente de las instituciones políticas recientemente creadas. Que los diecisiete propietarios estuviesen decididos a costear los gastos del Municipio en la defensa de sus derechos privados y enfrente de los derechos de la comunidad, y que lo expusiesen con tanta naturalidad en un documento escrito, es una prueba de los estrechos lazos existentes entre el poder político y el poder económico en la recién instaurada sociedad liberal. El estudio del proceso de privatización de tierras requiere, además, el conocimiento de los derechos de no-propiedad. Como hemos dicho en la introducción, aunque abundan los estudios sobre las medidas liberales relativas a la propiedad de la tierra, seguramente no se ha insistido bastante en el carácter unilateral que estas medidas presentaban. En cambio, es evidente que en tanto que aquellas medidas significaron la defensa de los derechos de una minoría -los derechos de propiedadsignificaron también la negación de los derechos de la mayoría. En un escrito que los propietarios catalanes dirigieron a la Reina en 1846 se puede percibir de una forma clara este problema. Los propietarios reclamaban la creación de una Guardia Rural para la protección del "sagrado derecho de la propiedad" y proponían un Reglamento del nuevo cuerpo 19• El texto que acompañaba la propuesta es revelador y clarividente. Leamos con atención este párrafo: Cree también indispensable la Comisión exponente que la autoridad de los Alcaldes esté revestida de cierto poder discrecional acompaña- �222 Siglo XIX do de una estricta responsabilidad(...) aun cuando la propiedad particular deba considerarse inviolable en todos conceptos, no puede tampoco desconocerse que existen inveteradas costumbres, con las cuales sin mengua de los justos intereses del propietario y del labrador, en~uentra muchas veces grande alivio la miseria. En efecto, Señora, productos espontáneos arroja nuestro rico suelo, como son las se~, los espárragos y las yerbas aromáticas, que, mirados con despr~io por el dueño de la tierra que los produce,_son buscados y reco~dos con afán por manos necesitadas. Lo propio acontece con las espigas que después de levantadas las cosechas, quedan entre el rastrojo abandon~das, las cuales sin sacrificio ni siquiera moral del labrador, constituyen, desde los tiempos patriarcales, cierto caritativo tributo, que consuela el infortunio de muchas familias, y les ayuda á sostener su penosa existencia. A más de estas filantrópicas consideraciones, es fuerza no perder de vista que con las indicadas costum~res cuen~ muchas personas indigentes, y que al paso ~ue fuera ~nesgado Y~fícil desarraigarlas bruscamente, fuera nocivo autonzarlas con disposiciones reglamentarias, pues, en tal caso, muchos mirarían como un derecho adquirido é incuestionable, lo que es tan solo un beneficio filatropicamente dispensado, y llevarían tal vez aquel derecho hasta un perniciosísimo abuso. En este documento, los propietarios de 1846 nos hablan de '.'inveteradas costumbres" que "alivian la miseria", de manos necesitadas que recogen con afán setas, espárragos y hierbas aromáticas que ellos desprecian. Los propietarios de los ~mpos de t~igo confi~an sabe~ que las espigas consuelan, desde los tiempos pat.n arcales, el mfortuO:~ de muchas familias y que muchas personas practicaban en 1846, estas costumbres" . Por ello, apelan al poder discrecional de los al~d~ para que en determinados momentos no sean rigurosos en la aplicac1on del reglamento que ellos mismos proponen. El artículo 40 de este reglamento condenaba a "toda persona, sea cual fuera su edad ó sexo, que penetrase á pié en propiedad agena" a pagar 4 reales de multa si era de día y 8 reales si era de noche. Unos años antes, en un periódico renano, el joven filósofo Marx había reflexionado -en ocasión de los debates de la Dieta Renanasobre los castigos que se infrigían a los "ladrones" de le~a. ~arx expresaba abiertamente su desconcierto ante un nu~vo mar':°.JID:dico que, en nombre de la ley natural, convertía los antiguos privilegios de l~s propietarios en leyes y las antiguas "C<:'st~bres" de los pobr~ ~n "_atnbutos caritativos" de las clases prop1etanas. Observador pnvilegiado de la constitución de los estados modernos, Marx definía el carácter de las nuevas leyes con una palabra: unilateralidad20• Congost: Revolución liberal y propiedad en Cataluña 223 LA REVOLUCION LIBERAL Y LA DEFENSA UNILATERAL DE LA PROPIEDAD Algunos e~emplos pueden ilustrar el carácter unilateral de la defensa de la prop1e~ad. El 31 de agosto de 1817, el conde de Perelada firmó una concordia co~ los vecinos del pueblo de Cantallops por Ja cual éstos se compromet1an a no cortar más árboles sin el permiso del Mayor?º'!1? del Conde. En 1821, el marqués de Aguilar se había enfrentado Jundicamente con los vecinos del pueblo de Viladamat que iban a "hacer leiía a la ~ontaña". En una fecha tan tardía como la del 15 de abril d_e, 1844, cmcuenta Y dos vecinos de Ma~anet de Cabrenys, "en atenc10n a ~ue vierte causa criminal contra ellos por haberse introducido a trab~Jar e~ la montaiía propia del Comun de Massanet... en cuya operación m han hecho ni han (querido) hacer daiío a nadie y si hacer u~o del derecho ,~ue c~IT!º vecinos de Massanet les corresponde sobre dicha 2 ~ontafia dec1d1eron hacer causa común y repartirse los gastos : En todos estos casos, la defensa material de unos derechos de propiedad ~art!c~ares significaba un ataque frontal a otros derec~os de otros md1v1duos que concebían la propiedad de una forma diferente. El problema de la "contravención" de los derechos de propiedad no e~a un_ problema exclusivo de las zonas de bosque y montaiía. Los prop1etanos de los masos de las llanuras recurrían a los bandos para hacer frente a los " robos" de sus heredades. Estos bandos, que aparec~n a lo largo del período estudiado, eran solicitados por los propietar!os para que se pregonasen públicamente los castigos que se infriginan a las personas que se atreviesen a "invadir" sus propiedades. . Así, An~oni :uig i Padrola, hacendado residente en el pueblo de V~aur, prop~etar10 de once heredades situadas en un amplio radio geografico, explicaba en un memorial dirigido al Rey, el 30 de noviembre de 1787, que muchos vecinos de la zona no dudaban en "introducirse con ganado, pacer sus hierbas, tomar frutas, cortar los árboles, llevándose la lenya, malvaratando Agualexos, cortando tambien matorrales, P,asan~o por las mismas á° pié y á cavallo, y haziendo caminos nuevos . Qumce días después, se publicaba el bando que prohibía a todo el mundo "cortar y hurtar Arboles, olivos y sus renuevos y leña de los Bosques, hurta_r estiercol, bellotas, frutas, trigos, legumbres asi e? grano ~~mo en paJ~; desviar, hurtar o usurpar sus aguas, arrancar ~•edras:.. Las penas tmpuestas eran altas: tres libras si era de día, seis libras s1 era de noche22 • �224 Siglo XIX Los masas de Puig i Padrola se encontraban demasiado dispersos para que una sola persona pudiese vigilarlos. Este mismo problen:ia llevó, en 1804, a un grupo de veinte propietarios a formar un sindicato: Su objetivo era la protección para 72 masas. El grupo era bastante desigual: cinco propietarios concentraban la propiedad de 55 heredades. En 1846, en el escrito antes citado dirigido a la Reina por la Comisión Directiva de la Asociación de Propietarios de Barcelona, se afirmaba que en Cataluña "es muy reducido el número de propietarios que por su sola cuenta mantienen Guarda-tierras, y es más frecuente que sean estos costeados por varios hacendados unidos al efecto" 23 • Este escrito, recordémoslo, acompañaba un proyecto de reglamento de la guardia rural. El paso del bando particular al cuerpo público d~ la guardia ~ural nos puede servir para ejemplificar el paso de una sociedad de antiguo régimen a una sociedad liberal. En el manifiesto que presentaron a la Reina los propietarios catalanes en 1846, exponían tres argumentos sobre las insuficiencias de la práctica de los guardias rurales particulares: 1) resultaba excesivamente caro mantener una guardia ~ural part~cular; 2) el pueblo veía el guardia particular como el guardia que apli~aba una ley particular y este hecho convertía a los hacendados en odiosos; 3) era peligroso mantener hombres armados, que_ en cualquier momento podían ocasionar serios disgustos; era necesano que se hallasen sometidos a la autoridad pública. En 1842 el joven Marx, analizando las discusiones que tenían lugar en la dieta renana, se escandalizaba por la adecuación del Es~ado a los intereses de la minoría que representaba el sector de los propietarios: "Ya que la propiedad privada no tiene medios para elevarse a la perspectiva del estado, el estado tiene el derecho de rebajarse a los medios de la propiedad privada, contrarios a la razón y al derecho'~ Marx apuntaba con ironía la utilización liberal del concepto "libertad": La voluntad del propietario forestal reclama la libertad de poder tratar el contraventor según su comodidad y de la manera que le resulte más conveniente y menos costosa ... ¿Y no es inaudito que en el siglo XIX se limite "de esta manera y tanto" la voluntad libre de aquellas personas privadas que hacen las leyes públicas? El sentido agudo y crítico de Marx culmina con su exposición de la "lógica del egoísmo": Esta lógica, que transforma los servidores del propietario forestal en autoridad del estado, transforma las autoridades del estado en servidores del propietario forestal. .. todos los órganos del estado se trans- Congost: Revolución liberal y propiedad en Cataluña 225 form_an e~ orejas, ojos, brazos y piernas con las cuales el interés del propietario escucha, espía, valora, protege, atrapa y corre 24• Estos _Y otros párrafos de Marx inspiraron a Pierre Vilar unas sólidas refleXIones ~obre los lazos entre la historia del derecho y la historia total. Para Vtlar, Marx consigue examinar la "totalidad de las relaciones entre el hombre desprovisto de bienes, el propietario y finalmente el Estado"~ propósito "de un derecho reciente, de una legislación que está elaborandose"25• . ~s hace~dados catalanes celebraron con gran alegría, y como una v1ctona propia, la real Orden del 8 de noviembre de 1849 que aprobaba el "Reglamento para los guardias municipales y particulares del campo ~e to~~s los pueblos del Reino" 26• La actuación de los guardias resulto ~acili~a_da cuando, a partir de 1858, junto a los extractos de la Guardia C1~tl ~ de las "~rovidencias judiciales" -que proporcionan una su~tanc1:!1 mformac10n sobre la frecuencia de "atentados contra l~ p~op1edad - comenzaron a publicarse en los boletines oficiales provmc1ales muchos anuncios como éste: ~uncia: Desde esta fecha quedan vedadas y acotadas las tierras cul~1vas, yerm'!8 Y boscosas d~l manso Gifra, sito en el pueblo de Madina, de propiedad del suscnto; por tanto queda prohibida la entrada para cazar, leñar, apacentar ganados ni recoger desperdicios de ninguna clase, sin expreso !':rmiso ~e su dueño; quedando el colono y demás personas del sernc10 del llllsmo autorizados para vigilar y hacer que se cumpla esta veda, y los agresores sugetos a las penas que marca el código penal vigente. Gerona, 13 de Agosto de 1861. Jaime Casellas. A veces, como en la época de los bandos, se ponían de acuerdo unos cuantos propietarios para declarar acotados y vedados los masas de su propiedad: "Los abajo firmados propietarios y administradores de las heredades radicadas todas en el partido judicial de Gerona sitas en los pueblos que á continuación se expresa, declaran vedados; acotados los masos de su propiedad ... " Y queda una pregunta pendiente: ¿cómo vivieron los nohacendados este acotamiento? Los menestrales que antes llevaban a las heredad~ s~s _ganados a pacer, y los colonos que las tenían que vigil~r, ¿q~,e opuuón les merecían los mecanismos de "defensa de la propiedad de los hacendados? LA PERSISTENCIA DE LOS CENSOS ENFITEUTICOS Si los legisladores españoles hubiesen sido fieles a las teorías liberales �226 Siglo XIX Congosc: Revolución liberal y propiedad en Caca/uña de la propiedad en las que parecían inspirarse, hubiesen dic~do s~ contemplaciones una ley de redención de los censos ~ue habna tenmnado con la ambigüedad de las propiedades comparudas. El ~roy~t? de redención de censos estuvo presente en el proyecto de! Código Civil de 1851; en realidad, esta presencia fue uno de los motivos de que el Código Civil no prosperase. Tal vez no ha sido suficientemente ponderada 1~ in~p~cidad de los políticos liberales españoles para est~blecer un ~ódigo civil; segur~mente esta incapacidad era el fiel refleJo de las d1~cultades del nac!miento de un Estado moderno capaz de aunar los mtereses de los diversos sectores sociales dominantes. En este caso, la !ucha de los propietarios catalanes para impedir el proyecto de redención de censos fue del todo exitosa21 • El párrafo que sigue servía de carta de pr~sentación al esc~ito que la Asociación de Propietarios de Barcelona hizo llegar a la Rema con motivo del Proyecto del Código Civil: Es sin duda el contrato enfitéutico, tan universalmente generalizado entre nosotros, lo que ha elevado millares de familias cataJanas, á la clase de propietarias, lo que ha facilitado á la mayor parte de nuestros hacendados la adquisición de sus ricas heredades, lo_que ha dado á todos nuestros menestrales la viña, el campo y el olivar en que encuentran el sustento, lo que ha descuajado nuestras U~adas Y nuestros valles, lo que ha hecho que la vid y el olivo sub~tltuyesen las plantas silvestres en las altas cumbres, lo que ha ocas1o~ado se estableciesen pueblos donde antes solo se encontrab~ guaridas de fieras, lo que en fin ha convertido en panes nuestras p1edr'.'5, facultad prodigiosa que es sin embargo el emblema del Jornalero catalán28• En realidad la idea central que inspiraba todos los escritos que surgían en Cat~uña en defensa de los censos enfitéu!icos er~ siempre la misma: su éxito y eficacia radicaban en la conversión del Jornalero en propietario. Así, en el escrito enviado a la Reina se puede leer: A los enfiteusis, ó Establecimientos, segun se !es llama vulgarment~ en este país, es debida la prosperidad que el lllls_m~ goza ¿Y por que no sucede otro tanto, se dirá, en las demás provmc1as en que es también conocido este contrato? Por una razón muy obvia; porque 1~ condiciones del mismo son diferentes, y al paso que en Cataluña estimulan al proletario á adquirir, en Castilla le retraen de hacerse propietario29• 227 En este documento, la enfiteusis es defendida ardientemente como un tipo de propiedad de la tierra perfectamente válido y funcional en la sociedad contemporánea. Los propietarios catalanes comparan "el progreso y desarrollo de la general riqueza" en Castilla y Cataluña y no dudan de la bondad de la legislación catalana, que es "la que llena más las necesidades morales y económicas del pueblo". Y advierten a la Reina que en el sistema de la enfiteusis catalana se encuentra "lo bueno, lo útil, lo que ha hecho rico al pobre, y al jornalero propietario, lo que ha repartido el territorio y generalizado la riqueza, sin usurpaciones comunistas, sin revoluciones ni trastornos". En definitiva, era el sistema "mas ventajoso, mas económico, mas liberal". La asociación entre el proceso de conversión del proletario en propietario y el desarrollo económico exitoso de Cataluña radicaba en la fuerza de la propiedad. La propiedad, que "satisface el sentimiento de una justa y bien entendida dignidad", explicaba la capacidad del trabajador catalán: Véanse si no los ásperos é ingratos terrenos donde se arraiga y crece ufana la vid, y de donde se obtiene la mayor calidad de nuestros vinos; examínense sus accidentes, los desmontes, las calzadas, y demás obras que ha debido emplear el cultivador para hacer la tierra laborable; calcúlese el coste de aquellas, practicadas por manos mercenarias, y diga cualquiera si cabía en lo posible que el dueño emprendiese directamente la explotación sin caminar también directamente á su ruina; dígasenos asimismo si era dable obtener de un colono ó aparcero por limitado arrendamiento la consagración de un trabajo inmenso al cual solo puede hallar estímulo quien le aplica en tierra propia y le emplea para sí y para sus hijos; pruébese poner en venta esos terrenos en su estado natural, y de seguro que no llamarán los capitales30• La propiedad era el único aliciente que había hecho posible un trabajo tan duro: A nadie puede ocultarse que la propiedad es el más fuerte vínculo que une el hombre al suelo, que engendra el amor del ciudadano á su patria, que despierta viva la laboriosidad del padre de familia, que engendra en su conducta los hábitos de economía y el afán de mejorar la posición; que aguza su ingenio y eleva su inteligencia, y que le posee en fin de aquellos sentimientos de propia dignidad con los cuaJes se establece y se practica la moral; así es que todos los pensadores políticos, y los legisladores todos escogitan y procuran los medios propios para aumentar la clase propietaria en las sociedades, sin menoscabo de los derechos ad2uiridos, y sin herir los sagrados principios de lo recto, de lo justo 1• �228 Sigla XIX Cangas/: Revolución liberal y propiedad en Cataluña b' "do desarrollando y asumiendo e~ la La idea no_ era nue~a. S~t;lr~I ·urista Tos, en 1784, había insistI?o fiteu!is que hacía que el jornalero se smsegunda !111tad d~I _s1gldo 1 en el caracter mag1co e a en • tiese hacendado: rción de terreno establecida, la Constituido.un enfit~uta c_on una~ reputa no un Jornalero, como mira co~o a un Patr~m~mo;~~Y~a sentimientos de un Padre de Fa~t~s, smo un Hac;?O: o~ idea consiste en hacerla floreciente y frucm1has a~udalado. as más a roposito para Granos, qual tífera. A indagar qua! Part~sera Emp!nde la labranza, por lo que para Viñas, Olivos, ó ~tro ruto. . d las utilidades, que experisu posibilidad le permite. ~ pr?po~~•;ño; Directo percibe mas Cenmenta, se adelanta enbllas emca_s~nde el aumento de los frutosn. sos, y á todo el Pue o trans • en su viaje a Cataluña, tamy el agrónomo Arthur Young, en .1787' ue la ropiedad de la tiebién había destacado el ~arácte~esgn:.~~~~ ~'No h~y ningún estímulo rra ejercía sobre los ha~~tantes etrizo ~e tierra en un país donde no comparable a _la poses10~ de ~~ la tierra es aquí el único apoyo auténf T ..11 hay otros medios de su bs1stenc1a, tico de un hombre que quiera ser cabeza de arru ia . .. . R • n 1852 los propietarios ca' 'deas sobre la proEn el largo escrito dmg1do a 1a ema e . es ante las nuevas 1 talanes mamfestaban sus temor tas ideas conllevaban. piedad Y los proyectos de reforma que es . , a Isabel II que "no basta para acerCon gran cuidado, advert1an á fondo Y discernir con exactitud tar en ellas (las refonn~) _conocer sario más es indispensable prever en la esfera de las _teo~1as, es nC:ismas" Para los propietarios catalos efectos de la aphcac1ón ~e l~s to d¡ los derechos de propiedad sagrados si se crearon bajo la lanes, era del to~o necesar1~ e existen!es: "Los mter~ses exis~~~uidos: legítimos en su origen, son e~ garant1a de lo~ ~er~ os c~?5 ~e estos intereses sagrados habían nac1su consecuencia m~1olables... h onstituido en fin nuestra actual sodo fortunas Yrelaciones, Y se da c hos sagrados la sociedad "se sociedad". Si se v~l~erasen estos ~:ialo vería la ~ación entera consucavaría en sus cásnment~s ysc~c:i:ía que los producidos por las épocas marse actos m agres1 vo de revolución". r::~on . . er un aviso a la Reina sobre El último párrafo del escn~? quiere s ecto de redención de censos el peligro de una nueva, r~voluc1~n, El ~~~l porvenir". Su aplicación "trae consigo un.grav!simo pelhgro ~edad y la propiedad no podría significaba una v10lac1ón de a prop1 ' 229 continuar siendo defendida por aquellos que la habían violado: "Principios hay que son dogmáticos en el órden civil, que como tales no admiten modificaciones: ó se les sostiene en toda su integridad, ó se enerva la fuerza moral que ha de guarecer las instituciones contra el torrente invasor de las ideas socialistas". Los esfuerzos de los propietarios catalanes para que el proyecto de redención de censos no prosperase se repitieron en los años 80, con la preparación del nuevo proyecto del Código Civil, que volvía a incluir una ley con aquel contenido. En esta ocasión, el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro se enfrentaba a una Comisión que decía que la ley de redención de censos tenía por fin: "asociar el capital y el trabajo, organizar la propiedad en el sentido de las ideas políticas y económicas de las escuelas modernas, de emancipar socialmente una clase ya emancipada políticamente, y de romper las cadenas de una colonía agrícola de más de cien mil cultivadores". Los propietarios catalanes se escandalizan de este lenguaje: "cual si existieran aun en España los antiguos siervos de la Gleva' '. En cuanto a organizar las ideas políticas y económicas de las escuelas modernas, nadie más que ellos parecían entender en aquellos tiempos el carácter exclusivo y absoluto de la propiedad moderna: . .. se ha introducido la heregía legal de la di visión de dominios, cuando el derecho de propiedad ha continuado siendo exclusivo, es decir, que no es posible suponer que dos personas tengan derecho absoluto sobre una misma cosa ni que este pueda dividirse. Es hora de proclamar muy alto que el enfiteuta no es dueño sino solo poseedor de la cosa para mejorarla y explotarla y que para mejor defender los productos de su trabajo, el derecho le concedió una acción in rem, de la misma suerte que la ley hipotecaria la ha dado recientemente el que arrienda una finca por un plazo mayor de seis ai'los é inscribe su derecho en el Registro de la propiedad. A la luz de estos principios que contienen la más pura ortodoxia del derecho, dígase si no es un atentado contra la propiedad declarar que el simple poseedor de la cosa puede alzarse con el dominio despojando al que nunca lo ha perdido y dándole en indemnización una pequeña cantidad de dinero ó bien capitalizando un vaso de agua. Por ahí se verá cuan equivocado es el lenguaje de los que Uaman carga de la pr~iedad al dominio directo tergiversando el sentido de las palabras . Los propietarios catalanes volvieron a conseguirlo. No hubo proyecto de redención de censos hasta 1945. Los propietarios habían reconocido y defendido que las ventajas de la enfiteusis -la conversión de pie- �230 Congost: Revolución liberal y propiedad en Cataluña Siglo XIX t · ¡ eneración de rentas para el propietari~dras en panes, es decir, ~d 1sentimiento de la propiedad a los JOrderivaban de haber tran~e~;. ~a revolución liberal no se hizo a fav~:>r naleros. Re~eng~~~ es . débiles sino a favor de los prop1ede los prop1etar1os senumen es tarios "prácticos" fuertes. bl.l ,, EL PRAGMATISMO DE LOS PROPIETARIOS . . erundense liberal convencido, dio su verUn prop1etanol d~ólcamlib~jal administrador de sus tierras cuando éste . al Cura Párroco. sión de la revo uc1 n 1 le consultó si tenía que contmu~ pag~~~. ~~cs:~:!an que continuar Su respuesta fue contundentet ilus~:nimi~nto del Señor Rector tenía pagando los censos por:iue e _mandel Pueblo así ricos como pobres, a aban' los propietarios1s. Los que ir a cargo de todos os vecmos y no como hasta enton~, q_ue sol~e~ para incidir en la ambiargumentos de este propietario pue güedad de las revoluciones liberales. !rvir Coincidiendo con el bicentenario de la revo~ución francesla, alg~: . . d manifiesto las dificultades Y a necesi rmitan rcibir el dinamismo y el nos histonadores han pu1:5to e dad de renovar lo~ estudios 9ue p_e 36 y sÍesto sucede en el tema de freno de los cambios revo1ucion~os · d ·b· con más claridad la revolución francesa, tal v~ aun se pue a perc1 lf en el de la revolución liberal española. . b · adical en la definición Es difícil defender la idea de un carn io r_ . m artidos con~e la p~opiedad cuando 1~ ~~:r~du~ante todo el tmuó siendo una form; a 1 añolas· los numerosos estudios sobre siglo XIX e~ m_uchas reas esprmiten ~nfatizar su carácter revoluciola d_esamortu.ac~ón ~~ k:tura de algunos de los múltiples tra~anano. A veces, espu . la sensación de que la revoluetón jos escritos sobre el tema, _un~ t1en~ntes Y no debemos ser pocos los liberal no comport~ cambiohs impo guntado· "Así pues, ¿por qué al na ocasión nos emos pre · ' que en. gu 1 "6 lib ral?" y hemos de reconocer que, aunque no se hizo la revo uc1 _n e . . a 1am dusiana ("tenían que camnos venga a la memona, dla m~ase"): nos acaba de satisfacer cobiar las cosas para que na a cam 1 mo respuesta. e~-~'::f~~ !~::~f f ular una vieja pregunta: ¿cómo defidefinirla el fin de unos elemenTal vez teng~o~ que r; orm nimos la revolución libe_ral · Ndo pu~~iempo atrás ni el nacimiento de tos feudales que ya ha~iali~ eta uq: ya se encontraban en plena madualgunos elementos cap1t s as 23/ rez. Sabemos que tampoco puede definirla un proceso único. Las mismas leyes abarcaron todo el territorio estatal, pero estas leyes no tuvieron la capacidad de transformarlo ni de unificarlo. Persistieron hasta nuestros días diferentes realidades. Pero los hombres que triunfaron en la revolución liberal tenían unos intereses comunes: la defensa de sus derechos de propiedad. Recientemente, el historiador Josep Fontana, el máximo conocedor del proceso de revolución liberal española, ha escrito que lo que unió a la clase burguesa fue " la necesidad de asociarse para defender aquello que la riqueza de todos tiene en común, la propiedad, contra las apetencias de las clases subalternas" 37 • La realidad gerundense no había inspirado las medidas liberales, pero el resultado de las medidas fue en su conjunto muy favorable a la clase propietaria gerundense. Los decimadores laicos, que experimentaban desde hacía años una fuerte crisis en sus rentas decimales, cobraron indemnizaciones. Los propietarios útiles -en su mayor parte enfiteutas de señores eclesiásticos- pudieron redimir sus censos -a muy buen precio- y pasar a ser teóricamente propietarios "plenos". Estos mismos propietarios combatieron con tesón la ley de redención de censos que hubiera significado una pérdida importante de sus rentas. Consiguieron así mantenerse como "señores" de "sus" enfiteutas hasta 1945. Por otra parte, vieron respetadas las rentas eclesiásticas de origen laico. A nivel global, pues, es difícil imaginar medidas más favorables. Pero, ¿no fue la revolución liberal, o su resultado, en gran parte, eso, un conjunto de medidas favorables a la clases propietarias " prácticas''? Teóricamente era indefendible la posición de estos propietarios que creían tener derecho a redimir sus censos y, en cambio, negaban con contundencia el derecho de redimirse a sus censatarios. La actuación de los propietarios catalanes constituye un buen ejemplo de las características de los "propietarios prácticos" de los que habla Marx, cuando analiza los debates de la Dieta renana. El "propietario práctico" de Marx dice: "Esta ley es buena porque me beneficia. Votémosla"38 • Los " propietarios prácticos" catalanes consiguen que prosperen únicamente las leyes que ellos consideran buenas. En realidad, el triunfo de la revolución liberal es el triunfo de todos los propietarios prácticos que pudieron demostrar que lo eran. En las Cortes de 1821, Guillermo Oliver resumió bien este discurso: "No se ataca la propiedad cuando se trata de abolir las prestaciones señoriales; porque si en algunos de sus pueblos el Señor ha tenido o tiene verdadera propiedad la conservará, pues no se trata de eso"39• �232 Congosr: Revolución liberal y propiedad en Cataluila Siglo XIX Por eso, el carácter unilateral de las medidas liberales no es un aspecto más a tener en cuenta. Es el gran elemento definidor de la revolución liberal; los campesinos no fueron olvidados, ni tampoco marginados. Los campesinos sufrieron de forma decisiva el impacto de la revolución liberal, porque este proceso -tal vez mal llamado revolucionario- significó la aceptación de las distintas formas de explotación del trabajo campesino que se daban en España y legitimó estas formas de explotación aceptando y admitiendo que los explotadores del trabajo ajeno eran los auténticos propietarios. Los estudios regionales sobre distintas realidades de España demuestran que en cada región fueron los explotadores del trabajo ajeno los que consiguieron beneficiarse de las medidas de la revolución liberal. Los antiguos señores feudales transformaron sus antiguos señoríos en propiedad burguesa allí donde los señoríos habían continuado teniendo importancia y, en cambio, muchos enfiteutas de Cataluña -los señores útiles- vieron confirmadas sus propiedades. Hay una interpretación única: la consolidación de los derechos de propiedad tal como eran ejercidos en el momento histórico en el cual se dictaron las medidas de la llamada revolución liberal; el respeto de estos derechos implicó la falta de cambios importantes en la estructura agraria de clases. Las trampas que tuvieron que hacerse fueron múltiples y variadas. Y si en Castilla y Andalucía fue necesario falsificar títulos, en Cataluña fue necesario elaborar teorías extrañas que desmintiesen el carácter feudal de la enfiteusis. Los propietarios "prácticos" no subordinaron sus intereses a una teoría liberal sobre la propiedad. Tal vez los historiadores hemos concedido demasiado crédito a las teorías liberales, olvidando a veces que eran teorías cuyo objetivo básico era justificar un determinado orden social y, por lo tanto, unos intereses concretos y prácticos. Las propuestas teóricas de Marx son más libres y, en este sentido, más científicas. En el concepto marxiano de modo de producción, las clases explotadoras dominan e intentan moldear a su conveniencia la sociedad. La revolución liberal española es, seguramente, un proceso histórico básico para profundizar las teorías de Marx y denunciar las trampas del lenguaje liberal de nuestra sociedad. 2]3 NOTAS l. Me refiero a mi tesis doctoral Els ro iet d'exploraci6 (La regió de Girona ,.. , i16f1sa;;f. I. els a/tres. Analis1 ~ un~ relacions noma de Bercelona en marzo de' 1988 Una , ~r~ntada e~ la Umvers1dad Autóen E/s propietaris i e/ a/tres (Vic Eum~ 19901~tn resu1D1da .se puede encontrar parcial de los capítulos 2 y 9 de la presente articulo es una síntesis • que corresponden a los capítulos I Y8 del libro. ;esis ' · 2 - Creo que no es exagerado a firmar és h • . ejemplo, F. Tomás y Valiente, enq.~:, p~c~~~o ~na idea ~as~nte acepta~. Por España". Agricultura Y Sociedad num· 7 1978e fiesarnomzac1ón de la tierra en bo ' · , , a mna que "para II evar a _ca este P:oceso (se refiere a la revolución burguesa) era necesa . agrana Nueva jurídi h bl na una nueva propiedad rra_d ~ en un trí=:n~ns~itu~~:opo~ 1::~i~:;; de la propiedad de 1~ tie• 1 laCJón de los mayorazgos y la desamortización ~ ~orí?s, 1~ desvmcu• convergentes porque transformaron la propieda~:~:,:;!~aleg1s~t1vas fueron con iguraron con arreglo al concepto liberal de la misma". 3 · ~~'::i~~~a~:~:::~d~~a~~::~~~:~~ás at~nció: ha reci~ido_ de parte de dizábal, a pesar de que sabemos ue la desam n_ Ya~n a esarnorll~c_ión de Men- f:s V:S~~:~~~~o~;;,311ª sobdenun°ci";~~~ip1:o~~~~t~[~~;:ñ;da~ re aquella etapa desamortizadora en "La :;c~:uv': d . . c=:::;;:!n i,uulCOS !e~ = b a l Ysus antecedentes", Historia agraria de /a EspafJa pp. 220-244 Fo!~a-adv" rty Rd. GIarrabou, eds.), Vol. 1 (Barcelona, Crítica, 1985) · 1e e e error que supondría creer e i . ' :ú~ita de u~a p~opiedad feudal en propiedad burguesa y abo~~~:.S ~"':CJ~o O ª esarnortizaCJón en una óptica más amplia g1 b 1 · d u e nera entenderemos que "en la medida en que 'tasº/ Y_ matizad a. Sólo de es~ ~atas e dº 1 . si uaCJones e partida eran dlStm. n ,versos ugares, las estrategias aplicadas... han de presentar algunas diferenCJas Y, sobre t~o. que los resultados finales pueden llegar a ser muy diversos de modo que el mismo proceso que en Andalucía consolida el latifundio no ~te establecerlo en elCan Pais Valenciano y conduce en Garicia · a 1a perpetuaCJon .', del peIDIDl· · fundi · p. ~.' 0 que en a nas la clave no es la propiedad de la tierra sino la del agua", 4. 1:3 ~nfiteusi~ catalana tenía _carácter perpetuo. El número de establecimientos enfi::ucfs r:lizado en 1~ región de Gerona durante la década de 1840 superó el de as as ecadas antenores: 1811-20: 3 362; 1821-30: 3 864· 1831-40· 3 (i()l · 184! 50· 6 226; 1851-60; 3 840. ' . ' - . 5. ~~~dde las ideas extendidas so_b~e el cáracter de la propiedad feudal es su inaliena· 1 1 • Pero no solo los do1D1ruos directos se podían com rar incluso se podía vender el derecho de cobrar el diezmo rese~ánd~;;;:!ert, smfo qule tades el seilor directo. • o ras acu - 6 - Puede observarse en E. Serra, Pagesos i senyors a la Catalunya del seg/e XVII. Baroma de Sentmenat, 1590-1729 (Barcelona Crítica 1988) En est h advenir _q~e ~uchas veces se hace difícil el :Wátisis ~parado de 1as\~~::Sºd ~y ~ del domiruo directo Ydel dominio útil en un mismo patrimonio ya que a :1evna d los señores arr~ndaban gl?bal~ent~ sus derechos. Este hecho pu~e conducir a u ~ ves errores de interpretaCJón s1 el historiador no define bien que es Jo que entie:e �234 Congost: Revolur,ón liberal Y propiedad en Cataluña Siglo XIX por propiedad o renta "se!lorial" (si el conjunto de los derechos de un "seflor" o si tan solo los derechos derivados de dominio directo o de determinadas jurisdicciones). 7. Las concordias entre seflores decimadores y universidades eran bastante frecuentes durante la segunda mitad del siglo XVIII. La mayoría de las veces se referían al diezmo de productos nuevos, que se cultivaban mayoritariamente en pequei'las par• celas que muchas veces se ponían por primera vez en cultivo (mediante los contratos enfitéuticos); el cultivo básico de los masos continuó siendo el trigo, ya que así lo establecían los propietarios útiles en sus contratos de aparcería. También fueron muy abundantes las concordias entre decimadores para decidir los limites de tos decimarios en las nuevas tierras puestas en cultivo. 8. Los datos referentes a la indemnización me han sido facilitados por E. Canales. Para el tema de los diezmos y la revolución liberal hay que leer sus trabajos: "Diezmos y revolución burguesa en Espai'la". en Historia agraria de la Espaila contemporá· nea. (A. García Sanz y R. Garrabou, eds.), vol. l (Barcelona, Crítica, 1985) y "Los diezmos en su parte fmal", en La economía espailola al final del Antiguo Régimen, Vol. l (Madrid, Alianza, 1982). 9. P. Madoz, Diccionario geográlico--estadístico-histórico de Espai'la (1845). Estos comentarios se encuentran en la voz: Barcelona. 10. J. Fontana, La revolución liberal. Política y hacienda. 1833-1845 (Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1977), p. 312-315; también en "Crisi camperola i carlisma", Recerques, núm. 10. J. Torres, "Aguardiente y crisis rural", Investigaciones económicas, núm. 1, 1976, y Liberalismo y rebeldía campesina. 1820-1823, Barcelona, Aríel, 1976. ti. Camina!, M., Canales, E., Solá, A. y Torras, J., se plantean en su artículo "Moviment de l'ingrés senyorial a Catalunya (1770-1835)", Recerques, núm. 8, basta qué punto la disminución de las rentas sei'loriales contribuyó a la "estrategia de inserción en el nuevo orden liberal seguida por la mayoría de individuos el sector laico de la clase feudal". 12. El comportamiento de los propietarios catalanes fue en este sentido muy similar al de los propietarios franceses durante el período revolucionario, como puede verse, por ejemplo, en P. Bois, Paysans de l'Ouest (1971), p. 320-321. 13. Sugerimos esta idea a partir de los datos que tenemos sobre la identidad de los se!lores directos en los subestablecimientos enfitéuticos realizados durante el período. En un 55'7• de los casos el se!lor directo reconocido formaba parte del estamento eclesiástico. 14. La capitalización se hizo al 8 ó al 10'7,, lo que significaba buenas condiciones para el redimente. Los sei'lores útiles más importantes de la región satisfacieron importantes cantidades al Estado, como se puede comprobar en el Boletín Oficial de la Provincia de Gerona, donde se publicaron los "expedientes de mayor quantia" -cuando se superaban los 10 000 reales- durante los ai'los 1856-60. Hay que ad· vertir también que la legislación no distinguió entre censos y censales; en este último caso, las condiciones también fueron muy favorables al redimente porque las peo• siones de los censales -o censos reservativos- representaban tan solo un 3'7t del capital. 235 15. Concordia del Barón de Esponellá· E . d~ noviembre de 1859. Concordia del ~:~~a/el ?ota_no d~ Gerona Joan Palet, 14 sa, 3 de octubre de 1851. Concordia del M e_P~bol. Escritura del_ notario de Cordarques e Bcnaven1: Escritura del notario Ramón Trias de La Bisbal 20 de e , nero e 1846. 16. En la_ historiografía espai\ola, Ca1alui'la re r . Esta idea pane de una confusión entre ro P escnta el pa1s de la mediana propiedad. la n~ existencia de los grandes latifu~di~~~f ~:xpl~ta~•ón de la t!erra - En efecto, ---:-unidades familiares de explotación- en Ca r Y a ,m_portanc1~ de los masos piedad bien repanida, de armonía y paz soc·ui1uila h~n forJado esta imagen de prola historiografía catalana. Han contribuido; que u~ante aflos ha dominado en al a ~esm111_ficac1ón de esta visión: R. Garrabou Y E. Serra, "L'agricohura núm. 2, 1980, y E. Girah· "La _cat -ª~ª ne, sccoh XVI-XX", Studi Storici, XIX"• en Historia de Ca;alunytºc~~~~:1 , 1 exSaplol tac,ó de la !erra durant el seg)e • ona, vat, 1978) vol. y. 1 17. En la provincia de Gerona en los ailos 1855 56 1 no llegaron a representar;, 1007, del total d- • as vent~ de los bienes de propios bienes de beneficencia representaron un 420ile ;e~tas de bienes d~onizados (los cular un 370Jo). Se declararon como "mo 1 • \ ~ ventas Y los bienes del clero sede la ~~pu icos desamortizables" una exlensión equivalente a un o l5"'o • •11 provrnc1a. 18. Escritura del notario de Gerona, Juan Pale1, 5 de marzo de 1842. 19. de Escrito · · · de Propietarios · - de Barcelona, El Bien del País. Octubre 1846.de la Asoc,aaon 20. K. Marx, anículo publicado en La Gaceta R debates sobre la ley acerca del robo de lei'la"enana el 25 de octu~re de 1842. "Los Fernando Torres Editor, 1983), pp. 220-227·. En defensa de la /Jbertad, (Valencia, 21. Concordia del Marqués de A ·1 Ese . telló d'Empúries, 3 de abril J:'i~1 C nturaddel J~tario Manuel Margarit de Casdel notario Francisco Pagés de Pere"ia:ncor ,a e Conde de Peralada. Escritura vecinos de Macanet de Cabrenys Ese ·1 • 3; ~e ago_sto de 1817. Concordia de los ren~ de La Muga, IS de abril d~ l~~ra e notano Pedro Gelabert de San1 Loe22. Registro de Hipotecas de Gerona. Libro 43. Escritura de 30 de noviembre de 1787. 23. Escrito de la Asociación · · de Barcelona reproducido en El Bien del País. Octubre de 1846. de prop1etanos 24. :1:~afos pen~.neccn a un artículo aparecido en La Gaceta Renana el 30 de la /i!;~!;,1:;,~-22~;~~bates sobre la ley acerca del robo de leila", En defensa 25 · P. Vilar, "Historia del derecho historia total" Eco • (Barcelona, Ariel, 1983). ' 'en nom1a, Derecho, Historia, 26. 1:3 revista La _Granja publicó íntegramente el "Reglamento para los ardas . c•i:::es Y parllculares del campo de lodos los pueblos del Reino" - ~ hacen:~ru:: gu::aª~::tan haber reclamado con insistencia la "institución salvadora" ~! �236 Siglo XIX 27. El papel decisivo ejercido por los propietarios catalanes en la paralización del proyecto del Código Civil es destacado por Pablo Salvador Coderch en La compilación y su historia. Estudios sobre la codificación y la interpretación de las leyes (Barcelona Bosch, 1989). Junto al tema de la redención de censos, los propietarios catalanes también manifestaron s.u oposición a las leyes de sucesión forzosa. 28. N. Fages de Romá, hacendado ampurdanés, fue el máximo impulsor del asocianismo agrícola catalán a mediados del siglo XIX. Fue también el fundador de las revistas El Bien del País y La Granja. Presentación del escrito: "Demostración de la justicia y conveniencia de que sean respetados por el código civil los establecimientos o sea contratos enfitéuticos de Catalui'la", La Granja, febrero de 1852. 29. Asociación de Propietarios de Barcelona: ''Demostración de la justicia y conveniencia de que sean respetados por el código civil ... " El redactor de este escrito fue Mariano Fages de Sabater, hermanastro de Narcis Fages de Romá. 30. Ibídem. 31. Ibídem. 32. Tos, Tratado de la Cabrevación (1784). Corresponde al artículo 28 de su Introducción. 33. Young, Arthur, Viage a Cataluña, 1787. Este párrafo se encuentra en el capítulo final: Observaciones. 34. Este texto se halla reproducido en la Revista de Agricultura del Instituto Agrícola Catalán de Saa Isidro, 1887, pp. 15-19. 35. Archivo privado de Coll. Correspondencia sobre el Mas RostoU de Torren!, Carta dirigida a Salvio Carbonell. 36. Aunque las "modas historiográficas" actuales han hecho que, en comparación con la numerosa literatura engendrada en ocasión del bicentenario, estos planteamientos hayan sido minoritarios. Podemos citar La guerre du blé au XVllle siécle (París, 1988), especialmente la Introducción escrita por F. Gauthier y G.R. lkni. 37. J. Fontana, La fi de l'Antic Regim i la industrialitz.ació. (Barcelona, Edicions 62, 1988), p. 368. 38. K. Marx, La Gaceta Renana, 30 de octubre de 1842. "Los Debates sobre la ley acerca del robo de leña", En defensa de la libertad, citado. 39. Citado por Ernest LLuch, El pemament económica Catalunya (1760-184()) (Barcelona, Edicions 62, 1973), p. 250. Guillermo Oliver es el único de los personajes estudiados por E. LLuch que atacaba la enfiteusis catalana. De él es esta comparación: "Si se cultiva la tierra en Cataluña puede decirse como en Lacedemonia, donde estaba igualmente muy cultivada, pero fijando más la vista en los ilotas que en las plantas se veía que si la tierra se cultivaba las personas eran muy desgraciadas" (citado por E. LLuch, p. 249). ���� Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Siglo XIX : Revista de Historia Description An account of the resource Revista semestral de historia publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, editada por Mario Cerutti. Contiene investigación histórica y económica, tanto local, nacional e internacional. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Siglo XIX : Revista de Historia Año de publicación El año cuando se publico 1990 Año Año de la revista (Año 1, Año 2) No es es año de publicación. 5 Número Número de la revista 10 Mes de publicación Mes cuando se publicó Julio-Diciembre Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Semestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1754019&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Siglo XIX : Revista de Historia, 1990, Año 5, No 10, Julio-Diciembre Creator An entity primarily responsible for making the resource Flores Flores, Bernardo, Director Subject The topic of the resource México Historia América Latina Siglo XIX Publicaciones periódicas Description An account of the resource Revista semestral de historia publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, editada por Mario Cerutti. Contiene investigación histórica y económica, tanto local, nacional e internacional. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Filosofía y Letras Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Cerutti, Mario, Editor Vázquez Buenfil, Luis, Cuidado de la Edición Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/07/1990 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource tex/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2016612 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. Monterrey, N.L., (México) Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies. Universidad Autónoma de Nuevo León Rights Holder A person or organization owning or managing rights over the resource. El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores Bolivia Colombia Ecuador Iglesia Liberalismo Puebla https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/366/14416/SIGLO_XIX_REVISTA_DE_HISTORIA._1992._Segunda_Epoca._No._11._Ene.-Jun._0002016613.ocr.pdf 20328f3880e38d1b874a8f5f3104272e PDF Text Text Segunda época, número 11, enero - junio de 1992 LA CIUDAD, LOS HOMBRES Y LA ·POLÍTICA ·Argentina Brasil México Perú �- - - - - - - ~ a "~-:..-:-_3-.:.=..=¡;~ SIGLO XIX, número 11, encro:iunio de 1992 ~L - - -- • - - ~ :· --=- ~:: -- ~ 1 �Segunda época, número 11 , enero - iunio de 1992 fONOO UNI VS1$1T,&IO [ccfficr1 Instituto Mora �Universidad Autónoma de Nuevo León Rector Manuel Silos Martínez Facultad de Filosofía y Letras . sumano Número 11 Director Ricardo C. Villarreal Arrambide Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora Director Hira de Gortari Rabieta Revista Siglo XIX Directorfundador: Mario Cerutti Director: Juan Carlos Grosso Director adjunto: Carlos Contreras Editor: Hugo Vargas Presentación 5 La estructura histórica del mundo urbano José Luis Romero 7 La ciudad latinoamericana y los movimientos políticos José Luis Romero 15 La sociedad secreta de los Guadalupes, una nueva forma de organización política Vuginia Guedea 28 Ciudadanía, participación política y la formación de una esfera pública en Buenos Aires, 1850-1880 (edición simultánea con Siglo XIX. Revista de historia cuenta con el auspicio del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Nacional del Centro, Tandil, Argentina. • © Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Plaza Valentín Gómez Farías 12, San Juan Mixcoac. • Diseño: Carolina Herrera. • Tipografía y formación: Schussheim y asociados. • Edición al cuidado de la Coordinación de Publicaciones del Instituto Mora. • Impresión y encuadernación: Encuadernación Progreso, S.A., San Lorenzo Tezonco 202, México, D. F. Se tiraron 1000 ejemplares. • Para envíos al exterior: $ 7.00 USA. Past and Fresent) Hilda Sabato 46 Redes parentales y facciones en la política santafecina,1850-1900 Marta Bonaudo y Elida Sonzogni 74 Los artesanos del Cusco, la crisis regional y el régimen republicano (1824-1869) Thomas Krüggeler 111 Sáo Paulo e a elite letrada brasileira no século XIX Raquel Glezer 149 �Presentación P ara el nuevo equipo edítorial de Siglo XIX es una gran satisfacción poder presentar este primer número correspondiente a la segunda época de la revista. Durante la anterior etapa, la laboriosa y entusiasta dirección de su fundador, el doctor Mario Cerutti, y la calidad de los diez números que se sucedieron entre 1987 y 1990, permitieron que Sigl.o XIX conquistara un merecido espacio entre las publicaciones dedicadas a la historia latinoamericana, y obtuviera una especial acogida y reconocimiento por parte de los especialistas y, en generaJ, de los estudiosos de nuestro pasado. Este hecho motivó nuestros propios esfuerzos por lograr la continuidad de su publicación, que encontraron un decidido respaldo por parte de las instituciones que comparten hoy Ja responsabilidad de la edición de la revista. Siglo XIX conservará las características que le otorgaron un definido perfil: cada número recogerá diversas contribuciones de especialistas que analicen una misma temática, alrededor de algunos de los tantos aspectos y procesos que caracterizaron el desarrollo histó- 5 �Presentación rico de los países latinoamericanos, y aborden reflexiones metodológicas sobre los problemas presentes en los análisis historiográficos. Deseamos hacer explícito nuestro agradecimiento al amigo Mario Cerutti, y a la institución fundadora de la revista, por habemos confiado tan valiosa herencia: tanto él, como la Universidad Autónoma de Nuevo León continúan comprometidos con este proyecto académico y editorial. El agradecimiento lo hacemos extensivo a las autoridades del Instituto Mora por el entusiasmo con que acogieron esta iniciativa. La revista cuenta también con el auspicio del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Nacional del Centro (Tandil, Argentina), y esperamos que en poco tiempo otras instituciones del país y del exterior se sumen a este esfuerzo, no sólo a través de la participación de sus investigadores, sino también como editores de la revista. Finalmente nuestro reconocimiento a los colaboradores, del pasado y del presente, y a los lectores de Siglo XIX, que de distintas formas han contribuido de una manera decisiva a la continuidad de este proyecto. La estructura histórica del mundo urbano* José Luis Romero E l objeto de este estudio es integrar sistemáticamente un vasto conjunto de fenómenos dentro del concepto de "mundo urbano" e intentar el análisis de su "estructura histórica"; dos nociones que a lo largo de sus páginas se precisarán adecuadamente. Parte, o quizá escolio, de una vasta investigación sobre el mundo burgués; el campo de este estudio está limitado a Europa y a las áreas europeizadas, donde los procesos históricos de urbanización son los fundamentales y se desenvuelven de manera homogénea. Ciertamente el mundo urbano no se confunde con el mundo burgués, puesto que éste integró en su seno sectores no burgueses a los que redujo a sus propios esquemas: el mundo urbano es la red de focos activos del mundo burgués, en la que las burguesías urbanas han desempeñado, directa o indirectamente, el papel hegemónico. Y de ese mundo • &te texto fue redactado como introducción a un estudio sobre la estructura histórica del mundo urbano, y quedó inconcluso por el lamentable fallecimiento del autor en 1977. 6 7 �LA estructura histórica José Luis Romero urbano es del que se postula que tiene una estructura histórica, esto es un ordenamiento dinámico hecho en el proceso, en la que están instaladas las sociedades urbanas y contra las que se desenvuelve la vida histórica. Estructura real, estructura ideológica, sociedades urbanas y vida histórica son también nociones que se precisarán a lo largo de estas páginas. El análisis del mundo urbano y de su estructura histórica debe conjugar diversos campos tradicionales de análisis y variados puntos de vista. En la raíz de este intento está una pregunta acerca de en qué consiste la historia de una ciudad. Esa pregunta no está contestada ni es obvia, puesto que el examen de la historiografía urbana muestra una notable disparidad de criterio acerca de su propio campo. Dos clases de problemas parecen los fundamentales. El primero es el concepto mismo de ciudad; no es su definición, por cierto, sino su concepto básico. Este estudio procura mostrar que una ciudad es fundamentalmente vida histórica o mejor, una forma de vida histórica y no un recinto físico, ni una sociedad sorprendida en un determinado momento de su desarrollo ni en un cierto espíritu o tradición, ni una estructura rígida. La ciudád existe como una continuidad en el cambio porque es, fundamentalmente, vida histórica. El segundo es el del ámbito en el que la ciudad debe inscribirse. La. historiografía urbana no tiene problemas cuando se trata de la historia de una ciudad independiente, porque entonces aplica a la ciudad los criterios utilizados para la historiografía nacional; pero la ciudad dependiente - la mayoría, y aun la mayoría de las independientes en cierta etapa de su desarrollo- parece un campo difuso y suele reducir su historia a una crónica municipal, a menos que, como en el caso de las capitales, se identifique la historia de la ciudad con la historia de la nación. Este estudio, no integra las ciudades en los ámbitos regionales o nacionales a que pertenecen sino en un segundo grado, partiendo de la base de que, en el mundo burgués, tal como se constituye desde el siglo XI y llega hasta hoy, la integración fundamental se da en el mundo urbano, por debajo de las determinaciones concretas e institucionalizadas. El análisis del mundo urbano parece ofrecer una clave para la comprensión de un vasto problema. Ciertamente, un cuadro inteligible de Europa y las áreas europeizadas - lo que habitualmente se llama el mundo occidental, más los enclaves occidentales- no puede hacerse a partir de su conjunto heterogéneo y difuso, ni tampoco arrancando de la significación de sus partes yuxtapuestas, esto es de las unidades políticas hoy constituidas y cuya formación y desarrollo suponen procesos muy diversos. Si existe como una unidad ese ámbito que llamamos Europa y las áreas europeizadas -y ciertamente existe como antes había existido el imperio romano- no es por la mera yuxtaposición de unidades políttcas ni por cierta vaga comunidad de contenidos culturales. Europa y las áreas europeizadas constituyen, en efecto, una unidad que, desde cierto momento, ha operado y opera como tal y requiere, en consecuencia, de un análisis histórico unitario. Pero esa unidad no puede ser solamente postulada a partir de su acción: debe buscarse en la raíz de su acción; y allí donde realmente se constituye. Este estudio parte de la hipótesis de que esa unidad se apoya en una estructura común montada sobre una totalidad territorial y socioeconómica, y en un estrato más profundo que aquel en el que se establecen las unidades políticas. Esa estructura es la del mundo urbano, el mundo de las ciudades y las sociedades urbanas, constituido con una dinámica propia que presta a esa estructura un carácter radicalmente histórico. Las ciudades creadas por la revolución burguesa desencadenada a partir del siglo XI se desarrollaron como polos de actividad múltiple; semejantes en sus rasgos externos a las que surgieron antes en áreas diversas, se diferencian de ellas - incluso de las romanas - por algunos rasgos que no por sutiles son menos fundamentales; cada una de ellas constituyó un pequeño universo, aun cuando desde el primer instante funcionaran como focos de una red; cada una de ellas organizó su propia estructura, aunque por sus caracteres fueran estructuras análogas en todas ellas, y cada una de ellas elaboró un matiz individual dentro de una concepción de la vida que fue común a todas las sociedades urbanas, cuyo núcleo activo fueron las nuevas burguesías. Tal fue la primera expresión de esa gigantesca creación, a partir de la cual se constituyó y organizó la Europa burguesa, transferida luego a las áreas europeizadas. Pero la creación urbana fue un proceso mucho más complejo de lo que se tiende a imaginar cuando se piensa en la fundación formal o en la restauración de una ciudad. Consistió, ante todo, en la creación de un tipo de sociedades basadas en la preferencia del grupo por un estilo de vida y en el establecimiento de una suerte de contrato, tácito o expreso, que regulaba su funcionamiento de manera convencional. Sus miembros aspiraron a realizar un proyecto común, fundamentalmente económico pero con otras implicaciones decisivas, basándose en las vigorosas formas de solidaridad nacidas de un vínculo primario no natural, que se conservaba y fortalecía por la concentración del 8 9 �La estructura histórica José Luis Romero grupo dentro de un estrecho ámbito territorial, generalmente amurallado, que aseguraba el control social del individuo. Pero la creación urbana no se agotó en eso. Las nuevas sociedades surgieron de una revolución estructural, y ese surgimiento es el hecho primordial de la revolución burguesa. Quienes constituyeron esas sociedades escaparon o renunciaron a la antigua estructura en la que estaban inscritos y al constituirse comenzaron a crear otra nueva. Ciertamente, la estructura histórica que se dieron las sociedades urbanas constituyó una creación, y los primeros siglos de la vida de las ciudades nacidas de la revolución burguesa tuvieron el signo inequívoco de la creación: todavía no se percibía el peso del sistema porque éste aún era plástico, flexible, incompleto, abierto. Las sociedades urbanas, en dramático conflicto, experimentaron, bosquejaron, perfeccionaron y reemplazaron sus creaciones sucesivas: normas, formas de vida, sistemas de relaciones, costumbres, ideas, valoraciones, objetivos, ceremonias, todo lo que más tarde se ordenaría en trabados sistemas caracterizados por una acentuada tendencia a la institucionalización y a la inmovilidad, y que pareció durante esos siglos provisional y legítimamente susceptible de ser modificado. Puede ser considerada regla general la apreciación de Dante, cuando decía refiriéndose a Florencia "que inventas tan sutiles providencias y que las que urdes en octubre no llegan a mitad de noviembre. lCuántas veces en el tiempo de que te acuerdas has cambiado de leyes, de moneda, de oficios y de costumbres? lCuántas has variado y renovado a tus ciudadanos?" (Purgatorio, VI, pp. 127 y ss.). Tal fue la ciudad originaria. En ella, la vida histórica tuvo como finalidad y preocupación primera lograr la creación de una nueva estructura histórica, en tanto que luego, en la ciudad consolidada, la vida histórica consistiría primariamente en luchar contra ella, contra su rigidez, contra las constricciones que imponía. Este estudio parte de la hipótesis de la existencia de un tránsito fundamental de la ciudad originaria a la ciudad consolidada. La creación de una estructura histórica es, en rigor, una doble creación, puesto que ella misma es dual. En efecto, en la estructura histórica se distingue una estructura real y una estructura ideológica, ambas en relación dialéctica y de cuyo juego nace la vida histórica. Configura la estructura real el cuadro de funciones preestablecidas, de los sistemas de relaciones vigentes y de los objetos creados; y configura la estructura ideológica el cuadro de los modelos interpretativos y proyectivos. Las sociedades urbanas crearon una y otra, según un estilo desusado. La estructura real se ordenó sobre la base de nuevos sistemas de relaciones vigentes, por una parte entre individuos y por otra entre individuos y cosas, a partir de las nuevas formas de actividad económica, de las nuevas situaciones sociales, de las nuevas necesidades políticas y de las nuevas tendencias culturales; y además, sobre la base de los objetos creados en el flujo de la vida histórica e instalados objetivamente con un patrimonio de la comunidad: utensilios, instituciones, obras de arte, tradiciones. Pero en el orden de los objetos creados, las sociedades urbanas produjeron la más vasta de las creaciones y también la más entrañable, y por eso la más singular: la ciudad física, que fue como un diseño de toda la estructura real, y en la que se vieron instaladas las generaciones sucesivas de las sociedades urbanas. La ciudad física es un reducido espacio delimitado de algún modo y subdividido para su uso; hay trazados en él calles y espacios libres, monumentos, puentes, sin olvidar los cementerios o las zonas de huertas. La ciudad física puede ser grande o pequeña, opulenta o miserable. Pero lo importante es cómo un grupo social se integró en un delimitado espacio urbano y se consustanció con él. El recinto pudo ser sagrado o no, pero las mismas obligaciones de lealtad que contrae frente al grupo cada uno de sus miembros, las adquiere también con respecto al espacio donde está instalado. Poco a poco cada lugar, cada rincón dentro del recinto acumula una inmensa suma de recuerdos, una tradición, y ese enriquecimiento cultural del espacio urbano es uno de los factores que más contribuye a que, más que ninguna otra, la sociedad urbana no sólo sea sino que se sienta, además, una sociedad conscientemente histórica. Como todo lo que constituye la estructura real, pero de . modo más vehemente quizá, la ciudad física objetiva el legado cultural que se transmite de generación en generación trasmutando el vínculo biológico en vínculo cultural, éste menos renunciable aún que aquél. La estructura ideológica, a su vez, se ordenó sobre la base de nuevas actitudes y formas de comunicación. Los actos de conciencia adquirieron formas inusitadas a causa de los singulares mecanismos que la ciudad ofrecía para la formación del consenso y el disenso. La plaza, el mercado, la taberna, el atrio ofrecían la oportunidad para un nervioso ajuste de las opiniones individuales, hasta llegar a una aproximativa coincidencia colectiva. Del juicio y la valoración de los actos y accidentes de la vida histórica, de las situaciones y las opciones abiertas, de los procesos elaborados, surgían actitudes que creaban hábitos interpretativos y conducían, en principio, a un estilo de mentalidad, esto es a cierto estilo de interpretación de la realidad y de 10 11 �1A estructiua histórica José Luis Romero juicio y valoración sobre ella, de la que no participa solamente el ejercicio intelectual sino muy vivamente las formas de la sensibilidad. Hubo una mentalidad burguesa genérica y abstracta, pero hubo innumerables estilos de mentalidad burguesa en las innumerables sociedades urbanas, cada una de las cuales, frente a su peculiar realidad, frente al mundo circundante, elaboró una estructura ideológica que funcionó como marco de referencia con respecto a la estructura real de su ciudad, del mundo urbano y del mundo feudoburgués primero y burgués después. Esos estilos de mentalidad urbana se condensaron en modelos interpretativos de la realidad, y sobre todo, en modelos proyectivos, porque la mentalidad burguesa se caracterizó por su fuerte tendencia a volcarse hacia el futuro, indefinido lapso llenado intelectualmente con un proceso de transformación del presente, esto es de la estructura real. Esa vocación de cambio mueve la vida histórica, puesto que su raíz es la vida misma, que es fundamentalmente cambio biológico. La vida histórica suma a la vida biológica una sucesión indefinida y múltiple de acciones y creaciones que operan sobre la sociedad y sobre las estructuras, enriqueciéndolas Y- transformándolas, unas veces a un ritmo lentísimo -que permite pensar en la inmovilidad- y otras veces a ritmo acelerado. La vida histórica de las sociedades urbanas cobró particular intensidad a causa de la estrecha contigüidad de sus miembros. Caracterizada siempre por cierto índice de sofisticación, crece éste en mayor o menor escala según las contingencias; pero la sofisticación opera siempre, manifestándose en una fuerte tendencia a cuestionar o a problematizar las acciones y crea. ciones, a cobrar conciencia de sus causas y fundamentos, a analizar y a medir sus repercusiones sobre la sociedad y sobre la estructura, a calcular su intensidad en vista de determinados efectos que se persiguen. Mientras más crece el índice de sofisticación más carácter histórico tiene la vida, puesto que la historicidad proviene de la interpenetración de temporalidad y conciencia situacional. La expresión más aguda de la sofisticación es la proyección hacia el futuro, la tendencia consciente a modificar tanto la estructura real como la estructura ideológica. Pero el signo más alto de sofisticación se advierte cuando se produce la galvanización o polarización del vínculo, creando un tipo de experiencia - la experiencia urbana - en la que se combinan intensamente la conciencia del vínculo del grupo urbano, la conciencia de la situación y la conciencia de su proyección hacia el futuro. La experiencia de la ciudad sitiada constituye la forma simbólica más expresiva de la vida histórica urbana. La vida histórica urbana no concluye en sí misma, ni se integra solamente dentro de las áreas más o menos institucionalizadas en que está inserta. Sin duda, la ciudad esta incluida en una región, y la sociedad urbana forma parte de la sociedad global. Pero la integración más vigorosa, la que condiciona más vivamente la vida histórica urbana, es su integración en el mundo urbano. La creación urbana delinea, con la ciudad misma, un sistema de relaciones, directas o indirectas, entre ciudades, acaso apoyado en el juego de correspondencias económicas y políticas, pero fundado, en lo protundo, en la coherencia de los grupos burgueses que predominan en el seno de las sociedades urbanas, en sus formas de vida y de mentalidad. El ordenamiento del mundo urbano significó la instauración de una red de focos activos de vida histórica. En esa red se compenetraron, se interfirieron y se neutralizaron múltiples matices propios de las distintas sociedades urbanas y revelados en sus acciones y creaciones, en sus estilos de vida y en sus estilos de mentalidad. Si cada ciudad tiene su propia estructura histórica, del juego recíproco de todas ellas nace una estructura secundaria, una compleja y difusa estructura del mundo urbano en su conjunto, sólo ocasionalmente institucionalizada dentro de ciertos ámbitos, pero vigorosamente operativa en la medida en que la coyuntura ofrece posibilidades reales. La tendencia a constituir y consolidar esa estructura es tan vigorosa que sobrepasa los límites de las áreas institucionalizadas. Las ciudades se insertan en ella, pero escapan a la·s determinaciones del área regional o política a la que pertenecen, y a veces, a las determinaciones de las áreas culturales y religiosas. El funcionamiento de la estructura histórica del mundo urbano es tan eficaz que, sobre el modelo de las que se han constituido espontáneamente, se inventan y crean otras cuya organización está programada junto con la creación de ciudades, hasta el punto de que ciudad y mundo urbano se transforman en conceptos inseparables. Es en el mundo urbano donde se han constituido -desde el siglo XI hasta hoy, en un proceso continuo- los estilos de vida y los estilos de mentalidad predominantes en el mundo actual. Casi todos los problemas que hoy acusamos como característicos de nuestro mundo y de nuestro tiempo, han surgido en su seno, como una consecuencia del singular estilo de vida histórica que allí se elaboró. La sociedad de consumo, la sociedad de masas, la sociedad competitiva, para poner algunos ejemplos, son formas ocasionales de puntualizar aspectos que son propios y exclusivos del mundo urbano. La soledad multitudinaria, las neurosis individuales y colectivas, la alienación, la insatisfac- 12 13 �La. estructura histórica ción, el anhelo de realización individual, y tantos otros fenómenos señalados como reveladores de un área cultural o de una época, son expresiones del mundo urbano. No parece necesario agregar los problemas inequívocamente relacionados con él: la vivienda, los transportes, los suburbios aristocráticos, las ciudades y barrios precarios, el humo, los residuos, las colas. Podría agregarse que buena parte de los problemas que no son del mundo urbano se definen en alguna medida en relación con él, empezando por el problema del éxodo rural. Son problemas de cada ciudad, pero la escala en que se comprenden y en la que puede vislumbrarse su desarrollo futuro es la del mundo urbano, la más ingente de las creaciones y en la que se expresa el más alto índice de sofisticación que el hombre haya alcanzado. La ciudad latinoamericana y los movimientos políticos* José Luis Romero E n la vida política latinoamericana las ciudades y, especialmente las capitales, han desempeñado un papel de tal importancia que con frecuencia ha permitido confundir su historia con la del país a que pertenecen. Esta imagen debe ser corregida, pero conviene prestar al hecho mismo toda la atención que merece, pues aunque no es exclusivo de América Latina, adquiere en ella una singular significación. La decisiva influencia política de las ciudades corresponde fielmente a las peculiaridades del ordenamiento socioeconómico y sociocultural del área latinoamericana, y por eso es importante establecer qué mecanismos la desencadenan y de qué modo se ejerce. • Jorge Enrique Hacdoy y Carlos Tobar (comps.), La urbanización en América Latina, Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 1969. Conferencia de los Cursos Internacionales de Temporada de la Universidad de Buenos Aires, julio de 1966. 14 15 �La ciudad latinoamericana José Luis Romero I Ciertos sectores poseen, al margen de las estructuras del poder legalmente institucionalizado, una suerte de institucionalización social y jurídica que los capacita para enfrentarse con aquél. La ciudad es el escenario fundamental de tales tensiones, no sólo porque en su ámbito es más fácil y más eficaz la organización de los grupos competitivos, sino porque constituye el centro de más rápida comunicación social. La información es en la ciudad más fiel y más precisa, y el conocimiento de los cambios de situación más exacto y ajustado a sus mecanismos profundos. Es esa información la que asegura la rápida aglutinación de los grupos urbanos y la acelerada galvanización de las opiniones, referidas a coyunturas concretas. En la ciudad la acción posee, pues, una orientación más definida, y por eso más eficaz. Núcleo político por excelencia, la ciudad impone ciertos caracteres precisos a las formas de la convivencia social. Cualquiera que sea la importancia que .is 'TT' las otras funciones urbanas, el uso que del poder se hace en la ciuoau incide tan profundamente sobre todas las demás que la función política resulta siempre eminente. Es en la ciudad donde se opera la mayor concentración de poder político, en distintas escalas, sin duda, pero siempre con la mayor eficacia instrumental. Por eso, la ciudad conforma en alguna medida la vida del contorno regional y nacional, ordenando los cuadros dentro de los que todas las actividades se desenvuelven, imponiendo los principios y normas que las orientan según los designios de los grupos sociales predominantes y montando los mecanismos coercitivos para asegurar su vigencia. La concentración del poder que se produce en la ciudad abarca tanto al poder institucionalizado como al no institucionalizado. La ciudad aloja a los representantes del poder institucionalizado: político y administrativo, legislativo, judicial, tanto en el orden nacional como en el provincial y municipal, así como en el orden eclesiástico; y aloja también los centros de decisión de los organismos coercitivos con que cuenta el poder institucionalizado. Pero, además, la ciudad aloja a una masa de opinión pública que, por hábito, por educación y por necesidad, apoya directa o indirectamente el ejercicio del poder institucionalizado, aun cuando alguno de sus sectores se oponga circunstancialmente a quienes lo detentan. Porque la complejidad de la vida urbana exige una regulación permanente, a veces imperceptible, pero se hace dramáticamente visible en el momento en que se debilita o desaparece y fuerza la aceptación del poder. Pero, además, es en la ciudad donde se alojan los grupos que ejercen más vigorosamente el poder no institucionalizado. Vinculados a las actividades básicas de la colectividad, los grupos de poder y los grupos de presión operan preferentemente en la ciudad, cerca del poder institucionalizado y cerca también de los distintos sectores sociales que pueden ser movilizados en favor de ciertas opiniones y exigencias. En la ciudad esos grupos, generalmente sectoriales, multiplican su gravitación extendiendo sus propias opiniones y sus propias exigencias - a veces sutilmente encubiertas - a vastos grupos que consciente o inconscientemente se pliegan a ellas, y pueden aprovechar las características formas psicosociales de actuación de los grupos multitudinarios. 16 11 Estos caracteres de la vida urbana se dan en las ciudades latinoamericanas, sin ser, claro está, exclusivos de ellas. Pero se dan de cierta manera, en función de ciertos mecanismos peculiares y con modalidades propias. Así ha ocurrido a lo largo de toda su historia, conformando un estilo de comportamiento político que no sólo es revelador de determinadas situaciones intransferibles - comparadas con las situaciones contemporáneas en otras áreas - sino que es también revelador de la continuidad de ciertos procesos y de la persistencia de los factores que los desencadenan. No es esta la ocasión de extenderse sobre ese desarrollo secular; pero aun para destacar sus rasgos de los últimos ochenta años resulta imprescindible puntualizar, al menos esquemáticamente, algunos de los caracteres del funcionamiento político de la ciudad latinoamericana en ciertos momentos críticos. Sólo de ese modo se puede comprender, a mi juicio, el papel que en la vida latinoamericana ha desempeñado la ciudad a partir de los cambios que se hacen patentes alrededor de la penúltima década del siglo XIX. Instrumento de una política colonizadora destinada a impostar, sobre un territorio considerado culturalmente neutro, las formas de sociabilidad y la cultura de los países ibéricos, la ciudad latinoamericana nació como un reducto no sólo para asegurar la superviviencia física del grupo conquistador y conservar inmunes sus formas de vida, sus normas y sus creencias -esto es, su cultura - , sino también para operar desde ella la progresiva ocupación del territorio circundante y la reducción de las poblaciones autóctonas a sus propios esquemas culturales. Todo esto requería una inflexible conducción política, esto 17 �La ciudad latinoamericana es, el ejercicio de una autoridad centralizada que ejecutara un vasto designio cuyo horizonte era mucho más extenso que la mera acción militar, sólo en apariencia la más importante puesto que en realidad no era sino un medio para alcanzar ciertos fines que la sobrepasaban. La ciudad fue una base de operaciones socioculturales, instalada en un medio considerado hostil, y en la que se custodiaba la vida de quienes eran instrumentos de esas operaciones así como los imponderables elementos de la cultura que se proyectaba instaurar y transferir. La garantía del éxito de esas operaciones fue la concentración del poder en la ciudad, concebida como ciudadela militar y cultural a un tiempo. La plaza mayor, foro urbano rodeado por el fuerte, el cabildo y la catedral, constituía el foco de ese poder. Esta situación se perpetuó a lo largo de los siglos xvn y XVIII, a medida que se consolidaba la ocupación de la tierra, se organizaba la explotación de las riquezas naturales y se sistematizaban las relaciones económicas de los grupos poseedores con las metrópolis y sus mercados. La posesión de la tierra y, más aún, la explotación de sus riquezas, originó la formación de grupos sociales poderosos, aristocracias coloniales viejas y nuevas, según las fluctuaciones de la vida económica que, una vez abandonado el espejismo del retomo a la patria europea, crearon en las ciudades americanas las condiciones necesarias para disfrutar de sus riquezas, vigilar la adminitración de sus propiedades y permanecer cerca de las fuentes del poder político y administrativo a fm de mantenerlo favorable a sus intereses y _ compartir sus halagos. Fiel expresión de este designio fueron las casonas y palacios que erigieron, a partir del siglo xvll y sobre todo en el xvm, los ricos poseedores, frecuentemente investidos de títulos nobiliarios: las moradas de los marqueses de la Torre de Cossio, de Prado Alegre o de Calirnaya, o la del conde de San Mateo de Valparaíso en México; la de Berrocal en San Juan de Puerto Rico; la de los Mijares o la del conde de San Xavier en Caracas; la de Chamorro o la de la Cueva, o la de los Leones, o la de Landívar en la antigua Guatemala; la del marqués de San Jorge en Bogotá; la del marqués de Maenza en Quito; las de Jarava o de Torre Tagle en Lima; o las más modestas de los Uriburu en Salta, de los Allende en Córdoba o de Colambres en Tucumán, estas tres en Argentina. Esta enumeración ejemplifica la generalidad del fenómeno. Junto con el poder político se consolidaron en las ciudades los grupos sociales y económicos más influyentes y de más decididas actitudes conservadoras. Pero, además, se constituyó en muchas de 18 José Luis Romero ellas durante la segunda mitad del siglo XVIlI una burguesía local vinculada a las actividades mercantiles, a la administración pública y a las profesiones liberales, que se segregó de los grupos monopolistas y adhirió a las doctrinas liberales. Fue en las ciudades donde se manifestó la tensión entre esos grupos. Si antes no habían aparecido otras querellas que las jurisdiccionales entre autoridades eclesiásticas y civiles, los conflictos entre las órdenes religiosas o los pleitos pueblerinos entre familias, la situación comenzó a cambiar lentamente: la expulsión de los jesuitas, la emancipación de las colonias inglesas de Norteamérica y la explosión de la revolución en Francia proporcionaron un marco ideológico a las tensiones espontáneas suscitadas por el desarrollo económico, y poco a poco empezaron a constituirse grupos de opinión o incipientes partidos políticos. Esas nuevas burguesías urbanas de tendencia liberal fueron las que agitaron el ambiente al producirse la crisis española de 1810. Allí donde predominaron, trataron de imponer -no siempre con éxitouna política de modernización de las estructuras políticas de los nuevos países, subestimando o desconociendo, a veces, la significación de las áreas rurales, en las que un proceso socioeconómico más o menos autónomo -pero en todo caso dispar con respecto al de las ciudades- había creado un orden social sui generis, con sus formas de vida propias y con su propio sistema de ideas acerca de la convivencia social y política. Más tarde, en la primera mitad del siglo XIX, las ciudades experimentaron un fuerte retroceso, no sólo en la medida en que sufrieron las consecuencias de las convulsiones políticas y militares propias de las guerras de la Independencia y de las guerras civiles sino también en cuanto tuvieron que ajustarse -dado el factum de la independencia y la necesidad de reordenar la vida dentro de sus limites geográficos y de sus propios recursos- al papel que les correspondía teniendo en cuenta la nueva significación que alcanzaron las áreas rurales, subestimadas en el momento de la fundación y sometidas durante todo el periodo colonial al imperio urbano. El retroceso urbano de la primera mitad del siglo xrx se advirtió en muchas ciudades, que acusaron una disminución demográfica o al menos una estagnación, así como acusaron un estancamiento en su crecimiento espacial. Pero sobre todo sufrieron un retroceso político. El poder pasó en muchas regiones a manos de caudillos cuyas fuentes de poder estaban en las áreas rurales. Y con todo, la consumación de cada triunfo significaba la instauración en la ciudad de un poder, a veces de apariencia bárbara, que procuraba obtener de la tradición colonial una convalidación formal. A medida que la situación social 19 �La ciudad latinoamericana José Luis Romero se estabilizó, sobre todo a partir de mediados del siglo, las ciudades recuperaron su hegemonía y muy pronto se vio en el cambio físico que sufrieron los signos de una mutación profunda en el ordenamiento de la vida de cada país y del área latinoamericana en su conjunto. Tales cambios se produjeron, sustancialmente, en su ordenamiento social, y sus consecuencias pudieron advertirse sobre todo a partir de las últimas décadas del siglo XIX. Comenzó a crecer el volumen de la población urbana y, simultáneamente, a modificarse el sistema de las relaciones sociales, porque a medida que aumentaba el volumen demográfico, se acentuaba, por una parte, la movilidad social de ciertos sectores y, por otra, la estratificación de los grupos tradicionales. Estos cambios sociales se reflejaron muy pronto en el paisaje urbano. La demolición de las murallas de Panamá en 1856, de lima después de 1870, de San Juan de Puerto Rico en 1897, fueron signos físicos de una expansión que, en otras ciudades, no requirió de tales esfuerzos. Pero en casi todas las capitales y en varias ciudades menores se produjo un crecimiento territorial que fue acompañado generalmente de cierta modernización urbanística y arquitectónica, y de una redistribución ecológica de la población. Para entonces se produjeron y consolidaron ciertas formas nuevas de poder social y, paralelamente, ciertas formas nuevas de poder político. La respuesta social fue un vigoroso cambio de actitudes políticas en ciertos sectores, un planteo nuevo de las tensiones y los enfrentamientos políticos que, en ocasiones, se cargaron de explosivos contenidos sociales. Tales son los problemas que deben examinarse para comprender el papel que las ciudades han desempeñado en la vida política latinoamericana en los últimos 80 años y que corresponden al periodo de más pronunciado viraje producido en el área. La incorporación del mundo productor latinoamericano al ámbito económico europeo y norteamericano en las condiciones requeridas por el desarrollo industrial, produjo generalmente en las últimas décadas del siglo XIX una consolidación de las viejas aristocracias terratenientes y, además, una renovación y un robustecimiento de sus cuadros mediante la incorporación de nuevos sectores que respondieron eficazmente a las exigencias propuestas por las nuevas perspectivas. Las aristocracias se modernizaron en sus actitudes económicas y culturales pero, al mismo tiempo, se retrajeron socialmente y adqui- rieron ciertos rasgos de oligarquías conservadoras en su comportamiento social y político. Tal fue la respuesta de los sectores tradicionales vinculados a la riqueza nacional y al sistema económico y financiero internacional, cuando el desarrollo de la actividad productiva, mercantil y a veces manufacturera, promovió la formación de nuevas clases medias en las ciudades que constituían los emporios de la administración y comercialización de las materias primas nacionales así como los centros de la importación de productos manufacturados extranjeros. Acrecentadas por el flujo inmigratorio - interno y externo - las clases medias se orientaron hacia el sector terciario y buscaron un nivel de vida que parecía posible alcanzar a causa de la mayor disponibilidad de los bienes de consumo. Las relaciones entre estos dos sectores - una clase alta con fuerte tendencia a la estratificación y unas clases medias urbanas de gran movilidad - alteraron el tradicional equilibrio social de muchos países, en la medida en que alteraban el juego de las fuerzas políticas en el ámbito de las ciudades. Las clases altas acentuaban la defensa de sus privilegios estrechando sus filas, precisamente cuando se producía la lenta constitución de un conglomerado de imprecisos contornos que comenzaba a ignorar los fundamentos de tales privilegios y descubría la legitimidad de sus propias aspiraciones a compartir el poder. Este hecho nuevo - la progresiva pérdida del consenso tradicionalmente otorgado a los fundamentos de los privilegios de la clase alta - fue el resultado de diversos factores que no es oportuno analizar aquí. Pero es necesario señalarlo porque simultáneamente actuó modificando la condición de las clases popula,es. Por razones ideológicas comenzó a revisarse la actitud tradicional con respecto a los grupos indígenas, tal como lo hizo el movimiento peruano que encabezó Goozález Prada, o el movimiento que impulsó la revolución mexicana. Pero, en rigor, las razones ideológicas correspondieron a cierta transformación en el papel de esos sectores dentro de una economía en cambio. Por eso se manifestó también en relación con el naciente proletariado urbano al que, por su parte, procuraban canalizar ciertos grupos sociales de formación europea y en la creciente resistencia contra las clases altas tradicionales, se formaban vastos e imprecisos conglomerados disidentes cuyos miembros coincidían sólo en la oposición contra el orden tradicional, sin que sus distintos sectores pudieran coincidir, sin embargo, en las soluciones propuestas. Una aureola de población indiscriminada, económicamente indefensa -generalmente de origen campesino y preferente- 20 21 111 �La ciudad latinoamericana José Luis Romero mente inmigrada, a veces india o mestiza - circundaba en las ciudades a estos conglomerados prestándoles la fuerza de su número y acentuando su estructura multitudinaria. Entre tanto, las ciudades crecieron a veces vertiginosamente, multiplicándose los distritos de clase media y las barriadas populares. Si las clases bajas tradicionalmente integradas pudieron localizarse en barrios antes periféricos y luego relativamente céntricos, ocupando en ocasiones colectivamente antiguas casonas de la alta burguesía, los nuevos sectores que se incorporaban ·a la ciudad, atraídos por los altos salarios o simplemente por la posibilidad de formas de vida menos primitivas que las de las zonas rurales, comenzaron a instalarse en viviendas improvisadas que se levantaron en terrenos ocupables. Los materiales tradicionales -ramas, cañas, barro, paja - comenzaron a ser sustituidos por los desechos industriales: maderas de cajones, latas, cartones, chapas, o combinados de ellos. Así surgió el cordón de subciudades que rodea hoy -por lo demás, como en muchos otros lugares del mundo- a muchas ciudades latinoamericanas: cantegriles montevideanos, cayampas santiaguinas, favelas cariocas, villas miseria bonaerenses, barriadas limeñas, sanjuaninas o caraqueñas, a las que hay que agregar los barrios marginales para la población indígena o negra, como el que está enclavado en Panamá a pocos pasos de la Plaza 5 de Mayo. Entre ambos extremos - las lujosas zonas residenciales de vieja y de nueva data y las subciudades de emergencia - crecieron constantemente los barrios medios que alojaron extensos grupos sociales, generalmente adscritos al sector terciario. Extenso y sumamente móvil, el sector de las clases medias caracterizaba hasta las primeras décadas de este siglo sólo a algunas ciudades latinoamericanas, especialmente a Montevideo, Buenos Aires y, en cierto modo, a Santiago de Chile y San Pablo. Pero el desarrollo urbano ha significado la concentración de ese sector en muchas otras ciudades que antes revelaban la presencia predominante de dos grupos abismalmente separados: ricos y pobres. Los variados subsectores de las clases medias han impuesto una nueva fisonomía a diversas ciudades, como Lima o México, y esa fisonomía refleja nue\?as tendencias sociales que, a su vez, buscan su expresión política. IV Los cambios en el ordenamiento social urbano suscitaron una rápida transformación de la fisonomía de las ciudades. De la ciudad que, aun con algunos centenares de miles de habitantes, no había perdido los caracteres de la "gran aldea", se pasó rápidamente a la "gran ciudad", con la intensiva ocupación de los barrios céntricos, con la formación de zonas residenciales de alto nivel, con la formación de barrios medios y populares de modesta arquitectura y, sobre todo, con la aparición de suburbios densamente poblados y ocupados generalmente por las clases populares recién incorporadas, que comenzaron a extenderse a medida que lo permitió el desarroUo de los transportes. Las zonas residenciales finiseculares atrajeron, generalmente, a las viejas familias que abandonaban las casonas de la antigua plaza mayor y de las caUes adyacentes. En las nuevas residencias, preferentemente imitadas de las delfaubourg Saint-Germain, adoptaron progresivamente un nuevo género de vida. En las proximidades del Prado montevideano, del Paseo Colón limeño, de la Alameda santiaguina, de Altagracia en Caracas, de Catete o Laranjeiras en Río de Janeiro, en las colonias Roma o Juárez en México o el barrio Norte bonaerense, la aristocracia desplegó ciertas formas de convivencia social, refinada y convencional, cuya más fiel expresión quizá haya sido el espíritu que animó la poesía del modernismo: la de Gutiérrez Nájera, José Asunción Silva, Julián del Casal, Julio Herrera y Reissig o Leopoldo Lugones, aun inconformistas como parecen ser ellos mismos. Más tarde, al compás de su renovación y de la consolidación de su riqueza, las clases altas volvieron a desplazarse hacia zonas más alejadas, muy pronto valorizadas y provistas de inequívocos signos de estatus: en Montevideo hacia Pocitos primero y hacia Carrasco después, en Lima hacia San Isidro y Miraílores, en Santiago hacia Providencia, en Caracas hacia Los Caobos y las nuevas urbanizaciones que circundan el Country Club, en Río deJaneiro hacia Copacabana e Ipanema, en México hacia San Ángel y El Pedregal, en Buenos Aires hacia la avenida del Libertador. Una arquitectura más espectacular y agresiva denotaba el acceso a la riqueza de nuevos sectores de sensibilidad y actitud diferentes a las de las generaciones anteriores. Las variaciones operadas en el ordenamiento social de las ciudades originaron vigorosos cambios en las ac•.itudes políticas de los distintos grupos. El fenómeno se advirtió sobre todo en las capitales, donde tradicionalmente se concentraba _e l poder político y administrativo, y 22 23 V �La ciudad latinoamericana José Luis Romero donde bastaba alcanzarlo para ejercer una autoridad incontrastable sobre todo el pais. Sólo unas pocas ciudades que no tenían rango de capitales, particularmente San Pablo y Guayaquil, operaron como centros políticos importantes a causa de su vigoroso desarrollo económico. Fue tanto la transformación social de las ciudades como la localización del poder de decisión en materia de política económica lo que hizo de las ciudades el escenario necesario de las más vigorosas tensiones políticas. Aun en las capitales donde se constituía una vigorosa clase media -y con más razón donde el fenómeno no era tan pujante- la concentración de los grupos sociales que controlaban la economía nacional les otorgó una fuerza que parecía incontrastable. Quienes detentaban el poder económico exigieron y obtuvieron el poder político. Estaban enfrente de esas oligarquías las clases medias y las clases populares. Pero su acción era indecisa, y el espejismo del bienestar que proporciona la vida urbana promovía cierto predominante conformismo, al que se agregaba la inexperiencia política de los grupos populares apenas salidos de un régimen patemalista. Heterogéneas e inconexas, las clases medias urbanas asimilaron los principios del liberalismo y de la democracia formal, y conducidas por ellos aspiraron sobre todo a compartir el poder político con la esperanza de obtener por esa vía una ligera modificación en el sistema de distribución de la riqueza. Los grupos predominantes, más coherentes y más herméticos, se broquelaron dentro de una estructura constitucional y legal; pero vigilaron celosamente su funcionamiento impidiendo el cumplimiento total de los principios que la inspiraban. Pese a su coherencia como clase, sus intereses económicos o los encontrados intereses de grupo suscitaron conflictos en su seno, a los que no fueron ajenas las influencias de los grandes monopolios. Para asegurar el mantenimiento del poder en manos de uno de sus grupos, y al mismo tiempo para contener las aspiraciones de los sectores más politizados de las clases medias liberales, las oligarquías no vacilaron en recurrir a la dictadura, fenómeno que fue, sin duda, el más típico de la vida política latinoamericana desde las últimas décadas del siglo XIX. Porfirio Díaz en México, Estrada Cabrera y Ubico en Guatemala, Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez en Caracas, Machado y Batista en La Habana, constituyen casos extremos, y por eso significativos, del desarrollo de una fuerte tendencia al poder dictatorial de unas sociedades todavía controladas por vigorosas oligarquías vinculadas al capital extranjero y amenazadas por el inconteniQ,ie surgi- miento de clases medias urbanas, ilustradas y liberales, que aspiraban a hacer efectivos los principios que estaban escritos en todas las constituciones sin que se cumplieran casi en ninguna parte. Ramón del Valle lnclán primero -en Tirano Banderas- y Miguel Ángel Asturias después -en El señor presidente- dejaron un testimonio vigoroso de este tipo de poder dictatorial ejercido desde ciudades que se transformaron en verdaderas cortes. Como en otras partes y otras épocas, los sectores poseedores que confiaron su defensa a un individuo en cuya eficacia creían, no vacilaron en ceder parte de sus derechos políticos, sabiendo que los recuperarían por la vía del favor en un juego de trueque en el que se amasaban grandes fortunas. La venalidad fue el signo de esas cortes, sin que estuvieran ausentes la adulación y la crueldad. El poder político se hizo absoluto, y por su intermedio se controlaba la totalidad de la actividad nacional. Esa circunstancia hacía de la capital la meta de todos los peregrinajes, y también el objetivo de todos los intentos de reacción. 24 VI Las clases medias urbanas adquirieron su primera fisonomía como cuerpo político bajo la influencia de ciertos sectores ilustrados -procedentes en su mayor parte de las profesiones liberales - , que desencadenaron movimientos cuya bandera era, simplemente, la letra de la Constitución existente pero no cumplida. La Unión Nacional, en Lima, inspirada por Manuel González Prada, y la Unión Cívica Radical, en Buenos Aires, encabezada por Leandro N. Alero, son sin duda los movimientos más representativos, a los que podría agregarse el Partido Colorado en el Uruguay, bajo la inspiración peculiar que le dio Batle y Ordóñez, aunque éste no surgiera en una situación tan característica como las anteriores. Eran, sin duda, movimientos nacionales en alguna medida; pero su acción se apoyó sobre las burguesías urbanas ilustradas, y su planteo fue liberal y principista, lo cual situaba en las ciudades sus principales baluartes. Estos movimientos triunfaron precozmente en Uruguay y en Argentina, precisamente por la gravitación que ejercían Montevideo y Buenos Aires, 'tuya población representaba un alto porcentaje de la población del país. Si no faltó un movimiento semejante en la ciudad de México contra Porfirio Díaz -como el que al comenzar el siglo representó en principio Francisco Madero-, la singular significación de las clases rurales lo sobrepasaron y radicalizaron, y en esa misma medida 25 �La ciudad latinoamericana José Luis Romero fueron neutrales y a veces hostiles las burguesías urbanas a los movimientos encabezados por Emiliano Zapata y Francisco Villa, actitud no muy diferente de la que habían tenido un siglo antes cuando se produjeron las insurreciones de Hidalgo y Morelos. Pero allí donde faltó una burguesía urbana liberal e ilustrada que encabezara la lucha contra los dictadores y los grupos socioeconómicos que los respaldaban, las clases rurales permani::cieron inertes o sólo esporádica o estérilmente activas. Burguesías urbanas apoyaron el movimiento revolucionario de Betancourt y Gallegos en Venezuela, y la acción de los partidarios renovadores de diversos países como el de Liberación Nacional en Costa Rica o el Democrático Revolucionario en Guatemala. en condiciones óptimas para operar utilizando todos los mecanismos de acción multitudinaria que ofrece la ciudad. El vasto despliegue popular que se produjo en Buenos Aires el 17 de octubre de 1945 puso de manifiesto la existencia de un nuevo dispositivo de acción, cuyo parámetro puede hallarse acaso en la mecánica política del fascismo europeo, pero que funcionó en este caso según la peculiar situación de un grupo social concentrado en el borde de la capital como consecuencia de las migraciones internas a que se había visto forzada en la década de los treinta una buena parte de la población rural de ciertas regiones. El fenómeno de 1945 en Buenos Aires puede compararse con el "bogotazo" en 1948. En ambos casos, la erupción asumió los caracteres de un movimiento popular incontrolado, sorpresivo para quienes creían conocer la realidad social, manifestado en una reacción sin finalidades concretas, destinada solamente a expresar una actitud de rebelión y de protesta contra una situación que parecía no ofrecer perspectivas para las clases desposeídas. Distintos fueron los movimientos organizados, unas veces bajo la forma de huelgas generales y otras bajo la forma de movimientos típicamente políticos y partidarios. Pero la constitución social de las clases populares parecería tender cada vez más a canalizar aquellos movimientos eruptivos hacia estas formas más organizadas. Foco del poder institucionalizado, por una parte, y marco de las fuerzas sociales que buscan un reajuste del poder económico y el poder político por otra, la ciudad latinoamericana ve acentuarse sus tensiones internas. Contribuye aún más a acrecentarlas el incesante proceso de concentración urbana, que constituye el signo predominante de la vida social contemporánea. VII Sólo en algunos países llegó a organizarse un movimiento socialista de tipo europeo. Fue fuerte en Argentina, Uruguay y Chile; pero en todos los casos formaron en sus filas preferentemente obreros urbanos, de los cuales, en los dos primeros países, constituía la mayoría un sector proletario - manufacturero o industrial - radicado en Montevideo o en Buenos Aires y de origen inmigrante en gran parte. En los mismos estratos buscó sus adeptos el comunismo, con menor fortuna y con menos capacidad todavía que el socialismo para trascender los límites de las grandes ciudades. Y este hecho, singularmente revelador, confirma una vez más cierta heterogeneidad constitutiva de la sociedad latinoamericana, en la que los sectores rurales, y los sectores urbanos de las clases populares, revelan una diferenciación más acentuada. Los grupos, relativamente reducidos, de las masas populares urbanas que se habían volcado al socialismo o al comunismo, y que habían organizado el movimiento sindical según los principios de esas líneas políticas, fueron sobrepasados en Argentina, a partir de 1945, por los grupos adictos a Perón, constituidos en un impreciso movimiento popular cuyos baluartes principales estuvieron en el cordón suburbano de Buenos Aires, y que reflejó, acaso antes que ningún otro, una modalidad singular de la política urbana en Latinoamérica. Fue el movimiento de los grupos sociales no integrados hasta entonces en la ciudad, con una fuerte conciencia de su marginalidad y una actitud nacionalista de tradición criolla con la que desafiaban ala urbe cosmopolita y a sus clases altas; pero eran, además, grupos situados 26 27 �Virginia Guedea La sociedad secreta de los Guadalupes, una nueva forma de organización política* Virginia Guedea L a muy noble, insigne, muy leal e imperial ciudad de México, cabeza de todos los reinos y provincias de Nueva España y metrópoli de la América septentrional, sede de los más altos poderes novohispanos y centro de la toma de decisiones del virreinato, era el punto a donde confluía la información que se daba en todos los órdenes en los niveles local, provincial e imperial. Era también el centro urbano más poblado de toda Nueva España, lo que permitía a sus numerosos habitantes un intercambio continuo de información de ideas y de opiniones. Esto se daba a través de las diversas instanci~ de asociación formal existentes - academias, cuerpos colegiados, cofradías o instituciones gubernamentales-, así como de los distintos espacios públicos de reunión -paseos, cafés o mercados - , de las funciones religiosas y civiles que en ella se celebraban y de las actividades sociales que en ella se llevaban a cabo, como tertulias y saraos. Este intercambio de información, de ideas y de opiniones que tenía lugar en la capital novohispana, se intensificaría al presentarse la grave crisis iniciada con la desaparición del poder real en 1808, que afectada a todo el imperio español y que llevaría a la implantación de un nuevo orden político. Muchos de los capitalinos se preocuparon por conocer y analizar, primero, lo que sucedía en la península y, después, cuáles eran las opciones de cambio que venían a plantear dentro del sistema los empeños reformistas y modernizadores del nuevo gobierno central, en el que tenían ya representación los reinos americanos. Igualmente, se intensificaría con el movimiento insurgente que se iniciaría en 1810 y con las opciones de cambio que éste venía a ofrecer fuera del sistema, sobre todo a partir de que los insurgentes intentaran establecer un órgano de gobierno alterno. El ocuparse de los "asuntos del día" y discutir y opinar sobre lo que por entonces sucedía tanto en España como en sus dominios, muy en particular en Nueva España, fue una actividad que si bien se dio primordialmente entre los sectores de más elevado nivel socieconómico, se fue extendiendo a otros sectores urbanos capitalinos y, una vez tomada conciencia de lo que significaban esos cambios, algunos de dichos sectores se decidieron a darles determinadas respuestas. De una de ellas me ocuparé hoy aquí. Me refiero a la aparición del grupo capitalino conocido como "los Guadalupes", una de las dos asociaciones secretas surgidas por entonces en el virreinato.1 Esta sociedad, junto con la aparecida en Jalapa como derivación de la 1 Sobre la sociedad de los Guadalupes contamos con numerosas referencias de los historiadores contemporáneos, como Lucas Alamán, Carlos María de Bustamante y Anastasio Zerecero. Véanse Lucas Alamán, Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente, Imprenta de J. M. de Lara, México, 1849-1852, 5 vols.; Carlos María de Bustamante, Cuadro histórico de la revolución mexicana, comenzada en 15 de septiembre de 1810por el ciudadano Miguel Hidalgo y Costilla, cura del pueblo de los Dolores, en el obispado de Michoacán, 2a. ed., Imprenta de Mariano Lara, México, 1843-1846, y Anastasio Zerecero, Memorias para la historia de las revoluciones en México, 2a. ed., Dirección • Este trabajo es una síntesis de las conclusiones a que llegué en una investigación sobre la sociedad secreta de los Guadalupes, y cuyos resultados se encuentran en un libro actualmente en prensa: Virginia Guedea, En busca de un gobierno alterno: los Guadalupes de México, Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM. General de Publicaciones, UNAM, México, 1975. Asimismo, esta sociedad ha llamado la atención de los especialistas, muy en particular de Wilbert ll Timmons y Ernesto de la Torre, quien ha dado a la luz la correspondencia de los Guadalupes que fue tomada aMorelos en 1lacotepec en febrero de 1814. Véase Wilbert H. Timmons, "Los Guadalupes: a secret society in the mexican revolution for independence", H,spanic Americanlfistorical Review, vol. 30, núm. 4, noviembre 1950, pp. 453-479 y Ernesto de 28 29 �Los Guadalupes Virginia Guedea Sociedad de Caballeros Racionales fundada en Cádiz2 y las que después de ellas surgieron, representó una nueva forma de hacer política, que permitió la acción conjunta de individuos procedentes de distintos estratos socioeconómicos y fue dando lugar al surgimiento de nuevos y distintos grupos de poder. Esta nueva forma, incipiente y poco usada en sus inicios, se consolidaría y utilizaría cada vez más, hasta convertirse en la principal forma de acción política que se dio en el país una vez alcanzada la independencia. Su aparición muestra que algunos novohispanos se habían decidido a utilizar un medio que, si bien era cada vez más socorrido en varios países de Europa por quienes buscaban alcanzar ciertos cambios políticos y sociales, no había sido empleado hasta entonces en Nueva España, donde no he encontrado que existieran realmente sociedades secretas a finales del siglo xvm y principios del XIX. Incluso asociaciones de otra índole que por entonces proliferaban en otros países, como las económicas, las filantrópicas o las patrióticas, sólo se dieron en ella de manera ocasional. Tanto los Guadalupes como la sociedad de Jalapa - esta última de filiación masónica como derivada de la gaditana- surgieron a poco de haberse iniciado la insurgencia, y estuvieron directamente vinculadas con este movimiento.3 Sería con posterioridad, a resultas de la lucha entre constitucionalistas y absolutistas, que se dio por todo el imperio español, que aparecerían otras nuevas ya sin vinculación directa con la lucha armada y relacionadas todas con la masonería.4 Los Guadalupes y la sociedad de Jalapa, que surgieron en relación directa con la insurgencia, lo hicieron al tiempo que este movimiento alcanzaba su mayor fuerza y extensión e intentaba establecer un órgano de gobierno alterno; ambas sociedades estuvieron vinculadas con dos intentos insurgentes de establecer una junta de gobierno, la de Zitácuaro y la de Naolingo. Fue, pues, el movimiento insurgente organizado el que dio oportunidad de manera inmediata a su aparición, y condicionó en buena medida sus acciones. También condicionó en parte su desaparición. Pero si bien la sociedad de los Guadalupes se creó para brindar apoyo a la insurgencia, este apoyo fue tan sólo una faceta, aunque bien importante, de las actividades de este grupo. Sus integrantes actuaron también dentro del sistema, muy en particular a partir de la implantación del régimen constitucional que vino a ofrecerles diversas opciones de participación política. Los Guadalupes no fueron únicamente un grupo de partidarios de la insurgencia; fueron, más que otra cosa, un grupo de criollos ilustrados que se hallaban colocados en una situación realmente esfratégica que les permitía no sólo tener una visión global de las circunstancias novohispanas, tanto domésticas como imperiales, sino también encontrar la forma de utilizarlas en provecho de sus propios intereses. La conformación de este grupo se derivaría de lo ocurrido en la capital novohispana en 1808. El golpe de Estado dado en septiembre de ese año por la Audiencia de México con el apoyo de un grupo de peninsulares, vino a cancelar la oportunidad de acceder a la toma de decisiones que habían encontrado los capitalinos descontentos, muy en particular los autonomistas, con el régimen colonial a través de la propuesta hecha por el Ayuntamiento de México y apoyada por el virrey José de Iturrigaray de establecer una junta de autoridades que gobernara al reino en ausencia del rey. La posibilidad, no realizada entonces, se convertiría en una meta a alcanzar, y la propuesta de establecer una junta de gobierno en Nueva España sería una constante hasta 1821. Convencidos de la dificultad de lograrlo por las vías legales y del peligro que significaba actuar de manera abierta, los descontentos con el régimen descubrieron que uno de los caminos a seguir era el del secreto y la conjura, camino que los peninsulares y la Audiencia habían recorrido con tanto éxito antes que ellos. En los numerosos espacios de reunión que ofrecía la ciudad de México, donde se discutían y analizaban acontecimientos e ideas, se comenzó a pasar de la crítica al sistema de precisar objetivos y a buscar vías de acción para alcanzarlos. Esto se dio principalmente en las la Torre Villar, Los Guadalupes y la independencia, con una selección de documentos inéditos, 2a. ed., Jus, México, 1985. 2 Para la sociedad de Jalapa, véase "Logia de los 'Caballeros Racionales' en Jalapa-Fragmentos del proceso del canónigo Cardeña", Boletín del Archivo General de la Nad6n, t. 111, núm. 3, julio-septiembre 1932, pp. 390-407, y "Retractaciones de algunos miembros de la logia de Jalapa", ibid., pp. 408-440. Para la logia gaditana, véase "Una sociedad secreta en Londres al servicio de la independencia hispanoamericana", ibid., t vm, núms. 1 y 2, enero-julio 1%7. 3 Sobre algunas de las semejanzas y diferencias que se dieron entre ambas, véase Virginia Guedea, "Las sociedades secretas durante el movimiento de independencia", en Jaime E. Rodríguez O. (comp.), The independence ofMexico and the creation ofthe new nf'ion, Universidad de California, Los Ángeles, 1989, pp. 45-62. Según Mora, el partido escocés se fundó en la capital en 1813, José María Luis Mora, "Revista política de las diversas administraciones que la república mexicana ha tenido hasta 1837", en Obras sue/Jas, 2ª ed., Porrúa, México, 1963, pp. 7-S. Atamán registra que la primera logia se estableció en la ciudad de México en 1817 o 1818, L Alamán, lí,storia de México, t v, p. 48. La masonería se dio también en Yucatán hacia 1818, EJigio Anoona,Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros dfas, Pone tercera, época moderna, 2ª ed., Imprenta de Jaime J. Roviralta, Barcelona, 1889, t. 111, p. 117. 30 ( 31 �Los Guadalupes Virginia Guedea tertulias -que permitían reunirse con cierta periodicidad y sin llamar demasiado la atención - , en las que se podía hacer una adecuada selección de los asistentes, incluidas algunas mujeres, y donde todos ellos tenían una mayor libertad de expresión. En estos espacios de reunión se comenzaron a establecer nuevas formas de vinculación entre algunos de los que más tarde conformarían el grupo de los Guadalupes o que estarían relacionados con él.5 Entre ellos se contaron varios de los participantes en los sucesos de 1808, así como algunos distinguidos abogados. Así, pues, se puede decir qu: dos instituciones capitalinas, el Colegio de Abogados y el Ayuntanuento de la ciudad, facilitaron la conformación de este grupo.6 Había entre todos ellos lazos previos de profesión, sociales, de amistad e incluso de familia. No obstante, fueron su descontento con el régimen y sus intereses autonomistas los que los llevaron a buscar estas nuevas formas de vinculación. Si bien los objetivos iniciales que se planteara la insurrección de 1810 se encontraban dentro de la línea del pensamiento autonomista, quienes se unieron a ella procedían en su mayoría de sectores rurales y buscaron reivindicar agravios de índole dislínta. Esto, unido a la violencia que alcanzara en un principio el movimiento insurgente, le enajenó el apoyo de muchos descontentos. Sin embargo, p~ra otros, el prestarle apoyo presentó una opción para promover sus mtereses, ya que ofrecía, por un lado, la posibilidad de contribuir a debilitar al régimen colonial sin enfrentársele de manera directa y, por otro, de llegar a influir en la dirección de la insurgencia y orientarla para la consecución de sus propios fines. Así, algunos de estos descontentos comenzaron a organizarse en la ciudad de México para ayudar al movimiento insurgente. Fueron varios y de distinta índole los intentos, y varios también los fracasos, que los condujeron paulatinamente a perfilar un organismo eficiente. Dentro de ellos vemos la fundación de un grupo secreto llamado de "El Águila" así como las conspiraciones de abril y de agosto de 1811. Los nombres de varios de los involucrados en estos intentos fueron los de conocidos autonomistas que habían mostrado desde hacía tiempo su inconforrnidad,7 pero también aparecen los de otros individuos, que actuaron de acuerdo con aquéllos y conjuntaron esfuerzos, movidos por el interés de alcanzar algunos cambios.8 Las autoridades superiores, temerosas de que la insurgencia encontrara un apoyo capitalino organizado y que los descontentos se aprovecharan de la insurrección para crearles dificultades en la ciudad de México, impusieron un control riguroso sobre los habitantes de la capital. Esto convenció a los descontentos de la necesidad de organizarse de una mejor manera y de proceder con el mayor de los sigilos. Pero fue la propia insurgencia, con el establecimiento de ese órgano de gobierno alterno, que intentó ser la Suprema Junta Gubernativa de América, la que brindaría la oportunidad de canalizar de manera más eficiente los esfuerzos de muchos de los descontentos capitalinos al abrirles -dentro del movimiento- diversa1, opciones para su participación. Con la Junta, la insurgencia contó ya con un centro coordinador con el cual establecer contactos de manera regular y a través del cual podría dársele una ayuda efectiva en distintas formas. Desde poco antes del establecimiento de la Junta se entabló correspondencia directa entre el grupo insurgente de Ignacio Rayón yvarios abogados capitalinos, todos ellos descontentos con el régimen colonial que se hallaban vinculados entre sí por lazos previos de profesión, de amistad y de compadrazgo. 9 A su alrededor convergieron los intereses y los esfuerzos de otros autonomistas y descontentos; 7 5 Se celebraban tertulias, basta donde be podido averiguar, en las casas de José María Alba, Juan Nazario Peimbert, José Ignacio Espinosa y el marqués de San Juan de Ra¡as, todos ellos integrantes de los Guadalupes. Los Guadalupes que pertenecían al Colegio de Abogados fueron Manuel Argúelles, Pedro Dionisio de Cárdenas, Manuel Cortázar, Manuel Díaz, José Igna~io Espinosa, José Maria Fagoaga, Antonio Garcés, José María de la Garza Falcón, Bewto José Guerra, José María Jáuregui, Félix Lope de Vergara, Antonio Ignacio López Matoso, Juan Nazario Peimbert y Hernández, Ricardo Pércz Gallardo, Juan Bautista Raz y Guzmán, Juan Wenceslao Sáncbez de la Barquera y José Manuel Zozaya Bermúdcz. Vinculado estrechamente con los Guadalupes se encontraba Jacobo de Villaurrutia, miembro también del Colegio. Del Ayuntamiento lo eran Joaquín Caballero de los Olivos, José María Fagoaga y Francisco Manuel Sáncbez de Tagle. Quienes conformaron la sociedad de "El Águila" fueron Benito José Guerra, Antonio Ignacio López Matoso, Juan Bautista Raz y Guzmán, Antonio del Río, Ignacio Velarde, Félix Femández y Juan Nazario Peimbert y Hernández, A Zerecero, op. cit., p. 120. Entre los cinco integrantes de la junta de gobierno que se pensaba establecer al triunfo de la conspiración de abril se contaron José María Alcalá, José María Fagoaga, Carlos María de Bustamaote y Tomás Murphy; los dos primeros formarían parte de los Guadalupes y los dos úJtimos estarían en estrecho contacto con este grupo. Entre los trece ministros que debían integrar la nueva audiencia se contaban Manuel Argúelles y Juan Nazario Peimbert, ambos Guadalupes, así como Jacobo de Villaurrutia, vinculado estrechamente con el grupo. 8 Para las conspiraciones de 1811, véase Virginia Guedea, "Tbe conspiracies of 1811. Or how the criollos leamed to organize in secret", (en prensa en la Universidad de Calgary). 9 Entre ellos se contaba a los abogados Manuel Diaz, Benito José Guerra y Juan Bautista Raz y Guzmán. 32 33 �Los Guadalupes todos ellos lograron conformar un grupo que alcanzaría a cumplir los objetivos que se trazó: mantenerse en estrecho contacto con los insurgentes que integraban la Suprema Junta, proporcionarles una ayuda eficaz y ser tomados en cuenta por ellos. Todo esto sin declararse abiertamente contra el régimen y sin comprometer su posición personal. Fueron varias las líneas de acción que se trazó el grupo en las distintas tertulias y reuniones que celebraban sus integrantes. 10 En primer término, el envío y recepción de información, para lo que buscaron los mecanismos adecuados que les permitieran establecer una correspondencia regular y segura. Uno de estos mecanismos fue el empleo, a título individual, de distintos pseudónimos, incluyendo el uso de determinados números.11 Otra linea fue el envío de individuos, muchos de ellos relacionados con el ejercicio de la abogacía, para brindarle a la insurgencia su apoyo directo en el desempeño de distintas tareas relacionadas casi todas con la organización politica del movimiento. Así, se ocuparon de facilitar las evasiones y élel cuidado y sostenimiento de las familias de los emigrados. 12 Una tercera instancia fue el envío de una imprenta y de un impresor, lo que permitó a los insurgentes tener a su alcance, de manera continua, un medio de difusión y defensa que hasta entonces había podido utilizar de manera muy esporádica. 13 Para llevar a cabo estas y otras actividades les fueron de gran utilidad dos factores. Uno, el hecho de que la ciudad estuviera rodeada de partidas de insurgentes, con cuyos jefes mantenían contacto, las que les sirvieron de enlace con los más altos dirigentes del movimiento y a través de las cuales enviaron información, ayuda y 10 Virginia Guedea 14 hombres. Otro, el contar con la colaboración de varias mujeres, todas ellas vinculadas por lazos de familia con diversos miembros del grupo, que se ocuparon de la correspondencia, de ayudar a los que se fugaban y de sacar la imprenta de la ciudad.is Acontecimientos de diversa índole llevarían al grupo a replantear sus objetivos, a reorganizarse, a ampliarse y a alcanzar su máxima efici~ncia. En primer lugar, el hecho de que parte de su correspondencia con los msurgentes cayó en manos de las autoridades coloniales en mayo de 1812, lo que permitió a éstas poner a algunos de sus miembros en prisión. 16 En segundo término, la derrota infligida a Rayón poco después, que no sólo dio ocasión a que varios de los fugados de la capital, con quienes los integrantes del grupo mantenían estrecho contacto, fueran fusilados,17 sino que también marcó el inicio del proceso de desintegración de una Suprema Junta que nunca llegó a consolidarse. En tercer lugar, la importancia que por entonces cobraba la figura de José María Morelos, tanto por sus acciones militares corno por sus esfuerzos por darle una mejor organización política al movimiento. Por último, el establecimiento del régimen constitucional en Nueva España, que venía a abrir para todos los novohispanos nuevos espacios de participación política dentro del sistema. A partir de septiembre de 1812 el grupo fijaría su atención en Morelos. Sin dejar de utilizar los pseudónimos referidos a determinados números, en la correspondencia con este jefe insurgente se comenzó a emplear uno nuevo que ya no se refería a personas en Jo particular, sino que hacía ver que detrás de él se encontraba un grupo: el de los Guadalupes. 18 Por el contenido de las cartas así suscritas se puede ver que fueron varios los individuos que se ocuparon no sólo de recabar la información que se deseaba hacer llegar a Morelos -y más tarde también a Carlos María de Bustamante y a Mariano Matamoros- sino de su misma redacción y envío. Esto indica que Uno de los lugares de reunión era la hacienda de León, a las afueras de la ciudad, propiedad de Manuel y Díaz y de su esposa Antonia Peña. 11 Son varias las cartas firmadas por el "Número 12", pseudónimo que, según he podido averiguar, era utilizado por el licenciado Juan Bautista Raz y Guzmán. l.ocalicé una carta dirigida al "Caballero Número Primero", y hay menciones de cartas firmadas con otros números, como "Número Dos" y "Número Tres". 12 En el frustrado intento de fuga de los licenciados José María Gallegos y José Mariano Martínez Lejana, en febrero de 1812, tomaron parte Manuel Díaz, su esposa, Antonio Peña y Francisco de Arce. 13 En la compra y envío de esta imprenta tomaron parte Francisco de Arce, Nicolás Becerra, Manuel Díaz, Benito José Guerra, José María Jáuregui, José María de la Llave, Antonia Peña, Juan Bautista Raz y Guzmán, así como Mariana Camila Ganancia, esposa de Guerra, y Luisa de O rellana y Pozo, esposa de Raz y Guzmán. El impresor parece haber sido un tal Ferráodiz, a cuya familia, que se quedó en la ciudad de México, sostuvieron los Guadalupes. Felipe Lailson fue quien perdiera esta correspondencia. Eñ esa ocasión fueron presos Nicolás Becerra, José Ignacio Espinosa, José María de la Gana Falcón y Benito José Guerra. Por su parte, Margarita Peimbert fue detenida. 17 Entre ellos el licenciado Jguacio Jiménez, novio de Margarita Peimbert y compadre de Benito José Guerra. 18La . pnmera carta firmada con este pseudónimo es del 15 de septiembre de 1812. Véase E. de la Torre, op. cit., pp. 1-2. ' 34 35 14 Entre ellas se contó la que comandaba Felipe Lailson, encargado especialmente de conducir la correspondencia de la Junta con sus partidarios capitalinos. ISM . p . be ar~anta eun rt _Y_Antonia Peña se ocuparon de la correspondencia, y la segunda enVJó, además, auxilios y ayudó por lo menos en una evasión y a sacar de la ciudad la imprenta para Rayón. 16 �Los Guadalupes Virginia Guedea dentro del grupo se formó una sección especial dedicada a esta tarea en particular. Tan fue así, que ni siquiera en la correspondencia que al mismo tiempo sostuvieron algunos integrantes del grupo con Rayón se llegó a utilizar este pseudónimo. Su uso sería ciertamente feliz por varios motivos. Además de mostrar su americanismo y su vinculación con un movimiento que había escogido como patrona a la Virgen de Guadalupe, sirvió a su propósito inicial de ocultar la identidad de los que así se firmaban y del grupo al que pertenecían. Ni aun Morelos mismo sabía con absoluta precisión quiénes se encontraban detrás de él; y sería el propio Morelos, al hacer extensivo a todos ellos el pseudónimo utilizado por los que se ocupaban de remitirle información y de mantener correspondencia con él, quien acabaría por darles el nombre con el que los conocemos. Además de no saber bien a bien cuál era el nombre que se daba a sí mismo este grupo, tampoco he podido determinar con precisión quiénes lo integraban, aunque se conocen los nombres de muchos de ellos.19 Más difícil aún es establecer la manera en que estaba organizado. Este problema, que en buena medida es reflejo del buen éxito que alcanzó, se debe no sólo a la habilidad que tuvieron sus integrantes para guardar el secreto de su composición y estructura. Se debe también a la manera en que se fue dando su conformación. Si bien se articuló alrededor de un interés común-el de acceder por distintas vías a una mayor acción política - , su formación partió inicialmente de vínculos ya existentes, entre los que se contaron los de profesión, amistad, compadrazgo, familiares, sociales, clientelismo y hasta amorosos, los que le darían una base sólida.20 El grupo se fortaleció, además, con otros individuos sin vínculos previos, pero que tenían también intereses autonomistas. Igualmente, se le unieron partidarios decididos de la insurgencia. Asimismo se apoyó en individuos cuyo principal interés era molestar al régimen. Por último, muchos de los que ayudaron en sus diversas tareas lo hicieron tan sólo de manera ocasional. Todo ello daría por resultado que, pese a contar con un núcleo que se podría llamar permanente y que coordinó y dio continuidad a sus trabajos, sus integrantes y apoyos no fueran siempre los mismos ni se ocuparan todos ellos de las mismas tareas. Esta diversidad de individuos, de relaciones y de intereses que logró articular el grupo, le permitiría actuar de manera por demás flexible y dinámica. Los resultados de algunos de los empeños, que es lo que de este grupo se conoce mejor, nos permiten ver que tuvo la habilidad de seguir distintas líneas de acción. También la capacidad que muchos de sus integrantes lograron desarrollar para sacar el mayor provecho posible, tanto de las circunstancias novohispanas como de los recursos que tenían a su alcance para la consecución de sus propósitos. Finalmente, nos permiten conocer en ocasiones quiénes de ellos se ocuparon de determinadas tareas, así como hacer conjeturas sobre la forma que adoptó su organización. Por la información que se tiene sobre los Guadalupes, se puede ver que reunían algunos de los requisitos que hacen de un grupo una sociedad secreta. Desde luego que el secreto fue una de sus características. También lo fue la selectividad, así como el contar con una cierta estructura y una eficiente organización. Por lo que de ellos 19 A partir de la documentación y la bibliografia consultadas, elaboré un cuadro de los Guadalupes en el que incluyo a Ignacio Adalid, propietario y letrado; a José María Alba y Llave, comerciante y propietario; al doctor José María Alcalá, canónigo magistral; a Francisco de Arce, comerciante; al licenciado Manuel Argüelles; a Nicolás Becerra; al licenciado José Antonio de Bustamante; al regidor Joaquín Caballero de los Olivos; al ex gobernador de San Juan, Dionisio Cano y Moctezuma, cacique indígena y comerciante; a los licenciados Pedro Dionisio de Cárdenas, Manuel Cortázar y José Antonio del Cristo y Conde; al doctor Manuel Díaz, abogado y propietario; al licenciado José Ignacio Espinosa, a José María Fagoaga, propietario; a Agustín Gallegos, a los licenciados Antonio Garcés, José María de la Garza Falcón y Benito José Guerra; a Diego Andrés Hurtado de Mendoza, conde del Valle de Orizaba, noble y propietario; a los licenciados José María Jáuregui, Félix Lope de Vergara y Antonio Ignacio López Matoso; a Francisco de la Llave, comerciante; a José Maria de la Llave, comerciante; a Ignacio Moreno y Barrios, marqués de Valle Ameno, noble y propietario; a José Cándido de la Parra; al licenciado Juan Nazario Peimbert; al presbítero doctor José Maria Peláez; a los licenciados Ricardo Pérez Gallardo y Juan Bautista Raz y Guzmán; a Antonio del Río, propietario; al licenciado y periodista Juan Wenceslao Sánchez de la Barquera; al bachiller Francisco Manuel Sánchez de Tagle, escritor y poeta, además de propietario; a José Mariano de Sardaneta y Llorente, marqués de San Juan de Rayas, propietario; a Ignacio Velarde; al doctor Manuel Villaverde,eclesiástico; a Anastasio Zerecero; a Valentln Zerecero y al licenciado José Manuel Zozaya Berrnúdez. Incluyo, además, a tres mujeres: Margarita Peimbert, Antonia Peña y Leona Vicario. Vinculados estrechamente con el grupo se encontraban el oidor Jacobo de Villaurrutia y el ex gobernador de San Juan, Francisco Antonio Galicia. 36 20 Como ejemplo, me referiré aquí a los lazos familiares. José María Alba y Llave era sobrino de los hermanos Francisco y José María de la Llave. Manuel Díaz estaba casado con Antonia Peña, la que al enviudar casó con Juan Bautista Raz y Guzmán. Éste era tío de Leona Vicario. Agustín Gallegos era tío de Anastasio Zerecero, el que a su vez era hijo de Valentln Zerecero; de estos dos era pariente Ignacio Velarde. Diego Andrés Hurtado de Mendoza era cuñado de Joaquín Caballero de los Olivos y Margarita Peimbert era hija de Juan Nazario. 37 �Los Guadalupes Virginia Guedea sabemos, se puede inferir que el grupo se componía de pocos y bien escogidos individuos. Igualmente se puede inferir que determinadas actividades fueron llevadas a cabo sólo por determinadas personas. Esto es, que funcionaba, en términos generales, por secciones. Por otra parte, el grupo dio cabida en su seno a individuos procedentes de diversos sectores socioeconómicos: nobles, abogados, propietarios, eclesiásticos y comerciantes; dependientes de algunos de ellos, dedicados a distintos oficios; varias mujeres y por lo menos un funcionario indígena, lo que daría gran amplitud a sus posibilidades de acción.21 Se apoyó, además, en numerosas personas vinculadas de distintas maneras con miembros del grupo, pero que no formaban parte de él. Sin embargo, nada sabemos de una posible jerarquización dentro de esta sociedad. Tampoco si en algún momento se celebraron ritos de iniciación, ni si sus miembros hacían algún juramento especial o contaban con determinados signos para reconocerse entre ellos. Si los hubo -ritos, juramentos o signos-, no dejaron huella alguna. El hecho de que su composición fuera un tanto cambiante indica que la afiliación al grupo se dio en forma flexible y, en ciertas instancias, de manera ocasional y para la real~zación de determinadas actividades. Por último, por los objetivos claramente políticos y coyunturales que se propuso alcanzar, su lucha desde la clandestinidad y su duración limitada, me permiten calificarla como una sociedad secreta política, concepto que tomo en su sentido más amplio. Pero, independientemente de si el grupo de los Guadalupes reunió o no todas las características necesarias para ser considerado como una verdadera asociación secreta, su surgimiento es un indicio de que se daba ya un cambio, y que nuevas circunstancias iban dando lugar a nuevas formas de acción política. Por primera vez en Nueva España apareció una organización de esta índole, y tan fue exitosa su respuesta a las nuevas circunstancias, que mientras éstas no cambiaron el grupo logró alcanzar sus objetivos. En relación con la insurgencia, las líneas de acción seguidas por los Guadal upes serían, en términos generales, las mismas que se trazó el grupo al establecer contacto con la Suprema Junta. No obstante, lo harían desarrollándolas con mayor amplitud. Buscarían, además, nuevos caminos, los que les permitirían actuar de manera más integral. En primer lugar, se cuenta el envío y recibo de correspondencia, lo que logró hacerse en forma regular y segura. No serían ellos sino los insurgentes, como ya antes había ocurrido, quienes darían ocasión a que fuera descubierta por las autoridades. La que ha llegado a nosotros resulta trunca por partida doble, ya que es la dirigida tan sólo a Morelos, a Bustamante y a Matamoros y, dentro de ésta, la referida fundamentalmente a remitirles información.22 No obstante, sabemos que varios de los Guadalupes mantuvieron correspondencia con otros jefes insurgentes y que se ocuparon en sus cartas de muy diversos asuntos, entre ellos de la organización política del movimiento. El haber logrado llevar a cabo felizmente esta actividad implicó establecer y controlar los canales adecuados para su recepción y envío, que se efectuaban por distintos conductos. Fueron numerosas las personas que estuvieron involucradas en estas tareas, entre ellas varias mujeres vinculadas estrechamente con el grupo.23 También individuos dependientes de algunos de sus integrantes, ya fuera como correos, o que se encontraran entre los insurgentes. Por último, varios individuos ajenos a él. Todo ello revela su capacidad, tanto para coordinar esfuerzos como para utilizar las relaciones de diversa índole con que contaban los integrantes del grupo. Parte importante de la correspondencia la constituyó el envío de abundante información, a través de cartas primero y, más tarde, de manera ya sistematizada mediante un diario elaborado ex profeso. Además de ocuparse de lo que pasaba en la capital esta información se refería a las distintas actividades emprendidas por las autoridades coloniales, principalmente en relación con la insurgencia. Se incluía asimismo información sobre la propia insurgencia en distintas regiones, en particular sobre las partidas cercanas a la capital, y sobre las actividades de los angloamericanos en apoyo del movimiento. Igualmente recogía información de fuera de Nueva España. El haber podido reunirla demuestra que se contaba con diversos canales de comunicación dentro de la ciudad y que éstos se daban en muy distintos niveles, incluidas algunas altas instancias del gobierno colonial como la Secretaría del Virreinato. Demuestra también que hubo contactos con otras regiones de Nueva España y fuera de ella. Demuestra, finalmente, que esta tarea requirió de la coordinación de muchos esfuerzos y que su éxito fue el resultado de un bien conjugado trabajo de equipo. 21 p ara 1a compos1ci . '6n del grupo véase la nota 19. 38 22 De la Torre ha publicado la correspondencia de los Guadalupes con Morelos Y Matamoros, op. cit. En cuanto a la sostenida con Bustamante, algunas cartas se ~ncuentran en el proceso seguido a Ignacio Adalid, Bancroít Library, Causa de msurrección f onnada contra Ignacio Adalidy socios, 3 vols. 23 Antonia Peña y Leona Vicario se ocuparon de enviar correspondencia en varias ocasiones. 39 �Los Guodalupes Otra línea de acción fue el proseguir con eJ envío de individuos que pasaron a incorporarse a las fiJas insurgentes para el desempeño de diversas tareas. Asimismo, como había ocurrido con anterioridad, el grupo tomó a su cargo la tarea del cuidado y sostenimiento de los familiares y dependientes de quienes pasaron por entonces a unirse al movimiento. La tercera línea de acción fue la de continuar con sus auxilios para que el movimiento contara, de manera permanente, con imprentas adecuadas. Fue ésta una de sus preocupaciones más constantes. Tanto el grupo que encabezaba Morelos como el que dirigía Rayón recibieron en distintas ocasiones prensas, impresos y escritos para ser publicados. Esto constituyó una de sus mayores aportaciones a un movimiento que -en una guerra en que por escrito se libraron importantísimas batallas- se encontraba en posición de franca inferioridad frente a un régimen que controlaba casi todas las prensas. Entre las nuevas líneas de acción estuvo la ayuda prestada a distintas partidas de insurgentes que se hallaban en los alrededores de la capital. Con algunas de ellas el grupo llegó a tener relaciones por demás estrechas, ya que entre sus dirigentes se contaron individuos vinculados con los Guadalupes por lazos de amistad, de dependencia y, al parecer, hasta de parentesco.24 Estas relaciones le fueron de vital importancia para controlar el acceso y la salida de la capital y mantener así un contacto seguro y constante con Morelos y otros jefes de la insurgencia. Una línea de acción que terminó en fracaso fueron las negociaciones para concertar una entrevista entre Rayón y el virrey Francisco Javier Venegas a fines de 1812. No obstante, resulta de especial interés, ya que pone de relieve la amplitud y el elevado nivel de los contactos, la capacidad de negociación y la posición de poder, tanto en relación con la insurgencia como con el régimen colonial, de algunos de los Guadalupes.25 Otro fracaso por distinta vía fue su acercamiento al virrey Félix María CaIJeja, con el que algunos de los GuadaJupes estaban en estrecho contacto.26 Esta empresa resulta también de interés porque nos permite ver que el grupo dio cabida a Vuginia Guedea intereses un tanto diversos y que brindó a quienes lo conformaban una gran amplitud de acción. La utilización de ambas vías revela algo por demás importante: a pesar de su apoyo continuo y eficiente a la insurgencia, el grupo no había roto abiertamente con el régimen colonial ni dejado de buscar dentro del sistema un camino para hacer realidad sus aspiraciones políticas. Lo anterior quedó demostrado a partir de que se implantara en Nueva España el régimen constitucional, que vino a abrir a todos los novobispanos nuevos espacios de participación política, en particular a través de los procesos electorales que brindaban la posibilidad de ejercer una acción directa en el nivel local, en el regional y en el imperial. La primera oportunidad que tuvieron los capitalinos, y que abriría a los Guadalupes una nueva línea de acción, fue la de decidir quiénes debían encargarse de la administración y del gobierno de la ciudad de México. La elección del nuevo Ayuntamiento constitucional ofreció posibilidades a los distintos intereses de los americanos. Brindó a los autonomistas un nuevo y muy amplio cauce legal para la satisfacción inmediata de sus aspiraciones. Para los partidarios de la insurgencia representó una buena oportunidad de debilitar al régimen colonial. Y para los indígenas de las parcialidades capitalinas, que por el sistema constitucional debían perder su peculiar forma de gobierno, y en particular para sus funcionarios, se convirtió en la única vía a su alcance para tener representación. Y a través del proceso electoral fue como lograron articularse todos esos intereses. La primera etapa del proceso, en la que debía designarse a los electores que a su vez se encargarían de nombrar a quienes debían integrar el Ayuntamiento constitucional, se llevó a cabo el 29 de noviembre de 1812.27 En ella resultaron electos únicamente individuos nacidos en Nueva España, muchos de ellos desafectos al régimen colonial y ninguno su incondicional. Para alcanzar tales resultados se llevó a cabo un considerable y bien coordinado trabajo previo en el que tomaron parte, de diferentes maneras y en distintos niveles, 27 24 Enlre es1as panidas se contaron la que comandaba Manuel Arriaga Díaz, en es1recho con1ac10 con Anlonia Peña, y la de Eugenio Maria Monlaño, administrador de una hacienda de Ignacio Adalid, que se escribía con ésle. 25 La figura principal quesirviódeenlaceen eslasncgociaciones fucJuan Baulista Raz y Guzmán. 26 José Anlonio del Cris10 y Conde y Francisco Manuel Sánchez de Tagle fueron los Guadalupes que se acercaron a Calleja. 40 Para es1as elecciones, véanse Neuie Lee Benson, "The con1ested mexican elec1ions of 1812", Hispanic American Historica/ Review, vol. XXVI, agosto. 1946, pp. 336-350; Antonio Annino, "Praticbe creole e liberalismo nella crisi dello spazio urbano coloniale. Il 29 novembre 1812 a cittA del Messico", Quademi Storid", vol. 69, año xxrn, núm. 3, diciembre de 1988 (cuya lraducción al español se encuenlra actualmen1e en prensa en el lnstituto Mora,revis1a Secuencia, núm. 24), y Virginia Guedea, "Las primeras elecciones populares en la ciudad de México: 1812-1813", Mexican Studies/Estudios Mexicanos, vol. 7, núm. 1, invierno 1991, pp. 1-28. 41 �Los Guadalupes individuos de muy diversa clase y condición. Se celebraron juntas previas para planear su organización, se seleccionaron los candidatos más idóneos, se elaboraron y repartieron papeletas que contenían sus nombres y se efectuó una eficaz labor de convencimiento. De igual manera se trabajó en forma coordinada y eficiente durante las elecciones mismas. Varios de los integrantes de los Guadalupes tomaron parte en este proceso electoral. Esto se daría en dos niveles. Uno, formal y abierto, ya que el antiguo Ayuntamiento capitalino debía ocuparse de la organización y cuidado de las elecciones. El otro, informal y oculto, por el interés que el grupo tenía en aprovechar una coyuntura tan favorable para promover sus intereses. Los resultados inmediatos de esta línea de acción fueron positivos. Salieron designados como electores algunos de los integrantes del grupo.28 Esta participación y estos resultados nos permiten percibir varias cosas. Por un lado, la habilidad de los Guadalupes que intervinieron en el proceso para conjugar sus esfuerzos y sus intereses con los de otros grupos e individuos para la consecución de un objetivo común. Por otro, la capacidad que tuvieron para controlar y dirigir a grandes sectores de la población capitalina. Finalmente, que varios de ellos ocupaban posiciones de importancia y gozaban de prestigio entre los habitan tes de la ciudad. Las elecciones demostraron que las aspiraciones autonomistas se habían extendido a grandes sectores de la población, incluyendo a los antes tranquilos indígenas. También pusieron de manifiesto la existencia de diversos y efectivos canales de comunicación entre todos ellos. Asimismo, demostraron que un grupo articulado a través de su cabildo tenía capacidad de dirección y movilización, capacidad que le era reconocida y aceptada por una gran parte de los habitantes de la ciudad. Por último, demostraron que los autonomistas, y no las autoridades coloniales, controlaban el espacio urbano capitalino. Si a lo anterior se une el hecho de que las elecciones se dieron en medio de manifestaciones de regocijo, de críticas al régimen colonial y hasta de apoyo a la insurgencia, y que por entonces ésta obtenía importantes triunfos armados, se puede entender la preocupación que causaron a las autoridades coloniales. Temerosas de que descontentos e insurgentes se unieran contra el régimen, y decididas a evitar que se 28 Los Guadalupes que resultaron electores fueron José María Alcalá, Dionisio Cano y Moctezuma, Pedro Dionisio de Cárdenas, José María Fagoaga, Antonio Ignacio López Matoso y Juan Nazario Pcimbert. 42 Vuginia Guedea debilitase su poder en la capital del virreinato, suspendieron tanto la libertad de imprenta como el proceso electoral. No obstante la actitud de las autoridades, las líneas de acción que brindaba el sistema constitucional serían aprovechadas al máximo y con óptimos resultados por autonomistas y descontentos, muy en particular por los Guadalupes. Así ocurrió a principios de 1813, con la reanudación del proceso electoral para designar al Ayuntamiento constitucional capitalino: los electores escogieron a individuos nacidos en Nueva España y poco o nada afectos al régimen colonial, entre los que se contaron varios integrantes de los Guadalupes.29 Igualmente ocurrió poco después con los procesos electorales para designar diputados a Cortes, así como con quienes debían integrar la diputación provincial, en los que participaron de manera activa algunos miembros del grupo con iguales resultados.30 Esto se repetiría en todos y cada uno de los procesos electorales a que daría lugar el régimen constitucional. Todos esos procesos dejaron en claro dos cosas. Una, la capacidad de organización desarrollada por los autonomistas capitalinos. La otra, el amplio apoyo que al amparo de los cambios constitucionales habían encontrado en distintos sectores de la capital, incluidos los indígenas. La coincidencia de que la implantación del régimen constitucional se diera al tiempo en que la insurgencia alcanzaba su mayor fuerza y extensión y se organizaba políticamente, permitió a muchos de los descontentos aprovechar de manera paralela las posibilidades que ambas instancias ofrecían. No sólo esto. Los dos caminos de acción política que ante ellos se abrieron de modo casi simultáneo dieron también opción a que se llegaran a articular, conjugar y en muchos casos incluso redefinir intereses un tanto diversos. La instalación del Supremo Congreso Nacional Americano en septiembre de 1813 marcaría el punto más alto de coincidencia entre los distintos intereses de los americanos. La insurgencia contó, por fin, con un órgano de gobierno alterno, que debía ocuparse de constituir a la nueva nación, y que fue resultado de una intensa labor de organización y de un proceso electoral en los que se procuró incluir a todos ellos.31 29 Para el ayuntamiento resultaron electos Ignacio Adalid, Ignacio Moreno y Barrios y Francisco Manuel Sáncbez de Tagle. 30 Salieron electos diputados a Cortes Manuel Cortázar y Félix Lope de Vergara por Nueva España y José Maria Alcalá y et marqués de San Juan de Rayas por Guanajuato. Para la diputación provincial salió electo José María Fagoaga y como suplente José Antonio del Cristo y Conde. 31 Sobre este proceso véase Y-uginia Guedea, "Los procesos electorales insurgen- 43 �Les Guadalupes Virginia Guedea Los Guadalupes, que no sólo participaron activamente en esta labor y en este proceso sino que ejercieron in.fluencia sobre ambos,32 se entusiasmaron con las perspectivas a tal grado que algunos de ellos llegaron a pensar en la posibilidad de hacer a un lado la vía que les ofrecía un sistema constitucional cada vez más desvirtuado por las propias autoridades coloniales. No alcanzarían a decidirse. Si bien el Congreso lograría proseguir sus trabajos y hasta elaborar una Constitución, las derrotas insurgentes de finales de 1813 y principios de 1814 cancelaron, de hecho, las perspectivas que su instalación había abierto. Significaron el principio del fin de la insurgencia organizada y que el movimiento pasara a la defensiva. Significaron también que el régimen colonial tuviera pruebas fehacientes de las relaciones que con los insurgentes sostenían de manera encubierta muchos americanos, entre ellos un grupo capitalino que suscribía su correspondencia con el pseudónimo de "los Guadalupes".33 pués de la prisión y la muerte de Morelos a fines de 1815, al perder el movimiento su centro común y fragmentarse cada vez más, convirtiéndose en una guerra de guerrillas, lo que haría difícil no sólo prestarle apoyo y seguir un contacto con ella, sino mantener hacia el movimiento la misma disposición. La desaparición de estas dos opciones no significó la desaparición de los anhelos de muchos de los americanos de alcanzar una mayor participación política. Todos ellos, incluidos los antiguos Guadalupes, buscarían nuevos caminos para hacerlos realidad, y aprovecharían al máximo las oportunidades que se les presentarían. Incluso seguirían actuando en conjunto, hasta alcanzar el poder en 1821. Seguirían también organizándose a través de sociedades o grupos secretos - esa "enfermedad del siglo", como se los calificó por esos años-, los que alcanzarían su mayor desarrollo poco después de consumada la independencia. Pero nuevas y diferentes circunstancias daban lugar a nuevas y diferentes respuestas, y entre ellas, la específica de los Guadalupes ya no tendría lugar. A las derrotas insurgentes se sumó en agosto de 1814 la vuelta al antiguo régimen. Este retomo significaría muchas cosas. Canceló para los inconformes la posibilidad de un cambio pacífico. Cerró a los autonomistas la vía legal de acceso a la representación política abierta por las Cortes. Reafirmó en los partidarios de la lucha armada la convicción de que la ruptura definitiva era el único camino. Por último, fortaleció al régimen colonial y dio, además, libertad a sus autoridades para proceder en contra de todos ellos. Cancelada la opción liberal con la suspensión del régimen constitucional, las averiguaciones y los procesos que desembocaron en prisiones y destierros lograron ir cortando las relaciones que se habían establecido con la insurgencia. Sucedió también algo todavía más grave. Se logró desarticular en gran medida a las nuevas formas de vinculación que los americanos habían logrado establecer entre ellos y que les habían permitido actuar de manera coordinada. En el caso particular de los Guadalupes, el grupo acabaría por ver seriamente alteradas su composición y estructura, lo que imposibilitaría su acción.34 Por último, la opción insurgente acabó por desaparecer dest~. 1811-1813", Estudios de Historia Novohispana, Instituto de Investigaciones Históncas-UNAM (en prensa). 32 . Benito José Guerra fue nombrado para el poder judicial. El marqués de Rayas dio su voto a Morelos como generalísimo. 33 Morelos perdió, junto con todo su archivo, la correspondencia con los Guadalupes en llacotepec en febrero de 1814. 34 Por entonces salieron de la capital o fueron desterrados José María de la Garza Falcón, José María Alcalá, Manuel Cortázar, Ignacio Adalid, Francisco de Arce, José María Alba, Francisco de la U ave, Antonio Ignacio López Matoso, el marqués de San Juan de Rayas y Félix Lope de Vergara. 44 45 �Hilda Sabato Ciudadanía, participación política y formación de una esfera pública en Buenos Aires, 1850-1880* Hilda Sabato** E l te~a de la participación p~lítica en las sociedades modernas ha sido extensamente debatido, tanto en el terreno de la teoría política como en el del análisis histórico. En buena parte de la literatura clásica se ha asociado participación con ciudadanía política, y a ésta con el ejercicio del sufragio. Más aún, en tanto se considera que la ampliación de la ciudadanía política define el tránsito hacia la sociedad democrática, la universalización efectiva del • Este artículo es una traducción del trabajo publicado en la revista Past ami Presenten agosto de 1992, escrito durante mi estadía en el Institute for Advanced Study of Princeton en 1990-1991. Agradezco a mis colegas del Instituto que discutieron una versión preliminar del artículo, y en particular a Gary Gerstle, Jacek Kochanowicz, Peter Wagner y Michael Walzer. Gran parte de la investigación que diera lugar a este artículo se Uevó a cabo en Buenos Aires, con la asistencia de Ema Cibotti, Elías Palti y Graciela Bonet. Las ideas centrales fueron discutidas originalmente con mis colegas en el PEHESA-CISEA en Buenos Aires: Leandro Gutiérrez, Juan Carlos Korol, Luis Alberto Romero y Beatriz Sarlo. •• Investigadora del Conicet en el PEHESA-CISEA y profesora de la Universidad de Buenos Aires. 46 voto se toma como el momento culminante de ese proceso. Históricamente, ese momento se ubica a comienzos del siglo xx, cuando se habría completado el camino que, a través de sucesivas ampliaciones, habría llevado desde el sufragio restringido, propio del siglo anterior, al voto universal masculino. Los casos que se apartan de esta senda son tratados como desviaciones del modelo, como anómalos e imperfectos en términos de su tránsito hacia la democracia. Los problemas teóricos que plantea una concepción así restringida de la participación política han sido señalados en algunos tra~ajos recientes. 1 En el terreno del análisis histórico, diversos estudios de caso muestran que el camino canónico de tránsito paulatino del sufragio restringido al universal fue la excepción más que la regla.2 Además, algunos de ellos muestran que el voto era sólo una de las formas de participación en la vida pública y la escena política, pero de ninguna manera la única.3 En el caso de Argentina, este trabajo crítico aún no se ha emprendido de manera sistemática. La interpretación canónica se apoya en una concepción restringida de la participación política, pero encuentra dificultades a la hora de aplicar el modelo clásico de construcción de la ciudadanía política a la historia argentina. Al mismo tiempo, esa óptica impide analizar los vínculos complejos que se establecen entre la sociedad civil por un lado y el Estado y el poder político por el otro, en particular durante el periodo formativo del sistema político. Este artículo propone un camino diferente para abordar el tema de la participación política en Argentina, explorando el caso pa~~cular de la ciudad de Buenos Aires en las décadas en que fue adqmnendo los rasgos que pronto la convertirían en una ciudad burguesa por excelencia. Luego de revisar y discutir las visiones más difundidas acerca del papel del sufragio y las elecciones, se explora una dimensión de la vida política de la ciudad hasta ahora muy poco estudiada: el proceso de formación de una esfera pública, proceso distintivo de las décadas que siguen a Caseros (1852). Finalmente, se analiza el 1 Véase, por ejemplo, Albert Hirschman, Shifting involvements, Princeton, 1982. Un análisis crítico de la noción de participación en algunas teorías de la democracia se encuentra en Carole Pateman,Participationand democratic theo,y, Cambridge y Nueva York, 1970. 2 Véanse, por ejemplo, todos los trabajos incluidos en Quademi Storici, nueva serie, núm. 69, diciembre 1988. 3 Véase, por ejemplo, José Murilo de Carvalho, Os bestializados. O Rio delaneiro e a rept1blica que nao foi, San Pablo, 1987. 47 �Ciudadanía y participación política Hilda Sabato papel que tuvieron las prácticas electorales y la participación en la esfera pública en el sistema político en formación. autoridades electas legalmente que básicamente respetaron la Constitución y las leyes. En este largo periodo se han reconocido dos etapas, antes y después de la sanción de la Ley electoral de 1912 que estableció el secreto y la obligatoriedad del sufragio, hecho considerado decisivo en el proceso de ampliación de la ciudadanía política. La ley aparece además como el resultado inevitable del crecimiento económico y la modernización social experimentados en las décadas precedentes. Sin embargo, se habría tratado de un resultado desfasado, en tanto que los profundos cambios sociales que tuvieron lugar a partir de mediados del siglo XIX no encontraron su equivalente en el terreno político. En palabras de Germani: "Las elites dirigentes no parecieron dispuestas a compartir y menos aún a ceder el poder a los nuevos grupos que se iban incorporando a la vida nacional."5 Esta contradicción estaba en el seno mismo del proyecto puesto en marcha por los grupos dirigentes que eran conservadores en el terreno político, si bien liberales cuando se trataba de los aspectos económicos, sociales y culturales de la modernización. Esta elite había logrado mantener a la mayor parte de la población alejada de la vida pública, estableciendo una república restrictiva. Las elecciones se controlaban y manipulaban desde arriba; el voto era una prerrogativa de minorías privilegiadas; el "pueblo" no tenía acceso a las urnas. La situación se agravaba por la presencia masiva de los inmigrantes quienes, salvo en el caso de algunas elecciones municipales, sólo después de nacionalizarse adquirían el derecho al voto. Dado que la mayoría de ellos no optaba por hacerlo, quedaba al margen de los mecanismos formales de vinculación con la política. De esta manera, aun después de la sanción de la ley de 1912 subsistía un obstáculo muy serio para la completa modernización del sistema politico.6 Sintéticamente, éstos constituyen los argumentos centrales de la mayor parte de las interpretaciones sobre la historia de la formación del sistema político argentino, proceso que aparece trabado por la existencia de graves obstáculos en el camino esperado hacia el sufragio universal y la ciudadanía ampliada. Al considerar al sufragio como La vida política en Buenos Aires: la interpretación canónica A principios de la década de 1850, luego de la derrota de Juan Manuel de Rosas, la ciudad de Buenos Aires albergaba a unos 90 000 habitantes. Por entonces ya era la ciudad más grande de Argentina y el principal centro de negocios; muy pronto se convirtió también en la sede del gobierno nacional y en 1880 fue designada capital federal de la república. Este fue un periodo de extraordinario crecimiento económico, en que el país encontró un Jugar importante en el mercado mundial como exportador de lana a varios países de Europa. La ciudad se expandió física y demográficamente. Hacia 1887, más de 400 000 habitantes vivían en Buenos Aires, quintuplicando la cifra de 30 años antes. La inmigración europea fue el principal factor de ese crecimiento poblacional; las cifras son impactantes: para fines de la década de 1860, de cada cuatro hombres adultos, tres eran extranjeros. La mayor parte de los hombres estaban empleados en el comercio, el transporte y los servicios, en buena proporción como asalariados en tareas no calificadas y muy inestables. Existía un número no desdeñable de trabajadores por cuenta propia -pequeños propietarios de diversa índole, asociados sobre todo con el comercio y los servicios - , muchos de ellos protagonistas de 1a movilidad ocupacional ascendente característica de estos años. El sector manufacturero, compuesto por pequeños y medianos talleres y establecimientos, ocupaba a menos del 20% de Ja fuerza de trabajo.4 El país se regía por la Constitución de 1853, dictada bajo la influencia del pensamiento liberal y el modelo de la Constitución de Estados Unidos. Luego de la derrota del régimen de Rosas en 1852, las fuerzas triunfantes se dividieron y la provincia de Buenos Aires se separó de la nueva Confederación. Diez años más tarde, Buenos Aires derrotaba a la Confederación mientras su elites políticas se proponían hegemonizar el proceso de constitución de un Estado y de un orden político nacionales. Desde entonces y hasta 1930, aunque la violencia nunca faltó en el escenario argentino, el país fue gobernado por 5 Cfr. Hilda Sabato y Luis Alberto Romero, Los trabajadores de Buenos Aires, 1850-1880. La experiencia del mercado, Buenos Aires, 1992. Gino Genoani, Polftica y sociedad en una época de transición, Paidós, Buenos Aires, 1968,p.299. 6 Estos argumentos se eocueotrao ea la mayor parte de las ioterpretaciooes sobre la historia política argentina. Los trabajos más sugerentes ea esta tradición son los de José Luis Romero, Las ideas polfticas en la Argentina, FCE, Buenos Aires, 1946, y Gino Germani, op. cit. Trabajos posteriores sobre este problema han seguido básicamente el camino abierto por estos trabajos pioneros. 48 49 4 �Ciudadanía y participación política Hilda Sabato el mecanismo por excelencia de la representación ciudadana, estas interpretaciones colocan a las elecciones como la piedra de toque del sistema político. En consecuencia, se preocupan más por mostrar cómo se tergiversaba y se limitaba el voto en elecciones manipuladas y fraudulentas, que por comprender qué papel jugaban éstas en el sistema político en formación. 7 dos del siglo XIX, su vigencia trascendió el nivel local y se afumó en el orden nacional. La interpretación canónica sostiene que, a pesar de las leyes, el principio del sufragio universal se violaba en la práctica a través de mecanismos electorales diseñados para mantener al "pueblo" lejos de las urnas. De hecho, entonces, el derecho a voto aquí también estaba limitado, de la misma manera que si hubieran existido restricciones legales a su ejercicio. Esta lectura descarta la importancia del sufragio universal en el caso argentino y disuelve su especificidad al asimilarlo al modelo general de ciudadanía restringida. Sin embargo, la vigencia temprana del sufragio universal constituye un dato de partida insoslayable a la hora de analizar cómo se organizó efectivamente el sistema político y, en particular, cuál fue el papel de las elecciones y del voto en ese sistema. Una primera mirada sobre las prácticas electorales en Buenos Aires en las décadas de 1860 y 1870 arroja algunos indicios claros en ese sentido. A lo largo de ese periodo los participantes en las jornadas electorales representaban, en efecto, una proporción muy pequeña de la población de la ciudad, proporción que oscilaba de elección en elección pero que no experimentó un incremento sistemático a lo largo de los años. Las cifras de votantes rondan el 2% de la población total y el 10% de los habilitados en la mayor parte de las elecciones, y aunque hubo momentos de mayor asistencia a las urnas, el máximo registrado es del 25% de los habilitados.10 Pero lquiénes eran esos votantes? Escuchemos a los contemporáneos. "A las elecciones no asisten por lo general los hombres de cierta posición social", se lamentaba un diputado en 1873,11 y el ex presidente Sarmiento se quejó muchas veces con palabras semejantes a éstas en 1887: "Sucede en Buenos Aires lo que no sucede en parte alguna de la tierra, y es que los comerciantes, dueños del comercio que paga las rentas, no votan en las elecciones." 12 Comentarios de este Las elecciones y el sufragio El primer problema con esta visión es que desestima un dato clave de la historia electoral argentina: desde una fecha muy temprana el sufragio fue universal para todos los hombres adultos nativos y nacionalizados. No existían limitaciones censatarias ni de capacidad al voto activo y, por lo tanto, no hubo lugar para un proceso gradual de extensión de la franquicia. En la ciudad y la provincia de Buenos Aires el sufragio universal fue establecido en 1821, apenas una década después de la revolución de Independencia, y en 1853 fue incorporado a la legislación nacional.8 Si se agrega que las elecciones para la Cámara de Diputados de la nación eran directas, puede afirmarse que se trataba de un caso excepcional en América Latina, y bastante atípico aun en un contexto más amplio. Está más allá de los objetivos de este artículo explorar las razones de esta introducción tan temprana del sufragio universal, cuyas raíces se han rastreado en la historia de la independencia y los años que siguieron al colapso del orden colonial.9 El hecho es que, para media7 Tal es el caso incluso en artículos apoyados en una sólida tarea de investigación, como los de Carlos Heras, "Un agitado proceso electoral en Buenos Aires", Trabajos YComunicaciones, núm. IV, La Plata, 1954, pp. 69-109, y "Las elecciones de legisladores provinciales en marzo de 1864", Trabajos y Comunicaciones, nóm. v, La Plata, 1955, pp. 57-97. Para un enfoque.diferente, véase Natalio Botana, El orden conservador. La polftica argentina enm: 1880y1916, Sudamericana, Buenos Aires, 1977, donde se analiza el pai::I de las el~io~es en el ordenamiento político inaugurado en 1880. La Ley pr<Mnetal de 1821 establecía algunos requisitos de propiedad para los candidatos, requisitos abolidos en 1853. Aunque la Constitución argentina no hace referencia explícita aJ sufragio universal masculino, siempre se lo ha considerado implícito en el texto constitucional. Cfr. Hilda Sabato y Elías Palti, "¿Quién votaba en Buenos Aires?: Práctica y teoría del sufragio, 1850-1880", Desa"ollo Económico, núm. 119, octubre-diciembre 1990, pp. 395424. En el caso de los inmigrantes los requisitos para la nacionalización eran limitados: después de dos años de residencia en el país podían solicitar la ciudadanía argentina, convirtiéndose así en potenciales votantes_ 9 Para un análisis muy sugerente de este tema, consóltense los trabajos de Tulio 50 Halpcrin Dongh~ en particular su Revolución y guerra. Formación de una e/iJe dirigen/e en la Argentina criolla, Siglo XXI, Buenos Aires, 1972, e Ifütoria Argentina. De la revolución de Independencia a la Confederación rosista, Paidós, Buenos Aires, 1972. 10 Las cifras de participación electoral aparecen registradas en la prensa de la época. Cfr. Botana, op. cit., y Carlos lleras, "Un agitado" y "Las elecciones", loes. cits. 11 Cámara de Diputados de la nación, Diario de Sesiones, Buenos Aires, 1873. Sesión del 6 de agosto de 1873. 12 Domingo F. Sarmiento, "El porqué y el para qué de las emigraciones a América", El DiJJrw, septiembre 12, 1887. Citado en Domingo F. Sarmiento, Condición del extranjero en América, La Facultad, Buenos Aires, 1928. 51 �Ciudadanía y participación política l-Iilda Sabato tenor son frecuentes y sugieren que los sectores acomodados de la población en general se abstenían de votar. ¿Quiénes lo hacían entonces? Los sostenedores de las tesis tradicionales nos brindan alguna evidencia que puede contribuir a responder a esa pregunta. Así, e~ su descripción de las prácticas electorales, que se apoya en matenal de la prensa periódica, Carlos Heras cuenta que "en la parroquia de San Nicolás ganaron las elecciones los peones del ferrocarril" y que "los héroes de la jornada fueron los empedradores, ~os peones de los corrales y los alumbradores". 13 Expresiones semeJantes aparecen una y otra vez en periódicos de la época y en informes de la policía que describen las jornadas electorales en el Buenos Aires de las décadas de 1860 y 1870. "En las últimas elecciones [...] el Club del ~ueblo tenía a todos los empleados de la aduana[... ] Tenía a los manne~os que, a pesar de ser griegos, canarios y españoles, votaban como cmdadanos", denunciaba La Tribuna en 1864. 14 Las memorias de algu~as ~guras p~líticas de la época evocan también estas prácticas, no srn cierta dosis de nostalgia.Julio Costa, por ejemplo, recuerda con orgullo que_"este grande y noble partido [el Autonomista] era maestro en maruobras electorales y de comité; y no le hacía ascos al concurso de los peones de aduana, ni al de los de la limpieza, ni al de los comisarios de policía". 15 Contrariamente a lo sostenido por la interpretación tradicional, q~e se refier~ vagamente a las minorías privilegiadas como protagom~ta~ de las Jornadas electorales, las fuentes sugieren que no eran p_nnc1palmente los ricos, los burgueses, los profesionales o los comerciantes lo_s que iban a votar, sino más bien los jornaleros y peones del ferrocarril, de la aduana, de la municipalidad o de los corrales. En general, las fuentes se refieren a los votantes en términos ocupacionales, como pertenecientes a un determinado sector laboral Y social. Además, se los considera colectivamente. No se habla de ciudadanos, de individuos que habrían ejercido su derecho y su deber de votar, sino de los integrantes de una fuerza colectiva. Y, en efecto, lo eran: grupos movilizados para la ocasión, huestes disponibles tanto para la emisión del voto como para la otra cara de la lucha electoral, la de la violencia. 16 Así anunciaba La Tribuna, con evidente ironía, el advenimiento de un día de elecciones en 1864: 13 . . Carlos Heras se re~ere aquí a las elecciones municipales de 1863 y a las que se hi~ero~ en 1~ para elegir representantes a la legislatura provincial. Véase su "Un agnado ,loe. cu., p. 80y "Las elecciones", loe. cit., p. 74. ~ La _Tribuna, l abril 1864. Julio Costa, Entre dos batallas, Talleres Gráficos Mario, Buenos Aires 1927 P·_192. Véase también Félix Annesto, Mitristas y alsinistas (1874), Sudestada, Buen~ Aires, 1968, pp. 15-22. 52 El día de hoy tan esperado como en el que se fuera a dar una gran batalla ha llegado por fin. Los timoratos no asomarán las narices fuera de las ventanas de sus casas, esperan revoluciones, incendio, invasiones de salvajes, asesinos que por placer sembrarán de cadáveres las calles, antropófagos insaciables, y el infierno, en fin, reventando por cada atrio de iglesia en una boca.17 El párrafo sugiere la violencia, pero también el juego. Se trataba de una violencia controlada, cuyos límites estaban fijados de antemano, como en un juego. El escenario era cerrado (el atrio y espacios vecinos), el objetivo era exclusivamente ganar y mantener una posición ("ampararse" de las mesas), los participantes estaban definidos de antemano, todo se resolvía en un día y muy raramente había víctimas fatales. Las jornadas electorales tenían todas las características de las jornadas de guerra, pero de una guerra vacía de carga dramática, que los contemporáneos encaraban con espíritu casi deportivo.18 Todo esto sugiere una organización meticulosa. Durante estas dos décadas, dos facciones políticas -el nacionalismo y el autonomismo - se disputaban el poder elección tras elección, dirigidas por dos figuras prominentes de la elite política de Buenos Aires. 19 Estas facciones fueron desarrollando un sistema muy particular de funcionamiento electoral. Apoyados en el control del Estado (delos distintos resortes de la administración pública nacional, provincial y municipal) formaron clientelas integradas en sus bases por los trabajadores menos calificados, empleados en las reparticiones públicas o en empresas vinculadas con el Estado y dirigidas por caudillos ubicados en diferentes escalones de la jerarquía laboral y política. No resulta claro cómo se establecía la relación entre trabajadores, Estado y partidos. Es posible que el control del Estado diera buenas posibilidades a una facción para reclutar empleados y conver16 Prácticamente todos los trabajos que se refiere)\ a las prácticas electorales en este JK'.riodo subrayan su carácter violento. 11 La Tribuna, 14 febrero 1864. La Tribuna era un diario estrechamente ligado al Partido Autonomista, dirigido por Adolfo Alsina. 18 Cfr. Sabatoy Palti, "lQuién votaba en Buenos Aires?" e Hilda Sabato, "El atrio Yla plaza: dos ámbitos de participación polftica en Buenos Aires, 1850-1890. Notas exploratorias", ponencia inédita presentada en las Jornadas Buenos Aires moderna: historia y perspectiva urbana (1870-1940), realizadas en Buenos Aires en mayo de 1990. 53 �Ciudadanía y participación política Hilda Sabato tirios en votantes, y que a su vez el empleo fuera otorgado con preferencia a los partidarios. En los periódicos de la época abundan las acusaciones en ese sentido.w Pero no se trataba simplemente de canjear un puesto por un voto. No bastaba con que un partido accediera al aparato oficial para que tuviera de inmediato el control de todas las actividades oficialmente bajo su esfera de influencia. Además, la movilización de hombres era organizada y se realizaba de manera colectiva, no individual. Esto requería mecanismos de dirección y encuadramiento que probablemente estuvieran vinculados con las formas de organización laboral. Capataces y encargados actuaban con frecuencia como caudillos políticos y constituían eslabones clave en el reclutamiento de trabajadores/militantes.21 Finalmente, es probable que las relaciones entre las cabezas partidarias, los dirigentes que habían sabido construirse una clientela electoral administrando un empleo desde algún rincón de la administración y los caudillos surgidos de las filas populares que tenían a su cargo el manejo de sus bases mismas hayan sido de carácter muy complejo, cimentadas en lazos de patemalismo, lealtad y deferencia muy difíciles de analizar. En cambio, es fácil ver que estos votantes están muy alejados de la imagen del ciudadano poseedor de derechos políticos, miembro de la clase de "los mejores", y que un sistema político asentado sobre esas bases debía distar bastante del modelo clásico de una república restrictiva apoyada en el principio de la representación de los sectores pnvilegiados de la sociedad, modelo que muchas veces se ha tomado para explicar la organización política argentina antes de 1912. Tampoco parece ajustarse al modelo tradicional de representación colectiva propia de sociedades de antiguo régimen. En las zonas rurales y en las regiones más tradicionales del país, los resultados de los procesos electorales podían corresponder al peso relativo de los distintos sectores de la elite social y económica, que controlaban políticamente a "su gente" a través de complejos lazos de clientelismo.22 Pero en una ciudad como Buenos Aires, día a día se ampliaba el espectro de sectores urbanos (burgueses y populares) no encuadrados en las viejas redes patemalistas. Al mismo tiempo, las facciones políticas operaban con relativa autonomía con relación a los sectores de poder económico y social. Fueron estas facciones las que montaron una organización basada en la movilización de sus propias clientelas, cuyo voto se hizo posible precisamente como consecuencia de la vigencia del sufragio universal. De esta manera, las elecciones se peleaban y ganaban según pautas que no correspondían a las de una sociedad de antiguo régimen. Esta descripción de las prácticas electorales porteñas no se ajusta ni al modelo de república restrictiva ni al de sociedad política tradicional. Sin embargo, es probable que ello no sorprenda a nadie que haya explorado la historia de casi cualquier sistema político del siglo XIX. Existe un corpus importante de trabajos que analizan las formas concretas de desarrollo de la ciudadania política en los diferentes países de Europa y en Estados Unidos. En el caso de América Latina, en los últimos años se han hecho esfuerzos en la misma dirección. Ellos muestran que la constitución de una ciudadanía política siguió diferentes caminos en distintas sociedades, pero en casi todas ellas se reitera una pauta semejante de prácticas electorales caracterizada por la manipulación del voto, el fraude, la acción violenta de los participantes, el clientelismo. Sin embargo, lo que se destaca en la mayor parte de los ejemplos conocidos es el papel que esas prácticas electorales desempeñaron en la organización de redes políticas cada vez más inclusivas, a partir de las cuales se fue conformando una ciudadanía política efectiva dentro de los límites de la ciudadanía legal.23 En la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, las elecciones no parecen haber cumplido esa función. Esto no quiere decir que no fueran importantes. Por el contrario, cumplían un papel decisivo como sistema establecido y aceptado para la renovación de autoridades, que debía garantizar la sucesión relativamente pacífica en los distintos niveles de los poderes públicos. En Buenos Aires, en los años que siguieron a la caída de Rosas, las elites políticas buscaron diseñar un sistema electoral que, además de adecuarse a los principios democráticos establecidos por la Constitución nacional, abriera un camino para la resolución controlada y relativamente "civilizada" de los 19 Adolfo Alsina dirigía el Partido Autonomista y Bartolomé Mitre el Partido Nacionalista. La mejor historia politica del periodo se encuentra en Tulio Halperin Donghi, Proyecto y construcción de una nación (Argentina 1846-1880), Biblioteca de Ayacucho, Caracas, 1880. 20 Véanse, por ejemplo, los ejemplares del diario La Tribuna correspondientes a los meses de enero y febrero de 1864, donde se denuncia la discriminación laboral en la Aduana de Buenos Aires. ~ Sa~ato y Palti, "lQui~n votab~ en Buenos Aires?", loe. ciL Existen escasos trabajos refendos a las prácticas electorales en el interior del 54 país. Constituye una excepción el artículo de Gcrrnan Tjarks: "Las elecciones salteñas de 1876 (un estudio de fraude electoral)", Anuario del Departamento de lfütoria de la Universidad de Córdoba, núm. 1, 1963, pp. 417-475. 23 Véanse los artículos incluidos en el mencionado número de la revista Quademi Storici. 55 �Ciudadanía y participación política Hilda Sabato conflictos entré las elites. No fueron enteramente originales en la solución que encontraron. Ya en la década de 1820 las facciones políticas que competían por los cargos de gobierno peleaban y ganaban las elecciones a partir de la movilización de clientelas populares, cuyo acceso a las urnas estaba permitido por la vigencia del sufragio universal.24 El régimen instaurado en la década del treinta cambió las reglas del juego y las elecciones se convirtieron en un mecanismo plebiscitario de confirmación en el poder de Juan Manuel Rosas y sus hombres. Después de su caída, las elites analizaron lo que consideraban la experiencia pionera de los años veinte, retomaron algunos métodos y prácticas que habían sido ensayados entonces, y perfeccionaron un sistema que fue eficaz durante algún tiempo. Pero mientras en su origen la participación de ciertos sectores de las clases populares en las elecciones formó parte de una movilización mayor desatada por la revolución y las guerras de Independencia, en las décadas de 1860 y 1870, la participación electoral involucraba a sectores cada vez más minoritarios y marginales, y menos representativos del conjunto. En consecuencia, las prácticas electorales terminaron convirtiéndose en instrumentos internos del juego político, que no funcionaban como mecanismos de mediación con la sociedad civil, ni como formas significativas de participación. Esta hipótesis abre el camino a dos problemas diferentes. Por una parte, si las elecciones fueron un medio muy limitado de participación política, lse desarrollaron otras formas de participación durante estas décadas? Por otra parte, lcómo se daba la coexistencia entre estas prácticas electorales y "la ficción de la representación"?25 En lo que resta de este artículo se explorará la primera de estas cuestiones, aunque en las conclusiones también se hará alguna referencia a la segunda. historiografía argentina ha interpretado este silencio como un síntoma de indiferencia política por parte de una sociedad compuesta principalmente por inmigrantes más interesados en "hacer la América" que en participar en la vida política del país.26 Es posible, sin embargo, proponer otra lectura de esta aparente indiferencia. Para la mayor parte de la gente el voto no resultaba atractivo porque no parecía significar demasiado. La noción de representación era muy abstracta. Además, nadie consideraba el voto como un privilegio ni como una forma efectiva de ejercer presión directa sobre las autoridades. Esto seguramente ocurría también en otros países, pero en la mayor parte de los casos conocidos, la constitución de la ciudadanía política fue precisamente un proceso gradual a través del cual se fue construyendo la noción de representación, y las prácticas electorales cumplieron en este sentido un papel fundamental.27 No fue el caso de Buenos Aires donde, como se ha visto, las elecciones fueron una práctica interna a la dinámica de las facciones políticas. En este contexto, durante estas décadas la población de Buenos Aires encontró otras maneras de actuar en la escena política, más efectivas que el ejercicio del derecho a voto. Se desarrollaron así diversos mecanismos de vinculación entre la sociedad civil y el poder político, mecanismos que servían a distintos sectores de la sociedad para incidir en el terreno político sin la mediación del voto. En ese sentido, lo característico de este periodo fue la formación de una esfera pública que se constituyó en un ámbito clave de participación política. No fue el único, por cierto. Las elecciones eran, en cierta forma, una vía de participación para un sector cada vez más marginal Ciudadanía y participación política Durante todos estos años de sufragio universal pero limitado, no se escucharon reclamos por la inclusión en el juego electoral procedentes de la sociedad civil. Como un eco de las voces del siglo XJX, la 24 Sobre las prácticas electorales en la década de l820, véase Tulio Halperin Donghi, Revolución y guerra e Historia argentina, ops. cits. 25 La expresión pertenece a Edmund Morgan. Cfr. su Inventing the people, Londres y Nueva York, 1988, que analiza con maestría "el surgimiento de la soberanía popular en Inglaterra y Estados Unidos". 56 26 Una revisión de la bibliografía que ha sosteaido esta interpretación se encuentra en I Iilda Sabato y Ema Cibotti, "Hacer política en Buenos Aires; los italianos en la escena pública porteña, 1860-1880", Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. E. Ravignani, 3a. serie, núm. 2, primer semestre de 1990, pp. 7-46. Este artículo, junto con otros trabajos recientes, ha comenzado a cuestionar esta interpretación analizando la participación política de los inmigrantes. Cfr. Silvia Cragnolino, "Política, facciones y participación política en Santa Fe y la crisis del régimen oligárquico", Anuario 12, Escuela de Historia, Universidad de Rosario, 1987, pp. 423-446; Marta Bonaudo, Silvia Cragnolino y Elida Sonzogni, "Discusión en tomo a la participación política de los colonos santafesinos. Esperanza y San Carlos (1856-1884)", Estudios Migratorios Latinoamericanos, núm. 9, 1988; Eduardo Míguez, "Política, participación y poder. Los inmigrantes en las tierras nuevas de la provincia de Buenos Aires en la segunda raitad del siglo XIX", Estudios Migratorios Latinoomericanos, núms. 6-7, 1987. 21 Cfr., entre otros, Morgan, op. cit., y los trabajos incluidos en el número citado de Quadenú Storici. 57 �Ciudadanía y participación política de la población. Estaba también la actividad partidaria, que no se reducía al ejercicio del derecho a voto ni estaba limitada a aquellos que votaban. Asimismo, persistían formas más tradicionales de relación entre quienes estaban en el poder y sectores más amplios de la sociedad. Pero la formación de la esfera pública constituyó un dato nuevo en esa ciudad que estaba rápidamente adquiriendo los rasgos de una ciudad burguesa por excelencia. La formación de la esfera pública La formulación de esfera pública propuesta por Jürgen Habermas ha resultado de utilidad para analizar la vida política de Buenos Aires. Él ha definido a la "esfera pública burguesa[...] sobre todo como la esfera de las personas privadas que reunidas forman un público" con el propósito de entablar con el Estado "un debate sobre las reglas generales que gobiernan la esfera -básicamente privada pero públicamente relevante- del intercambio de mercancías y el trabajo social".28 Según Habermas, desde el punto de vista histórico la formación de la esfera pública constituye un desarrollo clave en el proceso de construcción de las sociedades burguesas. Por otra parte, teóricamente, la esfera pública es el espacio en el cual los ciudadanos deliberan e interactúan discursivamente, y donde la autoridad del argumento racional predomina sobre cualquier otra, por ejemplo, sobre la que pudiera emanar de las jerarquías sociales. Es un ámbito en el que, cumplidos los requisitos de admisión -educación y propiedad - , las personas se relacionan entre sí como "iguales". Finalmente, en palabras de Nancy Fraser, es "un mecanismo institucional para 'racionalizar' la dominación política haciendo a los Estados responsables ante [parte de) su ciudadanía".29 Tanto las formulaciones de Habermas como algunos de los comentarios críticos30 que ha despertado su trabajo, constituyen un 28 Jürgen Habermas, The strucniraluansformation ofthe public sphere, Cambridge, Mass., 1989, p. 27 (traducción mía). Existe una edición en castellano de este libro, Ediciones Gili, México, 1981, pero la traducción es poco clara, de manera que be preferido utilizar la versión inglesa. 29 Nancy Fraser: "Rethinking the public sphere: a contnoution to the critique of actualityex:isting democracy", Social Tert, 25/l6, 1990, p. 59 (traducción mía). 30 Los trabajos más útiles en este caso han sido: Fraser, "Rethinking the public sphere"; Joao Landes, Women ami the public sphere in the age ofthe french revolution, 58 Hilda Sabato productivo punto de partida teórico para analizar el desarrollo de un espacio de mediación entre sociedad ci~ y sistema d~ poder en Buenos Aires. Durante las décadas estudiadas, era habitual en ese espacio la intervención de grupos y sectores dive~os para_ expre~ar opinión o presionar por sus intereses de manera directa, ~m mediaciones políticas pero traduciendo reclamos y posturas particulares ~n términos del juego político local. A su vez, desde el poder se atendía a las señales que provenían de ese espacio, que fue convirtiéndose en una fuente de legitimación para la acción política . Tres aspectos de la vida de la ciudad pueden interpretarse como síntomas de este proceso: la expansión de la prensa escrita, el surgimiento de la actividad asociativa y el desarrollo de una verdadera "cultura de la movilización". La prensa escrita y las asociaciones fueron medios para actuar en la esfera pública, a la vez que instancias decisivas en el proceso de su conformación. Ellas fueron, además, parte activa en la gestación de un conjunto de prácticas que fundaron toda una cultura de la movilización. La expansión de la prensa escrita en Buenos Aires fue espectacular en los años que siguieron a la caída de Rosas. Varias decenas de diarios y periódicos se publicaban en las décadas de 1860 y 1870. Los más de ellos tenían corta vida, pero existieron publicaciones que sobrevivieron muchos años. No es fácil dilucidar los motivos que llevaron a los editores a realizar el esfuerzo de producir esas publicaciones, ni tampoco detectar quiénes habrán sido sus lectores. Es claro, sin embargo, que ellas se constituyeron en un instrumento insoslayable para quienes aspiraban a tener alguna influencia en la vida política. Los dirigentes políticos argentinos tenían en general prensa propia y cultivaban cuidadosamente la relación con uno o más periódicos de la ciudad. Los editores, por su parte, necesitaban de sus padrinos políticos para sobrevivir financieramente y, por lo tanto, no desdeñaban la relación con el mundo de los políticos.31 lQuién constituía el público para esta prensa? Una creciente ampliación del espacio de debate público parece haber sido una característica del Buenos Aires posterior a Caseros. Si bien es difícil saber cuáles fueron sus alcances y sus límites, es obvio que incorporó Ithaca, Nueva York, 1988; Bemard Manin, "La conception de l'opinion publique", ea "Opinion publique et démocratie", París, 1987 (edición mimeografiada del CNRS); Oskar Negt y AJexander Kluge, Oeffentlichkeit und Erfahrung: zur Organimtionanalyse von bürgerlicher und proletarischer Oeffen1lichkei1, Franlcfurt, 1972. 31 Tulio I lalperin Donghi ha analizado el funcionamiento de esta prensa periódica enlosé Hemández y sus mundos, Buenos Aires, 1985. 59 �Ciudadanía y participación política Hilda Sabato a sectores que no circulaban por los ambientes estrechos - aunque no clausurados- de las elites políticas e intelectuales locales. Surgimiento lento pero sostenido de una opinión pública que sería modelada, a la vez que cortejada, por la prensa escrita.32 Muy pronto, pues, tener un diario fue una necesidad no solamente para los dirigentes y aspirantes a dirigentes políticos, sino para cualquier persona o grupo que quisiera tener presencia pública, presionar por sus intereses, defender una opinión. Así por ejemplo, las dirigencias de las colectividades inmigrantes percibieron rápidamente el papel que podía jugar la prensa escrita y contribuyeron a incrementar su importancia. Desde muy temprano fundaron sus propios diarios y periódicos que se proponían representar los intereses y las opiniones de los inmigrantes, pero fueron además instrumentos decisivos en la lucha librada por esas dirigencias en el proceso de construcción y control de sus comunidades. Por otra parte, esas publicaciones constituyeron un medio de expresión política más general, y es fácil ver que fueron activos participantes en los debates públicos que tuvieron lugar por entonces en Buenos Aires. En ese sentido, su actitud no era meramente pasiva, informativa; ellos producían opinión, contribuyendo así a dar forma a la esfera pública.33 Con frecuencia, estos diarios y periódicos estaban vinculados al segundo tipo de institución que se ha mencionado, las asociaciones. Los estudios sobre sociedades de ayuda mutua y más en general sobre asociaciones organizadas por las colectividades inmigrantes han proliferado en los últimos años. En la mayor parte de estos trabajos, aunque se muestra a las instituciones en cuestión jugando papeles muy diversos, se las piensa centralmente, como baluartes de etnicidad.34 Desde la perspectiva de este artículo, las asociaciones pueden analizarse con una óptica algo diferente. En primer lugar, la creación de asociaciones no era privativa de las colectividades inmigrantes. Durante todos estos años, grupos diversos en diferentes lugares organizaban este tipo de instituciones con propósitos de protección colectiva, ayuda mutua y defensa de intereses y opiniones conjuntas.35 En segundo lugar, cualquiera que fuera su origen, su composición y sus fines, en general estas asociaciones actuaban también como mediadoras en relación con el Estado.36 Por tanto, aunque trabajaban centralmente en el ámbito de la sociedad civil, también formaban parte de la compleja red de instituciones que vinculaban a la sociedad civil con el poder político. La prensa y las asociaciones fueron asimismo parte activa en el desarrollo de la cultura de la movilización. La forma habitual de expresar una opinión o un reclamo era a través de una declaración o petitorio escrito, que se circulaba para la firma. La acción colectiva culminaba generalmente en un mitin público o, en algunos casos, en una concentración masiva. Estas prácticas eran promovidas por dirigentes de las colectividades extranjeras, de agrupaciones políticas o de grupos de interés, y en general contaban con el apoyo de institu- 32 El papel de la prensa en la formación de la esfera pública y de una opinión pública en diferentes sociedades ha sido extensamente analizado en trabajos recientes. Véanse, por ejemplo, Jack Censer y Jeremy Popkin, Press and politics in revolutionary France, Berkeley, 1987; Hugh Gough, The newspaper press in the french revolution, Londres, 1988; Mona Ozouf, "L'opinion publique", en Keith Baker (comp.), The french revolution andthe creation ofnwdem politica/ culture, 3 vols., Oxford, 1987, vol. l; Daniel Moran, Toward the cenrury ofwords. Joham Cella and 1he politics ofthe public realm in Germany, 1795-1832, Berkeley, 1990. 33 Las referencias a la prensa étnica abundan en la bibliografía dedicada a las colectividades inmigrantes en Argentina. Desde el punto de vista de este artículo, el trabajo de Ema Ciboni ha sido particularmente útil. Cfr. su "Mutualismo y política. Un estudio de caso. La Sociedad Unione e Benevolenza en Buenos Aires entre 1858 y 1865", en Femando Devoto y Gianfausto Rosoli (comps.), L 'Italia ne/la societa argentina, Roma, 1988, y la "La elite italiana de Buenos Aires: el proyecto de nacionalización del 90",Anuario 14, Escuela de Humanidades, Universidad de Rosario, 1990. Véase también Beatriz Guaragna y Norma Trinchitella, "La revolución de 1880 según la óptica de los periódicos de la colectividad italiana" presentado en las Jornadas sobre Inmigración, Pluralismo e Integración, Buenos Aires, I 984. 60 34 Desde este punto de vista son particularmente relevantes los trabajos de Samuel Baily. Véase, entre otros, "Las sociedades de ayuda mutua y el desarrollo de una comunidad italiana en Buenos Aires, 1858-1916", Desa"olloEconómico, vol. xx:1, núm. 84, 1982. Buena parte de los artículos más recientes sobre asociaciones de inmigrantes puede encontrarse en la colección de la revista Estudios Migratorios Latinoamericanos, editada en Buenos Aires, y en los volúmenes compilados por Devoto y Rosoli, L 'Italia ne/la societa argentina, ya citado, y La inmigración italiana en la Argentina, Buenos Aires, 1985. 35 No existen estudios sistemáticos de estas asociaciones. Su existencia, sin embargo, aparece mencionada una y otra vez en los diarios y periódicos de la época. Las asociaciones de médicos, farmacéuticos y otros profesionales eran de las más activas, · como también parecen haberlo sido las que reunian a los dueños de negocios de comercio de la ciudad. Asimismo, comenzaron a surgir sociedades de ayuda mutua organizadas por grupos de trabajadores, como lo destaca Ricardo Falcón en Los orfgenes del mcvimiento obrero (1857-1899), Buenos Aires, 1984. 36 Véanse, en particular, los trabajos citados de Ema Cibolli. También Femando Devoto, "Las sociedades italianas de ayuda mutua en Buenos Aires y Santa Fe. Ideas y problemas", Studi Emigrazione, vol. XXI, núm. 75, 1984, y Femando Devoto y Alejandro Femández, "Asociacionismo, liderazgo y participación de dos grupos étnicos en áreas urbanas de la Argentina finisecular. Un enfoque comparado", en Devoto y Rosoli (comps.), L'Italia nella societa argentina. 61 �Ciudadanía y participación política Hilda Sabato ciones que, como la prensa y las asociaciones, contribuían a organizar el evento. Los propósitos de estas acciones podían ser de diversa índole, pero su objetivo principal era mostrar cuánta adhesión lograba concitar una causa. Una de las manifestaciones más importantes de la época tuvo lugar en 1878, y se organizó para protestar contra la imposición de un nuevo impuesto a los alcoholes, tabacos y naipes. Es un buen ejemplo que vale la pena explorar con cierto detenimiento.37 al rrusmo tiempo recomendasen a los 200 comisarios nombrados para que consagren[...) su celo a fin de hacer reinar el mayor orden".40 Llegó por fin el día del mitin. Las crónicas de la prensa escrita son elocuentes: iAbajo los impuestos! Hacia fines de 1878 el gobernador de la provincia de Buenos Aires envió a la legislatura local un proyecto de ley estableciendo un nuevo impuesto al consumo de tabaco, alcohol y naipes. De inmediato, el "alto comercio" reaccionó solicitando a la legislatura a través de un petitorio que rechazara el proyecto. A pesar de ello, la disposición propuesta por el ejecutivo fue sancionada.38 El 14 de diciembre, una asamblea de "almaceneros al por menor, confiteros, cafeteros, fonderos y cigarreros", designó a una comisión que convocó a una reunión preparatoria de un "meeting popular" contra los impuestos. La reunión se realizó al día siguiente en El Pasatiempo y contó con la presencia de "por Jo menos 4 000 personas".39 Allí se tomaron tres decisiones: aumentar el número de miembros de la comisión para incluir a los representantes de los distintos gremios, solicitar al gobernador que vetara la ley y llamar a un mitin para el día 18 en la plaza Lorea. La gestión ante el gobernador no dio ningún resultado, la ley fue promulgada y los comerciantes prosiguieron entonces con la organización de la protesta. El 17 de diciembre la comisión publicó una proclama dirigida "Al pueblo. A los minoristas y consumidores", invitándolos a concurrir al día siguiente al mitin para pedir a la legislatura que suspendiera la ejecución de la ley. Los diarios reprodujeron la proclama, que también apareció en carteles pegados en las calles de la ciudad y en todos los comercios. "Nombráronse inspectores de parroquias para que extendiesen entre los industriales la propagada [...) y encargándoles Los almacenes, confiterías, cigarrerías, pulperías, restaurantes, se cerraron todos a las diez de la mañana Un cuarto de hora después veíanse los tranway atestados de gente, cruzando las calles y las veredas llenas también de hombres de todos los gremios, que se dirigían a la plaza Lorea.41 [ •••]Treinta mil personas, por Jo menos, se reunían pacíficamente en la plaza Lorea [...] Sin exageración podemos decir que se encontraba representado [...] el comercio minorista en masa La hora fijada para la reunión eran las once de la mañana. Media hora más tarde, la plaza se encontraba completamente llena Los grupos ocupaban además las calles de Santiago del Estero, Victoria, San José y Lorea [...] Dos bandas de música se alternaban en la ejecución de diversas piezas que aumentaban el entusiasmo de aquella inmensa masa de gente. Los comisionados para dar la colocación de los grupos andaban de un lado a otro[...] Allanadas todas las dificultades que ofrece la formación para la marcha de una reunión tan numerosa se dio la sefial de partida. Eran las doce del día. 42 Para el diario de la colectividad italiana La Patria, los asistentes fueron italianos, franceses, españoles, ingleses, alemanes, "cincuenta rru) personas de todas las lenguas, de t<>das las razas", representantes de todas las gamas del comercio.43 Hasta aquí, la primera etapa del acto. Luego de la convocatoria, la concentración. El primer dato que impresiona es el número. Aunque las cifras de asistencia estén sobreestimadas, de todas formas se trata de cantidades significativas para una ciudad que entonces tenía unos trescientos mil habitantes. También es interesante la participación masiva de los inmigrantes, la mayor parte de ellos pequeños comerciantes, hombres (ly mujeres?) vinculados a distintas ocupaciones y profesiones.44 Por otra parte, llama la atención la organización del evento y la capacidad de movilización demostrada. Todo parece previsto: la comisión se ocupó de dar las instrucciones para que todo funcionara sin inconvenientes pero, además, pidió la cola40 He seleccionado este hecho entre varios ejemplos de acción pública detectados en las décadas de 1860 y 1870 porque puede considerarse paradigmático. 38 La Nación, 10 diciembre 1878. 39 La Nación, 15 y 17 diciembre 1878. La Prensa, 18 diciembre 1878. El Porteño, 19 diciembre 1878. 42 La Nación, 19 diciembre 1878. 43 La Patria, 19 diciembre 1878. 44 El papel de los inmigrantes en este suceso ha sido analizado en Sabato y Cibotti, "Hacer política.en Buenos Aires", loe. cit. 62 63 41 37 �I Ciudadanía y participación política boración de la policía y contrató a doscientos inspectores para asegurar el orden. Se deduce de los testimonios que la gente se organizaba por grupos, que ocupaban lugares prefijados en la plaza. Ésta, por su parte, era el punto de referencia para la reunión, pero no sería el lugar definitivo de la misma. En efecto, a las doce, se dio la señal de partida. lHacia dónde? Sigamos la crónica de los hechos: La manifestación salió de la plaza tomando la calle Victoria. Abrían la marcha varios comisarios de policía al frente de un piquete de gendarmes de a caballo. Los manifestantes llevaban banderas de todas las nacionalidades, dos bandas de música y varios estandartes con las siguientes inscripciones: Igualdad para todo.s. Protección a la industria Equidad en los impuestos. Vivan los gremios unidos. Economía en los gastos. Nivelar los presupuestos. Orden y legalidad. Protección al trabajo. Viva la libertad de reunión. Honor a los defensores del pueblo. Justicia a nuestro pedido. La unión hace la fuerza. Labor y economía Igualdad ante la ley. Honor, patria y libertad. Viva el comercio honrado. La policía rechaz.ó un estandarte que tenía la siguiente inscripción: iAbajo los impuestos!45 He aquí un rosario de consignas. Algunas se referían al tema puntual de los impuestos o a cuestiones que aparecían vinculadas al problema impositivo, como la de "protección a la industria". Otras eran obviamente críticas de la política económica global en marcha, que entonces estaba siendo cuestionada desde distintos flancos. Un tercer grupo invocaba valores más generales como orden, legalidad, patria, etc., asociando así un problema puntual con esos principios que nadie podía cuestionar. Y finalmente, algunos carteles se referían al evento mismo de la protesta, como aquellos que proclamaban "La unión hace la fuerza" o "Vivan ]os gremios unidos". El tono general es sin duda prudente y no se observan acusaciones personales a funcionarios o miembros del gobierno, que en cambio abundaban en los artículos periodísticos. Es cierto que el cartel más enfático fue prohibido por la policía, pero de todas maneras, tanto el tono de las consignas como la insistencia en el orden sugieren que los organizadores se esforzaban por subrayar el carácter moderado del encuentro. Probablemente ésta haya sido una manera de responder a las prevenciones que en ese momento despertó el mitin, entre quienes lo veían como un peligroso antecedente que podía ser utilizado por el socialismo internacional y derivar en "rebelión".46 ◄S La Nación, 19 diciembre 1878. Véase, por ejemplo,La Tribuna, que por entonces era oficialista 46 64 Hilda Sabato Continuemos con la crónica: La manifestación se puso en movimiento[...] por la calle de la Victoria. Ocupaba varias cuadras literalmente llenas de pared a pared, y en el camino se le unían grupos que llegaban de todos lados. Los gritos de iViva el comercio! iViva la libertad! iViva el pueblo!, etc., etc., se repetían a cada momento en medio de los acordes de la música y del palmoteo de los transeúntes concurrentes. La manifestación llegó a la calle de Maipú, tomando por ésta en dirección de la plaza San Martín. Después de 20 minutos de marcha, más o menos, entró a la plaza mencionada.47 Según el diario El Porteño, Héctor Vareta, del brazo del doctor Cittadini y seguido por varios otros amigos, entró a la calle Victoria para ir a la plaza[...] Todas las awteas, ventanas, balcones y hasta los techos de las casas, estaban apiñadas de gente que, al pasar aquella estupenda procesión de cuarenta mil almas, los aplaudían y en muchas partes, arrojaban 0ores.48 Llegan así a la Plaza San Martín: Delante de la estatua del general San Martín se había colocado una mesa destinada a los oradores[. ..] El señor José Ghigliassa, presidente de la comisión directiva, subió a la improvisada tribuna [...] Anunció que el señor Daumas iba a dar lectura de la petición que la comisión pondría en manos del presidente de la Cámara de Diputados[...] Terminada la lectura de este documento [...] la comisión directiva subió en dos carruajes y se dirigió a la legislatura [...] Una parte del pueblo reunido en la plaza tomó idéntica dirección con el objeto de ganar buen lugar en la barra[...] Entre tanto, ocupaban la tribuna popular en la Plaza San Martín, un joven Vega y el redactor de La Patria, Basilio Cittadini [... ] Ambos se expresaron convenientemente, recibiendo los aplausos de la concurrencia.49 Mientras tanto, la comisión llegó a la legislatura a la una de la tarde y allí Héctor Vareta pidió que el petitorio pasase a la comisión 47 La Nacién, 19 diciembre 1878. El Porteño, 19 diciembre 1878, diario de Héctor Varcla. Varela era diputado y jugó un papel importante en todo este evento. Actuó como vocero de los comerciantes durante los debates iniciales de la ley, intentando cambiar su contenido, y luego se vinculó de manera directa con la protesta. 49 La Nadón, 19 de diciembre de 1878. 48 65 �\ Ciudadanía y participación polúica Hilda Sabato de presupuesto, moción que fue aprobada. Luego la comisión volvió a la plaza para informar a la gente del resultado. La multitud responde con aplausos y "vivas", el mitin se da por terminado y los grupos se desconcentran en orden. Unos días más tarde el gobierno anunció que había cedido a las presiones públicas y que el impuesto sería suspendido. Las escenas de esta movilización muestran una multitud ordenada y organizada, convocada en tomo a una causa por un grupo de dirigentes muy eficientes. Entre éstos se encontraban, en primer término, los dirigentes surgidos del seno de los distintos gremios del comercio, que integraron la comisión directiva y liderearon la protesta, organizando y movilizando a sus bases. En segundo lugar, pero ocupando una posición muy destacada, estaban también algunos personajes conocidos en la ciudad por su actividad pública, como Basilio Cittadini y Héctor Varela, entre otros de su tipo. Cittadini era el director del diario de la colectividad italiana La Patria y tenía influencia entre los de su origen, además de una presencia destacada en la vida pública local. Varela era un político menor en el concierto nacional pero su figura era popular en Buenos Aires, especialmente entre los sectores medios de la ciudad, y tenía gran ascendiente en la colectividad italiana. La presencia de estas figuras conocidas entre la población urbana, con predicamento entre quienes formaban en las filas de los sectores medios en expansión, contribuía a dar atractivo a la convocatoria, que recogía así adherentes y aplausos de diversos orígenes. Finalmente, la dirigencia de las colectividades inmigrantes tuvo un papel activo en la organización de la protesta. Sus principales periódicos (La Patria, L'Operario, El Co"eo Español, entre otros) convocaron a la gente a las reuniones y a la concentración, publicaron la proclama de la comisión y cubrieron en detalle todo el evento. El despliegue de banderas de diferentes naciones indica que también las asociaciones étnicas actuaron de manera importante en la movilización de la gente. Los diarios jugaron también otro papel: interpretaron el evento para el público. Las descripciones que se han citado no son, por lo tanto, neutrales. Los periódicos tomaron posición con respecto a la protesta y el propósito de las crónicas no era solamente el de informar a sus lectores, sino también el de brindar una determinada imagen de tod~ el evento.50 Más aún, la prensa contribuyó a su impacto político, un impacto no siempre logrado por la acción del público. 1878 fue un año de realineamientos políticos. Los dos partidos tradicionales experimentaron fracturas y renovadas alianzas. En esa atmósfera cargada, la protesta contra los impuestos tuvo una fuerte repercusión en los círculos políticos porteños. Los diarios jugaron un papel importante en este sentido, traduciendo ese conflicto particular en términos políticos y vinculándolo a problemas más generales, cada uno de acuerdo con sus simpatías y preferencias. Los diarios de oposición al gobierno provincial, como El Porteño, La Patria y La Prensa, aprovecharon para pedir la renuncia del ministro de Economía y para socavar las aspiraciones del gobernador a la candidatura presidencial. Otros diarios, como La Nación, acusaban al gobierno nacional, mientras que La Tribuna estaba totalmente a favor de las autoridades provinciales y condenaba la protesta en duros términos. Este despliegue de la prensa local muestra hasta qué punto el episodio del impuesto adquirió peso político. El momento fue propicio para esta acción pública masiva y bien organizada, que terminó en un éxito rotundo. 50 Nuestra descripción del evento se apoya enteramente en esta imagen. Si bien 66 ¿una esfera pública burguesa? Las asociaciones, la prensa periódica, la cultura de la movilización: ellas pueden interpretarse desde el punto de vista de la construcción de una esfera pública burguesa. Fueron instancias de mediación entre el poder político y sectores de la sociedad civil, en particular los que conformaban esa franja nueva y heterogénea, producto del rápido proceso de modernización. lPor qué, entonces, burguesa? He adoptado el calificativo de Habermas porque, en Buenos Aires, la organización de las instituciones que conformaron la esfera pública estuvo básicamente en manos de elementos burgueses y pequeñoburgueses, que atrajeron a otros sectores de la sociedad a ese nuevo escenario de acción. La confluencia de estos elementos dirigentes y su capacidad para convocar y movilizar a las bases sugieren la existencia de redes de vinculación y organización muy desarrolladas en el seno de la ~ociedad civil. El público que fue formándose no fue, por cierto, homogéneo, pero actuaba de manera coherente y unificada en la esfera pública. Esto no quiere decir que en Buenos Aires no hubiera no se observan dücrencias de fondo entre los distintos periódicos cuando describen la protesta, si existen en cambio perspectivas diferentes. En este caso, en lugar de subrayar esas diferencias, se ha destacado lo que tienen en común. 67 �Ciudadanía y participación política Hilda Sabato conflictos sociales, pero la esfera pública todavía no se había convertido, como lo haría más tarde, en "un campo de competencia de intereses, competencia que asume la forma del conflicto violento".51 La esfera pública porteña no funcionaba como un espacio estrictamente igualitario. Si bien quienes confluían en tomo a una causa común o a una identidad compartida dejaban de lado sus diferencias en otros terrenos convirtiéndose en cierto sentido en "iguales", producían a su vez sus propias jerarquías: estaban quienes decían los discursos y quienes los escuchaban, quienes escribían en los diarios y quienes los leían, quienes organizaban los eventos y quienes asistían a ellos. Oradores, periodistas y organizadores eran con frecuencia las mismas personas, que a su vez controlaban las redes de vinculación y comunicación sociales. Sin embargo, no se los consideraba como esencialmente diferentes del resto, y tenían el papel del primus ínter pares, que debía ratificar sus títulos ,e n cada ocasión. En este sentido, las reuniones públicas eran momentos ideales para la confirmación teatral de las jerarquías establecidas. Al pronunciar sus discursos en la plaza, los líderes buscaban el aplauso de su público, mientras que éste a su vez esperaba encontrar en ellos la voz que expresara sus demandas y reforzara sus identidades compartidas (como comerciantes, como consumidores o como "pueblo", según las circunstancias). lQuiénes eran esos dirigentes? En general pertenecían a los sectores acomodados de la población, auque no figuraban entre ellos los miembros de los escalones más altos de la sociedad porteña. Se encuentra una diversidad de tipos ejerciendo ese papel: el periodista-intelectual, personaje muchas veces vinculado a alguna colectividad inmigrante; el político de segunda fila, que no tenía lugar entre los poderosos de las facciones; el pequeño cÓmerciante o profesional menor que buscaba pertenecer a la elite de su comunidad. En cuanto á las bases - los miembros rasos de las asociaciones, los lectores de la prensa, los asistentes de mítines y concentraciones - , puede ubicárselas dentro de un amplio espectro social que excluía sólo a los muy ricos y a los muy pobres. Inmigrantes y nativos, hombres de todas las edades, a veces también mujeres y niños, formaban parte del público.52 Su convocatoria no tenía connotaciones clasistas. De- pendiendo de la causa en cuestión, se reconocían como "los consumidores", "los italianos" o "la colectividad española", "los comerciantes" o, más simplemente, "el pueblo". Se trataba, en palabras que podían haber sido pronunciadas por los contemporáneos, de un ambiente "respetable". El tono general lo daba la dirigencia: era moderado, civilizado, carente de toda violencia.53 Ruidosas y coloridas, estas formas colectivas de presión y expresión públicas no tenían un carácter contestatario en relación con la autoridad del gobierno con el poder político. Los temas que se ventilaban eran en general aceptables para las elites, aunque no siempre fueran efectivamente aceptados. Cuándo y por qué algunas demandas eran aceptadas y otras rechazadas, dependía no solamente de qué era lo que se demandaba, sino también del contexto político en que se producía la presión. Así, en momentos de tensión o conflicto entre las facciones políticas, era más fácil obtener el apoyo de una de las partes en pugna para la causa esgrimida. Sin embargo, es difícil generalizar en este sentido, y cada caso requiere de un análisis específico que explore las causas de su éxito o de su fracaso. 54 La esfera pública y el sistema político El proceso de construcción de una esfera pública en Buenos Aires no difiere demasiado del que puede observarse en otros casos. El papel de la esfera pública en el sistema político local, en cambio, reconoce algunas singularidades. Tanto teórica como históricamente, la participación en la esfera pública se ha asociado generalmente a una creciente participación en el sistema electoral, y se considera que ambos fenómenos concurrieron al proceso de constitución de la ciudadanía política. En este caso, en cambio, las prácticas electorales funcionaron como mecanismos internos del sistema político, que 53 Jürgen Habermas, "The public sphere: an encyclopedia article (1964)", New Gennan Critú¡ue, vol. 3, 1974. 52 No se cuenta con estudios sobre el papel de las mujeres en la vida política y en la esfera pública. El hecho de que no aparezcan explícitamente mencionadas en las crónicas de la época, no necesariamente implica que estuvieran ausentes de la vida publica poneña la excepción a la regla fue una concentración organizada en 1875 para protestar contra la Iglesia y algunas figuras políticas. En principio similar a otros actos públicos, culminó en hechos de violencia cuando algunos de 1~ participantes incendia• ron el Colegio del Salvador, un esta]?lecimiento de enseñanza perteneciente a los jesuitas. &te resultado era inesperado y alarmó enormemente a los contemporáneos. FJ acontecimiento ha sido interpretado como uno de los primeros síntomas de un nuevo tipo de acción política, vinculada a las tensiones sociales crecientes. Cfr. Leandro Gutiérrez, "El incendio del Colegio del Salvador, 1875: expresión de protesta social", Buenos Aires, mimeo., s. f. 54 Cfr. Sabato y Qbotti, "Hacer política.", loe. cil. 68 69 51 �Ciudadanía y participación política Hi/da Sabato involucraron a unos sectores cada vez más marginales de la población sin contribuir a la formación de una ciudadanía. Al mismo tiempo, la esfera pública funcionó como un espacio de mediación entre ciertos sectores de la sociedad civil y el poder político, y a través de ella una parte considerable de la población de la ciudad se involucró en actividades públicas que tuvieron efectos políticos. Durante algún tiempo, las prácticas electorales fueron un mecanismo eficiente para designar autoridades de manera relativamente pacífica y respetando el principio de soberanía popular establecido por la Constitución. Por su parte, otras formas de participación parecían satisfacer las expectativas políticas de la mayoría de la población. El consenso relativo de que gozó el sistema político durante veinte años parece haber estado cimentado en esta combinación de prácticas formales e informales. La elite política porteña era consciente de la importancia de la esfera pública en formación. Sus dirigentes desarrollaron una particular sensiblidad hacia la opinión pública y dedicaron crecientes esfuerzos a conquistar al nuevo público urbano. Desde muy temprano reconocieron el papel de la prensa, y no solamente apoyaron y escribieron para sus propios diarios facciosos, sino que cortejaron abiertamente a la prensa independiente. Hombres como Bartolomé Mitre, Adolfo Alsina y otros miembros conspicuos de la elite política local~ nunca dejaban de responder a las invitaciones que les cursaban las sociedades de ayuda mutua o las asociaciones de inmigrantes para asistir a sus celebraciones, figurar como miembros honorarios o pronunciar un discurso en ocasión de sus reuniones. Estos hombres no estaban, obviamente, buscando votos; la mayor parte de los miembros de estas asociaciones no sólo no votaban, sino que no podían hacerlo. Buscaban, en cambio, el favor del público. Ocurría en Buenos Aires lo que Keith Baker ha sugerido para Francia: "Políticamente [...]la noción de 'público' se convirtió en la base de un nuevo sistema de legitimidad en una cultura política transformada."55 Sin embargo, la importancia creciente de la esfera pública como espacio de mediación entre la sociedad civil y el Estado no agotó la cuestión de la legitimidad. La contradicción entre la retórica republicana de ciudadanía y la representación y las prácticas electorales que funcionaban como un juego en el interior de las facciones, resultó cada vez más evidente para algunos miembros críticos de las elites políticas e intelectuales de Buenos Aires. Aunque ellos habían contribuido a construir esas prácticas, pronto vieron con ojos críticos a un sistema que tendía a resolver los problemas entre las elites recurriendo a sectores cada vez más marginales de las clases populares. Les preocupaba también Ja violencia creciente del juego electoral. Finalmente, la distancia entre principios y prácticas, entre cualquier definición ideal del gobierno representativo de las entonces en boga y el sistema vigente, aparecía cada vez más problemática. Así, en la década de 1870 se comenzaron a formular preguntas nuevas. lQuiénes votaban realmente en la ciudad? lPor qué la gente de bien no asistía a los comicios? lA quién "representaban" efectivamente los representantes? Mientras en otros países las leyes permitían solamente la participación de sectores privilegiados de la población en las elecciones y marginaban a las clases populares, en Argentina parecía estar ocurriendo lo contrario. Una "oligarquía" política apelaba al voto de clientelas populares para resolver sus controversias internas, mientras aquéllos a quienes en verdad correspondía involucrarse en la vida pública - los propietarios - sólo parecían interesarse por sus asuntos privados.56 A estas interpretaciones siguieron propuestas de cambio. Para algunos, resultaba indispensable constituir una ciudadanía que incorporara a las clases acomodadas, como ocurría en aquellos países que funcionaban como modelo. Por primera vez en muchos años, se planteó el tema de los alcances del sufragio y se formularon propuestas para restringir el voto con base en requisitos de propiedad y calificación, así como para hacerlo obligatorio con el propósito de asegurar de esa manera la participación de quienes se mostraban reticentes a cumplir con sus deberes públicos.57 A pesar de estas discusiones, el sistema no cambió y hasta 1912 el voto siguió siendo universal (masculino) pero no obligatorio. Ellas revelan, sin embargo, que la cuestión de quiénes debían serlos votantes había entrado en las preocupaciones de algunos contemporáneos, y que el problema de la construcción de la ciudadanía estaba convirtiéndose en un tema de debate público. El problema preocupaba centralmente a las ~lites, y sólo ocupaba un lugar marginal en la consideración del público más amplio, en 55 Keilh Baker, "Politics and public opinion under lhe old regime: sorne reflexions", en Censery Popkin (comps.), Press and politics in pre-revolutionary France, p. 231. 70 56 Cfr. Actas de la Asamblea Constituyente de la provincia de Buenos Aires Buenos Aires, 1870-1873,passim. ' 57 /bid. 71 �Ciudadanía y participacwn polúica general muy aclivo en la expresión de sus opiniones y demandas pero poco interesado por el voto. Como se ha sugerido antes, la mayor parte de la población de Buenos Aires encontraba otras vías de participación de la vida política más efectivas que el ejercicio del derecho a voto. En la esfera pública no se escucharon reclamos en ese sentido, por lo menos hasta la última década del siglo. Esta situación es ignorada por la mayor parte de los trabajos dedicados a analizar los cambios que experimentó el sistema político argentino a principios del nuevo siglo. Predomina el criterio de que la exclusión de la mayor parte de la población de la participación política, a través de las restricciones al sufragio impuestas por el régimen oligárquico, produjo una presión creciente desde abajo para ampliar la ciudadanía. Esta presión popular habría encontrado una respuesta desde arriba en la Ley electoral de 1912, conocida como "ley de sufragio universal" (masculino), significaba que no había limitaciones formales para la participación electoral de los hombres argenlinos. En segundo lugar, el sistema político que se desarrolló en Buenos Aires a partir de la década de 1850, basado en el sufragio universal, paradójicamente no contribuyó a la conslrucción de una ciudadanía política, restringida o no. En consecuencia, en 1912 el problema no era cómo ampliar la ciudadanía sino cómo crearla. Este problema, como vimos, se planteó por primera vez en la década de 1870 pero no "desde abajo" sino "desde arriba", cuando algunos miembros de las elites políticas e intelectuales comenzaron a cuestionar la legitimidad del sistema. El sufragio universal había significado que cualquiera podía votar, pero hasta entonces nadie parecía preocuparse por quiénes debían votar, esto es, por la cuestión de quiénes debían ser los ciudadanos activos de la república. En una etapa de transformaciones sociales rápidas y profundas, ésta era la pregunta que realmente desafiaba al sistema y que llevó a algunos sectores de las elites a criticar las prácticas electorales y las leyes de sufragio. Esa pregunta sólo se respondería en 1912. Aunque muchas cosas cambiaron hacia finales del siglo, la ley electoral de ese año puede relacionarse con algunos de los problemas surgidos del sistema político desarrollado en las décadas anteriores. Al establecer el voto obligatorio, la ley definió quiénes debían ser los ciudadanos, y fue un punto de partida para la construcción de una ciudadanía política. De allí en más, todos los hombres adultos argentinos habrían de formar el cuerpo soberano de la república. La hisloria que acabo de contar para Buenos Aires sugiere, sin 72 Hilda Sabato embargo, otra perspectiva posible. Es difícil comprender el proceso desatado por la ley de 1912 como de expansión de un cuerpo existente de ciudadanos, ampliado gracias a la incorporación de sectores medios y populares antes impedidos de volar. En primer lugar, desde fecha temprana la vigencia del sufragio universal. 73 �M Bonaudo y E. Sonzogni Redes parentales y facciones en la política santafesina, 1850-1900* Marta Bonaudo y Elida Sonzogni** La opresión y la corrupción - la corrupción que descendía de las altas esferas gubernativas y penetraba y se filtraba paulatinamente por así decirlo en todas las clases sociales, esa funesta corrupción que todo lo desconciena y aniquila[...]- deja al hombres.in ninguna noción de lo justo, de lo honesto, de lo lícito, y que haciendo del interés personal y de los goces materiales el único objetivo de vida, arroja a los pueblos, como un cadáver, a los pies de todos los tiranos y de todos los invasores. Leandro N. Alem (1891) P ensar en la construcción o reconstrucción del orden político en la realidad santafesina de mediados del siglo XIX -inmerso en la matriz liberal-, significa analizar, en el proceso de conformación del espacio público, las relaciones que se estructuran entre sociedad y Estado, entre gobernantes y gobernados, en tres dimensiones fuertemente articuladas y a su vez profundamente tensionadas: la local, la provincial y la nacional. La tradición independentista de la primera mitad del siglo ha permitido la consolidación de un poder local-provincial en la ciudad capital que se había convertido, al disolverse las instituciones nacionales, en "la unidad sociopolítica, en el grado máximo de cohesión social", en la concentración mínima capaz de afrontar una administración.1 • Este trabajo continúa la línea abierta por las contnl>uciones de Silvia M Cragnolino, Ana María Galleti y Albeno Pérez en el seno del Programa de Investigación "Cuestión regional. Estado nacional Santa Fe 1856-1930" (a.JRENA). 1•• CONICET, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. José C. Chiaramonte, Mercaderes del litoral, FCE, Buenos Aires, 1991, p. 27. 74 Este centro urbano, sede del antiguo cabildo, bajo la p~eeminencia de familias fuertemente ligadas a las actividades mercantiles, al~os de cuyos miembros habían formado parte de la est1:1ct~ra bur~rat~ca colonial, da cabida -en función del Estatuto ProVIsono Consti~ucional de 1819- a una híbrida estructura de poder en la que ~e articul_an jerárquicamente, superponiéndose el espacio local y el mvel proVIIlcial.2 La crisis de Cepeda (1820), que posterga las posibilida?es de unidad y el significativo proceso de ruralización de la vida ~oc1al con su contrapartida de caudillismo y masas rurales armad~s d1sput~n~o tanto en el espacio provincial de poder como e~ el ~acional, deJaran su impronta particularista, frustrando los sucesivos mtentos de organización nacional. La construcción de una verdadera dimensión provincial paralela al proceso de consolidación de la organización naci?nal, impl~có no sólo el sacrificio de aquellos intereses locales de la cmdad capital en aras de la integración de nuevos sujetos sociales ~mergent~s del desarrollo agroexportador en el mismo espa~o, smo ta~bién la articulación de alianzas que permitieran la fusión de las diferentes burguesías provinciales y la consolidación de una clase dominante de dimensión nacional. El presente artículo intentará seguir desde _S~ta Fe este p_r?ceso entre Caseros y la disyuntiva que significa la cns1s y l_a revoluc~on del año 90 marcando los modos de articulación de las diferentes mstancias, lo~ bloqueos y las tensiones que esa construcción social y política implican. Identidad política provincial: el marco jurídico-político de la legimitidad y la representación La estructuración de la comunidad política y de una forma de sociedad características en Santa Fe en la segunda mitad del siglo X1X, nos remite en primer lugar al problema de la identidad o de las ide~tid_ades políticas reveladas en las no~~ const!tuciona!es de la proVIDcia. Ello requiere acudir a la definicron de cmdadarua como referente 2 VVAA,Historia de las instituciones de la provincia de Santa ~e, Santa_Fe? 1967, t 11. De acuerdo con esta Constitución, el órgano de representación pro;1oc1al que acompaña al gobernador está conformado por comisarios ek:':tores proporciona~ente en tos cuatro depanamentos existentes, los que a su vez, ehge_n a la corporación del cabildo. 75 �Redesparentalesy facciones necesario, tanto de tal identidad como de la propia soberanía del Estado. Como lo puntualiza José C. Chiaramonte,3 el primer ordenamiento constitucional santafesino -el Estatuto Provisorio de 1819contextúa la identidad ciudadana entre dos parámetros extremos: "todo americano es ciudadano" y quien "por su opinión pública sea enemigo de la causa general de América o especial de la provincia", pierde aquella condición.4 Estas dos vertientes de las formas de identidad política - la americana y la provincial - se reafirman en la Constitución de 1841, donde se establece que son ciudadanos y gozan de todos los derechos de tales, conforme a las declaraciones de este estatuto, todos los hijos nativos de esta provincia y demás americanos naturales de cualquier pueblo o provincia de los territorios que fueron españoles en ambas Américas, que residan en ella en el presente, o residieren en adelante. Éstos son ciudadanos naturales.5 La identidad política americana desaparece como tal a partir de la Constitución Provincial de 1856, en concordancia con la promulgación de la Constitución Nacional Argentina tres años antes de establecer la calidad de ciudadano argentino. En cambio, ese sentimiento colectivo institucionalizado políticamente que constituía el sustento de la identidad provincial con pretensiones de autonomía en las decisiones del poder, deberá transitar un azaroso camino hasta subsumirse en la matriz de la identidad nacional. Un primer indicador de ese proceso, el reconocimiento de la cesión de una parte de la soberanía a la esfera nacional, se refleja en los artículos 1 y 11 de esta Constitución. En ella se afirma que la provincia es integrante de la confederación argentina y se establece que "la soberanía provincial reside en el pueblo, y la parte no delegada expresamente a la confederación es ejercida con arreglo a la Constitución presente por las autoridades provinciales que ella establece".6 Esta integración se reformula en la clave de la nación al producirse la unificación después de Pavón y la definitiva incorporación de la provincia de Buenos Aires a la comunidad política. Resulta evidente que tanto la conformación del Estado nacional M. Bonaudo y E. Sonwgni como la de sus _partes integrantes aparecen en este peri~do como problemas a resolver. En el caso santafesino, Estad~ y sociedad v'.111 configurándose paralelamente al calor de la ocupación del espacio, el poblamiento, la viabilidad de pro~ectos de d~arrollo y 1~ emergencia de nuevos sujetos sociales. El sistema político _consolida esta dimensión los criterios de representación a part~ de un regunen electoral basado en el sufragio universal, masculino y adulto, que permanecen inalterables en el periodo analiza~o con respecto a la representación provincial o nacional. Al exa~ar t:8te probl~ma, debemos recordar - tal como lo señalan algunos histona_dores- que en los regímenes liberales el voto no es nunca u~ mecarnsmo tendencialmente automático, a través del cual la sociedad logra su representación política, y sí en cambio ~ espacio en el que l~~ ~pos sociales y de poder diseñan estrategias de control y adqu1S1c1ón de electores. Si bien éstas serán examinadas más adelante, debem~s adelantar, ya que en la propia instancia normativa se º?~ervan modificaciones que afectan particularmente la esfera muruc1pal. En esta última, priva el sufragio censatario, aonque los derech~s electoral~s se amplían al incorporar al extranjero, tanto en su capacidad ~e _elegir como de ser elegido, lo que se hace explícito en la Ley ?r~~ca de Municipalidades sancionada en 1872.8 Pero ~sta amphac1on_ su~e notorias restricciones en ordenamientos postenores, dado que inhibe al vecino no naturalizado en su calidad de elector. Por otra parte, la representación r~vela no s?lo los ~lo~u_eos devenidos del propio proceso electoral, smo que las p~ut~s J~nd1cas anticipan un conjunto de atributos que la vuelven limita~va. Las diferentes constituciones que se promulgan desde 18~6 mcluyen prescriptivamente condicionamientos ~~ tomo a la calidad d_e los representantes, al incorporar a los_reqwsitos de sexo, edad y residencia, los de propiedad y estatus social. . Paralelamente a la selección de los mecarnsmos de representación, se construyen las jurisdicciones a partir de las cu~les se ~a de ejercer esa representación. Hasta bien avanzado el siglo, mas precisamente hasta 1883, se mantiene la estructura de ~uatro departamentos redimensionada en esa fecha, con la creación de cmco jurisdicciones nuevas9 a las que se les asigna distinta capacidad de ~º- 1 José C Chiaramonte, "Formas de identidad en el río de la Plata luego de 1810", Boletfn del Instituto E. Ravignani, Buenos Aires, núm. 1, 1989, p. 74. 4 lbid. 5 6 Historia, op. cit., p. 116. /bid., pp. 154 y 155. 76 7 A Annino y R. Romanelli (comps.), "Notabili, electori, elezioni", Quademi Storid, núm. 69, 1988, pp. 675 y ss. . 8 A Roselli, Leyes Orgánicas Municipales, Rosano, _1939, p. 66.. 9 General López, San Lorenz.o, Iriondo, Las Colomas y San Javier. 77 �Redes parentalesy facciones representación, en función de su peso demográfico. 10 Estas afirmaciones son aplicables para los diputados, que durante mucho tiempo habían sido los componentes de un solo cuerpo legislativo (Junta de Representantes en 1841,Asamblea Legislativa en 1856 o Cámara de Representantes en 1863). La complejización del cuerpo, a partir de 1872, mantiene la dependencia numérica con respecto a la población en el caso de los diputados, pero reproduce el criterio nacional en el de senadores, determinándose una representación de dos por departamento, hasta 1890 en que se reduce a uno. La apertura desde 1858 del espacio municipal 11 expresa no sólo el nivel de la complejización social, sino también los caminos a través de los cuales el Estado provincial se va desplegando. Este proceso es fruto tanto de la insuficiencia del aparato estatal para dar respuesta a demandas sociales crecientes, como de la presión de esa sociedad en obtenerla. Precedentemente, el estado ha mantenido sus niveles de injerencia y de control sobre la sociedad exclusivamente a través de funcionarios que dependen del poder central en una combinación de funciones civiles y militares (comisarios generales, comandantes militares, jueces de paz, jefes políticos, jueces de primera instancia, tenientes alcaldes). Desde entonces, el espacio municipal se recorta como una instancia diferenciada que va a ir construyendo su propia identidad, en relación con el gobierno provincial. La formulación más exhaustiva sobre el poder municipal y su reglamentación se alcanza con la Ley Orgánica de la Municipalidad de 1872. Este instrumento no sólo garantiza la independencia de los municipios en sus funciones administrativas y económicas, modificando la normativa precedente de sujeción al poder provincial, sino que, al mismo tiempo, le otorga autonomía en el plano electoral al establecer su independencia en este caso y el derecho de elegir directamente, primero al presidente del cuerpo colegiado municipal, y Juego al intendente. Este nivel de representación depende de una base poblacional baja y flexible. 12 A decir verdad, la ley del año 72 no hace más que convalidar, desde la sanción institucional, una realidad que se ha venido gestando a partir de la segunda mitad del siglo. La política de colonización, 10 En la primera etapa, la ponderación de los representantes es estimativa, y ajustándose con posterioridad a los resultados establecidos por el censo. 11 A Roselli, op. cit., pp. 41 y ss. M Bonaudo y E. Sonz.ogni conjuntamente con la preservación de l_as fronte~as y el desarro_llo portuario y mercantil, ha hecho necesano formalizar estos espacms recortados en el plano administrativo. Aunque la ópti~.~bemamental da la pauta para el funcionamiento de los m~mc1p1os en clave administrativa, el protagonismo de los actores sociales en ta~to que vecinos va perfilando la emergencia de prácticas y de estrateg1as_que exceden crecientemente el referente prescrito. En consecuencia, a medida que caminan hacia nuevas _form_as de "h~~r la poli~ica", v~n construyendo simultáneamente su identidad poht1~ ~n _esa mstanc1a. Es por eso que la liberalidad demostrada por los pnnc1p1os legales del año 72 se ocluye en las regulaciones de 1883 y 1890. le~es demuestran la intencionalidad de coartar los niveles de part1c1pac1ón en virtud de un claro proceso de recuperación de la c~ntralidad q~e condiciona tanto el plano de la representación (supresión de org~smos colegiados, disminución del número de representantes, ~érd1da del carácter electivo del cargo de intendente) como el de las mcumbencias ( educativas, civiles, judiciales, de control patr_imonial). 13 Esta oscilación normativa con respecto a las funciones y autonomía de la instancia local, está dando cuenta de ese progresivo entrecruzamiento de las identidades - la provincial y la municipal - que tiende a antagonizar a los actores en un pr~ceso en el_ qu_e la disputa se proyecta incluso hacia el control del gobierno prov1_nc1al. Finalmente, la estructuración política de la comurudad expresada en la dimensión jurídica que define las bases de la legitimidad y de la representación sólo nos revela una parte del proble~a. Justamente, la dinámica histórica nos permitirá encontrar los espaaos concretos en los cuales se descubre la impronta de la "república posible". En ella operan los reales mecanismos de reproducción de la jerarquía social en el plano político, gestando un verdadero régimen de notables. Am?~s La jerarquía social en clave facciosa, entre Caseros y el Unicato Luego de Caseros y Pavón, batallas que dirimen la hegemonía entre el interior y Buenos Aires, el espacio público que se está construyendo muestra la emergencia de agrupamientos "políticos" de características facciosas. Los llamados "partidos" o "clubes" que aparecen tanto en 12 M. Bonaudo, S. Cragnolino y E. Sonzogni, "Discusión en tomo a la panicipación política de loscolonossantaíesinos: Esperanza y San Carlos (1856-1883)",Estudios Migratorios Latinoamericanos, núm. 9, pp. 295 y ss. 78 13 M. Bonaudo, s. Cragnolino y E. Sonzogni, "La cuestión de la identidad política de los colonos santafesinos: 1880.1898. Estudio de algunas experiencias", Anuario, núm. 14, Escuela de Histona, Rosario, 1991, pp. 251 yss. 79 �Redes parentalesy facciones Santa Fe como en las otras provincias de la región exhiben algunos elementos comunes: la predominancia de intereses particulares sobre el interés general, manteniendo firme la antigua tradición localista filiada en la situación política de la primera mitad del siglo; el peso de las redes parentales en su estructuración y accionar concretos; la consecuente presencia de una figura fuerte, el "caudillo" o el "jefe", indisolublemente unida a una estructura clientelar jerárquicamente organizada, su funcionamiento inorgánico, coyuntural y no programático, y la continua apelación a estrategias de cooptación subordinada en el marco del sistema electoral para garantizar constantemente los intereses privados del grupo. Mientras, en Buenos Aires el problema de la capital y otras cuestiones provocan la desestructuración del Partido Liberal porteño y la emergencia de dos desprendimientos: el Partido Nacional y el Autonomista, cuya dirigencia está representada por Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina respectivamente; en Santa Fe, ambas coyunturas consolidan la escisión de los núcleos dominantes entre el Club del Pueblo y el Oub Libertad. En las décadas de los 50 y los 60, se gestan estas dos expresiones políticas que, mostrando claramente la preeminencia de lo sectorial sobre un interés general, intentan articular alianzas internas y externas, apostando -en este último caso- alternativamente al papel hegemónico que pueda jugar la confederación o Buenos Aires en la concreción del Estado nacional. En tanto que los miembros del Club del Pueblo reivindican para sí una tradición federalista apoyándose coyunturalmente en la figura de Urquiza, los liberales, declaradamente antirrosistas, privilegian un entendimiento en Buenos Aires, vinculándose -separada o concomitantemente- con las dos facciones de ese tronco liberal. Las disyuntivas internas que distancian a ambos clubes no están marcadas indudablemente ni por diferencia~ ideológicas y menos aún sociales, ni tampoco por la existencia de proyectos políticos alternativos. En un sentido general, ambas facciones comparten un mismo modelo de desarrollo y una similar concepción de la política. El eje de enfrentamiento pasa claramente por el control del espacio de pode~, control que los conduce a rearticular, en cada oportunidad, sus alianzas a fin de concretar el objetivo previsto. En este sentido, el Club del Pueblo que hegemoniza la realidad santafesina desde 1868 . ' reconsidera su antiguo alineamiento urquicista cuando participa, en 1871, en la orquestación de una convergencia política plasmada a escala nacional: la Liga de Gobernadores, pergeñada al parecer durante la Exposición Nacional de Córdoba, a la que Simón de 80 M. BonaWÚJ y E. Sonzogni Iriondo y otros funcionarios provinciales concurren respondiendo a la convocatoria efectuada por el presidente Sarmiento. Desde la visión de uno de los más esclarecidos operadores de la facción autonomista, Jonás Larguía, la Liga estaría destinada a romper la lógica facciosa, levantando "un partido compuesto especialmente de la juventud ilustrada y de todos los hombres que no estuviesen fatalmente ligados a la política dañina de los partidos personales..." La ruptura quedaría formalizada con respecto a la tradición política precedente en la medida en que dicho "partido progresista" pudiera levantar "la bandera de los principios [y] en éstos caben todos los hombres y todas las nobles aspiraciones, porque, entonces, el que gobierna levantado por su partido, tiene un programa invariable que seguir, del cual no puede apartarse sin hacer traición a los mismos que Jo elevaron." 14 No obstante tales formulaciones, en la práctica la Liga de Gobernadores sigue carriles bastante similares a los de las agrupaciones políticas cuestionadas. El triunfo de Avellaneda sustentado por la Liga significa para el Club del Pueblo la incorporación, al staff presidencial, de su líder máximo, Simón de lriondo, quien ocupa la cartera del Interior. La Liga es en realidad el preanuncio de la gran experiencia oligárquica a nivel nacional que constituye el Partido Autonomista Nacional, tras los intentos de conciliación de Avellaneda y la crisis tejedorista en los albores del año 80. Se trata aquí de un experimento en gran escala para proyectar una "democracia diferencial" en la que la opinión de algunos pocos se imponga a su valor numérico. Facciones y redes parentales. Espacio público y negocios privados El diario opositor del Club Libertad, El Rosario, el 5 de septiembre de 1864 hace una caracterización del fuerte peso de las alianzas de familias en la conformación de las facciones y de su funcionamiento: Sí, decimos oligarquía porque no hay otro nombre que darle al gobierno de Santa Fe que hace cuarenta años reside en la familia Cullen. Juzgándolo ppr sus antecedentes políticos, no son unitarios ni federales, pero sí son traficantes en ambos partidos. Lo mismo han gobernado antes que ahora. Son realmente indefinidos los colores políticos de la casta Cullen. 14 Archivo Hislórioo Provincia~ Colección Jonás Largura, leg. 2, folio 2 81 �Redes parentalesy facciones Siempre han estado amarrados al poder a dos anclas. Unitarios unos, federales otros... Unos son urquicistas, otros mitristas; ora traicionan a uno o ya traicionan a otro. Sólo queremos decir que esta familia fatal para Santa Fe, ha hecho del gobierno de la provincia su patrimonio... Ya se ha dicho que es una familia gobierno y he aquí la prueba: Cullen I1 (don Patricio), gobernador de Santa Fe; Cullen I (don José), senador al Congreso Nacional; Cullen m (don Guillermo), diputado a la legislatura provincial; Oroño (don Nicasio), cuñado de tos Cullen, diputado al Congreso Nacional; Freyre (don Marcelino), jefe político de la ciudad de Rosario, primer hermano de los Cullen; Freyre (don Benito), hermano de don Marcelino, comandante general de campaña; Oroño (don Gregario), hermano de don Nicasio,juezde paz de San Jerónimo; Andino ( don Juan José), primo de Oroño,juez de San Lorenzo. Hombres honestos que jamás han ido al Congreso a representar los intereses del pueblo de la provincia de Santa Fe, sino sus propios intereses como acreedores del gobierno nacional. Jamás han presentado un proyecto si no era el calculado sobre un futuro negocio para uno de la familia. Si no venía ese proyecto a afianzarlos en el poder de la provincia. El texto condensa una práctica que no es ni particular ni exclusiva del club liberal y refleja un modus operandi de las redes parentales como verdaderas organizaciones sociales frente a la relativa carencia de estructuras sociopolíticas.15 El patriciado santafesino remonta su asentamiento en el área a los siglos de dominación colonial, particularmente con el dinamismo que la reorganización del sistema otorga a la zona litoral atlántica, cuya expresión juódico-administrativa es la creación, en 1776, del virreinato del Río de la Plata. Es decir, el siglo XVIII da cabida en la tierra de calchines y mocoretás a diferentes núcleos matrimoniales cuyos miembros proceden de la península ibérica con una predominante filiación regional del norte de España. Los apellidos incluidos en una muestra de troncos genealógicos así como los que abundan en las crónicas históricas y relatos de viajeros hablan claramente de oógenes vascos, gallegos y navarros, matizados por quienes abandonaron las tierras andaluzas de Sevilla y Granada o las de Murcia. 16 M. Bonauáo y E. Sonzogni Sólo encontramos un asentamiento anterior, que alude a la primera mitad del siglo XVll, cuando Juan Francisco Pascual de Echagüe Andía y Lasterra arriba como funcionario al territorio santafesino. La estructuración de redes parentales a lo largo de sucesivas generaciones como grupos de poder efectivo, fundamentalmente en las etapas posteriores a la independencia, parece darse a través de un conjunto de proyectos mutuamente implicados: las estrategias de casamiento, la ocupación de cargos públicos, la participación en actividades mercantiles urbanas, desde las que se proyectan al espacio rural, alimentaron otras ambiciones de expectativas políticas y sociales. En una aproximación quizás insuficiente pero reveladora del interjuego de estas variables, se reconstruyeron nueve troncos familiares, a partir de la información (fragmentada e incompleta) ofrecida por diccionarios biográficos, tratados nobiliarios y guías genealógicas. 17 Las familias incluidas en ese recorte son la ya citada Echagüe, Aldao, Cullen, Iriondo, Iturraspe, Gálvez, Reyna, Freyre y López. Como criterio determinante de las generaciones se adoptó el de su instalación en Santa Fe, aun cuando en algunos casos el itinerario previo incluye ya otras sedes permanentes o temporales. 18 Organizados los datos en función de los patrones de residencia 19 de los 210 matrimonios formalizados a través de tres, cuatro o cinco generaciones, se observa que el 53% se realiza con familias del lugar y el 31 % lo hace con miembros de "notables" de fuera de la provincia, principalmente originarios de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Además, se detecta que, en la articulación de las alianzas, los hombres se vuelcan predominantemente hacia un cónyuge dentro del espacio provincial (60%), reduciéndose al 28% la elección de una . ·1ares aparecen en 1a prensa opositora · anteos suru del 80 respecto de la familia Iriondo. Esta hipótesis ha sido destacada recientemente entre otras publicaciones por D. Balmori, S. Voss y M. Bonman, Las alianzas de familias y la formación delpafs en América Latina, FCE, México, 1990. 16 Entre los no hispanos, debe anotarse la familia Cullen de origen irlandés. 17 D. Abad de Santillán, Gran enciclopedia de la provincia de Santa Fe, EDIAR, Buenos Aires, 1967; Graciela G. de Welschen, El linaje del patriarca, Santa Fe, 1986; Carlos Calvo, Nobiliario del antiguo virrcynato del Río de la Plata, Facultad, Buenos Aires, 1936; L Montenegro, "La gran propiedad territorial en la zona de la costa santafesina en la segunda mitad del siglo XIX", Santa Fe, 1986 (mimeo). 18 Algunos de estos miembros fundadores se instalan previamente en el Paraguay, otros en Corrientes, otros en cambio, recorren sucesivamente Montevideo, Buenos Aires y Santa Fe. De las nueve genealogías analizadas, si bien una (Echagüe) se ubica en el siglo XVII, se han tomado las generaciones desde el siglo siguiente. Del resto, una (López) remonta su residencia a la primera mitad del siglo XVIII; tres se instalan en la segunda; y las cuatro restantes se detectan desde principios del siglo XIX. 19 La residencia es uno de los elementos más significativos para obseivar el juego del entramado en el pasaje de los espacios locales a los regionales. Del total de los casos analizados, sólo se ha podido confirmar la procedencia del 84% de los cónyuges. El 16% restante corresponde a datos sin confirmación. 82 83 15 PI �Redes parentalesy Jaccwnes pareja de otro lugar; en tanto que las mujeres alternan menos diferencialmente entre un marido local (46%) y uno de otro Jugar (35%) o de otro sector social (2%). Esta distribución reafirma una cierta primacía de las mujeres como proveedoras de parejas exógamas. En realidad, esta dinámica se manifiesta con mayor significación a partir de las terceras o cuartas generaciones de los troncos estudiados, cuyos miembros han nacido entre las décadas de 1830 y 1850.~ La resultante de este proceso no consiste solamente en la estructuración de las redes, sino también en su desplazamiento a través de ramas que se instalan en alguna de las provincias de la región. Un ejemplo de este redimensionarniento espacial que proyecta al grupo desde lo local hasta lo regional lo ofrece la familia Iturraspe. En 1852 Juan Bernardo lturraspe se casa con Dolores Zorrilla de San Martín, miembros de una reconocida familia de la elite rioplatense, desplazando esta rama al escenario porteño donde volverá a reforzarse aquel parentesco cuando su hijo Arturo Vicente formaliza la unión conyugal con María Mac Lennan Zorrilla de San Martín. Por su parte, Federico Iturraspe Cabot se instala hacia fines del siglo en San Francisco de Córdoba, interviniendo activamente desde entonces en la política de esa provincia. De modo similar, Melchor de Echagüe Dervez, quien contrae matrimonio con Elvira Cordeyro Gómez, da origen a la rama Echagüe Cordeyro, asentada en Buenos Aires. Algunos miembros de estos núcleos familiares, en función de la dinámica política y de sus negocios privados, van a modificar, con cierta frecuencia, su ámbito de residencia. Esta modificación no implica su desaparición de la escena santafesina, sino más bien su alternancia entre el propio espacio provincial y otros regionales o nacionales. Así, Pascual Echagüe Dervez fija su residencia tanto en Santa Fe como en Entre Ríos, alcanzando en ambas la primera magistratura provincial. Por su parte, Manuel Dídimo Pizarra Leaniz un tradicional apellido mediterráneo, al casarse con María Eustolia de Iriondo Candioti, se avecina en Santa Fe. AJ poco tiempo, se convierte en un hombre clave del situacionismo provincial bajo la influencia de su cuñado, Simón de Iriondo. La desaparición de este último y la crisis generada en el Oub del Pueblo lo reorientan a su provincia, de la cual es gobernador en los inicios de la década de los 20 En los casos de las familias Aldao y López., en la quinta generación de ambas (1835-60), agregan cónyuges provenientes de Rosario y su área de influencia (Puccio, MaruU, Muniagurria, entre otros). La rama Freyre Maciel está instalada en esta ciudad desde el nacimiento de Marcelino. 84 M Bonaudo j E. Sonzogni 90. Esta estrategia de expansión de los grupos locales resulta a veces reforzada por casamientos intrageneracionales de miembros de una y otra provincia. Así, por ejemplo, Clorinda Vicente de Iriondo ~~anta Fe) y su hermano Simón Vicente contraen enlace con sendos htJOS de Bernardo Fernún de Irigoyen (Buenos Aires), Bernardo e Irene, en tanto Ignacio Cullen Comas (Santa Fe) y su hermana Joaquina lo hacen respectivamente con Ignacia y Severo Gómez Borja (Buenos Aires). En cuanto a los niveles de endogamia y exogamia, es significativo el porcentaje alcanzado por matrimonios realizados en el interior de los nueve troncos (28%). A pesar de su alto involucramiento los casamientos entre primos, hermanos, o tío y sobrina carnales se reducen en el contexto de la muestra a unos pocos casos.21 Las pautas matrimoniales muestran a su vez fenómenos de reincidencia de cónyuges que han enviudado. El caso más notable es el del gobernador José Bernardo Iturraspe cuya vida conyugal registra cuatro casamientos sucesivos: Oara Cabot, Sofía Maurer, Ana Sieber preceden la última unión con Dominga Cullen lturraspe, que había enviudado de Emilio Eustaquio Cabal González. Otra lturraspe, Luisa, tiene por maridos a Ramón Cadioti y, a la muerte de éste, a Ulises Mosset. Juan Francisco de Aldao y Rendón crea dos ramas familiares a partir de un primer matrimonio con Teresa Ordóñez Echeverría, cuya descendencia alcanza a tres hijos, y de un segundo con Leonor María Candioti y Zevallos, que le da una prole de nueve. Aquella representación porcentual que evidencia el peso de la endogamia en estos grupos familiares, es significativa también en su anverso. La participación de ~ectores sociales nueve - algunos producto de los procesos de inmigración y colonización - a la par que situados en las últimas generaciones (terceras a quintas, según el tronco) es realmente ínfima (3%). Además de los casos ya mencionados de Cabot, Maurer y Sieber, cuya antigüedad de residencia no va más allá de las décadas de los 50 o 60, puede apuntarse el de Nicasio Oroño, a quien seria posible calificar como un parvenu. El corondino Nicasio Oroño no revela demasiados méritos en su ascendencia.22 21 José Ignacio F.chagüe Ruiz de Arellano y Maria Francisca Lassaga Echagüe, cuya bija a su vez contrae enlace con Cayctano F.chagüe Zavala; Marcela lturraspe Freyre se casa con su tío materno Benito Freyre Rodríguez del fresno; Martín I..ópez Frcyre necesita dispensa eclesiástica para casarse con su prima hermana Antonia López Cardoso. 22 M. A de Marco "Nicasio Oroóo, el luchador santafesino", Todo es Historia, núm. 98, 1975, pp. 8 y ss. 85 �Redes parentales y facciones Su padre, Santiago, actúa en las milicias santafesinas de Estanislao López con el rango de sargento mayor en la década de los 20, siendo asc~ncl~do a capitán tras algún protagonismo en las campañas contra los md1os. La mayor jerarquía militar es complementada con un premio más utilitario: el gobierno de la provincia le otorga en donación una fracción de tierra en el distrito de Coronda. Sin embargo, la muerte del Brigadier le enajena la buena voluntad de su hermano :-J~an Pablo- y el ahora comandante Oroño desaparece de ~a pr?vmc1a, tras Lavalle primero y Paz después. Su esposa Juana Ba1gom queda en Paraná con sus tres hijos, Nicasio, Genara y Gregorio. Desde una temprana inserción laboral en tierra entrerriana Nicasio Oroño va experimentando un proceso de ascenso social' facilitad? por relaciones de amistad con Justo José de Urquiza quie~ lo apro~~a, por_ u~a parte, a la esfera empresaria y por otra al grupo de familias tradicionales, entre las cuales encontrará a su esposa Joaquina Cullen. ' Sólo tres núcleos familiares - los referidos Cullen e Iturraspe, a los que se agregan los Iriondo- se muestran dispuestos a establecer vínc~los conyugales con miembros de una burguesía agraria o mercantil en ascenso y de distinto origen étnico. Es evidente que las estrategias matrimoniales implican de por sí alianzas económicas, sociales y políticas. La mayoría de los miembros de tron~s familiares analizados originariamente (primera generac1on) deb10 su asentamiento al cumplimiento de funciones derivadas del Estado colonial, que abarcaban alternativa o simultáneamente esferas específicas de la administración colonial central militares judiciales o capitulares. La función pública no inhibió la posibilidad de operar en un espacio privado ligado ya a las actividades comerciales, ya a una ganadería de cría que en el periodo preindependiente permanecía vinculada mayoritariamente al abastecimiento de recuas ?e mu!~s a los centros altoperuanos. Pero además es factible que esa mserc1on en el aparato del Estado haya favorecido la formación de pa~rimonios territoriales, como sucede en el caso de los Iturraspe quienes heredan, conjuntamente con otros grupos, la importante merced de Arrascaeta, que tocaba territorios santafesinos y cordobe23 ses. Dichos patrimonios se vieron incrementados, sin duda, a través de la conformación de sociedades familiares destinadas o bien a consolidar el espacio territorial controlado o bien a desarrollar acti- !?s M Bonaudo y E. Sonzogni vidades mercantiles en un ámbito extraprovincial articulando Santa Fe con Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos e incluso Montevideo. Las guerras de independencia y las civiles desorganizaron las actividades mercantiles y productivas de la provincia, originando en muchos casos la pérdida de los bienes anteriormente adquiridos. Por su parte, la presión indígena condicionó las posibilidades de corrimiento de la frontera -ganadera primero y agrícola después- encorsetando su crecimiento. Si para algunos dichos vaivenes pusieron en jaque la fortuna familiar, para otros en cambio fue el momento oportuno para acceder a la tierra a partir de un capital acumulado en la actividad mercantil urbana. Tanto los lturraspe como los Aldao pueden servir de adecuado ejemplo a los que se suman, en el proceso de apropiación de tierras, entre otros, los Iriondo y los Zavala.24 La paulatina recuperación de las condiciones de desarrollo a partir del proyecto confederacional primero y del Estado nacional unificado bajo el mitrismo después, ofrecieron perspectivas favorables para la acumulación de riqueza en el espacio privado usufructuando la capacidad de presión y decisión que estas familias tienen en el espacio público. La recuperación de amplias franjas de tierra pública, el abastecimiento de los ejércitos provinciales o nacionales, la estructuración de un circuito financiero prebancario y bancario y la consolidación de una política ferroviaria orgánica se convirtieron en algunas de tantas vías por medio de las cuales estos sectores acrecentaron sus posibilidades de acumulación, reforzando su prestigio y poder. El acceso a la tierra puede devenir de distintas instancias. Mariano Cabal, por ejemplo, suma a las propiedades adquiridas a partir de su fortuna mercantil, tierras nuevas en el área norte de la provincia, una importante cantidad de leguas como contrapartida de los préstamos que él, conjuntamente con otros comerciantes y financieros (Juan y Salvador Rusiño1, Carlos Grognet, Nicasio Oroño, Balestrino, etc.) realizaron a fines de la -década de los 60 para financiar la campaña del Chaco.25 Una parte de las propiedades incorporadas durante la misma década le permitieron articular una sociedad familiar con su suegro, Patricio Cullen, en 1873 para llevar a cabo proyectos de explotación de tierras pero también de colonización. La crisis 24 Reginald Uoyd, Impresiones de la República Argentina en el siglo xx, Buenos Aires, 1911. 23 La Merced de Arrascaeta, 1883, querella judicial, Fundación Tomquist. 25 Olentas de la Conúsión del Chaco, 1867-1868, Archivo Provincial de Santa Fe (intermedio). 86 87 �Redes parentalesy facciones desestructuró el patrimonio territorial de Cabal pero nuevas alternativas surgieron en la búsqueda de beneficios.26 Otra vía, no menos eficiente, fue en parte la seguida por Simón de Iriondo. Tratando de acordar con Ataliva Roca la compra de un campo en 1883, evaluando las distintas ofertas y las perspectivas de crédito con que pueden contar y la rentabilidad potencial a alcanzar, Iriondo le comenta a Roca: "En el centro de Monigotes que va a ser la primera colonia de Murrieta, hay 20 leguas de campo, la flor de aquel lugar que yo antes de derogar la ley que daba privilegio hice denunciar a dos hombres que me habían servido mucho."27 El párrafo antedicho evidencia cómo desde la función pública se manipula la norma legal para así garantizar un rédito privado. El planteamiento se refuerza en el mismo texto, cuando al felicitar a Ataliva Roca por la compra de tierras de Santiago del Estero cercanas a las de Murrieta, negocio en el que le recrimina no haberlo hecho partícipe, Iriondo afirma que los banqueros de Londres con sus grandes capitales, harán que, aunque no le quedaran más de 20 leguas de las 200, siempre sería un gran negocio la operación que usted ha hecho, pues usted puede quedar con sus 200 bien saneadas; y después de la pasión con que ha acogido su hennano en mi conferencia de ayer la prolongación del ferrocarril de Santa Fe hasta la frontera de Santiago con su prolongación hasta Tucumán por el Chaco, le digo, descanse basta sólo el negocio de la tierra de Santiago.28 Los interlocutores epistolares están dando cuenta, asimismo, de la extensión de los contactos que esta dirigencia tiene, tanto en el espacio geográfico como institucional, reflejando los grados de connivencia subyacentes en las políticas públicas. La capacidad operativa que ciertas redes parentales adquieren en el espacio público crea una estructura de subordinació.n de los otros poderes al ejecutivo, detentado por alguno de sus miembros. En la concreción de sus obj~tivos, no vacilan en producir reformas acordes en la carta constitucional, como la que se hace en los meses de marzo y abril de 1883, eliminando el principio de inamovilidad de los jueces letrados. El corresponsal de La Plata Zeitung denuncia el 18 de julio de ese año la situación que vive la justicia santafesina y se 26 L Monte negro, op. cit., y Ezequiel Gallo, La pampa gringa, Sudamericana, Buenos Aires, 1984. 27 28 Archivo Provincial de Santa Fe, Fondo Iriondo, carpeta 10, leg. 4, 6/8/1883. /bid. M Bonaudoy E. Sonzogni pregunta "qué garantías de justicia tienen ahora los habitantes de Santa Fe, después de haberse monopolizado hasta las leyes a favor de la dinastía reinante?"29 La pregunta lo conduce a reflexionar sobre el peligro que implica para la sociedad civil esta subordinación jurídica, y toma como ejemplo el pleito que ha estallado entre la familia Iriondo y su ª?_tigua contrincante en el espacio político, la Iturraspe, por la poses10n de una fracción de estancia con el argumento de que estos últimos no poseían los derechos jurídicos que garantizaran la propiedad. Dirimido el litigio en los tribunales provinciales, el fallo es favorable a la demanda de los Iriondo, restando a los lturraspe el reclamo ante la justicia federal. Tal es el nivel de sujeción de los diferentes poderes y funcionarios al ejecutivo que, ordenada la restitución a los Iturraspe en el ámbito federal, "el jefe de policía de Santa Fe, desobedeciendo la orden judicial, se negaba a ello, alegando que no recibía órdenes sino de su gobiemo".30 El episodio pone una vez más en evidencia las dificultades que existen, en el marco de acción de las redes parentales y de sus intereses privados, en consolidar criterios de legalidad que respondan al interés común. Pero por otra parte, muestra que pese a la discrecionalidad con la que se manejan estos personajes, hay indicios, en la propia sociedad, de la estructuración de una opinión pública, que a través de la prensa escrita hace visibles sus cuestionamientos. Si la progresiva enajenación de las tierras fiscales favoreció inversiones en las que participaron alternativa o simultáneamente funcionarios y empresarios privados, empresas más ambiciosas, como el trazado de las redes ferroviarias o la creación bancaria semipública, como es el Banco de Santa Fe, se convierten entre las décadas de 70 y 90 en nuevos espacios de acumulación y consolidación de riqueza. En este tipo de negocios, donde la magnitud de la inversión acrecienta los riesgos, es frecuente también la apelación desde los sectores privados al Estado para que éste asuma parte de esos riesgos a través de la contratación de empréstitos, los subsidios, las garantías y la cesión de tierras. Esta apelación parece bastante posible, dado que las relaciones parentales e interpersonales toman fluida la vinculación entre los funcionarios públicos y los sectores privados, ya que en ambos frentes participan miembros de las burguesías capitalina y rosarina. Desde esta óptica, es - en alguna medida - comprensible 29 El Mensajero, 28 de julio de 1883. JO /bid. 88 89 �Redesparentales y faccicnes la preocupación por controlar el aparato del Estado, que hace posible obtener información cierta sobre los negocios y la marcha del mercado; manipular -como se viera antes- la esfera legal; ubicar al funcionario adecuado en cada ocasión; prever, en fin, los problemas que pudieran originarse y que lesionaóan los objetivos propuestos. En ocasiones, la iniciativa parte de los propios integrantes del aparato, cuya formación profesional los ubica en estamentos más "modernos" del staff dirigente. Un ejemplo lo constituye la figura de Jonás Larguía, que transita un significativo itinerario en la función pública. En 1872, momento en que ejercía funciones en la Inspección de Colonias, interesa al gobernador Iriondo para integrar una sociedad que ha formado con L. Walls, destinada a proponer un tranway (a las colonias del oeste) que más tarde será ferrocarril cuando la empresa sea explotada algunos ailos por los ingleses o los franceses que para entonces habrán comprendido que no precisan garantía ni aun para ferrocarriles, ofreciendo la ventaja nuestra idea de que para tranway no se precisa tampoco garantía, porque cuesta la quinta parte de aquél.31 Evidentemente, la carta hace explícito un problema clave en la relación entre el Estado y los inversores privados: hasta qué punto el primero está dispuesto a compartir los costos de la inversión, en la medida en que la garantía se convierte en una fuerte succión de los recursos del erario público.32 Esta preocupación vuelve a repetirse en ocasión de la construcción entre 1881 y 1883 del Ferrocarril Oeste Santafesino, iniciativa empresarial cuya autoóa pertenece a Carlos Casado del Alisal. Natural de Valencia, fija su residencia en Rosario en la segunda mitad del siglo y rápidamente tiene protagonismo en actividades económicas de diverso tenor. La presión de empresarios rosarinos y capitalinos sobre la dirigencia política, así como la estrecha vinculación de Casado con ella, en tanto presidente del directorio del Banco Provincial, facilita la rápida concreción de la línea a la que el Estado, con tierras y subsidios, complementa los aportes de la inversión privada local y extranjera. Las críticas provienen nuevamente de las columnas periodísticas alertando sobre el manejo discrecional de los perjuicios 31 La propuesta incluye también un cuidado de la "forma" en que debe presen· tarsc para no suscitar críticas: "pero como no parece bien que tu nombre figure te mando 32 el documento a nombre de Juan Manuel" (hijo del gobernador). El l11dependie111e, 4 de agosto de 1878. 90 M. Bonaudo y E. Sonzogni que pueden acarrear al patrimonio estatal tanto_ el contrato ~n la sociedad del Oeste santafesino corno el desempeno de su presidente en la dirección del Banco Provincial de cuyas arcas proceden los resultados destinados a la obra ferroviaria. La instalación del propio Banco Provincial, que se concr~ta en 1874 a partir de la demanda de sectores vinculados al ~memo, las finanzas y los negocios inmobiliarios en la plaza rosanna, da muy pronto cabida a los viejos troncos_~antafesinos que de~~estran u?a ponderable capacidad de adaptac1on a las nuevas ~ond1c10nes sociales Mientras en el directorio de la casa central rosanna se entrecruzan los. nombres de figuras locales (Casado, Carlés, Machain, Ibarlucea, Carrasco, Muzzio, Arijón, Sugasti, entre otros) con alguna que otra presencia capitalina (Caminos, ~i~ison, AJdao), la ape~tura ~e la sucursal en la propia capital provmc1al congrega en cambio a miembros de los tradicionales troncos de manera casi excluyente: López, AJdao, Crespo, Cullen, Echagüe, Torrent, Puig. Tanto los directorios del banco como los de las empresas ferroviarias que operan en la provincia, a los que se agre~an los de firmas inmobiliarias y financieras que se instalan en esos anos, dan c~e?ta, por una parte, del paulatino ascenso del sur como polo de crec1m1ento; por otra, de un real proceso de articulación -por lo i:nenos en el espacio del parentesco y de los negocios- de las burguesias de Sa?ta Fe y Rosario. Esta imagen debe complejizarse ~n otras presencias. Éstas provienen, básicamente, de los sectores sociales emergentes del área centro-oeste. Colonos enriquecidos como Maurer, o Lchmann 0 Sicber que optan también por un proceso de "impla~tación multisectorial" se vinculan a troncos tradicionales santafesmos o bonaerenses O bien por el matrimonio -como ya se viera ~n páginas precedentes- o bien finalmente por acuer~os comerc~ales. Este último es el caso de Guillermo Lehmann, quien se convierte en el testaferro de los negocios inmobiliarios de las familias Egusquiza, Saguier, Quintana e incluso de Ataliva Roca. . . Por otra parte, los directorios aparecen como otra mstanc~a a partir de la cual se elaboran estrategias que es~imulan nuevas arllculaciones entre lo público y lo privado. A veces sirven como platafo~a de presentación para una posterior función públi~~ otras, en camb1~, su desempeño en ésta lo torna en un recurso_prest1g1oso pa~a cumplir, en un nuevo ciclo, funciones de asesoramiento o gerenciales en el ámbito privado.33 33 Un ejemplo de esta dinámica puede observarse en el doble papel que juega en 91 �Redes parenJalesy f accwnes M Bonaudoy E. Sonzogni El sistema electoral y sus espacios: la ciudad y la campiña sometidas a la lucha facciosa Pese a la especificidad de sus funciones, los clubes no plantean una continuidad de acción en el espacio público y sólo se activan en los momentos en que es imprescindible adquirir electores. Es por eso que las crónicas revelan sucesivas instalaciones de sedes de tal o cual club, siempre en vísperas electorales.36 . Más allá de la confección de las listas de los candidatos y de la distribución de las tareas proselitistas, los clubes sienten la necesidad manifiesta de mostrar los niveles de consenso alcanzado por cada facción. Esto motiva la institucionalización de espacios más amplios, en donde se concrete aquel consenso, al tiempo que la comunicación a la opinión pública de las respuestas positivas obten!das por tal convocatoria. Las elecciones más frecuentes de esos recmtos recaen en teatros u hoteles que alojan a dirigencia y seguidores. Así, por ejemplo, en los trabajos electorales para la elección de diputados en 1864, los partidarios del Club del Pueblo se concentran e~ el Hotel Universo o en el Teatro de la Esperanza - ambos en Rosano- lugar donde irán sus ''socios" y "los que simpaticen con sus ideas".37 A su vez los miembros del Club Libertad son invitados a concurrir todos 1os'sábados, "de ocho a nueve de la noche", al Café Argentino, "recomendándose a todos los socios la más puntual asistencia". La convocatoria rara vez alude, en el marco de un sufragio voluntario, al "ciudadano". Los términos antes mencionados sumados al de "amigos", "vecinos" o "correligionarios" aparecen recurren temente en las circulares o propagandas que la prensa partidaria incluye cotidianamente. En otras ocasiones, la presencia que se estimula queda sustantivada en el "pueblo" al que se ubica en un ambiguo terreno de indiferenciación. El Fe"ocarrii, que no oculta su adhesión al Club Libertad, en ocasión de las elecciones una . de 1864 . ,,informaba de ,, reunión política "de la más grande tmportanc1a y presupoma que "alli, en el seno de una de esas asambleas populares, que llevan el sello de la soberanía, nos confundimos todos, nos perdemos entre las olas de la multitud, y discutimos tranquilamente las grandes cosas que interesan al pueblo.38 Veinte años después, en similar situación, el jefe político del departamento San Lorenzo, Silverio Córdoba, emite una circular convocando a la campaña electoral en estos términos: "Debiendo reorganizarse el Oub del Pueblo y siendo necesaria su presencia y la La clase dominante que se está construyendo a través de los mecanismos a~tes descritos y que ha formalizado un marco jurídico político a partrr del cual pretende garantizar su perdurabilidad en el control del aparato estatal, se enfrenta al dilema de conjugar tal control con un sufragio que, en la norma, y pese a las exclusiones, amplía indudablemente la base electoral y por ende complica la búsqueda del consenso. La ampliación cuantitativa y cualitativa del universo de electores hace imprescindible que las fuerzas políticas que pretenden acceder algobierno replanteen, en el marco del sistema electoral, tanto mecanismos de control como de adquisición subordinada de votantes. En este proceso, comienzan a diseñarse modalidades particulares de "hacer la política" sobre las que pesan, por una parte, las nuevas formas de articulación del espacio rural al urbano; por otra, la paulatina integración de esas dos realidades en un sistema político de verdadera dimensión provincial y estrechamente proyectada a la nacional. Las prácticas políticas que funcionan en el marco del sistema electoral van definiendo, tanto en el ámbito urbano como en las áreas rurales, espacios específicos de discusión y convalidación. Si bien la casa familiar de los notables o la estancia, además del café o el club social, persisten como los lugares en los que se formalizan las alianzas, surgen con un cariz peculiar los "clubs" o "centros políticos" como instancias específicamente políticas que, desde un núcleo base, instalado alternativa o simultáneamente en la ciudad capital o en Rosario, comienza a operar creando filiales generalmente en las cabeceras de departamento, o incluso en algunos de sus distritos.34 Paralela con el accionar de liberales o autonomistas, se observa la emergencia de agrupaciones políticas locales en las áreas de colonias como el Partido Progresista que liderea Guillermo Lehmann quien, operando dentro de una lógica facciosa, establece vínculos cada vez más estrechos con la vertiente liberal. Dicha vinculación tiene sus raíces en el apoyo que la misma da a los colonos en los duros enfrentamientos con el gobierno autonomista en torno al espacio municipal entre 1881 y 1884.35 relación con la creación del Banco Provincial, MelquiadesSalvá, quien primero actúa como~pode rad~ de los inversores y luego como ministro de Gobierno. El Rosano, 8 de octubre de 1864; Archivo Histórico Provincial Fondo Iriondo caja 2, carpeta 12, folio 46, 14/10/1868. ' ' 35 M. Booaudo, S. Cragnotino y E. Sonz.ogni, "La cuestión ..", op. cit. 92 36 El Trueno, 29 de diciembre de 1864. 31 EJ Rosario, 13 de agosto de 1864, y 27 de septiembre de 1864. 38 El Ferrocarril, 20 de septiembre de 1864. 93 �Redes parentales y facciones de f:>s _amigos que gusten acompañarle y formar parte de este centro, se mVJta a usted para el próximo domingo 10 del corriente a las 4 de la tarde, a una reunión generaJ."39 No obstante, el término ciudadano tiende a ser apelado cuando se_ trata ~e contraponerlo - también genéricamente - a minorías u oligar~mas. Al ~ep~car al diario oficialista, El Rosario denuncia que aquél llama mmona de hombres sin creencias políticas, a los centenares d~ c~udadanos honrados que componen el Club del Pueblo..."40 . · As1.ID1smo, lo habitual parece ser reservar el término a quienes tienen su_ condición completa: la de elector y la de elegido. La vanguardia del Club del Pueblo protesta ante la legislatura provincial, el 16 de agosto de 1864, reclamando la anulación de los comicios del día anterior. Y se dirige, precisamente, en esos términos: "Los ciudadanos nacionales que suscriben vecinos del Rosario..."41 J¿is firmas dan cuenta de aquella calidad: Melquiades Salvá, ~amon Ca~~s, José Antonio Echagüe, Augusto Agote, Nicolás M. Alvare~,. Diogenes Casarabilla, Antonio Urraca, J. P. Lara, Máximo Lara (hiJO), Leonardo Nicolorich, Nicanor González. En tan~o ~iudadanos o vecinos, amigos o pueblo, el éxito de la convoca tona tiende a medirse en función del número de concurrentes Y de su convalidación al candidato a través de la propia asistencia a ~a que se agregan manifestaciones de viva voz y gestuales. El Rosario, organo_ del Club del P_ueblo, d~cribe una manifestación de apoyo a la candidatura de Manano Amigo que contabiliza la presencia de 350 personas, quienes "después de dar repetidas iVivas! a la candidatura del señor Amigo, partieron en un grupo por las calles victoriando el nombre de varios sujetos respetables de este pueblo..."42 De acuerdo con la ponderación de las cifras de concurrencia dos o tres_ centenares de convalidantes colman las expectativas d~ los orgaruz~dores, en tanto que la oposición procura disminuir el número Ydes~alificar a los asistentes. Así, por ejemplo, El Rosario anticipa un esp~o conglomerado de electores que darán su consentimiento a los candidatos del Club Libertad. ~icen que el domingo[...] se reunirán todos los miembros del Oub Libertad en asamblea general. No faltarán a esa reunión: M. Bonaudo y E. Sonz.ogni lo.- Los peones de tropa. Alguna gente de San Lorenzo que dicen traerá al coronel Caballero. 3o.- Algunos hombres del Arroyo del Medio que dicen vendrán con el coronel Goytia...43 2o.- A la descalificación de la base de reclutamiento de los contrincantes, los partidarios del Club del Pueblo descuentan responder "con dos mil ciudadanos decididos; con esta juventud entusiasta que ha comprendido al cabo lo que es sostener sus derechos como pueblo libre..."44 Es evidente que la disyuntiva social que aquí se marca incide profundamente en la estimación del consenso alcanzado. En lo que aparentemente podría considerarse como una cesura entre el mundo rural y el urbano se detectan ciertas fracturas: la que separa a la elite del conjunto de empleados y trabajadores urbanos. "La ausencia de libertades y derechos que soporta [la provincia] hace que las fracciones políticas que antes se denominaban Club del Pueblo y 25 de mayo, y que /.as componían una parte del pueblo ajena al presupuesto han quedado hoy reducidas a los empleados de la admi- nistración."45 En realidad lo que ocurre es que la conflictividad social sobre la que se apoya la dinámica política está revelando que la estructuración de la facción pasa por la ratificación, en clave política, de lasjerarquíassociales refonnuladas. Alternativamente, las facciones esgrimen como mérito el lograr el apoyo de "gente distinguida y de influencia". De este modo, al comunicarle a Roca la formación de un centro político en Rosario, Benjamín Virasoro señala que el mismo está formado por "personas de posición social y pecuniaria". A su vez, E. Zeballos, en carta al comandante Rodríguez, le sugiere reúna para constituir la sede del Club Constitucional en Santa Fe, "a los buenos vecinos y de posición social, respetados por eso, más que los pobres".46 El estigma que parece pesar sobre los potenciales electores rurales obliga a uno de los principales operadores del Club Libertad, el coronel Goytia, a publicar una solicitada en el periódico EL Fe"ocarril, desmintiendo que sus acompañantes fueran peones y señalan43 : Archivo ?eneral de la Nación, Archivo Roca, leg. 40, 5 de agosto de 1884. El Rosano, 22 de agosto de 1864. El Rosario, 16 de agosto de 1864• 42 El Rosario, 14 de agosto de 1864. ~ 94 El Rosario, 15 de agosto de 1864. El Rosario, 8 de octubre de 1864. 45 La Capital, 20 de enero de 1883. 46 Archivo General de la Nación, Archivo Roca, leg. 39, Sn/1884; Archivo Histórico Provincial, Fondo Rodríguez, carpeta 3, 18/11/1884. 44 95 �Redes parentalesy facciones do que los mismos son, en cambio, "coroneles, tenientes, sargentos, capitanes, alféreces y ciudadanos todos hacendados de Arroyo Pavón, Arroyo del Medio, Arroyo Seco, comerciantes de Villa Constitución, etcétera".47 Si bien parece pervivir una tensión entre los miembros de la elite urbana, que tradicionalmente controlaron el espacio local, y los representantes de las masas rurales, que durante la primera mitad del siglo XIX habían alimentado el fenómeno del caudillismo, la nueva articulación de ambos planos en un sistema político que se está construyendo implica la redefinición de alianzas, realizadas ahora con comerciantes, artesanos, hacendados, estancieros e incluso jefes militares, estos últimos a su vez estancieros o ganaderos. De todo esto resulta una jerarquización política que trae aparejada una división de funciones: a los "notables" les corresponde tomar las decisiones, elegir o liquidar candidatos, distribuirse cargos y merecimientos. A los electores urbanos o rurales les toca en cambio otorgar el aval a quienes supuestamente son sus representantes. Este consenso notoriamente artificial y sobreimpuesto obliga, además, a recurrir a mecanismos de coacción. Esta distribución de responsabilidades y funciones divide entonces en dos planos las formas de "hacer la política" en el sistema electoral: la que se atribuye la elite como propia de su naturaleza social y la que implica la articulación de esta dirigencia con la masa de votantes. Esa articulación tiene dos momentos clave: el de la campaña que precede a la elección y el comicio. Los instrumentos a los que se echa mano en un verdadero proceso de cooptación del elector consisten, por una parte, en la utilización de la palabra escrita como herramienta ideológica para alcanzar el consenso. La prensa facciosa acompaña y nutre el accionar de las agrupaciones políticas, adoptando en parte su propia dinámica espasmódica. Los periódicos aparecen y desaparecen en el marco de las coyunturas electorales, como es el caso de El Tmeno, que en 1864 se acopla a la polémica desatada entre El Ferrocarril, partidario de los liberales; y El Rosario, vocero del autonomismo. De acuerdo con las afirmaciones de Gabriel Carrasco, El Trueno se convierte en un verdadero "pasquín", incrementando de tal modo la tensión entre las facciones que los propios clubes que antagonizan deciden bajar los decibelesde la controversia. Ello conduce a una breve desaparición del periódico, que luego retoma sus ediciones hasta principios del año siguiente, momento en 47 El Fe"ocarril, 20 de septiembre de 1864. 96 M Bonaudo y E. Sonzogni que sale definitivamente de la escena pública. La importancia política de la opinión periodística aparece claramente expresada en una carta que Avellaneda le escribe a Jonás Larguía en 1874: Habiendo terminado la lucha electoral, el diario La Unión Argentina pasa a ser propiedad de una empresa particular; pero conti~uará s_iendo el órgano del Partido Nacional [...] para cons~rvar as1 1~ urudad del pensamiento entre los miembros de nuestro partido. Le esumaré obtenga en esa localidad, algunos suscriptores. No podemos mantener nuestra organización de partido s~ ~n órgano que exprese sus ideas y que infunda a todos un espmlu común.48 . El periodismo santafesino y rosarin?,tiene,,a_ lo largo del per!odo que se analiza, una innegable connotac1on polil~ca, ora con el s1tuacionismo ora con las filas opositoras. Un pnmer mtento que procura superar el carácter faccioso y efímero de las publicaci?nes se d_a en 1867 con la fundación de La Capital, dirigida por un reciente habitante de Rosario, Ovidio Lagos. La misma coexiste - en función _de la dinámica de la nueva urbe- con una multiplicidad de expresiones periodísticas49 que desde la crítica o _I~ ~dhesió~- asumen distintos estilos no siendo ajenos a ellos los penod1cos satmcos que, como La Cabridnera en la dé.c ada de los setenta, caricaturiza a los personajes políticos y usa la ironía como arma de cuestiona miento social. . La construcción de un espacio público en el que la palabra escnta es ciertamente protagonista, no se reduce a los núcleos ur~anos mayores, sino que también aparece en el mundo ~ ,las col~m~s: El Serrucho El Corondino, El Colono del Oeste, La Umon Provincial, se agregan ; los originados en el seno de las colectividades.. En tal construcción comienza a observarse un paulatmo proceso de profesionalización, más notorio en algun~s casos, _que ~ra~ como resultado una mayor complejización del propio negocio ed1tonal que incluye, entre otros rasgos, la distribución de c?rresponsa~~s :ocales y la reproducción de notas de opinión transcntas de penod1cos de otras ciudades. Un segundo elemento de cooptación está dado?ºr la utilización de la influencia personal o política en la conformac1on de relaciones clientelares. 48 Archivo Histórico Provincial, Colección J. Larguía, carpeta 2, leg. 2-1, folio 7, ln/1874; Archivo General de la Nación, Archivo Roca, leg. 39, 8/7tl884. . . 49 La Opinión Nacional, El Sol, El Independiente, El Mensa1ero, La Discusión, El Municipio, entre otros. 97 �Redesparentales y facciones Los caminos elegidos para operar en este plano pasan o bien por el entramado de vínculos que se estructuran en la relación laboral entre patrones y empleados, y particularmente en el mundo rural entre el estanciero y los peones, o bien por la presión que ciertos individuos puedan ejercer desde la función. Una muestra cabal de la adhesión alcanzada por algunos personajes que combinan la actividad privada y la función pública se observa en la "solicitada de los troperos", que aparece en El Trueno del 14 de enero de 1865: El club sucursal de la plaza de las Tropas, presentará el 23 del corriente a los comicios electorales ochocientos argentinos que sostendrán la bandera del Qub Libertad en el terreno que los busquen yprobarán una vez más a los señores del Club del Pueblo que son los troperos capaces de sostener sus derechos adquiridos y no consentidos. Los firmantes aclaran que se habían engañado creyendo que en las filas del Club del Pueblo estaban los "jefes" más prestigiosos pero al descubrir que éstos formaban parte de la otra facción se vuelcan a ella por cuanto los coroneles Goytia, Esquive!, Caballero y otros "siempre han gozado de popularidad a la que son acreedores por sus importantes servicios y por su honradez, razón por la que los paisanos los quieren". Dos figuras aparecen en este nivel como las de mayor capacidad de acción, la del jefe político y la del comandante de milicias. Ésta parece ser la instancia más coactiva en la construcción del elector, ya ~ue los mecanismos de presión que se ejercen sobre el mismo pueden ir desde la convocatoria y el convencimiento, como lo planteaba la invitación de Silverio Córdoba, pasando por la de compra de voluntades explícita o implícitamente hasta llegar a la violencia pura. La prensa y la correspondencia privada "transparentan" esta ope~atoria. Así, la voz del Rosario se levanta contra la "gran apuesta" del Jefe político Marcelino Freyre quien cthace días recorre las calles de esta ciudad buscando con quién apostar la cantidad de 500 pesos plata contra cinco, a que él gana las elecciones que se practicarán de un diputado, haciendo triunfar la candidatura oficial sobre la del Pueblo".50 Apuesta que el funcionario acompaña con acciones concretas: 50 M BonaUIÚ) y E. Sonzogni La reunión de ayer, promovida por la influencia oficial y capitaneada directamente por la policía, ha sido de hombres traídos de las tropas de carretas, es decir, peones de éstas sin que ninguno de ellos tengan domicilio, ni residencia permanente en esta ciudad. Esos desgraciados troperos desnudos y andrajosos eran conducidos por soldados y entregados allí para que aprobaran lo que dijeran tres o cuatro individuos encargados de la representación teatral.51 El Trueno, por su parte y desde la facción contraria, denuncia la recurrencia explícita al soborno: "Sabemos que nuestros opositores andan ofreciendo un peso por voto, es decir, que se proponen comprar la conciencia de los hombres en favor de una causa despreciada por todos. " 52 El editorial que Jonás Larguía elabora en El Fénix en 1871, donde realiza una semblanza tipológica del "caudillismo", destaca la tarea del "caudillo electoral": Recibe de su jefe las instrucciones necesarias con recomendaciones escritas para las autoridades de campaña que se creen menos decididas por la candidatura que se trata de sostener; al mismo t;iempo recibe, sin ruborizarse por cicatero, los fondos necesarios para desempeñar su comisión honorablemenJe y comprar los votos vendibles en los departamentos: son vales a la vista las promesas de ascenso y empleos civiles que el caudillo está facultado para hacer a los oficiales de la Guardia Nacional y otros personajes de campafia que se venden por moneda feble de papel. Munido de todos estos elementos sale nuestro hombre a la campaña donde es esperado con el mismo deseo que el comisar,o pagador donde ha precedido el anuncio de su llegada. La carne con cuero, las pipas desfondadas y llenas con el tinto licor del padre Baco, y el tentador sonido del boliviano que circula con profusión en las carpetas de juego y canchas de taba son las razones más poderosas que abogan en favor del candidato que se sostiene; sus méritos están a la vista, patentes, materializados y convertidos en las preciosas sustancias arriba expresadas.53 Cuando la cooptación a través de estos mecanismos encuentra resistencias en el elector, se acude a la coerción directa. La campaña electoral en la que participa por primera vez el 51 El Rosario, 13 de agosto de 1864. 52 El Trueno, 25 de diciembre de 1865. 53 El Rosario, 13 de agosto de 1864. El Fénix, 30 de agosto de 1871. 98 99 �Redes parentales y facciones Partido Constitucional en 1884 se ve obstaculizada por la acción de los jefes políticos y por los comandantes, tal como se lo informa Ovidio Lagos al presidente Roca. Considero de mi deber participarle que es de todo punto imposible establecer centros políticos en los pueblos de campaña por la tenaz persecución que las autoridades despliegan contra todo aquél que no forma en las filas de los clubs gobiernistas [...] Los hombres del poder, especialmente Iriondo, comandante Orofio y demás capitanejos han desplegado un lujo de persecución y amenaza a los que no se enrolen en sus centros que los paisanos y los hacendados, a pesar de estar animados de la mejor voluntad en el interés de cooperar al avenimiento de un gobierno regular en esta provincia, y sostener la política del gobierno nacional, se abstienen a fin de evitar que les lleven los peones, o los persigan con el pretexto de enemigos del gobierno.54 La responsabilidad asignada a los comandantes y a los jefes políticos se explica en virtud de la magnitud del ámbito sobre el que ejercen su influencia, en el cual no desdeñan los servicios de funcionarios de menor rango, como los jueces de paz, que les quedan subordinados. Ubicados en un nivel clave de las jerarquías política o militar, estos individuos son candidatos "natos" para las listas de electores o incluso, en una especie de cursus honoru.m, utilizan la función como plataforma de lanzamiento para cargos políticos con más expectativas. Un núcleo importante de los jefes políticos fueron gobernadores, ministros, senadores, diputados, etcétera. La tercera vía de cooptación consiste en avanzar y manipular las modalidades adoptadas por la sociedad civil en construcción para presentar y viabilizar sus demandas. La configuración de una cultura de la presión que, más allá y más acá del sistema electoral crea la demanda social, aparece como un espacio de convergencia y excluidos del sistema político. Esta forma, que adquiere connotaciones muy definidas en los espacios locales a través de los petitorios, las movilizaciones, las "cencerradas", los mítines55 se convierte en un lugar nuevo donde vuelven a operar las facciones. Son llamativamente los colonos de San Carlos los que en 1877 elaboran un petitorio manifestando su adhesión a la candidatura del coronel José Rodríguez: "Ajenos como extranjeros y colonos a todo asunto que se cierna en sentido político, manifestamos de la manera más imparcial que sería M. Bonaudo y E. Sonz.ogni la solución más acertada que pudiera hacerse en razón a los méritos y servicios que dicho señor ha prestado a su país."56 La significación del manifiesto no sólo reside en la apelación a una fórmula cotidiana para los colonos, como es el petitorio, sino que fundamentalmente se halla en la articulación de las dos esferas dentro de las cuales se hace la política: la del sistema electoral y la que se halla fuera de él. Justamente estos "extranjeros y colonos" que no se sienten incluidos en la primera van a abandonar la exclusión utilizando las herramientas que le son propias a su modo de hacer la política, ingresando desde la segunda.57 En realidad, esa postura política colectiva preanuncia, de alguna manera, la dinámica que va a caracterizar a la década de los ochenta, cuando el debate social gire en tomo a cuestiones como la centralización, el espacio municipal, la secularización, que reformulan el papel del ciudadano y, por ende, las formas de hacer política. La descripción realizada hasta aquí reseñando la operatoria de los mecanismos de cooptación vuelve a reaparecer en la instancia comicial. En realidad, todas las previsiones que se han ido adoptando en el curso de la campaña tienen como objetivo convertir al acto eleccionario en una profecía autocumplida. La inscripción en el registro cívico, la insaculación de los jueces, el acuartelamiento de los votantes desde la víspera, el acto dela emisión del voto y el escrutinio constituyen escenas eslabonadas de la subordinación del ciudadano a los intereses de la dirigencia facciosa. El comicio resulta así una condensación de protagonistas y tensiones: los candidatos facciosos, el electorado, las autoridades comiciales evalúan en ese momento la diferencial capacidad de cada una de las facciones para la adquisición de electores. AJ mismo tiempo muestra, entre los setenta y los ochenta, la consolidación de las redes parentales que alimentan la facción autonomista, y que más allá de sus propias fracturas, impide sistemáticamente la recuperación del control del aparato estatal por parte de los liberales. Sin embargo, la década de los ochenta en la que desaparecen dos de sus figuras prominentes, Simón de Iriondoy Servando Bayo, va a abrir el camino a un replanteo de las relaciones entre sociedad y Estado, entre gobernantes y gobernados. 56 Archivo 54 Archivo General de la Nación, Archivo Roca, leg. 40, 2/9/1884. 55 M. Bonaudo, S. Cragnolino y E. Sonzogni, "Discusión en tomo...", op. cit. 100 Histórico Provincial, Fondo lturraspe, folio 188. 57 Esta perspectiva de exclusión se da en clave provincial o nacional, ya que a nivel local los extranjeros tienen el derecho de voto comunal basta 1890. 101 �Redesparentalesy facciones M. Bonaudoy E. Sonzogni Hacia la reconsideración del papel del ciudadano. Rosario y el Partido Constitucional En realidad, la ciudad portuaria que fuera punto estratégico en tiempos de la confederación, convirtiéndose más tarde en la principal salida de la cada vez más importante producción agrícola, cuenta al momento de aquellas reflexiones periodísticas con suficientes méritos para requerir para sí la decisión de determinar quiénes deben ser sus representantes. En tanto espacio municipal, ha logrado un crecimiento sin precedentes, tanto en lo referido a su población como a la diversidad de sus actividades económicas y a la complejidad de las funciones urbanas que le toca atender. En ella, se ha ido consolidando una extendida capa social vinculada a los intereses mercantiles y bancarios que tiene, como rasgos que la distinguen de la elite santafesina, la ausencia de una temprana residencia y la multiplicidad étnica de sus pobladores, elemento este último que también caracteriza a sus sectores subalternos. La indiferencia o marginación a que la somete la dirigencia de Santa Fe lleva a Rosario, desde el propio inicio de su desarrollo, a buscar en la articulación de alianzas por fuera de la provincia su propia reivindicación y reconocimiento como espacio de poder politico. En tiempos de su institucionalización como ciudad, la entonces elite rosarina acude a la influencia del presidente de la confederación -Justo José de Urquiza- para obtener aquel rango. Los proyectos sucesivos que se presentan en las cámaras proponiendo a Rosario como capital de la república (y vetados también sucesivamente por el ejecutivo nacional) han obligado a esa dirigencia a fortalecer contactos fuera de las fronteras provinciales. A esto se suma, ya en las décadas de los setenta y de los ochenta, la cristalización del situacionismo iriondista cuyo modus operandi desalienta o directamente ocluye la participación de la ascendente burguesía rosarina. Obviamente, este bloqueo va generando un clima de oposición que, desde alguna perspectiva, se acopla al planteado por los liberales. Precisamente, el "partido" opositor tiene en Rosario los elementos que hacen gala del más fuerte antagonismo al "gobierno de familia". Y, transitados los primeros años de la década, el espectro opositor se nutre en otro frente: el de las colonias agrícolas, que ven cercenada su autonomía municipal ante el avance del gobierno provincial. Este abanico de oposición va a adquirir una particulaf fisonomía política, cuando, desde todos estos lugares, se converja en una propuesta común: el Partido Constitucional. El clima faccioso en el que se desenvuelve la politica electoral en el país ha ido gestando demandas de revalorización del sufragio desde los grupos disidentes coyunturalmente desplazados del poder. Así, La complej ización de la realidad social en el transcurso de los ochenta va a plantear la necesidad de redefinir, en la provincia de Santa Fe, no sólo el problema de la representación, sino también el de la legitimidad de los representantes. Su discusión se desarrolla en distint_as instancias y en diferentes realidades, cobrando especial significación ~n el mundo de las colonias y en el centro urbano que se ha convertido en el polo del desarrollo provincial: la ciudad de Rosario. Examina~ en el n:iarco de la puja facciosa el papel del espacio ~rb~no rosa~o, particularmente en la segunda mitad del siglo XIX, significa en pnmer término recuperar para el análisis los mecanismos a tra~~ d~ los cuales la elite capitalina en su búsqueda del poder condicmno y bloqueó el acceso a él de estos nuevos actores que e~?IDe~tan. un decidido proceso de ascenso social. En segundo te~o, 1mplica una aproximación a aquel espacio, no ya volcada ~acta su propia interioridad, sino a su capacidad de articularse o mterponerse con otros más abarcadores: provincia o nación. Rosario, a diferencia de la ciudad capital, tiene un reconocimiento tardío de su calidad de ciudad, aun cuando la sanción jurídico-administrativa anteceda a la del espacio municipal de Santa Fe. La construcción del n:i~nkipio e~ tanto ámbito específico resulta así paralela a su integrac1on en los ruveles de representación provincial y nacional en el interior de la pugna entre autonomistas y liberales por la hegemonía política. La necesidad de la dirigencia santafesina de mantener bajo su cont_rol los distintos niveles de representación, preservándose en tal sentido de la potencial competencia procedente de esos nuevos actores, conduce a una estructura de representación que impone -a escala departamental - unstaffde miembros pertenecientes o vinculados a las tradicionales redes parentales capitalinas. Esta continua post~rgación de los rosarinos en las legislaturas, que se pone de manifiesto en los candidatos correspondientes a sucesivas elecciones a diputados va nutriendo la demanda. En 1883, La Capital bajo el título de "Signos de decadencia", denuncia ante la elección'de convencionales: "Es por demás curioso verfigurar en la representación del ~osario a los señores Iriondo, Reyna, Basabilbaso, Gálvez, etc., que tienen su domicilio en Santa Fe y que algunos de los cuales sólo de nombre conocen el vecindario de esta ciudad." 58 58 l.A Capital, 20 de enero de 1883. 102 103 �Redes parentales y facciones M Bonaudo y E. Sonzogni por ejei:nplo, al final de la década de los sesenta, un grupo de intelectuales ligados a la facc~ón alsinista forman en Buenos Aires el Oub Igualdad, en cuyo manifiesto se proclama la necesidad de sociales: por una parte, grupos de jóvenes profesionales e intelectuales caracterizados como la "juventud ilustrada" que han abrazado la alternativa del exilio en respuesta al clima oprobioso que vive la provincia. No es ajena, entre las motivaciones que están detrás de aquella decisión, su postura liberal frente a la cuestión religiosa que, en 1884, se alza como tema principal - aunque ríspido- de la controversia social. y con respecto al cual el gobierno santafesino parece más proclive a defender -en la medida de sus fuerzas- las posiciones clericales. Asimismo, su experiencia fuera de las fronteras provinciales y más concretamente en Buenos Aires, vincula a estos grupos con aquellos integrantes del alsinismo responsables de la iniciativa de conformar un partido programático y de principios, cuya influencia se advertirá fácilmente en la propuesta que hagan al pueblo santafesino.61 Un segundo foco del euestionamiento procede de los grupos de inmigrantes instalados en las colonias agrícolas santafesinas que advierten con creciente preocupación el progresivo cercenamiento de sus libertades municipales, lo que los insta a radicalizar sus expresiones y a buscar posibles aliados para la resolución de sus demandas. Finalmente, la ya señalada postergación que sufre la pujante burguesía rosarina corre paralela a la marginación de sectores tradicionales que militan en la facción liberal, y su predecible acercamiento genera el tercer sujeto colectivo dispuesto a dar batalla al situacionismo. No es entonces casual que la génesis del Partido Constitucional se diera en Buenos Aires, donde estos "jóvenes ilustrados" crean el Centro Santafesino, cuyo reglamento explicita su voluntad de "cooperar al progreso político y social de la provincia de Santa Fe" comprometiéndose a "la organización popular de los ciudadanos de Santa Fe a fin de que, por medios pacíficos y legales, ejerzan los derechos políticos que acuerdan a los habitantes de la provincia las constituciones nacional y provincial". Ambos artículos que inician el reglamento hablan a las claras del propósito militante de una intervención directa sobre la provincia, aun pensado lejos de su territorio, estimulando la movilización ciudadana en dirección a lo que podría incluso suponerse un acto de subversión: recuperar para sí el derecho constitucional del sufragio. ll~var a cabo el ejercicio del de~e~ho electoral monopolizado hoy por vmculos estrechos~ cuyo cumphffilento, al mismo tiempo de ser el más sag~ad? para un crndadano, es el que más trascendencia tiene en las repubh~ democráticas [... ] Progresaremos cuando los que nos dirijan sean_ e!egidos por el pueblo y no por círculos pequeños que realizan sus amb1c10nes bastardas por la intriga y el maquiavelismo.59 En los primeros años de los setenta, este mismo grupo, formando parte de u_n nuevo club -Club 25 de mayo-, plantea un programa que, ap~yan~ose e~ ~a reforma constitucional, toca aspectos clave de la or~~ruz~c1ón polí_uca provincial: el imperio del sufragio popular, Ja elecc1on d1:e_ct_a de Jueces de paz de ciudad y campaña, Ja autonomía de los murnc1p1os, la descentralización administrativa la reforma del poder judicial, etc.60 Dicha propuesta culminará en 1~ fundación del Partido Republicano en 1877 y, aun cuando esta expresión política fracasa, es un jalón en el intento de recuperar la figura del ciudadano como fuente de legitimidad y de construir un sistema político sobre la base de propuestas programáticas orgánicas. . Si en la provincia de Buenos Aires los ensayos de una rectificación de las formas de hacer política electoral se dan en las décadas apuntadas, Santa Fe debe esperar a los últimos años de la década del s~t~nta Y principios de la siguiente para poder concretar un intento SimJJ~r, c?ntextuado en una situación política que, a nivel nacional, ha _cristalizado su unidad bajo la atenta supervisión de Roca. y tanto a ~ste como a la oposición provincial preocupan, desde distintas anstas, la progre~iv~ disolución política e institucional que está atrave~ando la provmcia. El caudillo máximo del Club del Pueblo ha d~Jado la conducción del ejecutivo en manos de su cuñado el canómg~ Zavala, quien atien~e -en razón de su salud progresivamente al VJcegobemador Cándido Pujato. Esta bicefalia institucional tiene t~mbién_ su costado político, que tiende a originar y ahondar las diferencias dentro de las propias filas del autonomismo. No obstante la "familia" ~i~e manteniendo el control del aparato estatal. ' La opos1c1on parece converger a partir de tres tipos de actores 5 ~ Extraído de José C Chiaramonte, 61 Nacionalismo y liberalismo económico en Arge'%na, Solar Hacheue, Buenos Aires, 1973, p.171. /bid., pp.172y 173. 104 No sólo la propuesta convalida la filiación, sino también la adhesión concreta que uno de los miembros del antiguo Partido Republicano, A C. Cambaceres, da a la convención del Partido Constitucional; Convención del Partido ConstÍlucionaf, Buenos Aires, 1885, Biblioteca Ernesto Tornquist, Política 277-17839, p. 36. 105 �Redes parentalesy facciones M Bonaudoy E. Sonzogni Al asumir un planteo político principista, el Centro Político Santafesino se propone: Santa Fe y Rosario son realmente "rivales" en la búsq~eda de ~a hegemonía y el resto de las localidades les quedan subordmadas, sm ediación de la estructura departamental. El otro elemento que m ., • aporta Ja primera sesión preparatoria de 1~ convenc1O~ tiene que ver con los centros que envían convenciorustas. En pnmer lugar, se destaca la presencia de extraprovinciales, el de Pa~~ná y e~ de Bue~os Aires, y en segundo lugar, la desigual representac1on del area capitalina hacia el norte, ya que las delegaciones present~s son ~as de Rosario Villa Constitución, Roldán, San Lorenzo, Jesus Mana, Esperanza'y Santa Fe. Las filas de las delegaciones están fundamentalmente nutridas por hombres procedentes de las redes parentales_que militan en la facción liberal o de la burguesía rosarina.-~ ne~s1~ad de evitar pujas instituye la instalación rotativa de la co~s1_on dir~ctiva del partido. Sus bases de organización rep~oducen, casi sm _mod~caciones, los principios del Centro Santafesmo, en lo programat1co, y en lo organizativo, crean una serie de instancias que, estrechamen~e articuladas, presuponen la construcción de un consenso desde abaJO hacia arriba. Desde esta perspectiva, los vecinos de cada departamento constituyen el club local y su respectiva comisión directiva; a su v~z, cada departamento provee de un d~l~gado a la comisión ejecutiva provincial. En el ámbito de las conus10nes d~p_arta~ent~les se encuentra la base de la primera instancia de part1c1pac1on directa ~n la que los "correligionarios" son inscritos como mie~bros del partido Y en donde toman sus decisiones en tomo a los candidatos para puestos municipales y departamentales. . . El voto directo se sustituye por el mdirecto, a cargo de las comisiones departamentales en el caso de las can~idaturas pa~a elecciones generales.64 Evidentemente reaparece aqu1 la recurrenc1a a interponer mediaciones entre los ciudada~os y s~s represent_antes, lo que abre nuevamente el espacio a la mampulac1ón y a las alianzas entre dirigentes. De todas maneras, el aggiornamento que representa_esta fuerza politica reside, tal como se expresa en el discurso ~el presidente d:,la convención el doctor E. Zeballos, en la intención de alcanzar la solidaridad de Ja familia política, la comunidad de los intereses, la palpitación uniforme de las aspiraciones y los designios recíprocos" en definitiva en el intento - como lo planteaba Ovidio Lagos un año antes- de' sentar sobre otras bases el pacto sOCI.al•65 l. El mantenimiento de la organización nacional, de la autonomía provincial conforme a la Carta orgánica, mientras no sea reformada, y la efectividad de los derechos de libre sufragio, de reunión, de petición y de publicación por la prensa. 2. La realización de los grandes fines económicos y políticos de nuestra Constitución nacional, especialmente en cuanto aJ mantenimiento de la paz interior, el aumento y mejora de puertos, muelles y vías de comunicación, la protección a la inmigración, la libertad asegurada por una recta administración de justicia; la economía en los gastos públicos por una honrada administración, la disminución y proporcionalidad en los impuestos; la amortización de los empréstitos, la uniformidad monetaria y un régimen bancario que repose en la convertibilidad de los billetes y asegure los beneficios del crédito a todas las industrias[...] 4. La efectividad de'las garantías municipales por la autonómica intervención de los vecindarios.62 Lo significativo del programa, especialmente en lo referido a la declaración de principios, está dado por la incorporación de demandas económicas y políticas que los actores sociales que se comprometerán con el proyecto han ido expresando en distintos momentos, particularmente la burguesía rosarina y los colonos del centro oeste. Resulta claro que desde la perspectiva de estos grupos es imprescindible para concretar el mayor potencial del modelo de desarrollo -que no entra en discusión - y de su propio papel dentro de él, el "ejercicio, tranquilo pero firme y persistente de los derechos politicos."63 La organización, que no queda exenta de dificultades, se plasma definitivamente en la convención del 16 al 18 de noviembre de 1884, celebrada en la ciudad de Rosario. La estructura que el Partido Constitucional pretende darse no se aleja de la tradición de los clubes políticos, pero toma un dato de ella para garantizar la unidad de acción. Divide a la provincia "en dos secciones, la de Santa Fe y la de Rosario, que obrarán en cuanto fuera posible independientemente con jurisdicción en los clubes a ella cercanos". La propuesta intenta superar, indudablemente, la tensión entre ambas ciudades. Es en realidad una resolución política que pone de manifiesto el conflicto: 62 EJ Mensajero, 4 de julio de 1883. 64 63 /bid. Convención, op. cit. , 65 "Las reformas de la Constitución entran en el orden del pacto comun, como le 106 107 �Redes parentales y facciones En _los hechos, el proyecto debe enfrentar por un lado los gérmenes desmtegradores que operan en su interior y, por otro, la fuerte resistencia que le ofrecen los grupos del oficialismo enquistados en el aparato estatal. Más allá del discurso, algunos de los operadores de vanguardia d~l Partido Constitucional, como es el propio ZebaIJos, un verdadero mstrumento en las manos de Roca,66 terminan reinstalando la clave facciosa para construir su propia red clientelar: las presiones sobre el comandante Rodríguez, las negociaciones con la fracción "bayista" rosarina, los encuentros y desencuentros con los sectores del Club del Pueblo que responden a Benjamín Virasoro Cándido Pujato y Deolindo Muñoz se convierten en un boomerang e~ el momento en que Roca negocia el retiro de la candidatura de Zeba!~os a 1~ gub~matura y privilegia la alianza ya pactada para la elecc1on_ nacional. 7 Los acuerdos de cúpula, sumados a la negativa correl~_c1ón de fuerzas en el espacio público provincial, explican la reflexion desalentada de Camilo Aldao a Roca, con motivo de la no presentación del Club Constitucional en las elecciones municipales de Rosario, en diciembre de 1884: Si. h~b~éramos cometido el disparate de presentamos a la plaza al pnncipiarnuestra organización hubiéramos sido sacrificados inútilmente por 300 hombres a Remington y cerca de 2 000 traídos de todas partes [...] lCómo es posible combatir legalmente contra el poder oficial Uaman los con_stitucionalistas, para significar el resultado de la voluntad popular escrito en cláusulas bien meditadas y discutidas, de manera que nose adquiera supremacía en derecho con ventaja para los unos y con mengua para los otros. existencia del gobierno propio comprende los términos precisos de elección hbre Yd1recta Yrepresentación popular que nacen de los principios fundamentales que aseguran la libertad, la igualdad, la propiedad de los derechos naturales del hombre" La Cat,ital, 11 de enero de 1883. ' . "La La correspondencia privada del presidente muestra con meridiana claridad su alto grado de involucra miento en el proyecto y el papel arbitral que juega con relación a facciones e individuos. 67 Cfr. Archivo General de la Nación, Archivo Roca, carta de Camilo Aldao a Roca, 20 de enero de 1884, leg. 36; carta de Eusebio Gómez a Roca, del 2 de enero de 1884, leg. 36; carta de E. Zeballos a Roca del 7 de febrero de 1884, leg. 41; carta de Deolindo Muñoz a Roca del 14 de febrero de 1884, leg. 36; de Deolindo Muñoz a Roca del 24 de febrero de 1884, leg. 36; de Gregorio Fúnes a Roca del 26 de febrero de 1884, leg. 36; carta de Benjamín Virasoro a Roca, 17 de junio de 1884, leg. 38; de E. Zeballos a Roca, 22 de mayo de 1884, leg. 38; E. Zeballos a Roca, 23 de mayo de 1884, leg. 38; José Rodríguez a Roca, del 26 de mayo de 1884, leg. 38; de Nolasco Arias a Roca, del 31 de '.°~yo de 1884, leg. 38; de Camilo Aldao a Roca, del 8 de agosto de 1884, leg. 40; de Ovid10 Lagos a Roca, del 2 de septiembre de 1884, leg. 40, e tcétera. 108 M Bonaudo y E. Sonzogni teniendo a su frente al general Virasoro y al coronel Córdoba con sus uniformes? [...] ¿ Y a usted mismo, como presidente honorario de este centro?[...] Nuestros paisanos, general, necesitan hechos prácticos.68 El Constitucional prácticamente desaparece alrededor de 1886, pero la crisis social y la crisis política de los noventa reabrirán -para el proyecto y sus protagonistas- una nueva instancia en el marco de la Unión Cívica, cuya primera convención - llamativamente reunida en Rosario- congrega a varios de sus antiguos integrantes.69 Lo examinado hasta aquí permite seguir el proceso de construcción de un espacio público en el que, a través de ese .instrumento político que es la facción, las familias de notables integran el espacio privado y el espacio público; los ámbitos urbano y rural; y, por fin, las tres dimensiones en las que interactúan sociedad y Estado: la local, la provincial y la nacional. En tal construcción las maneras de "hacer la política", contextuadas en el sistema electoral, revelan la capacidad de la práctica facciosa para reproducir las jerarquías sociales en el sistema político. Pero al mismo tiempo, alertan sobre las reformulaciones que en la década de los ochenta esa misma sociedad está exigiendo. Esos reclamos provienen de actores sociales "incluidos subordinadamente" o de aquéllos que por su carácter de extranjeridad, resultaron excluidos de la dimensión provincial o nacional. Las voces de unos y otros convergen y recuperan como elemento esencial de su identidad al ciudadano, considerado como "miembro activo" de la sociedad. Ello lleva implícito un intento de desenmascaramiento de la política, erradicando la lógica facciosa y restaurando los derechos políticos a través de las garantías electorales. En este proceso, el sistema electoral va adquiriendo centralidad, a medida que los actores comprenden que él constituye la clave para incidir en las decisiones de poder y para imponer sobre nuevos criterios de legitimidad la relación entre gobernantes y gobernados. Esa toma de conciencia se realiza a través de una práctica que transita dentro y fuera del sistema: los ensayos programáticos, como el Partido Constitucional, la reiterada recurrencia a la cultura de la presión, la discusión de la naturalización, etc. Pero estas estrategias resultan, en defmitiva, insuficientes para vencer 68 Archivo General de la Nación, Archivo Roca, leg. 42, 14/l]Jl.884. 69 Es presidente de esa convención Juan E. Torrent, vicepresidente 2o. Mariano Candioti y dos, de los cuatro secretarios, Agustín Landó y Lisandro de la Torre. La Unión Cívica parece amalgamar, en ese momento, a mitristas, autonomistas y constitucionalistas que actuaran en las viejas lides santafesinas. 109 �Redes parentales y faccúmes la "máquina". Quizás por eso, el manifiesto que en 1893 la junta revolucionaria de la Unión Cívica Radical de Santa Fe lanza al pueblo, reconociendo una nueva violación a la posibilidad de "verdaderas elecciones libres y legales", plantee como recurso último al que se apela, la revolución: Los artesanos del Cusco, la crisis regi,onal y el régi,men republicano (1824-1869) La revolución no puede ser el remedio aplicable uniformemente a la curación de los males que resultan del ejercicio deficiente e irregular de las instituciones que un pueblo libre se haya dado; pero todo está subvertido y es en vano intentardentro de la ley la reconquista de lo perdido. Thomas Krüggeler El sistema político, sostenido paralelamente a este sistema administrativo, puede condensarse en una frase: la supresión de todos los derechos políticos que las leyes acuerdan a los ciudadanos.70 a historia del Cusco durante el siglo XIX, y particularmente la historia de la ciudad del Cusco, ha recibido hasta ahora poca atención de parte de los historiadores. Nos hemos dado por satisfechos con algunas generalidades, sin investigar más profundamente la historia económica, social y política de la antigua ciudad imperial.1 Dichas generalidades se refieren al aislamiento geográfico y político, a la crisis económica y comercial de la región del Cusco y al retroceso dramático de la población de la ciudad. La decadencia del Cusco durante el siglo XIX es indiscutible. Con la apertura del puerto de Buenos Aires en el contexto de las reformas borbónicas durante las últimas décadas del siglo xvm, el Cusco perdió su posición clave como centro del comercio con el alto Perú. Los bienes de consumo, sobre todo textiles, que llegaron en grandes cantidades de L 1 Museo Histórico Provincial, carpeta especial, 30 de julio de 1893-94, cuaderno impreso ilustrado, p. 3. El estudio más completo, aunque en ciertos pasajes muy descriptivo y con poco análisis de fuentes primarias, es el de José Tamayo Herrera, lfütoria social <kl Cusco republicano, Editorial Universo, Lima, 2ª ed., 1981. 110 111 70 �Los artesanos del Cusco Thomas Krüggeler Gran Bretaña desde fines del virreinato al mercado del Cusco significaron una fuerte competencia para el sector manufacturero y fueron un factor decisivo para el fracaso del sector textil de la región alrededor de 1840. Las destrucciones causadas por la guerra de Independencia y las guerras civiles durante las siguientes décadas contribuyeron también a la crisis de la región. El Cusco no experimentó una transformación económica profunda durante las primeras décadas después de la independencia. La ciudad estuvo aislada de los centros económicos del Perú y sufría una grave crisis general. En comparación con el desarrollo de Arequipa durante esta época, el Cusco parecía un pueblo soñoliento. Esta descripción, sin embargo, pese a ajustarse a la realidad, es peligrosa en tanto puede hacer suponer que el provincianismo del Cusco impedía cambios sociales y económicos. Por eso en este artículo queremos discutir no tanto la decadencia del Cusco y sus causas, sino cómo funcionaba la economía de la ciudad en estas circunstancias de crisis y cómo se desarrollaron algunas características de la vida social cusqueña del siglo XIX. Para acercanos a la vida económica y social del Cusco entre 1824 y 1869, nos concentraremos en el análisis del sector artesanal de la ciudad. Los artesanos, aunque en general son ampliamente ignorados por los historiadores, formaban un grupo social y económicamente importante dentro de la sociedad cusqueña, al igual que en otras sociedades urbanas. La diversificación de este sector, en términos de ocupaciones artesanales, y su fuerza, en términos de números absolutos, son impresionantes en el Cusco del siglo XIX. Los artesanos no eran solamente individuos pasivos, dirigidos por otros grupos sociales. En este sentido, la fundación de la Sociedad de Artesanos del Cusco en 1870 la tenemos que interpretar como una reacción de los artesanos frente al fracaso del sistema gremial y como un intento de buscar una representación más eficiente en la sociedad cusqueña. La Sociedad de Artesanos significó política e ideológicamente un cambio profundo para los artesanos, cambio que no podemos tratar adecuadamente en un pequeño estudio. Por esta razón nos limitaremos aquí a las cuatro primeras décadas del Cusco republicano. Pero lquiénes son los artesanos del Cusco? lPodemos llamar artesanos a los numerosos tejedores, costureras, hilanderas, cocineras, etc., o son artesanos solamente los sastres, zapateros, plateros, etc., ocupaciones para las que existía un sistema de aprendizaje y que tenían sus gremios? El término "artesano", en su sentido más amplio, incluye a todas las personas que producen algo con sus manos. Aquí, sin embargo, nos limitaremos a los artesanos típicos de economías urbanas, es decir, zapateros, herreros, carpinteros, etc. Estas ocupaciones tenían gremios con sus sistemas de educación profesional y solamente sus afiliados pagaban contribuciones de patentes. Pero en el Cusco en el siglo XIX el problema es más complicado. Muchos pequeños sastres, zapateros, etc., ejercían su ocupación fuera del sistema gremial. Ellos no trabajaban exclusivamente como artesanos, no tenían oficiales y no pagaban impuestos. Este grupo de artesanos urbanos tenía casi las mismas características que los artesanos rurales (hilanderas, tejedores, etc.). No obstante, vamos a considerar a este grupo, porque las fuentes, muchas veces, no nos permiten distinguir entre un maestro zapatero del centro de la ciudad y su pobre colega no organizado de la periferia urbana. Además, estos pequeños artesanos mostraban un alto grado de flexibilidad económica y permiten ver cómo reaccionaban frente a la crisis económica algunos grupos de artesanos. Los problemas que trataremos en este artículo son los siguientes. En primer lugar, tenemos que preguntar en qué forma las importaciones de bienes de consumo influían en el sector artesanal y cómo reaccionaba este sector frente a la competencia extranjera. En tanto rechaza la noción de que las importaciones destruían la economía de los artesanos urbanos del Cusco, nos interesa la vida interna de los talleres. lCómo eran las relaciones entre maestros, oficiales y aprendices y ele qué manera la crisis económica afectaba estas relaciones? Otro punto central de este estudio es la historia de los gremios durante la primera mitad del siglo XIX lPor qué seguía siendo el sistema gremial después de la independencia un sistema que era considerado parte integral de la sociedad colonial? lQué cambios sufrió el sistema gremial después de 1824? Finalmente, tenemos que preguntamos qué posición tenían los artesanos en la jerarquía de la sociedad cusqueña y de qué forma participaban en la política de la ciudad. lConcedía el Cusco republicano más prestigio social a los artesanos que el colonial? Una respuesta a estas preguntas requiere la unión de los factores que determinaban la posición social de los artesanos y que influían en las posibilidades de emancipación política. Veremos, además, que si bien nuestro objetivo es la economía y la vida social de un grupo crítico del Cusco en las décadas posteriores a la independencia, veremos que el estudio de los vínculos económicos reales de los artesanos puede permitir que nos formemos una idea un poco más general del Cusco entre 1824-1869. 112 113 �I Los artesanos del Cu.seo Thomas Krüggeler La estructura del sector artesanal todo algunas profesiones del sector textil (frazaderos, pelloneros, etc.), que eran dominadas por artesanos indígenas. Los gremios de indígenas eran instituciones administrativas que tenían sus orígenes en la época colonial. Los miembros de estos gremios no pertenecían a ningún ayllu y no se encontraban bajo el control de un cacique, sino que gozaban de un cierto grado de independencia dentro de la población indígena urbana. Parece que las funciones de los gremios indígenas, a diferencia de las que cumplían los gremios de mestizos, se limitaban casi exclusivamente a lo referido a las obligaciones fiscales, porque los únicos documentos que hemos encontrado sobre estas instituciones tratan de la contribución de indígenas. Durante la época colonial, en cambio, los gremios de artesanos indígenas eran instituciones mucho más activas, como lo prueban las fuentes y la información que nos ha presentado Gutiérrez.2 En términos numéricos los gremios de mestizos eran mucho más grandes que los de indígenas. Así la matrícula de patentes de 1839 para este sector contiene 289 maestros artesanos organizados, sin mencionar la respectiva cantidad de oficiales y aprendices. Pero sabemos que los maestros artesanos empleaban en esa época en promedio a dos oficiales (véase infra, pp. 133 y ss). Esto significa que había 867 mestizos artesanos en la ciudad en 1839. La matrícula de indígenas de 1836, fuente del cuadro 1, registra solamente a 139 socios de todos los gremios. Esta fuente no distingue entre los grados de profesionalización porque todos los artesanos indígenas, tanto maestros como oficiales, tenían que pagar la contribución de indígenas. Como para todos los maestros de talleres era obligatorio ser miembros de sus respectivos gremios por la Ley de patentes de 1829, Ycomo les estaba prohibido a los oficiales abrir sus propios establecimientos,3 tendríamos que suponer que en el Cusco del año 1839 había aproximadamente 1 000 artesanos de varios oficios y razas, como lo indican las diferentes matrículas presentadas. Sin embargo, los datos del manuscrito del censo de 1862, que presentamos a continuación, van a probar que esta aproximación es muy incompleta Yque la realidad de los años treinta era otra. El censo de 1862 nos presenta 2 286 artesanos en 47 diferentes profesiones en la ciudad del Cusco.4 Según estas cifras, el 18% de la En la ciudad del Cusco los artesanos formaban un grupo económico muy complejo y diversificado. Para presentar adecuadamente las estructuras del sector artesanal, tenemos que distinguir entre su estructura horizontal y verificar que su estructura horizontal significa, en este contexto, la importancia del sector en términos de números absolutos y su diversificación profesional. La diferenciación entre artesanos ricos y pobres, entre artesanos de varias razas, entre profesionales con mayor o menor prestigio social, etc., atañe a la estructura vertical del sector artesanal. Aquí empezamos con los aspectos horizontales, que van a mostramos la posición central que tenían los artesanos dentro de la economía urbana. La estructura vertical la analizaremos más adelante, cuando tratemos la posición social de los artesanos en la sociedad cusqueña. El cuadro 1 nos presenta la cantidad y variedad de gremios que existían en el Cusco en la segunda mitad de los años treinta del siglo pasado y nos indica que había 16 gremios de indios y veinte gremios de mestizos artesanos. Para 9 profesiones artesanales (columna 1) existían gremios de indios y mestizos paralelamente, mientras que otros oficios parecían estar controlados sólo por unos u otros, sobre CUADROl GREMIOS ARTESANALES EN EL CUsco ( 1836-1839) Gremios de indios y gremios de mestizos Gremios de mestizos Gremios de indios Alfareros Alfareros Carpinteros Curtidores Panaderos Plateros Sastres Sombrereros Zapateros Bordadores Botoneros Carniceros Franjeros Heladeros Herreros Hojalateros Peluqueros Pintores Relojeros Talabarteros Chocolateros F.scultores Falceros Frazaderos Pelloneros Tocuyeros Veleros ., FuENTI:.S: Archivo Departamental del Cusco, Administración del Tesoro Público (ADC.ATI'}; Libro estracto de matrículas de indígenas del Cercado, 1836; Matrícula de patentes de l Cuzco, 1839. 114 2 Véase Ramón Gutiérrez, "Notas sobre organización artesanal en el Cusco durante la colonia",//istórica, vol 111, núm. l, 1979, pp. 1-15. 3 Véase la Ley de Patentes de 10 de agosto de 1826 en Emilio Dancuart y José M. Rodríguez, Anales de la hacienda pública del Perú. Jflstoria y legislación fiscal de la l?púb/ica, 10 tomos, Lima, 1902-1908, tomo 1, p. 276. 115 �Thomas Klüggeler Los artesanos del Cu.seo • población económicamente activa estaba formado por artesanos. Esta impresionante cantidad es aún más sorprendente si tenemos en cuenta el descenso de la población urbana entre los años treinta y los años sesenta así como la crisis económica que se agudizó durante este tiempo.5 Por eso nos parece muy improbable que la cantidad de artesanos creciera entre los años treinta y 1862. Mucho más probable es que en los treinta, a pesar de las restricciones jurídicas, existieran también numerosos artesanos fuera del sistema gremial. El censo de 1862 es el primer documento que nos muestra el sector artesanal del Cusco en su verdadera amplitud y diversificación. lCómo podemos explicar esta significativa presencia del sector artesanal en una época de profunda crisis económica y la gran diferencia entre artesanos organizados y no organizados? Primero, parece muy probable que una cierta cantidad de oficiales trabajara clandestinamente en sus propios talleres sin tener una licencia de la municipalidad y sin asociación con sus respectivos gremios. Segundo, había muchos oficiales sin empleo permanente, los mismos que no aparecen en ninguna matrícula, pero que son mencionados en el censo. Tercero, había una gran cantidad de artesanos que probablemente ejercieron el oficio sin previo examen profesional y cuyos establecimientos eran tan pequeños y sus ingresos tan bajos que ni el Estado ni los gremios tenían interés en integrarlos a sus estructuras de organización. Cuarto, muchas personas que aparecen en el censo como artesanos eran exclusivamente vendedores pero no productores de artículos artesanales y nunca pertenecieron a un gremio. Este fenómeno era particularmente común entre panaderos y carniceros, por ejemplo. Así, muchas mujeres se llamaban panaderas porque vendían pan, pero el número de quienes producían este artículo de primera necesidad y pertenecían al gremio de los panaderos era mucho más limitado. El factor más importante para explicar la gran cantidad de artesanos en el censo de 1862 es, probablemente, que en este documento aparecen cientos de personas que trabajaban solamente de vez en cuando como artesanos y que tenían otras fuentes de ingreso aparte de sus actividades artesanales. Muchos pequeños zapateros, püf 4 ADC, Documentos de la Dirección, "República del Perú, censo general de la provincia del cercado del departamento del Cusco, año de 1862", libro 19. Hemos excluido aquí en todos los cálculos con base en este censo las parroquias rurales de San Gerónimo y San Sebastián. s Un resumen de desarrollo demográfico del Cusco presenta Tamayo Herrera, op. cit., pp. 34-36. 116 ejemplo, no tenían licencias profesionales, sino que trabajaban tempüralmente en sus casas y ganaban una cierta cantidad de dinero para contribuir a la subsistencia de la familia. Otras familias tenían sus tiendas o sus chicherías y, sin embargo, el cabeza de familia se declaró carpintero o curtidor, porque poseía ciertos conocimientos de un oficio y trabajaba temporalmente para un maestro o por su propia cuenta. La flexibilidad económica que se manifiesta en esta diversificación de actividades la vamos a analizar en el contexto de la economía de los artesanos. Los gremios: herencias coloniales e instrumentos del Estado republicano En las ciudades preindustriales de Europa, el sistema gremial era teóricamente favorable tanto para los artesanos como para la administración pública. Los artesanos organizados en gremios recibían el monopolio de la elaboración de sus productos y podían, en colaboración con las autoridades municipales, determinar los precios. Los gremios tenían sus sistemas internos de aprendizaje, fijaban las calificaciones necesarias para obtener el título de maestro y mantenían un sistema de apoyo mutuo. La administración pública protegía a los artesanos de la competencia de talleres no organizados. Para las municipalidades, este sistema tenía la ventaja de que gremios hasta cierto punto controlados por el municipio garantizaban el abastecimiento de la población con productos de primera necesidad; además, la administración pública podía controlar con más fa. ilidad la calidad y los precios de la producción artesanal. El caso de los panaderos nos muestra la importancia que tenía este aspecto para la administración pública. El control del peso, el precio y la calidad del pan era muy importante para mantener el orden público y para evitar protestas de las clases populares, sobre todo en épocas de crisis.6 Por otra parte, a cambio de recibir el monopolio dentro de su rama de protección, los gremios eran responsables, ante las municipalidades, de la educación de aprendices y del manteninúento de un alto nivel profesional dentro de sus oficios. Bajo este sistema de cooperación entre la administración pública 6 El control del Estado sobre el gremio de los panaderos de Lima a fines de la colonia es presentado por Alberto Flores Galindo,Aristocracia y plebe, Lima 1760-1830, Mosca Azul, Lima 1984,pp.165-168. 117 �Los artesanos del Cusco y los gremios, propio de la edad media pero vigente en algunos casos hasta el siglo XIX, los artesanos formaron un grupo económica y políticamente muy poderoso en muchas ciudades europeas; los maestros artesanos, por lo demás, tenían un alto prestigio social. En los siglos XVJy XVII, cuando los españoles trasplantaron el sistema gremial a América Latina, en ninguna ciudad Jo llevaron a un nivel tan pronunciado como en España misma. La razón más importante para explicar el fracaso del sistema gremial en las colonias españolas es que las ciudades americanas tenían una estructura económica muy diferente a las europeas. Eran, en primer lugar, ciudades de consumo y no de producción, porque las ciudades coloniales consumían productos importados y productos de su hinterland en cantidades mayores a las de su propia producción.7 Esto significa que las estructuras económicas de las ciudades coloniales no ofrecían el espacio económico y social necesario para establecer un poderoso sistema gremial. Además, la gran mayoría de los artesanos eran mestizos e indios, mientras que los españoles y criollos eran activos en los sectores del comercio y la agricultura y rechazaban el trabajo manual por considerarlo inferior. En consecuencia, los artesanos y sus organizaciones estaban socialmente separados de las clases altas urbanas, las cuales les negaron la participación política. Los gremios coloniales de la ciudad del Cusca no eran una excepción del esquema presentado arriba. En la ciudad imperial había pocos gremios y pocos maestros organizados durante el virreinato. Con excepción de los plateros, los artesanos tenían un bajo prestigio social y su poder político era casi inexistente. Sin embargo, Gutiérrez nos ha demostrado que, con las reformas borbónicas, en el Cusco se dio una fuerte tendencia hacia una institucionalización de los gremios. Las razones de esta tendencia las encuentra el autor en los esfuerzos políticos para reorganizar el virreinato y facilitar la cobranza de los impuestos.8 Después de la independencia, el Estado continuó e intensificó esta política borbónica. Las fuentes prueban que durante las primeras décadas de la república existían en el Cusco más gremios que en cualquier momento de la época colonial y con un mayor número de 9 socios. Los maestros artesanos tenían que organizarse en gremios Thomas Krüggeler por ley, porque el Estado cobraba las contribuciones de patentes (o de industrias) mediante estas instituciones. La falta de una adecuada administración fiscal forzó al Estado a utilizar los gremios como instrumentos fiscales. Ésta es la razón principal por la que en el Perú los gremios sobrevivieron mientras que en otros países, en México por ejemplo, fueron suprimidos inmediatamente después de la independencia por su vinculación con el odioso régimen colonial y sus contradicciones con el liberalismo del siglo XIX. 10 El uso de los gremios por el Estado republicano cambió profundamente las características y funciones de estas instituciones, porque los gobiernos, por un lado, forzaban a los artesanos a organizarse para facilitar la cobranza de impuestos, pero, por otro lado, los privó de casi todos los privilegios que caracterizaba al intercambio entre Estado y gremios durante el virreinato. Desde el punto de vista del Estado, los privilegios formaban parte de la economía colonial y contradecían a la libertad de industria anunciada por los gobiernos republicanos. Entonces, el espacio para los gremios como instituciones económicas era muy estrecho, marcado por sus obligaciones fiscales frente al Estado y la ideología que se escondía bajo el lema "libertad de industrias". Gremios que funcionaban como instituciones del Estado, pero sin privilegios para los artesanos asociados, ya no eran organizaciones que pudieran defender los intereses de los socios. Consecuentemente, durante las primeras décadas de la república los gremios fueron concebidos por los artesa~os como instituciones forzosas. Veamos algunos ejemplos que aclaran la relación entre gremios y Estado después de la independencia. Los contratos estatales para la producción de uniformes para el ejército constituían una importante fuente de trabajo para los sastres del Cusco pero, por la adjudicación de estos contratos, el Estado pasó por alto las funciones distributivas de los gremios y se orientó exclusivamente a las ofertas de maestros individuales. En una carta al prefecto del 5 de enero de 1830, cinco maestros sastres se quejaron de la injusticia en la distribución de dichos contratos. Se dice en el documento: 9 Véase Richard KonelZke, Las orde11a11ms de los gremios como documemos para la his1oria social hispanoamerica11a d11ra111e la época colonial, Madrid, 1949, pp. 481-524, (F,stuf ios de I Iistoria Social de España, núm. 1.) Véase Gutiérrez, op. cil., pp. 5-6. Véase cuadro 1 de este artículo en comparación con los dalos presentados por Gutiérrez, op. cit. 10 Un estudio muy interesante sobre los gremios de México, sobre todo durante la colonia, es Manuel Carrera S1ampa, Los gremios 1ne,xicanos. La organimción gremial en Nueva España, 1521-1861, M'éxico, 1954. 118 119 7 �Los artesanos del Cusco Señor prefecto: Que ha llegado a nuestra noticia, se va a aumentar los 1 000 vestuarios más de munición, por lo que se han presentado solicitando dichos vestuarios solamente los maestros Romua)do González, Vicente Acosta y ~e Urbano Bustamante, quienes siempre han singularizado por lograr pnvadamente, y hacen el mal uso del monopolio, abarcando entre ellos, cuanto hay por trabajar, segregando a los que somos más servidores y que juntamente carecemos del pan para socorrer nuestra pobre familia. Para evitar más conflictos entre los sastres, los autores de la carta pidie~on la distribución justa de los contratos estatales "por lo que ocurnmos a la recta que usted administra como tan amante a la justicia, para que como pauta nos distribuya a todos por iguales partes, como padre de la república, a sus hijos que no tienen más así lo que hacer presente por este recurso a su injustificada protección".11 . Este enfren~amiento entre el corporativismo de los sastres y la libr_e eompetencia postulada por el Estado prueba que los primeros teman pro?le_mas para acostumbrarse a este nuevo sistema y pidieron el reconoc1m1ento de su organización corporativista. Es curioso que los maestros sastres se acordaran de su gremio siempre que la libre competencia les parecía desfavorable. En 1836, V. Acosta, F. González_y N. Mon~erola, los maestros acusados en la carta presentada arnba, s~ queJaron del maestro Bruno BoJívar. Según ellos, Bolívar monopolizaba los contratos estatales y los tres maestros explicaron a fa prefectura que esto tiene "graves perjuicios a todos los nuestros y los demás operarios que componen el gremio"_ 12 Estas y otras peticiones de los sastres cayeron en saco roto. El Estado continuó durante las siguentes décadas con su sistema de libre c~mpetencia e ignoró en este aspecto la existencia de los gremios, mientras las organizaciones artesanales se mostraban impotentes para obtener reconocimiento. En 1846, el prefecto del Cusco, José Miguel Medina, presentó un nuevo reglamento de artesanos para el Cusco, mediante el cual se proponía, entre otras cosas, reorganrzar los mecanismos de elecciones de ~epresentantes de los gremios y reglamentar las obligaciones de los Jefes ~e- talleres. 13 No era la intención de Medina apoyar el espíritu corporat1v1sta de los artesanos. El objetivo del nuevo reglamento era 11 12 13 ADC, All'/Asuntos Contenciosos (Ac), leg. 77 (1829-1830). ADC, ATP/AC, leg. 82 (1836-1837). Biblioteca Nacional (BN), Reglamento de artesanos, Cuzco 1847, Colección de Volantes 1859. 120 Thomas Krüggeler utilizar las estructuras administrativas de los gremios para aumentar el control municipal sobre los talleres artesanales. Pero el gobierno de Lima no aceptó algunos puntos de la propuesta del prefecto. Los artículos 11 y 12 de la propuesta original de la prefectura, que ordenaban a los maestros artesanos informar a la intendencia de policía sobre el traslado de sus talleres de un local a otro y presentar, también a la policía, a nuevos aprendices, fueron rechazados por el gobierno utilizando el argumento de que estos artículos eran "contrarios a la libertad de industria". La idea del Estado de utilizar a los gremios como instituciones fiscales tuvo en la práctica poco éxito. Hemos calculado que, entre 1830 y 1851, los cusqueños ( artesanos, comerciantes y profesionales liberales) que tenían que pagar contribución de patentes, en realidad pagaban solamente, en conjunto, 22.5% de la suma reclamada por la Tesorería Fiscal.14 Las amenazas del Estado de cobrar el doble a los contribuyentes que no pagan sus impuestos o de quitarles su licencia profesional eran infructuosas. No hemos encontrado ni un solo caso en el cual la falta de disciplina tuviera graves consecuencias para los contribuyentes cusqueños. La tesorería fiscal del Cusco era demasiado débil para cumplir sus amenazas y las órdenes que llegaban de Lima. Los gremios, por su parte, entendían sus obligaciones fiscales como una carga forzada y tenían poco interés en imponer una disciplina fiscal a sus miembros, sobre todo porque el Estado no hacía casi nada para satisfacer las demandas gremiales. La conservación del sistema gremial en el siglo xrx era entonces un fracaso para ambos lados. Para los artesanos, los gremios significaban más control estatal y menos reconocimiento de sus funciones corporativistas. Para el Estado, los gremios se mostraban como organizaciones inapropiadas para cumplir funciones fiscales. La última matrícula de patentes para el Cusco, antes de los años setenta, es de 1851, porque con la reforma fiscal de Echenique en 1851-1852 quedó suprimida la obligación de cobrar contribuciones a los artesanos del Cusco. 15 Con el aumento de sus ingresos por la venta del guano, el Estado renunció a los impuestos relativamente insignificantes de los pobres artesanos de provincias. Para los gremios, esta reforma sígnificó la p érdida de su función central; la cobranza de 14 Véase Thomas Krüggeler, "Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des stadtischen Handwerks: Cusco, Peru (1820-1880)", tesis de maestría, Universidad de Bielefeld, RFA, 1987, cap. 111. 15 Véase "Ley exonerando del pago a los indus1riales que obtengan menos de 200 pesos de utilidad anual" del 5 de julio de 1851, en Dancuart, op. cit., t. 5, p. 95. 121 �Los artesanos del Cusco impuestos. Consecuentemente, los gremios desaparecieron de la vida pública del Cusco a partir de esta f~cha. Sin el reconocimiento como insti~ciones corporativas no tenían suficiente sustancia para seguir funcionando en un mundo económico que se entregó más y más al libre comercio y al liberalismo, conceptos hostiles al sistema gremial. Algunos gremios artesanales reaparecen en los años setenta y ochenta del siglo pasado, cuando la Sociedad de Artesanos hacía un esfuerzo para reorganizar a los artesanos del Cusco. Pero los gremios de fines del siglo XIX eran instituciones de ayuda mutua, sin aspiraciones corpora tivistas. 17wmas Krüggeler CUADRO 2. IMPORTACIONES POR ISLAY (1844) Textiles de algodón Textiles de lana Textiles de seda Textiles de lino Vinos y licores Artículos diversos 25.5%ª 32.8 10.3 1.0 2.3 28.1 ª Los números absolutos que ofrece la fuente los presentamos en porcentajes. FuENrE: Alberto Aores Galindo,Arequipa y el surandino, siglos XVIII-XX, Editorial Horiwnte, Lima, 1977, p. 65. La economía de los artesanos El sector textil, es decir los obrajes y chorrillos de la región de Cusco, sufrió bastante con la competencia de los textiles británicos que inundaron los mercados del sur del Perú a partir del siglo XIX. Pero tenemos que distinguir claramente entre los productores de textiles, que en su mayoría estaban localizados en el campo, y los artesanos urbanos. 16 En el caso de estos últimos, el impacto que les causaban las importaciones de productos manufactureros dependía sobre todo de dos factores: de la cantidad y variedad de productos extranjeros accesibles en los mercados de la región y de la capacidad de los mercados para absorber estos productos. Sabemos que durante los primeros años después de la independencia, el 95% de las importaciones peruanas eran textiles y que la composición de las importaciones se diversificó en los años treinta y cuarenta. 17 Según Flores Galindo, las importaciones que entraron al sur del país en 1844 mediante el puerto de Islay tuvieron la siguiente composición: 16 Un estudio que analiza los efectos de los textiles británicos en el mercado del Cusco durante las primeras décadas de la república es el de llcraclio Bonilla, Lía del Río YPilar Ortiz de Zevallos, "Comercio libre y crisis de la economía andina: el caso del Cuzco", lTtstórica, vol. H, núm. J, 1978, pp. 1-25. Aunque el artículo contiene aspectos interesantes, creemos que los autores dan demasiada importancia a las importaciones y no analizan suficientemente otros factores que causaron la crisis del Cusco al comienw de la república. J7 Bonilla, op. cit., p. 3. 122 Productos como perfumes, herramientas, joyas, etc. formaban parte, entonces, del 28.1 % de todas las importaciones al sur andino en este año. No hay duda que estos productos también aparecían en el mercado de la ciudad del Cusca. En periódicos locales de la década del cuarenta encontramos frecuentemente avisos en los cuales los comerciantes ofrecen "perfumes de París" o "tela fina de Alemania" y otros productos de Europa. 18 Muchos viajeros extranjeros también cuentan qué productos importados había en el Cusco durante la primera mitad del siglo XIX. 19 Pero estos viajeros hablan también de la pobreza de la población, de la clase alta disminuida y del aislamiento de la ciudad imperial. Este último aspecto nos parece importante, porque el aislamiento del Cusco y la falta de caminos hacían que los precios de las importaciones subieran considerablemente hasta que llegaban al mercado de la ciudad. La cantidad limitada de productos no textiles del extranjero en el mercado del Cusca, sus altos precios a consecuencia de las dificultades del transporte y la limitada capacidad del mercado de la ciudad para consumir estos productos nos indican que, a pesar de la presencia de importaciones en el Cusco, había un cierto espacio económico para los productores locales. Dicho de otro wodo, los productos extranjeros no causaron la quiebra total del sector artesanal del Cusco y numerosos herreros, zapateros, joye18 El Dcmocráta America110. Pcri6dico político, literario y merca11til, 4 de junio de 1847, año J, núm. 81, Universidad Nacional San Antonio Abad Cusco, Hemeroteca (UNSAAc,H). l9yéase, como un eJemplo, . el texto de Paul Marcoy (1846) en Raúl Porras Barrenechea,Anrología del C11zco, Librería Internacional del Perú, Lima, 1961, pp. 232-252. 123 �Los artesanos del Cusca ros, etc., continuaron produciendo y vendiendo sus productos en la ciudad y la región del Cusco durante el siglo XIX. Es muy difícil presentar datos exactos sobre los ingresos anuales de los artesanos y sobre su poder económico. Los ingresos inscritos en las matrículas de patentes, que forman la base para el cuadro 3, nos parecen en muchos casos poco confiables, porque los artesanos, cuando declaraban sus ingresos al maestro mayor del gremio y al apoderado fiscal, probablemente presentaban números falsos para evitar el pago de impuestos elevados. En el caso de los sastres, por ejemplo, los contratos por montos considerables que firmaban algunos maestros con el Ministerio de Guerra para confeccionar uniformes para el ejército, no guardaban ninguna relación con sus reducidos ingresos que aparecen en las respectivas matrículas (véanse infra, pp. 133 y ss). Esto hace que tengamos que interpretar las cifras del cuadro 3 con mucho cuidado, aunque, a pesar de la inexactitud de éstas, creemos que el cuadro nos muestra la estructura del ingreso de los artesanos en una forma aproximada. Es evidente que la mayoría de los maestros artesanos tenía un ingreso anual muy bajo (150 pesos o menos), mientras que los artesanos ricos (300 pesos o más) formaban una pequeña minoría. Los ricos eran algunos sastres, herreros y carpinteros que constituían casos excepcionales dentro de sus respectivos gremios, así come entre los artesanos en general. Veamo~ un ejemplo: en 1850 un solo herrero tenía un ingreso anual de 350 pesos, mientras que los otros 16 socios de su gremio declararon ingresos de 100 pesos. No había gremios especialmente prósperos, sino solamente algunos maestros de pocos oficios que formaban la elite de los artesanos cusqueños. La tendencia que presenta el cuadro 3, pese a la inexactitud de sus cifras, nos parece clara. El grupo pobre de los artesanos credó significativamente entre 1832 y 1851. Mientras que en 1832, 56.8% de los artesanos pertenecía al grupo A del cuadro; esta cifra creció a 87.4% en 1847. El retroceso de esta cifra a 77% en 1851 y las fluctuaciones entre los años las podemos explicar más por problemas en la renovación de las matrículas que por coyunturas económicas. El poco cuidado que se ponía en las renovaciones de las matrículas, tanto por los apoderados fiscales como por los artesanos, explica también la gran fluctuación dentro del grupo C (38 maestros en 1833 frente a 2 en 1847). Los maestros intentaban por supuesto escapar al pago de altos impuestos y entonces declaraban ingresos tan bajos como les fuera posible o quizá sobornaban a los apoderados fiscales cuando 124 Thomas Krüggeler sus ingresos declarados parecían sospechosamente bajos. El número de maestros del grupo C dependía entonces, hasta cierto punto, de la disciplina y responsabilidad del apoderado fiscal. Otras fuentes, corno cuentas y testamentos que hemos consultado, nos indican que en la década del cuarenta había por lo menos 25 artesanos de diferentes profesiones con un ingreso anual significativamente más alto que 300 pesos. Esto significa que, en realidad, aproximadamente 10% de los artesanos organizados en gremios perteneció al grupo C del cuadro 3. No había ocupaciones artesanales en el Cusco que ofrecieran prosperidad a todos sus maestros, pero podemos i~entificar ciertos gremios en los cuales todos los maestros eran especialmente pobres. Después de 1841 ningún maestro de los gremios de alfareros, altareros, barberos, botoneros, curtidores, franjeros, pintores y zapateros apareee en el grupo B o C del cuadro 3. La situación económica de los altareros, botoneros y pintores era tan grave que el subprefecto del Cercado del Cusco y el apoderado fiscal excluyeron en 1847 a estos gremios de la matrícula de patentes. En el caso de los pintores decidieron que no tenían ni cincuenta pesos de entrada al año y atendido a que _por la miseria en que están sumidos, han buscado otra clase de especulación; han quedado excluidos de la matrícula, por uniforme consentimiento de la junta, la que se disolvió firmando esta acta.20 No podemos vincular directamente la pobreza de gran parte de los artesanos del Cusco con los efectos del comercio libre en la economía de la ciudad. Los barberos y panaderos, por ejemplo, cuyos trabajos no se vieron afectados por ninguna competencia.del extranjero, pertenecieron siempre al grupo más pobre de los artesano_s, mientras los sastres y herreros, que se enfrentaban a la competencia extranjera (ropa y herramientas británicas, etc.), como es dable suponer, tenían siempre en sus gremios por lo menos a algunos maestros relativamente prósperos. Las causas de la miseria de lo_s artesanos_ ~n el siglo XIX tenemos que buscarlas más en la decade~c1a de la re~10n que en el contexto del comercio libre.21 Las importac10nes extran1eras 20 ADC, All', Libro de matrícula de patentes del Cuzco, 1847. . 21 F.sta interpretación es similar a la que encontramos en Alberto Rores Gahndo, Arequipa y el sur andino, siglos XVIJ•XX, Editorial Horizonte, lima, 19n, p. 53. Véa_se también la interpretación contemporánea de Juan Bustamante, Apuntes_y_observac10nes civiles, políticasy religiosas con las rw1icias adquiridas en este segundo via¡e a Europa, París, 1849, p. 31. 125 �CUADRO 3. INGRESO ANUAL DE MAESTROS ARTESANOS (1832-1851) Años Ingreso (en pesos) Grupo A 150 o menos Grupo B 151-299 Grupo e 300 o más 1832 total 117 76 A,los -Grupo A 150 o menos Grupo B 151-299 Grupo e 300 o más % 56.8 36.9 13 206 Ingresos (en pesos) 1833 6.3 100 1838 total 1839 1841 '. 1844 % total % total % total % total % 131 61.5 220 84.6 204 70.6 177 64.1 161 84.3 44 20.7 35 13.5 80 27.7 93 33.7 27 14.1 17.8 5 1.9 5 1.7 6 2.2 3 1.6 38 213 100 1846 1847 ~100 1848 28910() 276"1oo 191WO- 1849 1850 1851 total % total % total % total % total 185 83.7 180 87.4 210 82.7 201 78.5 226 31 14.0 24 11.6 36 14.2 44 17.2 48 5 2.3 2 1.0 8 3.1 11 4.3 12 221 ~ 206 256 10() 286 }O() 2541oo total % 211 77.0 16.8 48 17.5 4.2 15 5.5 % 79.0 100 274 lO() FUENTES: ADC, Libros de Matrículas de Patentes del Cusco, 1839, 1841, 1844, 1846-1851. Las otras matrículas se encuentran en los siguientes legajos de la Administración del Tesoro Público: 1832: Tributación, leg. 68, 1831-1849; 1833: ibid., 1838: Archivo General de la Nación AON, Matricula de Patentes de la Ciudad del Cusco actuada en el año de 1839, H-4-1897. �Los artesanos del Cusco eran solamente un factor entre los muchos que provocaron la crisis económica del Cusco después de la independencia. El aislamiento de la ciudad, la ruptura de las relaciones comerciales con Potosí, el fracaso del sector textil y los constantes conflictos militares en los cuales el Cusco se vio involucrado durante las primeras décadas de la época republicana son igualmente responsables de dicha crisis. En los años treinta y aún más en los cuarenta, la población de la ciudad del Cusco ~ su hinterland no disponían de recursos económicos para consunur productos artesanales en grandes cantidades. Esto afectaba a los ai:1esanos de _todas las profesiones, pero sobre todo a los que producian cosas lujosas y costosas. No es casual que justamente los alfareros, bordadores y pintores fueran excluidos de la matrícula de 1847. ~ ~lase alta, la Iglesia y las asociaciones cusqueñas ya no pedían los servicios de estos artesanos de la misma manera que antes de la crisis, si bien durante la época colonial estas artes cusqueñas eran especialmente famosas por la alta calidad y belleza de sus productos. Entonces, el comercio libre influyó en la economía de los artesanos urbanos más indirecta que directamente, es decir fue uno de los causantes de la crisis regional. En este análisis de la economía del sector artesanal del Cusco hemos considerado solamente a los maestros organizados en gremios, pero éstos agrupaban exclusivamente a los maestros más prósperos, a los que tenían un ingreso anual Jo suficientemente alto como para pagar la contribución de patentes. Sin embargo, hemos visto que la gran mayoría de estos artesanos era pobre y casi sin medios para subsistir. Esto significa que la situación económica de los artesanos de los gremios indígenas y de los numerosos artesanos no organizados era por lo menos tan precaria como la de los maestros pobres organizados en gremios, pero probablemente su situación fuera peor. Sin embargo, la cantidad de artesanos en la ciudad del Cusco no se reducía, como lo indican las matrículas y el censo de 1862. La exclusión de varios gremios de la matrícula de 1847 es la única prueba de que los artesanos, por lo menos temporalmente, se declararon en cierto modo en quiebra. La pregunta palpitante es entonces: lpor qué no se redujo considerablemente el número de artesanos entre los años treinta y sesenta del siglo XIX, cuando el mercado se iba estrechando para muchos de ellos y ya no les permitía comercializar su producción en una forma económicamente razonable? Las empresas artesanales pueden declararse en quiebra solamente si los jefes de los talleres llevan una contabilidad, considerando factores como precios de materias primas y costos de mano de obra 128 Thomas Krüggeler en relación con los precios que pueden obtener por sus productos en el mercado. Cuando el margen de beneficios se reduce demasiado o cuando no hay suficientes compradores para los productos artesanales, normalmente los maestros deberían retirarse de su oficio porque la continuación del trabajo en términos de rentabilidad ya no tiene sentido. Pero la mayoría de los artesanos del Cusco no obedecía aparentemente a estas leyes básicas de la economía moderna. Varios factores nos explican por qué esta racionalidad económica significaba poco para los artesanos del Cusco. En primer lugar, los costos de mano de obra se reducían bastante cuando los familiares del artesano trabajaban como ayudantes. En segundo lugar, tenemos pruebas de que muchos artesanos (o sus esposas) tenían, aparte de sus talleres, una pequeña tienda, una chichería o sus chacras.22 En estos casos los ingresos de los talleres artesanales constituían solamente una parte del ingreso para la subsistencia de la familia. Como la actividad artesanal no era la única fuente de ingreso, el artesano tenía la opción de retirarse de su profesión temporalmente, cuando no había trabajo o cuando otras actividades parecían más lucrativas. Estos factores indican que los artesanos del Cusco, aunque confrontados con la disminución de su mercado y la competencia de productos extranjeros, disponían de una flexibilidad económica bastante amplia. Esta flexibilidad no les permitió escapar de la pobreza, pero explica por qué muchos artesanos cusqueños seguían siéndolo bajo circunstancias económicas muy difíciles. Las leyes del mercado tenían entonces poca importancia para los artesanos del Cusco. Ellos seguían su propia racionalidad económica y, según ésta, tenía sentido ganar un poco de dinero como sa~tre, zapatero, curtidor, etc., porque estos ingresos facilitaban el pago de los impuestos o la compra de ciertos productos de consumo, en tanto la chacra aprovisionaba de alimentos básicos a su familia o la familia tenía otras fuentes de ingreso. Por estas razones, la opción de declararse en quiebra no entraba dentro del pensamiento económico de muchos pequeños artesanos. El número de artesanos que intentó diversificar sus fuentes de ingreso, sea como reacción consciente ante la crisis económica o sea porque las consecuencias de esta crisis no le dejaron otra alternativa, creció probablemente entre 1825 y 1869. Considerando el mercado limitado de la ciudad y tomando en cuenta el número de maestros organizados en gremios durante los años treinta y cuarenta, estima22 Las ocupaciones de las esposas de anesanos las encontramos en el manuscrito del censo de 1862, op. cit. 129 �Los artesanos del Cusco Thomas Krüggeler mos que alrededor de 1 400 de los 2 286 artesanos que menciona el censo de 1862 eran campesinos-artesanos o pequeños comerciantesartesanos. maestros responsables de la confección correcta de los uniformes. La información que nos falta en este primer ejemplo es de dónde exactamente compró el comerciante las telas necesarias. En 1862-1863, cuando el Ministerio de Guerra, nuevamente representado por la prefectura del Cusco, necesitó en otra ocasión 6 000 uniformes, las fuentes nos dicen más sobre el origen de la tela. En este caso la prefectura firmó un contrato con el comerciante arequipeño A Alvistur para la mitad de los uniformes pedidos, aunque otros solicitantes ofrecían precios más baratos.25 lPor qué se decidió la prefectura por un arequipeño que pidió un precio más alto que sus competidores cusqueños? La respuesta a esta pregunta nos la da una carta del 27 de enero de 1863 a la prefectura. En esta carta, el influyente cusqueño y dueño de la fábrica de textiles en Lucre, Francisco Garmendia, quien posiblemente colaboró con Alvistur, apoyó la solicitud del arequipeño y dio una fianza por el comerciante por el importe de 30 000 pesos.26 Así, las órdenes del Ministerio de Guerra constituían una importante fuente de ingresos para la fábrica de Lucre durante sus inicios. El maestro sastre que aparece más frecuentemente en el contexto de estos contratos entre 1830 y 1860 es el cusqueño Bruno Bolívar. Solamente en mayo y junio de 1836 la tesorería fiscal le pagó la cantidad de 24 000 pesos por contratos recién cumplidos.27 Bolívar no buscaba la colaboración de comerciantes para sus solicitudes. Parece que el sastre tenía los medios económicos suficientes para comprar las telas necesarias para confeccionarlas y gozaba de la confianza de la prefectura. Sabemos que en 1855, cuando el gobierno de Castilla canceló un contrato por 1 50(, uniformes que Bolívar ya había confeccionado para el gobierno de Echenique, el maestro sastre no atravesó situación grave pues, pese a que había realizado considerables inversiones en la tela y la mano de obra, depositó los uniformes en su almacén y los fue vendiendo poco a poco en los siguientes años.28 Bolívar era probablemente el maestro sastre más rico del Cusco, en parte por los contratos que recibía del Estado. Es curioso notar que a consecuencia de sus actividades como contratista se presenta en los documentos una cierta confusión sobre su ocupación. En los contratos encontramos como El caso especial de los sastres: los contratos del Estado Entre los artesanos urbanos, los sastres o, mejor dicho, los maestros sastres más ricos, se experimentó una coyuntura económica especial entre 1829 y los años sesenta. Se les presentó la oportunidad de aprovechar los contratos del Estado para confeccionar uniformes para el ejército y la gendarmería. Estos contratos eran a veces bastante cuantiosos, con encargos no excepcionales de, por ejemplo, 5 o 6 000 uniformes. La base legal de estos contratos era un decreto del 23 de septiembre de 1829 mediante el cual el gobierno en lima ordenó que para la confección de uniformes del ejército y de la policía se empleasen exclusivamente telas nacionales.23 El Estado Sud-Peruano (1836-1839) seguía la misma práctica y aumentó aún más las cantidades de estos contratos. La intención de dicho decreto era, por supuesto, proteger hasta cierto punto las manufacturas de textiles del país frente a la competencia extranjera. Sabemos que esta medida no evitó el fracaso de los obrajes del sur andino, pero para algunos sastres del Cusco fue muy favorable. Algunos elementos de estos contratos nos van a mostrar las características de esta colaboración entre Estado, comerciantes y sastres. FJ comerciante Felipe Cajigas solicitó a fines de 1829, junto con los maestros sastres R. González, V. Acosta y U. Bustamante, un contrato para la confección de 2 000 uniformes para el ejército y los solicitantes firmaron un contrato con la prefectura el 15 de enero de 1830.24 Cajigas era evidentemente responsable ante la prefectura por el cumplimiento del encargo y entregó las telas a los sastres, quienes eran responsables por la confección de los uniformes. La colaboración entre el comerciante y los sastres fue provechosa para ambas partes. Los sastres posiblemente no disponían del capital para comprar las telas necesarias y dependían del capital mercantil, mientras que el comerciante usó a los sastres para mostrar ante la prefectura a 1~ 23 Véase el decreto en Juan Oviedo (comp.), Cclección de leyes, decretos y 6rdoltS publicadas en el Perú desde el año de 1821 hasta 31 de diciembre de 1859, 15 vols., L 4, pp. 87-88. 24 ADC, ATP, "Expcd.1ente segu1.d o por los sastres para hacerse cargo de la construcción de dos mil vestuarios del Estado", leg. 77 (1829-30). 130 25 ADC, ATP/AC, "Sobre el remate 6 000 ternos vestuarios para el ejército", leg. 98 (1862-1863). 26 La carta de Garmendia la encontramos en ibid. 27 Véase varias cuentas y recibos en ADC, ATP/AC, leg. 82 (1836-1937). 28 ADC, ATP/AC, "Vestuarios de gendarmes", leg. 95 (1856-1857). 131 �Los artesanos del Cusco Thomas Krüggeler ocupación de Bolívar "maestro sastre", "contratista de vestuarios" y "comerciante". Lo que llama la atención es que Bolívar mismo se llamaba preferiblemente comerciante. De esta manera utilizó su poder económico para separarse socialmente de los otros sastres de su gremio. Los contratos entre los sastres y comerciantes, por un lado, y el Ministerio de Guerra, por el otro, nos confrontan con el problema de cómo los sastres manejaban las órdenes. Bolívar, Monterola, Bustamante y los otros grandes sastres empleaban en 1835 a cinco o seis oficiales y parece imposible que este pequeño número pudiera confeccionar miles de uniformes en pocos meses. Más probable es que los contratistas emplearan temporalmente a numerosas costureras fuera de sus talleres para cumplir con sus contratos. La prefectura utilizaba el término muy general "artesano" al referirse a los trabajadores de sus contratistas, mientras que Bolívar habla varias veces de sus "trabajadores de telas"29 y los precios que le cobran para confeccionar los uniformes. Pero los términos no importan tanto como el hecho de que los contratistas utilizaban temporalmente mano de obra aparte de los oficiales de sus talleres. En el Cusco, la.práctica de contratar a comerciantes y sastres para la confección de uniformes para el ejército tenía importantes consecuencias. Primero, en tanto el Estado no aceptaba la función reguladora del gremio de los sastres, los contratos favorecían a algunos maestros, que se aprovechaban de este sistema para separarse económicamente de los otros maestros de su gremio. Segundo, la mayoría de los sastres que solicitaban contratos del Estado dependían de la colaboración de los comerciantes, probablemente porque no disponían de los recursos para comprar directamente las materias primas necesarias. Los sastres utilizaban esta forma de colaboración para escapar de la esfera económica tradicional de los artesanos y para integrarse más a la esfera del comercio. Tercero, los contratos del Estado les daban la oportunidad a algunos comerciantes y sastres de establecer un sistema de empleo temporal de trabajadores para cumplir con órdenes de grandes cantidades (putting-outsystem). Pero no podemos identificar el desarrollo del sector textil urbano entre 1829 y 1869 con el desarrollo general del Cusco. Tenemos que damos cuenta de que el putting-out system lo podemos verificar solamente en el sector textil. No tenemos ninguna información que nos indique que algo similar ocurrió en algún otro sector. Además, es importante tener presente que el sector textil de la ciudad del Cusco no reaccionó frente a una verdadera coyuntura del mercado. Los contratos del Ministerio de Guerra significaron en cierta forma un impulso económico artifical, que desapareció durante la crisis de la segunda mitad del siglo XIX. Sin este impulso, el putting-out system no podía sobrevivir porque el mercado libre no ofrecía nada para sustituirlo. 19 Cana de Bolívar al prefecto del 11 de septiembre de 1856, en ibid. 132 Maestros, oficiales y aprendices: la vida interna de los talleres artesanales La escasez de fuentes hace muy difícil analizar las relaciones entre maestros artesanos y sus oficiales y aprendices, pero la importancia de este aspecto de la historia social de los artesanos para explicar la transformación que experimentó el sector durante el siglo XIX, no nos permite obviarlo. Algunas observaciones instructivas nos muestran las características de las relaciones internas de los talleres y prueban que estas relaciones fueron cambiando, aunque la economía cusqueña no experimentó una transformación profunda después de la independencia. El libro de matrículas de los artesanos del Cusco de 1835, base del cuadro 4, es el úniCQ documento que nos indica el número de empleados de talleres durante la primera mitad del siglo XIX. Esta matrícula no fue hecha con propósitos fiscales y proporciona información diferente (lugar del taller, número de oficiales, etc.) a la de las matrículas de la tesorería fiscal. Esta lista es resultado de un intento de la municipalidad por controlar el número y tamaño de las empresas artesanales de la ciudad. Pero el valor de este documento es limitado pues se trata de un fragmento. La matrícula no nos presenta todas las profesiones artesanales del Cusco (véase cuadro 1). Además, la cantidad de empresas mencionadas nos parece, por lo menos en algunos casos, subestimadas en comparación con otros datos. Evidentemente, el autor de la matrícula empezó su trabajo en los talleres más grandes del centro de la ciudad y abandonó su obra antes de llegar a empresas más pequeñas. Esto significa que el número de artesanos por taller presentado en el cuadro es correcto solamente para los más grandes. En el caso de los sastres, por ejemplo, la matrícula nos presenta los 16 talleres más grandes, en los cuales encontramos hasta seis oficiales y aprendices. En una matrícula más completa, que también mostraría a los numerosos maestros pobres 133 �Los artesanos del Cusco Thomas Krüggeler CUADRO 4. NÚMERO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS ARTESANALES (1835) ciertos encargos que realizaban en sus casas. Esta forma de trabajo era posible sobre todo para artesanos cuyos oficios requerían inversiones muy limitadas en herramientas, como es el caso de zapateros, sombrereros, sastres, etcétera. Para la época colonial, Gutiérrez ha resumido las pocas informaciones que tenemos sobre las relaciones entre maestros artesanos y sus aprendices y oficiales.31 El autor nos muestra el sistema de aprendizaje para algunos oficios y la forma como eran cerrados los contratos entre los maestros y sus empleados. Para la época republicana no sabemos prácticamente nada sobre el particular. lSeguían vigentes los antiguos sistemas de aprendizaje y no había cambios en las relaciones entre maestros y oficiales? En sociedades que experimentaban procesos de industrialización durante el siglo XIX (Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, etc.), la vida y el trabajo de los artesanos se transformaban profundamente. Miles de artesanos, sobre todo oficiales, pero también maestros empobrecidos, formaban la mano de obra del nuevo sistema industrial y en las fábricas se perdieron las relaciones patemalistas que determinaban la vida interna de un taller artesanal. La competencia de las fábricas intensificó los conflictos entre los maestros y oficiales que continuaban trabajando todavía con el sistema tradicional, porque los maestros se vieron forzados a pedir de sus oficiales un grado más alto de disciplina y eficiencia. Sabemos muy bien que esta transformación no ocurrió en el Cusco y que las relaciones entre maestros y oficiales no experimentaron cambios profundos. Pero una dinámica económica muy limitada, como en el caso del Cusco, no significaba que las relaciones entre los maestros artesanos y sus empleados no cambiaran después de la independencia. En el siglo XIX las relaciones entre maestros y oficiales se caracterizaban mayormente por la falta de contratos escritos y de obligaciones bien precisadas de ambos lados, así como por cambios frecuentes de oficiales de un taller a otro. Es probable que estas características ya fueran comunes durante la época colonial, pero lo nuevo es que los intentos de los gremios por aumentar el control de los maestros sobre sus oficiales fueron bloqueados por el Estado y que el fracaso del sistema gremial y la crisis económica, sobre todo en la segunda mitad del siglo, causaron la intensificada desestabilización del sistema laboral del sector artesanal. Cuando los sastres presentaron en 1833 un nuevo reglamento de Profesionales Barberos Carpinteros Franjeros Hojalateros Plateros Sastres Sombrereros Zapateros Empresas con oficiales y/o aprendices 6 11 2 1 15 16 Número de oficiales 8 21 Promedio de empleados 28 2 53 85 51 31 54 1.3 1.9 2.5 2.0 3.5 5.2 1.8 1.7 110 278 25 5 FuarrE: UNSAAC, Hemeroteca, Libro de Matrículas de los artesanos que existen en esta ciudad. Corre a cargo del señor intendente general de policía coronel Salvador Bayarri. Año de 1835. con pocos o ningún empleado, el promedio de empleados por sastrería bajaría probablemente hasta 2 o 2.5. Según mis cálculos, el promedio de empleados por taller no excedió en general de dos oficiales y/o aprendices. 30 Pero cualquier aproximación al tamaño de los talleres artesanales es necesariamente muy insegura, debido a que no sabemos cuántos familiares (esposas, hijos, primos, etc.) trabajaban como ayudantes del maestro. En muchos casos, esta forma de mano de obra era más importante que la cantidad de oficiales empleados. La creciente crisis del Cusco durante las decádas posteriores a 1835 posiblemente provocó una reducción del número de oficiales y aprendices, mientras la cantidad de pequeños talleres se elevó. Este fenómeno parece paradójico solamente a primera vista. La apertura de nuevos talleres no era una reacción ante una coyuntura económica favorable, sino un intento desesperado de muchos oficiales para escapar del desempleo cuando eran despedidos por sus maestros. Esto se da sobre todo después de 1851 puesto que, al desaparecer prácticamente el control de los gremios, los oficiales desempleados tenían la oportunidad de trabajar por cuenta propia. Los oficiales independientes no establecieron necesariamente talleres con licencia de la municipalidad. Más probable es que recibieran de vez en cuando 30 31 Véase Krüggeler, op. cit., cap. 4. 134 Véase Gutiérrez, op. cil.,, pp. 9-13. 135 �Los artesanos del Cusco su gremio, el prefecto demandó profundos cambios antes de aprobarlo.32 Los cambios requeridos no eran nada arbitrarios, sino que expresaban la actitud de la prefectura frente a los gremios en general. Primero, la prefectura aceptó la autoridad de los sastres en todos los asuntos que se referían a la calificación profesional de los oficiales y maestros. Estas partes del reglamento no eran tocadas por las autoridades del Estado. Segundo, la prefectura intervino en todos los asuntos en los cuales los sastres mostraron su fuerte espíritu corporativista e intentaron limitar los derechos de sus empleados. Así, los maestros pidieron, por ejemplo, que "todo maestro de tienda pública o taller sea respetado por sus oficiales y tratado por ellos como un padre" (artículo 30), pero la prefectura suprimió este artículo. De la misma manera trataron las autoridades los artículos en los cuales los maestros se reservaban el derecho a castigar físicamente a sus empleados. El mensaje de la prefectura a los maestros sastres fue claro. El prefecto aceptaba- la autonomía del gremio en los asuntos profesionales, como los exámenes para los oficiales, las exigencias de calificación para los maestros, etc., pero, al mismo tiempo, rechazaba los intentos de mantener características corporativistas dentro del gremio, como un sistema paternalista y cuasi jurídico. Sin embargo, el hecho de que los maestros y el gremio perdieran poder sobre los oficiales tuvo consecuencias limitadas para los empleados. La intervención del Estado les facilitó el cambio de taller y probablemente también el establecimiento de sus propios talleres pero, en general, la situación de los oficiales entre 1825 y 1869 se caracterizaba por la inseguridad del empleo, el poco reconocimiento social y político y la falta de una representación de este grupo económico dentro de la sociedad cusqueña. Tenemos que darnos cuenta, por otra parte, que el reglamento de 1833 del gremio de los sastres es el único que nos muestra que por lo menos un gremio intentó formalizar sus relaciones internas y frente a las autoridades estatales después de 1825. La gran mayoría de los gremios funcionaban sin reglamentos y, consecuentemente, sin acuerdos válidos sobre las relaciones entre los maestros y sus empleados. Las relaciones paternalistas entre maestros y oficiales, que los sastres querían conservar por lo menos formalmente en su reglamento de 1833, en realidad sufrieron bastante durante el siglo XIX. Es 32 BN, "Reglamento del gremio de los sastres de la ciudad del Cuzco, Cuzco, julio 26 de 1833", manuscrito D10806. 136 Thomas Krüggeler cierto que tenernos casos en los cuales los maestros artesanos defendieron a sus oficiales cuando éstos se metieron en problemas, pero en general las fuentes indican que los maestros desconfiaban de sus oficiales, controlaban el uso de las herramientas y escondían de ellos las materias primas. El caso de Mariano Mejía, oficial del maestro sastre Vicente Acosta, es excepcional. Acosta evidentemente se sentía responsable de defender los intereses de su empleado e insistió exitosamente en 1826 para que la justicia castigase a José María Silva quien, durante una disputa, había atacado con un cuchillo a su oficial Mejía.33 No obstante, mucho más numerosos son los casos en los cuales los maestros acusan a sus oficiales de robos de herramientas o materias primas. En los respectivos expedientes de las actas de la Corte Superior del Cusco encontramos frecuentemente acusaciones de los maestros contra sus oficiales. En éstas, los jefes de talleres caracterizan a sus empleados como flojos, irresponsables y de poco fiar; según los maestros, estos empleados pasan más tiempo en las cbicherías que en sus talleres.34 Muchos maestros lamentan, asimismo, que los oficiales no muestren ninguna forma de agradecimiento a sus jefes, que les dan trabajo durante tiempos muy difíciles. Los testimonios de los maestros en estos juicios reflejan claramente las relaciones conflictivas entre los jefes de talleres y sus oficiales entre 1825 y 1869. Estos conflictos tienen varias raíces. En primer lugar, parece que la pobreza de los oficiales causó una creciente delincuencia entre ellos. Posiblemente la inseguridad del empleo y el grado de explotación que sufrían también contribuían a que los oficiales no se sintieran responsables por el funcionamiento de los talleres y engañaran a sus maestros. En segundo lugar, los maestros extrañaban el poder sobre sus empleados. Este poder, garantizado en el antiguo sistema gremial, les permitía castigar a sus empleados y controlar su vida privada. Pero justamente este privilegio les fue negado por el Estado republicano, cuando limitó las funciones gremiales y empezó a destruir las características corporativistas de los gremios. Igualmente frágiles y poco reglamentadas eran las relaciones entre maestros y aprendices. Los contratos de aprendizaje mayormente eran simples acuerdos orales entre el padre del aprendiz y el maestro. Con la decadencia de los gremios, y sobre todo después de su práctica desaparición en 1851, sufrieron las reglas internas para el aprendizaje de muchos oficios. Sin gremios funcionando (y sin un 33 ADC, Actas de la C.Orte Superior del ÜISoo, Juicios Penales (ACSC.JP) leg. 2, 1826. 34 Véase numerosos juicios en ADC, ACSC. 137 �Los artesanos del Cusco Thomas Krüggeler nuevo sistema de aprendizaje puesto en práctica por el Estado, como por ejemplo escuelas de artes y oficios), las reglas para la educación de un aprendiz se perdieron y los exámenes para obtener el título de oficial se volvieron menos esmerados y menos controlados en las décadas que siguen a la independencia. La preocupación por el descenso que sufrieron el nivel técnico y la calificación de Jos artesanos fue precisamente un factor decisivo para la fundación de la Sociedad de Artesanos de] Cusco en 1870.35 La crisis del sistema de aprendizaje permitía a los maestros, además, olvidarse de sus obligaciones frente al aprendiz y utilizar su mano de obra para trabajos fuera del oficio. Por eso la prefectura determinó, en el artículo 23 del Reglamento de Artesanos de 1847: "Ningun maestro empleará a sus aprendices y oficiales, contra su voluntad, en servicios domésticos a menos que así no lo estipulasen."36 Hemos visto que la vida interna de los talleres artesanales del Cusco experimentaba algunos cambios importantes en las décadas posteriores a la independencia. Estos cambios no están relacionados con una profunda transformación económica de la ciudad sino, en primer lugar, con la decadencia del sistema gremial y la crisis económica del siglo XIX. El Estado, que era en parte responsable por la crisis de los gremios, no ofrecía ninguna alternativa para mejorar la situación del sector artesanal. Su política económica no contribuía de ninguna manera a crear condiciones que ofrecieran la posibilidad de estabilizar las relaciones laborales. Para determinar la posición social de varios grupos de artesanos dentro de la sociedad urbana, tenemos que considerar algunos criterios clave que nos faciliten determinar la afiliación de varios grupos a ciertas clases sociales. En el Cusco del siglo XIX los siguientes criterios son los más importantes: 1) Etnicidad: la pertenencia al grupo de blancos, mestizos o indios era decisiva para determinar la posición social de una persona. Los indios, por ejemplo, formaban la clase baja de la ciudad, _mientr~s que los blancos constituían la clase alta._Pa~a ascen~er_en la 1erarqu1a social, la pertenencia al grupo de los md10s constitma una barrera invencible. 2) Propiedad de medios de producción, de ~ie~~ raí~ e ingreso: la propiedad es importante para la determmac1on soci~ de una persona, porque de este cri~erio d~pendía~ la~ o~ortumdades de participación política (sufragio). El mgreso mflu1a, Junto c?n la propiedad, en el nivel de prestigio social de un cusqueño del s~g~o XIX: 3) Profesión: dentro del grupo de los artesanos, el pr~sttgio social dependía también del oficio específico que un maes~ro e1~utaba. El valor social de un oficio dependía del grado de cahficacion y de la inversión de capital necesaria para su ejecución, así como también de la limpieza o suciedad vinculada con las pro!esiones. . La etnicidad como criterio para determmar la pertenencia de las personas a determinadas clases sociales nos ~o~onta con un p_rob~ema central de la historia social del Cusco: l.cuáles eran los cntenos de la sociedad para decidir que ciertas personas eran indios ~ consfderar a otras como mestizos o blancos? Este problema es aun mas importante en la segunda mitad del siglo XIX, cuan~o desapareció la contribución de indígenas y los ayllus, como medios claros para la identificación de los indios dentro de la ciudad, perdieron su importancia administrativa. Hablando sobre la importancia de la etnicidad, Valcárcel nos dice que a comienzos del siglo xx en el Cusco todavía "las relaciones entre las clases sociales dependían del color de la piel"_:r, Pero el color de la piel no nos par~ suficiente para distinguir entre un indio y un mestizo o entre un mest120 y un blanco. Tampoco es suficiente confiar en la conciencia histórica de los contemporáneos. Por supuesto, hasta cierto punto el origen de ~na familia_ determinaba su pertenencia a una raza y a una clase social en el s~glo XIX. _Una persona cuya familia pertenecía desde muchas generaciones a cierto Aspectos de la vida social y política de los artesanos La gran cantidad de artesanos de la ciudad del Cusco y la impresionante diversificación del sector artesanal, mostradas en la primera parte de este artículo, no nos permiten hablar en términos generales sobre la posición de los artesanos dentro de la sociedad cusqueña o sobre la vida política de ellos. Demasiado grandes son las diferencias sociales y económicas entre un respetado maestro del centro de la ciudad y un pobre artesano de Santa Ana, por ejemplo. Igualmente, son grandes las diferencias de oportunidades de participación política entre diferentes grupos de artesanos. 35 Véase"Acta de fundación de la Sociedad de Artesanos del Cuzco", publicada en el ~riódico del Cusco,El Sol, 10 de junio de 1936. BN, "Reglamento", op. cit. 37 Luis E. Valcárcel, Memorias, José Matos Mar, José Deustúa C. Y José Luis Rénique (coords.), IEP, Urna, 1981, p. 83. 138 139 �Los artesanos del Cusco ayllu era considerada india, así como era blanco un miembro de la clase al!a que tenía p~ebas de su origen español. Pero creemos que en el s~glo ~ el ~ngen, de una familia como único criterio para determmar la identidad etnica de una persona ya no es confiable.38 En el contexto de este artículo no podemos tratar a fondo este problema, pero quisiéramos presentar algunas observaciones. El censo de 1862 ya no considera ayllus dentro de la ciudad· sin embargo, contiene la columna "condición", es decir, "raza". EJ ~álisis de este documento nos indica algunos criterios más para determinar_!~ "condiciones" de los cusqueños. Una persona que sabía Jeer Yescnbu y tenía un propiedad rústica o urbana era, según el censo, blanca. La dueña de una pequeña tienda podía ser mestiza si el local <:5taba ubicado en la Plaza San Francisco, pero era india si tenía su tienda en Santa Ana o en la periferia de San Pedro. Un artesano casi sie~pre e~a <:°~iderado mestizo si tenía capital manufacturero, pero pod1a ser md10 s1 no era el dueño de su vivienda y no vivía en el centro de la ciudad. Estos ejemplos nos muestran que la clasificación étnica era determinada por criterios muy concretos. Propiedad, educación pro!es_ión y luga! de vivienda eran los criterios más evidentes, pero n~ los urucos. Hab1a otros, como los vínculos familiares, la red de relaciones sociales de una persona, las formas de vestirse, etc., que no se pueden identificar directamente con base en el censo. Pero la consideración de todos estos criterios y su interrelación detefit!inaban si una persona era india, mestiza o blanca Creemos qu~ un análisis crítico del censo de 1862 nos presenta un resulta~o muy Imp?rtante; la estructura étnica del Cusco en el siglo ~ se e~~c~ hasta cierto punto por los criterios que los contemporaneos utilizaban para determinar la pertenencia racial. Es decir un indio no_ vivía en_ S~ta Ana y era pobre porque era indio, sino ~ue era considerado md10 porque era pobre y vivía en Santa Ana. De la misma manera, es posible que alguien fuera considerado blanco aunque su piel fuese trigueña simplemente porque era dueño de una casa en el centro de la ciudad y disponía de una considerable cantidad de dinero. El análisis de la estructura étnica de la sociedad cusqueña es entonces mucho más complicado que una simple diferenciación con base en el color de la piel. Thomas Krüggeler Impuestos de varias razas (castas) y 105 problemas de determinar estos grupos étnicos trata también, María Isabel Remy, "La sociedad local al inicio de la reptíblica. Cuse.o 1824-1850",RevistaAndina, vol. 6, ntím. 2, 1988, pp. 451--484, ver pp. 460-469. sociedad cusqueña, las observaciones que hemos presentado arriba significan que todo el grupo de artesanos indígenas pertenecía a la clase baja de la sociedad. En números, esto significa que en 1836 los 139 artesanos indígenas de los gremios de la parroquia de la matriz pertenecían a la clase baja de la ciudad, más un número desconocido de sus colegas en otras parroquias de la ciudad. Los datos de 1862 indican que 21.8% de los artesanos del Cusco pertenecía a la clase baja, simplemente porque eran considerados indios. El censo de este año prueba que los artesanos indígenas eran pobres y que la mayoría de ellos vivía en la periferia de la ciudad. Ellos no detentaban poder político, probablemente no tenían vínculos colegiales con los maestros mestizos, ni durante la época cuando para los dos grupos existían gremios distintos ni cuando el sistema gremial fracasó. La etnicidad como barrera entre las clases sociales era demasiado fuerte y separó completamente a los indígenas de la clase media y les negó la oportunidad de ascender en la jerarquía social. Otro grupo de artesanos que pertenecía a la clase baja lo constituían los oficiales. En el caso de este grupo, su identidad étnica como criterio para determinar su posición social es menos importante que la inseguridad de empleo y los sueldos bajos que recibían. El prestigio social de los oficiales era muy bajo y, además, eran considerados ladrones, irresponsables y alcohólicos, como hemos visto. Y en efecto, las actas de la Corte Superior prueban que los oficiales, tanto indios como mestizos, aparecen más frecuentemente que cualquier otro grupo social en los expedientes sobre robos, peleas, agresiones y homicidios. A los maestros artesanos que estaban organizados en los gremios de mestizos (entre 191 y 289 durante los años treinta y cuarenta, véase cuadro 3) podemos tenerlos como pertenecientes a la clase media del Cusco, porque ellos eran considerados mestizos y maestros de sus respectivos oficios. Además, eran propietarios de sus medios de producción, lo que, en algunos casos (herreros, carpinteros), significaba una considerable inversión de capital. Algunos de estos maestros tenían también propiedades urbanas o rústicas que les permitían integrarse a los círculos de electores de la ciudad. La combinación de estos factores, raza y propiedad, distinguía a estos artesanos de los artesanos indígenas y de los oficiales. Pero dentro de este grupo podemos también identificar fácilmente importantes diferencias sociales. El sastre Bruno Bolívar, que conseguía constantemente los contratos del Ministerio de Guerra y que empleó a seis oficiales, como hemos visto en el apartado N, 140 141 Para nuestro análisis de la posición social de los artesanos en la 38 �Los artesanos del Cusco ocupaba una posición social distinta a la de un pequeño maestro botonero. Podemos identificar un pequeño grupo de maestros (mayormente sastres) que formaba la elite dentro de los artesanos del Cusco entre 1830 y 1850. Esta elite r.s casi idéntica a la de los artesanos que colaboraban con los comerciantes de la ciudad y que disfrutaban de una cierta preferencia del Estado, como hemos visto antes. Podemos hablar de una elite porque estos maestros tenían propiedades y un ingreso mucho más alto que la mayoría de sus colegas. El maestro Norberto Monterola no solamente era el dueño de una sastrería, por ejemplo. Tenía, además, una licorería en la ciudad, una hacienda yun terreno (puna) en San Blas.39 De Bolívar sabemos que era propietario de varias casas. En 1835 vivía en su propia casa en la calle Fierro, mientras que el local de su sastrería, en el portal del Comercio (plaza de Armas), era alquilado del monasterio de Santa Teresa. En 1846 tenía además otra casa en la calle Plateros y en 1858 una pequeña casa en la calle Meloc y otra en la calle Avenida.40 Había otros artesanos que eran propietarios de sus casas, pero al parecer los pocos sastres que trabajaban frecuentemente para el Estado tenían la oportunidad de acumular capital en cantidades considerables. Propiedad significaba también participación política. Es cierto que no había artesanos como regidores del Concejo de la ciudad antes de 1870 y es igualmente cierto que la municipalidad no representó necesariamente el verdadero círculo de poder del Cusco. Sin embargo, es interesante constatar que en 1833 los sastres Urbano Bustamante y Vicente Acosta formaban parte de la mesa del colegio electoral de la parroquia matriz para el Concejo de la provincia y que ese mismo año Norberto Monterola intentó integrarse al círculo de los electores, si bien fracasó porque no consiguió suficientes votos.41 Para entender la posición social y la conciencia política de los artesanos más ricos del Cusco debemos tener presente esta participación en los rituales políticos formales. Por supuesto, la participación 39 40 Véase ADC, ACSC, leg. 77, 1843. Los datos que se refieren a las propiedades de Bolívar son de UNSAAC, H, "Libro de Matrícula de los anesanos que ecsisten en esta ciudad. Corre á cargo del Sor. Yntendente Gral. de Policía coronel Salvador Bayassi., año de 1835"; ADC, ATP, "Estrato de la matrfcula de predios urbanos de la provincia del Cercado del año 1847";Diblioteca Municipal del Cusco, Archivo Histórico (BMc "Oasificación de las casas,41tiendas, y chicherías de la población del Cusco", 1857, leg. 1 (1854-1859). Véase UNSAAC, H, "Encomienda la." en El Colleo de Encomiendas, núm. 13, s. f., ibid., "Manifiesto de los justificativos. Que han deservir para anular las elecciones de electores de la parroquia matriz de la provincia del Cercado del Cuzco", Imprenta pública por P. Evaristo González, Cusco, 17 de abril de 1833. 142 11wmas Krüggeler de algunos individuos, sin mandato alguno de los demás artesanos, no significaba una representación política del sector artesanal. Tampoco significaba que estos maestros se integraran a la clase alta de la ciudad. La clase alta era muy cerrada y se componía exclusivamente de grandes terratenientes y unos pocos comerciantes.42 Sin embargo, las actividades políticas de estos maestros artesanos nos muestran que eran ciudadanos respetados, que se sentían como buenos patriotas, con la voluntad de entrar al ala política y que su estatus social de artesanos no les impedía figurar en la esfera de la vida pública. Tenemos otro caso que nos dice mucho sobre los artesanos en tanto ciudadanos en la primera mitad del siglo XIX. En un panfleto de 1831, el sastre Urbano Bustamante, ya mencionado arriba, presenta un conflicto que tenía con doña Rosa Villavicencio, dueña de la casa en la cual él alquilaba un taller.43 Este panfleto no es importante sólo por tratarse de la única publicación antes de 1870 en la cual un artesano ha cambiado su herramienta por la pluma, sino también por su interesante contenido, además de su estilo humorístico e irónico. Según Bustamante, la señora Villavicencio rescindió su contrato de alquiler de un día para otro, simplemente porque Bustarnante, en su calidad de sargento del regimiento cívico, arrestó a un empleado de "esta humilde y santa señora" que no cumplía con sus obligaciones cívicas. En el artículo, Bustamante defiende su actitud y dice que solamente cumplía estrictas órdenes militares cuando arrestó a su subordinado. En el texto Bustamante se presenta como un ciudadano responsable y disciplinado y pide justicia para un "pobre artesano" que se pone al servicio del público. Los ejemplos mencionados prueban que no todos los artesanos del Cusco eran política y socialmente marginados después de la independencia. Algunos maestros disponían de suficientes recursos económicos como para entrar directamente en política. Para obtener funciones en el regimiento cívico las barreras económicas eran menos altas y por eso es muy probable que varios maestros carpinteros, herreros, etc., sirvieran a esta institución. Este grupo de maestros, que hemos llamado la elite de los artesanos, nunca se integró a la clase alta del Cusco. Insistimos en que pertenecían, junto con los maestros mestizos más pobres, a la clase media. Los vínculos entre ellos eran que poseían sus propios medios 42 Véase Tamayo, op. cit., pp. 49-55. Véase "Historia del maestro sastre Urbano Bustamante y doña Rosa Villavicencio. Escrita por él mismo", LA Brújula, núm. 16, 1831, separata, UNSAAC, H. 43 143 �Los artesanos del Cusco Tlwmas Krüggeler de producción y que pertenecían al mismo grupo étnico. Las considerables diferencias de ingreso entre los maestros (véase cuadro 3) se traducían solamente en ciertas graduaciones dentro de la misma clase social. El ingreso como criterio independiente para distinguir varios grupos sociales entre los artesanos pierde su significación sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, cuando la crisis económica de la ciudad llegó a su apogeo y cuando podemos observar una cierta polarización de la sociedad cusqueña. Durante esa época, el ingreso de muchos maestros mestizos bajó a un nivel mínimo y es muy probable que sus ingresos se aproximaran a los de muchos maestros indígenas y de oficiales de los talleres más grandes. Pero, sin embargo, la posesión de los medios de producción, sus títulos profesionales y su identidad étnica los distinguían claramente de los artesanos que pertenecían a la clase baja. Las diferencias sociales entre distintas ocupaciones artesanales también constituían solamente graduaciones entre el grupo de los maestros mestizos y no podían prevalecer sobre la importancia del criterio de propiedad. El trabajo de un platero gozaba de un prestigio social más alto que el trabajo de un curtidor, porque el público asociaba la ocupación del primero con un alto grado de calificación profesional y con la elaboración de materias primas valiosas, mientras el trabajo de un curtidor era considerado sucio y maloliente. Pero esta diferenciación era relativa. Las propiedades y un establecimiento rentable de un maestro curtidor podían compensar el bajo prestigio de su ocupación. Igualmente, la pobreza de un maestro platero era socialmente más importante que el alto prestigio de su ocupación. Considerando las difíciles circunstancias económicas por las que atravesaban los artesanos, nos parece sorprendente que en el Cusco hubieran pocas protestas contra el libre comercio y que existan pocas fuentes en las cuales los artesanos expresan sus demandas políticas. No hemos encontrado, ni para los años inmediatos a la independencia ni para los cuarenta o cincuenta, cuando la crisis económica se intensificó, ningún panfleto, o artículo de periódico que trate de las dificultades económicas de los artesanos urbanos y que nos muestre sus demandas políticas. Los pocos artículos aparecidos en El Sol del Cuzco a fines de los años veinte, en los cuales sus autores piden protección para la industria cusqueña, tenemos que verlos con cuidado.44 En primer lugar, estos artículos no defienden las manufacturas de la región y mucho menos a los artesanos urbanos y, en segundo lugar, son poco numerosos, lo que nos prolube hablar de una verdadera campaña en favor de la industria cusqueña. Creemos que la falta de una presencia política de los problemas y las demandas de los artesanos del Cusco antes de 1870 se debe a cuatro razones. Primero, la representación política de los artesanos mediante los gremios fracasó durante esta época, como hemos visto antes. El estado limitó el poder de estas corporaciones y los gremios no eran considerados por la elite de la sociedad cusqueña como instituciones importantes porque no representaban a un grupo numeroso de electores. En este aspecto, los gremios del Cusco se distinguían claramente de sus organizaciones hermanas de Lima, como lo ha mostrado Gootenberg.45 Según este autor, los gremios de Lima tenían bastante influencia política antes de 1850 y luchaban exitosamente por sus intereses. En Cusco, en cambio, no surgen nuevas y más eficientes formas de organización artesanal hasta 1870. Segundo, los artesanos eran importantes productores locales, pero eran separados de la elite regional, que se componía de los grandes terratenientes y comerciantes. Esta elite estaba integrada en el sistema económico regional de exportación e importación y no se ofrecía como posible aliado para defender los intereses de los artesanos. Tercero, los pocos artesanos que tenían una cierta influencia política, como los grandes sastres, no representaban los intereses de los artesanos en general. Al contrario, ellos gozaban de la preferencia del Estado y se aprovechaban de los contratos estatales. Este grupo escapó de esta manera de la crisis económica que sufrían sus colegas y se separó de los demás artesanos. Cuarto, parece que la competencia de las importaciones para los artesanos del Cusco no era lo suficientemente grave como para provocar fuertes protestas o rebeliones locales. Las importaciones dejaban, evidentemente, un cierto espacio económico para los productores locales. Además, es probable que los artesanos comprendieran que las importaciones no eran su principal enemigo, sino la crisis de la región en general, sobre todo la disminución del mercado, causada en primer lugar por la caída demográfica de la ciudad. 44 Bonilla, op. cit., utiliza estas fuentes para probar una fuerte campaña protecctorusta en el Cusco. 45 Véase Paul Gootenberg, Bell\leen si/ver ami guano commercia/ policy and the state in postirulependence Peru, Princeton University Press, Princeton, 1989, pp. 49-53. 144 145 . . �Los artesanos del Cusco Conclusiones Los artesanos del Cusca, durante las primeras décadas posteriores a la independencia, formaban un grupo muy heterogéneo. La gran va~edad de ocu~aci~nes artesanales y los diferentes niveles de prospendad econónuca vmculados con ellas, las importantes diferencias económicas y sociales entre representantes de la misma profesión, la diferencia étnica, la relación entre los relativamente prósperos artesanos organizados en gremios y los pobres .artesanos rurales, no muestran el sector en todos sus aspectos, y no nos pe rmiten hablar sobre los artesanos en términos muy generales. El análisis de la economía del sector artesanal ha probado que entre 1832 y 1851 la mayoría de los artesanos del Cusca experimentaba un proceso de empobrecimiento, causado por la decadencia regional y el impacto de los productos manufactureros extranjeros en el mercado de la ciudad. Este proceso se intensificó probablemente durante las siguientes décadas, cuando la crisis del Cusco llegó a su apogeo. Sorprendentemente, hemos visto que la pobreza de muchos artesanos no repercutía en la disminución de su número durante la misma época. La pobreza de la ciudad misma y el proceso de ruralización que experimentaba el Cusca permitía a los artesanos reaccionar en diferentes formas frente a la crisis económica. La reducción del número de empleados y el uso de la mano de obra de sus familiares eran algunas de las estrategias de sobrevivencia de los maes!ros artesanos. Muchos oficiales escaparon de la pobreza total trabaJando por lo menos temporalmente por su propia cuenta. Otros artesanos div~rsificaban sus actividades económicas y algunos aprov~haban los ingresos de sus esposas e hijos, que trabajaban como chicheras, placeras o domésticos. La diversificación de fuentes de !ngreso para la subsistencia de la familia reducía la dependencia del ingreso de la ocupación artesanal y permitía que muchos artesanos abandonasen sus actividades por lo menos temporalmente. Los vínculos familiares con el sector agrícola ofrecían otra forma de escapar a 1~ dependencia total de los ingresos que proporcionaban las ~upac,ones artesanales. La posesión de una pequeña chacra también convertía el ingreso más en una fuente adicional que en la principal. Pode~os afirmar entonces que los artesanos aprovechaban las oporturudades que ofrecía una ciudad en crisis la ruraliza., ' c1on y la falta de una transformación económica, para reaccionar de una manera bastante flexible ante las dificultades económicas. Los artesanos indígenas eran socialmente separados de los maes- 146 Tfwmas Krüggeler tros mestizos por los fuertes prejuicios raciales de la sociedad cusqueña. Pero la pobreza del sector artesanal era la razón principal para que el Cusca negara a casi todos los artesanos un prestigio social más alto. Los criterios de propiedad e ingresos que la sociedad cusqueña utilizaba para determinar la posición social de los ciudadanos eran una barrera invencible para la gran mayoría de los artesanos. La crisis del sector tenía consecuencias también dentro de los talleres artesanales. Un sistema gremial en decadencia y la crisis económica eran los responsables de unas relaciones laborales muy inestables y conflictivas. Sin embargo, los conflictos entre maestros y oficiales no resultaban en la formación de organizaciones distintas de estos grupos. Las circunstancias económicas y políticas del Cusca no permitían todavía el desarrollo de sindicatos u organizaciones similares. Pero no todos los artesanos vivían en la pobreza. El pequeño grupo de artesanos prósperos estaba dirigido por algunos sastres ricos, que aprovechaban los contratos estatales. Debemos tener presente que los contratos para la confección de uniformes para el ejército no reflejaban una coyuntura económica, sino que eran más bien consecuencia de una política económica temporal, un impulso artificial, que contribuía poco al desarrollo de la ciudad a largo plazo. No obstante, estos contratos tuvieron el efecto de constituir la base económica que permitió que algunos sastres se integraran al comercio y a la política de la ciudad. Los capitales acumulados gracias a estos contratos les permitieron diferenciarse económica y socialmente del resto de artesanos. Los sastres ricos gozaban de un prestigio social más alto que los otros artesanos y, hasta cierto punto, podían participar en asuntos políticos porque se convertían en comerciantes, pero no eran los representantes políticos y sociales de los artesanos del Cusco. Políticamente, los artesanos vivieron en un vacío entre 1824 y 1869, sin una adecuada representación. Sus organizaciones tradicionales, los gremios, eran utilizados por el Estado como instituciones fiscales, sin recibir sus privilegios como monopolios de un alto grado de autonomía interna y sin gozar de reconocimiento político. Como organizaciones políticas, los gremios fracasaron totalmente en el Cusca republicano. Después de 1851, cuando los gremios desaparecieron, pasaron 20 años antes de que los artesanos constituyeran una nueva forma de representación social y política. La Sociedad de Artesanos, fundada en 1870, aumentó el prestigio social de los artesanos mediante su fuerte actitud patriótica e integró poco a poco a los artesanos en la política de la ciudad. 147 �Los artesanos del Cusco Pero el interesante y complicado proceso de la historia de los artesanos del Cusco de fines del siglo pasado será tema de un estudio más amplio. Sáo Paulo e a elite letrada brasileira no século XIX Raquel Glezer* (Sáo Paulo)... a cidade academica, a Coimbra americano1 E ste artigo tem por objetivo apresentar a fun~o principal exercida pela cidade de Sáo Paulo, Brasil, no século XIX, que foi a de formar urna parcela ponderável da e 'ite letrada brasileira, na Facultade de Direito, fundada em 1828, que criou os quadros administrativos e políticos necessários para o desenvolvimento das atividades do e no Império. A Faculdade de Direito de Sáo Paulo, também chamada de Academia de Direito do Largo de Sáo Francisco, formou hacharéis em Direito e Ciencias Sociais que exerceram múltiplas atividades na sociedade brasileira dos séculas xrx e xx, como políticos, burocratas, administradores, jomalistas, escritores e poetas. Ao lado de nomes famosos e reconhecidos, relacionados abriga• Departamento de História, FFLOWSP, Sao Paulo, Brasil. Américo de Campos.A cidade de S. Paulo em 1877. Almanach li11erario de Siio Paulo para o all/W de 1878, facsimilar, Governo do Estado/Casa Gvil /lmprensa Oficial do Estado/Secretaria do Estado da Cultura Arquivo do Estado/Instituto His16rico e Geográfico de Sao Paulo, Sao Paulo, 1982, pp. 1-9. 1 148 149 �Sáo Paulo e a eliJe letrada Raquel Glezer toriamente nas histórias da literatura brasileira e nas histórias políticas do Brasil, encontra-se também hacharéis que náo obtiveram o mesmo reconhecimento social e cultural, mas que exerceram diversas fun~ e papéis sociais, espalhados pelas cidades em todo o pais, integrados na sociedade, divulgando os ideais es as vivencias resultantes de sua experiencia academica paulistana. Além dos citados há mais um aspecto fundamental a destacar na atua~o dos hacharéis formados na Faculdade de Direito da cidade de Sáo Paulo - a própria cria~o e estructura~o do Estado brasileiro: o Estado Imperial, único na América Latina que existiu de 1822 a 1889. Da mesma maneira a fizeram com o Estado republicano, cuja proclama~o em 1889 foi possivel gra~s a intensa campanha republicana realizada de modo predominante pelos estudantes e hacharéis desde o final dos anos sessenta do oitocentos. Campanha republicana realizada em paralelo com a campanha abolicionista, nem sempre pelas mesmas pessoas, nas quais nao faltaram as presem;as atuantes dos estudantes e dos hacharéis em Direito do Largo de Sao Francisco. A perce~ao da fun~o social da Faculdade de Direito de Sáo Paulo era táo clara que um autor, egresso da própria Academia, no ano de 1877 comparou a cidade a Coimbra, cidade portuguesa onde se formaram os hacharéis que estructuraram e exerceram a administrat;áo no Império colonial portugues.2 Durante o longo periodo colonial, de 1500 a 1822, na área geográfica de dominio portugues na América do Sul, na qual se formou o Império do Brasil náo houve criat;ao de escolas superiores ou universidades, diversamente do que ocorreu nas áreas de colonizat;áo hispanica. Houve apenas um sistema restrito de colégios e seminários, de algumas ordens religiosas, o qual tinha a finalidade de formar o clero para as funt;óes religiosas locais. No último quartel do século xvm, após a expulsáo dos jesuítas e do fechamento de seus colégios e serninários, foram criadas asAulas Régias, c.om a intenc;áo de substituir a a~o educacional jesuítica, em algumas cidades e vilas. Elas foram poucas e esparsas pelo vasto território, e náo atingiram os objetivos iniciais propostos, apesar de haver sido criado um imposto especial, cuja arrecada~o des ti nava-se formalmente ao processo educativo, denominado Subsi.dio Literário. A educac;áo e forma~o cultural no território de ocupat;áo dispersa e diminuta, mesmo considerando apenas os homens livres, náo foi realizada concretamente como havia sido proposto pelo govemo metropolitano no periodo pombalino. Durante o longo periodo colonial as familias mais ricas enviaram seus filhos para estudar na Europa, Portugal ou Franc;a. As de menor poder económico colocaram seus filhos nos seminários das ordens religiosas, que tanto formavam seus quadros localmente, nos moldes metropolitanos, como mandavam os alunos mais promissores para a Europa. Para o exercicio administrativo no Império portugues, além do respeito ás "leis de pureza de sangue", que garantiam o sangue "cristáo velho", sem mistura de judeus, mouros ou negros, a Metrópole exigía a forma~o de bacbarel em Direito, realizada ha cidade de Coimbra, em Portugal, fundamental para o dominio da complexa legisla~o de várias tradisóes que conviviam no cotidiano e das instancias concomitantes de poder ou a forrna~o militar. Desde logo, a área metropolitana, e o fato de serem naturais do Brasil nao era obstáculo para a carreira burocrática, desde que tivessem os certificados Jegais exigidos para a inscri~o nas escolas superiores portuguesas, demonstrando a "pureza de sangue". A emaranhada teia de relat;óes exigidas, mesmo que obviamente fossem falsas as afirma~s do conteúdo: os antepassados eram sempre brancos, livres, "cristáos velhos", os país sempre casados perante a Igreja. Nenhum dos jovens estudantes que da América se dirigiram á metrópole para os seminários ou a Faculdade de Direito em Coimbra possuia em seus ancestrais as manchas infames de bastardía, oficios mecanicos ou atividade mercantil, oficialmente. Os administradores metropolitanos que vieram para a colonia exercer suas atividades burocráticas ou militares eram profissionais, que percorriam a v~ta área imperia_! colonial portuguesa: América, Africa Ocidental, Africa Oriental, India, Ceiláo, China e ilhas do Índico, exercendo seus en cargos en situaciones diversas e sempre temporárias, considerados "nobres" por serem quer "letrados", isto é, formados em Direito, quer oficiais militares. Em 1808 quando a Corte portuguesa mudou-se para o Rio de Janeiro, escapando da onda de transformat;óes do continente europeu, a administra~o metropolitana passou a ser realizada no Brasil. Datam de entáo as primeiras escolas de nivel superior, algumas transferidas de Portugal e outras criadas no Rio de Janeiro e em Salvador, visando suprir as necessidades de pessoal administrativo e militar no imenso território de dominio portugues. 2 !bid. 150 151 �Siio Paulo e a elile letrada A especificidade do processo de Independencia que transformou o Brasil na única monarquia da América Latina entre 1822 e 1889 pode ser explicada em alguns aspectos pela decisao de parte dos quadros administrativos metropolitanos de náo retomar á Portugal em 1821, quando o Reí Dom Joáo VI regressou, for~do pela Revolu~o do Porto. Logo após a proclama~o formal de independencia, em 07 de setembro de 1822, nos debates na Assembléia Constituinte em 1823 e 1824 a idéia de criar escolas superioes e universidade foi apresentada e aceita. Em 1828 foram criadas duas FacuJdades de Direito no Brasil: urna na cidade de O linda, depois transferida para a cidade de Recife, para atender a regiáo nordeste e norte, e outra na cidade de Sáo Paulo, para os habitantes do centro, sudeste e do sul. Rec~e _e_ S_áo Paulo sáo ambas cidades tradicionais, que datam dos anos 1mcia1s da colonizac;áo, no século XVI, com func;óes próprias e específicas e trajetórias históricas diferenciadas. Recife em Pernambuco desde seus primórdios fora urna cidade mer~ntil, po~uária, vivendo da exporta~o do ac;úcar dos engenhos e das ~portac;ot:5 dos bens necessários ávida e explora~o da la voura can_~VJeira, dommande urna rede de comunica~o que abrangia a regiao nordeste e a norte do país. Sáo Paulo era quase o seu oposto, pequena cidade localizada no alto do planalto, logo após a Serrado Mar, em direc;áo ao sul, voltada para_ o sertáo, para o interior, tendo explorado e desbravado os caminhos e as regióes de criac;áo de gado e de minerac;áo. O ponto oomum entre ambas as cidades era o dominio de urna rede de comunica~o, estruturada por motivos económicos es com formas e tradic;óes diversas. A ci~ade Sáo Pa~lo ~oi escolhida, pelo que se pode acompanhar nas d1scussoes constituc1onais, tanto pelo clima serrano e frio em ~ela~~ ao_litoral, considerado mais adequado aos estudos, como ~ela mexistenc1a nela de outras atrac;óes que pudessem servir de motivos de distra~o dos jovens. As cidade de maior porte físico e financeiro foram consideradas poten~ialmente perigosas para a finalidade de estudo, visto que deve~am receber e atender jovens de quatorze anos em diante, que estana~ afastados ~a familia, isolados, sem tutores ou responsáveis. A_ c1dad~ de Sao Paulo possuia o título imponente de Cidade lmpenal, de'?d~ ao fato de em suas proximidades ter sido proclamada a Independencia, mas era urna antiga e pequena cidade, com os d: 152 Raquel Glez.er irregulares trac;ados coloniais, casas de taipa de piláo (barro b~tido moldado em formas), térreas, marcada apenas pelas torres das 1grejas, que eram as construc;óes de maior destaque, ocupand~ ~u~na área numa colina entre os rios Tamanduatei e Anhangabau, pronma ao rio Tiete e cercada por varzéas que ficavam inundadas quase que o ano inteiro. Era de pequeno porte físicamente e por volta do inicio do oitocentos contava com cerca de 10 000 habitantes, incluindo escravos. O núcleo que deu origem á cidade foi o Colégio de Sáo Paulo de Pirantininga, fundado em 1554 por padres jesuítas, com o objetivo declarado de fazer a catequese dos índios. Em 1560 o Govemadorgeral Mem de Sá transferiu para a área do Colégio urna vila que existía no planalto, Santo André da Borda d? Campo. . Os anos iniciais da vila foram dificultados pelo 1solamento do litoral, onde estava concentrada a colonizac;áo portuguesa, a falta de alimentos e os ataques indígenas, que reagiam ao proces~o de escra~ vizac;áo do "negro da terra". Por muitos anos a vila de Sao Paulo fo1 a área de domínio portugues mais distante do litoral. O distanciamento de alguma maneira manteve a vila com un certo grau de autonomía diante do controle ~dministrativ~ me~ropolitano. Como exemplo disso tero-se a expulsao dos padres 1esmtas ~a vila por discordarem eles do processo de escraviza~o indígena: A vila era cercada por aldeias indígenas destinadas á catequese e baVJa urna constante disputa da máo de obra local. . Os habitantes da vila possuiam pequenas fazendas, nas qua1s platavam os generos alirnentícios necessários, mas para obter máo de obra escravizavam os índios. Para tal finalidade percorreram os sertóes, até mesmo os mais distantes, buscando encontrar outros povos indígenas. _ Pela procura de máo de obra farta e barata, os bandeu-antes, nome dado aos habitantes do planalto paulista, populac;áo mestic;a de brancos e índios, percorreram vastas extensóes do interior do Br~sil, atingindo até a regióes de domínio espanhol, ~argando as f~onterras portugesas no continente e finalmente descobnndo ouro e diamantes no interior. Ero 1711 como recompensa pelo fato de seus habitantes t_ere~ colaborado nas descobertas das minas de ouro e diamantes, a vila fo1 transformada em cidade, mas continou pequena e insignificante, coro popula~o esparsa e escassa. Diversamente de ou!ras cidades e vilas coloniais náo possuia uro produto de exporta~º- que a t_omasse importante, pois o ouro e os diamantes eram remetidos das areas de 153 �Sao Paulo e a elite letrada minera~o diretamente para o Rio de Janeiro, capital do Vice-Reinado e daí para Lisboa. _ A vila era pequen~, pobre e sem vida cultural. A própria Capitarua da qual era a capital acabou sendo extinta e só em meados do século XVIII foi restaurada, mas a cidade cootinou pobre e com popula~o dimiouta.3 A caracte~stica _de ser urna cidade pequeoa, sem atrativos que pudessem desV1ar as JOvens mentes da finalidade principal foi utilizada os debates para escolha dos locais das escolas de Direito. Náo é muito comentado pelos autores que estudaram a história da :~culdade ?e Direit~ de Sáo Paulo o papel desempenhado pelos P?lit1cos de ongem paulista que atuavam eotáo, como os Andrada e Silva, para a escolha da cidade como sede da Academia de Direito. A cria~o da Faculdade trouxe tansforma0es para a velha cida~e, náo na estrutura física, mas cultural e socialmente. A presea~ de JOvens estudaotes de todo o país, que vinham e permaneciam nela nos meses _escolares, habitando em pensóes ou em "repúblicas" ( moradias exclusivas de estudantes), que estudavam no aotigo prédio de Convento da Ordem de Sáo Francisco, ao lado da igreja, alterou táo profundamente o modo de vida da cidade que os historiadores mas conservadores consideram o período urna fase da cidade. Tradicionalmente, a história da cidade é dividida em tres fases: a colonial, que vai da fundac;áo do Colégio dos Jesuítas em 1554 á cria~o da Faculdade de Direito; a academica, de 1828 até o último quartel do século XIX, e a atual. . A cidade que os jovens estudantes de direito encootraram náo t1~a bares, teatros, grandes comemora0e5. As familias pouco se V1S1tavam e os bailes eram raros. A presenc;a dos estudantes alterou a vida na cidade de tal forma que ela se transformou em "cidade dos academicos", dos jovens que se dt:51~ de todos os pontos do país para cursar a Academia de Drre1to, ~a elite ~grária ou apenas detentores de "capital social", ~os de fa~as arrumadas finaoceirameote ou afiJhados de pessoas n:35, ~pr~ndiz.es do poder ou membros do aparelho burocrático admirustrauvo unperiaJ, que nela viveram suas aventuras/travessuras juvenis. Robert_Avé-Lallement, um dos viajantes que percorreu a regiáo sul do Brasil em meados do século XIX, deixou a seguinte descri~o dacidade: filh°"'. 3 Raquel Glezer Cheguei a Sáo Paulo ao meio-diaó Que devo dizer da cidade? Muita coisa me contaram da eleglincia das ruas, da limpieza das casas, do esplendor das igrejas e cei:13 apare~cia aristocrática da popula~o ero geral, muita coisa que, a vános respe1tos, nlio devia ver enganosamente. _ Algumas ruas, um ou outro bairro bonito e ás vezes até m_agnificos; ero alguns lugares, fileiras de casa assombradas e, além d1sso,_ boro empedramento con cal~das, mas em geral cuas estreitas e a c1dade absolutamente irregular. As igrejas que vi slio bonitas, algumas ornadas, n? e~tanto nenhuma me causou grande impresslio. A Faculdade de D1~c~t? dá u~a boa impressáo e parece-me o mais notável de todos os edif1c10s da c1dade. Tudo... parece monacalmente velho e impresslio semelhante me deu Slio Paulo. Ali cheira a Témis e a velho jesuitismo; o primeiro odor 4 aumenta, pois a Faculdade de Direito tem 500 a 600 alunos. Apesar das duras palavras do visitante, na realidade, o a~nh~do espac;o físico da cidade dos "moc;os da Academia" recebeu ~rilho, ~da e vigor. As velhas constru~es de taipa foram palco e plate1a de VI~as juvenis romanticameote vividas/imaginadas, que sonhadoramente 10dustrializaram o futuro. Essa cidade de barro náo existe mais, destruída para dar lugar ao tijolo no último quartel do século XIX e depoi~, ~o século XX, ao concreto. Daquele momento restaram apenas as 1déias, trac;os palpáveis da vida academica, frágil e efemera como a própria vida dos autores (tantos dos quais precocemente mortos_deAtu~erculose~ quer nos jornais acadernicos, pequeoos, d~ brev_e existenaa, explosoes de idéias para revolucionar o mundo, neo ve10 de dados ~~bre a ~xperiencia vivenciada e sobre a fonna~o de urna classe pobttca nacional; quer na poesia e prosa romanticas que marcam o início da lite~atura nacional; quer nos jomais boje seculares, fundad~s por ba~haré1s para divulgar e defender as idéias que transfonnanam o pais; quer nos textos dos memorialistas, historiadores e jornalistas egressos da Academia de Direito do Largo de Sáo Francisco. Foram os al unos e hacharéis formados pela Academia de Direito que movimentaram o espac;o físico da cidade, com bailes, ~ebedeiras, brincadeiras, cac;adas, paixóes avassaladoras, pescanas, representa0es teatrais, e, de modo fundamental, o espac;o intelectual, Ver !!istória geral da civilizofiio brasileira, Sérgio Buarque de Holanda (dir.) 9 v., OIFEL, Sao Paulo, 1961. ' 4 Robert Avé-Lallement, ViagellS pels provincias de SantD Catarina, Paraná e Sao Paulo (1858), Itatiaia/EOUSP, Belo Horizoote/Sáo Paulo, 1980, pp. 331-352. 154 155 �Sáo Pau/,o e a elite letrada destruindo o marasmo das velhas idéias coimbrás, o domínio total dos dogmas católicos, introduzindo novas conce~ de sociedade e direito. De modo característico, náo foi através do ensino regular na Academia que as novas idéias foram conhecidas, adquiridas e divulgadas. O estudo de Sérgio Adorno, Os aprendizes do poder demonstrou que a cria~o dos cursos jurídicos no Brasil fara urna necessidade imperiosa para a independencia cultural e forma~o de quadros para a burocracia do Estado, o que levou ao controle rígido do conteúdo ministrado neles pelo Estado. O dominio das exigencias politico-administrativas-burocráticas no conteúdo e desenvolvimento do processo de forma~áo de hacharéis de um lado esvaziou a possivel politiza~º do curso, e de outro permitiu o desabrochar de urna vasta e rica experiencia extra-curricular.5 Foi nesta, na vida extra-academica, na prática diária que se deu o processo formativo dos jovens estudantes, que conheceram as novas formula<t>es político-sociais na leitura de romances e obras estangeiras, predominantemente francesas; pela experiéncia em editar jomais academicos de curta existencia; pelos la~s de amizade estruturados nas turmas e nas "repúblicas" cstudantis; nas associa<t>es juvenis de tipo iniciático, como a Bucha; nas sociedades secretas como a Ma~ naria, a qual quase todos se filiavam, com exc~áo dos católicos ultramontanos. A Academia de Direito do Largo de Sáo Francisco oáo se distinguiu como um local de cria~o de saber jurídico liberal por seus professores no século XIX. Ao contrário, parece ter dominado em seus ensinamentos o jus-naturalismo e o direito canónico, urna das fontes do direito portugues. Entretanto, apesar da irregularidade dos cursos e da monotonia do conteúdo, calcado no modelo coimbráo, os alunas seus tiveram extraordinária atividade literária e política. Dentre os autores romaticos de prosa e poesía do século XIX cursaram a Academia: AJvares de Azevedo, Bernardo Guimaráes, Castro AJves, Fagundes Varela, José de AJencar, Tristáo de Araripe e tantos outros. Como escritores, jornalistas e políticos destacaram-se: Afonso Celso, Américo Brasiliense, Crispiano Soares, Duque Estrada, Joáo Teodoro, José Bonifácio de Andrada, Martim Francisco de Andrada, Otaviano de AJ- Raque/Glezer meida, Pimenta Bueno, Rodrigues AJves, Rui Barbosa e muitos outros. Listar autores literários e políticos de renome nacionais do século XIX e início do xx é sempre arralar ex-alunos e hacharéis da Academia de Direito. Mas náo apenas as personalidades de reconhecimento público guardaram as marcas da experiencia academica paulistana. Numerosos hacharéis após a formatura dirigiram suas atividades para os quadros burocráticos-administrativos de menor porte: no Judiciário, como juízes, promotres, advogados; nos Cartórios Oficiais como escriváes e oficiais para os registros necessários de pessoas, propriedaaes, a tos civis; na Administra~o Pública como procuradores, oficiais, secretários, na política como deputados provinciais e vereadores. E inseridos na sociedade fundaram escotas, jomais, associa<t>es culturais ou litera-recreativas dando um outro tom a restrita vida urbana onde quer que se einstalassem. Quaisquer que fossem as atividades escolhidas ou as possibilldade de inser~o no restrito mercado de trabalho livre, os hacharéis deixaram sinais de sua atua~o. Ana Luisa Martins em seu estudo sobre Os Gabinetes de LeiJura na Provincia de Siio Paulo. . . encontrou as marcas deixadas pelos borneos que passaram pela Academia do Largo de Sáo Francisco e que foram exercer atividades nas pequenas cidades do interior ou do litoral, que tiveram o empenho de transformar os sonhos juvenis em realidade, criando urna rede de Gabinetes de Leitura pela Provincia de Sáo Paulo.6 Gabinetes estes que se pode supor bra~ civis de lajas ma~nicas, casas de leitura livre, com escotas de "educa~o popular", laicas, que tiveram a trajetória de ser originariamente Jocais de elite para elite, litero-recreativas, mas que se transformaram no correr dos anos, em locais livres, onde borneos e mullieres podiam ler o que desejassem, fara do estrilo controle oficial católico, e onde podia-se entrar sem estar "decentemente vestido" ou cal~do, escotas deeduca~o laica para meninos e meninas, e até mesmo escotas notumas gratuitas para escravos. Junto com os livros e as letras, difundiram as idéias abolicionistas, republicanas, anti-clericais. Contudo, deve-se reconhecer a fra~dade e ambiguidade do projeto, liberal-conservador, branco, propnetá- Sergio Adorno, Os aprendizes do poder. O bacharr:lismo liberal na política brasi/eira, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1988. 6 Ana Lu{sa Martins, Os Gabineles tk Leinua da Provincia tk Siio Paulo: a pluralidatk tk um espai;o esquecido (1847-1890), Disserta~o de Mestrado em História Social, m.ol/USP/Sáo Paulo, 1990. 156 157 5 �S/io Paulo e a elite letrada Raquel Glezer rio de escravos, que marcou a impossibilidade da continuidade no periodo republicano. A transforma~o dos Gabinetes de Leitura em meros clubes recreativos e o abandono das atividades políticas denotam a fragilidade do projeto. De todos os 19 Gabinetes localizados na provincia de Sáo Paulo apenas tres permanecem como tais em nossos dias, os de J undial, Sorocaba e Ria Oaro. Mas a outra marca fundamental que os hacharéis deixaram foi a própria forma~o do Estado brasilerio. Deve-se destacar que diversamente das experiencias hispanoamericanas o processo de independencia brasilerio nao foi revolucionário, nacionalista e anti-metropolitano. ' Maria Odila Leite da Silva Dias em seu estudo A interioriz.afiío da metrópole (1808-1853) chamou a atem;áo dos estudiosos brasileiros para a necessidade de ver com novos olhos o processo de emancipa~o, abandonando as visóes europeizantes que ainda dominam os nossos estudos.7 Segundo ela, o processo de emancipa~o deve ser visto como urna continuidade desde 1808, quando da transferencia da Corte portuguesa para o Brasil. As transfoma~es exigidas no processo administrativo a ser implantado no Brasil, as novas e crescentes necessidades fiscais, as tensóes entre Portugal, dividido entre liberais e conservadores, e o Reino do Brasil, buscando criar rela~óes interprovinciais que até entáo inexistiam, sáo todos complexos elementos a serem considerados con processo de emancipa~o. A vinda da Corte deu início a transforma~o da colonia em metrópole, o que ela denomina de "metrópole interiorizada". Isto é, a Corte do Río de Janeiro tomou a si o encargo de controlar e explorar as outras "colonias" do continente americano. Desde o início da coloniza~o no século XVI cada urna das capitanías existentes no continente americano relacionava-se diretamente com Lisboa, dela recebendo ordens e funcionários, a ela prestando contas adminstrativas e financeiras, sem sofrer na prática coma a~áo dos Governadores-Gerais e dos Vice-Reís. A transferencia da Corte para o Río de Janeiro obrigou á mudan~ da rela~o de autonomía entre as capitanías, criando urna hierarquiza~áo e dependencia que antes inexistiam. Maria Odila Leite da Silva Dias, "A interioriza~ da metrópole (1808-1853)", en Carlos Guilhenne Mota (org.), 1822· Dimensoe.s, Perapectiva, Sáo Paulo, 1972, pp. l(i()..184. O Estado metropolitano fixou-se na regiá centro-sul e as demais capitanías foram obrigadas a aceitar a centraliza~o e o dominio real, processo que teve continuidade e amplia~áo nos anos seguintes á Independencia. A complexa situa~o do Brasil no período pós Independencia necessita ainda de muitos estudos para o seu esclarecimento, principalmente quando nos anos após 1840 explodiram movimentos locais contrários á centraliza~o burocrático-administrativa. Apesar da generaliza~o que ainda se faz nos estudos sobre o processo de Independencia e forma~o do Estado nacional, é possivel destacar o papel desempenhado pela elite burocrática-administrativa, que manteve colabora~o constante entre as classes dominantes nacionais e a administra~o pública, tal como se fizera em toda época colonial. Muitos dos administradores das capitanías continuaram suas actividades no Império e procuraram agir de modo eficiente no processo de centraliza~o. Quando e Império iniciou suas atividades contava com um eficiente corpo burocrático-administrativo fiel ás suas diretrizes e orienta~. Para dar continuidade a essa situa~o, criou seu próprio corpo burocrático através da funda~o das Faculdades de Direito, que formaram as elites letradas imperiais, as quais serviram fielmente ao Estado. Examinando de mais perta o período imperial fica evidente que a elite letrada serviu ao Estado imperial, criando o Estado nacional brasileiro nos anos 40, refor~do o poder central, reprimindo violentamente os movimientos locais acusando-os de separatistas. Coube a essa elite redigir, debater, votar e aplicar a legisla~o imperial em todo o território nacional. Na prática, a forma~o jurídica dada pelo menos na Academia de Direito do Largo de Sáo Francisco em Sáo Paulo serviu para tomar os hacharéis fiéis servidores do Estado, pela complexa teia de rela~ sociais entre a elite dominante e o aparelho de Estado em cria~o e implanta~o. A aten~o, quando se tem por objeto os hacharéis formados pela Academia de Direito do Largo de Sáo Francisco em Sáo Paulo, é geralmente dominada pelo consensual: o papel fundamental desempenhado por muitos deles na forma~o da cultura nacional. Estáo ainda muito obscuros os papéis sociais que exerceram na divulga~o de "novas idéias" e o fundamental papel político na cria~o do Estado Nacional, na conclusáo do longo processo de interioriza~o de urna metrópole no continente americano, na subordina~o de todas as capitanías ao poder central imperial. 158 159 7 �Slio Paulo e a eliJe letrada Deve-se ter em mente, de modo claro, que se a cidade de Sáo Paulo teve, ero certo período histórico, a fun~o principal de ser um centro de forma~o educativo e cultural, tal fato náo a transformou ero cidade coro lideran~ política expressiva. Ao contrário, ao longo da história do Brasil, com exce~o do periodo denominado de Primeira República, entre 1889 e 1930, a lideran~ política coube e cabe as outras regióes do país. Ero nossos dias, ocorre mesmo a subrepresenta~o parlamentar das regióes sudeste e sul, apesar do peso demográfico e do poder económico nelas concentrado. 160 �~ Instituto Mor~ � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Siglo XIX : Revista de Historia Description An account of the resource Revista semestral de historia publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, editada por Mario Cerutti. Contiene investigación histórica y económica, tanto local, nacional e internacional. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Siglo XIX : Revista de Historia Año de publicación El año cuando se publico 1992 Época Época del la revista Segunda Número Número de la revista 11 Mes de publicación Mes cuando se publicó Enero-Junio Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Semestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1754019&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Siglo XIX : Revista de Historia, 1992, Segunda Época, No 11, Enero-Junio Creator An entity primarily responsible for making the resource Flores Flores, Bernardo, Director Subject The topic of the resource México Historia América Latina Siglo XIX Publicaciones periódicas Description An account of the resource Revista semestral de historia publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, editada por Mario Cerutti. Contiene investigación histórica y económica, tanto local, nacional e internacional. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Filosofía y Letras Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Cerutti, Mario, Editor Vázquez Buenfil, Luis, Cuidado de la Edición Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/01/1992 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource tex/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2016613 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. Monterrey, N.L., (México) Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies. Universidad Autónoma de Nuevo León Rights Holder A person or organization owning or managing rights over the resource. El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores Artesanos Brasil Buenos Aires Crisis Latinoamérica Política https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/271/13583/DERECHO_Y_CIENCIAS_SOCIALES._1973._Vol._1._No._1._Jun-Sep._0002016547ocr.ocr.pdf 2cddaf7f78b8b597aea5f8620c226400 PDF Text Text ... r. .. . , •• •_¡ .... "'-e~ REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES ���FALTA El EJEMPLAR# 3, EN LAS DOS COLECCIONES ��DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 1 �FAC JITAD DE DERECHO Y CIRKCIAS SOCL,\LES L~"lVER IDAD A -TOr -oM DE ~ TUEVO LEO.• DIRECTO R: Lic. Neftalí Garza Contreras. SUBDIRECTOR: Lic_ Everardo Chapa Cantú. SECRETARIO: Lic. David Galván Ancira. DECANO: Lic. Genaro Salinas Quíroga_ DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Revista Cuatrimestral de la Facultad de Derecho y Ciencias ociales. Lniversidad utónoma de 1uevo León. VOL.I JUNIO-SEPTIEMBRE, 1973 DIRECTORIO DE LA REVISTA NUM.1 I ~D I CE D I RECTOR.: Lic. Samuel Flores Longoría. Pres,mtacLÓn SECRETARIO DE REDACCION: Lic. David Galván Ancira. PEDRO G. ZORRIILi\. MARTIXF2, Cót-edra il1,(lugural, Derecho Cofl. titucional. SECRETARIO DE CIRCULACI0N: Bibl Manuel Uribe M. CONSEJO EDITORIAL: Lic. Genaro Salinas Quiroga, Lic. Neftalí Garza Contreras, Lic. Everardo Chapa Cantú, Lic. Samvel Flo?'es Longoria. Dr. Agustín Basave Fernánde:z del Valle, Lic. Alberto García Gómez, Lk Jorge Mo-ntemayor, Lic. Jesús Ramones Saldaña. La responsabilidad de lo artículos pul::>licados es exclusiva de sus autores. Las opiniones ~xspresadas en la Re\'ista son estrictamente per<:onales y no a urnen responsabilidad/ por ellas la revista, la Faeultad de Derecho de la U. . "i. L. o las in tiluciones a las que estén asociados sus expositores. Derecho y Ciencias Sociales aparece euatrimestralmeme. . To se <!.eYuelven originales aun cuando no se publiquen. Toda eorrec;pondencfa debe dirigirse a: Facultad de Tu>recho y Ciencias c.;f'Ciales Revist?, Derecho v Cíendas Socia es Cturl-acl Unh·el"'itatia. 'l\font<>rrev, . ,._ L., Mé-xico. IMPRESO Y HECHO EN MEX.ICO PRL'ITED ANl.l MADE IN MEXICO EdlM>rlal AlfoDSG Reyes Adolfo Prieto Ote. '.lro7 Monrerrey, N. L. I l EVER RDO CHAP C:t\TU, Universul.ad Abierta, Proyecto para la reforma al sistema educalivo de la Facultad de Verecbo r Ciencias Sociale de la ['. A . . L., Ex pnsición de motfros. 17 JF.SL R.AMO'\"ES SALD ~rA, Elementos para la reforma administrativa y académica en la U. A. N. L. 29 ALBERTO GA RCIA GOMEz, La Universidad Internacional de la Paz. 4.5 AGL TI:\ BAS VE FERJ"\ l\ll)F.Z DEL VAllE, El Dereclw como fartar de conservación J de cambio social. 53 ALFO-XSO QCIROZ CuAROX, el tratamiento del merwr en estado anti$orial. 59 'EFTALI GARZA CO. ITRER.AS, La terminación del proceso por conclusiones inacusatori.as. MARIO C. l\Tf- LEAL, El juicio criminal en México. 83 97 ARLOS FR NCI CO CJS_ílffiQS, Cuestiones constitucionales subre la de.~centralización administrativa. 107 JACOBO .\YALA \llLLARRE L, Comentarios sobre la Ley del Fondo 1Yacional de la Vivienda. 113 �EYER.-\RDO FT.ORES Ck'\TU, Ley para promover la m1-'ersión mPxirana r regular la extranjera. 119 PEDRO OJEDA P LLAD , Mensaje. ~lt\CEL CRIBE 1., la Biblioteca 'Lic. José Juan Vallejo'' y su proye('ción hacia el futuro. 125 129 PRE SENTACION L A CRI 1 EN QUE E DEBATE la Universidad de nuestro tiempo --que no es más que el reflejo de esa otra crisis mayor de nuestra sociedad y de nuestra civilizaciónha impulsado a los universitarios de todas las latitudes a buscar fórmulas :r procedimientos para reformar a fondo la estructura y aúu los ob/etá•os tradicionales rle esos altos centros de estudio. Las posiciones esbozados en lomo a eslf! vital problema son múltiples y confieren a la Universidad toda UJla gama teleológica que •t:a lo mi, mo de de una misión correctora de nuestra sociedad hasta una actúud extrema de la destrucción misma de esta institución por mnsiderarla suslentadora ideológica del e tablishment. Pero. coT1w lo diría el maestro Paul Ricoenr al analizar la función rítica de esta institución: cc;,De dónde se saca el derecho de awsar a la [ niversidad de e tar pegada a las estru,ctu.ras del poder en todo el mundo, sino precisamente de una idea de la Univeridad que le daría por cometi.do la búsqueda de la verdad sin co- . , ¡,,, accwn . . II _, o vamos por el momento a hacer el análisis de esta trascendental, vital cuestión. Sí consideramos con el maestro Luis Villoro, que la Cniversidad de nuestros días tiene la triple función de instruir. ser promotora del progreso social _v <Í<' com1ertirse en instancia crítica racional. Preocupada por esta problemálica. la Facultad de Derecho y Ciencias aciales de la Univer idud Autónoma de .Yuevo León ha tratado en encontrar nuevos caminos que le permitan no tan sólo su superadón académica, sino aportar algo de fo mucho que ha recibido de la comunidad. Es así como la Dirección, el cuerpo de profesores del plantel y los propios alumnos se han trazado ZLn programa de trabajo del rual, la publicación DERECBO Y C!E\Cl.4S OCIALF, , es tan sólo una parte. Estas páginas permane.cerán abiertas para todo investigador de las Ciencias Sociales que desee aportar su contribnción y ·u pensamiento. �PEDRO G. ZORRILLA 1ARTINF2 cátedra inaugural DERECHO CONSTITUCIONAL • EL DOCTOR EN DERECHO Pedro C. Zorrilla Martínez ex-alumno de la Facultad de Dercclw y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de iuevo León, fue invitado por esla institución para impartir la cátedra de Derecho Constitucional. Con este motit'o y en ocasión de su incorporación a la planta de maestros del plantel, el Doctor Zorrilla Martínez dictó sobre la materia, el pasado 9 de Abril la conferencia que enseguida reproducimos, qu.e fue tomada directamente de la cinta magnetofónica, a fin de no restar la espontaneidad de la exposición y hemos dejado ésta tal y como fue ofrecida a los alumnos de la Facuitad por el distingu,ido con/erenciante. El Doctor Zorrilla Martínez es egresado de la Facultad de Derecho ele la Universidad Nacional Autónoma de México; es Doctor en Derecho Pzíblico J' Económico por la Facultad de Derecho y CienciU$ Económicas de la Universidad de París: llevó un Curso de Planeación Económica, Derecho Administrativo r Finanzas Públicas, en The Lnndon School of Economú:: and Political Scumces, de la Universidad de Londres; obtuvo el Diploma corresdiente a Ciencias Políticas para Posgraduados en la Escuela de Ciencias Políticas de París, Francia; realizó el Curso completo de la Academia de Dereclw Internacional en La Ha·ra. Holanda y fue becario de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, en Luxemburgo. Ha impartido las cátedras de Derecho Constitucional. �DERECHO CONSTITUCIONAL Dereclw Administrativo, Derecho del Trabajo, Dereclw:; HumaTWs y Planeación del Desarrollo en diversos centros de enseñanza superú,r, tales como en la Facultad de Derecho de la U. N. A. M., de donde es Maestro Decano; igualmente en la Facuitad de Ciencurs Políticas y Sociales ( U. !\. A ..U.) y en la Universidad Iberoamericana; ha sido profesor huéspe.d del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). Pertenece a varurs asociaciones científicas, como el lnstitu.to Internacional de Juristas y es Miembro Fundador de la Sociedad Mexicana de Planificación y del Instituto de Administración P1íblica de México. Asimismo, es Miembro Fundador y Presidente del Instituto de Administración Públi.ca de Nuevo León, A. C. recientemente crmst.ituido. Muy e!<timados amigos: N 2 Ü ES SIJ, CRA1 EMOCIÓl'i, co,10 \ ,STEDES CO~IPRENDERÁN, que e,;toy aquí uniéndome a la planta de maestros de esta Fa~ultad, independientemente de cualesqui ra otro carácter que incidentalmente en lo personal tenga o pudiere tener. Efecti• vamente, quince años en el magisterio impartiendo con modestia, con la modestia propia de los conocimientos de una persona que por más que sea y no es mi caso, que son pocos, ha despertado más bien inquietudes, especialmente en la Universidad acional Autónoma de México, impartiendo el curso de Derecho Constitu• cional. Por una circunstancia que es propia de todas las universidades de México, de un crccirniento del que debemos felicitarnos, resultó que después de retirarse los viejos y ameritados maestros como Mario de la Cueva, Antonio Martínez Báez y muchos otros insignes constilllcionalistas, algunos ya muertos, nos tocó a una generación compuesta originalmente por el maestro Miguel de la Madrid , por su servidor, continuar, después de una solución <le continuidad generacional que seguramente fue absorbida ro!' el desarrollo del país en actividades de muy diverso tipo, continuar con Ja labor de tan in ignes maestro , con mucha mayor mo• destia, lo dil!'o con toda sinceridad, pero si quizá con alguna revitalización no exclusiva del Derecho Público, del Derecho Constitu- DERECHO CONSTITUCIONAL cional, sino de todas las ramas del Derecho, producto de las expe• riencias de nuestro tiempo y de la acelerada historia que en todos los órdenes vivimos. Resultado de ello es también una filosofía ampliada por cuanto a sus consideraciones esenciales, que se transmite como modo de pensar a todas las ciencias y toda las arte . Y es indiscutible que el Derecho Con titucional que el Derecho Público, que el Derecho Administrativo, en consecuencia de esta circunstancia, ha recogido una e encia nueva de e a filosofía que de un neokantismo de la Escuela de Yiena, particularmente en el caso de nuestra disciplina, pasó a una serie de consideraciones nuevas por razones fundamentales de modestia, de w1 formalismo quizás excesivo, de un positivismo, quizá <lema iado prelensioso, pasó, digo, por razones de modestia a recon iderar la importancia de lo intuitivo, la importancia de lo e encial, la importancia de Ja Sociología dentro del Derecho Constitucional, de las diversas y a veces opuestas corrientes históricas, determinando así y particularmente en México, rumbos que si bien recogen lo más valioso que la civilización occidental ha aportado al Derecho descartan aquello que ha servido histórica y circWlstancialmente para que algunos hombres opriman a otros y para que entonces se contimíe la bú queda permanente del Derecho Constitucional, hacia la libertad humana y hacia 1a justicia concreta de las gentes. Si bien es cierto que esta lucha no terminará nunca porque es tendencia existencial del ser humano buscar una participación ,"n el bienestar colectivo, transformar y perfeccionar sus formas de convivencia social organizada, redescubrir nuevas formas de vi,.-1' en colectividad respetando los derechos ajenos y ordenarse parn efectos de ser libres, Si bien es cierto, digo, que la búsqueda es pe;:-manente, lo cierto es que México, respondiendo a su modo, a nuestro modo a tendencias universales. recoge en el Derecho Cons• ti~.1cioml esas e enrias fundamentales y creo con toda sinceridad que descubre y descubrirá -porque hay genio y grandeza en el pensamiento j11rídico mexicano--, nuevas vías de expresión de las tr--ndencias vitales. fundamentales, de trascendencia, de libertad, de pa, icipación y de justicia de los seres humanos, nos cabe la circunstancia no fortuita, pero sí muy important~ de haber sido pio• ne'"Os en el mundo, en nuestro sistema constitucional, de la incor• pn"'"ación a lo constitucional de elementos que no estaban conside:i;- :1dos dentro de un clasicismo constitucionalista propio del estado liberal burgués y que significan ahora, vistos retrospectivamente, un hallazgo extraordinario dentro del problema de lo constitu- 3 �DERECIIO CO ~sTITUCJONAL 4 ciona l en el estado moderno. Sin duda alguna el pensamiento socialista de todo orden, las revoluciones europeas de mitad del siglo IX, el pensamiento francés e inglés y una herencia v¡ ja y abia de los yuntamientos españoles. han contribuido, lo mísmo que pensadores alemanes, a esta reconsideración del Derecho Constitucional, pero es un hecho qu un movimiento social mexicano, que nue tro movimiento sociaL llamado comunmente Revolución lexicana, hizo que e incorporaran, fuera entonces de toda técnica, de toda ortodoxia ante cierto e cándalo de quienes con un exceso de puritanismo o con w1a buena fe formalista, pero excesiva, vieron incorporar e al sistem~ constitucional algo di tinto al catálogo de derechos humanos y de organización del poder, para advertir dentro de los textos formales de las con tituciones escritas reglas tales como las de la separación de la Iglesia _ del Estado, las de la educación, las de la democracia concebida no sólo como mecani mo ino como sistema de vida, de perfeccionamienlo en lo político, en lo social y en lo económico, y algo que nos parece en ]a actualidad esencialmente constitutivo del modo de ser y de que:i:er er de un pueblo, que es la relación entre el hombre y la tierra, particularmente en el campo. Estas incorporaciones a nuestra Constitución significaron para México la originalidad de un hallazgo que de pués encontró sitio dentro de una corriente filo ófica bien universal y bien gene• rosa e.n la incorporación de pen amjentos de muy diver o tipo y de hallazgos tan fun<lamentale como los de la psicología colectiva, del materialismo dialéctico o del idealismo dialéctico de Kant ¿Qué es pues, dentro de esl contexto ) qué significa una Constitución, nue~tra Con ti.Lución? He creído, no lanto en lo peronal sino como resultado de muchas, de cientos de experiencias tenidas con maestros ; con alumnos, que durnnte e te lapso me han enseñado lanlo o más de lo que yo he podido trasmitir, pieno que la . om.titurión tiene entonces una parle Iundamental que refleja Jo que Méxiro e y otn ptlrte que refleja lo que México qmere ser. Pienso que nueslra Con titución con erva y mantiene para efectos de hacer convivir en paz a los hombres en nue Lra ~ ación unas esencias fundamentales heredadas de un concepto racional normativo de lo con titucional, pero que incorpora con facilidad y con generosidad concepto como el histórico o como el ociológico que, repito, han revitalizado el concepto de lo con titucional con minúscula, para descubrir en la Constitución con mayúscula, lo que hay DERECIT0 CO. STITUCIONAL de <·on titu<'ici11al en un ?:r'UJ>O oeial, lo que hay de constitucional y no está en la Constitución y lo que estando en la c~:mstitución, no ' S preci amente coustitucional. . Por eso, siendo en parte un reflejo de 1a realidad, no tan ra• <lical como lo quería Fe,-dinando Lasalle, que hablaba de que la Constitución simplemente la recolección de los factores reales de pod r que exi ten en un momento bi tórico determinado en una sociedad. e escriben, y e o es la Constitución, pero que sí recoge ese punto d vista e incorpora también con IIerman Hcller, por ejem• plo, en un proceso dialéctico que e fundamenla en una probahilidad de que las cosa sigan denlro de un ancho camino por donde han venido ien<lo, dentro le un procéso dialéctico en donde recíprocamente e influencian la realidad, la normalidad que le llama Hennan ll "llcr y la normativiclad que e aquella herencia del racional normativí. mo que Pll u expresión tadical, - al revés de Ferdíuando La a!le--, pt>n ó al guna yez que po<lría planificar e permanent:mcute para Lodo~ lo~ cfeclos en todo tiempo y en todo lugar, la VIda de los homhres en las colectividades organizada . F..s quizás a golpes <le ¡,éndulo que avanza la humanidad en la filo~ofía, en las ciencias y n las técnicas, aparatosas y espectaculares r-slas (dli111as. porque viendo en efecto que se puede poner una cajetilla ◄le cigarros en el cráter de la luna que se escoja, vemos con cierta angu lía que f'n las Ciencias '"'ociales que en la Política como ciencia. que en el Derecho Constitu ional, a veces recaemos "11 Yi •jn fórmulas y sistema heredados de los griegos. Pero creo que esa a~gu~tia_ es y debe ser aparente, creo con Loda sinceridad que el perfeec10nam1ento moral. ético y político de la humanidad e hac~ ~ se r-ebace cada Vt'Z <lentro de cada µer ona, dentro y en función de la dignidad de cadJ. . n humano. Creo que hay un avance qu no c!emPritan guerras como la de Viet-Xam o siltta<'iones de nueldad como la matanza de judíos por lo nazis o dí' increíble ~ incomprensible guerra como la reciente de Pakistán· de modo que avanza pues la ciencia del Derecho. La Ciencia Politica e ha incorporado no como parte integrante del Dere ho Con tilucional ino como una iencia que coadyuva con el propio Derecho Constitucional al estudio de ta realidad social que iendo una, debe y tiene que ser enfocada de diversas maneras para poder er má o menos inlegralmenle conocida. La metodología de] estudio del Derecho onstilucional. en consecuencia. está eguramente inspirada por e ta con idera~ión fundamental. El e tudio de lo constitucional, de llll modo de ser de un grupo ocial, no se agota como quería el racional normalivismo, 5 �6 DERECHO CO 'STITUCJONAL DER.CCilO CONSTITUCIONAL la filosofía de la ilustración, en una serie df' normas con algún ex• 1857 la C:Cmstitución de México, dentro de un sistema fedetal, fue unícamarista, cuando ya el hallazgo estaba hecho y la experien• cia tenida en nuestro país de que la Cámara Alta representaría a los Estados, tal como lo descubrieron lo norteamericanos con la llamada transacción de Connectícut al buscar en la Cámara Baja una r presentación igualitaria indeprndienlemenle del tamaño y número de habitantes de ca<la Estado. ¿Por qué hubo un::i sola Cámara en 1857? Si no vamos a la Historia y vemos la última fase del gobierno de Santana, la fase de la Alteza ercnísima, la fase de los reglamentos que de hecho derogaron al -sistema federal, la fase de la exaltación de la personnlidad r del autoritarismo en el Gobierno, la fase en la que el Senado se convirtió por virtud de un acto de buena fe de Ignacio Ramírez en 1857, en una Cámara con ex-gobernadores, expresidentes, ex-funcionarios y ex-hombres importantes de la política y la aristocracia intelectual, de la economía y de la política del tiempo. se convirtió en una Cámara efectivamenle aristocrática, Cámara que a había sido de plazada del panorama político mundial, desplazamiento en virLud del avance de la democracia de las ar.i ·tocracias que originalmente representaron dichas Cámaras Altas. Su nueva razón de ser era precisamente el federalismo~ la reprcscntaciún de los Estados al lado <le la representación popular en la Cámara Baja; pero estas circunstancias de haber contribuido esa Cámara Al ta, por virtud de ~u integración, a un desquiciamiento del hilo conductor de la historia de México y a un rompimiento con las tradiciones más valiosas de Apatzingán, de 24, de 46, y los inlentos del Acta de Reformas del 47, hicieron que los legisladores del 57, preocupados de que volviera a pasar este fenómeno, hicieron desaparecer la Cámara Alta, y tuvimos la ocasión de vivir, hasta que Lerdo de Tejada en 84 transformó otra vez las cosas, un sistema federal con una sola Cámara. ¿ Cómo explicarnos entonces esta circunstancia con base en un método lógico y analítico so• lamente; cómo explicamos sin la historia de Jas ideas políticas y de los aconteceres de la historia de México, esta circunstancia y muchas otras? De otra parte cómo explicar en una Universidad y ante unos estudiosos del Derecho ConstiLucional, que lo somos todos, el funcionamiento del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en Méxi• co Y su recíproca relación, sin dar cuenta de la existencia de un partido dominanle. 1o podría explicarse el funcionamiento de estos dos podere y sus relaciones, no podríamos recoger explica- ceso de pretensión y puPde que hasla con pedantería, en una planificación pcnnancnle <le Ja vida humana de una parle, de la otra tampoco puede cr que los factores reales de poder, tan cambiantes y tan maleables, tan difíciles de asir, aún 1,ara efectos intelectuales en ciertas ocasione , dictaran la materia Constituciona1. Es posible, con Hennan Heller, que el proceso sea dialéctico; es posible tam• bién, con George Bullan, que se trate de recoger permanentemente, con flexibilidad, con modestia, sin exceso en la prctensitSn sin pedantería intel ctual sin búsqueda de seres humano perf cto~ -que no lo somos-, de rc"oger eso que Button llama, y yo creo que xiste, la idea del Derecho; la idea de Derecho que exi te iudep,.ndimtrmrnte de lo. Córligo y de la formulación de las leyes vigentes, que va en contra de aquella célebre frase de que un plumazo clel legislador destruye todo el Derecho existente. El Derecho no se agota en las normas vigentes. está más allá y representa la otra fase de la medalla que constituye o que es la esencia de nuestra profesión: ciertamentf' la interpretación y exégesis de lo xistente, p ro ciertamente también, al recoger 1as esencias mismas de la realidad social 1a expresión jurídica nueva transformadora de esa realidad programática de los de eos de la colectividad para efectos de que exista entre la realidad y la norma n la cual e refiere, u rn relación de intenl pcndenóa. repito. de tipo dialéctico. que lleve la comunidad hacia fines generales y específicos con medio concretos v determinados seleccionados por esa misma colectividad. El mPtodo del Derecho Constitucional, en consecuencia, no se agota ~n los métodos tradicionales del Derecho, por cuanto a expresión formal y técnica de las normas de conducta y de las normas df' organización que componen cualquier ordenamiento jurídico, sino que con la ayuda de los resultados de las investigacione de la ciencia Política e compl<>ta, y con la ayuda del conocimiento de la Hi ' loria. de las idea y transformaciones polílicas. se explica. ·o es pues un anáH. i lógico y una disección analítica la sola que pudiera darno la e f'ncia del Derecho Cons• titucional, no es tampoco el caso de hacer Ciencia Polític~ con una metodología y un i tema de percepción del conocimiento, que no van enteramente con el estudio del Derecho. Se trata, insisto, de aprovechar los resultados de la Cirncia Política de una parte, de reeogPr las <'Xplicacione que nos da ]a Historia, de la otra, y de interpretar con los métodos del Derecho, nuestro Derecho Constitucional. No habría modo de explicamos, por ejemplo, por qué en ne 7 �DERECHO COl'. TlTUCIONAL cionc ha. Lantc de la pura norma, no po<lríamo hacerlas con la pura lfonica; tenemos que recurrir y lo hacemo , a la explicaciones qu no~ ofrec la Ciencia P Iílica, que aporta ¡me al Derecho Co11stitucional como a su tiempo el Derecho Constitucional aporta a la Ciencia Política u hallazgo , su metodología y sus resultados para conocer má lo constitutivo, r pilo, lo con litucional de una comunidad de hombres que forman una nación, r que constituyen dentro de la actual etapa históricu, cuando menos, est&i forma de organización que llamamos Estado. La metodología del Derecho Con titucional, en ínte is, consiste en utilizar lo métodos usuales en la inlepretación del Derecho p ro acompañarlos de esos resultados de la Ciencia Política y de esos conocimientos que nos brinda la historia, para explicarnos la onstilución vigente; decimos y ati facernos con la explicació11 de por qué son las co as y preguntarno enseguida, con una gran liherlad, con una gran hone tida<l intelectual, con una gran apertura por cuanlo a e'Xprc. ión d punto, de vista, opiniones e id a , si es la onstitución que nos conviene, i tocia ella es deveras reflejo o programa de lo con titutivo o de lo que e desea constituir en un pai como el nue Lro; preguntarnos con Loda honestidad r fuera dr una Lorre <le marfil si lo que Ja gente quiere, ~i la idea de lo justo, si la repre·entación que se hace de- u propia personalidad tra cendida en los hijo y en los ni Los, e lo que la Constitución quiere, programa }' refleja. Esta pregunta fundamental vale para la legitimación del poder, vale para la Jrgitimación de o gobernantes, vale par;i las formas de E lado, vale para las formas de gobierno, vale para la r Iación fomlamf>nlal ntre goh mante ' gobernados, vale para la reglas w tancialr de la relación del hombre con Jo factore5 de la producción en el medio en I cual Yive y que determina, como fue d hallazgo de Marx. cierta condjciones que dan o no realidad a !o~ derecho. humano ind1vid11ales o colectivo d que la propia Con.,Litncióu habla. E por eso que me pregunto, y pregun• to siempre que discuto y oigo, y vuelvo a oir y considero, y vuela cowi<lerar, la, pregunta. fundamentales que nos eguiremos haciendo en la. Faculta<lP.~ de Derecho en materia constitucional: ¿E nuestra .on. tilución La Constitución de 1973, contiene en sus fórmula jurídicas la. esencia de e.a idea de lo justo, de esa idea o repn!'-enlación <l í misma que la comunidad se hace para el futuro; contiene las condiciones fundamentales de buscar la justicia en un cont<'xto como el nu tro; valen y siguen valiendo los derechos humanos: la propiedad tiene actualmente la funciones ''º 8 DERECHO CONSTlTUCl01 -AL social e que fueron unas en 17, otras en la expropiación de 38 y que deben er muy otras en 1973: querremos todavía la libertad de pensar y de escribir, de opinar y de reunirnos, de trasladarnos y dP trabajar; querremo la libertad de educarnos; querremo que el Estado upla representando a la sociedad la condiciones que faltau para q_ue quienes meno.s tienen. tengan sin embargo oportunidarl real y efectiva de que los derecho , tales como el de educacac10n. no querl"n en el papel, y que explican la existencia del Comüé parn. la Construcción de Escue]a , de las e cuelas normales o dt> lo- lihro- d texto gratuitos para los alumno y pagados por la comunidad; pensamo todavía que ]a legüimación del poder .ignifica la con t>cución de melas que eslán claramente expuestas f"n la Constitución· pensamo todavía que el Federalismo constitln P. 110 oh tante que en todo el mundo hay un fenómeno de centralización evidente en gracia a la complejidad de 1a economía y a la rapidez de la. comunicaciones, con tituyen, digo, una reserva d<' libertad h1Jma11a que debe y puede cr aprovechada en paí es romo d nue tro? ¿ \ ale la J>r.na eguir ·omparando el Federalismo con lo que f" inventr'1 hace 250 ó 300 años en los Estado Unidos. y que sirvió p::ira el1o Y para entonce µero que no tiene por qué comparar:-tC' con PI :1rtual? ¿Podemos eguir pensando en un federalismo dual o mejor hu camos nuevas forma de participación, un federal i mo <le participación que no se agote en la representación de las dipntacionf's locale y de los Senadore por cada Estado, sino quP . e amplíe a nuevos canalc$ y nuevas formas de l1acer valer la influencia y la rnluntad de esas reserras y zonas de libertad en las deci iones naciona1e que afectan a cada Estado? ¿ Vale Ja pena eguir pen ando en la libertad municipal, conviene discutirla oñando que ivimos en un paraí o de nube sin polnción alguna, en donde no hay como en ºuevo León el 60 por ci :110 de la gentes, que ganan menos de mil pesos (económicamenL<' activa ) y t>l Q] por ciento qne gana meno de dos mil quinientos pe o ? ¿ erá cierto que vale la pena di cutir esa libertad municipal dentro de un contexto cultural en donde es una minoría muy pequeña la que tiene la ocasión de cursar una educación universitaria. o habrá que considerar, y vuelvo al punto de vista sociológico, estas realidades por duras que sean, y explicarnos enlcmces quf entido tiene, y qué sentido ha de dársele a la libertad municipal y a la función pública de los municipio ? ;_. eguiremos pen ando que vale la pena que el Estado representando a la sociedad sea dueño del subsuelo y defienda una inde- 9 �DERECHO CONSTITUCIONAL 10 pendencia económica que parece que la historia demuestra con claridad es condición de la independencia política? ¿Creemos que un país subdesarrollado sin duda, en vías de desarrollo sin duda también, necesita un sistema presidencial que con todos sus defectos acumula esfuerzos y los apoya en lugares en donde se espera que por modestos que sean los recursos se logran resultados de justicia, de libertad y de desarrollo aparejado, social y económico? ¿Seguimos pensando en 1973, insisto y repito, en que la forma de Estado y la forma de Gobierno, la democracia concebida como un mejoramiento permanente de la vida en lo social, lo políiico, lo económico y Jo cultural, es un concepto que vale? Si seguimos pensándolo, perfeccionemos los mecanismos; si seguimos pensándolo, depuremos los artículos que tuvieron razón circunstancial <le ser, pero que no se explican frente a la circunstancia cambiante y acelerada que vivimos en función del crecimiento demográfico, en función de esa complejidad económica que ha transformado la economía y la sociedad, en función de una complejidad de relaciones políticas que se hace difícil de entender, aún para los expertos. El Derecho Constitucional pues, pienso y creo, y el Derecho Administrativo, en consecuencia, es un Derecho lleno de caminos y de puertas abiertas a la imaginación y a la creación del jurista. Pienso que en un país como el nuestro, dentro de un contexto concreto, en donde el hombre ciertamente es el centro, así como su dignidad, de las instituciones políticas, el hombre y su libertad real, pienso que vale la pena seguir meditando, pero con una rapidez inusitada y actuando no alocadamente, pero sí con prontitud en cuanto se medite y se consulte, para abrir nuevos cauces y nuevas formas a la aplicación de principio que como los derechos humanos y los derechos sociales, que como la relación fundamental entre gobernantes y gobernados, que como las prerrogativas de la sociedad para dar a quienes en más pobres condiciones viven, ocasión de qu~ los derechos sean efectivos y no meras expresiones de papel, dar nueva ocasión, digo, a esa libertad y a esa justicia. Pienso que mucho hemos avanzado y que mucho es evidente, sobre todo al comparársele con el aumento demográfico. Del 17 a la fecha ha habido ciento treinta y tantas modificaciones constitucionales, pero ha aumentado en muchos millones la población de México. La tierra no se estira; las oportunidades de educación y de trabajo no se amplían si no por virtud clel esfuerzo humano ¡v el elfuerzo humano no i::t• rla ino denlro de la dignidad del hombre.; la dignidad no se sustenta, creo, en frases o en fórmulas, en palabras o en reflexio- DERECIJO CONS'fIT UCIONAL n~s especulativas, se sustenta en bases reales que la propia colecti• v1dad_debe crear, que deben exigirse de quienes más responsabilidad Uenen, que deben solicitarse de quienes siendo propietarios han de dar, trátese del sector público o del privado, una función social éada vez más ~ueva y. cada vez más amplia, a los que tienen, porque lo han derivado ciertamente de su trabajo personal, pero ciertamente también de vivir en una comunidad que les enseña, que les coi:r~pra, que les vende, que les ayuda, que les arropa, que les hace h~1tar u~a casa formar una familia y trascender su propia especie. Tan 1IDportante como ésto, lo pienso con toda sinceridad es el 9erccbo Constitucional Mexicano, tan abierto a la imaginació~ creadora, ta~ fund~mental para dar base a discusiones importantes sob_r~ las 1deologias, sob~~ los punt~s de vista, sobre las metas espec1f1cas, sobre la i;:elecc1on de medios, sobre las relaciones entre los ~upos sociales, _sobre los contrastes que ofenden la dignidad y que v1v1m?s en México, y sobre la manera de acabar con ellos, no ohsta~te mtereses que se opusie~an .ª dicha terminación de injusticias. P1e?so que el Derecho Constitucional, entonces, es digno de ser estudiado y de ser estudiado a fondo. * * Después rl ,,. meditaciones q t!' drma iado rápido h e trata- do de prop~~er a la consideración de los maestros aquí presentes y de ustedes, Jovenes, esta tarde, y de haberlas consultado con muchas ~ent~s que saben más que yo, formulé un Programa de Derecho Conshtuc1onal que pondré a la consideración de ustedes, para mejorarlo, porq~e hace llemp~ que no es revisado, porque la vida cambia y cambia muy de prisa, porque el Derecho cuando se convierte en una estructura esclerótica que no deja pasar la vida da posibilidad a la explotcwión de unos homhres por los otros,' es conservadora de. lo no valioso, de intereses que están obstaculizando ya los legítimos de_ los d~más, iri:e~petuosa de derechos que fomentan no la paz smo la mtranqmhdad social. ~tonces, así como el Derecho, el Programa del curso debe se~ :eV1sad~, debe ser puesto al día, deh-e ser reconsiderado y yo qms1e~a la unportante aportación ele ustedes para reconsiderar este teman?, ponerlo al día y desde luego al lado de los que ya tienen Y func10nan y son propuestos a la consideración diaria de ustedes por los maestros ?e. Derecho Púhüco de esla Facultad, y honor más grande no he recih1do en los últimos tiempos que e] ser invitado a formar parte de 1a planta de maestros de mi Universidad Autónoma 11 �DERECHO CO.'.'ISTITGCIO~ AL 12 de _-uevo León, para q u entonces, al lado de e tos otros temarios sirva, ojalá, como una ar1ortación que no tanto en eñe sino inquiete, que no tanto dogmatice ni remotamente, sino que al contrario dé ocasión a di cu iones muy libres, muy respetuo as, muy apasionadas, pero muy, mur libre-, porque 1a libertad de cátedra no es nada má del profesor, sino también de los alumnos. Quiero proponer entonces a ustedes este temario que está en Iunción de lo que acabo de decirle dividido en una parle general que se refiere a la Teoría de la .on titución y del Derecho Constitucional, que pretende proponer a consideración del estudioso el problema del Derecho Constitucional, su localización dentro del nu~vo Derecho Público y el nuevo Derecho Privado. y su metodología, que buscando un planteam.iento radical de la cuestión trate de ver en la Constitución no sólo su funcionalidad, sino de ver a través de ella la esencia misma del Estado y su razón de ser, propone la con~ sideración de lo que el E.stado es: un fenómeno de poder que se ejerce conforme al Derecho, dadas las condiciones previas de población ) d territorio, definido como lo están, por la Con titución Mexicana ) por otras constitucione. . que define la nue tra, quiénes somos mexicano y por qué, cuál es nuestro territorio y cómo está compue to. Dentro de e te contexto y para entenderlo esencialmente. se propone ¡me como tema: La Conslilución dentro d I Estado. Desputs r · útil. pero útil para efectos prácticos, no para discusiones inútilel"-, la clasificación de las con tituciones como flexibles y rígidas, como consuetudinarias y racionali ta . ¿Por qué es nueva otra vez e ta clasificación? Por la imple razón de que la pretensión humana no puede llegar a pensar y es un h cho que, en la realidad. cierla normas constitucionales funcionen de manera distinta a la que se había prevfato ciertas realidades son constitucionales y no e tán reflejadas en la Constitución y, finalmente, ciertas norma oon titucionale no se cumplen. ¿Por qué? ¿Porque son obsoletas, porque fueron circunstanciales. porque son programáticas y no hemos alcanzado el contenido del programa? Habrá que estudiarlo y habrá que verlo. Después. finalmente y ésto e fundamental, el objeto de los textos constitucionales. ¿Por qué y Jlara qué existe una Constitución, qué Eentido tiene. por qué en I landia y en gran Bretaña la Constitución es con uetudinaria y en todos los demás países es e crila; por qué esa escritma de la Constitución?, que naturalmente no significa que esté crita en un papel, sino que precisamente, se originó en un concepto racional nonnatfro, que a partir de un momento determinado se dijo: DERECHO COXSTITUCIOr-;'AL Esto e la Con tilución. Y que ~e ba modiiicmlo en gracia a la indu ión al istema de conceptos sociológicos e lústúricos de los que hemo hablado. Ha cambiado mucho este ohjelo y finalidad de lo texto conslÍlJJcionale~. Finalmente y hablando ya de la vida de una ·on titución veríamos por qué e establece y cuándo wia ley constitucional. como resultado de Wla voluntad deliberada, tradicionalmente como una Carta otorgada o arrancada vor la fuerza al príncipe, como frulo de un movimitnlo revolucionario; ¿cuál es el concepto de revolución, cuál es su sentido jurídico último, no jurídico formal, sino jurídico sui-lancial, por qn' e reforma y para qué una Constitución? Hubo la pretensión, nunca llevada a la práetica com• pletnmenle, p<"rO huho la preleu ión teórica de que podría ser irreformable una Constitución. d que la razón humana, la diosa razón, había descubierto el pJan permanente de vida de los hombres en <'Ste mundC1: no fue a í. y buena venganza e Lomó la realidad con la ReYolución Industrial. el nacimiento del prol tariado, las reivinclicacionf'L frente a la e Lructnras explotadoras de los demás hombres. buena Yenganza e tomó de esta pretensión formalista. ¿, Por qué se reforma enlonces, cuándo y cómo ha de analizare wm e tructura conslitucional para saber si las reformas no solamente on po. ibilidades formale , ino posibilidad s reales de transformar r conformar, de acuerdo con deseos ·ol ctivos objetivados, no subjetivo . la realidad en qu vivimos? Y . iendo como es c¡ue la Constitución e, una norma jurídica y un dcb r ~Pr, por lanto. ¿que~ si. temas ha · en el mundo en Mfxico para garantizar el cnmplimicnlo o la vuelta al cumplimiento de una norma constitucional violada? ¿Qué entido liene la garantía con titucional, qué papeJ r preLenla eJ mparo, qué sentido tiene una drfcnsa jurídica ele un derecho con titucional, qué otros sistemas hay por vía de control político, por acción. por excepción, etc.? },nseguida pa~aríamos al contenido de 1a Constitución por cuanto a la forma del F,stado y e tuJiaríamo a fondo el federalismo. El federali mo en ]917 rn 192:\ con el voto del Congre o que determinó la actitud del Congre o ele 24 y el Iederali mo finalmente, restablecido en 1846 y de 1973 que tiene para nosotros importancia capital. Enseguida veríamos también el conlenido de la Constitución, pero por cuanto a sistema de gobierno, si t mas que irían desde el liberalismo político, hnsta la democracia autoritaria, desde el estado liberal hasta el e tado marxista. En eguida las relaciones entre gobernantes y gobernados en la democracia liberal; los diferentes tipos de democracia y pasaríamos a una Segunda Parte provistos de este equipaje de Teoría Cons- 13 �DERECHO COJ\STITL;l..'lOs. \L 14 titucional y de este panorama que buscara como busca, no un análisis previo y analitico de las partes integrantes de la Conslilución, sino una intuición esencial de lo que la Constitución es, pasaríamos a ver, por razones de esa metodología de que hablaba a ustedes, cuál es la lústoria fundamental del const..itucionalismo mexicano~' o haríamos un estudio de Historia de México, que es de suponerse sabida por los alumnos de la Facultar!, sin.o la historia de los acontecimientos dentro de esa Historia. con una relevancia y con una significación políticas para el constitucionalismo mexicano. Es notable, dentro de esta parle drl tema, la Independencia, el Imperio y la Constitución ele 24, las Reformas de 33, el intento _de Gómez Farías de la separación de la iglesia y del estado, sin 'x1to en aquella ocasión y la ConstiL1ición Centralista de 36, la otra Constitución Centralista de 43, pero el intento liberal de 1842 su fraca o y explicarnos fo razones; el restablecimiento del federalismo en 46; la Revolución de yutla, que es la otra revolución que lo fue en serio y la Constitució11 de 57: los incidentes importantLimos dt> i,1 vigencia cJc 1111.1 Cri11 t1,11rián liberal que mayormenlc- hicieron una aportación ocial quP . í tuvo la de 17 y determiuó sin embargo fundamenLalmentc, el Estado y la sociedad dentro <l<' la cual vivimo_; y finalmente las baRe , ociales y políticas, la ra-z6n de ser de nuestra Constitución actual, la hfatoria de sus reforma · y las razones mismas d,... esas reforma". f.on una gran apertura para discutir, desde cualquier pWlto de vi ta, con una gran libertad académica, con un gran r pelo por las ideas de los demás para recoger la~ aportaciones valiosas que la Universidad crítica puede dar a la sociedad a la cual pertenece y dentro de la cua1 actúa, para recogerlas desde todos los puntos de vista. por parte de alumnos y profesores, por parte de la comunidad universitaria a la cual pertenecemos, y aportarla en su ocasión y en su oportunidad, en muchos lugares y con una gran honestidad, so í, sin traicionar lo que aquí vemos y lo que allá hacemos, para bien de la sociedad en que vivimos y del perfeccionamiento que requiere y que es evidente necesita y puede dársele. Una Tercera Parte trala dl' repelir. por razones pedagógicas, toda aquella Parle General de que Jes hablé antes de referirme a la parte histórica, pero aplicada ya al caso mexicano. Constitución de 17; 5oheranía, P{)der Constituyente y Poder Revisor de la Constitución, en 1a Constitución actual; los derechos del hombre y el control de la Constitución en México, con la miríada rle problemas y de hallazgos que esos derechos y ese control de la constitucionalidad han teniclo en nuestro país. Después, federalismo en México ac- llf:RECIW COI\S11TUC10NAL 1 tualmente; los Estados y el sistema federal y el municipio libre y, finn !mente el sistema de gobierno en la Constitución de 17; la división del poder público; el gobierno presidencial en nuestro país; e] Poder Ejecutivo Federal, facultades del Presidente; el Poder Legislativo, facultades del Congreso; el Poder Judicial y sus facultades. Por último, denu-o de unas cuestiones generales de fundamental importancia, el territorio en la Constitución Mexicana, que en nuestro país reviste una importancia especial, porque las riquezas del subsuelo para que tengan función social se ha estimado deben ser propiedad de ]a nación, y la población que da sentido a todo lo anterior y a todo Jo demás; reuniendo en Ja pretensión con esta visión <le la ~?n;;.• ituci6n MP".ic:i na vigente, a aquel planleamienlo original que h1c1mos del F,.c,tado como un fenómeno de po<ler que se da dentro del contexto de un territorio y en beneficio o perjuicio de una población específicamente determinada. Dentro de estas cuestiones generales y como parte final de esta Tercera y penúltima parte, habría la organización social y económica en la Constitución de 17; ese hallazgo fundamental de que lo constil11cional no !-oll solamente los derechos del hombre y la organizaci,jn del poder, sino la rc1ación fundamental que da el contexto histórico y cultural dado, en relación a esos derechos y a esa organización; cómo funcionan esos derechos y cómo marcha esa organización dentro de un contexto social concreto y no otro para lo cual hay que conocerlo con estadísticas, con muestreos, con encuestas que nos dará la Ciencia Política, con ha11azgos y resultados que nos dará la Ciencia Histórica, con análisis que nos dará la Ciencia Jurídica. E~ una Cuarta ~arte es indispensable se estudien por la influencia que han temdo en el Derecho Constitucional Occidental Y, por tanto mexicano, _al lado de lo muy propio nuestro, y por razon de conocer y abnr Jos panoramas más amplios que puedan darse dentro del mundo que conocemos, se estudien las instituciones principales británicas en el orden constitucional· las institucione~ constitucionales en los Estados Unidos de ro;teamérica · las SlllZas por ~u particularid~d ÍWldameptal y la importancia tra~cendente que tiene ser un pa1s con una enorme variedad no solamenl: de ideas, sino de religiones, lenguas y costumbr~; las instih1c10nes constitucionales francesas, por la aportación que evidenten_1ente han dado al mundo Y la estructura constitucional bien distinta de la nión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de las Democracias Populares. Esto es el planteamiento con un modesto añadido bibliográ- 15 �OEREC110 COX ' TJT ·c10. ;AL lico que pondré u la consideración de a ledes, principalmente efe los mae Lros, ptlra que con su experjencia aporten, mejoren, modifiquen r dejemos con la libertad que cada uno de los profesores debemo tener de darle l estilo pr..r onal a nue tra exposición UD programa fl1H' sea como está iéndolo ya, útil a la nivei-sidad Autónoma de \uevo León, como peo amos quienes contribuimos modeslameute a formar rste, a que fuera útil a la Facultad de Derecho de la niver idad de México. Pero siempre con esa gran libertad de cátedra, con e. a gran libertad de añadir restar, sumar, proponer, objetar, de parle d carla alumno en cada ocasión, con una gran honestidad intelectual de plantear toda las cur tione : si no, no hay niver idad; si no, no hay libertad de cátedra; si no, no tienen sentido los e Ludios superiores; si no, no ha,. no habrá capacidad de devolver a l¡i comunidad 1o que la co~mnidad nos da, dándono oca.ión de seguir estudiando a este nivel en wm Universidad llena de prestigio y que espero lo tenga C"ad:i vr1 mñ. rreciente en nue, t ro E. tado de :\' uevo León 1n .ÍPncia Jmírlica. i les e, útil. si lr>s. O~" útil, estov para sen·ir1e , porque como dijo Antonio Macliado. en e La mat ria. mte LTas univer itarias, sólo se pierde lo quf" r guarda sólo e gana lo que se da. lucha gra• c1as. • EVERARDO CHAPA CANTU UNIVERSIDAD ABIERTA P R O Y E C TO PAR,\ LA REFORMA Al. SíSTE;\lA EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA U. A. • L -EXPOSICIÓN DE MOTJ\'O~.- H A SIDO PROPÓSITO CONSTANTE OE TODO CENTRO EDUCATIVO perfeccionar sus si temas y programas efe enseñanza. El afán se vuelve necesidad, cuando resultan evidentes las fa. Das e incongruencias entre los objetivos racionales y los métodos docentes puestos en práctica, seguidos unas veces por simple tradición o inercia y, otras, por derivaciones que se van aplicando sin que coincidan con la intención que dieron origen a ciertas medidas. La e<lucación universitaria debe impartirse con igualdad de opo-rtunidades, tanto para quien su capacidad económica no le permita sufragar los elevados costos de una preparación profesional, como para quien radica en lugares apartados del área de nuestra ciudad; e to es, la Universidad dehc ser un centro de cultura abierto para el pueblo . o sin justüicación, los estudiantes han reclamado una inmecliata Reforma en lo métodos didácticos de la Facultad de Derecho)' Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de uevo León. Un sinnúmero de cuestiones enunciadas por los alumnos y los maesEl IJc. EveraTdo Chapa Cantú es s11bd1roo!;or de la Facultad de Derecho 7 Clene.lu Soel.ale,, de lll UDfve:rsld&d AnbóPoma ds Nuevo Le6n y catedritlco, en este mismo e@Dtro de J:1 muterla Gan.ntía._, tnalvlduales. La, presente Expoi;lcloo d" Motivos corresponde preliml:lulo de un trabaJo de Investigación en torno a. l.u. Reforma Unl•ersltatla a Dlnl prg. reslonal. ai 16 �-lVERSlDAD 18 UNlVERSIUAD ABIERTA tros y otras que, por lo franco de su evidencia en el trabajo administrativo de la escuela, nos movieron a investigar, realizando una encuesla en diversos grupos y a düerentes niveles para convocar a los propios estudiantes a que manifestasen sus problemas relacionados con las Lécnicas actuales y sugiriesen soluciones. Se realizaron jtmtas con las secciones académicas de mae tros para exponer los principios que consideramos axiomáticos de nuestro trabajo, y que precisaremos más adelante. Consideraciones de toda índole, algunas de las cuales aquí se analizan, removieron la inquietud para convencemos de la urgente necesidad de una Reforma. Por otra parte, la panorámica que nos brindaba el trato cotidiano con los estudiantes., en Ja Secretaría General de la Facultad, pronto nos Jlevó a 1a conclusión de que las modificaciones a proponer no podían concretarse únicamente a mutar asignaturas de un lado para otro o implemente a justificarlas, reducirlas o aumentarlas, lo que signüicaría en un simple cambio de programa, bajo las mismas férulas inoperantes. La irregularidad en la asistencia de los catedráticos desilusiona al estudiante que no puede a anzar en su curso porque está supeditado a que el maestro vaya a clase. Los sistemas pedagógicos actuales. están basados en la forma de exponer la Cátedra, haciendo una <iirecla dependencia del alumno hacia el maestro. La práctica de Jl,war un sólo texto corno guía de trabajo, no estimula l'a investigación. El estudiante que trabaja está. impedido a ingresar a la Facultad porque los reglamentos vigentes lo obligan a asistir, so pena de no tener derecho a examen. Los periodos de clase regularmen• te no se ajustan a quien ]ahora, pues los grupos que se forman para ca<la semestre tienen horarios mixto ( mañana y~ tarde), o los grupos de reciente creación matutinos o vespertinos, están sujetos severamente a los maestros que tienen que dedicarse a otras ocupaciones fuera de la escuela, por lo cual se han planteado serios problemas para conseguir que acepten los tiempos llamados ' "críticos", o sea rle 10 de la mañana en adelante en los cursos matutinos y de las 2 a las 4 de la tarde en los vespertinos, lo que impide satisfacer las creciente demandas de los estudiantes que no pueden cursar sus estudios por incompatibilidad de horarios. Esta desarticulación, está negando uno de los fines de la Universidad: faciJitar los estudios a las personas sin importar su condición económica, o más aún que se brinde instrucción profesional a las gentes de escasos recursos. La realidad es que actuaJmente las aulas son privativas para quienes están patrocinados o que puedan dar- ABIERTA se eJ lujo de no requerir de ingresos para estudiar y para beneficio de quienes viven en la meLrópoJi. Vacía intención la de pretender que la enseñanza universitaria sirva a los más necesitados o que se difunda a toda nuestra entidad con los métodos actuales. Si para cursar estudios superiores, según vimos, se requiere que dejen de trabajar las personas que viven en la capital del Estado, ¿qué podemos pensar de aquellos que han nacido en zonas rurales o en CP-ntro. dt> pohlal'ión apartados de Monterrey? Por otra parte, el aprovechamiento académico no es paralelo al esfuerz.o económico de las erogaciones que se realizan y que necesariamt>nt , tendrán que hacerse. Aclualmente se pierden, de acuerdo con el vigP-nle calendario escolm para los planes ·cmestrales, 16 semana , o sea que de las 24. semanas del semestre, sólo $P aprovechan 8 s'!manas1. Si oficialmente se :reconoce un desperdicio de más del 65 por ciento del tiempo, ésto es, sin considerar los asuetos no concedidos por el calendario escolar, por ejemplo: 1o " puen tes " , c,h ue1gas" y " paros" estu d.1ant1·1es, f a lta de e1ase por ausencia d~l maestro, '"vacacio1ws anticipadas" y otros días feriados según la tradición, como los "'vierne sociales", conmemoraciones luctuosa . etc.: del mal llamado seme,;tre, sólo e trabaja, en estimación muy optimi ta, un bimestre. No oh tantc la grau nisipación de asuelo~, cuando se e tá en periodo de labort>s, los edificios re ultaban iruuficientes porque 1a población tudiantil e. cada vez mavor v lo~ sistemas tradicionales enseñanza obligan a la forma~ión ·de 'grupos" que iden• tifican el nivel o semestte que cursan y el horario singular en que deberán asistir a tomar cada a ignatura. A ello se agrega la obligación de llevar lodo un "paquete" de materias en un ciclo escolar, aun cuando el estudiante, por razones de sus actividades u ocupaciones no plH"<la hacerlo. Y al final de cada período vienen los_ exámenes su jetos a un inflexfu]e calendario, que para nada estima el avance de los estudiantes. Esto produce un lastre de pseudo-aprobados y de alumnos 'irregulares" con wrn enorme car• ga administrativa de controles para que las materias que llevan en. cu_rsos uperiores a los no aprobado no se "empalmen" y que comc1clan con u record de asignaturas y de horarios resultando con fr_ecuencia un desconcierto para e] propio alumno,' ante la expeclat1v~ de verse fuera de la Universidad al reprobar la sexta oportumdad . que se establece como límite en el actual reglamento. .,.~ requiere, como puede o~servarse, no solamente un replanteam1ent_o a los cuadros de asignaturas de la carrera, sino muy primord:ialmenlc. una verdadera Reforma al sistema de enseñanza. de ~ 19 �U N I Y E R . 1D 20 D .\ B I E R T A Hicimos, en consecuencia, un breve resumen de los cambios que nos parecían más idóneos y que fueron ampliamente comentados con maestros y estudiantes. Para los apasionados de la tradición, resultaban proyecciones demasiado ambiciosas, radicales e idealistas, porque se pretendía, como se pretende, rom¡Jer _las barreras de recepción, transmisión y difusión de la cultura, ahnr las aulas, estimular la investigación aspirando, en fin, a hacer de nuestra Universidad, una Universidad más abierta y que fuese nuestra Facultad de Derecho, la primera en iniciarlo. Había que pensar, principalmente, en que no se afectara el índice de aprovechamiento y de calidad pedagógicos. Desde un principio nos apasionó el reto que implicaba un estudio de esta naturaleza. Comenzamo. por obtener la información que nos permitiera hacer los análisis comparativos y las proyecciones consecuentes. Reunimos los planes de euseñanza en 18 diversas Facultades de Derecho en la República 1\1exicana. F..studiamos las exposiciones de motivos de los planes de nuestra escuela, y de la Facuitad de Derecho de la U. N. A. M. Recogimos opiniones de autores extranjeros respecto a las escuelas de Derecho de Italia, Francia y Alemania. Obtuvimos estadísticas de la Educación Superior en México, en cifras nacionales y de 1a Universidad Autónoma de . tuevo León. Recopilamos los avances más frescos en las nuevas. corrientes educativas recomendadas en 1972 por la comisión de la U IBSCO encabezarla por E<lgar F auré, con los valiosísimo documentos de la comisión Internacional para el desarrollo de la Educación ; los métodos de] sistema de Educación Personalizada de Fred S. Keller en ]os Estados Unidos de orteamérica, los conceptos de eill Summerhill en Inglaterra, de Petersen en Alemania, de Decroly en Bélgica, de Celestin Freinet en Francia, de Paulo Freire en Brazil,2 y de los Congresos de Educación y Cultura en Cuba, en 197], así como los resultados del Coloquio Latinoamericano sobre la Reforma Educativa, celebrado en la Ciudad de México en octubre de 1972. Había g{re pensar también, en las repercusiones económicas )' en el impacto presupuestal que significa llevar a la práctica los propósitos que nos animan. Encontramos que, con los sistemas que ahora se proponen, se logra primordialmente una instrucción eficaz, rompiendo la concomitancia entre el crecimiento de la población estudiantil, con las necesidades de aulas ' el aumento de maestros, lo que significa un gran desahogo, propiciando una verdadera apertura hacia la educación, sin las limitaciones de carác- NIVF.R.JOAU ABIERTA ter estrictamente pecuniario. Este hecho, por demás importante, si se considera que so1amcnt(' I concepto de nóminas, representa el 93% del presupuesto total de egresos de nuestra escuela.ª Buscamos ángulos de apoyo económico mediante otras soluciones que no fuesen á.nicamente los recursos de la Universidad, a través de aportaciones de ex-alumnos y benefactores manejados por medio de un fideicomiso. 1 principio e tomó con algún escepticismo esta i<lea pero, a la fecha, tenemos el ofrecimiento de un importante donativo fundacional, no sólo para impulsar nuesLra biblioteca, sino para otro fines relativos a la educación, como el de auspiciar la asistencia de maestros huéspedes, y garantizar el mantenimiento físico de nuestro edificio. Lo que sólo fue un lisiado o resumen de los cambios propuestos para el proyecto de Reforma en nuestra FaculLad; que fue comentado con díver os grupos de la comunidad escolar a mediados del año de 1972, dio origen a un trabajo más completo que dividimos en siete capítulos Lrnlando los problemas de la poblaci611 escolar con sus rcquerimienlos y limitaciones de ingreso~ horarios, asistencias, aulas y material <le e Ludio y el presupuesto, analizando el actual calendario escolar. En el siguiente Capítulo vemos los problemas relativos a 1a didáctica: los método de enseñanza,. la Cátedra, la práctica Jlrofesional y el servicio social, hablando de la cronología escolar y el procedimiento de créditos académicos. También se plantean los problemas relati os al magisterio y las posi1,Jes soluciones. e estudian en seguida, los sistemas de reconocimiento de materias y los exámenes prnfesionales. Consagramos un Capitulo aparte, por considerarlo de capital imporalncia, lo referente a los problemas de la biblioteca. En el Capítulo Cuarto~ se elabora un ante-proyecto al cuadro de materias para los cursos de Licenciatura y Especialización así como una descripción tentativosintética del contenido de las ru ignat11ras y las proyecciones hacia <'ursos superiores ele Mae tría y Doctorado. En el Capítulo siguiente, tratamos apuntes al método que se propone y en un apartado especial, denominado Corolario, se exponen las conclusiones. Finalmente, presentamos un ante-proyecto de régimen de aplicación Lransitorio en nuestra e cuela, a] sistema de estudios. Como toda propuesta, advertimos desde ahora que esta aportación no pretende agotar todos los elementos, ni ser tampoco definitiva, pues corresponde a nuestra comunidad escolar conceptuarla y valorizarla exahu livamente. Las ideas fundamentales de nuestro trabajo se vieron alentadas con las declaraciones a la prensa nacional del Ministerio de 21 �~NIVERSIDAD ABlERTA Educación Pública, donde se avisora un programa similar y la creación de un Centro de Certificación de e~Ludios para aulodidácta:;, que funcionará paralelo al programa universitario mencionado.4 También lo si 'lema dt" ducación per analizada llevada al cabo mu, recientemente por in tiLutos de educación uperior, con ba. e a los m(·Lorlo preconizados por Paulo Freire ) Fred S..:- Keller; y t'n Iin la <lifu ión de lo avances y re::iultado de estas orientaciones pue ta. en práctica en diverso paíse , nuestras recomcndacion<;>,,s y ugerencia para un nuevo istema de enseñanza dejaron dr ser tan radicale. , Lan revolucionaria y tan novedo a como . e le. calificó en un principio, por cuanto que coinciden sub~Lanciahnente con lo má moderno lineamientos de proyecci6o eclucati,a. Del d ,_linde que plantea la abolición total de la cátedra, a cambio de un mae, tro orientador, "tutor educativo" personalizado, o continuar con la cátedra trndicional sujeta úrúcamente al exposilor, ele e tas dos I osibilidades, optamos por una posición ecléctica que, en apretado resumen, podemos describir diciendo que el alumno estará en aptitudes de conocer pr viamente el plan o programa. de cada ignalura mediante un "cuaderno de trabajo" pr-eparado por la sección académica correspondiente a cada materia, actualizado por maestro investigadores; pero el e tudiante podrá asistir a la cátedra cuya continuidad está respaldada por catedráticos tiLu la.re y mae. !ro adjunto y consultará su dudas con mae tro. i1ffesti¡rndore que concu nirán tiempo completo a la Fa- cultad. Los principios ax:iomáticos que rigen nue. tro trabajo on los siguientes: J.- LA CVLiVf'VAC/0 1 ORM n DEL PROCESO EDU- CATIVO E LA Eni-cACIO y DE LO. ADULTO : La e<lucación no debe srr una actividad segregada.. conducida en cierta, horas. C'n drtemlinados lugares ni en cierto periodo de la vicla del hombre, sino qne dcb ser la a piración o designio d toda la 22 ociedad. Si en cifrnc; nacionak", "de cada cien e~tudiantcs que entran a la primaria, sólo nm•vr continúan secundaria; de éstos nuev , sólo dos entran a la nniversjdacl y ~Mo ·e gradúan doce, de los cien que inician e. tudio uperiore~., 5 , podemo observar que únicamente el 0.24 por ciento de los P.studíantt's q11,e se iniciaron en la primaria concluyen su ;nstru.cción superior. NIVERSIDAD ABIERTA ¿, Cuáles son la causa eficientr <le e:.a gran deserción? Quizá podamo considerar como una de las má importantes, la influencia de los ~isirma de en ·eñanza en vigor: Formalistas, rígidos, poco el~ctivo • encajonado~ n una cuantas carreras profesionales (J~or cierto ya . at~ada ) y mur principalmente, que sólo e perm.Ilc el acceso a dicha carreras a los inte-grantes de una clase económica y a una población muy 1· ducida. La oportunidades de educarse uni ersitariamente no deben estar reservada a una élite, o a una edad predeterminada del hombre, porque si admitimos que la educación e ) será una nece idad primordial de cada individuo, no olamente debemos desarrollarla, ino enriquecerla y mul- tiplicarla. "La Erlucación del mañana -recomienda ta Ul"IT<: CO- deberá inlegrar e en forma cúordinacla en la que todos los ectores de la ocieda<l deberán participar. ení univer al y continua. Desde el punto de vi ta de la per ona, será creativa, total y conseruenlement~ _0d.i,•idualizada ' auto-dirigida. Será el baluarte y la fuerza dmp-:ida de la cullura en ,su propia actividad profei-ional. Este mo 'miento e irre.islible e irreversible. E la revolución cultural de nu Lro liempo". 6 2.- LOS RECUR O P4RA LA EDUCAC/0,V E LA U! l11ER !DAD YO DEBE LIMITARSE SOL.AME TE A LOS SUBSIDIOS OFTCIALE NI 1 CRAV 1IR A LA POBLAC!O ' EST DIA 'TIL. Cierto que se avisora una falta de recursos para la necesidades que crecen al ritmo del aumento de la población escolar, pero no podemos su traernos, como univer ítarios, del grave problema que representa para el Estado Mexicano, la carrera acelerada de] aumento de población y los presupuesto_ de funcionamiento de las in, t~tucione ducativa. : "la tasa de crecimiento demográfico en MeXIco e por ahora de 3.5% al año. Las tendencias que en los último cuarenta años han impulsado constantemente esa cifr~ hacia el alza son: una creciente ta a de natalidad (46.O al millar n 1960), una rlecreciente lasa de mortalidad (11.5 al millar en 1960) y una probabilidad de vida que actualmente se estima ~n 62 aiios. Como ~ntre el 45 y el 50 por ciento de población mexicana actualmente tiene meno de ] 5 años de edad. Esta distribución demográfica significa una tremenda carga para el sist~ma educativo mexicano"\ y por lo qu se refiere a cifras domés~cas, _la Universidad ulónoma de ~uevo León. crecerá, según estunac1ones, a lllla tasa de promedio anual del 9.17 por ciento. Si 23 �N'lYERSJDAD ABIE.RT en 1972 la población escolar llegaba a 31,000 educandos, la proyección, según tendencias especíiiuas estudiadas para cada área, arrojan un total de casi 6~,000 estudiantes para 19808• Si el presupuesto d egre os rara la niversidad de -uevo León para 1972 se estimó en 125.5 milJones de pesos, sin con iderar los aumentos que e conceden en el convenio indica! del propio año ni el impacto de los aumento al salario mínimo\ si> podrá ponderar la magnitud de estas cifra si estimamos que los ingresos del Municipio de Monterrey, para esa misma anualidad Iueron 119.7, es decir 5.8 millones de peso inferior a la Tniversidad de Kuevo León.10 Es importante señalar también, fJUe ,m elevado porcentaje de los eo-resos de la U. . ·. L. 11 son de tinados a nóminas (ver presupu;stos de egresos para 972) y que existe, con los métodos educativos en vigor, una ligadísima relación entre el crecimiento de la pob1ación esco1ar con las necesidades de maestros, desestimándose por falta d recursos, las I unciones de investigación, incremento de laboratorios, acen•os bibliográficos y difusión de cultura. i bien es cierto que la cifras mencionadas desaniman por cuanto parece que no va a ser posible impartir instrucción por razones presupuestnle , <lebemo propiciar la captación de otros ingresos diverso. a los sub. idios oficiales a través de asociaciones y ratronatos que au picicn fines educacionales específicos. Asimismo, procurando nuevos sistemas de instrucción, que inclusi\•e han sido ampliamente experimentados, lograremos además de resolver el freno educativo por nzones económicas, otros aspectos que on objeto de nuesLros p1anleamientos. 3.- SUHSTITUIR LOS METODOS DE JNSTRUCC/ON QUE ESTAN CO DEl\'ANDO A LOS ALUMNOS A LA INERCIA Y A l.4 PARALTSJS MENTA/,, POR LOS QUE ESTIMULEN SUS INICIATIVAS Y RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO. 24 ¿Por qu~ limitar las aspiraciones de avance de los estudiantes al istema de mini•sernestre? ¿Por qué sujetar las iahores académicas al calendario escolar que cada vez aumenta más los días de asueto? ¿Por qué el avance pedagógico de los alumnos está sujet-0 a la asistencia o falta de los maestros? a).- Que el interés, la capacidad y la vocación intelectual del estudiante sea el marco que lo lirrrite y no las formas de es• taneo~ fijo las harreras de c;u progre o personal o del ritmo de su avance. Dicho en olra forma, que la responsabilidad reempla· ce a la obligación. UNIVERSIDAD ABIERTA h) . - Debemos propiciar, a través de nuevas lineas educati• vas, que el individuo sea el maestro y creador de su propio progreso cultural. c).- recesitamos impulsar y fortalecer la biblioteca, convirtiéndola en un centro de documentación en aptitudes de brindar servicio todo los días del año; equípado con sistemas de fonorreproduceión y fotocopiado; y un acervo biblográfico suficiente y actualizado, pr~curando una sección destinada a expedientes de práctica forense. 4.- LAS INSTITUCIONES EDUCATTVAS DEBERAN PROPICIAR UNA VERDADERA MOVILIDAD HACIA EL PROGRESO: ¿Cu5l es la r,-1.zón para que en nuestra Facultad se le exija a un estudiante _cursar cuatro o cinco materias en cada ciclo, cuando sus ocupaciones solamente le pueden permitir llevar una o dos asignaturas? ¡,Por qué se le impide avanzar con más rapidez para concluir su carrera y se le obliga, forzozamente, a emplear cin• co años de su vida, cnando, si sus aptitudes se lo permiten, la carrera podría acortarse a un término más breve? ¿Por qué se niega a los auto-di<lactas el ingreso a los estudios superiores desdeñando su interés? ¿ Qué acaso, forzar la vocación no significa una gran falta, no tan sólo personal, sino también contra la sociedad? a).- _ruestrn universidad y, por ende, nuestra Facultad dr Derecho deberán ser más accesibles, ofreciendo la más diversificada selección de estudios. . b) . - Todo individuo deberá estar en posición de poder estudiar. en c~alquier etapa de su vida, sin importar su edad~ lugar de res1denc1a o su condición económica. e).- Apertura a la carrera profesional no sólo a los egresados de la preparatoria, sino también a los autodidactas, previo examen que se J1aga de sus aptitudes. Esto implica una libre gama de ingreso, salida y regreso ''ad infinitum". 5.- LA_ EflUCACTON DEBERA SER OFRECIDA O ADQUIR/D4. A TRAVES DE UNA MULTIPLICIDAD DE CAMINOS. Frecuentemente~ recibimos solicitudes de egresados cle carrera~ ~orno Economí?, Filosofía, _Trab_ajo SociaJ, Contabilidad, para inscribirse en matenas que su mteres profesional los inclinan hacia el ~erecho. lamentahlem~te, _los reglamentos en vigor obligan a lle,[lr todo el curso ~e la L1cenciatura y, en ese mismo orden, el ahogado, que desea onentar su preparación hacia ciertas disciplinas 25 �L" ~ I Y E R I D .\ D de aquellas carreras, obligado a llevar todo el curso profesional. :\osolros con si <leramos que : a).- Lo má importante no es el camino_ seguido por un individuo para educarse, ~Íno lo que ha aprend1?º· b) . - ada pers01ia deberá estar en capacidad de esc?ger su camino educalivo de la manera más libre en un marco flexible. c) .i un escudianLe de~ca obtener un grado universitario, Jo que neei'Sita olament es registrarse. para un examen, cuando se sienta capaz para ello. d) . - Deberán propiciar e opcione de movilidad y selección horizontal ,, , ertical de las disciplinas académicas en las áreas a fines, mediante el stahlecimienlo de un si tema de créditos acadé• mico,. En el área de Humanidade • por ejemplo, deberemos amr liar el espectro educativo_ por ~e~lio de puente d~ i1;1terconexión cotnprendiendo a la Ciencia Jund1cas con las Eco~om1c:t5, la_ Contabilidad v .\dminislración de Empresas con la Filosofía, 1colo¡;óa, • ocioÍogía. Trabajo Social, Ciencias Políticas y ~~ la Comunicación, para facilitar la comer -.ión de una pro_fes1on o _ra~~ profesional a otra, dando oportunidad a una posible multiplicidad de carrera. medias y superiore que ahora no e logran . "I.os actuales curso~ llevados por las escuelas y sus compartimientos e tanco no se fundan e~ conce~tos bie~1 meditad~s de las ncc idades humanas contemporaneas, dice Alvm Toffl~r, , y meno~ aún en la comprensión del fot~ro . e u~dan en la mercia y en la enconada lucha entre gremio acadenn~os, Lodo ellos empeñado en aumentar . u prcsupucslo. u~ alano. ) su grado de dignidad'". "~o ólo nue Lros curso de historia terminan en el año en que é ta es señalada, sino que la misma sit?~ción exist_e en, el estudio del Derecho y la Economía de la Poht1ca y la Biologia. El tiempo llega corriendo y se detiene bruscamente. Se hace que el estudiante mire hacia atrás y no hacia adelante. El futuro peste• rrado del aula e también desterrado de su conciencia. Es como si no hubiese futuro. Si damos a uue tros educandos curso de historia, propiciemos también cursos en los que exploren sistemá~carnente la posibilidades y probabilidades del futuro, de la misma manera que e tudiamos e] sistema social de lo romanos_o el auge del Castillo Feudal. Es un hecho que afecta a .nuestra sociedad contemporánea conquistas que parecían. hace _poc~, malcar~zables _c~mo la llegada del hombre a la Luna, la mscmmar1on y la mvoluc1011 artificial, el transplante de órganos humanos, etc .• Y_ ~on ello 1~ exploración de la jungla de problemas legales, poht1cos, sociales. f 26 L. ª I \ E R \ R I E ll 'f A TIIAU ADIERT psi ··ológico y éticos con que habremos de enfrentamos en un fu. luro. . . ¡Qué es hoy!''. "Cuando millones de personas comparten e ta pasión por el futuro, deberíamos tener una sociedad más perlrccha para hacer frente al impacto del cambio. Crear esta curio, idad y e-te estado de alerta es tarea cardinal de la educación. Y crear una educación que cree, a su vez esta curiosidad, es la tercera misión y aca~o la central, de la revolución de las escuelas. La educación debe cambiar adoptando el verho en tiempo futuro". X ue tro com ;iromi. o de univer itarios cleb ser continuo Y~ a la wz, dinámico. En nue tra Facultad de Derecho ha llegado la hora en que hemo de disponernos a perfeccionar la tradición académica con intención de hacerla más democrática, más rigurosa, más limpia, más dectiva. Trabajar en la vanguardia s~n d~uidar la tradición, interc. ándono en lo más moderno pero sin olvidarno , por e. o, de lo permanente. \o omos sino en razón de lo que hemos sido; --dijo un ilustre pen ador- pero todo cuanto hemos sido y todo cuanto creemos que somos ya, valdrá a la postre por la honradez que pongamos en realizar día a día y crecientemente, nuestro destino: Lo que tenemos la misión de llegar a ser. NOTAS BTBLIOGRAFTCAS "P~rspectlvas de la U. A. N. L .1>:1.ra 1980", Septiembre de 1972. }fonter-rey. (_p. 47). Los trabaios que se mencionan. están tomados de las obras "Summerblll: Un punt~ de vista radlcal sobre la educa,:~ de lo• niños", A. S Nelll .• Fondo de Cultura. Económica.- Mbíco, J970: "UnuSUAJ Ideas about educatJon" .• Paulo Frelre.- Par!s. tmm00, 1971 CI)ocument or lhe lntematlonal comJtlon on lhe de"<'elol)lllen~ ot edacaUon, 011lnton ,erles. No. 361: ""Learning to be · ThP world of .E'<lucatlon todn; and tomorrow", Ed1mr Faure, Felipe llenera y otros.- UNESCO, París 1972. Harrai, London: m donde se hace también referencia. a las Ideas educativas d& P Petersen. (lebensgemelnsehaftscbu, len) en Alemania: de O. DecrGly, llamada Escuela ile "Método Activo", en Bélglca. 7 los sistemas denominados "La. nueva. Esc.uw" 1>reconlza.dos 11or Cele.stln Frelnet, en Francia. En la blbUografla se hace una relerencla. mh com11leta de otras obras 7 = o s QUe nos s1rvteron de documentaelón. 3~ Cifras tomadas del proyecte> de presu1111esto de eirresos l)flra el eierclclo de 1972, de la U. A . N. L., sin crue se Incluyan en estas elfras "'La Repercl!Sión de los Aumentos que se concedJeron en el convenio sindical de 1972. ni el lmi,acto de los a.mnentos al salarlo mlnlmo"' Fuente: Documento de la Rectorta fechado el j20 de J)lclembre de 1971. f . - Decla.raclones em!Udas J>Or el Ing-, Vletor Bravo AbuJa en la ciudad de Guada• fajara y publicadas en el diario local .. Tribuna" el ~9 de Enero de 1973 también las declaraciones del Sllb-secretarlo de Educación anuncla;udo la creación de un centro de c:eruncaclón de estudios para aut-Odtdactas que functonarl. paralelo al proncto "'Universidad Abierta". _pllbllcadas en el diario ''El Norte". Monteney. Octubre 11 de 1972. 5.- Cifras t-Omadas rle '"Eiluc,1ci6n Superior Cientitlca '.l Tecnologta en el desarrono eeo1\Órulco de México".- Vlctor L. UrquJdl Y A. LaJou,s V.- El Cole¡to de México. México 1957, (J>. 11) clta hec.ha por Rou:er D. Ransen, ºLa Polltlca del Desarrollo Mexicano'" Shrlo XXI Editores, llféxtco. 1971, (p. 2"13). 12. - 27 �U!'llYER IDAD ABIERTA "I~amill$ to be: Tbe world ot edueaUon todaY ••d tomorrow", Edaar Faure. 'Felipe •-- Herrera y otros. UNESCO. París 19'13, (p. 163). ••i. Polltica. del Des&nollo Mexicano", Roi:er D. a~neen, Sl~lo XXI Editores, \p. 271) ''hrspeeLll'M de la tJ. A. N. L. para 1980". U. A. N. L.. Montern,y, St-ptlemJ>re de 19'12. (],p. 13. 11 y 118). lnformacl6n de la Rect.oTla en Documento del !!O de Diciembre de 1971, publlc,ido en la Jl?l!lls& local el 2a de Abril de 1972. La cifra de lncTe,,os obtenidos POr el m110lclplo de ll(ooterrey fue de $119'79'1.331.1.9. seCliD reporte de I& Tesorería .Munlclpal. publicada en la prensa local el 10 de Enero de 1973. 11. - JESUS RAMONES SALDAÑA La cl.fr& total del presupuesto de eueaos para 19'12 en la U. A. N. L. fue do. 025'518,800.00 ., lo~ conC<'pto, de nómina, .- ¡¡ratlflcaclon•s al pergonal sumó ~9'653,000.00. Estas caDtldades. como se ba meoelon.ado. no incluyen la repe1'CU• al6D de loa aum,ntoa concedidos en el convenio Sindical de 19'12. ni el l..mllacto d• los ID.cranmtos a.J sa.lárto lllÚUlllO. FU ente: Documento de la. &ctorla emitido el 20 de Dlelembre de 111'!1, hecho de1 conoclmlento de loa dln,ctor..a. 0)-.luos matros ., eon~Jeros alumnos m el mu de llarzo de 19'12. "'El Sboe~ del F"J:uro".- Alvin Totner .• Fondo de CUllura Ecommlca. Plaza Jall~s.- EBpafia,, lllT2. (pp. i:1:9, Ml, 445 Y sa.). ELEMENTOS PARA LA REFORMA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA EN LA. U. A. N. L. 1.- COX IDERACIO E A PARTIR DF. LA PRELIMl;\ARES. F ~CIO ES BÁSICAS QUE LA • "IVE RSIDAD TIE E en el campo docente, de inve Ligación, de difusión de la cultura } la crecienlP- dPmanda por plazas universitarias, como una exigencia cada día más patente, se intenta en este trabajo señalar elementos de juicio para localizar per pectivas de solución. Considerando también la limitación de sus recursos, tanto humanos como materiales, y dado que la Gniversidad es una entidad abierta y dinámica, resulta aún más inaplazable, una respuesta racional, e decir, planeada. Pues en última instancia son exigencia que la propia niversidad se ha impuesto y que para cumplirla , busca la optimización de los recursos a su alcance. Es indiscutible que toda organización humana procure una utilización óptima de lo recursos disponibles, que siempre serán limitados. Esle e el a peclo que cubr ]a planeación cuantitativa del desarrollo y la revisión de la · estrnctura y los procesos administrativos de nuestras in titucione, : no . úlo e necesario la aplicación cuidado a de lo recur o Iinanci ro ~ es indispen ahle también estable- 28 Lle. Jes(ls Rarnone~ Saldaña.. economista. ~nesado de la hcullll<i de Economía de Li. Universidad Autónoma de Nuevo León. n.ctualment., ínvesttgador del Centro de Invcstl¡rarlones Económrc,is y ce.tedráUeo dE la~ Facul!3dcs <le Derecho y Ciencias Socia.les e Ingell.lerla, de la U. A. N L. �R E F o R ;\l A u ~ I y e R~ r 'I' A R] A ccr estructura~ ~ procedimiento administrnti\O de los qu~ e obtenga la má· alta productividad, tanto dc~rl(• el punto _d~ n l~ de _la docencia ) de la inve::;ligaeión, como del aparato admnn t~·~L1vo mismo. En t>l a ·¡,erto cuanlilalivo, la mela Je la pJ~neac1~n - dar igual oportunidad de ingreso a nue~lras aulas. a qmcne tienen una capa-ciJad ·emejant~ para los estud1?s, c~alcp_~tcr~ ~ue sea u e trato social o económico de procedencia, . rn ma · lumle que la necesidad nacional, expresada en números, de proiesionaleR ) técnico_ de los di tinto_ nivele y ramas del conocimiento. En el a pecio cualitativo, la planearién de 1~ educación upcrior implica una actualización, no sólo del contemdo de lo que enseñamos, sino también de lo sistemas ) mr-todos que empleamo~ para formar e informar a la nueva gcnrraciones. upone. además, uua estrnctura má f lexibl<' en nue tro plane y J>rogramas ele est11clio con el objeto de fortalecer la formación social de q~~rnc,s h_an elegjclo carreras científicas o tecnológicas, r la preparac1on tecruca de quiene e inclinaron por áreas sociales y humanís,tí~ . La implanLaci()n de islema rle sem tres y credllos, _u~ programa inten ivo de formación ) actualización de lo conoc1"::e1lloY la téc1úca ele en eñanza de nue~tros profe ore , la creac1on de ~arrera corla y el impul o a lo e ludio de po tgrado, parecen ser algunas de la fórmula que nos ayudarán a Te·olver el aspecto cualilalivo de nuestro de arrollo. El buen é·•<Ílo del proceso d<' actualización de la rniversidarL dependerá drl interfs con cienle y activo de los llllÍvcrsilarios: autoridade. profr. ores y alumnos. La_ participac~ón de todos cll~s -~n Pl di cño y aplicación d<" los camluo nrce ano , e una conchc1on .;ÍIJ la cual ao sr daría dicha actuaUzación, ) que sólo puede cumplir e, e tableciendo permanentemente ~na comunicación abierla_ e i11traunivN~itaria, en la que tengan cab1cla todos lo puntos de vista, dentro del má. ahsolulo resp to a la libertad de expre ión y de enseñanza. Concretamente aquí se pretende en última instancia. ofrecer un análi. i campa ralivo Pnlrr la._ dos organizaciones univer. itarias: e drrir: la rlr>¡1fzrtamental , la dr /acultadPs, y para dicho efoclo hcmo. de con iderar lo elemt'nlo. determinante (variable relevan! ) qur definen e integran cada una de la organizaciones. II.- La 30 PEf.TO. RELEV_ \TE DEL PERIODO f\1CI L O C '\,1PO co JU, DE co. ~ocfMIE'\'TO. variables relevante que e C0tkideran para una primera aproximación comparativa. son las siguientes: RE FO H '\I A .·IVER ITAR!A ,\) .- } 11ncionalidad :- Entendida como la capacidad opera ti, a (práctica) que tienen los elemento~ que integran una totalidad J1ara Pl cumplimiento de los objetivos de ésta. B).- Optimización de recursos:- Aprovechamiento racional de tiempo. e pacio, per, onal, y ret:ur. o: económico que permiten 11ua n•ducción n co los in detrimiento de los objefüos universilariw há ico-. C) .- .\ ivPl e Integración acculémica de los alumnos:- Medida en término de aprendizaje y profundización el primero, y lo ·egundo en la medida que la formación e información edueativa permita abordar cualcruier problema dentro del campo especifico de manera cienlífica. D).- Grado de Investigación:- e refleja en la cantidad y calidad de programa , cursos, colaboraciones inlerdi ciplinarias c¡u • ~on realiza<los !)Or especialistas, docentes y educandos, a través de la, uniclade. académicas (Facultad, Departamento, Centro, ele.). E).- CompPtenria docente:-- Está comprendida por lo gra<lo académi<'os. r,xperic-ncia docente, trabajo$ de investigación, cursv de e prcialización, rotación de mal rías impartidas por un mismo <loe ntC', etc. F).- Gradn de absorción del sistema:- Concepto referido a la caparidad d integración (má ']Ue agregación) de alumnos por el si.Lema e<focalivo sin varia<'iones. ignifir..ativas en los niveles acad1~miro ) u e,i lentes. G).- (,rado de ceTLlralización: a) Académica: En la medida que las unidades acaMmicas logran o no autonomía relativa dentr de la e truclura y e manejan con mayor o menor grado de independencia. h) Administrativa: En la m dida que los centros de decisión e participan o concentren a través de la estnic!ura. III.- Er t\ 4LISJS COMPARATIVO: 1.- E\ \CE TRO MEDIO LA FAC TLTAD ES LA U 1[).\D ,\.C \.DE\HC \ RESP0\ ~ \BLE DE T0D LA C0KDICIO\E.. \Ef.F. \RT \. PARA .O F.Gl-IR l\ TITULO E O PRETE\DE ER REL TIV , 1E\TE -\l;TO UFICIENTE Y PER~ MA :EC'E REL\TIV ME1TE Al L DA DE LAS OTRAS FACCLT \DE E\ CU \ ~TO PROGR ~fAS C DEMICOS, DE l\ VF TJG \CIO\ Y DK ARROLLO. 2.- En e le tipo ele organizacjón, el curso va al estudiante y �REFORMA 32 REFOR:.\IA UNIVERSITARIA no éste al curso com-0 sucedería en una organización departamental; ésto Lrae como consecuencia que las facultades ofrezcan un curriculum prefijado o invariable, que en muchas ocasiones no será el adecuado para el individuo en cuesLión. Por el conti-ario en la organización por departamento, el alumno va al curso, modelando su propio curriculwn dentro de ciertos límites. La aplicación de una metodología flexible de enseiíanza, que combina adecuadamente los métodos expositivos y activos, se lleva mal con una organización académica rígida. El contenido mismo de la docencia que se define y distribuye en el tiempo a través de los planes y programas de estudio, tiende a sufrir una flexihilización corrrespondiente. E]Jo implica la adopción del si tema de créditos semestrales, donde el crédito es ]a unidad de medición y pon· deración de la carga académica. Este sistema tiene como principal virtud ]a de eliminar el plan de estudio basado en una jerarquización rígida de a ignaturas, así como en una disLrihución inamovible de la misma a lo largo de la carrera, permitiendo al estudianle una mayor Jibertad en la organización de su propio programa de estudios. in embargo, para que funcione como tal, el sistema de créditos tiene que romper de hecho con el programa tradicional y combinarse con el agrupamiento de a ignatura que presentan una evidente correlación. El sistema permite Hcgar, Lamhién, a grandes áreas de estudios comunes a diíerentes especiaüdade y favorece la circulación de estudiantes de los primeros año en las distintas áreas, posibilitando una cierta homogeneidad en u formación inicial, que a su vez lo llevaría, sin tropiezos, de una área a otra o al intercambio <le carrera eu una mi ma área, evitándo r con ésto el peligro ele una e pecializaeión precoz. Asímismo, en La medida en quf' se establecieran s11hgrados deutro de las carreras, definidos por un conjunto de crédito ~ se posibilitaría al estudiante que se vea forzado a interrumpir sus e ludios para obtener un certificado o diploma equivalente a una habilitación definida. 3.- La Organización Departamental, fomenta mayor comunicación entre todos los profesores de asignaturas afines, ya que éstos se concentran en u departamento correspondiente, lo cual no sucede en la Universidad organizada por facultades, puesto que cada una imparte aulónomamente todos los curso sin considerar los existentes en otra facu1tades. 4.- La Departamentalización favorece la con tante revisión de lo planes y programas de estudio a través de un Consejo de Docencia, instalado en cada Departamento, y evita las multiplica- L-::-.JVERSITARIA ~io1_1e iimec:saria -~e lo_s, mismos cursos en toda la institución, opLlm1z~ndo asi la uti hzac10n del persornil académico, de los locales Y eqmp~; Por otro lado en la Organización por facultades, sí se da 1~ rev.is1on ele los planes y programas de estudio, pero en algunas matenas con meno 1JroJundidad que en la Departamentalización ya que dicha re_Yi ión, no necesariamente es hecha por especialis~ La.. en la matena. Y sucede que maestros que imparten las materias, no poseen un grado de especialización adecuada. ~--.- La Organización por Departamentos, exige un esfuerzo beneÍlc1oso de los estudiantes por adoptar el curso y sus necesidadc., c11 caso de qu~ lo tomen fuera dP su proµio departamento. Esto supone ncce~a_n'."11ente una función de asesoría de parte de un cuerpo docente d1ngida al alumno a fin de que sus decisiones sean :certada ·. En contraste con la mencionada Organización, la facul.ad no n1gc tal esfuerzo por parte de los estudiantes. .6.-.. Las facultad~~• por su estructura rígida, impiden la co 1~11n1cac1on y colahorac1on entre profesores de una misma área dir~cuhan?o así la investigación eficiente y ligada a la enseñ~a. ~.ontr~nn,:o,enle, la ~rga~ización Departamental, facilita el que la mvrst1gac10~ r realice Cl('ntro del mi mo departamento y queda por tanto lig:ida con la enseiianza. ' . 7.- En una facul~d. el Director nunca es experto en todas ' ca?a una. dP las maLenas que constituyen el plan de estudios de la m~ma, sm ~mbargo, debe contratar profesores que impartan J~ materias de chcho plai•, discutir con ellos los programas y resolver su <luda~. :ª 8.- La e _is_t:ncia de los J?epartamentos no implica por sí mis~a _de ª!1ar~c1011 de las D1recciones de Carreras, sino por el ni.ano lo:. Dm,<'tore de la arrera v su res1lec+;vos Co · T· · h , u n c10s <·emcos e acm indispensables para regular la formación inter-:·al de los alumnos. . De hecho ir~cuentemente sucederá que coincida la persona del Duector de un D_epartamenlo, con la persona del Director de la ~arrera cuya espma vertebral e tá constituida por materias ofrecidas por aquP.1. La Carrera viene a ser en realidad el área _ }or de los estudios ofrecidos pur el Departamento. ' ma q __ Mientras que en la Facultad se p.1;opicia el aislamiento entre lo e. ludian tes de distintas carreras, ya que 'stos entran en l! ~act~ltad, pa an por eUo y salen de ésta, sin haber cruzado la 1_rw:ersidad, la Deparlamentaüzaeión fomenta la comunicación h . ~i:wnt~I entre lo e tudiantes de diversas carreras permitiendo 0 ••sros asomarse a otros campo de conocimien,to distlntos del propi: 33 �REFOR;\lA UNIVERSITARIA 10.- En un i tema d partamental e ¡,o ihilitan lo nivele~ de aprendizaje en trc formas: la.- Al completar los créditos que implican el Campo Común de estudio. 2a.~ _ l completar ]os crédito que constituyen la estructura básica y obligatoria de la carrera. . . 3a.- Al completar Ios créditos que otorgan una espemahdad dentro de una mima proie íón. Los dos últimos niveles también pueden darse en la orgaoiza·on· por Facultades, aunque con menor eficiencia, dado qu~ el Cl . l' tercer nivel upoue una concentración de especia zstas que no s1em¡Jre puede captar la Facultad. . . Evjdentementc qu el primer nivel es meompat1ble con .la F~cultad, porque en éstas no existe, un campo comun de eslud1os ba- sicos. b f" · La existencia de los mencionados niveles, redunda en ene 1e10 d.e una mayor integración de los alumnos, de~ido a que ésta es el resultado de una elección más personal y flexible. F1 studiante se va integrando a cada nivel y no se le van agregando ciclos de estudiow genérico como sucede en l.a Facultad traoicional. . M diante este sistema el grado de absorción se amplía _oc?sionando que los recursos limitados de la niversidad,_ se optu:~:u~en. Un a pecto importante (entre otros) para lograr dicha optlm1za. 'n es la utilización adecuada de los locale que en numerosos : . :0 ~ tienen una ocu1Jación limitada, cuando, por lo menos debe de· daser- un BN11 v,o. Muchas veces eslo es debido a que los salones d d ses "pertenecen" a una Facultad, a una cátedra o a etermma o profesor, lo cual evita que otros los ocupen. Los salones. de clas~ y laboratorio , deben ser aprovec~_ados por toda la comurudad umversitaria y no sólo por una p~rc1on de ella. . • 12.- Un sistema educativo capaz de mtegrar. ~1 mayor numero posible de studiantes, que requieren preparac1 n, es la pretensión de todas las universidades con escasos recurso~ .. Hasta ahora, se ha fomentado un "profesionalism?". que hen~f1c1a desde ~ punto de vista personal, pero que med1allza los fines de la Uro- 34 versidad. . . , , di • · En términos cuantitafo•os, la Umvers1dad sera mas nam1ca, en tanto existan las condiciones para satisfacer las demandas que po.r educación hace la colectividad. R.EFOR'\IA UNI\ ERSITARIA En Lérminos cuantitalivo la Lnivcrsidad será má dinámica~ en tanto existan las condiciones para satisfacer las demandas que por educación hace la colectividad. Esto depende básicamente de dos a jJectos: a) De la capacidad de absorción del sistema educativo. b) Del u o racional de nuestros recursos. Lo primero . e cumple en mayo1· grado sobre una base departamental donde funcionan la áreas de estudios comunes l'orqut>: \ ).- La deserciones e tudiantiles e minimizan, pues resulta más flexible la movilidad de estudiantes de una carrera a otra ituación que al llevarse correctamentehen ficia al estudiante ayudándolo a precisar u tra yectoria vocacional. B) .- Del correcto manejo de las área y de la experiencia lograda en su funcionamiento dependerá si la capacidad de ah orción se incrementa en el futuro. El u-o racional de Jos recursos se logra indiscutiblemente meior en la deparlamentalización. Sin embargo, cuando no se ha en• tendido bien la idea, se ha manejado inadecuadamente o se ha obstaculizado "a priori". 13.- Al establecer campos comunes de estuclio básicos sobreuna ba e d partamental, se obtiene un aprovechamíento racional de los recursos con que cuenta la institución educativa, se aprecia mejor, si partimos de una visión de conjunto, si nos asomamos a la Universidad com.o una t-0talidat! y no tanto si se hace a través de las condiciones e interese , que Lradicionalmente impone la Facultad. E] aprovechamiento óptimo de aulas, laboratorios, bibliotecas, cuerpo admini trativo docente es un objetivo qu se impone cada día con mayor firmeza. En nuestra Universidad exi ten Facultades, cuyas aulas permanecen desiertas má de nn 50% del tiempo, cada Facu1tad tiene su personal de bihlioleca, adminí tración r de intendencia, y si hien ésto ha re ulLado "cómodo y funcional" para dichas Facultades, no podrá seguir iéndolo para Ja Universidad. Se ha funcionado hasta hoy ineficientemente 1a 01·ganización por Facu1tades ha contribuido a e1lo. Por otra parte, el costo promedio pOl' alumno bajaría con- 35 �REFOR:\IA U:NIVERSITARIA .iderablemenle y lo bueno maestro., que on e caso , erían aprovechado al máximo por la áreas comunes . Otro aspectos r levantes en lo que respt>cla a optimización de los recursos, son rme tro personal y nue tro tiempo, ya que, muchas vece empleamo al personal docente para tar a secundaúas que podrían encomendarse al conjunto técnico y aún estudian• til. 14.- La 01·ganización departamental, para su funcionamiento, upone el i.ablecirnÍt'n~o simultáneo de campos comunes de estudio, y ésta a su vez carecen ele funcionalidad, sin la existencia de lo departamento. . de una entidad adminUra.tiva propia. Por tanto, un campo común de e tudio básicos que no e t' ~oportada por 11na organización departamental probablemente llegue a ubsistir por algún tiempo en forma artificial <le lo que arbitrariamente le otorgue cada facultad pero a fin de cuenta ení liminada por ésta . La funcionalidad del núcleo Lá ico de conocimiento en las di-tinta áTea de estudio de de el punto de vUa admini Lralivo , docente. ha ido ¡n-obado en , aria univer idacles como la L. \. . l.. donde e ha vi_Lo que e] . istema por Facultade • cierra toda per. pecti\'a dinámica, entendiéndola en su planteamienlo de re• forma, como aquella in titución de en eñanza qu no df'lie [)U.scar sólo el a;uste ron la n'alidan. como sucede en nue trns Facultade, donde se propicia la explicación repetitiva de conff'1iido de conocimiento, no a~í el Departamento pues ahí .e pretende lograr un alto grado d e. pecialización <le rnae tro y d colaboración ínter• disciplina ria implementando un ma ~or nivel de docencia f" úwe ligación. Lo a pecto mencionado funcionan de. articulada imlependientemente n la organización por Facullades. ]Y.- corv IDER ,1CIO\'E. FINA LE . En e la prim ra aproximación de análi is comparativo, parece indiscutible la bondad del Í"-le-ma deparlamentaL in embar~o, 36 e advierten jn menor dificultad. ciertas condicione g nerales para que ésto funcione. También existen oh táculos que por experiencias oh ervada en otra l:niver iclade , pudieran pr entarse en la nue tra. Concretamente: PRlMERO :- Si el istema departamental no e ruimilado en todo su contexlo por estudiantes. docentes y per onal administrati o. lo más seguro es que el modelo no funcione en la forma e p rada, R E F O R .~1 ,\ U ". I \' E R IT AR I A máxime i ba, re i tcm~ia al cambio. debido a posibl ree tructuracione del ¡, r onal docf'nlc y oLre todo admini trativo. , EGC\DO:- La Depart~mentalización supone una vi ión integral del ciclo educatirn que incluya la pr paración intermedia (l'achil lerato), de tal forma que crilerio:- como Ja "flexibilidad" . . i l<•ma por crédito . ele.. f"an adoptados en todo t>I ciclo. Tambifo exige mayor C'sfuerzo de docente y Ludianl . así como un cuerJl<' a<lt.1ini tratfro eficienlf'. TERCCIW:- Aunque e indiscutible que la :facultad funcione. 110 lo L' d hecho de que lo e té haci •ntlo de manera óptima, por ello 'C requiere un conocimiento integral ele la Departamentali::aci1'.11 para r tablecer una comparación correcta. abe advertir que Lal comparació11 d b hacer e en ha e a los objetivo ele la Cniw·r:-;rtnr'. la Iimit~1ción de recur o y la necesidade futura . C[ 1RTO:- La Univer i<lad debe r una entidad dinámica. C,-Pl~ "e anticipe a los problema , que evite una actitud pasiva de adar,1.aciú11 impro1•isada a la demanda de la ociedad. l a i11am0Yilidad e la amenaza m5.s peligrosa d cualquier sÍ!'-· lema cc.lucatiYo. í o •lr•t1wnlal (' Pxaminar <'n élCtitucl critica lo que actualmente tenemo ,. co11cluir c;í nuestra aclual organización académica responde a la. nec~jdadt·s pre entes y futura ron la· que tjene que f'nfn·nlar:-P Ia l niver idad. \ .- ro -~ lDERACJ<l\ E. A .ER .A DE L \. E TRl' TUR.\ 1 F l \ C TO :\ ,\.1 l E TO DEL DEPARTA 1E~TO DE\TRO DF: f,,\ TOT·1.l1D\D l.\Ht:R ITARl . l'n Departanw11to está integrado por la Lolalidad de mae Lro <.¡ ue to~·~an una . _\re~ del Conocimiento ( rg. Dcpartam nto de Matema11ca ..... ocrnlogrn, -Economía, te . ... ), co11sla de un Director. un Con rjo -\cadémico . ·eccione Acadfmica. con u J Je o Coordina~or re~rwctivo. ( \ er CráJica o. J). La fot~ci~n principal del Director P:, la de hacer que e cumpl_an_ lo ob,1et1vo~ dPI D,~parlamenlu con el auxilio del on.ejo r\cadem1co donde emanan la decisionc. de tipo académico ( en nue . lra e truclt?a aclual ~ la. serían sancionada en Junta Dirccliva). Ln D1reclor Jlllf'1.le ser a u \ .z el Jpfe o 'oordinador de una eecién j , u tiempo y conocirnienlo· e lo permiten. Por - ~ parle_, Con ejo cadémico legisla programa ]o cur~o~ qlte 1mp11rtua ;l Departamento tanto vara la (s) carrera ( ) Que depe_nde (n I de e Le orno aquellos qu<' requieren otra área· de estudio, profesiones y e. pPcialidade . 1 ;1 37 �R E 1; O R ~1 A \; X l Y E R I T A R l A REFOR~IA on Jos Jef de ('Cción quienes g('n ralmcnle proponen ) Jwidamcntan el contenido programático ele cada curso, d rna~cra que el Titular de la materia efe "I~1ve!-Lig~ción_ de Mercados" rnt~&rada en un Departam .nlu (V rg. Econonua), Junto con los dema ~aestros el Coordinador de la Sección~ elaborarán programas para la di tanta. profesiones y e ' pecialidade . La a•tloridad administrativa puede re frlir en el propio Dirc-ctor ele Departam~nto o ser manejada por un ecr~tario dmini tratiYo además. cuando el Deparlameuto es relat1vamente pe· qtwuo pa~a la cnnÍidad de al~mno , c:i.rreras_ y e pecíal~dade tente , el mi rrio Docente -Titular es .oorclm_ador y m1emhr~ umco de , u ~"'ecc:ión , habrá caso en que una nnsma persona atienda dos cccif)ne debido a su po ihilidade académicas y de tiempo. ( er Gráfira \o. 2). En In ~ráfira :\o. 3, aparecen Lre Devaxtamenlos dando ser· , irio a Lretcarrera di,-tintas, al Ar a Básica o Común así como a esuf'cia lidades para cada una de la profesiones. · El DeparL· mento ,1, Malemáticas imparte, '.1- travé d~ su sección de Cálculo Diferencial Integra] un curso mtroducLono a do uiv ~tes para e Iudiantcs de Fí. ico-Matemáticas, Economía e lngt· 0 j ría. .\ su v .z el Departamento de Economía ofrece un cu1·so de lnve lio-ación de Mercados a distintos niveles que e aprovechado por csrud iante de Economí~, ~dminj tración e Ingeniería fo. du--Lrial qur rl igirron esa e ·peciahdad. . Finalmente el Departamento de ' uriología imparl curso mtrocluctorio a c!i linio. ni"ele para e tudiantes del rea de Ciencia ocialc. v un curso de ociología del De arrollo que es apro· vr<'hado por · 1 e t udiantr de Economía. Por , u pa rtf' f'I Departamento de Economía ofrece cursos . de Demografía que son requerido en el Currículum de la profesión de ociología. r ;-i .· Yl.- EL .. I TE íA DE CREDITO 38 En una oraanización departamental se puede considerar a la uniYersidacl cod:o un oferente de una cantidad determinada de h~ras para que cada alumno disponga de ellas, inici~ndosc e~ el mY 1 preparatorio v finalizando en un grado pro:fes1onal a mvel de l.icenciahua o dr Post-Grado. . Cada alumno e~ taría 11 po iLiliclades de elegir ha la qué mv~l puede llevar drprn~i n~,º ~e ·u_s p~·opia nec~sidades., E te tipo de orgamzac1on 1m1'.licana_ ~ecesanam~nte area comune, de conocimirnto donde e ,mpartman Wl con1unto de cur- UNIVERSITARIA so uormales o básicos ~ que a mc<lida que avanzan los alumno. profw1dizan<lo cada ,ez má en la diferente áreas, lo cual les permitirá optar al título de una profesión c•n particular (ver gráfica 4). l:l grado de profondizació11 wn que e ,.-erían la dií rente., materias básicas d pendería d la prof •sión que e pretende seguir, wnesponclicnclo le conjunto de cur o a lo que se podría llamar l:i et-lructura ct'nl ra1 o colurnm1 vertebral <le una profesión en par· ticular. Aunado n e le grupo tlP- e,ur w, irían lo temas térnicos \ el Lrabajo de inve ligación. a. í como la extensión y secvicio prole. ional que H'ndrían a complementar e integrar el Currículum c'l'I prof ·ioni:sta. Dajo <' te si!=tema ~e ¡io ibi.lita al alumuo para: lo.- f.a obtención d<' un grado jnlermedio qu e ) olorg:1ria Je. pu1; dC' haber cuhierLo las materia~ de área comúu un u1·1 icu lum Je materia· que lo habilita para el inmediato de empeño <1~ 1111n acti"i<hc~ Lérni.ca a nivel '11b-Proí ional en la inteligencia c!r qur pur<lf' <:olltinuar a partir de éste para ltl obtención de Iic ,•nc-iatura o mUL'. 1ría. 2o.- La 01ición hacia rnria especialidades dentro de la profe ión cl<"gida, dado quf> en lo· departamentos habrán de concenLrar:-c espt•cia li. ta e im csligadore , cu yo nivel docente hace po j. Hr I ofrecimiento de tales e pccialiclade . Cabe> ~eiialar que para el <'[ecto mencionado no se hace neces?ria la contratación ele rlor·cntes <'sp<>cializados ¡iue to que ya cxi . tm en r.aJa facultad, sir10 9"" la integración de ~ Lo en ~l si te1 rn departamc-nl al permite aprovecharlo· óptimamente. En síntc•.i.. puf'de afirm:tr!=e q11e cualqn icr f nivcrsidacl tradicional afu1 cua11tln ofrrzr,a r JI eialidaclP . . é ·ta Lii>.nen un grado de eficiencia con un alto ro. lo <'ronómico c11 relacÍ<Ín ni ~i tema departam ntal Para la ohl<>nción del grado intermedio y profe ional a í como el área el~ especialidad se requier<> una Jun~ión de asesoría claramente rf'glamentatla d0nde el alumno conozca <l antemano a que: !'arte lo llernrán lo crédito que e~tá cw- ando o bien qué créditos nece ita cubrir para llegar a la obtención el un cierto grado académico. 1:an e pecrnlizándose o fin de facilitar la compr n Í(>l1 operativa del i tema por crrditos citaremo un ej mplo: i ·n e ludian te egresado de bachillerato ( con el mi mo si. te• ma de crédito ) e, inicia en el área común de Ciencia Sociales Y. P:etende cursar la carrera de Licenciado en Economía con espccialtdad en Tnvestigación de Mercado y a<lemá de ea obtener un 39 �REFORMA UNIVER lTARIA diplomado en C()mputación electrónica a fin de_ lar ,en ]lO~ibilidades de trabajar en un lap o de do o lre anos. b1 este ca. o Lendría que cubrir UII determinado currículum b~ ico qu l~ a<lenLraría en el campo de los conocimiento cconóm1c~ a un mvel d,. exigencia y profondización ma) or_ q1_1e otro esLudiante que ingr~a a esa mi ma área d Ciencias oc1ales. . . _ También nahría ele cubrir crédito bá ico de olra disc1µhna impartida por e. pcciali ta docent~ _d 1 depa_rLamento en_ cuestión, de manera que las MaLcmát1ca ba 1<'a'- habna de acreditarlas en ) departamento de ~1al mática. - 5ección- I•:~onomía. Lna_vez cubierto el curricu hun bá ico tendría que acreditar las matenas ~~ el deparlamenlo d Cálculo y computación fija e(*) a Iin de hab1htar. e como trcnico en computación. A u vez el Departan_iento de Economía 1,- indicaría el total d créditos há ico que exige para cualquier a. piranle ea cua I fuere u . ¡wcia lidad. !ur probablemente el Drpartamenlo de Economía tendría una ecc1ó11 de ~ocentc e-pecializado en Inve ligación de _Merca~os que ofrecena sus ervicio a toda la Universidad en ilislmLos mveles de. de uno o YHrio créditos ha. la la e pccialidad mima. actualmente ucede que: lo.La. Matemática bá ica~, e decir, Algebra, Cálculo Diferencial Programación Lineal te .. son imf paitida en cada ~acultad por dUinlo: docente multiplicando •s uerzo } recurso mnecesarianwnlf'". 2o.- Fn el ,- o. ó 60 . . eme.,trc f'l ~-t11dianl tiene un conjunto dr conocimientos Leórico in enlrPnamienlo práctico en el campo que de ra de arrolhr,1• profesioPalrnentc ~- aún cuando cxi ta _la capacidad tc-óricu-práci.i a no ha} 011 . lancia algun_a que_ acrechte :la fase terminal. para el de <'m¡H~ño di' un traba1~ a mv_PI subprofe ional, qu adcmá de hacerlo } hac:r _e productivo ocialmente lo va (ormanclo c-on Yi In a la e pcc1alulad pro¡,u ta. , 1 fínafo:ar el .-o. \- 60. cme<;lre tlltf'. lro P. tudianle podría n técni<'o n rompnta<lnra·s . . i r tá rn po. i~ilidadr. d" fjn'llizar 511 c·arrNa, con una C' pe<'i:\li<l ad qur ha venido cultivando desde los aiío. int rmcdio a travf <le la xpt>riencia que Je proporcionó la prá tira. . . _ .3o.- La Facultad dr Fconomía ofrece dos e pecialidade ector Públcio y Seclor Empre as; en é l último se inclu e l crf'dito "Tnve ligación dt' ~ercado;;", a "ll vez_la ~ cuela de G3:aduado. en ~\dmini ·tración ,.,. Ingeniería Tndu. lnal imparte e. tud10s en t' ·e mi mo ,wntido. eguramcnte Ja integración de una ección de (t I ·10 Quizá el mismo corricu lum básico posíbll!te al estudiante oara obtener el diplomado sin n~cesidad de ac r edlt;i r tnás cur, os en el Departamento de Cfllcnlo. R E F O R :'11 A U N l V E R S I T AR I A "JnvesLigación de Mercados" en un determinado Departamento cría servicio docente y de inve ligación Lanto al estudiante de Economía como al propio posgraduado con más eficiencia y menor costo. Ejemplo como el anterior pueden citarse en buen número por lo que se pretende in talar un sistema de créditos en una Organización Departamental con Areas de Estudio Comunes y optativas para el mejor aprovechamiento de los recur os existente y el mejoramiento d lo ~ niwle académicos y de investigación. Por otra parle, la labor de Extensión y ervieio Social, en una l niv r idad Departamentalizada, se coordina e integra inter-discipHnariamente. como un hecho se ha iniciado n ]a Facultades de Medicina, Arquitectura, F..nfermería y Trabajo ocia! aunque de manera circun tancial para un programa concreto. Cuando lo Departamento e pecializados se coordinan en la realización de programa de labor de Exten ióu de ervicio ocial, como otra de u funciones, , eguramente habrá más y mejores reultado i;ohrc todo, porque un programa bien implementado, promete perspectivas de solución más integrada y con un conocimiento de toda las variables que af clan al objeto que se estudia y sobre la cual e harán aporlaciones concr ta . No sucede así en Jos programa • que por u vi ión parcial, frecuentemente realizan 1a Facul tade a nivel de Exten ión y Serv1c10 ocial. 41 �ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMlA CON JEFATURA DE DOS GRAFICA SECCIONES NºI 8RAFICA Nº 2 SECCION DE SECCION DE SECCION DEMOGRAFIA DE SECCION DE DEMOORAFIA DE MERCADOS DE MERCADOS SECCION SECCION DE FINANZAS SECCION DESARROLLO ECONOMICO �FUNCIONAMIENTO DE TRES DEPARTAMENTOS GR A FI CA Nº 3 DEPARTAMENTO ECONOMIA ''' '' '' 1 1 DE DEPARTAMENTO DE FISICO- MATEMAT. SOC IOLOOIA Dtl PROFESION DE ECONOMIA .\LBERTO G RCIA GO 1EZ DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA PROFESION DE FISICO - MATEMAT. r'ROFESION DE SOCIOLOGIA AREA '' 'l '' 1 1 DEL OPTO. AL AREA INTR~DUCTORIA BASICA ~ - - - DEL OPTO. A ESPECIALIDADES •••••--••- DEL OPTO. A ESTRUCTURA BASICA DE LA PROFESION LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA PAZ ( H O\ R \DO nopsi , ) POR L\ t:\'YlT.\CTÓ • Ql E, El\ FOR.\1A POR DEMÁS gentil. se me ha· heclw para colaborar en la Revista de nuestra Facultad de Derecho, gustosamente lo hago brindándole lo que podríamos llamar una avent.ura del espirilu, tal ·vez un.a quimera para otros. Sin embargo, con el andar del tiempo, esa aventura pronto verá la luz en un libra. Mi deseo /ne que e te modesto <'s/uerzo ac<-rca de la paz in~<>rnacio?al brotara de nuestra Facultad, erl/.re otras motivos, por 1mperatz-vos de lazos e. trechos del cariño para la juventu,1l estudiosa de dicha Facultad _,, de su magi~terio, ~· tambirSn porque fue en esta Facultad. la que al brindarme su hospitalidad en aquel tiem po bajo la atinada dirección del señor Lic. Federico Páez Flores, pude seguir PTt el estudio de la disciplina jztsint<>rnacionalista. lsí. defo constancia de rec01wcimiento para nuestra querida Facultad, cr:zsol y fuente. :r que 110 en poco me permitiría llegar a la elaboración de esta teoría pacifista. Lle . .Alberto Ga.rcla Qoru, z . enesado de las Fac ultaóes de Dereého y Clencla.s Sociales Y de Fllosoffa Y Letra.s. de la Univer sidad Nacional Autónoma de México; Ita sido catedrático en distintos centro~ de enseña nza superior del pail< y de los Estados. Unidos de Améltca Y lo es actqalmente de la Facnltad de Dei:ecll:o -, Ciencias ~ales de la u. .&. N. L. 7 de OLtos planteles. Es miembro de la Academill Mexicana de Dereeho Internacional y AcadélDJco corresi>ondlente en Monterrey de la Ac11dt mh lfac!onal d e Clenclas. �l'.\"l\'LR ID n IXJ'ElL'\AClO'\ \1 J>E J. PAZ En la sinnpsis que presentamos en esta ocasión, por limitaciones naturales de espacio, no se nos permite vaciar la tutalidad del contenido del libro que próximamente aparecerá, pero las primicia.s de esta idea serán, desde luPgo, para nuestra querida Facultad. '~ * En el año de ]962 el autor publicó n el .Anuario H MANITA del Centro de Ktudio Humaní tico d la l:nivcr idad Autónoma de :\uevo León, un en ayo: "L \ '::\IYl~R ID D DEL POR\ K\IR". En dicho e tudio el autor hizo un análisis de la situación determinante en el mundo actual, oh crvando la di crepancia existente entre e píritu y materia eñalando .fundamerúalmcnt.e el hecho de que estamo viYiendo en tma nuc,a é1Joca -la Era Atómica-, lo que imponr una nueva situaeión para el hombre actual, dada la peligro a eventuafülad de una guerra de tal índole. Con razón Albert Ein tein dijo: ''Las fuerza de encadenadas del átomo lo han cambiado todo, excepto nue tra. maneras de pensar, por lo que corremo hacia una catástroI in precedente ". En re nmen, podemo seña1ar que en "La Lniversidad dd Porvenir'' e ohsenra la necesidad de e-xhallar el espíritu obre la materia ) . e establee• el que. entre otros medio po ihle, para alcanzar ]a paz en el mundo, la cullura ei:; el más idóneo para tal ohjetiYo a lravé de la ducación - la educación para la paz-. con tituyendo la l 'ni er. idad el núcleo de donde habrá de irradiar tal educación, proponiéndose la creación d una Cniversidad Internacional de la Paz. Siete año despué . en 1969, el ecrctario General de la. Nacione Unidas, eñor L'-Thant, expresaba que había Llegado el tiempo de pen ar seriamente en f'l e tabl cirnicnto de una nivcr idad de las _raciones Cnicla . ignorando po ihlementc el ensayo de su autor. quien en 1971 aprovechó su f' tancia en Parí para hablar con e1 señor J. Herman Jefe ele la erción de lto Estadios de la T\ ESCO acerca <le su proyecto, no in antes l1aber recibido de dicha Institución un cue tionario de diecinueve pregunta en las que se le consultaba acerca de la creación y tab] cimi nLo de una niversidad para fine pacifistas, siendo de tleseaT- que . e tome Pn cuenta tal estudio. Con el transcurso del tirmpo, la idea inicial ac rea dP la fundación de una Univer. idad Internacional de la Paz, ha ido objeto de mayores e Ludio y prnfundización, como e po ihle adverLirlo en un ensa o del propio anlor que lleva el titulo de "L L'1ITVERSID i\D I'\TER ' ..\ TO 1 ºAL DE L p Z" (Una TPoría para la Paz), publicado también en Humanila de la niveTSidad Autónoma d ~u evo León en 1972. • "fVEH IDAU J:--;TER, \CTO'\Al. DE l."- P Z ·\ imple ista, el proponer la cr<>ación de una Universidad 1 ara la Paz pudiera parecer, i no impo_ible, una quimera y, desJe luego~ para el escéplico hombre de nuestro días, un intento qu tiene poca o ninguna viabilidad. En efecto, cuando concebimos la idea acerca de] e Lablecímienlo d una niver idad para la Paz, lógicamente comprendíamos qu no en l e ceptismo en donde pudiera fructificar tal id<>a, y también advertimos que puedf' haber varios puntos d vi . ta sobre el tema. Así, el studio de ''La Cniversidad del Porvenir'·, en l ()62, no creímo que pudiera germinar, pero lo cierto r que hecho po teriorc demo traron que la speranza para su rcaJjzación no había siclo c>stPril. La concepción de la --niversi<lad para fines pacíficos, aparl'ría ü1ióalmf'nte como el e, tablecimiento de una Tu titución allarr1e1üe tecnificada e i mpu I ada mclljante i:;u adopción por la t''\'E CO para la rra lización de los fines 11aciíi ta. , pero emúormc el autor fue ahondando más y má. en el tema, aparecieron nueva me1.as: era necesario crear un istema. Fue preciso. ¡,ues. verificar loli antcced nte hi tórico filosó~~co acerca del empleo d<' la cultura como medio para 1~ obtencwn de la paz, ya que, olro pen,adore habían entreví to las posibilidades d la misma, f\Ólo qu , en realidad. tales ideas, a 1,esar de la :rnl<'nticiclad de su aulore , no llegaron hasta la par11" medular de 1a prohlrmática el<' la paz. H ubimo_ de e tudiar entre otro , al abate de aint Pierre, a Emmanuel 1':ant, . sobre todo a Em to Renán, e. clarecido penador ÍT:anc' s. quie1_1 "percibió la lenta germinación de la paz sobre la lierra. la u~nda~ humana que pausadamente se organiza en e_l yroce ·o d la luslona y pudo ver la gran sinfonía donde e ju . tiftc3:n toda_ la accione . n donde todas la o~a s ordenan y adquieren ritmo y valor, e la cttltura". nte esta interernnte cue . ~ón que trata Renán. aparecen determinadas idea ya qu no un J tema ordenado o doctrinal re pecto de la cultura, principalmenre l'll dos de u obras: "El Pon,enir de la Ciencia"' y en lo "Diálogo '\' Fragmf'ntos Filosó[icos''. R:nán indudahh•mentc tiene mérito al percibir, al entrever. a _la <luancia, p;enialmente, el poder de la cultura aue ~l llama "filo ofía científica". • Lo. autores menciona<lQs necesitan recibir el crP<lito de su ohr8:5, si se co? idera que fueron producidas en tiempo y circun . tancia~ mu ·. d1vers~ a _las de nne tro tiempo. in embargo, e,taban muy le10~ de 1magmar la Era 1uclear la que puede poner 47 �:XI\ EH 'JOAD I);TER.."'ACION \L l>E LA PAZ íin a la existencia del hombre sobre la lierra. Ahora \'Cmos que la situación es di IÜlta, como derivación del hecho que se cita con anleriorida<l. · ctualmente es vital la necesidad de que el hombre use su razón para salvarse de e e trágico final r comprender que ésta e o 1mede er u última oportunidad. Frenle a la constatación reflexiva de e te pensamiento, vemos la pobreza e piritual de determinada. filosofías o ideología política., pue to que e han agotado lo ideales y se ha precipitado el aceleramiento del ritmo natural de la vida humana. La explo ión d mográlica y el acortamiento de la di tancia, on entre otros fa tores, Jo que han propiciado tal aceleramiento, habida cuenta de lo que lo p iquiaLra eí1alan, e to es, qu el hombre, agobiado por el mal rialismo, el abu o d 1 poder, la re_Lricción de su más elementales activida<le y motivaciones, bajo una rígida estructura ocia!, supue tamenle placentera y en realidad hostil ~ deshumanizada, lo que están llevando hasta el hastío y a la po ihle explo ión de u re:primida ¾"Tesividad, con toda u. con ecuencias inherente. como así se expu o en el Congreso de P iquiatría Yerificado en la ciudad de México en diciembre de 1971. icndo el homhre ' un anima1 rncional' , e to r ulta paradójico, porque ha ta el pre ente, bnzamlo una mi rada retrospectiva a la páfrina~ ele la historia, lo l1echos clemue tran que no siemprr ha u ado la razón y parece que tampoco ]a u ará ante la tremenda realidad de nuc t ro tiempo: la guerra nuclear. Emonces, e· preciso ,,durar nl lwmbre, educarlo para la paz, porque es en el individuo en donde nacen los /crmentM de los pueblos. En otro apartado se analizó el concepto de cultura. Se distinguió la cultura oriental de la cultura occi.dental, sin olvidar que es una ola unidad de la ociedad humana. Ahora bien, en ]a. condiciones actuales en las que el internacionalismo no sólo ba Yenido acercando al hombre, ino que también ha •stimnlado el aglutinamienlo cultural cabría vreguntarse: ¿_la cultura actual e ali factoria y útil para el hombre de nuestro tiempo? o bien ¿es necesario rehacer la existente sólo que haciendo una trasposición de valor y ordenarla partiendo d 1 primordial. o sea el de la paz? Existe, pues, la posibilidad ele que el hombre admita determinadas verdades que resultan vitales para él, ya sea volunlariamen- 48 te, vía Educación para la Paz o coactivamente, vía Derecho Internacional de la Paz. entre otras, la siempre pero profunda, de que el camino JJara alvarse, el único es el de la paz. Recordemo lo di- IVERSLDAD INTERi'fACIO AL DE LA PAZ cho por Franz Friedi-ich von Unru11: "La paz es una fuerza, por lo tanto hemo de ser soldados de la Paz y no soñadores de la ., paz . La Educación para la Paz requiere de una fundamentación, f':;to es, de una Filosofía de la Paz, o sea un conjunto de principios axiológico-, que fundado en la paz, se nutran, además, del resultado de la inves6gación, afrontación y análisis comparativo de todas la cultura existentes, por lo menos de las ideas nutricias de las mismas. lo que. en síntesi , revelará Te ultados a omhrosos en todo los terrenos en que la mente humana se ocupa. Es necesario acortar también la distancia espiritual y destruir las barreras de la jgnorancia y de la incompTen ión entre los hombre . Cabrá ordenar que tales valores en lo que respecta a los cam}JO anttopológico, sicológico, hi tórico, tradicional, idiomático, etc., y al llegar a e Le punto, será po ible también hablar de Ja integración de una cultura, de una nueva cultura, para el hombre nuevo. Ademá-. la Educación para la Paz, también será el producto de to• da la elaboración hecha a e. cala internacional, integrada de acuer• do con la fundamenlaci6n filosófica pacifista pro~uesta, y desdt luego, con la aplicación de las técnicas pedagógica más avanzadas. La razón humana crá enseñada, mediante la Educación para la Paz, desd lo niveJe escolare elementales ba ta la Universidad; o ~a, que toda las actuales fuente de cultura conocidas, e convertirán en fuentes de cultura para la paz. (rgencia de limitación nos obligan a hacer una breve sinopi acerca de nuestra teoría de 1a paz, la que quedaría dividida en dos partes: PRIMER.-/ P4.RTE: En la proyecc1on de educar al hombre para la paz, reiteramos nuestro propósito acerca de la creación de la Universidad Internacional de la Paz, como institución rectora y coordinadora de e ta magna tarea cultural y educacional, o sea Wla institución que inicialmente funcionaria a nivel experimental, con la parlicipación y colaboración d elementos profesionales, en el campo del derecho internacional. de técnicos de la educación, de filósofos, escritores e intelectuales de todo el mundo, para el logro de lo siguientes objetivos inmediatos: a) . Peiiodo de Integración, dentro de un plazo temporal prudente con objeto de verificaT la selección del personal internacional para iniciar la elaboración y estudio ele los planes de trabajo y de organización, así como administrativos. La fijación de mr.tas concreta de trabajo, tales como la elaboración del primer progra- 49 �UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA PAZ 50 ma de estudio y de investigación, elaboración comparativa de culturas, análisis, etc. SEGUNDA PARTE: Anteriormente se expresó que la educación para la paz requiere de una fundamentación, esto es, de una filosofía de la paz. En nuestro estudio "LA FILOSOFIA DE LA PAZ" (1973), se dijo: "Entendernos la paz como la apertura y disposición del hombre, mediante una educación universal dirigida a tal fin, para el establecimiento de un nuevo orden moral filosófico, social y jurídico permanente, de lo nacional a lo internacional, n lo que, ¡JOr principio, se requiere de todos los medios -inclusive el mpleo de la acción cívica de los pueblos de cada Estado- para la proscripción definitiva de la fuerza nuclear bélica, que permite la convivencia humana. El hombre debe ser educado en y para la paz. La naturaleza ontológica de la paz y su contenido no puede quedar circunscrito a un mero concepto, tomando en cuenta --como dijimos- la riqueza que guarda. Así, para los fines particulares de este estudio, nos sen'iremos solamente de aquellos aspectos de Ja misma que resultan útiles en la educación de la paz, estableciendo las iguientes proposiciones: Tenemos en primer término la paz como verdad. Esto es, la paz que el mundo necesita y reclama en nue tro tiempo no puede fincarse en lo evenlual, transitorio o incierto, como tampoco debe e tar sujeta a presiones de ningún género o estar condicionada :i políticas deLerminadas; a interese1:> trasnacionales o al servicio de ideologías imperialistas, ya que también la paz descansa en la justicia y en la libertad del hombre. Debe ser verdadera, porque solamente en ella el hombre puede realizar su vocación y misión terrenas, tanto en lo espiritual como en lo material. Corresponde, por tanto, al hombre, el iniciar la larea de hacer la paz con nuevas normas que van de lo familiar a 1o socia1 y de lo nacional a lo internacional. F.n segundo término, si la paz es verdad, es necesario establecerla como una realidad intelegible. La inteligencia humana debe comprender las bondades de la paz y llevarla a la realidad de su acción. En tercer término, la paz como verdad y como realidad inte)P.gible, nos lleva a la paz como saber. Tomando en cuenta, tanto la riqueza expresada de la paz. como lo complejo de su problemática en nuestro tiempo, se requiere de la elaboración y estructuración. de una ciencia que, con su ohjeto propio -la paz-, se constituya e-n esfuerzo intelectual permanente de est.udio, investigación y for- º!YERSIDAD INTERNACIONAL DE LA PAZ mulaciún de conocimientos ordenados metodológicamente, trate, además, de humanizar la ciencia en general y la tecnología en p:,.rticula r. En el e Ludio de la paz precísase del conocimiento del rico material moral, filosófico, jurídico y de toda la aportación que brindan ]as religiones, principiando por el cristianismo, cuya doctrina predica el amor, demento fundamental en la convivencia humana. El "Miraos como hermanos". no solamente tiene W1a trascendencia ublime, sino qu <" constituye la puerta al acercamiento, al cono• cimiento y a la comprensión, en el caso de que el hombre hiciera de esle precepto un objetivo y una moral fun<lamental de su vida. Ya los griego hablaban de la sim-phatia y de la com-pasion y el cristianismo de la carita.s, fundamento de la paz. Por tanto, es necesario buscar nuevas formas de comunicación. El fundamento filosófico de la paz, aplicado a la educación. puede establecer_e en tres niveles: lo. Conocimient-0 Inicial. , Siendo la paz un producto social y cultural evidente, pese a esto, el hombre debe conocerla, comprenderla y estudiarla para real_iz~la. Corresp~ude? por tanto, estah1ecer la pedagogía de la paz zmciando su aplzcacu5n desde los ¡ardines de niños hasta las universúlades de todos los Estados del mundo. 2o. Conocimiento Intermedio. La paz como realidad intelegihle que da acceso al desenvolvimiento <le la vida humana, necesita de otros conocimientos cien• tíficos que le brindan a1 hombre su formación cultural, disponién• dolo para el ingreso a ciclos superiores. En este estadio cultural, e necesario reafirmar los conocimientos previos acerca de la paz; por tanto, deben ser adecuados programas de acuerdo con el plan general de la educación para la paz. 3o. Conocimiento Superior. La paz como saber, necesariamente nos lleva a la ciencia de la misma, la que debe tener un carácler teórico y práctico para servir y orientar a todos los campos del saber humano; informadora de todo esfuerzo intelectual y científico hasta llegar al claustro universitario en planos de desarrollo máximo, esto es, la filosofía de ~ paz la que va a buscar las causas de la desavenencia, de la agresividad y del odio, tanto en el hombre mismo, como en la sociedad en que vive, a nivel internacional, así como las nuevas fórmulas 11edagógicas que llevan al hombre a la paz. 51 �UNIYERSfDAD INTER ACJONAL DE L.\ PAZ TERCERA PARTE: Decíamos que para alcanzar la paz, no es suficiente educar al hombre para alcanzar Lal objetivo, es necesario también emplear la coacción y ~obre ésto, cabe ]a elaboración jurídica del Derecho Internacional de la Paz, y como su complemento indispensable, el e tablecimienlo del Tribunal lnternacwnal de la Paz, para que así, con fundamento legal, sea posible someter a los que violen las nom1as de tal derecho. He aquí, pues, en sus aspectos generales, nuestra teoría para la paz, lamentando no tener el espacio suficiente para hacer la transcripción de todo su contenido. .\CU TI:'\ B S \ E F'ER_1 _ l\DF2 DEL _ LLE EL DERECHO COMO FACTOR DE CONSERV ACION Y DE CAMBIO SOCIAL Comunicación al Congreso Mundial de Filosofía Jurídica y Social Madrid, 7 a ] 2 de septiembre de 1973. E L OERE RO ES U.XA REGLA DE \IDA SOCIAL, UNA ORDE TACIÓ positfra ) justa e tablecida por la autoridad competente en lista del bien público temporal. Trátese de un conjunto de l<>yes que tienen por mi ión conservar la necesaria proporción en 1as relacionei. escncial<'s a la convivencia, mediante la previa atribución de lo que corre ponde a cada quien. En priucipio, este or<!en está provi to de sanciones para asegurar su efectividad. El Den:cho salvaguarda el orden y posibilita el cambio social no violento. Desde el punto de vista de la fenomenología existencial, la justicia se presenta como forma antropológica de coexistencia. Es el modo de coexistir humanamente, de estar junto con otros en el mundo. El derecho es una dimensión originaria del ser del hombre. Proviene d 1 ser-todos-juntos-en-el-mundo. Una antropología jurídica parte de la materialidad y corporalidad de las individualidades. F..ste factor limitador y excluyente apunta hacia un orden mundano. Lo que un hombre posee por derecho no puede poseerlo el otro. El mundo espaciotemporal de los hombres no se reduce a bienes materiales, sino también n valores espirituale : \"erdad, libertad, 52 Dr. Jur. Dr. PblL ,v;ust ln Ba,;ave Fernándc,: del Vaile. Presidente del centro de Estudios HumanJslitcos de la Universidad Autónoma d e Nuevo Leó n y catedrático de Filo, o!ia del Derecho en la misma Universidad. �EL DERECHO COMO F.ACTOll OE amor, jusLIC1a. Lo jurídico es una dimensión del mundo personal. Presupone la individualidad aisladora y delimitadora del mundo material, pero se refiere a relaciones intersuhjetivas y a finalidades éticas. Los hombres buscan inquieLamente la realización de su estruc• tura vocacional. Compelidos por su nativa insuficiencia, por su constitutivo desamparo y por su insoslayable afán de plenitud viven siempre de manera social. Así se conservan y perfeccionan. Fundan agrupaciones de radio creciente. iempre que los homhrts se ensamblan en sus operaciones vitales, lratan de llegar a un aju · te, a un enderezamiento, a wm rectitud y derechura. Es el encuentro con lo justo, lo recto. La dimensión jurídica del hombre dice relación, precisamente, al perfecto acoplamiento entre eres racionales y libres. La justicia es una noción eje de la coexistencia. Cada uno de los seres que se acoplan le corresponde, en justicia, w1 estado objetivo. De otra forma no podríamos esperar armonía. En este sentido primordial, ju ticia es coordinación reglada y derecho es lo justo objetivo. Si la libertad no fuese wia realidad existencial, el Derecho resultaría un contrasentido ontológico. Los progresos y regresos que jalonan la historia de los hombres se fincan en la libertad que interioriza personalmente los valores jurídicos. Si hay hábitos justicieros es porque antes hay justicia objetiva. Pero esta justicia oh• jetiva, siempre perfectible, se descubre y se profundiza en la historia. El hombre justo-con-sus-semejantes tiene y no puede dejar de tener derechos y deberes. o somos simples vivientes sino convivientes. Convivientes históricos que moran en un mundo cultural. Un mundo cultural que e sustenta, en buena parte, por valores jurídicos. El hombre común sabe, en cierto modo, qué es la justicia, qué es la seguridad, qué es el orden y qué es el Derecho antes de que se lo haya dicho el iusfilósofo. Sobxe esta vida irreflexiva vendrá después la iilosofia. El otro tiene un derecho fundamental de existir y realizarse. Tengo que asentir a su subjetividad como el otro tiene que asentir a la mía. Exigencias mínimas de solidaridad y de amor. De otra manera no seríamos hombres. Vivir significa donarse, "tener que ser para el otro". Hay con-elatos subjetivos y objetivos de la exigencia mínima de solidaridad y de amor. De los caracteres funda• mentales de la naturaleza humana: individualidad física, libertad moral y responsabilidad, racionalidad espiritual, sociabilidad y religiosidad, derivan wia serie de derechos suhietivos públicos de la CONSERVAClÓN Y DE CA.'1\lBlO SOCIAL persona frente al :&Lado. Las instituciones jurídicas reunen y separan, ofrecen y ocultan su sentido. Aquí está -determinado y protegido- mi mundo frente al mundo del otro, de los otros y de la comunidad, y sin embargo, juntos construimos un mundo. De ahí el carácter ambivalente del Derecho. La realidad jurídica está en el ámbito del ser, no del te• ner. Estamos en el Derecho, antes de disponer de nuestros derechos. El hombre es, en huena parte, ejecutor y pastor de la realidad jurídica. Al escuchar la conciencia jurídica espontánea, en la comunidad, surge la organización del Derecho. Aunque no tengamos una super-visión panorámica sobre el ideal absoluto, tenemos un atisbo suficiente para proporcionarnos una conciencia d l Derecho natural o del Derecho intrínsecamente justo. Cuanto más perfecto sea un orden jurídico, más se aproximará al orden de lo ético. E,"{iste en el Derecho una inten• cionnlidad hacia Jo ético que no cabe ncubrir o preferir. El asn~cto rc~ulativo se fija en reglas uniformes. Inlenta crear la re• gularidad inviolable y la justicia. &tamos en el mundo, en una <le nuestras dimensiones, para orientarnos en un aspecto construc• livo fw1cional. . Tos acompañamos respetándonos nuestros dere• chos y forjando el biene tar colectivo. La fuente del derecho está en el hombre aunque el hombre viva en el derecho. Tratamos de humanizar nuestras relaciones. Posiblemente la justicia no podrá realiuu jamás 1 ideal de humanidad, pero excluye la crueldad, la guerra, las riñas. Nuestra subjetividad-personificada-en-el-mundo se interesa por su ser. Es facticidad y es proyeclo. Las cosas no se relacionan eon lo que es. El ser del hombre, en cambio, es una "relación de ser". Heidegger lo observa con su profundidad acostumbrada: ''Das Dasein isl ein eiendrs, da nicht nur unter anderem Seidenden yorkomnt. E ist vielmehr dadursch ontisch ausegese ichnet, das es die em Seienden in seinem ein un dieses Sein selhstgeht. Zu dieser Seinzverfassung des Daseins gehort aber dann, dass, es in seinem Sein zu diese, Sein ein Seinsverhaltnis hat". (Martin Heidegger: "Sein und Zeit", pág. 12). La facticidad de mi desamparo ontológico y ]a potencialidad de mi plenitud subsistencial se experimentan como unidad-en-oposición. Y en medio de esta intranquilidad fundamental sentimos el constante impulso de extendemos por encima de nuestra facticidad hacia el cumplimiento de nuestra más alta vocación personal. La justicia -armonía de todos los proyeclos de vida- es lo que "debe ser". La autorida~ no se limita a domesticar al lobo que hay en el hombre, sino que 55 �EL DERECHO COi\10 FACTOR DE 56 trata de i-ealizar positivamente el bien público temporal. Pero el bien público temporal e plástico, universal, uscet:JLible de progreso y su noción es de carácter dinámico. Para una Antropología jurídica existencial, la determinación del hombre no s fruto exclusivo de leyes fijas e inmutables, sino de "autocercioramiento'' y de "autorrealización", constantemente renovados. Tarea qu se cumple cuando el hombre encuentra "en él mismo para él mi mo como hombre, los fundamentos del orden humano, lo criterios ele decisión humana para todos aquellos conflicto que residen, en gran medida, en la estructura del mundo mismo -advierte faihofer- y no sólo en la e tructura de su propia e imperfecta naturaleza hi.unana" ( 1aihofer: "Naturrecht als Exislensrccht", 1963, pág. 4.0). Los proyectos de sentido y de fin del hombre -y esto no lo djce Maihofer- no brotan de una libertad ilimitada, de una dr nuda situación in pre upuestos vinculant limitadores y obligatoriov de la vocación del hombre. La fenomenología xistentiva de la vida jurídica no puede olvidar las leyes ontológicas d l mundo r las exigencias normativas de la condición humana. Entre el aislamiento egocéntrico y el impulso de asociación -unüicados contradictoriamente en unidad sineidética- oscila la vida del hombre. más de la hase constante determinada por las le e del ser ~ocial, e da un espacio libre de posib]e autoconformación conforme a vocacionrs bistlricas, ingu1are , cambiante . fil acervo ontológico fundamental de Jas relaciones convivenciales tiene su influencia sobre el Derecho. La dimensión jurídica del hombre completa, precisamente, Lodos esto aspectos. En este estudio de Antropología jurídica he querido contemplar e] Dere<:ho como una forma antropológica de convivencia; Derecho en estado naciente, si s me permite la expresióu. La capacidad general de actualizar lo que debe r, nunca se realiza de modo total. La teoría general del Derecho de cubre y señala algunas figura o trabajos facultade, que canalizan esta capacidad humana de actualizar lo que Jebe ser. El hombre, que ya <'5 de por sí un valor, no puede permanecer neutro ante el valor. El pro ·ecto jurídico coincidf' con la esencia humana. Trátese de un objeto operable -por miles de modo - y valioso. Ese proyecto de conducta e 1a anticipación ontológica del fin. "Stabile et ratu,m nihil esse pote$t qoud sit naturae adversarium", afirmaba TI1emi<.tio. La persona misma en u exigencia de realización integral es la causa de los camhios sociales. Hay una potencialidad real del hom- CONSERVACJÓ:.--; Y DE C.\'\1B10 SOCIAL bre, eu su aspecto de ju licia que se actualiza en comportamientos. Es~ potenci~lidad es previamente conceptualizada en normas que se estunan valiosas. La justicia es fuerza motora y la injusticia -por exceso, por defecto, por perversión, y por desmérito- es frustración humana. La función polemógena y la función irenológica del Derecho coexi ten orgánica y dia1écticamente, en forma parecida al contrapunto mu ical. En ocasiones, la voz cantante --o el acento preponde• rante- parece llevarlo la función polemógena, pero el otro polo -_-l.:.. función ircnológica- no es eliminado y continua -aunque a ..sotto voce"- ~u. labor de equilibrio. Otras veces el factor de conervación prepondera de tal modo que parece no existir el factor de cambio social. in embargo, si aguzamos el oído podremos oir, aunque ! vemente, las voces que se levantan paulatinamente, pidien• do una c~tructura social más justa. Los vai,,enes de la política y del Derecho en la historia, se deben, en buena parte, a esta forma contrapunlual, sineidélica, en que operan los factores de conservación ) de i:1mbio social. Todo Derecho JIO iLivo e un produclo histórico y carn1?1ante que acompaña a uua comunidad. La función irenológica configura y conforma establemente, seguramente, las relaciones sociaJe . Pero este elemento estético del Derecho -estabilidad firmeza segurid~d.- no ~lega jamás a hacer de un Derecho positiv¿, un pro: dueto ng1do e inmutable. Los cambios históricos de la sociedad ?e~eran un proceso de nue-va objetivación jurídica. La adaptación' mmterrump1da del Derecho a las correspondientes necesidades vitales. es un insoslayable factor de cambio. En este sentido, el Derecho mismo está, en alguna manera, orientado hacia el cambio. La diná• ~ica interna del Derecho y la tendencia a la permanencia desempenan un papel de primordial imporlancia en la historicidad del Derech~ yositivo. Las formulaciones jurídicas constituyen una con.,;. trucc1011 que retarda, en cierto modo, el proceso de cambio de estructura jurídico-políticas. Sin embargo, el irresistible factor dinámico r ,cibe su vigor de las nuevas circunstancias sociales que instan a la adaptación. Visto hacia atrás, en panorama de siglos el Derecho cambia con un ritmo relativamente lento. El peso d¡ la trad itio está equilibrado por el contrapeso de la reformatio. Aun• que se qui ieran evitar hasta el máximo las oscilaciones y los trastorno , so daría la tendencia al cambio -y al cambio mismoporque el bomhre no es perfecto, sino perfectible. Yo no creo en un supuesto esp!ritu com~ suprapersonal, que mueva y aquiettt el Derec!10 pos1t1vo. Son los hombres -y en especial las grandes personalidades- quienes a golpes de libertad provocan las tensio• 57 �EL [)ERE no Co:\I F\.CTOR OE co:-- ER\:\CIÓ. nes entre el Derecho fijado · l Derecho supral:Js_al, ?' justamentt> aJecuarlo al momento hi lórico ) so ial. Las c-odil1cac1one, no uelcn ser cambiadas en su totalidad. La prudf'ncia acon,eja buscar proce o paulatino d adaptación. . . ·e empJ an figura_ jurídicas y leye provuonale . El D_e:e· cho no nace de sí mi mo. Ha_ unidade ulturales ~ .o mo-v1 ~on epocal s que c-jercen una indubitable influencia en el orden_3u rídico. El D recbo --como el E tado, como el arle y como la ":1 · Litucione - es uu producto cultural y lo. producto culturale. _tienen vigencias. cambio ~ extincione . Pe~~ todas e. ta allf'rna_tiv3:. ólo traducen el e;,J uerzo del Derecho po 1t1vo para elf'\ar la. 1eahdade hacia un ideal ontológico de ju:;;licia. Cierto que d Derecho po iti\O e un fr no. má. qu . u~a !uer~a progr o. ._ é,lo que <>.I nrogre. o mi mo r quiere la dt. c1plma Jllrnhca. 1 o, ~otrc--p_unde ,1 lo: homhre!- Jt- lt 1\ df' terminar cuál e la c. lructura ·o,·10polit1ca que requerimo · ) cuále- la. lew imp ranlec: para realizar<' a '-truclura. de acu •rclo con la ecruridad, la ju~Licia : 1 bien común. trata no tan solo de un pt~blema teórico de pen amiento, ino también. de un problema práctico ,]e pru lencia, el voluntad: d~ acción. En toclo ca o. la Filo fía como f'l Der<>cho . prop deul1ca ele . alvación. \o habrá ordt>namicutos jurídico Cecundo. y duradero i no :-e pro) ecta la Jimensión a,iot~ópica. y c:¡H·cíficamc~t~ leolrópic~, del homLre. E::-tado ) Derecho . on ,·ida humana obJ~ll\ acl~ ) ~ 1vient al enicio dr la vocacione humRna . Las eontmgt>nc1a bistóxica y con titutivas de la hi toria del DNecho se dau sin mengua de lo ,· alor<> ab oluto~. De otro mQdo. l amhio . o ·ia] e lomaría inintcligihlr. La func-ione del Der cho n la '-;da ocial - re,• teza. eguridad. cambio progresivo. re. olución de conflicto e inter . e , organización. legitimación y limitacjón del poder político- . irv n en úJtima iwtancia. a un integrali"mo mf"tafísico antropo. óf1 . Y e• te inleITTalismo mf'tafí ic·o antropo Mico adquiere ~u cabal entido a la luz una Filo. ofía como propedéutica d salva ión. La complejidad ineidética de la función ~renoJógica y de la fu_r;ci_ón polemógena e agolpa. Iinalmenle , hacia la e. lrt>chez de lo umcn necc- ?~ de sano. -58 Al,FO ·~ o Q 'IROZ e "ARO\ EL TRATAMIENTO DEL Jv\ENOR EN ESTADO ANTISOCIAL CO. 'GRE..·o \ CIO\_ L OBRF. F.L REGI EN JlRIDI O DEL l\TE\OR 1- Introducción . 2.- Situación en México. 3 - Situación en el D· F. 4.- Conclusiones. l. - L\ TRODLCCIO .- EL co ' C.EPTO DE PEi A CIERTO QUE filo ófico ' también j~rídico. P;~·o e~ ante . que t <lo y e,C'nc-ialmente un pen amiento pohtico ) refl Jª obr todo una actitud mental que es la del gobierno expre ada en us le\C. ; la expre ión del gobierno desde que co1wirLió n ley la. Xor~a " 1ínima ohr r habilitación d entenciados, no deja duda obre J pen amiento filosófico, jurídico · p lítico del gobierno: la Prevención, el Tralami nto y la Rehabilitación de los inLPr• no , son las metas que e han fjiado a alcanzar. ¿,Pero prevención, tralami nto y rehabilitación serán ya una realidad en México? De. afortunadamente no es así. ya qu lo i tema policial s, judiciale • carcelario y penitenciarjos on incongruentes cuando no anta· gónico , dominando en ellos, aún, el clima que Don Mariano Ruiz Func llamó "actualidad de la venganza' y en nuestros días el Juez helga Carlo ev rino Yercell d ignó como "deber de ca ligar". ._ e vi ·e en el paí , aún, 1a hipertrofia de las actitudes represivas cuando la orientacione legales de acuerdo con las modernas indicacione t' cnica . frente a la criininalidad y la patología social, son la de la prevención. Pero la¡: actitude mentales no cambian fácilf"5 DT Alfonso Qulroz Cuarón. catedrático durante más de treinta años de CrlminolOltfa. ., Med1cln& Forense, en la Universidad Nacional Au•5noma de Mexlco. Ha publicado nrtfculoe :sobro su esi,eMal1dad en la Revista Crlmlnalla y en las publicaciones eSJ>ecializadas de l materia mls bnJ)ortantes de todo el mundo. El presente lrab:úo fua 1>resenta4o 1>0r su autor ante el Primer Congreso Nacional 30bre el Régimen Juridlco llel Menor, en Agosto del nfio en ,·urso. en la ciudad de l.;l<ico. D. P. �60 EL TJHT,\:\JIE!\TO DEL \JE ·ou E . E TADO AJ'TISOCIU EL TR\T,nJJE_"TO OEL \IENOR E , . ESTADO Al TISOCIAL mente vivimos todavía dentro de un ámbito represivo que e tradu' . ce en el "deb r de ca tigar"' o en el tradicional binomio sanción= ca tigo que condiciona con ciente o uhconscientemente a la admini !raciones policial, judicial, carcelaria y penit nciaria. uando uraen y tratan de e tahlecer e nuevo recur o no punitivo como t> . • uh sustraer a lo menor s del ódigo Penal u olra~, consciente o s conscientemente al lratar d ha.e rla reales en u aplicación se deforman para tran formarla nucvamenle en mecani mo represivos o simplcm nte se abotea y nulifican u aplicacione . Ejemplo claro de é to. obran. De de la reforma penal ele 1928 e di puso que e realizara el ·amen "p icofisiológico" que con propiedad técnica es el estudio integral de la per onalidad de] infractor, di posición legal que fue recogida por el legislador d 19.31, han transcurrido 45 años, ca i l medio , iglo de una di posición fo ilizada qu es tan útil y nec . aria n la investigación, en el ¡,roce o y en la ejeución ·' e decir, hav, una r<'IÍc ncia, de. confianza cuando no un franco rechazo por parte de la justicia tradicional. para aceptar la colaboración de la criminología. Frente a las tran formacione acelerada de la vida . ocial moderna, el derecho se ha quedado estático: fijo, rezagado, anquilo ado - <"ll la meclicla qu a ciende en la e cala de la Jurlicatura el fenómeno del rechazo e má patente }' terminante. Digamos esto en otras palabras, además de atrasad~ la justicia e reacciouaria ) el fenóm no e mundial. En cuanto a 10::: menore el régimen evoh1Livo l trán ito de la penas clá. icas represiva al régimen preventivo. de protección de lralamiento y formación mediante la educación, no obstante qu para f'l D. F. la preocupación por la Legislación d mrnore se inicia en 1908 Don Miguel . 1acedo y Don Victoriano Pimentel dictaminaron sobre el fun ionamiento de Tribw1ales especializados para conoce1 los casos de la delincuencia de menore, , s hasta 1920 que la atención vuelve al problema y en 1921, en el Prim r Congr so del :'.'\iño se discute ampliamente la nece i<lad urgente de e tablecer Tribunales de 1enor . En 1924 sr- funda la primera Junta Fed ral de Protección a la Infancia y f' ha ta 1926 que a iniciativa de tre. nombre ilustres, Dr. Robertn ~olís Quiroga. ra. Profra. Guad~lupe Zúñiga de Gonzále'.~ ' r. Profr. Salvador M. Lima formulan el primer proyecto para la fundación del Tribunal dmini trativo para m nores, integrándolo ello mi mos y . e expide el ''Re~lamento para calificación de ]os infractores i nores de edad en el D. F."', ha e del actual Tribunal para lenores que se funda con el Decreto de 30 de marzo de 1928, xpidiéndose el mi mo año, el 9 de junio. la l. . obre Prevf>nción . oeial de la Delincuencia In- fanliI en el D. F.'·- En los Códigos Penal y de Organización de competencia y de procedimientos en materia penal de 1929, se e tableció el procedimiento ) la aplicación de las sanciones para los menores de 16 años, determinando que los Tribunales para fonore quedaran incorporados a la Legislación Penal. Pa os important e dieron con la Promulgación del ócligo Penal de 1931; ~e amplió la ap1ícación de la medidas tutelares hasla lo menores de 18 año · que cometan in frac ·iones a la Leye penal e y se su¡, rimen la aplicación de anciones a lo. menores, eñalando claramente que la medida eran tutelare con fine orienladore y edu• cativo . En 19311, y l 939 se redacta el primero y el egundo reglamento de los Tribunales para menore } su instiluciones auxiliare . En abril de 1941 se promulga la Le orgánica y normas de procedimienlos de los Tribunales de :\1<"nores y u in titucione auxiliares n PI Distrito } Territorios Federale . Ya de de la reforma penal mexicana, di tinguidos pediatras m xicano como el ,_r. Dr. lfonso ~- ,\larcón, se interesan en el problC'ma ) íormulan proyi>cto de Código de Protección a la Infancia, Juego , ociólogos y jurista t>n diverso eminario de la Fa<·ultad ele Derecho multiplican . pulf>n múltiples proyecto de Código de Protección a la Infancia, pero el camino e l nlo lo cambios de actitude y mentalidade no ~on fácile . ígue iendc1 una a piración de los mejores homhr<'. del paí que é te logre Lcner <'ll vigor un 'ódigo Federal de Prole ción a la [nfancia. 2.- IT ION K\ ME. ICO. La importancia del problema e comprende si se considera que el 55% de la población es menor de dad, es decir, para el Dislrilo Fed ral tendríamos 4.5 millone de menores de 18 año comprendiendo 2.25 millonrg de seres para cada uno de ambo exo v para todo el país más de 25 milloue <le menore de edad, el inter1~s en el problema comprencl pue a más de ]a mitad de la población. El panorama l gal no puede er más diver o: Camp<'· che regula la ~ ituaciim de los menores en el Título VI del Código Penal, Capítulo lo. Título L del Código de Procedimientos Penale y Oaxa<'a en el Título VJ d l Código Penal y en el Capítulo II Título III del Código de Procedimientos Penales. En cambio, Chiapas descle ]926 di pone de "Ley del Tribunal para 1enore~, Incapacitado '; hihuahua tiene Ley de Tribunal para Menores, Coahuila su recientLima L y Tutelar para Menores, Durango, Guanajuato. '- 1orclos, 'ayarit, I 1ue,·o León , Querétaro y San uis Polo i cuentan con Tribunal para menores. Guerrero tiene Código del Menor: Jalisco Ley de Readaptaciiín Juvenil; el Estado de Mfxico 61 �r,:L TRA'l'.\\IIEi "TO Df<..:l. IE:.VOR Er,; F T..\DO A-:'\TlSOCTAL EL TRATA11lfu".1'0 DEL :\lE OH EN E TADO A.: TISOCIAL 62 L y obre .Pre, en i6n de la delincu ucia , Código de Protección a la ·Infancia, Pnebla dií-pone d Ley del li;stilulo de revenc10n para l\Ienore y Veracrnz d Ley soLre .Asistencia ocial y Orientación Jurídica d los \1enore. ; denlro de e tf' Yariado panorama, como corre ponde al ilaisaj cambianle de nuestro paí , es de advertir e b LendPncia general a distanciar al m nor d l Código P nal para llevarlo a un ámbito más amplio, al <lel Código de Protección a la Infancia o a la Ley ,obre .\.~islet1cia "o ial y lención Jurídica de los Menore. como con huena léc11ica a piran lo· jm-i tas veracruzano ~ en tanto algíin otro estarlo pr ficrc u Le) de Tribunal para í non·i:: Tncapacil:ido. : algún otro orienta u preíercncia por el In titulo dr PreYcncióu ·ocial 11ara Ienores v <le dos ntidad fed rati, a. una tirm L y d R;adaptación Ju~enil y otra Le obre Pre vi. ión ocial de la Delincuem:ia Infantil. De Laca la div<'r idad dP <'"l'rf' iones: '";\1Pnore· Incapacitado ", "Readaptación Juvenil"', "Delincuencia Tnfm1til", "Prevent:iéni oci:11 para Menore-·' r ' i · Lencia . ocia) \{cnc-ic'm Jm·ídica de los Menor " v en cuanto a fo · tilnr.ione,- m:1.Lc1Ü!P~ ~1gú11 estado habla de "Orfanatorio " } al• {{fm olro prrfiree la ex pre iún de ·' ,\Jbergue Tutelar para M nore ·". E Lo c-yidenria la necei::irlad df' pulir técnicamente lo qur- -,: impropio y proponer Jo que ea corr eto; p ro aquí también ohen·amo la prf'oc-upación asi~tencial y de protección de los menores y la aleu ión jnrídica de lo mi mos. Dicho en olra. palabra , que- el paí no e aieno a la t<.>ndcncia preventiva, alejándo e d la rrpresiva. in emhargo ería engañarno al cerrar los ojos a una r ~1 lidad desafortunada: alguno. e lado de la F derac:ión tienrn a u menor s pri,·:idos de la libertad en la árccl para adultos, e decir, en la cárcel promiscua qu pon al menor en el camino sin retorno del delito; esta cárceles son las que estorban y aún hay muchas de ellas en M'xico. También hay muchas Leyes de Trihunaks para Menores. En Psto como en terapéutica, la multiplicidad significa in ficacia f'll h•dic:ina; cuando la técnica alcanza un medicamento spf'd fico, único. elimina a los demás inoperantes, así fue con la vacuna antirrábica tantos }' lanlos medicamentos más desde enton es hasta nuestro día . iene a nuestra memoria cuando el Gran Kahn envía a Marco Polo a cobrar los impuesto a una provincia distante y morosa en el pago; al regre o de su misión, con criterio occidental informa al Gran Kahn :- Gran eííor, Lraigo diez veces los impuesto , y el Gran Señor Je pregunta:- ¿Has hecho diez veces más felices a mis súbditos? y rápidamente Marco Polo, europeo, le responde: sí, Gran eñor: dicte un decreto para que todo sean felices. Xo haga- mos niño ~anos y felicr por de rclo. E.,to e el mito o ]a magia de la Ley; son e tas estrncturas mentales las que son necesarias romper y cambiar, pues e el pen. amiento mágico, animista o la creenia o sentimiento prepot nte en el imperio de la Ley, a lo que Dorado y Montero llamó 'super tición <le la legalidad». Generalmente algm1as cifras son má elocuente que un discurfO. En Se!)tiemhre de 1972 la ecretaría de .:\'acione lnídas olicitó a lodos su Corre<:pon.. ale ~acionale contc taran un cu stionario para e Lahlecer el censo mundial de personas ma}ores \menores de edad priYada de libertad el lo. de <liciemhre. Ile·has las olicitude oficiale a cada entidad federativa, primero por coudu to d l Iwtüulo de Capacitación de la Procuraduría General de Ju~ti ia del D. F. y posteriormente por conducto de la Dirl"cción del Centro de Rehabilitación Social de Toluca, Edo. <lr '\T{,xico ) no ob. tanle fo reiterada insi tencia, únicamenll• rc3pvl'· ,!i~.n n doce ntidades. s decir, l 37.5%, lo que reyela, p icolóe.ir·amentc, un rechazo o arto sintomático a no quere:r hablar de tem';-. que desagradan a la mayoría del pms. al 62.5%~ pc-ro • ta actiL~d re'"'ª una falla de madurez. e. u-11a actitud pueril, pue nada se avenhja 1wgando u ocultando lo hechos, ya que es al contrario, el eolio ·imicnLo y el análi is de esos hechos permite cuando meno su dc.cripción: dejemos, ]'Ut:'s, e,gtahlecido e] hecho JLicológico de clea~rado ~ má de la mitad las auloridades del paí. para hahtar de 1gnos de u patología . oeia 1: puede explicar e esta actitud negativa corno pudor a informar de hecho paradójicos como el 'a a.entado cou anterioridad: la exfatencia de L , es sobr Tril111na1t>s J .:Wenores y la ci rcunslancia real v do loro· amente laceran• le d que lo menor ronvivan con delit;cuente adultos. '\o eu \ ano Cabríel TardP e~cribió en u Filosofía P na]: "el peor dP 1o5 males del delilo fu <l suscitar In poda. que en ocasione --como la que comentamos- le supera'·. Si n el pasado Do toievsky conmovió con ' La casa de la Muerl •• y "la "\"ovela d 1 presidio" y t>n nue lro día 'Papil1ón", ''Retén <le Katia" en nezucla, "El exto'· en Perú, n ~1éxico "Apando" d Jo~é Revu ltas, de _ rgenti• na nos llega "Los Lumbru,"' que son las a as de lo muerto en vida, en esas ca a d 1 hedor en que la corrupción y la podre<lumbr es lo que domina n la institu iones para menores que en us páginas se d~-~rihen. i a f son e ta, in:-titucione hay qu destruirlas y princ_1p1ar de nuevo con nueva a tilud y nuevo in Lrumenlo.: las act~tudes m ntales las debe dar la colrctü idad en u Lerns v la ins~lucion~ maleriales I Estado~ .e requi<'ren amba , p·ue ·1a Ir ~es sni 1os m trumenlo malerialr .ou térilc.. En \1é..-xico ambas. ne 63 �EL Tll\TA . llEXTO VEL "\IE, OR E:',' EST DO \NTISOCLi\.L Leyes e in LiLucione- materiales necesitan actualizarse, pulirse o mejorarse y en cuanto a instituciones materiales, en muchas partes la tarea má ~imple, la de crearla , ya que es mejor crear que en• derezar. Don Constaocío Bernaldo de Quiró al ocuparse de la mentalidad [>Timitiva, de la arqueología del p iquismo, recuerda cómo el hombre se protege con talismanes y amuletos, con objetos en que ~e grahan los signo. celestes a lo que e atribuyen virtude portento as, objeto~ consagrado._, ma cotas o fetiche ; o de amuleto que son mrdios seguro de defensa que di ponen de irLucles sohrcnalurale para alejar peligros y daños. Recuerda el ilustrq Profesor E. pañol como el hombre en la lucha por la vida dispone de dos armas: el engaito y la foerza _ que amha pueden er oíensivas o defensiva : el talismán mágico puede considerarse medio poderoso e invencible de ataque y a su vez el amuleto como medio sobrenatural de defensa. Un avance y progreso fue el uso de la adarga o rlel escudo, ambas armas defensivas para ampararse o tratar de resguar• darse y evitar daño . Muv bien que se tecnifiquen los ordenamientos legale para la protección dr los menores, pero aún mejor que se les dote de us adargas u escudos qu prntejan su alimentación, su derecho a la salud, a su formación pedagó¡?;ica y laboral. Ambo in h·umento no se oponen, se complementan o aún mejor, ~e integran, deben formar una unidad. Veamos algunas cifra en el ~iguienL cuadro de algunos Esta· dos que proporcionan información. Menores ENTIDADES Infractores n l .2.3~ 4~ 5.6.7.8.9.- DISTRITO FEO· CHIHUAHUA GUANAJUATO PUEBLA 990 210 170 131 GUERRERO ZACATECAS EDO. MEXICO YUCATAN QUERET ARO 125 125 110 -42 18 Pobla.don en Menore, lllillores élt Infracto- Habitantes ra, 1 l\Ienor~ Menoru Infr&otores 100,~ Infrado- M TI 813 139 1,246 797 476 1,931 378 3,555 800 1,131 1,262 800 476 1,902 380 29.70 25-83 14.92 10.98 243 242 7.47 206 3,319 18 7 25 7 54 16 4 Alguna deducciones podemos hacer de esta 15.68 26-20 5.60 11·11 res 100,000 hbls. 5.10 2.25 0.61 1.48 0.87 11.30 0-84 1.0S o. infonnacione 1.- Es posible que la información del Estado de Zacateeas 61 est' equivo ada, pues no es probable que tenga 26 infractores hom- hres por 100,000 habitantes y mucho menos 11 infractores del sexu femenino vor 100,000 habitantes. 2.- Para las entidades federativas consideradas en evidencia la mayor actividad antisocial o parasocial de los menores del sexo ma..,cu '1110: la mPdia e de 5.5 me11ore varonc por cada mayor del <:exo Iemeni110. ~-- F'J1 la mayoría de los Llados ronsiderados e advierte la tenc!P-ncia a que la menores del sexo femenino no lleguen a los Tribmia1e. para 'lcnores. 11,.- De los Estados considerados el de cifras relativas más bajas -5.6 por 100,000 habitantes- y equilibrio en la relación lwtcro. Pxual de 6. 6 menores varones por cada menor mujer es el Edo. de . léxico, lo qne Lignifica una preocupación de dicha entidad por la prc,ención y tuLela de los menores. :-i. - En 1~ medida 9"ue hay mayor concentración de población aunw11 ::in la:: r1f n, n·lal1"\'a-" de las c-ondur>tas m1ormale..:: de lo nie1wrc de amhos sexos. 6.- "i descamo saber la importancia cuantitativa del fenón_1~~no <1., mr:norc. en ~onflicto con la ociedad en el país y si consuleramo. qu ~ la media de menores infractores del sexo masculino PS <le ló ..39 por 100,000 habitantf's r de 3 por cada J00.000 habi1,ml"~ ,arn lus 111e110.es del exo femenino, en todo el paí habría i.eóri~amcn'e a di-;posicióu de lo Tribunales para menores 3,944 mcnorc. Yarones v 725 menore. del exo femenino. 7 . - De esta población de 4,669 menores infractores de ambos ex_o~ ya ~~emos qu<' la ;uarta parte corresponde al D. F. y le ~egmran leoncamenle, los I~stados de Jali co, Veracruz y _ ruevo I •~<~n y por cuanto al de México ya dijimos que su Política Criminolug1ca de prn~·~nciún ~ocial es seguramente la más adecuada y efic?z de la llac_10~ y 1a mtenogante surge obligada: ¿Por qué siendo }.,st~d~ cconom1cnm nle poderosos, Jali.co. Vcrncruz y 'rucvo León no Iffiltan al Estado de Ié: ico? 3.- Distrito Federal. F.n lo últimos quince años bibliografía importante sobre este te~ia esiá dada por 1a Tec;i~ de la ,.. rita. T.cticia Ruiz de Chávez, trabaJ~ Iw1damcntal con el f[UC obtuvo d título de Lle. en Ciencias •. oc1~le . A la cal~dad ele u trabajo une la rigurosa metodología. Le igu_e el Dr_. Lu1 Rodríguez Manzanera con su enjundiosa obra La delmcuencia de menores en ll!éxico y más recientemente en csle año, Menores infractores del Sr. Dr. Roberto Tocaven G~eía c~e cuyo ~r~ajo to~amo las cifras estadísticas que nos permitic: ion describir y analizar este fenómeno en el D, F. Y, por último, 0 65 �EL TR •\T.'\"\llE 'TO DEL '.\IENOR E.' E TADO TISOCIAL EL TRAT,\1\HENTO DEL MENOR E- ESTADO ANTrSOCIAL la magnífica conferencia dictada 1,or la ra. Lic. Marcela l. ele Moya Palencia en la I ~ titulada ":Vlenore infractores". A.- Téndencia ecular df'l ID0\1lll1Ícnlo de los menores infraclore en el D. F. La Srita. Lic. Leticia Ruiz d hávez en su oportunidad prt>cisó: 1.- Que el crecimicnlo de la delincuencia juvenil está determinado por el crecimiento <lf' la población ( r=0.87) . 2.- Que el aumento de la población es más rápido ( progreión exponencial) que el de la delincuencia de menores ( progresión geométrica) . _, 3.- Y como ~] inc1·emenlo de las curvas de la µohlac1on y de la delincuencia juvenil corre ponden a funciones matemática di tinta --exponencial y logarítmica re pectivamcnte-- a largo vlazo ambas curvas serán divergentes r, por lo tanto, -independientemente de la di posiciones que se implanten en contra de la delincuencia de lo menores la misma d lincuencia juvenil, f"ll relación con la población, mo lrará la tendencia a di minuir. Despué de ca. i transcurridos tre. lustro de la anterior afirmacione . nos complace verificar el acierto de la di tinguida ocióloga Srita. Lic. Leti.cia Ruiz de Chávt>z; ya e abe que e má diffoil el prf:'ver que diagno ticar: el prever es atributo de los dio afirmaban lo antiguo ; por su acierto en el pronóstico técnico, nuestra felicitación más sincera. Tomamo la . erie de Ingreso al Tribunal de fonOl'e del D. F., proporcionada por 1 r. Dr. Roberto Tocaven García, de 1960 a 1970. GRES OS PIHMAB.ros Aiio ffomhre,, Total Hombre,,; 11f11jeres Hombres 1960 1961 1962 4521 4052 626 629 5,147 4.681 3459 566 1062 60 3061 3884 610 4,494 991 905 80 72 1963 1964 3941 697 710 602 4,638 5,029 4,479 619 954 1013 1013 78 515 4,012 4,187 2979 2987 3306 2863 2563 2604 549 538 1965 1966 1967 1968 1969 1970 66 ;\fuwre, T l PO R.EJNCIDl!NTES 4319 3876 3495 3354 496 471 3244 352 3373 525 3590 3.815 3,685 3,898 .2502 2407 2563 612 533 464 453 422 302 488 93.2 1086 852 837 710 \\luJetts 98 70 51 43 59 50 37 y calculada la. tendencias obtuvimos las siguientes ecuaciones de estimación, que además pueden verse sus expresione gráficas en la ilustraciones anexas. '.\-1 nor s H lngre ados al Tribunal: Y = 4,445.6 - 109.9 x Menores I Ingresadas al Tribunal: Y = 710 - 24 x Menores H ¡,rimario , ingresados al Tribunal: Y = 3,392 91.2 X Menores l\I primarias, ingre adas al Tribunal: Y = 624. - 20 X Menores H, reincidente . ingresado al Tribunal: Y = 1,070 21.4 X Menores M, reincidentes, ingresada al Tribunal: Y = 85 3.5 X I.:xprc ione matemáticas y u representaciones gráficas no han demo. Lrado que aumentó más 1·ápidamente la población, que la delincuencia juvenil ., que independi ntemente de las disposicione rlictadas en contra de la delincuencia de los menores en relación con la población. muestra la tendencia a disminuir: esta pendiente nos Ja da la magnitud de "x" con signo negativo. Los Tribunales de menores tán en crisis. Tienden a desaparecer. Digamo Jo mismo en términos má sencillos que pueden expre ar una regla Sociológica: Felizmente crece má aprisa la población ocialmente normal que la anómala o patológica. Surge al1ora clara y patente una reflexión que e impone. Si en todo el país hay, teóricamente a disposición de los Tribunales para meQ.ores menos de 5,000 menores de ambos sexos, y recientemen l el Sr. Lic. José Dávalo Morales en conferencia púb]ica ha informado que "ca i medio millón de niños menores de 14, año trabajan en el país en condiciones infrahumanas, al márgen de cualquier protección legal; 104,292 entre los 8 y los 11 años y 372,181 entre los 12 y lo 14 años, r n esto días l Sr. Profr. arlo ]alife fuucionario del Departamerito del D. F .• anuncia la campaña pa.ra rehabilitar a 35,000 niño que mendigan n la ciudad, salla a la vista qu el problema trascendente es el de la prevención social de lo menare que es absurdo esperar a que los menore lleguen a lo Tribunales para ocuparse de ellos, lo preferibl e trataT de impedir que lleguen; no hay una fatalidad en el delito, pero sí es una fatalidad esperar a que los menores lleguen a us Tribunales para intentar, con evidente fraca o -por el aumento de la reiteración anti ..ocial de los menores- intentar tardíamente tratarlo . Por contemplar el árbol --conducta antisocial del menor- se ha olvidado la selva o el bosque simplemente de los menores y que justamente son los no antisociales, los niño que 67 �1':L Tlt\1'!\~IIENTO DEL 'IIErTOR EN ESTADO 68 TTISOCIAL tieuen la acomelivida<l ocial de salir a la lucha por la vida para sostener e o ayudar a los su_ os. Dicho más claramente, entre la parte y el todo es preferible ocuparse del todo, entre el Código Penal y Reglamento para Tribunale de Menores y el Código Federal de Protección a los Menores, la elección pensamos que es evidente. Desde hace mucho tiempo las manecillas del reloj de las ciencia marcan la hora d la prevención y en donde ésta aparece la represión se ecliJ ,sa. Otra deducciones de interé podemo hacer del cuadro <le r ferencia. 1.- De los menore primario- que ingre an al Tribunal de mcnore , por cada menor del sexo femenino ingresan 5.6 menores varone , curnplifodo e l antiguo rrinc.ipio de demografía criminológica ya establecido por Quctelet, en el sentido de la ma or importancia cuantitativa de la anti ociabilidad d~l exo masculino. 2.- Criminológicarnente xi te un hecho de la mayor importancia ocia!, ~ a . eñalado por el r . Dr. Luis Rodríguez Manzanera en su obra, nos referimo a la reincidencia que para el período 1956-1965 e6 de 25.66% y ahora, de 1960 a 1970 es del 32.7%, e decir, aumenló en 7%, o dicho más claramenLe, el fracaso del Tribuna I ne mrnorr-B cn cuanto que aumenló en un grupo concen• Lrado Je lo mismos la pecialización anti ocial o dicho más sinlPticamentc, . eonYirtió en el Kinder, en la Primaria, . ecundaria o Bachillerato de lo antif:ocia1. En el período e Ludiado por el r. Dr. Lui RoJríguez \fanzanera uno de rada cuatro m nore reincidía y ahora en los último~ año Ja reincidencia aumentó, ya que uno de cada tres menore· Vltekc al Trib11nal: e le un igno evolutivo de la anti ociabilidad ya señalada por icHoro, pero revela, tamhic;n. lo difícil que e la tarea rehahibtadorn. Pero cuanto a ]a reincidencia femenina en la . erie del . r. Dr. Roberto Tocaven García es del 12.6%. e derir. 2.6'½ mmor <¡U<' la masrubna o P:Xpre ado en cliver a forma, por cada mt>nor ne1 sexo femenino reincidente e dan 2.6 reincideule varone ; más simplemente, aumenta la reincidencia en los menores de ambo ~ . os o se concretan la. conducta~ antisociales en el 32.7%; de los menore infractores varone } en PI 12.6% de la mcnorec: del sexo femenino. I• to on los ca. o difíeile de tratamiento r habilitador; de este grupo nacen lo ·e~ Jlf'c:ialistas ·, qur a)'f''l' robaban 1a canasta y )'Ue to en los mercados. luego eu los tranvía , enseguida en los autohuses y hoy en el Metro, n grupos organizados en que e han umado a la a turia fo violencia. Tales . cm los si¡mos evolutivos de la criminalidad que EL TH \'J A IJENTO DEL \lE'.'IOR E'.\ ESTADO J.1 TISOCIAL "- ir1Jispensable prevenir, evitar que uceJa. digo Federal de Prolec ión de los menores. e Lo tiende el Có- B.- Las edade d<' los menores infractore . La rita. Lic. Lelicia Ruiz de Chávez l'n u oportunidad pre• ció: Edades 1>ronoló.cicas B M Modo 17.5 16·6 Edad media 14.7 14.8 llenlates B M: Tamhi 'n, en este a pecto la rita. Iic. Lelicia Ruiz de Cháw·z afirmó con acierto I signo de la vrecocidad ya . eñalado con anl ·ioridad por Xicfforo, al evidenciar e tadí ticament que con rl lran curso del tiempo lo delincuente · juvenile tendrían la tendencia hacia la cli ntiuución de las dades cronológicas. En la erie de once años del r. Dr. Roberto Tocaven García eucontramos lo siguiente: l•'.d11d 7 7 8 9 10 11 . 37 67 136 286 590 852 12 1814 13 2459 4360 5751 8577 11034 1258 14 15 16 17 18 M 0.20 7 040 Etapas evofotiv'as. Pri~ra y Segunda Infancia- 11 19 9.90 89.80 44 80 132 266 536 930 1063 10·00 Tercera Infancia 89-60 Adolescencia. 1220 981 210 Con ·iderando la etapas voluiivas de la -...ida se advierten laramente dos etapa hi<'n dclimiLadas, 1ru ele la Primera, cgunda ) Trrccra Infancia co11 l O% de las infrac:cionC's y la adolescencia i·nu e! 90l)L lnego e tas conducta son típicas de la adolescencia y 11 11 mv ¡irccu1,;e para la, menores d 1 exo fr~mPnino. Como signos 69 �EL TR \T,\:\IIENTO DEL ~JEXOR EN E TADO TJ'OCLU. ñalar la permanencia de conducta pueriles, lo cntimiento de extrañeza, la confu ión cnlimcnLal. la inseguridad ) la inestabilidad; la agre·ividad y la~ actitude de protesta y rebeldía; el ínter' por_ la s xualidad; el autocroli mo, lo afecto equhocos el egocentn mo , la cp;olatda, el exhibic-ioni mo y el afán dr notoriedad narci i ta; las distraccionc~: la de confianza; lo maneri mos o ridiculez; la vanidad y como no comprenden se ienten incomprendido ; on agitado, ) precipitado. . mu1 afecto al dramati roo y predipue to a la~ conduela. ,áclicamenl<' vengatirn·. Exaltado.. ienten cou Don Quijote o llor:m ~ se uicidan con Werter o en u confu ión psicolóre o d viada . De acuerdo con la. idea de Kunkel acerca de la neurosi di tingue rnria <'Lapa en el de arrollo del er humano; la Prii_nera en que e vive oh curamente m zclado, entr el mundo, reaccionando de acuerdo a u tendencia anee traJe ; en la Segunda se desarrolla el Yo individual · bu ca el pr dominio de su tendencias egoísta ,, uli litaría - y el u jeto vive entonces contra el mundo; aquí enontramo a e to aclole cenle que no han sobrepasado esta etapa y que con tanlemenle engendran Criccion : en sus relacio~es que procluct>n el ufrimiento de ello -neuro 1 - o de la oc1edad y entonce Lenrmo la delincuencia las l erversiones. Bl ul r por u parte e cribió: "\o e verá nunca brotar síntoma neurótica d cualquier índole a partir de un carácter ano y in problema . Tra los ·íntoma neuróticos existe casi siempr~, tambifn, una tran formación neurótica del carácter. e habla, sm más, de carácter neurótico. cuando no e han constituido sintomas especialmente 11 amativo (excluyendo la manifestaciones de e~ermedades omática. ) . En tale ca o lo único afectado e prec1samcnle el carácter". Y Henry Ey . obre la p rsonalidad neurótica cxprc. a: "La ncurosi ~ºº enfermedacle de la 11er onalidad caracterizada por conflicto intrapsíquico qu inhiben las conductas so· ciale . Produ en má bien una perturbación del equilibrio inte• rior del neurotivo que una alteración de -u si tema de la realidad". Y línicam nte lo. fntoma nem·ótico . on los trastornos de conducta ) por el caráct r neurótico qur no logra establecer buenas relacione con lo demá , ni un equilibrio interior satisfactorio. \"acen a í la manifr taciones inconsciente de la agresividad. El neurótico ti ne '·dificultades para vivir", "está contra todos", su humor es ine tablr, e intolerante, contradictorio e incomprensible, "ti nf" mal carácter '. Legalm nte e con idera la edad cronológica como signo de p icológicos caractcrí tico de e ta edad crítica podemo 70 EL TRAT.\\l!Ei"VTO DEL ME. TOR E,. E TADO Al"TJSOCIAL madurez respon able, pero {, to no es garantía del crecimiento emocional y de ]a madurez del individuo. Maurice Levine estableció ~11 decálogo para considerar una persona madura, y sus puntos re._umido on: 1.2.3.1.5.6.7 .- \ ivir de acuerdo con la realidad. \'í ir de acuerdo a valore de larga duración T<:>ner una conciencia adulta; no infantil. Tene1· capacidad de ser independiente. T ner capaci lad d amar a lo otro . Que ólo t nga moderadas reaccione ele ira , odio. Que Lenga c:-i pacidad de dep ndcr de otra personas en grado rnzonable. 8.- Tener mecanismo de <lefen a auldable no patológico. 9.- Qu se viva ·exualment adaptado. lO.- Que ~e tenga una buena adaplación al trabajo. El niíío no e un hombre pequeño, como el huevo fecundado ) maduro aún no es feto; el aclo]e cenle como el embrión on e~peranza <le vida independientes que pueden frustrarse, desviarse ) aún moi·ir e: é to es lo que e indí pen able prevenir. Ya hemo preci ado que lo problemas anli ociale de los menores cuantitativamente . e dan principalmenl en la a<lole cencia, ya que por carla menor de 12 año xi ten 9 adolesc ntes con problemas de ronducla - lo grave e que además de la cantidad de adolescentes reileranl s .u conducta irregular ~e tornan má erías por us lran-formaciones cualitabva . Con profunda penetración criminológica ha señalado e ta circtm tancia la _eñora Lic. Marcela L de :\foya Palencia cuando expre a: ·• e llama delincuencia gratuita' c1 comportamiento anti ocial qu e produce en forma expontánea, in propó ito de beneficio aparente, e decir, gratuitamente. e ta erie de conducta ; que no deparan a su agente ninguna utilidad real mauifie ta, pertenecen los actos bandálicos y lo ataques inexµli cables qu en forma olitaria o en grupo peqlelran los jó\cne._ . También e preciso hacer referencia a la irregularidad de conducta juvenil qu ha urgido en el eno de los grandes conjunto habitacionale , fenómeno característico ele las grandes metrópoli . En e ta haslas 1midades se agrupan centenar o millare de m nores de edad, que comparten largas horas de ocio y carecen de orientación sobre el u o del tiempo libre. on factores que inducen a la conducta irregular, ca ·i siempr traducida en delitos 71 �EL Tft \ T \ i\11 E:"\ ro nEJ. I\IE ·on ·-. E T \ DO EL TH \T \ \llE. T O DEI. \IE.: Olt E- -:'\TT O IAL contra el patrimonio, promLcuiJacl ·exual y u o y aLu. o de stupefacientes, psicotn'•pico } .u!\tancia wlátile inhalabl<'. ·•. eslc respecto Y. Y. ·1anciu dC'dic<> una monografía efialanclo que hr,y un dclcrmini. mo en rl amo11Lo11amicnlo J las hahitacione , que on tituy factor crimini',gf"no importan! , ~ l arquit cto Doxiadi ha señalado que el caparazón acabará a fixian<lo al caracol; Le CorLu. ier . r. pronunció rontra e Lo inmen~o e pacios para morir de a co, Pnemigo. morale d I hombre; im;t::iJacione ofen ivas indjgna de nuc Ira ra. mon truo de de-. m surada proporcion<' o grandt .- manicomio rol cti\'o. o jaula~ o colmena- o modemo:-campo de ronceulración, emporio de llt'HfO. i r delincuencia. Ya don 'on. tancio Bt>rnaldo de Quiró eñaló la exi l ncia del rimen 411e í-l llamó " ríptic-o", "Lab rínlico", o ·'Parauóidi o·•. n flUI' 110 e perciben la: motivacione. lógica ino que apa• recen como crinwu gratuito. sí llegan111s quizá al último signo evolutivo d n11eslr _ días de la tran formación de la criminalidad, La criminalidn<l preco1 en que tiene voz dominante la neuwsi;;, · no e, pmdenlc e perar a que traduzcan en hc<'ho antisociale. qur lleven al adol<'Lcc>nte a lo. Tribunale para Menores; e. 11"· ce ario detectarlo~ desde antes. de preferencia en la infancia y a e lo fine · prcrenti,o, debe servir el Código FPderal de Prote~cibn al '.\Ienor. u ejt'mplo dramátit d este fenómeno que ven·· mo · . e11alando. es el el .cuhrimiento ~] día 8 del actual en la ciudacl d Hon ton. Texa . de la múlti ,les Yktima de los adolc c:entf's. Elmer a, ne Y DaYid Owr.n Broo K. : ·a Pl1 1()21 se había dado t•l r·¡¡ _'.11 ele alh:m ·•. 1 •opol,[ , Richard I oeb. Tratemos de hacc>r un fecto impr ionante · n la in~tilucion del Trih1ma l para :Ienor' en 1 Di trito Federal. aetualmenlf' hay 900 interno en la iudad hav 35 000 menores hi jo de Chiclet" 1lam~ o Hijo- de ánclwi o a•ÍI1 m jor on lfred 'iréforo. hijo univl"r ale, de la . nlropología de la e-la. e pobm, ; el Código de protección al . 1enor e 31,000 veces más importan· tf': y si abf"mo que en Lodo l pru hay 5 .000 menor a di po· .ición ele u. trihuna l y olamente lo menores de 14 años que t rnhaja11 on 500.000 . .,.¡ Córligo de P rotección al menor es ... . 495. _00 w ~e m·ís im¡,orl ,.n!e qw· e. pcrar a que lo adolescente~ con problema, de onducta irrcgularr lleguen a lo T ribunal , para romC'rlir n rm tercio d ello en reincidente . R<'petimos. no hay una fatalidad f'TI el delito pero í hay una fatalidad en esperar a quf' é te suceda, para ocuparse de los titulares de las cond uctas anómalas. Emilio . 1ira .' Lón z ha dado u concepción integral bio o- E3T.\DO ,\..'1Tl.0C f.\ L cial l la, u uro, i · y u diag11óstico ho .' e multid i ciplinario, de Clínica ocial que permüa d de murho ante d que un menor llegue al Tribunal a hacer el diagnó tico, tabl cer el pronó tico ) d tratamiento para evitar u onducla anli ocial; tal e la miiort del Código Federal de Protcccic'm al \tenor que es una ncce:-idad urgente de México. c. E ludio e, lático, csped[ico <le la D lincuencia Juvenil en el D. F. l.- uaJrn general. Eu el largo período de 1927 J 1956, en Jo 29 año-- anal iza. rlo. por la señorita Lic. Leticia Ruiz <le hávcz. n 79,3íl expf'di ntt>,. preci ó: q Delitos contra la propiedad Del itos contra la seguridad Delrtos contra las personas De litos sexuales Otros delitos 51.14 19.09 17-35 4.57 7.85 Eu lo- once año analizado por el r. Dr. Roberlo Tocaven García de 1960 a. 1970 ludiando 41,674 ex¡ dientes de menores \·a rnuc encontró : Robo y tentativas Daños en propiedad ajena H~k~o Les iones Delitos sexuales 1ntoxicac:iones Irregularidad de conducta Ebried~d Allanamiento de morada lnconve-niencias en vía púbJica Faltas R-eventa Vagancia Protección Varios ' Ir 36 12 2.74 1~ 7.50 4 .70 5.11 4-74 0.76 0.53 7.87 19.28 0-94 2.11 0.15 6.21 108.00 73 �EL TRAT!\::\IIB. TO DEL :\IENOG E .. e;STADO EL TRAT-'- nE. TO DEL l\TE. 'OR EK E TADO At 'TISOCIAL En lo 14, años tran curridos enLte el e Ludio de la señorita Lic. Leticia Ru.iz de Chávez y el del señor doctor Roberto Tocaven García, se puecfen señalar algunas variaciones: 1.- La primera, que la. conductas de los menores e han diversificado. o1 2.- Que los delitos patrimoniales han disminuido del 51.14'10 a1 36.12%, e1 15.02%. . . , _ 3.- Que los delito contra la mtegndacl ÍIS1ca de la !)ersona también han disminuido del 17.35% al 8.74%, es decu, en 9.61%. , ., 4.- Lo. delito sexuales han con ervado la misma proporc1011. Por cuanto a las menores de1 sexo femenino, en el período 1960-1970 la actividad antisocial se caracteriza en la forma siguiente: Robo y tentativa Daño en propiedad ajena Intoxicaciones Homicidio Lesiones Violadas y estupradas Prostitución Conductas irregulares Faltas Vagancia Protección % 28-56 0.79 1.42 1.22 7.69 2-27 7.19 27.98 15.71 S.33 1-84 100.00 Algunos hechos criminológicos podemos constatar: .. 1.- El ·a eñalado por Quetelet de la mayor activ1dad y gravedad de las conductas ~tisociales del homh~e: En forma clara lo expresó Don Constanc10 Rernaldo de Qunos: e~ donde el hombr mala la mujer l siona, en donde el hombre le 1011a 1:i, mujer calumnia y ahora, en cuanto a los menor~, podemos decir que en tanto el varón comete delitos ( roba o lesiona) las menores cometen faltas como u conducta irregular, la prostitución, la vagan· cia o inLoxicarse, que son el 60% de los motivo de ingreso_ a1 Tribunal en tanto que para los varones --excluida la prostJlll· ciónel 36%. F..n las conductas de 1as menores se advierle 1rna ma or influencia de las tendencias in tintiva . 2.- Y signo dP incapacidad de lo padres o sus ustitutivos e; 74 TISOOAL :º" ese conjw1to de conductas que e tadísticamente se de ignan ha• JO el nombre de faltas, que son más variadas en las menores del exo íemenino, que Ue,•an un tinte instintivo sexual: conductas irregulares ( 28%) , prostitución ( 7.19%), faltas ( 15.71%) vagancia ( 5.33%), e intoxicaciones ( 1.42%) En tanto que los ~arones se intoxican cinco v ces más (5.11%) pero . us conductas irregulares son sei ecc menos que la de la niña (4.74%), la vagancia 2.5 vece menos que las de las niñas. 3.- La conducta anti ocial típica de los menores sime siendo el robo. 36.12% para los varones y 28.56% para las bmenores <lel sexo femenino. 4_- H cho sociológico de la mayor significación adquiere qu · la meno~e ahora son más agresivas puesto que llegan al Tri• hu;ial por le 1011e 7.69% los niños llegan 7.50%. En el delito ?las ~~a\' , el homicidio. prácticamente se han igualado los sexos, l~s nrnas l:~% y los niños 1.24% que pensarnos pone de manifi · to Ja cr11~m~al1dad al volante y la complacencia mayor de los padse econom1camcnte acomodados- y también de las autoridad.es qLte p rmit n conducir vehículos de motor, rolles de la maduracióu d la per ona1idad; cierto que el sistema mú culo-esquelético madura .tempraname~Le, pero e conduce con la inteligencia y la rcrsonahdad Loda. S1 en el D. F. prácticamente existen l 000 men?r_e . a di posición del TrjJmnal 25 es posible que estén' por hom1c1d10 en todo el paí 125 lo que revelaría que las vfctima~, los muerto_, cuando meno serían 125. Así h mos venido a encontrar otr~ 1gno de la conductas antisociales de los menores, su imp_rudenc1a para conducir velúculos de motor, es decir, la criminalidad precoz al volante, los automóviles lanzados a grandes velocirlade como símbolo de fuerza y poder; y hecho paradójico es que ~te fenómeno sea proporcionalmente mayor en las niñas; se adncrte w1a mayor complac ncia hacia ellas. 5.- Al de e n o_ de lo robo en ]as niñas ha correspondido un a censo_ en ~as l~s1one ; en la opo ición criminológica de conducta de mtehgencia y de astucia ha correspondido Wl aumento ~n las_ conducta primitiva o mu culares. Sería esto un hecho de mvers1~n criminológica, J. mú culo y la lesiones son biológicamen• te con 1derada má propias de] varón v sin emhara-o ahora re• ~1_1lta hecho típico de la adolescentes; e~ posible qu~ ~sta agresividad ~~é revelando mejore capa idade de defensa al atenuarse la trad1c1onal actitud pasiva de la mujer mexicana. Expresamos el d . eo de que este signo se convierta en revelador de la incorrfor• midad Y en la lucha social de la mujer para conquistar mejores y 75 �,'' ,, ;. 1 1 1 1 ' 1 1 I 1 '. EL TK \T\'\JlE~TO DEL \lE~OR E . ·¡ E TADO A..'\'TfSOCIAL EL TP.A'J'\i\llE:\'TO TlEL ;\lE UH. J~' ESTADO A.1"ITISOCIAL •' 1 má j 1 '. 1' :- ¡ ¡, :, ,, 1 I' aludables itua.r:ione-. D.- Tendencias r> ulare de la conducta antisociale específicas de los menore en el D. F. l . - . fonor del s xo ma culino. La e uaciones d ~. Lima ión ~on la iguient y sus re pectivas xpre iones gráficas pu J n obsenare n I ilustraciones anexas. Eruaelone~ de estimaoijin . Robo y tentativas: Daño en propie_ 1d ajena 1 ¡;i _I '¡ 1 1 i ' 1 1 ¡¡ ,·;, '· ¡!1 ,., ., 1-i i .1 1·· 1, ' 1 1 : '¡.I! 1 [:, '1 1 ! ¡; 1 1 1 1 ' ,1 Delitos sexuales 1nto-xicacfones Conductas irregulares Ebriedad Allanamiento de morada Faltas en vía pública Faltas Reventa Vagancia Protección Varios 170.47 125.04 141.51 72.36 29.44 3.13 735.71 y y y y y - y 1,303.80 y y 60.8.2 100.71 5.93 y 590.20 y + + + + + + + + + + X 0-32 0-70 0-14 0-73 0-59 0-94 X 0-58 X X X X X X % 36.12 2.74 1.24 7 so 4.70 5.11 4.74 0.76 0.53 X 0-15 0·59 0-76 95.57 X 0-84 4.18 3.44 X 0.02 X 0·78 0·11 0-01 0.94 X 59.15 X 0-89 6.21 X 7.87 19.28 2.11 0.15 'I :, 11 ilustraeione que se anexan. 1¡¡ Robo y tentativa: Daño en propiedad aje-na 1ntoxicaciones I¡, 1 1 1 ' _', ¡ " : ···1; ' 45.18 y y 169 6.65 027 18.94 883 55.87 17.86 0.07 2.83 7294 100-00 Homicidío ' y Coer. de correlación 2.- . len re del :P.xo ft>mcnjno. La e ·uacione <le e ·timación on la ~igu i ·nt y u~ re:,,¡wdíva::, expresione · gráficas pueden oh ervarse en la corr pondien•1•s 1;· " y + + + + + ' :i 1 1 Homicidio Lesiones 1,274.96 63.80 y 1 1, 1 ·'¡ !'. ¡ Lesiones Víd"mas del sexual Prostitu~ión Conductas irregulares Faltas Vagancia Protección y y 1S1.27 6.80 y y 3.07 6.20 y 61.58 y y y y y 11.89 199.87 122.9S 61.44 y 8.78 + + + + 66.24 + 1.64 039 X X 0-20 34 1.84 X 0.80 0.20 X 0•18 3.04 x CHO 0-08 0.1 5 X 4.28 7.01 X 0-49 X 5.72 X 0-51 -0-48 5.39 X ---0-66 0-19 0.26 28.56 079 1A2 1.20 7.69 227 71' 27.118 1671 5.33 184 Yaria~ deducciones ele ínter~ se pueden e table er: 1.Tn signo grave de la evolución de las conductas anLi oriale stá dado I or I erio incr mento de la farmacodependen·ia; en lo menare varone , en e1 primer quinquenio de 196 fue {le ~1 .9% y en el quinquenio egunclo de la d' ·a<la el aum nto fue tic 96.5% s decir. aunwnli, la fa •1nacoJ ¡wnd ncia 25 ,eces. E11 las menore del · xo fem nino, t>U el mi m~ p ríodo fue del 22.6% al --7.3%, <l.eór aumentó lres veces. a correlacione también ~on ignificatiYa·, r = O_ 4 para los , arone \ r 0.84 para lo" men re . El pronóstico socia] resulta ombrío. 2.- L'l ebriedad en los menore infraclorc tiende a dismi• nuir en la medida que aumenta la farmacodeJl ndencia, el desplazamiento o . u til11ción de- la intoxicaci n alcohólica por las droga en u o, agrava l problema, ·a que no desaparece la briedad d los mcnore" y aumentan a rilmo acel rado las farmaeodependen1·1as. ~-- En la medida del crecimiento demográfico han cre<'ido tamhién la. l'Onducta anti ocialc d<' lo m ·nore· varon s en farmac11llPpenclPncia, le. iones. rnbo y Lenlativa de robos, las conductas irre~1are-, ]o· dclilo exual s, los daños en propiedad ajena, al]anam mio de m runa ,, homicidio. F..n las m nores del s xo femenino on el incr mento de la pobla?ión han amnentado la farmacorlep ndencia, el robo y las l_ ntalrrn de roho -en menor proporcjón que en 1-0s varones- v ligPramente el homiridio v _eguirán if·ndo víc-Limas ele lo deJj_ In:-- ·exnale . 4.- Independientemente el la acciones que lome J Estado 1 n ~]ación <l _ lo. menor~s i_nfractor ~e ambos sexo , se presenlara la_ tendenna a que clunm1wan t · la as f'll la da pública. la rngancia y la r~venla, y c>n las nifü, la pro litu ión y 1a conduc1:u irregulare. . 5.- I .a acción protectora lle lo Tribunales de Menores espedfic.amcnte ron. idera<la r ulta muy e casa, ya qu e del 0.15% en lo Yaron • v de L84% para las niña . o_br lo~ temas el cñor Dr. Lui Rodríguez Manzanera en La flelmcaenc 1a de Merrnres en I f hico concluvó entre otras las ig11iente5 recome11dacione~: · 1.- Ddie r•rears 11n 'rgano coordinador y organizador a niw·l f deral. 2.- Pro urar la más amplia aplicación d medidas susliLutivas del internarlo, a menos que ea. indü-pensahle por nec "ilars un lratamicnlo s¡ ecial. ' 1 ' 1 1 1 + 77 : 1 1 1 �EL TllAT1L\llENTO DEL )IF.~OH. fü\f ESTADO , l\'TI OCIAL 3.- Debe elüninar e ha ta donde sea posible el internamiento con objeto de obsen•ación. L1. - Los menores delincuc11Le debcu e lar eparados d Los menore no delinruenles aún por jurisdicción. . Hemos encoulrat.lo que . e Liene una actilud má comprc~1va con las faltas clr 1960 a 1970 con la menores del sexo femenmo, la disminueió1l fu del 65% al 35%, el descenso e· <le 3Q% . eu relación a los varone. del 66% al 35%. e, decir, Lamhién el de · cen o fue <le 30%. e han impueslo las realidades sociales en cuanLo que deb eliminar e has,La don~e ea_ po -~ble el int~m~miento preventivo . procurar la ma - amplia aphcac10n de usl1~ulwas del internado, lo que han vt"'nido haciendo tanto. 1~ autondades del Tribunal para !\1.moTe. como lo Jueces calificadores. En Telación a esto último cref'mo. nece ario destacar que todos llos deben . er Li ·enciado.. eu Derecho a quienes s sugi re dai-les un cmo obre probl mas d la conductas irregulares lo. menor~ ~ qur tengan comn ha e la colaboración de trabaJadora espec1ahzada. ?e ,1-.- 78 · O _ C L {; 1 O~ E S : l.- E. una nece idad urgente del vaí conlar con un Códign Federal de Prolerció11 a los menores. Protegería a má~ del 54% de la población n1f"nor rle 18 afios. . 2.- Realidad doloro a y 1acerante es que en aJgunas enllda clei: Federativa , no obstante que tienen Tribunales para Menore,<> los menores infra torf' e encuentran privados de ]a libertad e1 cárcel e para adulto•. 3.- Es urg nte para el paí · contar con el Código Federnl de protección a lo menores con los in ~rumentos mat~riales ~1ec~ario a u funciones. Hay leyes que ex.1sten pero no viven, e msh tucíone materiales que vegetan po1 falta de Leyes. mho in tru menlos -Jurídico ' materiales- se complementan, se integran y deb 11 formar una unidad. 4.- No hay una fatalidad en las conductas antisociales de lo menores, p ro sí es una fatalidad esperai: que los menores lleo-uen a lo Tribuna les para intentar tardíamente tratarlos. t, 5.- La manecillas del reloj de las ciencias marcan ya la hora. de la prevención. En donde aparece la prevención la repreión se eclipsa. FJ Código Feder~l de Prolección a los menores es en e encia prevención. . . 6.- La edad crítica para las conduelas anti ocrnles, para ambos sexos, e la adolescencia. 7 . - Lal'- conductas anLi.socialcs <le lo menore~ tir,nden a la EL TRATA~11E TO DEL llENOR E ' ESTADO Al'TISOClAL precocidad. 8.- n signo evolutivo, de nuestros día , de las conductas ant~soci ales de los menore , además de su precocidad, es la existencia -de conducta neuróticas, a::,arentemente inmotivadas. Estas conduelas 11ay que prevenirla muy p1·ecozmente, a ésto tiende el ('.,ó. digo Federal de la protección a ]os menores. 9.- Ha una criminalidad de los menores al volante es la imprudencia de la grandes velocidades y de los vehículo; como ímbolos ele fuerza y poder o agresivo aún en su ruidos. ~O.- 1 o es conveniente que se a u Lo ricen las licencias para mane1ar e tos vehículos antes de los 18 años. 11.- igno grave y omhrío es l aurnenlo considerable de la farmacodependeucia m los m nore q11e ingresan al Tribunal. ~tre esperar a que lleguen y prevenir la drogadicción es preferible hacerlo desde mucho ante con el Código Federal de µr0lección a los menores. 12.- En la realidad el Tribunal de mcnore no aclúa <"omo in LiLución asi tencial. En once aúo prolegió a1 0.15% df' varoue al l.~4% de niñas: e impone la necesidad del Código Federal de Prol·ección a lo menore . 13.- L~ fa1tas, en el dece1úo 1960-] 970 di minuyeron en 30%. Se ha 1mpue lo la realidad ocial eliminando hasla donde e posible el internamiento de los menores infractores. 14.- Como frecuentemente inle1vicnen los Jueces Calificado. re. ~n problema ele los menores, es necesario que éstos sean Licenciado en Derecho )' que Lomen un Curso obre Relaciones humana . otro obre conductas antisociale de los menores. 15.- e sugiere que los Jueces Calificadores cuenten con la. colaboración de Trabajadora ociale <'. pecializada . 79 �l'MERO DE r RE ~O POR e u.. MUJE R F "I 1960-1970 11160 lDOl 190I 1003 u1¡¡1 HlUl'I 191~1 11>11? H'ltlk 1011/l rn~o 1·ot1>I 190 143 110 127 167 wo 171 174 165 138 181 1772 28.56% ba r. o en Propi @ -dad Aje-na 8 10 2 4 4 8 4 49 .79 % 1ntoxicarse 4 2 Homicidio 6 3 79 Robo y Te-ntativa 9 <7, 3 8 5 4 é) 9 16 2.7 se 1 42 </, 5 11 9 7 9 6 7 6 7 76 1·22 "/,, 52 48 39 40 35 40 30 53 33 28 477 7.69% 4 12 14 8 16 21 16 2:1 13 12 2 141 2·27"1c 41 43 36 60 108 S2 37 14 13 9 24 446 7.19 ':rr 134 184 199 231 133 182 163 186 133 62 129 1736 27.98';, Faltas 73 123 148 125 131 61 67 33 4!, 58 110 975 15.71 % Vagancia 28 47 42 75 74 33 11 3 7 8 3 331 5.33, 1 9 11 9 9 15 6 3 15 17 6 14 114 1.84 ".I, 576 630 620 697 710 502 525 497 471 352 525 6205 Lesiones Viol adas Estupradas y Pro~.t itución Conducta lrreg- e,n Proteccl6n 100.00% POR CA UMERO DE I rGRE O V A R O \' E 1960-1970 1000 Robo y Tentativa Daño -en Propiedad Ajena Homicidio Lesiones Delitos Sexuales Intoxicarse lrreg. de Conducta E!brle-d ad Allanamiento de Morada lnvo,nv e,n v. p. 1 Faltas Reven,t a Vagancia Pro,tecci6n Varios 4521 e 1961 196Z 1963 1116-L U)illS 1345 1330 1262 1122 1238 1518 7S 72 79 72 82 97 49 4S 45 58 37 54 209 185 261 152 289 208 103 143 190 155 92 248 9 12 11 51 161 59 13 121 52 370 139 18 17 18 50 24 63 3 7 s 40 6 8 871 517 286 298 870 101 1288 1076 977 806 1238 782 59 39 38 44 so 60 to 25 85 387 10 61 1 2 3 15 9 415 509 439 518 401 180 4052 3885 3956 4319 19illl 1007 1008 100~ 1524 1804 1582 137 140 164 39 40 45 385 367 348 20ó 228 203 226 322 380 242 225 290 38 21 9 38 39 33 135 86 so 334 351 254 41 18 22 78 70 52 2 9 7 30 39 9 1231 126 so 331 191 442 224 28 32 48 426 10 86 2 17 1070 Total 1294 15050 97 1141 53 515 390 3125 199 1958 537 2131 180 1975 27 319 10 221 16 3279 502 8034 12 17 8 31 393 881 64 2588 3876 349S 3590 3363 3244 3373 41674 �EFTALI GARZ 1 CONTRERAS LA TERMINACION DEL PROCESO POR CONCLUSIONES INACUSATORJAS Al .~laestro J. Ramón Palacios L .\ TER:\Ifü\CJÓ. A ORM L DF.L PRO CE O PE TAL POR condusioue inacusatorias del Mim.sterio Público, e~ cuestión ba tanle disculida en la docLrina mexicana. En el preente trabajo lrataremo brevemente los principales problemas que . urgen del sobreseimiento de la causa por la inacusación, a saber; a).- ¿Cuál es la naturaleza jurídica de las conclu ione ?; b).¿ on o no constitucionale~ las disposiciones legales secundarias que autorizan la terminación del prece o por conclusiones inacusatorias?, y c).- ¿Procede el Juicio de Amparo conh·a el !ohreeimiento de la cau. a por no acusación? Las conclusiones. Su naturaleza Jurídica. F.I Código de Procedimiento P nales de Nuevo León indica que la defen a presentará su: conclusiones por escrito sin sujetar ·e a reglas peciale ·. Sólo s CJcige por el artículo 31~ una formalidad -e critura- dejando al arbitrio del acusado o su defensor lo lineamientos qu consideren prudentes ha de llevar u memorial. La falta de formulación de conclusiones de la defensa, implica la posición del acu ado de considerarse inocente. El Mini tcrio Público, en cambio, al formular su pliego de conclu ione~ deberá hacer una exposición u cinta y metódica de IJc. Neítall Garza C-Ontreras. egresado Y actu:il Director de la Facultad de Derecho 1 élenclas Soelnlcs de la Unlvers!dad Aut-Onoma de Nuevo LeóJJ, donde imp:1rte las cátedra< de Garantías IndlVlduale,. y Am11aro. �L 84 TERMINACIÓN DEL PROCESO los hechos conducente , propondrá la cuestiones de derecho que de ellos surjan, citará leyes, ejecutorias y doctrinas aplicables, terminando su pedimento en proposiciones concretas las que no podrá variar sino por causas supervenientes y en beneficio del acusado. i fueren de no acu ación o conlratias a las constancias procesales se remitirán al Procurador General de Juslicia, el que escuchando a sus auxiliares las confirmará o modilicará. Confirmadas la conclu ione in acusatoria el Juez d l conociroienlo dictará aulo de sobreseimiento de la cau a con efectos de cosa juzgada y dispondrá la inmediata libertad del proce ado. Ai-tículo 314, 316, 317 318, 319, 320 v 321 del citado ordenamiento. Pero nue tro ordenamiento procesal penal, copiado exlralógicamente, no e fácil camino para extraer la auténtica naturaleza de las conclusiones, pue en tanto en las di posiciones citadas con antelación las conclusiones inacusatorias del órgano persecutorio obligan a la terminación anormalmente anLicipada del enjuiciamiento, diversos precepto del mismo e tatu) en para el '4.linisterio Público la facultad de pedir y no de ordenar el obre: eimiento. En efecto, e1 artículo 3o. del Có-digo Local indica que al Ministerio PúhJico corre ponde: .... Fracción \l: Pedir al Juez la aplicación de la anción que en el caso estime aplicable; y VII.Pedir la libertad d l delenido cuando ésta proceda; posteriormente, en forma tajante: e tablece en sus artículos 6o. y 8o. que: "El Mini terio Público pedirá al Juez la ap]jcación de la sanción correspondiente al caso concreto de que se trate o la libertad del procesado, ea porque el delilo no haya existido, ea porque, existiendo, 110 sea imputable al proce. ado o porque exista a favor de éste alguna de Jas cfrcun tancias excluyente de responsabilidad" ... "En el segundo ca o del artículo 60., el Agente del Ministerio Público pre enlará al Juez de los autos su promoción en la que expresará los hechos y preceptos de derecho en que e funde para pedir la libertad del acusado". F, clara la antinomia porqu las ·peticione ·• son instancias qu_e se elevan a la autoridad, y a ésta corresponderá soberanamente la deci ión obre su obsequio o recbaw; por manera que el Ministerio Público deberá pedir la libertad del proce ado, p ro su petición encierra un poder vinculatorio indestructible hacia al Juez a quien obliga a pro eer favorablemente su solicitud mediante el obreseimienlo de la causa. En la doctrina mexicana encontramos que Piña y Pa]acios considera a la conclu iones "como el acto m <liante el cual las part analizan los elementos instructorios y, sirviéndose de ello , P()R CO,CJ.U IONES IX<\Cl,SATORlAS fijan us respectivas situaciones con relación al debate que va a plantear e·•i_ La definición anterior es ustancialmente aceptada por lo mae~tros Car]o Franco odi2 ) Juan José González Bustamante, agregando el primt'ro que e1, tal la importancia de la conclu iones acusatorias qu<' "delimitan nada menos el objeto mi.mo clel prece o". Por u parte don Julio .t cero3 e tima que la conclusione acu atoria cqui\alen a "la demanda del proceso ci, il'', y González Bu. tamante acota: ·'El origen de las conclusiones, ei-tá en 1a acción penal mi ma es decir, en el resultado de los elementos instructorio que condicionan u ejercicio, u finalidad es con cguir que la varle puedan expre ar, en una forma concreta, mál es la posición que van a adopLar durante el debate . . . "La pre entación de la condu ione del Miui terio Público · de la defcn a, con LÍl1lye lo que en l ¡,roce o civil e llama planteamiento dt> la liLi . o ea la fijación de la" cuestiones controvertida . Las conclusiones acu atorja del 1ini tcrio Público equivalen a la preentación d<" la demanda. y las conclu ione de la defensa, a la conkslación , ..4 Para la H. uprema Corl <lr Ju~Licia de la . 'ación, la condusione acusatoria del representante ocíal equivalen al ejercicio de la acción penal, dclimilan el objeto del proceso representando el marco estricto dentro de cuyo límites el Juez debe sentenciar. El rebasamiento de la acusación para nne tro Máximo Tribunal, ~ignifica una iolación al artículo 21 de la Con tiutción Política d 1 Pai .5 .'.\o compartimo los criterio doctrinales y juri prudenciale~ apuntados. Las conclusione del tini terio Público, al igual que la d la defeusa, representan en rigor un alegato de parte ante el Juez euya finalidad e triba en pr~ci ar, con hase en el material probatorio, si quedó demostrada o no 1a conducta que se atribuyó al inculpado en la formal prisión, el grado de su responsabilidad y, en u ca o, la ireunslancias modificativa , calificativas o extintivas que concurran. Con tÍlU) en la conclu. iones, ciertamenLe, un acto de naturaleza jurídica semejante a los alegato del juicio civil. Repre ntan en puridad el análi i d lo h chos debatidos y por lo cualés e siguió el proce o, en el instante l roce al adecuado, por haber"e recogido todo el material probatorio. Las conclusionc no delimitan el objeto del proceso, pues quien fija u contornos es el auto de bien preso al señalar, por imperativo del artíc11lo 19 Con tiutcional, el delito o delitos por los cuales habrá de seguir e el proceso. Y como la expresión "delito" ha d conceptuarse como la conducta qu e atribuye al inculpadoª, 85 �Ll TER~1 l:\'AC1Ó 86 DEL PROCESO resulta obvio que el debale no se inicia ni se fija con las conclusi~nes sino por la noticia criminis que se le atribuye en el auto mol.Ivado de prisión, que es preci amente el ~em~ a prob~-La propia estructuración del enjui~1~tn1ento, deft~1en~ por lo <lcmá enseña con claridad que la acc1on penal e e1erc1ta en la consi~1ación y la defensa se desplieg~ ~pliaroenle a P8:flir del auto d bien pre o, y de que con postenondad a las co~clus1ones no hay ni tema de prueba ni debate. En cua~to a l~ primero la doble actividad del Mini terio Público penmlc prec1Sar el momento procesal en que se jercita la acción p~nal: si durant~ la investigación de los drlilo el reprnsenlante social tiene el caracter de autoridad, cuando con igna la averiguación previa al juzgado de s~ adscripción pierde aquel atribut~ y e co?v_ierte .en. ór?ru:1º requirente del proce o; y es cuando excita la actividad 111nsd1cc1onal ?l. estadio preciso en qur ejercita Ja acción_ penal, por cuanto solicita la intervención del Juez para que clec1da obre un hecho concreto, pues como . ostuviera la H. ~pre~~ Corte de Justicia en ~e~·a ejecutoria ··ha ta con la cons1gnac1on que del re_o ha?a el ~m1. · terio Público, para que e entienda que e le f~1c1on~~10 ha e1erc1do la acción penal pue justamente es la cous1gnac1on lo que c~racteriza el eiercicio de dicl1a acción, a re erva de que, _d~pu~s ) ya como p·arle rlrntro de la controversia penal, el M_1?1Steno Público promucv v pida tocio ]o que a u, ~epre entac1on con venga" (~fortín z Inocente-: Tomo TI, pagm~ 2,002). . La acción penal no e ejercita con la conclus1on~ acusator~as. & ~ uLil }Jero in fondamento la tesis de que ~a conclu_s!ones com'lerten la acción de inve tigatoria en p r ecutona. La acc1on es una ola y se pone en ejercicio cuando el fini terio Público ~ con~~uir la fa. e preparatoria de la acción penal -~ormula la cons1gnac10n ante el Juez. Y en cuanto a lo egundo, es mdudable que_ no hay te~a deprueba a partir de Ja conclu~iones, pue el matenal probaton? fue recogido por el juez instructor y propue to ~or la_s partes_~ pa~tir del auto de bien pre o basta el auto que cerr~ l~ mstrucc1on, sm que puedan ofrecer e otras 1uuebas con postenondad, alvo las supervenientes. De ahí que en tanto no varíen ~ustancialmen~e los hechos atribuidos en la formal prisión, el Juez en la sentencia puede decidir obre ellos ea cual fuere la clasificación que en orden a las figura típicas le corre ponda, La corr~ta e incorrect:1 enmarca~ión de lo hechos en lo tipo y sus modalidades por el Juez, podra en todo ca o ser inco11gruencia, nunca reba~amiento de la acusación por conclusiones. . . . . E incorrecto con 1derar eqtm-alentes a la demanda c1v1l Y a POR CO. 'CLL'SlONES INACUSATORL\S la conclusiones del Mí1ú terio Público. La demanda ciertamente inicia el contradictorio y con la respuesta de la contraparte, o sin ella, fija lo límites del debate y los temas a probar; en tanto la conclu iones son formulada cuando el enjuiciamiento está por finalizar. Lo aclos esenciale de clefensa . e despliegan contra los hecho fijadas en la prisión preventiva, pues como acertadamente en eña el mae tro J. Ramón Palacios Vargas: "Peca aquella direc<'ÍÓn qu trata de ver en IaL conc]u iones del Ministerio Público una . ituación jurídica análoga a la demanda en el proceso civil. El error <>on iste en que, las conclusiones no son ino el re umen hecho unilateralmente 11or el MinLlerio Público, en el que afirma la existencia de determinados acto. realizados por el culpado y su prueba ( o falta ele ella) en el sumario para pedir la p na ( o la libertad ab"'oluta) del procesado. Es decir: el Ministerio Público en las condu._iones )ª no pone hecho en la causa, no pide la apertura de la instrucción para que la pmeba • dirija obre tale hechos, _ino que intetiza el contenido del proce o penal, solicitando del Juez. la pena o la liberación del formalmente pre o. La demanda en cambio, narra 1o hecho y Jo fundamento de derecho, cita a veces los preceptos legales aplicable (afirmación unilateral del actor), y reclama una declaración o con titución; que el PROCESO E ABRA, -e in·taure la causa, se OIGA L DEM \'DADO E1 CONTRADICTORIO y la partes disfruten de un término prohotorio. Al producir la conclusionc la prueba terminó, el contradictorio como derecho a ser oído en la in lrucción, feneció; los hechos no pueden ser objeto de prueba -salvo supervenientes en la alzaday el cuJ ¡,ado XO SE DEFIENDE de Jo hechos porque ya se defendió desde u declaración preparatoria hasta el auto firme que declaró cerrada la instrucción. En la demanda civil la instrucción va a iniciar e. Xo tiene explicación alguna el simil de la demanda civil con las conclu. ione acu atorias del Ministerio Público". La altura de la cau a en qu e formulan conclnsioncs impide normalm nte la proposición y desahogo de pruebas. El artículo 325 de nue lro ordenamiento claramente señala que en la audiencia de vista el Juez recibirá las "pruebas legalmente admisibles", la que en rigor son excepcionales como la confesional por ejemplo. J?uede argumentarse en contrario, que sería ilógico que la legi lación proce al penal de la entidad tuviese w1a doble oportunidad de alegar: la de la conclu iones ,- los alegatos de las partes en la audiencia d vista a que e refiere el artíc11lo 325 del mismo o~denamiento. in embargo el reproche no es fundado, porque en rigor el alegato a que alude el precepto transcrito y que las partes 87 �LA TER'\lh "ACIÓ ' DEL PROCESO pueden hacer o no en la audiencia <le vUa, no e má que la rfpljca y contrarréplica de lo que a su vez e alegó en conclusiones; cuenta habida de que e trala, tamhif.n, de una oportunidad de argumentar en relación a la prueba que se hubiere "legalmenle aclmitido ' en la propia audiencia de vi la. La estructura misma que la l y exig a la conclusiones del fi cal en eñan con meridiana claridad qu se trata de un alegato. Aspectos constitucionales del sobreseimiento. 88 El ilu tre Don Teófilo Olea y Leyva so tuvo que las dispo icione legales que autorizan la terminación anticipada del proce o 11or conci usiones inacusatorias resultaban inconstitucionales. .~ u fesi la defendió con vigor en la primera ala del Supremo Colegio, la que por mayoría de volo tablcció: "Que si bien es cierto que el artículo 21 de la Constitución General de la República encomienda, dentrn de nuestro sistema de división de Poderes, Ja persecu ión de lo delitos al Ministerio Público, y por lo mismo, señala a e ta Institución como encargada del ejercicio de la acción Penal, la doctrina uniformemente indica el carácter eminentemente público de la mi ma, que derivan de u íin y de su objeto, por lo que e confía a órgano público con una característica relevante que es la irrevocabilidad de la mi ma; e ta característica, señala en forma irreductible que una vez puesta en movimiento por l órgano llúhlico que la ejercita, no puede desistirse de ella ni interrumpir o su p nder e, sino en los ca os expresamente previslo, 'll la Ley, y s 'lo conduciendo el pro o hasta la sentencia de condena, de ab olución o de obre eimi nlo, pue la acción al po• ner e en movimiento pro oca l ejercicio de la juri dicción y da vida al profeso penal que termina con una decisión del Juez; la e égesi: del artículo 21 de nuestra Carla Magna, evidencia e La interpretación; si la per ccución de lo delitos corresponde al Ministerio Público, en forma exclusi a atribuye e_e precepto a la auto• ridad judicial la declaración obre la existencia o no existencia de un hecho delictuo o, y obre la culpabilidad y castigo de los delincuente , o sobre u ah ol ución · i al Ministerio Público que no e el dueño, ino el encargado del ejercicio de la acción penal, que s de carácter eminentemente púhlico, le fuera dable, una vez pro• vocada la juri dicción desistir e del ejercicio de la misma acción, e Je corúeriría a no dudarlo, la facultad de dictar con ello una v rdadera absolución, qu sólo com¡Jete a la autoridad judicial. La función acusatoria, técnicamente apreciada, no puede destruir la POR .ONCLVSJO_ 'ES INACUSATORIAS función decisol'ia del Juez, para definir la relación de derecho materi al a él sometida; por eso la acción no puede ser desviada, fuera de lo pr supue to de la legalidad, por motivos personales, de óportunidad o de cualquiera otra índole, precisamente porque se con_fía su ejercicio a un órgano del E lado, para que cumpla con el mi mo. . . í e mantien l orden jurídico preconizado en el artíc_u lo 21 .onstilucional, realizando completamente un d recho pÚ· blico el 1 Estado, del cual ólo tiene la di ponibilidad por medio d l órgano qu e ·pre a u oluntad, y que es el Poder Legi lativo. . . l .os priucipios de obligatoriedad del proceso, el de la no di ponibiliclad d . su objeto y el de la inmutabilidad de éste, no éOll ·ientcn modo de terminar la eau a como en el proce o civil, Lalc. rorno el de de istimicnto, la tran acción o el abandono. La rela~i6n concreta de dere ho penal, objeto del proce o, una vez urgido é te, no pued tener otra solución que la que le dé la senLrncia. d~ ~obre. eimien~o, de condena o de ah olución; así, pue , el de 1 l1m1ent o el nnpl abandono de la acción no puede sio-. nificar abandon . o renuncia de una actividad que la Ley impor~e al !\-linisterio Púhlico en 1 ejercicio de Ja función que desempeña, y no puede tener fuerza vinculatoria obligando a lo. Trihunale a declinar el ejercicio df:> u alta función decisoria, que , de ordPn público y eminentt>mente juri diccional" 7 . ., En_ s?n~ido contr~rio el Lic. Romeo León rantes opina que el de ·1 ttm1enlo e s1mplemcnle el r tiro de la demanda, lo fJUe deja in materia el proce. o judicial, pero ésto no e · juzgar, ino ah tener e de ej r itar un derecho; y no c diga, como afirma la Te i qtlc e comenta ( ante transcrita), que no es derecho de la propiedad de] Ministerio Púb1ico la acción penal, porque el on titu enle e lo ha dado como titular d la representación de los derechos de la ociedad, fundamentalmente agraviada con la comi,ión el 1 delito. Ante ~ bien, pretender que el Poder Judicial es el único capacitado, una vez puesta en actividad la acción penal, para declarar i hubo o no delito, d snaturalizar la e tructura políti a y social del finisterio Público e in adir la e fera del Poder Ejecutivo a cuyo órgano encomienda la Constitución Jo intereses de la ociedad, por lo que tal pretensión resulta una intrusión del Poder Judi ial en algo que esLá dentro de la órbita soberana de las Facultad ou tilucionales del Poder Ejecutivo, ya que, a aquel, al Poder Judicial, sólo e tá encomendada la función de admini trar justicia cuando para ello es requerido por quien tiene legitimación procesal, en 1 caso, el Ministerio Público''. 8 Cfrrtamente el artículo 21 Constitucional vigente innovó el 89 �POR CONCLUSIONES INACUSATORIAS I.A TERMI, A.CIÓ, - DEL PROCESO 90 procedimiento penal mexicano, separando las funciones del Ministerio Público del Juez, encomendando al primero la investigación y persecución de los delitos, y al segundo el de resolver sobre los mismos y en su caso aplicar las penas correspondientes'. La interpretación correcta del precepto enseña que se pretendió e~tablecer una auténtica delimitación de funcione , impidiendo que el Juez actuara de oficio al condicionar u intervención a la solicitud del Ministerio Público. La . ¡.iaración de facultade tanto de la acn ación como del juzuador e icrnifica en una garanlía procesal impidiendo una juri dicción ejer~ida de oficio que, al decir del insigne Calamandrei: · Repwma más por motivos psicológico que jurídicos". En suma, el órg:'no de la acusación ti ne ]a facultad de pedir la intervención judicial para que re uelva sobre la "notitia criminis .. , y una vez provocada ]a jurisdicción a ésta compete decidir soberanamente. Al confiarse al Ministerio Público el ejercicio de la acción Penal, en forma alguna se pretendió otorgarle poderes deci orios ni facultades para disponer a su antojo del proce o. Lo principios del J>roceso penal indican que el Estado no puede renunciar a su obligación de realizar su pretensión punitiva ni puede alcanzarla fuera del cauce jurisdiccional. Los hechos objeto del debate no pueden modificar e por voluntad de la partes, del mi mo modo que de motu propio o por acuerdo común carecen de facultades para concluir anticipadamente el enjuiciamiento. Una vez provocada la juri dicción • dadas la condicione de ap rtura del proceso, é- l no puede l ner otra olnción que la ntencia. La indisponihilidacl igniíica "''exclusión de cualquier poder de las partes de influir con u comportamiento en la suerte tanto de la relación procesa1 ·, ustanc1a . l d ed uc1ºd a'' .10 como de l a re1ac1on ceptar que el Mirú terio Público puede concluir anticipadamen t el proce o por conclu iones inacusatorias, tal y como aparece de lo artículos 316, 317, 3]8, 319, 320 y 321 del Código de Proc dimientos Pena les de la Entidad, y de la doctrina señalada, t'S tanto como desnaturalizado e interpretar ahsrudamente el artículo 21 Constitucional. En efecto, una vez dictada formal prisión y fijado que fue el thema decidendum (hecho o hecho por lo que va a eguir, e el proceso) las partes proponen sus elemento <le convicción al Juez quien calificará sobre su admisión o rechazo, } es al propio juez a quien compete valorizarlos, pues el valor jurídico de t.ma probanza debe hacer e por el juzgador y no por la partes cuando u valoración surta efectos definitivos en la cauS!l. Y tan ello es así, que el capítulo Décimo Cuarto del Código de Pro- ceclimientos Penales local señala que "los jueces y tribunales apreciarán las prueha con sujección a las reglas" de ese propio capítu1o. Luego entonces, si el fiscal para formular conclusiones inacusatorias que al confirmarse tendrán poder vinculatorio analiza y valora los elementos d prueba aportados en la instrucción tanto por él como por la defensa, indiscutiblemente que usurpa los poderes del Juez. De otra forma hay ilogicidad en el proceso, pues si el Juez tiene potestad para conceder o negar 1a orden de aprehensión, deciclir obre la situación jurídica del inculpado aún y en contra <le 1a opinión del acu ador, acceder o negar las peticiones de liberta• d · provi ionale formulada ya por el Mini terio Público o por la defen a, resulta ab -urdo que esté imposibilitado para realizar su funcié,n esencial que es juzgar cuando el Ministerio Público formule conclusione inacusatoria . El _finist rio Público no puede, sin violar ]os principios de obligatoriedad, indisponibilidad y separación de funciones, manejar a su arbitrio el enjuiciamiento ni terminarlo anticipadamente. De lo contrario se presenta la tesis de que rl l ,roce o e i11nec sario, pues basta ria que el Ministerio Público practieara la instrncción. recabara el material probatorio con inten·ención de ]a dcfrn a y ólo cuando en su opinión hubiese elemen lo bastante para el caTgo. solicitase la intervención del Juez parn que pronunciara sentencia. Ese y no otro es el ilógico panorama procesal que oh ervamo . \"o encontramo asidero lógico ni constitucional a la doctrina que pretende que i el Juez pronunciara sentencia a pesar de las conclusione de no acusación ejercitaría la acción persecutoria confiada al Ministerio Público; cuando en realdiad se trataña simpfomente del ejercicio de u función de juzgar que le es propio y exclusiva en término de lo arlículo 14, 16, 17, 20, 21 y 23 Cons• titucionales. Es evid nl pue , que Ja autorización al Ministerio Público para impedir el advenimiento de la re olución judicial por concfoiones inacu atoria r ulla incon titucional al invadirse por el Eje• cutívo las funciones que corresponden al Poder Judicial. Como señala con acierto Don José María Ortiz Tirado, el 'lúri terio Público ''no puede, por desistimiento, detener las consecuencias de la acción que ha intentado o ~ los recurso que ha instaurado. Sin duda, después de l1aher comenzado la persecusión, puede reconocer, como consecuencia de la instrucción o de los debates, que su acción no tiene fundamento y pedir la termincaíón de la instancia, supuesto que tiene l derecho y el deber de no inspirarse en sus 91 �LA TERMINACIÓN DEL PROCESO POR COKCL ' IONES IN CUSATORTAS r qu1s1Lorias ino en u conciencia y en el int ré de la verdad: pero por sus conclu. iones favorable~ para l acu ado, él no e desiste. Esta concepción riguro a de la legalidad opuesta a la de la oporti.midad <le la acción pública se re ume en dos proposiciones: la.- Es obligación del Ministerio Público ejercer la acción pe• naJ iemprc que estime estar en pre encia de un delito, y 2a.1na vez ¡me~ta en movimiento de la acción es imposible al Mini terio Público suspender la marcha del proceso retirando su,~ conclusiont' . romo Jo expresa el lic ncia<lo Olea y Leyva, en una " rdadera comprensión de las f uncionc técnica de-l Nlinisterio Público Nía de desear que el LegiJador consignara en su dispo. iciones norma que tuvieren por efeclu impedir de j timi nte-s arbitrario de la acción pública; cierto que para la activida<l arbitraria existen juicios de rr pon ahilidarl oficial pero ello n ha Ca, por si olo, para una debida atisfacción de lo. intere e dr los particulare que intervienen en el Procedimiento P nal"11 • ólo una reforma al enjuiciamiento en el que e fije la auténtica naturnlrza de las conclusion s como imple alegato de las partes sin poder '\inculatorio hacia el juzgador, ademá · de una auténtica reestructuración del proc o, puede hacer de apare<'er lo yerros y vicios <lP incon titucionalidad. la rcparacrnn del daño, contra clio ¡.n ecle enderezarse demamla de garantías. Y se abalen lo~ argumentos de la jurisprudencia de la upi-ema Corte para negar la procedencia del juici constitucional, esgrimiendo que en realidad por la scuteucia protectora la autoridad del amparo no u¡,lanla al l\'1.ini Lerio Púhlieo n el ejercicio de la acción penal. como e obvio, } en tratándose de conclusione iuacusalorias por más que el 6rgano acusatorio tenga el carácter de parle en el procedimiento, al tener el poder ele vincular con su aclos a la autoridad judicial y obligar al sobrc. eimiento del proceso, indisculihlemtnle que su aclividad e!;tá impi-egnacla con los atribulo para ser <"njuiciado, mmo autoridad a travé d l juicio de amparo. En lo concernienl al 11wjercicio de la acción penal encontramos que la improcedencia del amparo resulta de Jo propios principios del Juicio d Garantías. En eleclo, si para ]a procedencia del amparo es pre upuc-sto jndi pensable que el acto reclamado cam• un agravio per~onal y directo, indisculiblemcnle que la ne~ati, a al jercicio de la acción pene l por la no consignación no la tima algún der cho jurídicamenl protegido d l denunciante, del acusador, del ofendido o d us cau ahabientes. Si el Estado es el titular del derecho d castigar y de pedir la intervención del juez parn re oh·er sobre un hecho que se e Lima dclictuoso, con exclusión de cualquiera de lo gobernado , olwiamente que los particulare no tirn n un aulfotico derecho al rjercicio de la acción penal ni a la acu ación. Fl particular tá autorizado I ara denunciar, acusar o querellarse, y P tas facultades e; agotan con , u jercicio al llevar al Ministerio Público la 'notilia crimin i ·•. Fu ra de ello carecen de derecho para que se eje rcile la acción penal o acuse, por má en.timentale. que "ean los argumento. a favor de la víctima o de la ju ticia. Fl argumento antPrior no sr abate por los delito llamado de querella nece aria, puc en é. to no hay suplantación del querellante rn c1 ejercicio de ]a acción penal. ino implemente el permiso para u j rcicio. Lo mismo acontece con la declaratoria de perjuicio a que alude el articulo 43 del Código Fiscal Fed ral y otra, in Litucione análoga . El ütado, y sólo el Estado, "síntesi de la co a pública" e el titula1· del derecho a la pena porque e el det ,ntador del interé " que la 1101ma penal protege en todos lo caso. \T no ólo en lo delitos llamados de puro daño públieo13. Luego entonce- ~¡ la acción p nal o la acu ación no es un derecho quivis di po¡mlu. un derecl10 de " ualquiera", u inejerci- Improcedencia Jel Amparo 92 Contra la o¡,iuionc de] maestro Ignacio Ilurgoa ) del Lic. Guill rnw Borja Osomo, estimamos que el Juicio d Amparo es improcedente para combatir el inejer icio de la acción penal o el sobre cimiento del proce o por conclusion inacusatoria 12• e argumenta en favor de la procedencia del amparo, que no e pretende que la acción venal quede incluida en el patrimonio el la víctima <le los delitos, pue olamenle e trata de reclamar que e dec1are, en la tt'cnica del juicio d garantías, que el acto denegatorio del Mini terio Público no e aju ta a las norma le-gales que delJen regirlo y con llo e Ir cau a un perjuicio el evitarle la po ihihdad d que, dentro del procedimiento penal, recla°:1e 1111 d~recho qu~ í entra en u patrimonio como lo e el que t~ende a la. rt>parac1~n del ~año. e invoca, a í mismo, que la víctima o u cau ahah1ente henen derecho a la reparación del daño y la circunstancia d que 1 r arcimiento hubiese sido elevado a la categoría de pena pública, en nada afecta su derecho que no puede ~et , uplantado por el órgano acusatorio. De modo que si eJ \linisterio Público impid c011 11 acLo~ la expectativa de obtener 93 �94 LA TE~\fü A lÓ:'li DEL PROCESO POR COl\CLlí IONES J:\'A tTSATORJAS ·io no I iona intere e jurídicamente protegidos y el Juicio de mparo e improc dcnl al tenor del artículo 73 fracción en rnlación con el artículo 4o. de la Ley de Amparo. Lo anterior no puede entender e en el sentido de negru· la ]JO· ibilidad de impugnar a través del juicio de garantía la actuación indebida del órgano pcr ecutorio diíercntc al inejercicio de la acción penal, tale como la orden de detención que gire arbitrariamente, el asegurarrúenlo que dicte del objeto del delito, y así por esta vía. Veamos ahora, tmnhién bre,'eIIlente, el amparo d l ofendido para atacar 1 . ol,re eimiento <lel proce o por conclusiones inacuatoria . El artículo 10 de la Ley de Amparo tablece que el ofendido o las ver onas que conforme a la Jey tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la re ponsabilidad civil proveniente de delito, sólo podrán promov r juicio de amparo contra acto que emanen del incident de reparación o de responsabilidad civil. Sobre el particular la Te is de ju.ri pmdcncia número 18, página seenta, última compilación, e tableció: "Es improcedente el amparo oli iLado por el ofendido en contra de la entencia que absuel" . al acu ado, , a que en tal ca o el reclamante no se encuentra dentro de ninguna de la hipóte is prevista por el artículo ] O de la ley n·glamcntaria de los artículo 103 107 de la Constitucié11 Federal; y, por 1o tanto, considerando que el a to reclamado no afecta lo inlere e jurídicos d 1 quejo o, el juicio con titucional debe sobre cer e con fundamento 'TI lo artkuJo 74, fracción III, y 73 fraccion<'.- V -y XVIII d la rnencionnda ley de amparo". El primer r proche con:;; 'le en la a imilación indebida que se hace en la te i transcrita del "interé jurídico" con lo di pue to en el artículo 10 de ]a ley de amparo. Si los actos reclamados no aíectan un interé jurídicamente protegido la cau a de improcedencia encuentra apoy1J en la fra,:ción V del articulo 73 de la ley vigent . Por 1o demá , tanto la juris¡H·uclencia como la ]ey reglamentaria del amparo olvidaron que en n11esLros ordenamiento legale , l resarcimiento no se obtiene por incidente sino cuando se trata de tercero obligado · y exclu ivamente en la sentencia Re• nal, previo exigimiento por conclu:;iones del fi cal, puede obtenerse en ] a causa la rnparación del daíío. Mal estructurada, como enseña el maestro Palacios argas, el re arcimiento del injusto al confiarse u ejercicio al Minislerio Púh]ico, u efectividad está condicionada a la petición de ella por el órgano de la acusación y a una sentencia condenatoria; aunque el ofendido o sus causahabientes pueden obtener la "reparación por una vía paralela como es el jui• cio civil. into ' que nuestro Código de Procedimiento Penales por us_artí_culo 9o. y 67 autoriza a que el ofendido comparezca a 1a a~d1encias ) pueda fr cer prueba tendiente a justifi ar la reparación del da~o; pero tal autoriza ión está comprendida como una ?º?cly~vancia _POTque Ja reclamación sólo puede hacer e por •~l -~fim teno Púbhco } ' U efectividad e lá condicionada a la pe• L1c10n de lla por la a u ación. El derecho al re ru·cimienlo entonce , erá jurídicam<'nt xigible por el le o al pronunciar e ~na ent~r~cía condenatoria y iempre tendrá la vía civil para la ali facrion ~ '1: d recho porqu no habl'á co, a juzgada aru1qur exi ta d~se _umac~ón o~re tal oncep_to o no exija por el Mini. trrio Púh~1co. F,n pundacl el ofen<l1do no e~ parl en la primera in . l~~1c1a del pro o p nal al carecer de facultade d impugnación. ..,olo contra la enlencia en el punto referente a la reparación del daño e~tá I gi.timado para alzarse contra ella. ~in mbargo, aceptar que l ofendido o quiene tengan de~-e~~o a la reclamación del daño pueden impugnar }J0r la vía del Jmc10_de amparo el ~hre eimienLo del proceso, qu impide la expecta~1va a er re ~rc1do d lo daño del injusto, es tanto como autorizar a que el Juez no ob tant las conclu iones inacusaloria e ludie y decida sobr la existen ia de lo hecho de Ja formal prisión,_ -~ carácter delictual y la re ponsahilidad del proce O en _-u ,c~m1 1ou, }a qu como e ha vi to. sólo se tiene un derecho J~nd1came11Lt' al re ar imiento cuando e ha decretado n enL nc1a que e ín_friugió la l r penal, que el acusado es responsable, que se prodnJO un re uJLado daño o y se cuantifica u monto. Co~o el r-esarcimi nto una imple esp ctativa que no se hace realidad smo al determinar e en una ent ncia cond natoria y dado que ~l . er ~ngl~bª?ª la reparación <'11 la anción pecuniaria sólo el Mim Leno Público e Lá legitimado µara reclamarla. obvio que_ ~l amparo. no pro ede p~ra r clamar por el ofenilido la prol cc1on a una imple p clallva. El1tonc , 1 obre eimie11lo no le causa un agravio p r- o~al ' dire ·lo al ofendido IÚ eslá legitimado, toda Yez que, m 1sle, la conclusione no son una condición ~e haga__realidad el derecho al re arcimiento, pue con tal cril . no tamh1e11 podría reclamar en amparo la negativa rle la ord n de aprehensión y detención., l aulo de libe1tad por falta de e] ementos para proce ar o por de ,ranecimiento de datos, etc., argumen~do que son pre upue los indi pensables para obtener resarc~ento. La pectativa de derecho a la reparación, en uma, efectivamente da lugar a un interés no protegido para Jo efectos del amparo. el 95 �LA TERMINACIÓ DEL PROCESO La improcedencia del amparo re ulta, también, de la fracción X del artículo 73 de la Ley de .Amparo, pues en el proce 0 judicial penal el acusado obtuvo _su libertad el auto de sobre~ cimiento con ·'electos de enl ncia ah olutona merccJ ª. la con el u ione ínacu atoria del Mini te1·io Público. Esto es, ~1 el pr~ceso judicial terminó (aunque indebidame~te como s~ v10 en d1 verso lugar) por la conclu ione ina_cu~a~~na? ~1e_ motivaron el so: breseimiento, hubo un cambio de s1tuac1on 1und1ca que consumo irreparablemente la violacione . q_~c en su favor p11do alegar el ofendido· pues obtener una declSlon para qu se formulen conclusione ' afectaría e a situación jurídica ele libertad e inocencia que- . confirió al reo. p~,r 0 Cuestión diversa es la necesidad de crear íórm~ las para coulrolar Ja ineróa del Mini Lerio Público o la urgencia d reestructurar el enjuiciamienlo y la repararión del daño. i\ O TA ll.-Pn'i.< y Palacios J"vler; A.puntes ae Derecbn Proce,,al :Penal. .Edición Mimeogra-flca. _;'.;:·!:: ;::, 1 1 cario•. m Procedím,enf.o Pe.nal 1n.ic,mo. México. Porrila . Cuarta Ediclón . 195'1 . 3!.-Acero. Julio· P~occdimirnl~ Penal, México. Cajloa, Cuart·, Ed1e!on. 1956. _. 4.J.-GonZi\lt•¿ Jl\istamante. Juan Jo~t: Prin~4,íPs de oercchd Proces"I Penal Mexicano. .\l.cxico, Porr,rn, cuarta. EdicJón. 1959 _ _. 51 _-Te,¡.i.s Jurlwrudeocíales números ¡¡ pág. 24 9 pt,.glna J;;, !Jltlma Compilac1011 19l'1· 21 ~rción y Scniench.: ~-~ x:co. ª: 6 ,.-PalacloS varea.,, J. R;,ni1u: La Co·rrelrcci~n entre 'T'I .-O!ea 1. Lel'V"• 'It;;;tilo: El ,e,...rci1niento c:'rl daño a las víctlrnas do! Delrto. ?tte,ct. co. Ju,. 19~5. _ .. 8).-León Orantes Romeo: El Juicio de Amouo. MéJ<!co, CaJ•ca, Tercera Edlc1~n. 9) -Tesis Juri,pru,lencial numero 5, p(l!l"lna 20, Segunda Parte, úlllma comp11:t.-ton. lO);._Leoue Giov¡,,nni: Tratado de oeruho Pru ccs;il Pel\al, Tomo Primero, Uuenos Aires. Argentina .- E. J. E. 1\.- Floria" Eu::cnio: Ell"m~ntos de Derecho P-rocesal Penlll. Barcelona. Espafu,,. Bosclt. 111 . -Tomado de lo. obra c1lacla de don Teólilo Olea Y Le_YVº· 12 ¡ . -Burgoa Ignacio: m .Jui~io ile Amparo. ~ié1-ico. Porrua. . Borja osorno. GU11lermo: Oereeho Procesal Penal.- Ml!xlco, C8Jlca. IJ).-Domenlco ToJomci Pedro: Los Principios F11ndamenlales drl Proce•o Penal: México, Jus. 19~5. • MARIO CANTU LEAL EL JUICIO CRIMINAL EN MEXICO H- STA EI. J1NU DEL SIGLO DIECIOCHO, LA LEY PENAL EN Europa se formn gradualmente- bajo la influencia del derecho rnmrmo, canónico, r alemán, con el predominio del primero rle ellos. Como un producto de esta síntesis, emergió un nuevo humanismo . .EiJ Inglaterra, el artículo 39 de la Carta Magna del re} .luan~ intit>'T~ hahfa est,:il,lecfrlo en 1215:- '"\ingún hombre libre dcherá . er detenfrlo, o puesto en prisión, o desposeido, o de cualquier manera destruido, ni de cualquier manera arrestado, ni capturado, excepto por el juicio legal de sus pares o por la ley de la tinrau. Bajo el aspecto de opresión gubernamental y la aplicación de la Ley de talión Becaria afirmó que "sólo las leyes pueden decretar los castigos para los delitos y esta autoridad puede residir solamente en el le~i lador". través de Howard y Marat principi6 una reforma totaJ en beneficio de los derechos más elementales df'1 individuo. Francia distinguió con su avanzada legislación la re~ forma real penal dándolP.s cabida en el articulo sexto de la Declarnción de los Déred10s del Hombre y el Ciudadano en 1789, inspirada por el contrato ocial de Rousseau, estableció la igualdad anrf' la Ley, amba. en su protecci/m y en ~u ca tigo. El artículo í:ptimo estableció l.1 gnrantía de que 1úngún hombre puede ser aru . ado arre tado o detenido excepto en la mauera dispuesta por la ley. quellos que soliciten, libren, ejecuten o sean motivo de jecución de órdene,; arhitrarias d ben ser castigados. Por otra parLic. Mario Caotü Leal, egresado de la Facultad de Derecbo 11 Ciencias Sociales de la U. A. N", .L.. plantel donde tiene u ~u 1targo la cll.tcdrll. de Derecho Cooslltnclonal y el Seminarlo de Tesis. Es Primer Secretarlo del Tribuna! Unitario del CUa.rto Clrellito Federal �EL JUlCIO CR1Ml1 AL EN .MÉXICO 98 te, cada ciu<ladano citado o embargado por virtud de la ley debe obedecer inmediatamente o llega a ser culpable si se resiste. El artículo 8 proveyó que: "nadie debe ser castigado excepto por disposición de una ley promulgada con anterioridad al delito y aplicada legalmente". Estos preceptos estaban en consonancia con las declaraciones qne babia acompañado el estallido de la revolución en América y al emerger los E.stados unidos de I\mérica. Digna de atención en este período fue la constitución del Estado de Massachusetts, adoptada ct1 octubre 25 de 1780, la cual contenía las siguientes disposiciones: '"XII.-- .Ni..'lgún :individuo debe ser detenido para respondet por cualquier crimen u ofensa, hasta que el mismo esté completa• mente y claramente, sustancialmente y forma]menle, referible f, él; o debe ser compelido a acu 'ar, o aportar evidencia en contrr. de él mismo. Y cada in<lividuo debe tener un derecho para produ cir todas las pruebas que le sean favorables a él, para encontrar los testigos de cargo y carearlo, y para ser oído completamente en su defensa _¡1or sí mismo~ o por su ahogado, a su elección. Y ningún individuo dehe ser arrestado, privado de su libertad, despojado, o privado de su propiedad, inmunidades o privilegios, puesto fuera ele la prolec.ción de la ley, desterrado, o privado ele u vid~ libertad, o bienes, exc plo por el juicio de us pare o de la ]ey de la tierra". "XI . - Cada individuo tiene derecho a (su seguridad) ser protegido de toda investigación irrazonable, y ecue.stro , de u pcrsoua, su ca a sus papcle y toda · sus posesione ''. En México el Código Penal para TPxcoco de X tzahualcoyull que estaba en vigor ante de la Conqtii ' ta de México en 1519. Los habitante Lenía11 su propia organización judicial con un comp]eto catálogo de delito incluyendo col1echo, neglip;encia en el juicio, y ebrios en la part para el juez. 'na ofensa ligera ameritaba cen• ura por todos us colegas. De pués de una tercera o.fensa él era rapado -un castigo de seYeridad infamante en aquellos tiempos y ele tilución del cargo. -n ,encillo y serio delito tambi~n traía la destitución. La pena de capital estaba pre crita por dictaminar nn juicio erróneo. Los juicios eran requeri<los para ser completados rlentro de 80 día . En la opinión de algunos juristas el c-údigo, era prueba dt> una evera moral, y un concepto duro de la vida y una notable cohesión política. El si lema penal era casi draconiano. El p1·üner código penal después de la independencia fue del f_,stado de Veracruz1 publicado ~l 28 de Abril de 1835. El primer código mexicano penal federal fue el de Antonio Martínez de Ca. - EL JUICIO CRJ lINAL E- r l\lIÉXICO tro en 1871. El último, actualmente vigente, es el de Agosto 13 de 1931, promulgado por el presidente Pascual Ortiz Rubio. Dicho códi~o ha soportado numerosas reformas. la más reciente es la de Jumo 20 de 1967,_ 1~ cual creó el delito de genocidio, castigado por una pena de pns1ón de 20 a 40 años. El delito de violación cuando emuelvr a do o más el lincuentes fue hecho más severo con _una pena de prisión. de 8 a 20 años. Debe destacarse aqtú que el S1~ten:1a Feder~l 1\_1ex1cano abarca un código penal federal para el D1slnlo y t rnlono y 29 códigos adicionales, uno por cada Estarlo. La leyes penales son un atributo indispensable del Estado per~ ella dehen er justas )' sabias y de ningún modo falsas o arbi: lranas la consideraci6n importante es que cada quien deh~ entender las leye y reflejar obre las con ecuencias de su violación. Las leye penales on creadas porque representan los intereses de la -ociedad )' al mi mo tiempo previenen de la inútil privación del sagrado derecho de la libertad individual. En los tiempo modernos, ]a tendencia de cada sociedad bien ordenada s~ enfoca a buscar 1a prevención del delito más que su c~tstigo. foJorP re. ultado son a menudo obtenidos al aplicar sanc1ones menos e_veras que_ las ?1ás extremas, tales como la pena de m:erte. A travcs de hist~na la pena de muerte ha probado in11el?ahlemen~e de ser mefecnva como un ejemplo para el criminal, e ~ecesana ,Pª_ra la defensa de la sociedad; la mayoría de los mexicanos f-'nerg1camPote ostienen el movimiento abolicionista 50 _ ~re_ I~ has~ de qne lo que se debate con ello, es w1 problema de JL_L~hcia soc1~l, é to es abierto para atacar por medios de readapta, c10~ Y traba~o dentro Y" f_uera 1e la prisión. Los objetivos son prevcmr el delito . c~mbat1r_la ignorancia y miseria, y los factores que crean e~e med~o prod1ve. Los medio incluyen el aumento de un programa dP as1. t~ncia socia] que ya exi te en nuestro país en la ~orma ~e eguro ~ oc1al la elevación de nuestros ciudadanos y su mstrucc1ón _en lo. de~ere ~ívicos para que les traigan hacia la igualdad ~ tr~ws del meJoram1enlo propio. _ostlen • esta afirmación el hecho de que el código penal no P_r,escrihe la p~na de muerte excel_)to en el caso excepcional preVIi;to por el articulo 22 de la Constitución Federal. Los códigos penal~ _de alguno. F tado preservan la pena de muerte sólo en espora;!1c~s ca os. Los datos aportados por los penalista indican un u_ o ,imitado de la pena capital, y olamente se ha sentenciado y C)ccutado J_a pena de muerlC' ocho veces en el cur o de una década. Otro nnportantc avance en el cód:igo penal de 1931 e el ar- !ª 99 �EL J ICIO CJU'.\llili,\L E ;\lf:. H.:O bitrio judicial, I cual reemplazó el ana -róuico sirtema <le pena. predet nnina<las e Lab]ccidas n lo código pc11al de 18-1 y 1929. Bajo l vi jo conc pto, al juez le faltaba el ¡mJer de decisión porqu • la ley liabía tablccido la p na en 1fami110 preci o ·. H era nada menos que un autómata. P ro .1éxico alcanzó w1 ¡,a-o . ignificantc hacia acl •lantc a lra\' · · d' la ad pción d ·1 arbitrio judicial juslam nle aplicado, por dlo ::; qu 1 arlí ulo 51 Jo slabl ció en u amplio ignificadú. ) aJ CÍPcto dis¡,on : - "d ntr <l • los límite fijado por la ley, lo juec ~ y 11·ihunalc: aplicarán la::: an ione ·tahl C"ida-: para cada d lito, tomando en cuenta la· ciicun Lancia cxt nore fa. circLm lancia_ per on~tl ele) deli11ctwnlc •. 1 1 r l''ile cli po ilivo, uuo ·on ·luy 4m• l I gi-:la<lor, al adoptar el arbitrio jmli ial en 1()31, no fu moti, a<l por uu xa gcrado ubj tivisrno d ntro el 1 ·ual olamenl las caraclrríslicas p ·r na! Jcl d linrurul debería11 · r tomada cumu guía ino qu a<lcmás ~ enlaz' la. circunstancia · ubj ti\'a y objeti a en una cerrada íntima orrelación ' dirron ul ju z penal mcxií'ano la hcrnimil'nla ne ·e:. rias para d prudente ) razonahlt· u o del arbitrio judi inl. El i.t ma podría queLrautar e i w10 con·idera olarn nte al criminal y no al rimen. D manera cmcjante •1 :irlículo 52 d l 'digo Lahlet:e que:- .. ·n la plicacióu el la~ ancion pena le ·, d •ben r lomada en uenta: l.- La natural za d la acción u omi ión y lo · medio mpl •ados para ej,! ·utarlo y la c ..xtmsióu <lel daíio cau ·ado ) del peligro creado., una objctiva c\aluaciilll <' ·euc-ia] d ·1 u r ~o.- 2.- "La ·dad, ilustr1tdón, intclia IlC'Ía, háhiLo~ y ·onduc-ta anti! e<l nle <l l ujetu. lo motivo lJUe lo impulsaron <l idi ron a com ter l d lito ) u ~ituac-ión económirn·•.. ·n fonJamental punto de vista ubjelivo, en el cual las i.rcuu tan ia d l dclinc:ucnlc reciben atención:- 3.- J.a . pecial s conclicion en ]a uales ;r . encontraba al m mento de la omi·ióu del cielito y otro ant cedentes personales y ondicion que puedan r probado : u lazo d,· familia o ami tacL u olr relacione . ciales, la cla de per• sona~ ofrndicla ~ la. circm1 tan ia · d •1 tiempo, lugar, manera y oca ión que puedan tl mostrar u mayor o m nor p •ligro iclad"'. P ra ilu ·trar lo anteriormente tabl ·ido pertin nte tran crihir l crit rio d , la T · Juri. prud ncial Jo. 205, página 405 d la • npr ma rle de Ju licia de la , ración que lit ralment, di : "PE \. I DIV OCA( IZA l ]00 ' DE L . \RBlTRIO JU- DI JA . - La uanrifiración de la prna orre pon<l • xclu-iva• nwntc al j11z«ad r. quien goza de plena autonomía para fijar el EL .) IJICIO uu .,11:-. \L fü . ~IÉXICO rnonlo quf' su am¡ lío arbitrio . tim ju to dentro <le lo rná ·irno. mi11imo: . 1·ñalado en la Ley ,- si11 má · Jimitación que la b r• ,_ml<'ia d,• la-- n:p-la fü 1 rm aliv_a" <le la i1Hli, 1duc1lizacióu d1° la pena. 1lt·b~~ qu <lar b1 n _o~pr nd1do que el tratamiento médico ) preH'nl1 o es_ 1111_,hf•nef1 10 para los d lincu Jttes. ) <l mnguna maner:~ t_m ca t~gu_ . Para gran parle de Ja humanidad la cual por pro• ¡,rn,1!11 praC'llco · g h1c>111a la I y penal, la I<') e.- una garantía de, . (lt• <fl!C, _como in_. tiluci6n públi ·a impiclc la de trucción por ve~gan• z.1 pública. n _¡m,·ada, o u ínt i el d poli mo. Esto no exc1uyf" <·1 n•conoc·11m nlo J • alguno delito de C'<lr ma irravedad tale ·umu ·1 ma!!;uicidio o ti ·lito <·ontra d ta<lo 1/ cuale 'deben .. ,.r reprimid . . El Jtolabl • juri:ta argentino ebaslián oler ha d •Iiniclo I dcliLo <'orno '"una arción típica. a11tijurídir ·t y' ulpahlc suc pi ihlc <le· <irl inración I gal de acu rdo con u ·con<li<'ÍOl~c objl'li_\as... o ltro. no e ·pli aremos us elemento , ello .. • 11111t•ce ano porque m1tológicam nte eon.iderado, e el pr u1,ue. lo clr. b <·on<lucta ca I igad:1 por d F tado. El arlícu lo 7 del ( '&I igo P nal Ft~deral lo el ·fine como l acto u omi ·ión . an iona• do por la 1,•y 1~r~al. :\dmitida. tal clc ·finic'. ión. ,. puram nt formal. [I ro f' suf1 'll'nle para qur ·omprcnclamos lo bj lÍ\'o práctico. del · · dig P na!. Lo delito pu d n ser da iiicado en r la ·ión a la on<lucta ''ºll'!º _de comisi,,n: el omi i ·11, r d comi ión l or omi ión. aquellos_ m condu ·ta.•~ Lo. dobl mente mº ·ivo, y aquellos qu son hahituale , rte. J.,n razón del re. ullado. llo I ued n r in tantáneo . p rrnaiwnt . pr forma. malrriale:. dr daño ) ile peligro. i en gt>n ral. el óclige Penal :ignifica \li lación de las le~:.', cnton 'l'" la le) p ra t'r ju. t· . no <lehen celar en opo.1cwn a la. l )t' uaturale·, la cuah·s m 11rimcra · ntr toda · Ja. leyc . I] las deben siempre con idf'rdr rl b ndicio de la o iedad. i ella no on omurn• · a lodo lo · mi •oiliro d I Estildo, ella 011 11.1rciale . La o ·irdad, nl 11c , llega a ser un e . do oprf'. or en el cual el hombre tiraniza al hombre y en el cual c·omo . far:il di_io. la lep·. arbitraria :nn he ha en favor de cierto individuo, para qur -.urlan efe to en detrimento d nue lros emcjante. . E la odiosa di liucione deben clesapar cer, por• <JU llas hac Pn que una parle d la gente a enemiga de la otra, Y la íelicid d de uno. uanlo 11 "ª a r la aflicción de la mn• yoría y la f •licidad de mucho 11 ga a er el terror d los pocos. . Por In lanto, no. otro afirmamo. que la ju ticia ocial y la igualdad ante la 1 ) :iemp1 dcb pn·valecer. ... u au ncia atrae ]O] �EL .JlllC:10 CRT\11.KAL E.' 11ÉKICO EL JUlCJO Clll\Ifi'iA.L EN ~IÉXlCO el de contento social y la rebelación. Para evitar ésto en cualq_uier vaís el gobierno de la le~r debe subsistir. , . . . i Si el Gobierno que formula )as leyes es l~111ID_o, l_a_ soe1 daf, ohedece las It es como una obligación o<'cesana Y 1~st1ficada ~acida del respet~> a ellas. Por esta razón la venganza ¡~nvada ha sido suprimida • al F. .Lado se le ha dado el po~er ~e castigar en nu~tra época. 'i el F.slado cumple con sus obhgac10ne ~ara sus bros Liene el derecho de castigar a aquellos que violan sus, eyes. 'En México la Constitución Federal con agra la garanhas de lo:; derechos dei hombr en los artículo. ) 3,_ 14, 16, 17, etc. D~Lacadamente reconoce que nadie puede ser pizgado, por leyes pn· vativa · 0 por tribunalc especiales, que nac~e. podra ser _encarc~lado por clcuda puramente civile:;, que la p~·1s1on prevenllva se ]~ tilica solamente por la comisión de un dehto qu~ merezca san~1on corporal, y que 110 hay delilo sin wia l~y ~~tenor que lo defm~. I.a Constitución lamhién prohibe la aplicac1011 de leyes retroa~tlvas en perjuicio del individuo. Le garantiza el derecho a ser oido y juzgado por tribunales establecid~s previamente, ~n _los c~ales se oh erven la formalidades esenc1ale del procedirmento ~ ele acuerdo con leyes vigentes con anterioridad al. hecho. Este ~s~o prcccplo también abarca el prinópio de Jegahda,d, la pro~ib1c10~ de aplicar las penas por analogía o por mayona de r_azo~1; D1T~clamente p(oJúbido no por la lógica sino por la Cons~tuc10n, es la práctica de usar un cargo para castigar un acto diferente Y ¡1em- 102 permitido. , A.sí nuestra Constitución reconoce las garanli.as que pertenecen ¡ior naturaleza al gobernado contra_ el Estado, la_ ~uales deben ~espetars, en toua su extensión, disfrute y . beneficw. ~ Const~~ción prohibe los actos de mole Lía en la pe~soua, fam1li~, dom1c1lio, papeles O pose iones, sin una orden ~ci-~~ por autoridad competente. Cualquier violación de estos pnnc1p1os trae como co~secucncia al I'oder Judicial Federal como defenso1· de la Con~hl~ción a trav6s de la inh·eposición del juicio de amfaro, ,ma ~lltución sui gmeris. va. tamenle uperior a cual e quier otra ex1slenle. En el artículo 8o. de la Declaración Universal de los Dere·ho. del Hombre clr Diciembre 10 de 194.8, se. reconoce que_:-• "Cualr¡niera tiern'! el derecho a w, remedio efectivo por los tribunale!': nacionale competenl~ por acto violatorios de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución o por la ley''. Las garantías individuales son tan altamente respeta~~s ~l':1- , la Suprema C.orte <le Justicia de ::Vlé·,:icn reconoce como Jmc10 para los fines del amparo ,el proi;ed1mienlo contencioso desde el momen- lo inicial en cualquier forrna, hasta qu la sentencia ha sido ejel'Utada. Esto significa que todas las autoridades, judiciale o cualc quier otras, debe seguir los procedimientos pre crilos cuando interfieren con una persona. Cuando una persona es detenida, disfruta de lo derechos personalc ele obtener u libertad bajo caución, si es pl'rmitida. de nombrar uno o más defensores desde el momento del arresto, de careado con los Le tigos de cargo, de que 1 admitan las pruebas que ofrece, y de tener u situación legal resuelta dentro del período perenlorio de 72 horas, ya ea para lit,P.rarlo o omcterlo a juicio. F,1 procedimiento debe continuar has, la que culmine ron ah olución o condena. De de el punto de vista procesal, un juicio criminal en Méjco consi t de un número de etapas. Comienza cuando una auto1 idad pública conoce de la comi ión de un delito y empieza a investigarlo, , continúa hasta que una sentencia es pronunciada. Este es el moment cuaudo la ley penal envuelve una correlación 1•11trc rl E tado y I acu ado - aquello , como hemos dicho, que comienzan dotando con reglas ju<licia les por medio de las cual<>s el arelen e, mantenido, los derechos violados son restituidos, , la pena f'-, per. eguida l'ºr mnlio de un juicio -riminal hasta qllc la imposición ele pena ha sido alcanzada. J<,n la opinión de Carncltttti, un deliLo rs creado mediante descripción de un hecho "que no deba ser cometido y que, precisamente para prevenir su comí. ión, conslÍtu) la causa del castigo". El proredimicnto pe11a1 es el funcionamienlo formal, orgánico en el cual concurren correlativamente las autoridades ejecutivas r ju<liciales lomando u parle. Se ha dicho ya que en un procedimiento mexicano la acu a ión es d finida abstractamente cuando los tribuno.le están fonnalmente valuando las circunstancias que rodean U11 delito. Llega a ser un cargo contra el acusado así que a través de la formación de un juicio, previsto por la Constitución, la exi tencia de un delito debe ser declarado, su participación deLe ser establecida y, como consecuencia, las penas o restricciones que le son im¡me ta~ por su proceder ilicilo. Debe concluirse de lo antes expue to, que un juicio criminal es, el período del procedimiento penal durante el cual el Ministerio Público formula su acusación y el acusado su defensa, y el lrihunal evalúa las pntebas y pronuncia sentencia. Estas etapas de acuerdo con Giovanni Leone "constituyen una garantía no solamente para el acu ado, quien en completo ejercicio de defensa puede <le envolver la máxima actividad defensista en debate, pero tamhif.n para la sociedad, Ja cual es satisfecha en su an- 103 ��E L JUIC IO CRL\ITI\AL fa JlÉXICO to cuando us procedimiento Lerminau en la reparación de las violacione que han sido materia ele ellos. la Un juez debe er un conocedor de ~eye?, ~ experto en · · d ]a te~· un técnico n la · materias 1udic1ale . Contados c1enc1a e ;, d ah · al aun os factores pueden levantar e en el curso e u ªJ? - b . oculto otro aparenl atentado de corrupc10u, mterfe1~ene1a polític~ amistad, lazos familiar , ) alg~o otro . Pero, <'l debt> pone; a un lado cualquier punto de vi ta p~r ~n~l Y e rrupt~losam ule aplicar la le). FJ Licn~ qu _er un cnmmo~ogo, uu 1'_51 · , lo O '" un am:mt de la humarudad, m perder la vista del pnnc? · g pen ' · al "ll<' c1p10 '1 - , • tahlcce ·'el acu ado e jnocente hasla que , r pruebe u culpa". t:, CARLO FRANCI CO CI NEROS R. CUESTIONES CONSTITUCIONALES SOBRE LA DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA "Un principio bueno puede ser de/ormado en la práctica y toda deformación genera problemas que también deben ser estudiados J resueltos con serenidad y sobre el presupuesto del bien colectivo··. RAFAEL BIELSA e Ü\ \IOTl\"O DE U REfOR\L\ AD:\IIXI TRATJ\ >\ INICIADA El u uc~lro paí mucho e ha ,·enid bah Iando de la de centraÜzac ión. rncontrando coufu ión e11 la tennino]ogía empleada ~ una falla de uniformidad en el criterio Lu tentado por quienes han tomado parlicipación activa en la notificación de loL pormenores de los acto a realizar. Esto ~s porque mientra, uno hablan de la descentralización admini lraliva como la creación de entes con pre onalidad jurídica · patrimonio propio· olro , alud n a una delegación de funcionr .. simplemente. ~ otro • aún. o Lit>nen el otorgamiento de atri bucionc. pero in que exi la delegación de ningún orden. DnclrinaJmenle quiene má e acercan a lo que constituye pr~ Lic. Ca rlos Pr•,nri, co Ci~neros. eitresado de la Facult.ntl de Derecllo y Ciencia!' Sociales de fa Universidad Autónoma d e Nuevo León. En este mL-,mo plantel y en la l"aeultad de Comercio y Adrointstradón (U'. A. N. L.) Imparte las cAtedra;, de Derecho Constltuclonal, Adnlln!stratlvo y Fls~:il , �C ESTIO:\ES Lff'-STITl' CJONALE piam nte la de centralización administrativa . on quiene so tienen que é ta consi te en la creación de una persoua j~~dica rar_a la realización de acLividade .fundamentalmente erv1c10 públicos, adquiriendo autonomía 1: institución, y considerándose la forma~ión de un palrimonio, aunque in mhargo, pueden encontrarse cntidade que no pre tan un servicio público descentralizado sino que reune las caraclerí ticas de autonomía .finauciera y capacidad para administrar e. .. El moti,o de -u nacimiento - .o tiene el licenciado Euge1úo .\rria~a- :,:icmpre Jo podremos encontrar en lo ca o aquc11 ~ en que· <'I l'odt>r Público ha dc. eado brindar un nuero ser,,ieio, o la .olución de un viejo problema a su pueblo que así e lo reclamaba, mediante la gestión autónoma y separada de la admi11islracíón pública; smge, así, la persona jurídica y moral difereul al Estado, con . u plena autonomía y capacidad de ge tión, ora .ea un organismo descentralizado ú ya una empre a de participación e ~talar'. Los que so~Licnen que es uua delegación <le fw1ciones quizá confo.n<len la <lescenlralización con la desconcentración, pues para la primera, al concedérsde aulonomia, se desgaja del JJoder c..:entral, mientras que en la centralización, en el titular de este úlLimo se coneenlnm toda las facultades o poderes, de nomhramien to, <le mandato, vigilancia, decisión de conflictos de competencia ) , cuando e- •i ' le alguna del gación de dichas facultades o podere e prc$Cllla el feuóm no de la ilama<la <lescoucentración a<lmi- nil,trnliva. 108 Uaro "~ qu<" e,i.:;ten difü·ultaue:, en la práctica para llegar a e tablect>r con pJeuilud I a di fc-rrnciación de unos y otro , pero ello no implica que e tengan que abandonar los términos adecuad.o para prelender hacer r alidad la reforma admini trati, a. Con esto antecedentes y los relativos a la diversidad .formal de creación Je organismo desccnt1alizados, puesto que unos nacen de la Le), olros mediante decreto de Organo Ejecutivo del Poder Público no lleva a b elaboración del presenLe trabajo para plantear alguna cue tione , desde el punto d vista constitucional, sobre la descentralización aclmini trativa. Desde luego, en la Constitución Poütica de los Estados ~nidos Mexicano~ no ' C encuentra ninguna disposición que expre amente determine la. creación o constitución de organi mos deseen• Lralizados de la administración pública federal o estatal, aunque hay quicne pretenJcn derivar la fundamentación consLiLucional de tales organi mo ele lo dispue to por la Fracción X_·x1 del artículo 123 SORfiE I A DE CE:;Tit\LIZAUÓ:\ \JJ\Il~I TRATI\A <le] lt>\.lo f utu!amental al e ñu lar la competencia de las autoridades Jpckrale , del trabajo en lo a:,unlo · relativo , entre otros, a empre·"ª ··que se administren en forma directa o descentralizada por c-1 ';·o bierno Federal". Esta prcte11 ión '10 tiene ninguna u tentación jurídica, pues t'I rnntenido de la di ·po iciún de referencia una menc10n para loi- «·fcclo de la competencia de la autoridades ]ahorale . Otro m~tif'n<'n que la . u tentación con. titucional de lo orp;.'.l11i-,mo d<' <'"ntralizados deviene de las facullade implíriLa c.lel Conµ;re. o dt> la lnión contenidas en la Fracción XX\. del artículo 7:3, prro en nuestra mode ta opinión, r·mrideramo que no e cotT<'cla tal i11terprelaci{111. puesto q11<' para t I ejercicio d • lal facu 111d e menc~ler la xistencia <le otro que se encuentre expresamente determinado por el :ongre o de la Cnión. \ún la le) para el controJ, por parte del Gc.hierno Federal, •le lo" or~aní:-mo. dt'. Cf'nlralizado. ) rmpre a de LJa11icipa ión P lata!. :,,ciialan qut> ius orga1Ú ' mo de ~cenLTalizaclo on pc1--om1. morale:,; creada1.: por la L<'y del Congri>. o d la ºnión o decreto d 1 Ej~·cutiH, F«·dt>ral. lo que de clt- lu go, en cierta parte, conlradiCf' la pretcn ión clP quiene ven en la Fracción XXX del Articulo 73 C'ou~Litucional el apoyo para la creación o existencia de los or¡~ani. mo. d<'. centralizado . Lo: úuic- . enle descentralizado:;, que eu nue lro couceplu liew•n basr <·oll~titucioual on la univcr icla<les pública creadas \ r¡ue . e crc-rn por L<·:-, dt-1 Con¾{rC o de la Cnión y lo municipio·. pul'l- para la primera enconlramos lo artículo 3 Fracción VIII <'ll rrlarión nm ei 73 Fracrión ~:\ lfll<' preci amente faculla al Congreso de 1a l ·nión pnra e .ablecer. organizar ) o:tener dicha in--titurionrc. l<'gi. lando en todo lo qu . e rdier a la mi mas, por lu que de~de ahí. Jltlf'.Stra in...istencia en anteriores ocasiones, de la necesidad ele una Ley tle Edu ación uperior que regule la organizac:ié,n ) funcionamiento. en .forma general a cuyas ba es <lehcrán ·ujelarse toda la. univcr::-idade- púh]icas del 11aís, parn lograr la unificaci(m \ coordinación <le la educación no olamente en u contf'nido sino en l~I aspecto de la organizaciún } Iuncionamienl de la in. tiluciones de cultura y educación s11perioL La. univer ídade~ creadas por lo E tados, atendiendo al principio derivado ele la r efonna <lel .30 de Diciembre <le 1946, así como toda la le{ti laciíin f'duratfra de la entidades federativa no tienen apoyo con tilucional, pue al fetlera]izar e la facultad eu materia de educación "trajo aparejada la upresión de la facultad OP- los Estado~ para legiJar . obre tal materia, egún reforma de la 109 �CL r:. TI >. E!-i !'O'.\ l'ITI 1.10 . OHBE l..\ l>l.~1 f.\'l"H.\LIZ.\l.lÚ:\ .\D.\11. 1 TR.\TI\ \I.E . fracci · 11 : .;\ \ Je! arlfrulu 7:l Con~litucional practicada tambi,~n el lJ d, Dici mhr • de 1 J3 n alcncií,n a la cual la polestaJ lt·uj •latí, a 11 •l ámbito educacional corre µonde al Congreso d la o uuión·. Los municipio Licn n ·u fou<lam ntació~• en lo _tatuido _1_.>~r el artículo 115, el que les otorga la autonolllla ne~esana foim,l• ión tle uu pallirnouio propio de acuerdo con lo::.. mgre os que Sl'· ftala •u una Le) la Legi latura Legal correspondiente. . . Fui ra de 8tos dos ca o , no encontramo · apoyo cons~1Luc11,ual para la cr ación y i tcncia de los organi mos <lesccntr~d-~-• Dentro <le la •lasificacio11 ~ t órica:, d • la <le ccntra!1zac1011 a<lmini. trativa. la uui crsi<la<lc encajan en la cou pond1entes ~ urgaui mo · d~ centralizado · por !ó'ervit:ios, nú~nlr_a que lo mwn<'ipio . n la el e- utralizacióu r gi na! o t~rntonaL . llar t¡ui 1P~ ::'l:prc~m1 tumbién como 'J mplo Je las e cep~10· 11t':,. l.':,.Lahlccida en la on titución ) que cu concreto y -¡1cc1Ílcamentl' a la m titucióu mencionada • . e le · ·üalu apu)O en el te.··do fundammLal. al H \ C DI•. tJt:\I .O, . \ .• al e ·tahl~cer e ,en el a,tíc-ulo 28 d la Carta Magna Fe<leral que no con 1derara mo• nop lio ··1.1 ,.mi,i(,n de billc•Les por medio de uu olo Banco que ("UUlrolará 1 (,ohi rno Fed 'rar·. , ·'Por mi parl<" rousi<lero - maniíie-.1,1 d lic.n ·i~<lo h~nc,Lo Culií·rrez , Gom:áln.que ni I pud r l ·gislalI\o. 111 _1·\ r.jecuti,·o. tien.cn focnltadcs e~•~- tit11cionall'S para crear org~~I : mo • <l<'Tl'nlraliiado. por :Pn'lCHI, ) qu . fu~ra l!c_ algun 1:- ca, o. ,·on<-r1•t . \' ele P.:X • pciúu, como cJ 8 \ \ 1 IC , • \., ~a l ninrsitl.~J Autónoma rlí! , 1',dro ) algún otro, todo lo demas l'reado . ticn 11 una ,·icla i1u-ou ·lituciunal". I.uc~o ::-i 1a el "·cnlralizacii,n. aclm_ini:-lral~va Liend . a 1~ cr~~l"ÍÓn de ¡wr:,.ona. jurítliras l'Oll patnmm110 ¡,ro¡no para. la rcahzacl<'.JI il la:-. actid1lade. qur. -e lc rnwmi<•tu-frn. gozando tlc mcle!1c11den~·~•• l'll relación cou <•1 poclrr rnlra l. ·on <•1 eual no huarclan vmculac1011 alguna dl' j rarquía · ron,ideranc.lu. dl' ~,-ul'_rdo on lo supu to· anlrrinrc.·. de que no •:--;i. te prec-cpto con ·llllH·10!':'l alguno qm~ auto· Tice ., 11 creaci,ín , cxi!'-tí'ncia. no d1•br er ¡,crm1tHla la eamp~u1a, n ara!- ilc una mejt;r · má. fi 'Íenlr admini lraci.,n l'.úhli~a:_d . la~ · cent ralizaci1ín. in que ¡,r , iam •nl .,t. (' ngan a th. ·1011 lo. m;;. lrumcnto jurídico uec ario. para lograr la concrec1on de los pro- rcd10: funJameutal .- co11 iguadm, 1•11 la .unstitución. \o habrá orden, ni ._eguridad, cuando ~aliéndose del marco tle la facultar!•. xpre a~. lo 11rgano. del Pod r Público, µrincipalmcnle rl Lc~i. lalivo . el Ejecutirn, c-ontinúen creando organLmo~ de e nlralizado~. EJ. loabl • ¡,ropósilo de dt• pren<l r de la fí-rula d I Pod r Ej ~. c·u1 ÍYo una .t>rie ele acli\Ídade. . clrbe l'llCOnlrar apoyo l'n el lexlo c·rnLlitucional. ya que <le otra maneta pro¡,i<·iurá 1•! e,10 . . la anar<¡uía ) cle,e11drá una v nlad •rn aisi cuu:ilÍlucional q1w habrá de llr~ar. iuduclahlrnwutr. a la 1•-;fera <l • lo!" p.trtieulan· · ¡,ara <JUe Í>:tus realiC'etl a<'lo. . he<"ho. • sin . ujeccii'm a las norma. de rnmi• p 1:-ilo: nducenl<'- . . . . ... · . De otra _u •rl r.-.tamo..· con. mlu~ud , en v1r1ud <l la . •1ct1'iul.1cle tic la. auloridacle. y rganii;;mo. propul ore ~ la. •~eforma a<l• mini . trativa. con ha. e 11 la d cPntralizacíñn. la nolacwn a lo tlr- Don Rafa •1 Bi~l-a lambí ·11 _u.·L ntahn la idea de qur.: '•E11 nur tra opiniim la der-centra lizaci,ín aclmini:-t raliva inslilucional ;e mo I ttlli<"ren alguno ·• ( a í l ele ·imo ) u tirne rní1. e fü· litucional ) é to r . cvidenl~. pue para l nerla nu :ólo la on Litu- .o r. n. 0 r~~• no ,,•nc·u1. Hit>u pudría obscrvar,,,c PI ÍPnúmcno ac-tual. e11 el cual fn~11le a la e nc11lcaci1ín de la. r ~gla. fondamentalr • por parlt• ele fa.; aulori<ladl' • tenrmo: lo. 3<'L . de violencia. de prP ión de lo: parlindarcs, para ·on. eguir di' m111ella la aqui1•sen ·ia a lllla pt•lit i1íll o la l"Ollce ·ión dt" 1n libc·rlad d tlelrnido_ al udi<•n<lo a (1rdc11c. ,le :ipr1•he11i-,ir'm clic:tada por jue e t.:0mpelt'nlt'. . La violació11 cou.;;. tilucíoual autoritaria, f'TI!'ll nlra la re:p11e ta dPI partí ·ular <•u el i,wumplimicmto por parle• de 1~ te a la n•gla · d 1 j1l<'go c-orr(' ¡1ondi1•11lf' · a un verdadero orden jurídico. o ha ' qu ,h-idar pue. qu<" <le ac-ut•r<lo cou lo Pslalu ido por nut• Ira litul'i1ín, C"l . Í-tf'ma clr la administra ión pública e ,.J u~tl"ntado Pn lo prinripio. dr la c·c>11lralizaci1,n aclmini trati\-a. um Qu ha) qur acabar ron diC'ha ·t~ntralizac.ión. laro qut> prc-ci. a Y uq~e. pero n clrbemo. ¡wm1ilir ni con. r11tir la , iolacii",11 a La Co11 lilución. .\fort11narfament<'. lo .011sliluvf't1lf'.; del 17. <Tt'anm el mrca11i:--mo adecuailo <le r forma e nstit;1ciunal. pura <fU.C cuando la ,oluntad :ohc·ra11a d~I pueblo l <lecitliere. · alendim<lo a la ,·oudiione <le la fpor.a. a la ne('(• icl.ul<' • a,;piracimw;:. rlc., _e procecli .re a la modificación pacíffra <11' la r gla fumlameutal ·. sí conformf' al procedimiento de reforma con liLucional ¡,r\·· vi. to f'l1 el arlí ·ulo 13. de la Carla Magna f.rcl ral. deben e-,crilurar· la~ nu ,a. rt>glu qu ¡irrmitan qut .1 . i:-tema ,le la a<lmini tración pública . r reafü· por la admini~lrnciim e·ntralizada ]IM la admini lrarión tle. nlralízacla. o birn por una e mbina ·ii,n <le amha .. 111 �Cl,ESTlOi\ES CONSTITUCIONALES c10n hubiern debido hacer wia reserva expresa sino que también hubiera debido esLablecer expresamente el prncepto, aunque foere en w1a línea''. I~to en lo atinente a los organi mo descentralizados, pue en cuanto consideran a la de centralizacióu administrativa como delegación de iunciones atribuciones, inclependienmente de que su denominación correcta sería la desconcentración, tampoco se encu ntra apoyo constitucional alguno. Pretender ver eu la creación de wm administración Fiscal Regional, el principio de una ele centralización administrativa, es de conocer lo ~ principios de esta última. simismo, creer que la creación de coordinacioues, asesorías ) otorgamiento de mayores Iaculta<le a titulares de dependencias oficiales ele centralizar la función pública, es w1 craso error, y aun cuando ello Iuere correcto, tal ¡,ráclica constituye un vicio que trae como con ecueucia una grave violación a la Constitución. \l efecto el juri ta Rafael Biel a acota: "Lo absurdo es ercer que si el poder ejecutivo provee lo conducenle al ordenamiento y régimen de lo ·crvicio. públicos, puede optar por de centralizar o crear entidad . Tan ab urdo que ba ta con observar que :si no pue<l · crear w1 sólo empico, ante la terminante dispo ición, mc110 podrá crear órgano de centralizados con una erie de empleos, y mucho meno· aún per~ona de derecho::; públicos". En :\uevo León, se han creado puesto y empleos, con pretcn·ión de una 1·eforma administrativa ) hablándose de ejemplar para el resto d l país, con notoria v:iolación a la Constitución Local. De. centralizar la administración pública, de concentrar las funcione pública , no e el formar ni violar las normas Iundamentales. Nada de imvrovisaciones. Todo a base de análi i y correcta interpretaciones de la Con. tiLución y la Ley. Hay que utilizar también la terminología ad cuada. 'Una e la desco11ccntración y otra la de centralización, puc. "nada contribuye más a poner orden en lo concepto. que una te1minología cabal". Respetemos la Constitución y no deformemos u preciado y caro contenido. Ilágan. e las modificaciones que requiere el bienestar colectivo ) una n1('jor y eficiente admini !ración pública. o J .\COBO AYAL\. VILLARRE,\L COMENTARIOS SOBRE L.L\ LEY DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA _.\ l Jgiial Trato a To<lo ' lo Patrone . L .\ •.E\ L L\OISl"l'TIUI.E\TE:\'T~ l '\ TRTI.J~FO PUU LO CRA~ e ¡,atronc. • Borra Ja di tincibn Cflll' hacía la t"t ·, ' DE t~ • . . , , . ons 1 uc1on en.f l'.'111om . con ma,;; de c1er1 trabajadores Y palrone con mPno:.· . - patrones con 1os ,, 1trabaJadorc . . de se número , . "Anleno1mente, lllfü; te cien LrabaJadore. tenían la obligación de . . u trab · d . , d proporc10nar a .. -ªJ~ ore~ casas como ª·. e higiénica. cobrando ha la un me<ho p~1 ciento mcn. u.al dP-1 valor calasLraJ, por conc pto de renta. . Con la nueva Ley. los patrones ya no tienen obligaci, b b. l~:r10nal frent~. ~l trabajador. Cumplen entregando al ~~: <'Hmal de la \ 1v1encla el 5% sobre el alario de I d <'l F'~t· d . u emp ea o y es ª. 0 , travc, del Jn t1tuto del Fondo ~acional de fa ' _ 1 qudwn a. u~nc la oblig~~ión de permitir al trabajador ad;:fr , H ie11 a, mPdrnnte la fac11Jclades que la Le r·· L L · 1 d1· · y 11 ª· Fo:do ª t/·. ::U. e7 °i° obrf' ., . _!!:;1c1011 hngue rara eximir <l<' la aportación del 5% ano_, a o. palrone quf' " tuvieron cum¡,Hen<l 1 bl' anterior (artículo 136 de la Ley F ed era1 d e I Toraba con.Jo)_ a o l- n) C:u:Íl'1P_r_ ¡]p la \portación del 5%. La a¡,ortac1011 del '5mic ob re sal ario que hacen los parones, t Llr.. Ja<'Obo Aya/a Vill,irreal. egresado de la F'a-Oultad de u. A. N. L. B& lm1,a.rtlllo en ~s&e l>lnnte1 Y en las Ese Derecho Y Ciencias Social!ll'. las cátedras de Derecho del Tr.,ba.io Adml ! ·L ·J. uel11s_ Preparatorias de la Universtdad . n s rnc on Y Pinanzas ; Filosofía �CO'\IENTARIOS OBRE LA LEY DEL t0'\'00 X,\ClO:'\AL OE LA ''I\ IE, D.\ es propiamente un aumento del alario. ~s un ah~rro _que se <lepo ita en favor del trabajador. E te depó lto e aplicara, al men~s parcial menle ( en un cuarenta por ciento) ¡,ar~ _el pa~~o de la :1vienda del trabajador. En ca o de que no e ut1h~, a 1, el trabaJador O us beneficiario podrán reclamar la dcvoluc1on <le esto ahorro., 0 de la parte restante en cualqui r ev~nto. l.a obligación <l coiuituir e Los de1~ó 1lo. . genera 1. .La Ley 110 di timrue entre trabajadore~ que nece 1ten vnr1enda, y quienes no la n ce i~en O no de cen. Uniramenre exi_me ~ ~os empleados ~on sal arios a llos ( má::. de cliez veces el . alano nn_rr1:mo) a aque cuyo palrén ~ a le. e tuvier~- p~op~1 c1011ando vi~11endas,_ en lo~ ter: • .1 1a Le,mmos oc , anle1·,·or• - 1 1quiera s exc ptüa a qmenc ., a re cibieron el benefi io d ~ la Ley. ,º. C) Caráclcr Jm1,rocluctivo de lo Ahorro . Claramente <>stablece la Ley que lo. ahorros d~I lr~aj~dor e!' f'I Fondo no d... wngarán intcre,e . F lo nos J_)arf'cr rneq~tt!tn·o. !'..l Fondo \acional 1e la V1vienda operara haciendo m~He tito · a ~teré., tanto a c>mpresa. r,on. trucloras como a lo_ . nn mos trabaJaclorc, . . í e. o. ahorro: df" los trab&jadore e utilizan ¡>ara produ·ir intrrr "·. no f' explica por qur no reditúan int re e a _sus, due- • J.'J f 11 titulo. c:raúu ,lato dado a la pu.blici<lad, manc1ara tre, no~. . d ::- I ah . d mil millonc. de pesó. :muale que recibirá e o tr ªJª º:e~, o 1cipen 1arn Jo trahaj;iclore . ¿,Cómo e posible que é t~ no_ 1 . . 11 .1 1·m,·e11 tos? la J eY debe e: tablecer un mteres ÍIJO 11ara en r . . o re 11 - • • • • d 1F d esos ahorro<;. o bien una participación en las u_rrl_1da~~ e on • no Jo hace a í realiza una m1ust1c1a clara, mao am ba c.:-c,sa • • , 1 1F d xime 'Tu 1amporo e tablecr la Ley 1-1~ la __ ganancias de ~n o :e ,·iertan a fo_ trahajadore como bonif1cac1on en pag? de f1":anciamiento. 0 de alguna ol ra manera. i la Ley es~ableciera un ,sistema dt• rrndimirnl<K para los ahorros de los h·abaJadores, estana-. ademá., fomentando en ellos el 11ábito del ahorro. K ta ituaci6n es tanto más absurda, i toro.amo en ~uenta que la mima Ley d ja entrever que 1a may~ria de l~s traba1adores ~ ohl ndrán lo benefi io de la mi rna; y solo tendran derecho a la d ..... , o lución c1c ,u_ ahorros. de. pué d vario ;iños. Respe to d? esto_ Lrabajador('!'; no agraciado . el Fo~do hab1:a. operado un ennquec~miento . in cau. a. al regresar! · , . 111 benef1c10. 1os ahorros que utJlizó. r3:1: ?' 114 D) Tmprcci. ión de la Financiamiento. Í,<' \ n el Derecho dPI Trahajador al O\IEYfUUO SOBHE LA LEl DEL FO:'{DQ , ACIO, AL DE LA VIVIEND El arlíctdo 139 de la ley Federal del Trabajo establece que la Ley que ctl.'C el Jn titulo del Fondo acional de la Vivienda para los trahajadore fijará lo nrncedimientos y formas confor• me a los cuales lo trahaja<lores podrán adquirir en propiedad habitacionc r obtenPr los créditos para ese fin. Pero e<; l "ª-º que Ja Ley del In tituto del Fondo 1acional dr la \'iviencla para lo · Trabajadore no regula lo procedimienlo } forma. con forme a los cu.ales lo trabajadoTes podrán adqnirir en ¡,ropierlad hahitacione , y podrán también obtener los r.rf·di Io. corre, pondi<'ntes. l•,n e, te ~cnlirlo e mayor la reglamentación que hace la propia I ey Ft'deral de] Trabajo en us artículos del 141 al 150. La Le,· dd FonJo \ario11al de Ja Vivienda casi es omisa en este imporlmite a pecto. l'or principio de ruenta no dice- la Ley cuándo adquiere el lrabajador de1f'cl10 a ser financiado. Lógico ería suponer que e'-C' dcrerlw g<'n<>rara a partir de determinado número de col izacionc. o aportaciones. Pero no es así. l nicamente hahia Ia Ley ( artículo 45) de que los créditos \' finautiamirnto. . e harán co1Úorme a criterio que tomen dcbi<lameule en cuc-nta la equidad en la aplicación de lo mismos y su arlC'c·uada di. Lribucién entre la di tinta regiones y colectividades. E) Ja,.qwda,1 en el criterio para otorgar beneficios. La LeY ataca PI problema d Ja vivienda con criterio masivo_ Le interesa la con tmcción en serie y número de viviendas. o ha• hla de ron lrncciones individuales de casa . Habla de beneficio por re!=(imw · y colectividades. Dentro de este criterio, establece la Ley que ~e lomará en cnenta las posibilidades reale de llevar a cabo construcciones hahila<'ionales: el monto de las aportaciones a1 Fondo proveniente de la dfrer as regiones y localidades, y el número de trabajadore_ en <'Sru r gionei; localidades. _'i la. aportaciones se ]meen en forma indiviudal por cada trahaJador. ~ . r.gón un porcentaje fijo de su salario, ¿por qué ra• zón los beneficio dt>ben up ditarse a un criterio colectivo por reglOn o localidad? ,\demá , ¿por qui: se da prioridad a las colectividade, má numero a, y con má facilidades para proyectos masirn habitacional _? 1 To puede ser equitativo esta discriminación entre loralidade. má numerosas r specto de las menos numerosas y le la. má productivas respectivo de las menos productivas. llS �COMENTARIOS SOBRE LA LEY UEL FO.\DO ;'\ \LlU.\ '\L DE LA VI\ lENDA Los beneficios para el trabajador, según la Ley, no son indiviclualc-s. Los trabajador de núcleos pobres o de poca importanci~ económica, contribuirán al Fondo, pero nunca verán lo h nef1c10s. Falta n la Le), al lado del enfoque roa ivo, una olnción para ca o. individual . F) Dc1 ccho:-. por Sorteo ulrc Trabajadorc . Ahora bien, dentro de los núcleos de trabajadores no tliscriminado por la Ley, ¿qu' criterio sigue la Ley para seleccionar trabajadore beneficiado ? Dentro de ese crilerio por región o localidad, la Ley establece, como ba es fu1ica , la ¡,referencia a los trabajadore de bajo alario ( artículo 46) . ~o se explica por qw~ e ta di tinció~1, pues Jo trabaja<lorc. de mayor salario han aportado mayor cantidad d~ dinero al Tn Lituto, y pueden tener también ma}or nece idad de fi. nanciamiento. cría ensato excluir únicamente a quienes no Lc11 gan uece ·idad de Ü\ienda; pero e:xisticndo la mima necesidad, l,~gico e u poner que a ma} or depósito de aportacione , mayor derecho. ,í e ·en ato, como hace la Ley, considerar el número de miembro ele cada familia, pero indudahlement e deficiente la reglamentación c-n e le a. pee-lo. EstabJece la Ley que dentro de ca<la grupo de trabajadore en una da. iiicación emejante, i ha} ario con el mismo derecho, se a ignarán enlrc é to los crfcl-ilo indi\ idualc mediante un isLema d ~or•eo ante \ otario Público. Queda a deb r la Ler seguramente lo d ja para una reglamenlación posterior, la· clasificacione de trabajadores denlro de las que e efectuará 1 sorteo. ¿ erán Lrabajaclores de una mi ma empresa, de Yarias empre a cercanas u vecindad al proyecto habitacional, o el lOda la región dentro de la cual s encuenlra el proyecto? \o sc e'<plica. en but'na lógica , un ~istcma df' cla ificacionef; } orteos. Si lodo~ lo ' trabajadores a¡,orlan al Fondo. todos tienen el mismo dereeho. Podrá exigír~eles un mínimo de aportaciones al Fondo, pero clt• ninguna manera dejár, el al margrn del beneficio, y menos ¡ior mala suc>rte en <'1 ort o. C) El Ahorro en el Fondo es Forzow aún de. pué dr haber r<'ci · ido el Bt>ncf icio. 116 co,m ;'J'AHJOS SOBRE LA LEY DEL FONDO i"I \ClOXAL DE L\ YIYJENDA uando un trabajador r<'ciba financiamiento del Fondo l\a(·ional de la ivicnda e aplicará como pago inicial cld créclilo otorgado ólo el 40% del importe de los depósilo acumulados eu . u fa\or. ¿ Por qué el 10% y no el 100~'? \o parece inju to que d lra.hajador pague el 1% de interf:- anual sobre el 60ffo de .-:;11s ahorro. que tiene en poder <lel Instituto. De las aportacione. po tcriore al financiamiento, igualmente se aplica sólo el 40% a pago del crédito. y el 60% de la mismas e acumulan en el fo ti!uto sin Leneiicio para t'I trabajador. Es más, pagada la casa, el tr:ihajador ' Ígue con. titup•11<lo depó ito en el Fondo. de la misma rnaiwra. La Le} exime a lo jl::ttrone ' que cumplieron con la anterior, <lt> aportar al Fondo \at·ional de la rhienda. p •ro no c. ime a lo Trabajadore que ra obtuvieron el beneficio del Fondo , tienen )'agada . u ca a. J ~ segnir aporlanclo al Fondo. · u~y I1) Financiamiento d Empresa Con Lructora de \ i, í nda:. Dado 1 alague ma i o del problema que contempla la Le , erá la funcióu principal del TnsLiluto. pasando a segundo plano el financiamiento indi, idual dí' trnbajatlore~. el que . e convierte en simple corolario d aquel. ('I financiamiPnto de empresa con trnctoras de vivienda f) \inguna Garantía de Precio ' n:i Freno a la Especulación. La Ley no <licP nada ele precio , como no ea lo de recomendar que e oblcngan on juslicia ) cmdderan<lo las condiciones de mercado. \"i I Gobierno. ni el Fondo, ni el Patrón, tienen de acuerdo cun la Ley ninguna obligación de uh idiar ¡n-ecios en fa,or d lo lrabajadore . \i siqui rn lo patrones con más de cien traba jadore re nlLan ob1igados a ninguna prestación tendiente a abaratar las '\-Ívienda d u trabajadores. \ínguua di~po ición onticne la Ley que haga pensar en un freno a la e veculación de terreno • o de materiales de construcción. .:;cguramcnle las única venLaja que obtengan los trabajadores serán en forma de r('(lucción de imput' lo , pero nada ~e dice de precio ni de costo . _Total, el trabajador resentirá eguramente un mayor precio, en v-u;La de la exce iva demanda de terrenos y materiales que los proyecto , ma ivo. de , i\icn<la reportarán. u única venlaja será un Iinanóamirnlo al 4% anual. ) no al 8, al 10 o al 12. J ) Fuera del Comentario lo a pecto organizativo y económicos. J 17 �CO\(E, T\RIOS omu: L.\ LEf r>Ef I•OXDO '\CIO);AL or: LA YIYIEi\D.\ \o se han loca<lo en este comentario la organización d l In titulo como organil;mo '·tripartita•· ni la significación que en el campo de la c>conomía ti<'n el ataqu' al problema de la vivienda en la lorma que lo realiza la Ley. k) J> ropoo;;ic·ion<' EYER RDO F'LORE concrela~. 1.- Que los ahorro, de Lo trabajadores rindan un inleré . p,,dría di ·t ingu ir~ . para ese efecto. entre lo trabajadores con probl <'mas con Telos de \·ivicnda. ) aquello que no tienPu 1a e problema. 2.- Que lo,; trabajaclore , como Litulai-es del capital del F'ond,, \acional de la \ ivicnda, reciban diY-i<lendo por us aportacio11e-,. segfui la, ganancias del .Fondo. 3.- Q11c> la · utilidade del Foudo, en cuanto no ean pagadas a los trabajadore:-, e empleen en abaratar la adquisición de vivien- da. por é~LO • 1.- Que e frene la especulación de terrenos para vivienda obrei-a, fijánclolf's un precio tope, con hase a valor cata lral, peri·iaL t'lc .• etc. 5.- Que- además del ataque masi,ro por región y localidad, se habl <le 1m ataque individual permiliendo a cada trabajador obtener vivienda, dónde y cómo le plazca. utilizando el beneficio del f inanciamicnlo del Fondo. 6.- Que rcglamt'lllt' la LP) la forma y manera en que los trabajaclore · podrán ej rccr . u derecho, fijando el número de aportaóone · ) demás requisitos qu se exijan para ello. 7.- Lo. abono y pr cios de la habitacione deben calcular~(· 1'11 relación al salario del trabajador. Un trabajador que gane el cloblc que olro. deberá di poner de la mitad del tiempo para pa- gar -u ca. a. I .o ideal . erá que cada ca a cueste al trabajador un porcentaje de ~u salario al plazo de amortización. í un trabajador con salario suficiente pagará una ca a n un ciento por ciento de su valor. ) n rdaci6n a la reducción de salario, debe operar una bonificación en el precio. Lna legi. lación socialista debe in pirarse n PI e píritu de tratar a cada quien según u desigualdad. 8.- i e. ta Le}' entraña un beneficio igual a la exigencia constiluciona l anterior. deberá tomarse como has el seis por ciento anual obre el valor catastral de las viviendas para fijar el abono máximo que deba pagar el trabajador por ese beneficio. LEY PARA PROMOVER .. LA INVERSION MEXICANA Y REGULAR LA EXTRANJERA T E:\f HE CR-\:X l"',TF.Rl~ PHH "1/l':ESTRO DE '.1U_l'. no ocupa. Tlaef' 11na. cuanta. • emana RROLJ.O ES EL f' ta norma ha 1mtiado · u rigt~ncia. Dc~de · • hact" Liempo SC' bahía venido h"b]·,11do " « , en mu) dºf 1 eren1 f'... po, ic10ne:,, sobre e· tc particular --\.lguno critºc d l r·o · · · d . . . · • 1 an o e ante1, _r_.1,nc1¡nPnte_ cuerpo e chspo ic1one tendientes a controlar la in\c l~~~u exlran1era, que é la. lejo. de venir con ánimos de HO· mot:ron,. ha prcknJulo Pucanzarlo: a u. jnterc~es indivjdualel. . ., 0110_ , por ·;u. parle: han mamfe Lado que la inversión extranlP.l <'I_ ha_ ido OPtH' f1ca <lep.ndo u11 saldo positivo· pues lejo <l d . capi~ahzar al paL, ha ido dicaz medio ele colaboracio'n el he~1ro mtcruo , que lia i·c1 o .msu r·1cu•11Lc. ¡iara Iinanc1·a1·• 1 con e • . a oa f1º11 l t a 1nvers10nes < ; e so_,; ener una t~ a razonable de d sarrollo. iaí , ª,mhhHln : ha dicho que el inver ionista extranjero, en los 1 . ha que-dado con las ganancias . olroes 1 u ' ·C ·rsai rollado y no1 muco que 1ernos recibido son la experiencia . ' extr . . emhargo. creo que es~amos de acuerdo en que el ca ital an1e10 e un recurso muy importante a nivel . t . pl nue ¡ · ·, f , m ernac1ona • y "1 a mvPrs1on oranea encauzada idóncamc11te trae ben r· . . ra amba parte . e 1c1os pa- rª .,ii7 Ademá • recientemente también ha dicho "que la inversión foránea lia ido un juego ·in reglas. Y q u lo qu e imperativo, ----------Lic. Ever-.udo Flores Caol ú . e1ttcsado de la FaeuU,id de Derech V. A. N L. dond~ Impar te les cé.tedr:,, de nc~ecllo Flsc o Y Ciencias Sociales, duado d ~ la Unl~er,.Jded d e NUf'VB- y k al y Derecllo Banca rio. Es POSl!"l'aor , dom! llevó uo curso de De-recho Compnrado. �LE\ Pi\R.\ PN0\10\ .t<:H L \ t: \ E!lSlÓ'\ '.I EXlC \;:\ \ es del rmiuar una 11olítica al re P ·cto•·. . ., . Recientem nte obre el tema de la mvers1~n c:x.h·~t~Jera e ha · 1·lCallo que "lo cülercnles "eclores Ya lJll . . e han vemdo unificando, . . gnmik: rn"gO!' é,;toí' son lo ente-no. sobre la_ materia• . 1.- La in,cr.ión xtranjera en general bien encammada ayuda a La forma jón de a11ital, ¡nlC'de aumt-nlar la la a de de arroll ) por rnc.fo el hcuclirio gen ral. . . 2.- La función de la uwc:·jóu extranJ ·ra chr eta debe cmn. nacional · · · ·la ce,p l l azar · · la ·, . crear plrtar a la in,•e,s1ón ) no sn.titu~ . emprc::as 'llil' ·úp;uifiqueu 1111c';u cmpk:1::-. 11npulscn las exp~rtac_1~,ncs, m,,.jo~·cn la lccnología, 3:, uJ n al proceso _de de-;centrahzac1~1~1 indn.-;lrial, sP -financien 011 recursos e:x~cnor n~ ocupe:1, po~tÓi)J\l':- monopnlíst-ica;;, len~an efecto::- ¡,o:--1t1vo uob1 r rl nivel l' . ~ ~t 1·u lau.-1 <1r pi.,1t1uc lo::,. '. .."'11 ::,t7nJ l", 1·a I e a lla i:i"U ti a 1a l)O l • pn·c10: ti :, dt tle:-.arrolln 11arinnal. J.- E,i~ten nmpu o áreas que clcban. re Lringir::-' al inv~r:;ioni:ta p\.lranicro cuando a í convenga al b1 !1 general del _pm. • ~.- T.a invcr:-iún P\.lran_jC'ra e~ ,le.·,cutaJOSa y contraria ~~l progre. 0 ~e 11 rnl cuando . t' aplica a la <'ompra de empresa m x 1rnna:- , a P'lablt"eiJas. :in embargo. rl lcmu [umlamental. _Piedra augular ~l l_ problema. conj:-tc rn dctrrrninar ,-¡ es onH'Jlll'llh' el e tablecu~1_1enlo de un I•:_1a1ull !..<'gal 'ltH' fije la:,; ba:;c. g ncral s de o¡,erac1on de la im·cr-ión forán<·a en m11•_lro país. . . . r ahí r<'qada . u11a seri dr ch po. 1c10ne qu e lta];x.1·..11t.a 11 110 , t" . Llt-cen lo· rr<p1i. ilo, a que d hen :;ujc11u::-e _los r~x_lntnJeros C\1 _r~ ~c·iún ron ,_ 11 pro1,oreiún del cap-ilal rle la_ 1m-:e~ 1011c_. adqu1s1<:10n d inmueble::, et•.. e La. dispo·iciorn·· adnum.,Lraltvas en una o llo~ oea~ionc • han sirl de larada· por l.a ~nprrma . orle de !u · licia. com itwon Litu,·innalcs. n , irtud de haber_. _1do f>xped_1da durante ('[ p ~ríoclo dr la guerra. y al habf'r_e mocl1firac~o l~- • 1tuaC'Í<Ín tl l pais. rlfrha. norma han tl<'jadn ~e- tener aph ·ac10n. Por 01 ra parle. 1w exi Lía nin~una poli !lea clara c-11. cuan lo a ...1 • ., d e I·a b•''"' del,,~ r\.. 11rl:n.e el udernunacwll ,._ , l"'uenc-ral•·· , •"H' "' imrr ioni ·~a foriilw,. El Prf'. id•'' ¡e de la Rrpública l1a ~ll ·tmla 1o la te i me · 1ca11a qu . ,•(lu i te- l'll lo iguicnt · : . ··La im·r>isi.t'in extranif>rn no ,1c:be (le,plazar al c::qnlal, ~e l· cano. ino romplmwnt:wlo. a"ociá,al?-.e _ on fl u:mdo ea util~ ~ el capi1al r1exirano. ,~n todo ca o, clingn el encuentro_co: ~gac1· rlad . " ñorío y palrioti. mo. y encnnzarlo rara m ~erm~ai _la:s emRr r•ib;m0" 1,or ello ¡ireferenlem ntP a 111vers1on1 ta de del .1 120 prí'-ª~· .... - .. •· Y REGULAR LA EXTRA.1 JERA diYeNos µaíse~ que e tahlezcan, orientado por mexicanos, nuevas industrias. contr:ibn an a la incesaute evolución de la tecnología v fabriqu n artículo" destinados a la exportación que envieroo , tam~ién, a us propio. mercados". \nimado con esos propósitos el propio Ejecutivo Federal, a fine.s de Diciembrr> del año pasado, envió al Congreso de la Unión nn Proyecto de Ley denominado "LEY PARA PROMOVER L E,VERSIO. - ME\]C. y RECULAR LA Il\rvERSIO EXft TR t\ T.TER.\", q1.e Pn ínle~is se refiere a lo siguiente: En primer lngar define como inver. ión extranjera : a L- Las sociedades en las que exista una participación total o parcial de extranjeros en el capital de la misma. D . - La ociedade n que exi ta administración extranjera lotal o parcialmente. , e):- Las so6P-dade. en las que extranjero puedan adquirir algun l1po d ~ control o del manejo de la misma. .ontiene de manera general un catálo(J'o de ]as rama o actividade · en la que puede aceptarse en lo futuro la inver ión extranjera con bs ignientes suhdivi ione : a).- Rama~ rec;<'rvadas al Estado. h) . - Rama. que ,lebe11 tene1 10 'o de capital nacional. e).- Rama en la que se exige mayoría de capital nacional superior al 51%. d )_.- Las acti idades no comprendidas específicamente n la clasificación anterior, podrán participar ha ta un máximo d~ ~9% d capital extr:m jero .iemprn que no lenga por cualquier l1tulo la facultad de determmar J manejo de la empresa. e crea ~a C?mi ión. ~aeional de lnYersiones Extranjeras integrada µor siete Secretarios de Estado : Hacienda, Patrimonio Industria, Gobernación, Presidencia, Relaciones y Trabajo. ' _ . En _t:i omisión ~o se le dir participación alguna a la lnic1at1Va Pnvada. . <lema~ se le otorgan facultades extraordinarias y ~~reci.~nale n _..u,mlo qu~ puede variar los porcentajes de 1,arhcrµac1on del cap1tal extranJero a su juicio y fijar las condicio• nrs conforme se recibirá la inversión extranjera según lo juzgue conv ni nte. En otras palahras, _e le dan atribuciones de gran discrecionalidad y flexibilidad. . Re pecto ?e las en.pre as ya establecida en el país, la exlran Jera podran consen1 ar la posesión d sus acciones, aún en el ca. de q~e controlen. en el 100% pues en ese senlido la Ley no es retroactiva. T 121 �Y REGULAR LA EXTRA.' llJERA LEY PARA PROMOVER l l 11 VERSIÓ- MEXICA A e determina que las empresas ya e tablecidas en el país p sean poseídas por mexicanos o extranjeros requerirán autorización para contratar con extranjeros en los siguientes casos: . a).- Para la transmisión del 25% o más de las acciones. b) . - Para la transmisión del 49% o más de sus activos. c) . - Y para el arrendamiento de los activos fijos básicos o de la empre a en í. simismo se requerirá autorización para que extranjeros puedan adquirir facultades de control a través de contratos tales como fideicomisos, reportos, admini tración, etc. Para realizar cualquiera de las operacionc antes citadas se establece un derf!cho de preferencia en favor de inversionistas mexicanos mi mo que deberá jercerse n un témrino de 90 días y con posibilidad de prórroga de otros 90 días a solicitud de la parte intere ada. Podrán exi. tir caso. a iuicio de la Comí ión de Inversionistas E.-xtranjeros en que no se autoricen las operaciones en cuestión cuando se haya ejercido el derecho de preferencia a mexicanos. e e tablece un re!!:i tro de inversiones e inver ionistas extran• _icro en l que ~"' inscribirán todas las empre~a mexicanas que en lo trrmino de e ta Lev puedan tener inver ión extranjera. También todo lo contrato mediante los cual e logre controlar la de la Ley que van desde la nulidad de los acto o contratos hechos en contraver~ión a la mi ma, hasta pena corporales a prestanomempresa o ~u administración. Para que ea posible todo lo anterior se determina que las acciones propiedad de la empre as extranjeras sean nominativa . Lo título al -portador no podrán ser adquiridos por extranjeros in aprobación de la multicitada Comisión y en caso afirmativo se convertirán en nominativo . e dc~cribf'n ..anciones por la violación de la di po iciones br s. Para los efectos de esta Ley se considera inver ión extranjera la qt1e e realice por: l.- P rsonas morales extranjeras; Il.- Per onas físicas xtranjeras; III.- Tnidade económica extranjeras sin personalidad JU· rídica: V I .- Empresas mexicanas en las que participe mayoritaria122 mente capital extranjero o en las que los extranjeros tengan, por cualquier titulo, la facultad de determinar . el manejo de la empresa. . Se UJCta a la dispo iciones d €:Sta ley, la inversión extranJera que_ se realicP en el capital de !as empresas en la adquisición de los bienes y en la operaciones a que la propia ley se refiere". Algunos hrf'ves comentarios a <lidia disposiciones: De manera gf'n_eral, el inver ioni la extranjero ólo participará con el ~~~ del cap1La) de las empresas en México. Pero concede a la_ Com1 10n de lnv~rsi~ne . ~anje:as la facultad de resolver sobre el aumento o d1s~uc1on ~e dicho porcentaje, ohre la compra_ ~e empresa. mexicanas existentes, obre lo casos que deban rec1bu tratamiento e pecial, etc. L.ª, decision_ de la Comisión se ha arán en los efectos de la inver ion Extran1cra, evaluados según los criterios establecidos en ~ Ley que ºn:1~ramente expresados deben coincidir con los ob·etivo. · emh argo, Jno t bl de la . poht1ca df 1económica nacional . La . Ley Slll es a cce m e me a ponderación que la Comisión otor ará dº. cho elementos. g a 1 >\.dcmá la facultades de la omi.ión on muy amplias quedando en sobre direccio'n, compo'·1c10n ·, , dns Imano l la•,determinación . ) . c_uan ti a e .ª nv~r 10n Extrru11era. Esto en poca palabras si _ niúca que la. mver 1ó-n p_ro_v~niente del exlerior <:erá gobernada fo P_~r la Ley mo por lo JU1c1os y criterio m1e e tahlrzca 1 Co ·. s1on. '1' a nn Con idero u~ error el haber excluido del eno de la Comi' ald ector 1 pnvado. • • . pues éste puede deb contrihun·. a 1a ub'1cac_10n e fl. prmc1p10s y procedimientos que má con e e tunular o de alentar la importación Je capital extranje:!ª• para 1 Por_ ot:a parle. es preci o comentar obre el tema que nos ocupa os siguientes asp-ctos: . . I.- Con incro que el rtículo 24 va en contra de la dis o1c1one ~e Y General de ociedade. _1ercantiles, qu es~P.ce la ohhgac10n para fas empresas de que la acciones Lativa d 1 · 1 . represen. e capl!ª. '>~~ no1?mativas. pu s la norma u tantiva nfl hace mnguna d1stmc1on o limitación. A , I~.- También a[ecta el derecho de los ccionistas el texto del ;r:tíc,u ~ 26, que ohhga a_ las empresas a inscribirse en el Regisac1onal · t e1·igenc1a · de h de 1la 1Inver iones· Extran1·eras, "en la m qu d e_ -~ no ~cero as empresas no pagarán dividendos". Esta disP? 1c1on lesiona Jos derecho mencionados a la obtenci 'n d l d' videndo, atento a lo dispuesto por el Artículo 14 Consti: · eal IIII:- Además c;e viola la mfama norma constitucion:~nen. l e tablec1do por el Arlículo 27 que dice•. "Se. ran ' nu l o y en conse-t' ., 10~ la_! 123 �LEY P RA PRO~O ER LA l, '\ ERS[Ú •• :\1EX1CANA cu ncia no podrán hacerse valer ante ninguna autoridad, lo ac• to que se efectúen t"n contra ención a las dispo iciones de ta Ley, lo que debí nclo in cribirse en el Regi tro _•acional de Inver ion Exlranj ra , no e inscriban .... ". Esta disposición no tom1 en cuenta lo requisito para decretar la nulidad que eñala nuestra L gi lación Civil. PEDRO OJED P ·11AD D todo lo :ml rior podemos conduir: l.- ._ í e. nece 1:1ria una dispo ición legal que ba e~ gen ral II .- tablezca la a la que d be ujetarse 1a inver ión foránea. MENSAJE Es claro que la inversión xtranjera e conveniente para el paí· iemprt> , cuando sea complementaria a la nacional y cumpla con h.t ha fijadas. III.- onsidero impráctico el e tablecimienlo n la Ley de una Comi ión con facultade muy amplias que en un momento dado a 1a que d termine concr lamente 1 funcionamiento, op ración, te., d la inversión ·tranjera. [\'.on. id ro indi pen ahle la pre encia d L ector privado d ntro del . eno de la Comí ión, para qu sea utilizada adecuadamente, pues u última in. tancia, la iniciativa privada la má.:i afectada para .! ' Ociar ·e a la xtranj ra, por comp tir con ésta o n última in.-t:incia nc•gociar con ella. • n·,scurso . por el licenciado PPdro Ojeda Paupronuncwdo l~a. Procurador General de la República, el día 20 de .. lw de_ 197? en Monterrey. i\uevo león, en la ceremonia ':fe apadn!1-am~nto de la Generación dP 1bogados 1969-1973 de la l.,nwPrsidad 4utúnoma del Estado de uevo León. \ . - Faltt5 . tablecer una verdadera política de inver ióu extranj ra, que. aclare fa duda exi t nte en el pasado y qu e enuentran e~i. tiendo mi ntra todo quede a juicio d un crit rio so · tenido eu forma unilateral. n * * · eñor Rector de la [ ·niver idarl 1 .\'ueuo león; . utónoma del E.tado de \'l.- Dehr.rán ajustarse a der cho las diferente di po iciolegale que lesionan garantías de tercero . eñores catedráticos: , eñoras, señores; Compañeros universitarios: N 124 E _1' · 1 RE · ·mo HOY QUÍ P<\RA CELEBRAR LGO Q E lennma. L~ qu_~ no reune es algo que empieza. Más que . . de una rea hz~c10n. · trata <le una e peranza. Iá e fe!icitar a una genera 1ún d jó en que ha terminado sus e ~dios o que celebramo hoy e que una nueva promoción de abogado~ �MESA.JE MENSAJE inicie su vida profesional. La esperanza que nos une es muy simple: querríamos que se tratara de una generación que supiera, seriamente, que ser abogado es proponerse la Revolución como tarea. Hay, tal vez, muchas maneras distintas de ser profesional. Entre ellas interesa destacar si se ha llegado a serlo sólo como un medio para conseguir posiciones personales o se ha entendido, ya, que el poseer wi utulo es apenas una forma más de la responsabi- lidad y del servicio. Es fácil distinguir a unos de otros. Los primeros están prontos al convenio ilegal, al enjuague ) al cohecho. on también aque• llos que antes, decían dar voz a las demandas populares, pero no ocultaban en ellas más deseo de cambio que el necesario para conseguir su propio bienestar. Son los que creían que un país puede con truirse sjn má esfu erzo que el motín callejero, o ·l grito que no señala caminos y toca apenas la más obvia superficie de los pro• blemas nacionaJe~. on los mismos que, al recibir el título, ponen sus conocimientos al servicio de intereses extranacionales creyendo que la iguala o el cheque quincenal on justificación más que obrada para reinterprelar la ley en beneficio de quien paga. Son éstos lo que no querríamos que hubiera hoy aquí. Estamos entre adultos y no tendría sentido algWio intentardesmenlir la magnitud d lo ' probl emas que enírenlamo . Por cada joven que recibe instrucción superior tenemos más de treinta mexicano que no saben leer ni escribir. Sabemos que hay compatriotas que padec n hambre mientras otros se enriquecen desmedidamente. 'abemos que hay ciento de miles de manos ociosas en las ciudades y en el campo y que, todavía, crece más rápidamente el número de lo que hu can trabajo que el de las fuentes de empleo. abemos que no bastan las e cuelas, ni lo hospitales, ni las c1ínicas; que son nece arias más presas y más caminos; que requerimos de más viviendas y de más fábricas. Sería este un panorama desalentador y sombrío si no tuviéramos el método para superarlo. Si menciono algunos de nuestros problemas es sólo para repetir el reto que les espera y que ya deben haber aprendid : la e cuela de derecho que pierde contacto con la realidad del país que la sustenta, deja de ser escuela de derecho. Y no lo ería, tampoco, i sólo le hubiera enseñado las fórmulas jurídica y lo dejara ignorar los problemas ociales que con ellas se resuelven. ro tiene sentido e tudiar derecho si no se desea cambiar la realidad. El orden jurídico de un pais como el nuestro no es sólo 126 una suma de propósito comunes, o la más acabada expresión de i . la voluntad popular. Es, también el , d . todo y alcanzar mejores for dmelo o para revolucionarlo realidad cotidiana los ideale:as 1 e l a; ei5 ~l ~e?io para hacer ce a todos los seotores. Y ograr que a JUShcia social alcan- , af. Jo tenemos por qu ~ negar nuestro problemas M' tnamos que tenemos mu h bl . as aun: irseamos cambiar Sólo c o_s pro ;mas, porque es mucho lo que detemple ]a vida ¡ocial co¿lllloen ~ste egdoimilst~mente satisfecho, o con. l"d s OJOS a or ados por 1 . 1 f nvo I ad, no encontrará dificultades a n~eza o a lares que suoerar e 1 . _que encer o carencias popuc • r revo ucronano e 1 d d encontrar problemas que deman l l . , r o ver a eramente, es ~atisfecha v es sobre l d ean so uc1on en cada necesidad inarriesgada~ent~ lograr o, pr~ponerse homada, comprometida, Es in . ? go meJor para todos. adrrusible, en México ostentar 1 1·d d d er, a la vez, revolucionario y'] a ca I a e abogado sin dejó de er movimiento a . d o e:i porqu en 1917 la Revolución eión de la Repúhl. - rma o para _transformarse en la Constitul ., . ica. ue lro orden Jurídico , Yo uc10n puesta en marcha por el uebl es, a l pues, una Reme a derecho y exigir siem Jre u P , 0 • ctu~r e~ todo confor1 Revolución. ma plena ef1cac1a es hacer la :1 Hay jóvenes que creen todavfa . el de nue tra propÜl historia qn 1 ' ' s~~ a~en, er a las enseñanzas se empleando la violencia' L e ~ rea 1. a< solo puede modüicar• arrollo sólo e alcanza co;1 tr o c1eJto. Iln cmha~go, es qu el decoordinación en el esfu~r ~ en o, hy a creaCJ.ón requiere paz y todo lo contrario· Jo e zdo. 1 o rec azamos la crítica con esto · qu eseamos es q , • ' garada y llegue en verdad 1 , , d 1 ue esta trascienda la ala a ra1z e problem T b mos es e1 juicio que no sea , . . . ~- l..A.I que uscacamino, también semilla. umcamente mter1ecc1ón, sino también uf Somos un país pobre pero alenta 1 d ., con todo nuestro empeño mos a e ucac10n superior está la respuesta Está e:olrque ~ta~ods dconvencidos de que alú · as wnver 1 a es que t . sus mur~s, ino que proyectan hombres . no er?1-man en Esta en el profesional e no l . que ir:ven al prus. abrir la puerta de su consu{for• o v11a sush1deales juveniles al que sabe que estudiar y r w_ o u , ~pac o; en el e tudiante P eparai se sera 1emp e 1 , f. 1as prote~tas: en el funcionario . r a mas e icaz de tan sólo el servidor de Jo d , que no olvida nunca que es tan _ emas. . o se pue~e ser ahogado i se e tá conforme M , d , deJa de serlo si la inconfor .d d · as to av1a: se se logra una · ·, ,rn.i_ ª se apaga en el momento en que po 1c10n eeonomi O l · · . del litulo sólo e gana t'ca f ac mm~ trativ~. La legitimidad e es a con orme, mtran igentemente incon- si 127 �ME1 SAJE conforme a tal grado que 110 es po iblc el reposo ha La encontrar forme, con la inju ticia y los proLlema:,, no resueltos. Y se e tá inla solución, el camino justo, la r puesta. En uu pai u l que hay hombr s que 110 conocen siquiera las priru ras letras, recibir un titulo pr0Ies1011a.l es admitir la más alla re ponsabiliJa<l polilica. partir de ese momento se ha dajado de estar a solas, el destino que se le otorgue a la vida ya no pu <le r Lresultado únicamenle de la propia voluntad o de los deeos personale : se debe uno, poi· entero, a los demás. 1 unca r ulLa más cierta la afirmaciú11 de que to<lo hoJnbre e· una multitud p ro clifer •ni~ a lo· clemá ·, 4ue cuando e habla de prof ·iunal ~· Traiciona pue.. , a muchos hombr · 11 í mi.mo quien defi n<l al iuerte sólo porqu fuerte; o qui •n protege lo intcr - s de minoría acaudalada a costa de nuestro d arrollo o de nue ·tra obPranía. El ah ga<lo que crea que el ejercicio del der ho es una tarea d gahincle que puede vender sin cargo~ de conci ncia al m jor postor cuand hay bambre y de esperanµ n miles de me ·icano , no sól o ur e aún más nue tros problemas itJ11 que Lt·aiciona tarnl i ;n al hombre que p dría hab r sido. 1 alu lar a la nu va gen~r. ión dr ahogados d la niversiclad d · u vo León, lo hago e n la pl na seguridad de que han adquirido el firme prop' ·ilo d" enaltcc r u. título. nfi rmarán su grado porqu · s dolerán de la arencias Call\• pesin · sufrirán como propia toda inju Licia que se com ta en uu ohn·ro. ·erán abogado- al propugnar que el d r cho _ea el camino para qne nu slra R v ,lu ión llcgu má lcjo · > lo haga más de pri ·a. Honrarán el títul al poner por encima de u ne idadr · per onal la. del paí. enl r ~ y le exhorto a que diaria, deidida t.ercamcnlc parlicip •n n 1a on ·tru, ión de un paí en el qu no ha ·a opre. or ni rimidos, ~ino ólo un pueblo unido en la tarea de onvertir n realidad su más alto destino. M·\ -LEL l RIBE M. LA BIBLI TEC '' LI . J E JUAN VALLEJ " y U PROYECCION HACIA EL FUTURO Anlecrrlentr.~. L 1\ LllTILrOTF.C Lir.ultad d" D •U,. .1 . .¡ . JO Í; . \ALLE.JO, •\D CHIT,\ LA . , n iu } l uc1a oci I d la ·ni cr jdad \ u1011uma <le ue, uóu f . . . . 1 1 propio Lic. Vallr1·0 ., 1·a J 1 . ' cre~r a a la rnrciattva dd • • 11 ª 1 ac le cretan Bib] · l•:-.ruela de .furu,¡,ruc1 •ocia cld F I d I O -~ . JOlecano d la ·1rín ·1· i111C"ia,·ou .. , 1 1911 '.S ª ?· . "º· Lt.tbaJo para su cr u• ' por u ·npc ' 'bl' ) t"•lu1lianlt• d d r cho' l 1 . _.1 dion P~ ica ntr abogados ., d e e a cm11a se!Wll cou ·t . . r.10n I' 2') de marzo clel . t' a en comu111I I. ·• · n11 mo ano ic-io l,J. • l f' ,1c. I r mo lfo l. Dir clor n e a. f . 1 o. , ~1ra1 o por ,nherna,I r del E l"du • • . , ena de la cueJa, al · • " · • u maugurac1on )1 • ah l cl1· cwtubn• t)p I Ql ·· · 1eu · <lo n·tre t r d } ·E evol a Ie o P clia 19 ta Lic. Lizaro •. Villarreal. ª cue a notable juri ·o·c A . ~u l ?'.) l. siendo Di rector d la ah r f' tr>nc 1a.· ocia le>,.. 1 J • F el . p, a aculiad de D r cho y · · .. ic. t'n ° a z Flo · mm,• de la Junta Oir rliva clt> 1 . ' . . F ie.. por acuerdo unádn de imponerle el noml,re 'de a t'frnal dacultald se_ to_mó 1 a uer• 1 um ª ur a a h1hhoteca, hecho Blbl. 11.anuel Urtbe M.. diplomado en r 1Jn1ven1dad de las Am•rl¡,ua lnlen·lvos de BtbUoteron omJ a t'D la "" •~- es artu,\lmenteosDIcursos l ""'' echo > Cl~nchs Sor.'ale U • A. N L , y ,n rec t or de l., BtbllotH:i de la .,__ul ·' S. ~- tad dt' J>artam,,nto de B'lbllol<!cn asi cA d la " o~ a mlsmn Untverstd:,d ruc Jefe del p Jl.lbllot ~mo r Secclon d Doc ,... ec,, •·con.rnt-lo M•~-PT", adscrlui " la Facnllad d e umentos -s RemeTol.eca de la 131bllote<~~ de la uel~ ormal Superior del E e Econ001la, Es- a.'ltt-Or t. ·nfco de 19. ,;rvos de BlblloLN:.olo1ua de I U. A. N L . <t,,do Y Coordinador de los Cur.Ofi Intenbhot.c(-:nlos, A. e, St.ulón Nuevo Leo~ - } Pretaldtntc el<! la Asocl.M:lón M~xlcau de B1- 128 �C. r J,.A BIBUOTECA • LIC. JOSE JUAN Y,\LLEJO " que culminó con la develación de l~ plac~ ~~usiva, el l? de en4; ro de 1956 132 aniversario de la 1IDpart1c1on de la pnmera ca.techa de de,recho en Monterrey que profesó el r. Lic. Alejandro de Treviño y Guliérrez, el 19 de enero de 1824. Objeto. El papel fundamental de toda biblioteca es de_ ~arácter .educativo. El concepto de biblioteca como simple deposllo de libros debe ser abolido totalmente para dar cabida a un nuevo concepto dinámico de servicio y educación. Sus objetivos generales, comu• nes a Loda biblíoteca, deberán ser ampliados y complementados para el logro de los objetivos fundamentales de las instituciones de que formen parte, en tal virtud, nuestra biblioteca persigue los siguienles objetivos: 1.- Educación profesional en Derecho y Ciencias Sociales que le son afines. 2.- l nvestigación en materia jurídica. 3.- Difusión de los conocimientos jurídicos. Funciones. La función d la biblioteca y su programa de desarrollo deben definir e con arreglo a la misión de la Facultad, y en última instancia, de la propia Universidad. El programa de desa• rrollo deberá reflejar los medios para el logro de sus objetivos, teniendo en cuenta, principalmente, a tres grupos de personas in• teresadas: los usuarios de la biblioteca, el personal encargado de su funcionamiento y a quienes dirijan y financien su desarrollo. Concretamenle, sus funciones podremos enunciarlas, atendiendo a los principios señalados, de la siguiente manera: 1.- Integración con el plan educativo y de investigación de la Facultad. 2.- Provisión , mant-enimiento de materiales bibliográficos adecuados. 3.- Instrucción para el mejor uso de la biblioteca. 4.- Provisión y mantenimiento de local y equipo adecuado, y 5.- Cooperación interbihliotecaria. 130 Servicios. Acorde con el principio formulado al referimos a los objetivos de la BibliotPca, el servicio bibliotecario, principalmente el que se refiere directamente a los lectores, constituye el objeto primordial df'! naesLTa Biblioteca. William S. Dix, Director de la Biblioteca de la Universidad de Princeton, citado por Gclfand, 1 dice a este respecto que nel cri- Y SU PROYECCJÓ.' ITA.CIA EL FUTURO terio fun_damental de la eficacia de una biblioteca universitaria es su capacidad para entregar al lector el libro que éste desea y cuando lo _desea _( ... ) ; que ese es el principio fundamental del que se de,~1va casi Lodo l~ que hacemos o debíamos hacer en las bibliotecas . . _De _l~ antenor se dednct que el arreglo de los materia1:-s hibh?gráf1cos. ! el se~cio de orientación a los lectores conÍmes d~ mformacion y de m_ve_stiga~ión, son 1nclispensables, sin meuo:p_rectar ~os asp~ctos adnnmslrallvos, anles hien, conjugando armomea ~- s1slC'mattcalnente todos los factores para la consecución di: sus frne . l\tcndi~n~o a lo anleúormenle expuesto, nuestra biblioteca otrerP los ·1guientcs servicios para el mejor desempeño de sus func10ncs: 1.- Adminis~ación_: org~~izac!ón y ma:nejo de personal. 2.- Referencia: onentac1on bibliográfica auxilio general a lo lectore . ' . :3.-. ~~ler ción, adqui ición, encuaclernación y desecho <le maten ale. b1bhográiicos. . ~--. ?rganización de maleriale bibliográficos: Catalogación clas1heac1on y archivo. ' 5.- Circulación: préstamo de obra en la ala de Lectura a domicilio e interbihliotecario. 6.- Publicaciones. elecctón y adqui$ición de materiales bibliográficos. ~na de las tareas importantes de toda biblioteca lo constituye: s1~ ~ugar a _dudas, la selección y adquisición de materiales b"· hhográf1cos. seualada como uno de lo.s servicios de nuestra bihl" 1 teca. 0A partir de su creación, nuestra biblioteca ha venido inerement~do su ac_enro bibliográfico, contando en la actualidad con u_na cifra superior ! los 8,000 volúmenes y con más de 3,000 te• s1s _de grado. ~l numero de puhJicaciones periódicas, por lo que a l1tulos se refiere, es pequeño, no así el volumen de las mismas que pueden calcularse conservadoramente en 30 000 N b lo ante · t • · o o stante .d nor_men/ _expuesto, el número de libros en la biblioteca se c?ns1 era lmsu iciente para poder proporcionar un ef1·c1·ente ~a~~~ se~ Cn análisis de las estadísticas relativas a bihli t d versidades pequeñas, demuestra que no es posible esperar o ecas que e ulnios 131 �. L\ BlBT.IOTECA "'LIC. JOSE J-C-AN VALLEJO " Y ns ñanza reciban un apoyo eficaz por part_e d 1a programn <le e d l bihlioteca . i r ta con1iene meno de 50,000 \'olúmenes cm ac o~~menle seleccionaeh1.. Toda buena bib1ioteca debe aument_3: contJ• nuamenle su acervo bihliográfico, ex.i tiendo una _corre1ac1on enlre 1 núm ro de alumno~ y el volumen de las colecc10nes. La _ rnerican Library s ociatiou (AL\), en us ~' orma~ P~:n l,ihliotecas gen ra!Ps umver itarias, adoptada. por_ la A oc1a~10n Je füh!io'eca ios de fo titulo de En cñanza upenor e l1_1vesl~gacióu (ABIE.,I). aprobada por 1a mayor parte de la. umv~rs1tlade:, del país (f>nlre ellas Ja nuestra), e::lablec un c~lc~lo, basad? en obsenacione hecha c:obr" ,,1 de arrollo el~ 1~ b~~~JOteca um\Cr.ilaria~, para ('.tahlecer ln neccsidade. b1b~10~rahcas 1le ~n~a hibiiot<'ca. De aruerdo ron el mismo. nue. tra bibhoteca reque:·m_a un mínimo df' lOOJ)0O volúmenes, a efeclo d,· poder contnbu1r eficienlemen: al logro de . us objetirns funlbtn ntale• . Catalogación j Cla ificación. Toda la obras que figuran en nuestra bibliote~a . e •ncuentran catalogada .. y da_ificada de acuerd_o ~on lo IStemas ~eco• nwndaclos por la :\merir.an Library . s.ociahon ~A!~\) Y la l. f ibrnr of Congre s. adoptado para toda la. L1bhotPcas de n~rstra nivcr.idml. Il jRtema de clasifiración empleado es el _S1~tema Je Cla ifira<'ién decimal Dewcy, de '\lehin Dewey. que s1_ bien e-; cierto que adolece de alguno defecto , com1,it . con ven~aJ~ bre otros i tema t¡ue s fundamentan en lo llll.13:1;1s pnnM¡no. de orden práctico. Por lo que re:,pt>cta a c~Lalogac10n, ~º" h:.La· 1110 s fundamentalmente en el Anglo -Amencan Cataloimg rulf'._. Los encabezamiento de materia empleado .::;on los ele la C. - L1• bran of Congress y lo elaborados por la Cnión Panamericana, y fi;1almente, para la signatura topográfica empfoamo_ la· tabla:: <l,. autor de Cuuer- Sanborn. :º· Perspectirn. . Por lo anteriormente expue to, podemo:,; colcgu que ~o obstante lo logros obteni<los, nuestra biblioteca adofore de senas ~;· ficiPncia • ¡,rincipalment<' por lo qu re pecta a la rcglam nl..u·ton <le us seni<"iO. " a la carencia ele un pr .:.upne_lo adecuado que le 11ermita . ali fac r :u_ ne<'<>sidadcs má"- urgente en sus aspectos bibliográfico , de mobiliario . equipo. ele. . . .• .onsciente de cLte problema. la pr sente admm1s_1rac1_un ele la E. cuPla !'-r ha rr;nrado. conjuntamentt> con la ~ lesa DJrect1va de la . ociedad de .\lumno . a la olución inmediata ele esto. problemas. Por lo qur resprcla a su reglamenlació~,. _e ~st~n cla~oran<lo proyecto. a nivel general e interno de crv1c10 bibhotecano. a:-:í 0 132 U PROYECCIÓ_' HACIA EL FUT RO <:omo,_ políti~as- ge~e:al - <le eleccióu. adqui iciúo y desearle de malenale bibli?g_r~1cos. En el aspecto pre_upucstario, .e pretende resolver def1rnt1vament el proLlema mediaule la creación de un Fi~leicomiso. 1'.on aportación jni ·ial de . 1.000,000.00 ( 1 :MILLC \ DE P~ O 00/100 M. :\.), concedido por el ._r. Pre i<lenle ~e la Hepública, a través del on ejo \acional de Fomento E<luc·:t,~·o, ) C~) o producto de in ersióu que se hará en títulos de ren!t11e~to f1Jo._ se _tinar5. al acrercntamirnlo del acnvo bihliográL(O ü<' nue:c- 1 1 a h1bhoteca que e pretcncle transformar en un C:en1:-o de DocUin<'ntación e Información. . Par_alda1~1~nle al Fideicomiso, e ges! ionan donativos ron el 1,11:-;mo fm. hatHendo oht ,nido n•~ptw ·tas h,orablt•<;. t;·aducida rn 1 n rlonatirn I residencial. a lnnr <lcl Fondo de ullura Económi<'a. JJr>via "lf'cción efP,·lua<la por nue lra bihl.ioteca. consi ··tet1lf' <·n 8)1 ,olún~en?s corrf'q, mdi(~ntP a 766 tíh1lo. rlP. obra t>dita(la.~ por las ~1gnH'nte ca,.;a. editora : 1e EDITORUL F. C. E· CEMLA El Colegio de Méx. Siglo XXI Porrúa TOTAL: TITULO \'OL lfil\'E- 364 19 55 393 22 58 189 139 191 147 766 811 Lo anterior c~n ~ituye una ¡,art <le la !,elccci{,n bibliográfica :~aborada vor_/1 b1bho~eca, la cual ~·n u totalidad con~ta de aproximadamente ,::>.000 volumeneo:;. T.a c:1tada Plecci1í11 c·Lá ba ada fund~_mentalmente Pll bibliografía. preparadac: durante Ja administra1·1011 del _Di:. Art1:1"o alin_a Marlinez, y e trabajó principalmente "ºº _la Bd,lrograf1a sumaria <ÍP dereclw m<1xictmo. preparada por rl T!1 ·lltu_to d~ Di:-recho Comparado de la [ \ \..1. Por meclio de cuesL,_onano. d1 tribuido entre los 'aLcdráLico ele la Facultad s obtuneron ta_mhién valio as bibliografía para su cur. os. Finalmrntf', la • e1rcc1ón e comp~etó con una _serie de obra que aparecm f'll guia de derecho. catalogo. comerciale. de c<litore • etc .. relaliva~ a derec_ho _comparado y cxlranjero, fiscaL intrrnarionaL mercantil. con.t1Lu~10nal, agra~o? civil, administrativo. laboral, procesal peua1, t>t.c.. ~s1 como med1cma legal, filo. ofía, sociología metodología, lnslona del derecho, teoría del F..stado y criminología. Por otra parte. r.l Gobierno tlel E.lado ha contribuido nota- 13.'3 �LA BIBLIOTECA '~LIC. JOSÉ JUAN VALLEJO" blemenle al incremento del acervo bibliográfico de nucslra biblioteca mediante dos aportaciones imporlantes en libros: la primera, consistente en un donativo de 970 volúmenes, correspondientes a 721 títulos; y la segunda, una colección completa debidamcnle encuadernada del Diario Oficial de la Federación, a ¡>arlir de 1920 y los volúmenes correspondientes a la Sa. época del Semanario Judicial de la Federación. Merece especial mención el csíuerzo de la presente admini:-;tración para restaurar y encuadl!rnar aquellas obras de nuestra hi• blioleca en estado deplorable, habiendo sido sujetas a este lratamfrnto un total de 165 volúmenes. El progreso logrado en nuestra biblioteca es un buen índice de los resultados que pueden obtenerse mediante la conjugación de los csfuerzo1- <le las autoridades competentes, el personal capacitado y los lectores mismos que dehcn beneficiarse de esta activi,lad. No cabe eluda que este progreso ha) que atribuirlo al apoyo de la Dirección de la Escuela y al entusiasmo de todo el personal técnico y administrativo que se canaliza para dar servicio a los lectores, pero tiene, además, particular importancia. la confianza que depositen en estos esfuerzos los maestros y alumnos que vueden colaborar activamente señalando obras falLantes. consultando las existentes, y recomendando a sus compañeros de trabajo o estudio, la~ más importantes. Todos estos factores conjugados, aunados a un presupuesto adecuado y permanenle, serían indispensables para la ejecución dd Proyecto de convertir a nuestra biblioteca en un Centro de Documentación e In/ormación. y por qué no, en un futuro más lejano, en w1 Centro \acional de Documentación e fm.,estigación Jurídica, cumbre ele nuestros anhelos e ilusiones. NOTA 1ParJ~. OELFAND, M. A. La .. blbllote,as univcr,jtarias de los pMíses en vías de. desarrollo. Une.seo. 1968 11. 108. ��� Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Derecho Y Ciencias Sociales Año de publicación El año cuando se publico 1973 Volumen Volumen de la revista 1 Número Número de la revista 1 Mes de publicación Mes cuando se publicó Junio-Sepiembre Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Cuatrimestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1784899&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales, 1973, Vol 1, No 1, Junio-Septiembre Creator An entity primarily responsible for making the resource Flores Longoria, Samuel, 1934-, Director Subject The topic of the resource Derecho Derechos civiles Publicaciones periódicas Leyes Jurisdisprudencia Filosofía del derecho Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derechos y Ciencias Sociales Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Galván Ancira, David, Secretario de Redacción Salinas Quiroga, Genaro, Consejo Editorial Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/06/1973 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource tex/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2016547 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. San Nicolás de los Garza, N.L., (México) Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies. Universidad Autónoma de Nuevo León Rights Holder A person or organization owning or managing rights over the resource. El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores Derecho Constitucional Juicio criminal Ley del Fondo Nacional de la Vivienda Ley para promover la inversión mexicana Universidad abierta Universidad Internacional de la Paz https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/271/13584/DERECHO_Y_CIENCIAS_SOCIALES._1973-1974._Vol._1._No._2._Oct-Ene._0002016546.ocr.pdf f09a43781d35a20aa864c97eb834b549 PDF Text Text REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Capilla Alfonsina a;u¡,_. Un:112 DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ,NUEVO LEÓN 2 t iluia ���DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 2 �FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON DIRECTOR: Lic. Neftalí Garza Contreras. SUBDIRECTOR: Lic. Everardo Chapa Cantú. DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Revista .Cuatrimestral de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Cniversidad Autónoma de Nuevo León. SECRETARIO: Lic. David Galván Ancira. DECANO: Lic. G&naro Salina-~ Quiroga. VOL I DffiECTORIO DE LA RE.VISTA DIRECTOR: Lic. Samuel Flores Longoria. SECR:ETARIO DE REDACCION: Lic. David Galván Ancira. SECRETARIO DE CIRCULACION: Bibl. Manuel Uribe M. OCTUBRE-ENERO, 1973-74. NUM. 2 INDICE Reconocimiento I JESUS RAMONES SALDAÑA, Lo que viene dejando oirás el "Milagro Mexu:ano". 135 C4RLOS FRANCISCO CISNEROS RAMOS, Las Legislaturas de los Estados y los Diputados de Partido. 149 CONSEJO EDITORIAL: L/c. Genaro Salinas Quiroga, Lic. Neftalí Garza Contreras Lic. Everardo Chapa Cantú, Lic. Samuel Flores Longoria' Dr. Agustín Basave Fernández del Valle, Lic. Alberto Gar: cía Góme:z, Lic. Jorge Montemayor Sala:zar, Lic. Jesús Ra. mones Saldaña. La re$ons-abili.dad cm los artículos ¡publicados es exclusiva de sus autores. Las opiniones eJCiPresadas en la Revista son estrictam.ente personales y no asumen r-eSPOnsabilidad! por ellas la revista. la Fa. cu1tad de Derecho de la. U. A. N. L. o las instittueiones a las que estén asociados sus e,cpositores. Derecho y Ciencias Sociales aparece cuatrimestral.mente. No se devuelven originales aun cuando no se publiquen. JESúS ESPINOSA GARCIA, La función del Ministerio Públu:o en la ejecución de la pena. 157 AGUSTIN BASAVE, Existencialismo y estructuralismo en el ámbito del Dereclw. 175 JORGE V/LLEGAS, El derecho a la información. 195 ALBERTO GARCIA GOMEZ, ¿Qué es la paz? 209 MANUEL URIBE M., ¿Qué es la documentación? 215 Toda correspondencia debe dirigirse a: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Revista, Derecho y Ciendas Sociales Ciudad Universitaria, Monterrey, N. L., México. IMPRESO Y HECHO EN MEXICO PRINTED AND MADE IN MEXICO Edltol"lal Alfonso R<-1es Adolfo Prieto ote. 240'7 Monterrey, N. L. JES&S M. CANTU FRIAS, Dereclw de Correduría, La Hipoteca en el Derecho Instrumental Mercantil Mexu:ano 223 Reseña. CL Aniversario de la primer el Estado Libros recibidos �RECONOCIMIENTO A FACULTAD de Derecho y Ciencias Socia/,es de la Universidad Autónoma de Nuevo León expresa su reconocimiento al H. Patronato Universitario de nuestra Má,xima Casa de Estudios, por el valioso apoyo económico que le ha brindado para hacer posible la publicación de esta revista. Nuestro agradecimiento particular hacia el Presidente de esta H. Institución couniversitaria, señor D. Manuel L. Barragán, quien se ha distinguido siempre por su fructífera labor en beneficio de la tarea universitaria. L �JE.SUS RAMOl\TES SALDA~A LO QUE VIENE DEJANDO ATRAS EL «MILAGRO MEXICANO" N E~TOS LLTIMOS AÑOS HAY UN CONSTANTE PROPAGAR EN LAS E <liferentes fuentes informativas que se han extendido allen- de la frontera y que hablan de un "milagro mexicano" en el desarrollo económico. Sin embargo, no mencionan las injusticias que ha generado en las últimas dos décadas1. Tal parece que se ha atendido más a las cifras que se publican en ]os distintos anuarios o censos, que a pensar en qué forma se distribuye el valor bruto de la producción, ni quiénes son los beneficiarios de este desarrollo, ni, si este crecimiento se ha traducido en un mayor biene,tar social. Los datos del valor agregado nos dicen que México representa un mercado de 350 mil millones de pesos, cifra que supera a países industriales como: Bélgica, Noruega, Dinamarca y Suecia y es el mayor en la América Latina. ¿,Pero. cómo se ha generado este desarrollo? ¿,Cómo se explica este milagro? En primer término, hay un hecho irrevocable que ha venido a lograr un fuerte impulso al desarrollo y consiste en 1a acumulación de capital y acompañando a éste, el aumento de la capacidad productiva. En efecto, la concentración de capital Lic. Jesús Ramone• &Idalia, catedriUco de la Facultad de Derecho e Inveatilra-d or del Centro de Investl11::>clones Eco~mlcas de la Universidad Aut.ónomr. de NueYo León. �LO QUE VIENE DEJA..'\'DO ATRÁS 136 se ha venido elevando en algunos sectores de la actividad industrial, vgr. se estima que el capital industrial asciende a poco má-; de 85,000 millones de pesos, de los que aproximadamente el 65% corresponde al sector privado y el 35% a empresas públicasª. Por otra parte, el capital invertido en el comercio se estima en poco más de 32,000 míllones de pesos, de los que 28,778 (89.9%) corresponde al sector privado y el resto al sector público; no vamos a seguir husmeando la concentración de capital, pero sí podemos asegurar que la distribución es sumamente defectuosa3 • Esto ha creado un proceso de crecimiento desequilibrado, que provocó la situación de privilegio de algunas regiones y aceleró el rezago de aquellas en que habitan el grueso de la población marginada. El grueso de esta acumulación del capital es privado, y una sustancial parte corresponde a la industria y al comercio. El capital pClblico, por otro lado, es menos importante y tiende a con• finarse en sectores básicos como el petróleo, electricidad y algunas otras empresas que no pueden soportar los grupos privados por trabajar con déficit o con ganancias muy reducidas. Otra de las grandes desigualdades de esta acumulación de capital es que Ja mayor parte se reune en un grupo pequeño de enti<lades, así tenemos que un poco más del 35% del total, se concentra, desafortunadamente, en el D. F. y en otras entidades, que casi nunca pasan de 6 ó 7 (Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Chihuahua, y en menor escala Sonora, Tamaulipas y Baja California) . En otro estudio de la distribución geográfica de las actividades productivas, se indica que sólo en el Valle de México se concentra el cincuenta por ciento del capital invertido y 9 entidades, con la cuarta parte de la población, sólo reciben el 5% de la inversión indus• trial4• Lo anterior, aún con ser muy elocuente, no muestra el verdadero alcance de la concentración y centralización del capital. L:i realidad es que una gran proporción del capital y en general de la riqueza está en manos de una minoría insignificante de personas. Expresado en cifras, diremos que de los 48 millones de me• xicanos, cuya fuerza de trabajo se estima en 29.6 millones de hombres y mujeres, sólo hay 1,500 a 2,000 personas cuyos miembro~ son en realidad los grandes propietarios5• Muchos han sido los factores que han propiciado la aceleración del proceso de acumulación de capital a partir de 1940. Entre éstos conviene destacar una severa inflación de 1940 a 1955, EL "MILAGRO ).IEXICANO" en donde los precios experimentaron un rápido aumento que debe haber originado un fuerte traslado de ingresos de los sectores asalariados hacia aquellos que perciben utilidades y rentas de diversas clases. De 1955 a la fecha, los aumentos han sido más lentos, pero continúan contribuyendo para la acumulación de capital6. La política de bajos impuestos y bajos salarios, ha contribuido también a la formación de grandes fortunas. Los impuestos en México son de los más bajos en el mundo. El gobierno recauda por la vía fiscal, impuestos que no exceden del 25% al 40% de lo que países similares al nuestro o naciones industrializadas obtienen. El bajo nivel de salarios, es aún de mayor significación en el reparto de la riqueza. Al respecto se señala que el 42% de la población activa del país percibe ingresos inferiores a 500 pesos mensuales y poco más del 2% de la población activa, ingresos superiores a cinco mil pesos mensuales. De acuerdo con el Censo de 1970, el 48% de los trabajadores declaró tener ingresos inferiores al salario mínimo7• La excesiva protección de que tradicionalmente han disfrutado las industrias, el régimen de oligopolio en que operan, los subsidios y franquicias para su desarrollo, el uso de los servicios de energía y combustible a precios baratos, la construcción de obras de infraestructura creadas por la inversión pública, para beneficiar en su mayor parte a grupos pequeños y realmente privilegiados que se han acostumbrado a vivir del favor oficial. Una de las más graves injusticias que ha generado el "Milagro Mexicano" es la mala distribución del ingreso. Las informaciones más recientes destacan que el 90% de las familias urbanas tienen ingresos unitarios menores de 2,000 pesos, mientras que en el campo ese número aumenta hasta el 98%. Por otra parte, es revelador, encontrar que de la población económicamente activa ( el grupo que se encuentra trabajando) , el 72% recibía ingresos menores de 750 pesos mensuales en 19658 • Otro dato más impresionante es que, en el sector urbano, casi la mitad de la población "vive" con menos de 150 pesos mensuales percápita, lo que, tomando en cuenta el costo de la vida en las distintas ciudades, frecuentemente signüica un nivel de bienestar muy pobre. Una expresión más de esta situación es el hecho de que un 40% de las familias, en las más bajas escalas de ingreso ( menos de 1,000 pesos) percibían en 1960, el 11% del ingreso disponible; en tanto que, el 20% de la población, en los 137 �LO QUE YIENE DEJANDO ATRÁS 138 más altos estratos, percibía el 63% de dicho ingreso9• Ante esta situación, no es raro que una parte abundante de l~ población mantenga niveles muy pobres de consumo con una dieta muy raquítica constituida por granos y féculas como el maíz frijol, arroz y papas; alimentación que sólo suministra las calo: rías necesarias para permitir una vida de subsistencia. Las tendencias sobre la distribución del ingreso nos muestran que más que estarse mejorando, hay una tendencia a empeorar. Los hallazgos de los trabajos efectuados entre 1958 y 1964 confirman las siguientes tendencias, durante este período tan sól~ e~ 30% de las f~ilfas en los estratos superiores de ingresos re gistraron una meJona tanto absoluta como relativa, mientras el 70% restante deterioró su participación relativa, y de esta mayoría absoluta los que quedaron más rezagados son los que integran el 40% de la población con los niveles más bajos de ingreso, o sea, lo que puede denominarse con toda propiedad, clases pobres. Este grupo que participaba en 1950 con el 14.3% del -ingreso total pasó, en 1963, a participar con el 11.1%1º. El panorama para el área rural es más desalentador, si hacemos caso al hecho de que actualmente, en México, vive un fuert~ grupo de familias en condiciones miserables, que se puede estlmar en un poco más de 10 millones, los cuales tienen como ingreso per-cápita menos de 5 pesos diarios. Además, la desigualdad en el sec!or rural _no sóJo ~e ªfr~cia a través de los datos globales que exhiben una mequ1tat1va ues1gualdad en el ingreso. Se advierte incluso con mayor claridad cuando se comparan las condiciones concreta~ en que viven los grandes agricultores y los campesinos Y_ los pequenos productores. En muchas zonas de riego puede dec~rse que l~s campesino~ manejan de ordinario entre 4 y 25 hectareas de tierra de cultivo, en tanto que los medianos controlan de 100 a 150 y los grandes terratenientes más de 200 hectárea!" Y, a menudo, entre 400 a 500 y 3,000 hectáreas. Así pues, no es exagerado suponer, que los primeros obtienen utilidades anuales que oscilan entre 3,000 y un máximo de 20,000 pesos, los empresari~s m~di,anos ganan de 80,000 a 100,000 y los grandes de medio m1llon hasta 3 y 4 millones11• La estratificación del tipo de tenencia de la tierra es otro indicador que nos permite determinar las condiciones infrahumanas en que todavía se encuentra una gran parte de la población agrícola del país. Los Hamados predios de infrasuhsisteneia ( alrededor de 4 hectáreas), alcanzaron a producir 750 pesos anuales, EL "MILAGRO 1\-IEXICANO" en promedio, en 1960, lo que obliga al agricultor a ofrecer su fuer• za de trabajo para poder completar sus ingresos. Este grupo lo integra el 50% de los predios del país, que aportan sólo el 4% del total de la producción agrícola nacional. El grupo formado por los predios denominados subfamiliares (4 a 6 hectáreas) está integrado por los agricultores que produjeron entre 2,000 y 5,000 pesos en 1960, que significaron el 30% de los predios agrícolas y contribuyeron con el 17% de la producción. Los predios familiares (8 a 10 hectáreas) alcanzaron una producción de 5,000 a 25,000 que en promedio fue de 11,50(' pesos; representaron el 13% del total de predios y aportaron e1 25% de la producción total. Los predios multifamiliares grandes (más de 100 hectáreas) comprenden a los que produjeron más de 100,000 pesos anuales; sólo representaron el 0.5% del número de predios y participaron con el 32% de la producción. Uno de los signos más reveladores de este sacrificio que vie• nen sufriendo las clases obreras y campesinas ha sido, los bajos salarios. Hay muchas maneras de apreciar tal hecho: los salarios mínimos son del todo insuficientes para vivir decorosamente y no han sido capaz de elevar la capacidad de compra o el ingreso "real" del trabajador. Las condiciones de los trabajadores son desfavorables; en un estudio realizado para 1964 se llegó a la conclusión de que " ... durante los últimos cinco años ... un 31% de la población económicamente activa ( algo así como más de 3.300,000 personas) no experimentó ningún incremento en el nivel de sueldos y salarios, y un 50% (5.400,000 personas) sólo vio crecer el nivel de sus percepciones mensuales en 200 pesos12• Para continuar determinando la miseria que generan la obtención de salarios bajos, detengámonos a considerar la alimentación de la población mexicana. Por ejemplo, en San Luis Potosí ... el 58% come dos veces al día y el 42%, tres veces. Por la mañana, la dieta la constituyen frijoles con tortilla y café negro ( aun que no siempre), a medio día, sopa de arroz o de pasta de harina; ya en la noche, vuelven a tomar frijoles con tortilla. En algunas temporadas, la dieta la complementan con productos propios de la región, como nopales, flor de palma y otros. En un estudio más completo para la República Mexicana que se titula. la "Magnitud del hambre en México" se llega a la siguiente conclusión: "En el año de 1960, un 15% de la pobla- 139 �LO QUE VIENE DEJANDO ATRÁS ción (lo que equivale a 5 millones de personas) sufrió hambre. La desnutrición se provocó debido a que la dieta nacional tuvo déficit del 12% al 21% en número de calorías. Los bajos niveles d~ ingreso f_a~il.iar hicieron imposible que miles de familias pudieran adqumr los alimentos básicos13 • Por otra parte, los datos censales, nos señalan que entre la población urbana un 87% comía carne, pescado, leche y huevos y no comía ninguno de esos alimentos el 13%; entre la población rural, los comía el 49% del total y no los comía el 51%. Respecto a otro producto como el pan de trigo, sólo el 87% de la población urbana lo comía y el restante no lo probaba, en el área rural el 51 % no lo comía. Otro dato del marginalismo que se ha estado creando ent~e la población mexicana y muy especialmente entre el campesmado, es el uso de zapatos. La información censal para 1%0 destaca que el 84% de la población urbana usa zapatos y no los usa el 16%. Por lo que respecta a la población rural, el· 40% usa zapatos y no los usa el 60%. Expresados estos porcentajes en términos absolutos significa que en ese año había 4 millones de personas descalzas. En 1970 de 46.5 millones de habitantes de un año y más, 37.2 usaban zapatos ( 80%) 14• 140 Un fenómeno surgido de este llamado "milagro mexicano" que plantea serios problemas si no se le atiende con la rapidez requerida es, la educación. Se ha reconocido una influencia recíproca, pues el desarrollo arrastra en su avance a la educación. La ausencia de una preparación adecuada, de la población rural y urbana, a la larga, imposibilitaría nuevos avances en la economía y e]. e~tablecirniento . de una política encaminada a elevar la productividad de la mano de obra. Después de todos los esfuerzos para administrar la educación a todos los niveles, las cifras hablan de un desequilibrio en la educación elemental de la niñez en el campo; todavía son insuficientes los recursos para atender el acelerado aumento de niños cuya edad fluctúa entre los 6 y los 14 años. De acuerdo con el censo de 1960, entre la población urbana de más de 6 años, el 76% es alfabeta; en la rural sólo el 48% es alfabeta . mientras que en la población urbana sólo cuenta con un 24% de' analfabetas, la población rural alcanza un 52%. En 1970, la po• blación de 6 años y más (38.4 millones) había recibido educac1on el 65% y el resto era analfabeta ( 13.4 millones de habitantes) 15• EL "MILAGRO MEXICANO" Este es, a grandes razgos, el panorama sin entrar en detalle de análisis para los distintos niveles. Su problemática tiene una estrecha relación con la estructura de nuestro país en proceso de desarrollo ,- sus soluciones deberán estar acordes con una política de desarrollo en todos los campos, es decir, es necesario resolver este problema junto con todos los problemas sociales y económicos que vienen afectando al país. ¡Y qué podemos decir de nuestras relaciones económicas con el exterior! Las compras totales de México en el extranjero ascendieron en 1970 a 2,461 millones de dólares y las ventas totales sumaron 1,176 millones de dólares, lo que significó un déficit de 1,285 millones de dólares. Estos datos indican un desajuste del comercio exterior, en casi un 50% más con respecto a 1964. Si se considera la totalidad de la compra y venta de mercancía y servicios nos encontraríamos con un déficit de 909 millones de dólares. Si no conseguimos prestado, tendríamos que echar mano de las reservas y divisas (745 millones de dólares), lo que nos dejaría una deuda de 164 millones de dólares. ¡Con ello el peso mexicano se habría desplomado! Otro aspecto negativo del comercio externo, es que no hemos podido diversificar el mercado. En 1970, el 70% de las exportaciones se dirigieron a los Estados Unidos, y el 64% de las compras se realizaron en ese mismo país. Los avances en este sentido son muy reducidos, ya que la situación en 1970 es casi igual a la que prevalecía hace 35 años, pues en 1935 el 67.6% de las exportaciones iban a los Estados Unidos y el 65% de nuestras compras procedían de ese país18• Por otra parte, la deuda exterior ascendía a 2,915 mill~nes de dólares en 1969. Esta cifra revela un aumento de 1,106 millones de dólares en los últimos cinco años. Al elevarse la deuda exterior, han aumentado considerablemente los pagos de interés. En 1964, se pagaban 311 millones de dólares y en 1969 se duplicó con exceso, teniéndose que pagar 650 millones de dólares. C.Ontinuar haciendo mención de la magnitud de la miseria nos llevaría buen tiempo y para ello necesitamos emprender estudios serios cuyo propósito sea básicamente destacar los contrastes entre la riqueza y la miseria. Aún así, abundan los datos que ponen de relieve que la pobreza del mexicano ha dado lugar a este "Milagro Mexicano". Las propias cifras oficiales, con todo y ~us defectos, ofrecen una imagen en verdad desgarradora. C.Onclmre17 mos este cuadro de desigualdad con las siguientes cifras : 141 �LO QUE \'IENE DEJANDO ATRÁS Más de 1 millón de personas sólo hablan dialectos indígenas. Hay alrededor de 2 millones de campesinos sin tierra. Más de 3 millones de niños de 6 a 14 años que no reciben educación alguna. Cerca de 5 millones de mexicanos andan descalzos y aproximadamente 12.7 millones en general no usan zapatos. Hay más de 5 millones de familias cuyo ingreso mensual es inferior a mil pesos. Alrededor de 4 millones de viviendas y 24 millones de personas que en ellas viven, carecen de servicio de agua. Más de 8 millones que no comen carne, pescado, leche o huevos; y más de 10 millones que no comen pan. Cerca de 13 millones de analfabetas. 142 De acuerdo con lo anterior ¿ cuáles son las perspectivas para México dentro de los próximos 10 ó 15 años? Por lo pronto, el proceso de acumulación de capital no parece ofrecer pesrpectivas alentadoras. Para seguir impulsando el proceso de desarrollo, sería preciso llevar a cabo cambios profundos en la distribución del ingreso y en la estructura de la producción y la demanda, cosas un tanto difíciles a corto plazo. En los últimos años se ha visto que, el aumento del consumo tanto público como privado, ha sido probablemente lo que más contribuye a lograr una tasa aceptable de crecimiento del ingreso nacional. Pero una situación semejante, no puede sostenerse a largo plazo, porque a decir verdad, la capacidad de compra de las capas más amplias del pueblo está siendo frenada por el propio proceso de acumulación de capital y por una rígida política que hace que los sectores populares consuman mucho menos de lo que producen. Y el problema no se limita a las áreas urbanas y más adelantadas llamados «polos de desarrollo", sino tiende a ser mayor en las zonas rurales o económicamente atrasadas. El aumento sustancial de la capacidad de compra de los estratos que forman la gran mayoría ( clase media y baja), podría, sin duda, sobre todo a corto plazo, estimular la producción; mejorar la capacidad productiva, y la formación de capital. De no mantenerse una política de esta naturaleza, provocaría cada día más profundos desequilibrios en el reparto del ingreso, en la formación del mercado interno, en desajustes en la balanza de pagos y en todo el proceso de desarrollo. ¿ Y qué perspectivas parece ofrecer el sector externo, ésto EL "MILAGRO MEXICANO" es, el comercio exterior, el turismo y las inversiones extranjeras? Por lo que hace a las exportaciones, aún suponi~n?o que se ma~tm iera más o menos como hasta ahora, no es fac1l que el coeficiente de exportación aumente y menos, con celeridad que pudiera dar un nuevo impulso al desarrollo. Por lo que respecta a las inYersiones extranjeras, el peso de las mismas serán en nuestra . " execonomía cada vez mayor y eInamado "Milagro Mex1cano presará más y más la dependencia del extranjero. . ., El desarrollo del país seguirá provocando una eID1grac101;1 co.~stante de la población rural a los centro~ .urbanos o la constlt~cion de nuevos centros urbanos, con el sigmf1cado y las repercusiones que estos hechos tienen en los niveles de vida. La proporción de la población rural va disminuyendo paulatinamente -<le 8~ en 1940 a 58% en 1970-- mientras aumenta en forma correlativa la proporción de la población urbana. ~rancies grupos .de campesinos tienen la esperanza de salvarse emigrando a las cmdades, con lo que las diferencias del ingreso y de los niveles de vida entre la ciudad y el campo se convierten en saltos atractivos de un "status" inferior a uno superior. Esto ha motivado que algunos economistas aseguren que el problema en el futuro no será el campo, sino la ciudad y como ejemplo tenemos a la ciudad de México, D. F., Monterrey y otras; que ya están sufriendo los rigores de la concentración poblacional. Respecto al probable comportamiento de la agric~ltura y ganadería sería irreal pensar que no se desarrollara; sm embargo, existen 'bases para prever que seguiremos teniendo u~a ag~icultura autosuíiciente y una actividad ganadera que contmuara ,manteniéndose por abajo de sus posibilidades de mercado. Ademas,, el problema agrícola, en la próxima década, no se encuentra solo en el 1ado de la producción, está inscrito en el problema general del país <le lograr una mejor distribución d~~ ingr~so, que se presenta particularmente grave entre la poblac1on . a~ncola: Y a habíamos señalado que existe en el campo un numero importante que disponen sólo de un cuarto, ~e medio o de una h~ectárea. Ante esta situación, ¿ cómo es posible que estas pequenas áreas den empleo durante todo el año y que además éste sea remunerativo? En este caso, la solución no se encuentra en el ámbito de la técnica, sino en la de impulsar un sistema de explotación colectiva, ajena a consideraciones ideológicas y con un propósito de una mejoría permanente. Las tendencias y perspectivas de la distribución del ingre- 143 �LO QUE VIENE DEJANDO ATRÁS so en México, también mencionado en líneas anteriores, conduce a comprobar, una vez más, la ausencia de factores correctivos automáticos que aseguren un mayor bienestar social. Por el contrario, todo parece indicar el predominio de fuerzas que llevan a la concentración en grupos muy restringidos, creando grandes obstáculos a la integración democrática de la nación y amenazando por dividir al país entre los grupos que tienen acceso a los bienes y servicios de la "sociedad de consumo" y aquellos que no tienen posibilidad. Habrá quienes piensen que las desigualdades extremas son necesarias y hasta convenientes desde el punto de vista de la eficiencia económica. Pero la eficiencia sólo es útil en la medida en que conduce al bienestar social. Otra manera de apreciar los problemas que se están generando en nuestra economía es que ha sido incapaz de generar el número suficiente de empleos para aliviar Ja presión demográfica que experimenla el área urbana y rural. La industria y otros sec tores secundarios han crecido a tasas elevadas, pero su contribu~ión a la absorción de la mano de obra ha sido sensiblemente menor. I' 144 Todo indica, que el suhempleo de la mano de obra se ha agravado en las últimas décadas y que las tendencias para el fu. turo inmediato anuncian un deterioro de la situación debido a la aceleración de la expansión demográfica y al comienzo de una fase de desarrollo que exige, ante todo, la tecnificación y el fomento de industrias de alta densidad de capital. Un país como México, con una expansión demográfica que hará pasar la población de 47 a 72 millones de habitantes entre 1968 y 1980, difícilmente puede dejar de experimentar fuertes tensiones en el mercado de trabajo, sobre todo si se tienen en cuenta los desplazamientos dinámicos de mano de obra que implica la actual tecnología. Dicho de una manera más precisa, el contihgente de trabajadores desempleados o subocupados se incrementaría con respecto a los niveles presentes en poco más de 4 mi11 ones de personas al comienzo de los años ochenta18• La mayor carga social recaería desde luego en los campe~ sinos y los trabajadores no calificados. Cualquiera que sea el caso, los desajustes en el mercado de trabajo pueden originar poderosas fuerzas opuestas a la difusión de los beneficios de este "Milagro Mexicano"; a la par que tensiones sociales de consideración. En lo que respecta a un sistema fiscal más racional y equi- EL "MILAGRO MEXICA.."-rO" tativo se abrigan pocas esperanzas, ya que después de muchos años de andar pregonando la reforma fiscal, lo que se ha hecho, no afecta a los grupos de altos ingresos, sino que recaen sobre los grupos de ingresos fijos. En nuestro país, la tasa de impuestos sobre los altos ingresos derivados . de las ~ctividad_es comerciales, financieras y seguros son muy ba1as. El sistema f1_scal es injusto porque grava más al ingreso proveniente del trabaJo que a la propiedad de capital19• Los éxitos logrados no deben ser objeto de veneración, ni de engaño de que la estamos pasando muy bien, o como dice un "sloogan" publicitario: "Como México no hay Dos". Lo logrado representa éxitos parciales en un conjunto de países subdesarrollados, pero que no ha terminado en términos generales con la estructura de la dependencia y la dinámica de la desigualdad y que sólo permite dar un paso hacia adelante, aunque atrás deja un saldo enorme de hombres en la miseria. Desafortunadamente, no existe un plan a corto ni a largo plazo que corresponda a una nueva estrategia. Tal parece, por las informaciones censales que hasta ahora se han dado a conocer, que lejos de exhibir una modificación a fondo, la política económica, parece más bien reafirmada, pues es perfectamente comprensible que no hay nada nuevo por delante. Todo lo realizado por el gobierno en materia de política económica, es limitarse esencialmente a las llamadas obras de infraestructura y crear alicientes al capital privado nacional y extranjero. El resto de lo que efectúa, corresponde más a actos de caridad social que de justicia social y desarrollo, lo que se confirma con las obras meramente asistenciales como guarderías, institutos de protección, etc., instituciones que no corrigen la situación global o estructural de la población marginada. Las perspectivas de que se mantenga la situación es un hecho. La desigualdad continuará, así, en el exterior y el interior del país, habrá escasa difusión de los beneficios del crecimiento; desequilibrios en la balanza comercial; impulso de las inversiones extranjeras, etc. No quiero decir con ésto que permanecerá la situación por mucho tiempo o que no hay por delante posibilidades de cambio. De ninguna manera. Tarde o temprano los intf'• reses del pueblo acabarán por imponerse, ¿pero hasta cuándo? Sin embargo, me pregunto ¿está realmente descontento eJ pueblo?, sólo de vez en cuando afloran problemas que ponen en 145 ��19. lfigenia M. de Navarrete. "La naturaleza de la reforma fiscal" Comercio Exterior, México, Marzo de 1962. ' 20. Es sabido que pocos analistas previeron la escasez de diversos pr~uctos en 1971 y los persistentes cambios en los precios que originaron nuevos rumbos en la economía nacional. CARLOS FRANCISCO CISNEROS RAMOS LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS Y LOS DIPUTADOS DE PARTIDO "El derecho a participar en la vida política, a formar parte de los órganos de naturf!,leza política, el derecho a discrepar entraña medios o formas concretas de in• tegrar la voluntad política del Estado. Quienes discrepan deben tener conciencia que participan indirectamente en el proceso formador de las decisiones po• líticas". Luis A. Ló¡pez Esouitia. L OS ESTADOS MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN Q U E D A R O N erigidos a partir de la Constitución de 1824. En lo referente a Xuevo León nos encontramos r.,., n el Decreto Fedc-ral \'o. 45 expedido por el Soberano Congreso Constituyente, con fecha siete de mayo de mil ochocientos veinticuatro, donde en el artículo primero se lee: "Nuevo León será en lo sucesivo un Es- 148 Lic. Carlos Francisco Olsneros Ramos. cal.e<!r:l.Uco UJ)iVersit ario, aboeado POStulante Y editorlall3ta de El Porvenir. �• L\S I.EGISI.ATlJRi\S DE LOS ESTAOOS Y LOS DIPUTADOS DE PARTIDO 150 lado de la Federación Mexicana, y para la elección de los Diputados de su Congreso, se obst'rvará la convocatoria expedida en 8 del último enero". A ciento cincuenta años del establecimiento del sistema federa I en nuestro país, conviene, en forma somera, dar la idea conducente acerca del mismo, surgido en forma diversa a su antecesor de los Estados Unidos de Norteamérica, pues mientras en {-str, las entidades preexistían y al unirse celebraron el pacto federal otorgando al Estado en general, creado, todas las facultades expresamente señaladas en el texto fundamental, para reservarse todo lo no previsto; mientras que la Federación :\1exicana. dícese, por imitación, estableció a los Estados miembros, con la misma disposición contenida en la Constitución vigente de que tocio aquello que no se encuentre explícitamente determinado para los órganos del Poder Público Federal se entiende reservado a los de las entidades federativas. De esa manera los Estados miembros de la Federación, gozan ele autonomía, tienen facultades para darse su propia ConstillÍción, observando las limitaciones que la propia Constitución Ft>drral les señala, máxime que ésta en su artículo 41 expresamente preceptúa que las Constituciones locales '·rn ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal". ,\ esa autonomía el maestro Felipe Tena Ramírez la ha catalogado como "el elemento esencial que configura a un Estado Miembro", agregando: "La doctrina suele dar el nombre de "autonomía" a la competencia de que gozan los Estados--miembros para darse sus propias normas, culminantemente su Constitución. Trátase ele di&tinguir así dicha competencia de la "soberanía", que. aunque también se expresa en el acto de darse una Constitución, se diferencia de aque1la por un dato de señaladísima importancia. En efecto, mientras la soberanía consiste, según hemos visto, en la autodeterminación plena, nunca dirigida por determinantes jurídicos extrínsicos a la voluntad del soberano, en cambio la autonomía presupone al mismo tiempo una zona de autodeterminación, •1ue es lo propiamente autónomo, y un conjunto de limitaciones y <lf'terminaciones jurídicas cxtrínsicas, que es lo heterónomo. La zona de determinación es impuesta a las Constituciones locales por la Constitución Federal". Así, en cuanto a su organización, los Estados-miembros, adoptan también la clásica teoría de la división de poderes. El Poder Público de cada uno de los Thtados, se divide, para su ejercicio, tres órganos, a sabrr: Legislativo. Ejecutivo y Judicial. Sin embargo, para los efec;tos de esa organización. los Estados-miembros no tienen soberanía. Gozan, solamente, de autonomía, da<la!- las limitaciones impuestas por el texto federal. "La or• ganización político-constitucional de los E::.tados --expresa el Lic. Ignacio Burgoa- debe ceñirse a las bases generales que se consignan en el artículo 115 de la Const1tucion Feclcr&!. Este sometimiento implica que el poder norml:llÍrn df' ias enti,'::ides frdrrativas no es soberano, pues e:1 su ejercicio, q1.te desemboca en la <·n•ación de sus respretivas leyes fundamentales, o f'n sus re-formas o adiciones, no se pueden desconocer ni transgredir tales bases·•. El mismo maestro en su obra Derecho Constitucional Mexicano. al lia<:er referencia a las bases mencionadas dice que son las qur .. roncil'rnen a la forma de gobierno de los Estados, que deb,·rá ;;rr n:·publicana, representativa y popular; a su división territorial y organización política y administrativa, traducida en el r«~gimen munie;ipal; al período ele gobierno de los ejecutivos locall's que 110 <leherá exct>der de seis años; a la elf'cción de los gohf'rnadores r de los miembros de las legislaturas locales, que deberá !'<'r directa; a la no reelección absoluta de los gobernadores cuyo origen sea la clrc-ción popular ordinaria o extraordinaria: a la no reelección relatirn de los mismos funcionarios, cuando haya11 tenido el carácter ele sustituto constitucional, interino o provisional. para C'I período inmediato; a los requisitos exigidos para sc-r gobernador con:;tilucional de un Estado, consistentes en ser mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no m<·nor ele cinro años inmediatamente anteriores al día de la elección: a la pr ¡,orcionalidacl del número de diputados de las legislaturas locales en relación al de los hahilanlrs de cada Estado: a 1 número mínimo de individuos integrantes de dichos órganos legislati\'Os ( siete, nueYe y once en sus respectivos medios) y a la irreelcgihilitlad Je dichos diputados para el período inmediato". Además, en la misma Constitución Política de los F...stado~ Cnidos Mexicanos encontramos en los artículos 117 y 118 las llamadas prohibiciones absolutas y relativas para los Estados miembros dt> la Federación. Con estas ideas y las relativas a los sistemas electorales existentes, los llamados mayoritario y de representación minoritaria, considerado el primero como "fundamental en una democracia. La mayoría de sufragios emitidos en una elección, a favor de tai en 0 151 �• LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS ',, 152 o cual candidato ofrece al que obtenga esta cifra la oportunidad de ser electo para el desempeño de una función pública detenninada" y •'los sistemas de representación minoritaria nacieron debido al anhelo dcmocratizante de que hubiera una coincidencia lo más exacta posible entre el número de votos emitidos y el número de escaños señalados por la ley para determinada circunscrip• ción territorial", como el régimen de Diputados de Partido introducido en la Constitucíón Federal y la interpretación histórica y auténtica, de los postulados relativos a la elección de los componentes de los Congresos locales; esbozaremos nuestras ideas sobre la necesidad de adicionar el artículo llS de la Carta Mag• na Federal para la debida procedencia de la reforma correspondiente a la formación de Diputados de Partido en las Legislaturas de los Estados. Co~o es conocido, en el año de mil novecientos sesenta y dos, se produ1eron las reformas constitucionales que introdujeron el sistema de los Diputados de Partido para dar oportunidad a las min~nias para estar representadas en el Congreso Federal, señalándose en la iniciativa: "Por otra parte, debe buscarse que el sistema de protección a las minorías, dándoles una legítima representación en el Congreso, permita una oposición organizada que no solamente se concrete a hacer labor de crítica, sino que, además, el número de miembros con que cuente, pueda formar equipos de trabajo y esté en capacidad de formular proyectos que sirvan para el mejor gobierno del país". Al efecto, se estatuyó en la primera parte del artículo 54 de la Constitución del País: "La elección de diputados será directa, con sujección a lo dispuesto por el artículo 52 y se com• plernentará, además, con diputados de partido, apegándose en ambos casos, a lo que disponga la ley electoral, y en d segundo, a las reglas siguientes: . . . ". En la misma iniciativa se dejó asentado de que se trataba de un sistema mixto. Y, al efecto, por nuestra parte seguimos la opinión del señor Lic. Antonio García Orozco, cuando asienta: "La ley también incluye otro elemento al definir a nuestro sistema como mayoritario: Los diputados de partido. F.sta modalidad que ha sido ya comentada por varios autores, no significa que nuestro sistema haya devenido en un sistema mixto". &to es cierto porque los sistemas electorales mixtos que al decir de Maurice Duverger, serían los '•medio-proporcionales, medio-mayoritarios", como en los ejemplos que cita en relación al Y LOS DIPUTADOS DE PARTIDO sistema alemán de la República de Bonn, y al sistema francés de la Ley de 9 de mayo de 1951, no se presentan con la modalidad de los Diputados de Partido implantada en México. Por su parte el señor licenciado Mario Mova Palencia sostiene: "La elección de ambos tipos de diputados -·-se refiere a los de elección popular y a los llamados •'de partido"- es directa, pero se consuma mediante diferentes tipos de cómputo. En el caso de los diputados por mayoría, el cómputo se hace exclusivamente a nivel disLrital; en el caso de diputados de partido, el cómputo se realiza dentro del plan nacional para determinar si los partidos tienen derecho a acreditarlos y en qué número, y el orden de acreditamiento de los candidatos se hace también comparando la votación obtenida para cada uno de los candidatos con las de sus compañeros de partido". En principio no estamos de acuerdo en que en ambos casos la elección sea directa. Solamente en el primero el ciudadano elector, por mayoría, es el que determina qué candidato es quien debe ocupar la curul correspondiente. En el caso de los Diputados de Partido, al introducirse la facultad para la organización política correspondiente para acreditar a los diputados respectivos al obtenerse el porcentaje de la votación total respectiva, se observa un elemento distorsionador de la voluntad directa para dejar el paso a un tercer factor: Partido Político, que en nuestra modesta opinión, en ese aspecto, convierte la elección en indirecta. Tan es así que en la discusión de la iniciativa correspondiente el Diputado Jesús Reyes Heroles decía: "Por ello, haciendo adaptaciones se suplementa nuestro sistema de soberanía popular, de mayorías y minorías, a las que no les faltan los vínculos dt> una nacionalidad y cuyas discrepancias son ideológicas y de intereses, con una forma que facilita la corresponsabilidad de las minorías". Es cierto, el sistema de Diputados de Partido, suplementa, es decir, complementa, al cumplirse con las reglas constitucionales y legales correspondientes, a los Diputados de elección directa, mayoritaria. El mismo texto del artículo 54 Constitucional, habla de elección directa complementada con ese nuevo sistema, muy peculiar y propio de México, de los Diputados de Partido. Antes de ese sistema, excluyendo las fórmulas de elección indirecta, en la sesión del Congreso Constituyente de Querétaro, el día tres de enero de 1917, se aprobó la redacción del artículo 54 para quedar de la siguiente forma: "La elección de diputados 153 �LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 154 será directa y en los términos que disponga la ley electoral". Esto es en Jo referente a la integración del Congreso Federal, pues en Jo corrcspondíente a la composición de las legislaturas de los Estados, el texto aprobado del artículo 115 por el Congreso Constituyente, en la parte conducente decía:- "El número de representantes de las Legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, el número de representantes de una Legislatura local no podrá ser menor de quince diputados propietarios. En los Estados, cada Distrito Electoral nombrará un diputado propietario y un suplente". En el año de mil novecientos veintiocho se modificó la fracción III del artículo 115 Constitucional para quedar de la siguiente forma: "El número de representantes en la legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero en todo caso no podrá ser menor de siete diputados en los :Estados cuya población no llegue a cuatrocientos mil habitantes; de nueve en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a ochocientos mil habitantes, y de once en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra". Luego en mil novecientos treinia y tres se añadió lo relativo a que la elección de gobernadores y de los componentes de las legislaturas de los Estados será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas. Desde Juego, de ese paso por el contenido del artículo 115 Constitucional y sus reformas, nos percatamos que el interés del Constituyente fue el de que los Congresos locales estuvieran compuestos por Diputados de elección popular directa, sin suplementos o complementos de ninguna naturaleza. Si en igual forma la elección de los diputados mayoritarios y los llamados "de partido", son de elección directa como lo señala el Lle. Mario Moya Palencia, cabe la pregunta ¿Por qué se modificó el artículo 54 Constitucional? Bastaba la estipulación <le las reglas correspondientes en la Ley Electoral para determinar la forma y términos que debían satisfacer los Partidos Políticos para acreditar a los diputados respectivos. Por eso, al pretenderse la introducción de los Diputados ele Partido en ]os Congresos de los Estados, insistimos en la necesidad de adicionar el artículo 115 de la Carta Magna Federal con ]a expresión equivalente a la contenida en el artículo 54 de la misma, agregando a la elección directa el complemento a los Di putados de Partido en los términos que dispongan las leyes elec- Y LOS DIPUTADOS DE PARTIDO torales locales. De otra suerte, consideramos que toda modificación en las Constituciones locales para dar paso al sistema de Diputados de Partido en sus respectivas legislaturas estará contrariando el principio fundamental contenido en el artículo 115 de la Constitución Mexicana, violándose, en consecuencia, lo dispuesto por el artículo 41 de la misma. Por Jo que respecta a Nuevo León, encontramos que en su primera Constitución, la del cinco de marzo de mil ochocientos veinticinco, la elección de los once diputados propietarios al Congreso local, era indirecta, atento a lo dispuesto por el artículo 66 de la misma. En la Constitución del día cuatro de octubre de mil ochocientos cincuenta y siete, se estableció el principio de la elección directa para todos los mandatarios públicos, según lo determinado por el artículo 4.0, mientras que en el diverso 49 se leía: "Se deposita el ejercicio del poder legislativo en un Congreso compuesto de diputados elegidos directamente por los distritos electorales, bajo la base de uno por cada veinte mil habitantes o por una fracción que pase de diez mil. Por cada diputado propietario se nombrará un suplente". Por último en el artículo 4ó de la Constitución del dieciséis de diciembre de mil novecientos diecisiete, en su texto original, decía: "Se deposita el ejercicio de] Poder Legislativo en un Congreso compuesto de un número no menor de quince diputados, electos cada dos años por los Distritos Electorales ... ", modificándose en mil novecientos veintiocho para señalar que el Congreso estaría compuesto por un número no menor de ocho. En mil novecientos cuarenta y dos se estableció que los diputados serían "electos cada tres años, proporcionalmente al número de habitantes". Obsérvese cómo la Constitución de Nuevo León, en cuanto a la composición de su Legislatura, ha venido cumpliendo con lo estatuído por la Constitución Federal; l~ego entonces, p~ra que en nuestra entidad pueda introducirse el sistema de los Diputados de Partido, muy saludable, por permitir la participació~ d~ los representantes de las minorías, es menester se haga preV1amente una modificación al artículo 115 de la Carta Magna Federal, añadiendo en la parte conducente, la oración: "la cual podrá compl<>mentarse con el sistema de Diputados de Partido en la forma y términos de sus respectivas Constituciones y leyes electorales". Esto iría en seguida de donde se encuentra la expresión que la elección 155 �LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS de las legislaturas de los &Lados será direcla y redactada en forma potestativa a fin de no obligar a las entidades a ceñirse a ese régimen, ni uniformado en cuanto al número de diputados de Partido. BIBLIOGRAFIA Burgoa, Ignacio. 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Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. México, Editorial Porrúa, 1970. ·156 JESUS ESPINOSA GARCIA LA FUNCION DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA EJECUCION DE LA PENA l\/OTA: Este trabajo íue formulado por el suscrito en la época en que desempeñó el cargo de Procurador General de Justicia del Estado de Nuevo León, para su presentación en "El Segundo Congreso Nacional de Procuradores de Justicia de la República", evento que tuvo lugar en la ciudad de México, D. J, ., durante el mes de mayo de 1963. En relación con este trabajo en el Dictamen Final del Con"reso y bajo los Núms. 37, 32 y 36 respectivamente del Capitulo de "Conclusiones", del aludido Dictamen, se aprobaron las del suscrito marcadas con los números PRIMERO, TERCERO y CUARTO de la ponencia, habiendo quedado así: COl\'CLUSJON No. 37. Deben ajustarse todos los Códigos de Procedimientos Penales de las Entidades Federativas y del Distrito y Territorios Federales, a los presupuestos concernientes a la ejecución de las sentencias, de que tratan los Arts. 529 al .532 del Código Federal de Procedimientos Penales, que Lic. Jesús Esp1r.u,,a Gar~fa. catedrático dt> la Universidad Autónoma de Nuevo León. partlculanr.en,e de la Pa.cu.ltlld de Derecho. pnr más de veinte :mos. Ha desempelia.do, entre otros. 10s sllnlientes cargos: Jefe de h Defensorla de Oficio del Estado, Jues de Letras del Ramo Ci,11. Ofiual del Reglstr<' del E~tado Civil , Procurador ~nera.l de Justicia. de Nuevo León. �L.\ Fl:l\'CIÓN DEL i\111'.ISTERIO PÚBLICO expre.sammte prolongan la intervención del Ministerio Público hasta el inmediato fin del cumplimiento de las sanciones impuestas. CONCLUSION No. 32. El Ministerio Público tendrá intervención en la vigi· lancia de los reos que gocen del beneficio de la condena condicional o de la libertad preparatoria que corresponde al Ejecutivo a través del Departamento de Prevensión Social, cuando se lleve a cabo su creación en todas las Entidades de la República, a semeianza de aquellos en los que ya existen. Los patronatos de reos Liberados coadyuvarán a dicha vigilancia, pues en su organización se inclu-ren necesariamente representantes del Ministerio Público. COIVCLUSIO'V No. 36. Debe crearse un Patronato de Reos Liberados en todas las entidades Federativas, con objeto de prevenir la delincuencia y la reincidencia. En aquellas Entidades, que por su capacidad económica no puedan crear una I nstiutción de esta índole, deben autorizarse convenios con los Patronatos ya existentes para la extensión de sus servicios. Las anteriores bases ya fueron aceptadas por el Gobierno del Estado de Nuevo León, al expedirse por el C. Lic. Luis M. Farías, con fecha lo. de Junio de 1973, el Decreto No. 191 que contiene la Ley sobre Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de Libertad para el Estado de Nuevo León, ordenamiento que crea la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado, a cuyo cargo estará la orientación y vigilancia de los sujetos a Condena Condicional y se dispone además la creación del Patronato de Reos Libertados, que ya funciona, y por Decreto No. 192 de fecha 31 de Mayo anterior, se reformaron los preceptos del Código Procesal del Estado en relación con la Libertad Preparatoria, la que snjeta a la Ley al principio citado, modificándose para su reglamentación los Arts. 500 al 507 del Código de referencia. Intervención del Ministerio Público en relación a la condena condicional, libertad preparatoria o cor.dicionaJ, retención y patronato de reos Libertados. 158 Los Artículos 21 de la Constitución General de la República EN LA EJECUCIÓN DE LA PENA y 25 de la Constitución PolíLjca del Estado de ,uevo León, establecen: "La persecución de los delitos incu:nhe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual estará bajo la Autoridad y mando inmediato de aquel". Por su parte, los Artículos 102 de la Consthución General de la República y 97 de la del &tado, previenen que: "La Ley Organizará el Ministerio Público", y señal:rn los lineamientos ~ directrices generales que deberán informar las Leyes Orgánicas correspondientes. En esta virtud, la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Nuevo León (Decreto No. 54,, de fecha 25 de abril de 1934 y promulgada el 4 de mayo del mismo año) vigente desde el lo. de Agosto de 1934,, dispqne: "Art. lo. El Ministerio Público del Estado de Nuevo León es una lnstilución que tiene por objeto: ' J. Ejercitar la acción penal por delitos del orden común ante los Tribunales del Estado, practicando al efecto las averiguaciones previas y solicitando circunstancialmente la práctica de la!diligencias necesarias para la investigación ele los delitos, persecución r castigo de los delincuentes. II. Dictar las órdenes que el Jefe de la Policía Judicial y sus Agentes deben cumplir en funciones de Policía Judicial. III. Exigir la reparación del daño proveniente del delito. IV. Intervenir en representación del Estado o del Pode1 Ejecutivo del mismo en toda controversia que afecte a la Entidad o a sus intereses, tanlo anle los Tribunales del Estado, como a la Federación, ya sea en calidad de actor, demandado o tercerista. V. Intervenir como, actor, demandado o tercerista, en todas aquellas cuestiones Judiciales del orden común en que sean partes el Estado y los Establecimientos Públicos de Instrucción. VI. Intervenir en los Juicios en que tenga interés la Hacienda Pública del Estado, en los Juicios Hereditarios y en todos aquellos en que se ventilen intereses de los ausentes, menores o incapacitados. YII. Cuidar de que se cumplan en los negocios en que mtervenga, las determinaciones de la Autoridad Judicial, y VIII. Las demás que le atribuyen las leyes". Por su parte, el adigo de Procedimientos Penales del E.stado, preceptúa: "Art. 2o. Al Ministerio Público corresponde el ejercicio ex- 159 �160 LA n ;\;CIÓ~ DEL ,u'iISTERIO PÚBLICO EN LA EJECUCIÓN DE LA PENA elusivo de la acción penal, la cual tiene por objeto: l. Pedir la aplicación de las sanciones establecidas en las Leyes Penales. II. Pedir la libertad· de los procesados en la forma y términos que previene la Ley, y III. Pedir la reparación del daño en los términos especificados en el Código Penal". · Los anteriores dispositivos, semejantes a otros Ordenamientos de la República, indican, sin género de dudas, que la función del Ministerio Público es evidentemente de un contenido social: que es una Institución creada para pedir y auxiliar la pronta administración de Justicia en nombre de la Sociedad y para defender a ésta ante los Tribunales, en los casos y por los medios que 1as Leyes señalan, correspondiéndole acusar y perseguir ante los Tribunales a los delincuentes, vigilando porque se cumplan fielmente las sentencias que se les impongan; que siendo un órgano destinado a velar por los intereses sociales, no solamente le corresponde acusar y perseguir a los delincuentes, reunir pruebas para comprobar su responsabilidad y obtener una sentencia condenatoria y vigilar su cumplimiento, sino que también tiene la obligación de solicitar la libertad de un acusado en los casos en que 1a propia Ley lo prescriba, ya que siendo el representante de los intereses sociales, a la misma Sociedad interesa, a no dudarlo, tanto la liberación de sus miembros no culpables, como el castigo de los que lo sean. En suma, el Ministerio Público no es, no debe ser un sistemático acusador; es también el protector del inocente, es o debe ser un fiel y celoso guardián de la libertad y el más eficaz colaborador de los Jueces y Magistrados para que las sentencias que éstos pronuncien sean justas, y la sanción impuesta al procesado sea adecuada al delito cometido, a las circunstancias de hecho que lo rodearon y a las particulares del delincuente, con la finalidad de que la pena sea debidamente individualizada para graduarla en relación con la peligrosidad del sancionado y la necesidad de la defensa social. Pero la acción del Ministerio Público no se desenvuelve solamente en el ámbito del Derecho Penal, sino que se extiende y proyecta en otras disciplinas jurídicas como la Civil, Mercantil, Laboral, etc. y hasta, para confirmar este aserto, observar la acción tutelar de la Institución en materia de minoridad; en caso de incapacidad de los mayores por enfermedades de tipo demencial; en las medidas provisionales para diversos tipos de ausencia; en juicios hereditarios; en numerosos casos de jurisdicción voluntaria, tales como informaciones de dominio; en solicitudes sobre venta de bienes de menores o incapacitados; en divorcios voluntarios, representando intereses de las partes y de los hijos; en juicios sobre rectificación de actas del Estado Civil; en litigios sobre nulidad de matrimonio; en materia de competencia jurisdiccional; en ejecución de sentencias dictadas en el extranjero, en la adopción; en materia de Quiebras y Suspensión de pagos; en los negocios en que se interese el Estado, y asimismo en algunos Juicios de Amparo. Precisado, a grandes rasgos, el papel preponderante del Ministerio Público en materia Penal, Civil y Mercantil, es de observarse que ni los Códigos Penales ni los Procesales Penales o Leyes Orgánicas del Ministerio Público conceden a tal Institución su intervención en la ejecución de las sentencias, no obstante que la Ley Orgánica del Ministerio Público dispone, según transcripci?n, que es obligación de la Institución cuidar del fiel cumplimiento de las resoluciones judiciales. _ Resumiendo, se practican las averiguaciones pre,ias y cumplidos los requisitos del Art. 16 de la Constitución General de 1a República, el Ministerio Público ejercita la acción Penal, consignando los hechos delictuosos que hubiere comprobado al Juzgado Penal en tumo; ya radicados allí los autos, el derecho del Representante de la Sociedad continúa por medio del Agente adscrito al Juez Instructor bajo cuya autoridad se realiza el proceso; se dicta auto de libertad con las reservas legales o de formal prisión o de sujeción a proceso; se identifica en su caso al reo por el sistema administrativo vigente y se pasa al período de instrucción, durante el cual el Ministerio Público, en representación de la Sociedad, es parte privilegiada y no precisamente autoridad; y en tal concepto rinde pruebas, asiste a diligencias, interpone recursos, y con la oportunidad legal formula sus peticiones concretas con arreglo a las actuaciones, acusando y pidiendo la sanción que corresponda al delito o solicitando en su caso la absolución del acusado. A su debido tiempo, el Juez pronuncia su fallo que, al convertirse en irrevocable, pone al sentenciado a disposición del Ej~cutivo para el cumplimiento o ejecución de la pena. Puesto el sentenciado a disposición del Ejecutivo, parace que termina la acción del Ministerio Público por haber concluido su misión de acusar, probar la existencia del ilícito, la responsabili- 161 �LA FUNCIÓN DEL 'HNISTERIO p(- BLICO 162 dad del acusado y obtener la aplicación de una pena, faltando sólo la cmnplimentación del fallo, en el lugar penitenciario que designe el Organo Ejecutor, con arreglo a lo mandado por los artículos 79 del Código Penal del Estado y 491 del Procesal del Ram0. ¿Pero aquí concluye toda la actividad de la Representación Social? ¿La colectividad queda ya satisfecha con la aplicación de un castigo al miembro que con su conducta impropia rebasó los cauces del Derecho? Indudablemente que no. Falta que se extinga la responsabilidad penal con el cumplimiento de la santión impuesta y que tuvo como finalidad el tratamiento del delincuente para su corrección; logrado ésto, la pena para él carece ya de fi. nalidad. Es precisamente con tal extinción, cuando la misión de la Representación Social finaliza en los términos de la ya varias Ye• ces citada fracción del articulo lo. de la Ley Orgánica del Ministerio Público vigente; sin embargo, en el Código Represivo no se hace mención al contacto que debe tener el Ministerio Público cuan<lo el sentenciado obtiene su libertad en forma condicional o preparatoria. Los Códigos Procesales de las Entidades Federativas, al igual que el circunscrito al Distrito y Territorios Federales, callan tan medular actividad y sólo el Código Federal regula la ejecución de una sentencia penal y convierte su carácter administrativo a jurisdiccional, por lo que, en puridad, la jurisdicción no se agota con la actividad decisoria de los Jueces, sino que se extiende a la de mera ejecución. Será deber del Ministerio Público, expresa el Código adjetivo últimamente citado, practicar todas las diligencias conducentes a fin de que las sentencias sean estrictamente cumplidas; y lo hará así, ya gestionando ante los Tribunales la represión de todos los abusos que aquellas o sus subalternos cometen, cuando se aparten <le lo prevenido en las sentencias, en pro o en contra de los individuos que sean objeto de ellas y tal obligación, también consta, de modo expreso, se cumplirá por queja del interesado o cuando de cualquiera otra manera llegue a su conocimiento que la Autoridad encargada de la ejecución de la sentencia se aparta de lo mandado en la misma, solicitando también de los Tribunales, que se envíe a la Autoridad Fiscal que corresponda, copia autorizada del fallo para el cumplimiento de lo relativo a la condena pecuniaria. El interés de la materia exige una radical transformación en las codificaciones omisas al tema, para dar énfasis, seriedad y pon- Ei\ LA EJECUCIÓN DE LA PENA deración al cumplimiento de las resoluciones definitivas, corroborando así, en lo substancial, la misión Constitucional de luchar contra el delito. De lo expuesto resulta cuán importante es la ejecución de las sentencias, tanto desde el punto de vista del sentenciado como de la sociedad; así, nuestro Código Penal, en el Art. 80, sienta las bases para el cumplimiento de las sanciones, bases que, en síntesis, son: separnción de los delincuentes que revelan diversa::; tendencias; diversificación del tratamiento para cada categoría df: delincuentes; selección de las medidas adecuadas para atacar la:; causas que orillaron a la comisión del delito; la orientación del tratamiento, buscando por medio del trabajo, que el propio sentenciado solvente sus necesidades, tratando de obtener así no solamente la corrección del delincuente, sino su educación y adaptación a la vida social, a la que indefectiblemente deberá reintegrarse al cumrlir su pena. Este Aspecto procesal da origen al Derecho Penitenciario -que por ahora está en vías de formación, al decir del autorizado Maestro don Juan José González Bustamante, que implica la existencia de una reglamentación de la conducta de los penados con el objeto de llegar, hasta donde sea posible, a la individualización de las sanciones. Durante ]a ejecución de las sentencias, surgen situaciones especiales que podríamos denominar incidentales, como la Condena Condicional, 1a Libertad Preparatoria y la Retención, Instituciones de las que pasaré a ocuparme separadamente. La CONDENA CO~l)ICIONAL. El medio más eficaz para lograr los fines de la defensa social, sin imponer las penas cortas de prisión, que son inoperantes por no realizarse los fines lógicos de una sanción y que, por el contrario, producen resultados nocivos porque interrumpen la vida de trabajo, ocasionan deméritos y prejuicios, engendran compromisos y relaciones por la promiscuidad carcelaria, es indudablemente la Condena Condicional. Esta Institución ostenta su nombre en la mayoría de los Códigos de la República, con excepción de los de Sonora y México, que la llaman "Suspensión C.Ondicional"; no obstante, no consj deramos apropiado el de "Condena Condicional", porque involucra un acto positivo privativo de la libertad sujeto a condiciones; ni tampoco "Suspensión Condicional", porque implica una privación temporal, una cesación momentánea que debe continuarse. Nos inclinamos a la designación empleada por el Código Es- 16.3 �LA FU"XCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA EJECUCIÓN DE LA PENA p~ol: "Remisión ~ndicional", porque queda circunscrita al perd_on que se otorga siempre que se satisfagan determinados requisitos. Independiente de su designación, debe reconocerse el éxito alcanzado mundialmente y _la obscuridad en que han quedado sus detractor~s ~te el entusiasmo y cientificismo de quienes le conceden una eficacia educadora. Se le atribuyen remotos preced~~tes en la l~gislació? canónica ~ aún la hacen derivar del prin cip10 del per~on con cierta subordinación a la conducta futura que a~arece repetidas veces en el Korán, y que incluye también a los cr~m~nes contra natura, que aún ahora algunas legislaciones de la cnstiandad tratan implacablemente. En. ~1assachussets, desde mil ochocientos cincuenta y nueve se establec1_0 c?n no1?1>re de Sistema de Prueba, con semejanza a nuestra mslltucion, solo que la suspensión se efectuaba durante la substan?iación del proceso y antes de pronunciarse sentencia condenato:~a; transcurrido el término de prueba, quedaba extinguida la acc10n. si concurren estas condiciones: a) Que sea la primera vez que delinque el reo. b) Que hasta entonces haya observado buena conducta. c) Que tenga modo honesto de vivir. d) Que dé fianza por la cantidad que fije el Juez, de que se presentará ante la Autoridad siempre que fuere requerido. e) Que haya reparado el daño causado u otorgado caución para cubrir su monto, y f) Que el delito por el que se le sentenció no sea el de robo a que se refiere el artículo 372 del Código Penal del Estado ( se refiere al robo de ganado en el campo, los instrumentos de labranza, aperos o frutos, por reforma de fecha siete de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro cuya razón fue la defensa de la agricultura y ganadería) ; II. Si durante el término de tres años, contados desde la fecha de la sentencia que cause ejecutoria, el condenado no diere lugar a nuevo proceso, que concluya con sentencia condenatoria, se considerará extinguida la sanción fijada por aquella; En caso contrario se hará efectiva la primera sentencia, además de la segunda, en la que el reo será considerado como reincidente; III. La suspensión comprenderá no sólo las sanciones corporales, sino las demás que se hayan impuesto al delincuente, pero éste quedará obligado en todo caso a la reparación del daño; IV. A los delincuentes a quienes se concede el beneficio de la condena condicional, se les hará saber el contenido de los incisos II y III de este artículo, lo que asentará por diligencia formal, sin que la falta de éste impida, en su caso, la aplicación de lo previsto por las mismas; V. Los reos que disfruten del beneficio de la condena condicional quedarán sujetos a la vigilancia de la Autoridad; La obligación contraída por el fiador {conforme a las fracciones d y e del inciso primero de este artículo), concluirá seis meses después de transcurridos los tres años que expresa el inciso II, siempre que el delincuente no diere lugar a nuevo proceso, o cuando en éste se pronuncie sentencia absolutoria; y VII. Cuando el fiador tenga motivos fundados para no continuar desempeñando el cargo, lo expondrá al Juez, a fin de que éste, si lo estima justo, prevenga al reo, presente nuevo fiador dentro del plazo que prudentemente deberá fijarle, apercibido de que se hará efeetiva la sanción si no lo verifica. ~! . · En ~uestra R~púhlica, don Miguel S. Macedo, desde principios ~e siglo, puhhcó diversos estudios en los que pugnaba por la adopción de esta institución en nuestras leyes --escribe el maestre Carancá ~rujill<>-:-, y en el proyecto de reformas al Código Penal, _en mil ~ovec1entos doce, como Presidente de la Comisión for mulo un artículo completo relativo a la Condena Condicional en c!1Yª exposición ~e ~?tivos afirma que "los resultados que se' obtienen con la aph~c1on de las penas carcelarias de corta duración s?n funest?s, pues mfluyen en degradar a los delincuentes primanos, contribuyendo a convertirlos en habituales o profesionales por lo que desde hace muchos años se sabe que las prisiones son e;cuelas y ~entros de propaganda al delito". . San Luis Pot~sí tuv~ el_ mé~~to de ser el primero en la Repúbhc~ qne consagro esta mst1Luc1on copiada del articulado del licenciado Macedo. El Código de Nuevo León, en mil novecientos treinta y cinco la acoge con los siguientes términos: "'Artículo_ 92. La condena condicional suspende la ejecución de la sanción impuesta por sentencia definitiva, de acuerdo con los incisos siguientes: 164 I.. P~~á. su~p.enderse, a pe~ción de parte o de oficio, por determmac1on JUd1c1al al pronunciarse la sentencia definitiva la ejecución de las sentencias privativas que no excedan de dos aiíos, 165 �LA FUNCIÓN DEL '\IIJ'.\ISTERIO PÚBLICO 166 En caso de muerte o insolvencia del fiador, está obligado el re~ a pon~r. el_ hecho en conocimiento del Juez para el efecto v haJo aperc~1mien~o que se expresa en el párrafo que precede. · . La Primera :Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nac_1ón ha sustentado jurisprudencia firme que abarca según el último Informe r~n?ido al ?1ás alto Tribunal de la República (1962) dos aspectos basicos: primero: la suspensión de la ejecución de la cond~na es potestativa para Juzgador, y segundo: la prueba de la. antenor buena conducta debe ser positiva y no presuntiva. El pnmero es interpretación gramatical del texto mismo del precepto, que otorga una facultad judicial al emplear las voces "podrá suspenderse", y la interpretación implica que el Juzgador pueda ne~arla; que existe arbi~o _judicia! en e~te substitutivo penal, pero que tal facultad no es 1hmitada m caprichosa, sino que quien fa. Jla debe fundamentar la concesión o la neaativa, apreciando las 0 pruebas y los requisitos. Con respecto al segundo aspecto fundamental, el Máximo Tribum\l de la República, al exigir prueba positiva de una buena cond~cta, da la impre~ión que pretende hacer meticuloso el otorgamiento del suhst1tullvo, para que gocen de él exclusivamente aquellas perso_nas que _estén en apt!tud normal de preservar en quieta convivencia, rompiendo así, abiertamente, el principio general que establece que el hombre es inocente, que es de buenas costumbres y perfectamente capaz, mientras no se pruebe en forma concluyente lo contrario. No puede negarse que la suspensión de la ejecución de una sentencia es un beneficio para el delincuente primario, que tiene su fun~amento en 1;1uevas ~orrienles del Derecho Penal, las que, para ÍlJar la penalidad, atienden más a la personalidad del delincuente y a su actividad en el hecho lesivo que cometió que a1 daño ocasionado. ' Surge una cuestión de capital interés: el positivismo casi imperante en nuestras legislaciones penales. Tratan de la reedueción del delin~uente o de .su s_e,gregac}?'l! total, eliminando la venganza o el castJgo. La legislac10n sovictica, plasmando la consecuencia evolucionista, expresa que las penas --que allá, como en Chihuahua, Hidalgo y Yucatán, en nuestra República, se denominan medidas de defensa social-, no podrán tener por fin causar sufrimie?to !!sico. o h~ar la dignidad humana, y no propone la rctrihuc1on m el castigo; en consecuencia, la readaptación debe tener como premisa la seguridad de que quien infringió una Le)' EN LA EJECUCIÓN DE LA PENA es un hombre útil a la colectividad y tal presupuesto es incompatible con la función que nuestro Derecho otorga al Juzgador, puesto que si éste en su sentencia concluye con la imputación de responsabilidad, con la fijación de una pena, no puede aceptarse que al mismo tiempo otorgue la gracia de una condena condicional, por no ser ésta una labor puramente judicial; ni su reglamentación puede ser confiada a un Código Represivo, porque es contradicto• rio prestar a un Juez la oportunidad de desconocer la verdad legal de su propia sentencia, y porque el Código Penal debe señalar sanciones, pero el modo de su ejecución corresponderá al Organo Ejecutor. Se coloca al reo en el seno de la sociedad que lo expulsó, suponiendo a priori que el tratamiento tuvo excelente resultado antes de su aplicación. Debe, pues, al dictarse una sentencia condenatoria que reuna los requisitos ordenados por el Artículo 92 del Código Penal de Xuevo León, semejante a los que rigen en la República, dejar al órgano eje~utor, por imperativo jurídico, la facultad exclusiva de olorgar el perdón, la remisión, la gracia o el derecho de la libertad condicionada, dando a la Procuraduría de Justicia la intervención que le corresponda. A fü,ta solución se llegó en el Congreso Penitenciario Internacional, celebrado en Washington en mil novecientos diez, donde ]os penalistas americanos se mostraron partidarios de otorgar a las autoridades penitenciarias, no solamente la facultad de conocer la libertad condicional, sino también las funciones de , igilancia y asistencia de los liberados. Pero bien sea como facultad propia de la Autoridad Judicial, o del Ejecutivo, o como resultado de específicas consideraciones personales de regímenes propiamente penitenciarios, Ja condena condicional ha sido aceptada por la casi totalidad de los países cultos, como el mejor substituto de las penas cortas privativas de la 1ibertad. Quizá la oportunidad que recibe el agraciado, por la condena condicional, sirva de medio de recapacitación sobre su conducta anterior; quizá el temor a delinquir sufriendo dos condenas modelen su forma de vida, o bien la pérdida de la fianza otorgada sea un incentivo para no vulnerar ya las normas penales. De todas maneras, la libertad física concedida se encuentra limitada por la vigilancia a que es sometido por parle de la Autoridad y por la vigencia de la obligación que tiene de presentarse ante el Poder Público cuando fuese requerido, condición esta última de la que se 167 �168 LA FUNCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA EJECUCIÓN DE LA PENA tratará más adelante. Resulta así, que la suspensión de la ejecución de la pena no significa, en rigor, más que el señalamiento de un término de observación de la conducta del sentenciado para determinar su capacidad de vivir normalmente en sociedad, ajustando su conducta a los imperativos legales, absteniéndose de la comisión de actos delictuosos; si el resultado es satisfactorio, se borra toda responsabilidad, o por decirlo, se da por cumplida la sentencia, se cancela la garantía y queda el sentenciado en absoluta libertad. Dentro de nuestra realidad nacional, por lo que hace a las formas propuestas para la obtención de la condena condicional, la actualmente en vigor -aunque en teoría demuestra una confusión de actividades punitivas y de ejecución o inejecución- puede aceptarse en mérito indiscutible a la condición extraordinaria de substitutivo de los graves perjuicios que contiene la pena corta de prisión. La segunda forma concede la facultad a un Consejo penitenciario; éste debe integrarse con personas capaces, de talento indiscutible, de independencia absoluta y de profundos conocimientos, tanto en la rama auxiliar expresada como en las disciplinas psiquiátricas y educativas, modificando ]os preceptos legales subordinados. Por último, el sistema de Massachussets -como pudiéramos designar a la suspensión del procedimiento, como medio de pruebas que semeja a nuestra condena condicional- es impracticable por ser contrario al derecho que, como garantía del reo, señala la Constitución Política Nacional de ser juzgado antes de cuatro meses si la pena no excediere de dos años, o de un año si fuere superior a los dos indicados; como el término de prueba se prolonga al año, daría pábulo a que los procesos quedasen inconclusos, a que se resolviese a priori, a las injusticias propias de un criterio erróneo, etc. Al analizar someramente la institución denominada "Condena Condicional", señalándole sus posibles orígenes, su undamento y su finalidad, con las críticas constructivas correspondientes, sólo resta indicar la confusión a que se presta la redacción contenida al respecto en todos los Códigos Penales de la República. Se expresa en ellos que es obligación para suspender la ejecución, entre otras, que otorgue fianza "de que se presentará ante la Autoridad, siempre que fuere requerido'' y que "quedarán sujetos a la vigilancia de la Autoridad". No alude ni precisa a qué tipo del Poder Público se refiere bajo el nombre de "Autoridad", es decir, si se alude a la Penitenciaría que en rigor debe llevar re- cord específico sobre la conducta de cada persona a partir de la fecha en que quede a disposición de la Autoridad Judicial qu<> debe juzgarlo; o a la Autoridad Ejecutora, llámese Gobernador del Estado, Ejecutivo Federal o Departamento de Prevención Social; o a la Autoridad Preventiva, o a la Policía Judicial, o bien a la Procuraduría de Justicia que debe velar, conforme se insiste, en que las determinaciones judiciales sean fielmente cumplidas. Como por otra parte, el Código Procesal Penal, sobre la organización y competencia de la administración de la justicia señala como auxiliares y con obligación para cumplir sus mandatos, a los Jefes de Agentes de la Policía Judicial y a los Inspectores, Comandantes y Agentes de la Policía Judicial y a los Inspectores, Comandantes y Agentes de las Policías Municipales, la confusión aumenta. Se carece de precisión en grado tal que es indispensable especificar la Autoridad a que se contrae la disposición. El resultado de la omisión produce como efecto que las obligaciones impuestas al condenar carezcan de repercusión práctica, ya que los jueces no comunican a ninguno de tales organismos la concesión del beneficio aludido, ni siquiera se preocupan por citar alguna vez a los agraciados para que ocurran ante su presencia y comitatar, de tal manera, su forma de vida, la idoneidad y el trabajo que desempeña, si satisfizo la obligación de reparar el daño, etc. Por Jo que en nuestro concepto, dentro de lo práctico, su aplicación en el Estado no ha rendido la utilidad de prevención a la delincuencia. LIBERTAD PREPARATORIA O CONDICIONAL El fin de la pena no es otro que el hacer cesar cualquier peligro que el delincuente representa para la sociedad, valiéndose de medios que signifique una tutela que lo enmiende, lo corrija, lo transforme, en fin, en un ser útil y apto socialmente. La hase de un buen sistema penal --dijo el eminente Martínez de Castro- es la prisión que aplicada a las convenientes condiciones, es la única que, a las cualidades de divisible, moral, revocable y en cierto modo responsable, reune la de aflictiva, ejemplar y correccional. Así como es imposible encontrar similitudes entre los hom• bres, tanto en lo físico como en lo espiritual, igualmente no hay posibilidad de fijar para cada hecho determinado como delito una penalidad idéntica. De alli proviene la facultad que la Ley otorga al Juzgador para individualizar la pena, tomando como objetivo 169 �LA FUNCIÓN DEL l\.IINISTERIO PÚBLICO 170 aJ delincuente, al ofendido y al hecho delictuoso; los artículos 49 y 50 del Código Punitivo de Nuevo León, señalan las nonnag de calificación a que debe sujetarse el Juez: la naturaleza de la acción, los medios empleados, la extensión del daño, el peligro corrido, la edad, educación, ilustración, costumbres, conducta pn~cedente, motivos, las condiciones especiales del momento, vínculos, circunstancias de lugar, tiempo y modo, etc. Es una individualización que pudiéramos llamar pre-carcelaria; pero ya privado de su libertad por virtud de un fallo irrevocable, la personalidad del delincuente cambia con insospechada frecuencia y se hace necesaria una segunda individualización. Sobre la vida carcelaria mucho se ha escrito. Mientras a un sentenciado lo consume y agota la prisión, para otro es motirn de alegría encontrarse en un círculo sugestivo de viciosos con quif'nes puede alternar; el primero es fácil presa de terribles remordimientos, de angustias y torturas que dentro de su propio psiquismo provocan un exagerado sentimiento de culpa, mientras que ei segundo encuentra su forma de vivir menos dura y miserable que en su libertad; hay reos sombríos mientras otros desean asombrar a sus congéneres con sus proezas delictivas; hay viciosos junto con hipócritas, y se amalgaman las víctimas de los errores judiciales -con sus diversas reacciones- con los depravados. La prisión impuesta por sentencia judicial, previa la individual izción, puede, en consecuencia, ser modificada cuando se e~time que el fin de toda pena ha llegado; que el sentenciado es apto y útil, preparado y capaz para la convivencia social. Tenerlo por más tiempo privado del justo derecho de ser libre, resultaría ineficaz. Así, para poner en libertad a un corregido, antes de que llegue el término de la pena que le fue impuesta, se instituyó la Libertad Preparatoria. Aquí debe intervenir nuevamente el Ministerio Público, para cumplimentar el encargo conferido por la sociedad de vigilar que las resoluciones sean cumplidas con arreglo a los postulados. Se requiere experiencia y cuidado para distinguir la verdadera corrección de la corrección simulada. Eugenio Cuello Calón ha escrito que :.todo el que tenga alguna experiencia sabe que los criminales más corrompidos, los reincidentes y los habituales, son los mejores presos, pues ya están adaptados a la vida carcelaria; así no es preciso confundir la adaptación a ésta como consecuencia de larga permanencia, con la verdadera reforma única que habilita al recluso para volver a la vida de libertad". EN LA EJECUCIÓN DE LA PENA Xuestro derecho positivo reglamenta su concesión en el Códiao Penal, en los siguientes términos: 0 "Art. 86. El condenado a sanción privativa de libertad por más de dos años, que hubiere cumplido los dos tercios de su condena, observando con regularidad los reglamentos carcelarios. podrá obtener su libertad preparatoria por resolución del Ejecutivo, bajo las siguientes condiciones: r. Que alguna persona solvente, honrada y de arraigo, se obligue a vigilar la conducta del reo e informar mensualmente acerca de ella, presentándolo siempre que para ello fuere requerida y a pagar, si no cumple, en los términos que prevenga al respectivo reglamento, la cantidad que se hubiere fijado al conceder la libertad, que será de cincuenta pesos como mínimo; U. Que el reo adopte en el plazo que la resolución determine, oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere los medios propios de subsistencia; III. Que el agraciado con la libertad preparatoria resida en el lugar que se determine y del cual no podrá ausentarse sino con permiso del Ejecutivo. La designación se hará conciliando la circunstancia de que el reo pueda proporcionarse trabajo en el lugar que se fije, con el hecho de que su permanencia en él no sea un obstáculo para su enmienda; y IV. Que el reo haya reparado el daño causado u otorgado garantía para cubrir su monto. Art. 87. La Libertad Preparatoria no se concederá a los reincidentes ni a los habituales, ni a los sentenciados ~or lesio1_1es calificadas y homicidio, excepto únicamente el cometido por imprudencia. Art. 88. Siempre que el agraciado con la l~ertad prep~ratoria observe durante ella mala conducta, o deJe de cumplir con al~a de las condiciones expresadas en el ~rtículo 86, se Je privará nuevamente de la libertad para que ~xtmga toda ~~ parte de la sanción de que se le bahía hecho gracia y la retenc10!1 co• rrespondiente, sea cual fuere el tiempo que 11eve de estar t.hsfrutando del beneficio. Art. 89. Los reos que salgan a d~~rutai: de la liberta? p~ paratoria, quedarán bajo el cuidado y vigilancia de la Autondad .. El Código Procesal del Ramo en Nuevo León, norma el cnterio sustantivo mediante los artículos del 500 al 510. Esta institución, como se ve, puede ser considerada como el lógico complemento de todo sistema penitenciario; el penado 171 �LA FUNCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 172 q~e ha sido sometido a un tratamiento educativo y aparece correg1~0, d~be ~er puesto en libertad, ya que la sanción carece de ulterior fmahdad; es un excelente medio de reforma al h al l l • . d acer ver rec uso a conveniencia e entrar por el camino de la enmienda para obtener una reducción de la pena impuesta. Desde luego, como lo afirma el maestro González Bustamante, el fal~~ de un Juez o Tribunal no obra por sí mismo en la regenerac1on del penado; es necesario -para que ésto suceda~! control del reo por parte de las autoridades del penal; que este te~ga _un reglamento en que se anoten todas y cada una de las obhgac1ones de los sentenciados; un expediente para cada reo en que const~n pormeno~damente anotados sus actos que demuestren la fiel oh~ervane1a de los reglamentos penitenciarios; qut> cada reo sea estudiado por medio de su expediente, y en lo personal, por un órgano o junta dependiente del Ejecutivo, para juzgar. su ~;rsonalidad, su ~onducta y su reforma, ya que de la invest1gac10n de los anteriores datos depende primordialmente la conce~ión de Ja libertad preparatoria del recluso, debiendo extenderse la acción de este órgano o junta a la protección y vigilancia d?l pen~d? una vez que logre su liberación, protección que dehera consistir fundamentalmente en conseguir trabajo para el liher~_do coudicional, puesto que, de hecho, no se ignora que un reo recw1: egresado de] penal no consigue ocupación con facilidad y se constituye prontamente en una carga para su familia y es muy posible que pronto regrese al penal, como sucede en numerosos casos. Además, dicho órgano o junta deberá vigilar en forma efectiva_ la conducta del reo durante el tiempo de prueba, o sea el terCio de la condena de cuya ejecución fue liberado. Eugenio Cuello Calón, varias veces citado, escribe que el patronato es el complemento de la libertad preparatoria. Anteriormente las instituciones ceñían su benéfica labor a la ayuda material y a la asistencia espiritual de los encarcelados, no existiendo el patronato post-carcelario; la asistencia de los reclusos liberados es una consecuencia del tratamiento penitenciario de tipo reformador y tiende a ayudar al delincuente a perseverar en la obra de reeduc~ción iniciada en el establecimiento penal y a consolidarla para ev1~r su recaí?ª en el delito. En la actualidad, el patronato se concibe y practica no solamente en sentido caritativo sino también en una útil finalidad de defensa social y de prevención. La integración de un organismo de tal naturaleza resulta necesaria en nuestra época, y de acuerdo con los comentaristas y el EN LA EJECUCIÓN DE LA PENA resultado de congresos penitenciarios internacionales, su constitución quedará integrada por la Dirección del Penal, por representantes del Organo Ejecutor, por la Procuraduría de Justicia, por maestros, abogados, psiquiatras, con facultades para intervenir en la substanciación de todo aquello que signifique la liberación de un penado, bien sea en la aplicación de la llamada Condena Condicional, de la Libertad Preparatoria o de la Retención de la que se hará mérito. RETENCION. Esta institución confirma el criterio que se sustenta sobre el fin de una pena impuesta: la reeducación y la enmienda para ser aptos y útiles a los hombres en sociedad; si con la Libertad Preparatoria se reconoce una curación anticipada en el tiempo, en la retención se acepta que la cura impuesta con una pena fija no íue suficiente y que debe prolongarse hasta lograr la readaptación. El artículo 90 de nuestro Código Penal establece que: Art. 90. Las sanciones privativas de la libertad, siempre que excedan de un año, se entienden impuestas en calidad de retención hasta por la mitad mas de su duración; así se expresará en la sentencia, sin que la omisión de ese requisito sea obstáculo para hacerla efectiva. A su vez los artículos 511, 512, 513 y 514 del c.ódigo <lPProcedimientos Penales, tambien de esta Entidad, establecen Jo relativo a la promoción, secuela y resolución de la misma. Aquí se da la intervención que expresa al . Ministerio Pú_~lico para la iniciativa de esta nueva consecuencia de la s~c1on. Puede tener intervención en ella, en caso de lograrse la innovación del patronato propuesto, tal organismo cuy~ funciones. e¡;;pecíficas radican en el examen del recluso a qmen y~ exam1~,aron desde todos los puntos posibles en cuanto a la remtegrac1on se refiere. CONCLUSIONES PRil\-IBRO: Ajustar todos los Códigos de Procedimientos Penales de las entidades de la República y el Distrito y Territorios Federales, a los propuestos concernientes a la ejecución de las sentencias de que tratan los artículos 529, 530, 531 y 532 del Código Federal de Procedimientos Penales, que expresamente prolongan la intervención del Ministerio Público hasta el inmediato fin del cumplimiento de las sanciones impuestas. 173 �LA FUNCiÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO SEGUNDO: Designar con el nombre de Remisión Condicionada de las Sanciones, a la institución que actualmente se conoce como Condena Condicional. TERCERO: Fijar expresamente la autoridad encargada de 1a vigilancia de los reos liberados, bien sea por la Condena Condiciona] o por la Libertad Preparatoria, dándose intervención amplia al Ministerio Público para el logro de las finalidades esenciales de las propias Instituciones. CUARTO: Se sugiere la creación de un Patronato, con funciones específicas sobre los reclusos, tanto dentro como fuera de la prisión, como medio de consulta sobre la personalidad y conducta de los delincuentes. AGUSTIN BASAVE EXISTENCIALISMO Y ESTRUCTURALISMO EN EL AMBITO DEL DERECHO Sumario: l. El Existencialismo Jurídico Alemán.• 2. El Existen• cialismo Jurídico de Werner Maihoffer.• 3. El Existencialismo Jurídico de Hans Welzel .. 4. El Existencialismo Jurídico de Erich Fechner.• 5. ¿Qué es el Estructuralismo?.- 6. El Estructuralismo Jurídico. l. EL EXISTENCIALISMO JURIDICO ALEMAN E RA DE E S P E R A R S E QUE EL EXISTENCIALISMO Y LA _ fenomenología existencial fecundasen la Filosofía del Derecho. Pero antes de que surgiese en Alemania una vigo• rosa Filosofía jurídica de signo existencialista, en los países de habla castellana -justo es decirlo- había aparecido la Filosofía del Derecho de Luis Recaséns Siches, de Luis Legaz y Lacambra y de Carlos Cossio, en donde es advertihle la inspiración en la Filosofía de la existencia (Heidegger, Ortega, Jaspers), sin roen• gua de la originalidad de los filósofos del Derecho hispanohablantes. Rasgo común en los iusfilósofos existencialistas en Alemania es el considerar los problemas jurídicos desde la existencia del hombre y desde el fundamento del ser. La vida se realiza en deDr. Jur. Dr. PhlL ileUst!n Buave, c&tedritlco de las Facultades de Fllosotla y Letras Y de Derecho de la ODiversldad Autónoma '1e Nuevo Leó!l. �EXISTENCIALISMO Y ESTRUCTURALISMO 176 cisiones humanas dentro de circunstancias históricas. La dialéctica de la decisión se da en situación y en circunstancia, con actitud valorativa crítwa. El ser-en-el-mundo se ha vuelto problemático y es menester ubicarse en el horizonte temporal, emprendiendo una crítica de la época. La realidad histórica y social sirvr' como punto de partida, a la observación crítica, para formular un orden jurídico viviente que conjuga existencialmente valores sociales y personales (Thomas Würtenberger). En el esclarecimiento de la existencia, el hombre no encuentra suelo firme en su vida y busca, en la trascendencia, un sentido último. La trascendencia nos envuelve y somos, en cuanto existentes, "relación a la trascendencia". La trascendencia -que nunca puede convertirse en objeto- nos habla en lenguaje cifrado. Sus signos brillan en el universo. La comunicación de ideas y sentimientos demanda un orden externo de convivencia pacífica. No podemos comprender la esencia del Derecho -apunta Jaspers- si no es por las dec1s~ones individuales y conscientes que afirman al hombre. De ahí la significación mediata del orden jurídico. El Derecho ad• quiere vida si los ciudadanos concilien existencialmente ]as normas. Los derechos humanos, condición "sine qua non" de la decisión existencial, son exigidos en una ordenación por todo hom bre responsable. Alfred Verdroes ha destacado algunos principios básicos de la Filosofía del Derecho y de la Política bosquejada por Karl Jaspers -poco conocidos y estudiados por los juristas- que nos permitimos resumir en la forma siguiente: 1.- La libertad -derecho fundamental del hombre- se da en coexistencia. Cada uno puede aislarse respecto de los demás (libertad negativa), aunque moralmente -por imperativos de razón y de amor- deba abrirse a los otros (libertad positiva). 2.- La protección contra la violencia -garantizada en el F....stado de Derecho- y la facultad de hacer valer la propia convicción y la voluntad -posibilitada por la Democracia- es una doble y legítima protección de todo ser humano. 3.- La lihertad se cumple mediante la superación de la violencia por el Derecho. 4.- La intangibilidad del derecho personal pertenece al Derecho que lucha por subordinar el poder y alcanzar su finalidad por la democracia. 5.- El diálogo público ilimitado -sin injllrias y calumnias- conduce a la formación de la voluntad. EN EL ÁMBITO DEL DERECHO 6.- Libertad política -históricamente hablando- es Democracia. 7. - Los partidos políticos encauzan las elecciones y forman las élites políticas. 8.- No hay técnica democrática sin estilo democrático de convivir. 9.- La lihertad política --que no es meta final para el hombre-- debe posibilitar las restantes libertades humanas. 10.- La política sólo se ocupa de un plano inferior -la existencia empírica- y no afecta la libertad interior, 1a creencia y el espíritu del ser humano. ll.-- El sentido para las formas y las leyes, las Pormas del trato social, la consideración y ayuda, el respeto constante al derecho de los demás y al compromiso contraído, la no opresión de las minorías constituyen un ethos que salvaguarda la libertad. 12.- Para mantener la libertad no existe maquinaria absolutamente segura. En los regímenes libres la preocupación por defender la libertad -incluso contra las mayorías temporaleses esencial. Porque no debe haber libertad para destruir la libertad. 13.- No existe una condición de libertad política definitiva. Democracia significa camino libre para que cada cual llegue a valer según su capacidad y merecimientos. El Estado de Derecho garantiza esta posibilidad mediante formas jurídicas. 14.- El único camino hacia la Democracia se halla en el pueblo mismo. 15.- La libertad está siempre a la defensiva, porque está en peligro constante. 16.- La disyuntiva se impone: o elegimos la libertad, partiendo de la creencia en Dios y con la conciencia de los deberes de la dignidad humana, o nos abandonamos a la pasión nihilista y a la destrucción en nuestra esencia humana por otros hombres. Si cabe hablar de un Derecho Natural en Karl Jaspers, proviene de la condición humana y se presenta en formas históricas concretas. Martín Heidegger -el más insigne filósofo de la existencia- parte de un «Sein-in-der-Welt'' abierto al ser. El hombre-escucha espera la palabra del ser que viene de lo oculto y se descubre como verdad ( aletheia, griega). La moral nada puede --como doctrina y exigencia- sino permanecemos abiertos al ser. El último Heidegger postula una filosofía del ser y no una filosofía 177 �EXISTENCJAUSMO }- ESTRUCTURALISMO del yo, una filosofía auditiva y no un pensamiento constructivo. Aunque. a~e~as si alguna vez se ha ocupado Heidegger de pro hJemas Jund1co~, no han faltado egregios iusfilósofos que aprovechen su pensamiento para proyectado a la Filosofía del Derecho. Verdross nos recuerda un interesante párrafo de su "Carta sobre el humanismo": "Solamente. . . del ser pueden provenir las señales de aquellas indicaciones normativas que tienen que convertirse en las leyes Y reglas de conducta de los hombres. Señalar se llama e~ g_ri_ego némein. Nómos no es sólo la ley, sino que originalmente s1gmf1ca la señal oculta en la providencia del ser. . . Solamente esa señal puede producir un orden obligatorio; todo lo demás es una pura creación de la razón humana". ¿Acaso se refiere Heideguer al Derecho Natural, a la lex aeterna? El propio autor del "Se~ v Tiempo" ha dicho que el "ser" no se identifica con Dios. Pero e~~onces surge otra pregunta: ¿cómo puede damos una señal aloo impersonal? Marci~ -_-uno de los r~ás fieles intérpretes de HeidPt>gge~-,,obs~rva que D10s es algo mas que el ser y que todo lo qup ex1st~ . No o~slante, la pre~ta sobre el ser es primaria y la preg~~ta sobre D10~, es secundaria. La lex aeterna se refleja en el esp1ntu humano. Del ser parten las señales, las nomoi hacia el hombre ?e~erminando su existencia''. Los mejores desarrollos del existenc1ahsmo alemán, en el campo de la Filosofía del Derecho. se encuentran en Wener Maihoffer, Erich Fechner, Georg Cohn y Hans Wclsel. 2. EL EXIST:&~CIALISMO JURIDICO DE WERNER MAIHOFFER 178 En 1954 aparece en la 'Editorial Klostermann de Frankíurt am 1 Main el libro Wemer Maihoffer ' Recht und Sein -Prolegomena zu einer Re~ht~on!o!ogf,e'' ("Der~cho Y, Ser -Prologómenos para una Ontologia Jund1ca ) . Dos anos mas tarde publica, en la mis11!~ ciudad _de Frankfurt, su obra ,:'Von Si~n menschlicher Ordnung" ( Del sentido del orden humano ) . ¿ Cual es el lugar y el sentido del ~erecho en la Fil?sofía existencial? He aquí la cuestión primordial en el pensamiento de MaihoHer. La ontología -siguiendo a Hei~egger- puede y debe presentarse desde el ángulo de Ja t~mporahda~. ~l. Derecho es una región del ser. La ontología reg1ona} d~ lo Jurid:co v~rsa sobre lo ~trahurnano, sobre lo cotidiano. El transito de lo mtenor a lo extenor --exterioridad existencialnos suministra la "objetivación", la forma social en situación mun- EN EL Á:\-IBITO DEL DERECHO danal. El yo y los "otros" entrelazados por el imperativo ~ocial utilitnrio restan autenticidad a la persona. Al actuar en sociedad, la persona representa tipos comunales, mostrencos -padre, propie• tario, causante del impuesto sobre ingresos mercantiles- y se enajena ineludiblemente. Estamos "arrojados" a un mundo_ comú~, con exigencias jurídicas igualitarias que se oponen a la smgula~dad incanjeable de cada ser humano. Lo jurídico se presenta a Ma1hoffer como "modo de inautenticidad", "indiferencia", "deficiencia'· de existencia auténtica. Estas consideraciones las habían realizado, con bastantes años de anterioridad, José Ortega y Gasset ~n su curso sobre "El Hombre y la Gente"- y Luis Recaséns Sichcs --en su libro "Vida humana, Sociedad y Derecho"-. F.I profesor de la Universidad de Würzhurg presupone, sin demostración alguna, que todo lo que no sea vida en soledad o vida ínter-individual es existencia inauténtica. Pero ¿por qué razón lo social --que brota <lel ser mismo del hombre-- ha de estar con-' dcnado a ser un '·modo de inautenticidad"? ¿Acaso el tránsito de lo interior a lo exterior no puede ser auténtico? El hombre consciente de su dimensión jurídica asume sus derechos y sus obligaciones, reconoce la insoslayable necesidad de un orden jurídico vivirlo. :\'o veo razón alguna para decretar inauténtico todo lo que se refiere a formas sociales. Si vivir es estar en situación y en circunstancia en el mundo, ¿ cómo eludir la autenticidad del mundo jurídico? Ciertamente el mundo jurídico es tan sólo un aspecto del mundo total y la ontología de lo jurídico es apenas una ontología regional que no niega el ser existente en tanto que existente. Pero esta distinción nunca nos debe llevar al menosprecio de lo que constituye un medio indispensable para la cabal realización vocacional de la persona humana. Ni Ortega ni Heidegger aciertan --dicho sea con todo respeto- al caracterizar todo lo social como modo inauténtico de ser. Habría que decir -para ser más preciso-- que el peligro de inautenticidad se esconde en el ámbito de lo social. &o es todo. Lo que me parece más positivo de Wemer Maihoffer es el haber puesto de relieve el sentido existencial del Derecho. Claro está que la pura existencialidad nos podría conducir a un aventu• rerismo irresponsable. Si no inteligimos esencias no podemos con• cebir el Derecho Natural. Y si no podemos concebir el Derecho Natural, el pretendido Derecho positivo se nos convierte en una pura expresión de fuerza del gobernante en turno. &tamos de acuerdo que las indicaciones normativas provie- 179 �EXJSTF.NCJALIS:\10 Y ESTRUCTURAUSl\10 nen del ser. Pero no de un ser que es pura luz impersonal sin sostén entitativo, sino del ser humano en su cabal naturaleza individua 1 y social. Otra cosa sería "idealismo de la significación", providencia del ser impersonal. La existencia, la intuición del ser existencial, tiene la primacía sobre la esencia, como el acto precede a la potencia. Pero eso no significa que se destruyan o supriman ] as esencias. Todo lo contrario, la existencia implica las esencias o na• turalezas y con ello salva la inteligibilidad. Porque existencias sin esencias es algo impensable y por ende imposible. Yo diría que la existencia del Derecho se muestra incorporada o realizada en instituciones jurídicas, en derechos subjetivos, en deberes y en el Estado. La historia del Derecho sólo podrá decirnos lo que le acaece al Derecho, más nunca lo que el Derecho es. Porque una cosa es describir los fenómenos jurídicos y otra cosa es aprehender y expresar su esencia. Lo que se realiza en el mundo del Derech; n_o se rea~iza por~e si -la gratuidad perfecta de Sartre es impos~b_le-, smo ~ue tiene una específica intencionalidad hacia Ja jusllc1a, la segundad y el bien común. Toda existencia tiene sentido. , .., creadora de sentido. Pero este sentido es d~scurso sobre el ser Y sobre el ser humano en particular. En mi libro "Existencialistas Y Existencialismo" (Colección Oro de la Editorial Atlántida p_ág. 162, Buenos Aires 1958) he afirmado que "esencia y existen: c1a son ontológicamente inescindihles. El ser es una síntesis de esencia Y_ existencia. Usar el nombre de existencialismo para negar las esencrns es fraude y es usurpación". No podemos encarnizarnos con la finit~_d de las situaciones jurídicas y complacemos, hasta la exasperac1on, con el lado cambiante del Derecho. Sin un Derecho Natural permanente, ¿cómo historiar el mismo Derecho positivo? 180 . ~si tod,o~ los grandes iusfilósofos han cultivado, a la par, la F1losof1a ~obhca. El caso de Werncr Maihoffer confirma la regla. En un reciente estudio intitulado ''Die Würde des Menschen ah, Zweck des Staates" (La dignidad del hombre como objetivo de lo, Esta.dos) publicado en alemán por la Universidad de Granada, en los "Anales de la Cátedra Francisco Suárez" (Núm. 12 fascículo 2o. 19~?) e • • ' ' - e l pro.1esor <le Filosofia deJ Derecho de la Universida~ de Würzhurg an_ali~a la garantía constitucional de la dignidad humana en la República Federal Alemana la necesaria relación entr<' la dignidad humana y el Estado de De;echo, la libertad como cond!ción del ''ser ahí" de la dignidad humana, el nexo entre la digmdad humana y el Estado social de Derecho, el bienestar y la jus- EN EL ÁMBITO DEL DERECHO ticia como condición de la dignidad del hombre para concluir ar: monizando el Derecho del Estado y la ?igni~ad h~mana. He. ~q~, sus últimas palabras: "Das Recht ist eigenthch mchts als Knt1k , so sagt schon Gottfried Keller. Kritik ?er '.7:erhá~tni~se der Cese• leschaft mit den Mitteln des Rechts auf ihre uberemstI~ung od~r l\'icht-ühereinstimmung (so fügen wir zusammenfassend hinzu) mlt der Würcle des Menschen als Zweck des Staates" (Opus cit., pág. 62). Traduzcamos: '"El Derecho no es, propiamente, como la crítica", así lo ha dejado dicho Gottfried Keller. Crítica de la proporcionalidad de la sociedad con su medio del ~erecho, en su concordia o no concordia ( así lo asentamos resumidamente con antelación) con la dignidad del hombre como met~ del Estado".. Esta tarea -añadamos por nuestra cuenta- es emmentemente existencial y tiene que ser realizada periódicamente. 3. EL EXISTENCIALISMO JURIDICO DE HANS WELZEL Hans Welzel, profesor de la Universidad de Bonn, ha r evelado su agudeza y su mesura en una obra -bien conocida por los especialistas en la materia- que no ha sido suficientemente valorada. El libro lleva un título y un amplio subtítulo bastante significativo: "Naturrecht und Materiale Gerechtigkeit - Problemgeschichtliche Untersuchungen als prolegomena zu einer Rechtsphilosophie- (Editorial Vandenkoeck & Ruprecht, de Gotinga), incompletamente traducido al castellano. La omisión, en este caso, es importante. El autor ha querido ofrecernos su existencialismo jurídico en una pesquisa histórica. He aquí la traducción completa: "Derecho Natural y Justicia Material -Investigación de la problemática histórica como profogómenos para una Filosofía del Derecho". Desde las primeras líneas, Hans Welzel se pronuncia contra el esencialismo del Derecho Natural antiguo. "En la idea de un Derecho Natural, la regulación humana de la conducta y el orden natural aparecen radicalmente separados. Aquella no se deriva orgánicamente de éste, sino que ambos son tenidos como dos polos distintos, e incluso como una contradicción" ("Derecho Natural y Justicia Material", Pág. 3, Editorial Aguilar ). Si esta aseveración se limitase al Derecho Natural griego, nada tendríamos que objetar. Entre los griegos, la regulación humana de la conducta estaba inserta en las mismas leyes del ser. Nomos y Physis constituían una unidad esencial. Pero con los sofistas surge el problema de 181 �182 EXIS~El'iClALTS'.\10 Y ESTRUCTURALISMO EN EL ÁMBITO DEL DERECHO saber si la naturaleza humana es algo unívocamente determinado o determinable, desde la cual pueda llegarse a la idea del Den'cho. Los intentos de dar una respuesta a esta pregunta han escin• dido radicalmente desde un principio la doctrina del Derecho Na• tural. El profesor de la Universidad de Bonn nos habla de una antítesis entre un Derecho Natural "ideal" y un Derecho Natural "existencial". Para el Derecho Natural ideal -advierte Welzel-, la esencia del hombre se determina partiendo de la razón, del logos; el hombre es un ser racional y social, un anímale rationale et sociale. Para el Derecho existencial, en cambio, el hombre no es primariamente un ser racional, sino que se encuentra determinado por actos volitivos o impulso de naturaleza prerracional. Para la doctrina i<leal del Derecho Natural, éste es un orden ideal, eternamente válido y cognoscible por la razón; para la doctrina existencial del Derecho Natural, en cambio, éste se basa en decisiones condicionadas por la situación concreta dada o en la afirmación vital de la existencia" ( Opus cit., pág. 5 y 6). Me interesa hacer notar cómo el autor destaca un elemento quP cierto iusnaturalismo tradicional pasa por alto: actos volitivos e impulsos <le naturaleza prerracional, decisiones condicionadas por la situación conc1·eta dada y afirmación vital de la existencia. Pero no veo la necesidad de formular una antítesis tajante e inconcilia ble entre estos elementos y la naturaleza o esencia racional y social del hombre que autorizan a hablar de un orden ideal -al menos en los primeros principios- eternamente válido. Tengo la impresión de que Hans Welzel pasó demasiado aprisa sobre la doctrina tomista y que desconoció la profundidad y mesura de la escuela iusfilosófica española de los siglos de oro, que supo conjugar los elementos del "Derecho Natural ideal" y los elementos del De• recho Natural existencial". Nos parece que se generaliza demasiado cuando se afirma: "Desde un principio, el Derecho Natural había vivido de la tensión entre idea y realidad, y, por eso, al convertirse en realidad, cegó la fuente de la que, hasta entonces, había extraído su fuerza. Después de haber salido a la liza con la pretensión de crear un Derecho válido para todos los pueblos y todos los tiempos, había terminado por convertirse en un código austriaco, prusiano, fran· cés. El Derecho Natural parecía así haber sido refutado por la realidad, sin que fuera precisa más polémica" (Opus cit., pág. 207). Si estas palabras- se tefiriesen exclusivamente al Derecho Na• tural racionalista del siglo XVIII, que pretendió convertirse en un Código detallado de normas, estaríamos plenamente de acuerdo. Sólo que el autor no restringe su afirmación. Por eso, aplicada al Derecho Natural suareciano, por ejemplo, que distingue entre De• recho Natural preceptivo y Derechó Natural dominativo y que acoge las circunstancias de tiempo y de Jugar, la afirmación de Welzel carece de sentido. ' Para Hans Welzel, la positividad, es decir, la determina• ción y la imposición real, constituye una conquista conceptual permanente porque se trata de un momento esencial del Derecho. Adviértase como ahora admite un momento esencial. Esencial porque "sól¿ el orden que posee fuerza conformadora de la realidad es l)erecho, y el orden más ideal, que no posee esta fuerza, no satisface la más elemental presuposición del concepto del Derecho". (ppus cit., pág. 211). En esta ocasión, el autor alemán no distingue entre coacción y coercibilidad, entre lo que es un elemento de esencia y lo que es una propiedad. El Derecho tiene como propiedad la coercibilidad pero no es esencialmente coactivo. Primordialmente es dirección y no coacción. La mayoría de las veces se cumple voluntariamente. La coacción viene desde fuera y se Je asocia. Sin embargo, la coacción resulta a veces imposible y otras veces inoportuna. Por eso se siente precisado a concluir: "Para el Derecho Natural, esta idea trajo consigo una consecuencia de gran alcance: la de tener que renunciar a la pretensión de ser Derecho. El Derecho Natural es sólo una parte del concepto del Derecho, a saber: su elemento ideal-normativo. La teoría del Derecho Natural tenía, por eso, que transformarse en una teoría del Derecho 'justo', en Filosofía de] Derecho y Etica jurídica material" ( Opus cit., Pág. 211). El Derecho Natural no ha perdido ni perderá nunca su carácter jurídico, mientras haya que descubrir en la alteridad -elemento esenci;il de lo jurídico- los principios materiales del recto obrar social. El existencialismo que nivela todas las formas de comunidad a formas de la existencia inauténtica de masas, no puede apreciar debidamente 1os contenidos de la vida social y del Derecho. "A ello se añade, en la Filosofía existencial, la gran dificultad de llegar a un orden objetivo, de validez general, partiendo de su peculiar concepto de la verdad''. El voluntarismo de Carl Schmitt -confiar a un poder políticQ existente la 'última decisión acerca de lo bueno y de lo malo para todos- parece ser la única salida del existencialismo para llegar a un orden general y supraindividual. 183 �EXJSTENCIALlS~lO Y ESTRUCTURALISMO EN EL ÁMBITO DEL DERECHO Pero ahora resulta que Carl Schmill ha convertido su voluntarismo Jccisionista en una ontología de las formas enteléquicas. Y la problemática del Derecho Natural comienza de nuevo, Welzel trata de avanzar a través de la filosofía existencial. La decisión existencial contiene un sentido intemporal, un cierto valor absoluto, pese a toda contingencia. Los fines del obrar residen en bienes concretos y • , en " consono en valores ahstractos. Y estos h1enes concretos estan nancia" con otros bienes. Dios es un Bien concreto. Existen cier• tos datos ontológicos fundamentales a los que se halla vinculada toda posible valoración jurídica. y valores que configuran esencialmente al Derecho. Suprimamos 4. EL EXISTENCIALISMO JURIDICO DE ERICH FECHl\ER 184 Algunos iusfilósofos se sienten insatisfechos del "Derecho" en 1as trágicas experiencias totalitarias y en las crisis subsecuentes que estas vivencias dejan en los espíritus. Obsérvese que escribo . "Derecho" entre comillas porque me parece que a eso que denominan los totalitarios ··Derecho" no es Derecho. La palabra Derecho proviene de directum. Y precisamente los regímenes totalitarios se caracterizan por su ausencia de rectitud. Nunca puede, e] auténtico Derecho, producir la amarga impresión de la injusticia y del desorden. En todo caso, las épocas de crisis son propicias para interrogarse sobre el sentido y valor, sobre las fuentes y los ingredientes del Derecho. El técnico de la abogacía se contenta con manejar --sin analizar- ideologías implícitas al servicio de cualquier propósito. Pero el iusfilósofo no puede quedarse en los asfixiantes linderos de una tecnocracia jurídica hueca de fermento axiológico. Tal es el caso del Dr. Erich Fechner, catedrático de la Universidad de Tubinga. ¿ Cómo llegar a una definición total del Derecho? El proÍf'· sor Fecbner adopta el método fenomenológico, porque no quiere recurrir a enfoques unilaterales, sean positivistas, naturalistas, historicistas o sociologistas. Tampoco desea partir de una especie de espíritu absoluto, a lo Hegel. Prefiere inventariar todos los factores -reales e ideales- que intervienen en el Derecho. Las instituciones jurí<licas -cosa que suelen olvidar los idealistas- están condicionadas por realidades sociales, cambio de técnicas económicas y equilibrio de fuerzas políticas. Por ese lamentable olvido, los idealistas caen en un inmovilismo jurídico divorciado del mundo real. Pero los ¡>ositivistas, naturalistas, historicistas y sociologistas caen en otro error -acaso más grave- al ignorar los ideales esos ideales y valores, y el Derecho se derrumba. Ahora bien, los escombros -permítasenos utilizar esta metáfora- no suscitan acatamiento. Fechner sabe que el ser está formado por estratos sucesivos y jerarquizados, en donde cada capa ontológica superior --eon sus propios principios, categorías y leyes-- se encuentra soportada por la capa inferior próxima: lo espiritual en lo psicológico, lo psicológico en lo animal, lo anill'.\al en lo orgánico, lo orgánico en lo inorgánico. Cada estrato ontológico representa algo nuevo. El ser tiene un orden multiforme. Dentro de esta ontología, de ha• se hartmanniana, Fechner ubica el Derecho dentro del orden humano que rige las relaciones sociales. Y este orden está afectado por ]os diferentes estratos del ser. Las proposiciones jurídicas, que no se inventan ni construyen, son halladas y se procede a ree]aborarlas. El punto de partida fenomenológico con su visión estratificada del ser, conduce a Erich Fechner a la definición total del Derecho. Y la definición total del Derecho le lleva, nuevamente, al Derecho Natural; pero a un Derecho Natural existencial. Su producción, no muy extensa, es muy selecta: "Freiheit und Zwang in sozialen Rechtstaat" (1953), "Die soziologische Grenze der Grundrechte" ( 1954), "Naturrecht und Existenzphilosophie" ( 1955), "Rechtsphilosophie, Soziologie und Metaphysik des Rechts" (1956). Más que en la rigidez absoluta de unos contenidos normativos, el Derecho Natural se caracteriza por la conciencia de una objetividad. En busca de la solución mejor, los humanos se esfuerzan extrema y concienzudamente en la ponderación de todos los datos posibles. De ahí la relativa corrección y validez del Derecho Natural. La búsqueda de la auténtica convicción jurídica se realiza en situación existencial concreta, bajo condiciones objetivas y riesgos deter• minados. Y esta búsqueda se verifica una y otra vez. Nada de mun• do absurdo, actos gratuitos, libertad absoluta e individualismo extremo. Erich Fechner se inspira en las últimas y mejores etapas de Heidegger y en algunas tesis moderadas de Jaspers. Nunca en las doctrinas extremas de Sartre. La libertad del hombre no es una libertad arbitraria, sino una libertad en situación, una libertad inmersa en el cuadro de las leyes del ser. El hombre decide creadoramente por decisiones aventuradas y prospectivas. Pero hay decisiones que conducen al éxito -porque se adecuan a las posibilidades del ser- y hay decisiones que conducen a la catástrofe porque están fuera de esas posibilidades. Por encima de las libertades está el orden o los órdenes que, cuando 185 �EXiSTENCIALISMO Y ESTRUCTURALIS~fO 186 son. vulnerados, toman su revancha en los resultados. Donde producimos algo nuevo está la objetividad. Las decisiones triunfantes lomadas e? . el pasado, las decisiones que se mantienen en pie y las predec1S1ones humanas nos vinculan por lo que suele denomi• narse la naturaleza de las cosas. Si el ser implica un orden, cabe r~stah_lecer un Derecho Natural flexible, prudencial, atento a la h1stona del Derecho y al Derecho comparado. La obligatoriedad de este Derecho Natural flexible dependerá de los estratos de los fenómenos a que se refiera. Los factores económicos y políticos e_stán en transform~ción constante. De ahí un Derecho abierto que tiene qu~ ser. ~ontm~amente descubierto, investigado y que parte de una s1tuac1on de ignorancia y de riesgo. Sin negar las profundas verdades que rescata Fechner para la Filosofía del Derecho de nuestros días, me permito formular algunas observaciones críticas: . lo.- Fechner subraya en demasía el factor de cambio y df' nesgo en el Derecho con un cie1to "pathos", que ignora el valor fundamental de la seguridad jurídica. 2o.- No apunta Fechner, como debiera las constantes jurídicas o la estructura permanente del Derecho. ' 3o.- No distingue, dentro del orden del ser, el elemento permane,nte y el elemento cambiante de un Derecho Natural flexible. fras los datos en gran medida cambiantes, Erich Fechner trata, de e~trever una fuente últi~a del Derecho, un orden objetivo mas alla de los textos legales vigentes. Ni sumisión incondicional a los hechos, ni Derecho rígido, hierático, divorciado de la vida. Metafísica y sociología son caminos complementarios. La Filosofía del ~;recho_ debe estudiar los fenómenos jurídicos parciales e~, conexion s?cial .y en contexto existencial; pero investiga, tambi~~• la necesidad mtrínseca del Derecho, la fundamentación y la c~1tica de sus formas reales. Y en este sentido, es Metafísica juríd1c~. Al tomar, en su yunto de partida, situaciones dadas, datos sociales presentes, la Filosofía del Derecho es Sociología jurídica. ~e otro modo, nuestra disciplina se perdería en lo abstracto y en lo irreal. He aquí los méritos de Fechner. Con verdadera agudeza, Luis Recaséns Siches habla de que "Fechner propugna no tanto lo que se ha llamado un Derecho Na• tural con contenido variable, sino más bien un Derecho Natural con un contenido en devenir". Y el hombre participa, en este Derecho, de manera cognoscitiva y de manera decisoria. Pero yo me pregunto como puede devenir lo que deviene -el Derecho-- sin una estructura permanente que esté por debajo y por encima del EN EL ÁMBITO DEL DERECHO devenir mismo. Porque sin un Derecho suhstante, el Derecho Natural con un conlenido en devenir resulta ininteligible. 5. ¿ QUE ES EL ESTRUCTURALISMO? El estr uchlralismo surge, como tendencia o escuela filosófica en el crepúsculo del existencialismo. Algo hay de moda en este nuevo movimiento. Fuera de Francia, no ha logrado gran número de adeptos y mayor difusión. El estructuralismo carece, por ahora, de grandes figuras filosóficas. Nace con Claude Lévi-StraUS$ (un antropólogo) y con Jacques Lacan, Roland Barthes, Louis Althusser, Michel Foucault. Entre los estructuralistas existen diferencias notables por lo que respecta a formación y línea filosóficas. La revolución opera<la en lingüística, ante todo en la fonología de Trubetzkoy y Jakobson, así como en los estudios de Jingiiíslica estructural (Bloomfield, Ha nis, etc.) sirven de punto de partida para una meditación filosófica. Levi-Strauss había advertido a Gcorges Charhonnier que '•todo problema es problema de lenguaje" y que "la verdadera cuestión es el lenguaje" (Entretiens a-vec Claudc Levi-Strauss págs., 157 y 160, París 1961). No obstante, la antropología cultural no se limita a copiar la lingüística y la fonología estructurales. Porque no es lo mismo "un sistema de apelativos" que ''un sistema de actitudes". El estudio de l.kvjStrauss no es diacrónico e histórico, aunque no se rechaza la importancia relativa de estos factores; tampoco se trata de estudiar un estado ''presente" o "instantáneo". Los elementos diacrónicos pueden integrarse sincrónicamente en estmcturas, sin admitir su carácte1 primordial o condicionante. La razón dialéctica es tan sólo una extensión de la razón analítica. Marx y Freud le sirven a Lévi-Strauss como importantes precedentes de su investigación estructural. Jacques Lacan habla de un psicoanálisis estructurai y Louis Althusser desarrolla estructuralmente el pensamiento marxista de las relaciones económicas y de las infraestructuras. Por su parte, Roland Barthes estudia estructuralmente la crítica liter:J ria y la producción artística. La máxima popularización del estructuralismo se debe a Mi chel Foucault. En su arqueología de las ciencias humanas, investiga, "a partir de qué los conocimientos y teorías han sido posibles" Se trata <le averiguar las condiciones de posibilidad en la histori? <le ciertos conocimientos, más que su valor racional o su perfección creciente. Puesto que el hombre mismo es estructural, las ciencias 187 �E)(JSTENCIALISMO Y ESTRUCTURAl.ISMO 188 humanas son, consiguientemente, estructurales no históricas. El psicoanálisis y la etnología engloba prácticamente el dominio entero de las ciencias. En frases hiperbólicas y apocalípticas, Foucault vaticina "1a muerte de la filosofía" y, lo que es más grave, la muerte de la hi::,toria y del hombre. El ser humano "deja de ser el viejo y constante problema que se creyó que fue". El hombre es una invención cuya fecha reciente exhibe la arqueología de nuestros pensamientos. Y acaso su próximo fin" ("Les mots et les choses", pág. 398, París 1966). Sartre ha dicho que el bombre es "un producto de la estructura pero en tanto que le supera". En el supuest~ de que las estructuras hagan al hombre, habría que saber todaVIa que hace el hombre con las estructuras. Estruct~ra indica el plan s~gún el cual se construye el objeto ~ est~ -~entido, estructura es smónimo de organización, arreglo y d1spos1c10n. El estructuralismo como teoría, como método trata de poner eu re~acíón lo que se convertirá en las partes de un todo p 05. tu lado previamente. Pero, ¿podemos saber dónde y cómo detener. no,!)? Para totaliza: es preciso conocer los elementos separables. El metodo c~lructural~sta es _analístico y totalizador, reconoce, conjuntos or?amzados, dife~nc1as en una relación común según la cua r s~ def1~e11. La plu~ahdad de la organización supone un arte corn h.mator~?; Es p~cc1~~ comprender el vínculo que sostiene la totah_~ad. La •~tahzac1.on no ~ confusión de las diferencias o repetic10~ d~. lo nusmo,_ smo a~t1culación de totalidades parciales y sucesivas (Jean Pomllon, Un ensayo o definición" en el libro en c~labora?ión ::Problema~ d~I. estructuralismo", pá~. 18, Editorial Siglo XXI)_. . P~demos 1~s1stlr sobre el factor dinámico, productivo, que esta ligado a la filosofía de las estructuras. En la ciencia como en el ~r~e. el diálogo entre el espíritu y la realidad implica una laguna m1C1al que se colma mediante la invención de los modelos y d~ los campos cle operaciones. No se puede suponer que el pensamiento refleje una experiencia totalmente constituida ni que disponga con pleno derecho de las formas que hacen a la' experiencia posible o válida: Seria una imagen muy pasiva o muy teórica de la vida de la mente~•. (Noél Mouloud, "Reflexiones sobre el problema de las estructuras", en el volumen en colaboración estructuralismo, pág. 23, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires). "Sólo está estructurado el arreglo que responda a dos condiciones: que sea un sistema regido por una cohesión interna· y que esta cohesión, inaccesible a la observación de un sistema aislado, se revela en el estudio de transformaciones gracias a las cuales se en- EN EL ÁMBITO DEL DERECHO cucntran propiedades similares en sistemas en apariencia diferentes" (Claude Levi-Strauss: "Elogio de la Antropología" págs. 3334. Cuadernos de Pasado y Presente, Córdoba, Argentina). Hemos traído a colación estos tres textos de Poullion, de Mouloud y de I..évi Strauss. para mostrar como, a pesar de las diferencias de formación y de línea, puede hablarse de un común denominador en el estructuralismo. Nuestro tiempo requiere, imperativamente, la síntesis de historia-(historicismo), y estructura ( estructuralismo). La realidad desborda a toda estructura, a todo sistema preconcebido. Pero, ¿ cómo decir que el hombre no tiene naturaleza, sino historia? Sin una estructura permanente del hombre, sin mengua de su historicidad, ¿ cómo historiar ]o historiado? Al acercarnos personalmente a las principales corrientes filosóficas no hemos podido dispersarnos de contrastarlas con la verdad, con nuestra verdad. Hacer apología de los errores o callar ver<..ade,,, cuando éstas vien~n ai Cü:,O, es <'arecer de honestidad intelectual y traicionar a la inteligencia. He querido, en el examen crítico de las más destacadas doctrinas filosóficas de nuestro tiempo, cumplir con el deber que impone "la responsabilidad de la voz". Cargo con la responsabilidad personal de mis objeciones a la obra de egregios filósofos contemporáneos, dichas por lo demás, con todo respeto y haciéndoles toda la mesura. Vivimos, po fortuna para ustedes y para mí, en un mundo libre que posibilita el dialogo en el cual el filósofo habla "como hombre a otros hombres, sin la pretensión de enseñar o dirigir, sino sólo con aquella mucho más modesta y fundada, d~ poner a disposición de los demás, para que eventualmente se sirvan de ellos, ciertos esclarecimientos sobre las experiencias humanas fundamentales, que él mismo, en gran parte, debe a la obra y al trabajo de los demás" (Ahbagnano). Ciencia comprometedora de la realidad eterna, la filosofía avizora la Verdad que la trasciende y la guía. :Es en ésta verdad del ser, precisamente, en la que alumbra sus explicacione$ fundamentales. Si la filosofía es la forma más alta de la expe riencia humana totalmente racionalizada, filosofía y vida son, er1 el fondo, una misma cosa. Quienes se creen emancipados de cual· quier filosofía, menospreciando el rigor de la disciplina y las aportaciones de sus más ilustres representantes, no pasan de ser -al fin animales racionales-- "filosofillos" diletantes, constructores de vanas especulaciones que -dicho sea con implacable sinceri~adsalen sobrando. Hoy como ayer -y acaso la circunstancia de este 189 �EXISTENCIALISMO Y ESTRUCTURALISMO siglo sea más apremiante que la de los siglos pasados- el imperativo socráLico: "gnoscete ipsum·• conserva toda su vigencia. Así lo pensamos, por lo menos, quienes entendemos la filosofía como un imprescindible menester de ubicación y de autoposesión. 6. EL ESTRUCTURALISMO JURIDICO ]90 Toda regulación jurídica presenta una forma o estructura lógica. Y toda estructura --cualquiera que sea el contenido o materia- es siempre bilateral o multilateral. Mientras en la moral la regulación es unilateral, imperativa, sin que exista persona humana autorizada para reclamar el cumplimiento del deber; en el Derecho el simple deber se convierte en deuda y la regulación se _torna imperativo-atributiva. Con su acostumbrada claridad r perspicacia, Giorgio del Vecchio advierte la distinción entre el tipo dt' regulación moral y el tipo de regulación jurídica. Las valoracione:: jurídicas implican siempre una referencia transubjetiva. Lo qu<' un sujeto puede jurídicamente lo puede frente a los demás: la fo cultad jurídica significa facultad de exigir alguna cosa de otro. D· aquí que, mientras las valoraciones morales son subjetivas y unilaterales, las jurídicas, en cambio, son objetivas, y bilaterales. La norma ética, en el primer sentido, es norma sólo para el sujeto; esto es, el precepto moral indica una directriz sólo para aquel que debe obrar. Y aunque a veces también el comportamiento del sujeto al cual se dirige la norma, tenga efectos sobre otros, éstos, sin embargo, no reciben de aquella ninguna indicación acerca de su propia conducta o modo de obrar. Por el contrario, en el sentido jurídico las determir,aciones del obrar son siempre bilaterales y están concatenadas; la posibilidad subsiste por una parte, en cuanto subsiste la necesidad correspondiente por la otra ( esto es, el deber de no impedir) ; y lo mismo, viceversa. Cada uno de lo~ términos extrae del otro su sentido y eficacia" ("Filosofía del Derecho", segunda edición, Tomo I, pág. 414, traducción castellana ºe Luis Recaséns Siches, UTHEA). Mucho antes que el jurista ruso L. Petrasisky hablase de bilateralidad en el Derecho, Santo Tomás de Aquino había expresado inequívocamente el atributo de alteridad como propio del fenómeno jurídico. La Moral -dicen los escolásticos- es ab agenti, el Derecho ad alterum. Heinrich Henkel -uno de los más penetrantes iusfilósofos de la actualidad- ha hablado, recientemente, de una fuerza normativa del ser. "Las 'cosas', entendidas en base a las leyes del ser, EN EL ÁMBITO DEL DERECHO exigen del hombre actuante un comportamiento que esté conform~ con el orden que les es inmanente, que se les trate de una forma: determinada; y asimismo exigen del que quiere regular el comportamiento humano con proposiciones jurídicas que introduzca en la norma jurídica de comportamiento el orden ontológico inherente a las 'cosas' --siempre que ello sea compatible con las metas y fines jurídicos-". ("Introducción a la Fi_losofía del Derecho", pág. 272, Biblioteca Política Taurus, Madnd 1968). La ley del ser constatada como elemento ordenador jurídicamente relevante, su¡;one que "en los fenómenos de la realidad están contenidas conexiones de orden que pueden co-fundamentar perfectamente el contenido de una norma jurídica de deber ser, si bien sólo como preformas, elementos de construcción, estructuras jurídi,eas o _como se les quiera llamar", (Ihid., pág. 273). Las estructuras sirven de base a la regulación jurídica. Pero en definitiva, la regulación jurídica se obtiene mediante un proceso creador orientado a las mr tas y fines fundamentales. Sobre los datos previos se pone de manifiesto el factor -ideal del Derecho, el "dato a cumplir" por el Derecho. Factores reales e ideales de la formación del Derecho son aspectos de un objeto unitario e indivisible. Ya Welzel había llamado la atención sobre el hecho de las "estructuras lógico-reales" que encierra la regulación del Derecho y que influyen esencialmente en el contenido de las normas. Estas estructuras pertenecen a la esfera de las leyes ontológicas y se presentan en el transcurso de] proceso de conformación del Derecho. Henkel afirma: "Al comienzo existe siempre el plan jurídico de regulación que en su sentido y meta hace ya preciso, muchas veces, importantes decisiones jurídicas de valor y fin. . . Todo plan abar• ca un determinado sector de objetos del ser al que se refiere su regulación. Es en virtud de esta relación que penetran en el campo de visión aquellos objetos que contienen estructuras lógico-reales. Al hacerse relevantes para la regulación jurídica determinados objetos del ser, las leyes del ser en ellos contenidas desarrollan su acción sobre el Derecho. Respecto de las estructuras lógico-reales, esto significa que ellas señalan ahora a la solución jurídica una determinada dirección y un determinado camino que ha de ser aprehendido y consecuentemente mantenido en la regulación concreta. La regulación jurídica encuentra, pues, en las estructuras lógicr reales firmes puntos de apoyo, a los que se puede orientar también el que aplica el Derecho. La reflexión sobre ello hace com prensible la estructura de normas en las relaciones esenciales de 191 �EXISTENCIALISMO Y ESTRUCTURALISMO EN EL ÁMBITO DEL DERF.CHO sus objetos y permite conocer sus fundamentos~' (!bid., pág. 462). El mismo autor pone como ejemplo la tarea reguladora de formación de un tipo jurídicopenal de delito que presupone, antes que nada, la decisión jurídica sobre el contenido criminal de lo injusto. Se trata de saber si el comportamiento en cuestión es digno de pena y necesita esa pena. Además de una decisión de valor conforme a los criterios del orden social de valores, se requieren consideraciones políticocriminales de cuyo resultado surge el plan de regulación. Con estas salvedades - y no sin serias dudas- nos atrevemos a hablar del estructuralismo moderado de Heinrick Henkel. En la República Argentina, Edgardo Fernández Sábate ha estudiado la estructura sistemática del Derecho. Los fenómenos jurídicos se dan en el orden del tiempo (que es irreversible e irrevoca ble), en el orden temático (que es una operación eidética o de abstracción para unificar multitud de situaciones jurídicas: impuesto, contrato, hipoteca, constitución, pena ... ) , y en el orden sistemáti·co (preeminencia de unos conceptos sobre otros y articulación de todos entre si). Toda sistemática opera con la definición, la división y la clasificación. La división debe ser completa, los términos deben ser irreductibles, se debe mantener el mismo punto de vista y las especies se deben inordinar en los géneros. Teóricamente, el sistema permite la visión ordenada del fenómeno jurídico. Prácticamente el sistema sirve para ubicar las figuras jurídicas y las normas que las rigen. Femández Sábate parte de la pe~ona en sus operaciones jurídicas. ¿ Qué aspectos de la persona le mteresan al Derecho? El iusfilósofo argentino los sintetiza en tres conceptos fundamentales: la alteridad, la libertad y la discursividad. Dentro del aspecto de alteridad se da el Derecho de las personas y el Derecho de las comunidades. La estructura de las relaciones personales es triple: dinación se trata de distribuir entre los miembros de una comunidad las cargas y los beneficios, mediante leyes y decretos. En sentido laxo, puede hablarse de un Derecho Administrativo que explana o desarrolla la Constitución conforme a justicia distributiva. En las relaciones Je coordinación rige el Derecho contractual y la justi<'ia conmutativa. Enfocado el fenómeno jurídico desde el punto de vista de la libertad, el hombre puede transitar por caminos jurídicos y ·por caminos anlijurídicos. El autor sudamericano habla de un Derecho de fondo tderechos y deberes de las personas en el cumplimiento de lo justo) y de un Derecho protector (protección de lo que es justo mediante un Derecho preventivo y un Derecho reparador). Descle el punto de vista de la discursividad, todo Derecho está sometido a un proceso porque el hombre es temporal. El proceso de realización jurídica <livídese en proceso de conocimiento y proceso de ejecución. "El proceso de conocimiento traduce los proyectos de conductas en normas y el proceso de ejecución traduce las normas en conducta efectiva" (Edgardo Fernández Sábate: "Estructura Sistemática del Derecho'', pág. 34, Universidad Nacional de Tucuman, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales). He aquí un tipo de estructuralismo que no se queda en formalismo, porque parte de la onticidad integral del ser humano leída por el jurista. a b c - 192 De la persona hacia la comunidad De la comunidad hacia la persona De la persona hacia la persona Trátase de relaciones de inor<linación, de subordinación y de coordinación. En las relaciones cie inordinación las personas entran dentro del oTden común y establecen las primerísimas normas de convivencia comunal. La función basal del Derecho constituyente está regida por la justicia general. En las relaciones de subor- 193 �JORGE VILLEGAS EL DERECHO A LA INFORMACION INTRODUCCION E N SU SEGUI'il)O INFORi'1E DE ADMINISTRACIÓN, EL PRESIDENTE Luis Echeverría advirtió que su gobierno "garantiza la libertad de expresión y propicia su práctica. Es facultad y deber de los ciudadanos -añadió-- hacer uso de ella a través de los medios de düusión". Pero al ejercer esa libertad, advirtió el presidente, los medios de difusión "han de reflejar honradamente los logros de la República en el camino de su propia "superación". En las citadas aseveraciones presidenciales hay equívocos y contradicciones explicables por situaciones anómalas de hecho y de derecho que se remontan hasta los inicios del México Contemporáneo, son más palpables a partir de los años cincuenta y aún subsisten. Un congreso constituyente que en su celo por proteger la libertad de expresión creó un fuero de excepción, aparentemente en beneficio de los periodistas; un poder legislativo que abdicó a su obligación de reglamentar aquel derecho y una ley orgánica casuística, viciada de origen y exageradamente restrictiva de la garantía que presume proteger; he ahí los elementos de la situalJc. Jor!le Vlllesas. egresado de la Paeultad de Derecho y Ciencias Boctates de ta Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente Director de la Canera de Lieenclado en Ciencias de la Comunicación, del Instituto Tecnolóetco :, de Estudios superiores de Vonterre:,. Ha t,ahaiaóo en diarios Y otras publleaclones desde 1957. �EL DERECHO A LA INFORMACIÓN 196 c1on anómala de derecho que convierten a la autoridad en la protectora maternal de la libertad de expresión. Papel que admite y reconoce agradecidamente la prensa mexicana en la ceremonia con que cada 7 de junio celebra el "Día de la Libertad de Prensa". . . En cada conmemoración, el Presidente de la República es el mvitado de honor de los propietarios de los periódicos mexicanos. El ritual establecido exige que los empresarios agradezcan cump~idamente al primer mandatario porque "su gobierno", en ningun momento, coartó o intentó coartar la libertad de prensa. Y que, llegado el caso, consignen su emocionado reconocimiento en algún pergamino en que se exprese que el "Presidente de Ja República ha mantenido incólume, durante el período de su gobierno, 1a libertad de prensa''. La tradicionalidad de la conmemoración, lo predecible de su desarrollo y los épicos _edito~iales que celebran la ocasión, coadyu. van ~ ~e se le encasille, sm mayores aspavientos, entre los fastos ClVlCOS. Nad~e parece reparar en el hecho sui generis de que Jos empresarios de la prensa son quizá los únicos mexicanos que se congregan anual y pomposamente pa.ra agradecer a una autoridad, en_ lo que se supone es un régimen de Derecho, el que no haya . vrn_l~do, ~u.rante el año, una garantía consignada en la Constltuc1on Poht1ca de la República. Por no violar una garantía individual que, en estricto derecho, corresponde a todo ciudadano pero que por condicionantes económicas, políticas y sociales, ha devenido en privilegio de unos cuantos: los satisfechos y agradecidos industriales de la prensa. Esa deformación cívica de felicitar a la autoridad por no conculcar los derechos constitucionales, explica el equívoco del licenciado Echeverría al exponer a su gobierno como garante de la libertad de ~xpresió~. No es el gobierno, sino la Carta Magna, la que garantiza tal libertad. Compete al gobierno, simplemente, no vulnerarla. En cuanto al propósito presidencial de "propiciar su práctica", ni la ley fundamental ni la orgánica proveen medios df' cumplimentarlo. En efecto, el Artículo Séptimo constitucional se limita a fijar negativamente los deberes de la autoridad frente a la Garantía de Libre Expresión, impidiéndole la censura previa, la persecución de periodistas e impresores o el secuestro de la imprenta. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Como tampoco proveen ni la ley fundamental ni la orgánica mecanismo alguno para obligar a estimular a los medios de difusión a reflejar "honradamente los logros de la República". En la combinación de liberalismo individualista y aspiraciones sociales .que inspiraron a la Constitución de 1917, y con base en la experiencia histórica de la persecución del periodista y el carácter artesanal de la prensa de la época, el constituyente consao-ró la libertad de expresión entre las garantías individuales. De la bautoridad, a su vez, demandó una actitud liberal y clásica: "dejar hacer, dejar pasar". Pero ya ha pasado medio siglo. El romántico periodista que planeaba "su" periódico en el mantel de ~ c~é, se agenciaba su capital de trabajo empeñando sus precarios bienes .... o su palabra y que sacaba a luz su engendro con la ayuda artes.anal del impresor; ese tipo de periodista, yace relegado en el olvido. No lo relegó la persecución de la autoridad, cada vez más restringida ( si no abolida), por la ley. Lo arrolló, sin consideración, la industrialización de su oficio, que devino, de comunión entre unos cuantos, en un medio masivo de comunicación, altamente tecnificado, objeto de inversiones cuantiosas, y financieramente productivo. La complejidad del fenómeno periodístico, lo elevado de sus exigencias de inversión limitaron pues, de hecho, el ejercicio de la libertad de expresión, teóricamente accesible en el pasado a cualquier ciudadano. Paralelamente a su industrialización, el periodismo viró el rumbo de sus objetivos. En lo sucesivo ya no sería primordialmente vehículo de una opinión, sino de informaciones - noticias- y en segundo término, de sueltos publicitarios. El fenómeno universal de la transformación de la prensa de opinión en prensa noticiosa, acusó caracteres singulares en la experiencia mexicana: ocupados en la tarea de informar, los periódicos mexicanos fueron abdicando paulatinamente su responsabilidad de analizar sus propias informaciones y la de definir su postura ante los sucesos reseñados. Salvo las excepciones de rigor, la prensa mexicana, ha llegado a manejar la información como una mercancía más: la produce industrialmente, la matiza al gusto de sus patrocinadores -gobierno y anunciantes- y la exhibe en el diario escaparate, sin molestarse en emitir juicios de valor. Hasta llegar, en casos extremos, a sustituir la información por 197 �EL DERECHO A LA INFORMACIÓN propaganda y la crítica por el elogio indiscriminado. El que un ciudadano no ejerza alguna de las libertades individuales que le otorga la Constitución entra precisamente en el campo de sus opciones. Nadie puede forzarlo, por ejemplo, a ejercer su derecho de petición; o a asociarse en una agrupación; o a poseer armas ni a transitar por la República. Pero si la garantía individual a la que abdica afecta al' desarrollo de su nación (por ejemplo, el derecho a instruirse) , v compromete el bienestar de su familia ( el derecho al salario jus• to) , su derecho se transforma en un privilegio irrenunciable por razones de interés público. De ahí la nulidad de un contrato laboral en cuanto implique renuncia del asalariado a su libertad de trabajo. O la obligatoriedad de la instrucción primaria. En nuestra opinión, la libertad de expresión, con su carác• ter de garantía individual, conlleva un interés de orden público . en que se ejerza. Si la realidad lo limita a privilegio de unos cuantos y a po· sibilidad mediata y remota para el resto de la ciudadanía y si su ejercicio es indispensable --como nos proponemos demostrar- para que nuestra nación acceda a una democracia realmente operante, se impone la modificación del planteamiento de la Libertad de Expresión en nuestra Constitución. A esa Libertad de Expresión -<¡ue debe mantenerse a toda costa, aún como privilegio de unos cuantos- ha de corresponder un derecho correlativo de la ciudadanía a exigir su ejercicio. El Artículo Séptimo Constitucional, en suma, debe consignar expresamente el Derecho a la Información, como una Garantía Individual y Social. p ANORAMA CRITICO DEL REGIMEN JURIDICO DE LA INFORMACION EN MEXICO 198 La libertad en general y en sus expresiones específicas, como en el caso de la libertad de expresión, están amparadas por la ley fundamental en México, su Constitución Política. Pero las osadas y muy avanzadas concepciones de la Constitución, se diluyen o anulan o son diluibles y anulables por sus leyes orgánicas. Tal es el caso de la libertad de expresión. A un pronunciamiento valiente y generoso en reconocimiento del derecho bá- EL DERECHO A LA INFORMACIÓN sico del hombre a comunicar sus ideas y opiniones, como lo es el Artículo Séptimo Constitucional, corresponden una Ley de Imprensa casuística y maleable y otros reglame~tos que, ~ido~ todos, dejan al arbitrio y a la buena fe de la autoridad, la v1genc1a real, efectiva, del .derecho consagrado en la Constitución. · a).- La Constitución de 1917. El Congreso Constituyente de 1917, al abordar la libertad de expresión, consideró aceptables los términos del artículo séptimo de la Constitución de 1857 y se limitó a transcribir su texto. Añadió, además, un párrafo en el que extiende su protección, condicionada, a los expendedores, "papeleros" y empleados de las imprentas. Quedó pues el texto así: Art. 7o. "Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. "Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que, so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, "papeleros", operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que SP demuestre previamente la responsabilidad de aquellos". En su prurito por evitar lagunas o grietas constitucionales que pudiera aprovechar una autoridad para justificar agresiones contra la garantía promulgada, el constituyente detalló con exceso los alcances de la libertad y dio pie a la creación de un fuero especial, presuntamente en beneficio de quienes ejercen el derecho consignado. En efecto, al exceptuar los delitos cometidos en ejercicio de la libertad de expresión, de las reglas generales de los códigos penales y encargar la definición de los delitos y la delimitación de las excepciones a una ley orgánica del artículo 7o., el Constitu- 199 �EL DERECHO A LA INFORMACIÓN 200 yente dio pie a la creación de los "Delitos de Imprenta". Al señalar las limitaciones a la libertad de expresión, el constituyente se excedió igualmente al señalar los valores que deben respetarse al ejercer aquella garantía, dejando en manos igualmente de la ley orgánica el especificar cuándo hay transgresiones de valores tan abstractos, que pueden dejar inoperante la libertad de expresión. Un texto más sobrio y "puro" quizá hubiera evitado esos riesgos: "Es inviolable la libertad de escribir, publicar y circular escritos sobre cualquier materia. No hay condicionante alguna para ejercer este derecho y quienes lo ejerciten quedan sujetos simplemente a las regulaciones generales de los códigos civiles y penales, con las siguientes excepciones: "No podrán secuestrarse los instrumentos, maquinaria ni vehículos utilizados para la expresión, publicación o circulación de .escritos, como instrumentoe del delito. La responsabilidad de las infracciones es personal, no solidaria y no da lugar a la complicidad". Con esa redacción, en nuestra opinión, quedaría más homogéneo el concepto de la garantía: de entrada se declara bajo su amparo al autor, al impresor, a los operarios, voceadores y expendedores. Al decirse que "No hay condicionante alguna ... " se prohibe la previa censura y la fianza. Al someter el ejercicio del derecho consignado a los códigos civiles y penales, se evita la configuración de los Delitos de Imprenta, tan maleables y socavadores de la garantía de que trata• mos. Al omitir el señalamiento de los valores que deben quedar por encima del ejercicio del derecho a la libre expresión, queda sobreentendido que aquellos son los mismos que protegen los códigos civiles y penales. Se evita así el fuero de excepción que es la Ley de Imprenta y la interpretación arbitraria por la ley orgánica y en último término por la autoridad, de lo que constituyen valores tan vagos como "el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública". El texto que proponemos, al fijar de una vez y por todas las únicas excepciones a las reglas generales de los Códigos, amplía la protección constitucional para que no solamente la imprenta sino todos los útiles y vehículos necesarios para expresar, EL DERECHO A LA INFORMACIÓN publicar o circular ideas no sean incautables como instrumentos del delito. Se conserva así el carácter homogéneo de la triple garantía implícita en el artículo constitucional: expresar, publicar y circular. . Al asentar el texto que proponemos que "la responsabilidad por las infracciones es personal, no solidaria y no da lugar a la complicidad", se garantiza la no persecución del impresor, de los operarios, expendedores y '·voceadores" como tales. Sólo serán responsables si ellos cometieron personalmente el delito. En un caso de difamación, por ejemplo, solamente son responsables si a la vez que impresores, o expendedores o voceadores son autores del escrito difamatorio. b).- La Ley de Imprenta de 1917. Decretada por el Ejecutivo "entretanto el Congreso de la Cnión reglamente los artículos 6o. y 7o..... " sigue en vigor al desertar el Congreso esa responsabilidad legislativa. La ley considera que el texto constitucional expresa claramente los alcances de la libertad de expresión. Se dedica, por tanto, a interpretar cuándo se configuran los delitos de imprenta y a fijar las penas. Al enumerar en qué casos se violan "el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública" de que habla el artículo constitucional reglamentado, la Ley de Imprenta se refiere a: Ataques a la vida privada: Difamación. Injuria. Publicación de actas de acusación, escritos y demás piezas de los procesos que se sigan por los delitos de adulterio, atentados al pudor, estupro, violación y ataques a la vida privada. Publicar todo documento procesal en los juicios de divorcio, reclamación de paternidad, maternidad o nulidad de matrimonio, o diligencias de reconocí• miento de hijos. Publicar los nombres de las víctimas de atentados al pudor, estupro o violación. Ataques a la moral: Apología del delito. Ofensas al pudor, a la decencia y a las buenas cos• lumbres. 201 �EL DERECHO A LA INFORMACIÓN 202 hcilación a la prostitución. La pornografía. Ataques al orden (un elemento nuevo que no incluye el texto constitucional) o a la paz pública: Injurias a naciones amigas, a sus gobiernos o embajadores. Invitación a la sedición, a la anarquía, al motín, a la rebelión, a la desobediencia de las leyes. Promover coiectas públicas para pagar multas que se impongan por infracciones penales. Publicar los nombres de jurados. Publicar los nombres de jefes del ejército que par• ticipen en comisiones secretas del servicio. Publicar planos y planes militares. La sola enumeración de los "ataques" a los valores protegidos nos induce a varias reflexiones: l . - La libertad de expresión sufre serios menoscabos al pa• sar a la ley orgánica. Baste citar el término de "Orden Público". 2.- La Ley de Imprenta, más que proteger la garantía constitucional de libre expresión, es instrumento idóneo para que una autoridad arbitraria la haga nugatoria. Ejernplifiquémos: Si u11 periodista hubiera tenido acceso anticipadamente a los plan0s y planes del Ejército Mexicano para la "Operación Olimpia" que ensangrentó la plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, no hubiera podido publicarlos, s0 pena de multa y cárcel, por revelar secretos protegidos por la Ley de Imprenta. Técnicamente son reos de delitos de imprenta los periodistas que constantemente se refieren al Primer Ministro cubano Fidel Castro, como el "sanguinario dictador•'; o los que denuncian como "gorilas" a los gobernantes sudamericanos. · Incurren en delitos de imprenta quienes invitan a "la desobediencia de las leyes", en informaciones y desplegados publicitarios sobre peregrinaciones ( actos de culto externo prohibidos) o colegios confesionales (flagrante violación al artículo tercero constitucional). 3.- Si las definiciones de los delitos en el Código Penal ya son de por sí imprecisas y vulnerables, propicias a la arbitrariedad, no parece prudente sujetar la responsabilidad de los periodistas a un código de excepción aún más maleable y vulnerable EL DERECHO A LA INFORMACIÓN .,.,, a las interpretaciones arbitrarias. DE LA LIBERTAD DE PRENSA AL DERECHO A LA INFORMACION Si el constituyente reconoció el derecho a la libre expresión, lo sujetó asimismo a limitaciones tan vagas que dejan al arbitrio de la ley orgánica el restringir tal garantía al extremo. Si, por otra parte el poder legislativo desertó a su responsabilidad de reglamentar el artículo séptimo; si, finalmente, la Ley de Imprenta decretada por el ejecutivo es tan maleable que en manos de una autoridad arbitraria puede ser instrumento idóneo para perseguir la libertad que pretende reglamentar, es comprensible que el president~ de la República aceple sin rubor el papel de protector de la libertad de expresión que anualmente le reconocen los editores. Y se explica asimismo que el titular del Poder Ejecutivo se constituya en garante de tal derecho. , Hay -~~e reconocer, en justicia, que en el México Contemporaneo -tlJemoslo arbitrariamente, a partir del sexenio del Gene• ral Lázaro Cár~enas- los presidentes han respetado casi permanentemente la libertad de expresión de los periodistas. . _Q:1-izá ~l~no estimuló la destrucción, por la turba, de un penodico ~rafico; otro alentó movimientos de huelga para asfixiar a una n~ci~nte y poderosa agencia informativa; otro más amordazó a un. diano amarillista, vía coacción financiera; todo eso puede s~r cierto, mas lo importante es que se trata de hechos aislados. eJ_ecutados. a trasmano, no en el ejercicio formal de la autoridad m pretendiendo que, en su caso, se aplicaba la ley de imprenta. . Por el contrario, el paternalismo oficial hacia la prensa ha crecido a tal grado que la ha vuelto regalona, irresponsable y ávid~ de fondos públicos, mismos que derraman generosa e indiscrimmadamente sobre todos los diarios mexicanos en la forma de d~splegados publicitarios, gacetillas disimuladas, informaciones subsidiadas y abierto soborno. De los más de veinte diarios que se publican en el Distrito Federal, por ejemplo, más de la mitad estarían en bancarrota a la vuelta de unos meses si el gobierno rehusara asumir más ese pa• pel de Gran Protector de la prensa. ~altos ~e. profesionalism? _en su mayoría, atenidos a Ja generosidad oficial y no a las ng1das leyes de la competencia atentos más al sentir del presidente de turno que al pulso de la o~inión 203 �EL DERECHO A LA INFORMACIÓN 204 pública o a la necesidad del anunciante -para no mencionar s11 ceguera ante los problemas mexicanos que es más grave y merece reseña aparte-- nuestros diarios ejercen la libertad de prensa en forma timorata, en beneficio propio o al servicio de la autoridad. Y libertad de expresión no significa exclusivamente libertad para adular. Ni la libertad de prensa, como la concibió el constituyente, es simple patente de piratería. Aniquilada por sus vicios, apoltronada en la molicie del dinero fácil, la prensa mexicana no sólo ha renegado de la libertad de expresión, sino que, siendo el único vehículo viable para que el resto de los mexicanos haga uso del mismo derecho, se ha convertido en el más eficaz estorbo para ello. Si la libertad de expresión pretendía apuntalar al ciudadai10 desvalido para que pudiera desafiar al poder arbitrario, en 1n realidad mexicana tal libertad, sujeta para s.u manifestación al arbitrio de la prensa, sirve solamente para abrumar a ese ciudadano desvalido con la retórica oficial, la información amañada o la indolente indiferencia de quien se sabe inmune a la acción popular. Pero con ser graves, la corrupción y el carácter obsequioso de la prensa mexicana para con el poder son males menores, comparados con las serias consecuencias de su indiferencia y la deserción de sus responsabilidades como informadora y formadora df' la opinión pública. La prensa mexicana, en efecto, antes que informar, deforma la ~p~1~ón públic~. Al dis~mu]ar los yerros oficiales, al negarse a en1u1ciar la realidad política del país o a cuestionar la verdad oficial sobre los ..logros de la República en el camino de su propia sup_eración", _deja al_ ciudadano ya no sin canales para expresar s~ mconI?r~1dad; smo que lo despoja de toda posibilidad de asumir un cnteno y emprender una acción, por falta de información y orientación leal, ante el quehacer público. Sin posibilidad de hacer oir su voz real a través de la prensa -no la de los sindicatos, cámaras de comercio y "orgimizaciones populares"-, sin elementos de J1.oicio para interpretar en jusl1c.,ja la realidad política de su país, ei ciudadc1r10 deserta a su vez a sus responsabilidades c1,.·icas. No hao~ caso de la retórica que baña a los diarios, pero tampoco intenta redarguirla. Incapaz de influenciar la conducta pública al través de los medios de difusión, simplemente se repliega a la esfera individual de sus asuntos y deja de lado la solidaridad social. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN b) . - Libertad de Prensa y Opinión Pública. La frase de Burle a los periodistas, "vosotros sóis el cuarto poder", significaba no que la prensa tenía un poder per se comparable a los del &tado. & el cuarto poder en cuanto representa, informa y forma la opinión pública. Esto es, el consenso colectivo, negativo o positivo, sobre la problemática de su tiempo. No será el cuarto poder, sino sirviente de los otros poderes, si la prensa se convierte en mera caja de resonancia de éstos y si se arroga falsamente la representación de una opinión pública inexistente o en todo caso amorfa por culpa de la misma prensa. c) . - Fl Derecho Individual a la Información. La libertad de prensa, no es un privilegio concebido en beneficio de quienes tienen los medios para ejercerla. Es un derecho, con un interés de orden público de que se ejerza, en beneficio de todos los mexicanos para que éstos accedan a los bienes culturales: la instrucción y la información, entre otros. d) . - El Derecho Colectivo a la Información. La libertad de prensa, igualmente, lleva implícito el derecho colectivo a ia información. La ciudadanía, como un todo, necesita que quienes tienen los medios de difusión bajo su responsabilidad, ejerzan su derecho a la libre expresión para instrumentar a aquella para la toma de decisiones políticas, económicas y sociales. Ejercitar la libertad de expresión simplemente para divertir o entretener a la colectividad con noticias frívolas e intrascedentes es un pobre servicio a ]a ciudadanía. En una nación que sufre la agonía del subdesarrollo y que demanda la acción inteligente e informada de todos, la prensa debe ejercer su derecho a la libre expresión entregando información sobria, objetiva, sobre los prohlemas nacionales, analizar con honradez el fenómeno público y prestar orientación sana y valerosa que estimule la reacción en sus lf'ctores y los invite a la reflexionada acción socjJ:1.l y política. e).- Información y Democracia. Si la libertad de pre,Qsa es un derecho inalienable para quienes lo ejercen; si su ejerciii.o leal es necesario para que todo ciudadano acceda a la instrucción y a la información; si su ejercicio es igualmente necesario para que la colectividad asuma un criterio --e integre la opinión pública- y actúe c!'n conocimiento de causa, la conclusión es evidente y lógica; la información es básica para el sano desarrollo de la Democracia. De una democracia con ciudadanos cabales, no hombres masa, con una ciudadanía activa, no 205 �EL DERECHO A LA INFORMACIÓN con un rebaño en busca de pastor. CONCLUSIONES EL DERECHO A LA INFORMACIÓN SEPTTMA: Se forjaría así una vigorosa e influyente opinión pública, capaz de corregir cualquier desvío del país de su camino hacia la Democracia. PRIMER_-\: La libertad de prensa es un derecho inalienable del 206 hombre y como tal debe ser reconocida por la lev I~ndamentál, sin que sea necesario fijarle límites. Los tiene y debe tenerlos: son los mismos que tienen las otras garantías indíviduales. SEGGNDA: No debe exist:Ir un fuero de privilegio para los p<"· riodistas ni ley orgánica del artículo séptimo, pu<"s la experiencia con la actual demuestra que un reglamento casuístico, con tipificación de delitos especiales diluye, cunado no anula, la garantía que supuestamente detalla. TERCERA: Deben subsistir, en cambio, las dos excepciones en fa. vor de quienes se acogen a ]a garantía de libre expresión: Ninguna condicionante para su ejercicio (para evitar la fianza y la censura previa) y la prohibición de secuestrar los instrumentos, maquinarias y vehículos necesarios para expresar, imprimir y circular los escritos. Excepciones justificadas por la experiencia histórica y por la importancia social de preservar los medios de difusión en pleno funcionamiento en todo tiempo. CL'ARTA: Y1sto que hay un interés público en que quienes tienen bajo su dominio los medios de difusión ejerzan la libertad de prensa, la ley fundamental debe fijarle como contrapartida el Derecho a la lnformación, que compete al individuo y a la colectividad. • Tal derecho a la información sí ameritaría una ley QUl~TA: orgánica que determinara los medios por los que el ciudadano, en lo personal o como grupo, pudiera exigir de los medios de difusión el cumplimiento de su responsabilidad social. # De la combinación armoniosa y equilibrada de amSEXTA: bos derechos: a la libre exp1·esión y a la información, podría surgir una prensa independiente, sin temor al acoso gubernamental y sin posibilidad de rehusar su responsabilidad de informar, analizar y orientar a los ciudadanos. 207 �ALBERTO GARCIA GOMEZ ¿QUE ES LA PAZ? A LA GENERACIÓN DE NUESTRO TIEMPO LE HA TOCADO VIVIR en una etapa de paz relativa - dentro de lo relativo quf' resulta el término-, si se toma en cuenta que al presente sólo se han desarrollado, por fortuna, algunas guerras de tipo local, sin llegar a la que pudiera exterminar a la humanidad. En muchos Jugares del mw1do queda el recuerdo de algún ser querido que dejó su vida en combate, o de alguna huella siempre dolorosa; pero en una forma o en otra, ciertamente se sabe acerca de la guerra y de sus atroces consecuencias. En camhio, a esta generación le ha tocado oir hablar muchn más acerca de la paz a niveles múltiples, en los que hasta algún desequilihrado mental hace mofa de ella. El Lema no puede ser trivial, como no lo es; lo que acontece es que todo el mundo habla de la paz. El hombre de la calle, los periódicos, en discursos y en múltiples ocasiones. La paz es un tema que necesariamente apasiona y que en ocasiones también ha sido tomado como bandera, especialmente en el campo político, bajo cuya sombra se cobijan no pocos de los que militan en tal terreno y hasta no ha fallado algún escritor que desdeñe olímpicamente cualquier sincero esfuerzo en pro de la misma, atribuyéndole una naturaleza de la que carece. Esta tendencia a tratar acerca de la paz es un buen signo, ya que pone de manifiesto y revela, en última instancia, el anhelo natural e íntimo, aunque se desconozca la profundidad y su trascendente significado, de que el hombre no deja por ello de intuir su Lic. Alberto Garcla Gómez ,de la Universidad Autónom" de Nuevo León 7 de la tJn!. versidad Nacional Autónoma de México. �210 ¿QUÉ ES LA PAZ? ¿QUÉ ES LA PAZ? bondad, como el único medio que le permite vivir, sin importar el grado de cultura, nacionalidad, color, credo religioso o político o aún filosófico, la riqueza o la pobreza, etc. El hombre presiente el peligro mortal sin percatarse con precisión de su magnitud y ésto es un hecho que se registra en todas las latitudes, hoy más que nunca, ya que ese peligro envuelve a toda la humanidad. El futuro encierra graves presagios, ya que en caso de realizarse una guerra, no se trataría de una guerra localizable en determinado punto de la tierra, puesto que en tan temible eventualidad, una conflagración termonuclear --que eufemísticamente se le denomina todavía guerra total-, pondría el punto final a la existencia humana. Como los griegos decían, "la morada del hombre es la tierra", por tanto, estamos en este mundo y tomando en cuenta las circunstancias por las que se atraviesa, exigen de ese hombre todo su esfuerzo para evitar y erradicar para siempre que la amenaza de tal eventualidad desaparezca. Hay ~chas definiciones sobre la paz y, desde luego, es posible consiclerarla desde diversos aspectos. Por principio, lógicamente, está enraizada en la naturaleza misma del hombre, cuya condición no le permite salirse de ese marco rígido propio de tal naturaleza, con sus aspectos positivos y negativos; su bondad y su maldad. Que desde luego lo humano es sumamente complejo, rcsul ta indiscutible, pero ahora nos encontramos ante una terrible encrucijada en la que el hombre o emplea la cordura, o es exterminado. Ante tan terrible disyuntiva y pese a su naturaleza compleja y contradictoria, necesaria y forzosamente tiene que emplear la razón y en caso de no hacerlo, existen medios coactivos que pueden frenarlo en su intento fratricida, como un último recurso salvífico. Lo ideal sería que el hombre fuera pacífico, sin embargo, las páginas de la historia tienen mucho más contenido bélico y son reveladoras de que Caín, desde los tiempos bíblicos, ha venido empuñando el puñal del odio y la muerte, hasta llegar - vía ciencia y tecnología-, a la posesión de armas de increíble poder destructor; pero ciertamente sí está en las manos del hombre la facultad de decidir acerca de su propio destino, en este caso, tomando el camino de la paz. La interrogación acerca de qué es la paz, resulta imprecisa y sumamente pobre en contenido, ya que en realidad, o sea la realidad de nuestro presente, exige formularla diciendo: ¿cuál es la paz que nuestro tiempo necesita? ya que, si cada época tiene su problema específico, y la paz fue adecuada a cada una de ellas es hecer,ario reflexionar acerca de que la paz ha venido variando en contenido y significación, debido a las circunstancias en que S<' produjera. En términos absolutos, el hombre ha conocido la paz sólo fragmentariamente; podríamos decir que en instantes fugaces dentro de .Ja evolución de su historia, hasta llegar a un presente en el que se emplea el término paz para significar solamente el empleo de la no violencia. Desde luego, ésto resulta insuficiente y no constituye la plenitud de la paz y no es ninguna garantía ante la amenaza señalada de una guerra termonuclear, en la que los tér. " ?~e~ra ,, y." paz,, desaparecen, para hablar, con precisión, minos del hom1c1d10 masivo de la humanidad. Por desgracia, se ha terminado ya el tiempo y la ocasión de hacer ~luc~b;aciones acere~ de la p~z. De eso se han encargado ya vanos f1losofos y tratadistas, escntores y hasta poetas. Actualmente se ha llegado al último término y sólo cabe el apremio para qu~ el ?º~re sea ~ducado y sometido a la verdadera paz que tal exigencia vital reqmere. Tomando en cuenta las anteriores reflexiones, en nuestra teo ría acerca de la paz1 dijimos, en una tentativa para concebirla que· "entendemos la paz como la apertura y disposición del ho,mbre: como resulfmf:º de una educación universal dirigi,da a tal fin, para e~ ~stablecimiento de un nuevo orden moral, filosófico, social y jurídu:o permanente; de lo indivi4ual a lo colectivo y de lo nacional a lo int~rnacio~l, e~ el que, por principio, se requiere por todos los medios -inclusive el empleo de la acción cívica de los pueblos de cada Estado- para la proscripción definitiva de la fuerza nuclear y de cualquier otra en los conflictos internacionales, para q~e su obrar permita la convivencia humana natural y justa en lo libertad. El homhre debe ser educado en y para la paz". Creemos conveniente hacer un análisis de tal tentativa concept~al. ~~• vemos que la paz puede ser producto de la apertura y d1spos1C1on del hombre, como resultado de una educación universal dirigida a tal fin ... ". En esta primera parte, concebimos que• esa apertura y disposición obedecen, en primer término, a la propia naturaleza humana, ya que resultaría absurdo el pensar que el hombre ha nacido para destruirse. Sin embargo, para llegar a ese es• t~~o de pensam~e~to y a~ión, se requiere de una educación espc c1f1carnente pacifista a mvel internacional, como hubimos de proponerlo. Desde luego que lo anterior, dicho en pocas palabras, no obs- 211 �¿QUÉ ES LA PAZ? 212 tante, encierra múltiples interrogantes, ya que cabría, entre ot¡as, la de si la simple educación proyectada, por muy pacifista que pu diera resultar, podría motivar al hombre para que adoptara la actitud deseada. En efecto, creemos conveniente el hacer notar qu r cuando pensamos en la educación para la paz, no lo hacemos com una simple enunciación de una posibilidad remota o posiblemente inalcanzable, sino en la creencia firme de que un sistema pedar gico, cuyo contenido, con fundamento filosófico de naturaleza pacifista, podría determinar a escala internacional, una verdader educación realista y operante en la tarea de formar hombres pacíficos, ya que al hombre le resulta, dentro del más simple razon" miento lógico, más conveniente vivir que morir, pese a que en ocasiones el ser humano resulta aberrante y su malicia lo lleva a escoger el mal por el bien. No hay que olvidar que las altas técnicas de la educación moderna facilitan la tarea pacifista. Hay otra interrogación: ¿Hasta qué punto la educación transforma al hombre? Esta inquisición ha sido motivo de serias in vestigaciones y estudios, no solamente en el campo específico de l :ciencias que integran a la pedagogía moderna, sino en muchas otras en las que se especula acerca de su operabilidad o inoperabibilidad, no solamente acerca de cuál es la mejor educación, sino de los métodos y del contenido de la misma. Resulta obvio el que una buena educación brinda mejores resultados que una mala educación y, desde luego, la ignorancia es del todo negativa. Pero, además, hay que detenerse para reflexionar en que hay varios niveles de educación. Sabemos que la educación primaria o elemental es legalmente obligatoria en todos los países civilizados, la que a pesar de sus defectos pedagógicos o sus viciadas directrices, son indubitablemente benéficos los frutos que de ella se obtienen. La educación secundaria establece la proyección del educando hacia campos más altos del conocimiento, que le permiten, de acuerdo con sus aptitudes y dedicación, el entrever la meta de sus aspiraciones. Es posible decir que en esta segunda etapa empieza a perfilarse la selección vocacional. Pero si volvemos la vista al pasado, encontramos que hay graves deficiencias en el conocimiento que se les brinda a los educandos, sobre todo cuando existe un interés en indoctrinarlos, como así sucede en países que anteponen a la meta principal de educar, el inculcar y penetrar en las mentes de niños y de jóvenes determinadas ideas políticas. F.n estos grados de escolaridad, no le importa tanto al Esta- ¿ QUÉ ES LA PAZ? do el que la niñez o la juventud adquieran conoc1m1entos útiles para su propia vida pero sí le interesa fundamentalmente la infiltración de ideas determinadas. Sobre la influencia de la educación, tenemos un ejemplo en el ahora exiliado escritor Alejandro Solzhenitzyn, quien en una entrevista celebrada con un periodista a raíz de su expulsión de Rusia, ap~rece como un niño arquetipo de la revolución rusa. Nació en 1918, hijo de un oficial, fue llevado a la provincia de Rrn,tov-on-the-Don. Cuando joven, Solzhenitzyn soñó en escribir una historia de la Revolución. "Entonces -hace notar-, nunca necesité nada que no fuera el marxismo para comprender la Revolución".2 Solzhenitzyn también no llegó a ser prevenido en ese tiempo de las alternativas del comunismo. De un abogado de Estonia, oyó que la democracia había sido finalmente destruida por los soviéticos en 1944. "Nunca había soñado en que llegaría yo a estar interesado en Estonia o en la democracia burguesa", escribió. "No era claro el por qué, pero me empezó a gustar todo ésto y la nueva información quedó grabada remotamente en mi memoria. Así, cada país establece en la educación oficial las directrices que estima conveniente en la formación de su niñez y de su juventud, lo que nos permite creer que la educación ciertamente influye decisivamente en la formación de los hombres desde tales escalas de la vida. Dijimos también que esa educación de la paz debe ser a escala internacional, tomando en cuenta que la humanidad desde hace ya tiempo se encuentra en un franco proceso. de integración internacionalista, debido a los progresos tecnológicos. Recordemos el generoso ejemplo del Presidente Luis Echeverría Alvarez, en su empeño por lograr que la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados se convierta en una realidad internacional. Desafortunadamente, urgencias de límite no nos permiten seguir desarrollando el contenido de la definición que hemos propuesto acerca de la paz, cosa que en próximas colaboraciones haremos. Al menos, la educación para la paz enunciada en los términos y condiciones propuestas en nuestra teoría, puede constituir un medio positivo en el principio de una serie de esfuerzos a nivel internacional, para lograr la paz que tanto necesita nuestro tiempo. 213 �NOTAS BIBLIOGRAFICAS l. Lic. Alberto García Gómez.. La Universidad Internacional de la Paz. Libro en prensa por la Editorial Font. Barcelona. Pág. 102. 2. Revista TIME, 25 de febrero de 1974.• Pág. 7B MANUEL URIBE M. ¿QUE ES LA DOCUMENTACION? Antecedentes. L A DOCli:\IENTACIÓN ES UNA TÉCNICA DE NUESTROS TIEMPOS d<'rivada principalmente de la expansión de la investigación científica e industrial. Su aparición es tan reciente que su propio se mantiene en discusión. Paul Otlet y Henry Lafontaine, fundadores del Instituto Internacional de Bibliografía, son considerados los fundadores de esta disciplina, y a ellos se debe tal denominación al proponer, en la X Conferencia Internacional, la substitución de la palabra bibliografía por la de documentación. Tal cambio de denominación se justifica plenamente por la aparición y el uso de nueva~ formas de selección, reproducción y transmisión de documentos, tales como la fotocopia, el microfilm, la microficha, casset's, etc., y por la aparición de nuevas fuentes de estudio como las fotografías, radiografías, películas de cine, discos, dibujos técnicos, etc., que hscen imposible seguir considerando al libro y a la revista como los únicos instrumentos transmisores de cultura. De/ inición. "Es imposible definir la documentación con exactitud", nos 1 dice Herbert Coblans, citado por Gaston Litton, "porque su significado difiere mucho de un país a otro". Nuestro Diccionario de la lengua española, de la Real Aca- 214 Blbl. Manuel Urlbe, tllreetor de la Biblioteca de la :Facultad de Derecho 7 Clenelas Soclales de la UANL. �¿QUÉ ES LA DOCUi.\IENTACIÓN? demía, define la documentación como: "l. Acción y efecto de documentar. 2. Conjunto de documentos que sirven para este fin". 2 Según la Federación Internacional de Documentación, "Documentar es reunir, clasificar y distribuir los datos de todo género en todos los campos de la vida humana",3 definición que coincide plenamente con la que nos brinda el Instituto Internacional de Bibliografía. Paul Otlet, más que una definición de la documentación. nos brinda una clara explicación de la misma al decirnos que '"la docume?taci?n _est~ constituid~ por una serie de operaciones que hoy estan distnbmdas entre diferentes personas y organismos : el autor, el copista, el impresor, el editor, el librero, el bibliotecario, el documentalista, el crítico, el analista, el compilador, el lector, el investigador. La documentación acompaña al documento desde el momento ..en que surge de la pluma del autor hasta el instan te en que deja su impronta en el cerebro del lector. Es activa o es pasiva, receptiva o dativa; está en todas partes donde se estudia (universidad), donde se lee (biblioteca), donde se discute (sociedad), donde se colecciona (museo), donde se investiga (laboratorio), donde se administra (administración) , donde se trabaja (oficina) "! A las definiciones anteriores podríamos añadir las que nos ofrecen autores como Bradford, Mortimer Tauhe, Antonio MoreJ1i, Otto Frank, Walter Schürmeyer, quien en última instancia concibe la documentación como "un camino hacia la racionalización del trabajo intelectual".5 Todas estas definiciones vienen a confirmar el acerto de Cohlans a que hiciéramos referencia, en el sentido de ser imposible definir con exactitud la documentación. Sin embargo, no obstante lo anterior y la gran diversidad de definiciones que al respecto se han elaborado, podemos reconocer en todas ellas la recolección, clasüicación y distribución de documentos como nota característica y fundamental, y además, es fácil advertir el consenso unánime de su ingente necesidad ante la extraordinaria proliferación de la literatura técnico-científica en el mundo actual, con objeto de ofrecer una vista panorámica del incremento del saber humano. Objeto e importancia. 216 La documentación tiene como principal objeto crear una fusión entre bibliografías, resúmenes, índices, sistemas de clasifica- ¿ QUÉ ES LA DOCUMENTACIÓN? c10n, catálogos, etc., lo cual constituye un esfuerzo poi resolver los principales problemas que en el campo de la comunicación se plantean y que podemos resumir de la siguiente manera: l. La proliferación de la literatura técnico-científica en los más apartados lugares de la 1ierra, en distintas lenguas, caracteres tipográficos o formas, y 2. La necesidad mundial de conocer y de aprovechar los resultados de las investigaciones que en un momento dado se llevan a cabo en diferentes lugares, con objeto de evitar su duplicidad. La expansión tan espectacular de la literatura técnico-científica ha ocasionado lo que se ha dado en llamar la "crisis de la información", y si bien es cierto que las ciencias naturales, la tecnología y la medicina ocupan un lugar preponderante en esta "crisis", las ciencias sociales no andan muy a la zaga. Se ha calculado que la cantidad de conocimientos doblará cada diez años, y aún cuando no existen cifras exactas acerca del número de obras científicas y académicas publicadas anualmente, es posible que oscile entre cuatro o cinco millones, lo cual representa, aproximadamente, de veinte a treinta millones de páginas impresas. Un ejemplo concreto de lo que ésto signüica lo podemos ilustrar de la siguiente manera: Boerhaave publicó en 1732 sus Elementa chemiae, en dos volúmenes de 1433 páginas que representaban, en esa época, la suma de conocimientos en materia de química. Una obra parecida publicó Berzelius en 1825, es decir, a casi cien años de distancia. El contenido de su obra comprendía ocho volúmenes y 4,150 páginas. En la actualidad, obras de esa índole se han convertido en publicaciones monstruosas. El Chemical abstracts, por ejemplo, para seguir con la química, se empezó a publicar desde 1907 y requirió treinta y un años para tratar el primer millón de temas. Para alcanzar el segundo fueron necesarios dieciocho años, siete para el tercero, cuatro para el cuarto, enumerando en la actualidad un millón de temas por año, aproximadamente, con la ayuda de más de siete mil químicos especialistas en las diversas especialidades de la materia para analizar el contenido de más de cinco mil revistas, y si no podemos utilizar racionalmente los resultados de estas investigaciones, justo se• ría preguntamos el objeto de su incremento tan espectacular. Leer todo lo escrito, aún dentro de nuestra propia especialidad, es casi imposible, y además, nuestra finalidad, y de los investigadores en 217 �¿QUÉ ES -LA DOCUMENTACIÓN? ¿QtJÉ Es· LA DOCUMENTACIÓN? part~cular, es algo más que leer lo investigado por otros, y es aquí precisamente donde surge la importancia de la documentación como element? coor~ina~or de esfuerzos para facilitar al inyestigador, descubridor o mventor, todos los testimonios de observaciones nuevas. Sin ella, como · diría el propio Bradford, "las observaciones registradas serían simples anotaciones dispersas, de· poca · utilidad debido precísamente a su dispersión, que serian tan difíciles hallar an~e la gran ID?Sª de literatura científica, como una aguJª en un paJar".6 · • ?e Documentación jurí<Íica. 218 Obviamente, la documentación en materia jurídica implica par~ noso~ros. ?ran importancia. El almace~adó, l~ r~cupe:ración Y s1stematizacion de toda nuestra legislación sustantiva administrativa, financiera, etc., juntamente con la jurisprude;cia de Ja S~prem~ ~~te, cons_ti~uir~a. un gran paso ]?ara ~lcanzar la expedita aphcac1on de la JUslic1a, que actualmente se ve obstaculizada por la deficiente información ~egal de las partes litigantes. U~ ordenad~r electrónico podría, en cuestión de segundos, brindar al Juez, magistrado o abogado, información complet:-t sobre todas las modificaciones a la ley que requiriera, o las disposicion<'s o leyes derogadas, así como, las partes de ]a misma que hubiesen q~edado vigente~, _evitándoles una penosa investigación y eliminandoles procedimientos ante los tribunales. En el derecho intemaci~nal, por ejemplo, su aplicación contribuiría grandemente a evitar errores en el pasado, mediante la unificación <le principios, acuerdos y tratados, y a lograr un mejor entendimiento entre las naciones. La necesidad de su ordenación y depósito en memoria electrónica se ha acentuado más cada día, y es en esta rama, precisamente, donde los estudios realizados para su so]u<;ión ha hecho grande~ progresos. Bn 1967, la Primera Asamblea de Jueces reunida en Gi. ' nebra los días 9-11 de julio, brindó especial consideración al tratamiento electrónico de la información en el campo del derecho internacional, demo~trando que "los computadores pueden prestar sus servicios centralizados a todos los países y a toda persona interesada en uitilizarlos, con una precisión insuperable, así como que ningún otro procedimiento puede comparársele en facilitar medios seguros y eficaces para la toma de decisión en el campo del derecho".7 · La Stanford University de California, por su parte, ha memorizado electrónicamente la mayoría de los tratados internacionales. En otros aspectos del derecho, es importante hacer referencia al Proyecto CREDOC de la Belgian Bar Association, dirigido por ~a comisión autora del proyecto jurídico del Reino Unido, por medio deJ doctor Colen Tapper, de la Universidad de Oxford y Directo1 del Comité Central de Expertos Europeos, el cual pretende poner en memoria electrónica 150,000 documentos de derecho civil, y posteriormente todo el derecho belga. r _ , Existe? p..tr?s proyectos similares como los de la George W as_. hmgton l¿mvers1ty de Washington, la Universidad de Grenohle, las Facultade:; de Ciencia y Derecho de Montpe1lier, etc., pero desgracjaélarnente no contamos con antecedentes en nuestro país, siendo ('.He su realización contribuiría grandemente a evitar el rezago y acumulación de procedimientos judiciale.,s en nuestros tribunales. -. APENDICE . Hab~donos referido en, el contexto del presente artículo a la: produc~Ófl mun~ial de obras científicas y académicas publici1,a~s an~aft;nente en -forma de.libros, publicaciones periódicas, memorias, mformes, etc., hemos creído conveniente e interesante dar a conocer las cifras estimativas de la Unesco, por lo que respecta a la producción mundial de ·libros eir el periodo comprendido de 1955-70. .' ' ·.. ,. r- , • 219 �¿QUÉ ES U ¿QUÉ ES LA DOCUMENTACIÓN? DOCUMENTACIÓN? CITAS BIBLIOGRAFICAS F.stimación de la producción mundial de libros, 1955-70 CONTLll¡ENTE 1955 lNt un l. 1Nt lt'ft 2. PRODUCCIO·N DE LIBROS POR NUMERO DE TITULOS 215000 364000 417000 496000 546000 Africa 3000 16000 9000 70000 131000 1000 5000 22000 13000 1000 70000 13000 100000 216000 4000 76000 1000 71000 90000 83000 163000 12000 100000 Real Academia Espaftola. Diccionario de la Lengua Espaftola. 18 ed. Madrid, Espa~a • <..:alpe, 1956. p. 494. Total América del Nom América clal Sur Asja Europa Oceanía U. R. S. S. Litton, Gaston. La documentación. Buenos Aires Bowker, 1971. p. 40. 3. 1000 Bibliotecarios y Centro de Documentación Científica y Técnica de México, 1957. p. 164. 15008 225000 5000 100000 247000 7000 75000 Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, Bibliografía y Canje, lads., México 1956. Informe Final. México. ~sociación Mexicana e 4. Litton, Op. cit., p. 40. 79000 5. Lasso de la Vega, Javier. Manual de documen~ació!'; la~ técnicdas para la investigación y redacción de los trabaJos c1entl11cos Y e ingeniería. Barcelona, Labor, 1969. p. 111. NUME,RO DE TITULOS PRODUCIDOS POR MILLON DE HABITANTES 6. Bradford, S.C. Total Africa América del •Norte América del Sur Asia Europa Oceanfa U. R. S. S. ss.e · 2eoo 76000 1953. 106 124 140 140 13 66 19 12 72 47 90 49 24 227 226 IIO 51 64 50 79 49 61 279 121 355 23 150 2J -- -n 475 216 319 311 361 n, PORCENTAJE DE DtSTIHBUCtON DE LA PRODUCCION DE LIBROS Total Africa América del ,Norte Améric.a del Sur Asia Europa Oeeanfa U: R. S. S. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1.0 5.6 1.4 6.0 . 3.6 22.a 1.6 14.4 2.7 1.6 14.3 1.5 16.5 3.2 24.6 46.0 0.3 19.3 Documentación. 44.1 0.5 20.9 20.5 44.4 o.a 15.6 2.4 20.2 45.4 1.0 15.1 2.7 11.S 45.2 1.J 14-' 7. Lasso de la Vega, Op. cit., p. 718. Londres, Crosby, Lockwood, �JESUS M. CANTU FRIAS DERECHO DE CORREDVRIA. LA HIPOTECA EN EL DERECHO INSTRUMENTAL MERCANTIL MEXICANO J. PROBLEMATICA DOCTRINAL L A PRORLEMÁTICA DEL TEMA NO CONSTITUYE, A NUESTRO jnicio, una cuestión de espinosa especulación y difícil solución técnica dentro de la teoría general del acto de co- mercio. En e] camp6 de la doctrina tanto vernácula como extranjera, los tratadistas mercantiles, tal vez dando por sobre entendido el significado de negocio o acto accesorio, que todo negocio accesorio sigue. ]a suerte del principal (infundiéndole e impregnándolo de su naturaleza) y que la hipoteca es por naturaleza un acto accesorio, respecto a uno principal, no se ocuparon, en su gran mayoría, de éste trascendental problema: la naturaleza mercantil que eventualmente puede adoptar la hipoteca. Xo obstante,- la temática ha sido advertida y abordada en la doctrina, pero como nunca ha sido punto de debate judicial ni de polémica académica -al menos en la esfera de la literatura jurídica- ésta solamente ha sido esbozada con superficialidad y hasta con ligereza científica. En consecuencia, dos posturas y criteLic. Jesú,, M. cantú· Frias, corredor Públlco y Contador Privado, Dliembro del COlet!lo de Corredores Públlcos del D. P. Catedrático de la .Pacoltad de Derecho, U. A. N. L., en las ma.terlas de Derecho Mercantil y Socledad<!s y ex-catedrático del I . T. B. S. 11', �lA HIPOTECA EN EL DERECHO rios contradictorios chocan con ostensible e incomprensible debilidad y aridez, en un tópico tan ohYiamente común, trascendental e insoslayable, para la integración de la teoría general del acto de comercio, que paradójicamente ha constituido la inveterada y constante ocupación y preocupación de los mercantilistas. Es el caso citar los polarizados criterios de J. Rodríguez y Rodríguez y A. Vicente y Gella, reconocidos tratadistas y principa• les sustentadores de las tendencias en pugna. El primero, en su Curso de Derecho Mercantil (Porrúa, 3a. edición, tomo 11, p. 270), afirma: "En tanto que respecto de la prenda sí cabe su consideración mercantil, la hipoteca es siempre un acto civil". 224 Por su parte el segundo, en su Introducción al Derecho Mercantil Comparado, sustenta que: "'Tal vez bajo el influjo de la corriente que consideraba que las cosas inmuebles no pueden ser nunca objeto de actos mercantiles, los códigos de comercio no se han ocupado de la hipoteca que reviste dicho carácter. . . el anteproyecto de reforma del Libro Segundo del Código de Comercio Español considera comercial la hipoteca constituida en garantía de obligaciones que tengan dicho carácter. La cuestión no ofrece es• pecial interés ya que en la práctica serían de aplicar las normas de la Ley Hipotecaria, idénticas para los supuestos de hipoteca civil y mercantil". Aunque españoles ambos tratadistas, para infortunio de la verdad jurídica, Rodríguez escribió como teórico del derecho mexicano -insuperablemente difundido y consultado-, y su criterio sigue prevaleciendo en nuestro país, sobre la inédita sencilla y dialéctica postura de Gella y del anteprotecto al Código &pañol. Para desvirtuar la prevaleciente tesis de Rodríguez, dada su relevante autoridad, tenemos que valemos en la especie de una curiosa y concluyente antítesis que dejará sin validez alguna su criterio doctrinal. Tal argumento consiste, nada menos que en un contradictorio criterio por él sustentado, claramente expuesto, abiertamente vertido en el sentido opuesto, a su prevaleciente tesis referida. En el Derecho Mercantil de T. Ascarelli, traducido al español por F. de J. Tena, y enriquecido con notas de Derecho Mercantil, del propio Rodríguez (Porrúa, 1940, p. 27), afirma: "Es decir, qU,e la teoría de los derechos mercantiles es una parte del derecho de cosas mercantiles (mercancías, títulos valor, dinero, buques, empresas) aquella que examina los derechos reales que pueden constituirse entre las cosas mercantiles". INSTRUMENTAL MERCA.~TIL MEXICANO Es evidente que J. Rodríguez al momento de transcribir tal comentario y referirse a "Derechos Reales Mercantiles", no pudo desconocer a la hipoteca como derecho real. Por tanto, baste tal afirmación, para dejar en entredicho su criterio en debate. Debe inferirse por lo tanto que Rodríguez ha sostenido dos posturas jurídicas contradictorias en torno al mismo objeto, y como consecuencia lógica, sólo puede tener razón en una de ellas. : ,osotros nos inclinamos por la nota expuesta en el Tratado de Asc::irelli, y he aquí porque nos adherimos a ellas volviendo a seguir la pauta de Rodríguez que confirmará nuestra tesis y auto destruir..í la propia. Y es que Rodríguez, al sustentar su afirmación de que "la hipoteca es siempre un acto civil" partió (incomprensiblemente, dada su acostumbrada acuciosidad analítica) de una inconsistente e insostenible premisa y apreciación, al decidir y concluir: "El estudio de la hipoteca corresponde al Derecho Civil dado que este contrato no ha sido objeto de regulación por las leyes mercantiles . .. la hipoteca constituida en garantía de una obligación mercantil, s~gue siendo hipoteca regulada, según el Código Civil del Distrito Federal" ; de ello, que fundamentalmente la considere siempre como un acto civil. No podemos ni por un segundo caer en la cuenta que cae Rodríguez, con base en tan endeble y abstruso argumento. Y no caemos porque nuevamente él mismo nos da la pauta para pensar y colegiar que la falta de regulación de un acto por parte del Derecho Mercantil, jamás será argumento determinante para sustraer tal acto de poder configurarse como de "comercio". Remitámonos al mandato y averigüemos si se encuentra regulado por la legislación mercantil. Definitivamente no es así. No obstante, Rodríguez -al estudiar los contratos mercantiles de comisión, mandato y mediación- entra en una sutil interpretación de que la comisión no es representativa y el mandato sí lo es, y deduce que sí existe diferencia entre comisión y mandato mercantil, y afirma nuevamente: "hay, pues, una comisión mercantil regulada en el Código de Comercio. . . y hay un MANDATO MERCANTIL, representativo que tiene por objeto realizar actos de comercio, pero que se RICE INTEGRAMENTE por las disposiciones del derecho común". En consecuencia en la misma obra de su Derecho Mercantil, Rodríguez desvirtúa contundentemente su determinante y ligero argumento, para calificar siempre de civil a la hipoteca por el solo 225 �U. IIIPOTECA EN EL DERECHO INSTRUMENTAL MERCANTIL MEXICANO hecho de regirse íntegramente por el Código Civil. En síntesis a este apartado, es de advertirse que a pesar de que la problemática no ofrece mayor dificultad, no ha sido tratada abierta y claramente ni por los tratadistas mexicanos ni por los extranjeros -salvo A. V. y Gella, hasta donde nos ha sido posible averiguar-, para incorporar a la teoría del acto de comercio los derechos reales en forma clara y precisa, intentando con ello lograr que dicha teoría quede más completa e integrada, ya que su total elaboración, como lo expresó un tratadista, "ha sido un vano e inútil esfuerzo". cho le corresponde--, sino por los consiguientes aspectos de ineficacia que traen aparejados los actos jurídicos, impropiamente formalizados de acuerdo con la teoría de invalidez de los mismos, en detrimento de las partes contractuales, y del principio de seguridad que deben sobre todo guardar los negocios jurídicos mercantiles. · Aunque hemos dejado asentado que constituye un error la prevaleciente idea de que la hipoteca es siempre un acto civil; queda sin embargo en el plano práctico una duda: hemos señalado el inveterado y accidental error de incurrir sistemáticamente a otorgar hipotecas -presuntamente siempre civiles-- ante notario o fedatario civil en vez de determinar previamente su naturaleza mercantil y formalizarlas ante corredor o notario mercantil. Cabe la duda y debemos pues demostrar nuestra afirmación con base en dispositivos de Derecho Positivo Mexicano. II. PROBLEMATICA PRACTICA 226 En el terreno de la práctica el problema de la factibilidad teórica-jurídica, de que la hipoteca sea un acto esencialmente civil o por el contrario pueda constituir eventualmente un acto mercantil, reviste un singular y trascendental interés positivo en el orden de la formalidad contractual, en función del Derecho Mexicano. Este particular interés estriba en que, muy a pesar de lo que los tratadistas mexicanos han creído, de que la hipoteca es siempre civil y debe constituirse en consecuencia con arreglo al Código Civil y por tanto llevarse a efecto en escritura pública ante notario, la realidad jurídica, acorde con el derecho vigente -no positivo--, toma otros caminos; y por lo expuesto en el capítulo anterior demuestra que todo mundo ha estado siempre endémicamente equivocado, reincidiendo en un vicio de formalidad jurídica, únicamente respaldado por un tradicional lapsus doctrinario y una inveterada costumbre de inoperante íundamento legal. El equívoco ha persistido, ya que dicho tratadista no se ha percatado de que además de las hipotecas civiles, existen las mercantiles. Y en atención a la constitución de las mismas, el equívoco ha sido desapercihidamente accidental por no partir de la hase legal; las hipotecas mercantiles se han considerado civiles, como se considera su otorgamiento en todo caso, ante un fedatario civil (notario), pasándose por alto que en las mercantiles existe un fedatario mercantil idóneo, un notario mercantil específico, para su constitución u otorgamiento: el Corredor Público. Tal punto es de gran interés práctico, no tanto por el perjuicio económico que resiente la institución mercantil de la Correduría, al no poder disponer de un ámbito profesional originario ---q:ue en estricto dere- IJI. HIPOTECAS MERCANTILES Para Octavio Hernández, tratadista de Derecho Bancario, no existe duda alguna en cuanto al presente problema y afirmar que la hipoteca --en cuanto trata la operación de "crédito hipotecario"-, es mercantil en razón del sujeto comerciante (banco) ... "es operación bancaria" y como tal está reputada acto de comercio por la fracción XIV del artículo 75 del Código de Comercio (Dereclw Bancario Mexicano, ed. AIA, T. II). Desde tal ángulo existen hipotecas mercantiles bancarias, dado que taxativamente el referido artículo señala que se "reputan" -no se presumen, que es distinto--, actos de comercio. . . las operaciones de bancos". Y siendo el crédito hipotecario una operación típicamente autorizada a las instituciones de crédito en su giro activo, la operación, como mercantil, resulta obvia. Nada obsta para hacer una análoga consideración e interpretación al amplísimo glosario de supuestos reputados como mercantiles, en las demás fracciones del artículo 75; ello, independientemente de la puerta que deja abierta la fracción XXIV al declarar así mismo como "mercantiles" a "cualesquiera otros actos de naturaleza análoga ... ", para razonar y deducir -paralelamente con la doctrina y la legislación-, que si la hipoteca puede considerarse mercantil en razón del sujeto (comerciante, BANCO), también deberá serlo por razón del objeto (buques, minerales, hidrocarburos, títulos valor, aeronaves) y del fin o motivo ( ánimo 227 �LA HIPOTECA EN EL DERECHO INSTRUMENTAL MERC1L""'iTIL MEXICANO de lucro). Expresamente, las leyes mercantiles se refieren al derecho real de hipoteca como garantía susceptible de responder al cumplimiento de obligaciones estimadas como comerciales. & el caso concreto de buques, aeronaves, para garantirar la f'misión de obligaciones; cédulas hipotecarias, hipoteca s/ unidad industrial, etc., en donde contemplamos supuestos de hipotecas típic:ts mercantiles. Fuera <le los casos típicos, el carácter mercantil de la hipoteca queda condicionada a la mercantilidad del acto que cauciona; de ahí que, resultando el acto principal comercial, la hipoteca seguirá tal suerte necesariamente, pues no encontramos disposición excepcional positiva, genérica o especial, ni razonamiento lógico jurídico, de peso suficiente a la fecha, para que el principio de accesorium sequitur principale se rompa o desvirtúe en función de la hipoteca, y permanezca incólume para la prenda. Porque ambos derechos reales, histórica y técnicamente, vienen siendo --en lo formal- una misma idea jurídica afecta a cumplimentar idénticos objetivos, y sólo se diferencian -contra la opinión generalen la traslación material (posesión al acreedor) del bien objeto de la garantía real que, en principio, opera siempre en la prenda y no en la hipoteca. Con hase en lo expuesto elaboremos un sencillo silogismo que confirmará nuestro aserto de que existen hipotecas mercantiles p_revistas en la legislación y no tan sólo como una posibili<lad teórica. Premisa mayor: El Corredor sólo interviene como fedatario en hechos mercantiles ( artículo 51 del Código de Comercio). Premisa mayor: El Corredor autorizado en el ramo de Bienes Raíces, puede intervenir en hipotecas ( artículo 16 del Reglamento Federal de Corredores). Conc1usión: Luego entonces, la hipoteca puede ser un hecho mercantil. problema, ya que desapercibida o inconscientemente se incurre en la práctica errónea de otorgar indiscriminadamente en escritura pública o en instrumento privado, pero siempre ante notario, toda hipoteca mercantil. &to es, en los supuestos legales mercantiles donde la lev autoriza al notario --expresa pero excepcionalmente--; a inter~enir en el otorgamiento de un derecho real hipotecario mercantil: buques, obligaciones, etc., y en todo caso, aún cuando no esté e."Cpresamente facultado. Pero de lo anterior es menester desprender dos conclusiones: l. Esas hipótesis o supuestos de hipotecas mercantiles no constituyen, ni deben considerarse exhaustivamente como casos excepcionales, singulares y limitativos y de los cuales deba inferirse y menos concluirse que fuera de los mismos no existen más hipotecas mercantiles. 2. La intervención del notario en hipotecas mercantiles, concreta y expresamente previstas (típicas o de naturaleza legal), no ratifica ni confirma su facultad para formalizar dicho derecho real, en otros supuestos donde no se encuentre "expresamente" facultado por la Ley Mercantil, como todas las demás hipotecas mercantiles atípicas y de naturaleza convencional. La primera conclusión se infiere de lo expuesto en el inciso A del capítulo anterior, de lo argüido en contra de la tesis expuesta por Rodríguez y, en general, porque afirmar lo contrario sería trastocar y romper la teoría del acto de comercio sólo en razón de la hipoteca. La segunda conclusión se deduce de un ángulo del Derecho Administrativo no apreciado ni ponderado hasta ahora, que consiste en que tanto notarios como corredores, en la ·esfera legal de sus atribuciones, son funcionarios de la administración pública (sui generis, por delegación), y cuyo marco legal de competencia deriva necesariamente de un texto leg_al expreso. No se advierte ni se podría concebir un dispositivo legal que permitiese a un funcionario acogerse al principio de que "lo que no está prohibido está permitido", para transgredir, para traspasar su marco jurídico de competencia, expresamente establecido en sus atribuciones limitativas concretamente conferidas por la Ley. Es de observarse tanto el Derecho Notarial como el de Correduría, son ramas complejas del derecho clasificado; constituyen simultáneamente tanto Derecho Público como Privado, son Derecho Administrativo lo mismo que Derecho Civil y Mercantil. IV. 228 LA HIPOTECA MERCANTIL DEBE, EN PRINCIPIO, SER OTORGADA ANTE UN CORREDOR Desde luego, ello no sólo es posible teóricamente, sino factible jurídicamente, pues así está previsto dentro de la legislación vigente. El objeto de este apartado lo enfocaremos en tomo a este que 229 �LA HIPOTECA EN EL DERECHO INSTRUMENTAL MERCANTIL MEXlCANO Por lo tanto, visto así -administrativamente-, es necesario advertir y señalar los principios generales atinentes de cuyo enunciado se desprende que: a) Las "atribuciones de un funcionario traen implícitas y automáticas prohibiciones a los demás" (salvo las excepciones legales de competencia o jurisdicción concurrente). b) En el funcionario, al contrario de lo que ocurre con el particular, "la incapacidad es la regla y la capacidad la excep. , ''. c1on Por ende, ni el notario ni el corredor deberán argumentar para fundamentar una actuación ( sin texto preciso), de que "no existe precepto que se lo prohiba expresamente", pues por lo anotado, la falta de norma facultatÍYa implica el impedimento ipso iure, una automática prohibición, máxime cuando dicha actuación ya se encuentra en principio conferida a otro funcionario como atribución. La prohibición resulta evidente y ostensiblemente forzosa. En suma, nuestra segunda conclusión afirmativa-negativa, de que el notario no está facultado para intervenir en más hipoteca~ mercantiles que aquellas donde se encuentra expresamente establecido (por cierto en varios casos en concurrencia con el corredor), es perfectamente colegible de los principios administrativos señalados, que en la especie, se encuentran en plena operancia y vigencia; tanto más, que el corredor se encuentra afecto, en principio, a certificar "hechos mercantiles" en general ( artículo 51 modificadp del Código de Comercio) y a intervenir en hipotecas, con el carácter de funcionario de fe pública, por medio de póliza, instrumento éste que tiene la misma fe y fuerza que la escritura pública ( artículos 5, 9 y 16 del Reglamento Federal de Corredores). Quedan los principios administrativos citados, dados como y en fundamento a nuestra anterior conclusión, contraídos y concretizados en lo dispuesto por el artículo 11 del Código Civil para el Distrito y Territorios1 y en lo dispuesto por el artículo 79, fracción II de la Ley del Notariado para el Distrito y Territorios Federales2. hecho de regirse íntegramente Pº! el Código Civil, es inconsistente, ya que el mismo autor la desvirtúa, al concebir y afirmar: La existencia de un "mandato mercantil regido exclusivamente por el derecho común". CONCLUSIONES 230 l. Queda asentado y demostrado que· la tesis de J. Rodríguez y Rodríguez, de considerar la hipoteca siempre civil, por el solo 2. De ser valedero el argumento esgrimido por Rodríguez no podrían ·ser mencantiles, por no encontrar regulación en la Ley Mercantil y sí tan solo en el Código Civil: La donación, el comodato, la permuta, la transacción, el arrendamiento, la compra-venta inmobiliaria, el hospedaje, la prestación de servicios profesionales, la fianza entre personas físicas, así como todo contrato o convenio irwminado; aunque versen sobre cosas mercantiles, sean verificadas entre comerciantes y revelen un ostensible ánimo de lucro. 3. Que como antítesis de lo afirmado por Rodríguez es pertinente dejar bien asentado cuáles son actos siempre civiles o esencialmente civiles, pudiendo al efecto citar, entre otros muchos: El testamento, la tutela, el matrimonio, el divorcio, la adopción, la patria potestad, el albaceazgo, etc., y en suma -adhiriéndonos a Ascarelli- "los actos de derecho público no patrimoniales, actos conexos a actos no patrimoniales y actos de derecho sucesorio". 4. Que el notariado interviene administrativamente como fedatario excepcional en la constitución de hipotecas mercantiles, ya que de no autorizarlo expresamente la Ley Mercantil, prevalece la competencia originaria y privativa del corredor público en la forma] ización ad solemnitatem o ad proba,tionem de dicho derecho real. 5. Que la infracción cometida por los funcionarios públicos, al transgredir la esfera de sus atribuciones -obrando sin texto expreso o contra texto legal expreso--, es causal de inexistencia conforme a la teoría del acto administrativo, y de nulidad relativa o anulabilidad en el derecho común, respecto a los actos indebidamente constituidos. Como en el caso de las hipotecas mercantiles constituidas ante notario, en todas las hipótesis donde no se esté en el supuesto de una norma de naturaleza excepcional o especial, que rompa con el principio general de competencia otorgado e instituido a favor del Corredor Público. NOTAS BIBLIOGRAFICAS l. Art. 11.- Las Leyes que establecen excepción a las reglas generales no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes. 231 �2. Art. 79.- La escritura o el acta será nula: ... 11.- Si no le está permitido por la ley autorizar el acto o hecho materia de la escritura o del acta. RESEÑA CL ANIVERSARIO DE LA PRIMERA CATEDRA DE DERECHO EN E( ESTADO 19 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SE CELEBRÓ EL CL Aniversario de la impartición de la primera cátedra de Derecho en el F.stado. Con este motivo se desarrolló una significativa ceremonia que tuvo por sede a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, organizada tanto por este centro de estudios como por el Colegio de Ahogados. En primer término se develó una pla~ alusiva en la Sala de Lectura de la Biblioteca "J.osé Juan Vallejo" y posteriormente tuvo lugar la ceremonia en el Auditorio "Lic. Víctor L. Treviño", con la participación de los siguientes oradores: Lic. Neftalí Garza Contrefas, Director de la Facultad; Lic. Sergio F. de la Garza, Presidente del Colegio de Ahogados de Nuevo León; Lic. Alvaro Díaz Cantú, Presidente d~l H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado; Lle. Adrián Yáñez Martínez, en representación de los maestros; joven Fernando Vázquez Alanís, en representación de los estudiantes y Li~. Genaro Salinas Quiroga! E 232 L DÍA F.sta ceremonia estuvo presidida por los representantes de los tres Poderes públicos del F.stado y por las autoridades universitarias. Entre e]Jos el Gobernador Constitucional del Estado, Dr. Pedro G. Zorrilla Martínez; el Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia en el' F.stado, Lic. Alvaro Díaz Cantú.; el Presidente del �DE DERECHO EN EL ESTADO CL ANIVERSARIO DE LA PRIMERA CÁTEDRA H. Congreso del Estado, Dip. Guillermo Navarro Tejeda; el Pre• sidente del IL Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Lic. Carlos Reyes Galván; el Magistrado del Tribunal Unitario del Cuarto Cir• cuito, Lic. Luis Lazos Blanco; el Rector de la U. A. N. L., Dr. Luis E. Todd; el Presidente Municipal de Monterrey, Lic. Leopoldo González Sáenz; el Director, Subdirector, Secretario y Decano de la Facultad de Derecho, respectivamente señores licenciados Neftalí Garza Contreras, Everardo Chapa Cantú, David Galván y Genaro Salinas Quiroga. Daremos a continuación un resumen de los conceptos vertidos en esta ocasión por los oradores participantes. CARRERA DE EMINENTE CONTENIDO SOCIAL El Lic. Neftalí Garza Contreras, Director de la Facultad de Derecho, subrayó el ueminente contenido social" de la carrera, que no es "como algunos piensan, refugio de haraganes y de ineptos, propiciadores de pleitos y disputas, especie de parásitos que es menester erradicar en bien de la vida social". 234 "A quienes ésto último piensan -añadió-, juzgando quizás por unos a todos, cabría recordarles las normas éticas que rigen la actuación del profesional del derecho; su intervención en la formulación de los ordenamientos legales 'especie de cemento cohesivo, que dijera el jurista, sin el cual todas las construcciones de la convivencia humana caen en el caos', su participación en la defensa de los intereses de los miembros del grupo social y su misión de luchar por la justicia en el derecho". Destacó así la importancia del evento: "Trasciende este aniversario por la importancia que el derecho en su creación, estudio y aplicación, tiene en la vida de los pueblos; mayormente cuando la conmemoración se enlaza a otros acontecimientos históricos de la misma época, como nos recordaba el día de ayer en su artículo un apreciado ex-maestro de la escuela, y que son la Constitución Política de 1824, primera clarinada del federalismo en México, y la erección en Entidad Federativa del Ahora Estado de Nuevo León". Al rendir un homenaje a los ex-directores, ex-secretarios y a los maestros "de antes y de ahora", el Lic. Garza Contreras significó la actuación del Decano del Plantel, Lic. Genaro Salinas Quiroga, en cuyo honor llevará su nombre uno de los auditorios de la escuela. Finalmente, enfatizó: "A ciento cincuenta años de distancia de que se iniciaron los estudios del derecho, hagamos juramento de fe de que la Facultad forme ahogados que dignifiquen su profesión y sirvan al pueblo, y de que las ventanas de la propia Facultad, como quería el maestro Caso, permanezcan abiertas para que penetre por ellas un aire de libertad que agite las hojas de los libros y sacuda nuestras conciencias". TRAYECTORIA DEL DERECHO EN N. L. El Lic. Sergio F. de la Garza, Presidente del Colegio de Ahogados de Nuevo León, rindió un fervoroso tributo de gratitud "hacia quienes hace 150 años pusieron en movimiento el mecanismo, la maquinaria, el instrumental de la enseñanza del Derecho Civil al lado de la del Derecho Canónico, que era el único que hasta aquel entonces se había enseñado en el Estado de Nuevo León" y recordó la egregia figura de D. Joseph Alexandro de Treviño y Gutiérrez, a la sazón también Magistrado de la Excelentísima Audien• cia del Estado, creada por virtud de la Constitución de 1824. El orador dio a conocer datos muy interesantes sobre los antecedentes del estudio del Derecho en nuestro Estado, de los cuales anotamos los siguientes: "Nace la &cuela de Derecho de Nuevo León en íntima conexión, en estrecha armonía, en completa coordinación, con otras dos dobles instituciones. Una. • . la Excelentísima Audiencia del Estado, que es ahora el Tribunal Superior de Justicia, dignamente representado aquí por su Presidente Lic. D. Alvaro Díaz Cantú. Con la escasa diferencia de un año después, con el Colegio de Ahogados, que se crea por los decretos 32 y 33 del 5 de Mayo de 1825, expedidos por la Legislatura en aquel entonces presidida por D. Rafael De Llano y en la que actuaban como Secretario, D. Pedro Antonio de Eznal y como Tesorero D. Juan Bautista de Ariz. pe. . . Ellos determinaron en 1825 que se creara en Nuevo León el Colegio de Ahogados para que agrupara a todos los letrados que ejercitaban la profesión en el Estado. Había pues esa trilogía de instituciones trabajando conjunta y armoniosamente para la producción de la Ciencia del Derecho, para la formación de los profesionales del Derecho, para la impartición de la Justicia del &- 235 �CL ANIVERSARIO DE LA PRIMERA CÁTEDRA DE DERECHO EN EL ESTADO tado, que ha sido a través de los años uno de los timbres de legítimo orgullo de las instituciones políticas de Nuevo León". las instituciones que enmarcan la vida social. El derecho es uno de los aspectos de la actividad del hombre que directa o indirectamente es afectado por ese afán progresista que, constantemente, y con mayor celeridad en este siflo, viene transformando a la sociedad. "La misión del Derecho es la de sensibilizarse a las exigencias del orden social que rige, a fin de adelantarse a los cambios, a las reformas sociales necesarias, antes de que estos cambios y estas reformas se abran paso al margen del derecho, por la violencia. "A los estudiosos del derecho nos corresponde examinar, criticar, enjuiciar nue.stro sistema positivo, a la luz del ideal, del valor eterno e inmutable, por un lado, y por el otro, a las exigencias concretas y cambiantes de una sociedad a la que ese derecho positivo deba llevar seguridad, libertad, justicia y tranquilidad. Por estar inspirado en los valores y por moverse constantemente hacia su realización, el derecho es ciencia y es técnica". EL SIGLO D.E LA JUSTICIA SOCIAL El Lic. Alvaro Díaz Cantú, Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, manifestó que la abogacía "siempre ha estado presente en la vida nacional y en la del Estado" y trazó un esbozo general de esta trayectoria. Destacó en su mensaje: "La abogacía representa en la colectividad la función social más inmediata y más perceptible, porque es la que está más vinculada al pueblo. Por eso no debemos olvidar que nuestra profesión está ligada fundamentalmente a los regímenes democráticos y es negada y perseguida en muchos países totalitarios. Dada la significación social de nuestra profesión, debemos luchar en todo mo~ento porque reine la justicia entre los hombres y entre las nac10nes. "Vivimos en el siglo de la justicia social, en que los derechos individuales han cedido su lugar a los colectivos. La justicia aplicada a los grandes conglomerados: Vivienda, salubridad y un mejor nivel de vida, son los objetivos de los gobiernos modernos. En la sola medida que el Estado resuelva con inteligencia estos problemas trascendentales, nuestra época, habrá cumplido su destino". EPOCA EMINENTEMENTE REVOLUCIONARIA El Lic. Adrián Yáñez Martínez habló en nombre de la planta de profesores de la Escuela de Derecho. Analizó la función del Derecho y la misión del ahogado, en una época controvertida y de cambio social. Señaló: 236 "La época presente es eminentemente revolucionaria. Ser revolucionario implica ser un inconforme con el estado de cosas, pero un inconforme con actitud positiva, un inconforme creador. Dada la naturaleza perfectible del hombre, está condenado a ser verdaderamente revolucionario. Está obligado a buscar afanosa y constantemente su superación a través del cambio y de las reformas que a él conducen. "La función del derecho es normal, estructurar, encauzar la vida humana en sociedad. El derecho establece las formas sociales, ESTUDIANTES Y ESTUDIOSOS En representación de los alumnos de la Facultad de Derecho tomó la palabra el estudiante Fernando Vázquez Alanís quien manifestó que "en esta hora de la Historia en nuestros grupos no nos concretaremos a ser estudiantes, sino pugnaremos por ser estudiosos, no por ser sólo constantes, sino por ser observadores, no por ser conocedores del Derecho, sino interesados en su innovación". Esbozó, asimismo, algunos de los antecedentes de los estudios del Derecho en nuestro Estado. Entre otros, señaló: "Con dos sencillas aulas se inauguró, en 1891, la que fue la tradicional casona de Abasolo y Diego de Montemayor, obra del general don Bernardo Reyes y recinto donde los estudiantes vieron el cambio de siglo. En 1913 la ciudad observó con admiración a los estudiantes de leyes que, a pesar de la ocupación de fuerzas revolucionarias, que suspendieron toda actividad, en la Escuela de Leyes no sólo se continuó trabajando, sino que se extendió y progresó, surgiendo en esos mismos años de confusión la primera biblioteca el 13 de Abril de 1913, obra de un grupo de ahogados maestros, encabezados por el destacado y ameritado profesional y maestro del Derecho, don José Juan Vallejo. En 1956 esa biblioteca alcanzó la cifra de tres mil volúmenes y fue cuando por primera vez se conmemoró la fecha del 19 de Enero. En 1958 la Facultad de Derecho es la primera que habitó esta Ciudad Universi- 237 �CL ANIVERSARIO DE LA PRIMERA CÁTEDRA taria". FORMAR HOMBRES, LABOR DE LA UNIVERSIDAD El Decano de la Facultad, Lic. Genaro Salinas Quiroga, agradeció finalmente el homenaje que en esta ocasión se le rindió, con las siguientes palabras: "Honorables Miem.J>ros del Presidium. Antes que toda otra palabra, brota de mis labios la voz gracias, para expresar mi cordial gratitud a maestros, alumnos y al Sr. Director, Lic. Neftalí Garza Contreras, por el acuerdo que se ha servido expresar, de que el salón de Actos que se encuentra en el segundo piso, lleve mi nombre. Gracias a todos, desde lo más entrañabie de mi pensar y de mi sentir. Considero que es una generosidad de todos uslPdt>s, ya que mis modestos merecimientos están muy por debajo, de ese honor tan grande como inmcreeido. Estimo que hay mucho de generosidad en ustedes, explicable en buena parte por haber sido discípulos míos, en cuarenta años, próximos a cumplir, de magisterio universitario. Si deducimos ese afecto y esa estimación, es muy poco lo que queda a mi favor. Yo no soy más que un regiomontano en mangas de camisa; un padre que tiene que luchar como ustedes, por la subsistencia diaria de su hogar, un profesor que como muchos de los aquí presentes tiene que acudir a dictar sus clases todos los días. obra beneficiosa que ellos realizaron, haciendo honor a la libertad de pensamiento, que en ellos radica sustancialmente la autonomía universitaria. Un hombre puede ser débil desde el punto de vista físico, pero si realiza valores éticos, su figura se agiganta, a la altura de los propios principios que ha realizado. La Universidad debe formar antes que nada hombres responsables y no podemos aspirar a goberpar la comunidad de que formamos parte, si no hacemos honor a esa responsabilidad, que nos hace dignos hijos de nuestra máxima Casa de Estudios". No debemos olvidar, que formamos parte de una Universidad,. El vocablo "Universidad" proviene de dos voces latinas: de la raíz unos, único, y versus, diferente. Esto significa que es lo diferente, reunido en un conjunto de conocimientos. La cátedra universitaria, 238 debe tener todos los "ismos" y al mismo tiempo no tener ninguno. Lo mismo debe enseñarse aquí a Sócrates, que a Platón o a Aristóteles; a San Agustín de Tagasta lo mismo que Santo Tomás de Aquino; a Descartes a Kant, a Marx, a Lenin o a Marcuse; aquí no hay pensadores de derecha o de hquierda. Todo aquel que tenga algo que enseñar l que sea serio y respetable, debe impartirse aquí. Estamos conmemorando el sesquicentenario de la impartición de la primera cátedra, el 19 de enero de 1824, por don Alejandro de Treviño y Gutiérrez. El mejor homenaje a dicho ilustre varón, lo mismo que a todos los directores de este plantel, es continuar la 239 �LIBROS RECIBIDOS Lucio. El problema agrario de México y la Ley Federal de reforma agraria. 11 ed., corr. y aumentada. México, Porrúa, 1971. MENDIETA Y NUNEZ, El bienestar del país depende en gran parte de la realización conjunta de dos postulados fundamentales: Localización de materias primas y su transformación posterior en productos industriales, y del cultivo sensato de las tierras y la distribución equilibrada de sus productos. En la presente obra se pretende contribuir al logro de los objetivos enunciados, mediante el análisis de los distintos aspectos de nuestro problema agrario, haciendo sugestiones valiosas para su realización. Además, el autor nos ofrece algunos comentario.s sobre la nueva Ley Federal de reforma agraria, para lo cual transe r i b e su articulado acotándolo con algunos comentarios explicativos y críticos que servirán como base de análisis y discusiones con miras a futuras discusiones. Frederic. La señal de Caín. México, Siglo Veintiuno, 1971. 370 p. WERTHAM, "La violencia invade cada vez más la vida social de los hombres, mucho más de lo que ellos mismos quieren creer, y sólo en su mano está el abolirla. Este libro es un análisis genero• so de la violencia en todos sus .aspectos, para lo cual el autor se vale de estudios tanto sociológicos como criminológicos, de historia, arte y literatura, así como de los sucesos corrientes y de su propia experiencia. Entiende la violencia no sólo en su complejídad histórica sino también en su simplicidad cotidia'!a: en su manifestación en los juguetes, en los medios de masas e incluso en los asesinatos políticos, en los motines y las guerras. Todos estos son asuntos diferentes pero no dejan de �LIBROS RECIBIDOS estar correlacionados, todas las formas de violencia humana lo están de alguna manera. Lo que el autor se propone es encontrar sus conexiones internas y poner al descubierto la violencia latente aparezca bajo el disfraz que aparezca. El problema no pertenece a un hombre filosóficamente abstracto frente a otro, sino al hombre frente al hombre, lisa y llanamente, y es éste el que tiene que resolver si puede combatir la violencia sin violencia". La cuesta de la Guerra. México, Fondo de CAILI.OIS, Roger. Cultura económica. 1973. 319 p. (Breviarios del Fondo de Cultura económica, 227). La presente obra analiza las diversas etapas de la historia de la Guerra y señala su estrecha relación con el desarrollo del Estado. Contenido: Los comienzos y las formas reducidas. Las leyes de la Guerra en la China clásica. Armas de fuego, infantería, democracia. Hipólito ee Guibert y la idea de la guerra republicana. Advenimiento de la guerra nacional. Juan Juárez y la idea de ejército socialista. La Guerra tonal. Juan Jaurés y la idea de Guerra, fatalidad de las naciones. Retorno al caos. Paroxismos de la sociedad. La soáedad. Una introducción a la sociología. CHIN0Y, Eli. México, Fondo de Cultura Económica (l972), 423 p. 242 "El propósito de la presen- te obra es hacer participar al lector en la exploración de los perfiles de la sociedad, faena que supone delimitar sus fronteras, definir y precisar sus conceptos fundamentales y, en fin, recorrer, aunque sea parcialmente, los sectores que lo componen enfocándolos a la luz de los más recientes descubrimientos de la sociología .. . Por su carácter introductorio, busca en primer lugar presentar los conceptos fundamentales que definen a la perspectiva sociológica; en segundo término, P'<plícar e ilustrar la naturaleza del análisis objetivo, a m é n de proporcionar un cuadro más o menos completo de las principales formas e instituciones de la vida organizada socialmente y de sugerir la magnitud de determinados problemas teóricos propios de la ciencia". Contenido: Ciencia y sociología, Cultura y sociedad. Diversidad y uniformidad en la sociedad humana. Cultura, sociedad e individuo. Forma del análisis sociológico. Las formas de la organización social. El grupo pri• mario. Familia, parentesco y matrimonio. La estratificación social. La burocracia. Comunidades: eco I o g í a y urbanización. Tecnología, economía y sociedad. Poder, autoridad e instituciones políticas. La religión. Ciencia Y sociedad. Conformidad y control social. Conducta desviada y desorganización social. Los usos de la sociología. J.IBR0S MERRYMAN. RECIBIDOS John Henry. La tra- dú:ión jurídú:a romano-canónica. México, Fondo de Cultura Económica, 1971. 258 p. (Breviarios del Fondo de Cultura Económica, 218). "Se trata de una historia y de un análisis conciso de las fuentes del derecho dominante en la mayor parte de la Europa Occidental, en toda la América Latina y en muchas partes de Asia, Africa y el Medio Oriente, destinados al lector en general. El Derecho Romano, fuente de ese derecho, es más antiguo que las otras dos principales fuentes jurídicas; el Derecho Consuetudinario de la Gran Bretaña, los Estados Unidos y otras partes del mundo de habla inglesa, y el Derecho Socialista de la Unión Soviética y de otros países socialistas. Los sistemas jurídicos que tienen como fuente el Derecho Romano difieren considerablemente de país a país. El autor no trata de describir sus diferencias, sino de destacar lo que los relaciona de manera que permite contrarresta,:los entre ellos y con los sistemas que tienen otras tradiciones jurídicas. La primera parte del libro se dedica a los cinco elementos que más han contribuido al desarrollo histórico de la filosofía subyacente de la tradición del derecho en cuestión: Derecho Romano, Derecho Canónico, Derecho de Comercio, las fuerzas intelectuales que caracterizaron a la Revolución Francesa y el efecto de la Ciencia Jurídica alemana. El autor también considera, en detalle, su enfoque en cuanto a códigos y codificación, decisiones judiciales, interpretación de reglamentos, certeza y equidad, jurisdicción, la división entre Derecho y profesión jurídica, profesión jurídica, procedimiento y Derecho Público". RlDF.IRO, Darcy. El dilema de A mérú:a Latina; estructuras del poder y fuerzas insurgentes. México, Siglo veintiuno, 1971. 358 p. " ... El dilema de América Latina está dedicado a desentrañar el carácter del subdesarrollo en que estamos sumergidos, de nuestra dependencia respecto a Norteamérica y, asimismo, el análisis de las luchas que se traban en el continente entre las estructuras de poder que sostiene la ordenación social y las fuerzas virtualmente insurgentes que intentan su transformación". PAOll.LA ARAGÓN, Enrique. Mé- xico: desarroUo con pobreza. México, Siglo Veintiuno, 1972. l 79 p. ( Colección mínima, 24). El crecimiento de la población mexicana y la decadencia del comercio exterior como fuerza generadora de inversiones ha: cen afirmar al autor la necesidad de orientar nuestro desarrollo económico hacia el mercado interno, con objeto de alcanzar la justicia social. · Como postulados para au• mentar nuestro mercado interno, el autor sugiere tres medidas de 243 �LIBROS RECIBIDOS política económica, a saber: 1). Que el Estado participe de una mayor proporción del producto nacional bruto, 2). Redistribuir el ingreso en forma inmediata, y 3). Terminar en forma definitiva con la falsa idea de que se debe recorrer todo el camino del capitalismo para lograr el desarrollo económico, propugnando una tesis netamente nacionalista, de acuerdo con nuestra realidad socio-económica. La obra se divide en dos partes. En la primera se analizan las características fundamentales del desarrollo de México, y en la segunda se apuntan lineamientos de política económica congruentes con los postulados de la doctrina de la Revolución Mexicana. Don C. Delincuentes Juveniles y crimúwles; su tratamiento y rehabilitación. México, Fondo de Cultura Eco- GIBBONS, nómica 1969. 388 p. El autor nos ofrece en su obra respuestas concretas y rea• listas a los problemas sobre tratamiento y rehabilitación del delincuente, así como un análisis objetivo de las causas de transgresión de la ley por parte de los individuos. En primer término establece una clasificación de los delincuentes y de las formas de tratamiento, y en seguida determina la terapia más conveniente para cada tipo de delincuente, sin obviar los obstáculos que suelen presentarse, ofreciendo a su vez la mejor forma de vencerlos. Contenido: Normas de procedimientos correccionales. Factores causales del delito y Tipologías de delincuentes. Dos tipologías elegibles. De la índole y modalidad del tratamiento. Obstáculos al tratamiento. La terapia del joven delincuente. La terapia del criminal adulto. Ultim a s tendencias y necesidades para lo futuro. James George. La rama dorada; magia y religión. FRAZER, México Fondo de Cultura Económica, 1969. 860 p. La presente obra constituye una versión simplificada de los doce volúmenes de que consta la edición actual, aparecida originalmente en dos volúmenes, con objeto de ampliar el círculo de sus lectores. No obstante lo anterior, las i d e a s directrices se conservan junto a un número su• ficiente de ejemplos para ilustrarlas. La rama dorada es considerada como una de las grandes investigaciones de nuestro siglo. Expone sistemáticamente las costumbres y el folflore universal, y en cierta forma, constituye una mitología comparada. �� Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Derecho Y Ciencias Sociales Año de publicación El año cuando se publico 1973-1974 Volumen Volumen de la revista 1 Número Número de la revista 2 Mes de publicación Mes cuando se publicó Octubre-Enero Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Cuatrimestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1784899&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales, 1973-1974, Vol 1, No 2, Octubre-Enero Creator An entity primarily responsible for making the resource Flores Longoria, Samuel, 1934-, Director Subject The topic of the resource Derecho Derechos civiles Publicaciones periódicas Leyes Jurisdisprudencia Filosofía del derecho Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derechos y Ciencias Sociales Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Galván Ancira, David, Secretario de Redacción Salinas Quiroga, Genaro, Consejo Editorial Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/10/1973 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource tex/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2016546 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. San Nicolás de los Garza, N.L., (México) Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies. Universidad Autónoma de Nuevo León Rights Holder A person or organization owning or managing rights over the resource. El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores Derecho a la información Documentación Estructuralismo Existencialismo Legislaturas de los Estado Paz https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/271/13585/DERECHO_Y_CIENCIAS_SOCIALES._1974._Vol._1._No._3._Feb-May._0002016549.ocr.pdf 9836eb934a6e750c638c6eb7f637c2f0 PDF Text Text REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES l:\1' ERSJDAD AUTÓ~O"I .\. DE XCEYO LEÓX 3 �~ - -- • • . , ~ . E ISTA DE LA FA ·~_;¡..<:>· . ·. ('¡~:,"•'".., ,se ,, fo.,, ,·, • .,.,, ,. •' ,. •¡; .-p. : • . ·~ :•:;,,.~,~-g_;.'f.:~-~:.i~L-~J",if"l:,t;,;.•-•.,,:$,~1,·., ,:•·' v:~. :\ ~,: '."._~.•-.' , . ,. .. V' ...... ,:~:~,:;::·. '/ . :~~\V~\t{';";". •!¡C,f\,~fti!4:(.:! · '~\.J!f' 11, . . ] - ~~.r::r,;..,.. _ ,f.,_..•~ , · -~;; f.:.:-~';•¿,;_•:_,J•:--.i,;._.J.::,J.. -".:H•s.'i~•-,:i/ .... �DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 3 �UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DIRECTOR: Lic. Neftall Garza Contreras. DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES SUBDIRE'CTOR: Lic. Everardo Chapa Cantú. SECRETARIO: Líe. David Galván Ancira. Revista Cuatrimestral de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Nuevo León. DECANO: Lic. Genaro Salinas Quiroga. DIRECTORIO DE LA ~VISTA VOL. I FEBRERO-MAYO, 1974 NUM. 3 INDICE DIRECTOR: Lic. Samuel Flores Longoria. SECRETARIO DE REDACCIO,N: Lic. David Galván Ancira. SECRETARIO DE CIRCULACION: Bibl. Manuel Uribe M. CONSEJO EDITORIAL: Lic. Genaro Salinas Quiroga, Lic. Neftall Garza Contrer~s, Lic. Eve-rardo Chapa Cantú, Lic. Samvel f:lores Longor,a, Dr Agustín Basave Fernández del Valle, Lic. Alberto Garcf~ Gómex, Lic. Jorge Montemayor Salazar, Li~. Jesós Ra. mones Saldaña. La responsabilidad de los articulos ipublic~dos es ettl~siva de sus auto~. Las opiniones eXtl)resadas en la Rel\'lsta son e~nctam.ente ¡personales y no asumen responsabilidad/ Por ellas la reviSta. la Facultad de Derecho de la. U. A. N. L. o las illlstitudones a las q_ue estén asociados sus expositores. Derecho y Ciencias Sociales aparece ~ mestralmente. No se devuelven original~ aun cuando no se publiquen. TÓda correspondencia deibe dirigirse a: Facultad de Dereeho y Cie ncias Sociales Revista. Derecho y Ciencras Sociales Ciudad Universitaria, Monterrey, N. L., México. IMPRESO Y Bl!lCHO EN MEXICO PRINTED AND JIADE IN MBXICO EdUertal Alfenso Reye,i Adolfo Prieto Ote. 2407 Montene:r, N. L. RECTOR VILLEGAS OLIVARES, Permanencia de las garantías en los créditos de habilitación o avío. RAUL V1LLARREAL DE LA GARZA, El jui.cio sumario de desahucio en la Legislación Procesal Civil vigente en el Estado. ALBERTO RUIZ GOMFZ, El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. JACOBO AYALA VILLARREAL, La libertad caucional en el Derecho Mexi,carn,. RECTOR F. GONZALEZ SALINAS, Las Normas Mínimas para el tratamiento de los reclusos. AGUSTIN BASAVE FERNANDEZ DEL VALLE, Hacia una Antropología jurídi.ca integral. Fundamentos de Filosofía del Derecko. NICOLAS MARTINEZ CERDA, Sistemas de control constitucional. JORGE VILLEGAS NUÑEZ, Los medios colectivos de comUJ1,i,cación. JESUS RAMONES SALDAÑA, La necesidad de un medio colectivo de transporte en el Area Metropolitana de Monterrey. ALBERTO GARCIA GOMEZ, Una teoría de la paz. ENRIQUE C. LIVAS~ Conferencia: Universidad y autonomía. Facultad de Derecho, Informe de Actividades. Reseñas bibliográficas. Libros y publicaciones periódicas recibidos en la Biblioteca. 245 261 273 279 285 301 317 331 34.3 347 353 361 361 372 �HECTOR VlllEGAS OLIVARES PERMANENCIA DE LAS GARANTIAS EN LOS CREDITOS DE HABILITACION O A VIO Abreviaturas: e.e. C.C.D.T.F. L.G.I.C.O.A. L.G.T.O.C. LF.T. L.Q.S.P. Código Civil. Código Civil del Distrito y Territorios Federales. Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Le_r Federal del Trabajo. Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. CONCEPTO I .- LOS CRÉDITOS DE HABILITACIÓN O AVÍO SON AQUELLOS EN los que "el acreditado queda obligado a invertir el importe del crédito precisamente en la adquisición de las materias primas y materiales, y en el pago de los jornales, salarios y gastos directos de explotación indispensable para los fines de su empresa" (Art. 321 L.G.T.O.C.). La nota típica de los contratos de avío, consiste en el destino Lic. Héctor Vlllegas Olivares. enesado de la. Paeultad de Derecho y Ciencias Soclale., de la Universidad Autónoma de Nu.,vo Leoo y catedré.tlco de la tnlsma en la materia de Derecho Mercantil. �PERMANENCIA DE LAS GARANTÍAS EN LOS CRÉDITOS DE HABILITACIÓN O AVÍO específico que se le da al crédito para el fomento de la producción, que tiende precisamente a prepar~r la ~mpresa con los elementos necesarios para su normal func1onam1ento. Se concede a las empresas que ya están operando o qu~ se encuentran ~reparadas para iniciar sus actividades y se ded.1can al proce~o dir~to e inmediato de la producción como la agncu}tura o la .mdustna, Y por su destino específico tienen una garantta prendaria legalmente establecida. de avío que celebren las instituciones de crédito podrán consignarse según convengan las partes, en escritura pública o en contrato privado, cualquiera que sea el valor del crédito, y que no es necesario observar ninguna otra formalidad para pactar garantías reales- sobre bienes muebles o inmuebles. La ley de referencia establece la posibilidad de que las instituciones bancarias celebren contratos de avío con garantía adicional de hipoteca, sin sujeción a ninguna otra formalidad que la establecida en el artículo 125, pero debe tomarse en cuenta que dicha disposición se encuentra en una Ley Federal secundaria y que la Constitución General de la República Mexicana, establece un sistema sobre competencia legislativa, que consiste en otorgar facultades expresas al Congreso de la Unión sobre las materias a legislar, y que aquellas que no estén establecidas a su favor, se entienden conferidas a los Estados. Ejemplos: la materia civil. El contrato de hipoteca es un acto jurídico eminentemente civil y cada uno de los Estados puede legislar ~ su arhi•.rio sobre la formalidad que debe observarse. En el Estado de Nuevo León, se requiere necesariamente escritura pública cuando el valor garantizado con hipoteca excede de $5,000.00 ( CINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL; Art. 2809 C.C.). El Artículo 125 de la L.G.I.C.O.A. es inconstit11rional, porque el Legislador Federal no tiene competencia para derogar mediante una ley secundaria, una norma estatal de caráe1er civil como es la relativa a la forma en el contrato de hipotecn. La falta de forma produce la nulidad del contrato, según es de verse de los Artículos 1730, 2122 y 2809 del Código Civil vigente en el Estado, y su trascendencia se funda en la posibilidad de que los acreedores del acreditado, demanden la nulidad del contrato de hipoteca, y obtengan la nulidad de la inscripción del gravámen a efecto de que los créditos hipotecarios de segundo o ulterior grado, asciendan en orden de preferencia por fechas de rnscnpción. FORMA II.- Los contratos de avío podrán otorgarse en escritura pública o en contrato privado. El artículo 326 de la L.G.T.O.~. establece que los créditos de avío "se consigna~án en con~rato pnvado que se firmará por triplicado ante dos testigos ~?noc1dos _Y_ se :~· tificarán ante el encargado del Registro Público . La ratif1cac1on requiere necesariamente la presencia ~e _los oto~g_antes ante el ~~­ gistrador Público de Comercio del D1stnto !~dicial de su dom1?1• lio, lo que en algunos casos entorpece ~a ag1hdad de las operaciones de crédito o bancarias que se canalizan por este conducto,_ porque normalmente estas Oficinas reciben tantos _do?umentos registrables que prácticamente no pueden atender al p~hc? p_ara este_ efecto• es conveniente la ratificación ante Notano Público, a fm de evitar los trastornos antes indicados. En los contratos de habilitación o avío deberá esta~lecerse con toda precisión la inversión del crédito, así como los hien~s que se afecten en garantía. Estos dos aspectos tienen ~tima relación, ?~es las materias primas y materiales que se ª~'!me~an con el c~edito constituyen la garantía y si no hay cons~;uc1on d!r~cta entre esta Y la inversión se desnaturaliza la operac10n de credito ( Arts. 321 Y 326 Frac. Ú L.G.T.O.C.). Los contratos deberán inscribirse en el Registro Público de Comercio del domicilio d~ los contratantes Y en su caso en el Registro Público de la Propiedad del lugar de . ·, d e los bi·enes, ci éstos fueren inmuel,les. .Cuando uhicac1on ~ , f port alTVl~ta su 1· nsc-ripción el contrato surtITa e ectosuh·¡·enguna causa se O........ , ' te a tercero si la garan~fa la constituyen i_nmuebles y se h 1er,e inscrito en el Registro Público de la Propiedad ( Art. 26 del Código de Comercio). a).- FORMA. INSTITUCIONES DE CREDITO 246 El artículo 125 de la L.G.I.C.0.A. prevé que los contratos CONSTITUCION DE LA PRENDA III.- El importe del crédito de avío debe destinarse necesariamente a un fin determinado previsto en el contrato y su inversión implica un derecho y una obligación del acreditante, pues en la medida que el crédito se destina a los fines pactados, aparecerán en el patrimonio del acreditado valores económicos que cons- 247 �PER;\,IANENCIA DE LAS GARANTÍAS EN LOS CRÉDITOS DE HABILITACIÓN O AVÍO titu yen una garantía prendaria legalmente establecida a favor del acreditante ( Art. 322 L.G.T.O.C.). Los valores económicos que representan la garantía prendaria, deben ser consecuencia directa e inmediata de la inversión del crédito de avío, y si no hay tal consecución se desnaturaliza el contrato y se extingue la prenda. El contrato de prenda es accesorio y como todos los contratos de garantía sigue la suerte del principal, se constituye por voluntad expresa de las partes y subsistirá entre éstas aún cuando no se inscriba en el Registro Público de Comercio. La L.G.T.O.C. ta! parece que establee.e una excepción al principio tradicional, pues el artículo 334 de ese ordenamiento, establece que en los contratos de avío la prenda se constituye por la inscripción en el Registro Público de Comercio, sin embargo, se trata simplemente de un:• redacción defectuosa de la disposición citada y la interpretación de tal precepto debe hacerse en tomo a la unidad que representa 1a Institución, debiendo entenderse que la prenda se constituye desde que se otorga el consentimiento por las partes contratantes. El contrato de prenda únicamente puede celebrarlo el propietario de la negociación mercantil o el representante con facultades suficientes para hacerlo; sin embargo, en los créditos de habilitación o avío el acreditado por su simple condición de ~er la person;, que explota Ja empresa o negociación, puede constituir la garantía prendaria aún cuando no sea dueño de ella (Ai:t. 331 L.G_.T.O.C.). Es del conocimiento general que en matena mercantil el contrato de prenda es real, es decir, se requiere la tradición de los bienes al acreedor o a un tercero designado como depositario; pero tratándose de créditos de avío, la prenda puede quedar en poder del deudor quien podrá usar y disponer de los bienes afectados en garantía cuando el contrato se celebre con instituciones de crédito. El acreditado deviene obligado a restituir la garantía en otros bienes de la misma especie y calidad (Art. 329 L.G.T.O.C. y Art. 125 Frac. IV de la L.G.I.C.O.A.). neral de Títulos y Operaciones de C,édito, la Ley de Instituciones Je Crédito y Organizaciones Au,Xiliares, la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos y como supletorio el Código Civil para el Distrito 'Y Territorios Federales en materia común y para toda la Re- PREFERENCIA DE LOS CREDITOS DE AV/O. LEGISLACION. IV.- En el Derecho Mercantil Mexicano encontramos diversas 248 leyes que establecen el régimen legal de las garantías otorgada<" en los créditos de avío y leyes especiales que de una manera concreta regulan los diversos aspectos que presentan, como la Ley Ge- púb~ ica en materia federal. a).- INVERSION DEL CREDITO. El artículo 322 de la L.G.T.O.C. establece la preferencia a favor del acreditante sobre los bienes que se obtengan con la inversión del crédito, con ciertas limitaciones y obligaciones a su cargo, que consisten en la vigilancia que debe hacer de la inversión, a fin de que su importe se dedique precisamente a la adquisición de los objetos determinados en el contrato. Cuando el acredita-• clo dedique los fondos obtenidos a fines distintos, pueden suscitarse dos situaciones: Primera, el acreditado con conocimiento tá cito de su acreedor da una inversión distinta al crédito, en este caso el acreditante por su negligencia perderá el derecho real de prenda (Art. 322 L.G.T.0.C.); segunda, el acreditado destina los fondos suministrados a bienes distintos de los previstos en el contr_alo sin conocimiento del acreditante, éste tendrá derecho a pe: dir de acuerdo con el Artículo 327 de la L.G.T.O.C. la rescisión del contrato, que más bien tiene efectos de cumplimiento, pues el deudor pierde el beneficio del plazo y el acreedor podrá dar por vencidas anticipadamente las obligaciones y exigir el reem bolso de las sumas que haya proporcionado con sus intereses sin necesidad de pacto expreso. ' b).- TRASMISION DE LAS GARANTIAS. ~a L.G.T.O.C. establece la posibilidad de que el acreditado suscriba pagarés por las disposiciones que haga del crédito d( avío, ~o~ la condición de que su vencimiento no sea posterior al del cred1to y de que se haga constar en ellos la relación causal. Los títulos en cuestión podrán trasmitirse previa autorización del ª~:editado, mediante el simple endoso. ~ evidente que la relac1on causal no tiene influencia en la validez _de los títulos valo ·. pero su inc~u~~ón s~gnifica que el endoso en propiedad compren: de_ la_ trasims1on alícuota de la parte correspondiente del crédito pnn,c1pal _con las gar~ntías otorgadas. La trasmisión de los pagares obliga al acred1tante a vigilar la inversión del crédito y a 249 �PERMANENCIA DE LAS GARANTÍAS EN LOS CRÉDITOS DE HABILITACIÓN O AVÍO cuidar y conservar las garantías concedidas con el carácter de mandatario de los titulares de los pagarés emitidos (Art. 327 L.G.T. O.C.). En este caso, es indispensable que el acreditante designe interventor, a fin de demostrar que se ha cumplido con la obligación de vigilancia prevista en el último párrafo del Artículo 327 de la L.G.T.O.C., pues de no ser así, será responsable de la pérdida de ]as garantías por distracción del crédito de avío para fines distintos a los pactados en el contrato. garantizada, pudiendo en todo caso redimir del gravámen alguna de las fincas por la parte que haya pagado. ( Art. 2912 C.C. D.T.F.). Los artículos de referencia son renunciables porque protegen intereses exclusivamente privados, como son los de las partes contratantes, y no estando en pugna su renuncia con el interés público, es lícito un pacto de esta naturaleza en los contratos de avío. c).- DIVISION DE LAS GARANTIAS. LEY DE QUIEBRAS Y SUSPES/ON DE PAGOS. El Código de Comercio en vigor establece como la legisla- 250 ción supletoria de los actos de comercio las normas del derecho ·común (Art. 2o.) y se ha entendido como aplicable el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en materia común y para toda la República en materia federal, por lo que es importante tener en consideración por lo que respecta a la garantía prendaria natural del crédito de avío y a las demás garantías prendarias adicionales, lo dispuesto por el Artículo 2890 de ese ordenamiento, que en su parte conducente dice: Art. 2890. . . "cuando el deudor esté facultado para hacer pagos parciales y se hayan dado en prenda varios objetos, o u"?o que sea cómodamente divisible, ésta se irá reduciendo proporcionalmente a los pagos hechos con tal que los derechos del acreedor siempre queden eficazmente garantizados". E.s interesante observar que el Artículo de referencia .se aplica en forma supletoria a la L.G.T.O.C. y que tratándose de créditos de avío, la garantía natural es indivisible, según es de verse de la redacción del Artículo 322 del ordenamiento citado, que textualmente dice: "Art. 322.- Los créditos de habilitación o avío estarán garantizados con las materias primas y materiales adquiridos, Y con los frutos, productos o artefactos _que ~~ obtengan con el crédito, aunque éstos sean futuros o pendientes : El .p~oblema se presenta cuando se pactan garantías prendarias d1strntas a la natural del contrato de avío, pues surge la posibilidad de que el acreditado demande la reducción de la garantía en proporción a los pagos parciales hechos al acreditante. Situación simil~r se presenta cuando los créditos de avío se encuentran garantizados con hipoteca sobre varias fincas, caso en el que es forzoso determinar en qué porción del crédito responde cada ~~• !? que de no ~acerlo así, el acreditado podrá demandar la f11ac1on de la porc1on SEPARACION DE LA QUIEBRA. V.- Los bienes que constituyen la garantía natural del cré<lito de avío, pueden ser separados de la masa de la quiebra cuan do se reúnan los requisitos a que se refiere el Artículo 159 Frac VI inciso d, de la L.Q.S.P.; así, es posible la separación de la ~'prenda constituida por escritura pública, en póliza otorgada ante corredor en bonos de los Almacenes Generales de Depósito o en favor de una institución de crédito". El Maestro Joaquín Rodríg~cz r Rodríguez considera que 1la acción separatoria para los bienes ~ados en prenda,. está en contradicción con los principios establec1d?s por la propia Ley, pues esta acción se otorga para separar bienes que no son del quebrado y excepcionalmente como una acción reivindicatoria útil cuando el separatista es económicamente el dueño de los bienes. La L.Q.S.P. autoriza el ejercicio de la acción separatoria de la garantía prendaria pactada en los contratos de avío en favor de instituciones de crédito, sin tomar en cuenta la formalidad observada. El privilegio se concede en razón del sujeto que interviene Si el acreditante no es una institución de crédito, goza de un privilegio menor previsto en el Artículo 126 fracción II de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, que establece que no se acumularán a los autos de la quiebra, los juicios pendientes contra el fallido que procedan de créditos hipotecarios o prendarios. a).- GRADUACTON Y PRELACION DE CREDITOS En las sentencias de reconocimiento de créditos deberá establecerse el grado y prelación de los mismos, a fin de precisar el orden de cobro que le corresponde, de acuerdo con las clases que 251 �PERl\IANENCIA DE LAS GARANTÍAS EN LOS 252 hayan sido reconocidas dentro de cada grado. El A~tíc?10 261 dela L.Q.S.P. reconoce como grados, entre otros, los s1gmentes: 1.- Acreedores singularmente privilegiados. II.- Acreedores hipotecarios. III.- Acreedores con privilegio especial. A su vez el Artículo 262 del mismo ordenamiento, contiene las clases de crédito que corresponden en el grado de acreedores sir gularmente privilegiados y establece por su orden: I.- Gastos de entierro. II.- Los gastos de enfermedad que haya causado la muerte del quebrado; y III.- Los salarios del personal. De acuerdo con el privilegio de que gozan los acreedores de este grado, su crédito deberá ser pagado hasta _don?e alcance ~l activo del fallido y en caso de remanente se aplicara al grado siguiente. La doctrina mexicana está acorde en afirmar que la prelación que la L.Q.S.P. señala no es corree!ª~ pu_es los acreedores P:e· fercntes dentro de los singularmente pnv1leg1ados son los trabaJ~dores. El Maestro Joaquín Rodríguez y Rodríguez en comentario sobre el tema, dice que: " ... en el primer caso, la fracción III del Artículo 262 concede a los trabajadores la situación de acreedores privilegiados singularmente para el cobro de los salarios devengados durante el año último a la quiebra. &te precepto parecr estar en contradicción con el Aitículo 97 de la Ley Federal del Trabajo (anterior), que señala que los trabajadores no necesit_an entrar a concurso quiebra ... para que se les paguen los salanos o sueldos devengados en el último año y por indemnizaciones .. . Este precepto se ha querido basar en el _Artícu~~ 123 de la Co7:stitución Federal. &to es una grave terg1versac1on de lo que d1ce el texto constitucional, que se limita a señalar en la fracción XXIII que " los salarios o sueldos devengados en el últim~ año Y por inde-mnizaciones, te11d -:u~ preferencia sobre cualesqmera otros en los casos de concurso o de quiebra". "De aqu1, lo q~1e_ se dedu~. es el carácter ahsol111.amente prefe~cnt<• ,fa estos cred1tos de_ trabajo. pero de ninguna manera se deduce_ su extraconcursahda_d. El conflicto de la Ley FedPral del Traba¡o y de la Ley de Quiebras debe resolverse a favor de ésta en 1azón de su especialidad y de su posterioridad. Así que los salarios del último añ~ anterior a ]a declaración de quieLra (Art. 262 Frac. III) Y las mdemnizaciones de cualquier fecl-) s., han de pagar~c Fn la quiebra Y por CRÉDITOS DE HABILITACIÓN O AVÍO el síndico, que realizará los bienes necesarios para eJlo, después de la sentencia de recor_o...imiento (no aplic:i<'ión del Art. 36 L. F. T.) Los créditos de trabaj,) impugnados han de ser reconocidos por la jurisdicción laboral especial, y una vez reconocidos, han de incluirse en la quiebra t: efect;¿s de graduación". Lo anterior sigue teniendo plena vali::k:z, aún cuando en el año de 1970 se promulgó la nueva Ley Feácral del Trabaio, pues el contenido de los artículos 97,644 y 645 de la antigua Ley, aparece en el texto de los artículos 113 y 874 de la Ley actual, y si bien es cierto que se establece en la primera de estas disposiciones que "los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito", no significa que éstos deban pagarse fuera del procedimiento de quiebra, salvo que su preferencia sea discutida en relación a otros créditos provenient<'S de persecuciones individuales " no con motivo de la sentencia <lr reconocimiento de créditos dictada en el Juicio de quiebra. Por otra parte, el artículo 874 de la nueva Ley, prevé que "cuando se practiquen varios embargos sobre los mismos bienes, se observarán las normas siguientes: Cuando el Presidente ejecutor tenga conocimiento del embargo, hará saber a la autoridad que lo practicó que los bienes embargados quedan afectos al pago preferente del crédito de trabajo y continuará los procedimientos de ejecución hasta efectuar el pago ... ". Según es de verse de la redacció I del artículo anterior, el conflicto se presenta cuando hay embargos decretados por autoridades distintas de las de trabajc> y por crt~oitos individuales, pero no comprende esta disµosicjün el asegurl'miento de los bienes del deudor en caso de quiJ·l:ra. pues ést~ tiene como finalidad privar al quebrn.clc de la posesión y admínistración de todos sus bienes y derechos, a fin de :n1t giar la masa de la quiebra para pagar en su oportunidad a los acreedores, de acuerdo con un principio paritario en la preferencia y grado que les corresponda, sin considerar el tiempo en que fueron constituidos los créditos o los embargos con motivo de persecuciones individuales. El aseguramiento de todos los bienes y derechos del quebrado no es un embargo, ni prenda, ni otro derecho real y menos una cesión de bienes en favor de los acreedores, sino un procedimiento que tiende a dar segnridad jurídica y económica a aquellos y a evitar que el deudor dilapide sus bienes en perjuicio de los acreedores, por lo que no hay lugar en el caso de quiebra, a la aplicación del artículo 874 de la nueva Ley Federal del Trabajo, y las Jlllltas de 253 �CRÉDITOS DE HABILITACIÓN O AVÍO PERMANENCIA DE LAS GARANTÍAS EN LOS Conciliación y Arbitraje no deberán rematar los bienes, si previamente se ha iniciado el procedimiento de quiebra, en todo caso, los créditos de trabajo reconocidos deben incluirse en la quiebra para su graduación y pago, lo que deberá hacerse con la premura necesaria para dar cumplimiento a esta garantía de preferencia, con los bienes que no estén afectos a un privilegio especial, y sólo si no los hubiere o los que haya fueren insuficientes, se enajenarán los que estén sujetos a otro privilegio. Por último, consideramos que el alcance del artículo 874 de la nueva Ley Federal del Trabajo, aún en el caso de persecuciones individuales, se concreta a que la autoridad de trabajo sólo haga saber a quien practicó el embargo, que los bienes quedan afectos al pago preferente del crédito de trabajo, pero de ninguna manera podrá ordenar la suspensión del procedimiento judicial para el remate de los bienes, puesto que no tiene jurisdicción sobre ella, por lo que podrá darse el caso de que ambas autoridades continúen el remate respetando la preferencia del crédito de trabajo. b).- ACREEDORES HIPOTECARIOS Y ACREEDORES CON PRIVILEGIO ESPECIAL. 254 El Artículo 261 de la L.Q.S.P. reconoce la preferencia en segundo término en favor de los acreedores hipotecarios quienes cobrarán su crédito con el importe de los bienes y se les pagará por orden de inscripción. El Maestro Rodríguez y Rodríguez opina que "los bienes hipotecados -muebles o inmuebles- se dedican exclusivamente al pago de los acreedores hipotecarios. El remanente, si lo hubiere, se dedicará al pago de los acreedores de los grados siguientes. Sólo si los demás bienes no hipotecados fueren insuficientes para pagar íntegramente a los acreedores del grado primero (trabajadores), se dedicará su importe al pago de éstos, quedando únicamente el resto a disposición de los acreedores hipotecarios. Si los acreedores singularmente privilegiados (trabajadores) absorben íntegramente el producto de los bienes hipotecados, los acreedores de este grado quedarán n·ducidos a la condición de comunes. Si con los bienes hipotecados no se pudiere satisfacer íntegramente a alguno o algunos acreedores hipo• tecarios, por la diferencia no satisfecha serán considerados como acredores comunes". La L.Q.S.P. no precisa qué acreedores tienen privilegio espe-• , cial, ya que de una manera general dice que son aquellos que tengan tal carácter en el Código de Comercio o leyes especiales. Los créditos de habilitación o avío encuadran precisamente dentro df' l?s acreedo~es con privilegio especial por el carácter de la garant~a prendaria, l~galmente establecida, y se pagarán después de sat1~fecho el cred1to a favor de los acreedores singularmente privilegiados. Es importante hacer notar, que si los acreedores con privilegio especial -créditos de avío-- concurren a la quiebra para cobrar sus créditos sobre una cosa determinada, el pago no se sujeta al orJen de las fechas de inscripción de sus contratos o títulos, sino que, la distribución se hará a prorrata {Art. 265 L.Q.S.P.). Es verdaderamente interesante la redacción de este precepto y de singular importancia para las instituciones de crédito. JURISPRUDENCIA. CREDITOS POR SALARIOS, PREFERENCIA DE LOS. VI.- Los créditos de los trabajadores de fecha anterior en un año, provenientes de salarios, tienen preferencia sobre cualesquiera otros de acuerdo con la fracción XXIII del Artículo 123 de la Constitución Federal que dice: "Los créditos en favor de los trab~jadore~ por salario o sueldo devengados en el último año, y por mdemmzaciones, tendrán preferencia sobre cualesquiera otros en los casos de concurso o de quiebra". Págs. Tomo LXVII.Aranda. Anastasio .. . ........ . 1978 Tomo LXXV.Banco de México, S. A. ... . ... . 3836 Tomo LXXIX.- Landeros Castañeda, Salvador y coags. . .. . .................. . 6083 Tomo LXXXI.- Molina Font, Gustavo ......... . 5395 Tomo XCIV.- Cía. Explotadora Tropical, S. C. P. en Liq. . ........... .. ...... . 621 TESIS RELACIONADAS QUE ESTABLECEN PRECEDENTE, PERO NO JURISPRUDENCIA. <::réditos de ~o~ trabajadores, ~referencia de los.- La pref~renc1a de Jos cred1tos de los trahaJadores, establecida por el Articulo 36 de la Ley Federal del Trabajo, y que sin excepción al- 255 �256 PERMANENCIA DE LAS GARANTÍAS EN LOS CRÉDITOS DE HABILITACIÓN O AVÍO guna se hace extensiva a los _hipotecarios, aún cuando ya éstos se hubieren exigido y verificado por su virtud el aseguramiento, queda limitada, en los casos de quiebra, concurso o sucesión, al importe de los salarios, devengados en el último año. T. XLVI.- Cuevas y Pierce Armida Margarita y coags.· Pág. 2484.· T. XLIX.~úñez Pérez Nicolás.- Pág. 1915. T. L.- Santos Sosa Candelario.Pág. 1532. Traabjadores, prelación de los créditos de los.- De acuerdo con la interpretación jurídica del Artículo 36 de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador cuyo crédito esté debidamente reconocido, tiene derecho a ser pagado con los bienes que su deudor hubiere dado en prenda, con preferencia al acreedor prendario, cuando aquel no tuviere otros bienes con que cubrir íntegram,~nte el crédito del trabajador. T. XLVI.- Ríos Manuel.- Pág. 3533.- T. XLVII.- Vidal Guillermo.- Pág. 4305.Trabajadores, preferencia de los créditos de los.- La preferencia de los créditos de los trabajadores opera no sólo cuando se trata de concurso, quiebra o sucesión sino también cuando se Lrata de persecuciones individuales; pero dicha preferencia se encuentra limitada a los salarios devengados en el último año, ya que no existe precepto legal que conceda el privilegio por salarios o indemnizaciones correspondientes a plazos mayores.- Tomo LIII.• Chávez Vda. de Angeles María.- Pág. 1612. Trabajadores, preferencia de los créditos de los.- La fracción XXIII del Artícíulo 123 de la Cons itución Federal, que establece que "Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldo devengados en el último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualesquiera otros, en los casos de concurso o de quiebra", debe interpretarse en el sentido de que esa disposición comprenda toda retribución adeudada por causa del trabajo prestado, inclusive el realizado en horas extraordinarias.- Tomo LXX.- Estrada Carlos.- Pág. 1943.Créditos de los trabajadores, preferencia de los.- La preferencia de los créditos por salarios, del último año, es general sobre todos los otros, y no sólo tiene lugar en los casos de suceción, quiebra o concurso, según lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia al interpretar los Artículos 2989 del Código Civil del Distrito Federal, 97 de la Ley Federal del Trabajo y 123 de la Constitución General de la República. Tomo LXXXIX.- Noriega Francisco.- Pág. 197.Habilitación o avío, pagarés derivados del contrato de.- El Artículo 325 de la Ley General de Tí ulos y Operaciones de Crédito permite que el acreditado suscriba pagarés a la orden del acreditante, por las sumas de que vaya disponiendo del crédito concedido, siempre que los vencimientos no sean posteriores al del crédito, y que se haga constar en tales pagarés su procedencia, de manera que queden suficientemente identificados y que revelen las anotaciones del Registro del crédito original, claramente porque esos títulos están ligados al crédito principal y de éste participan proporcionalmente, en las garantías y demás derechos accesorios convenidos. Así puede entenderse que estos pagarés, en rigor, más que una garantía complementaria, constituyen un medio para el acreditante, de disponibilidad inmediata, de sus importes, en el mercado de capitales. Si en el contrato se estipula que el acreditado suscribirá pagarés a favor del banco acreedor, por las cantidades que reciba para las exigencias del negocio habilitado, con vencimiento dichos pagarés dentro del plazo de duración del crédito de avío, ello no puede entenderse con la consecuencia de que el banco acreditante pueda exigirle su restitución, antes de la expiración del término señalado para el uso del crédito, que por otro lado, no puede extinguirse, sino por la expiración del término convenido o por haber dispuesto el acreditante de la totalidad de su importe, según se desprende de las normas que se contienen en los Artículos 300 y 301 fracciones I y II, correspondientes a la Sección Primera del Capítulo Cuarto, Título Segundo, aplicables conforme al citado artículo 325 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Una interpretación contraria significaría desconocer el respeto debido a la buena fe y al fiel cumplimiento de lo expresamente pactado, en consecuencia con la naturaleza del contrato de habilitación o avío, que por los fines que persigue atento el destino que debe darse al crédito obtenido, requiere siempre un plazo largo. Sexta Epoca, Cuarta Parte: Vol. LXVII, Pág. 89, A.D. 3259/61 · Enrique Morales de Chantal.- Unanimidad de 4 votos. Habilitación o avío, extinción de la fianza en el contrato de.Si el deudor en el contrato refaccionario de habilitación o avío se excede en el cumplimiento de su obligación contractual, es obvio que satisfecha la obligación principal ya no existe razón para que continúe vigente la accesoria o sea la de fianza, ya que cubierto el adeudo por el acreditado, cesa la obligación del fiador de garantizar con sus bienes obligaciones inexistentes, por lo cual estando cubierto el adeudo y aún e..xcediéndose en el pago de la 257 �PERMANENCIA DE LAS CARANTÍAS EN LOS CRÉDITOS DE HABILITACIÓN O AVÍO cantidad fijada, y además, no estando acreditado que la ac~ee~ora hubiere requerido judicialmente al deudor para el cumphm1ento de la obligación principal dentro del plazo de un mes después del vencimiento del contrato refaccionario de habilitación o avío, debe quedar libre de su obligación el fiador y procede dejar libre de gravámen su predio. Quinta Epoca: Tomo CXXVIII, Pág. 497. A.D. 418/ 56.- "Algodonera y Aceitera de Monterrey, S. A.''. Habilitación o avío, preferencia de los créditos de, respecto a los créditos personales. - Aún aceptada la preferencia de los créditos de habilitación o avío con respecto a los personales, tiene que considerarse que tal preferencia se establece limitativamente a los bienes que el Artículo 322 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito afe~ta directa~~nte a su garantía o sean las materias primas, materiales adqmndos, frutos, produ~tos o artefactos que se obtengan con el crédito; o cuando más, a las otras garantías expresa y precisamente señaladas contract?almente, las que en caso de constituirse <:°~º garantía~ reales o hipo• tecas, tendrán que sujetarse a los requ1s1tos est~lec1dos p~r .el Artículo 326 de la citada Ley de Títulos y Operaciones de Cred1to. Sexta Epoca, Cuarta parte: Vol. XXV, Pág. 147 · A.D.170/58.Ingenio El Potrero, S. A.- Mayoría de 4 votos.- y obtengan la nulidad del contrato de hipoteca y de la inscripción CON C L U SI O NE S. 258 I.- Los créditos de habilitación o avío se tipifican por el destino específico que se da al importe del crédito, y su distracción para fines distintos con conocimiento del acre~itante, trae como consecuencia la pérdida de la garantía prendaria. . . II.- Los contratos de avío podrán otorgarse en escrito privado cuando la garantía sea exclusivamente la natural o prendaria adicional, sin embargo, cuando la garantía consista en hipoteca cuyo valor exceda de $5,000.00 (CIN~O MIL PESOS, M~NEDA NAOONAL) necesariamente debera otorgarse en escritura pública. III.- El Artículo 125 de la Ley Genera/, de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares es inconstitucional, porque el legislador federal no tiene competencia de cará~ter civil, como lo es la relativa a la forma en los contratos de hipoteca. IV.- La falta de forma produce la nulidad del contrato y establece la posibilidad de que los terceros acreedores demanden <lel gravámen, permitiendo que los acreedores hipotecarios de segundo o ulterior grado, asciendan en preferencia por fechas de inscripción. · V.- Es incorrecta la redacción del Artículo 334 de la L.G. T.O.C. que establece que en los contratos de avío la prenda se cons• tituye por la inscripción en el Registro Público de Comercio. Para la existencia del contrato de avío, hasta el consentimiento y el objeto porque es un contrato consensual. VI.- En los créditos de habilitación o avío, el acreditado por su simple condición de ser la persona que explota la empresa o negociación, puede constituir la garantía prendaria aún cuando no sea dueño de ella. VII.- Como excepción al depósito de bienes en materia mercantil, en los contratos de habilitación o avío celebrados por instituciones de crédito, la prenda puede quedar en poder del deudor, quien podrá usar y disponer de los bienes afectados en garantía, con la obligación de restituir otros de la misma especie y calidad. VIII.- Cuando el acreditado sin conocimiento del acreditante destina el importe del crédito a fines distintos de los previstos en el contrato, éste podrá dar por vencidas anticipadamente las obligaciones perdiendo el deudor el beneficio del plazo, aún cuando no haya pacto expreso en este sentido (Art. 327 LG.T.O.C.). IX.- Los pagarés que suscriba el acreditado para documentar las disposiciones hechas del crédito, requieren siempre para su trasmisión, la autorización del acreditado e incorporar la parte alíeuota correspondiente del crédito principal con las garantías otorgadas. X.- Cuando se trasmitan los pagarés, el acreditante deberá designar interventor para demostrar que ha cumplido con la obligación de vigilancia prevista en el último párrafo del Artículo 327 de la Ley Genera/, de Títulos y Operaciones de Crédito, a fin de evitar la responsabilidad por la pérdida de las garantías por distracción del crédito de avío. XI.- Los Artículos 2890 y 2912 del C.C.D.T.F. que obligan a la reducción y fijación de garantías prendaria e hipotecaria eundo se hagan pagos parciales y se otorguen varias fincas en garantía, son renunciables porque protegen exclusivamente intereses privados, debiendo pactarse la cláusula de renuncia, cuando se presenten las hipótesis previstas. XII.- La garantía natural del crédito de avío, puede ser se- 259 �PERMANENCIA DE LAS GARANTÍAS EN LOS parada de la masa de la quiebra, cuando_ los contr~t~s s~ celebren con intervención de instituciones de crédito. El pnv1leg10 se concede en razón del sujeto que interviene. XIII.- Los créditos de los trabajadores son singularmente privilegiados y deberán pagarse_ íntegramente pre~a e~~usi~n de los bienes de la masa de la qmebra y a falta o msufic1enc1a de égtos, con el producto de los hipotecado3 tl otorgados en garantía prendaria. XIV.- Cuando varias instituciones de <:rédito concurran a la quiebra para cobrar sus créditos garantizados con los mismos bienes muebles, el pago no se sujetará ~l orden de ~. fec~~s de inscripción de sus contratos o títulos, smo que la d1stribuc1on se hará a prorrata (Art. 265 L.Q.S.P.). . XV.- Los créditos de los trabajadores han de ser re~n~c1dos por la jurisdicción laboral ~p~ia! y pagados Pº1: _el Smd1co como acreedores singularmente pnvilegiados con exclus1on _de cualqmer otro, mediante la realización de los bienes necesarios para ello. RAUL VILLARREAL DE LA GARZA EL JUICIO SUMARIO DE DESAHUCIO EN LA LEGISLACION PROCESAL CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO e ONFOR'\fE A LOS ARTÍCULOS 733, 734,, 735, 736 Y 737 DEL Código dP Procedimientos Civiles vigente, la demanda que se promueva en el Juicio Sumario de Desahucio debe fundarse en la falta de pago de una o más mensualidades a excepción de los casos previstos por el Decreto No. 36 de la Legislatura del Estado y se acompañará el contrato escrito de arrendamiento cuando fuere necesario para la validez del acto. Y en el caso de no serlo o de haberse cumplido voluntariamente por ambos contratantes sin la formalización del documento, el contrato se justificará por medio de información testimonial o cualquier otro bastante como medio preparatorio de juicio. Presentada la demanda con el documento o la justificación correspondiente el Juez dictará auto mandando requerir al arrendatario para que en el acto de la diligencia justifique con el recibe conespondiente estar al corriente en el pago de las rentas, y no haciéndolo, se le prevenga para que dentro de treinta días, si finca sirve para habitación, o sesenta si es para giro mercantil <' industrial, o noventa si fuere rústica, proceda a desocuparla, aper cibido del lanzamiento en su contra y a su costa si no lo efectúa y en el mismo acto se le emplazará para que en el término de cir 260 Lic. Raúl Villarreal de la Garza. catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. �262 EL JlJICIO SUMARIO DE DESAHUCIO EN LA LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO co días ocurra a oponer las excepciones que tuviere. Si en el acto de la diligencia el arrendatario justificare estar al corriente en el pago de las pensiones reclamadas se suspenderá la actuación, asentándose los justificantes que se presenten para dar cuenta al Juez. Si se exhibe el importe se mandará entregar al actor sin más trámites y se dará por terminado el procedimiento. Si se exhiben copias de escritos de ofrecimiento de pago se librará oficio al Juez que lo conozca para que informe si obra la consignación y envíe en su caso los certificados correspondientes; recibidos éstos se entregarán al arrendador a cambio del recibo que ampare la entrega y se dará también por terminado el juicio. Si se presentaren recibos de pago se mandará dar vista al actor por el término de tres días y si no los objeta se dará por concluido el procedimiento, y si los objeta se seguirá el procedimiento conforme a lo ordenado por el Artículo 738 del ordenamiento legal en consulta. Cuando durante el plazo fijado para el desahucio el inquilino exhiba el recibo de las pensiones reclamadas se dará la vista a que se alude, y si exhibe el importe el Juez dará por terminado el juicio con condena de costas; y si el recibo es de fecha posterior al término del desahucio o la exhibición del importe de las pensiones se hace fuera del mismo, también se dará por concluido el proceso condenándose al arrendatario al pago de las costas y en dicho procedimiento los beneficios de los plazos que se concede a los arrendatarios no son renunciables. Según los diversos 738, 739, 740, 741 y 742 de la codificación legal que se estudia en el Juicio Sumario de Desahucio, no procede reconvención y en el caso de que se opongan otms excepciones se mandará dar vista al actor citándose para la audiencia de pruebas y alegatos dentro de los ocho días siguientes, tomándose en cuenta que de ser posible ésta S•~ relebre antes del vencimi..:nto del término fijado para el desahucio. Las pruebas e incidentes se recibirán y substanci.1.rán en la forma prevenida por los dispositivos legales citados. Pero la excepción de incompetencia se tramilará conforme a lo ordenado por el diverso 119 del ordenamiento positivo que se cita, siendo la única que suspenderá el procedimiento. Celebrada la audiencia el Juez dictará la sentencia que decrete el desahuicio, fijando el plazo para la desocupación que será en todo caso el que falte para cumplir el señalado por el Artículo 734, pero si aquel ya hubiese tr:mscurrido el Juez señalará uno nuevo que no exceda de cinco dfos. El lanzamiento se entenderá en la forma prevenida pudiéndose en ese acto embargarse bienes o al hacerse el requirimiento original. De lo relatado se deduce que el actual Juicio Sumario de Desahucio sigue conservando los lineamientos esenciales y las •características fundamentales de la antigua providencia previa de lanz~miento, consignada por los Artículos 215, 216, 219, 223 y relativos del Código Procesal Civil abrogado, aunque con formas más liberales y más ajustadas a las disposiciones del orden constitucional. Pero es tal la influencia de la anterior legislación sobre los redactores del Código actual y el apego de éstos a las formas del enjuiciamiento anterior, que en los Artículos 733 y 740 de la Legisl~ción vigente se designa al Juicio de Desahucio como aquel que e~~1vale al de Desocupación o Lanzamiento previsto en los dispos1t1vos abrogados que se refieren. Dicho procedimiento resultaba abiertamente contrario a los ~)ostula~os de nuestra Carta Fundamental y particularmente a los imperativos de seguridad jurídica consagrados en los Artículos 14 Y 16 Constitucionales, de tal manera que los redactores del actual Código Procesal idearon, aunque en si no se contengan en su artícu1~,correspondiente, dividir. las secciones del Juicio sobre desocupac1on resp~cto del a_rrendam1ento, para hacer de ellas dos juicios autónomo~ e mdepen~1entes y con procedimientos propios: uno el de desahu~10, que eqmvale a la providencia de lanzamiento del Código anterior y que ~rocede solamente por la falta de pago de rentas; Y_ ~tro, el. sumario, en el que se puede discutir cualquiera otra cuesllon relativa a los contratos de arrendamiento y cuyo procedimiento debe seguirse según lo dispone el capítulo sexto, del libro II, del título segundo del Código de Procedimientos Civiles vigente ~e se refiere a la jurisdicción contenciosa en nuestro sistema posi: hvo,_ por lo que el desahucio se convierte en el procedimiento establecido como el medio judicial para obtener el cumplimiento de los contratos de arrendamiento, en tanto que el juicio sumario que se siga de acuerdo con lo preceptuado en el capítulo referido, debe ser el medio que la Ley proporciona para obtener la terminación de los mismos contratos, toda vez que no hay impedimento legal para que, por una parte, se demande la desocupación de la localidad rentada a través del desahucio por la falta de pago de las rentas y en el mismo procedimiento se declare la recisión del contrato por la misma causal invocada, pues no obstante lo dispuesto 263 �264 L:L Jl.JICIO SDIARIO DE DESAill,CIO E:\' LA LEGISLACIÓ~ PROCESAL CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO por el Artículo 1843 del Código Civil respecto a la resolución de las obligaciones, en el contrato de arrendamiento coexisten las acciones sobre el cumplimiento del mismo y la de recisión en beneficio de los arrendadores y en perjuicio de los inquilinos, pues a éstos no debe favorecer el hecho de que una vez demandado el desahucio por falta de pago de una o más mensualidades, si las cubriere durante los plazos que el ordenamiento legal en consulta les concede se dé por terminado d juicio, obligando en este supuesto al arre~dador a promover otro sobre el mismo concepto si volviese el inquilino a incurrir en la falta de pago. Las circunstancias anteriores vendrían a constituir una cadena inlerminabJe de secuelas procesales contrarias a los principios generales de d<>recho y a aquello::' que regulan la aclividad jurisdiccional, entre íos que se cucntaP el de la economía procesal y fundamentalmente al de equidad respecto de la igualdad procesal que debe prevalecer entre las partes del juicio. Con lo anterior como antecedente, aunque no justifica la hibridez que aún conserva la actual regulación de esta clase de juicios, cabe preguntar si se justifica dentro de las actuales orientaciones del Derecho y de los nuevos conceptos de justicia social que imperan, Ja elevación a la categoría de juicio autónomo de la providencia de lanzamiento consagrada en el Código Procesal anterior, o si sería suficiente la vía sumaria establecida por el Capítulo Sexto, del Título Segundo, del Libro Segundo, que se refiere a la jurisdicción contenciosa, para tramitar los juicios fundados en la falta de pago de renta, pues no hay razón alguna, ni orden jurídico, económico o social que justifique el régimen de excepción, de privilegio y de parcialidad de que se encuentran rodeados los contratos de arrendamiento según la codificación procesal actual, lo que al igual que todo contrato bilateral, deberá estarse a la regla general establecida por el Artículo 1843 del Código Civil vigente en el Estado. Los razonamientos anteriores determinan que la naturaleza del Juicio Sumario de Desahucio es ante todo el medio que la Ley ha creado para hacer cumplir al inquilino con pagar la renta f'i-tipulada en el contrato, pero la acción que en el mismo se ej<'r"ita no es sólo de cobro de pesos, sino de desocupación por falta de pago, entre las que hay diferencias substanciales, pues la acóón sobre pago de pesos equivale a un juicio ejecutivo según se deviene de los Artículos 735 y 736 del Código de Procedimientos Civiles, pues cubierto el importe que se reclama al arrendador se da por terminado el juicio. En cambio, la de desocupación, que es propiamente la de desahucio, debe deducirse de la facultad que la Ley establece para resolver las obligaciones que van implícitas en las recíprocas en los conlrntos bilaterales para el caso de que uno de los obligados no cumpla con aquello a que se hubiere comprometido, pudiendo el perjudicado escoger entre el cumplimiento de la obligación, que sería la de pago de la renta, u optar por la recisión del contrato. Pero una vez elegido alguno de estos dos mediós no podrá abandm:arse para seguir el otro salvo en el caso de que se hubiere optado por exigir el cumplimiento del contrato y éste resultare imposible; supuesto éste es el que debe generar el criterio a seguir respeto del juicio sumario del desahucio por cuanto a que la resolucién de la autoridad judicial no deberá ocuparse únicamente del cumplimiento del contrato sobre cobro de rentas, sino que deberá analizarse la causal que la motivó para deducir de ella la recisión como causa de terminación de la relación contractual. Ahora bien, si tomamos en cuenta que conforme a los Artículos 60. del Código Procesal y 19 del Código Sustantivo vigentes en el Estado, el ejercicio de la acción motiva la iniciación del procedimiento, aún cuando en la demanda no se mencione el nornhr<' de aquella, siempre que se determine con claridad la prestación que se exige del demandado y el título o causa en que se funde, y la df'fensa procede también aún cuando la excepción opuesta no sea señalada por su nombre y tratándose de controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de la Ley o a su interpretación jurídica, y a falta de aquella se resolverá conforme a los principios generales de derecho. En el caso que se comenta se advierte que el texto de la Le) y su interpretación jurídica siguen el mismo lineamiento y características fundamentales que regían la providencia previa de lanza-miento en los juicios sobre desocupación de inmueble respecto de arrendamientos, de tal manera que al no deducirse del texto literal de los preceptos que regulan al juicio sumario de desahucio, mdiante su aplicación como función jurisdiccional, una verdadera labor de clasificación en cuanto a la tarea judicial, y en concreto no aporta a la dogmática un elemento que tienda a desconocer el caso virn, el hecho y la matización y enriquecimiento de la norma por el hecho y el juicio judicial, se propiciaría en la práctica, con la aplicación de la norma obscura, incompleta, omisa o irregular, 265 �EL JUICIO SUMARIO DE DESAHUCIO EN LA LEGISLACIÓN Ja inseguridad jurídica; porque de seguir la estricta postura que se deviene del ordenamiento legal vigente se producirían auténticas degeneraciones de justicia, o más modestamente tratado, problemas irresueltos que traerían como consecuencia sentencias injustas por aplicación de leyes que son consideradas como tales. Consecuentemente, siendo el juicio de desahucio, llamado también de lanzamiento o desocupación, un juicio especial ideado por el Legislador para privilegiar de manera particular a los arrendadores por la técnica que se establece en los dispositivos legales que regulan el procedimiento relativo, al no obtenerse la solución adecuada a los problemas del arrendamiento con el contenido de los mismos, debemos atender a los principios generales del derecho. Si la labor judicial se limita a aplicar la norma según su contenido, en el caso específico se producirían serias consecuencias en perjuicio del arrendador y se atentaría en contra de la garantía de propiedad consagrada por el Artículo 27 del Código Político Federal y su relativo en la Entidad, pues quedaría la resolución de las obligaciones recíprocas al sólo arbitrio del arrendatario, quien al ser demandado sobre el cumplimiento de su obligación de pago, si Jo efectuare conforme a la técnica establecida en el ordenamiento normativo vigente, el juicio terminaría; y ello sería factible de suceder periódicamente. Y, por otra parte, de ejecutarse el lanzamiento como acto culminatorio del juicio sumario de desahucio sin resolver la obligación del inquilino, la relación existente quedaría viva y obligaría al arrendador a promover otro juicio sobre la declaratoria judicial de terminación del vínculo contractual originario, todo lo cual controvierte el orden constitucional, puesto que conforme al Artículo 1§94 del Código Civil, la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. 266 Con arreglo a los artículos 14 Constitucional y 19 del Código Civü, los principios generales del derecho son una fuente del Derecho Procesal cuando el caso en litigio no puede resolverse por la interpretación literal o doctrinaria de la Ley, deduciéndose sin temor de error que el Legislador ha querido una solución jurídica para todo caso que pueda plantearse en la realidad de la vida, una solución a toda costa y por ello ha permitido al Juez el deber de darla y ha querido a la vez que la solución sea jurídica, es decir, derivada de una norma susceptible de igual objetivación. Y PROCESAL CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO por ello, creyendo que en algún caso la Ley y su interpretación pudieran ser insuficientes y q_ue aún ante sus reglas centralizase el puro arbitrio, al remitir al Juez a una norma que abarcase todos lt>s casos posibles que carecieren de respuesta adecuada en la Ley y sú interpretación, se determina que los principios generales de derecho son una expresión que ha de interpretarse en el sentido de máxima amplitud para que no quede fuera de ella ningún caso de df'recho. Medianamente, si observamos cualquier ordenamiento jurídico, encontramos en él normas particulares y generales. Pero éstas dos categorías no suponen un dualismo tajante sobre una y la otra, pues no puede decirse de ninguna norma o principio que sea exclusivamente particular o exclusivamente general, sino que un mismo principio puede ser particular en relación a un principio general o frente a otro más circunscrito. De suerte que desde el más geueral principio supremo de justicia hasta la norma particularísima más concreta y menos comprensiva, los matices son infinitos e inagotables deduciéndose de todo lo anterior que la tesis sostenida por los positivistas de la aplicación exacta de la ley, no tiene sentido frente a la tesis que sostiene si se toma en cuenta que la aplicación de los principios generales del derecho justo sólo pueden tener lugar cuando se ha agotado la investigación del sistema positivo, y sin necesidad de contradecir las ideas fundamentales de la Ley traen necesariamente de aquel una solución que ésta no puede dar; luego entonces se debe inventar el enlace de la solución con el derecho establecido y ésta sólo se iograría a base de sofismas. En relación a lo expuesto debemos traer a la presencia judicial el pensamiento del Maestro Recasens Siches, quien en su libro Filosofía del Derecho dice: " ... no cabe duda que la Ley se remite en última instancia a un criterio ideal de estimación tanto en aquellos preceptos en que se hace una referencia a la equidad, a las buenas costumbres, a la moral, a la razón, al bien sentir, a la justa apreciación y una recta evaluación ... ". Estas expresiones configuran una fuente del derecho procesal para los casos no previstos, ni en lo legislado, ni en su interpretación, y se consagran en el Artículo J9 del Código Civil como principios generales del derecho. Pero lo que el hombre pretende al resolver un problema jurídico no es la exactitud lógica, ni el encaje del hecho a una norma dada para que su perfecto ajuste sirva de satisfacción al Juez, sino aquello tan simple y complicado a la vez que consiste en dar a cada quien lo suyo, pues en ello, qué duda cabe que interviene 267 �EL JUICIO SL,IARIO DE DES.\HCCIO E~ LA LEGISLACIÓ:\" PROCESAL CML VIGENTE EN EL ESTADO la ley en primer lugar, porque debe ser expresión de lo justo en su momento y lugar y en ello fían los individuos a I aceptarla y consid<'rarla como derecho válido y vigente. Tampoco debe estimarse qu<' el legislador es un autómata. Debe ser auscultador del pueblo, un juez universal que dicta normas genéricas y omnivalentes, siendo la ley el mínimo de derecho posible ) generalizable y el máximo susceptible de positivación; ¡~ero a su lado queda otro máximo de posibilidades nacientes, dt' T<'alidades normativas exlrapositivas, de reglas no escrituradas, dt apreciaciones y deseos de justicia; en fin, de todo el resto del derecho que ha de tener cumplida realización en la función judicial, justamente por ser el Juez de propia naturaleza y función, justo. de tal manera que reconocer y admitir la creación judicial del derecho a través de los principios generales, es simplemente constatar la verdadera, intrínsica y práctica función de la obra ) efecto dt la sentencia judicial, es decir, de la realización ) cumplimicn• to del mandato orgánico de la función judicial, que es administración recta y cumplida de imparcial justicia. minar por recisión, y según los diversos 2383, fracción I, el arrendador la puede pedir por falta de pago conforme a los Artículos 2346 y 2348 del mismo cuerpo legal, que refieren que la renta debe pagarse en los plazos convenidos, y a falta de ello en la forma que se previene por dichos preceptos normativos lo que comulga con el 2319, fracción I, que fija la obligación del arrendatario de satisfacer la renta en la forma y tiempo convenidos, debe analizarse el contenido del sumario de desahucio. Según el Artículo 733 del Código de Procedimientos Civil<'s Yigente, la demanda de desocupación en el juicio sumario de desahucio debe fundarse en la falta de pago de una o más mensualidades y conforme al diverso 740 la autoridad judicial que la decrel3 fijará el plazo de la desocupación, preceptos que suponen dos actos jurídicos con características diversas; uno que consiste en el lanzamiento o desocupación de la finca, que no es propiamente el desahucio, como se le llama, sino qu<' constituye la diligencia con la que concluye el juicio lo que presupone la terminación de la relación contractual por la falta de pago que s<' invoca y que debe ser la materia del juicio sumario; y el otro, que consiste en el requerimiento de pago de una o más mensualidades debidas y que constituye propiamenl<' el desahucio, pues el hecho de que el inquilino cubra su importe se da por terminado el juicio, según los diversos 735 y 736 del código adjetivo que se comenta, no obstan· te que persiste viva la causal de terminación del contrato de arrendamiento como es la falta de pago en los términos previstos por los Artículos 2319 fracción I, 2346, 2358 y 2383 fracción I del 268 Código Civil. ;\hora bien, enlazando lógica y jurídicamente los razonamientos expuestos y tomando en cuenta que conforme a los Artículos 2177, fo1cción IV, del Código Civil, el arrendamiento puede ter- Identificándose la acción sobre desocupación por falta de pago intentada a través del juicio sumario de desahucio a que se refiere el Artículo 733 del Código de Procedimi.entos Civiles vigente, con la de terminación del contrato de arrendamiento prevista por los dispositivos legales citados del código sustantivo por la misma causal, no existe impedimento legal, social ni moral para estimar que la Ley regula el Juicio Sumario que se comenta, no ofrece la so lución al problema planteado, pues de seguirse la técnica en rigor jurídico que se establece para su procedimiento, se propiciaría una irregularidad procesal que redundaría en perjuicio de los arrendadores al obligarlos. a promover cuantos juicios de desahucio sean necesarios si el inquilino cubre el importe de las pensiones reclamadas durante o fuera del término señalado para el desahucio por la Ley, pues faculta al Juez para dar por terminado el Juicio, amén de que las obligaciones recíprocas de los contratantes no se resolverían en la sentencia, pues para éste efecto fue omiso el legislad01 resultando con ello inútil la labor judicial. Por lo tanto debe obtenerse de los principios generales del derecho la solución adecuada, atendiendo para ello a la equidad y la justicia y a los principios reguladores de la actividad jurisdiccional, como son la eco• nomía procesal y el de la igualdad de las partes. Resultaría contradictorio que una vez ejecutado el lanzamiento como acto culminatorio del juicio sumario de desahucio el arrendador promoviera otro juicio para lograr la declaratoria de terminación del contrato y el pago de las rentas adeudadas, de lo que se df'viene que el espíritu del legislador al establecer en el Artículo 19 del Código Civil los principios generales de derecho, fue el de ofrecer al Juez la solución que no da la ley ni su interpretación jurídica; por lo que la sentencia judicial, tomando en cuenta los razonamientos y argumentos que anteceden, deberá ocuparse de la comprobación de la relación contractual como lo manda el Artículo 733 del Código Proc<J$al que se invoca, la existencia de la fa}. 269 �EL JUICIO SU.MARIO DE DESAHUCIO EN LA LEGISLACIÓN ta de pago que se h_ace valer, que se traduce en el incumplimiento de la obligación del arrendatario según los Artículos 2319, fracción I, 2346 y 2348 del Código Civil. Y como consecuencia de ello, declarar la terminación de la relación existente relativa al anendamiento por la causa que se refiere, ordenando la desocupación de la finca en los términos del diverso 740 del ordenamiento objetivo que se comenta, y el pago de las pensiones que se adeuden. El criterio anterior encuentra su apoyo en la ejecutoria publicada en el Boletín de información judicial número 211 del mes de marzo de 1965, con el número 11626, que a la letra dice: "11626.- DE.5AHUCIC,, EXCEPCIONES OPONIBLES EN EL JUICIO DE. El Artículo 494 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales no establece como únicas excepciones oponibles en el juicio de desahucio las de pago y las que deriven del impedimento total o parcial del uso de la cosa arrendada, pues al prevenir que cuando se opongan otras excepciones por el inquilino. se mandará dar vista con ellas al actor citándose para audiencia de pruebas y alegatos dentro de los ocho días siguientes, claramente autoriza la oposición de otras excepciones. Lo que prohibe dicho precepto es que se opongan excepciones diversas de las que los Artículos 2431, 2434 y 2445 del Código Civil conceden al arrendatario para no pagar la renta; o sea, que la falta de pago de la renta no puede fundarse en hechos distintos de los que mencionan esos Artículos ... ". 270 NOTAS BIBLIOGRAFICAS Código de Procedimientos Civiles de 1935. Código de Procedimientos Civiles de 1973. De la Vega Benayas, Carlos. Introducción al Derecho Judicial. Madrid, . Editorial Montecorvo, 1970. García Maynes, Eduardo. Introducción al estudio del Derecho. Méxi· co, Porrúa, 1972. Recasens Siches, Luis. Tratado general de Filosofía del Derecho. México, Porrúa, 1970. Suprema Corte de Justicia. Semanario Judicial de la Federación. 271 �ALBERTO RUIZ GOMF2 EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO &iaz:.:t4 DEL DISTRITO FEDERAL ~~~ . P OR DECRETO DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 1971, PUBLICADO en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo del mismo año, se creó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de] Distrito Federa], dotado por disposición misma de la Ley de plena autonomía para dictar sus faUos e independiente de cualquier autoridad administrativa, teniendo a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre las autoridades del Departamento del Distrito Federal y los particulares, con excepción de los asuntos que forman parte de la competencia del Tribunal Fiscal de la Federación. La creación de este tribunal responde a una gran necesidad de la vida social dentro de la gran metrópoli, ya que a través de ella, el particular puede contar con un órgano que dirima las controversias que se susciten por actos de la Administración pública activa, en forma eficaz y expedita y a la cual tengan acceso las grandes masas populares. De ahí que las demandas que se presenten y que notoriamente sean improcedentes deberán ser sobreseídas por el tribunal sobre todo cuando se trate de maniobras de los particulares con el único fin de retrasar la ejecución de un acto, que Lic. Alberto R~ Gómez, ecresado de I& Fa(,ultad de Derecho Y Ciencias !oelales de l& Universld&d Autónoma de Nuevo León y cat.edrátlco en este plantel de las materlaa: 8oeloloela y Derecho de Selruro y Piansu. �EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 274 no deje lugar a dudas de su esl:i?ta legalidad. . . Existen dos principios trad1c1onales en el derecho admm~strativo en relación con los caracteres especiales que debe reum: el acto administrativo para que pueda ser la base del contencioso administrativo. . Es indispensable, en primer té~~o, co~o dice ~abmo Fraga, que el acto tenga respecto a la adm1mstracio~, el ca~a?ter ~e definitivo, es decir, que ya se haya agotado la :1ª admrmstratlv~. Y que la última autoridad de ese ?r?en ~aya dictado s~ resoluc10n. En segundo término, el acto adm1mstrat1vo debe ser d1c!ado ~~ uso de una facultad de la administración ligada por las d1sposic1ones de la ley, es decir, que no constituya un acto discrecional de la u~~. No obstante lo anterior, la Ley del Tribunal de lo ~~ntenci~so Administrativo del Distrito Federal, contiene una excepcion, al pnncipio tradicional de definitividad, toda vez que en su a~•c~lo 28 establece que: "Cuando las leyes o reglamentos del Di,stnto ~ederal establezcan algún recurso o medio de defensa, .s~r~ optativo para el particular agotarlo o intentar desde luego el JUICIO ante ~l tribunal ; o bien, si está haciendo uso de _dicho recur~o o ~edio de defensa, previo desistimiento de lo_s Illlsmos, yodra acudir al Tribunal. Ejercitando la acción ante est~, s~ ~;tmgue el derecho para acudir a otr~ medio de defensa ordmano , Por lo que respecta a que e! acto ad~ist~ativo no debe ~?r un acto discrecional de la autondad, tambien tle~~ su excep~1on en la Ley citada puesto que el inciso d) de la fracc10n I del articulo 21 de la Ley, establece que: "Son atribuciones -~e las _salas del Tribunal: Conocer de la arbitrariedad, desproporc10n, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquier otra causa similar, tratándose de actos discrecionales". . . Conceptuar la arbitrariedad en ª?tos q_ue Pº: esen~ia .s?~ d1s. les de la autoridad' resulta s1 no IIDposible, crec1ona • d s1 dificil, dal · d lo que sucede tratándose de actos dicta os en uso e contrano e "d d" · ·' d una facultad de la administración establec1 a por 1spdo.s1c10~ . , e la Ley. A mayor abundamiento ~abe ~egar que 1a 1spos1c1on supracitada, trae como consecuencia: primero, que una t?'an, cantidad de demandas sean promovidas por sus ~ctores consider~dQse perjudicados por una arbitrariedad co~etida p_or la_ autondad al dictar O ejecutar un acto que por esencia, es d1screc1,?nal, aunque tal arbitrariedad sea supuesta; segundo, que el Tribunal, no obstante lo que dijimos de que debe sobreseer las demandas que AD:\llNJSTRATJVO DEL DISTRJTO FEDERAL notoriamente sean improcedentes, sobre todo cuando se trate de maniobras de los particulares con el único fin de retrasar un acto estime, sin embargo, que en efecto, la autoridad en cuestión e~ u!1 ~cto discrecional ha cometido arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquiera otra causa similar y en consecuencia, dicte su fallo favorable a las pretenciones del a_ctor, concul~ando con ello, el poder libre de apreciación que tiene la autoridad administrativa para decidir, si debe obrar o abstenerse, o en qué momento debe obrar, o cómo debe obrar o en fin, qué contenido va a dar a su actuación. Las características esenciales que existen en este tipo de Tribunales, pueden conjugarse en tres principios básicos. l.- Principio de la autonomía. II.- Principio de la antiformalid{ld. III.- Principio de la igualdad de las partes. El principio de la autonomía está contenido en la creación misma del tribunal, que está dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y es independiente de cualquier autoridad administrativa. Por lo tanto, los magistrados que formen el tribunal, han de ser juzgadores independientes a la propia administración, lo cual otorga la garantía de imparcialidad, por ello es de extrañars~ que el propio artículo tercero de la ley determine que el Presidente de la República, a proposición del Jefe del Departamento del Distrito Federal, nombre a los magistrados que integren el Tribunal; no vemos la razón ni la conveniencia de que sea el propio Jefe del Departamento del Distrito Federal, quien deba proponer al Jefe del Ejecutivo a las personas que deben integrar el Tribunal, aunque pudiera argumentarse que la designación se complementa y se garantiza con la aprobación de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente en su caso. No obstante ello, consideramos que el Presidente de la República con aprobación de la Cámara o de la Comisión Permanente debiera hacer las designaciones sin que sea necesario que sean propuestos por el Jefe del Departamento del Distrito Federal; lo anterior, en virtud de que los fallos del tribuna] van a impactar en una u otra forma a 1a administración del Distrito Federal, positivamente cuando se absuelva al Departamento y negativamente cuando se le condene, dándole la razón al quejoso; cómo va a ser posible por ejemplo que el Jefe del Departamento proponga al Presidente a determinada persona para que ocupe el cargo de magistrado del Tribuna] si dicha persona ya siendo magistrado en el período inmediato ante- 275 �EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 276 rior, generalmente (y esto más que objetivo es a juicio del propio Jefe del Departamento) _dictó fallos condenando al Departamento del Distrito Federal y dándole la razón a los particulares, aún y cuando haya obrado con absoluta imparcialidad y con toda honradez; lo mismo puede decirse de aquel magistrado que generalmente fue consecuente con las autoridades del Departamento, es muy factible que vuelva a ser propuesto ante el jefe del Ejecutivo para nueva designación. Además el precepto que se comenta está carente de sentido en virtud de que el Regente del Distrito Federal es nombrado por el propio Presidente y está sujeto a su autoridad, pudiendo éste libremente removerlo. El principio de la antiformalidad, tiende a que la justicia que se imparta, sea rápida y expedita supliéndose la deficiencia de la queja en la demanda en todos los casos, protegiéndose con ello, en forma decisiva, a los sectores de población de más bajos recursos y cultura. La igualdad de las partes es fundamental para el ejercicio real de la justicia, porque el disfrute de privilegios, por parte de la administración pública, rompe el equilibrio que debe guardarse, y por lo tanto se malogra la eficacia que es necesario respetar, a fin de no romper la:; relaciones entre gobernantes y gobernados. En efecto el artículo 31 de la Ley establece que serán partes en el procedimiento: el actor, el Depart~mento del Dist!'ito. Federal y el tercero perjudicado, o r.erl cualqu~era per~na. cuyo,3 mtereses p~edan verse afectados por las resoluciones de1 Tribunal. Siguiendo los lineamientos de igualdad de las partes den!ro del procedimiento, considero oportuno hacer algunos comentanos en este lugar, al artículo 29 de la Ley, el cual reza: "El Tribunal para hacer cumplir sus determina.c,iones o par~ ~poner el .orden en él podrá hacer uso a su elecc10n, de los siguientes medios de apremio y medidas disciplinarias: l.- Amonestación. . , II.- Multas de cincuenta a mil pesos, que se duplicara en caso de reincidencia. III.- Arresto hasta por 24 horas. IV.- Auxilio de la fuerza pública. El comentario que hago gira en tomo de la fracción 111,. es decir, el arresto basta por 24 horas; esta medida puede ser_ aplica• da por el tribunal sin necesidad de ago~ar las dos a~tenores, o sean la amonestación y la multa; ahora bien, d~da la .igualdad. de las parles, significa que el tribunal puede aplicar dicha medida AD:.v1INISTR.\TIVO DEL DISTRITO FEDERAL no :,olamenle a los particulares sino también ·a las autoridades, resultando absurdo, en consecuencia, que al Jefe del Departamento del Distrito Federal se le imponga una sanción de tal naturaleza aunque si bien es cierto que la propia ley de amparo determin; las sa~ci?nes para las autoridades responsables que se niegan a dar cumplimiento a los mandatos y órdenes dictados en materia de aro• paro, no es menos cierto que tratándose de altos funcionarios de la ~e_d~ració~,. la propia Constitución exige como condición previa el JUICIO pohtico de desafuero; claro está que el Jefe del Departamento del Distrito Federal no está conceptuado como un alto fun. cionario de la Federación en los términos del artículo 108 Constitucional; sin embargo, dada su alta jerarquía y su enorme respon• sabilidad acrecentada cada día por el desarrollo de la ciudad de M~xico, lo equiparan a nuestro juicio, con cualquier Secretario de Estado y en consecuencia, resulta absurdo aplicarle una medida disciplinaria de tal naturaleza. Es indiscutible que la creación del Tribunal de lo Contencio• so Administrativo del Distrito Federal, responde a la necesidad de establecer la justicia administrativa en forma ágil y eficaz, a fin de que el pueblo tenga acceso directo a un sistema, donde en for. ma práctica y al margen de procedimientos largos, complicados e inoperantes, encuentre los mejores medios para lograr los fines de la justicia, sobre todo cuando se trata de combatir actos simples de la autoridad en que sería incosteable desde el punto de vista económico, recurrir a juicios de otra naturaleza. �JACOBO AYALA VILLARREAL LA LIBERTAD CAUCIONAL EN EL DERECHO MEXICANO a). Libertad personal y libertad caucwnal. L A LIBERTAD PERSONAL ES UNO DE LOS BIENES MÁS PRECIADOS del individuo. En la declaración de derechos del hombre se dice que todo hombre tiene derecho a la vida, a la liberLad y a la seguridad personal. Otro de los derechos del hombre es el de que toda persona se repttta inocente de un crimen mientras no se le pruebe culpable. Consecuencia de las anteriores premisas, es que todo acusado, a fuer de no culpable aún, tiene derecho a continuar en libertad durante el proceso que se le siga para determinar su culpabi1idad. La libertad cauciona} es la institución que regula el goce de ese derecho a todos los acusádos de delitos que se castiguen con pena corporal. En los regímenes de derecho, que consagran garantías individuales, uno de los puntos de discusión más ardua es de si la liberLad cauciona! puede ser negada constitucionalmente en los casos de detención preventiva de un acusado, cuando el delito que se le imputa es de los más graves, y hace suponer que el acusado no detenido podría optar por sustraerse a la acción judicial, con el peligro consiguiente para la sociedad. Desde luego, lo ideal seria que todo acusado, independientemente de la gravedad de la acusación, pudiera disfrutar de la libertad cauciona!, si pudiera ésta IJc. Jacobo Ayala Vlllarreal, ca~rátleo unlverslta.rto (UANL) r abocado poetulante. �280 LA LIBERTAD CAUCIOl\AL EN EL DERECHO :'.\IEXJCANO LA LIBERTAD CAUCION'AL EN EL DERECliO :MEXICANO concederse en condiciones tales que la comunidad no sufriera riesgo. b). la libertad caucional en nuestro dereclw. Xuestro constituyente de 1917 concibió la libertad caucional en los siguientes términos: Artículo 20 Fracción l. Texto original: ".\rt. 20.- En todo juicio del orden criminal tendrá el acu sado las siguientes garantías: Frac. l.- Inmediatamente que lo solicite será puesto en libertad bajo de fianza hasta de diez mil p~sos, según sus circunstancias personales y la gravedad del delito que se le impute, siempre que dicho delito no merezca ser castigado con pena mayor de cinco años de prisión y sin más requisito que poner la suma de dinero a disposición de la autoridad, H otorgar caución hipotecaria o personal bastante para asegurarla''. La libertad caucional la incluye la Constitución Mexicana como garantía individual, lo que es correcto. Sin embargo, en diciembre de 1948, se reforma la Constitución en su Artículo 20. fracción I, restringiendo esa garantía individual, quedando el texto aún vigente, como sigue: ", \rt. 20.- En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las siguientes garantías: J.- Inmediatamente que lo solicitP será puesto en libertad bajo fianza que fijará el juez tomando en cuenla sus circunstancias personales y la gravedad del delito que se le impute, siempre que dicho delito• merezca ser castigado con pena cuyo término medio aritmético no séa mayor de cinco años de prisión, y sin más requisito que poner la suma de dinero respectiva a disposición de la autoridad u otorgar caución hipotecarifl o personal bastante para asegurarla, bajo la responsabilidad del juez en su aceptación.- En ningún caso la fianza o caución será mayor de $250,000.00 a no $er que se trate de un delito que represente para su autor un beneficio económico o cause a la víctima un daño patrimonial, pues en estos casos la garantía será, cuando menos, tres Yeces mayor al beneficio obtenido o al daño ocasionado ... ". e). La libertad personal no es cotizable en dinero. La libertad caucional regula un bien invaluable como lo e,, la libertad personal del acusado. En consecuencia, se sigue que lo que debe inspirar su concesión es el arraigo del acusado, o sea la ce•teza de que el detenido estará a juicio. De ninguna man~:·a dcbt> ser criterio para su no otorgamiento la mayor penalidad del delito de que se acusa, pues no se está en el caso de un conden[ldo, sino de un detenido por acusación, y debe presumírsele inoce11te. El mismo argumento debe prevalecer en tratándose del daño supuesto causado por el acusado, pues las consideraciones económicas previas no deben influir en la concesión del beneficio. d). La libertad caucional nuestra es garantía para el acusador, no para el deteni,do. Como está concebida actualmente la libertad cauciona! en nue¡;tra Constitución, más parece una garantía para el acusador que para el acusado, como se aprecia si analizamos las características sobresalientes de esta institución. La garantía se establece como facultad discrecional µara el detenido "Inmediatamente que lo solicite será puesto en libertad hajo de fianza ... ". ¿Y si no lo solicita? ¿ Puede un individuo renunciar a su libertad personal, permaneciendo detenido? Un individuo no puede optar por renunciar a su libertad personal, como no puede optar por recibir un salario inferior al mínimo en su trabajo. La libertad caucional debe otorgarse de oíiciq y en todos los casos, tomadas que sean las medidas necesarias que garanticen que el detenido beneficiado con ella, estará a juicio. Esto es lo ideal en derecho. Por otra parte, la Constitución nuestra niega el benefioio de la libertad cauciona! a todos aquellos detenidos a quienes se acuS!' de un delito cuya pena sea de un término aritmético mayor de cinco años. Si tomamos en cuenta que nuestra pena máxi~a en Nuevo León es de veinticinco años, y que en otras entidades federativas es hasta de cuarenta años, comprendemos que un gran número de delitos, si no la mayoría, al menos los de más frecuente comisión, no permiten a los detenidos acusados de esos il fritos p] hf>neficio de la libertad caucional. En ]os Estados Unidos de 1\'orteamérica sólo se niega el beneficio de libertad caucional a aquellos acusados de los pocos delitos que se castigan con la pena de mue11e. e). Consideraciones económicas para otorgar la libertad caucional. La situación se agrava actualmente considerando que los delitos patrimoniales están penados en relación a ]a cuantía del daño causado a las víctimas; y dada la creciente depreciación del dinero, automáticamente son más las acusaciones que no admiten ya la libertad caucjonal para el acusado. En robo de ganado basta m '\uevo León que lo robado exceda de cincuenta pesos para que el acusado ya no ~enga derecho a la libertad cauciona], por lo 281 �282 LA LIBERTAD CAUCIONAL EN EL DERECHO MEXICANO LA LIBERTAD CAUCIONAL EN EL DERECHO :MEXICANO excesivo de la pena. Es suficiente, pues, robar un cabrito en despoblado, para que la persona acusada de ese delito, no pueda salir bajo fianza. La Constitución Mexicana fija el límite máximo de la fianza en doscientos cincuenta mil pesos, en tratándose de delitos no patrimoniales; pero en tratándose de delitos patrimoniales quita ese límite y lo deja sin tope, exigiendo además 4,ue la fianza fijada sea de tres tantos el daño a la víctima o el beneficio supuesto al acusado. l'\o existe fundamento lógico ni jurídico para que la fianza se fije ~on base a la cuantía del delito supuesto. Su función ( de la fianza) no es la de garantizar la reparación del daño supuesto. Esta facilidad que da el constituyente al acusador, de todas maneras no es eficaz, puesto que un delito patrimonial que pasa de veinte mil pesos ya no admite fianza, en virtud de exceder el término medio aritmético de la pena de cinco años. No existe, pues, ningún delito patrimonial cuya cuantía multiplicada por tres tantos exceda el límite de doscientos cincuenta mil pesos que fija la Constitución para los delitos que no representan daño económico. El celo del constituyente por dotar al acusador de una protección de este género, al levantar el límite máximo de la fianza en delitos patrimoniales, no se justifica tampoco desde el punto de vista práctico. Al instituir el beneficio de la libertad cauciona!, en tratándose de delitos patrimoniales, nuestro sistema se conduce como si el acusado fuera culpabJe. La exigencia de adecuar la fianza a ]a condición económica del acusado rige sólo para delitos no patrimoniales, pues el texto constitucional es claro --,m daño patrimonial, la fianza no será menor de tres tantos ese daño, independientemente de todo lo demás. f). La detención preventiva sin fianza coarta el derecho de defensa. la libertad personal del acusado es condición indispensable para que su defensa en el proceso sea eficaz. Un acusado detenido, indiscutiblemente se ve disminuido en su capacidad de defensa. Si tomamos en cuenta que en los casos más graves, en las acusaciones más serias, el afectado tiene que estar privado de su libertad durante meses, que dura el proceso, que en ocasiones dadas las deficiencias de nuestros tribunales, se traducen en años, se viene al convencimiento de que cuando mayor necesidad tiene un individuo de una defensa eficaz y diligente, que sólo podría realizar en Jihertad persona], tiene que actuar con Jas Jimitaciones que la privación de libertad le impone. g). Presión corporal para reclamaciones civiles improcedentes. Esta circunstancia, ?onocida de litigantes inescrupulosos, hac~- que en no pocas ocas10nes se busque obtener un auto de sujec1on a proceso por un delito patrimonial, digamos fraude con hase en una relación poco clara que no prosperaría en la vía' civil o mercantil, valiéndose de la circunstancia de que su cuantía su~uesta_ ?º permite la l~ertad bajo de fianza, y la víctima de esa oetenc10n 1l~g~~• cedera a las pretensiones del acusador, antes que p~sar en pns1on largos meses que llevaría el proceso correspondiente. La vía penal se vuelve muy atractiva para obtener resultados en recJamaciones civiles dudosas, validos de que el "negocio" arran~a ~on 1a detención irremisible del acusado, de tal suerte que e~ dano nre~arable de esa privación de libertad, no Je es resarc~do por nadie en el caso de absolución. Dado el carácter provis1_onal de nuestros autos de formal prisión resulta más fácil también obtener una sujección a proceso que una condena civil. F,n esos casos, lograda .la sujeción a proceso, las víctimas tienen que P:ocurar la anuencia del acusador para obtener su libertad me• d1ai_1te algún recurso de desvanecimiento de datos u otro. Cuando decimos aqu~, "víctima" nos referimos a los detenidos o víctimas de la act1:5ac1on, no a la supuesta víctima del delito, o sea a quien nos r~fer~1;1os ~orno "acusador". No consideramos que cuando la Constitucion pide que se dé a conocer al acusado el nombre de su acusad?r, se esté refiriendo al Ministerio Público como gene. ralmente mterpretan nu~stros Juzgados, sino a la persona física que ha ~echo 1~ denuncia o presentado la querella, en los casos en que estas existen. h) . Libertad bajo fwnza en la práctica. Para darnos una idea de cómo funciona en la práctica la Ji. hertad c~ucional en nuestro Estado de Nuevo teón, basta señalar q_ue no tienen actualmente derecho a disfrutar de la libertad bajo fianza, los acusados de los siguientes delitos: Evasión de Presos· Ataques a las Vías de Comunicación; Peculado; Falsificación Títulos al Portador y de Documentos de Crédito; Falsificación de Sello, Cuños; Troqueles y Marcas; Estupro (cuando la ofendida es menor de catorce años); Violación; Homicidio; Parricidio; Tentativas de Homicidio y Parricidio; Infanticidio; Plagio o Secuestro; Robo ( si pasa de cinco mil pesos el valor de lo robado) ; d; 283 �LA LIBERTAD CAUCIO'.',.\L EX EL DERECHO i\IEXICAN'O Hobo ele ganado (si pasa de cincuenta pesos Jo robado); Abuso de ele Confianza (si pasa de veinte mil pesos el daño suput>sto); Frauoc l si pasa de veinte mil pesos el daíío supuesto); Daño en Propiedad Ajena causado por incendio, explosión, o inundación. En materia federal no admiten la libertad caucional, los siguientPs delitos : Traici6n a la Patria; E.espionaje; Rebelión; Te, rorismo: Sabotaje; Piratería; Genocidio; Secuestro ele Aviones; 1Jcl ito~ contra la Salud en su modalidad de cultivo, posesión, comercfo ) tráfico de estupefacientes; Falsificación de Billetes de Banco: Títulos al Portador y Documentos de Crédito Público ; Fal~ificaei6n de ello, Cuños o Marcas; Homicidio; Parricidio; fo. fanticidio; Plagio o Secuestro; Robo (si pasa de dos mil pesos el mlor ele lo robado); Abuso de Confianza (si pasa de veinte mil pe~os) ; Fraude ( si pasa de tres mil pesos) ; Daño en Propiedad \jcna causada por explosión, incendio, o inundación. Conclusiones: a). La Iibertad cau~ional es y debería ser en nuestro de• rccho una garantía para el individuo acusado no para el acusador. b). Debe instituirse la libertad caucional de manera que nafüe deje de disfrutarla por razones económicas. c). Lnicamente en casos de delito flagrante, y de pena máx~ma. debe nc~arse la libertad caucional. <l). Dehc concederse la libertad caucional en todos los casos dC' delitos patrimoniales? sin atender el supuesto daño o beneficio, sino exclusivamente a ]a certeza de que el acusado estará a juicio. e). P ara la fijación de la caución debe tomarse en cuenta los antecedentes del acusado, su situación económica, su arraigo, etc., etc. f). Aún en los casos en que se niega la libertad bajo fianza, df'berá otorgarse a los detenidos en estos casos las facilidades necesarias para que su detención no obstaculice su defensa. HECTOR F. GONZALEZ SALINAS LAS NORMAS MINIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS E N LA HISTORIA DE LA POLÍTICA es conocida _la trayectoria que h~RIMlNAL •MUNDIAL, POCO normas mínimas para el t t n recorrido las famosas personas que por una ra , ra o que se le debe dar a las zon u otra se en t . un centro de reclusión. ' cuen ran mternadas en Como es sahidb en el Diario Of. . l d publicaron el conjunto de icia _e Mayo 19 de 1971 se hlece las Normas Mí . prehceptos conocido por "Ley que e~ta. rumas so re Readapt • , S ·a1 ciados". En esta misma Ley tahl ac1on oc1 de Sentenf se es ece la p ih T d d ah r~ca de que los Gobiernos de los Esta os 1 1 a ierta y mia, puedan celebrar Convenios con el cths,. respetando su autonova rlas a cabo. iemo Federal para llePero dentro de este tema. . Q , . nimas? Nadie desconoce la s·tu· 6 .,ue se entiende por Normas Míen h 1 ac1on que privaba . . mue os reclusorios del mundo· , Y que pnva aún 1 simplemente sirven para alher ar. c:;-ce es, c1,º~cas, edificios que duo, en donde la persona se v! d y et_~dner f1s1camente al indiviespose1 a de su calidad humana, 284 Lic. Héctor P. GonzAlez Salinas ep-e,¡ado de la ltlco. D. P. T actualme nte catedrático' de las materias Escuela Libre de Derecho de M&nal, ai;f como Coordinador del Cole;to de Crimlnolo la Hl,torta del Derecho Y Derecho Pecias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevgo la J.'1l<'Ultad d e Derecho Y Clen. :r.:i �LAS NORMAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS en donde el sufrimiento del encarcelado trasciende hacia la misma familia por falta de trabajo del interno, en donde la promiscuidad es Ley de todos los días, en donde la enfermedad y los contagios son fenómenos normales dentro de cuatro paredes, en donde los castigos se suceden día con día con el sello de la arbitrariedad, etc.... Pues bien, a recomendar que esa situación no prevalezca, van encaminadas las normas mínimas para los internos, y de simple conclusión o recomendación doctrinaria se transforma en derecho positivo en muchos países, es decir en Ley. Largo y penoso recorrido ha tenido ese conjunlo de Normas mínimas, dentro de la política criminal. He aquí su historia y su evolución hasta nuestros días: Definitivamente representa un esfuerzo dramático sostenido para promover la paz entre los pueblos del mundo y estimular su progreso. Digo lo anterior porque el tema de que hablamos ha tenido sus principales sostenedores en Congresos Mundiales y Nacionales. Al amparo de la otrora Sociedad de las Naciones, se encontraba la hoy desaparecida Comisión Internacional Penal y Penitenciaria. Pues bien, en ella se habló a nivel internacional sobre las reglas mínimas. El presidente del Consejo de la Dirección de las Prisiones de Inglaterra y Gales, en el año de 1925, propuso la iniciativa ante aquella comisión. El Sr. Waller decía: "Pido a mis colegas que se examine la posibilidad de establecer reglas generales apropiadas para asegurar un trato conveniente a todos aquellos que, son privados de su libertad, en los diversos países, por de.cisión de la Autoridad Judicial". 286 Los integrantes de la comisión previeron fácilmente la tarea que se les pedía. Las dificultades y la labor delicada de la sugerencia estaba Jlena de escollos, pero la aceptaron. Y ésta es la raíz de donde partió el tema que nos ocupa. El primer anteproyecto se redactó por el propio Waller Polwarth, de &cocía y Patcrson de Inglaterra. "En la reuniun de Praga, en 1928, se constituyó una subcomisión encargada de la preparación del "Conjunto de Reglas". Aquí intervieuen representant~s de Suecia, Alemania y los Países Bajos, además de ameritados profesores de derecho penal. los trabajos quedaron concluidos en 1929, y en ese mismo año la Comisión Penitenciaria Internacional, reunida en Berna, los aprobó y los adoptó. Contiene 55 LAS NORMAS MÍNIMAS PARA EL TRATAl)UENTO DE LQS RECLUSOS reglas. ~,n las_ O~servaciones Preliminares, se lee: "Las reglas tien~ d~n solo a ~d1c_ar las condiciones mínimas que, desde el punto de vista humamtano y social, debe reunir el tratamiento de los reclusos" . En efecto, la misma idea se puso de manüiesto en 1930 durante el X Congreso Internacional Penal y Penitenciario reuni: do en Praga, puesto ~e los exponentes mencionaban que "esas regla~ no constituyen ~?s que el_ mí~imum de las condiciones que se impone~ en ~ Regimen Pemtenc1ario"; otros agregan: "No se bus:~ aqui la nnagen de un Régime11 Ideal". &timamos que el espmtu de esas reglas está contenido en su precepto número cuat~o: "El tratamiento de los presos debe tener por fin principal hab1tuarlos al orden, al trabajo y fortificarlós moralmente. . . Las agravacione~ o atenuaciones del tratamiento, sólo deben operarse en ~~omudad con ~as normas contenidas en la Ley O por disposic10n de las autoridades administrativas competentes. Los rec~usos que tengan que cumplir una detención de duración suficientemente extensa, deben ser movidos a interesarse por la rehabilit~ción que debe cumplirse en ellos durante el periodo de detención. A ~t~ efecto déhese otorgárseles, gradualmente, una cierta responsabihdad, acordándoles privilegios derivados de esa responsabilidad y hacerles participar en la determinación de su fu. turo dur~te la detención y !uego de la liberación". Como se puede _apreciar, en ~ste ~~nsannento se encuentra reunido: a).- Legalidad de 1~ _EJe~~c1on.. h) . - Progresividad en los métodos y c) . - Copart1c1pac1on activa del sancionado. . Otras de las ideas que no ha perdido actualidad, es: "Conv~rtir al recluso a una existencia honorable, resguardando la senedad _de la pena; prepararlo moral y físicamente para el día de su libertad;_ ayudarle luego de su liberación a reemprender la l~cha ~or la vida: tal es el elevado objetivo propuesto aquí a la eJecucion de la pe~a. ~acia este objetivo converge todo lo que asegur~ un tratamiento Justo y no arbitrario; una alimentación Y vestnnentas apropiadas, una ocupación útil, el mantenimiento de la salud, el desarrollo intelectual. Al mismo propósito responden las _dísp~siciones conc~i:nientes a la selección y formación de lo_s func10nanos de las pns1ones y a la asistencia a los reclusos liberados". Estas re_glas, pasaron al seno de la Sociedad de las Naciones en 1933, quien encomendó a una comisión que las revisara. En 287 �LAS NORMAS ),fÍNIMAS PARA EL TRATA.MIENTO DE LOS RECLUSOS LAS NORMAS MÍNIMAS PARA EL TRATAl"\1:IENTO DE LOS RECLUSOS general el dictamen estuvo de acuerdo en el espíritu de las mismas y \as reformas fueron de forma, no de fondo. Así pues, en 1934 fueron aprobadas por los Gobiernos miembros en su Asamblea General, recomendando, como siempre, que ese mínimo se superara. tada y de subvenir a sus necesidades como un buen ciudadano". En el mismo año de 1951, las Naciones Unidas muy preocupadas por este tema, turnó el proyecto a las organizaciones especializadas interesadas, tales como la Organización Mundial de ·la Salud, Orgnización Internacional del Trabajo, División de los Derechos del Hombre, etc. . . . Aparte de este dictamen, se les envió a su estudio a grupos regionales de las Naciones afiliadas, y por lo tanto cada grupo de las mismas rindió su opinión. Magníficos resultados dio la auscultación, ya que se enriqueció grandemente el proyecto. Dentro de este ambiente se prepara el PRIMER CONGRESO DE LAS NACIONES UNIDAS EN MATERIA DE PREVENCIO.l\ DEL DELITO Y TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE, celebrado en Ginebra (Suiza) entre el 22 de AgQsto y el 3 de Septiembre de 1955. Entre los principales temas aparece el que nos ocupa, bajo e1 rubro: "Reglas Mínimas Generales para el trato de los presos .. Como es sabido, estos Congresos se celebran cada cinco años, y acuden a él Delegados de todos los Países que se encuentran en el seno de las Naciones Unidas. Por supuesto, México intervino. Pues bien, surgieron discusiones de forma y académicas. Por ejemplo, en la terminología se propuso que se cambiaran vocablos y palabras tales como, "preso" por "recluso", la supresión de "generales", que se agregara la palabra "conjunto", en fin que la idea en general, que es lo que importa en este caso, fue apwbada. Se recomendó que se diera amplia difusión a las mismas. Y como es sabido, en medidas de este tipo, siempre viene el problema de su naturaleza jurídica, es decir, serían obligatorias para todos los países asistentes o no. La cuestión se resolvió en que su adopción quedaba a las posibilidades de cada País. Ante la imposibilidad de transcribir todas ellas, me concreto a citar algunas de estas reglas que tienen más contenido: a) . I ,.'.l aplicación de las mismas debe ser imparcial, sin tomar en cuenta raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política, etc. b). Respetar las creencias de los reclusos. c) . Desde el punto de vista jurídico destaca que en el registro diario se deben señalar los motivos de la detención, y la Autoridad competente que la dispuso, que ninguna persona puede ser admitida en un establecimiento penitenciario sin un título válido de detención, etc. d). Desde el punto ele vista del sistema penitenciario, que los hombres y las mujeres deben estar separados, los individuos en prisión preventiva de 11.- SEGUNDA EPOCA DE LAS REGLAS MINIMAS. 288 Se desintegra por las razones de todos conocidos la Sociedad de Naciones, y aparece la Organización de las Naciones Unidas. En 1949 se vuelven a preocupar por ese conjunto de reglas mínimas, y se encarga a una comisión su estudio y la revisión de las anteriores. Esta comisión atendió principalmente:- a). De las dificultades, de principio o prácticas, que pudieran presentar las reglas de 1934; y b) una revisión de las legislaciones penitenciarias con posteridad a 1934. Cabe advertir que esa comisión fue precisamente la Comisión Internacional Penal y Penitenciaria. Este fue su último trabajo, ya que se disolvió el lo. de Octubre de 1951, después de haber trabajado por espacio de 80 años. Así pues, este fue su testamento. La citada comisión entregó su fructífero trabajo con la denominación: "Proyecto de Conjunto de reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos". Se aprecian en este proyecto cambios profundos en su estructura, existe mejor clasificación y mayor técnica jurídica que las de 1933. Existen siete "Observaciones Preliminares"; ocho "Principios Generales" y 78 reglas distribuidas en dos partes, a saber: "Reglas de aplicación General" y "Reglas aplicables a categorías especiales". Estas últimas hablan de: a). Condenados, b). Alie• nados y anormales mentales; c). Detenidos y procesados y d) . Condenados por deudas y a prisión civil. Así como anteriormente habíamos entresacado lo que consideramos más importante de las reglas de 1933, así podemos hacerlo de la que en este momento nos ocupa (versión 1951): "El objeto y la justificación de una condena a prisión es la protección de la sociedad contra el delito. La pena inherente a esta condena es. en primer lugar, la privación de la libertad, con las consecuencias inevitables de la internación obligatoria y de la separación de la sociedad normal. La prisión en la que esta pena se ejecuta deberá tener como efecto en la medida de lo posible que en el momento en que el delincuente se reintegre a la sociedad, no sólo desee sino que sea capaz de vivir una existencia normal, bien adap• 289 �LAS NORMAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS 290 berán ser separados de los que están cumpliendo condena; los jóvenes deberán ser separados de los adultos, evitar que en una celda existan dos reclusos (promiscuidad sexual), es decir, siempre en número impar y en fin, temas tan importantes como higiene personal y general, alimentos, vestidos, ejercicios físicos, servicio médico, disciplina y castigos, medios de sujeción {grilletes y cad~nas deben ser suprimidos) audiencias de los reclusos por las autondades penitenciarias, contacto con el mundo exterior, biblioteca, religión, etc. Pasamos ahora a examinar el SEGUNDO CONGRESO DE LAS XACIONES UNIDAS SOBRE PREVENCION DEL DELITO y TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE, celebrado en Londres en Agosto de 1960. Aquí un dato interesante que hay que subrayar, ya que nos revela que desde esta époc_a venía l_atiendo una gran preocupación en un hombre que llegana a Presidente d~ la República, me refiero al C. Lic. Luis Echeverría Alvarez; pues bien, él fue el que encabezó la Delegación Mexicana, siendo entonces Subsecretario de Gobernación, y se acompañó entre otras pers~nalidades del asesor técnico maestro Dr. Alfonso Quiroz Cuarón. Es más el Lic. Echeverría fue seleccionado para que pronunciara el disc:u-so de clausura -y por el interés que revela lo transcribimos-, el viernes 19 de Agosto del año que indicamos: "Hemos llegado a la venturosa conclusi?~ del Seg~do Congreso de las Naciones Unidas Sobre Preven_c1on del Dehto y !rata miento del delincuente. Estamos convencidos de que la actitud de la totalidad de los Delegados ~ntre los cuales cuentan muy destacadas figuras científicas del mundo-. ha sido apasionadamente leal a sus principios y que no han temdo duda alguna para iluminar las deliberaciones con su sabiduría y su larga experiencia. El afán de servicio de cada Delegado para su Patria y para las Instituciones sociales y culturales aquí representadas, y de todos en conjunto para el progreso del mundo en su lucha contra el delito ha constituido la atmósfera, limpia y saludable, de este Congre;o. Dentro de sus propósitos de carácter técnico, ha sido nuestra reunión un auténtico Congreso de las Naciones Uni,das, ya que en nuestro intercambio de ideas también se han mantenido, a través de los problemas específicos tratados, los postulados generales contenidos en el preámbulo de "Declaración Universal de Derechos Humanos", pues los trabajos de] Congreso "'han reafirmado ... su fe en los derechos fundamentales del hombre y el valor de la persona humana . . . y se han declarado resueltos a promover el progreso so- LAS NORMAS :MÍ.t~IMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS cial y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la ]ibertad . . . ". "No obstante que los asuntos tratados se circunscribieron a sus límites doctrinales, el Congreso ha demostrado que evidentemente, ·existen múltiples puntos de contacto y de acuerdo para el entendimiento universal, alto propósito de las Naciones Unidas. "Y ha demostrado nuestra reunión, asimismo, que además de ]as cuestiones que dividen y alejan a los hombres y a los Países, existen problemas humanos -profundamente humanos como son los que se refieren al mundo dramático de la delincuencia- que representan un común denominador para que la buena voluntad y los propósitos desinteresados encuentren fórmulas para un mejoramiento social común a todos los países. "Agradecemos, con toda cordialidad, al Gobierno del Reino Unido su amable hospitalidad y las múltiples atenciones a los miembros del Congreso y nos permitimos felicitar, efusivamente, a la Asamblea General de las Naciones Unidas por el éxito alcanzado ) , en particular al señor profesor López Rey, representante del Secretario General de las Naciones Unidas por su eficacia en la organización de esta trascendente asamblea". La preparación, organización y funcionamiento de este Segundo Congreso, fue discutido por el Comité Internacional ele expertos sobre Prevención del Delito y, Tratamiento del Delincuente, reunido en New York en Mayo de 1958, y del que por cierto formó parte el maestro Quiroz Cuarón. Ya dentro del Congreso, nos encontramos con que existen más de 1,200 participantes, más de 80 Países y Territorios estaban representados, además de representantes de Universidades, Institutos y Asociaciones interesadas en la prevención del delito y tratamiento del delincuente. Conforme a su tradición, las recomendaciones hechas no tienen carácter obligatorio para ningún Gobierno, pero sí debemos subrayar que la preocupación de los temas ya de por sí revelan una gran inquietud para ponerlos en práctica. Las materias del Congreso, fueron divididas en secciones de la siguiente forma: lo. Nuevos tipos de delincuencia de menores: Su origen, prevención y tratamiento. 2o. Servicios Especiales de Policía para la prevención de la delincuencia de menores. 3o. Prevención de los tipos de delincuencia que son consecuencia <le los cambios sociales y del desarrollo económico en los países poco desarrollados. 4o. Penas cortas de privación de libertad. 3o. Integración del trabajo en las prisiones con la economía nacional , 291 �LAS NORMAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS 292 inclusive en lo que respecta a la remuneración de los reclusos. 6o. Tratamiento anterior a la liberación y asistencia Rostinstitucional; ayuda a las personas que están a cargo de los reclusos. Como se puede apreciar, el tema concretamente de las "reglas mínimas", no fue incluido, pero a la vista tenemos tópicos muy similares, existen vasos comunicantes entre ellos. En resumen hay conexión, puesto que todos se albergan bajo un gran manto: la política criminal; en este caso el arte y el conocimiento de dirigir una acción en bien de la colectividad. Se antoja, dentro de todos los puntos que se examinaron, ver por ejemplo, el de las penas cortas privativas de libertad, puesto que se llegaron a conclusiones muy saludables, tales como: a). Estas pueden ser nocivas, ya que ofrecen el peligro de corromper al delincuente y poca o ninguna oportunidad para una formación profesional constructiva. b). Para lograr lo anterior, deben buscarse formas mediante la sustitución, tales como la suspención de la condena, libertad condicional en régimen de prueba, multas, trabajos penitenciarios realizados fuera del establecimiento, y otras pa- · recídas que no impliquen privación de libertad. Luis Felipe Pinel, aquel médico que tanto contribuyó a la Psiquiatría Forense, estaba convenci?o de lo que él ll~ó "la f?erza moral del trabajo", como tratannento en las demencias, abriendo las puertas a otro tipo de curaciones, cuando con anterioridad éstas eran hechas por medios meramente materiales como el agua 0 a lo más terapias psicológicas, como el terror o la música. Su excelente labor se puede calificar de apostolado, ya que muchas de sus tareas realizó entre los enformos mentales que se encontraban en las cárceles y mazmorras. De esta "fuerza moral del trabajo" no se olvidaron en este Congreso, al referirlo a las Instituciones. Penitenciarias, y se señala: a) . El valor moral y social del trabajo está fuera de toda duda. b). El trabajo penitenciario es una parte integrante del tratamiento penitenciario. c). Debe verse como una formación profesional para cuando el individuo abandone el reclusorio. d). Estudiar muy seriamente la posibilidad de incluir dentro de una Ley · de Ejecución de Penas, la remisión de la misma por días de trabajo, es decir, tantas días de trabajo disminuye la sanción, e). La participación de la sociedad, industria, banca y comercio, en la instalación de industrias y en general fuentes de trabajo dentro de un centro penitenciario. f). Y por último una afirma• ción muy atinada para la aplicación de estas recomendaciones: LAS NORMAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS Es indispensable una mejor información de la opinión pública sobre la naturaleza y los objetivos del trabajo penitenciario. Sobre la labor terapia~ mucho camino hay que andar para qu~ en la_ mayo!'1a de los centros de reclusión de la Repáhlica, se haga realidad, mcluyendo nuestra Penitenciaría Central, y no hahlem?s de las cárceles _de las distintas fracciones Judicial.es, que constituyen verdaderas imágenes de la promiscuidad y la holganza . . La resolución de_ la A~amhlea General, en 1950, en que se esu:pulab~ que cada cmco anos se convocará a un Congreso Internaciona~ sobre la materia (Prevención del Delito y Tratamiento del Delmcuente), se ha venido cumpliendo fielmente, y en el año d_e 1?6?, ~~ Estocolmo~ del 9 al 18 de Agosto, el Gobierno de Suecia IDVIto a las Naciones Uni,d,as para que se celebrara el Tercer Congreso. ~ este interesante evento, el Programa estuvo dedicado a la cu~stlon general de la Prevención de la Delincuencia, incluyendo seis _temas, de los cuales destacamos dos de ellos, a saber: a). Medidas de lucha contra la reincidencia y b). El régimen de P:~e~a. Ace_rtadamente este encuentro enfocó sus haterías a la d1fic1l ~~tena de la ~revención, a este positivo tópico de evitar Y suprimir hechos delictuosos. Sobre la reincidencia que poco sabemos en México por falta de Casillero Judicial Nacional y s?hre todo las indicaciones a la importante cuestión de la Iodnac~ón del person~l penitenciario, se pu~ieran dedicar sendas págmas de este artículo, mas por ahora bastenos decir que en nuestro Estad?, son muy débiles los soportes en los que des~san· estas materias; ~ obra en general de prevención, debe de estar en manos de tecmcos, no de políticos, para que se pueda apreciar verdaderamente un adelanto firme y continuado. Excelente labor es la que ha venido desarrollando el Instituto de Capacitación Técnica de la Procuraduría General del Dis• trito y TenJtorios Federales, que sábado a sábado, y dirigidos por el querido maestro Don Javier Piña y Palacios de una manera ininterrumpida, llevaron a cabo los Cursos de' Capacitación para el Personal Penitenciario, Directivo, Técnico y de Custodin por un lapso de un áiío, y que precisamente en Diciembre del año pasado finalizaron con gran éxito. En dicho curso, al cual inmerecidamente fuimos invitados en calidad de conferencista, se pasó revista a todos los problema; que plantea la moderna penología, dándose soluciones muy acer- 293 �/ · 294 LAS NORMAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS LAS NORMAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS tadas, y lo más significativo de este programa, fue la enseñanza y preparación que dejó a todos sus asistentes. LlegamO's al año de 1970, cuando se celebra el Cuarto Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Kyoto, Japón, en el mes de agosto, y giró en tomo al tema del delito y el desarrollo, y comprendió las siguientes materias: a). La política y la planificación de la defensa social en el contexto del desarrollo, con referencia especial a la delincuencia de menores. b). Participación de la población en la prevención del delito y la lucha contra la delincuencia y, el qu{' nos interesa en este momento. c). Las Reglas Mínimas para el Tratamientc;> de los Reclusos y las últimas innovaciones en el campo correccional. Nuestro tema, vuelve a ser centro de preocupación especial, y es de verse que la Secretaría dirigió comunicaciones a los Estados Miembros de la Organización, solicitándoles información sobre la aplicación de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Es decir, la suerte que corrió en su aplicación dichas normas. Cuarenta y cuatro países respondieron a la encuesta, que versaba !-obre tres aspectos: a). El grado en que las Reglas Mínimas se habían incorporado en la legislación nacionaf; b). Una reseña de la aplicación de las reglas y los progresos realizados; y c). Las dificultades encontradas. Verdaderamente extenso sería comentar las contestaciones de esos países, y preferimos extraer de los documentos de la Secretaría, una síntesis, que nos habla de esta situación: "Las Reglas no se habían incorporado formalmente en las leyes nacionales, aunque habían influido o era probable que hubiesen influido, en las reglamentaciones y la práctica de la mitad de los países que presentaron informes. Cinco países estaban ya en un nivel superior a las Reglas en su legislación y su práctica. La aplicación había dependido del grado en que las Reglas se ajustaban a la práctica existente, del número de expertos y especialistas necesarios y de los recursos disponibles. Sin embargo, aproximadamente un 60% de los países que respondieron declararon que aplicaban hasta cierto punto las Reglas. Las düicultades dimanaban de la carencia de fondos, de la falta de personal capacitado o especializado, de las instalaciones adecuadas, de la dificultad de asegurar normas uniformes en todo un país ( especialmente en los sistemas federales), de la i:igidez jurídica o administrativa, o de la inercia". Se revi\i'e, la tnateria ·de las Reglas Mínimas, y es de notarse un grave problema; que muchas de las dificultades para su apli- cación, radican en la falta de personal capacitado. Vienen a nuestra memoria algunas reuniones a las que tuvi• mos la suerte de asistir, sobre la planeación de los nuevos reclusorios en el Distrito Federal: se hablaba de arquitectura penitenciaria~ de sistemas, de leyes, reglamentos, etc., cuando el Dr. Quiroz Cuarón, preguntaba:-"¿ Y. el personal especializado a nivel directivo, técnico y de custodia, en dónde se encuentra?". A raíz de esta pregunta, se organizaron los cursos de capacitación, de los que hablábamos anteriormente. Se pueden tener excelentes leyes y edificios, pero si no existen hombres que sepan aplicar el sistema penitenciario, todo lo demás es labor estéril. Muy oportuno reflexionar sobre ésto, ya que se ha comunicado, enhorabuena, de que se construirá este año nuevo edificio para la Penitenciaría del Estado. Aquí está una excelente oportunidad de que se colabore en los recintos universitarios a resolver cuestiones de este tipo, ya que sin los recursos humanos debidamente preparados, este proyecto está incompleto. Definitivamente los esfuerzos que aquí se han relatado, para la redacción, publicidad y aplicación de las recomendaciones de las Reglas Mínimas, han influido en muchos países, entre otros el nuestro. No desconociendo también las aportaciones que han hecho otras naciones que han experimentado en sus sistemas penitenciarios diversas instituciones que han legado una brillante experiencia en el campo penitenciario. Más lo valioso, debe ser el reconocimiento que el p~nitenciarismo mexicano debe, y mucho, a insig• nes maestros nacionales, tales como Quiroz Cuarón, Sergio García Ramírez, Piña Palacios, por citar solamente algunos, que, como caballeros de la edad media han luchado para que se implante un sistema penitenciari_o en_ M_éxico. Ellos han vertido en los Congresos Nac10nales Pemtenc1anos ,y en cuanta oportunidad se ha pres~ntado, sus enseñanzas, que son verdaderos legados para las ciencias penales. Nuestro reconocimiento y nuestro respeto. Las Normas Mínimas en México son realidad. De interés es hablar de los Congresos Nacionales Penitenciarios, pero dentro de la brevedad _que _me he impuesto, reflexionaremos sobre ello en otra ocasión. III.- LAS NORMAS MINIMAS EN MEXICO.- Se ha apuntado, que en el Diario Oficial de 19 de Mayo de 1971, se publicó la "Ley que establece las Normas Mínimas sobre 295 �296 LAS NORMAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS LAS NORMAS MÍNIMAS PARA EL TRATAl'\!J.IENTO DE LOS RECLUSOS readaptación Social de Sentenciados". , El Ejecutivo envió al Congreso de la Unión la Exposición de Motivos de la Iniciativa, de la cual estimamos de consideración, registrar algunos párrafos: "El Ejecutivo a mi cargo está consciente de que la obra que el Estado realiza en materia de política criminal quedaría incompleta y no alcanzaría sus mejores resultados si se olvida la prevención del delito y el tratamiento de los delincuentes". "Las Nonr.ias apuntan sólo los criterios generales para el tratamiento de los infractores, y, por lo mismo, deberán ser desenvueltos a través de ]os convenios y de reglamentos locales, atentos a las peculiaridades del medio en que habrán de aplicarse". "Tomando en cuenta que para estos propósitos es indispensable contar con personal debidamente calificado, desde los puntos de vista vocacional y profesional, se apuntan los fundamentos para la selección y formación del personal penitenciario en todos los niveles". "En cuanto al sistema, que se funda en la individualización apoyada en el estudio de la personalidad de cada sujeto y en 1a adecuada clasificación, se ha creído conveniente acoger el régimen progresivo técnico, que además de aparejar la necesaria creación de organismos técnicos criminológicos en los reclusorios, culmina con el tratamiento preliheracional, entre cuyas manifestaciones se cuentan los permisos de salida y las instituciones abiertas". "Una de las instituciones más importantes comprendidas en las Bases es la remisión parcial de la pena, en la que se traducen, de manera práctica, los resultados de la adecuada readaptación social". dono, soledad o angustia que deben, por lo menos, atenuarse a través del respeto a sus más esenciales derechos y mediante la transformación de las instituciones carcelarias en escuelas de relaciones humanas basadas en el trabajo, la comprensión y la tolerancia. La sentencia priva de libertad, más no de la dignidad. El otrora Departamento de Prevención Social, fue elevado a Dirección, y sufrió una reconfortante reorganización, y como afirma el maestro Piña Palacios, nunca ha trabajado tan bien como en la actualidad. La Iniciativa de Ley abarcaba aspectos esenciales del tratamiento penitenciario, tales como, finalidades, personal, tratamiento preliheracional y asistencia a liberados, la remisión parcial de la pena y otras normas instrumentales. Con suma claridad, recalca la importancia del personal penitenciario, objeto de un capítulo especial de la Ley, y cita que el sistema penitenciario debe ser dirigido y administrado por un personal debidamente seleccionado, consciente de que la función carcelaria constituye un servicio social de gran importancia. De ahí, la conveniencia de que se escoja conforme a su vocación, aptitudes, preparación académfoa y antecedentes personales y, una vez designado, reciba la remuneración suficiente. Con gran satisfacción, hemos comprobado que a partir del Segundo Congreso Nacional Penitenciario, celebrado en Toluca en el año de 1969 y el Cuarto que tuvo lugar en Michoacán, en 1972, la asistencia de directores y funcionarios carcelarios era de un nivel más y más técnico, dejando de esta manera atrás la etapa del empirismo al designar a los funcionarios penitenciarios, y entrando francamente ya, en la etapa técnica-científica. Por desgracia, aún quedan excepciones, y esto viene a significar un atraso en la interpretación y los deseos de la Ley. Siguiendo la costumbre de autorizar a los Secretarios, para acudir a explicar más detalladamente las iniciativas de Ley, acude el 21 de Enero de 1971, el Lic. Mario Moya Palencia, y comparece en la Cámara de Diputados, y proporciona valiosa información sobre los motivos y alcances de la Ley de Normas Mínimas. Subraya la necesidad de terminar con el conjunto de cárceles que no llenan las condiciones mínimas de organización y cuyas deficiencias las convierten en universidades del delito, aniquilando cualquier posibilidad de educación y readaptación social de los infractores. Comenta un pensamiento muy arraigado en la sociedad, cuando ésta se refiere a los reclusorios, y acota · la prisión, por su mismo naturaleza, despierta en el ser humano sentimientos de aban- Las Normas Mínimas fueron aprobadas y se abre así un nuevo período en la vida penitenciaria de México. Inmediatamente vino su aplicación con gran entusiasmo de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social. Como director el Dr. Francisco Núñez Chávez y como sub-director el Lic. Marcial flores. Las oficinas fueron cambiadas a unas más funcionales y se aumentó el personal que allí ]ahora. Podemos mencionar que en realidad fue, ron pocos los problemas de interpretación de la Ley, y los que se presentaron, fueron resueltos inteligentemente, y la marcha de dichas Reglas constituye un timbre de orgullo en la actualidad. Muchos internos sentenciados se han acogido al beneficio de dicho ins- 297 �298 LAS NORMAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS LAS NORMAS i\1ÍNIMAS PARA EL TRATA.i"\UENTO DE LOS RECLUSOS trumento jurídico. Han elevado su solicitud, han sido aprobados por el Consejo Técnico de sus respectivo~ reclusorios. han de1?o~trado ante sus estudios criminológicos que se encuentran resociahzados y readaptados, que no existen índices de peligrosidad ni temibilidad y las puertas de los penales se les han abierto. No tenemos de momento el número exacto de todas las personas que han obtenido su libertad, pero estimamos que gracias al ritmo de trabajo que se han impuesto en Prevención, éste es considerable. jos Técnicos. En el Estado de Nuevo León cobró vida este mandamiento, y en Febrero de 1972, mediante el testimonio del Secretario General de Gobierno, se constituyó y formó el Consejo Técnico, cubriendo· afortunadamente todas las áreas que representan la aspiración anhelada del penitenciarismo, y que anteriormente hemos dejado asentado. Se inició de inmediato el ~sfuerzo colectivo, y con el transcurso del tiempo mereció el reconocimiento de la Dirección de Prevención y lo colocó en los primeros lugares, en virtud de los estudios criminológicos minuciosos y técnicos que se enviaban. Como inevitable consecuencia, se impuso, la labor de formar una comisión para el estudio de un anteproyeclo de Ley de Ejecución de Penas Privativas y Reestrictivas de Libertad para el Estado de Nuevo Leon, mismo que fue terminaao a principios de 1973. Contiene 131 artículos y cuatro transitorios, divididos en Siete Títulos y sus respctivos capítulos, como lo señala la técnica ju-. ridica. Sus títulos, a continuación: Disposiciones generales; De la Dirección de Prevención y Readaptación Social; De los establecimientos, personal penitenciario y organización general; Del sistema penitenciario; De los estímulos; De los instrumentos jurídicos; De la extinción de las penas, y de la institución post-liberacional. Se acompañó su respectiva Exposición de Motivos. Sobre las dificultades de aplicación de las Normas Mínimas, lo fue y lo sigue siendo, la creación del Consejo Técnico Interdisciplinario. Definitivamente, el organismo central de la Ley, lo es precisamente este cuerpo · colegiado, sin su existencia muy pobres serían las Normas. Señala el artículo 9o.: "Se creará en cada reclusorio un Consejo Técnico Interdisciplinario, con funciones consultivas necesarias para la aplicación individual del sistema progresivo, la ejecución de medidas prelihe_racionales, la con?esión de l~ remisión parcial de la pena y de la libertad preparatona y la aplicación de la retención. El Consejo podrá sugerir también a la autoridad ejecutiva del reclusorio medidas de alcance general para la buena marcha del mismo". "El Consejo, presidido por el Director del estab!ecimie~to, o por el funcionario que le substituya en sus faltas, s~ mt~grara co~ los miembros de superior jerarquía del personal directivo, administrativo, técnico y de custodia, y en todo caso fo~ará11 ~a.rte d~ él un médico y un maestro normalista. Cuando no haya medico, m maestros adscritos al reclusorio, el Consejo se compondrá con el Director del Centro de Salud y el Director de la &cuela Federal o Estatal de la localiQad y a falta de estos funcionarios, con quienes designe el Ejecutivo del Estado". Posiblemente sea tildado de casusita este precepto, pero era imperioso, dada la gran importancia de f~nciones que tiene encomendadas, que se dejaran debidamente aclarados todos los supuestos que en la realidad se iban a presentar. Pensemos <me muchos reclusorios por innumerables razones no cuentan con el personal técnico suficiente, y por lo tanto el artículo contempla _la r~un.ió? de los mínimos elementos. Lo ideal es que en el ConseJO Tecmco, se cubran las áreas de medicina generalr . psiquiatría, psicología, trabajo social, educación, administración y crimin~logía. , , Con penetrante observación, aclara el Dr. Sergio Garc1a Rarmrez, que la Ley; no puede funcionar sin la creación de los Conse- Así mismo, se estudiaron las consiguientes reformas al Código Penal y de Procedimientos Penales. Por otra parte, se acompañaron sugerencias de reforma a la Constitución Local, ya que el artículo 17 le señala al Ejecutivo la facultad de organizar el régimen penitenciario (Derecho de Ejecución), y por otra parte el artículo 85 fracciói:i IV lo vuelve a confirmar. Mas el precepto 63 fracción XXXI de la misma Constitución, entre las facultades del Congreso, cita: "Organizar el sistema penal sobre la hase del trabajo como medio de regeneración". Como es de apreciarse, se ,estorban dichos preceptos. También se presentó a la consideración del Ejecutivo, otro anteproyecto que formuló la Dirección de Asuntos Jurídicos. Este consistía en tomar como ejemplo la Ley de Normas Mínimas y sus variaciones eran d~ forma. Por fin, este último anteproyecto fue el aprobado, y se envía a la Legislatura. Allí se hacen algunas correcciones, también de forma y sin discusión fue aprobada, con las consiguientes reformas al Código Penal y de Procedimientos Penales. 299 �LAS NORMAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS Fue publicada en el Periódico Oficial No. 44 de 2 de Junio de 1973, Decreto No. 191, bajo el título: Ley sobre Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad para el Estado de Nuevo León. Lleva el mismo espíritu de las Normas Mínimas y no las sobrepasa. De esta forma nuestra entidad se suma al resto de los Estados que han legislado sobre esta materia y que actualmente son más de diez entidades fed~rativas que en sus ordenamientos han expedido estas leyes penitenciarias. Nuestra Ley de Ejecución de Penas terminó con la obsoleta legislación que databa de 1904 y de 1919, incorporándose al movimiento de reformas que sufre actualmente nuestro país en cuestiones penitenciarias. Más que dar una explicación detallada de este cuerpo legal, estimé que era conveniente hacer comentarios del origen de este tipo de leyes, dejando su contenido para otra ocasión. AGUSTIN BASAVE FERNANDEZ DEL VALLE HACIA UNA ANTROPOLOGIA JURIDICA INTEGRAL -FUNDAMENTOS DE FIL0$0FIA DEL DERECHO- SUMARIO.- 1.- Ubicación del Derecho. 2.- Ferwmenología existen<;ial d~l _Derech:>. 3:- Fundamentos de Antropologia Jurídica Existencial. 5.- La Dimensión Jurídica del hombre. 1.- Ubicación del Derecho. E L SER JURÍDICO SE NOS MUESTRA UBICADO EN EL FINO y sutil mundo del espíritu en condición carnal. Bien se trate de Derecho como sinónimo de lo que a cada uno· corresP?nde. c?mo suyo, bien se hable del conjunto de normas, reglas 0 di~posICi~nes vigentes en un grupo social o una parte orgánica del mismo, bien se evoque la facultad moral de hacer o no hacer siempr;_ subyace la :idea de algo que atañe a la hu.mana conduct~ y va temdo de las notas de racionalidad y de libertad. ~unca encontraremos al ser del Derecho entre los determinismos ciegos de la materia, porque su entidad pertenece al mundo 300 Dr. Jur., _Dr. Pbll., Airostin Basave PernAndez del Valle, Presidente del Centro de ~ tud!os Humanistleos Y catedrAtlco de Filosofía del Derecho y de lfetaflsica Contem nea, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. POri- �HACIA UNA ANTROPOLOGÍA JURÍDICA INTEGRAL HACIA UNA ANTROPOLOGÍA JURÍDICA INTEGRAL 302 cultural-espiritual-histórico bajo el modo de ser de una forma de vida social. Los hombres tenemos conciencia de que el Derecho es fruto de nuestro espíritu. Sabemos que lo jurídico es una dimensión vital nuestra, algo en que existe huella de nuestra personalidad íntima, activa y creadora. Estas formulaciones imperativas de una voluntad -la del legisldor- iluminada por la inteligencia, están presididas por ideas y por fines objetivos.. T~~tase de un orden que ajusta la convivencia con arreglo a la 1ustJ.c1a, a la seguridad y al bien público temporal. Mientras en los fenómenos físicos hay Ul)as rígidas y necesarias conexiones inflexibles, en el Derecho hay criterios racionales finos y dúctiles, susceptibles de violación y, sin embargo, necesarios moralmente. Esa realidad espiritual, externamente plasmada en el vivir de los hombres, posee una estructura normativa y teleológica. Cuando se ha tratado de emplazar el Derecho dentro de los entes no sensibles (y específicamente dentro de los valores} se ha caído en los excesos del racionalismo yusnaturalista. Por el contrario, cuando se ha pretendido insertar el Derecho en la esfera del mundo sensible, se ha caído en lo& desvaríos del psicologismo, del biologismo o del sociologismo jurídico. La experiencia del Derecho implica signos _de. ~na _realidad socio-política -palabras, usos, co_stumbr~s- .signific~~ne~ de reglas de vida social, conducta debidas e indebidas, ob¡etwacwnes normativas de realidades existenciales. La nueva ontología "pluralista" del ser, en armonía_co~ la extensa multiplicación de datos y sectores de nuestra experiencia Y vivencia, ha proyectado sus luces sobre el Derecho. Apro:echando las ideas de la filosofía tradicional, singularmente tomista, se preocupa de precisar por vía inductiva la estructura ónti~a de la esfera, capa o región de lo jurídico. En la fenomelonogia_ de la conciencia y de lo histórico se ha revelado la esfera peculiar del ser espiritual-cultural de lo jurídico, condici_onado por. las_ otras esferas, pero sin embargo con sus leyes propias y sus fmahdades de sentido y valor. Problema que no interesa sólo a la inteligencia, sino a la voluntad. El Derecho es una regla de vida social, una ordenación positiva y justa, establecida por la autoridad ~mpetente en vista ~el bien público temporal. Trátese de _un conJun!? de leyes qu~ tJ.enen por misión conservar la necesaria proporc1?n en _las ~-~lac1ones esenciales a la convivencia, mediante la previa atribucion de lo que corresponde a cada quien. En principio, este orden está pro- visto de sanciones para asegurar su efectividad. .No podemos desconocer el dato ~ocial del D_erecho, la realidad; pero tampoco podemos hacer del Derecho un puro manejo técnico de hechos ayuno de principios y de fines de razón. Sin un sistema de leyes morales {género próximo) que rigen el cumplimiento de la justicia ( última diferencia) estableciendo derechos subjetivos y deberes jurídicos, no podremos nunca entender, en plenitud, el fenómeno jurídico. El fenómeno jurídico se nos presenta ubicado en el orden social de la vida humana. 2.- Fenomenologfo existencial del Derecho. El ser del hombre está más allá de todo ca1:ácter "cósico". Quienes le consideran como cosa trascienden el carácter "cósico", de su esencia para poder realizar esa misma afirmación. Entre los excesos del materialismo "cósico" y del espiritualismo a ultranza, cabe postular una fenomenología existencial. Partamos de la indiscutible existencia del sujeto y de la indiscutible existencia del significado. Quien niegue al sujeto está presuponiendo al sujeto pensante. El ser real del significado es autónomo respecto al sujeto. No podemos proceder arbitrariamente. Respetamos vínculos, explicitamos, conceptualizamos, y expresamos significados. El hombre no está aislado del significado mundano, sino dirigido intencionalmente a dicho significado. El sujeto-como-cogito es una autoafirmación misteriosa -afirma W. Luypen- en la que converge la afirmación del mundo, y es la afirmación del mundo lo que equiprimordialmente es autoafirmación del sujeto" (W. Luypen, "Fenomenología del Derecho Natural", pág. 130, Ediciones Carlos Lohlé, Buenos Aires, 1968). La autoafirmación fusionada con la afirmación clel mundo es prepredicativa, existencial. Y sin embargo, cualquier acto de conocimiento presupone esa autoafirmación. Husserl hablaba de una "vida-que-experimenta-el-mundo" ( Welterfahrendes Leben) para indicar una forma radical de intencionalidad que se distingue de los actos intencionales y explícitos de conocimiento {Aktintentionalitat}. El ser-en-el-mundo del hombre es un estar presente en el mundo, un estar familiarizado con el mundo. No se trata, en manera alguna, de estar en el mundo cómo la sardina en la lata o el lápiz en el cajón. El hombre es "morador", sujeto intencional, relación de ser. Y todo ello de modo consciente. En nuestro ser es un problema nuestro ser. Y no un simple problema cognoscitivo, sino también afectivo, volitivo, activo. Hay una tonalidad primordial y afectiva que con- 303 �HACU. UNA ANTROPOLOGÍA JURÍDICA INTEGRAL 304 figura cada existencia. Como sujeto volente habito en un mundo que quiero convertir en una morada mejor. Mi afán de plenitud subsistencia! es histórico y tiñe de historia cuando me rodea. Este afán traduce el "aun no" y el "encaminamiento" a la plenitud. Mi autoproyecto se da en situación y en circunstancia. La intencionalidad funcional imposibilita poner entre paréntesis la existencia efectiva del significado. Husserl no cayó en la cuenta de que la "vida-que-experimenta-el-mundo" implica un realismo fenomenológico. Se da un encuentro del sujeto pensante con el significado mundano. Desocultamos, des-cubrimos significados en el encuentro. Todo significado es término del encuentro y resonancia humana. · Desde el punto de vista de la fenomenología existencial, la justicia se presenta como forma antropológica de coexistencia. Es el modo de co-existir humanamente, de estar junto con otros en el mundo. El Derecho es una dimensión originaria del ser del hombre. Proviene del ser-todos-juntos-en-el-mundo. Una antropología jurídica que parte de la materialidad y corporalidad de las individualidades. Este factor limitador y excluyente apunta hacia un orden mundano. Lo que un hombre posee por derecho no puede poseerlo el otro. El mundo espaciotemporal de los hombres no se reduce a bienes materiales, sino también a valores espirituales: verdad, libertad, amor, justicia. Lo jurídico es una dimensión del mundo personal. Presupone la individualidad aisladora y delimitadora del mundo material, pero se refiere a relaciones intersuhjetivas y a finalidades éticas. Los hombres buscan inquietamente la realización de su estructura vocacional. Complelidos por su nativa insuficiencia, por su constitutivo desamparo y por su insoslayable afán de plenitud viven siempre de manera social. Así se conservan y perfeccionan. Fundan agrupaciones de radio «;reciente. Siempre que los hombres se ensamblan en sus operaciones vitales, tratan de llegar a un ajuste, a un enderezamiento, a una rectitud y derechura. Es el encuentro con lo justo, lo recto. La dimensión jurí?ica del hombre dice relación, precisamente, al perfecto acoplamiento entre ~eres racionales y libres. La justicia es una noción eje d~ la coexistencia. Cada uno de los seres que se acoplan le corresponde, en justicia un estado objetivo . De otra forma no podríamos esperar armoní;. En este sentido primordial, justicia es coordinación reglada y Derecho es lo justo objetivo. Adviértase que los vocablos "derecho", "direito", "diritto", "droit", "recht", "right", "pravo", HACIA UNA ANTROPOLOGÍA JURÍDICA INTEGRAL "ret", "dikaión", etc., aluden siempre a la idea de rectitud. Y rectitud no es tan sólo una posición y dirección física sino tam• bién, y acaso más, una conformidad moral, una orientación teleológica. · El Derecho no es un .simple añadido de la sociedad. Históricamente no surge primero la sociedad y luego el Derecho. Donde hay soci~dad hay vida en común. Y donde hay vida en común hay una cierta organización jurídica. No importa que sea elemental. En el trueque y en las relaciones económicas primitivas hay un cauce jurídico, una organización que es fruto del Derecho. Por eso no cabe hablar de "Derecho social espontáneo", como lo pretende G. Gurvitch. La alteridad es esencial en todo fe. nómeno jurídico. No hay Derechos consigo mismo --salvo que se quiera hablar metafóricamente-- ni tampoco Derechos en la esfera cósmica o puramente animal. El Derecho implica pluralidad de términos conectados, acoplamiento de igualdades, supuestos diferentes que entrañan, ineludiblemente, la alteridad. Todo ello encarnado en personas humanas comunicant~s, acluantes y responsables. La complicada red de acciones extem,res converge h:icia un módulo determinado. Este módulo, forma o idea arquitectónica es inseparable de ]a convivencia humana. Trátese de un factor ontológico constituido de justicia, seguridad, orden y bien público temporal. No se puede vivir sin saber cómo es bueno vivir. Se precisa determinar lo que corresponde a cada cual en el concierto de voluntades. E.s menester, además, encausar todas y cada una de las voluntades al bien común: conjunto organizado de las condiciones sociales, gracias al cual la persona humana puede cumplir su destino natural y espiritual. La exigencia de la urdimbre y del orden en la conviv~ncia social fue advertida por Santo Tomás de Aquino en su "Suma contra Gentiles": "Cuicumque est aliquid naturale, oportet esse naturale id sine quo illud haberi non potest. . . E.st autem homini naturale quod sit animal sociale. . . quod ex hoc ostenditur, quia unus horno solus non . sufficit ad omnia quae sunt humanae vitae necessaria. Ea igitur sine quibus societas humana conservari non potest, sunt homini naturaliter convenientia. Huiusmodi autem sunt, unicuique quod suum est conservare, et ah iniuriis ahstinere. Sunt igitur aliqua in humanis actihus naturaliter recta" (Santo Tomás de Aquino: "Suma contra Gentiles", libro 3, capítulo CXXIX. p. 455, Vol. II, Biblioteca de Autores Cristianos). Y antes de Tomás de Aquino, Cicerón había advertido: "ibi societas, ibi ius". ¿Acaso no podríamos decir nosotros invirtiendo el aforismo cice305 �HACIA UNA ANTROPOLOGÍA JURÍDICA INTEGRAL HACIA UNA ANTROPOLOGÍA JURÍDICA INTEGRAL 306 roniano: "donde hay hombre, ahí existe Derecho"? Así como en nuestra "Filosofía del Hombre" habíamos hablado de la estructura permanente del hombre al lado o por debajo de su dimensión histórica, ahora podemos apuntar el elemento permanente y necesario en el mundo de la justicia. No importa que este elemento se combine con factores positivos, en modos existenciales distinLos. Recogiendo lo tradición de su pueblo, Aristóteles habla de "lo justo natural" (Aristóteles: "Ethic. Nic.", Libro V, Cap. 7; también "Retórica", Libro I, Caps. 13 y 15). De la estructura permanente del hombre brota la dimensión de lo justo. Y surge, precisamente, en la convivencia que se apoya en primarias e indelebles exigencias _humanas. Exigencias naturales que la razón descubre y ordena, servida por la voluntad en cuerpos legales concretos y mudables, aunque siempre conectados a las supremas premisas . La demarcación objetiva de las distintas posibilidades de] obrar proviene de una atenta consideración de la cabal naturaleza humana, en su aspecto individual y social. Derechos subjetivos y deberes jurídicos suponen el reconocimiento de "lo suyo" de cada quien. Si la libertad no fuese una realidad existencial, el Derecho resultaría un contrasentido ontológico. Los progresos y regresos que jalonan la historia de los hombres se fincan en la libertad que interioriza personalmente los valores jurídicos. Si hay hábitos justicieros es porque antes hay justicia objetiva. 3.- Fundamentos de Antropología Jurídica. El hombre junto-con-sus-semejantes tiene y no puede dejar de tener derecho y deber-es. No somos -simples vivientes sino conviventes. Conviventes histórieos que moran en un mundo cultural. Un mundo cultural que se sustenta, en buena parte, por valores jurídicos. El hombre común sabe, en cierto modo, qué es la justicia, qué es la seguridad, qué es el orden y qué es el derecho antes de que se lo haya dicho el iusfilósofo. Sobre esta vida irreflexiva vendrá después la filosofía. El otro tiene un derecho fundamental de existir y realizarse. Tengo que asentir a su subjetividad como el otro tiene que asentir a la mía. Exigencia mínima de solidaridad y de amor. De otra manera no seríamos hombres. Vivir significa donarse, "tener que ser para el otro". Hay coi:relatos subjetivos y objetivos de la exigencia mínima de solidaridad y de amor. De los caracteres fundamentales de la naturaleza humana: individualidad física, libertad moral y responsabilidad, racionalidad espiritual, sociabilidad y religiosidad, derivan unir serie de derechos subjetivos públicos ) de la pers~na frente al Estado. Por vía de ejemplo, Luis Sánchez Agest~ ~ugiere algunas consecuencias que se desprenden de las car~ctensllcas expresadas; a). de tener un cuerpo individual se der~van aquellos derechos que tienden a procurar los medios necesarios para el manten~iento físico del hombre ( derecho a la propiedad, der~cho al trabaJo, derecho al matrimonio y a la consecución de su obJeto) ; b) . de la vida moral se deriva, en primer lugar el d~rec~o a una !e~ridad jurídica en que el hombre adquiere l~ conciencia y el habito de su responsabilidad, y en segundo lugar el derecho a una participación en la vida pública; c). el tercer gru~ po de derechos que se desprenden de la naturaleza humana radican en la facu!tad de mantenimiento y desarrollo de la vida intel~?t~al, que exige presta~iones positivas por parte del Estado; creac10n de escuelas, recta libertad de enseñanza e investigación libertad para la educación y formación religiosa; d). de la so~iabilida~ humana resulta el derecho a constituir todas aquellas formas sociales que son conse~uenci~ lógica del desenvolvimiento personal; e). el derecho_ ,ª rendir a Dio~ el culto debido, público y privado, es la _coronac1on que__da_ sentido a la vida moral, que afirma y c~?sohda una formacion rntelectual y santifica la vida social. Ad-. viertase que el derecho expresa mediata, indirectamente el amor enca~ado en relación ideal interpersonal dentro de un mundo teleol~gico. Sepa:a~ión_ y di~tancia entre sujetos jurídicos significa, sencillamente, hm1taciones inherentes al espíritu en condición carnal. ~ t:mto_ ;l derec~o es un "ser-con" implica, in.soslayablemente, pant~ip~~10n del bien absoluto. Y participación del bien absoluto si?°ific~ amor.. Pero amor encarnado en la corporalidad Y la coexistencia. La~ mstituci?nes )urídic~s reunen y separan, ofr~cen y ocultan su sentido. Aqu1 esta -delimitado y protegido-- mi mu?do frente al_ mundo del º!ro, de los otros y de la comunidad Y s":1 embargo, Juntos constrmmos un mundo. De ahí el carácter ambivalente del derecho. En cierto modo, tiene razón Martinus G. Plattel cuando afirma: "La realidad jurídica no está en el nivel del "tener". El hombre no dispone del derecho, sino que está en el dereoho. La comunidad es mejor que la creadora del derecho la servidora y guardiana de la realidad jurídica. Por tanto la or: ganización _jurí~ic~ d_e~e ser, ant~s que nada, un órgano de ;scucba de 1~ conci_encia Jundica espontanea. (Martinus G. Plattel: "Filosofía Social", pág. 164, Ediciones Sígueme, Salamanca 1967). La dimensión jurídica del hombre abarca un aspect~ espiritual Y un aspecto regulador. En una comunidad de hombres libres 307 ' �HACIA UNA ANTROPOLOGÍA JURÍDICA INTEGRAL HACIA UNA A.~TROPOLOGÍA JURÍDICA INTEGRAL sobraría el derecho pero subsistiría el amor. La justicia -buena mediadora al fin y al cabo- sabe hacerse. superflua tan pronto como el derecho se transforma en amor. Mientras ~anto, la organización jurídica regula y coordina el mundo -espacio-te~p~ral . los conviventes. Un derecho para una persona es una h~mtacion para otra. Pero derechos y deberes --no hay. que olv1darloaproximan, ligan a los miembros de una comumdad._ Aunque no tengamos una super-visión panorámica ~obre el ideal absoluto, tenemos un atisbo suficiente para ~rop,orc10narnos una conciencia del Derecho natural o del ?e~e?ho m1;ínsecament~ justo. Cuanto más perfecto sea un orden 1ur1d1co, ma~ se ~prox~mará al orden de lo ético. Existe en el Derecho ~a mtencionah• dad hacia lo ético que no cabe encubrir o pretenr. El as~ecto regulativo se fija en reglas uniformes. Intenta crear la regularidad inviolable y la justicia. Estamos en el mundo, en una ?e nuest~as dimensiones, para orientarnos en un aspecto constructivo fun~10nal. Nos acompañamos respetándonos nuestros derec~os y ÍOr:Jan· do el bienestar colectivo. La fuente del Derecho esta en el h?m• bre aunque el hombre viva en el Dere.cho: :Tratamos ~e h~amz_ar nuestras relaciones. -e_osiblemente la JUSllCla no podra realizar Ja• más el ideal de humanidad, pero excluye la barbarie, la crueldad, la guerra, las riñas. Nuestra subjetividad -personificada-en-el-mundo se interes~ por su ser Es facticidad y es proyecto. Las cos'as no se relac10nan con lo· que es. El ser del hombre, en cambio, ?8 una "relación de: ser". Heidegger lo observa con su profundidad acostumbra.da. "Das Dasein ist ein Seiendes, das nicht nur unter anderem Seienden vorkommt. Es ist vielmehr dadursch ontisch ausgeseichnet, dass es diesem Seienden in seinem Sein uro dieses Sein selbst geht. ?e -~ 308 Zu dieser Seinzverfassung des Daseins gehoert aber dann, dass, ~s in seinem zu diesem, Sein ein Seinsverhaeltnis hat". Martín Heidegger: "Sein und Zeit", pág. 12). La. facti?idad de .mi d~samparo ontológico y la potencialidad .d~, m1 plemtud s~s1stenc1al _se experimentan como unidad-en-opos1c1on. Y en ~dio de esta mtranquilidad fundamental sentimos el cons~te impulso. d~ extendemos por encima de nuestra facticidad ?ªc~a. el cumpl11~1ento de nuestra más alta vocación personal. La 1ustJ.c1a -armorua de todos los proyectos de vida- es lo que "debe ser", "Nues.tra ~xperiencia de la coexistencia contiene, por un lado, la conc1enc1a de que el hombre está destinado a sus semejantes, llamado a querer su subjetividad, y por el otro, el conocimiento de que el hombre es un lobo para su prójimo, que está propenso a destruir la subjetividad del prójimo. Para controlar esta situación el hombre ha "inventado" los derechos. Como una comunidad donde reine el ·amor perfecto es una utopía, la sociedad que busca y exige la h~manidad debe ser una sociedad donde impere la justicia, precisamente a causa de la imperfección del amor". (W. Luypen: "Fenomenología Existencial", págs. 234-235, Ediciones Carlos Lohlé). Hay una exigencia mínima del amor: no permitir el "horno hominis lupus". Esta exigencia del amor es, precisamente, el derech? fundamenta! del prójimo. Las leyes e instituciones jurídicas particulares no tienen una existencia separada de los hombres. La autori~ad no se limita a domesticar al lobo que hay en el hombre, smo que trata de realizar positivamente el bien público temporal. ~ normativa concreta del derecho natural se adapta a la dimension mudable de la naturaleza humana, sin perder por ello su perm~nencia. Pasemos a examinar, ahora, el fundamento y la esencia de ese Derecho natural o Derecho de razón que también ha sido llamado derecho supralegal. ' 4.- Antropología /uríd,i,ca Existencial. Para una Antropología jurídica existencial, la determinación del hombre no es fruto exxclusivo de leyes fijas e inmutables sino de "autocercioramiento" y de "autorrealización" constante~ente renovados. Tarea que se cumple cuando el hombre encuentra "en él mismo, para él mismo como hombre, los fundamentos del orden h~mano, los cr~terios de decisión humana para todos aquellos confl~ctos que residen, en gran medida, en la estructura del mundo mismo -advierte Maihoíer- y no sólo en la estructura de su propia e imperfecta naturaleza humana" (Maihoíer: "Naturrecht als ~istensrecht", 1963, pág. 40). Los proyectos de sentido y de fm del hombre - y esto no lo dice Maihofer- no brotan de u~a libertad ~~itada, de un~ desnuda situación sin presupuestos vmculantes, lnmtadores y obligatorios de la vocación del hombre. La fen9menolor~ exxistentiva de la vida jurídica no puede olvidar las l~~-:8 ontologicas del mundo y las exigencias normativas de la cond1cion humana. Heinrich Henkel fundamenta la existencia de un Derecho objetivamente correcto en las siguientes consideraciones: "entre lo11 topoi que entran en consideración para la obtención del Derecho. los múltiples datos previos que se derivan de la "naturaleza de 309 �HACIA UNA ANTROPOLOGÍA JURÍDICA INTEGRAL HACL-\ UNA ANTROPOLOGÍA JURÍDICA INTEGRAL lás cosas" constituyen una categoría accesible a 1~ ~apacidad h~mana general de conocimiento, a saber: al conoc11m~~to del ser. Esto rige lo mismo para las determinaciones atropologicas f~~amentales, las leyes naturales de las cosas, las estructuras so~i~ es de fin de las relaciones humanas que para las estruc~uras logico~eales. Pero también los contenidos ':alorativo~ d~ ide~ d~l. Derecho, los contenidos de línea direcl?Z d_el pnnc1p~o ~e J1;1St1cia_ Y de la seguridad jurídica, las tendencias. f!11ales las mstltuci~nes JU· rídicas y de la practicabilidad, se manüiestan como c~nt~mdos de voluntad y de representación de significación supras~Jeh~a., ~to es aplicable -last not least- a la valoración ~e bienes 1un~1cos y modelos de comportamiento, para l~s cuales ~1ge_ no una ~stimación subjetiva de sujeto valorador, sm? . un cr~te~10 conte~do en el orden social de valores que ha adqm:ido, asilllis~o, valúlez suprasubjetiva -sobre todo en los conterudos normallvos de la moral social- en base al entendimiento intersubjetivo dentro d~ 1~ Sociedad. De un criterio así obtenido puede afirmarse la obJetl• vidad" (Hainrich Henkel; "Introducción a la Filosofía del Derecho", pág. 691, Taurus Ediciones, S. ~-)- . Cuando los positivistas niegan la existencia del Derecho ~a.tura! están negando, a la vez, la existenci~ ~el Derecho positivo en cuanto normatividad. Porque la nonnatiVIdad su~?ne un~ preferencia. Y la preferenéia se funda en una valorac~º?·. Lms Recaséns Siches ha observado, certeramente, que el an_~hsis d~l- ~entido esencial del Derecho demuestra que la negac10n positivista contiene un absurdo. El Derecho positivo es una pauta de conducta de carácter normativo. Ahora bien, una norma significa que entre las varias posibilidades fácticas de comportamiento hay . a~gunas elegúlas, y, por lo tanto, hay otras rechazadas. Las ~osib1lidades de conducta elegúlas lo son porque resultan preferúl,as a otras. Esta preferencia se funda sobre una valoración . . . La normatividad del Derecho positivo carecería de sentido si ella no estuviese referida a un juicio de valor, que es precisamente lo que la inspira", (Luis Recaséns Siches: "Axiología Jurídica y Der~cho Natural", pág. 125, Symposium sobre ?ere~o Na~ral_ y .Axx10~0gía, XIII Congreso Internacional de Filosof!ª• U~1v~r~1dad Nacional Autónoma de México, Centro de Estudios F1losoficos, 1963). Y es que como advierte Welzel: "El Derecho no es sólo poder coactivo· es también valor ohligante" (Hans Welzel: "Derecho Natural ; Positivism~ Jurídico, pág. 62). Para s~perar el po_sftivismo Hans Welzel pide, en otra de sus obras, 'la elaborac10n de 310 :ª aquellas estructuras objetivas lógicas, insertas en la materia jurídica y preliminares a toda regulación positiva" (Hans Welzel: "Derecho Natural y Justicia Material", pág. 260, Editorial Aguilar). Con mayor precisión lógica, Eduardo García Maynez apunta: "Sostener que el contenido de una norma es indiferente, equivale a declarar que pueda, a un tiempo, ser y no ser norma, lo que resulta contradictorio". El, problema de la validez, enfocado filosóficamente, implica una actitud crítica: "que los mandatos de los detentadores del poder exhiban, ante el foro de la conciencia estimativa, títulos capaces de justificar su valor intrínseco". Entre el criterio oficial positivista y el criterio intrínseco de validez a los ordenamientos positivos, puede darse lo que García Maynez ha llamado desarrollo dialéctico de la idea jurídica: "Al afirmar que la pauta oficial es la única que puede aplicarse para establecer lo que vale como derecho, al propio tiempo se niega que el criterio axiológico eventualmente invocado por los destinarios del orden jurídico pueda prevalecer sobre la otra pauta. Pero como, pese a ello, la conciencia estimativa de quienes se encuentran sujetos al orden les impide renunciar a su facultad de libre examen, el ejercicio de esta facultad desemboca a veces en la negación de que el derecho vigente realice los ideales para el logro de los cuales fue instituido. Surge así, como primera manifestación de la antítesis, dentro del mismo proceso dialéctico, la crítica de las instituciones y las leyes. Cuando la injusticia de éstas rebasa ciertos límites y los intentos de reforma pacífica fracasan, las organizaciones de resistencia, primero, y el estallido revolucionario, después, aparecen como formas extremas de negación de valor intrínseco del orden que sigue afirmando su vigencia y está en condiciones de seguir imponiéndose con el apoyo de la fuerza, pero ha dejado de ser fiel a la idea del derecho. Y la síntesis se logra cuando la revolución triunfante sustituye el régimen caduco por otro que satisface los anhelos de justicia de las fuerzas renovadoras y restaura la armonía entre las pautas positiva y ultrapositiva de valoración" (Eduardo García Maynez: "Validez Formal y Validez Material en sentido Jurídico-Positivo, y Validez Objetiva o Intrínseca en Sentido Axiológico", pp. 83-97, "Presentación", p. 18, Symposim sobre Derecho Natural y Axiología, U. N. A. M., Centro de Estudios Filosóficos, publicaciones del XIII Congreso de Floisofía, México 1963). En el espíritu común de la agrupación humana se da el derecho como fenómeno espiritual. :Es una exclusica de las sociedades humanas. Dentro de la conexión espiritual suprapersonal -hay un sector de ideas y tendencias comunes. Los órdenes de normas 311 �HACIA UNA ANTROPOLOGÍA .JURÍDICA INTEGRAL HACIA UNA ANTROPOLOGÍA JURÍDICA INTEGRAL creadas -usos, moral social, Derecho-- no se hallan desconectados del orden "vivido" ontológico. Los impulsos y contenidos ordenadores provienen de esa estructura viva, real. La autocomprensión del hombre sirve de imagen rectora o principio regulador del Derecho. Autocomprensión que abarca las leyes ontológicas del ser del hombre, la esfe~a cul~ral-antropológica, estructura psicológica del comportamiento eficaz, la libertad existencial, la "sociabilidad insociable" de que nos habla Kant. (Kant: "Ideen -zu siner allgemeinen Geschichte in weltburgelicher Ahschit", pág. 9, Edición de Kúper). Entre el aislamiento egocéntrico y el impulso de asociación -unificados contradictoriamente en unidad sineidética- oscila la vida del homl?re. A más de la base constante determinada por las leyes del ser social, se da un espacio libre de autoconformación conforme a vocaciones históricas, singulares, cambiantes. El acervo ontológico fundamental de las relaciones convivenciales tiene su influencia sobre el Derecho. La dimensión jurídica del hombre contempla, precisamente, todos estos aspectos. En este estudio de Antropología Jurídica he querido contemplar el Derecho como una forma antropológica de convivencia; Derecho en estado naciente, si se me permite la expresión. :ª 312 5.- La dimensión jurídica del hombre. Yo no creo que exista el homo jurídicus, pero estoy convencido de que hay una dimensión jurídica del hombre. Por eso el Derecho responde a una profunda necesidad humana enraizada en los estratos ónticos del ser humano. Porque el hombre es un animal insecurum busca la seguridad en -el derecho. En este sentido, el derecho está al servicio -aunque no exclusivo-- de la seguridad de la existencia humana. No puede haber vida social sin orden. Sabemos que hay conflictos, aspiraciones que se entrecruzan, pasiones que se desbordan; pero queremos~ '!1º obstant~, tranquilidad en el orden, firmeza en nuestras pos1c10ne~, previsibilidad del comportamiento -y de sus efectos-, segundad para saber a qué atenernos. Cuando el poder del amor disminuye y no vincula una comunidad, el orden jurídico evita la lucha caótica del horno homini lupus. Gracias a la dimensión jurídica del hombre las relaciones humanas se clasifican y se tranquilizan. No es que el Derecho agote· la cultura pero es que la cultura no podría existir sin el Derecho. Y aunque hasta ahora no haya podido eliminar, del todo, la violencia, la arbitrariedad, el odio des- tructor, por lo menos les ha puesto sitio desde la fortaleza de su juicio. Acaso nunca lleguemos a establecer, en la tierra, un continuo y verdadero orden de paz. Pero seguiremos intentando regúlar las relaciones humanas en el marco de la familia, del Estado y de la comunidad internacional. Aunque alguna vez haya estado ligado a valores tribales y étnicos, el derecho emerge y cobra importancia desde la personalidad del individuo. La autoconciencia de la dignidad personal en la vida social es el genuino hontanar del derecho. La dimensión social de las comunidades --que nunca llega a ser del todo impersonal porque lleva la huella de la persona- hace crecer al derecho. Adviértase que en la autoconciencia de la dignidad personal en la vida social se da una veta jurídica junto a vetas morales y religiosas. Y cuando la dimensión jurídica del hombre llega a su cabal desarrollo nos encontramos, en su núcleo esencial, valores morales operantes: justicia, seguridad, bien común, respeto al prójimo, libertad, lealtad, veracidad, dignidad personal. Esta dimensión jurídica se enfrenta con la voluntad de poder -individual y grupal-, con la opresión en todas sus formas, con la injusticia socio-política. Porque el Derecho no se Ji. mita a mandar, sino que enseña la vida justa, indica el comportamiento debido, cualifica la acción. Podemos imaginar una ley, privada de sanción, que siga siendo ley: "Pacta sunt servanda. Al fin de cuentas, el Derecho es primordialmente dirección y secundariamente coerción. El acento se desplaza del Derecho mandado ( ius quia iussum) al derecho como rectitud jurídica ( ius quia iustum). Y es que el derecho no se reduce a mandato ni radica, primordialmente, en la voluntad; sino que es acto de inte- ' ligencia: regla de vida social, medida de comportamientos. Partiemlo de su normatividad axiológica calificamos acciones particulares, situaciones y hechos concretos. El Derecho es práctico y es lógico, manda y cualifica. Claro está que no todo mandato es una ley. De ahí la primacía de la vis directiva --elemento de justicia incorporada a la ley- sobre la vis coactiva. De la dimensión jurídica del hombre surge el Derecho que llega hasta nuestros días, con todas sus complicaciones técnicas, con la prolijidad de categorías y figuras jurídicas dominadas -<'n esencial conexión- por unas cuantas y altas ideas éticas. Hágase el intento de suprimir estas ideas éticas o valores y se habrá acabado con la esencia del fenómeno jurídico. Si la vida del hom- 313 �HACIA UNA ANTROPOLOGÍA JURÍDICA INTEGRAL bre tiene una textura ética, el Derecho no puede estar desvinculado del reino moral. Por imperativos morales nos sentimos impulsados a establecer un orden social libre y justo. Ciertamente el Derecho no agota la eticidad. Los valores jurídicos ocupan una modesta porción de la ética. Hay tareas morales de mayor envergadura. Pero estas mismas tareas morales requieren, para su desarrollo libre, canales jurídicos. En el mundo de lo social, el Derecho se presenta como uno de los fundamentos de la moralidad. Las exigencias éticas de justicia, libertad y humanidad justifican la estructura jurídica. Mientras repudiemos el atropello, la violencia y la lucha caótica el derecho tendrá mucho que de• cir. Nos obliga porque está ubicado dentro de la eticidad. En la medida y regla que impera en el campo social rastreamos, desde lejos y con nostalgia, el significado del absoluto. Al Derecho no le corresponde desentrañar la conexión significativa del todo. La dimensión jurídica del hombre no puede desconocer ni la estructura permanente y general del ser humano --elemento nuclear-, ni el autoproyecto cambiante en situación histórica. Las leyes ontológicas del ser del hombre no son -no podrían ser- irrelevantes para el orden jurídico. La esfera cultural-antropológica con sus cambiantes proyectos se refle.ja en las instituciones sociales. La contemplación jurídica debe tomar como hase una imagen ideo-existencial del hombre. El deber-ser -comportarse de una manera y no de otra- descansa sobre ·el ser de] hombre -cuerpo, psique, espíritu-. Una antropología integral está en la base de una antropología jurídica. La estructura estratificada del hombre -estrato biológico, estrato psíquico, estrato espiritual- con su legalidad propia no puede ser desconocida por el Derecho. Hay un sector jurídico que regula el "ser natural" del hombre y hay otro sector jurídico que versa sobre el ser espiritual. Las normas jurídicas no pueden disponer comportamientos contra las leyes biológicas del hombre como ser vivo. Más aún, debe favorecer los legítimos requerimientos del bios. Los componentes psíquicos (base endotímica y estrato del yo) tienen particular interés para la estructura psicológica del comportamiento eficaz. Si el hombre es un ser abierto, no conformado por la naturaleza hasta el final, tiene que autodeterminarse en base al espíritu y sobre un orden jurídico. Responsable de sus hechos, culpable de sus transgresiones al orden jurídico, digno en cuanto persona, el hombre posee "a nativitate" el derecho a la libertad existencial, el dercho de autoconformación y los derechos 314 HACIA UNA ANTROPOLOGÍA JURÍDICA INTEGRAL esenci~les a la persona. E1 hombre en estado de proyecto socia] _on~en a la norma jurídica. Si el jurista no sabe leer en la ontica integral del hombre, no va a ver el Derecho, sino su somh:e en la letra de los Códigos. Además de ser un ser a.xiotró~ pico, el hombre es un programa existencial valioso, un proyecto de_ ~oder y deber, una posibilidad de poder hacer y de poder exigir ~n el mundo, una libertad justamente delimitada por las otras ~ibertades. Toda esta realidad de Derecho emergente toda esta d~en~ión jurídica del hombre acaece antes de que la~ nor. mas cnstahcen. Hay un poder hacer y un poder exigir intencional mente referidos a la justicia -no a la arbitrariedad-· ue estructuran el Derecho. q 1ª 315 �NICOLAS MARTINEZ CERDA SISTEMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL A) INTRODUCCION L A SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN ES UN PRINCIPIO universalmente aceptado por los sistemas jurídicos positivos, su cumplimiento cristaliza las aspiraciones populares, su respeto es la mayor garantía del pueblo, al recoger las valoraciones socio-políticas en la ley fundamental excluyéndose toda concepción despótica y dictatorial. El principio de supremacía constitucional !urge en la Constitución norteamericana y es aceptado en la mayoría de los régimenes jurídicos, que tienen por hase del edificio jurídico y político a las constituciones escritas y sirve para limitar a los detentadores del poder; sin embargo, la realidad nos demuestra que los gob1:mantes no cesan de prostituir a nuestra Ley fundamental y que dista mucho de cumplirse este principio que el ilustre constitucionalista Dn. Emilio Rahasa enunció: "El ideal teórico del gobierno constitucional consiste en que la Ley Suprema no sea violada nunca ni por error ni deliberadamente, pero éste sólo podría alcanzarse si fuera dable la creación de un poder dotado de prudencia y sabiduría sobrehumanas, que estuviese sobre todos los Lle. Nicolás Martlnez Cerda, egresado de ia vacultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U. A. N. L. y abot:ado POStulante. �SISTEMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL poderes y calificara sus actos antes de que produjeran efecto alguno. &te poder es absurdo; pero cuando se desecha la idea de su creación, no es porque se reprueba el fin a que habría de consagrarse, sino porque como medio es ineficaz y en la práctica es desastroso. Y a que el ideal es irrealizable, se aspira a llegar tan cerca de él como sea posible. La violación en sus varias formas, tiene estados diversos y puede recorrer una escala que desde la simple determinación general que no afecta a un individuo señalado, desciende hasta la consumación completa del acto irreparable; pero cualquiera que sea el estado en que el atentado se detenga, nunca son inocentes sus resultados". (Emilio Rabasa. El Juicio Constitucional, p. 284. De lo expuesto por Dn. Emilio Rahasa se infiere que el obedecer a la Constitución debe ser espontáneo, pero cuando la acción de los gobernantes va más allá de su órbita de competencia, es decir, que como excepción surgen las violaciones a 1~ Carta Magna, surge también en todo estado de derecho la necesidad de crear y facultar a un órgano la defensa de la Constitución; sobre lo anotado el Ministro Tena Ramírez magistralmente escribe: "Cuando la excepción se convierte en regla, es ~e anarquía o ;l desp~tismo han reemplazado al orden consutuc1onal. Pero aun considerada como excepción, la violación a la Constitución debe ser prevenida o reparada. Esto quiere decir que, aparte de la manera normal de preservar a la Constitución, que es observándola voluntariamente tiene que haber en todo régimen constitucional un medio de pro~egerla contra las transgresiones, ya proven_g~ ést~s de un mal entendimiento de los preceptos o ya del propos1to deliberado de quebrantarlos". (Felipe Tena Ramírez. Derecho Constitucional Mexicano, pp. 429-430). !ª 318 La soberanía, expresa Dn. Emilio Rabasa "es_ la fac~t_ad de determinarse a sí mismo, organizando la comumdad, limitando y distribuyendo competencias" ( El Juicio Co~stituciona!, p. 17). El pueblo al ejercitar esta facultad consustancial, a traves del poder constituyente, legisla; en la Constitución, obra de éste, . se plasman los lineamientos fundamentales, se establece la dogmática y la or· gánica, se autolimita al gobierno entre sí y con el gobernad~ ;1-l distribuirse las competencias del poder. O sea: "La revoluc1on por paradoja, también legisla, para huir de la arbitrariedad sin limites" (Ramón Palacios Vargas. Instituciones de Amparo, p. 21). Como necesidad lógica, al transgredir los detentadores en per• SISTEMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAi, juicio de los destinatarios, surge la creación de los sistemas de control de la Constitución, siendo los más conocidos el control judicial cuyo origen proviene de los &tados Unidos y el control político atribuido a Sieyés. Los sistemas de control son medios para hacer efectivos los derechos públicos subjetivos y demás instituciones constitucionales. El amparista Fix Zamudio, presenta un minucioso estudio de la conotación de garantías: 1). Primeramente analiza el sistema "tradicional", que es aquei que establece en la Constitución los derechos públicos subjetivos; es una garantía que no pueda reformarlos el poder legislativo ordinario. 2). Otra concepción, es la de considerar la "garantía como sinónimo de protección de la Ley Fundamental", "o sea como medio de preservar el orden jurídico establecido en la Constitución o en general por el derecho público", es decir, lo que Jellinek ha denominado garantías sociales, jurídicas y políticas. 3) . Otro concepto es "la garantía como método procesal para hacer efectivos los mandatos fundamentales. . . se distingue netamente entre el derecho subjetivo público constitucional y el medio de hacerlo efectivo". Fix Zamudio, concluye afirmando: "Sólo pueden estimarse como verdaderas garantías, los medios jurídicos de hacer efectivos los mandamientos constitucionales" (Fix Zamudio. La Garantía Jurisdiccional, p. 70). El jurista Hans Kelsen, expresa: "La función esencial de la Constitución en el sentido material de la palabra, consiste en determinar la creación de normas jurídicas generales, ésto es, en determinar a los órganos y el procedimiento de la legislación, así como el contenido de las leyes futuras. De esta manera surge el problema de asegurar la observancia de esas prescripciones constitucionales y garantizar la constitucionalidad de las leyes. & este ~n caso especial del problema más general que estriba en garantizar el que una norma inferior se ajuste a la norma superior que determina su creación o su contenido". (Hans Kelsen, Teoría General del Derecho y del Estado, México, 1949, pp. 280-295). , Fix Zamudio, siguiendo al jurista citado, distingue "garan~as fundamentales", o sea, las garantías individuales, sociales e mstitucionales y los "métodos procesales, represivos y repara- 319 �SISTEMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL SISTEMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL dores, que dan efectividad a los mandamientos fundamentales, cuando son desconocidos, violados o existe incertidumbre respecto de su forma o contenido". (Fix Zamudio. Op. cit., p. 70). De las concepciones mencionadas acerca de lo que constituyen las garantías podemos expresar que son los sistemas o medios jurídicos para hacer efectivos los derechos. vio:~dos y para defender las instituciones que consagra la Conshtuc10n. ción se reduce al caso concreto planteado, Sistema que localizamos en el Acta de Reformas de 1847, en su artículo 25, atribuyéndose el mérito de dicha fórmula a Dn. Mariano Otero: "La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la Jey o acto que la motivare". Se incluye también a la Constitución de 1857 y la de 1917, mutilando las fracciones II y III de] artículo 103, semejantes a las del 101 de la Constitución de 1857. La mutilación obedece a los sismos políticos; hasta hoy, no ha importado torturar, perenemente, a la institución que está destinada a dignificar nuestra ciencia constitucional. El texto del artículo 103 constitucional, establece: "Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: l. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; 11. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados, y III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la auto• ridad federal". La interpretación de este artículo, la mayoría de nuestros especialistas ]a ha hermanado con el artículo 107, fracción I y II, del mismo ordenamiento jurídico. "Art. 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que dictamine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: l. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; II. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobr<' el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare". De donde se infiere, que el órgano controlador es el poder judicial federal, a iniciativa del agraviado, protegiendo la justicia federal al peticionario. La ceguera jurídica no ha entendido que con esta interpretación irrestricla, el juicio de Amparo resulta infeliz, pues es claro que la acción de amparo protege al agraviado que impugnaba la violaci6n y no a ]a Constitución, quedando impune, con tal relaLividad, la conculcación a la ley máxima. Jorge Espinosa Samperio, calüica al juicio de Amparo, como "La aportación jurídica de México al devenir constante de la ciencia del Derecho". (La fianza y el juicio de Amparo, 1938. p. 5). Tena Ramírez dice: ''la institución más suya, la más noble y ejemplar del derecho mexicano". (Derecho Constitucional, p. 440). B) 320 CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS DE CONfROL. El tratadista Mario Peralta Méndez, en su obra La Constitución, sistema para su defensa {México, 1946. p. 33), en forma metodológica y completa nos clasifica de la siguiente manera lo5 sistemas de control o garantías constitucionales. Siguiéndolo, abordamos los más importantes: I.- POR EL ALCANCE DE SUS EFECTOS: a) Sistema de control con alcance general. b) Sistema de control con alcance particular. c) Sistema de control con alcance mixto. II.- POR LA NATURALEZA DEL ORGANO: a) Sistema de control por órgano político. b) Sistema de control por órgano neutro. c) Sistema de control por órgano jurisdiccional: de protección y de protección parcial. d) Sistema de control por órgano mixto. e) Sistema de control por órgano popular. I) SISTEMA DE CONI'ROL POR EL ALCANCE DE SUS EFECTOS: a) . Sistema de control con alcance general. En este sistema las declaraciones de inconstitucionalidad emitidas por el órgano a quien está encomendado el control surten efectos generales. Las declaraciones son emitidas ordinariamente a petición de la autoridad a quien lesiona la disposición impugnada. Pertenecen a este sistema la Constitución de Austria del lo. de Oct. de 1920, reformada por la ley constitucional federal de 7 de Diciembre de 1929, que prescribe en el artículo 140, inciso 3 y 4 que las resoluciones que dicte "la alta corte constitucional" al resolver sobre la constitucionalidad de leyes, tienen efectos generales y de anulación de la ley por ser inconstitucional. La mencionada Constitución, en cuanto al órgano, la encuadramos dentro del control jurisdiccional. b) . Sistema de control de alcance particular. En este Sistema el órgano encargado del control de la Constitución, su declara- 321 �SISTEMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL SISTEMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL .E.s cierto que el famoso juicio de ~paro es aportación va~i,osa de México al Derecho Público Internacional. Pero esa aportac10n pertenece al siglo pasado; hoy permanece anquilosado. De aquí, que lo que nos dice I. Rojas y F. Pascual García, acerca del amparo es literatura inane que tiende a engañar a incautos al establecer un símil: "águila gigantesca, que abre las alas en toda s~ magnitud y llega hasta las cumbres, desde donde puede ver hacia ahajo las nubes de las violaciones del derecho individual; encima sólo el sol de la humanidad y de la justicia, derramando sobre el mundo de la sociedad y del derecho su calor y su luz". (El Amparo y sus Reformas, 1907, p. 138). El exhibicionismo verbalista es ma• nifiesto. c). Sistema de control mixto. Se hace una de:laración general y particular. En este sistema encon!ramos eonJugadas, las características de los sistemas antes mencionados: El Austriaco de anulación general; y el mexicano de efectos partic~ares. En e~te sistema encuadramos el Art. 42 de la ley tributaria de garantías de España del 30 de Junio de 1933, que dice: "l.- Las sentencias que una ley no fue votada o promulga~a en la forI_Ila pres• crita por la Constitución o por el Estado reg10nal resp~ctlvo, pr~ducirán la total anulación de aquella, pero no afectaran a las situaciones jurídicas creadas durante su vigencia. 2.- ... Y las que resuelven sobre inconstitucionalida<l material, únicamente producirán efectos en el caso concreto que el recurso consulta". res públicos, le daríamos un dueño, que los encadenaría para poder guardarlos más fácilmente", (citado por Maurice Duverguer 0p. cit.). "Sin embargo, en el año VIII, Sieyés recordó su curia constitucionaria e hizo atribuir al Senado el poder de control de la constitucionalidad de las leyes. Heredero de ese Senado el Primer Imperio, el de 1852 se vio confiar la misma tarea. Tanto el uno como el otro cumplieron bastante mal tal cometido: no hay ni un solo ejemplo de leyes declaradas inconstitucionales por los Senados imperiales. Sin embargo, muchas de ellas fueron de hecho inconstitucionales. La Constitución francesa de 1946 estableció un control de la constitucionalidad muy débil y poco eficaz, que se inspira vagamente en Sieyés: El Comité constitucional que la ejerce es, en efecto, un órgano político del que los jueces no forman parte. En la constitución de 1958 el control del Consejo constitucional es mucho más eficaz; pero se ha puesto en duda su parcialidad". (Maurice Duverger. Op. cit., p. 232). 2) SISTEMA DE CONTROL POR LA NATURALEZA DEL ORGANO: a). Sistema de control de la constitucionalidad por un órgano político. En este sistema el encargado de conocer_ de la co~stitucionalidad de leyes es uno de los órganos establecidos, o bien se crea otro que, co~o afirma Duverguer, se coloca necesariamente por encima de ellas, "pero tal situación no puede ~er la del juez, el cual debe juzgar d~ acuerdo_ con las leyes, y n_o Juzgar las propias leyes. Tal ~ el pnme;.motivo que ha _con~uc1do encargar tal tarea a un organo políttco y no a un J~ez., Maunce DuveriTuer. Instituciones políticas y Dereclw Constitucional. p. 232). 0 Este sistema es atribuido a Sieyés que en el año III propusiera la creación de una "curia constitucionaria", "el proyecto fue rechazado por la intervención de Thioaudeau, que proveía el peligro de tal "curia constitucionaria": &e poder monstruoso lo sería todo en el Estado y, queriendo dar un guardián a los pode- ª. 322 El control político se desarrolla en el clima europeo. La competencia de controlar la Constitución pertenece al Legislativo Ejecutivo, o bien al órgano creado para el e:fecto, caso típico, el del Supremo Poder Conservador, establecido en México en 1836. El órgano político tiene la función de preservar la Constitución, pero la pen,ersión de sus fines es connatural a su estructura _po~ la falta de independencia, su obrar es movido por intereses po: líticos, sus efectos lógicos son de la misma índole. Su creación es inconveniente. El sistema de control constitucional de naturaleza política. en el desarrollo de nuestra historia encontramos la primera manifestación del control de la constitucionalidad en las llamadas siete leyes constitucionales de 1836 que crearon el "supremo poder conservador". En la primera ley se reconoce una serie de derechos individuales, garantizados indirectamente por la adopción de la fórmu1~ clásica de la división de poderes ( tercera y cuarta ley), la creación del "supremo poder conservador" órgano contralor político de la Constitución que como afirma Dn. Ramón Palacios, "el supremo P?der conservador, que no era responsable sino ante Dios y la opinión pública y que nunca podían ser juzgados o reconvenidos por sus opiniones". (segunda ley) que iuzgaba de la constitucionali- 323 �SISTEMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL SISTEMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL dad de cada poder a petición de alguno de los otros dos, cuya declaración de nulidad tenían efectos generales ( Art. 112, Fracc. I, II y III de la segunda ley). b) SISTEMA DE CONTROL POR ORGANO JUDICIAL: La justificación de este sistema estriba en la eficacia de la justicia. La serenidad le distingue. Su obrar es el ordenamiento jurídico. Dentro de este sistema encontramos la vía de acción o control directo y de vía de excepción o control indirecto. a). Control directo.En este sistema la ley o acto viciado de inconstitucionalidad, son impugnados a través de un procedimiento especial, con el propósito de anular o enervar la conculca~ión. En este sistema "se intenta un verdadero proceso judicial en relación con la ley, sea por particulares, sea por la autoridad pública. Si la ley se reconoce contraria a la Constitución, es anulada lisa y llanamente a todos los efectos y no solamente en relación con las partes en litigio. Tal es, especialmente, el sistema seguido en Suiza. Puede funcionar tanto ante los tribunales ordinarios como ante un tribunal especial". (Maurice Duverger. Ibid., p. 231). b). Sistúna de "control indirecto".- 324 En este sistema, no existe un procedimiento especial; la excepción de inconstitucionalidad se interpone en el juicio. El sistema de control por vía de excepción, nos dice Duverger, es aquel que "Supone un proceso entablado ante un tribunal especial". (Maurice Duverger. Ibid., p. 231). b) . Sistema de "control indirecto". En este sistema, no existe un procedimiento especial; la excepción de inconstitucionalidad se interpone en el juicio. El sistema de control por vía de excepción, nos dice Duverger, es aquel que "supone un proceso entablado ante un tribunal ordinario en el curso del cual aquel va a hacer aplicación de la ley litigiosa. Una de las partes sometidas al proceso puede entonces plantear una excepción de inconstitucionalidad pidiendo al tribunal que la ley no sea aplicada por ser contraria a la Constitución. Si el tribunal admite tal tesis, dejará inaplicada la ley en el proceso particular en el que la excepción ha sido planteada. Pero la ley no quedará anulada y podrá aplicarse eventualmente en otras hipótesis ( especialmente si se omite el planteamiento de la excepción de inconstitucionalidad). Este sistema es el que existe en Estados Unidos. Aparentemente es menos perfecto que el precedente, pero, en la práctica, llega a los mismos resultados". (Duverger. Ibid., pp. 231-232). . Disc~epamos con Duverger en su afirmación tajante de inclmr al sistema n?rt~a~er~cano en el de "control indirecto", porque la. ~structura JUn~~1cc1on~ en este país se conjuga con la vía de acc1on y de excepc1on. La unpugnación de inconstitucionalidad se logra en proceso ordinario, o ante la Corte Suprema originariamente. C) SUBDIVISION DEL SISTEMA JURISDICCIONAL SEGUN PERALTA MENDFZ. ' _D~~tro del sistema jurisdiccional, Peralta Méndez hace dos subd1v1s10nes: 1), Protección t?tal y, 2) Protección parcial. · 1): Proteccwn total. En este el medio de control protege en su totalidad a la Constitución. Hoy todavía se piensa que el Amparo proteg_e solamente los derechos del gobernado incluidos dentro del capitulo de "garantías individuales" otros afirman través del pr~ci~~o de legalidad, la acción' de amparo prot:: : toda la Constltuc10n. Ambas posturas fallan. Burgoa afirma: "El juicio de amparo, desde su creación hasta nuestr.?s. días, ha observa~o una notable evolución teleológica que lo d1strngue en la actualidad como el medio más perfecto de tutela constitucional. Su objetivo de preservación se ha ido ensanchando hasta convertirlo en un elemento jurídico de protección a todo el orden establecido por la ley fundamental ... " (El Juicio d~ Amparo. p. 152). Más adelante rúbrica: la finalidad del juicio de amparo, "extiende su tutela a toda la Constitución a través ~e la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 según diJimos" (p. 154). ' ?is~repamos del criterio de Burgoa por existir disposiciones co~st~t_i1c10nales expresas, que niegan la protección total. Su transcnpc10n obedece a la eliminación de dudas: ARTICULO 3o., Frac. Il: "Los partlcu . 1ares podrán impartir educación en todos sus tipos Y gr~dos. Pero por lo que concierne a la educación primaria secundana y norm~l y a la d~ cualquier tipo O grado, destinada ; obreros ! a ~~pesmos deberan obtener previamente, en cada caso, la _uatonzac1on expresa del poder público. Dicha autorización podra.~r. negada o revocada, sin que contra tales resoluciones proceda Jmc10 o recurso alguno". 325 �326 SISTEMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL SISTEMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL Frac. V: "El Estado podrá retirar, discrecionalmente, en cualquier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles particulares". ARTICULO 27, Frac. XIV: "Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o aguas que se hubiesen dictado en favor de los pueblos, o que en lo futuro se dictaren, no tendrán ningún derecho, ni recurso legal ordinario, ni podrán promover el juicio de amparo'. ARTICULO 33: "Son extranjeros los que no posean las calidades determina• das en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el Capítulo 1, Título Primero, de la presente Constitución; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de jui• cio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. Los extranjeros no podrán, de ninguna manera, inmiscuirse en los asuntos políticos del país". lidad de las leyes o actos. . , S~ error originario y heterogéneo, es fruto de la· interpretac10n aislada del texto del artículo 133 constitucional. . . El sist~ma de control constitucional en cuanto al órgano y al med10 es diferente al argentino; la fuente de éste es la Constitución estadounidense; en este tópico la nuestra se aparta. De aquí ~rror fundamental del Dr. Guiuliani Fonrouge al establecer la s1miltud entre el artículo 133 de nuestro ordenamiento y el artícu1~ 31 d~ la Constitución argentina. En nuestro sistema jurídico dicho articulo quebranta el sistema federal, mientras que el artículo 31 del ordenamiento constitucional argentino sí se compagina con el sistema jurídico. El jurista argentino dice: "El artículo 31 no e~ u~a norm:1 ais]ada, sino parte integrante de un conjunto armóruco . (Revista de la Escuela Nac. de Jurisprudencia,, No. 18-1920, T. V. Abril-Diciembre 1943. p. 122). Concluimos parafraseando las palabras del citado jurista, pa~a resalt~r el ori~en de su error Fraga, Martínez Báez, (posición rntermedia), Carn1lo Flores, y el radical Matos Escobedo. El artículo 133 de ]a ley fundamental de México es una norma aislada, y no es parte integrante de un conjunto armónico. ARTICULO 60: "Cada Cámara calificará las elecciones de sus miembros y resolverá las dudas que hubiese sobre ellas. Su resolución será definitiva e inatacable". En nuestro sistema no encontramos precepto semejante a la Constitución panameña y colombiana: "A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución". 2) . Protección parcial: En este sistema incluimos a nuestro juicio de Amparo. Este estudio servirá de premisa para dilucidar un problema candente y aún con actualidad. El problema se originó con la ponencia del ex-ministro Gahino Fraga; en torno a él nacen los estudios minuciosos de Martínez Báez y Carrillo Flores, un estudio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y del argentino Dr. Carlos M. Guiuliani Fonrouge: "Facultad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes". F.atudio que hiciera eco contundente en nuestros tratadistas, principalmente en Dn. Rafael Matos Escobedo, que con insistencia lo citara en su apoyo. El doctor argentino y Matos Escobedo no se explican la razón, de por qué el órgano judicial federal, a través del juicio de Amparo, sea el único competente para declarar la inconstituciona- CONCLUSION.Los sistemas nucleares de control respecto al órgano y a los efectos, son el concentrado y el difuso. El sistema concentrado existe en Austria, Alemania Federal Italia, etc. La den?m~ación de concentrado atiende al órgano (Su: prema Corte Conshtuc1onal), el que resuelve el conflicto de inconstitucionalid~d c?n efecto erga omnes. La resolución dictada por la Corte Conslltuc1onal destruye la "presunción de validez" que los demás titula:es del órgano judicial tuvieron que aceptar. F.n el Sistema concentrado Austríaco, en cuanto al medio tiene un carácter de vía principal; es un proceso constitucionai específico y autónomo. ' ,~l sistema c~ntrol difuso es l~amado por su origen, "Americ:1no . En este sitema todos los mtegrantes del órgano judicial t~enen un poder-deber de resolver el conflicto de inconstitucionahdad de Leyes. El .~edio ~e control es en vía incidental, y los efectos d~ la_ ;esoluc10n son. mter-partes, bien sea de su aplicación o desaphcac1on de la ley tildada de inconstitucwnaUdad. . ,En est~ aspecto relativo a los efectos de aplicación O desaplicac10n mamfestamos nuestra simpatía; lo contrario equivale a una e! 327 �SISTEMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL transmutación de invasión de poderes, como lo demostramos cobijándonos en la autoridad intelectual del Maestro J. Ramón Palacios, jurista que enfáticamente ha negado que la jurisprudencia tenga el carácter de derecho. En su obra: Suprema Corte y Leyes lnconstitucwnales", nos señala la causa del error de quienes conceden a la Jurisprudencia valor de fuente de Derecho. "La Jurisprudencia no deroga la ley y pensar lo contrario es propio de un !am~ntable d~onocimiento de nuestra tradición y estructura constituc1onales, as1 como d~_ la naturaleza de la interpelación jurídica; interpretar la Ley es f11ar su sentido", señalaba la Honorable Corte en el fallo del Tomo CXXV, Pág. 1,686 del Semanario Judicial de la Federación: Estábamos pues afiliados, no a la tradición norteamericana, smo a la tradición francesa, española -anterior a 1931- e italiana, que en las Cortes de Casación en la jurisprudencia consolidada, ínter• pretan y provocan a lo sumo la casación por infracción de la jurisprudencia; no la derogación de la Le~. Las invocacio?es expr~sas de Rejón, Arriaga y Mata, ya c~noc1das, que se pusieron b?Jº la advocación del sistema norteamericano, en que las leyes caenan a golpes redoblados de jurisprudencia, no tenían sino sentido retórico, pero no jurídico. Los autores de las normas (Arts. 100, 101; 96 de la Carta de 1857), repartirían sin razón y sin sentido las tesis que ya para entonces formaban parte del patrimonio democrático constitucional de EE. UU. Diríamos en cambio, que a gol• pes redoblados de la Jurispr~d~ncia no ~uede~ preveer ~~s leyes inconstitucionales, porque la Jurisprudencia es mterpretac1on y no derogación de la Ley". Op. cit., p. 39 y 55. La jurisprudencia no otorga derechos, no crea situaciones jurídicas. 328 El Administrativista Argentino Rafael Bielsa afirma: "El po• der es declarar la inconstitucionalidad de una Ley que no es un poder superior al del legislador, ni siquiera al colegislador; no es un poder de "revisión", stricto sensu: lo. porque la constitución n? subordina la validez ni la fuerza ejecutoria de una ley a la decisión previa del poder judicial; 2o. porque el poder judicial no procede "de oficio", sino a petición de parte: 3o. porque es necesario, además el caso concreto: los tribunales no se pronuncian en cuestiones abstractas; 4o. porque la decisión del tribunal que declara inconstitucional a la Ley, no extingue ni enerva a ésta: sólo la declara inaplicable en el caso juzgado". (La protección constitucional y el recurso extraordinario. Jurisdicción de la Corte Su- SISTEMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL prema. Buenos Aires, 1958). La Jurisprudencia de Nuestro Derecho no es fuente de Derecho, el serlo quebr~ta la clásica fórmula de la división de poderes. En nuestro sistema los efectos de la Jurisprudencia se reducen al quejoso ( artículo 107 Constitucional Fracción II 80 y 106 de la Ley Reglam~ntaria del Juicio de Amparo). ' ' Es facultad exclusiva del Congreso la interpretación con efectos generales, principio consagrado expresamente en el artículo 72 inciso f, de la Constitución General de la República. La H. Suprema Corte no anula la ley. Su función esencial e_s c~nfro?tar l.a le! con la Constitución, la declaración de inconstitu~1onalid3:d unp~ca desaplicación de la ley al caso concreto, pero s1g_ue temend? vigor, ya que, cualquier juzgador puede volverla .a. aplicar. En ~m! los poderes deben ajustar sus actos a sus propias es~eras delimitadas, así como el Poder Judicial no puede crear l~yes m anularlas (puede anular actos jurídicos individuales, por eJemplo los contratos). _El jurista Alemán James Goldschmidt, acota: "Hay quienes con~1dera~ el fallo judicial como una lex specialis. Pero si esta teona tuviera fundamento, la ley no sería más que un plan un pror,ecto ~el_ ~rden jurídico, y el juez sería el verdadero le¡islador ( Principios generales del Proceso, p. 41). .Jorge Ga;nola, no obstante los fuertes principios anotados, cons~dera, basandose en la suplencia de la queja, que la jurisprudencia es fuente de Derecho público y privado. El principio de la relatividad de las sentencias, o sea la "fórmula de Otero" no se destruye, porque las ejecutorias no pueden tener declaración generan, solamente la jurisprudencia opera "erga omnes". Lo asentado según Gaxiola, no constituye un auto control de la Constitucionalidad de la ley, porque la autoridad no examina la dudosa constitucionalidad, sino que se limita a acatar la jurisprudencia. Rafael Bielsa afirma: "El servilismo a la autoridad que obra fuera de la ley, es el mejor agente de la ruina de ésta". Nuestra Ley_ S~prema e~presamente establece diques insuperables, para que la 1unsprudenc1a del Alto Colegio surta efectos generales, aceptarlo apunta en contra de la división de funciones y de poderes. ~uando. a t~avés de la suplencia de la queja, la ley es declarada mconshtuc1onal, ello no implica la anulación o abrogación de la ley, lo asentado es llamado por los argentinos "Casación Constitucional". 329 �SISTEMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL La Corte Suprema actúa a petición de parte, resuelve sobre la litis, de ahí que sus efectos sean inter partes y en consecuencia, sin efectos generales la decisión de la Corte; si no fuese así el Congreso constituiría una nueva y última constancia judicial". (Bielsa, Op. cit., p. 50). En el sistema de control por Organo Mixto queda perfecta• mente encuadrado nuestro medio de control, por tener características de recurso y juicio. La declaración de inconstitucionalidad puede estar prec~dida del funci_o~a.miento de la ~a in~identa~ , o principal, es decir, hay dos posib~~1dade~: a traves la ,;1cc1on de la inconstitucionalidad de leyes o, bien por mecho del recurso de inconstitucionalidad". Es co'stumbre en la mayoría de nuestros tratadistas y especialistas considerar a nuestro sistema de control referente al órgano, encuadrado en el sistema difu~o. El error heterogéneo, es fruto de interpretaciones erróneas y literales del texto del ~rt1~ulo 133 de la Constitución, que establece un recurso de constitucionalidad. . N"uestro sistema de control es de alcances singulares, estima• ción pacífica en la mayoría de nuestros especialistas; afirmación basada en la interpretación y conjugación de los artículo~ l~~ fracciones I, II y 111, y 107 fracciones I y II de la Conslltuc1on. JORGE VILLEGAS NUÑEZ ?e Las fracciones II y III del artículo 103 constitucional han sido víctimas de interpretaciones sofisticadas y de consideraciones políticas. La protección del agraviado que ha impugnado la violación deja en blanco el resto de la Constitución, relegándose el régimen federal e implantándose el centralismo de hecho y derecho, al ser saqueada la autonomía legislativa. Los representantes del Poder Federal y Local, olvidan que el Derecho Público se presenta hermanado de una constante dinámica, ignorar la dialéctica que es la que demuestra el desarrollo de las sociedades, es seguir aferrados negando el derecho de defender a las Entidades federativas, el ámbito de su competencia expresamente señalado por la Constitución; es decir, es soterrar el juicio genuinamente constitucional. En fin, es encadenar a la ciencia. 330 LOS MEDIOS COLECTIVOS DE COMUNICACION D OS NOTICIAS EXTRANJERAS MERECIERON LA ATENCIÓN exa?~rada de la prensa mexicana en 1973: El escándalo pohtic~ de :V"atergate y la rebelión india de Wounded Knee. Ambas historias constituyen el testimonio más evidente del auge Y esplendor pero también de la debilidad e inconsistencia de ]a prensa. En el caso Watergate, periodistas tenaces y con alto sentido ~e la respo~sabi_lidad, sacaron a la luz el mayor escándalo políflco en la h~stona norte~mericana. Insultados, espiados y amenazados, desafiaron la funa de un presidente y pusieron a las puer!ªs d~ la Ca_sa Blanca las evidencias incontrovertibles de espionajes, d1famac1ones, fraudes y escamoteo de donativos. • Pocas veces conoció el periodismo días de igual gloria. El c~rr~sponsal extran~er? y el reportero de la fuente municipal del ~1ano de Tol~ca . s1~beron sobre sus sienes los laureles compartidos; y los ed1tonahstas evocaron, solemnemente, la lapidaria fra. se de Burke referida a los periodistas: "Vosotros sois el Cuarto Poder". U . LI~. Jorge :viuegas, ei:resado de la Pacultad de Derecho y 'clencia.s Sociales de 1 Autünoma de Nuevo León y actualmente director de la carrera. de Licenciado & ennivers1dad Cl M enclas de la Comunicaclé;n del Instituto TecnoJógjco y de Estudios Superiores d.e ont.errey, Ha trabajado en dlariO& y oLras publlcactones desde 1957, �LOS MEDIOS COLECTIVOS DE COMUNICACIÓN La mayoría de los ufanos periodistas prefirieron soslayar el hecho de que, originalmente, fueron apenas 14 _los reporteros ! editorialistas que tuvieron las agallas para desafiar la verdad ~~1cial; y la disciplina profesional para instruroe_ntar cada ~c~sac10n suya con pruebas, testimonios y docuro~ntos digno~ ?e cred1to. Millares de periodistas norteamericanos prefmeron aceptar, sin más, la explicación oficial sobre Watergate: "Un caso ?olicial, sin intervención de la Casa "Blanca", dada por el ro1sroo Presidente Nixon. y es más nutrido el número de periodistas, fuera de lo~ Estados Unidos, que se sintieron transportados en el ca;1"o. de tn~o de Watergate pero que siguieron avalando con .s~ mdiíer~~c1a o su chapucería, fraudes y delitos cometidos po~ ~P-1tares, m1mstros, alcaldes, y gendarmes de punto, no e? un edif1c10 de departamen• tos de Washington, sino en sus propias fuentes, en las que reco• gen diariamente el boletín oficioso. . La "Rebelión India" de Wounded Knee, por el contrario, exhibió los mayores defectos de la prensa norteamericana: Su po~erosa capacidad para inventar redentores y líderes Y su obsequiosidad para magnificar causas efímeras. Todo empezó cuando un grupo de militares resolvió. ~rroar una protesta espectacular -circense-- para llamar la atenc1on popular hacia la causa de los indios. 332 Con minuciosidad prestada por Hollywood escogieron el escenario: sería en Wounded Knee, una reservación india vuelta a la popularidad por un libro de éxito. (Dee Brown: Bury my hearth at Wounded Knee"). Para obsequio de los medios informativos emularían danzas ~élicas de sus antepasados, destrozarían teatralmente los rollos de Viejos acuerdos rotos por los blancos y tomarían rehenes. . . Luego llegaron los reporteros a Wounded Knee ... Y, dec1d1eron que la farsa fuera verídica, echaron a volar la_ fa~tas1a ! ~ol• vieron el reloj un siglo atrás para beber de roroantlcas cromcas de rebeliones indias ya olvidadas. Escandalizaron pues al mundo diciéndole que aún quedaban indios en rebelión abierta contra el hombre blan~;. aceptaron, CO• mo legítimos, escenas montadas teatralmente ~ d~c1ero~ _aparecer como jefes guerreros, corno líderes tribales, a m 10~ activistas que venían de Nueva York o de Detroit, que no sab1an armar una tienda ni distinguir un sioux de un mohawk. LOS MEDIOS COLECTIVOS DE COMUNICACIÓN No cabe duda que los indios han sido despojados; que son víctimas del abandono oficial; que son un pueblo amenazado de extinción; pero unos exhibicionistas y unos reporteros ávidos de noticias, echaron a pique la buena causa; el show efímero se prolongó por ocho semanas, la sangre corrió estérilmente en Wounded Knee y los periodistas, contritos, tuvieron que hacer examen de conciencia, asustados como el aprendiz de brujo que desató fuerzas que no pudo contener. _lln examen de conciencia que halla su mejor portavoz en Tern Schultz,_ reportero del Chicago Tribune quien afirma que en esa polvorienta reservación se escribieron ''historias" de batallas sin gloria, de héroes sin braviira, de romanticismo obnubilado. "Los reporteros -añade Terri- destrozaron las noticias, lanzaron sus pedazos al aire y las recrearon, conforme caían, a su arbitrio. Estiramos los hechos, limamos las aristas, maquillamos los lunares, con tal de falsear el cuadro. . . Escribimos --concluye- cándidas historias de indios y cowboys porque creímos que eso era lo que quería el público, y porque creímos que no haría daño a nadie, aún cuando no fueran verdaderas •.. ". En Wounded Knee, los periodistas manipularon la realidad y abusaron del mandato tácito de los lectores. En Watergate, en cam• bio, hubo periodistas que mostraron mayor celo que sus colegas y que el público mismo y así cumplieron con su misión de salvaguardas de la moral pública ••• * * * Proezas y miserias de una profesión cuyos modestos orígenes no presagiaban su importancia social actual. 11- HISTORIA DE LA INFORMACION Hablemos ahora de esos orígenes para tratar de satisfacer una primera interrogante: ¿ Qué son los medios de comunicación? Referidos, en nuestro caso, a la prensa escrita. Con más imaginación que exactitud, muchos han querido ubicar los orígenes del fenómeno informativo --del periodismo- en tiempos inmemoriales. Tratan, en realidad, de hallar curiosos paralelos entre usos y oficios antiquísimos y el carácter informativo del periodismo. Voltaire, por ejemplo, atribuía la invención de la prensa y del periódico a los chinos en una era por demás remota. El historiador judío Flavio Josefo, juzgaba como periodistas 333 �334 LOS MEDIOS COLECTIVOS DE COMUNICACIÓN LOS MEDIOS COLECTIVOS DE COMUNICACIÓN a los historiógrafos que, en Babilonia, escribían día a día los apun• tes históricos de lo que sucedía. Le Clerc atribuye el carácter de periódicos a los acta diurna que informaban a los romanos cada día lo que Julio César quería que el pueblo supiera. Xo se trata, en todos los casos, sino de ingeniosas similitudes que prefieren ignorar la diferencia entre la información como un hecho, de la información como un proceso de comunicación de noticias, de interés colectivo y por medios masivos. Aceptemos, en cambio, que esos acta diurna, el intercambio de noticias en el ágora griego y las crónicas orales de peregrinos y juglares son antecedentes de la información en su sentido actual. En todos los casos, la noticia se limitaba a reflejar la realidad de una comunidad L'lcipiente y doméstica y se mantiene en un lenguaje elemental; hasta la aparición de las gacetas venecianas, más mundanas y con información provista por navegantes y comerciantes. Ya en 1632, la Gazzete de Renaudot, con un servicio de corresponsales bien organizado y gracias al correo de postas, enrique• ció su contenido noticioso, con las limitaciones de una sociedad poco evolucionada y que no producía lo que hoy llamamos "noticias duras" salvo en casos de guerras y pestes. teniendo que hacer, tienta fortuna fundando un periódico. Con el cerebro vacío, sin ideas ni visión, acude a algún café para recoge; los rumore~ que correh, l~s inculpaciones de los enemigos públicos; las que3as de los patriotas, los lamentos de los infortunados; vuelve con la ca~eza_ ll:na de todo ese fárrago, que vuelca sobre el papel, y al d1a s1gmente lleva a la imprenta, para regalo de los tontos que cometen la imbecilidad de comprarlo. He aquí el retrato de 19 entre 20 de esos señores".2 Periodistas de esa calaña y otros de la categoría de Marat alentaron la orgía de sangre y libertinaje, calumniaron y vejaron' clamaron por el verdugo y murieron víctimas de las pasiones po; e!los desatadas. Pero el saldo positivo fue la consagración de ia hbe1tad de prensa, como derecho fundamental del homb re. Mien!ras el periodismo alcanzaba sus mayores cumbres y sus pe~res abismos en Francia, otra revolución, incruenta y positiva, tema lugar en Inglaterra. , J ohn Walke~ funda en 1785 lo que tres años más tarde !e• na el London Tzmes, que alcanzaría pronto su prestigio ( aún vigente) ' de ser el mejor periódico, el más veraz y el más serio d l mundo. e , conte A ,diferencia l r·de los periódicos franceses y de 1O! demas mporaneos, e zmes proclamó su propósito de informar honr d.damente, a la . op~ion, · · ' sm · matJ.zar · l os sucesos con las tintas de a1 eo1og1a partidaria. En~re las muchas ~ovacio~es de las que fue precursor el Times .~sta la de_ h~er sido el prunero en aplicar el vapor a la impr~s10n de penód1cos, con lo que la prensa pudo propagar su mensa1e a mayor velocidad. . Cada vez se hicieron prensas más veloces y los avances en los me~~º~ de transporte y tm correo más eficiente, permitieron a los penod1~s crecer en número y fortaleza. . . pero también sus costos subieron a niveles prohibitivos. Fue un fr:i,ncés, Emile. G~rardin, quien creó el periódico bar~to; por un sunple proced1ID1ento que parecía abominable a los 0 Jos de s~s colegas: ponerse ya no al servicio del político, sino del anunciante. " En ~~36, con un~ visión asombrosa, Girardin afirmaba que la puhhc1dad comercial pagará por el lector. Colmará la difer~nc1a entre el casto de un ejemplar y su precio de venta deficitario. Cuanto más bajo sea ese precio de venta -decía- y más ele- Pero la prensa adquirió su mayoría de edad en la Revolu• ción Francesa. Y pagó con creces tal contribución. Junto a periodistas extraordinarios -polemistas, dialécticos, ideólogos y políticos- surgió una fauna de arribistas y demagogos. Tintas sombrías y patibularias maculan aquel periodismo. Mirabeu, en 1788, escribía: -'El verdadero remedio contra estos males sociáles, es la libertad de prensa. Nacida del arte tutelar de la imprenta, este depósito imperecedero del conocimiento humano, que debe ser el consuelo de los sabios, la luz de lo! pueblos y el terror de los tiranos ... ".1 · Gn año después, las rudimentarias prensas de la época no se dan abasto para echar título tras título. Sólo entre mayo de 1789 y mayo de 1793, Francia tuvo más de un millar de periódicos -a razón de uno nuevo cada día y medio. De la calidad de muchos de esos periódicos y de sus autores nos habla con elocuencia Marat: "E.s una cosa graciosa el oficio de periodista entre nosotros. Un sujeto cualquiera que haya rimado una ñoñez o suministrado un mal artículo a la Gazzete, no 335 �LOS :\JEDIOS COLECTIVOS DE CO:\tUNICACIÓN vado el número de ejemplares que se tiren, más cara se pagará la publicidad".3 Sentó así Girardin las premisas del periodismo moderno, esa mezcla de literatura, gran información y publicidad. * * * Liberada de la servidumbre ideológica, cada vez más noticio• sa y menos parcial, la prensa escrita se apoyó en la publicidad para convertirse en un negocio capaz de generar ganancias. Ganancias que a su vez le permitieron asimilar en sus plantas las grandes invenciones del Siglo Diecinueve. El daguerrotipo y la fotografía volvieron más agractivas las páginas del periódico, el ferrocarril acelera los envíos y el telégrafo permite la rápida transmisión de la noticia. El teléfono, invenlado en 1876, revolucionará a los diarios: las noticias se tornarán instantáneas, la información llegará hasta el lector con la oportunidad suficiente para que asuma una actitud ante los eventos noticiosos y así los pueda modificar al manifestar oportunamente su inconformidad, adhesión o franco rechazo. La prensa, pues, se convierte en información y portadora de la opinión pública. ::\acieron en el Siglo Diecinueve las agencias de noticias, ver• <laderos "mayoristas de la información", las grandes cadenas de prensa y el cáncer llamado periodismo amarillista. Con el Siglo Veinte, llegamos al periodismo informativo de grandes vuelos, rico en novedades, poderoso en alcance, masivo en su jurisdicción. Para que existiera, necesitaron conjugarse, como ya vimos "la libertad de prensa", el progreso de las comunicaciones, el periodismo de empresa y la revolución industrial del siglo pasado". Para satisfacer la curiosidad de millones de lectores, los periódicos de hoy exigen a las agencias informativas noticias de to• do el orbe. Noticias que han de estar escritas sin prejuicio ni subjetividad si han de servir igual para el lector mexicano que para el japonés o el británico. Además, para servir por encima de banderías a un público masivo, la información tiene que ser neutra, objetiva, balanceada. * 336 * * Pero la noticia, por sí sola, no basta. Los diarios han de llenar sus páginas con la interpretación del suceso, con material de entretenimiento y con avisos útiles. LOS :\IEDIOS COLECTIVOS DE COMUNICACIÓN Y aquí ya respondemos a la pregunta de cómo funciona la prensa. Salvo contadas excepciones, ningún periódico puede satisfacer la curiosidad insaciable de sus lectores con sus corresponsales propios. Tiene que apelar, por tanto, a los servicios de las grandes agencias informativas. Lo que implica aceptar y avalar la verdad en la versión de un corresponsal alejado, anónimo, sin responsabilidad directa ante el diario. Si han de entretener al lector, los diarios han de proveerlo con tiras cómicas, columnas deportivas o sobre pasatiempos. Tampoco pueden tener un equipo humano tan variado y hábil para satisfacer esa necesidad. Tiene entonces que aduirqir servicios de ~rganizaci~n.es_ internacionales_ <J?~ venden. columnas y pasatiempos mocuos, dmg1dos a un ser f1cuc10 que Uene gustos simples. En el área de su alcance inmediato, el periódico puede simular que cubre todo el territorio, en superficie y profundidad, pero eso no dejará de ser una mentira piadosa; la complejidad del mundo político, la especialización del campo científico, la reserva en que se mueven los asuntos privados sólo le permiten rozar la verdad. Tiene que conformarse entonces Ja prensa con la versión que la propia fuente elabora, con la verdad oficial pregonada en el boletín noticioso o en la rueda de prensa. . P~r. otra parte, para servir a sus lectores, el periódico del S!glo \ e~te ha de elaborar un producto subsidiado por el anunc1an~e~ visto el costo prohibitivo del acopio mundial de noticias y sen1c1os y de la producción y circulación del diario. Para ser atractivo al anunciante, finalmente, el periódico tiene. q_ue demostrar su poder de penetración social; por ello ha de aqm_na~ y de o~sequiar los gustos y las opiniones masivas para mult1phcar el numero de sus ejemplares en circulación. , . Tal es el yeriódico de nuestr~ época: un artículo caro de prooucu, necesariamente despersonalizado en su confección, conserva• dor por instinto de conservación, distribuido a un precio artificial deficitario. ' * * * Examinemos ya cómo influye sobre el individuo ese periódico! ¿,Lo enajena o lo estimula? Según el periodista español Jorge Raúl Calvo\ "la curiosidad de ayer, que predisponía a enterarse de la miscelánea de la vida, 337 �LOS l\IEDIOS COLECTIVOS DE COMUNICACIÓN se ha trocado en la necesidad de hoy, ya que {el lector) trata de lograr, mediante la información, una ubicación, anónima o trascendente, pero siempre indispensable, en el medio social". Roger Clausse, a su vez, en su Sociología de la lnformación afirma que esa necesidad social de información se toma más impe riosa en tanto la sociedad se complica más. . . "el hombre, aislado en el seno de colectividades abstractas que se diluyen en las masas. amenazados por todos los ángulos y, sin embargo, solidario con sus semejantes, conocidos o desconocidos, cercanos o lejanos, este hombre deshumanizado y desarmado, busca en el conocimiento de los acontecimientos, no solamente un arma contra las amenazas, 1 sino también un refugio contra el aislamiento y el tedio". Si la prensa tiene los satisfactores para tal necesidad social, su poder de influencia colectiva es portentoso. Si añadimos la profundidad de su mensaje ( en oposición a la superficialidad del mensaje de los medios electrónicos), la perdurabilidad de sus efectos. su estímulo a la reflexión; todas esas virtudes, entonces, parecen delinear a la prensa como el medio idóneo para el cambw social, para la revolución de las costumbres y de las estructuras. 338 Sin embargo, no es tan sencil1o ni diáfano como parece el papel revolucionario de la prensa. Sucede que, & despecho de la intención y el propósito del periodista, el público lector, censor último de la información, tiende a seleccionar y a filtrar los mensar jes, buscando en ellos el apoyo a sus convicciones, a sus actitudes ) a su comportamiento. Esa selección de los mensajes la encuentra Jorge Xifra Heras -teórico español de la información'- en tres niveles: a) Existe, ante todo, una selección m la percepción de la información: las noticias que el lector busca son las que afectan directamente a sus gustos o que contribuyen a reforzar sus valores e intereses. Por eso los acontecimientos locales nos des• piertan un deseo de información mayor que los lejanos. b) "La selectividad opera también en la retención o memorización de los mensajes informativos". Las personas tiende~ a recordar aquello que apo_ra sus puntos de vista y a olvidar aquello que los contradice. La memoria opera como un filtro que nos hace recordar lo agradable y lo bueno y olvidar lo adverso. c) "Finalmente, existe una selección interpretativa, que tiende a alterar el contenido de los mensajes opuestos a las preferen- LOS :MEDIOS COLECTIVOS DE COMUNICACIÓN cías o simpatías del receptor, invirtiendo incluso en algunos casos su significado". . Yista _esa selección en la percepción, en la retención y en la ;~lerpreta~ión. del me~saje periodístico, concluye Xifra Heras que los medios informativos in/luyen sólo en el sentido que interesa a sus públicos". Por supuesto, el autor citado admite que hay muchos otros factores. psicoló~~cos y socio;ógicos que condicionan la recepción de la mformac1on; pero hastenos lo expuesto hasta aquí para comprender por qué la prensa procura ofrecer una información que no provoque la desaprobación o el rechazo del público, porqué procura divulgar lo que ya está aceptado generalmente y porqué es rehacía a promover innovaciones. No es fatal, sin embargo, esa vocación conservadora de la prensa; a medio y a largo plazo -y aquí nos adherimos a la tesis de Xifra Her~s: "el permanente latigazo de la palabra escrita, apo• rada por la imagen electrónica, contribuye a modificar el mundo de los valores y de los esquemas culturales".7 Esta influencia "opera al máximo cuando no somos conscientes de su presión y cuando se desarrolla en un contexto que merece nuestra aprobación". Esto es, cuando se nos da la medicina envuelta en el dulce acostumbrado. La enajenación que produce la prensa sobre el individuo en conclusión, no es sino el reflejo de los factores enajenantes 'que preexisten en la sociedad. Pue~e, ~~ embargo, ~esultar un factor estimulante Ja prensa sobre el md1v1duo, pero siempre y cuando no intente avanzar a grandes zancadas que la radicalicen y aislen de la opinión reinante. * • * Xos planteamos ahora lma última interrogante: ¿Qué puede h~cer el lector ante la prensa? ¿Cuál es su responsabilidad individual frente a ella? Pero veamos primero qué es lo que no debemos hacer como lectores: -:.\o tiremos piedras a la fachada de los diarios que nos irritan: o están at~ndiendo en su política editorial a la doctrina aceptada por la sociedad -y entonces nuestras piedras van mal dirigidasº están defendiendo plataformas exóticas que les valdrán automá• ticamente el aislamiento social y la péFdida de influencia. -Xo nos sentemos a esperar que los cambios profundos los 339 �LOS MEDIOS COLECTIVOS DE COMUNICACIÓN LOS l\1EDIOS COLECTIVOS DE COMUNICACIÓN promueYa la prensa en la sociedad. No es su papel ni tiene el poder para hacerlo. -Xo esperemos que la prensa adivine o intuya los cambios de rumbo de la sociedad; hagámoslos de su conocimiento para que atienda al viraje. NOTAS BIBLICGRAFICAS ¿Qué podemos hacer, en cambio? Romper los esquemas selectivos comunes y atender a la información de cualquier signo. Buscar conscientemente lo polemístico, lo que pone en entredicho nuestros conceptos, lo que nos incumbe como ciudadanos del mundo, no sólo de una limitda provincia. Debemos respaldar toda intención de cambio de la prensa, comunicando al editor nuestra aprobación. Si el periodista ve que es aceptado su mensaje, si puede apreciarlo palpablemente en el correo que recibe, en los telefonemas que escucha, estará más dispuesto a seguir revisando sus caminos. Si queremos aligerar igualmente la carga de las presiones externas sobre el periodista, aceptemos el precio real del periódico y limitemos los alcances del patrocinio del anunciante y por ende su influencia sobre la política editorial. Reflexionemos en que loi; defectos que detectamos en la pren• sa son, en su mayoría, impuestos, reflejado, o contagia.dos por la sociedad. Ayúdemos a combatirlos en el área social en que nos desenvolvemos y estaremos ayudando a erradicarlos de la prensa. Porque -y aquí nuestra última reflexión- ¿se imagin'<l usted lo que hubiera pasado en otros países, de costumbres más disolutas, con un asunto como el del espionaje en Watergate? ¿ Qué tal si el sereno se hubiera "impresionado" con las credenciales de la Casa Blanca de los espías? ¿Qué tal si los policías que acudieron a las oficinas espiadas hubieran aceptado soborno? ¿Qué hubiera pasado si el Juez Sirica se hubiera doblegado ante insinuaciones del ejecutivo y hubiera aceptado como buenas las confesiones de los siete testaferros? No hubiera pasado nada. Estaríamos ante una No-noticia que ningún periódico podría publicar sin riesgos de un juicio por difamación. Con lo que, después de tan largo rodeo, concluimos con la muy familiar paráfrasis de: "Los lectores -los pueblos- tiene los periódicos que merecen ... ". l. Cit~do por J~sé Altabella en "Quince Etapas Estelares de la H" tona del Periodismo": Encic!op~dia del Periodismo Ed N is 1966 (Págs. 689 y 690) . · • oguer, 2. ldem. (Pág. 690). 3. lbidem. (Pág. 698). 4. Jorge ~aúl Calvo. Periodismo para nuestro Tiempo. Librería de las Naciones, 1970. 5. Roger Clausse. Sociología de la Información. Ed. Ciespal, 1963. 6. Jorge Xifra H~ras. La Información; análisis de una Libertad Fruetrada. Ed. Hispano Europea, 1972. (Págs. 244, 245 y 246). 7. ldem. (Pág. 251). �JE.SUS RAMONES SALDAÑA LA NECESIDAD DE UN MEDIO COLECTIVO DE TRANSPORTE EN EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY . U NA ÁREA COMO MONTERREY QUE SE EXTIENDE Y AGit;ANTA hasta llegar a la falda de los cerros que le rodean y sigue en busca de nuevos espacios donde vivir, encara una serie de problemas, como: la vivienda, los servicios de educación, salubridad, higiene, agua, electricidad, transporte, etc. Muchos de estos servicios son básicos y se atienden de acuerdo con los recursos existentes; sin embargo, hay uno que está íntimamente ligado con la fuerza productiva y que no se le ha vi• gil a do en forma debida, éste es: Los Transportes. Si, en un área como Monterrey en que las fábricas tienden a concentrarse fuera de los límites del municipio ( San Nicolás de los Garza, Garza García, Santa Catarina y Guadalupe) el factor tiempo para el empresario y para el obrero es fundamental. Para el primero, la pérdida de tiempo se traduce en trastornos y bajas en la producción y para el segundo, en la merma de su sueldo o en la pérdida de su empleo. Ante la imposibilidad de contar cada individuo o jefe de Lic. Jesús Ramone;i Saldaiia, catedrático de la. Paeulla.d de Derecho e Investtndor del Cent~o de Investieaclones Económlca.s de la Unviersldad Autai.oma. de Nuevo LecSo. �LA !'íECESll)AD DE UN .M EDIO COLECTIVO DE TRANSPORTE familia con un medio de transporte individual ya sea automó\'il, motocicleta, bicicleta u otro, siempre se piensa en el transporte colectivo como el medio adecuado para resolver el problema del traslado de la persona de un lado a otro. La cifra del promedio de automóviles en Monterrey por cada mil habitantes es de 32 vehículos; un dato muy elocuente del número tan reducido de personas o familias que disponen de un medio de transporte. En la ciudad de Monterrey existen 48 rutas, explotadas por 34 empresas con 750 unidades que atienden el traslado de las personas a los diferentes puntos de la ciudad y a las áreas aledañas. Sin embargo, a pesar de los buenos intentos por satisfacer las necesidades de la población que requiere movilizarse, el número de unidades de transporte urbano, no remedian el problema. La insuficiencia es producto del incremento tan fuerte que realiza la población, así tenemos que en 1960 había 722,491 personas, en 1970 subió a 1'213,479 y para 1980 se espera una población de un poco más de 2 millones de habitantes. Por otro lado, el número de camiones de pasajeros ha crecido de 550 autobuses en 1960 a 750 en 1970; inmediatamente surge a la vista la incongruencia entre la oferta de servicios y la demanda que realiza la población. En efecto, durante el lapso considerado de 1960 a 1970, se ha extendido la población que reclama este servicio, Jlámese éste estudiante, vendedor, obrero, burócrata, profesor, ama de casa, etc. Con los actuales camiones de pasajeros, la relación por cada mil habitantes es menor que uno, relación que está muy lejos de ser la ideal. Para dar una idea de las necesidades actuales o sea, de las p~rsonas que demandan este servicio, señalaremos el número de obreros que laboran en las industrias locales que es alrededor de ll0,000, el de estudiantes 88,000 (incluye de secundaria en adelante) así como el de otros grupos de gentes --cuyo flujo -~s. ~ifícil de precisar- ya sean amas de casa, vendedores, ohc1mstas. burócratas u otros que usan esta dase de servicio. Claro está que no todos utilizan el camión, sino que es probable que una parte de ellos cuenten con algún medio de transporte, o bien se mueven en áreas relativamente cortas. Aparte del problema de la falta de camion,es _que permitan ahorrar tiempo, agréguesele el problema del transito. En Monterrev, todavía se sigue transitando en calles que tienen más de 344 dos ~iglos, y que fueron hechas para el tránsito de carretas. Las EN EL ÁREA METROPOLJTA...'./A DE :M ONTERREY ~iguientes cifras dan una idea de cómo ha aumentado la circulación de vehículos. En 1960 había 35,400 vehículos entre los cuales figuran automóviles, camiones de pasajeros, camiones de carga, motocicletas, bicicletas y vehículos de tracción animal; en 1965 eran 57,572 de los cuales el grupo más importante son los auto• mó\'iles particulares y de alquiler (33,343) o sean el 6Q% del total de vehículos en circulación. Para finales de 1972 la circulacjón de vehículos ascendió a un gran total de 80,000 unidades. f..ste a~elerado aumento del número de vehículos provoca que en determmadas horas del ciía, se congestione el tránsito provocand~ lo qu~ suele llamarse "embotellamiento" con la sensible pérdida_ d_e hempo en la economía del individuo que depende de las cond1c1ones del transporte para movilizarse a su trabajo. Uno de los ~~les que es muy común en Monterrey es conccntrarse el movimiento en la parte denominada "Centro d ) C-:rn da d" en donde ~uculan . camiones de pasajeros, vehículos epar-a llcu!ares y de alquiler. Esto se origina por agruparse en un reducido espacio las oficinas gubernamentales y municipales así como la zona bancaria y comercial. Esto provoca que el regiomontano visite el "Centro" con regularidad, asegurándose que por lo menos ~0,000 per<:onas lo hacen diariamente. Lo anterior es consecuencia de la ausencia de una planeación técnica en el trazo de rutas de camiones. , ~lonterrey a. medida que va evolucionando se adapta al fenomeno de las cmdades modernas, que consiste en aumentar el número de ve~ículos de ~olor. El automóvil que en un tiempo fue _cosa de luJo o carrua1e de paseo ha venido a convertirse en un mstrumento de trabajo, en una necesidad actual. Sin embargo, n? es el medio de t_ransport~ de la mayoría de la población, en especial las clases sociales de mgresos bajos (la más numerosa) que dependen del transporte público para trasladarse. En los momentos actuales se deja sentir un malestar entre los ciudadanos por ya no poder moverse internamente con la fluidez deseada, en una irritación por la ineficiencia del sistema <l<" tránsito y en algunos casos en enfermedades mentales por el ruido que_ provoca el cláxon que invita a moverse y todavía más en ~m peligro para la salud por el monóxido de carbono que arroJan los motores de los camiones. _La solución a este problema se busca en la apertura de determmadas calles que den fluidez al movimiento de vehículos ~ este tipo de política resuelve en cierto modo el problema del embote- 345 �LA NECESIDAD DE UN MEDIO COLECTIVO DE TRANSPORTE llamiento o congestionamiento de coches; sin embargo, que~a la dificultad del transporte masivo de la población: Para solucionar esta dificultad, seguramente se pensará en aumentar ~l nú~ero de camiones de pasajeros, pero volvemos a caer en el mismo circulo, porque las necesidades de tran~porte . serán, mayores. por la explosión demográfica que sufre _el area, s1e~do esta de ~o anual lo cual significa que la población se duplica en ~O anos. De esta manera, es fácil suponer que habrá que duplicar al doble el número de camiones de pasajeros. La entrada de nuevas rutas de camiones provocaría de nuevo problemas de tránsito, ya que aparte de estos autobuses se sumarían los coches que se incorporan al aumentar el número de vehículos en poder de los regiomontanos. Esto provocaría que el nuevo espacio de rodamiento sería obstruido por la entrada de más automóviles, camiones de pasajeros, peseros, microbuses, etc. Así pues, cuál sería la solución para movilizar a los grupos humanos para que ahorren tiempo en su desplazamiento del hogar al centro del trabajo; del hogar a los lugares de diversión; del hogar a la escuela, etc. El remedio consiste en la construcción de un tren subterráneo o un monorriel. En los momentos actuales se considera que estos medios de transporte son útiles para ciudades de un millón de habitantes; necesario para las ciudades que han llegado a dos millones (Monterrey los alcanzará en 1980) e imprescindibles para los que sobrepasan la cifra de 2 mi1lones. 346 Para muchas personas este tipo de solución al problema del transporte masivo es imposible en los momentos actuales por sufrir la ciudad de una serie de problemas de mayor jerarquía que requieren una pronta solución (v. gr. vivienda, agua, pavimentación, etc.). Sin embargo, no está demás la preocupación por remediar a corto plazo este agudo problema, so pena de caer en costos tanto social como privado más altos si se le busca solución dentro de un período de 15 a 20 años; la prueba se deja sentir en los actuale.~ programas de ampliación de calles que a un costo social y privado muy alto se abren para dar solución a la falta de fluidez en el área urbana de Monterrey, cosa que debió realizarse hace veinte años. Es urgente que de inm~diato se solucione el problema del transporte urbano, antes de caer en_ una crisis may~r por _el acelerado número de vehículos que circulan en una area vial que está retrasada en por lo menos 15 años. ALBERTO GARCIA GOMFZ UNA TEORIA DE LA PAZ E N L~S ANTERIORES COLABORACIONES QUE BRINDAMOS A LA Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,1 tratam_os en forma fragmentaria algunos de los temas de n~estro estudio acerca de la creación de la Universi,d,ad Internacional de ~a Paz. Necesario es decir que en la elaboración del tema mencionado? .gradualmente se fueron extendiendo los horizontes Y las ram1ficaciones, no solamente por lo que respecta al tema concreto . nuevos cam. , de la Institución propuesta, sm·o haCia pos_,, produc1endose un desarrollo lógico hasta llegar a la formu lac10n de· una de la Paz' con posibiºl1ºdad fa' ct·1ca, s1gu1en . . do el K Teoría . conse10 ª?'11ano acerca de no incurrir en aquello de los "filósofosRentretemdos en soñar el dulce sueño de la p az,,. . esum1endo, nue~tra Teoría de la Paz, puede establecerse dentro del esquema siguiente: 1:- ~a Educación para la Paz, que deberá ser elaborada en la Umv~rs1d~d propuesta, nece~ita de una fundamentación, ésto es, d_e la F1losof1a de la Paz, la que se divide en dos partes: a) Teo• na General de la Paz y b) Ciencia de la Paz. . E:n lo que respecta a la primera, estudiará: la Paz como Conocimiento (Ontología de la Paz); la Axiología de la Paz· la An t~opología Filosófica; Metodología de la Paz, Pedagogía' y T' : meas de la, Educación e~ . , Pacifista y la Comunicación, como 1·enc1a T Y como ecmca, as1 como sus medios de difusión, etc. c Lic. Alberto Garcla Gómez, de las universidades Nacional Aullónoma de Autónoma de Nuevo León. .México 7 �UNA TEORÍA DE LA PAZ UNA TEORÍA DE LA PAZ La segunda, o sea la Ciencia de la Paz, va a recibir el concurso de diversas ciencias, para, a su vez, iniciar el estudio, la comparación y el análisis de todas las culturas existentes, para que, a semejanza de un laboratorio, tenga como tarea fundamental el establecimiento de la Ciencia Pacifista, venero permanente para la la propia Educación para la Paz, comprendiendo las siguientes Ciencias: Filosofía de la Cultura; Sociología de la Guerra; Sociología de la Paz, así como la Metodología de la propia Ciencia de la Paz. JI.- Tomando en cuenta la grave circunstancia histórica en que vive el mundo de hoy, es necesario fij_ar la_ atención ~ci~ una nueva proyección pacifista acerca de la Fzlos_ofia. de la ~iern;w, la que va a estudiar: la Teoría Gener~ de la C1~~cia; 1~ C1~nc1a Nuclear, dividida en dos aspectos: bélico y pacifista; Ciencia _Y T_e_cnología; la Organización Científica de la Paz y la Orgamzacion J usinternacional de Control Atómico. JU.- Tomando en cuenta la peligrosa tensión que predomina resultaría insuficiente el esfuerzo puramente teórico acerca ~e la 'paz, puesto que graves urgencias determi~an ya el esfue~o !~mediato de todos los hombres, en lo relativo a la Organzzacwn Internacional de la Paz. En otras palabras, se han reducido los caminos para la paz en dos aspectos: a) ~legar a la p~z mediante la educación que, como hemos visto, solo es un pnmer pas~, pero que, desafortunadamente, tom;i tiempo _Y, un ~gundo c~m1no, señalado por el Derecho a traves de la via coa~tlva. En smtesis, la Organización Internacional de la Paz requ~ere _de lo que hemos considerado los siguientes elementos: la Umvers1dad Inter• nacional de la Pa1: el Centro de Estudios de la Paz; la Organización de las Naciones Cnidas; la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cu] tura (UNESCO) los Instrumentos Jusinternacionales para la Paz. · 348 En nuestra teoría apuntamos la necesidad del establecimiento de un nuevo Derecho Internacional de la Paz; de un Tribunal Internacional de la Paz y de un Ejército de Paz. No se desconoce que estas tres últimas instituciones, existen y tienen antecedentes especialmente el primero, o sea el Derecho Internacional de la 'Paz, sólo que ahora es necesario darles fundamentalmente un enfoque y una dirección concreta hacia la P8:· . , . Por último, tenemos dentro de la Orgamzac1on Internacional de la Paz, dos nuevos aspectos, que estimamos son indispensables en el_ esfuerzo total para obtener la paz. Nos referimos, en primer t~rmmo, a la acción cívica de los pueblos del mundo, la que cons1d~r~mos debe proyectarse hacia dos aspectos: en el primero, el pohtico y en c-l segundo, la acción popular. En el primer caso, la acción cívica de los pueblos se realiza f~damcntalmenlc en lo político. Así, la acción cívica debe dirigirse_ ~ pugnar por_ las vías constitucionales, en los términos y cond1c1ones establecidos en los ordenamientos correspondientes para que les sean restringidas o derogadas a los Jefes de Esta: do los poderes y facultades de que estén investidos actualmente para hacer 1~ guerra, comprendiendo las reformas legislativas que sean necesarias en todas las fases que tal procedimiento implica desde la toma de decisiones emergentes, hasta la declaración for: mal de la propia guerra. Sobre esto ú] timo, principia ya a haber signos positivos en algu~os Estados del mundo en tal sentido. Por Jo menos, en el c?~1.enzo de lo que puede llegar a ser una barrera jurídica def m1t1va para tener o hacer negatorias las decisiones que sobre la guerra puedan .adoptar las más máximas autoridades de los Estados. . . Xecesario es decir que ante la precipitación de los acontecim1entos de nuesll·? tiempo bajo la creciente presión de múltiples factores., pero part1cu~armente de la ciencia, como de la nueva tecnolog,a_ nuclear béhca, la dinámica de tal situación camina a u~a veloc1~ad muy superior a la de los ordenamientos constituc1onales vigentes. que otorgan a los Mandatarios del mundo podere.; para mane1ar todo lo relativo a los asuntos de la guerra I.o que varía es la forma procesal, pero aún en los países qu~ han c~nsag~ado en la democracia su forma de vida política, pueden discrecionalmente, en un momento determinado, arrojar toda la_ fuerza de que son capaces en contra del que consideren su enemigo. Es de considerarse que los ordenamientos constitucionales de todos los Estados del mundo, con muy pocas excepciones -si las h~y-_, ~u~ron elah?radas ciertamente con la mentalidad y la técnica 1und1~a del tiempo pasado, del bastante tiempo pasado, ya que los le~1sladores del ayer no previeron -ni podían hacerlo-, la presencia del _nuevo poder nuclear, ni tampoco las exterminadoras consecuencias y avances dentro de tal campo para lo presente y lo fut?ro. El concepto. !Obre la guerra era distinto y a tal grado llego ese hecho, que mclusive el Derecho Internacional 349 �UNA TEORÍA DE LA PAZ lJ~A TEORÍA DE LA PAZ fue diYidido en dos partes: Derecho Internacional <le la Guerra y Derecho Internacional de la Paz. Tal es el caso que empieza actualmente a ocupar la atención de destacados juristas y políticos de los Estados Unidos de Norteamérica, país que inteligentemente ha advertido el peligro mortal que significa, no sólo para los propios Estados Unido&, sino para toda la humanidad, la trascendencia de las decisiones presidenciales para hacer la guerra. Recientemente salió a la luz pública en los Estados Unidos un interesante libro que lleva como título: "La Presidencia lmperiar, del conocido político norteamericano Arthur M. Schlesinger Jr.2 Dicho autor afirma que los Estados Unidos padecen de un mal doloroso en su cuerpo político y agrega que no juzga las usurpaciones del Presidente Richard M. Nixon en el poder congrecional en forma ligera, hablando también de siniestras invocaciones a la seguridad nacional. Establece que los norteamericanos desde hace tiempo están sorprendidos de si las consultas democráticas y la separación de poderes exigidos por su Constitución, sean compatibles con la fuerza del mundo moderno. "'Después de la Segunda Guerra Mundial -agrega Schlesingerla mayoría de no!-otros (incluyendo al propio autor, como él también lo admite), hemos llegado a la conclusión de que !-olamentc el Jefe del Ejecutivo, dotado de una habilidad superior y con una enorme capacidad de libre y cambiable decisión, podría marn·jar la-. nisi,: intcrnacionalrg'". "Todo ésto -agrep;a el autor citado- cayó en llamas en Vietnam. Ahora somos libres para intentar nuevamente el viejo y lodoso camino del sentido común y de la consulta congresional". El hecho anterior, o sea la idea de frenar mediante los procedimientos legales conducentes las facultades de los mandatarios para hacer la guerra, resulta muy alentador; sin embargo, si se toma en cuenta el énfasis que debe ponerse en la situación que en todos los órdenes predomina en el mundo y sin perder de vista la amenaza latente de la fuerza nuclear en el exterminio que eventualmente pudiera desaparecer a la humanidad, en nuestra teoría, por último, señalamos dentro de la acción cívica de los pueblos, la acción popular. Este último punto presenta modalidades de muy diversa naturaleza, si se toma en cuenta que la idea central es la de que los pueblo!'- del mundo deben arrojar del poder a los gobiernos 350 que los arrastran a la guerra. Podría objetarse que ésto consti- tuye una abierta incitación a la anarquía y al desorden. '\o obstante, conviene tener en cuenta que las graves decis10nes a~e~·ca de la guerra son tomadas única y exclusivamente por los dmgentes de los pueblos, si bien es cierto que existen s~~eros controles de carácter legal para la adoptación de tales dec1s1ones, en realidad, los pueblos del mundo de hoy razonablemente no p~eden a~itir el verse envueltos en una conflagración d~ extermrmo, cerrandose así las puertas mediante legalismos técnicos, para q~e tales pueblos puedan decidir, en última instancia. el verse arroJados a la muerte. En tales condiciones los pueblos deben alzarse contra sus_ gobiernos para lograr la 'desaparición de los. poderes o la destitución de los Mandatarios. El homb angusllado, amenazado y sin protección para su vida l ;, lo!'- dsuyos, puede a arrojar del poder, en una, si.Yse quie-e d 1lanzarse ,• re esespera a egitrma defensa ¡l d · . . ~ ' con ohJºeto de que l os pueblos e e· mun ·o puedan dec1d1r en forma razonable y pac'ifica sus con11 fl 1ctos, sm egar al exterminio. Todavía se escuch:m l?s palabras que José Martí escul iera en de. la histona: "Los derechos no se menazgan, _ _,. p se z el bronce , . T('C aman ) se exigen. y si es necesario, se arrancan". ª • �UNA TEORÍA DE LA PAZ NOTAS BIBLIOGRAflCAS l. "La Universidad Internacional de la Paz" y "¿Qué es la Paz?". correspondientes a los números 1 y 2 de la Revista Derecho Y Ciencias Sociales, Monterrey, U.A.N.l. 1973-74. 2. Revista Time. Arthur M. Schlesinger. "La Píesidencia Imperial", noviembre 26, 1973. Pág. 52. E.t'IBIQUE C. LIVA5 CONFERENCIA UNIVERSIDAD Y AUTONOMIA • Conferencia dictada por el Doctor Enrique C. Livas, ex-Rector de la Universidad de Nuevo León, en el Teatro de la República, el día 13 de Marzo del presente año, dentro del Ciclo organizado por la Asociación de Profesionales de la Noticia, A. C. P 352 OR l.J'"N DEBER DE ELEMENTAL CORTESÍA Y DE OBLIGADO agradecimiento debo dirigir mis primeras palabras a Romeo Ortiz y a quienes con el decidieron, dentro de su organización de Profesionales de la Noticia, que viniera yo esta noche a hacer un comentario sobre algún tópico que pudiera considerarse de interés general. Cuando fui requerido por mi amigo Ortiz, se habló de tres aspectos importantes relacionados con la Universidad. Como todos ustedes saben, ésta es una causa que me ha apasionado, que me ha hecho sufrir y que me ha hecho gozar, por haberla sufrido precisamente también, desde hace mucho tiempo. Se trataba de tres posibles temas: Universidad Y. autonomía, Universidad y democracia y la Universidad y la verdad. Es muy fácil darse cuenta que los tres temas están profundamente imbricados y es imposible hablar, aun cuando sea suscintamente de cualquiera de ellos, sin toe.ar algunos aspectos de los �UXIVERSIDAD Y AUTO:'.O:'IIÍ.\ l,~JYERSIDAD Y AUTONO:\IÍA otros do:;. , l Pensé en el primero, Universidad y . auton~nua, porque tace algo más de treinta años apareció el pnmer_numero de_~ar~\ista que se llamó Universi,dad y que er_a el impulso pnmigem~ de la entonces Univcr,;:idad de Nuevo Lcon que, como ustedes sa ben, había nacido en virtud del Decreto del 31 de Mayo ele 1933. Esta publicación apareció aproximadamente en _191~, o sea, c~and() todavía no tenía diez años de fundada la Umversi~ad _Y ya esta trataba de que su imagen trascendiera por todos los a~itos de la Patria --como en efecto sucedía- y fuera de :l!a: s_olo que en aqueila época la imagen de nuestra naciente ~~J'.YCrsidad de~mhu lada por todos los confines, como se.!º permitían sus ~apacidades. en alas del pensamiento de sus hi1os. _F:1 aq~ella epoca no C'xistían las circunstancias propicias p:ira YJaJC;, . m tampoco hahía millones ele pesos. ni se le daban planas faciles y frecuente_s c·n los periódicos; era la Universidad, f~ndamentalmente, el sacrificio, el esfuerzo y el desvelo de sus h11os. Un artículo de esa publicación se llamó precisamente "Uni' crsidarl \' autonomía". Del término autonomía se puede decir Jo que expresaba Max ~chellrr sobre el concepto espíritu; decía, sobre este último. q~e con pocos términos se han cometido tantos desafueros y. al mismo tiempo de pocos se ha dicho tan poco, e~ forma pr~cisa. Por supuesto no pienso que yo - y posibleme?te nmguno-. m mucho tiempo y en muchos lugares, pueda decir todo lo que puede decirse del concepto autononúa. . , Si nos circunscribimos a la etimología -pend~ente a vec~s f~c·il por la que se resbala para eludir el compromiso ~e la mtehp;encia~ - _ el término viene de las yoces autos, uno mismo .º por sí mismo: y nomos, Ley; o sea aquella ciudad, región o Estado, que puede darse sus propias leyes. " , ,, En el ser humano se habla de que es muy ~~tonomo , el ~ue se supone no depende de nadie, o no tiene famiha o ~o~o ~e 1?1· porta ésta; no tiene patrón o no le importa y pued~ v!¡1r sm el que no tiene moral o no le interesa t~n~rla y se d~ce . muy aut~nomo., v a!'Í se va en ocasiones pervirtiendo el termmo Y aphcándos~ ~on connotaciones muchas veces disímho~as unas de _ot_ras. Hace varios siglos, unos cinco antes de Cnsto, ya Tuc1d1des y Jenofonte hablaban de ciudades autó?OI1?as. Era? a~ell~s que ;10 estaban conquistadas ni sujetas a mngun rey m a nmgun po- e:; 354 der. se daban sus propias leyes y designaban a sus propios funcionarios. Postf'riormente, ya en 1a era cristiana, los primeros romanos hablaban de ciudades o de pequeños reinos autónomos, a pesar de que no lo eran políticamente en forma estricta, sino que estaban sojuzgados por un poder que les había antecedido, ¡wro que le~ permitía C'-tablecer sus leyes y designar a sus fun('JOnanos. _\ctualmentc podríamos mencionar la "autonomía del municipio.,. Todos sabemos, sin que nos vayamos a tratar de incluir entre los que tratan de establecer en forma precisa lo que es la autonomía municipal, que ésta es relativa, porque aunque los municipios pueden darse ciertos ordenamientos para su funcionamiento, s.ibemos que los aspectos básicos y legales del mismo están soportados en los decretos que expiden las Legislaturas de los Estados correspondientes. No vamos tampoco a recordar que en oca:-iones un municipio lleva al máximo la dependencia y que en ocasiones vemos a municipios enteros en actitudes, no sólo con la na!u ral sujeción al Estado que los soporta y muchas veces los sostiene o ayuda a sostenerlos, sino que a veces toman actitudes completamente antitéticas de los más elementales principios de la dignidad política. Independientemente de estas circunstancias que sabemos se pueden presentar aquí y aJlá, ayer y ahora y desde hace mucho tiempo y que seguramente seguirán presentándose, de todos modos tenemos aquí otros aspectos en donde la autonomía tiene una ~igni ficación también completamente distinta, porque aún en el caso de un municipio enteramente respetable y ejerciendo la dignidad que le corresponde, sabemos que la autonomía es muy relativa. es muy limitada. Otro tipo de autonomía la tenemos en algunos Estados que la ejercen en cierta forma; pero que está originado su funcion.1mic·nto en algún l<~tado más poderoso, que no sólo fue antr rior en tiempo, sino que le impuso su cultura, su economía y aún sus primeros jefes. Tenemos por ejemplo, el Canadá y lo que fue antes la ciudad libre de Danzig; en ciC'rlos aspectos y digamos. en una dosis pequeñita, Puerto Rico; y así sucesivamente, a traYés de la historia, ,·emos que el término autonomía puede aplicarse en muy diversas formas, con todo y que se trate de alguna <'Íudad, Estado o región, que tenga capacidad y oportunidad de darse sus propias leyes, lo que de todas maneras es muy relativo. Desd" el punto de vista filosófico, Kant consideraba la auto- 355 �UNIVERSIDAD Y AUTONOMÍA UNIVERSlDAD y AUTONOMÍA . do fundamentalmente en la razón, conomía ,ld ser como rad1clan d que el hombre, para Kant mo soberana sobre la vo upnta ; o s1~eªmpre, es la razón la que se • 1 · J dor ero no s · e, su prorno eg1s a . l l rob abdica de su razén, renuncia . e a veces e io re . 11 · impone, sino qu d t no es la consecuencia o> tga~u dianidad humana y su con ,uc ª. de otras series de circunsº 1 l . 1 • , n de su razon, smo . l da de a .egts ac10 d h mh , . a veces la ignorancia o a tancias: el temor, 1~ falta ºdedo n:~perar una fuerza maléfica. im·onsciencia, o la mcapac1 a . para. . ·clad de resistencia. d , sU1wnor a su capac1. b , . esumen de lo que po na • . ' breve rev1s11no r 1 Con este mu) ' tonomía llegamos a a con. os aspectos por au , d b entrnderse en d ivers . hable de ésta no e emos •, <l donde qmera que se ' • ·, dº clu:-.10n e que en t n probl.,ma <le aphcac10n I. t ue estamos an e u ~ , h perder de vis a g. . bl ue el hombre sienta que esta o l· fícil, en donde es md1spensa e qd ser a criticarse en su con<luc··1· se cn su manera e . . . S' t era<10 a en 1car . , ~ d dos rollemos, a ocra cs. n <l , . de frente a tra, es e 1· ta y po cr as1 ve1 .. , t, .eta a crítica, no es e igna , la vida que no es a SUJ , d cuando e1ec1a que "d t mente todos ustedes estan e . ·u ·v eo que evi en e • l 1 de ser v1v1 a. cr , , También lo diJo mue ias acuerdo en que Sócrates ltema rd~lont.os. Platón anuel de quien d dº c'pu os pre 1 ec . , • 1 veces uno e sus is { d 1 t al pensamiento; igualmente o se elijo que le puso a als tae ~ ~: considerado también como cfümanifestó Aristóteles, e es gin ' r dpulo de Sócrates. . l t de autonomía a la L"ni\'<'rsiAhora, sí refenm~s e. dco¡cep : concepto general-, también dad - hablo de la Umvers1 ~ codmcircunstancias que nos obligan t os con una sene e , 110s encon ram d lo que significa autonomia. ya a meditar muy profun amente en 356 li..,ada a esta institución. TTn1·\iersidad nació en r, , r da a11concevlo de V ' J.a autonomia, iga refiere a expresión legal, , . 1929 nació en o que se :'\kx.1co en. , ' do se 1i ab'a , . Yno cuan i pedido' sino cuando. , se ex1 romo nac10 aqm · l de momento, una situac1on a a . 1·, Dccerelo para reso ver. pu 10 un ., 1 <¡ne no se le hallaba ~o uc!ºº·. d México la de 1929, la qu<· • ºd d r,a autonomía umvers1tana·c1· e el· entonces Pres1 ente, on ,nciú por el Decreto que exp1 iera . de un movimiento que · p G.1 no fue la consecuencia d Emilio. ortes I , edir la autonomía. y o fui actor e ese se hubiera hecho para P d. l d l cuarto año en 1a Facul. • E ntonces estu ian e e • movimiento. ra e • n años anteriores se hab1an reatacl ele Medicina. F,sd~1ert_ol quen elos que habían participado jóve. d sos estu ianh es e . A• Z 1iza o congre d d mo Alejandro Gómez nas. anes desde entonces estaca os co pata Vela, Efraín Brito Rosado y Adolfo López Mateos, a quien conocí cuando 1a campaña vasconcelista y acababa de llegar triunfante de un concurso de oratoria y se incorporó a los vasconcelistas en México. El movimiento al que tuvo que hacerle frente Emilio Portes Gil, no era para pedir la autonomía universitaria. Fue un movimiento tumu1tuoso, de protesta, apasionado, originado por balazos y por hachazos que recibimos los estudiantes de aquella épo• ca, de los bomberos y de los policías, en aquel tiempo al mando del famoso detective del que tal vez algunos de ustedes recuerde su nombre, nombre en algunos casos de muy triste memoria : Valente Quintana. Todo principió con motivo de una votación que se hacía en el interior de la Facultad de Medicina, para dirimir un asunto interno, ya que los alumnos de la Facultad de Derecho nos pedían ayuda para apoyarlos en una huelga, porque no querían exámenes; éste era el motivo de la huelga de los señores estudiantes de Derecho en aquella época. Estando en los arreglos para decidir si nuestra Facultad apoyaba o no aquella necesidad de los estudiantes de Derecho, fuimos agredidos injusta y violentamente desde la Iglesia de Santo Domingo y desde los edificios cercanos; ,...¡no una manifestación después, cuando logramos que se retiraran los policías con ,a intervención del Jefe del Departamento Central del Distrito Federal, que lo era en esa época, el Dr. José Manuel Puig Casauranc : y estando la manifestación en la Avenida Juárez, volvimos a ser atacados por los policías y los bomberos. Hubo estudiantes muertos y heridos. Era el 23 de mayo de 1929. Tal fue el origen de ese movimiento que culminó. un mes y pico más tarde, con la obtención de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria de Nuevo León vino por aquellos famosos Decretos 146 y 14,7 , de Octubre o Noviembre de 1969, que fueron la culminación de un movimiento en donde no se había mencionado en lo absoluto la expresión de autonomía universitaria. Otro aspecto que le da a la autonomía universitaria un carácter especial y sobre el que hay que reflexionar, es el siguiente: ¿Quién expidió el Decreto que le da la autonomía a la Universidad?: el Congreso. Entonces, esa institución ya no se está expidiendo sus propias leyes; podrá expedirse sus reglamentos de exámenes, de ésto o de lo otro; pero la Ley que crea la Universidad Autónoma de Nuevo León es expedida por el Congreso del 357 �UNIVERSIDAD y AUTONOMÍA ºd", el 26 de Marzo de 1971, Estado; el mismo Congre~o que exp\ i~re Asamblea Popular Unila Ley de la famosa y _tristemente ce e versitaria. . . to que el universitario se autoAnte ese mecamsmo, ¿no es 1us_ "f lo que debe signifi.. se dé cuenta de lo que s1gn1 ica y cnt1que y . • . ? car la autonomía umvers1ta]r~~- 147 aludidos y antes de la Lev. Antes de los Decretos Y M d 1971 y de la Ley por fortuna de fugaz vida, del 26 de aharzon :inguna de las leyes . . . . nte no se expres a e , del 6 d e Jumo s1g~1e ' d 1 denamientos respectivos. el ter.:. · · n n1guno e os or , anteriores, ni e . .d d , a en ese tiempo, autonoma. , la Umvers1 a s1 er ' . d mino autonomia, v . 10 acontece con lo que pue e Después, todos ,~em?s vi'~to . q~e or ié? Porque la autonoser una "autonomía umvers1t~r;.. o;u~ lado por el Estado mía universitaria puede est~r m t~u :•c!mo repres:ntante del pueque la crea, el Estado qu~id: s:;~e: sí~tesis moral y política del blo, por el Estado conce . 1 Un1ºversidad es el que le da bl l que sostiene a ' l p~e o, pues esl ed or los caracteres de sus directivos, por os vida. Por otro a o, p . l d l ha ue se vive o por los cacaracteres del momento sl~c~a e uce vi~e Pueden existir todas d 1 omento po 1t1co que s · . U • racte:es e _m bre la Universidad, sobre cualqmer mesas mfluencias y actuar so l bandera para un mo. D h'1 mos que o que es vers1dad. e a que ve l d , a un movimiento en con. . h puede ser o espues par ;:1::rm~s::ª•principio, i~~luso con lasasmi~:s Pi:::n:;~ se enPero ésto no es cuesbt1on dt~ pers;:fe~dido : defendido. y o b" nadie de a sen irse n 1 d tien a 1en que . .d d a mi Alma Mater; defiendo o qu~ defiendo a la ~mvers1 a '1 h . tado en forma angustiosa: M1 he dicho ya vanas veces y oh e gn ºd últ1·mamente heridas que e a conoc1 o Alma Mater Do1orosa, qu . , ando era pobre cuan, h idas que no conoc10 cu ' antes no conocia; er . 1m te misérrima. heridas que . ., onónuca era rea en ' , do su s1tuac10n ec 'd , el hambre y conocian ., do sus serv1 ores conoc1an U. no conoc10 cuan . L interesa es defender a ]a nilas lágrimas, por serv1rlad o quede ser defendida si no se proversidad Y la Univer~da /u~l lema que sustenta su escudo cede sobre una ha~e e ver ª · d que es la flama de la ver1 fl que existe en ese escu o, d y da amla debe en todo momento ser el primum movens e da , es o que . . todos los act?s univers1tros. está viviendo una etapa difíEs preciso compreT' ~r que s\ cul ar a nadie en particular: cil, una etapa co_~vulsa. No vam~s on 1! principios lo que tene 358 no es una cuestlon de personas, s l'P 1º UNIVERSIDAD Y AUTONOMÍA mos que hacer valer y darnos cuenta de que si en la Universidad no se dirime todo con el ejercicio supremo de la inteligencia, no podemos llegar a ningún fin noble, no podemos llegar a donde tenemos que llegar. ¿A dónde? A no llegar nunca, porque la meta es el camino; el que cree que ya está en lo que Ortega y Gasset llamó como la "plenitud de los tiempos", está perdido, porque ese pierde la inquietud de la lucha, que es el motor eterno de la historia. La única pasión que se debe poner es la pasión por la verdad; no la pasión por herir, ni por achacar culpas en forma específica a tal o cual persona o a tal o cual grupo. Y o podría decir lo que ya escribí una vez y lo dije en una asamblea política a la que fui invitado en forma intempestiva, porque yo no soy político: todos tenemos que responder de todo y ante todos; no vamos a escudamos en que porque tal o cual grupo actuó al margen de la verdad o de la realidad, por eso consideramos que ésto no está como nos parece que debe estar. No, lo que es indispensable es que todo mundo piense y que todo mundo comprenda qv.e la Autonomía Universitaria es un compromiso de honor, que es un problema muy serio para la Universidad y que en la exacta comprensión o en la mejor comprensión del término y del funcionamiento de este concepto, dentro de un conglomerado tan importante como es la Universidad, es en donde debe radicar lo que la Cniversidad tiene que reencontrar. Es una etapa ésta y no hay proceso en donde no se presenten estos avatares. Y o creo que exceptuados los principios ecuménicos de la cultura, como lo justo, lo verdadero, lo bueno, lo bello, lo único que nos cambia en el mundo es- el principio de que en el mundo todo cambia. No vamos a entristecemos, ni vamos a sentirnos deprimidos porque no encontramos aquí o allá lo que nos parece que se debe encontrar. Todos sabemos que el mundo está enloquecido. Se está hablando constantemente de una juventud desorientada y descarriada. Sí; algo hay de cierto en que la juventud a veces se conduce como si estuviera desorientada o a veces parece descarriada; quizás lo esté; pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha hecho la juventud de aste tiempo y la de ayer y lo que hará la de mañana? J,o que ha hecho en todas las partes del mundo y en todas las épocas de la historia: hace lo que le enseñan; sigue el ejemplo de los adultos. Todos sabemos perfectamente bien cómo en las últimas dé- 359 �UNIVERSIDAD Y AUTONOMÍA cadas los tres aspectos básicos del vivir: el poder político, el poder económico y el poder del pensamiento, han sido ejercidos en muchas latitudes del mundo por verdaderos tránsfugas de la dignidad humana. En todas partes encontramos políticos que traicionan y que violan y que engañan. En todas partes encontramos due• ños del poder económico, siempre ambiciosos; más cada día; siempre los pobres más pobres y los ricos más ricos. Y en todo momento y en todas partes seguimos viendo cómo los que debían ser caudillos de la juventud y ser ejemplo para los jóvenes, se doblegan ante el poder en forma inmisericorde consigo mismos, en forma triste para su historia y en forma estrictamente dolorosa para la juventud. Y todos vemos con mucha frecuencia cómo el que ayer supusimos que era un hombre íntegro y valiente, se hace cobarde Y se hace perverso. Muchas veces no creo que sean perversos; son pequeño5 , que es peor. Es algo semejante a lo qne suc~de con el olvido, más triste que el infortunio mismo. Y es más tnste hace~se peqm ño que hacerse perverso, porque el perverso puede red1mir_se y puede encontrar en el arrepentimiento las column_as de un templo de perdón y rehacer su vida; el que se empequenece, empequeñecido se quedará. . Creo que el tema podría extenderse mucho y muc~o y circunscribirse en forma precisa a todo aquello que nos atane en forma más directa y en forma más íntima; a aquello que nos duele; pero eso no sería posible hacerlo en una sesión, más que a costa del cansancio y del fastidio del auditorio. Sí es muy importante que todos los universitarios hagamos todos los días un pequeño acto de contricción y que examinemos si ante la etapa que estamos viviendo no únicamente des~e el ~unto de vista de la Universidad, sino desde el punto de vista ~neral --claro que la Univeresidad es lo fundamental porque allí es donde pueden estar condensados todos los aspectos del vivir humano- y que pensemos si lo que estamos hac~end_o nos va a pe~mitir siempre, en todo momento, comparecer hmp1?s ante. ese_ tnbunal supremo e insobornable que es nues~ra propia conc1enc1a ! si nos puede permitir levantar la frente, dignos, ante nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. 360 FACULTAD DE DERECHO INFORME DE ACTIVIDADES Segwtdo Informe de Actividades que rindió el Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, licenciado Neftalí Garza Contreras, ante la H. Junta Directiva del plantel, el día 20 de marzo del año en curso. En los términos de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, rindo a ustedes el segurulo in/orme sobre las a~tivida:J:es realiza1as en la Facultad, durante el segundo año de mi gestion como Director de la misma. lo. En el aspecto académico se continuaron las reuniones con las Secciones de Maestros por Materias a fin de unificar los programas y formular las guías pedagógicas. Para este efecto el Sub-Director de la Facultad, Lic. P:verardo Chapa Cantú, con el auxilio del Lic. Osear Salinas Rubio enco':1-eTUÍaron los trabajos respectivos a los maestros titulares d~ las asignaturas, los qu~ en s~ _mayoría formularon las guías pedagógic~s que se les solicitado . . f!osteriormente, en sesiones especial~,. se p~oc~~io a la aprobacion de las mismas. Las guías pedagogicas_ significan un avance académico en tanto que uniforman ~l contenido de las materias del Plan de Estudios, además de ser ~nstru7:1en~os adecuados para el aprendizaje y el fomento de la investigación que es tan nece&aria en nuestra Escuela. ~?'ª �INFORME DE ACTIVIDADES INFORME DE ACTIVIDADES Los lineamientos de las guías pedagógicas de referencia son del conocimiento de los .señores ma<:;stros y de los alumnos, p~ro esencialmente comprenden el contenido temático de_ las mater~s, la bibliografía para cada tema y los sub-temas, la cita de las e1ecutorias pronunciadas por los Tribunales. sobre esos puntos Y. el conjunto de casos prácticos también relacionados con el contenido de la asigna!ura. Las conferencias se programaron en colaboración con el Lic. [mesto Rangel Domene, Secretario del mencionado Instituto Esta• tal y fueron inauguradas por el lng. Luis Enrique Bracamontes, Secretario de Obras P1íblicas, quien impartió la primera de ellas. Posteriormente intervinieron entre otros el Dr. José Chanes Nieto, la Lic. Lydia Camarena, el Lic. Everardo Flores, el lng. Leonel Robles y Dr. Barriga, habiendo sido clausurado en ceremonia especial por el Lic. Andrés Casso, Presidente del Instituto '\' Oficial Mayor de la Secretaría de Obras Públicas, quien dictó l~ última de las conferencias. 3o. El proyecto de reformas en los que participó el señor Sub-Director de la Facultad, Lic. Everardo Chapa Cantú, se significó en dos circunstancias: a). Una entrevista con el señor Presidente de la República, el que interesado por el proyecto de reforma, sugirió se comentara con las Facultades de Derecho de Veracruz y de México, e incluso que se hiciese un Congreso a r..ivel nacional en que se cana lizacen las reformas de las Facultades de Derecho con base en ese prorecto; además, en apoyo al referido proyecto se concedió a nuestra Escuela una aportación de un millón de pesos que se manejará a través de una Institución Fiduciaria de la localidad, para los gastos corrientes del funcionamiento del Centro de Documentac~n e lnformación proyectado por la Facultad, como pilar necesario para la reforma planteada. Este dinero lo recibió el Consejo Nacional de Fomento Educativo y está en proyecto la celebración del fideicomiso. b}. Por otra parte, el señor Lic. Everardo Chapa Cantú fue invitado por la UNESCO, para discutir, analizar y comentar su proyecto con los trabajos que realice la UNESCO en el área de la educación. En su estancia en París, Francia y Madrid, España, el Lic. Chapa Cantú expuso el proyecto de reformas, con el agrado de que en España se comentó favorablemente el proyecto de refermcia ,,a que jncluía algunos a-Spectos más avanzados. c). Se hizo posible el viejo anhelo de contar con una Revista Científica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; el primer número salió a la luz pzíblica el mes de Septiembre del año próximo pasado. Se designó Director de la misma al Lic. Samuel Flores Longoria, auxiliado por un consejo editorial. Recientemente el H. Patronato Universitario nos comunicó, por conducto de su Presidente, Sr. D. Manuel L. Barragán, que se 2o. Cumpliendo con el propósito nuestro externado en el Informe anterior, de procurar la mejoría académica de la Fac_ultad. se celebraron conferencias semanalmente, las que fueron 1,1~partidas por destacados maestros de di~ersas ~artes ,de la, Republica. entre ellos el Dr. José Chanes Nieto, Lic. Raul Solorzano, Lic. Sergio F. de la Garza y otros más, que sería larg~ ennumerar, fl quienes oportnnamente, y ahora lo reiteramos,. ~es dimos las gra cias por szt asistencia, su charla y su colaboracion. En el mes de enero del año en curso se conmemoró el sesquicPntenario de la iniciación de los Estudios de Derecho en el Estado celebrándose un acto solemne en el Auditorio "Lic. Víctor L. Tr~viño", asistiendo como invitados de honor el señor G~bemador del Estado el Presidente del Congreso del Estado, el Presidente del Sllpremo Tribunal de .Tustic~a d~l Estado_, el Presiden_te del T;i?unal Colegiado del Cztarto Circuito, d Tit':'lª: del Tnbumi:l [ nitario del Cuarto Circuito, los Jueces de Distrito de la Entidad, los Ex-Directores y Ex-Secretarios de nuestra Facultad de Derecho Y Ciencias Sociales. Precisamente por tal acontecimiento se develó una P~~a -~n la Biblioteca de la Facztltad con el texto del Acta de la lniciacwn de los Estudios de Derecho en la Entidad. . conme.moración a que se hace referencia se r~ade L os act os · . b ado del Esta• lizaron en coordinación con el H. Col_egw de ,:Í oSg _s F d l d a quien por conducto de su Presidente, Lic_. . ergw . e . , a Jdrza, le agradecemos su participac~ón y su deczdida colaboracwn para darle mayor realce a los feste1os. . e l misma idea de conmemoración formulamos un Ciclo de Co:~re':u:ias sobre la Administración Pública. Estatal: en coordinación con el Instituto de Administración_ PúblicaANdac':°~l, ~~e ·d l L · And'...,e's Casso y con el Instituto de ministracwn presi e e ic. ' rill M Pública del Estado, que preside el señor Dr. Pedro Zor a ar• 362 tí.nez. 363 �INFORME DE ACTIVIDADES INFORME DE ACTIVIDADES había destinado una partida de $60,000 pesos _anuales, para la · ·' de la Revista Derecho v zmpreswn ., Ciencias Sociales. Se reacondicionó el local destinado al personal administrativo, así como también la sala anexa destinada a los maestros, ha• biéndose adquirido mobiliario para su mejor funcionamiento. Al darnos por notificados de este donativo, expresamos nues· tro agradecimiento al Patronato a nombre de la Facultad, Y en esta ocasión lo reiteramos. 4o. El incremento de la población estudiantil, como_ es obvio, requiere nuevas aulas y nuevos mae~tros. _En este s~ntido a l~ Dirección se le presentaba la misma dzsruntwa del aTW pasado. Incorporar . más profesores o a los ya existentes darles mas -horas de clase. La decisión se inclinó por la primera solución por cua~o e$· timamos entonces, y ahora, que un mismo maestro no deb~ impartir disciplinas que no sean conexas; por_ ,lo dem~s, _la dwenidad de maestros propicia el afán de superacion academzca. Procuramos llamar a pro/esores con experiencia _pr~fesional y conocimientos serios sobre las materias que se les asigno. So. En cuanto a la Biblioteca de la Facultad, se inc~ementó su acervo bibliográfico con un considerabl~ número de volumenes, que fueron donados a instancias de la Sociedad, d~ Alumnos de la Dirección, por el señor Presidente de la Republica. _Ademas: !e obtuvo que los Pasantes que presenten e"':men profeswnal, hici~ran donativos de libros. Finalmente, el L~. Everardo Chap~ s?li• citó y obtuvo de los gobiernos de las Entidades de la Republica, el envío de sus Códigos y sus Leyes fundamentales. ! Se instalaron en la Biblioteca 16 libreros, 100 soportes para libros, ficheros y otros implementos necesarios, mandándose reencuadernar una cantidad considerable de obras que se encontraban en mal estado. · 6o. Las obras materiales llevadas a cabo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, se resumen como sigue: Remozamiento total del Auditono "Víctor L. ~reviño", que fue provisto de alfombra, cortinajes y _e?ui~os de aire acondic~nado y sonido, modificándose y reacondicionant1;>se su butaquerw. Se pintó totalmente la Facultad, arreglando se los desperfectos que tenía en sus distintas áreas. . , . Al Auditorio correspondiente al tercer piso, se le doto de corti- ~z. 364 nería y de aire acondicionado. Aprovechando parte del espacio destinado a salones de seminarios, se procedió a la construcción de dos aulas en el segundo piso y dos más en el tercero, con capacidad aproximadamente de 40 alumnos cada una, dotándolos de los pupitres y escritorios re$• pectivos. Con esta medida se alivi6 en parte la carencia de espa• cio físico para dar cabida a más alumnos. 7o. En este año se advirtió un incremento notable en las ac• tividades deportivas. La Facultad participó en los divenos torneos de Foot-Ball, Voleibol, Beisbol, Boliche, Atletümo y otros. 80. Se asistió a un Congreso celebrado en Oaxtepec, Morelos, acompañados por el Secretario General de la Universidad, un grupo de alumnos y el Lic. Arturo Charles Charles, el que versó sobre la creación de un Bufete Jurídico gratuito en materia agraria. La actuación de la Delegación de nuestra Escuela motivó que uno de esos Bufetes se le concediera a nuestra F acuitad. Al congreso de Derecho Constitucional celebrado en Guadala• jara, Jalisco, asistió el Profesor de la materia, L,c. Jorge Montemayor Salazar. Al Congreso del Derecho del Trabaio se envió al Profe$Or Titular de la materia, Lic. César Garza Ancira, a quien acompañó el estudiante Femando Vázquez Alanís, quien por su destacada actuación pronunció el discurso de clausura de los traba70s. No hemos deiado que esté ausente nuestra Facultad en todos los Congresos J reuniones sobre Derecho y Ciencias Sociale$, para ello se han enviado representantes titulares de las materias sobre los que versen. Recientemente se enviaron a cuatro compañeros a un Seminario de Derecho Agrario para prepararlos en la prestación de los Servicios Jurídicos Gratuitos en esa materia. Los compañeros designados son los que obtuvieron el más alto promedio de su generación. Esto es un breve resumen de la actividad realizada al fren,. te de la escuela. Los logros no hubieran súl.o posible $in la colaboración d,el Lic. Ei•erardo Chapa Cantú, del Lic. David Galván Ancira, de los Prefectos y de los mae$tros. Sin embargo, quiero hacer mención especial de la Sociedad de Alumnos, quien coadyuvó 365 �l~FORME DE ACTIVIDADES en todas esas tareas y estuvo de acuerdo en que los de!egados estudiantiles a los congresos fuesen los alumn?s de. me¡or aprovechamiento académico. Esto demuestra un me¡oram:iento en, l~ relaciones alumnos-maestros, con base en la superación academica 'Y el progreso en todos sus órdenes de nuestra Facultad. "ALERE FLAMMAM VERJTATIS" FACCLTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Monterrey, N. L., Marzo 20 de 1974. RESEÑA BIBLIOGRAFICA EL Dl'RECTQR LIC. NEFTALI GARZA CONTRERAS. GROS ESPIELL, Héctor. Las constituciones del Uruguay; exposición, crítica y texto s. Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1956). 462 p. (Las constituciones h i s p anoamericanas, 8). Gros Espiell, connotado jurista y autor de varios trabajos de tipo histórico y exégesis jurídica sobre derecho constitucional del Uruguay, coautor de la Constitt~ción uruguaya anotada, es considerado una autoridad en la materia. En la presente obra nos hace una exposición suscinta y detallada de la evolución histórica de las constituciones del Uruguay, y por ende, de su historia constitucional, que pasa del más exasperado presidencialismo hasta el régimen ejecutivo colegiado, analizado todo dentro de la propia estructura socio-política del país, el cual constituye un caso excep• cional de Ciudad-Estado en pleno Siglo XX. Su exposición arranca de la propia independencia del Uruguay en 1828, consagrada en los dos primeros artículos de la Convención Preliminar de la Paz, formu- Inda y firmada en Río de Janeiro, el 27 de agosto de 1828, adentrándose luego en el análisis crítico de las diversas constitucione.s. La p r i m e r a constitución del Uruguay es la de 1830, republicana, centralista y censitoria, in- . fluida por las const ituciones francesas de 1791 y la española de 1812, las argentinas de 1819 y 1826, las bolivianas de 1826 y 1828, cuyo principal defecto era que no se cumplía, la cual "no moría nunca porque en realidad no vivía nunca"; no obstante, fue una de las constituciones m á s longevas de hispanoamérica, ya que su texto estuvo vigente por un periodo de 89 años, es decir, hasta el 3 de enero de 1918 en que fuera promulgada otra cons• titución que entró en vigor el lo. de marzo del mismo año, la cual estableció el régimen de Consejo Nacional Ejecutivo junto al Presi• dente de la República, régimen constitucional que defendiera e hiciera prevalecer José Batllé y Ordóñez. El 19 de abril de 1934 fue promulgada una nueva constitu• ción que entraría en vigor el 18 de mayo del mismo año, la cual �vuelve al régimen presidencial tradicional en América, ya que se puso de manifiesto que la división del Poder Ejecutivo en dos órganos separados e independientes, tal como lo establecía la anterior, producía ineludibles conflictos e impedía el normal desarrollo de la acción gubernamental. E s t e mismo régimen presidencial es mantenido por la Constitución de 1942 la cual no modificó substanci~lmente la del 34, sino que se limitó a alterar el fundamento político en que se basaba. El 25 de enero de 1952 fue promulgada por la Asa~bl~~ General una nueva const1tucIon, la cual entraría en vigor el mismo día. Esta constitución, a c t u.ª 1mente vigente, aportó un con1unto muy grande de modificaciones a la del 42, destacándose entre ellas las relativas a la organización del Poder Ejecutivo, estableciendo el régimen ejecutivo col e g i ad o, adoptando finalm~nte una solución pluripersonal integral, superando la fórmul~ ~el ~~• suponiendo u n a copart1cI1?ac1_on de los dos partidos mayontarros en la integración del Consejo Nacional de Gobierno. 368 Después de esta exposición, la obra incluye los textos completos de cada una de las constituciones, precedidos de la Convención Preliminar de Paz entre el Gobierno de la República de las Provincias Unidas del Río de la Plata y su Majestad el Emperador del Brasil, sobre la Independencia de la República Orient~l del Uruguay, seguido del Mani• f i e s t o de la Asamblea General Constituyente y Legislativa de la -República Oriental del Uruguay a los pueblos que representa. Es de lamentar en esta obra la carencia de índices temático, analítico, etc., que la harían de mayor utilidad. De igual manera, la ausencia de una bib11ografía que sirviera de guía al estudioso e investigador, r e s t a méritos a la presente, loable, por otros conceptos. Manuel Uribe M. CONGRESO NACIONAL SOBRE EL RE G I M EN JURIDICO DEL MENOR, lo., México, 1973. Memoria del Primer Congre- so. . . México, D.F., agosto de 1973. México, 1973. Del 15 al 18 de agosto del año próximo pasado, se llevó a cabo, en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Ciudad de México, el "Primer Congreso Nacional sobre el Régimen Jurídico del Menor". Dicho congreso fue convocado por la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales, el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez y la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El contenido del Congreso fue dividido en 5 grandes temas: el régimen civil del menor, el régimen laboral del menor, el régimen educacional del menor, el tratamiento del menor en estado ~nti social y la previsión, asistencI~ Y seguridad sociales en relación con el menor. El objetivo principal del Con- greso fue el de "establecer un diálogo y una confrontación abiarta en torno a una reforma de las normas jurídicas vigentes en materia. de menores, que interpretando la cambiante realidad social, las necesidades y aspiraciones de los jóvenes de México y las obligaciones del poder público y la comunidad entera hacia la infancia y la vida que nace, instrumentase dispositivos lega I e s capaces, no solo de nutrirse de esa realidad, sino de influir a su vez sobre ella". plantea con todo rigor científico y verdad social, las vicisitudes de los menores en los hogares mexicanos, que creemos, sinceramente, es el lugar donde se incuban todos los males (psíquicos, morales, espirituales, etc.) de los menores, como consecuencia de una mala educación y dirección de sus padres. Por lo que se refiere a las ponencias presentadas dentro del tema "Régimen laboral del menor de edad", conviene señalar por su importancia la del maestro !numerables y de c o n t enido Jorge Trueba Barrera que versó variado fueron las ponencias pre- sobre "el régimen laboral de los sentadas por los distintos espe- menores en México", que fue esc i a I i s ta s que conformaron la crita y planteada por el rigor y membrecía del Congreso, desta- autoridad intelectual que caraccándose, entre otras, la ponencia terizan las obras del m a e s t r o del Sr. Lic. Antonio Aguilar Gu- Trueba Barrera; junto con esta tiérrez que versó sobre "refor- ponencia, f u e r o n presentadas mas a la legislación civil vigente otras no menos importantes, y en materia de tutela, consejos lo- que al igual que la primera, socales de tutela y jueces pupila- bresalen por señalar con t o d a res", y la del Lic. Arauja Valdivia precisión la explotación y el desque trató sobre "tres institucio- amparo legal que brinda la ley nes aptas para lograr una pater- a los menores y sobre todo, la nenidad responsable dentro de la cesidad de reformar los artículos planeación familiar". Paralelo a correspondientes de la ley para el estas dos ponencias, conviene se- efecto de conceder mayor proñalar dos trabajos presentados, t ección a los trabajadores menouno por la Profra. Carolina Baur res de edad. Arena sobre "Decálogo de los En relación con las ponencias derechos del niño mexicano", y presentadas dentro del tercer teel otro, de la Srita. Ma. Magdale- ma: régimen educacional det mena de Cruz Lara, que versó sobre nor, se distinguieron por lo sus"la problemática del menor en el tancioso del contenido de cada hogar mexicano". Ambas ponen- una de ellas, pues no obstante la cias se destacan por su origina- diferencia de tópicos y puntos de lidad. La primera, porque es el vista sustentados por sus autoprimer trabajo que se presenta res, se detectó la existencia de sobre este tópico en un congreso un común denominador, o sea la nacional, ya que solo las Nacio- preocupación y solución imposternes Unidas lo habían tratado a gable hacia los problemas de los su nivel sin repercusión en otros menores que estamos vivencianEstados; y el segundo, por q u e do en diferentes niveles y en to- 369 �dos los Estados de la República Mexicana. Dentro de este conjunJo _de ponencias, se señala la mt1tul_ada "Menores en estado de peligro social y menores infra~tores de leyes penales" del_-e m I n e n_ t e maestro Javier Pina y Palacio~, que seguramente ha d~ haber sido un magnífico traba¡o (c o m 0 todos los que él presenta), pero que desafortunadam_ente no P_0 demos dar fe del mismo_, en virtud del error garrafal e 1mper?onable cometido por los encuaaernadores en el trabajo present~do or el Maestro Piña y Palacios, ~a que en el Volumen 2 apa~ece publicado en se!'t_i~o invertido, por lo que impos1b1llta la lectura de la misma, mermando así su calidad. 370 Por lo que respecta al .. cuarto tema del Congreso, o sea El tratamiento del menor en estado anti social", sobresal~n )as presentadas, una por el insigne maestro Ignacio Burgoa y la o~ra ~or la Facultad de Derecho Y Ciencias Sociales de la U . A. N . L • Por 10 que a la primera hace, el m_aestro Burgoa la intitula "Necesidad de una nueva ley procesal en relación con la situación ~e lo_s ~enores en e s t a d o ant1s?c1al Y cuestiona dentro de la misma, la inconstitucionalidad de la ley Orgánica de los tribunales_ d~ m~nores publicada en el d1ano oficial de la federación el día 26 ~e . de l941. En su estudio, Jurno . . . 1 con señala con toda prec1s1on as tradicciones existentes en el nombramiento de los jueces de los tribunales para menores y, por otra parte, las violaciones e~ que incurren éstos en las detenciones de los infractores de acuerdo con lo establecido en la Constitución general de la República. Por lo que se refiere a la ponencia presentada por la Fac~ltad de Derecho y Ciencias Sociales intitulada "Reconsideraciones para un código único de protección al menor" propone, entre otros puntos, el cambio de nombre actual "Tribunal para menores" por el de "Consejo Tute!ar Protector de la infancia t 1~ JUv e n tud'', fundándose principalmente en los objetivos q_ue persiguen. Si los tribunales tiene como misión proteger, educar Y d~ ninguna manera castigar, reprimir O imponer penas, es ~ece_s_ario entonces que la denominac1on de la institución sea congruente con sus finalidades. Dentro de la ponencia se propone también, la reestructuración iríterna de la institución separando los infractores menores, de acuerdo con la edad de éc;tos para el efecto del establecimiento de las penas. Se propone, igualmente, la creación de un Centro de Investigación y Orientac:ón. en donde se guardaría la inforrración, antecedentes, etc., de los infractores, también la creación ele un Cuerpo de prevención tute'ar en donde se establecerían los rPquisitos a llenar por las personas que laborarían en estos centros. Por lo que se refiere a la aprehensión de los menores,. se prop:me una modificaci?_n radical consistente en la creac1on de un personal distinto a los polic!as comunes y corrientes, es decir, que exista un cuerpo especial para re.ilizar las detenciones par~ _~I efecto de no herir la suscept1b1lldad del menor que a esta ~dad resulta en alto grado, demasiado sensible. En lo referente al quinto capítulo que t rata de "La previsión, asistencia y seguridad social en relación con el menor" se presentaron once ponencias aproximadamente, pero a diferencia de los demás temas en los cuales se distinguieron por la cantidad y calidad de trabajos presentados. Especialistas de prestigio profesional sólido t a I e s como Néstor de Buen Lozano, Salomón González Blanco, Alberto Trueba Urbina, Francisco González Díaz Lombardo y otros, concurrieron a vertir sus opiniones y experiencias lográndose con estas aportaciones el éxito que se había pre- visto dentro de este capítulo. Indiscutiblemente que el intercambio de ideas, experiencias, tesis y puntos de vista sustentados dentro de este "Primer Congreso Nacional sobre el Régimen Jurídico del menor" f u e valioso y fundamentalmente provee h o s o. Pensamos que sólo a través de esta clase de Congresos se pueden establecer las pautas a seguir p a r a salvaguardar lo más preciado del mundo y de México: su niñez y su juventud. Lic. Miguel Platón León Manrique de Lara. 371 �ramericano, necesarios para uso de la Conferencia Especializada lnteramericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP), convocada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y que fuera aprobad~ el 23 de abril de 1971 mediante la resolución AG/RES. 48 (1-0/71). LIBROS rn Y PUBLICACIONES PERIODICAS RECIBIDOS EN LA BIBLIOTECA Organización de los Estados Americanos. Comité Jurídico Interamericano. Trabajos realizados por el Comité Jurídico Interamericano durante el período ordinario de sesiones celebrado del 15 de enero al 16 de febrero de 1973. Washington, Secretaría General de la Organ¡zación de los E s t a d o s Americanos, 1973. 195 p. (OEA/Ser. Q. IV. 6/CJl-13). La presente obra contiene el Informe del Presidente del Comité Jurídico Interamericano, presentado al iniciarse el período de sesiones. Incluye, además, un Proyecto de Convención lnteramericana sobre Extradición y su respectiva exposición de motivos, aprobado por el Comité el 7 de febrero de 1973. Un Proyecto de Instrumento sobre casos de violación al principio de no intervención, Dictamen del Comité a c e r c a del Fortaiecimiento del Sist ema Interamericano de Paz, Resolución del mismo C o m i t é acerca del derecho del mar, informe de un curso anual de alto nivel sobre temas de derecho internacional, aprobado el 16 de febrero, a base de conferencias y cursillos, y finalmente, el Acta final del período ordinario de ses;o:,e::; de! Comit é. Organización de los Estados Americanos. Comité Jurídico Interamericano. Trabajos realizados por el Comité Jurídico Interamericano d...rante el período ordinario de sesiones celebrado del 26 de julio al 27 de a g o s t o de 1973. Washington, Secreta· ría General de la Organización de los Estados Americanos, 1973. 243 p. (OEA/ Ser. Q. lV. 7 /CJl-17). El presente trabajo contiene varios estudios, informes y pro· yectos de convenciones preparados por el Comité Jurídico lnte· Los trabajos presentados por el Comité fueron elaborados de acu~rdo con el Proyecto de Temano de_ la CIDIP, aprobado por e! ~onseJo Permanente el 20 de d1c1embre de 1972 (CP/RES 83 9 (72), el cual comprende· los sIguIentes aspectos: <~ l. Sociedades m e r c a ntiles multinacionales. 2. Sociedades mercantiles. 3. Compraventa i n t e rnacional de mercaderías. 4. Letras de cambio, cheques Y pagarés de circulación internacional. 5. Arb!traje comercial internacional. 6 · Tra~sporte marltimo internacIon_al, con especial referencia a los conocimientos de embarque. 7, Tran:ii!ación de exhortos y com1sIones rogatorias. 8. Reconocimiento y e j e c ución de sentencias judiciales extranjeras. · 9. Obtención de pruebas en el extranjero en asuntos civiles y comerciales. 10. Régimen legal de los poderes para ser utilizados en el extranjero. 11. Acción que debe tomarse para el desarrollo de otros temas de derecho internacional privado. Organización de los Estados Americanos. Comité Jurídico Interamericano. Textos de los Tratados de Montevideo sob r e Derecho Internacional P r i va d o (1889, 1939 y 1940). Washington, Secretaría General de la Organi· zación de los Estados Americanos, 1973. 174 p. (OEA /Ser. Q./11.8/CJl-14). La División de Codificación e Integración Jurídica del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Organización de los Estados Americanos preparó la presente publicación que, como lo indica su título, contiene los textos de los tratados aprobados en el Primero y en el Segundo Congresos Sudamericanos de Derecho Internacional Privado celebrados en M o n t e v i d e o en 1888-1889 y 1939-1940, respectivamente. Se pretende con ello cooperar con el Comité Jurídico Interamericano· en la elaboración de los estudios, informes y proyectos de convenciones a que se refiere el párra.f o 3 de la resolución AG/ RES. 48 (1-0/71) aprobada por la Asamblea General de la OEA el 23 de abril de 1971, por medio de la c u a I se convocó a la Conferencia Especializada lnteramericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP). Los textos de los T r a t a d o s adoptados en 1889 fueron tomados de: "Actas y Tratados del Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado (Montevideo, 1888-1889)", pu b I ictición del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, Buenos Aires, 1928 páginas 847 a 928, reproducido~ en el orden cronológico en que 373 �fueron suscritos. Los Tratados de 1939 y 1940 fueron tomados de: "Segundo Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado de Montevideo, Acta final", segunda e d i c i ó n, publicada en 1940 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, así como de las copias certificadas de los Tratados. PUBLICACIONES PERIOOICAS. .374 (1971). México, U.N.A.M. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Comparative juridical review, Vol. 11 (1974). Coral Gables, Florida, Pan American lnstitute of Comparative Law. Criminalia, Ario XXXIX, Nos. 7-8 (julio-agosto de 1973). México, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Estudios de derecho, Vol. XXXII, No. 83, segunda época (marzo de 1973). Medellín, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia Estudios sindicales, Año VII, Nos. 27-28 (abril-d i c i e m b re de 1973). Madrid, Instituto de Estudios Sindicales. Bibliografía, documentación, terminología, Vol. XIV, No. 1 (enero de 1974). París, Unesco. 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Facultad de DereSecretaría de Industria y Cocho y Ciencias Políticas. mercio. Dirección General de Revista mexicana de sociología, Estadística. Vol. XXXIV, Nos. 3-4 (julioRevista de la Facultad de Dereseptiembre, octubre-diciembre, cho, No. 3 (enero-junio, 1973). 1972). México, U. N. A. M. Caracas, Universidad Santa MaInstituto de Investigaciones Soría. Facultad de Derecho. ciales. Revista de la Universidad ExterUniversidad Pontificia Bolivarianado de Colombia, Vol. XIV, No. na, Vol. XXXIII, Nos. 114-115. 2 (agosto de 1973). Bogotá, (tercero y c u a r t o trimestre, Universidad Externado de Co1972). Medellín, Universidad lombia. Pontificia Bolivariana. ��� Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Derecho Y Ciencias Sociales Año de publicación El año cuando se publico 1974 Volumen Volumen de la revista 1 Número Número de la revista 3 Mes de publicación Mes cuando se publicó Febrero-Mayo Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Cuatrimestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1784899&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales, 1974, Vol 1, No 3, Febrero-Mayo Creator An entity primarily responsible for making the resource Flores Longoria, Samuel, 1934-, Director Subject The topic of the resource Derecho Derechos civiles Publicaciones periódicas Leyes Jurisdisprudencia Filosofía del derecho Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derechos y Ciencias Sociales Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Galván Ancira, David, Secretario de Redacción Salinas Quiroga, Genaro, Consejo Editorial Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/02/1974 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource tex/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2016549 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. San Nicolás de los Garza, N.L., (México) Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. 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Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores Administración de justicia Alcohol Brecha comercial mexicana Célula nacional de identificación Criminología Derecho Constitucional https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/271/13586/DERECHO_Y_CIENCIAS_SOCIALES._1974._Vol._2._No._4._Jun-Sep._0002016550.ocr.pdf ea025c11641e4cce1ead3e8ce2cdf83c PDF Text Text ��~ UIÚVERs!IARIO �I DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES INDICE VOLUMEN 11: NUMEROS 4,6 1974 / 1975 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON MONTERREY, -N. l. 1975 �INDICE DE ARTICULOS LA BRECHA COMERCIAL MEXICANA, Jesús Ramones Saldaña, 11: 4, 1-12. LA CARTA DE LOS DERECHOS Y DEBERES ECONOMICOS DE LOS ESTADOS, Alberto García Gómez, 11:4, 25-44; 11:5, 163-179. CONCLUSIONES, Reunión Nacional de Profesores de Derecho Agrario, 11:5, 145-152. CREACION DE TRIBUNALES FEDERALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA AGRARIA, Bertha Beatriz Martínez Garza, 11:5, 127- 138. CRISIS DE LA UNIVERSIDAD, J. Ramón Palacios Vargas, 11:4, 71-86. DERECHO FISCAL Y DERECHO PROCESAL FISCAL GENERALIDADES. "EL CASO NUEVO LEON", Carlos Francisco Cisneros Ramos, 11:4, 45-50. EL DESPLOME DE LA AGRICULTURA MEXICANA, Jesús Ramones Saldaña, 11:5, 153-162. ERRORES LEGALES Y DELINCUENCIA DE MENORES, Jesús Treviño Faz, 11:4, 50-62. LA FILOSOFIA JURIDICA Y POLITICA DE LUIS LEGAZ Y LACAMBRA, Agustín Basave Fernández del Valle, 11:6, 245-260. EL JUICIO DE AMPARO, Euquerio Guerrero López, 11:6, 181-204. MEXICO EN EL SISTEMA INTERNACIONAL Y SUS RELACIONES CON LOS ESTADOS UNIDOS, Romeo Flores Caballero, 11:4, 13-24. NUEVAS CARRERAS, 11:4, 93-100. EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, Manuel López Padrón, 11:6, 223-244. PRESENTACION, Neftalí Garza Contreras, 11:5, 1-111. REFORMAS A LA LEGISLACION AGRARIA, Manuel Mesa Andraca, 11:5, 117-126. . REFORMAS AL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, Arturo Charles Charles, 11:5, 109-116. LA REFORMA EDUCATIVA A NIVEL DE FACULTAD DE DERECHO, Ernesto T. Araiza Rivera, 11:4, 63-68. RESEÑA BIBLIOGRAFICA, 11:4, 101-108; 11:6, 283. EL SERVICIO SOCIAL AGRARIO, Antonio Huitrón H., 11:5, 139-144. LA SUPREMA CORTE DE JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA, Arturo Martínez Salinas, 11:6, 205-222. UNA POLITICA FISCAL PARA LA EDUCACION, Alfredo Gutiérrez Kirchner, 11:6, 261-282. VOTO, 11:4, 87-92. �INDICE DE COLABORADORES ARAIZA RIVERA, Ernesto T., 11: 4, 63-68. BASAVE FERNANDEZ DEL VALLE, Agustín, 11: 6, 245-260. CISNEROS RAMOS, Carlos Francisco, 11: 4, 45-50. CHARLES CHARLES, Arturo, 11: 5, 109-116. FLORES CABALLERO, Romeo, 11:.4, 13-24. GARCIA GOMEZ, Alberto, 11: 4, 25-44; 11: 5, 163-179. GARZA CONTRERAS, Neftalí, 11: 4, 69-70; 11: 5, 1-111. GUERRERO LOPEZ, Euquerio, 11: 6, 181-204. GUTIERREZ KIRCHNER, Alfre_ do, 11: 6, 261-282. HUITRON H., Antonio, 11: 5, 139-144. LOPEZ PADRON, Manuel, 11: 6, 223-244. MARTINEZ GARZA, Bertha Beatriz, 11: 5, 127-138. MESA ANDRACA, Manuel, 11: 4, 117-186. PALACIOS VARGAS, J. Ramón, 11: 4, 71-86. RAMONES SALDAÑA, Jesús, 11: 4, 1-12; 11: 5, 153-162. REUNION NACIONAL DE PROFESORES DE DERECHO AGRARIO, 11: 5, 145-152. SALINAS MARTINEl, Arturo, 11: 6, 205-222. TREVIÑO FAZ, Jesús, 11: 4, 50-62. DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 4 �UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DIRECTOR: Lic. Neftalí Garza Contreras. DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES SUBDIRE'CTOR: Lic. Everardo Chapa Cantú. SECRETARIO: Lic. David Galván Ancira. DECANO: Revista Cuatrimestral de la Facultad de Derecho Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Nuevo León. y Lic. Genaro Salinas Quiroga. JEFE DE LA SECCION EDITORIAL: Lic. Jesús Ramones Saldaña. VOL 11 JUNIO-SEPTIEMBRE, 1974 No. 4 DIRECTORIO DE LA REVISTA DIRECTOR: I N D I C E Lic. Samuel Flores Longoria. JF,SU~ RAMONES SALDA -A, La Brecha Comercial Me- DIRECTOR ARTISTICO: Arq. Alfonso Reyes Martlnez. xicana. ROMEO F1DRES CABALLERO, México en el Sistema InSECRETARIO DE REDACCION: Lic. David Galván Ancira. SECRETARIO DE CIRCULACION: Bibl. Manuel Uribe M. CONSEJO EDITORIAL: Lic. Genaro Salinas Quiroga, Lic. Neftall Garza Contreras, Lic. Everardo Chapa Cantú, Lic. Samuel Flores Longoria, Dr. Agustín Basave Fernández del Valle, Lic. Alberto Garcla Gómez, Lic. Jorge Mont-.nayor Sala:zar, Lic. Jft6s Ramones Saldaña. La responsabilidad de los artículos ,publicados es exclu siva de sus autores. Las opiniones ex,prcsadas e n la Re vista son estrictamente personales y no asumen responsabilidad/ por ellas la revista, la Facultad de Derecho de la U. A. N. L. o las institucione s a las que estén asociados · sus expositores. Derecho y Ciencias Sociales aparece cuatrimestralmente. No se devuelven originales aun cuando no se publiquen. Toda correspondencia debe dirigirse a: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Re-vista. Derecho y Ciendas Sociales Ciudac-l Universitaria, Mon-terreY, N. L., México. .DIPRESO Y Hl!lCHO EN MEXICO PBIJff1Q) .&1'D ltf.llGl'tal .&lrou• R~7~ Adolfo Prle10 Ole. uot elOlltcr'ff, • • L. JLIDI JJf -..UOO ternacional y sus Relaciones con Estados Unidos. ALBERTO GARCIA GOMEZ, La carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados. CARLOS FRANCISCO CISNEROS RAMOS, Derecho Fiscal y Derecho Procesal Fiscal. Generalidades. "El Caso Nuevo León". JESUS TREVI~O FAZ, Errores Legales y Delincuencia de Merwres. ERXESTO T. ARAIZA RIVERA, La Reforma Educativa a nivel de la Facultad de Derecho TEITALI GARZA CONTRERAS, Documentos, Presentación J. RAM01 PALACIOS VARGAS, Crisis de la Universiáad Voto Nuevas Carreras Reseñas bibliográficas 13 25 45 51 63 69 71 87 93 101 �JESUS RAMONES SALDAl'lA LA BRECHA COMERCIAL MEXICANA e orno es de sobra conocido, México ha sido tradicionalmente un productor y exportador de materias primas, desafortunadamente el precio de éstas, además de estar sujeto a repetidas fluctua• ciones, se deteriora en algunas ocasiones por los fenómenos de sobreproducción. Ante esta realidad, es preciso modificar el sistema que actualmente prevalece en las exportaciones mexicanas, que consiste en el envío de productos primarios (algodón, café, azúcar, tomate, etc.) y adoptar una política eficaz y a largo plazo cuyo objetivo radique en mejorar el desarrollo económico a través de un selectivo proceso de sustitución de importaciones y una más activa participación de los productos manufacturados en el comercio exterior. Con tal propósito, resultan halagadores los intentos que se están realizando en los momentos actuales por parte del sector público y privado para la diversificación de los artículos de exportación, mejorando el contenido manufacturero a fin de que el valor total de sus exportaciones pueda elevarse. En este sentido, cabe destacar que en el anterior sexenio las ventas totales del país al exterior aumentaron de 12,770 millones de pesos en 1964 a 16,063 millones en 1970. A partir del actual sexenio presidencial, las ventas se elevaron hasta alcanzar en 1973 la suma de Lic. Jesús Ramones Saldafia, Investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Facultad de Economla, y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UA.NL. �LA BRECHA COMERCIAL MEXICANA LA BRECHA COMERCIAL MEXICANA 26,050 millones de pesos. Lo más significativo de este aumento, es la participación de los productos manufacturados que en 1970 representaron el 35% del total de las exportaciones y para 1973 se elevó su participación a un 52 % . Esto es señal de la tendencia- actual hacia la diversificación que han tenido nuestros productos, entre los cuales han disminuido su importancia relativa los bienes primarios para darle paso a los productos manufacturados. La idea de aumentar las exportaciones de bienes manufacturados ha venido adquiriendo una importancia creciente en el ámbito de la política comercial de nuestro país para atenuar o eliminar el déficit en la balanza comercial. Recordemos que los ingresos derivados de la exportación de bienes manufacturados proporciona una serie de ventajas entre las cuales hay que destacar la obtención de divisas que permitan financiar la importación de maquinaria y artículos tan necesarios para el desarrollo industrial del país. Aún con lo anterior, no es exagerado afirmar que el problema qúe atraviesa nuestro país, en materia de comercio exterior, en este momento, es su cuantioso déficit que cada año se va agudizando de manera alarmante. El Comercio Exterior de México, viene padeciendo de una seria crisis, no de tipo temporal, sino crónica que se acentúa frente al superávit que el comercio exte.ior producía ant es de la segunda guerra mundial; en los últimos dos sexenios presidenciales se han registrado cuantiosos déficits que van creciendo de manera acelerada. En el sexenio 19591964, el saldo negativo fue de 26,913 millones de pesos; y en el sexenio de 1965-1970 se elevó a 48,000 millones de pesos. Estas cifras indi~an que nuestro déficit comercial tiende a elevarse habiéndolo hecho en un 70% de un sexenio a otro. Por lo que respecta al año de 1973 las compras que se realizaron fueron de 48,000 millones de pesos, contra las ventas que ascendieron a 26,050 millones de pesos que nos dejó con el cuantioso déficit de 21,950 millones de pesos. Para el presente año, la situación se presenta todavía más desfavorable, por que según informes preliminares, el déficit comercial para los tres primeros meses del año asciende ya a 6,743 millones de pesos. que influyó la entrada de equipo y materiales intermedios para las industrias maquiladoras de exportación, situadas en la faja fronteriza, la· compra de maqu:naria industrial, partes y refacciones y la importación de petróleo. Además, siguen creciendo rápidamente, como reflejo del ritmo de nuestra actividad económica, las compras de materias primas auxiliares y los bienes de inversión con 34 y 40% respectivamente para el año de 1973 con relación a 1972. (1) En cuanto a lo ocurrido el año pasado, influyeron diversos factores, entre estos se cuentan: las adquisiciones de productos agrícolas de consumo necesarios para complementar una oferta interna severamente afectada por los desfavorables resultados del ciclo agrícola 1971 y 1972, el rápido aumento de las importaciones a los perímetros libres, en el 2 Por su parte, el comportamiento de las exportaciones mexicanas estuvo determinado por la baja en la participación del sector agropecuario dentro del total de las exportaciones, al disminuir de 50.1 % que representaba en 1971 a 43.5% en 1973. La disminución de las exportaciones agropecuarias en 2.3 % , con relación a 1972, aunada al de crecimient o de las exportaciones de productos minerales (1.9%) se explican, básicamente por la incapacidad de la oferta local de crecer al ritmo de la demanda interna y externa, debido sobre todo a problemas estructurales de orden interno. El hecho anterior nos demuestra, que los resultados del comercio exterior mexicano siguen estrechamente correlacionados con los de la producción primaria, pues un ciclo desfavorable como lo fue, el año de 1971 y 1972 y la lentitud de su recuperación en 1973, provocó la contracción de las exportaciones y aumentó las importaciones, con el consecuente deterioro de la balanza comercial. Debemos tener muy presente que el sector agrícola por diversas causas, no será capaz de asegurar la continuidad en las tasas de crecimiento de las ventas mexicanas al exterior. Entre estas causas se hallan: la debilidad de los precios del algodón; las limitaciones al crecimiento de las exportaciones de café y azúcar de acuerdo con los convenios internacionales y la eminente saturación del mercado de tomate de Estados Unidos. Por ello se insiste en que es urgente corregir esta situación a través de una transformación estructural que independice el comercio externo del sector agrícola. La política comercial que se propone es que, junto a las exportaciones agrícolas, se alienten las exportaciones de _bienes manufacturados, puesto que además de elevar los ingresos por divisas, contribuye al crecimiento de la economía mexicana. Por otra parte, la expansión de las manufacturas hace posible reducir los costos al utilizar plenamente la capacidad instalada de las plantas actuales y al propiciar la construcción de nuevas empresas industriales. Para incrementar las exportaciones de bienes manufacturados es 3 �LA BRECHA COMERCIAL MEXICANA LA BRECHA COMERCIAL MEXICANA necesario, mejorar los incentivos que se ofrecen a las exportaciones. En este sentido, vale la pena repasar algunos incentivos a la exportación. En nuestro país, desde hace algún tiempo se vienen otorgando créditos a tasas preferenciales para el envío de productos manufacturados. Sin embargo por razones muy especiales, el uso del mismo es muy bajo. Según cifras preliminares, los créditos otorgados llegaron aproximadamente a 4,500 millones de pesos en 1973 que representan un 17% del valor de las exportaciones totales. También existe el llamado "Sistema de incentivo triple", adminis• trado por la Secretaría de Hacienda, que incluye exenciones de impuestos de exportación, devoluciones de las partes sobre ingresos mercantiles correspondiente al gobierno federal (1.8%) del valor de la transacción, así como un reembolso del 50% del impuesto al ingreso imputa• ble, para . todo incremento en las exportaciones sobre los niveles de 1961. Sin embargo, la suma de este estímulo no excedía el 2% del valor de las exportaciones de manufacturas. Los subsidios a la exportación se vienen concediendo muy particularmente a todos aquellos productos terminados que no requieren transformación en el extranjero. Igualmente, la exención de impuestos, sobre ingresos mercantiles se aplica sólo a las ventas directas. dos o nulos, si no se mejora la calidad de los artículos nacionales y se le da impulso a la industrialización del país. Desde hace años, la solicitud de permiso de importación, se concede si la diferencia de precio entre el artículo producido internamente y el sucedáneo extranjero no excede cierto límite. Esta diferencia de precios se fijó en un 90% para · productos no sujetos a programas de integración, y en un 25% para artículos cuya producción se halla sujeta a programas de integración. El año pasado hubo nuevos estímulos fiscales a los exportadores mexicanos mediante los Certificados de Devolución de Impuestos (CEDI) que puede alcanzar hasta un 15 % del valor de sus exportaciones, así como otras medidas que se dirigieron principalmente a promover la creación de empresas especializadas en comercio exterior. Además de los subsidios, se aplican otras medidas que fortalecen al fomento de las exportaciones y que se brindan a través de organismos entre los que se destacan la Secretaría de Industria y Comercio que interviene en la revisión de acuerdos sobre comercio y fija la política del mismo; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que actúa en aspectos fiscales; el Banco de México, S. A., que establece las condiciones generales para el financiamiento; el Banco Nacional del Comercio Exterior que opera con los exportadores financiándolos, promoviendo y orientando la comercialización al exterior y el Consejo Nacional de Información Exterior que da asesoría y orientación a los exportadores sobre las posibilidades que tienen los productos nacionales en el mercado exterior. Los efectos de la promoción a las exportaciones de los productos mexicanos, y muy especialmente a las manufacturas pueden ser limita- Como sabemos, los ingresos netos por Servicios y 1 urismo habían permitido financiar una porción considerable del déficit comercial. Sin embargo,. en el año de 1973 se advierte una suma mínima al grado que nos lleva a una situación en que el equilibrio de los pagos internacio• nales del país, depende cada vez en mayor medida, de los ingresos de capital extranjero. En suma, el sector externo atraviesa por un desequilibrio crecien• te Y por una gran dependencia que solicita un replantamiento de la po• lítica comercial. Para este objetivo, en el presente régimen presidencial se propuso un nuevo mecanismo promociona! como el Instituto Mexicano de Comercio Exterior para que realizara funciones de coordinación Y asesoría; formulación de nuevas políticas de exportación y la coor• dinación de las distintas entidades del sector público y los -0rganismos representativos del sector privado que se relacionen con el comercio exterior del país. Así fue como, el 31 de diciembre de 1970, se promulgó la Ley que crea el Instituto Mexicano de Comercio Exterior con la esperanza de que se convierta en la pieza básica que modifique el comercio exterior, en un sector dinámico que coadyuve a evitar el desequilibrio persistente 4 5 Como se ve, aunque las medidas propuestas para la promoción de las exportaciones de bienes manufacturados dan bastantes oportunidades para ampliar las ventas, sus efectos han sido limitados. El error más grave se debe a que, no se ha creado una conciencia exportadora más amplia y arraigada que capacite al empresario en las diversas téc· nicas y prácticas del comercio internacional para que adopte, actitudes más decididas en la introducción de los productos en el mercado exterior. Como es natural, el conocimiento de la situación anterior que nos arroja un resultado deficitario, cuya magnitud pasó de 13,075 millones de pesos en 1970 a 21,950 millones de pesos en 1973, hace más ur• gente la necesidad de iniciar cuanto antes, el abatimiento del desequilibrio de la balanza comercial. �.I LA BRECHA COMERCIAL MEXICANA LA BRECHA COMERCIAL MEXICANA en nuestras relaciones comerciales con el resto del mundo. Como la idea central de este artículo es dar a conocer los trabajos que realiza el gobierno para evitar la brecha comercial, es necesario señalar las atribuciones que posee el Instituto Mexicano de Comercio Exterior y las causas que motivaron la centralización de las funciones en dicho instituto. (2) " Ser el Instrumento de Coordinación de las actividades t anto del Sector Público y Privado que participan en el comercio exterior. Para este efecto, coordinará sus propias actividades con la Secretaría y Departamentos de Estado, organismos descentralizados y empresas de participación Estatal". "Organizar la participación del país en ferias y exposiciones comerciales que se realizan en otras naciones". A este respecto, pu.ede decirse que nuestro país participó muy escasamente en ferias y exposiciones internacionales. Quizá ahora que el gobierno asume una mayor responsabilidad e incurre en parte con los costos de la exposición, muy seguramente, la presencia de los productos mexicanos, será más frecuente, elevando así las posibilidades de ventas de un número mayor de artículos que actualmente no acuden al exterior. "Informar a los productores, comerciantes, distribuidores y exportadores del país, de las posibilidades que ofrezca el mercado internacional". No cabe duda que aquí se tomó muy en cuenta que las acciones unilaterales que estaban realizando algunos grupos privados como la Asociación para el Fomento de Exportaciones (AFEM); Nacional de Importadores y Exportadores (ANIERM); Fomento y Desarroilo del Comercio Exterior de Occidente (AFIMEXO); Importadores y Exportadores de Chihuahua (ADIECHI) y otras asociaciones o empresas particulares, corren el peligro de no ser lo suficientemente efectivas cuando no se unen, para llevar a efecto la comercialización en los mercados internacionales. Con tal motivo, se ha dicho " .. . la dispersión de actividades promotoras en diversos organismos, ha impedido centralizar los esfuerzos para organizar a los industriales para la venta de sus P:oductos a_l _exterior; unificar ofertas en ciertos renglones para lograr me¡ores cond1c1ones de comercialización; apoyar algunos productos para su venta en el mercado que se está requiriendo; promover adecuadamente los productos a través de misiones comerciales y ayudar a resolver los problemas de producción y competencia a que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas. (3) " Impulsar la exportación de productos semimanufacturados Y ma- De esta actividad se espera que se acumule la i nformación relativa de las condiciones económicas generales de los principales países y las posibilidades de mercado de ciertos grupos de productos. El análisis de las condiciones económicas generales en el extranjero, comprenderá los sistemas de restricción a las importaciones, la organización de las empresas importadoras, análisis de los costos de transporte, los controles de importación, etc. los beneficios de esta tarea, seguramente serán aprovechados por las empresas exportadoras para elevar la tasa de crecimiento de las ventas al exterior. "Realizar investigaciones para identificar, cualificar y cuantificar, los productos y servicios nacionales que puedan tener demanda en el exterior". Antiguamente no se contaba con la dependencia especializada que se encargaba de investigaciones de mercados para productos específicos o que estudiará los factores sicológicos que afectan la demanda de nuestros productos; o bien, la existencia de la competencia en el exterior. Tal medida ahorra gran parte de los costos de las empresas exportadoras en materia de investigación de mercados y forma el marco adecuado para que las empresas que no exportan pero desean hacerlo, cuenten con el material necesario. nufacturados". A juzgar por algunas investigaciones realizadas en empresas industriales grandes, se encontró que sólo el 41 % destinaba parte d~ su producción a mercados exteriores y el 59 % no realizaba operaciones de exportación. Igualmente se encontró, que más del 50% de las empresas investigadas estaban aprovechando entre el 40 Y 80% de su capacidad. (4) A la luz de lo anterior, lo que se está proponiendo,. es elevar la exportación de los productos manufacturados Y_ eliminar ~n parte la capacidad ociosa; así como, incrementar la capacidad efectiva de producción de las industrias r:nexicanas. "Promover la exportación de artículos artesanales". Dentro de la promoción de sectores específicos para destinarlos a la exportación, por el momento parece que debe darse prioridad a ciertos renglones que requieren elevada utilización de mano de obra que cada vez es más costosa en los países industrializados tales como: Industria Textil, del Vestido, del Calzado y Muebles. En este aspecto, Mé- 6 7 �LA BRECHA COMERCIAL MEXICANA LA BRECHA COMERCIAL MEXICANA xico tiene muchas posibilidades de convertirse en un fuerte oferente. "Llevar un registro de los fletes marítimos nacionales y extranjeros; de los volúmenes de mercancías transportadoras al exterior; y proponer una política de coordinación en esta materia a efecto de coadyuvar al desarrollo de la marina mercante". La idea central de esta atribución es mejorar las condiciones actuales de nuestra flota mercante que significan un obstáculo para las exportaciones de los bienes primarios o manufacturados. Sólo falta considerar si se promoverá el mejoramiento de los puertos, cuyas condiciones actuales significan serios atrasos para activar la saiida al exterior. "Examinar las políticas adoptadas por otras naciones que afectan al comercio exterior de México, y proponer a las Secretarías y Departamentos de Estado correspondientes las soluciones que se consideran pertinentes". La experiencia más reciente en el proyecto de restricción a las importaciones por parte de los Estados Unidos --conocida como Ley Mills, nos advierte la importancia de contar con un cuerpo especializado que analice cómo afectaría a nuestro país cualquier política comercial proteccionista. "Colaborar con la Secretaría de Industria y Comercio en la fijación de las normas de. calidad de los productos destinados a ta exportación, y a ta vigilancia de su debido cumplimiento". 3o. Procurar el equilibrio de la balanza comercial. 4o. Financiar la mayor compra de los bienes de capital necesarios mediante las exportaciones nacionales. 5o. Aumentar la ocupación y el ingreso de un numeroso sector de la población. Sin lugar a duda, la política comercial debe ser firme, en la transformación de la estructura de las exportaciones que hasta hoy son dominadas casi exclusivamente por artículos primarios, pensando en las manufacturas como el componente más dinámico de nuestras ventas al exterior. Quizá, valga la pena hacer consideraciones más prácticas (porque lo otro podría ser muy teórico) del esfuerzo coordinado del sector público y privado para lograr mayores exportaciones, así como una mayor participación de productos manufacturados porque constituye •una peligrosa ilusión suponer que estos objetivos podrán conseguirse mediante una simple intensificación de las medidas de promoción de las importaciones cuando en realidad se requieren ajustes más fundamentales. A largo plazo, las medidas de política exterior deben enfocarse hacia una elevación en la calidad de los productos manufacturados de tal modo que sean competitivos en el comercio exterior, lo anterior permitiría aumentar las exportaciones, si adecuamos el producto a tas exigencias de los mercados exteriores. Delimitado así un conjunto de atribuciones para el Instituto de Comercio Exterior, debemos señalar que la nueva política mexicana de Comercio Exterior, como la anterior, reunen un conjunto de disposiciones de tipo legal y administrativo que inciden sobre dicho comercio para regularlo, orientarlo y controlarlo. · Dentro de toda esta política comercial los principales objetivos que se esperan alcanzar en esta actividad, son los siguientes: lo. Propiciar el mayor desarrollo económico del país.20. Promover la mayor exportación de productos; en particular, de los que contengan un mayor grado de manufactura, sin descuidár el abastecimiento interno. 8 En principio, las exportaciones deben crecer de acuerdo con algunas estimaciones, a una tasa mínima del 12% anual durante esta década (1970-1980) a fin de solucionar efectivamente el déficit comercial. Por otra parte, la política industrial debe proseguir orientada hacia las exportaciones en mayor medida que a la sustitución de importaciones, ya que permite, mediante el conocimiento de las condiciones prevalecientes en el mercado internacional, la superación cualitativa de los productos y la aplicación de técnicas más avanzadas. Además, es necesario impulsar aquellos renglones de exportación que requieren una utilización intensiva de mano de obra, materias primas y procesos nacionales. En cuanto a la política de importaciones, ésta debe centrarse en la adquisición de aquellos bienes de producción que han hecho posible acelerar el proceso de sustitución de importaciones, permitiendo la integración y el desarrollo de la industria nacional. Dentro de este ~ampo, deben hacerse análisis más amplios, sin perder de vista, el obJetivo primordial de la política en este renglón; es decir, la importación de bienes necesarios para el desarrollo industrial. Es importante agregar que debemos continuar con la política de diversificación en virtud de que dentro de nuestras exportaciones ya 9 �LA BRECHA COMERCIAL MEXICANA LA BRECHA COMERCIAL MEXICANA que la mayoría de nuestras ventas al exterior, se siguen canalizando hacia Estados Unidos, en virtud de que con este país, se realiza el 55% del comercio exterior de México. Si se logra la coordinación de las prácticas comerciales antiguas y las más recientes, será factible acelerar nuestro proceso de desarrollo, ya que la orientación de las nuevas actividades productivas hacia el exterior en forma permanente, permiten una mayor ocupación de mano de obra y una generación de ingresos para importantes núcleos de la población, los que a su vez, los destinarán a la adquisición de bienes en el mercado local, creándose así un proceso multiplicador de las actividades económicas en general. ' El requisito básico que debe satisfacerse para conseguir tal avance, en el comercio exterior, consiste en el fortalecimiento del desarrollo industrial de nuestro país que determinará en última instancia, el mejoramiento de la posición competiva de las manufacturas mexicanas en los mercados internacionales. Para esto, es necesario, la absorción y adoptación de tecnología moderna y un constante mejoramiento de la mano de obra. Parece haber pocas dudas que el objetivo a corto plazo de dinamizar las exportaciones es que, al mismo tiempo que se asegura un volumen creciente de divisas, el país se enfila hacia un desarrollo más vigoroso y sano de la economía nacional. NOTAS BIBLIOGRAFICAS n, (1) Banco de México, S . A. Indicadores Eco~mieos, Vol. l2) Banco Nacional de Comercio Exterior, Revista de Comercio Exterior Vol XXI No 1 en ro de 1971, México, D. F . • · · · • e- ll) Ca~erón Marilne'z, Antonio, •'La promoción de las eXPOrtaclones en México" B N e 0 Rensta de Comercio E~- erior, Vol. XX, No. 1, enero de uno, Mé:x:lco, n .' F .", ~ág.· 37: ( 4) Ibld., Pág. 38. Por último, si se logra cumplir y diversificar el mercado exterior, los beneficios serán muy amplios, pues al aumentar los volúmenes de producción (trabajar con un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada), se lograrán costos más bajos, por lo que nuestros productos terminados podrán llegar a más bajos precios, tanto al mercado exterior como al comprador nacional, permitiendo que sean accesibles a las familias de bajos niveles de ingreso. Finalmente, debe quedar bien clara la idea de que la nueva política comercial mexicana es una de los muchos elementos que intervienen en el proceso de desarrollo económico. De ahí que sus logros no deben aislarse de los otros elementos de la política económica que persigue el gobierno. El interés del gobierno es incrementar el esfuerzo de todos, y en especial, la de una acción coordinada del sector público y privado donde se haga uso de los instrumentos de la política comercial, para alcanzar las metas superiores del actual desarrollo en beneficio de su población. 11 No. 6. mayo de 1974_ �ROMEO FLORES CABALLERO MEXICO EN EL SISTEMA INTERNACIONAL Y SUS RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS ntes de iniciar esta charla, quisiera expresar mi agradecimiento a las autoridades de la UANL por concederme el honor de exponer algunas ideas sobre la posición política de México en el orden internacional, y sus relaciones con Estados Unidos. Intentaré, en primer lugar, analizar las características del nuevo orden internacional. Después veremos los esfuerzos que realiza nuestro país dentro de este sistema. Para finalizar analizaremos someramente las relaciones de México con-Estados Unidos. Tal vez el aspecto más sobresaliente del orden internacional contemporáneo sea el cambio que se ha experimentado de una situación dominada por un sistema bipolar a otra determinada por un sistema multipolar. El sistema político y económico internacional atraviesa en efecto por un proceso de cambio acelerado que con frecuencia, genera dudas sobre los principios fundamentales que sirven de base a los grandes sistemas políticos actuales y, más aún, de los subsistemas que conforman a los países del Tercer Mundo. El sistema bipolar, que maduró en la postguerra y que basaba su conducta estratégica-diplomática en la amenaza de una confrontación A Doct-0r Romeo Flores Caballero, hlstoria<lor e Investigador del Colegio de México y exeatedrátlco de la Facultad de Economla de la UANL. 13 �MEXICO EN EL SISTEMA INTERNACIONAL Y SUS RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS termonuclear, llegó a su clímax durante la crisis cubana de 1962. A partir de entonces, las dos potencias adquirieron conciencia de las consecuencias desastrozas que podría traer al mundo su carrera armamentista y decidieron, con el establecimiento de una línea telefónica directa entre Washington y Moscú, acordar los principios de una distención entre estos enemigos tradicionales. Hacia fines de la década de los sesenta, el sistema bipolar habrí¡:¡ de dar paso a un nuevo orden. La confrontación nuclear se cambiaría por otra competencia, ahora circunscrita a los aspectos económicos, especialmente en el campo financiero y en la nat uraleza de la transferencia ·de la ciencia y la tecnología. ses altamente industrializado;; en las actividades económicas de los países subdesarrollados y, con ello, mantener inalterable el status quo del sistema internacional. La disminución de la confrontación termonuclear, permítanme insistir en ésto, Y el surgimiento de la confrontación económica, han hecho posible la realización de ciertos acuerdos entre países de ideología y sistemas políticos que hubiéramos juzgado imposible que se produjera hace diez años. Esto, a su vez, ha permitido la posibilidad de que .surjan nuevas comunidades regionales, nuevos bloques económicos y nuevas asociaciones de países en vías de desarrollo que, con propósitos comunes y con cohesión interna en sus sistemas, sean capaces de enfrentarse, con éxito, a las pretensiones de los países altamente industrializados. Es evidente que las nuevas características del sistema internacional están obligando a un enfrentamiento entre los países superdesarrollados y superindustrializados --casi todos ubicados en el norte del globo-- con los países subdesarrollados, ubicados en la parte sur. Mientras los primeros llegan a entendimientos más o menos rápidos, según podemos deducir de algunas acciones concretas, especialmente entre la URSS Y los Estados Unidos, los segundos encuentran mucho más complicado decidir canales de entendimiento en la práctica tanto por el número tan grande de países que lo forman, como por la necesidad que tienen de resolver sus problemas internos a corto plazo. Esto, por supuesto, facilita la intervención de los países desarrollados en las políticas de desarrollo de los países del Tercer Mundo y hace cada vez más difícil la cohesión necesaria que se requiere para tener éxito. Es decir, que mientras los primeros han sido capaces de superar, con pocos escrúpulos, sus diferencias económicas e ideológicas, los segundos se empeñan en mantener esquemas nacionalistas que les impide lograr una organización sólida capaz de defender sus intereses frente a los planes expansivos de los países más industrializados. Es a todas luces evidente que, dentro de este programa, los países desarrollados establecen las condiciones del orden económico y obligan a los menos desarrollados a someterse, aún a riesgo de afectar sus planes de desarrollo económico y social interno. Los que no estén dispuestos a ceder ante estas reglas del juego son objeto de graves presiones económicas. Este cambio de confrontaciones hizo posible que la intransigencia ideológica cediera su lugar a un sistema más abierto. Estamos en presencia de una transformación que permite una acción más libre. Esta nueva situación se basa en nuevas reglas del juego, y en nuevos criterios para decidir a quiénes debemos considerar como amigos o como enemigos en el mundo actual. La transformación de la estructura internacional caracterizada por el tránsito del sistema bipolar a un nuevo orden multiplolar, abrió perspectivas a los países débiles para participar activamente en la dirección de los asuntos mundiales. Sin embargo, esta posibilidad se ha visto empañada por los problemas económicos que conoce la coyuntura económica inte(nacional en este momento, caracterizada por la crisis del sistema monetario, la escasez de algunos productos alimenticios, la crisis de energéticos básicos, las agudas presiones inflacionarias de los países industrializados y, jllnto a ello, presenciamos el desequilibrio, ca· da vez más creciente, entre los países desarrollados y los no desarrollados. Esto último ciar.amente manifiesto en la disminución de la participación en el comercio internacional por parte de los países pobres, la evidente dependencia científica y tecnológica, la ineficiencia de los modelos de desarrollo, la carencia de una eficiente programación y administración del desarrollo con los consecuentes desequilibrios sociales y su evidente repercusión en las organizaciones políticas nacionales. En la era de la confrontación económica que vivimos, lo más perceptible que se observa en la superficie es el hecho de que los países desarrollados tratan, por todos los medios posibles, de conseguir mercados, aun cuando no sean los mejores, para colocar sus productos, sus capitales y colocar su capacidad financiera, empresarial y tecnológica. Todo ello, ofrecido en paquete, para asegurar la presencia de estos paí- 14 ¿Cuál ha sido, frente a estas circunstancias, la política de México? ¿Qué acciones concretas ha realizado nuestro gobierno frente a este nuevo sistema? 15 , �MEXICO EN EL SISTEMA INTERNACIONAL Y SUS RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS México, después de 1950, y hasta 1968 se había enfrentado con bastante éxito a los cambios acelerados del sistema internacional, pro• curando mantener niveles más o menos normales, tanto en la produc• ción como en la distribución del ingreso, sin alterar la estabilidad polí• tica. Sin embargo la política del desarrollo estabilizador, después de haber cumplido su programa fundamental, había llegado a sus límites operativos en 1%8, y requería de reformas estructurales básicas. La tesis del desarrollo estabilizador tenía como fundamento la actuación sobre "los factores económicos que determinan el ahorro de donde se genera o donde se utiliza", para decirlo textualmente, y con ello lograr la eficiente asignación de recursos. Con este principio la economía mexicana había logrado un evidente crecimiento. Sin embargo, este crecimiento fue posible gracias a una fuerte inversión extranjera y a un aumento desorbitado de la deuda ex• terna que ascendió a casi 4,000 mfüones de dólares, en 1970. Lo más grave de este crecimiento, basado especialmente en la deuda externa, radicaba en que, una buena parte del financiamiento del gasto público se hacía con fondos extranjeros y en que los pagos por el servicio de la misma deuda habían llegado a absorber casi el 25% de las divisas de cuenta corriente, colocando al país, en este aspecto, en los "límites de seguridad", según lo juzgaban los expertos. Junto a ésto, que ya era bastante grave, experimentamos las consecuencias de una baja notable de los precios de los productos prima• ríos en el mercado internacional; se aumentó la importación de materias primas y creció el déficit de la balanza comercial y la de pagos, aún a pesar de los ingresos generados por la creciente corriente turística y el desarrollo de la front~ra norte. La economía, además, padeció las consecuencias de serios desequilibrios sectoriales en los que se notó un estancamiento de la producción agropecuaria, de la silvicultura y de la pesca. De manera que, a partir de 1970 era claro que el crecimiento alcanzado se había logrado con el sacrificio de la mano de obra y no había sido posible disminuir el desempleo, controlar la explosión demográfica, resolver los problemas de la balanza de pagos, lograr una mejor distribución del ingreso, disminuir el índice de analfabetismo y reducir los niveles de dependencia económica frente a los Estados Unidos. El gobierno que se inició en 1970 advirtió los serios problemas a que se enfrentaba la economía. Por ello diseñó una serie de medidas correctoras que deberían servir de base para una nueva estrategia económica dentro de la coyuntura internacional. Con ella se trató de for• t~l~er la econ_omía naci~~al, mediante reformas a la legislación impos1t1~a Y_ ?ªn~ana; 1~ creac,on de la Comisión de Zonas Aridas, la descentrahzac10~ mdustnal; la instalación del Instituto para el Desarrollo de la Comunidad Rural y la Vivienda Popular; la creación de un sistema de f~~ento a la exportación a través de incentivos fiscales y la modernizac1on de los sectores primarios. Para esto último, el gobierno respaldó a los empresarios mexicanos c?n la revisión de los estímulos fiscales a la exportación que comp~e~_d,a la devolución de impuestos indirectos (los CEDIS), así les perm,t,o mayore_s facilidades para importar temporalmente materias primas Y productos intermedios para incluirlos en los artículos de exportación. , . Desde entonces, quedó claro que, para reducir la dependencia econom,ca de los Estados Unidos, la nueva política exterior de México con- 16 17 En cuanto a la ~olítica exterior, y dentro de la estrategia de desarrollo glob~I, el gobierno otorgó un lugar predominante al fomento de l~s ex~ort.~c_iones. El objeto de esta política consistía en poder llegar a financiar sm ataduras" la compra de tecnología y maquinaria que aún no se prod_ucía en México, y compensar con ello la pérdida de divisas. Con _e~!e f,n ~e crearon el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, la Com1s1on Nacional Coordinadora de Puertos, y para preparar científicos Y planea~ el desarrollo tecnológico, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog,a. _Todo _ello serviría para resolver problemas "agudos y ancestrales" que 1~Pe?1an el desarrollo de las exportaciones. En el manejo eficiente de _es.os ms:r~mentos descansaría la nueva estrategia de la política extenor de Mexico. Tanto_las políticas correctivas en materia política interna como externa surg1an como respuesta de México al problema del subdesarrollo Y tratando de aprovechar el nuevo orden internacional. Es decir que, ante todo, para tener éxito era indispensable el fortalecimiento del Es• tado Y, par~ ello_ ~e necesitaba una mayor movilidad de los factores para hacer mas ef1c1ente el aparato administrativo y político. . Para enfrentar la coyuntura económica y política internacional el ~ob1erno decidió en primer lugar asumir una actitud decidida de solida . n_dad con los países del Tercer Mundo al interior de los foros internac~?nales; a 1~ vez que inició una política de intensificación y diversificacio~ comercial con los países del orbe, buscando nuevos mercados y ~~Jorando la calidad de nuestros productos para hacerlos más compet,!,v?s en calidad y precio frente a las manufacturas de los países industrializados. �MEXICO EN EL SISTEMA INTERNACIONAL sistía en realizar una intensa campaña para diversificar los mercados, y buscar socios capitalistas que, ajustados a nuestras leyes, contribuyeran al desarrollo de la industria de exportacLón mexicana. Es decir, se brindaba apoyo a los empresarios mexicanos y se establecían las áreas en que operarían los capitales extranjeros. La nueva política exterior que tenía por objeto aprovechar el nue- _ vo orden internacional dentro de una nueva estrategia de desarrollo intentaba estrechar sus vínculos con Japón, Europa y los países socialistas. Nuestras relaciones con los países de América Latina se vieron reforzados a través de misiones comerciales y con entrevistas entre los presidentes de los diversos países del área. Esta política latinoamericana adquirió mayor dimensión con los viajes a Perú y Chile, donde el Presidente de México propuso ante la 111 UNCTAD la elaboración de una Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Con ello, el gobierno mexicano dejaba constancia de su deseo de reforzar su polí· tica independiente, basada en los principios de la no intervención, la libre autodeterminación de los pueblos, la igualdad jurídica de los Estados y la solución pacífica de las controversias, pero, a la vez, México imprimía a estos principios un nuevo dinamismo al interior de una política internacional que ponía ahora el énfasis en problemas económicos y de cooperación entre los Estados. Tales principios fueron defendidos por nuestro gobierno ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde se definió que, dado el nuevo orden internacional, era necesario fortalecer la unidad latinoamericana mediante la dinamización de los procesos de integración. "La integración -se dijo entonces- es un proceso irreversible, toda vez que nuestros pueblos saben que no pueden quedar al margen de la tendencia hacia la formación de crear economías mayores" . Poco a poco se hizo evidente que las relaciones internacionales no eran simples ejercicios de cortesía diplomática y que, por el contrario, formaban parte de la política interior del país. La Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, sin lugar a dudas es uno de los mayores logros del actual régimen, dejó claramente expresado que nues· tro país entiende los mecanismos del nuevo sistema político internado· nal y que está dispuesto a participar activamente en las decisiones que nos afectan. Por ello se ha exhortado una vez más a los países de la América del Sur a diseñar unidos mecanismos que sirvan para incorporarnos a los avances de la economía mundial, de la ciencia y la tecnología Y eliminar el colonialismo que tanto ha caracterizado las relaciones del orden eco· 18 \ Y SUS RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS nómico contemporáneo. No es otro el sentido de la Carta en que se establece la libre disposición de lo~ recursos naturales; el respeto irrestricto del derecho que ca?a p_ue?lo tiene al_ adoptar la est ructura económica que ie convenga e 1mpnm1r a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público; la renuncia ai empleo de instrumentos y presiones económicas para reducir la soberanía política de los Estados; la supeditación del capital extranjero a las leyes del país al que acuda; la prohibición expresa a las corporaciones transnacionales de intervenir en los asuntos i~ter~o~ de las naciones; la obligación de las prácticas comerciales que d1scnmman las exportaciones de los países industrializados; las ventajas económicas proporcionales según los niveles de desarrollo; los acuerdos que garanticen la estabilidad y el precio justo de los productos bás~cos'. _la amplia y adecuada transmisión de los avances tecnológicos y c1ent1f1co~'. a menor costo y con más celeridad a los países atrasados; y la captacron de mayores recursos para el financiamiento del desarrollo, a largo plazo, bajo tipo de interés y sin ataduras. Estos principios generales deberán servir de base para consolidar esfuerzos con el fin de lograr un orden económico más justo y equitati, vo para nuestros países así co"mo fortalecer la capacidad de negociación de Latinoamérica frente al resto del mundo. La necesidad, una vez más, de internacionalizar los problemas nacionales, o si se quiere, de reconocer que los países del Tercer Mundo padecen problemas similares, que sólo pueden resolverse mediante acciones conjuntas, ha hecho que el Presidente de México. viaje a los países de sistemas ideológicos y políticos diversos para encontrar respaldo a lo propuesto de la Carta, ahora en discusión en el seno de las Naciones Unidas. También se han intensificado las relaciones e intercambios no sólo con los procesos de integración de América Latina a través de la ALALC, la Comunidad Económica del Caribe y el Pacto Andino, que todos co• nocemos sobre las bases de formar asociaciones económicas que pro~uren la defensa de nuestros intereses comunes, diseñen políticas e instrumentos que favorezcan una mejor distribución del ingreso, eleven el nivel social y cultural de los pueblos del área y coadyuven a la destrucción del orden colonial que hasta ahora caracteriza las relaciones de América Latina frente a terceros. También se han fortalecido los contac• tos con respecto a los movimientos mundiales de integración fuera de nuestro continente. Está por consolidarse el acercamiento con la Co- 19 �MEXICO EN EL SISTEMA INTERNACIONAL Y SUS RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS munidad Económica Europea, con el fin de aprovechar su mercado, sus recursos de capital y su tecnología avanzada para nuestro país. De igual manera se intenta lograr el equilibrio comercial con los países europeos con quienes tenemos una balanza comercial desfavorable. México también ha intensificado sus contactos con los países de Europa Oriental, miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME). Con estos países del bloque socialista el gobierno intenta una política de acción directa intergubernamental en materia de planificación coordinada y de especialización industrial y no únicamente de políticas comerciales como se había hecho con anterioridad. Se trata en síntesis, de lograr la cooperación integral de las economías en la industria, las finanzas, el transporte y en la ciencia y tecnología. El aumento de los intercambios económicos con Japón especialmente en la creación de industrias de exportación con capital japonés. a cambio de lograr la diversificación de las exportaciones mexicanas y aprovechar los avances científicos y tecnológicos de la industria japonesa. Algo similar ocurre con los contactos con China Popular y otros países de Europa. A todos, el gobierno les ha garantizado que en México ha terminado la época de las nacionalizaciones y que está dispuesto a lograr un desarrollo asociado. Queda aún por realizar una labor de proselitismo con los países del Continente Africano y la India. No sería extraño que en un futuro cercano seamos testigos de un nuevo esfuerzo por establecer relaciones permanentes con los países de Africa y con la India. Pero mientras tanto, ¿cómo han evolucionado las relaciones entre México y Estados Unidos frente a la nueva política exterior de México? da en la naturaleza de nuestras relaciones, en cuanto que puede afee·• tar o limitar en alguna forma la independencia política y la soberanía nacional. Sin embargo, de ésto, no debemos culpar sólo a los Estados Unidos. Es obvio que los términos de la dependencia económica deben atribuirse a la política económica de los diferentes gobiernos mexicanos. Aunque tampoco debemos oividar que la vecindad con el país más industrializado, y mayor exportador de productos manufacturados del mundo, y el poseedor de uno de los mejores mercados del mundo ha tenido un efecto monopolizadoí del comercio mexicano. A tal grado que casi el 70% de nuestras relaciones comerciales se efectúan con los Estados Unidos. No sólo ésto, sino que la mayoría de nuestros créditos provienen de consorcios bancarios norteamericanos y que la inversión directa de los Estados Unidos asciende a más de 2,000 millones de dólares y está situada en sectores estratégicos de la economía mexicana, como son la manufactura y el turismo. Estos niveles de dependencia eco:,ómica repercuten en nuestro desarrollo político y en muchas ocasiones, estamos a merced de la buena voluntad y disposición de nuestros vecinos. Además, la presencia consuetudinaria del American Way of Lite manifiesta en los periódicos, la radio, la televisión, el cine, y los negocios con nombre y estilo norteamericano, obliga a que importantes sectores de la población imiten los valores y actitudes que afectan nuestro propio desarrollo cultural así corno hábitos y costumbres de aquellos que pretenden vivir corno ricos en un país subdesarrollado en donde existen claros desequilibrios y desigualdades en la población. Aunque se argumentara que ésto no es sólo prerrogativa de México sino de todos los países que pretenden imitar el sistema de producción y consumo nortearnerican0. Quizá el dicho popular de "pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos", exprese, en forma irónica, como lo anota un distinguido internacionalista, la manera en que los mexicanos sentí· mos la realidad geopolítica de tener como vecino al país más rico y poderoso del mundo. La historia de nuestras relaciones ha sido dramática y en ellas hemos siempre sacado la peor parte. La historia registra que nuestra vecindad ha costado la pérdida de la mitad de nuestro territorio, varias intervenciones militares, frecuentemente intervenciones en asuntos de política interna así como la presencia del Coloso del Norte en todos los niveles de nuestra actividad económica. Quizá sea esta última, la dependencia económica, la que más inci· Sin embargo, en nuestro caso, esta situación es aún más grave si tomamos en cuenta la existencia del contrabando que asciende, según cálculos conservadores, a más de 3 mil millones de pesos al año. Esta, no es sólo una actitud de franca deslealtad a la industria y al comercio nacionales, sino a los propios planes de desarrollo económico del país porque limita la capacidad de acción y propicia la fuga de divisas y la evasión de impuestos necesarios para que el gobierno cumpla con sus programas de desarrollo social. Por otra parte, hay consecuencias positivas derivadas de la vecindad que disminuyen un poco los efectos negativos. Entre ellas la proximidad del mercado norteamericano permite ahorrar costos de trans- 20 21 �MEXICO EN EL SISTEMA INTERNACIONAL Y SUS RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS porte, comercialización y distribución de nuestros productos agropecuarios para hacerlos competitivos frente a otras importaciones en el mercado estaunidense. Asimismo por la vecindad existen ventajas comparativas en el turismo. En ambos casos, sin embargo, no se han realizado los mejores esfuerzos para aumentar estas ventajas con sentido nacionalista. No obstante, dentro del contexto de la dependencia económica y la estrategia geopolítica de los Estados Unidos, quizá el aspecto más sobresaliente radica en los esfuerzos que han realizado los gobiernos de México por mantener la suficiente libertad política para definir un curso independiente en sus· reiaciones exteriores. México, a pesar de la política de Washington, fue el único país que mantuvo relaciones con Cuba. Es el único país de América Latina que no recibe asistencia militar de los Estados Unidos; ha mantenido una política· independiente dentro de la OEA. Asimismo ha logrado diseñar políticas agresivas de identificación con los países del Tercer Mundo; se ha manifestado en contra de cualquier forma de colonialismo internacional; defiende su posición frente al pluralismo ideológico; respalda la tesis del desarme mundial; sostiene la tesis de las 200 mHlas del mar patrimonial. Afirma su posición democrática a nivel internacional al asentar que ningún país por poderoso que sea "puede arrogarse la conducción exclusiva de los asuntos mundiales ni, menos aún, la tutela de las naciones". Defendió la posición del renacimiento de China Popular en las Naciones Unidas frente a Formosa y estableció relaciones diplomáticas en Pekín, respaldó el régimen del Presidente Allende, y ha diseñado una serie de medidas para regular los términos de la inversión extranjera y la transferencia de la ciencia y la tecnología. En estos momentos el problema que mayores fricciones causa, entre los países, es el relativo a la emigración de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos. A este respecto el problema tiene dos aspectos, el real y el formal. Finalmente, ha manifestado su desacuerdo frente a la política mun• dial seguida por los Estados Unidos al señalar que· éstos han sido capaces de entenderse y establecer acuerdos que benefician a países de regímenes y sistemas diferentes al suyo, pero que no ha tomado la misma actitud con gobiernos y países con quienes siempre ha mantenido relaciones cordiales y amistosas. La experiencia ha demostrado que los esfuerzos formales por resolver el conflicto han sido desbordados por la realidad derivada de los factores económicos, políticos, sociales, geográficos, históricos, culturales, humanos e internacionales que condicionan los factores de atracción y rechazo que explican las causas de la emigración de mano de obra. Pero aún aquí, el gobierno de México ha asumido la responsabilidad que le corresponde. Y, ante el desconocimiento más elemental de la historia de las relaciones entre los dos países ·mostrado por el Congreso de los Estados Unidos, al aprobar la Ley Rodino que ocasiona la deportación masiva e indescriminada de trabajadores mexicanos migratorios, el gobierno ha planteado la solución jurídica que corresponde al derec-ho internacional. Al mismo tiempo que ejecuta programas para desarrollar las comunidades rurales creando fuentes de trabajo en los lugares donde se da la mayor emigración, fomentando la industria local, la construcción de caminos y el establecimiento de maquiladoras. Asimismo ha puesto en práctica una campaña para castigar a los enganchadores, impulsa los programas de educación primaría en todo el país e intensifica sus actividades para brindar la protección a los trabajadores mexicanos que residen en los Estados Unidos. Junto a todo ello se intensifican los programas de desarrollo económico y social que incluye mejores condiciones de trabajo en el país, una más justa distribución del ingreso así corno procurar medidas efectivas para el debido control de la natalidad. Una nota final sobre este problema que bien conocemos los regiomontanos. La emigración de mano de obra obedece más a las necesidades económicas de los granjeros y empresarios del suroeste de los Estados Unidos. Por esta realidad indiscutible el movimiento de un millón de personas al año se dará con o sin barreras reales o ficticias. Pero lo que no resulta equitativo y justo en este proceso es que las compuertas que permiten la aceptación o el rechazo de la mano de obra mexicana se abran o se cierren de acuerdo con los intereses unilaterales de los Estados Unidos. Y en sus relaciones concretas con los Estados Unidos, ha expresado fuera de las costumbres protocolarias, lo injusto de las relaciones comerciales y de algunas medidas unilaterales como el 10% del pago de impuesto a las exportaciones, la Operación Intercepción y la salinidad de las aguas del Río Colorado que afectan las tierras del Valle de Mexicali. Muchos y muy variados son los problemas a los que se tiene que enfrentar México para mantener su política independiente. Los que he anotado hasta ahora no son sino unos cuantos. Sin embargo, espero 22 23 �MEXICO EN EL SISTEMA INTERNACIONAL que sean suficientes para dar cuenta de los esfuerzos realizados y de la indiscutible inter-relación que existe entre la política exterior y la política interior. Es evidente que en nuestros días el gobierno mexicano ha dejado atrás la estrategia de la cautela excesiva para hacer de la política exterior un instrumento fundamental de los planes de desa rrollo económico interno. La estrategia que se ha desarrollado en materia de política exterior en el sistema multipolar que caracteriza las relaciones internacionales que vivimos, constituyen un medio fundamental para afirmar ia autonomía e independencia de México, defender y afirmar nuestra historia Y nuestra cultura y disminuir toda forma de dependencia económica que afecte nuestra soberanía. México está decidido a que sus puntos de vista sean tomados en cuenta en forma destacada, por los grandes bloques que diseñan las reglas del sistema político internacional. Apoya el pluralismo ideológico convencido del respeto mutuo de las ideas y sistemas políticos de cada país, y favorece una vinculación lo más amplia posible con el exterior para defender sus derechos y dar impulso al progreso económico Y social. Pero el éxito de esta estrategia, señores, no compete sólo a las autoridades gubernamentales. Es tarea de todos y en ello debemos em· peñar nuestros mejores esfuerzos, siempre unidos para cumplir con res ponsabilidad pública el momento histórico que nos ha tocado vivir. ALBERTO GARCIA GOMEZ LA CARTA DE LOS DERECHOS Y DEBERES ECONOMICOS DE LOS ESTADOS n ocasiones, la voz de los grandes humanistas no se escucha entre el ruido del mundo y el desdén de los poderosos, pero su voz y su mensaje llegan a su destino con el correr del tiempo: la mente y el corazón de los hombres para obrar conforme lo dispone la justicia. John Locke (1632-1704), el filósofo a quien no en balde se le considera como precursor, hace ya mucho t,iempo, alzó su voz para proclamar los en otra época llamados derechos naturales o derechos del hom• bre, los que actualmente se les conoce como derechbs humanos. El razonamiento de Locke y el ejemplo de la Declaración de Derechos Ingle· sa habrían de extenderse ejerciendo una gran influencia en todo el mun• do civilizado. En la Declaración de Independencia elaborada por los 13 Estados Norteamericanos, en julio de 1766, se dijo: "Defendemos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres han sido creados iguales y que el Creador les ha conferido ciertos derechos inalienables, en tre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad". Hoy, las circunstancias lógicamente han variado, ya que su característica es la universalidad de los problemas humanos, destacándose E Lic. Alberto Garcla Gomes, de las universidades Autónoma de Nuevo León '1' Naelonal Auf.ónoma de ltézlco. 24 �LA CARTA DE LOS DERECHOS Y DEBERES ECONOMlCOS DE LOS ESTADOS preponderadamente el factor económico entre las múltiples ~el_aciones entre los pueblos, abriéndose una brecha entre los que eufem1st1camente los economistas han dividido en países ricos y países pobres; esto es, países desarrollados en vías de serlo. En tales circunstancias, esa brecha ha producido las naturales desigualdades, lo que a su vez ha creado un clima en el que la paz se ve seriamente amenazada, en última instancia. En nuestro tiempo, a semejanza de los precursores de otra época, el Presidente mexicano, licenciado Luis Echeverría Alvarez, autor de la así llamada Carta Echeverría, ha llevado un mensaje a múltiples lugares del mundo que viene a complementar -usando su propia expresión-, a los universalmente reconocidos derechos humanos, sólo que ahora se trata de los derechos y deberes económicos, en favor de aquellos Estados que por diversas razones históricas no han podido aún alcanzar la meta del desarrollo. La Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, constituye sin duda alguna, no una mera declaració~ intras~endente de política internacional, sino la proyección del p_ensam'.ento atinado de un Mandatario que, interpretando no sólo el propio sentir de su pueblo, expresa con claridad las graves carencias que padecen los Estados del llamado Tercer Mundo, proponiendo los medios adecuados para la soluclón de bs ir.gentes problemas que los afligen. los Estados débiles. Aunque no presentó propiamente un esbozo de carta, el Presidente Echeverría indicó en su discurso algunos de los principios que consideraba indispensables incluir en ella, a saber: la libre disposición de los recursos naturales; el derecho de cada país de adoptar la estructura económica que le conviniera y a regular la empresa privada; la abstención del uso de presiones económicas sobre otros Estados; la supeditación de las inversiones extranjeras a las leyes internacionales; la prohibición a las empresas transnacionales de intervenir en los asuntos internos de las naciones; la abolición de las prácticas discriminatorias del comercio de exportación de los países en desarrollo; las ventajas económicas proporcionales según los niveles de desarrollo; la necesidad de acuerdos que garantizaran la estabilidad y los precios justos de los productos básicos; la conveniencia de un empleo y adecuada transmisión de la ciencia y la tecnología, a menor costo, a los países atrasados, y la provisión de mayores recursos para el financiamiento del desarrollo, a largo plazo, con bajo tipo de interés y sin ataduras. También hizo un llamado para una mayor participación de las naciones en desarrollo en la solución de los problemas económicos y financieros internacionales. Génesis de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados Dentro del campo del Derecho Internacional de nuestro tiempo, se observa el establecimiento de determinadas organizaciones de carácter universal, las que se objetivizan en tratados multilaterales. El ejemplo más ilustrativo se encuentra en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo alcance es mundial. Así, para llegar a la constitución jurídica de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, --cosa que deseamos-, es necesario que pase antes por un proceso de elaboración, que se inicia en Chile, en d?nde el Pn~s!dente Luis Echeverría Alvarez propuso que se elaborara, ba¡o los ausp1c1os de la Organización de las Naciones Unidas, una carta que enunciara los principales derechos y deberes económicos de los Estados. El Presidente de México indicó que dicha carta debía ser complementaria de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Al explicar su propuesta, afirmó que no era posible establecer un orden justo y un mundo estable en tanto no se crearan obligaciones y derechos que protegieran a La propuesta del Presidente Echeverría fue aceptada primero por el Grupo Latinoamericano y después por el llamado Grupo de los 77. Con el apoyo destacado de la Delegación de Chile, se elaboró un proyecto de resolución que recogió esa iniciativa. En definitiva, la Conferencia aprobó la resolución 45 (111) por la que se decidió constituir un Grupo de Trabajo que elaboraría un proyecto de Carta, el cual debía estar constituido por 31 Estados designados por el Secretario General de la UNCTAD conforme a una adecuada distribución geográfica. Una vez elaborado, el proyecto de Carta debía ser enviado a los Gobiernos de los Estados Miembros de la Conferencia para que formularan sus observaciones, en el entendido de que el Grupo de Trabajo debería continuar el examen del Proyecto a la luz de dichos comentarios y sugestiones. Asimismo, la resolución decidió que la Junta de Comercio y Desarrollo examinara con carácter prioritario, durante su XIII período de sesiones, un informe del Grupo y las observaciones de los gobiernos para remitirlos, con sus propios comentarios y sugestiones, a la· Asamblea General. En resolución del 19 de diciembre de 1972, la Asamblea General decidió aumentar el número de miembros del Grupo de Trabajo de 31 a 40, a efecto de dar cabida a varios países que tenían particular interés en participar en las labores del Grupo, y que no habaín podido ser designados 26 27 �LA CARTA DE LOS DERECHOS Y DEBERES ECONOMICOS DE LOS ESTADOS inicialmente por el Secretario General. En especial, Chile e lrak habían manifestado interés en formar parte de él. La Resolución 45 (111) decidió que el Grupo de Trabajo, al redactar la Carta, utilizara como elementos fundamentales los principios que habían sido aprobados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en su Primera Sesión; todas las propuestas y sugestiones presentadas sobre este tema en el curso de la tercera sesión de la Conferencia en Santiago; las demás resoluciones pertinentes, adoptadas dentro del marco de las Naciones Unidas, en particular la Es1rategia Internacional para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo; y los principios enunciados en la Carta de Argel y en la Declaración de Lima. Como puede apreciarse, la propia Resolución 45 (111) que estableció el Grupo de Trabajo reconoció que al elaborarse la Carta debían tenerse presentes sobre todo aquellos principios que toman en cuenta y favorecen la situación de los países en desarrollo. t uvieran elementos comunes, a efecto de reducir al mínimo el número de alternativas de los artículos. La Junta de Comercio y Desarrollo, durante su XIII Reunión celebrada en agosto y sept iembre de 1973, examinó el Informe del Grupo de Trabajo relativo a las dos sesiones de 1973. Si bien se había ,wanzado considerablemente en el prnceso de elaboración de la Carta. era obvio que aún faltaba mucho por hacer, ya que subsistían alternativas, las cuales reflejaban respectivamente las distintas posiciones de los Estados, sobre casi todos los tópicos que debía tratar la Carta. En esas condiciones, la Junta de Comercio y Desarrollo decidió recomendar a la Asamblea General que prorrogara un año más el mandato del Grupo. La Asamblea decidió prorrogarlo, así como que el Grupo celebrare en 1974 dos sesiones de tres sen_,anas cada una (en vez de dos como el año, anterior), a efecto de disponer de más tiempo para la labor de negociación (Resolución 3082 XXVIII). Esta resolución señala en uno de sus párrafos operativos y quizá sea este el punto más importante el Grupo de Trabajo, como primer paso en la labor de codificación y desarrollo de la materia, debía terminar la elaboración de un proyecto final de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados para ser examinado y aprobado durante el XXIX Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. · Proceso de elaboración de la Carta El Grupo de Trabajo celebró su primer período de sesiones en febrero de 1973. Al empezar sus trabajos, el Grupo eligió como Presidente al Embajador mexicano, Licenciado Jorge Castañeda (1), brillante expositor de los principios así como del p,oyecto de _la Carta. Como vi-cepresiden1es, quedaron los representantes de Checoeslovaquia, Egipto y Filipinas. Durante este primer período, el Grupo de Trabajo logró ponerse de acuerdo después de un largo y laborioso debate sobre cierto número de temas generales que debía contener la Carta. En algunos casos excepcionales se presentaron incluso proyectos de artículos que en opinión de sus autores, deberían figurar en la Carta. Pero básicamente, el objeto de esta primera reunión fue convenir en los tópicos que de· bían contener. El resultado final de ella fue un informe que contiene en lo esencial un proyecto de esquema, con variantes, de una carta de derechos y deberes económicos de los Estados. En la segunda sesión, celebrada en el verano de 1973, el Grupo de Trabajo, corí base en dicho esquema, examinó las numerosas propuestas que habían presentado buen número de Gobiernos, sea por escrito o verbalmente, sugiriendo textos de artículos. Incluso España y Filipinas presentaron proyectos enteros de Carta, con la totalidad de los artículos que debía contener. Los Estados Unidos, si bien no presentaron un proyecto íntegro de Carta, propusieron variantes respecto d~ casi todos los temas de la Carta. El Grupo de Trabajo, durante esta segunda sesión, procedió a la tarea de fusionar aquellas propuestas que El Grupo de Trabajo se reunió por tercera vez en febrero de 1974. Durante este período prosiguió su labor de consolidar y reducir las propuestas que contenían los elementos comunes y de negociar la formulación de textos comunes que pudieran englobar posiciones dispares. Se adelantó substancialmente en ese difícil proceso, pero en definitivd, al terminar la sesión, sólo se había convenido en un texto único en el caso de cinco artículos importantes; tratándose de otros siete artículos si bien las alternativas básicas se habían reducido a una sola, ésta to'. davía contenía corchetes con variantes respecto de cuestiones de irnporta~cia menor. Otra decena de artículos todavía requería de mayores c?_nsuitas y negociaciones. Esto ocurriria durante la cuarta y última sesion ~ue se celebrará, conforme .a la decisión tomada por el Grupo de Traba¡o, del 10 al 28 de junio del corriente año en la ciudad de México. En efecto, el 19 de junio de 1974, se dirigió al Grupo de Trabajo el señor Gamani Corea, Secretario General de la UNCTAD, quien declaró que la preparación de una Carta tenía especial significado, ya que r~fleja:ía la dinámica de la evolución de la economía mundial y proporcionar ,a un marco de referencia en el cual pudiera desarrollarse ese pro- 28 29 / �LA CARTA DE LOS DERECHOS Y DEBERES ECONOMICOS DE LOS ESTADOS ceso de evolución de modo beneficioso para todos los Estados y pueblos. En la 29a. sesión, él 24 de junio de 1974, el Presidente informó al Grupo de Trabajo de que el Consejo Ejecutivo de la UNESCO había aprobado por uanimidad en su 94a. reunión (20 de mayo a 28 de junio de 1974) la decisión 9.4 sobre la contribución de la !,.JNESCO a la preparación de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, en la que alababa los esfuerzos del Grupo de Trabajo e indicaba el interés de la UNESCO por la aprobación de dicha Carta. En la 30a. sesión de clausura el Presidente hizo una declaración final en la que subrayó la importancia de la aprobación del proyecto de Carta y encareció a todos los participantes que prosiguieran sus esfuerzos, en el marco de las futuras consultas oficiosas propuestas, para reducir las divergencias sobre los problemas respecto a los cuales no había sido posible llegar a un acuerdo en el período de sesiones. Dicho informe (2) contiene, en el capítulo 1, el texto del Proyecto de Carta que el Grupo de Trabajo decidió presentar a la Junta de Comercio y Desarrollo durante el 140. período de sesiones, para que ésta lo transmitiese, junto con sus observaciones y sugerencias, a la Asamblea General en su vigésimo noveno período de sesiones. A continuación transcribimos el Proyecto de Carta en cuestión: económico y social de todos los países, especialmente de los países en desarrollo; c) el fomento de la cooperación en materia económica, comercial cie~tífica y técnica sobre la base del mutuo provecho y beneficios equitativos para todos los Estados interesados, independientemente de sus sistemas políticos, económicos o sociales. · d) la supresión de los obstáculos principales que se oponen al progreso económico de los países en desarrollo; e) la aceleracíón del crecimiento económico de los países en desarrollo con miras a eliminar las disparidades económicas entre oaíses en desarrollo y países desarrollados· . f) la protección, la conservación y el mejoramiento del medio ambiente, 6) Consciente de la necesidad de establecer y mantener un orden económico y social que sea justo y equitativo med iante: a) el logro de relaciones .económicas internacionales y equitativas Y el fomento de cambios estructurales en la economía mundial; (3) La Asamblea General declara solemnemente los siguientes principios: Capítulo 1 Principios fundamentales de las relaciones económicas internacionales. Variante 1 Las relaciones económicas, políticas y de otra índole entre los Estados se regirán por los siguientes principios, entre otros: Variante 2 Las relaciones económicas, políticas y de otra índole entre los Estados deben regirse por los siguientes principios, entre otros: a) soberanía, integridad territorial e independencia política de los estados. Preámbulo 1) Reafirmando los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas, especialmente el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el .fomento de las relaciones de amistad entre las naciones y la realización de la cooperación internacional en la solución de los problemas internacionales de carácter económico y social, 2) Afirmando la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en esos campos. 3) Reiterando asimismo la necesidad de consolidar la cooperación internacional para el desarrollo. 4) Declarando que un objetivo fundamental de la presente Carta es promover relaciones económicas justas y equitativas entre las naciones. 5) Deseando contribuir a la creación de condiciones favorables pa· ra: a) el logro de una prosperidad más amplia en todos los países y de niveles de vida más elevados para todos los pueblos; b) la promoción por toda la comunidad internacional del sis Todo Es~ad_ o tien~ el derecho . soberano ~- inalienable de elegir su tema econom1co, as1 como su sistema polrtlco, social y cultural, de acuerdo con la voluntad de su pueblo, sin injerencia, coacción o amenaza de ninguna clase. Párrafo 2 Variante 1 1) Todo Estado tiene soberanía plena y permanente sobre las ri~uezas Y los recursos naturales, tanto en tierra dentro de sus fronteras ~nternac_io~ales como en el mar o en la plataforma continental dentro e los lrm:tes de su jurisdicción nacional y, en consecuencia, tiene de- 30 31 �LA CARTA DE LOS DERECHOS Y DEBERES ECONOMICOS DE LOS ESTADOS recho inalienable al pleno ejercicio de su soberanía para dispone:- libre y efectivamente de ellos, incluso el derecho a la nacionalización. 2) Todo Estado tiene el derecho y el debe~ d~ _a doptar todas l~s medidas efectivas, ínter alia mediant e el pl eno e¡erc1c10 de lf. soberanra permanente sobre todos sus recursos natural~s, p~ra _p~ner _!m a t?das las formas de ocupació n extranjera, apartheid, d1scnmmac1on racial Y dominación y explotación coloniales, neocoloniales y extranjeras. . 3) Todo Estado t iene el derecho de reglamentar y controlar las tn· versiones extranjeras con arreglo a sus leyes y reglamentos Y de conformidad con sus objetivos y prioridades en materia de desarrollo. . 4) Ningún Estado cuyos nacionales inviertan en un país extran¡ero exigirá tratamiento preferencial para tales inversores. 5) Todo Estado tiene el derecho de reglamentar y controlar, d: _conformidad con sus leyes, disposiciones y reglamentos, las empresas .ransnacionales que operan dentro de su jurisdicción nacional Y de adopta_r medidas para velar por que esas empresas cumplan plename~t~ con dt· chas leyes, disposiciones y reglamentos, se ~justen ª.~us poltt1cas e~onómicas y sociales y se abstengan de toda mtervenc1on en asu~tos. 1~ternos. Todos los Estados tienen el deber de cooperar en el e1erc1c10 Variante 1 Todo Estado tiene el derecho de practicar el comercio internacional Y otras formas de cooperación económica independientemente de cualesquiera diferencias de sistema político, económico y social. Ningún Estado estará sujeto a género alguno de discriminación basada únicamente en tales diferencias, es decir, Estados que estén en situaciones análogas no deben recibir trato distinto. En el ejercicio del comercio internacional y de otras formas de cooperación económica, todo Estado puede elegir libremente las formas de organización de sus relaciones económicas exteriores y concertar acuerdos bilaterales y multilaterales que_ sean compatibles con sus obligaciones internacionales y con las n_ eces1dades de la cooperación económica internacional. Párrafo 5. de este derecho. 6) Los derechos arriba mencionados incluyen el derecho a la nacionalización o el traspaso de la propiedad a los nacionales del Estado nacionalizador, como expresión de su soberanía. 7) En caso de nacionalización, el pago de indemn_ización, según sea apropiado, se hará de conformidad con las leyes nacionales del Estado Variante 1 El derecho de los países en desarrollo de asociarse en organizaciones pro~uctores de productos básicos con miras a impulsar sus econom,as nacionales Y a lograr un financiamiento estable para su desarro1!?: Y el correlativo deber de todo Estado de respetar ese derecho absteniendo:e de aplicar medidas económicas y políticas que to coarten. Parrafo 6. ?e Todo Estado tiene la responsabilidad primordial de promover el desarrollo económico, social y cultural de su pueblo. A este efecto cada E_stado tiene el derecho y la responsabilidad de elegir los objeti;os y me~1os del _desarrollo, de movilizar y utilizar enteramente sus recursos, de introducir reformas económicas y sociales progresivas y de velar por la plena participación de su pueblo en el proceso y los beneficios del desarrollo. Todos los Estados tienen el deber, individual y colectivament~,. de -~ooperar a fin de eliminar los obstáculos que entorpecen esa mov1hzac1on y utilización. Párrafo 7. que adopte esa medida. ., . . ._ 8) En cualquier caso en que la cuest1on de la tndemmz~c1on de origen a un litigio, éste se resolverá conforme al derecho nacional del Estado nacionalizador y en sus tribunales. 9) Ningún Estado puede estar sujeto a coacción económica, polí· tica o de otra índole que le impida el libre y pleno ejercicio de los derechos soberanos inalienables que se mencionan más arriba. Cualquier acción emprendida en contra de estos derechos, será considerada una violación a la Carta de las Naciones Unidas y podría constituir una ame· naza a la paz y la seguridad . En la explotación de los recursos naturales compartidos entre dos o más países, cada Estado debe cooperar en un sistema de información y consulta previa con el objeto de obtener una óptima utilización de los mismos que no cause daños a los legítimos intereses de los otros. Párrafo 4. Toods los Estados tienen la responsabilidad de cooperar en las esferas económica, social, cultural, científica y tecnológica para promover el progreso económico y social en todo el mundo, especialmente en los 32 33 . Los Estados deben cooperar para facilitar relaciones económicas mternacionales más racionales y equitativas y para fomentar la introducción de modificaciones estructurales en el contexto de una economía mundial equilibrada en armonía con las necesidades e intereses de tod?s los países, en particular los países en desarrollo, y deben tomar medidas adecuadas con ese fin. Párrafo 8. �LA CARTA DE LOS DERECHOS Y DEBERES países en desarrollo. Párrafo 9. Todos los Estados son jurídicamente iguales y, como miembros igaules de la comunidad internacional, tienen el derecho de participar plena y efectivamente en el proceso internacional de adopción de deci• siones para la solución de los problemas económicos, financleros Y mo• netarios mundiales, ínter alia por medio de las organizaciones interna cionales apropiadas, de conformidad con las normas existentes, o que vayan surgiendo, de las mismas, y el de compartir equitativamente los beneficios que de ello se deriven. Párrafo 10. Todos los Estados deben cooperar en el robustecimiento Y el me· joramiento continuo de la eficiencia de las organizaciones inter~a~ionales en la aplicación de medidas que estimulen el progreso econom1co general de todos ios países, en particular los países en desarrollo Y, por lo tanto, deben cooperar para adaptarlas, cuando sea apropiad?, a las necesidades cambiantes de la cooperación económica internacional. Párrafo 11. Los Estados tienen el derecho de participar, con el asentimiento de las partes interesadas, en la cooperación subregional, regional e interrogionc-1 al perseguir su desarrollo económico y social. Todos los Estados part:ci pantes en e: a cooperación tier.en el deber de velar por que las políticas de las agrupaciones a las que pertenecen correspondan ~ las disposiciones de la Carta y sean abiertas, compatibles con sus obh· gaciones internacionales y con las necesidades de la cooperación eco· nómica internacional y tengan plenamente en cuenta los legítimos inte· reses de terceros países, especialmente de los países en desarrollo. Párrafo 12. 1) Todo Estado tiene el derecho de aprovechar los adelantos e inn<: vaciones de la ciencia y la tecnología para acelerar su desarrollo econo· mico y social. 2) Todos los Estados deben promover la cooperación internacional en materia de ciencia y tecnología, así como la transmisión de tecnolo· gia, teniendo debidamente en cuenta todos los intereses legítimos, inclu· sive, entre otras cosas, los derechos y deberes de los titulares, proveedores y beneficiarios de tecnología. En particular, todos los Estados deben facilitar el acceso de los países en desarrollo a los logros de la ciencia y la tecnología modernas, la transmisión de tecnología y la crea· ción de tecnología autóctona en beneficio de los países en desarroll~, según formas y procedimientos que convengan a la economía y neces1· 34 ECONOMICOS DE LOS ESTADOS dades de estos países. 3~ En consecuencia, los países desarrollados deben cooperar con los pa1ses en _desarrollo en el establecimiento, robustecimiento y desa• r~oll~ de su~ mt~aestructuras científicas y tecnológicas y en sus invest1gac1one~ c1entif1cas y actividades tecnológicas, de modo de ayudarlos a expandir Y transformar las economías de los países en desarrollo. 4) Todos los Estados deben cooperar en el estudio con miras a la ela~oración de nuevas directrices o reglamentaciones aceptadas internacionalmente. para la transmisión de tecnología, teniendo plenamente en cuenta los intereses de los países en desarrollo. Párrafo 13. . , To?o Es~ad~ _tiene el deber de cooperar para promover una expans10~ Y li~erahzac1on_ sostenidas y crecientes del comercio mundial y un me¡~ram1ento del bienestar y el nivel de vida de todos los pueblos, en particular los de los países en desarrollo. En consecuencia, todos los Esta?os deben cooperar con miras, entre otras cosas, a eliminar progres1va~ente l~s obstáculos que se oponen al comercio y a mejorar el ~arco 111ternac1onal , para el ejercicio del comercio mundial; para esos fmes, se en:ipr~nderan esfuerzos coordinados con objeto de resolver de manera equ1tat1va los problemas comerciales de todos los países, tenien• do en cuenta los problemas comerciales específicos de los países en desarrollo. A este respecto, los Estados adoptarán medidas encaminada~ a lograr beneficios adicionales para el comercio internacional de los 1 P~ ses en d~sarrollo de modo de obtener para éstos un aumento sustan~al de sus _~ngresos en divisas, la diversificación de sus exportaciones, acelerac1on de la tasa de crecimiento de su comercio teniendo en cuenta s ·d d ' . . . us neces1 a es, en materia de desarrollo, un aumento de las 0 P Sibr_lidades de esos pa1ses de participar en la expansión del comercio ~~~dial Y un saldo más favorable a los países en desarrollo en la repar~;o~ d~ las ve~tajas resul~ante~ de esa expansión, mediante en la maY edida posible, un me¡oram1ento substancial de las coAdiciones de a~ceso para los productos que interesan a los países en desarrollo y :~~:pre qu_e P_roceda, mediante medidas tendientes a lograr precios es'. s, _equitativos Y remuneradores para los productos primarios Parrafo 14. · . Todos los Estados tienen el deber de contribuir a la expansión equi• !~brada ~e la economía mundial, teniendo en cuenta la interrelación en• e el bienestar y el desarrollo de todos los países. En consecuencia t?<fos los Estados, en el ejercicio de sus relaciones económicas mutuas tienen el deber de tener en cuenta la íntima vinculación y complemen'. 35 �LA CARTA DE LOS DERECHOS Y DEBERES ECONOMICOS DE LOS ESTADOS taridad de las economías de todos ellos y de mantener un equilibrio apropiado entre los intereses de los países productores de materias primas y los países consumidores de éstas. Párrafo 15. Todos los Estados tienen el deber de promover el logro de un desarme general y completo bajo un control internacional efectivo y de utilizar los recursos liberados como resultado de las medidas efectivas de desarme en pro del desarrollo económico y social de los pa·íses, asignando una proporción considerable de tales recursos a las necesidades de desarrollo de los países en desarrollo. Párrafo 16. Todos los Estados tienen el derecho y el deber, individual y colectivamente, de eliminar el colonialismo, el apartheid, la discriminación racial, el neocolonialismo y todas las formas de agresión, ocupación Y dominación extranjeras, así como las consecuenci~s económicas Y sociales de éstas, como condición previa del desarrollo. Los Estados que practican esas políticas coercitivas son económicamente responsables, ante los países, territorios y pueblos afectados, en lo que respecta a la restitución y la plena compensación por la explotación y el agotamien· to de los recursos naturales y de toda otra índole de esos países, territorios y pueblos, así como de los daños causados a esos recursos. To· do.s los Estados tienen el deber de prestarles asistencia. rrollo un trato especial y más favorable a ·fin de satisfacer sus necesidades en materia de comercio y desarrollo. En sus relaciones económicas internacionales los países desarrollados tratarán de evitar toda medida q_ue tenga un efecto negativo sobre el desarrollo de las economías nac10na_les de los ~aíses en desarrollo, promovido por las preferencias aran• cel~nas generalizadas y otras medidas diferenciales generalmente convenidas en su favor. Párrafo 19. . !, los ~aises ~n desarrollo debe concedérseles un trato preferencial generalizado, sm reciprocidad y sin discriminación, en todas las esf~ras de la cooperación económica internacional siempre que sea facti- Párrafo 17. La cooperación internacional para el desarrollo es el objetivo com· partido y el deber común de todos los Estados. Todo Estado debe cooperar en los esfuerzos de los países en desarrollo para acelerar su desarrollo económico y social asegurándoles condiciones exteriores favo· rabies y dándoles una asistencia activa compatible con sus necesidades y objetivos de desarrollo, con estricto respeto de la igualdad sobarana de los Estados y libre de cualesquiera condiciones que menoscaben su soberanía. Párrafo 18. Los países desarrollados deben aplicar, mejorar y ampliar el sistema de preferencias arancelarias generalizadas sin reciprocidad ni discrimi· nación a tos países en desarrollo de conformidad con las conclusiones convenidas pertinentes y decisiones pertinentes aprobadas al respecto dentro del marco de las organizaciones internacionales competentes. Asimismo, los países desarrollados deben estudiar seriamente la posi· bilidad de adoptar otras medidas diferenciales, en las esferas en que ello sea factible y apropiado y de manera que se dé a los países en desa· 36 b1e. Párrafo 20. . Los países en desarrollo, en sus esfuerzos por aumentar su comerero total, ~eben prestar la debida atención a la posibilidad de ampliar s~ _comercio con_ los países socialistas, concediendo a estos países condiciones comerciales que no sean inferiores a las concedidas normalmente ~ los países desarrollados con economía de mercado. Parrafo 21. Los P_aíses ·en desarrollo pueden conceder preferencias comerciales a º!ros_ pais~s en desarrollo sin estar obligados a dar esas preferencias a nmgun pa,s desarrollado. · Párrafo 22. vos l) Todos los Estados deben responder a las necesidades y objetien generalmente re~onocidos o mutuamente convenidos de los países d ~esarrollo promovrendo mayores corrientes netas de recursos reales c~:I e to?as la~ fu~ntes, a los paíse~ en desarrollo, teniendo en cuent~ tere==~~ter obllg~ciones Y compromisos contraídos por los Estados in11 · s, con obJeto de reforzar los esfuerzos de los países en desarroo por acelerar su desarrollo económico y social. . . 2) En este contexto, en forma compatible con las finalidades y obJeti~os mencionados anteriormente y teniendo en cuenta cualesquier obligaciones Y compromisos contraídos a este respecto, deben tratar de a~mentar el volumen neto de las corrientes financieras de fuentes ofici_a~es a los países en desarrollo y de mejorar las correspondientes cond1c1ones Y modalidades. . 3) La corriente de recursos de asistencia para el desarrollo debe incluir asJstencia económica y técnica. · Párrafo 23. Para promover la mov1·1·1zacton · • et·1caz de sus propios recursos, los 37 �LA CARTA DE LOS DERECHOS Y DEBERES ECONOMICOS DE LOS ESTADOS países en desarrollo deben afianzar su cooperación econó~i~a Y ampl_iar su comercio mutuo, a fin de acelerar su desarrollo econom1co Y social. Todos los países, en particular los desarrollados, individualmente Y por conducto de las organizaciones internacionales competentes d~ _las que sean miembros, deben prestar a tal fin un apoyo y una cooperac1on apropiados y eficaces. Párrafo 24. Todos los Estados tienen el deber de conducir sus relaciones económicas mutuas de forma que tengan en cuenta los intereses de los demás países. En particular, todos los Estados deben evitar el perjudicar los intereses de los países en desarrollo. Párrafo 25. En apoyo del desarrollo económico mundial la comuni~ad 1nt~rnacional, en particular sus miembros desarrollados, prestara :spec1al atención a las necesidades y problemas peculiares de los pa1ses en desarrollo menos adelantados, de los países en desarrollo sin litoral Y también de los países en desarrollo insulares, con miras a ayudarles a superar sus dificultades particulares y coadyuvar así a su desarrollo económico y social. Párrafo 26. Todos los Estados tienen el deber de coexistir en la tolerancia Y de convivir en paz, independientemente de las diferencias de sus sistemas políticos, económicos, sociales y culturales, y de facilitar el comercio entre países con sistemas económicos y sociales diferentes. El comercio internacional debe conducirse sin perjuicio de las preferencias generalizadas sin discriminación y sin reciprocidad en favor de lo~ países en desarrollo y sobre la base de la ventaja mutua y los beneficios equitativos. En el ejercicio de sus reclamaciones comerciales, los Estados pueden por regla general, concederse mutuamente el "trato de nación más favorecida mediante acuerdos bilaterales y multilaterales. Párrafo 27. 1) Todo Estado tiene el derecho de disfrutar plenamente de los beneficios del comercio mundial de invisibles y de practicar la expan· sión de ese comercio. 2) El comercio mundial de invisibles, basado en la eficacia y en el beneficio mutuo y equitativo, que promueva la expansión de la eco· nomía mundial, es el objetivo común de todos los Estados. El papel de los países en desarroll-0 en el comercio mundial de invisibles debe ser acrecentado. y fortalecido de manera compatible con las finalida· des arriba expresadas, prestándose particular atención a las necesida· des especiales de los países en desarrollo. 3) Todos los Estados deben cooperar con los países en desarrollo en los esfuerzos de éstos por aumentar su capacidad para obtener divisas de las transacciones de invisibles, conforme a la potencialidad y las necesidades de cada país en desarrollo y de modo compatible con los objetivos arriba mencionados. Párrafo 28. . La protección, la preservación y el mejoramiento del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras es responsabilidad de todos los Estados. Todos los Estados deben tratar de establecer sus propias políticas ambientales y de desarrollo de conformidad con esa responsabilidad. Las políticas ambientales de todos los Estados deben acrecentar y no menoscabar el desarrollo presente y futuro de los países en desarrollo. Todos los Estados tienen la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción y bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de las zonas situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Todos los Estados deben cooperar en la elaboración de normas y reglamentaciones internacionales en la esfera del medio ambiente. 38 39 Todos los Estados tienen el deber de cooperar en la obtención y el mantenimiento de una relación justa y equitativa entre los precios de las exportaciones de los países en desarrollo y los precios de sus importaciones. Capítulo 111 Párrafo l. Los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, así como los recursos de la zona, son patrimonio común de la humanidad. Sobre la base de los principios aprobados por la Asamblea General en su resolución 2749 (XXV), todos los Estados velarán por que la exploración de la zona y la explotación de sus recursos se realicen exclusivamente para fines pacíficos Y por que los beneficios que de eilo deriven se repartan equitativamente entre todos los Estados, teniendo en cuenta los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo. Mediante la concertación de un tratado ínternacional de carácter universal que cuente con el acuerdo general, se establecerá un régimen internacional que sea aplicable a la zona y sus recursos y que incluya un mecanismo internacional apropiado para hacer efectivas sus disposiciones. Párrafo 2. �LA CARTA DE LOS DERECHOS Y DEBERES ECONOMICOS DE LOS ESTADOS o:sposidones Generales remos en próxima colaboración, tomando en cuenta su trascendencia-," en el que participaron notables jusinternacionalistas. Las labores del Congreso fueron divididas en seis Comisiones correspondiéndole a la primera el estudio y debate de la Carta de lo; Derechos Y Deberes Económicos de los Estados, en la que fue ponente el Embajador mexicano, Lic. Jorge Castañeda, quien sustentó dos interesantes ~onferencias sobre el tema, y atendió a todas las cuestiones que se suscitaron en la discusión del proyecto sobre la Carta. Tomando en cuenta su importancia, a continuación transcribimos el texto de las conclusiones a que se llegó en esa primera Comisión: "El Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional reunido en su X Congreso en la ciudad de Guanajuato, ' CONSIDERANDO la iniciativa presentada por el señor Presidente de la República de México, Lic. Luis Echeverría Alvarez a la Tercera UNCTAD en el sentido de que las Naciones Unidas elaboren una Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados· 1) Todos los Estados tienen el deber de contribuir a la expansión equilibrada de la economía mundial, teniendo debidamente en cuenta la estrecha relación que existe entre el bienestar de los países desarrollados y el crecimiento y desarrollo de los países en desarrollo, Y teniendo en cuenta que la prosperidad de la comunidad internacional en conjunto depende de la prosperidad de sus partes constitutivas. 2) Ningún Estado podrá emplear medidas económicas, . políticas de ninguna otra índole, o fomentar el empleo de :ªles med1d~s. ~~n 0 objeto de coaccionar a otro Estado para obtener de el la ~ubord1~ac1on del ejercicio de sus derechos soberanos y conseguir de el venta¡as de cualquier naturaleza. Párrafos finales 1) En ningún caso podrá interpretarse la presente Carta en un sentido que menoscabe o derogue las disposiciones de la Carta de l~s Naciones Unidas o las medidas adoptadas en cumplimiento de las mismas. 2) En su interpretación y aplicación, las disposiciones que antece· den están relacionadas entre sí y cada una de ellas debe interpretarse en el contexto de las demás. 3) Se incluirá un tema sobre la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados en el programa de la Asamblea General en el ... período de sesiones y, en lo sucesivo, cada. . . período de sesio~es. Así se llevará a cabo un examen sistemático y completo de la aplicación de la Carta, que abarque tanto los proyectos realizados como las mejoras que puedan resultar necesarias, y se recomendarán medidas apropiadas. En tal examen debería tenerse en cuenta la evolución de todos los factores económicos, sociales, jurídicos y de otra índole que guardan relación con los principios en que se basa la presente Carta Y con sus finalidades". Posteriormente, del 15 al 27 de septiembre de 1974, el autor, como decano de la materia de Derecho Internacional, fue honrosamente designado por el Director de nuestra Facultad de Dere~ho y Ciencias Sociales, Lic. Neftalí Garza Contreras, para asistir al X Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, que tuvo verificativo en las ciudades de México y Guanajuato, respectivamente, ba· jo la presidencia del ameritado internacionalista, Lic. César Sepúlveda Gutiérrez. Lamentablemente, limitaciones de espacio nos impiden hacer un pormenorizado análisis de tan importante evento --del que ríos ocupa- 40 ' . _ HABIENDO EXAMINADO Y TOMADO NOTA de los informes que rin• dio el grupo de trabajo sobre la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados a la Junta de Comercio y Desarrollo y, a través de ella, a la Asamblea General de las Naciones Unidas; HABIENDO ANALIZADO las explicaciones del Ponente, acerca de ~os acuerdos alcanzados en el seno de dicho grupo de trabajo, de las Importantes cuestiones que aún quedan pendientes de acuerdo y del estado en que se encuentran las negociaciones para llevar a feliz término esa empresa; FORMULA LA SIGUIENTE RESOLUCION: . 1.- RECONOCE la urgente necesidad de establecer un orden normativ~ de alcance universal que regule las relaciones económicas internacionales sobre bases más racionales y equitativas, que contribuya al adelanto económico y social de todos los pueblos y ayude a salvar el foso que separa actualmente a los países en desarrollo de las naciones desarrolladas, . 2.- ESTIMA INDISPENSABLE que los derechos y deberes económicos de los Estados sean objeto de regulación jurídica mediante una decl~ración solemne qu'e adopte y proclame la Asamblea General de las Naciones Unidas como un primer paso en la codificación internacional Y el desarrollo progresivo de esa materia se ~-~ ESTIMA asimi~mo que los derechos y deberes económicos que eAuncien en la referida Carta deben ser considerados y respetados como expresión auténtica de la conciencia jurídica de la Comunidad ln- 41 �LA CARTA DE LOS DERECHOS Y DEBERES ECONOMICOS DE LOS ESTADOS ternacional, de su voluntad de justicia y de su propósito de crear las condiciones necesarias para la paz y el adelanto económico y social de todos los pueblos, particularmente de aquellos que están en proceso de desarrollo. 4.- CONSIDERA que la Carta debe ser concebida, no como la cul• minación de un proceso sino como un instrumento dinámico que pueda adaptarse a las cambiantes circunstancias de la vida internacional y enriquecerse con futuras aportaciones, mediante un sistema de revisión periódica de la misma. 5.- ESTIMA CONVENIENTE que algunos principios que se enuncien sintéticamente en la Carta, pueden ser regulados en uno o más ins• trumentos que permitan una codificación más completa y detallada de los mismos y que, por otra parte, ciertos temas que, por falta de estudio suficiente, o por otras razones no hayan podido ser incluidos en la Carta, puedan ser incorporados más tarde a la misma, 6.- HACE 1-'ERVIENTES VOTOS por el éxito de las consultas y negociaciones previstas para fecha próxima a fin de reducir las áreas de desacuerdo y para que, en definitiva, se logre un amplio consenso en el seno de la Asamblea General que permita la inclusión en la Carta de fórmulas satsifactorias para los países en desarrollo, sobre todo en materias como la soberanía permanente sobre sus recursos naturales, la inversión extranjera, las nacionalizaciones, la regulación de la actividad de empresas transnacionales y el derecho a formar asociaciones internacionales de productos en defensa de los precios justos de las materias primas, y / o de consumidores en defensa de los precios justos de los productos manufacturados y la concesión de un trato profesional generalizado, sin reciprocidad y sin discriminación en todas las esferas de la cooperación económica internacional. 7.- RECOMIENDA a los Miembros y Asociados que encarezcan a sus respectivos Gobiernos a la importancia de que, en la proyectada Carta, no queden afectados ni reducidos principios ya generalmente aceptados en la doctrina y en la práctica de la vida internacional, como el de la sujeción de las inversiones extranjeras a las leyes y tribunales na· cionales, así como la necesidad de mantener el principio de una relación justa y equitativa entre los precios de las exportaciones de los países en desarrollo y los precios de sus importaciones. 8.- RECOMIENDA asimismo a sus miembros y asociados que en· carezcan a sus respectivos Gobiernos y a la opinión pública la importan· cia de que la Asamblea General de las Naciones Unidas apruebe y proclame en su XXIX reunión ordinaria una Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. 9.- FORMULA VOTOS por que todos los Estados se comprometan a respetar y cumplir de buena fe los Derechos y Deberes Económicos que se enuncian en la Carta. 42 43 �LA CARTA DE LOS DERECHOS Y DEBERES NOTAS BIBLIOGRAFICAS (1) Autor de la Ponencia sobre la carta de los Deroohos Y Debere¡s Económicos de lCl6 Estados presentada ante el X Congreso HlsPano-Luse>-Amerlcano de Derecho I n ~ na1 de •1a cual el autor ha transcrito la Información referente a la elaborac¡ón del do. cumento a estudio. Pág. 3 Y sigts. \2) Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 'Y Desarrllo.- TD jB ¡ Af).12 / 4· lo. de de agosto de 1974. Junta de comercio y Desarrollo. Grupo de Trabajo sobre la carta de Derechos y Deberes Econ6micos de los Estados. Informe del Grupo de Traba.Jo sobrt dicha carta acerca de la labor realizada en su 4o. periodo de sesiones celebrado en México, D. F . del 10 al 28 de Junio de 19'14. Págs. 1 i siguientes. (3) Lamentablemente, carenclas de espacio nos lmPiden el transcribir todas las variantes del proyecto deflnltlvo, sln embargo, el texto conserva en lo general el contenido original, así como las supresiones de determinados párrafos que tampoco alteran dicho contenido. CARLOS FRANCISCO CISNEROS RAMOS DERECHO FISCAL Y DERECHO PROCESAL FISCAL Generalidades. H El Caso Nuevo León" "Es jurista quien además de saberlo tiene aptitud para crear el derecho y para sentirlo como algo muy suyo que lleva envuelto en las capas más hondas de su espíritu". F. Sáinz de Bujanda L a citá mencionada de un distinguido jurista dedicado a la especial idad del Derecho Fiscal, se trae a cuenta en virtud de que en las generalidades que habrán de exponerse, se harán especiales alusiones al Derecho Fiscal de Nuevo León, con el ánimo de que los estudiantes y estudiosos de la, en esta entidad, sesquicentenaria ciencia jurídica, analizando las disposiciones conducentes, actualmente €n vigor, lleven hasta el seno mismo del Congreso los resultados. de sus. estudios y disquisiciones para proponer las reformas correspondientes en todas las normas obsoletas y anacrónicas existentes en la materia en este Estado. Como es de todos conocido, el Estado debe llevar a cabo una seLic. Carlos Pranelsco Clsneroo Ramos, catedrático unlvers!tario, aboeado pestulante ~lorlaJhta del dl&rio '•El Porvenir". 44 ;¡- �DERECHO FISCAL Y DERECHO PROCESAL FISCAL.rie de actividades tendientes a realizar el bien común. Todas esas actividades se relacionan en una u otra forma con los particulares, pues si seguimos las ideas del maestro Gabino Fraga, las atribuciones, cometidos o actividades del Estado tienden a reglamentar la actividad de los particulares; a fomentar, limitar y vigilar la actividad de los particulares; substituir total o parcialmente la actividad de los particulares y esas actividades las realiza al través de las funciones las cuales son la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Todas las funciones instrumentales mencionadas las lleva a cabo el Estado al través de los órganos del Poder Público. En el campo que nos interesa para los efectos del Estudio del Derecho Fiscal diremos que es de suma importancia la función legislativa en cuanto a que necesariamente para que exista una carga tributaria a cargo de un particular es menester que los supuestos fácticos y jurídicos correspon• dientes se contemplen en un acto formal y materialmente legislativo. Bien se puede formular el principio de que no hay impuesto sin ley. Fuera de las disposiciones de carácter general, abstracto, perma· nente, características del acto legislativo, nos encontramos en la materia a estudio con la aplicación concreta, determinada, generadora de situaciones jurídicas particulares que devienen sin que exista como an· tecedente un conflicto entre parte, y lo que constituye desde el punto de vista material la función administrativa, puesto que ésta, desde el punto de vist9 formal, se forma con la intervención del órgano que de acuerdo con la Constitución le compete el ejercicio de la función ejecutiva. Es precisamente dentro del ejercicio de la función administrativa dentro de la cual encontramos la realización de la actividad financiera del Estado, definida como el conjunto de actos tendientes a la administración del patrimonio, para liquidar y recaudar los tributos, para con· servar y distribuir las sumas recaudadas. Sobre esta actividad financiera el tratadista Sáinz de Bujanda, asienta que "tiene naturaleza política y contenido económico. Su carácter política dimana del sujeto que la ejercita --el Estado y los demás entes públicos- de los fines que con ella se persiguen -satisfacer las necesidades colectivas, cumplir los servicios públicos- y de los procedimientos empleados para desenvolverla. El contenido económico se manifiesta en la índole de los bienes y recursos que se utilizan o manejan para el logro de los fines propuestos". Pero a pesar de esa naturaleza y de ese contenido es menester 46 GENERALIDADES. "EL CASO NUEVO LEON" que la actividad financie~~ se s_ujete a las normas del Derecho. Qulen~s tenemo~ una formac1on eminentemente jurídica habremos de estudiar los fenomenos relativos a esta actividad financiera del Estado desde el punto de vist? ~strictamente jurídico, dejan?º los otros aspectos, entre ellos el econom1co, al especialista de las materias respectivas. A~ respecto el hacendista Cosciani en sus Principios de Ciencia de la Hacienda, ex~resa: " Más parece igualmente la observación de que ~u~ndo se examinan los proble~as jurídicos hay que examinarlos como Juristas, cor. sus métodos y principios, y cuando se estudian los problemas ~conómicos debe hacerse con la mentalidad de los economistas; los 1~s:r~mentos teóricos, el significado de las palabras y el métod_o de anahs1s son profundamente distintos y su uso simultáneo exigina por parte del estudioso una mente tan elevada que queda hoy al margen de todas nuestras posibilidades". Desde luego cabe indicar que dentro de la clasificación genérica del Derecho, e! Derecho Fiscal, se encuadra dentro del Derecho Público, cualesquiera fuera el criterio que adoptásemos y que se ha utiliza_do para hacer esa distinción tradicional del Derecho, en Derecho Público Y De~~cho Privado, sin que sea el momento de que hablemos de la superac1on de estas categorías cuando en nuestros días contemplamos las referentes al Derecho Social, dentro del cual se encuadran al Derech~- del Trabajo, Deercho de la Seguridad Social, Derecho de la Edu_cacion Y el llamado Derecho Comunitario cuyas normas comprend~_ran todo el aspecto jurídico de las relaciones emanadas de la formacion de los Mercados Comunes. El Estado ·realiza, al través de la actividad legislativa por el Congres? de la Unión cuando se trata de comprender a la Federación o en particular al Distrito Federal y a los Territorios; por las Legislaturas lo~:le~ para cada. una__de las entid~des federativas y para los municipios estas, la atnbuc1on de expedir las normas necesarias al través de las cu~les se logra el cumplimiento de la obligación de los mexicanos contenida en el artículo 31 Fracción IV de la Constitución Política de 10~ Estados Unidos Mexicanos de "Contribuir para los gastos públicos as1 de la Fed erac1on, · · como del Estado y Municipio en que residan de' 1ª manera proporcional y equitativa que dispongan las Leyes". ' f El ejercicio de ese poder impositivo se encuentra limitado por las tcultad~s expresamente determinadas en el Texto Fundamental para la :deracion, por lo que deberá tenerse presente lo dispuesto por el artícu1 73 en sus fracciones VII y XXIX de la Constitución del país, pues de 47 �' DERECHO FISCAL Y DERECHO PROCESAL FISCAL.- GENERALIDADES. "EL CASO NUEVO LEON" lo que no se encuentre explícitameote establecido en dichas normas se entiende reservado a los Estados miembros de la Federación aplicando lo estatuido por el diverso 124 de la Carta Magna Federal. A pesar de esas disposiciones constitucionales encontramos cómo la Federación grava situaciones o hechos de materias que deberían es,; tar reservadas a los Estados, impidiendo por una parte el adecuado desarrollo económico de éstos y dando lugar a lo que no se puede evitar. la llamada doble tributación sobre la misma fuente. Hay una especie de despojo de las fuentes por garvar por parte de las entidades federativas, cuando el potente pulpo de la Federación, con sus tentáculos, abarca cada vez más y más los campos de acción de aquéllas, haciendo que tos Estados a la vez ahoguen a los Munici· pios; ya un distinguido ex-catedrático sostenía: "El resultado ha sido un despojo, del que el municipio ha sido víctima. El Gobierno Estatal, en cuyas manos se encuentra, lo ha invadido y subyugado, arrebatándole bienes y funciones. No hay la descentralización política ni admi· nistrativa que proclama la Carta Magna. Hay una verdadera centrali· zación de recursos y atribuciones en los Gobiernos de los Estados. Es• tos han suplantado a sus Municipios en la misma o parecida medida a como ellos a su vez, han sido víctimas del Gobierno Federal". podemos sostener el punto en el sentido de b . . mercio exterior; aprovechamiento Y explotaci~~ ~ºe r~ las materias; corales comprendidos en los párrafos 40 , os recursos natutituciones de crédito Y sociedades de ~ Y 5o. ~el articulo ~~; sobre insconcesionados o explotados directa efuros, sobre serv1~1?s públicos eléctrica, producción y consumo d ;~n e por la Federac1on; energía productos derivados del petróleo· :e \acos ':,~ados; gasolina y otros duetos de ·su fermentación; expl;taci~~ ~~r~st~I ;r~;~dagu~~iel Y promo de cerveza, solamente d . . . ucc1on Y consutributaria. Esto es sólo ex1st1r un su¡eto activo en la relación las entidades fede;ativas Y los ;er. ~c~eedor el Estado Federal, pues gravar las materias citadas. unrc1p1os carecen de facultades para Cuánta razón hay en esas palabras. Baste tan sólo recordar el clamor de un Presidente Municipal de Nuevo León solicitando mayor participación de los ingresos percibidos por el Estado con motivo de los impuestos sobre la propiedad raíz. Respecto a la doble imposición inconstitucional, el maestro Emi· lio Margáin Manaotou, sostiene: "Podemos clasificar los impuestos, de acuerdo con nuestra Constitución, en Federales, Estatales y Municipales, o sea que muchas veces el mismo objeto, la misma situación o cir• cunstancia que la Ley señala como hecho generador del crédito fiscal, puede estar afecta a tres impuestos y no haber imposición inconstitucional, porque esos gravámenes están establecidos por tres entidades públicas distintas: Federación, Estados y Municipios". En nuestro modesto y particular modo de pensar considerarnos que en los términos de los artículos 73 Fracciones VII y XXIX de lá Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente a la Federación le corresponde la competencia para gravar las situaciones o circunstancias a que hacen referencia las materias mencíonada¼ en la última de las disposiciones. Ahora bien, como esa es facultad exclusiva de la Federación, bielf 48 :u~~ee ción ~ el otro ~specto. Fuera de las materias designadas en la frac- dos Me~~:ne~t~~~u~s:a!ode 1~ Co;stitución Política de los Estados Unicer los tributo; _s miem ros de la Federación pueden establetivos gastos públ~ue considere~, necesarios para satisfacer sus respecla Carta Magna ~:~:r:r° :tenc1on a lo ordenado por et artículo 124 de 10 mente señalado para lo~ P;dque t~d; que no ~e encuentre expresaEstados, resulta entonces eres e erales_ ~e entiende reservado a los gravar las materias reserva~~: lal Fe~erac,on quedaría impedida para los sujetos activos. a os stados. luego sólo éstos serían Lo que sí puede suceder e · . fuente puedan ser rav s que un mismo obJeto o una misma cuando sab g adas por los Estados Y los Municipios, máxime tar con legi:~;iraque é~tos carecen de poder impositivo, por no conciones que al efect~r~~1~d Y~ qLue ~e encuentran sujetos a las disposican. P1 a a eg1slatura del Estado al cual pertenez"d~as. Es nuestro deber con el amor al Derecho particiQueden ahí estas. 1 ganos ~: c;~:~~tuc1onalización de_ ~odas las actividades de los ór'. nicipios, pues comuo :~: ya de Federac1on, _ de los Estados Y de los Muhabitantes de este país ~=ios, como_ est~~1antes, Y aún como simples acaten los dispo ·r emos obhgac1on de acatar Y hacer que se mos imponerno/' ivos de la Constitución. "Esta es la tarea que debefael Bielsa- ' Y a la que no debemos faltar --decía el jurista Rares que no c~n~~ra conten.er _l~s extravíos fiscalistas de los legisladopil ni la re e~. los prmc1p10s de la Constitución y del Derecho Ci · ' percus1on económica de las 1 5 · 1 • incidencia, etc. la tarea d . eye , nr os fenómenos de ta sino cuestionar y t el_ leg1~l~~or no es votar lo que le presentan, no vo ar d1spos1c1on que no se justifique por la Cons- ;~~=r 49 �DERECHO FISCAL Y DERECHO PROCESAL FISCAL· GENERALIDADES. "EL CASO NUEVO LEON " titución pues sobre esas bases sólidas descansa el ordenamiento jurídico-económico y social de la Nación" . Seguramente y conforme al orden de ideas expuesto ya habrán po· dido observar que se puede establecer una diferencia entre sujeto ac• tivo del Poder Tributario y sujeto activo de la relación tributaria, prin· cipios generales que deben conocerse para no caer en errores. En nueS• tro País sólo pueden ser sujetos activos del Poder Tributario: La Federación. y los Estados. Los Municipios carecen de este poder atento a lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 115 Consttiucional al seña• lar: "Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de las contribuciones que señalen las legislaturas de los Es• tactos y que, en todo caso, serán suficientes para atender a las necesi· contribución especial. Señalar las fe h d · ción fiscal y de la determinación y _c ~s ~- nacimiento de la obligahqu1dac1on de lás mismas. dades Municipales" . El Poder Tributario en los Municipios es ejercido por los Estados. La Federación, los Estados y los Municipios, sí son sujetos acti· vos de la relación tributaria. Ello sucede cuando adoptan el carácter de acreedores frente a aquellas personas cuya situación coincide con la generadora de las obligaciones fiscales, las cuales al determinarse en cantidad líquida dan nacimiento al crédito fiscal, tomando la con· dición .ele sujetos pasivos o deudores. En lo atinente a impuestos federales e impuestos estatales encon· tramos una coincidencia en sus respectivos campos de aplicación, de los sujetos activos de la relación tributaria, mientras que hay una di· sociación en lo referente a los tributos municipales, donde, como ya se ha indicado, el sujeto activo de la relación tributaria lo es el Munici• pio. Así como hay un sujeto activo, frente a él está el sujeto pasivo, que viene a ser "la persona que asume la posición deudora en el seno de la obligación tributaria por haber realizado el hecho imponible". El hecho imponible serán los supuestos jurídicos o de hechos, se_ñalados en forma abstracta en la Ley, y a cuya realización concreta da origen al nacimiento de la obligación fiscal. Al eRcuadramiento de las situaciones de hecho con las hipótesis de la Ley se le denomina deter· minación de la obligación fiscal y cuando ésta es liquidada genera el crédito fiscal. Aquí tenemos los elementos fundamentales de la relación tributaria: Sujeto activo, hecho imponible, sujeto pasivo, obligación tributaria y crédito fiscal. En las leyes deben quedar debidamente precisados. Igualmente deben definirse adecuadamente los ingresos correspoll' dientes: llámense impuestos, derechos, productos, aprovechamientos. 50 Las formas de extinción del créd't 10 f lidaria, las infracciones las s . iscal, la responsabilidad sode la buena Ley. ' ancioneS, serían otros de los contenidos _Expresamos rápidamente estas e . . el Codigo Fiscal del Estado de N g ~er_ahdades par~ manifestar que nes necesarias de un ordenam· u;vo eon, ya no reune las condiciomuchas de sus disposiciones Y ;endo actu~~izado._ Urge la reforma de ya la H. Suprema Corte de Just:ia er~gac,on ~~ otras, máxime cuando 1 constitucionalidad de ellas c e ª. Nacion ha declarado la antiI sostenido: " FISCAL, CODIG'o ~;~ E~;elat1va al artículo 82, cuando ha PARRAFO DEL ARTICULO 82 ES VIO~~ DE NUEVO LEON, SEGUNDO 16 y 17 DE LA CONSTITUCION ORIO DE LOS ARTICULO$ 14, de crédito se encuentra en la L FE~ERAL. La r~gulación de los títulos Crédito Y ésta establece que p eyh eneral de Titulas Y Operacioes de . ara acer uso de la acc"' cesano presentar los títulos Y r 1 ion causal es nerrafo del artículo 82 del Cód. es;. uir os al demandado. El segundo pámite iniciar la acción causal ig; iscal_ d_el Estado de Nuevo León, perdimiento administrativo de e·~ e ~-odr~ intenta~ el cobro por el procecivil que surja de acuerdo c J I uc1~n, independientemente de la acción tes los títulos para su pagoon ~s ~y~s de la materia) sin presentarantomando en cuenta que los titu~~n a er~o~ re~tituido. Luego entonces, ca propia, y que tanto quien lo : de cred1to t1e_nen su disciplina jurídirneterse a ella íntegramente ~rma como qui~n los utiliza deben soza de los títulos de crédito ' p ecepto combatido cambia la naturalese hacen efectivos los crédi't~u~s con fundamento ~n lo q~e dispone no mero las acciones mercantile ncorporad~s a los titulas e¡ercitando prie~!ablece la ley relativa sin s ~orrespo~d~entes o e~ ~rocedimiento que c1on con violación de los' d o eh proced1m1ento administrativo de ejecuarn'ba mencionados" . derec os fundamentales . que ·invoca el quejoso, Código Fiscal emine~t=:~n;e c;;;eme~te p_roponer la elaboración de un ra Ley de Ingresos en I stant1vo, Juntamente con una verdadede el Estado habrá d actual se expresan solamente las fuentes de don e ex raer la parte de la r·q d 1 • necesaria para cubrir lo t • . 1 ueza e os particulares s gas os publicas. ' Todo lo relativo al hecho im "bl . dad, etc., deberá d . poni e, su¡etos pasivos, responsabilitantivo en cuanto e¡arse para aquellas normas del Código Fiscal subs representan mayor perm . h • punto de vista de anenc,a, ablando desde el iempo Y no como característica de la ley, que la de n . et r . 51 ' �DERECHO FISCAL Y DERECHO PROCESAL FISCAL.ingresos en la forma propuestas también la tendría. No tiene ningú caso de que todos los años el Congreso Local tenga que dedicar part~ de su labor al estudio de las iniciativas correspondientes que repiten lo mismo que lo señalado el año anterior. La labor sería menor si se dedicaran exclusivamente, en cuanto a la Ley de Ingresos, al señalamien' to de las fuentes. En lo referente a los municipios, el Congreso Estatal, debe tener en cuenta de que no todos los municipios, principalmente a los que se encuentran fuera del Area Metropolitana, que los habitantes de todos los municipios puedan realizar aquellas situaciones de hecho que sola• mente pueden darse en alguno de ellos. Puede pensarse en la expedición de tantas Leyes de Ingresos Municipales como municipios, hay, pero para evitar la multiplicidad de dis• posiciones se podrá zonificar o regionalizar la entidad, atendiendo a grupos de municipios cuyas características sean similares para los efectos de la imposición. Podríamos preguntar: ¿Qué sucedería si los Ayuntamientos de los Municipios donde triunfó la propuesta por el P.A. N., en etercicio de su autonomía, elevaran proyectos de Leyes de Ingresos propios para esas municipalidades y se les rechazase sólo por seguir el criterio tradicional de una sola Ley de Ingresos parn los Municipios de Nuevo León? Por otra parte el Derecho Procesal Fiscal, que es la rama del Dt recho que se encarga del estudio de las normas relativas al conocimiento, substanciación y decisión de los conflictos surgidos entre la admt nistración y el particular, para ser dirimidos por un organismo con auto nomía, debe ser comentado brevemente. En materia Federal existe el Tribunal Fiscal de la Federación ~ cual labora en pleno y por salas. Tramita el llamado Juicio de Nulidad Las partes son la autoridad, el particular. Se establece una contienda y al proceso se le conoce como de lo contencioso administrativo ~~ distinguirlo del procedimiento administrativo que se sigue en el tralff te, substanciación y decisión de los recursos administraivos. Un gran avance se ha dado en el campo no ya del Derecho Fit cal o Procesal Fiscal, sino del más amplio, del Derecho Procesal Adnt nistrativo con la creación y funcionamiento del Tribunal de lo Conteit cioso Administrativo del Distrito Federal, cuya competencia, fuera ; los casos del conocimiento del Tribunal Fiscal de la Federación es m~ amplia por tratarse de todos los asuntos derivados de la admini~t~ ción. Es una institución que conoce de los conflictos entre la admmr tracíón del Distrito Federal y los administrados para establecer la le: 52 GENERALIDADES. "EL CASO NUEVO LEON " galidad. En nuestro Estado funciona el Juzgado de lo Fiscal. Son escasos los particulares que ocurren ejercitando sus derechos, algunos por desconocimiento de la existencia de ese órgano y aún de los medios de , defensa que le corresponden, otros porque conociéndolo no intentaron previamente el recurso administrativo señalado en la Ley aplicable al caso concreto. Es necesario ampliar la competencia de ese Juzgado. Que se convierta en un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Que conozca, no solamente las controversias suscitadas con motivo de la aplicación de las normas fiscales, sino de la realización de todo acto' administrativo emanando del Estado o de los Municipios componentes del mismo. Derogar en las Leyes y reglamentos vigentes todos los recursos administrativos para que quede solamente el Juicio de Nulidad ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Para ésto deberá expedirse un Código de lo Contencioso-Administrativo, suprimiendo del actual Código Fiscal del Estado, las normas de la organización, funcionamiento Y competencia del Juzgado de lo Fiscal, pues "es indispensable una legislación que concentre todos los elementos comunes de esos procedimientos para que tanto la Administración como el particular, tengari la seguridad de que .es necesario un régimen de legalidad". El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el Estado es necesario para evitar o suprimir los peligros que para la libertad de los gobernados pueda implicar el desbordamiento de las actividades administrativas, por parte de los titulares de los órganos del Poder Público. Queden ahí estas ideas. Los estuliantes y maestros de Derecho tenemos la obligación de transformar las normas e instituciones obsoletas, creando o incorporando las que sean acordes con la realidad. 53 �JESUS TREVIÑO FAZ ERRORES LEGALES Y DELINCUENCIA DE MENORES E J I Título 60. del Código Penal del Estado de Nuevo León, en un capítulo único se refiere a la Delincuencia de Menores y contiene en el mismo los artículos 121, 122, 123, y 124. El primero de los anteriores se dispone que los menores de dieciocho años que cometan infracciones a las Leyes Penales serán internados por el tiempo que sea necesario para su corrección educativa. En el artículo 122 se contemplan las medidas aplicables a los menores. El 123 contiene la facultad de los Jueces para exigir fianza en determinados casos Y finalmente el artículo 124 establece los medios para fijar la edad de los menores. Por otra parte, el Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado en sus capítulos 2o. y 3o., del Título 7o., establece la integra. ción y funcionamiento de los Tribunales para Menores y el procedimiento relativo al propio Tribunal. Es evidente la inconstitucionalidad de las medidas que contempla el artículo 122 del Código Penal en el Estado, toda vez que la aplicación de las mismas es contraria a los principios de certeza y legalidad jurídicas consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ninguna de las seis medidas a que se refiere el artículo 122 prevé el tiempo mínimo y máximo que Lic. Jesús Trevttio Fas, abOtrado J>Omllante. �ERRORES LEGALES Y DELINCUENCIA DE MENORES ERRORES LEGALES Y DELINCUENCIA DE MENORES podrá durar la medida que en su caso se aplique;. tampoc~ se h~ce referencia hasta qué edad se puede aplicar la medida relativa _al infractor de la norma penal y llega al grado de establecer en el art1cu~o 124 que cuando el menor alcance los dieciocho años an~es de terminar el periodo de reclusión que se h_u~i~re_ fijado, la autoridad encargada d~ la ejecución de sanciones dec1d1ra s1 debe ser trasladada al establee, miento destinado a mayores. .. . _ Lo anterior, incuestionablemente, entraña la f11ac1?n de un~ P~?ª por más que se le trate de llamar medida, ya que reviste la pnvac~~n de la libertad aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la_ Nac1on ha dicho que'.. . "los menores no cometen delitos sino que incurren de edad de alguna persona que se sujeta a un procedimiento o simplemente a una detención, ésta es puesta a disposición del Tribunal para Menores sin que se tenga el cuidado de observar la existencia de la primera de las premisas a que se refiere el artículo 121 del Código Penal, ya que no existe la declaratoria de la autoridad competente que deje establecida que se ha violado una norma penal y esá violación le es imputable al menor. La práctica viciada de poner a disposición del Tribunal para Menores a cualquier menor sin que previamente se declare si infringió la norma o no constituye, por parte de la autoridad penal, una renuncia a su jurisdicción, con la clarísima violación del artículo 363 del Código de Procedimientos Penales y ha dado lugar a una serie de consecuencias jurídicas que desde luego son notoriamente ilógicas. De esta manera tenemos que los Tribunales para Menores que funcionan en la República, a falta de la declaratoria previa de los Tribunales Penales competentes, procedan a instruir un procedimiento a todas luces violatorio de los derechos Constitucionales de los menores; y observamos que no siendo integrado el Tribunal para Menores por personas idóneas y peritos en Derecho 'Penal se forma con un abogado, un médico y un maestro, se llega a resoluciones muy a menudo injustas y apartadas de la técnica jurídica, puesto que un médico y un maestro, normalmente carecen de la formación jurídica necesaria para distinguir los elementos constitutivos de los delitos y a menudo incurren en graves confusiones cuanto tienen que manejar conceptos relativos a ele~entos del cuerpo del delito tales como: apoderamiento, disposición, violencia física, violencia moral, castidad, honestidad, furtividad, lucro, dolo, etc. en faltas". . Esto más bien se debe a un falso pudor del Sup~emo Tribunal ~ue posiblemente tenga su origen en la práctica v~ciada que se ha seguido en forma ininterrumpida desde hace mucho tiempo, llegando al gra_do de tomar carta de naturalización, no sólo en los Tribunales Y_ A~enc1as del Ministerio Público del Estado, sino en los de toda la Republlca. En efecto, el error de origen a que hacemos referencia ~onsiste en que las primeras personas que tuvieron oportunidad de ~phcar las disposiciones relativas a menores no repararon, en_ que el articulo 12~, del Código Penal, establece previamente una p_r~m1sa pa~a llegar a aph· car la medida tendiente a conseguir la correcc1on educativa d~I men~~Esta primera premisa consiste en la existencia d~ una mfra~c1on a las leyes penales y no se reparó en cuál era la autoridad competente para decir el derecho respecto a si se había infringido alguna ley Pe_nal. A este respecto, creemos es el Juez Penal quien debe de de~ermmar si se ha infringido o no la norma penal, puesto que por razon d~ la materia, es precisamente él la única autoridad que puede determinar válidamente si se viola o no la norma penal. · El artículo 363 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León establece que en materia penal no cabe prórr~ga n_i _r~ nuncia de jurisdicción. Es evidente que antes de poner a d1spos1c1on del Tribunal para Menores a un menor de dieciocho añ_os: debe cum· plirse con todas las formalidades esenciales del proced1m1ent~, ~ando al menor los derechos que la Constitución General de la Repubhca le concede y observando en todo caso las garantías.ª que se refi_ere el ar: tículo 20 Constitucional y desde luego, las garantias de formalidad, fun damentación y motivación de procedimiento, a que se refieren los ar· tículos 14 y 16 de la Constitución de la~República. En la práctica se observa que en cuanto se comprueba la minorla 56 Algunas otras consecuencias que se han producido al aplicar las ~e~idas a que se refiere el artículo 122, con base en un ilegal proced1m1ento, constituyen graves violaciones constitucionales. Así tenemos, por ejemplo que los padres en algunos casos son ·privados de la patria ~h:stad de sus menores hijos, sin haber sido oídos y vencidos en un Juicio. Este procedimiento no resiste un análisis, por más que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretenda que el Tribunal de Menores substituya a los padres en el ejercicio de la patria potestad. Como si 10 anterior no fuera suficientemente grave, la Suprema Corte de Justicia ha llegado al grado de afirmar que no es procedente la libertad caucion_al ~especto a menores de dieciocho años y así lo sostiene en la tesis s1gu1ente: Libertad cauciona!, menores de dieciocho años.- Cuando 57 �ERRORES LEGALES Y DELINCUENCIA DE MENORES ERRORES LEGALES Y DELINCUENCIA DE MENORES se trata de la aplicación de la Ley de Previsión Social sobre la delincuencia infantil, en el Distrito Federa! no procede la libertad cauciona!, puesto que la garantía de la Fracción I del Artículo 20 de la Constitución se refiere a los procesaáos en las causas criminales; tanto más, si se tiene en cuenta que la concesión de esa libertad, es un acto protestativo para el Juez de Distrito.- (Coria Maria).- Tomo XXVI, página 843; s7 / 5/29. . . Es sorprendente la manera como se desarrollan por inercia ~os yerros en materia científjca. Baste recordar que hasta hace poco tiempo, los médicos trataban la fiebre tifoidea suprimiendo la alimentación del paciente y este tratamiento se observó durante mucho tiempo porque s~gurarnente algún médico así lo recomendó y por inercia sus colegas siguieron las mismas indicaciones, hasta que alguien reparó ~n que ~I p~ciente muy a menudo moría por efectos de la tifoidea o bien de inanición y se procedió a proporcionar alimentación a los pacientes víctimas de aquella enfermedad que llegó a ser causa muy importante de defun· ción. La misma inercia se da en materia jurídica y observamos que tra· tándose de delincuentes de menores, el sistema que erróneamente se adoptó, poniendo a los menores inmediatamente a disposición del Tribunal para Menores, una vez que se probaba su minoría de edad (aun cuando no se probase que el menor había infringido la norma penal), funcionó y dio buenos resultados por algún tiempo, porque las condiciones que prevalecían dentro de la sociedad eran distintas Y tal vez porque en cuanto l9s padres se enteraban de la conducta de sus hijos, ponían inmediato remedio al problema y en su mayor parte conseguían una efectiva corrección de los menores. Sin embargo, la moral, las costumbres y el derecho son cambiantes y en la actualidad imperan otras condiciones que nos hacen reparar en lo inconveniente e inoperante del procedimiento que se empleó; aún más, creemos que se ha incurrid~ en un error al seguir el procedimiento de poner a disposición del Tribunal para Menores a personas que no se ha probado de manera algu· na que hayan infringido una norma Penal. Lo anterior, origina una se· rie de violaciones constitucionales en perjuicio de los menores y de la propia sociedad. La falta de intervención del Ministerio Público que debe de representar a la sociedad, y de la Defensa que debe velar porque se respeten los derechos humanos y las garantías constitucionales de los menores, ha producido infinidad de injusticias. Para muestra, nos permi- 58 timos citar el caso reciente en donde una menor de apenas quince años de edad, que sin consentimiento de sus padres se unió en matrimonio con un individuo de cincuenta y cuatro años de edad. Los novios salieron en viaje de luna de miel y se hospedaron en un hotel de lujo, en donde, s.e les permitió firmar por el consumo que hacían de alimentos, bebidas y artículos varios; desde luego, ésto de ninguna manera puede configurar ningún ilícito, pues en todo caso existe una cuenta corriente y un crédito, pero no un delito y en el supuesto que lo hubiere no le resultaba responsabiildad a la recién casada. Los abogados del hotel fueron llamados por el gerente, quien se mostró preocupado porque en el término de una semana, la cuenta del flamante novio ascendió a una cantidad del orden de trece o catorce mil pesos; mientras tanto, el atribulado padre de la menor, después de realizar pesquisas por conducto de investigadores privados logró saber el paradero de su hija e hizo acto de presencia en el lugar en donde ésta se encontraba, pero cuando llegó se encontró con que los diligentes abogados del hotel habían obtenido que los novios fueran privados de su libertad, acusándolos de fraude Y siendo detendios fuera de todo procedimiento: El padre de la menor gesti_onó que se promoviera un amparo para que su hija fuera puesta ~~ libertad o consignada a un Juez competente; se notificó la sus~e~s1on al Ministerio Público y éste afirmaba que la menor era copa~icip~ del delito de f=raude y el supuesto defraudador o sea el novio, hab,a sido entregado a la policía del Distrito Federal que tenía una orden de aprehensión en su contra. Esto evidentemente pone de manifiesto que el Ministerio Público sabía que su averiguación por fraude no iba ª prosperar Y entregó al detenido a otra autoridad quien ejecutó la orden de aprehensión que tenía pendiente por un delito diverso. Respecto a la menor, el padre de ésta fue advertido por los abogados del hotel de_que debía de pagar la cuenta de su yerno o de lo contrario su hiJa sena puesta · · · · del Tribunal para Menores. La amenaza a d1spos1c1on de los abogados se cumplió y la menor fue puesta a disposición del Tribunal para Menores, informándolo así la autoridad responsable al Juez d~_I Amparo, a pesar de que era evidente que no había ninguna infraccion a ninguna norma penal. Por su parte, el padre de la menor vio como en el Tribunal para Menores no podía intervenir ningún abogado y le obligó a _pagar una cuenta que r.o debía ni el ni su hija, con el pret~:to de que esta era copartícipe de un imaginario delito de fraude. Eserrores se cometen con demasiada frecuencia en virtud de que las :::o~as que integran el !rib_un?I. para Menores, por lo menos dos de 0 ' poseen la formac1on ¡und1ca necesaria para cumplir con la fun- ;e �ERRORES LEGALES y DELINCUENCIA DE MENORES ERRORES LEGALES Y DELINCUENCIA DE MENORES ción a la que indebidamente se avoca, ya que esta función no puede ni debe ser renunciada por la autoridad penal, puesto que por manda• to de la ley en esta materia, no cabe prórroga ni renuncia de jurisdicción. Por lo que hace al tiempo durante el cual deben aplicarse alguna de las medidas a que se refiere el artículo 122 del Código Penal Vigente en el Estado, creemos debe de reglamentarse el tiempo mínimo y máximo de la duración de la medida que en su caso imponga, tomando en cuenta desde luego la naturaleza de la norma penal infringida; además, tomando en cuenta también la edad del menor en el momento en que se le imponga la medida, ya que una vez que deja de ser menor de edad para los efectos penales, debe sustraerse a la influencia del Tri· bunal para Menores, pues carece de sent:do que un mayor de edad, esté sujeto a una medida dictada por un Tribunal para Menores y podrían contemplarse problemas de retroactividad y de competencia. Por lo que hace al funcionamiento del Tribunal para Menores consideramos que los errores en los que se sustenta el procedimiento, seguido por el mencionado Tribunal, han sido originados entre otras cau· sas por el hecho de que se le ha llamado Tribunal y de que está compuesto por Jueces. Esto desde luego sugiere la idea de un procedimiento judicial y de una competencia jurisdiccional, pero nada es más falso si tomamos en cuenta que el Título 7o. Capítulo Primero del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León dispone en su ar· téculo 533: "la Justicia Penal en el Estado se administrará: 1.- Por los Jueces Auxiliares y locales; 11.- Por los Jueces de Primera Instancia; y 111.- Por el Tribunal Superior de Justicia". Como se ve, el Tribunal para Menores no está incluido entre los órganos encargados de administrar la Justicia Penal en el Estado y la manera como ha venido funcionando es a todas luces ilegal, por que, volvemos a insistir, antes de que un menor sea puesto a disposición del Tribunal para Menores. debe decretarse por la autoridad justicia penal, que el menor ha infringido una norma penal; y debe seguirse el procedimiento con observancia de todas las formalidades y fundamentos procesales y con la obser· vancia también de las garantías constitucionales del infractor y con la representación de la sociedad, porque la administración de justicia es dida correspondiente, pero de ningún modo deb . nores decidir o determinar si se infrin . . e el Tribunal para Meesta función es privativa de los Juec!~º i;:a1:~rrna penal o no, porque Nuev=e~::~.toe:1p~~~e::;t~a~:~an~t Tribunal de .Menores del Estado de y es anacrónico e inoperante or I ar que este dat~ del año de 1934 so estudio juntamente con ~I PCap·~ iueUd~be ser o~¡eto de un minucioPenal del Estado de Nuevo leó I to rnco del Titulo 60. del Código nuestra Constitución Federal· ~ a _in de que se aju_ste a las normas de Capítulos 2o. Y 3o. del Título' 7o m1sm~ ~uede decirse, respecto a los del Estado de Nuevo león. . del Cod1go de Procedimientos Penales de interés público. La función del Tribunal para Menores debe de reducirse al estudio que se haga de la personalidad del menor, el medio en que éste se ha desenvuelto, su salud, así como las demás condiciones que dan origen a la infracción de la norma penal, para en su caso, aplicar la rot 60 61 �ERNESTO T. ARAIZA RIVERA LA REFORMA EDUCATIVA A NIVEL DE LA FACULTAD DE DERECHO s indiscutible que la educación universitaria ha de cumplir el imperativo de conceder la igualdad de oportunidades a todo aspirante a la enseñanza superior, si es que en efecto pretende darle vigencia al postulado fundamental de servicio a la comunidad con elevado espíritu cívico. Este solo hecho justificaría ampliamente, de no existir otros, la proyección de nuestros días consistente en la "apertura de la Universidad", o dicho de otro modo enseñanza universalizada excátedra o extra-aula. Al margen de las cuestiones meramente económicas y haciendo hincapié en los aspectos académicos y metodológicos que se han planteado en torno a la enseñanza que se imparte en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y a la vista del proyecto en cuestión, nos permitimos asentar las siguientes consideraciones: 1.- Objetivos:- Capacitación para el ejercicio de la abogacía con economía de tiempo, recursos y esfuerzo, invirtiendo los principios rectores de obligatoriedad y responsabilidad por lo que se refiere al itinerario de capacitación personal del estudioso. 11.- Metas:- A corto plazo obtener por vía de selección académica Y técnica la depuración de la masa estudiantil que efectivamente dema piramidal, a su vez sirva de encauzamiento para la búsqueda de los muestre inclinación vocacional por la ciencia del derecho; y que en for- E Lle. .,. Prorr. Emes l;(; T. Ara!za Rivera, catedr&t!co de la Facultad de Derecho .,. ctenclu Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. �• LA REFORMA EDUCATIVA A NIVEL DE LA FACULTAD DE DERECHO elementos humanos que ingresen a los doctorados, maestrías Y postgrados de la carrera de Jurisprudencia. . . 111.- Fines:- La integración de la personalidad del 1tcenc1ado en derecho perfectamente compenetrado de su papel social comunitario Y de auténtico intérprete de las normas del derecho. IV.- DEL SISTEMA DE ESTUDIOS: . El proyecto presenta dos áreas con los rubros respectivamente de CURSOS BASICOS PARA LICENCIATURA EN ?ENERAL Y CURSOS PARA LICENCIATURA PROPIAMENTE; el área pnmera sugiere o consigna 1as siguientes asignaturas: Introducción al Estudio del Derecho Filosofía del Derecho Sociología Jurídica Teoría Económica Teoría General del Estado Derecho Constitucional Ciencia Política , La segunda área comprende: . Derecho Civil 1 (PERSONAS Y FAMILIA) Derecho Civil 11 (BIENES Y SUCESIONES) Derecho Civil 111 (Obligaciones) (Derecho Civil IV (Contratos) Derecho Procesal Civil Problemas Socio-Económicos de México Derecho Penal 1 (Teoría) Derecho Penal 11 (Delitos) Derecho Procesal Penal Derecho Mercantil 1 Derecho Mercantil 11 (Sociedades) Derecho del Trabajo l Derecho del Trabajo 11 (Conflictos Colectivos) Derecho Procesal del Trabajo Derecho Administrativo 1 Derecho Administrativo 11 Derecho Fiscal Garantías Individuales El Juicio de Amparo Derecho Agrario Derecho Internacional Público 64 LA REFORMA EDUCATIVA A NIVEL DE LA FACULTAD DE DERECHO Derecho Internacional Privado Derecho Bancario El Régimen de Seguridad Social. En rigor estimamos que la parte preliminar o sea el área de cursos básicos, debe contener como parte introductoria un curso de DERECHO ROMANO ya que esta disciplina constituye el punto de partida de la jurisprudencia occidental ; conviene recordar, por lo demás, que multi· tud de instituciones vigentes en derecho público y privado fincan sus raíces y explican su naturaleza juríd ica en los principios sustentados por la doctrina, la teoría y el espíritu pragmático de la Roma clásica. ,, Por cuanto al cuadro general dé los cursos para licenciatura cabe afirmar que la ausencia de cursos metodológicos inherentes a algunas ra· mas del derecho objetivo debidamente consagrados, puede traer como consecuencia la reviviscencia de la enseñanza "verbalista", es decir en virtud de que lo discutido, leído, dialogado a través de la consulta de libros fundamentalmente no se convierte en material sensiblemente prácco, la academia así adquirida retrovierte en !a vida real y, por lo tanto, se volvería al estadio de la enseñanza repetitiva o de reproducción mecá· nica. Se impone, pues, una revisión meditada a esta segunda área que lleve como objetivo la inserción de auténticos seminarios, especialmente en cinco ramas que consideramos vitales: Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Laboral y el Juicio de Amparo. Estas consideraciones aunadas a las peculiaridades del sistema por implantarse llevan en línea recta a la modificación de los métodos de enseñanza hasta la fecha empleados en la Facultad. La planeación Y programación aquí expuesta exigen, como queda indicado, la elaboración de las GUIAS DIDACTICAS para cada desarrollo de aprendizaje y enseñanza. Tales guías no deben ser identificadas con lo que la téc· nica moderna del aprendizaje llama "Cuadernos de Trabajo". Las guías consagran de manera preferencial los temas, subtemas, tópicos y asuntos que versan sobre la materia en cuestión; a su vez los cuadernos de tr~bajo constituyen la pauta de aplicación de las susodichas guías, volcandose en ellos a modo de práctica, de comprobación o ratificación 10 que la Guía suministra, valiéndose entre otros instrumentos de los libros o textos apropiados. En este punto coincidimos abiertamente con el proyecto que establece la ruptura con la metódica tradicional por lo que toca a la Escuela de Leyes. Un curso no debe estar circunscrito en las fronteras académicas de un solo texto tomado como guía, aun 65 �LA REFORMA EDUCATIVA A NIVEL DE LA FACULTAD DE DERECHO LA REFORMA EDUCATIVA A NIVEL DE LA FACULTAD DE DERECHO cuando éste fuese rubricado como es de rigor por una autoridad doctrinaria· convenimos, entonces en la amplitud abierta de las guías de que se' prevale la nueva tónica metodológica, dado que ello permitirá la proliferación del espíritu investigador, tanto del que " es enseñado" como "del que enseña" . La guía didáctica es más valiosa para educando y educador, cuanto más se haya enriquecido con fuentes de información de la más diversa contextura, lo cual deja un campo muy vasto para redondear los conocimientos y hacer más sólido el criterio del estudioso del derecho, en este caso. El recurso conductor aludido constituye asimismo, el antecedente para que el maestro investigador y el maestro titular de una determinada disciplina puedan elaborar una obra de t exto propia, producto de sus especulaciones en la cátedra y en el gabinete de trabajo. Se introduce de este modo una flexibilidad programática que rechaza Ja ubicación y la distribución de las asignaturas en un cuadro rígido de ti;mpo límite para su desarrollo y asin:'ilación po~ pa~~ ?:I alumno. No obstante, estimamos que no debe de¡arse a la indef1rnc1on del tiempo de manera decisiva, el cumplimiento de la planeación ~~ estudios con su correspondiente concreción a través de la aprobac1on o evaluación positiva de las asignaturas con su programa respectivo. Si bien de creer que la fase preliminar del trabajo normalmente pudiese estudiars~ con desah~go en u~ lapso de dos o tres _años_para abordar en un año o año y medio, posteriormente, el curso de licenciatura específica, el buen juicio didáctico nos informa del término apropiado pa· ra que las asignaturas puedan y deban ser asimiladas con toda norma· lidad. Dicho de otra manera, con base en las proyectadas áreas de conocimiento, las planeaciones generales para la licenciatura en derecho, la formalización de las guías didácticas y la organización y funciona· miento DEL CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION, se re· quiere indudablemente de la participación del factor temporal con una añadidura: la probable delimitación del tiempo en que razonablemente puede asimilarse un curso. Esto implica la necesidad de establecer desde el punto de vista del sistema de estudios una doble perspectiva en proporción inversa: un grupo que seguiría ta pauta de estudios tra· dicionales a grandes rasgos, puesto que la tónica central, los aspectos metodológicos, la ruptura con horarios fijos e inflexibles en cuanto a la asistencia del alumnado, etc., se conformaría al tono de' la reforma; y otro grupo, que se estructuraría y funcionaría de acuerdo con las modalidades aceptadas por el Consejo de Maestros y Alumnos de ta Fa· cuttad. El mismo itinerario puede adoptarse para los semestres de la carrera que todavía continúan desarrollándose de acuerdo con los planes y programas de estudios vigentes. V.- De la Mecánica de Aplicación del Sistema: a) Factor humano.- El sistema implica la necesidad de crear la cátedra de titularidad y adjuntos para el desarrollo temático del programa abierto. b) De igual modo la creación de plantas asignadas a maestros investigadores de tiempo completo y, c) La asignación de maestros honoríficos que de tiempo en tiempo acudan a la facultad para sustentar conferencias, diálogo, y discusión de las cuestiones medulares de derecho. d) El grupo normal y el grupo "piloto" deberán sujetarse a lineamientos parecidos respecto a la información, trabajos de gabinete, sometimiento a reactivos de aprovechamiento o rectificaciones de conocimientos, evaluaciones periódicas del saber adquirido y participación cuando el planeamiento así lo reclame en foros y simposios que orga • nicen los titulares de la cátedra. e) Quienes· integran et grupo "piloto o abierto" deben reunirse por lo menos de dos a tres veces en el transcurso del semestre regular con los titulares de cátedra, no tanto para conocerse, ya que ésto es irrelevante en et sistema, sino para que en forma viva tengan conciencia de 1~ que es la Facultad de Derecho y el significado p<!dagógico que encierra la entrevista con el guía, instructor o maestro. f) Habilitación de aulas tipo auditorio dotadas de los adelantos técnicos indispensables como sistema de sonido, " micrófonos manuales", grabadoras, etc., de tal suerte que la enseñanza colectiva al máximo responda a las exigencias técnicas del procedimiento Viso-Audio-Motor-Gnósico. Este artilugio eminentemente práctico elimina la multiplicidad de personal docente y al mismo tiempo evita la dispersión de criterios docentes en relación a las cuestiones fundamentales de lo jurídico. g) Formulación -periódica de "Encuentros Jurídicos" con el concurso y participación de estudiantes más avanzados respecto a ta licenciatura o ramas objetivas de derecho. · · h) Visitas organizadas o sugeridas a juzgados, tribunales, oficinas a~ministrativas; recintos penitenciarios y demás dependencias afines al sistema jurídico con el propósito de vitalizar el aprendizaje del derecho. VI.- DEL CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION: Creemos que gran parte del éxito de la apertura universitaria a ni- 66 67 �\ LA REFORMA EDUCATIVA A NIVEL DE LA FACULTAD DE DERECHO vel de la Escuela de Jurisprudencia radica en el est~~leeimiento, o~~anización y funcionamiento del Centro de Docu~entac1on e lnformac1~~• de operar el binomio Responsabilidad-Obligatone~ad de P~~~ de los miciados en este tipo de estudios. Mayormente s1 se pos1b11i:a la cr~ación de otras carreras profesionales, ligadas íntimamente al area _de J~risprudencia general. Sin ir muy lejos, hagamos énfasis en la d1spos1ción más que sobrada acerca de los textos u obras jurídicas q~e s~ ~eñalan en el índice bibliográfico que debe acompañar a cada guia d1dactica de las diferentes asignaturas del plan de estudios, Y por supuesto la abundancia de ordenamientos jurídicos vigentes no sólo de nuestro Estado, sino del resto del país y en estratos 'superiores de la enseñanza de códigos de otros países. Es de pensarse que el Centro de Documentación tendrá que saturar la demanda de los alumnos consultantes y, por descontado tener su "stock" ampliamente diversi~icado. . En consecuencia, es rigurosamente cierto que, segun 1_~ organización y funcionalidad que se le dé al Centr~ _de Documentac1on e l_nformación sería dable predecir la marcha pos1t1va o los gra~des tropiezos ue habrá de sufrir la nueva planeación que tiende a abnr las puertas ~e la Facultad sin barrunto de discriminación escolar. VII.- CONS!DERACIONES MARGINALES: En rigor, tomando en cuenta fines, medios Y_ objetivos que preten· de la reforma educativa en la esfera de la ensenanza del derecho, se advierte la necesidad imperiosa de modificar la tónica actuante de la docencia de la escuela. Se impone también la rehabilitación de los medios emple~dos ~ra instruir y educar al aprendiz del derecho; se destaca, ademas el 1m· perativo teleológico de la abogacía como ~rofe~ión, m~nera tal _q~ se amolde al postulado genérico de la Universidad 1mbu1r un esp1ritll cívico" con alto sentido de servicio social y ecuménico". Por estas circunstancias no nos cansaremos de insistir en que al introducirse la reestructuración prevista por el Consejo de Maestros Y Alumnos en el plano de trabajos que por ahora desarrolla la Facultad de Leyes, se verifique con las advertencias, aclaraciones y ~untos de vista críticos que aquí se acaban de exponer de manera especial en t~r· no al plan de estudios, la programación con su correspondiente dosifi. e-ación, graduación y jerarquización; la técnica de ~p~ración con el "grupo piloto" y las necesarias comparaciones pedagog1cas con el grupo 0 grupos que en mayor o menor medida sigan el itinerario tradicional. ,?.e 68 DOCUMENTOS J. RAMON PALACIOS VARGAS PRESENTACION E L MAESTRO J. Ramón Palacios Vargas es un jurista íntimamente ligado a la Universidad y a lo universitario. Su pasión por fo.s cZLestiones universitarias lo llevaron en el año de 1958 a escribir el artículo que ahora se reproduce con el título de Crisis de la Universidad. No fue ésta, desde luego, la primera toma de posición del maestro Palacios Vargas en la problemática de las Casas de Estudio Superior del país. La Universidad ha estado presente en todos los actos públicos de su 1Jida y en el desempeño de su actividad profesional (bien como Procurador de Justicia en -el Estado, Magistrado de Circuito o actualmente como Ministro de la H. Suprema Corte de Justicia de la ~a~ión) no ha dejado de servirla, porque al final de cuentas la lleva znttmamente unida a su ser. ! Crisis de la Universidad en/oca la problemática que padecían en e~e entonces las universidades del país y que, lamentablemente, todavia afrontan. De allí que di.fundir nuetJamente su pensamiento deba ~tenderse como una colaboración a la solución 'de la misma, sin olvidar que /ne escrita en tiempo y a su tiempo, con una muestra de �. . en M~o decir la verdad generalmente tiegran valor _owil, Y? <J"! abona sino que se carga a su autor. ne un precio qu.e J?mas se l 'ición particular del maestro PalaEl VotQ concierne a a pos . d competencia. Su importan_• cios Vargas sustentado en ~~~ :-argas aún en el sitial de Micia estriba en que el maestro rt a la Nación, no ~fo~ nistro de la H• Suprema. 0 e han.do la "autonomía unn1ersiO a la Universid.ad y contmua luc lo p c:nflictos entre las univer• taria", de allí que _propu~. porque Universidad Nacional Autósidades "autónomas , especificamenteb z. Ley Federal del Tra, · esueltos con ase en ª noma ,le Mcxico, sean r C .l. ., y -'rbitra¡·e competentes. . l ¡ t de onci iacwn -'1 lo ba¡o y por as un asla tud del maestro Palacios Vargas y que s Deseamos aue at'tl . de acicate en la lucha por trabajos que ahora se repro~uc~; s~ro': por la solución de los pro• , . ·, una autentica au1onomía umvers..,ana C d CJ ltura Superior de la Namm. blemas que aquejan a los entros e u C, ·r:t}usticia de Z: LJC. NEFT..\LÍ GARZA CONTRERAS J. RAMON PALACIOS VARGAS CRISIS DE LA UNIVERSIDAD E l tema de la Universidad es de tal relevancia y trascendencia, que Gregorio Marañón ha podido estampar la advertencia, en el prólogo a "Antonio Pérez" , de que si queremos encontrar la causa de la decadencia de los Gobiernos, hemos de encontrarla seguramente en la decadencia de las Universidades. Don Adolfo López Mateos, ha dejado constancia de su interés creciente por estas Instituciones, al ofrecer espontánea y generosamente a los bajacalifornianos su Universidad; al prometer su espíritu vigilante por las Provincias y al planear las Universidades Regionales. En ningún lugar de la Patria hemos escuchado la voz responsable Ysevera de las autoridades universitarias o el informe sobrio y documentado de los profesores, demandando un examen de conciencia; un balance del que surgiesen activo y pasivo cultural, técnico y ético de las Universidades, para saber de sus victorias y de sus glorias y conocer sus fracasos y sus fraudes; nada de eso: la Universidad de Nuevo León, por conducto de su ameritado Rector, acumuló estadísticas y pidió sesenta rnillones de pesos para su Casa de Estudios; los estudiantes de Puebla, apoyados por su comedido Rector y por el Gobierno del Estado, se , Lic. J. Rarnón Palacios Vareas, ex~ttco d• la Pacultad de Derecho Y Cfencl.. Sode Nttevo León. Bs autor de numero.w. libros, •tre eno.: 14 1 ._,latln, el ,nintmo de lllefllad penal, L& eorrelut<Jn entre aeel6n T 1enlenela T J!ataat.. 11Wle.; ha Publicado artlculos de su eai>eclalld&d y ensayos sobre Uteratnra y cfeneta llllca, en laa revf8tas T en 1011 dlar10a mia im1><>rtantes del país y del extranJero. Ha d - lle6ado entre o!r011 careos el de Procurador ~neral de Justicia del Estado de NueTO Le6n. dales de la UDJversldad Autaónoma "'° ~ o de Circuito y actualmente ea Mlnnlstro de la H. SU1>rema Corte de .Justtcta de la ella. 1'&- �CRISIS DE LA UNIVERSIDAD aprestan a solicitar del candidato la modesta suma de 30 mill?nes d_e pesos para su Universidad y las reuniones rectorales_ ~el ayer leJ~~o solo hablaron de temas técnicos en orden a su automat1ca resoluc1on por la vía de una economía robustecida a expensas del Estado F~deral. Pe• ro ·y el índice que marcase con fuego a los réprobos Y que diese la pre¿ • 1 ? d. d sea del perenne reconocimiento a sus esforzados aposto es. ; ¿ ~n e están?, o es que acaso las Universidades, ~odas, las cen~e~anas que heredaron tradiciones, culturas, sistemas y riqueza de las an~Ja~ ~ pres• tigiadas Universitas virreynales; al igual que las jóvene:, 1nc1p1entes, desamparadas Universidades, formadas al calor de un ~deal que. las nuevas generaciones alzaron como profesión de fe ~n me1ores d~s~m~ de la Nación y utilizado como instrumentos por comentes demagogacas, todas 1 ·éstas y aquéllas Universidades han cumplido su inmensa, mag· nífica : interminable tarea, sin caer en un desmayo, sin incurrir en clau• dicaciones, sin conocer la corrupción y sin traicionar la ciencia Y la conciencia? ¿Así es? En sarta horá. Cuán fácil y alentador sería que los problemas universitarios fu~ sen, como quieren sus Rectores, puramente económicos. Feliz la Patna nuestra que al rodar de una semana, con un presupuesto igual al de la tercera carretera a Querétaro -la supercarretera- conclúyese de una vez para siempre con los requerimientos de hoy y con los avatares de la cultura universitaria. Si actualmente el Ejecutivo de la Unión aporta veinte millones anuales a las Universidades de Provincia, ¿qué sería si derramase el diluvio de ciento veinte millones al año a las mismas lns· tituciones? Creamos a los Rectores y el paisaje sería éste: tendríamos de inmediato la asombrosa ciencia germánica, la técnica deslumbrante norteamericana y soviética y la ética de la mejor prosapia. Señor licenciado López Mateos: creemos que el planteamiento peca quizá de simplista, débil, unilateral, estrábico y anti-intelectual, pues se reduce a una cuestión de presupuesto; es igual que adquirir camiones para la limpieza de una ciudad, pavimentar las calles de un villorio 0 instalar letrinas; el dinero lo pone en rasero --como la muerte-- Y nos olvidamos de los más grandes enemigos: la imbecilidad y la malicia.·• Estas que han llegado a ser palabras prohibidas en algunos círculos políticos de nuestro Partido, como en otro tiempo lo fueron las obras de Hugo, de Balzac o de Nietzche; pero y las grandes más virtudes: ¿el talento y la bondad? ¿No será acaso que gire este mundo universitario etl torno de tales males y de tales bienes? No podemos pensar que el fa~ económico, grave y angustioso a veces, es secundario y muchas, infirt dad de veces, ha sido tramontado merced a las virtudes. Yo así lo prt 72 CRISIS DE LA UNIVERSIDAD clamo convencidamente. Si en puridad se redujese el. presente y el futuro de las Univer~idades de Provincia a la sola cuestión económica, nos bastaría un cualquier Pérez Jiménez, que dio cuatrocientos millones de bolívares -talón oro-- a la Universidad de Caracas; pero tan es errado el camino a pesar de los doscientos millones erogados en la Universidad Nacional ésta ·ocupa según estudio firmado por el departamento relativo de la UNESCO, el doceavo lugar entre las universidades de Latinoamérica, por la cali- dad mediocre de sus profesores y de sus estudios. Y a ésto no hubo respuesta rectoral. Es obvio que la alta cultura no puede ser patrimonio de la indigen• cia Y de la miseria, que como decía Zweig, el ochocientos en sus albores encontró a la depauperada Alemania llena de filósofos, porque filosofar es lo único que no cuesta; empero también, sin la debida selección de arriba hacia abajo en la pirámide universitaria y cuando el dinero se d_estina a obtener paz octaviana y reelecciones, no puede dar el árbol srno sus frutos podridos. Acudamos por vía ejemplificativa a tres entrañables casos universitarios que mejor retratan el ambiente: la Universidad de Puebla donde fue Director Ignacio Manuel Altamirano; Escuela que dio hijo~ ilust~es hasta hace cincuenta años y de donde en treinta años no ha salido srno un libro de Anatomía Descriptiva, un infundio de "Derecho Procesal del '.rabajo" y unos apuntitos .de fisiología; lo demás cada prof~sion~I lo eJerce estupe~dame~te, mdiocremente o pésimamente sin dejar si_no recuerdos; podna servir de patrón a Universidades de tanta prosapia com_o la de ~an Nicolás de Hidalgo, la Veracruzana, la Oficial de Gu?dalaJar~, la vigorosa por su juventud de San Luis Potosí, etc. DesP~:s la Universidad de Nuevo León, tipo de Universidad nueva 1 sin tradici?~es Y sin prejuicios, con ciertas influencias deportivas d e Norteª.~enca, con su superpoblación escolar, con decidida ansia de superacion cultural, con amplias oportunidades para sus estudiantes que frecue~teme~te ~?qui_ere~. becas para Estados Unidos o países europeos, con mvest!gac1on _c1ent1f1ca creciente donde en 1952, su Rector don Raúl Rangel Frias ~d•a ufanarse haber gastado en deportes cien mil pesos Y en la~oratonos sesenta y ocho mil pesos; nos podría servir de pauta par~ universidades como la de Sonora, Chihuahua y la de Querétaro rec,~ntementemente elevada a ese rango sin que al' mismo tiempo se t~ ~~b,ese dotado d~ lo necesario para subsistir; Universidad plena de optido~mo, con salarios a _l~s. profesores, el máximo de cien pesos al mes, de es honor y sacnf1c10 la decencia y por cuyo Rector lucharon de- 73 �CRISIS DE LA UNIVERSIDAD CRISIS DE LA UNIVERSIDAD nodadamente los estudiantes hace poco .. • . . 1.- Sobre el problema universitario, se han acum~lad~ estad1sttcas, según la moda imperante y las Universidades del. pa1s mas ~arecen dedicadas con fruición a una interminable competencia de mendicantes que a la verdadera solución interna de los dilemas que atormentan a la enseñanza superior. En efecto: las caravanas anuales ante la Fe?era• ción organizadas escrupulosamente por la Rectoría de la Autonom1a de Méxlco, exhiben, como los enfermos, sus miembro~ tumefactos, sus cuerpos leprosos y sus entrañas podridas ante el público morboso de los ~rrios pobres, unas cifras que demuestran a la _s~cretaría de Educacion Pública, que ochocientos pesos por año per cap1ta no. ba~tan a d!r la preparación adecuada a las multiplicadas huestes estud1ant1le~ Y q_u., los presupuestos de cada Entidad, aún generosos con algun~s ~rnversid~des no bastan a sostenerlas-debidamente para que cumplan s1qu1era mediana• mente con sus finalidades esenciales. . . La Universidad de Puebla, clama: quinientos mi_l peso~ de subs1~10 anual del Gobierno del Estado -con cincuenta y siete millones de líl· greso por año- (ni siquiera el uno por ciento de las entra~as netas_ del presupuesto, sino que arroja el 0.89 por ciento ~ la Educac1on Superior~~ más ingresos por Registro Público, por Herencias y Legados, por _cert ficados, colegiaturas, exámenes y extraordinarios, _unidos a . n~vec1ent~ cincuenta mil pesos de subsidio federal, dan dos millones se1sc1entos m1 pesos, para una población escolar de tres mil seisciento~ ~lumnos. Pro: blemas: carreras antiguallas del 900, no hay aulas suf1c1entes, . se ~m pezará el edificio de Medicina, se alquilará otro para Preparatoria Diurna y Nocturna, no hay provisión suficiente en laboratorios. . . Y la m~sa estudiantil crece año con año. Pide treinta millones, aunque es posible que conceda una rebaja. . . La Universidad de Nuevo León aduce: cuatro millones Y medio ~e subsidio del Gobierno del Estado -con ingreso ~nual de cuarenta Y sie· te millones de pesos que represente ~I 9 .5 por ciento (lo_ revela ~n- sub~ ·d· 8 55 por ciento más que el gobierno de Puebla, mas un m1llon d SI 10 . • · t · CO·d·o federal más extraordinarios, donativos, ingresos menores SU bSI 1 , • • es mo rifas, dan un total de ocho millones, pa~a atende_r un~ P?blac10~ .. · colar de seis mil personas. Problemas: C1ud~d U~1vers1tana:. ~E_d1f1cio de Medicina de un millón donado por don Luis Ehzondo), Ed1flc1~s ~e Leyes y de Ingeniería Mecánica en co~s~rucción, Hospital Universitario sin cupo, instrumental, ni personal suflc1ent~s, etc. . . . . . Querétaro exhibe: Quinientos noventa m1! pesos de subs1d1? del Gobierno del Estado, ingreso anual de nueve millones de pesos siendo un 74 5 por ciento a Universidad, y es 4 por ciento más que el dedicado por el Gobierno de Puebla a su Universidad y 3.55 menos que Nuevo León y del Centro con un subsidio especial ~e doscientos cincuenta mil pesos; total quinientos cuarenta mil pesos para mil doscientos alumnos. Problemas: su rector pidió para todo a don Adolfo López Mateos ciento veinticinco mil pesos. Muy modesto; locales insuficientes para alojar a sus alumnos, edificios alquilados, edificios interminados, no hay bibliotecas en el sentido exacto de la palabra, laboratorios sin instrumental ni substancias; taita experimentación: el alumnado crece en progresión geométrica y el presupuesto en proporción aritmética; faltan elementos para dos escuelas: Veterinaria e Ingeniería Química. 11.- Sería ocioso seguir la enumeración: la Universidad Nacional Autónoma es la única que puede permitirse el debido y elogiable lujo de pagar a su Rector por sueldo mensual una cantidad igual al presupuesto de un año de una Facultad de Provincia. Aparte el Rector tiene gastos de representación y viajes al extranjero. Es plausible, pues, una sola de las declaraciones del sabio doctor Nabor Carrillo, basta para tranquilizar al país y ya se sabe que la tranquilidad no tiene precio. El ha dicho, entre otras cosas importantísimas, que las pruebas nucleares -norteamericanas, soviéticas, inglesas- no producen daño alguno a la salud del hombre; cierto es que poco tiempo adelante, 9,235 sabios de todo el mundo y especialistas en energía atómica, no sólo sostuvieron lo contrario, sino que firmaron una solicitud reclamando la suspensión de esas pruebas, pero esta declaración sí intranquiliza al mundo; de allí quizá el que atinadamente ha poco Educación Pública otorgara el premio nacional de ciencias al señor doctor don Nabor Carrillo. También sus profesores de carrera y sus investigadores perciben de dos mil quinientos a ocho mil pesos sin que esté en la práctica impedido el desempeño de otros cargos fuera y aún dentro de ta misma Universidad. Un profesor de Provincia, de clase diaria, no percibe al año lo que en un mes gana un profesor de medio tiempo de la Autónoma. ¿Hay pues una contradicción?, ¿intereses opuestos?, ¿incomprensión de la Autónoma para las Provincias, a las que lanza en el marathón limosnero?, ¿o simplemente problemas distintos?, gran diferencia entre los temas a plantear respecto de la Autónoma y los temas a plantear respecto de las Universidades de Provincia. Querer asimilarlos todos y resolverlos con el mismo rasero o criterio, es insensato. Sólo la demagogia, que hoy anida holgadamente en algunas partes, podrá exigir un trato 75 �CRISIS DE LA UNIVERSIDAD CRISIS DE LA UNIVERSIDAD t Universidades de igual para la Autónoma que para las menes erosas migos más temidos quienes abrazan .el aprendizaje de la técnica. De la confusión de las relaciones necesarias e indispensables entre cien· cia y técnica, principios y jerarquizados sobre una rama del saber hu· mano y aplicación de tales principios a la productividad, desarrollo, florecimiento en el orden práctico, deriva el que todo estudiante de una carrera liberal vea con no disimulado desprecio las asignaturas técnicas y la inversa también es cierta. A esto debe añadirse la falta de orientación vocacional. Observemos cuáles son los conocimientos que hoy imparten a nuestros bachilleres sobre matemáticas, electrónica, materias fisionables, combustibles de alto poder, y sobre toda esa gama, casi infinita de saber que el hombre ha acumulado en solamente un decenio de investigaciones. ¿Cuáles son también las asignaturas que orientan al Bachiller en astronomía y en Química?, pero astronomía del ayer inmediato y Química del ayer inmediato. ¿Los programas exigen al profesor que incluya explicaciones prolongadas sobre estos temas? ¿Las fuentes de información están al alcance de los alumnos? ¿Cuál es la bibliografía que podrá consultarse en la Universidad de Durango?, ¿cuál la de la Universidé:d de Michoacán? ¿Quienes son los catedráticos que profesan esas asignaturas y con qué prestigios llegaron? Porque el alumno de allí egresado se encontrará, frente a las dia• rias informaciones sobre estos temas, en la misma actitud intelectual que sorprendería al hombre de la edad media frente a un proyectil teledirigido; pero y después, agreguemos la posición del que desee una carrera sobre aplicación de la energía nuclear a fines pacíficos (físico teóricos, físico experimental, astrónomo) -las centrales eléctricas atómica~, los navíos atómicos ... - todo ese panorama inmenso, alentador, inconmensurable, imponente y AJENO. Pero sin ir tan lejos, podemos lanzar el reproche a nuestras Universidades, de haber tenido el olvido menor de cerrar los ojos ante adelantos que ni tan marcados ni tan e_spectaculares como los de la desintegración del átomo, son el patrimonio científico de Europa, Estados Unidos, desde hace más de quince años. No queremos hacer descender a la Universidad a la modesta postura de una Escuela de Artes y Oficios -repostería, mecánica automo• triz, motores diésel ... - pero sí elevarla a la categoría de formadora de TECNICOS con conocimientos actuales, recientes, diversificando la enseñanza, especializando las especializaciones --Químico Metalúrgico, Ingeniero Geólogo, Ingeniero Mecánico y Electricista, Químico Petro- los Estados. 11 mal llamadas as . . d 1 111 •- Habría que separar asimismo, todas· aque ti · pern1c1oso e a Universidades de algunos Estados, creadas ª1 in UJ0 . • tra• imitación extralógica y que sin más título _que el m~':11brete, ni ~~~ Qr dición que una ceremonia burocrática de inaugurac1on, se lanza p. los caminos a desfacer entuertos, pero_ sin ~elmo, _sin c~ta ~e maya, sin rodilleras ni estandarte, sin santo Y sena; sin patna Y sin Di~~- . t e Los Gobernadores que tal hicieron incubaron otros tur _10~ i.~ er . ses que unidos a un deformado concepto de la "Sant~. Provincia • drán ser desterrados sólo con mucho empeño Y hasta dificultad. La Universidad de Tamaulipas, la Universidad de Morelo~'. Y t~as es~as pobres harapientas Universidades, que ni profesores f1¡os tienen, _sino que acuden a catedráticos ambulantes que por un mísero jo-rnal quieren ganar renombre y dineros; los edificas improvisados, inadec~ados p~ra 5u destino, y todas esas inoportunidades que se ofrecen al mas apasionad~ y tierno amante de la cultura vernácula, son verdaderamente desgarra dores. Nos recuerda, inevitablemente, al moribundo que en los estertores finales quiere inútilmente asir una estrella del cielo azul. La farsa debe terminar. . . IV.- Hay dos temas soslayados intencionada o mcon~~1~nteme~te por las reuniones de Rectores, que don Luis Garrido ausp1c10 regoc11a· P: damente. , 1 s de El uno es técnico y hiere menos a nuestra Autonoma que a a Provincia, y el otro, aún más oculto tras espesos velos, lamentablemen· te generalizado, es el moral. . . El de ciencia es el de la torre de babel. Las Universidades no ~ntienden las lenguas que hoy se hablan. Cada día es más Y ~ás an_gustioso el paso atrás. Se ha perdido la noción del ~iempo, de la _distancia Y_ 1~~ Universidades vegetan cariñosamente, cocodrilos al sol, mientras la cie cia y ta técnica pasan a su lado victoriosamente. . El desconcierto salta desde los programas y planes de estudios. pues muestran un evidente div?r~io entre carr~ras t~cnic~s Y carrera: liberales concediendo a estas ultimas la preeminencia unilateral, com si el pr~greso de ayer y más el de hoy, se debiese exclusivamente a la formación de profesionales y la técnica fuese un arte menor, a la ma· nera de un oficio reservado a las medianías económicas e intelectuales. Se concibe pues a la Universidad como semillero de hombres tit~ladoS en una ciencia: medicina, leyes, química, farmacéutica, comercio. • ·• en los que se apoya el nuevo aliento del país y como si fuesen sus ene- 76 77 �CRISIS DE LA UNIVERSIDAD lero Ingeniero Textil . . . - y ofreciendo a la Nación los elem_entos in' ti · o para 1mpulsartelectuales suficientes para no frenar su desarro o, sin . . lo por los caminos que señalan las investigaciones del tiempo que vivimos. ¡Actualizar tas Universidades! . P La Universidad que se separe consciente o inconsc1entement~ del poderosísimo avance de hoy, debe perecer o lo qu~ es peor, ~ara perecer a sus nobles y esforzados generaciones. Sera 1~ madre inconcebible que mate a sus hijos. Las Universidades no tienen ese mortal derecho. En lo que atañe a las clásicas carreras profesionales, baste repetir las significativas y tristemente verdaderas palabras del representante estudiantil de la escuela de Medicina de la UNAM: Los profeso~es son incompetentes y los egresados día a día más _medio~res. El senor Senador Raoul Fournier Villada, con eufemismos 1mprop1os de su alta calidad intelectual, repuso que en cuanto a lo primero, los profesores son simplemente inexpertos y lo segundo ¡sí es cierto! Hay quince mil médicos en el país; diez mil concentrados en las capitales. . . .. Los estudiantes de Puebla han sostenido, con t1m1dez mon~•1, que sus laboratorios de química son pobres, adaptados para hace ~inc~en· ta años e inútiles por carecer de substancias. El _Rec~or hab1a dicho días atrás en declaraciones públicas, que esa Un1vers1dad d~ Puebla era una de las mejores del país -le faltó decir: Y del extraniero- Y su profesorado se significaba como uno de los más efi~i~ntes d~ t~a ta Educación Superior de la Nación. Velas al viento: opt1m1smo cnmmal y cretinismo administrativo. . L Biblioteca "lafragua" -en homenaje al donador, el ilustre Minist:o de Gobernación de Comonfort y de Juárez y Magistrado ~e. la Honorable Suprema Corte- en los últimos siete años ha adq~indo para la envejecida Facultad de Derecho, obras por v~to_r de dos mi_l ~sos. Se han invertido menos de treinta centavos d1anos en 1~ B1bhoteca que es como et instrumental del cirujano. ~sta es la est1_m~ ~le· vadísima que a Gobierno y Rectores tes ha merecido la cultura ~undi~En junio de mil novecientos cincuenta y siete se aprobaron veinte mil pesos para biblioteca; en abril de mil novecientos cincuenta y o~ho no se había adquirido todavía un solo libro. lo mismo puede decirse de tas "nutridísimas" bibliotecas de Medicina, Ingeniería, Química Y demás Facultades. El frigorífico en que se conservan los cadáveres en el Hospital General, hace años que sufre fugas y deterioros que lo hacen francamen· 78 CRISIS DE LA UNIVERSIDAD te inadecuado y dañoso para su destino. Y así podría continuarse el elenco de los males materiales de la Universidad, trampolín político de. ambiciosos. Los profesores de la Universidad de Puebla, perciben de remuneración menos de lo que ganan los profesores del Instituto Normal (doscientos cuarenta pesos al mes por clase diaria). El relato cabal de todos los mates, debidos a la penuria, real o simulada o a la bancarrota fraudulenta, sería interminable y patético; bastará indicar que los experimentos de química se verificaban en cuan to en tanto los estudiantes diesen su aportación personal, pues la Institución ha carecido de elementos para dotar permanentemente a sus laboratorios. V.- En lo que atañe a los técnicos profesionales, hay cuatro mil ochocientos cuarenta y tres de ellos y sub-profesionales laboran ochocientos treinta y uno; de ellos el veinte por ciento de egresados tiene preparación adecuada al llegar a las fábricas; el ochenta por ciento sufren diversas causas de incompetencia; hay, agrega el informe del "Banco de México", S. A., una creciente solicitud de técnicos, una insuficiencia de planteles -siete tecnológicos en toda la República- y una notoria falta de conocimientos al titularse. Ya don Guillermo Ramírez Ulloa y don J. Domingo Lavín han subrayado la insuficiencia de los Tecs., y la necesidad siempre creciente de técnicos. Un solo dato revela el porvenir de la ténica pues ingenieros petroleros serán necesarios veintiun mil para dentro de cincuenta años. Pensemos para un largo futuro. El Tecnológico de Monterrey es una brillante y única aportación de la iniciativa privada para su propio desarrollo y una real y plausible contribución al engrandecimiento del país. Bastará leer con detenimiento la Memoria anual del Instituto para percatarse cómo de los cuatro vientos de la Nación llegan más y más estudiantes y cómo el Tecnológico aumenta sus edificios, sus laboratorios, selecciona su planta de profesores; sus bibliotecas riquísimas y escogidas -hasta la brillantísima de humanidades, desgraciadamente mal aprovechada- y ante todo, vigila, custodia cotidianamente el esfuerzo intelectual de sus profesores y de sus alumnos, el rendimiento y la conduca, sin permitir desviaciones perjudiciales a la Institución. El Tecnológico de Monterrey no es una escuela en auge, es eso y más: es una constante e interminada superación. No es preciso hacinar argumentos para demostrar que la investigación científica es fin esencial y connatural de la Universidad. Sin ta 79 �CRISIS DE LA UNIVERSIDAD CRISIS DE LA UNIVERSIDAD investigación, la Universidad vive precaria, mutilada Y magra, porq_ue la sola formación de profesionales y de técnicos no basta. para cubr_1r las exigencias teórico-prácticas del presente y de lo porventr. De la t~ves• tigación surge siempre un nuevo avatar, un_a con~epción rem~za~a, tnnovadora, fértil y promisoria de la vida como integridad de realizaciones individuales y en favor de la colectividad y nuevas esperanzas de sup_eración material y espiritual. La investigación fue la médula de Ramon Y Caja!, la investigación fue la España· de Unamuno y d_e Ortega Y Gasset; la investigación en México es la voz resonante, autorizada Y que ha dtl· jado huella luminosa, de Pruneda, de Ocaranza , de Joaquín Izquierdo, de Chávez de Sandoval Vallarta, de todos los que han llevado siempre en lo hondo del alma, silenciosa y austeramente la preocupación por el pr-estigio de México y el adelanto de la rama de la ciencia a la que han ofrendado su vida. Si en otros países la investigación es cumplida al mismo tiempo por Universidades, Instituciones Púb!icas y empresa~ privadas como ~u: rre en Estados Unidos --casas fabricantes de medicamentos, de art1cu los comerciales como radios, equipos de transmisión o de trans~~rte, .. • y por el Ejército, la Armada, los Hospitales Públicos-; en ~ex1co, con desaliento hemos de reconocer que si las Universidades no e1ecu~a~ _ta~ laudable y magna tarea, ésta quedará desconocida, porque a la_ 1rnc1at~va privada no le interesa -por regla genera~, i_n~ por _regla ~s~1al!- SI· no el lucro y la abandona por conceptuar mut1I la mvest1gac1on. T~mbién acontece con los organismos del Gobierno local, pues los hosp1ta· les ignoran hoy lo que es la investigación y malamente cumplen con su tarea prefijada de "Casas de Agonía". Eí "Hospital General" de Puebla devuelve enfermos menesteros~ porque no tiene ya cupo para ellos -ni medicamentos, ~i atención, m tiempo para atenderlos-. Los que ingresan, han de resignarse a m~I morir O esperar un milagro o las extraordinarias facultades de los medicos O practicantes. Aquí las estadísticas nos harían derramar abun· dantes lágrimas. . . Si el Ejército mexicano no posee ni parece que haya figurado 1amas en sus planes de Estado Mayor, un trabajo de investigación -lanzamien· to de cohetes, fabricación de aparatos de transmisión perfeccionados; de proyectiles teledirigidos .. . - y tampoco nuestra Marina incluye la investigación de mares y costas, de transportes atómicos, etc .... _es indudable que sólo las Universidades podrán y deberán arrastrar la 1n· mensa responsabilidad de emprender la investigación científica para no volvernos a retrasar cincuenta años del adelanto medio de los EstadoS Unidos y de los menos informados países de Europa. Los establecimientos como Cardiología, Nutriología, etc., son de una eficacia y valor excepcionales; no faltan hombres de talento y entusiasmo; claro es que su ánimo ha sufrido quebrantos y su tareas han sido minimizadas con el criterio político, pero no todo se ha perdido; de las generaciones nuevas podemos esperar espléndida cosecha intelectual, si les enseñamos una lección limpia y breve: el bien y la inteligencia tienen justo premio; el mal y la ignorancia tienen castigo y olvido. Sólo en la juventud está la salvación. VI.- Hay pues que conceptuar separadamente aquellos casos de infantilismo universitario, que son formas regresivas de preparación intelectual, de aquellos otros casos en que las Universidades ofrecen al estudiante los medios -teóricamente cuando menos- de alcanzar una preparación de acuerdo con los imperativos y los conocimientos que ofrecen hoy por hoy la ciencia y la técnica: UNA PREPARACION ACT-UALIZAOA. 80 En los primeros, habrá que reestructurar los programas y planes a fin de ponerlos al día, de darles cauces obligados al desenvolvimiento intelectual de la época; de crear las Escuelas, Facultades e Institutos que deben forzosamente tener albergue en las Universidades. Distribuir apropiadamente a los estudiantes, no es una de las más leves dificultades; distribuirlos por su vocación es ya tema de calidad en la preparación; y distribuirlos por facultades es el pináculo de la tarea universitaria. La macrocefalia de la CU, con cuarenta mil estudiantes y del Politécnico del D. F., con veintiseis mil estudiantes hay que destruirla con la creación en las Provincias de Universidades Regionales preconizadas por el candidato, con carreras iguales en denominación, iguales en calidad o superiores a aquéllas y con ideal de superarlas en sus programas. El estudiante provinciano emigra al D. F., no porque le agraden las tolv~neras, los centros nocturnos, las novatadas o la política centralista; smo primordialmente porque no encuentra de regla, en su Estado la ca• rrera que desea profesar o es TAN DEFICIENTE que más vale no cursarla ~n. su Estado e irse a otro lugar. Si a ello se añade el clima político . asf1x1ante, de nepotismo, de cacicazgos, de enriquecimiento vil, de caball~rangos y amanuenses-, se podrá saber por qué el estudiante de provincia va al D. F., como ("la libélula vaga de una vaga ilusión") tras el v_el~ocino de oro. No debemos culpar a los jóvenes de ir a sobrepoblar la _un,ca capital que tiene establecimientos adecuados a la enseñanza universitaria y técnica. 81 �CRISIS DE LA UNIVERSIDAD CRISIS DE LA UNIVERSIDAD En Puebla, ha dos años, de dos mil alumnos de todas las Escuelas y Preparatorias, 678 eran estudiantes de Medicina. Y la Facultad crecía hidrópicamente, como si faltasen facultativos, que bien por el contrario han saturado capitales y provincias. La Escuela de Derecho presntaba también el mismo panorama desalentador: al primer año ingresaron ochenta alumnos y del quinto egresaron para togarse cuarenta. VII.- La voz de alerta no parte de los partidos de la oposición ni de los eternos inconformes, ni de los descalificados que buscan notoriedad al señalar con escándalo un mal inexistente; no, quienes marcan la aritmia de la cultura universitaria son los universitarios de prestigio. Escuchemos: "está en boga la producción de profesionales marcachifles, que lo único que buscan es el enriquecimiento rápido, aún a costa de los principios morales" , y esto proviene de que las juventudes tienen una "concepción mezquina de las finalidades de la existencia, que se concreta en el éxito material inmediato". Así dijo don Alejandro Gómez Arias, otrora campeón nacional de oratoria y profesional prestigioso. En el mismo mes de marzo, el ingeniero Ernesto lópez Ramos, de la Asociación Mexicana de Geólogos, en la Convención de Geólogos Petroleros exultó: el relajamiento actual de las costumbres ha influido notablemen· te en la idiosincracia de los egresados de centros de cultura superior. Ha nacido en ellos un afán de enriquecimiento rápido y de manera fácil; el doctor Solís Quiroga catalogó a las Universidades en simples centros de enseñanza y no en centros de cultura; y el doctor Mariano Vázquez, ex presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, hace dos días exigió. un código de ética profesional en Medicina y que en cada clase a los es· tudiantes se les ministrase dosis masivas de principios morales, pues andan poco menos que ayunos de ellos; y don Hilario Medina, ex presi· dente de la Honorable Suprema Corte, en su primer discurso de campa· ña electoral prometió su esfuerzo en pro de "la educación moral de la juventud para sustraerla del ambiente de corrupción en que vive". La enumeración será dramática si sumásemos en cada Provincia las mejores voces que han denunciado en un alarde de sinceridad poco común, los vicios morales de las Universidades, pero tal parece que los Gobernadores tienen un señalado empeño en seleccionar como Rectores. salvo excepciones, a los carentes de prestigio intelectual, a tos incond~ cionales, blancos, acomodaticios, peculadores, perezosos, politiquerillos de farándula que auspician gozosos todas las inmoralidades, porque ~ día en que éstas terminasen, ese mismo día concluiría su reinado; asi ha sucedido en mi Provincia durante veintidós años. Es lógicamente ineludible que con tales autoridades, sólo puedan hallar cobijo los profesores faltistas, ignorantes, firmones, aduladores, serviciales, acaparadores de asignaturas, etc., y que a la juventud se le da en lugar de ciencia, austeridad y diligencia, charlatanería, discursitos, viajes pagados, cancelación de faltas; aprobación inmoral de asignatu. ras Y todo el séquito de males que acompaña inevitable y trágico a la perversión universitaria. 82 I Hemos dejado pudrir los mejores ideales de la juventud; la hemos traicionado los que teníamos el deber de imputar a autoridades y a nosotros mismos, los profesores, toda esta sorda, insensible y oscura maldad que se ha incubado y que reina en la Universidad; ¿y creemos realmente que con un aumento del subsidio federal vamos a terminar con tal ignominia? Cuán ingenuos o qué pecaminosos somos si creemos que es dable establecer una ecuación en la que los billetes de banco elevados a la enésima potencia y la Universidad con su pesado lastre de corrup!elas, pueda salvarse repartiendo la riqueza. Pedid estadísticas de faltas de asistencia en los profesores; pedid la relación de los temas tratados por los catedráticos; que os indiquen la bibliografía; que os marquen sus experimentos en las academias· en fin, que exhiban, ahora si a la luz del sol, la cadena · interminabl~ de irregularidades pequeñas, que unidas dan ese total desolador, apabullante y sombrío. ¿Por qué ciertos profesores de innegable prestigio solamente tienen diecisiete alumnos y otros pésimos cuentan con ciento cincuenta o doscien~os en la misma asignatura?; porque los primeros sí asisten a impartir la clase, sí exigen trabajos periódicamente y sí reprueban a los alumnos, Y los otros profesores, pues precisamente lo contrario. El reflejo que la política ejerce en la vida universitaria produce est~ déficit moral; ahí, de ordinario, se adula, se sirve, se hace demagogia, aun a costa de los intereses sociales y sobre todo se encumbra al mediocre, al imbécil, al delincuente común -aficionado cont~maz al pecula~o-, y se subvierte ese sencillísimo mandamiento, repetido ya, de castigar al culpable, premiar al inteligente y al bueno. Cierto que estamos tramontando ya las épocas más aciagas de nuestra vida política -banquete de buitres-, pero aún el ejemplo es poco edificante y cuando es elevado al sitial debido el hombre talentoso y de bien, es por obra ~el az~r Y no como sistema de Gobierno. La juventud aprende pronto, e~as,ad_o pronto, que el esfuerzo intelectual tenaz, que el sacrificio as, heroico y que la bondad no llevan a ninguna parte; quizá conducen 83 �CRISIS DE LA UNIVERSIDAD CRISIS DE LA UNIVERSIDAD rápida e irremisiblemente al olvido, al desprecio y al hambre;_es entonces indispensable acudir -inconscientemente muchas ocas1on~s- a los medios en boga: ahí, sí; las frases brillantes, aunque vac1as, los alardes de sabiduría, sin sustentación, los elogios sin tasa --como recomendaba el personaje de Moliere porque en esto el hombre no reconoce límites- y una buena dosis de audacia, nos dan por igual al profesional que obtiene sus calificaciones en la Universidad, que al hombre público medio de nuestro tiempo. Las alianzas entre estos mercachifles y los palafreneros, mayordomos, ujieres, intendentes, burreros, estudiantes destripados y toda esa colorida gama de politiquillos de la legua, nos dan como producto a las Provincias hartas de crimen y venalidad, donde no pueden florecer las Universidades. Ya Aristóteles decía que "la tiranía es amiga de los malos, pues los tiranos se gozan de ser adulados, y esto no puede hacerlo nadie que tenga un espíritu de hombre libre". Las críticas aludidas reconocen un pasado remoto, ,pues el insigne José María Luis Mora había dejado la desgraciadamente certera sentencia, de que el mexicano pretende siempre una fortuna rápida, fácil Y bri• liante. Donde termina la autocrítica empiezan la adulación y la dictadura. Cuando la crítica sólo la ejerce un hombre, estamos ante la más temible de las servidumbres; ante la divinización espantosa de un autócrata; si la no conformidad con una idea, con un programa, con un sistema de Gobierno, es castigado con el olvido, la relegación o la violencia, no existe la democracia. Podrá ser más o menos soportable el régimen, pero nunca se le podrá llamar demócrata. Nos faltó a tiempo justo la autocrítica y todos hubimos de lamentar la crisis económica, intelectual Y moral del Politécnico; un día tuvo que salir a la superficie todo el lodo, el oprobio y la venalidad acumulados durante años bajo los arpegios de las loas y los ditirambos al Secretario de Educación; la Universidad Na· cional ha sufrido varias de esas sacudidas y la paz comprada no es si· no el nuncio de una más grave y profunda crisis. A menos que: des· pués de mí, el diluvio. lhering ha dicho que hacer valer el derecho, por insignificante Y pobre que sea en la apreciación material, o por intrascendente o im· práctico que se le suponga, no es una facultad socialmente considerada sino que es, con un elevado concepto, un deber del sujeto para con su Nación, porqué cada vez que el hombre renuncia a su derecho hace posible que el derecho se tuerza, se desvíe y se viole, y las violaciones impl ican, a no dudarlo, el precedente funesto y el desquiciamiento del or· den preconizado por el sistema jurídico; de igual guisa, la crítica, por modesta, intrascendente, infundada y agresiva que sea, es el ejercicio del derecho de estar en agradable paz con la propia conciencia y es el deber de señalar lo que a juicio de cada quien implica un retroceso una transgresión, un entuerto o el fruto de un error; si no hacemos crítica ni hoy, _ni mañana, ~amos el ejemplo que repetido conducirá a la discipl ina terrea de la dictadura y a tolerar por siempre los más graves desmanes: habremos perdido al mismo tiempo que la crítica, la capacidad, la ~oz, el tono, la actitud y el decoro, patrimonio inalienable del crítico. De¡emos a los etruscos de la vida, estar gordos y sacios, y que exclamen f~l~ament_e conmovidos: hemos cumplido con nuestro deber, de estar y v1v1r en silencio. 84 La tarea depuradora, que algún día deberá ser emprendida, ha de excluir en las Universidades -aún las que con eufemismo se dicen autónomas- a las autoridades que las rigen con los instrumentos del soborno, la prudencia cómplice, la tolerancia de los graves yerros ajenoc; Y la propia ineptitud; y en sí, deben ser robustecidas las economías vacilantes de las Universidades todas de México, principalmente de las Univ~rsid~des Regionales, pensamiento del propio señor candidato a la Pres1denc1a de la República, para que no sigan siendo semillero de farsantes y cuna de imbeciloides. a).- Misión esencial e inaplazable es pues: crear las nuevas escuelas, facultades e institutos, donde no los hay; b).- Exigir cualidades especiales probadas para el ingreso en las carreras profesionales liberales; c).- Suprimir las jocosamente llamadas Universidades que no poseen los elementos materiales e intelectuales necesarios para sostener s~s. NUEVAS facultades e institutos y que por su cercanía con otras que si ti_enen esos medios hacen figurar en sus programas las Facultades 8 Institutos, o dejar su existencia en manos de cada Entidad. d).- Becar a los estudiantes de las Universidades clausuradas para que si tien~~ mérito continúen en la Universidad más próxima; ' e).- Ausp1c1ar los profesorados de carrera en todas las Universidades, con sueldos decorosos y el intercambio anual de los mismos profesores; f).- En la cúspide, crear las Universidades Regionales según propuesta _del señor licenciado Adolfo López Mateos, candidato del PRI a la Presidencia de la República; Universidades que serán verdaderos centros de gr ·t · , • av1 ac1on en que converJan las mejores aportaciones materia1 es Y culturales a fin de que los núcleos estudiantiles de esas zonas no -85 �CRISIS DE LA UNIVERSIDAD emigren a la UNAM y con más amplias ~ers~:tivas personales Y co~ fines de servicio social; teniendo en cons1derac1on al crearlas, su_tradt· ción, demografía, elementos existentes con los que cuente~, v1a~ de comunicación, calidad de sus estudios, posibilidad de que d1a a dia se superen. Se propone: , Universidades Regionales: Mérida, Querétaro, Nuevo Leon, Guadalajara, Sonora y Veracruz. _ g).- Ninguna de las anteriores prop_uestas, as, fu~sen lleva~as a término inmediato y cumplidamente, podra dar frutos s1 no se atiende fundamentalmente el problema ético de la Universidad; hoy, como ha mucho, el tema es el de los hombres. . Dar alicientes al estudiante y al profesional capaz, !abonos? Y honesto; honrar al talento y al deber cumplido constituyen la mas sana política universitaria. VOTO S e discute la naturaleza j urídica y por consecuencia el Tribunal competente para conocer de los nexos en conflicto entre los trabajadores propiamente dichos y la Universidad Nacional Autónoma de México. a).- Son competentes los Tribunales Federales del Trabajo, para conocer de ciertos negocios por excepción . La competencia estatal es la regla expresa de la fracción XXXI (A) del artículo 123 ConstitucionalEntre las hipótesis de salvedad federal no se encuentra el conflicto materia del presente amparo. La diversa competencia federal laboral, está enclaustrada en el apartado B) del " Artículo Segundo" del invocado precepto constitucional Y se contrae a las relaciones "entre los poderes de la Unión, los Gobiernos del Distrito y de los Territorios Federales y sus trabajadores" . Tampoco aquí logramos la fuente y la extensión del vínculo, y de la competencia. b).- El Congreso de la Unión tiene facultad para expedir Leyes sobre el trabajo que presten a los Poderes de la Unión, a los Gobiernos de Distrito y de los Territorios Federales, sus trabajadores, y en cumplimiento de dicha norma la Ley vigente en la época del conflicto planteado, es la de 28 de diciembre de 1963, que en el artículo lo., declara que "es de observancia general para los titulares y los trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión, de los Gobiernos del Distrito y Territorios Federales, del ISSSTE, de las Juntas Federales de Mejoras Materiales", etc., sin que se incluya la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque la parte final expresa: "así como de los otros 86 �VOTO VOTO organismos descentralizados, similares a los anteriores, que tengan a su cargo funciones de servicios públicos". En primer término esta norma va más allá del apartado B) del a~tículo 123 Constitucional, porque enlista a los Organismos descentrall• zados que no se encuentran comprendidos en el precepto de la Carta Su• prema. . Es decir: La Constitución se refiere exclusivamente a una ley regla• mentaria de las relaciones entre los Poderes de la Unión Y del Distrito Y Territorios Federales y sus trabajadores; de ninguna manera incluye a los Organismos descentralizados y sus trabajadores. Esto basta para sostener la inconstitucionalidad de la segunda parte del artículo lo., de la Ley de 28 de diciembre invocada. . Además el "Artículo Segundo" , del 123 Constitucional previene: "Entre tanto' se expida la respectiva Ley Reglamentaria, continuará en vigor el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de la Unión en cuanto no se oponga a la presente" . Esta norma como se ve, mutiló la segunda modalidad del apartado B) citado, pero como el artículo 2o., es simplemente complementario no puede derogar el multicitado apartado B) del mismo artículo 123 Cons· titucional. Lo que sí se desprende de ambos textos y del pri~e~~ " Estatuto de los Trabajadores al servicio de los Poderes de la Union es q_ue n~ incluye a los Organismos descentralizados y menos aún a la Univers1· dad Nacional Autónoma de México. . c).- La Ley para el control de los Organismos descentralizados de 31 de diciembre de 1947 en el artículo 2o., inciso a) elimina conceptualmente a la U . N . A. M . como organismo descentralizado, y la nor• ma ha sido reproducida por la Ley de 30 de diciembre de 1970; Y se agrega que el Poder Ejecutivo Federal en su decreto de 27 de agosto de 1966 publicó la lista de Organismos y Empresas del Estado sujetas a control por •la Ley de Organismos descentralizados y Empresas de Par· ticipación Federal y en esa enumeración no se encuentra la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, el carácter de persona moral creado por el Congreso de la Unión con fondos o bienes federales, asig· naciones, subsidios, concesiones, derechos, impuestos del Gobierno Fe· deral, tampoco deben su origen a un mandato Constitucional, como se verá en seguida. . La Ley Federal del Trabajo rige las relaciones laborales del artícul~ 123 apartado A) de la Constitución, no las del apartado B) de la ConstI· tución; la fracción XXXI del artículo 123 deja a las autoridades de los Es· tados la competencia laboral con la excepción Federal entre las que no se discute en el presente·asunto. d).- El artículo 3o. Constitucional vigente en la época del amparo a debate, preceptúa en la fracción II que "los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y grados", y sólo en la educación primaria, ·secundaria y normal y la destinada a obreros y campesinos en cualquier grado "deberán obtener previamente en cada caso la autorización expresa del poder público". Dicha autorización podrá ser negada o revocada sin que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno; el Congreso de la Unión para unificar la educación en la República expedirá leyes destinadas a distribuir la función social y educativa entre los Distritos, los Estados y Municipios y como los planteles particulares dedicados a la educación en t odos los tipos y grados (primar:a, secundaria, normal, Y para obreros y campesinos, -vocacionales, tecnológicas y universidades-}, deben cumplir los planes y los programas oficiales (fracción 111), Y del diverso 73 fracción XXV de la misma Con·stitución faculta al Congreso de la Unión para "establecer, organizar y sostener en toda la República Escuelas - ... profesionales de investigación científica . . . - de enseñanza técnica y demás institutos concernientes a la cultura general''., de los habitantes de la Nación y legislar en todo lo que se refiere a d1~has Instituciones; y los artículos 4o., segundo párrafo y 125 de la propia Carta Federal estatuyen que la Ley de cada Estado precisará cuál~s son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condicione~ que deben llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de e~ped1rlo; se concluye que el Congreso Federal puede establecer, organizar Y sostener en toda la República Universidades Federales; el Con~reso de la Unión debe legislar sobre la educación Primaria, Secundaria Y Normal, y la de obreros y campesinos en todos tipos y grados y al descentr 1· 1 • ' a izar a a particulares debe hacerlo por resolución expresa y puede re~ocarla; que los Estados de la Unión son los únicos con poder pa~a l~grslar sobre las profesiones que necesiten título, y por contrario los ~nStitu~os, centros de cultura, las Universidades o tecnológicos pueden imparti~ enseñanza fijando las condiciones interiores de autogobierno respectivas, que se ajustarán solamente a los mandatos de las fracciones I, Y II del artículo 3o. Constitucional. 88 Sólo así se compadece: lo- La potestad de la Federación para esta• ~l~er, organizar y sostener en toda la república Universidades y Tecno~gico~ (~rtículo 73 fracción XXV); 2o.- Para contemplar la educación d/enor rmp~~ida por l?s particulares con carácter federal (Universidas Y Tecnologrcos), (articulo 3o. fracción 11, 111 y VIII); y 3o.• Las Univer- 89 �VOTO VOTO sidades y Tecnológicos oficiales y particulares de cada Entidad Federativa al tenor de sus propias leyes (artículo 4o. párrafo 2o. Y 124 Cons- lizados Y hasta englobados en la lista a que se ha hecho mérito, para encontrar su homologación; no en cambio la Universidad Nacional Autónon:ia de M?xico, aunque preste un servicio público educativo, pues por decirse autonoma con presupuesto propio (y subsidios no presupuestados ante el Congreso de la Unión), llevaría otra antinomia en su esencia s~ siendo ~utónoma estuviese bajo el control del Ejecutivo Federal; si siendo autonoma fuese un Organismo descentralizado; si siendo autónoma formase ~~rte de los poderes de la Unión; y si siendo autónoma prestase un s~rv1c10 de cultura federal por autorización (revocable así como sus estudios), con estructura impuesta por el Congreso de la Unión. La Ley Orgánica de la Educación Pública de 23 de enero de 1942 lo reconoce en los artículos lo., 118, 123, 124 y 125, distinguiéndose en _I? que co_ncierne a la ~ducación superior, 1.- La que imparte la Federac1on por sI o descentralizadamente --en el sentido de autorizar a los parti_c~lares a crear esas instituciones o a continuar la prestación del Serv~clº. Federa_l Y~ existente,- de 11.- "La que imparten los Estados, ~unic1p1os Y Distritos y Territorios Federales"; quedando sujetos exclusivamente a l_os ~!anes programas y métodos los planteles Federales, y la ~esc~ntrahzac1on no puede ser revocada arbitrariamente sino con audiencia Y amparo y en su reglamentación (artículo 89 a 101) sólo se contempla a las instituciones Federales. ., Los conve~ios con los Estados (artículo 7o. fracción 111 y 9o. fraccion VII), no miran a la U. N.A . M., a las Universidades Estatales a las descentralizadas de los Estados y a las Escuelas Superiores y U~iversidades con reconocimiento o autorización federal (artículo 20.), por lo iue_las bases ge~~rales de unificación universitaria y técnica es federal lticulo_ 7~ fraccion XXV del Constitucional y 2o., último párrafo de la u~ Organ~ca e_n co~sulta), a diferencia de los mencionados convenios rianz:e r~fiere_ indebidamente por parcelaria, a los otros tipos de ensed (p~imana, secundaria, normal y para obreros y campesinos), cuan.º debena abarcar la coordinación total de la función educativa supe rror nacion 1 • • • U. . a para evitar el caos existente lo que respecta al número de tonivdersidad~~•- Institutos, facultades, programas, métodos, fines requisis e adm1s1on. ' titucional). , . e).- Es cierto que la Universidad Nacional Autónoma de Mex1co es una "corporación pública-organización descentralizada" conforme a los dos artículos primeros de la Ley Orgánica de 6 de enero de 1945 de dicha Universidad y del Estatuto de 23 de octubre de 1962; pero ya que la ley le concede el carácter de Autónoma para impartir la Edu~ación superior, realizar investigaciones y extender la cultura, Y susta_nc1almente para organizarse internamente, quiere ésto decir que_la primer~ contradicción aparece en la Ley Orgánica que crea las Autoridades Universitarias, los requisitos para asumir ciertos cargos y hasta la forma d_e elección. Si sólo queda sujeta la Universidad Nacional Autónoma de Mexico, por ser autónoma, a las fracciones I y II del artículo 3o. Constitucional entonces o le debe al Parlamento de la Unión toda su estructura, su ar~azón y su funcionamiento administrativo y ya no es autónoma, sino un organismo descentralizado bajo el control de Leyes Federales; o puede y debe ante sí y por sí organizarse en su autoridad y funciones Y ahí sí es autónoma. En segundo lugar, siendo las funciones de la Universidad Nacional Autónoma de México las que precisa el artículo 3o. Constitucional Y que abundan en el artículo lo., de su Ley Orgánica, es una Institución especialísima que sólo se dirige a la formación en los hombres de bienes espirituales, intelectuales, formativos; de hombres aptos para servir a la Nación y no de lo que se entiende en el Derecho Administrativo por Or• ganismo descentralizado y servicio público a secas, (la explotación de bienes o recursos o la obtención de recursos, distintos a los fines de asistencia social al tenor de la Ley de 13 de diciembre de 1947), Y tan es de esa manera que la Ley para el control de 4 de enero de 1966, deja fuera de la vigilancia del Ejecutivo· Federal a las Instituciones docen· tes y culturales (artículo lo. fracción IV). Es cierto que desde esta ley también se le consideró Organismo des· centralizado y que tenía por fin la investigación científica y tecnológica que reproduce el artículo 2o. fracción II de la Ley de 3 de diciembre de 1970, pero es que a mi entender está aludiendo a esas Instituciones de cultura federales que al tenor de la fracción XXV del artículo 73 de la Carta fundamental no son autónomas sino que están ligadas al poder Ejecutivo Federal que las sostiene con fondos o bienes Federales en forma permanente, no esporádica ni graciosa; no con donativos, o condonaciones. De ésto último se puede hablar como Organismos descentra- 90 la L En co_n~lusión si la Universidad Nacional de México, está fuera de trali:~dOrga~1ca de la educación pública; si no es un Organismo deseenO fo SUJeto a control estatal, si es autónoma y esencialmente no g;n~ª en el cuad~o de los poderes federales, es evidente que su Ley Orica es lnconst1tucional. Salvo la descentralización y los conflictos entre sus trabajadores y 91 �VOTO la Institución deben normarse por la Ley Federal del Trabajo ante la Junta Ce~!~lr:~¿¡~~~:ª~ntre el personal administrati~o y.el ac~démico c~n I la Institución deben ser objeto de un regla me~t? )nte~t; ~:r ,: I Universidad (no el artículo 13 de la Ley 0 rganica . . . gislado sobre esto último en el citado artículo, e~ y~ _una ing~en~a ~u~ menoscaba la autonomía que le otorga la Const1tuc1on y su ~y .rgamca porque las autoridades sólo pueden dictar las Le~es autorizada~ ~r d~~~:~~ la 'propia Constitución; pero independi~ntemente de es:o c:~~~~I ºqu: autonomía universitaria no se compagina con la regu ac1?n .. im one el Estado Federal (Congreso Ejecutivo) sobre la inte_gra~~on de autoridades universitarias y sobre los vínculos de la lnst1tuc1on con ~! la: sus asalariados. . E . t t · 'd·co Por estos motivos considero que es inaplicable el sta u o 1ur_1 1. de los Trabajadores al Servicio del Estado, por _e l T~ibunal d~ Art1r~1_e existente y que el trabajador al servicio de la Universidad Na~1~n; bu _orna de' México conforme al artículo lo. de la Ley Federal e . ra a10, ~~be acudir ante los Tribunales !abor~les d~lucidar sus conflictos, en bien del principio de la autonomIa Universitaria. ? I ·92 NUEVAS CARRERAS partir del semestre que se inicia la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, logra uno de sus más antiguos y caros anhelos: el de diversificar el programa académico que tradicionalmente había venido ofreciendo a sus educandos, por uno más amplio, que seguramente sentará las bases para la formación de una nueva Facultad, superior en cuanto a su contenido académico, más abierta y más a tono con las imperiosas y complejas necesidades que reclama nuestro tiempo. Por acuerdo del H. Consejo Universitario, a partir del presente mes de septiembre de 1975, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales ofrecerá a sus educandos las siguientes carreras: Ciencias Políticas, Ciencias Criminológicas y Ciencias de la Comunicación, en grado de licenciatura; así mismo y dedicados particularmente a los jóvenes Pasantes egresados de esta dependencia, así como a los estudiosos interesados, este plantel ofrecerá una serie de Cursos de Pre-Especialización, que se pretende sirvan como base para futuros estudios a nivel de posgrado. Culmina así la primera etapa de un ambicioso programa de Reforma Universitaria que el cuerpo académico del plantel ha venido estud~ando con acuciosidad, desde hace más de dos años (véase Derecho y Ciencias Sociales, Vol. 1, No. 1, Junio-Septiembre, 1973) y es altamente significativo que este programa se inicie en el año en que precisam~nte esta Facultad celebra el sesquicentenario de la impartición de la Pnmera cátedra de Derecho en el Estado. Los programas académicos de las nuevas carreras están sujetos, como es natural, a los ajustes y cambios que precisa toda obra que se A �NUEVAS CARRERAS NUEVAS CARRERAS inicia, pero lo importante por ahora es eso: iniciarla, ya que las nuevas carreras vendrán a ampliar el reducido campo de opciones con que hasta ahora contaban los aspirantes a ingresar a esta dependencia universitaria. La experiencia de maestros y alumnos y las necesidades de las carreras, señalarán et camino que en lo futuro se haya de seguir. Los programas de estudio aprobados por el Consejo Universitario, para tas nuevas carreras, son tas siguientes: CIENCIAS POLITICAS PRIMER SEMESTRE Matemáticas. Metodología General. Teoría General del Estado. Introducción a las Ciencias Políticas. .Teoría Económica I. Sociología. SEGUNDO SEMESTRE Estadística I. Método y Técnica de Investigación Social. Teoría Económica II. Derecho Constitucional. Historia de las Ideas Políticas y Sociales I. Introducción a la Ciencia de la Administración. TERCER SEMESTRE Ciencia Política. Estadística II. Historia de las Ideas Políticas y Sociales II. Desarrollo Económico y Social de México. Idioma (Crédito Externo) Sociología del Desarrollo. CUARTO SEMESTRE Garantías Individuales. Psicología Social. Problemas Económicos y Sociales de México. QUINTO SEtvIFSTRE Administración Municipal, Estatal y Federal. Finanzas Públicas. Historia del Pensamiento Político en México. Propaganda y Opinión Pública. Sistemas de Gobierno I. Los partidos políticos y gmpos de presión l. SEXTO SEMESTRE ½>s Partiddos Políticos . y Grupos de Presión II. Sistcmas e Gobierno II. Historia Diplomática de México• legislación Electoral. Psicología de 1a Comunicación Seminario de Redacción. · SF.PTIMO SEMESTRE El Poder en México. Seminario sobre Pensadores Políticos. La Democracia en México. Seminario de Oratoria. Admi~istración y Desarrollo Económico. 0rga111smos Descentralizados Empresas de Participación Estatal. OCTAVO SEMESTRE El Federalismo en México. La Realidad Política en México. El Orden Mundial. Tpeoría de las Clases Sociales y Estratificación Social. · 1_ahvo · Anroceso T . Legis Y D ocumentación Parlamentaria. 1 a s1s Func10nnl y Dialéctico del Cambio Social. Derecho Administrativo. Teoría de ]a Administración. Derecho Internacional Público. 94 95 �NUEVAS CARRERAS NUEVAS CARRERAS inicia, pero lo importante por ahora es eso: iniciarla, ya que las nuevas carreras vendrá_n a ampliar el reducido campo de opciones con que hasta ahora contaban los aspirantes a ingresar a esta dependencia universitaria. La experiencia de maestros y alumnos y las necesidades de las carreras, señalarán el camino que en lo futuro se haya de seguir. Los programas de estudio aprobados por el Consejo Universitario, para las nuevas carreras, son las siguientes: CIENCIAS POLITICAS PRIMER SE1'.1ESTRE Matemáticas. Metodología General. Teoría General del Estado. Introducción a las Ciencias Políticas. Teoría Económica I. Sociología. Garantías Individuales. Psicología Social. Problemas Económicos y Sociales de México. QUINTO SEMESTRE Administración Municipal, Estatal y Federal. Finanzas Públicas. Historia del Pensamiento Político en México. Propaganda y Opinión Pública. Sistemas de Gobierno l. Los partidos políticos y grupos de presión I. SEXTO SEMESTRE ½is Partidos Políticos . y Grupos de Presión II. S1stemas de Gobierno II. Historia Diplomática de México. Legislación Electoral. Psicología de la Comunicación. Seminario de Redacción. SEGUNDO SEMESTRE Estadística I. Método y Técnica de Investigación Social. Teoría Económica II. Derecho Constitucional. Historia de las Ideas Políticas y Sociales l. Introducción a la Ciencia de la Ad.ministración. TERCER SEMESTRE Ciencia Política. Estadística II. Historia de las Ideas Políticas y Sociales II. Desarrollo Económico y Social de México. Idioma (Crédito Externo) Sociología del Desarrollo. CUARTO SEMESTRE SEPTIMO SEMESTRE El Poder en México. Seminario sobre Pensadores Políticos. La Democracia en México. Seminario de Oratoria. Administración y Desarrollo Económico Organismos Descentralizados Empresas de Participación Estatal. OCTAVO SEMESTRE El Federalismo en México. La Realidad Política en México. El Orden Mundial. 'tpeoría de las Clases Sociales v Estratificación Social. roce.s? 1e·1 · y Documentación · An' g1s ativo Parlamentaria. ahs1s Funcional y Dialéctico del Cambio Social. Derecho Administrativo. Teoría de 1a Administración. Derecho Internacional Público. 94 95 �NUEVAS CARRERAS NUEVAS CARRERAS TECNICO EN CRIMINALISTICA QUINTO SEMESTRE: Duración: Requisjtos: Tres años. Seis semestres. 35 créditos. Bachillerato. Materias: PRIMER SEMESTRE:- Introducción al Derecho (Unico curso). Sociología (Unico curso). Derecho Penal. Parte general. I curso. Derecho Constitucional (Unico curso). Criminalística. I curso. Laboratorio de Criminalística. I curso. SEGU1\1DO SEMESTRE:Derecho Penal. Parte general. II y últtimo. Criminología. l curso. Laboratorio de Criminalística. II curso. Garantías y Amparo (Unico curso). Criminalística. II curso. TERCER SEMESTRE:Criminología. II curso y último. Medicina Forense. I curso. Laboratorio de Criminalística. III curso. Procedimientos Penales. I curso. Criminalística. III curso. Derecho penal. Parte especial. I curso. Penología y Sistemas Penitenciarios. I curso. Organización Policial. I curso. Investigación Criminal. Psicología Criminal. II curso y último. Psiquiatría Forense. I curso. Laboratorio de Criminalística. V curso. SEXTO SEMESTRE: Penol~gía. ! Sist~~as Penitenciarios. II curso y último. 0rgamzac1on Policial. II curso y último. In:est_iga?ión Criminal. II curso y último. Psiquiatna Forense. II curso y úlimo. Laboratorio de Criminalística. VI curso. LICENCIADO EN CRIMINOLOGIA. Duración: Requisitos: Un año. 12 créditos. Egresado de Técnico en Criminalístitca. SEPTIMO SEMESTRE:Demografía (Unico curso). ~tropología y Biotipología. I curso. Psicología Criminal. III curso. Método Estadístico. I curso. Químic~, Toxicología y Hematología Forense. I curso. Tratamiento Penitenciario y Post-Penitenciario. III curso. CUARTO SEMESTRE:• Medicina Forense. II curso y último. . Derecho Penal. II curso y último. ~ai:e especial. Procedimientos Penales. II cur~o Y último. Sistemas de Identificación. Umco curso. Psicología Crimin1· . I c~r~o. Laboratorio de Cnmmahsttca. IV curso. 96 OCTAVO SEMESTRE:Política Criminal. Unico curso. M~totdo Estadístico. II curso y último. Psicología Criminal. IV curso y último. An~ropología y Biotipología. II curso y último. Qumnc~, Toxicología y Jematología Forense. II curso y último. Tratamiento Penitenciario y Post-Penitenciario. IV curso y último. 97 �NUEVAS CARRERAS NUEVAS CARRERAS COLEGIO DE OENCIAS DE LA COMU ' ICAOON QUINTO SEMESTRE LICENCIADO EN PERIODISMO PRIMER SEMESTRE Curso Superior de ·Español l. Literalura F,.spañola l. Teoría de ]a Información. Técnica de la Invt>stigación Informativa (Metodología)• Principios Generales de Derecho. SEGU_roo SEMESTRE Curso Superior de Español 11. Literatura Española II. Teoría de la Comunicación Social. Sociología. Redacción Periodística l. Sociedad y Política del México Contemporáneo. TERCER SEMESTRE Teoría Económica. Sociología Urbana. Psicología General. . . • Historia de las Ideas Política~ y Sociales. Redacción Periodística TI. Traducción de Idioma. CUARTO SEMESTRE Probl emas Económicos y Sociales de México. Psicología Social. • • . •, Periodismo I (Historia del Penod1smo, orgaruzac1on, etc.) Comunicación Masiva (Radio, Cine, T. V.) L.aboratoría de Fotograña. Laboratoria de Redacción. Traducción de Idioma. 98 Legislación de Medios de Comunicación. Medicina legal. Publicidad. Relaciones Públicas. Periodismo II. Laboratorio de Redacción. Traducción de Idioma. SEXTO SEMESTRE \preciación Estética {Crítica de Arte, etc.) Mercadotecnia. \dministración de Medios de Comunicación I. Periodismo comparado. Laboratorio de Redacción. Traducción de Idioma. Optativa. SEPTIM0 SEMESTRE Periodismo electrónico I. \dministración de Medios de Comlmicación 11. Jnstituciones Sociales de México. Laboratorio de Medios Audiovisuales I. Optativa. OCTAVO SEMESTRE Periodismo e]ectrónico II. Laboratorio de Medios Audiovisuales. Práctica Profesional. ASIGNATURAS OPTATIVAS Proceso Legis]ativo y Documentación Parlamentaria. De_recho Administrativo Especializado. Psicoanálisis y Sociedad. Los Partidos Políticos en México. Los Grupos de Presión. :99 �NUEVAS CARRERAS Comentarista Especializado. · l · ' otras asignaReportero Segúnolas neces1'da des Y preferencias se me unan turas optativas. . . , d 1 • iente manera: Los idiom3:5 se ex1gira~ ~d' a Para pasar al Séptimo SeTraducción ( de cualqu~er 1, iomaf . , s) . Para concluir la ca· · , (de mgles od ranceidioma · · · al de la mestre. Posesion diferente rrera. La posesión debe ser e un traducción. Sir RESEÑA BIBLf OGRAFJCA ENCICLOPEDIA INTERNACIONAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES, dirigida por David L. Sills. Madrid, Aguilar, 1974- llv. L a presente Enciclopedia es una obra de consulta totalmente nueva. Complementa a su antecesora, la Encyclopaedia of the Social Sciences, dirigida por Edwin R. A. Seligman y Alvin Johnson. Constituye un esfuerzo de sintesis sistemática del s ·a b e r cientifico-sociaf, considerando que las previsiones en este aspecto han sido superadas por la demanda actual. .Su objetivo primordial es refle¡ar y promover el rápido desarrollo de las ciencias sociales definiendo categorías, concretan: do métodos, delimitando teorías Y, en general, definiendo y unifican~o la terminología científicoSOc,at, a efecto de evitar las discrepancias teóricas y metodológicas ~ la no poca confusión en la lerm~nología, no obstante que "la t~rm,nología de las ciencias sociales está por hacer, y que en ~tro idioma carecemos de un ~erdrtorio autorizado y flexible, 10 Para estas ciencias". 100 la obra comprenderá once volúmenes, de los cuales se han editado tres. Los diez primeros versarán sobre los conceptos, teorías y métodos de las siguientes disciplinas: antropología, ciencia política, derecho, economía, estadística, geografía, historia, psicología, psiquiatría y sociología, y el último contiene un índice general de la obra. El lector que consulte el título correspondiente a cada uno de estos diez campos de estudio, hallará una guía o remisiones a los principales artícu• los temáticos y biográficos rela• cionados con la disciplina de que se trate. la disyuntiva entre alfabetización o sistematización de la obra se ha tratado de resolver: a) Mediante la agrupación de artículos específicos sobre el mismo tema, bajo un mismo título. b) El uso del mayor número posible de referencias, y c) La elaboración de un índice exhaustivo. Cada artículo está acompañado de una selecta bibliografía de libros citados y / o consultados, la cual nos proporciona la documentación del artículo, así como las sugerencias bibliográficas, fuentes de datos históricos y actuales títulos de publicaciones periódicas directamente relacionadas con el tema del artículo. �RESEÑA BIBLIOGRAFICA RESEÑA BIBLIOGRAFICA No dudamos que la presente Enciclopedia será de gran utilidad para los especialistas y los estudiantes de las ciencias sociales, así como para los profesionales de otras esferas que quieran informarse acerca de un tema propio de las ciencias sociales, p e r o creemos que hallará también muchos lectores entre el público en ge·neral, ya que las exposiciones son tan claras como lo permite el contenido del tema. DANIEL COSIO VILLEGAS. El sis• tema político mexicano; las posibilidades de cambio (6a. ed.). México, Editorial Joaquín Mortiz, 1974. 116 p. os movimientos estudiantiles de 1968 y de 1971, que perturbaron la tranquila somnolencia política a que nuestro país ya se había acostumbrado desde 1929, vinieron a poner de manifiesto -a pesar de la Olimpiada, de la estabilidad de las instituciones políticas incluyendo al PRI-, del gran desarrollo económico traducido en mejoras en el ingreso per cápita (aunque éste no refleje la reaii· dad de una inequitativa distribución del ingreso), etc., etc., que no todo era ya paz, tranquilidad y armonía en este México que tan ajeno parecía a las conmociones y brotes de rebeldía mundial. Desde hace algunos años se manifiestan algunos brotes de inconformidad en contra de la situación política del País a través de grupos estudiantiles, campesinos, guerrillas, etc. L , Lo cierto es que en nuestros dias todo mundo consciente está acorde en que es p r e c i so transformar el sistema tradicional y viciado por uno más dinámico y que en la práctica y no solamente en los discursos de los políticos de todo nivel, combine el desarrollo económico con la justicia social. Por todo lo anterior y por muchas razones más resulta de gran importancia la obra que reseñaremos. Daniel Cossío Villegas, uno de nuestros más distinguidos in· telectuales, historiador y politólogo, hace un brillante examen de nuestra vida política e institucional ~n su libro: El sistema polílic0- mexicano; las posibilidades de cambio, y el que, junto con el que le siguió y continuó: El estilo personal de gobernar, se han convertido en verdaderos best-seller, Cossío Villegas parte de la afirmación de que en México r.: ha existido la investigación sistemática, ni un estudio serio y or· denado, de los problemas políticos del país y señala las causas históricas y políticas q u e en Sll opinión han generado esta situación. Estudia " la forma peculia cómo se hace política en Méxt co"; el surgimiento en 1928 del partido oficial y el grado de pe!· fección increíble a que llegó ef 1940-1946 y que le dotaron_ ; un "rasgo inconfundible de rn1stt rio" que obligan a qui.en pr~tet de estudiar la política mex1cal' desde este tiempo a .inventar st puestos .Y razones y a extr la especulación fantasiosa la falta de hechos comproba 102 ~ala cómo ha llamad~ la atencIon en el extranjero desde h unos 20 ' ace .. . _anos, nuestra organizacron polrt1~a, ya que desde 1929 hemos tenido s i e t e . pre~i?enciales h·echas s~ie~~/~! pac1f1ca Y en este lapso t co h_a habido conmocione:m~~c~pll~les, salvo la rebeldía e~tu: dIantrl en 1968 y desp . 1971 h . ues en .Y a sido posible lograr en este tiempo estabilidad política y progreso económico. Al referirse a e s t e . lt· aspecto señal . u rmo dad del · t ª que la srngularino Srs e~a político mexicaco es su noton~ avance económiun' ~u3e dha clrecrdo a un ritmo de · e 941 a 1965 , mren• tras qu A . . h e menea Latina lo ha hee O a una tasa d ciento. Sólo que ~u~n 4.6 por crecimiento h '.d raya, este las clases ma·sª sr bo a costa de A . po res. nalrza asimismo Coss·ro v· llegas las d · ,. sistema pol?t~ piezas _centrales del I rco mexicano· el p .d sI ente de 1 • • recultades e ª ~epub!ica, con fapartido ot· ~ si I omn1modas y el IcIa que . con amplio ' predomrna sobre I d y • generoso margen os emas Comenta q. cutivo -P .d ue ª1 Poder Ejeblicaresr ente de la Repú1 los otro's ~ han subordinado tivo y el Ju~~ . 0 deres: el LegislaPlos. rcra 1 Y seña la ejem- 5J tivo i;/cfa~rt~do oficial, cuyo objecontener el d u e la necesidad de lo que de d esmembramiento de CO!no la ,. s e. ~ntonces se llamó a P8sa dfamilra revolucionaria" ha caíJo e! desprestigio en qu~ 1111 total pr:ne . e~ la actualidad lllás. om1mo sobre los de103 . _Por ello el problema político mas importante actual del p . es el de contener el amplísimo a~s der d~I Presidente de la República, asI como el de limitar el abru~t~dor ~r~dominio del partido PO· l 1 Ico oflc1al. Al a_n~lizar los factores de po_d~r polltrco más importante de Mexrco,_ !lega Cossío Villegas a la c?nclus!o~ de que por sus es ecral_es lrmrtaciones ellos tamp¿co estan en posibilidad de contener este poder. . Estos factores son I o s siguientes: a) Los partidos políticos nacionales reconocidos: PAN PPS Y PA~M (comenta el a~ t O r que sr hu?iera fuerza opositora _al partido oficial, ésta tend~r~ que surgir de un grupo d1s1dente p re c i samente d 1 PRI). e b) Los grupos de presión (banq~eros, industriales, c O m e rcrantes, agricultores en grande escala) podrían limitar al P~~er oficial y de hecho han utrlrzado dos. armas efectivas c?_ntra el g?b1erno: la abstencron d~ la inversión y la fuga ~e capitales, pero que "no les interesa en modo alguno que se. ~?mocratice la v i d a del par~ • ya_ que "para ellos el gobierno_ ideal sigue siendo el que no interfiere para nada en. sus actividades". Ello ha quitado al gobierno, afirma el auto~, posibilidades de c O nsegurr ~n ~e~arrollo económico con ¡usticra social c) La opinión pública (~se concepto tan vago Y difuso) tampoco J?U~e lograr el señalado ob1et1vo. L o s elementos �RESEÑA BIBLIOGRAFICA RESEÑA BIBLIOGRAFICA que integran a la opi~ión ~on estudiados p o r Coss10 V1lle· gas· 1 El libro que es el que se . mueve ~on mayor li~e~ad pero con muchas limita· cío n e s económicas y de cultura (como ejemplo P?· dríamos anotar el prop~o libro reseñado de Cossio Villegas Y el que, a _pesar de llevar en poco tiempo seis ediciones, el total de ejemplares de todas ellas apenas si debe llegar a los 36 mil ejemplares). . 2. El teatro y el cine,ra esyta:i sujetos a la_ ~ensu patrocinio oficial. .. , . _ El radio y la _telev1s 1onp,erts; 3 censura previa, per0 . necientes a empresas pn· vadas, que viven y !""edran del anuncio comercial, que en buena medida es pa~ado por empresas extran1e· ras. • 4. La prensa: el catsom:!~ complicado, pero ~ con muchas limit~c,ones Y que además no ~•~nen ba· se económica solida par~ ser independíe~tes "au~ si lo quieren y lo inten~an Sin embargo, en las c1rcun;· tancias actuales del país,_ Cos~•~ Villegas avizora un camb•~ -.:, vez en forma un tanto carisma ,. ca-, en el estilo nuev? de gober: nar del Presidente Luis EcheJe . que ha traído ya resulta os ;~!itivos al país. Afirma el au~or que el Ejecutivo actual va en erezando a la nación "~or _el bu~n . de una vida publica mas camino •t· " con b"erta más democra ,ca ' ~n~as definidas, aunque con mu· chos obstáculos, ya q u_e además de ser muy difícil cambiar d_e golpe el r u m b O de una sociedad, existen intereses encontrados q~ pueden resulta~ difíciles de c?nc11iar sin violencia. Pero esta situación estos conflictos más o menos 'permanentes y más o ~enos agudos, "cuya solución o_simple aplacamiento sólo ~uede intentar el gobierno", habran de reforzar más el papel de árbitr? supre~o 0 juez de última instancia del mismo, lo que hará crecer su ~er "hasta ser desmedido, en n_g01 autoritario, y por lo ta_n~o ~nt1democrático o a-democrat,co . Sobre la situación del PRI comenta el autor: " ... hay escaso fundan:iento a las esperanzas de cambio y mejoramiento, pero como es 10 único que nos queda, hay que al~ mentarlas aunque sea con nuevas esperanzas". . d En síntesis: el libro de OII Daniel Cossío Villegas es de lec· tura obligatoria para todas aq~ llas personas int~resadas _en vida política y social de! pais. Es un libro que invita seriamente: meditar ... y ésto es tal vez más importante. Samuel Flores LongorQ DANIEL COSIO VILLEGAS~ tilo personal de g d·t0ria 3a. ed.). México, E 1 Joaquín Mortiz, 1974. ady McBirth (O el asesi to de un Presidente& Barbara Garson o . Gang de Philip Roth no hub• L 104 sido posibles en México. Estas obras de feroz crítica a la persona del Presidente, la primera dedicada a Johnson y la segunda a "Tricky" Nixon, no podrían tener equivalencias ·en el sistema solar de la política mexicana donde el más alto ft: ..cionario es todavía el centro del poder y de la reverencia. Mientras que aquí todo se debe y todo se agradece al Presidente, en Estados Unidos los favores, decisiones e iniciativas deben serle reconocidos a otras entidades e individuos. Es sabido por ejemplo que en materia de agradecimientos los más notables, el del intervencionista Kissinger incluido, se le han hecho patentes a Nelson Rockefeller y su cuantiosa largueza. Aquí sólo sirva como referencia esta comparación para reseñar el sonado best-seller en que se va convirtiendo El estilo personal de gobernar de Daniel Cossío Villegas. En un medio como el nuestro donde la cultura y la práctica políticas sufren de intensa anemia intentar la crítica de los actos del Presidente en funciones y desde una perspectiva de cierta ~eriedad intelectual resulta algo insólito. Esto y no tanto las cat~gorias de análisis, la metodolog1a Y el grado de objetividad que se observan en la confección de El estilo personal de gobernar es lo que le confiere valor crítico a la obra, y también lo que le abre un considerable mercado. . De gran arrojo debió requerir su autor al escribir El estilo. Arrojo valioso por cuanto ha sido Producto del triunfo sobre un te• rnor (explicable) que se hace evi- 105 dente a través del exceso de citas y referencias que se hallan en sus páginas. Para justificar ante el Presidente más que ante los demás lectores su honestidad de escrit_or, quizá las sátiras que se permite hacerle y el carácter fi. dedigno de sus fuentes Cossío Villegas ha hecho acopio de una superminuciosa y superdocumentada !nformación. No hay señal a m I e n t o o valoración que no cuente con la irrefutable prueba de las citas textuales. Como para q u e el analizado reconozca que nada se altera o inventa y que por tanto debe admitir (tolerar por lo menos) lo que de él se dice pues al fin y al cabo, en su mayor parte, no es sino una interpretación de lo que ha .dicho. Este procedimiento hace de El estilo un Luis Echeverría Alvarez par luí méme. En su mayoría las formulaciones que aventura Cossío Villegas se derivan de las propias palabras del Presidente pronunciadas en diversos momentos p e r o principalmente en su campaña y a través de los primeros tres años de gobierno. Ello es desde luego consecuente con lo que el autor considera viene a ser su rasgo más característico: la necesidad de hablar, "una necesidad fisiológica cuya satisfacción periódica resulta inaplazable". Cossío Villegas hace un aná1isis quirúrgico que se torna en veces policiaco de la sintaxis del Presidente, y enjuicia severamente el valor que éste confiere a la expresión oral y a las declaraciones que por esta vía ha hecho. Inevitable es que encuentre en abundancia lo que él llama "im- �RESEÑA BIBLIOGRAFICA perfecciones" del lenguaje presi· dencial: lapsus, contrad1cc1ones, ripios, incoherencias, hipérboles. Pero el análisis no pasa de ser descriptivo y los juicios q~e de él se derivan sobre el verval1smo del ·Presidente son "ad hominem". Resulta así que la expresión de Luis Echeverría Alvarez es más anecdótica que significativa. Precisamente porque no se establece la relación entre las palabras Y los hechos, entre la persona que las pronuncia y el contexto que les da su peso específico. D~ poco valor explicativo es la tesis de que el actual Presidente habla más -o mucho más- que los presidentes que lo precedieron ~n el uso de la palabra (por lo mismo, sería la conclusión, comete más errores). Que un dirigente hable más o menos con mayor o menor habilidad ~arece de relevancia analitica. Es su dotación conceptual, sus definiciones y la significación social del uso que hace de la palabra lo verdaderamente destacable como sujeto de análisis. El léxico del actual Presidente, c o n algunas diferencias de matiz, es el mismo que ha puesto en circulación (cerrada) el partido en el poder: léxico extraído de la ideología burguesa, humanista liberal en sus concepciones filosóficas, positivista en sus _enfoques científicos y pragmatista en sus tesis políticas, y forzadamente adaptado a consignas en las que se ha querido ver reflejada una realidad "sui generis" En el fondo estas consignas no son sino estereotipos que encubren la verdadera realidad y se conniven con la ideología domi- nante cuyas fórmulas justificatorias son encubridoras por naturaleza. De aquí la confusió~ . semántica y los excesos reton~os que se observan en la expres1on de quienes se valen de estos pseudoconceptos para referirse ya s~a a la realidad económica o social o a la libertad o a la revolución. Por otra parte, en una sociedad donde la riqueza y la cultura son objeto de monopolio el uso de la palabra no lo es menos. La resonancia que tienen las pala• bras de quien constituye la máxima representación del poder es exactamente la contrapartida del silencio en que permanecen las masas que no participan de aquél. No es de extrañar por tanto que el estilo personal de gobernar sea también el estilo oral de gober• nar. Aunque el é n f a s i s lo ha puesto Cosío Villegas en la locua· cidad del Presidente como rasgo característico, un más ceñido aná· lisis de su personalidad lo pon· dria en sus actitudes. Así no ten· gan muchas veces más que una validez atmosférica su efecto ~n 1~ movilización de la opinión pubh· ca nacional ha sido de mayor in· terés que el causado por las actitudes de los últimos cinco presidentes anteriores a él con la ex· cepción acaso de López Mateas._ Para caracterizar al Presi· dente, Cossío Villegas señala, además de la reseñada otras " constantes" de su personalidad: la premiosidad, " la incapacidad de reposar, la prisa con qu_e se mueve, la prisa con que quiere hac_er las cosas y la prisa con que qui~ re que otros, todos, lo hag~n • su noción antieconómica del t,em· 106 RESERA BIBLIOGRAFICA po, que le hace ver la vida como algo interminable; el optimismo, sobre todo el que pone en las empresas desprendidas de su gestión; la efebo.filia de que hace ostentación, esa atracción por la juventud de la que se siente representante, y la consiguiente confianza en sus virtudes intrínsecas como avales de acciones renovadoras y eficaces; "la constante de la 'pasión' " a la que trata de dar sustancia en sus actitudes y acciones pero que no alcanza a definir conceptualmente de manera satisfactoria; su extroversión que quiere hacer extensiva a todo el país. Por último está la constante de la cortesía, de la que no es ningún artífice, aunque hace todo lo posible, y esto es genuino, por mostrarse cortés y "amable con todo el mundo, y más aun con los desvalidos". Se añaden a estas constantes del Presidente otros rasgos que lo caracterizan, como su infatigable atletismo laboral que imprime, no sin demagogia, un ritmo de síncope al trabajo realizado por él y sus colaboradores, la puntualidad con que acude a sus citas, su omnisapiencia a menudo fallida y su ubicuidad. El balance de las conclusiones sobre el Presidente es más favorable a lo que ha hecho, y Que sin duda Cossío Villegas tien~ el propósito firme de evidenciar, que a lo que ha dicho. La política en favor del resurgimiento de la provincia y las reformas educativas emprendidas con tal propósito; la voluntad de COordinar las actividades de los sectores de la producción (el fruto más relevante de esta política 107 sería la creación de la Comisión Nacional Tripartita); la apreciable obra legislativa en materia agraria, demográfica, de inversiones, educativa, electoral, de salubridad; las medidas para promover una mayor participación de los " partidos menores" y de la ciudadanía joven; la tendencia a crear condiciones propicias al diálogo y a la crítica: estas y citras prácticas, como la novedosa de hacer efectiva y frecuente la comparecencia de los integrantes del gabinete ante el Congreso de la Unión, si bien son motivo de cuestionamiento por parte de Cossío Villegas en cuanto al tratamiento que se les da no duda en reconocerles un valor positivo. Son en suma "esfuerzos grandes y sostenidos" del actual representante del régimen. Para subrayar su posición Cossío Villegas utiliza una frase contundente. Al referirse a la apertura democrática estima que no puede ser motivo de discusión, " por que es ya un hecho". La sensación que ha causado El estilo personal de gobernar procede, además de su contenido, del clima que en estos momentos vive México. Las actitudes asumidas por e I Presidente (sobre todo en el plano internacional) le han valido la animosidad de los sectores más agresivos y reaccionarios de la burguesía nacional, acostumbrados a verse servidos y lisonjeados sin reserva por los políticos del régimen en turno. En la obra de Cossío Villegas querrían encontrar desquites vicarios o elementos para nutrir sus correspondientes ataques. E s ta espectativa, los que sean buenos �RESEftA BIBLIOGRAFICA lectores la v e r á n satisfecha en mínima medida pero no dejarán de celebrarlo. Cuando los hechos se encargaron de detotemizar la imagen presidencial, en 1968, en condiciones que cuestionaban su propia existencia la actitud de estos sectores fue diferente: criticar al Presidente, describirlo sonoramente era un acto impío y salvaje. Hoy a la crítica de Cossío Villegas, por supuesto mucho más módica, la consideran un a c to justo y necesario. El estilo personal de gober- nar no tiene el propósito de abonarle el terreno al resentimeinto de esos sectores. El objetivo que se propone, y que en el ámbito de lo establecido digamos que lo logra ampliamente, es muy otro: dar sustento a la actividad crítica mediante una sana iconoclastia que servirá en gran medida para el desarrollo de futuros trabajos de análisis sobre nuestra realidad más radicales y comprensivos. Abraham Nuncio DERECHO YCIENCIAS SOCIALES 5 108 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Derecho Y Ciencias Sociales Año de publicación El año cuando se publico 1974 Volumen Volumen de la revista 2 Número Número de la revista 4 Mes de publicación Mes cuando se publicó Junio-Sepiembre Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Cuatrimestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1784899&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales, 1974, Vol 2, No 4, Junio-Septiembre Creator An entity primarily responsible for making the resource Flores Longoria, Samuel, 1934-, Director Subject The topic of the resource Derecho Derechos civiles Publicaciones periódicas Leyes Jurisdisprudencia Filosofía del derecho Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derechos y Ciencias Sociales Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Galván Ancira, David, Secretario de Redacción Salinas Quiroga, Genaro, Consejo Editorial Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/06/1974 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource tex/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2016550 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. San Nicolás de los Garza, N.L., (México) Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies. Universidad Autónoma de Nuevo León Rights Holder A person or organization owning or managing rights over the resource. El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores Constitución de la prenda Fundamentos de filosofía del derecho Inversión del crédito Libertad Caucional Transmisión de las garantías Tratamientos de los reclusos https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/271/13587/DERECHO_Y_CIENCIAS_SOCIALES._1974-1975._Vol._1._No._5._Oct-Ene._0002016548.ocr.pdf 33a371431cb9ea17898f9f174b788247 PDF Text Text UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Lic. Neftalí Garza Contreras. SUBDIRECTOR: Lic. Everardo Chapa Cantú. SECRETARIO: Lic. David Galván Ancira. DECANO: Lic. Genaro Salinas Quiroga. JEFE DE LA SECCIÓN EDI· TORIAL: Lic. Jesús Ramones Saldaiía. DIRECTOR: DIRECTORIO DE LA REVISTA Lic. Samuel Flores Longoria. DIRECTOR ARTÍSTICO: Arq. Alfonso Reyes Martínez. SECRETARlO DE REDACCIÓN: Lic. Davi~ Galván Ancira. SECRETARIO DE CIRCULACIÓN: Bibl. Manuel Urik DIRECTOR: DERECHO YCIENCIAS SOCIALES Revista Cuatrimestral de la Facultad de Derecho y Ciencias Socia"les Cniversidad Autónoma de Nuevo León. VOL. 11 M. OCTUBRE-ENERO, 1974-75 No. 5 CO?\SF.JO F.DITORL~L: Lic. Genaro Salinas Quiroga, Lic. Neftalí Garza Contreras, Lle Everardo Chapa Cantú, Lic. Samuel Flores Longoria, Dr. Agu~ tín Basave Fernández del Valle, Lic. Alberto García Gómez, Lle Jesús Ramones Saldaña. I N D I C E 1EFTALI GARZA CONTRERA~, Presentación Constitucional La responsabilidad de los artículos JJmblicados es exclusiva ik sus autores. Las opiniones exipresadas en la Revista son e~ctamen~ personales y no asumen responsabilidad! por ellas la revista. la ~ cultad de Derecho de la U. A. N. L. o las instituciones a las que ~ asociados sus expositores. Derecho y Ciencias Sociales aparece ~alrt mestralmente. No se devuelven originales aun cuando no 51? publique& Toda correspondencia debe dirigirse a: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Revista Derecho y Ciencias Sociales Ciudad Universitaria, Monterrey, N. L., México. IllIPRESO Y HECHO EN MEXICO PRINTED AND MADE IN MEXICO Editorial Alfonso Reyes Adolfo Prieto ote. 240'7 Monterrey, N. L. I · RTURO CHARLES CHARLES, Reformas al Artículo 27 . MANUEL _MESA ANDRACA, Reformas a la Legislación Agraria · 109 117 BERTHA BEATRIZ MARTINEZ GARZA, Creación de Tribunales Federales Especializados en Materia Agraria 127 Ai\'TONIO HUITRON H., El Servicio Social Agrario Primera ·· Nacwna · l de Pro/esores de Derecho Agra• . Reumon 139 rw; Conclusiones 145 1Flll:S RAMO~ES SALDAÑA, El Desplome de la Agricultura Mexicana 153 Documentos Texto de la (arta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados; Presentación: Lic. Alberto García Gómez 163 �DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES dedica el presen• te número especial al aná.li.sis de diversos aspectos del pro• blema agrario mexicano. Para el efecto, incluye en sus páginas una parte de los trabajos presentados por sus autpres ante la Primera Reunión Nacional de Profesores de Derecho Agrario, efectuada en la ciudad de Oaxtepec, Morelos, el pa• sado mes de Junio de 1974. Este evento estuvo presidido por el Lic. Raúl Lemus García y coordinado por el Lic. Hugo Tulio Meléndez. La Segunda Reunión tendrá por sede a la Facultad de Derecho 'f Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo Íeón, en fecha aún indeterminada. �PRESENTACION e ADA día es maJor la importancia que se concede a la cátedra de Derecho Agrario en las Universidades del país. Atrás quedaron los tiempos en que la misma no figuraba en los planes de estudio, o bien, se incluía en ellos como materia optativa para el alumno. La nueva orientación de la enseñanza universitaria se ha reflejadn tambi,én en el campo de este derecho social, y se busca de una parte la actualización de todos los planes, sistemas de estudio e investigación, y de la otra sepultar la anquilosada práctica de una ensefíanza y aprendizaje purarnente libresco y académico sin contacto con la realidad. A esta idea central, nuestra· Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en el trancurso del año de 1974, dio expresión en dos sentidos: / .. Convocados por la Federación Nacional de Estudiantes de Derecho, la Sociedad de Alnmnos participó en un Congreso, en el que se planteó la necesidad de establecer Bufetes Jurídicos Gratuitos en Materia Agraria, para brindar así la oportunidad a los Pasantes en Derecho y Estudiantes de la Carrera de participar con mística de sen,icio sor.:ial en la solución de los problemas agrarios y en el asesoramiento de los núcleos campesinos. En dicho Congreso, se logró que nuestra Facultad participara junto con otras seis del país, como plan piloto, a través de la instalación y funcionamiento de un Bufete Jurídico Gratuito en Materia Agraria, bajo el auspicio de la Presidencia de la República. Ubicado en 5 de Mayo No. 740 Ote., en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el Bufete Jurídico ha venido prestando desde el mes de mayo del año de re/erencia, asesoramiento legal a los campesinos, ejidatario~, comuneros y pequeños propietarws que lo han I �solicitado, en sus problemas relativos a la tenencia y explotación de la tierra. En el mes de diciembre de 1974, con la presencia del Pre• sidente de la República, Lic. Luis Echeverría Alvarez, se reunieron los integrantes de los Bufetes Jurídicos para rendir un informe r evaluar los resultados obtenidos. La documentación aportada por nuestra Facultad en este sentido, fue altamente satisfactoria, pues hasta esa fecha se habían atendido un total de 167 casos, desglosados en la siguiente forma: 15 Amparos, 35 Administrativos y 117 Agrarios. Allí se informó al Presidente, que la labor que se realiza no se li• mita al asesoramiento legal, sino a proporcionar orientación a los Representantes de las Comunidades en toda promoción tendiente a mejorar las condiciones materiales y culturales de su población. Este informe determinó, que de plan piloto, los Bufetes fuesen declarados necesarios para cubrir una necesidad permanente de la clase campesina y en ese acto, el Presidente de la República, a pe• tición de nuestra Facultad de Derecho, autorizó la instalación de 17 Bufetes más, que con los que habían funcionado dan un total de 24 en toda la República, los _cuales se encuentran cumpliendo con este servicio de solidaridad de los universitarios para con la clase cam· pesina del país. (!~mo medida para la ~ivul~ación del material aportado en la Reunion de Profesores, la Dirección de la Facultad dedica este número _de la revista y publica una selección de trabajos que fueron conocúl.os en ella. El tra~1ajo s~ ~nicia con la ponencia que presentó el Lic. Arturo C1:?rles, qm,en asistió como Delegado por nuestra Facuitad a dicha reum.on, en el _que se expon~ la necesidad de una reforma constitucional, q~e mtls tarde o mas temprano1 permitirá incorporar al texto del articulo 27 de la Constitución, los derechos fundamentales que se genera~ e'!' /avor del núcleo de población ejidal y de los Ejidatario~ ~n lo indzvu[ual ; así como las modalidades a que se encuentra su¡eta la pro¡n edad ejidal. Además. un conjunto de trabajos en materia agraria y finaliza con un documento elaborado por el Lic. Jesús Ramones S ld br -l · · d z a ana soe un ana z:;is e a economía agrícola en el País. f Esperam{;s que la presente constituya una aportación más en . avor de_ la clase campesina del país y coadyuve a su mejoramiento . que rnotzve m!evos planteamientos y mejores soluciones a sus proble'. mas. JI.. Por otra parte, convocados a través del Li¡;, Raúl Lemus Car· cía por el Colegio de Profesores de Derecho Agtario de la Universidad Nacional Autónoma de México, los Profesores que imparten la materia en nuestra Facultad fueron invitados a la Primera Reunwn Nacional de Pro/esores de Derecho Agrario, evento que se efectuó durante los días del 4 al 7 de junio de 1974 en Oaxtepec, Morelos. Los Profesores allí reunidos, no sólo conocieron de las ponencias que con· tenían ideas para mejorar los métodos y programas de la enseñanza de esta materia, sino que analizaron los problemas del campo, la legislación 11igente y las consecuencias de su aplicación, apuntando ideas para mejorarla. Así, con verdadera preocupación y con mani· fiesto sentido de solidaríd,ad se discutieron y aprobaron entre otras, las siguientes recomendacion~s: LIC. NEFTALÍ GARZA CONTRERAS DIRECTOR a).- Revisar la legislación relacionada con el Crédito Agrícola; b} .- Reducción de los índices establecidos en el Artículo 27 a la Pe· queña Propiedad; c).- La supresión dentro del mismo precepto, del señalamiento de la unidad mínima de dotación para los Ejidatarios; d) .- La derogación del A_mparo Agrario, a que se contrae el párrafo Tercero de la Fracción XIV del Artículo 27 Constitucional, y e}.- Crea· ción de Tribunales especializados en Materi,a, Agrarw. II m �ARTURO CHARLES CHARLES REFORMAS AL ARTICULO 'l'/ CONSTI'nUCIONAJL L a Constitución de 1917, es el producto de una Revolución Social que vino a renovar las bases del derecho público mexicano, superando las ideas que privaban en la época en que fue promulgada. En consecuencia, el Constituyente Revolucionario incorporó al texto de nuestra Ley fundamental la ideología de la Revolución Mexicana. Y si bien respetó y conservó la tradición liberal a través de las garantías individuales o garantías del gobernado, dio un paso más en el terreno ideológico y doctrinario, al consagrar las garantías sociales en sus artículos: 27 y 123, ubicando a nuestra legislación en el campo del constitucionalismo socia l. Con el artículo 27, el Constituyente de Querétaro, suprimió el concepto clásico del derecho de propiedad, como un derecho que se establecía en provecho e interés exclusivo de su titular, sustituyéndolo por el concepto que reconoce a la propiedad privada una función social, concepto que no se enuncia con ese nombre en nuestra legislación, pero que es consecuencia lógica de sus postulados. Por otra parte, este precepto constitucional, sentó las bases de nuestra REFORMA AGRARIA, de la cual una de sus metas más importantes es, sin duda alguna, el derecho de los núcleos de población rural a ser dotados con tierras y aguas suficientes para constituir ejidos. De esta manera se creó un nuevo tipo de propiedad: La propiedad Lic. Arturo Cha.rles Charles, catedrático de la Pacultad de Derecho 7 Ciencias Sociales. Por la Untveral4ad AutóDoma de Nuevo León. �REFORMAS AL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL REFORMAS AL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL ejidal, y un nuevo sujeto de derecho: El núcleo de población. A éste se le concedió capacidad jurídica para adquirir en propiedad bienes rústi• cos y para administrarlos, y como persona moral, se le dotó de un patrimonio propio: Las tierras, las aguas y demás bienes que integran el eji• do. Sin embargo, la referencia que se hace en el texto actual del artículo 27, respecto de esta forma de tenencia y explotación de la tierra, no sólo es deficiente, sino que es el reflejo del concepto ejido, producto de la legislación de la época colonial. Tal concepto, ha sido total Y definí· tivamente superado por la acción de la legislación revolucionaria; pues desde las dotaciones que se hicieron a los pueblos, con arreglo a la Ley del 6 de enero de 1915, lo que se ha entregado a los núcleos de pobla• ción, es algo sustancialmente distinto al ejido de la legislación colonial, el cual debe ceder al lugar que ocupa en nuestro Glerecho positjvo,, a un concepto que esté más acorde con la realidad que se vive en nuestro país. Nuestro ejido, es por tanto, una institución netamente mexi· cana, con profundo arraigo en la conciencia nacional y con caracterís· ticas muy propias, que lo convierten en una realidad indiscutible, en la vida socio-económica de nuestro pueblo. Por ello, se propone la derogación del primer párrafo del texto de la fracción X del artículo 27, por ser fuente de confusiones y no existir razón para que se encuentre incorporada al precepto constitucional. Este párrafo es el siguiente: "Los núcleos de población que carezcan de ejidos o que no puedan lograr su restitución por falta de títulos, por imposibilidad de identificarlos, o porque legalmente hubieran sido enajenados, serán dotados con tierras y aguas suficientes para constituirlos, conforme a las necesidades de su población, sin que en ningún ca· so deje de concedérseles la extensión que necesiten y al efecto se expropiará, por cuenta del Gobierno Federal, el terreno que baste a ese fin, tomándolo del que se encuentre inmediato a los pue· blos interesados". La fracción X fue adicionada, además, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 12 de febrero de 1947, creándose el segundo párrafo de que consta, con el siguiente texto: " ... La superficie o unidad individual de dotación no deberá ser en lo sucesivo menor de diez hectáreas de terrenos de riego o humedad, o a falta de ellos, de sus equivalentes en otras clases de tierra, en los términos del párrafo tercero de la fracción XV de es· te artículo; ... " Este párrafo se propone pase a la parte final del párrafo tercero del artículo 27, por ser ese el lugar que lógicamente le corresponde. No obstante que en el texto d~I artículo 27 Constitucional está definida la pequeña propiedad y se le ha rodeado de garantías, exigiendo a todo tipo de autoridades su respeto irrestricto, no sucede lo mismo con los derechos que se constituyen tanto en favor del núcleo de población corno de los campesinos en lo individual, en tratándose de los bienes que la nación entrega para constituir la propiedad ejidal. Por otra parte, desde 1917 la clase obrera del país obtuvo la garantía de que sus derechos quedaran establecidos en el texto del artículo 123 Constitucional; más recientemente, la burocracia logró que sus derechos, consignados en una ley secundaria, fueran elevados a la categoría de norma Constitucional; sólo la clase campesina no disfruta de esta prerrogativa. Por un imperativo de justicia, los núcleos de población ejidal, como tales y los ejidatarios en lo individual, deben estar protegidos constitucionalmente en sus derechos, deben gozar de iguales beneficios, y para tal efecto se propone que a la fracción X del citado Artículo 27 Constitucional, se le dé una nueva redacción, en la que quede incluido: a) Una idea más precisa respecto del ejido y su administración; b) Los derechos colectivos del núcleo de población ejidal; c) Los derechos individuales de los ejidatarios y d) Las modalidades y limitaciones a tales derechos. A continuación se exponen los términos completos de la reforma constitucional. ARTICULO PRIMERO:- Se reforma, por adición, el párrafo 3o. del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: . "La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles d~ apropiación, para hacer una· distribucíón equitativa · de la riqueza pública Y para cuidar de su conservación. Con este objeto, sé dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios; para el d_esarrollo de la pequ~fia propiedad agrícola en explotación; para la creación de nuevos centros de población agrícola con las· tierras y aguas qu_e les sean indispensables; para el fomento· de la agricultura y para ~itar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la proPiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los núcleos de pobla- 110 111 PROYECTO DE DECRETO. �REFORMAS AL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL REFORMAS AL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL ción que carezcan de tierras y aguas, o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad agrícola en explotación. La superficie o unidad individual de dotación no deberá ser en lo sucesivo menor de diez hectáreas de terrenos de riego o humedad, o a falta de ellos, de sus equivalentes en otras clases de tierras, en los términos del párrafo ter• cero de la fracción XV de este artículo". ARTICULO SEGUNDO:- Se deroga el texto vigente de la fracción x del propio precepto constitucional, para darle la ~i~uiente redacción: X.· El núcleo de población que sea beneficiado por una reso· lución presidencial, será propietario de las tierra_s y bienes q~e en la misma se señalen, desde el momento en que la misma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, con las modalidades Y limitaciones que más adelante se mencionan. La ejecución de la resolución preside_ n· cial otorga al núcleo de población el carácter de poseedor, o se_lo co~fir· ma si el núcleo disfrutaba de posesión provisional. Se crea as, el E11do, constituido por el conjunto de tierras, bosques, aguas y en general t<><!~s los recursos que constituyen el patrimonio de un núcleo de poblac1on campesina y comó tal, tiene capacidad jurídica para explotarlo lí~ita e integralmente, bajo un régimen de democracia política y económica. El ejido es una empresa social, destinada a satisfacer las necesida~~s ~grarias del núcleo de población y tiene por finalidad, la explotac1on integral y racional de los recursos que lo componen, procurando la supera· ción social de los campesinos. La máxima autoridad lo será la Asamblea General de Ejidatarios y su administración . estará a cargo del "Comisariado Ejidal", el cual será electo democráticamente en Asamblea general y tendrá la respon· sabilidad directa del uso y aprovechamiento que se dé a los bienes ob· jeto de la resolución presidencial. Las tierras cultivables que de acuerdo con la ley puedan ser objeto de adjudicación individual entre los miembros del ejido, en ningún caso dejarán de ser propiedad del núcleo de población ejidal. El aprovechamiento individual, cuando exista,_terminará aJ resolverse, de acuer· do con ta ley, que la explotación debe ser colecti~a en beneficio -de todos los integrantes del ejido y r-enacerá cuando ésta termine. Las unidades de dotación y solares que hayan pert~ecido,a-ejid~· tari~s y resulten vacantes por ausenci_a de h~r~~r-os o de sucesor legal, quedarán a disposición del núcleo de pobJació~ ·~orre$ponpjent~. . Los campesinos ben~f ici_aoos, adqui~r~n -sus. derecho~~(:QmQ, ,~j~o- tarios, al momento de la adjudicación individual de las tierras de cultivo, o desde que se les reconozca su derecho a participar en la explotación colectiva del ejido. Los derechos individuales de los ejidatarios sobre los bienes ejidales, son los siguientes: a) A la unidad de dotación o de parcela antes de que se efectúe el fraccionamiento de las tierras de cultivo; o bien, a que se le garantice plenamente tal derecho en el caso de que se opte por la explotación colectiva del ejido, . b) Al uso y disfrute de la parcela, una vez que se haya realizado el fraccionamiento de las tierras de labor y a permutarla por otra, c) A participar en el aprovechamiento de los bienes de uso común -agostadero y terrenos forestales- de acuerdo con el Reglamento interior del Ejido, d) A recibir un solar en la superficie que sea asignada para la zona de urbanización y a que se le conceda la plena propiedad sobre el mismo, una vez que se hayan realizado los supuestos que la ley reglamentaria establezca, e) A designar heredero que le suceda en sus derechos como ejidatario, con las limitaciones que la Ley Agraria impone, f) A enajenar el solar que le sea asignado en la zona de urbanización, g) A rentar la parcela cuando esté incapacitado para trabajarla, siempre con el pleno consentimiento de la Asamblea General de Ejida- 11 • • • U2 ~rim, · h) A recibir la indemnización correspondiente, cuando sean expropiadas por causas de utilidad pública sus propiedades ejidales. Los núcleos de población ejidal y los ejidatarios en lo individual, no podrán ser molestados por ninguna autoridad, en sus derechos al uso y disfrute de los bienes ejidales. La suspensión, la determinará la a~mblea general de ejidatarios y siempre que se compruebe que el e¡1datario ha abandonado su parcela durante un año, no participe con su trabajo en el caso de que la explotación sea colectiva; o se niegue a cumplir con la determinación de la asamblea ejidal, en lo relativo a los !~bajos de beneficio común, así como por sembrar o permitir que se s~embre en su parcela, mariguana, amapola o cualquier otro estupefaciente. La suspensión en estos casos, abarcará un año agrícola. La privación de los derechos individuales de los ejidatarios sólo ~rá decretarse por resolución presidencial y siempre que los c;mpesinos hayan dejado de trabajar personalmente o con su familia su par- �REFORMAS AL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL cela, o no participen en la explotación colectiva durante dos años consecutivos, sin causa justificada. Lo mismo sucederá a quienes habiendo adquirido derechos por sucesión, no cumplan durante un año con las obligaciones económicas a que quedó comprometido; a quienes destinen los bienes ejidales a a fines ilícitos; acaparen la posesión o beneficio de otras unidades de dotación o bien, sean sentenciados por sem• brar o permitir que se siembre en su parcela mariguana, amapola o cualquier otro estupefaciente. La única excepción a este principio lo constituye los derechos que adquiera el ejidatario en la zona de urbanización. La Ley reglamentaria especificará los requisitos y forma en que el ejidatario hará uso de sus derechos; así como el procedimiento para la suspensión o privación. Los derechos de propiedad que adquieran los núcleos de pobla• ción y los campesinos en lo individual, sobre los bienes ejidales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransmisibles y por tanto, no pod;án en ninguna forma enajenarse, cederse transmitirse, arrendarse, hipotecarse o gravarse en todo o en parte, siendo inexisten· tes las operaciones, actos o contratos que se hayan ejecutado o pretendan llevarse a cabo en contravención a estas normas. Con la única excepción de los derechos que se adquieran en la zona de urbaniza· ción. El principio anterior, se aplicará también a los bienes pertenecientes a los núcleos de población que estando suj.etos al régimen comunal, hayan optado por el sistema ejidal". En los términos expuestos, considero debe ser reformado el artículo 27 de nuestra Carta Magna, para que los núcleos de población y los ejidatarios en lo individual, queden protegidos constitucionalmen· te en sus derechos y así obtengan una mejor garantía de permanen· cía en su seguridad jurídica; pues al sustraerlos del radio de acción del legislador ordinario, se haría más difícil y complicada la reforma que pretendiera suprimir las características jurídicas de la propiedad ejidal. 114 REFORMAS AL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL Bibliografía Durán, Marco Antonio. El agrarismo mexicano. México, Siglo XXI Editores, 1967. Ley Federal cÍe Reforma Agraria. México, Edición oficial, 1973. Madrazo,_ Carlos. '.' Discurso inaugural", Documentos de la IV Asamblea Nacional Ordinaria~ 1973. Mendieta Y Núñez, Lucio. El sistema agrario constitucional (3a. ed.). México, Editorial Porrúa, 1966. Vázquez Pallares, Natalio. " Discurso" Documentos de la IV Asamblea Nacional Ordinaria, 1973. ' 115 �MANUEL MESA ANDRACA REFORMAS A LA LEGISLACION AGRARIA L a Ley del seis de enero de 1915, debe considerarse al presente obsoleta, y desde luego necesita reformarse, principalmente e~/ toda la reglamentación que al cabo de casi sesenta años ha sido modificada en varios e importantes términos, incluyendo la Ley vigente de Reforma Agraria Integral, expedida por el actual régimen gubernamental. Después de tantos años de haberse aplicado para atender a las solicitudes de los poblados, cuyos habitantes carentes de tierras donde trabajar, han sido restituidos y dotados con los terrenos de cultivo, de diferente extensión y calidad, según han sido los criterios predominantes en las diferentes épocas y por los diversos gobiernos que han cumplido con sus preceptos. Sin embargo, a pesar de tantas reformas y enmiendas que la legislación ha tenido, no han sido modificados sus términos en lo que es esencial para resolver de manera completa el problema agrario. Las reformas y modificaciones, en su mayoría han tenido como propósito dominante defender los intereses de los propietarios y, por lo tanto, Predominando el criterio y propósitos opuestos al cambio radical en la estructura de la tenencia de la tierra. Entre tantas reformas se destaca, por su trascendencia, la primera ley de dotación y restitución de tierras y aguas, hecha por el licen- Jlle. Manuel Mesa Andraca, Eseuela Nacional de Agricultura. �REFORMAS A LA LEGISLACION AGRARIA REFORMAS A LA LEGISLACION AGRARIA ciado Narciso Bassols, el año de 1927, quien con un criterio verdaderamente revolucionario, modificó fundamentalmente sus términos, demostrando que el propósito de la reforma consistía en atender las necesidades de los poblados carentes de tierras, independientemente de su categoría política y denominación. En efecto, esa Ley del seis de enero de 1915, para precisar los derechos de los poblados a ser restituidos de los terrenos que habían perdido o necesitaban, designaba que debían ser las comunidades, villas, pueblos y rancherías que presentaran las solicitudes de restitución, dotación de ejidos, limitando con ello ese derecho a los que tenían la categoría política que se enumeraba. El proyecto del licenciado Bassols, demostraba que el espíritu de la reforma agraria era el de satisfacer las necesidades de los campe• sinos sin tierra, de manera que estipulaba que todo poblado, con población rural predominante, exceptuando las capitales de los estados, los puertos de altura y otras categorías, tenían derecho a se~ dotados de ejidos, a condición de que existieran, cuando menos, ve1~te cam• pesinos carentes del medio para aplicar su fuerza de trabaJo como agricultores. . . . . También se proponía en ese proyecto, eliminar la primera instancia establecida en la primitiva ley, a efecto de que solo hubiera una, la presidencial, para resolver las solicitudes de ejidos, a efecto de cen• tralizar el proceso de la reforma y resolverla con un criterio unificado, sin las demoras que implica la expedición de la dotación provisional por parte de los gobernadores de los Estados y la ventaja_ de unificar el proceso agrario, que tal como se estipulaba, quedaba su¡eto a la de• cisión de los gobernadores de las entidades federativas, lo cual dete~minaba que la atención de las necesidades de los poblados se hacia con criterios diversos, según eran las ideas y propósitos de los gober· nantes en turno. Esta modificación tan importante, fue poco después excluida de la Ley, quedando como hasta ahora sujeto el proceso agrario a la resolución provisional de los gobernadores, que posteriormente se ~odifica, se aprueba y confirma con la resolución definitiva de rest1tu· ción y dotación de tierras y aguas, que solicit'an los poblados con derecho a tenerlos. Posteriormente, la reglamentación de la Ley aprobada por el Con· greso de la Unión, sufre múltiples y repetidas reformas, la mayor~a pa· ra defender los intereses de los propietarios de los terrenos agncolas y limitar las posibilidades de expropiación, al grado que durante el go- bierno del_ ingeniero Ortiz Rubio, de manera anticonstitucional, se dec~ara termm?do el . proceso de_la reforma en el Estado de Morelos y se f)lensa segu1~ haciendo seme¡antes declaraciones para otros Estados lo cual se evita por el mismo licenciado Bassols, presentando la solici: tud de dotación de ejidos a nombre de los poblados que en las entida• d~s federales, que eran amenazados con estas resoluciones presiden• c1ales, carecían aún de ellos. 118 ~in embargo, en ésta que ha sido una lucha de clases la reforma agraria, sus contradicciones y los diferentes propósitos d; los interesad_os en _llevarla al cabo, durante el gobierno del mismo Presidente Ortiz Rubro, con la iniciativa del Senador de la República licenciado Lauro Caloca, se l_ogra suprimir el derecho de amparo, al ~ue acudían todos los terratenientes amenazados con la afectación de sus propiedades, que obtenían así su defensa indefinida con las resoluciones de ~a Sup~ema Corte de la Nación, en la mayoría de los casos al servicio e los intereses de los privilegiados, que lo eran los latifundistas. . Durante los muchos años en que se aplican la ley y reglamentos diferentes de la reforma agraria, la resolución de tan agudo e inveterado probl~~a, sigue la línea sigzageante de sus altas y bajas, según son los propos1tos Y la predominancia de los intereses de los gobernantes de los Estados Y del mismo Presidente de la República que aceleran 0 retardan la resolución _de las demandas de los pueblos. ' Principalmente, respecto a la magnitud de la dotación individual de los terrenos ~otados a los . pueblos, varían aquella y se establecen limitaciones, coo 1~ que existe hasta el presente, considerando pequeñas propiedades, mafectables para los efectos de restitución y dotación de tierras hasta TRESCIENTAS HECTAREAS, con plantaciones consideradas per: ;anentes (alfalfa, caña de azúcar, café, cacao, frutales, henequén, etc.), d: t~I manera que han sido respetadas, así, propiedades numerosas dtfere.ntes dueños, algunos con terrenos ocupados por estos cultivos en diferentes lugares de la República. Pr . No es, sino ha~t~ la elección del general Lázaro Cárdenas como at esi~~nte de la Nac1on, que la resolución del problema agrario recibe d enci~n . ~refere~t~ Y decidida. En muchos casos, se resuelven de moo defrn1t1vo sol1c1tudes que estaban pendientes durante muchos con la r •, anos, . ap 1cac1on personal de él, para atender demandas insatisfechas· ~e ~ncluye con derecho a ser dotados a los peones acasillados de la~ aciendas; se respetan como pequeñas propiedades las que verdaderament~ lo son, de acuerdo con la reglamentación vigente· y en t· mantien 1 ., d , , m, se e a negac1on el amparo de la justicia federal a los que son 119 �REFORMAS A LA LEGISLACION AGRARIA REFORMAS A LA LEGISLACION AGRARIA afectados con la afectación de sus propiedades. Pero esta acción, verdaderamente agrarista, pierde su actividad durante los gobiernos que suceden al del general Cárdenas. Durante el gobierno del general Manuel Avila Camacho se declara que la acción agraria ha llegado a su punto de inflexión hacia abajo; debido a la . falta de propiedades de posible afectación. • Después, el Presidente Miguel Alemán Valdés, inaugura su gobierno con · la modificación de Jos términos del Artículo 27 Constitucional, declarando que son peque• ñas propiedades inafectabJes, las de determinada superficie. Ese artículo sol0 establecía que se respetarían las pequeñas propiedades en explotación, sin fijar dimensiones, teniendo en cuenta que sería la re· glarnentación correspondiente, según fueran las condiciones cambian• tes y l_as necesidades de la población campesina, las que determinaran las que no serían expropiadas. Es así como se establece, que son pequeñas propiedades, inafec· tables por el proceso de dotación, CIEN HECTAREAS de riego rodado Y CIENTO CINCUENTA, cuando lo fueran por bombeo destinadas al cul• tivo del algodón; DOSCIENTAS de terrenos de temporal; se mantienen ~nafectables las TRESCIENTAS ocupadas por cultivos y plantaciones considerados como permanente; y las pastales, las que fueran suficientes para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor y sus equivalentes, según fueran sus índices de mantenimiento para otras especies de pnimales. Por otra parte, se restituye el derecho de amparo de la justicia federal, a los pequeños propietarios así definidos, con certifica· do de inafectabilidad expedido por la autoridad agraria. Estas reformas al Artículo 27 Constitucional no se han modificado. La nueva ley de reforma agraria integral, establecida por el actual gobierno las mantiene en sus términos estrictos, con el resultado de que con tales reformas, se ha favorecido la concentración de los terre· nos de cultivo y mantenido el latifundio, de preferencia en los Distritos de Riego, construidos por el Gobierno Federal. La primitiva Ley Nacional de Irrigación, expedida durante el gobierno del general Calles, establecía que cuando los terrenos fueran mejorados con las obras construidas por el Gobierno Federal, serían expropiados en relación con el aumento de valor que aquellos tuvieran, sin el mejoramiento de riego, de tal manera que así disponía el Gobier· no Federal .de extensiones importantes para crear y establecer a los verdaderos pequeños propietarios, pues los reglamentos fijados a ca· da distrito de riego, fijaban superficies cuando más de veinte hectá· reas, para adjudicarlas a los colonos propietarios. Dicha ley de irrigación, también fue reformada por el licenciado Miguel Alemán, en el sentido de c.onsiderar pequeñas propiedades las superficies fijadas en el Artículo 27 reformado, de tal manera que a partir de entonces, los propietarios de terrenos de temporal o áridos que les hace incultivables, cuando conocen los proyectos de las obras que les van a mejorar, de antemano los fraccionan en propi~dades de 100 a 150 hectáreas, registré;Índolos a nombres diversos, en ciertos casos numerosos familiares u hombres de paja, que son inafectables, quedando el Gobierno Federal sin la posibi lidad que antes tenía de esta~ blecer en las tierras mejoradas con el riego, a verdaderos pequeños propietarios, que -las trabajaran personalmente. . De acuerdo con los antecedentes y reformas de la legislación agraria, al presente se ha creado el agudo e inmodificable probl~ma, de que se carece en varias regiones del país de propiedades afectables para la dotación de ejidos y en otras muchas, debido a la inatención de los gobiernos locales, se ha mantenido la tenencia de carácter latifundista, al grado de que, según datos censales, existen al presente alrededor de tres millones de campesinos sin tierra, que trabajan como peones y otros con sus derechos a salvo, es decir, ejidatarios con resolución definitiva, pero sin que hayan recibido la dotación por falta de terrenos afectables. Al gran número de campesinos que no han tenido resolución favorable a su solicitud, se suman otros muchos ejidatarios en posesión de parcelas minúsculas que les fueron dotadas, de acuerdo con regla"' mentaciones anteriores y, la mayoría, por haberlas fraccionado entre sus hijos varones, que han necesitado tener donde trabajar como agricultores. Lo anterior, agregado a que el mayor número de terrenos fueron de temporal, de muy escasa fertilidad o situados en zonas montañosas, Y gran parte de éstos (sólo un 15% reciben créditos del Banco Nacional de Crédito Ejidal) sin recibir préstamos que refaccionen sus trabajos. 120 Esta situación, se hace más y más grave, ante la estipulación del Artículo 27 Constitucronal reformado, que demagógicamente establece que la dotación de terrenos de riego debe ser de diez hectáreas y 20 de temporal y como los de posible afectación agraria se encuentran amparados como pequeñas propiedades de cien, ciento cincuenta, los Primeros, y doscientas hectáreas los segundos, resulta que ante la imPüsibilidad de disponer de mayores superficies afectables, sobre todo en terrenos de riego, los campesinos solicitantes de ejidos quedan al margen de este derecho, cuando les bastarían para sostenerse como 121 �REFORMAS A LA LEGISLACION AGRARIA REFORMAS A LA LEGISLACION AGRARIA agricultores, con cinco hectáreas de terrenos ~e_gad?_s Y diez de temporal. Por todo lo anterior, se impone la mod1f1cac1on de las leyes Y reglamentaciones agrarias, para resolver en definitiva el problema de la distribución equitativa de los terrenos de cultivo y los de o~ras clases. Tales modificaciones y reformas deben consistir en lo siguiente: 1.- Decretar que la restitución y dotación de ~ie~ras Y agua~, de• be hacerse de oficio por el Gobierno Federal, supnm1endo la pn~~r~ instancia a cargo de los gobiernos estatales, para . resolver en def1~1t1va el problema por zonas determinadas, ~as~~ satisfacer las ne~~s1dades pendientes, tanto en materia de rest1tuc1on , ~orno de dotac1on de los terrenos cultivables, pastales y forestales, estipulando que la ~rcela ejidal de los primeros sea de cinco hectáreas de terrenos de . nego l _de pnm~ra 0 humedad permanente; diez hectáreas en los de tempora_ clase, es decir, con régimen de lluvias regular y buena fert1_ l~dad Y vemte en las zonas semiáridas y de escasa fertilidad; la extens,on en terrenos pastales suficientes para el mantenimient~ de die: cabezas de_g~nado mayor O sus equivalentes en otras especies, segun sean los mdi• ces de aprovechamiento; y la extensión de terrenos forestales_, basta~tes para su explotación en común por el total de los campesinos soh• citantes, teniendo en cuenta la variedad y riqueza de las masas arbola• das. En la actualidad carecen de dotación ejidal los poblados que se encuentran marginad~s por diferentes circunstancias -su aisla_miento en las regiones montañosas y sin comunicación, su analfabetismo Y atraso cultural, etc., de manera que no han podido o ignoran el dere• cho que les asiste para ser dotados. No es posible ni conveniente, que se mantenga esta situación y que el Gobierno Federal esp~re de mane• ra indefinida que se presenten las solicitudes corrspond1entes. Urge proceder de oficio para resolver todas las necesidades agrarias, pues de lo contrario se mantendrá durante mucho tiempo sin resolverse es· ta situación. 11.- Reformar el Artículo 27 Constitucional suprimiendo las modificaciones hechas durante el gobierno del licenciado Alemán, a efec· to de declarar inafectables para la dotación de ejidos SOLO LA PEQUE· ~A PROPIEDAD, TRABAJADA POR ADMINISTRACION DIRECTA Y PER· SONAL de su dueño, sin el empleo de peones más que para las labores extraordinarias, sin que sumen más de diez. Mantener las superficies que en la actualidad fija ese artículo pa· ra la pequeña propiedad, 'imposibilita la regulación futura de la tenen· cia de la tierra, cuando las necesidades debidas al aumento de la po- blación campesina y los modernos procesos de cultivo, impliquen va• riar las formas de explotación. No importa que las magnitudes de la pequeña propiedad fueran inconvenientes para una racional explotación, de acuerdo con los nuevos sistemas de cultivo. Dialécticamente, la minúscula pequeña propiedad, adoptará formas de t rabajo cooperativo o colectivo, cuando lo impongan los nuevos sistemas y modernas máquinas de cultivo. La situación actual, como lo ha demostrado la experiencia, ha favorecido la concentración de la propiedad de la tierra, al grado que todos reconocen y lamentan la existencia de nuevos latifundios, trabajados con las formas inveteradas de la explotación de los latifundios, para aprovechar la plusvalía del trabajo de los peones, que carecen de todas las garantías y prestaciones que sólo lograrían -caso imposible y remoto por ahora-, cuando su organización sindical permitiera la me¡ora de sus salarios y condiciones de vida, tal como lo han conseguido al• gunos obreros. Por otra parte, las leyes agrarias establecerán que un propietario sólo debe poseer una área inafectable en la República, pues ahora existen muchos casos en que se respetan en diferentes Estados de la nación las llamadas pequeñas propiedades de diferente extensión y calidad. Por ejemplo, tal como son en la actualidad, un individuo puede poseer cien hectáreas de riego en alguno de los Distritos de Riego construidos por la Secretaría de Recursos Hidráulicos; doscientas de temporal en alguna otra región o entidad federativa; trescientas en otra parte, de cultivos o plantaciones de carácter permanente; y, además, un rancho ganadero, con certi• ficado de inafectabilidad durante veinticinco años y alguna propiedad de bosques en diferente lugar. Tales privilegios, son los que han de• terminado que la reforma agraria se encuentre frenada con el pretex• to de la falta de terrenos afectables. Basta recordar que durante el gobierno de don Adolfo Ruiz Cortines, el Jefe del Departamento Agrario, declaró sin ambages que las leyes respetaban la existencia de verdaderos latifundios, fuera del radio de siete kilómet ros, que se fijaban para las posibles dotaciones de ejidos. A este respecto, las reformas que se impone hacer, requieren suprimir esa limitación de los siete kilómetros, medidos desde el centro del poblado solicitante, pues en la actualidad con las carreteras y los vehículos de motor, los campesinos pueden ir a cultivar sus ejidos a mayores distancias. 111.- Por supuesto, se impone la modifica~ión de la actual Ley de Irrigación con Aguas Federales, para establecer que en todos los 122 123 �REFORMAS A LA LEGISLACION AGRARIA casos en que se mejoren las condiciones de los terrenos con las obras ejecutadas, serán expropiadas en toda la extensión que abarque el distrito de riego construido, para dotar de ejidos a los campesinos con sus derechos a salvo y permitir sólo propietarios de cinco hectáreas de regadío, repetimos, suficientes para el sostenimiento de un agricultor, si las cultiva de manera permanente, bajo un sistema intensivo y diversificado, con las ventajas que con estos sistemas se aprovecha al máximo el agua de riego, tan escasa en muchos lugares del país. IV.- Para tener la posibilidad de establecer un plan de aprovechamiento racional de las superficies de riego en los distritos construidos por el Gobierno Federal, conviene encomendar su administración a las instituciones de crédito agrícola nacionales que otorgan préstamos para el cultivo de los terrenos mejorados, pues con la venta del agua y los créditos que se otorguen, será posible establecer normas de explotación, adecuadas a la situación ecológica de cada Distrito de Riego y las ventajas de la comercialización de los productos obtenidos. Hasta ahora, la agricultura en los mismos distritos ha obedecido a los intereses comerciales de los propietarios de los terrenos, sin que en ninguno de ellos se practique una agricultura intensiva y diversificada, estableciendo una rotación que aproveche al máximo la fertilidad del suelo, el agua disponible y los préstamos otorgados. Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, fueron modificadas la Ley de Crédito Agrícola y la de Irrigación con Aguas Federales, para encomendar a aquél, la administración de los Distritos de Riego, con el propósito de que por medio de la distribución del agua y del eré· dito, se hiciera posible una planeación en el aprovechamiento máximo y racional de esos dos elementos, sin embargo, cuando terminó el período de ese gobierno, volvieron a ser administrados los Distritos de Riego por la Secretaría de Recursos Hidráulicos, la cual se limita a dis tribuir el agua -al presente limitada su venta para cultivar sólo vein· te hectáreas en cada propiedad-, pero sin relación alguna con el otor· gamiento del crédito agrícola y sujeta al capricho y propósitos de lucro de cada propietario, con lo cual se han creado intereses y resulta· dos ajenos a la economía del país, creando situaciones de grave escasez de ciertas cosechas, tal como al presente existe en artículos tan importantes para la alimentación de la población mexicana, como el maíz, el frijol y el arroz. El presente seminario sobre derecho agrario, debe considerar las anteriores proposiciones, todas las cuales, como se ve, implican perfeccionar, por una parte, el proceso agrario, con la federalización de la 124 acción agrari~, .ª efecto de unificarla y evitar las largas demoras que sufren las solicitudes presentadas a los gobiernos de los Estados muchos de los cuales pretextan falta de recursos Y personal técnico para at~derla_s, aunque la razón principal ha sido, el criterio claramente a~ ia~ransta de muchos gobernantes; y, por la otra, proceder de oficio s~:sesperar que se_ ~resenten ~as solicitudes correspondientes. . demás ~r?pos1c1ones consisten en restaurar a la legislación agraria sus p~opo~1tos y redacción primigenia, suprimiendo las reformas que han implicado las frustaciones más graves para realizar una verdadera REFORMA AGRARIA INTEGRAL. Chilpancingo Gro., 31 de mayo de 1974_ 125 �BERTHA BEATRIZ MARTINEZ GARZA CREACION DE TRIBUNALES FEDERALES ESPECIALieADOS EN MATERIA AGRARIA 1 S in tratar de desentrañar con la amplitud que un 1.nvu,ema de esta naturaleza comprende, querernos dejar brevemente delineada la naturaleza de la función jurisdiccional a efecto de tener un antecedente que nos ha de llevar al logro o consecución del fin que nos propcnernos. Ardua tarea en el mundo del pensamiento jurídico ha sido la de precisar la esencia de los actos emanados por los órganos judiciales. Las cuestiones donde se encuentran mayores dificultades, son principalmente las siguientes: a) ¿Constituye la función jurisdiccional una función de orden jurídico?; b) ¿Constituye una función diferente de ~ administrativa?; c) En caso afirmativo, ¿cuáles son los elementos que caracterizan la función jurisdiccional.. Tomando en consideración los elementos fundamentales del acto lUrídico, la función jurisdiccional no importa la realización de ninguno de ellos, pues se dice que en ella el Estado no realiza ni un acto de voluntad, ni crea una situación jurídica; sin embargo a pesar de la apar'enleoiente simple operación de inteligencia que se resuelve en un silogislllo, la función jurisdiccional tiene una mayor trascendencia e importancia de la que •se pretende, con las anteriores afirmaciones darle, lo que - X>ra. · Bertba Beaírtz Jlaritnes Guza, catedrática d e Derecho Asrarto en la Facunact de 1-eho de la Unlversfdad Nacional Aut'óuoma de ll~xlco. �CREACION DE TRIBUNALES FEDERALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA AGRARIA nos lleva a concluir que es efectivamente una función de orden jurídico, lo que queda demostrado con la simple observación de los efectos que la declaración de un derecho tiene en el mundo previamente controver, tido y que en ese momento se ve aclarado. En efecto y sin aceptar que una sentencia pueda tener únicamen· te efectos declarativos, puesto que es bien cierto que los puede tener y de hecho en la práctica así sucede; constitutivos, cuando_ e_l Estado decide jurisdiccionalmente un conflicto de derechos, no se limita .ª de· terminar si estos existen, sino que además, como una consecuencia d~ reconocimiento de su existencia, provee al respeto de ellos por medio de un acto emanado de la voluntad, acto que, aunque realizado dentro de las normas legales, produce una modificación en el orden jurí~ico, puesto que hace concreta y actual la garantía jurídica que en términos abstractas consagra la Ley para los derechos de la naturaleza del que está a discusión. . La función jurisdiccional es producción de Derecho en el propio sentido de la palabra. Pues el que se dé una situación de hecho con· creta 1 a la cual se ha de ligar una consecuencia jurídica especial Y la vincu lación de la misma en concreto, toda esta textura aparece sólo merced a la sentencia judicial. Así como los dos elementos (hecho Y consecuencia jurídica) deben ser ligados por la Ley en la esfera de lo general, así también el dominio de lo individual tiene que serlo ~or_ 1~ sentencia judicial. Por esto la sentencia es una norma jurídica md1v1• dual: Es la individualización o concreción de la norma general o abs· tracta. A pesar de que el acto jurisdiccional pudiera quedar circunscrito en una genérica clasificación como actos tendientes a hacer ejecutar las leyes, coincidiendo con el acto puramente administrativo, queda ~lena y totalmente caracteriz~do e individualizado en función del motivo y fin de la propia función jurisdiccional. Surge, como medio de conciliación entre dos intereses opuestos, es decir, cuando. la existencia de un conflicto hace imperiosa la nec~ sidad de su surgimiento, buscando en la fuerza del Estado la segun· dad necesaria y el reconocimiento del respeto absoluto a la verdad declarada, reconoeida, o constituida. Es pues el reconocimiento de la existencia de uRa controversia el primer elemento que nos precisa la naturaleza de la función jurisdiccional. Sin embargo, como este reconocimiento se da como un acto, el primero de un largo procedimiento, no basta para definirnos la esencia de lo que estamos buscando: ésta ·na de quedar totalmente determinada con la sentenei¡I-, acto cul· minante del procedimiento y clara representación de la finalidad de la función jurisdiccional pues constituye la decisión que produce un efecto de Derecho resolviendo la cuestión litigiosa presentada y haciendo valer la Ley sobre el acto violatorio de la misma. Todos estos elementos forman una unidad que nos permiten conocer con meridiana claridad a la función jurisdiccional. Quedó planteada, en renglones anteriores, la duda acerca de si la función de ejecución de las Leyes es un acto tan sólo administrativo, o involucra también una decisión reconocedora en perjuicio de la violación de la Ley misma, de un derecho, quedando resuelta la cuestión en sentido negativo. De ahí que tengamos ahora que definir, o tratar de caracterizar a la función administrativa. Numerosos tratadistas han intentado llevar a cabo tal tarea partiendo de tomar en consideración con preeminencia sobre otros fac• tores, la finalidad que se persigue con el acto administrativo, tratando de definirlo en función de una actividad meramente ejecutadora de la norma general abstracta e impersonal. Tal criterio nos parece definitivamente erróneo, pues o es sumamente limitado, o abarca conceptos que definitivamente no pertenecen a la realización propia de las funciones del Poder Ejecutivo. Esto queda explicado de la siguiente manera: si por ejecución entendemos la actuación de un poder con base a las normas que así le autorizan a desempeñarse, también las demás entidades del Estado ejecutan leyes pues se sujetan de igual forma a las normas que rigen su actividad; o en el peor de los casos usar de una autorización que la ley concede, nos hace pensar que incluso los particulares ejecutan las leyes civiles Ymercantiles cuando celebran actos dentro de los cauces por ellas marcados. Si seguimos el criterio de considerar que la ejecución consiste en realizar prácticamente las normas legales, entonces se incurre en el extremo contrario, pues en tal caso quedan fuera de la función administrativa la mayor parte de los actos jurídicos que estamos acostumbrados a clasificar como actos administrativos, dejando solamente los actos materiales encaminados directa e inmediatamente a dar efectividad a las disposiciones legislativas. Consideramos por tanto que la función administrativa debe caract~rizarse en razón de tres elementos: El primero de ellos consiste precisamente en la realización de esta función bajo un orden jurídico. En efecto dentro del moderno estado de derecho, ningún órgano del Estado puede tener una actuación discrecional; esto es, su desenvolvimien- 128 129 �CREACION DE TRIBUNALES FEDERALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA AGRARIA to en la vida práctica tiene claros límites que expresamente han quedado señalados en las leyes tanto de máxima jerarquía como son las constitucionales, como en las reglamentarias y ordinarias derivadas de aquellas primeras. la limitación de los efectos que produce el acto administrativo, constituye el segundo elemento que nos ayuda a definir la esencia de esta función. En contraposición a la generalidad, abstracción e impersonalidad de las normas emanadas de los Poderes Legislativos, los actos administrativos tienen un efecto concreto e individualizado, puesto que partiendo siempre dentro del marco señalado por la Ley que rige su actuación, el órgano administrativo aplica ésta, y su aplicación la hace, o implica la realización de los actos necesarios para concretarse, para hacerla efectiva en los casos determinados que la práctica va presentando. Quedaría incompleta la tarea que aquí hemos emprendido si no tomáramos en consideración que la actividad del órgano administrati· vo no se traduce únicamente en la realización de actos jurídicos, sino que implica también una tarea de satisfacción de necesidades colecti· vas, que se traduce en la ejecución de actos de muy variada naturaleza pero que tienen en común su objetividad, ésto es, su existencia tan• gible o material, lo que viene a constituir el tercer elemento de los que anteriormente hablábamos. Creemos ~e con todos los elementos explicados podemos ya dar un concepto completo de la función administrativa, diciendo que es la que el Estado realiza bajo un orden jurídico y que consiste en la ejecu• ción de actos materiales o de actos que determinan situaciones jurídi· cas para casos individuales. Hasta aquí hemos procurado señalar en su aspecto material la esencia de dos funciones que muy frecuentemente, por razones prácti· cas se confunden, o son realizadas, por un mismo órgano del Estado. Toca pues tratar de esclarecer que formalmente estas funciones com· peten, o por lo menos debieran competer, a diversos órganos del Es· tado. la doctrina tradicional nos enseña que la función administrativa se encarga al órgano llamado Ejecutivo, así como la función jurisdiccional es propia del órgano judicial. La Constitución Política _de los Es· tados Unidos Mexicanos, consagra el anterior principio _en su artículo 49, al ~stablecer que el supremo Poder de la Federación, se divide pa· ra su ejercicio, en legislativo, Ejecutivo y Judicial. La divisióñ de poderes cqueda consagrada en •el párrafo segundo del mismo ª~!culo al'·establecer que ninguno de estos poderes podrá reunirse en número de dos o más en una sola persona o corporación. Tomando en consideración el punto de vista estrictamente formal la división de poderes en nuestro régimen jurídico se observa indefec: tiblemente: Los principios básicos y fundamentales establecidos en la Constitución de 1917, así como sus reglas de competencia y atribución d~ fa~ultades a cada uno de los órganos del Estado es dentro de este c~'.teno perfecta Y siempre observada. Sin embargo la propia ConstitucIon ha _dado margen a que en realidad y atendiendo a la esencia de las funciones, dos d~ ellas_por lo menos sean realizadas en su aspec• to for~al por un mismo organo y a aclararlo encaminamos nuestras postenores explicaciones. Factor de suma importancia y decisivo para la transformación de nuestro régimen jurídico, fue el problema de la tenencia de la tierra en su aspecto rural. Tan es así que al igual que la inequitativa situación jurídica y económica en que vivía la clase obrera, dio motivo a una transformación en los principios de Derecho Constitucional, incluyendo entre los preceptos de la Ley Suprema un Apartado que alejándose de las_ corrientes tradicionales que únicamente veían como aspectos a in<:~u,r dentro de la norma básica de un Estado el dogmático o declaración de principios y el orgánico o de establecimiento de atribuciones funciones y competencias para las Entidades del Estado, trató de regu: lar o d~ establecer principios de naturaleza social, pretendiendo lograr una me¡or y mayor repartición de la riqueza, y la elevación de un nivel d~- vida_ de las clases económicamente débiles, mediante su equiparacIon e igualación jurídica con las clases detentadoras de la riquaza y el poder económico. Se crearon entonces instituciones encaminadas a lograr tal finalidad,. se establecieron principios rectores en materia agraria y laboral y se dieron normas específicas que trataron de solucionar los problemas del agro y protegieron a la clase trabajadora. . .~a política agraria trató de encaminarse no únicamente a la reahzac1on de actos administrativos que reconocieran situaciones preexis:nt~s, sino que ta~bién trató de_ proporcionarse a los habitantes, del edio rural, de caminos o procedimientos que les tra1·eran los safr,factores ·md'Ispensab les a sus cada vez más crecientes necesidades.. por ~~ez de elementos que trabajar. La creación de instituciones como ci eJido, son _el resultado de esa finalidad, pensando que las organiza, c:;es ~olect,vas prod~cen mejores frutos que el esfuerzo individual. . ~ nucleo que careciese de terrenos que cultivar podría formular una sohc1tud para que el Estado respetando siempre los mínimos que prevé ~ 130 131 �CREACION DE TRIBUNALES FEDERALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA AGRARIA,._ la propia Constitución como pequeña propiedad agrícola en sus diversas clases de terrenos, proporcionara a quien así lo solicitase, ejerciendo acción directa contra los acaparadores, terrenos suficientes Y bastantes para satisfacer las necesidades de una familia previendo mínimos de dotación en atención a la calidad del suelo. La actuación arbitraria, o despótica, sin apego a la Ley, no es propia de un Estado que pretende sustentar ante todo ~I. resp~to a la dignidad humana y la conservación de los derechos bas1cos inherentes a todo hombre. El Estado debe actuar siempre dentro de un régimen de derecho, dentro de los límites que establece la propia Ley. Preocupa• ción fundamental es pues, la de conservar siempre la posibilidad del respeto al derecho que pretenda ser violado; todo gobernado tiene o debe tener la posibilidad de hacer saber y hacer valer un derecho que le pertenece, pues en todo caso la cración de un nuevo estado com~ consecuencia del rompimiento del orden jurídico anterior, y el surg1• miento de uno nuevo que lo substituye, implica para el caso de que alguien pretenda verse afectado por este nuevo régimen, que el desconocimiento de todo derecho que pretenda hacer valer, radica precisa· mente en un nuevo orden que trae aparejado un cambio radical en las situaciones de hecho dadas con antelación (y que de acuerdo con los nuevos principios establecidos implican una violación flagrante a los derechos de una clase social que trata de elevar sus precarias con· diciones de vida, y de mejorar en todos los aspectos su vida, los que eran minimisados en regímenes anteriores. Sin embargo, ese margen dentro del cual se desenvuelve la acción estatal sin rebasar las barreras impuestas por la ley y en el que cabe la actuación discreciona~, nunca debe ser desbordado, pues de lo contrario se tornarían la arbi· trariedad y el despotismo en elementos acompañantes del quehacer es· tatal. De ahí, que siempre el gobernado, _eualquiera que sea su perso· nalidad, ya en forma indivdual, ya como grupo, perteneciente o no a una determinada clase social debe tener la posibilidad de que le sea reconocido su derecho en aras del respeto y la seguridad jurídica. Tomando en consideración lo anterior, la creación de un organis· mo del Ejecutivo Federal encargado de la política agraria, no podría dejar a un lado la atención del procedimiento que específicamente señalába la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para la solu• ción del problema agrario. Era necesario pues se instituyera un cuer· po colegiado ant~ el cual .se tramitase en úl_tima instancia todo proce-· dímientó agrario, para salvaguardar de esta manera los intereses no solamente de los núcleos peticiona~ios, sino también la de los particu· lares qu_e creyese~ .-se .verían afe_ctados en la framitáción de eaa1esqu iera de dichos proc-esos, ·y que él1etara "una· sollJéión· apegada -a' d · -h tomand . . 'd erec o o en _cons1. eracíón las especii:!les ciréuhsta•nciás del cas'ó. Este cuerpo ·mtegrado por-5 miembros 'recibe ·ei, riüéstra Ley fün~amental el no,:nbre _de·•Cuerpo . Consultivo -Agra rió y- su fuhé'ión'. específi_~a es la _·de ?'c,taminar sobre la' aprobación, rectificación o mo'dificacion _de los d1ctame~es formulados en · la tramitaci0ri en primera instancia _ante las auto~1da-es- lo~ales, hecho: 1o cual' el dictamen que ela~re di_ cho CUE~rpo; se tu_r~ara ·al Presidente de la República, para que e_st_e_ en ,su calidad de ·max,ma autoridad agraria ·dicte la resolucíón defm1t1va que corresponda. _ 132 . La ~egislación Agraria establece varios procédimientos, los que, 1~depend1~nteme~te de su específica finalidad, tienen en común el caracter social derivado de la propia naturaleza de la rama ·substantiva a la cual pertenecen. · · . !ndependientemente de ello consideramos -qué los procedimientos a~r~nos,. a pesar .de estar involucrados en una rama del Derecho· Admm1strat1vo, tienen matiees que corresponden francamente a institucio0:s del de~echo procesal. Es decir todo proceso agrario es una síntesis por decirlo así, de instituciones vigentes en otras ramas del derecho sm perder su especial naturaleza social. No obstante que fueron creadas ~n _un afán de resolver un problema de trascendencia francamente ec~n_om,ca, lo que parece acercarlos a la actividad administrativa y pol,tica del Estado, Y que hacen suponer la realización de actos pura~e~~e admi~istr~üvos que s~ trad~cen en el reconocimiento y declaac,o~ d~ s1tuac1ones con ex1stenc1a anterior sin tener nunca efectos const1tut1~os, la experiencia demuestra que su tramitación trae siem~re_ ap~~e¡ada cu~sti_one~ litigiosas que es preciso resolver mediante la ~1icac10~ de_ entenas Jurídico-procesales. La personalidad de aque11 s que intervienen en el proceso agrario, no es nada más la del gober::do, qu~ formula una petición ante las autoridades administrativas, un mas bien la ?e_ aquel sujeto de derecho que se supone poseedor de ral der_echo sub¡etrvo de naturaleza social, ya sea persona física o mo, e intenta ante los órganos competentes el ejercicio de una acción ;n contra de aquel que formalmente y materialmente también resula en exceso poseedor de la tierra. La invalidez de esa posesió~ como ~~sultado d~I nuevo orden jurídico que nace con la revolución que camia el anterior orden, no implica que se le niegue el derecho de hacer valer lo que a su interés convenga frente a la autoridad competente p . ra resolver sobre la petición planteada. ª 133 �CREACION DE TRIBUNALES FEDERALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA AGRARIA Sobre la posible existencia de un conflicto, debe tratar de anali• zarse como figura eminentemente procesal a todo procedimiento agrario, teniendo siempre como finalidad el esclarecimiento de la verdad y la declaración del derecho para hacerlo valer respecto de aquel que tenga un mayor interés jurídico en su uso, goce y disfrute. No debemos olvidar que el derecho agrario surgió como una ra• ma que apartándose de los principios tradicionales trata_ d~ _resolver un problema de clase. Obedecen sus instituciones. ~ prmc1p1os muy diferentes de aquellos que rigen en las ramas trad1c1onales del derecho. No es posible olvidar que el Estado moderno se preoc~p~ ante todo por la satisfacción de las necesidades a nivel gene~al sm 1mpo_ r• tar clase ni condición social; es por ello que ante la lógica desventa1a que representa frente a sujetos que no pertenecen al_ grupo, 1~ ~r~ca• ria situación económica se tradujo siempre en desigualdad 1undica. Tomando en consideración este antecedente es lógico pues que el legislador procurase proteger mediante institucio~es más eficac_es_ a las clases económicamente débiles procurando una igualdad econom1c~ en todos los niveles, con base a una igualdad jurídica otorgada mediante instituciones protectoras de los no pudientes. Bajo estas premisas el derecho agrario al igual que el laboral c_r~ procedimientos simplistas sin las formalidades del ~ígido pr?ceso civil. Es decir tiene peculiaridades derivadas de su caracter social _que no obstante ese alejamiento de la corriente tradicionalista no pierde su naturaleza eminentemente procesal y jurisdiccional. Los conceptos anteriormente transcritos nos hacen concluir que al encontrarnos en los órganos y autoridades agrarias no estamos f~ente al típico órgano judicial: por lo que más que considerárseles co_m? organos administrativos debe considerárseles como tribunales espec1allzados. Entre las peculiaridades que observamos en el proceso socia~ agra· rio, encontramos las siguientes: tratándose formalmente de un orga~o administrativo, la resolución dictada por la máxima autoridad .agraria, cabría pensarse que es susceptible de quedar sin efectos mediante un acto posterior de la propia autoridad que la emite, sin embargo las resoluciones presidenciales al definir y esclarecer el derecho en el caso particular que se presente, tienen materialmente caracterí_sticas de resolución judicial por lo antes apuntado, y fuerza de cosa Juzgada pues por virtud de disposición expresa de la ley son inmodificables. Si bien es cierto que la tramitación de cualquier expediente agra· rio se in.era mediante una petición del núcleo interesado, es cierto tam· bién que por tratarse de una cuestión social, una vez que la autoridad ha tomado conocimiento de ella, el procedimiento no puede suspen derse, ni aceptarse el desistimiento de las partes, lo que hace pensar que en este caso las autoridades agrarias constituyen tribunales espe• cializados con configuración muy singular y jurisdicción especial distinta de la cómúr.. También se nota una particularidad en tanto que las autoridades agrarias tienen la posibilidad de iniciar y mover el proceso del juicio, al igual que tienen la facultad de recabar las pruebas que consideren convenientes y bastantes para la complementación del expediente, así como suplir de oficio las deficiencias en que incurran los campesinos al formular sus peticiones. Dentro de la pluralidad de procedim;entos, hay algunos que efec, tivamente presentan las características de uno contencioso, mientras que otros no son sino procedimientos en los que no hay un interés li· tigioso planteado, sino se trata nada más de la declaración de un derecho previamente existente. Esta circunstancia, pudiera hacer pensar que justifica la realización ante las autoridades administrativas de estos procedimientos. Sin embargo aún en aquellos en los que sólo se plantea una situación de simple trámite sin que exista una contienda, la posibilidad de que esta surja nos demuestra la experiencia que siempre está latente: La expropiación, la fusión, división, permutas o parcelamiento de ejidos, así como los trámites relativos a la sucesión de un ejidatario, plantean situaciones en las que con increíble frecuencia, pudiera verse afectado un mejor derecho. Son todas estas modalidades que señalan que en materia agraria los _órganos y autoridades tienen un notorio aumento en sus poderes, Y singularidades que la doctrina tradicional no explica, sino que dic?as modalidades son adecuaciones para que se cumpla el principio e1e del derecho agrario, que es la aplicación de un derecho de propiedad sujeto a las modalidades que dicta el interés público y que tiene una función social que cumplir. El conocimiento directo de todo problema planteado ante las autor!dades agrarias, corresponden en segunda instancia al cuerpo consultivo agrario, quien dictamina sobre los expedientes que se le turnan. la igualdad a la clase campesina está prevista sobre -razonamientos fundamentalmente jurídicos y con una clara trascendencia económica. Es el_Derecho A~rario el m~io directo para la consecución de dicho fin. Ningún procedimiento, ninguna petición formulada ante las autoridades _agrarias, independientemente del substrato económico que lleva COns1go, está alejada de la lógica jurídica y del pensamiento conforme ª derecho. Toda situación controvertida necesita una declaración de ~a 134 4 135 �CREACION DE TRIBUNALES FEDERALES ESPECIALIZADOS EN MATERtA AGRARIA verdad le~I, .necesita .una solución ext.rictamente jurídica. -Las reso• luciones dictadas por .el· -Presidente de la Repúblk:a como último acto de un procedimiento agrar-io, .tienen como .antecedente -Obligado el dictamen elaborado por -el cuerpo colegiado detnominada,·Cuerpo Cons.ul, ti¼O Agrario. Estos dict:ámenes son elaborados -en sesión plenaria y como resultado de la actividad coordinada de sus, fntegrantes. , Con esto se observa ciar.amente . la importancia que tiene el consultivo agrario, ya que si bien .es cierto que sus dictámenes no -tienen fuerza de mandato, pues µnicamente .son opiniones en .la tramita0ión de todo expe• diente agrario, como ya queda dicho y por disposición expresa de la Ley constituye el antecedente.directo de--la resolución definitiva, y constituyendo al ..igual que una senter.1ci-a un juicio lógico jurídJco qt,1e subsu• me Los hechos y hace consideraciones. sobre los puntos legales contro• vertidos, según la acción de que se trate, se hace necesaria su elabo· ración mediante .la aplicación estricta de crjterios jurídicos: El derecho no es dogma ni rígido. altar del pensamiento; es vida humana y como tal mutable, cambiante, en ..constante transformación. Producto siempre de una realidad a ella la norma y por ella cambia; pensar en reglas inmutables, es negar su esencia y modificar en sentí· do. El Derecho Agrario no es fría construcción ideológica, sino claro resultado de conquistas logradas .-a tra.vés de la lucha decidida de una clase que busca su constante superación. Amoldar a la r.ealidad ac· tual la norma agraria es preocupación constante de quien busca reali· zar los más caros ideales que inspiraron toda la modificación de un orden jurídico en aras de una mayor y mejor distribución de la riqueza en beneficio de quienes no poseían ni lo estricto. La flexibilidad de un sistema se manifiesta a través de su constante aplicación y quien puede decidir en la tramitación de un procedimiento agrario ha de se· guir la ruta del derecho, buscando su acomodo y transformación con el conocimiento exacto de la realidad imperante para la consecución de la justicia social. Siendo pues el jurídico el camino más expedito para el logro de una verdadera justicia social y revistiendo el procedimiento agrario den· .tro de su muy específica naturaleza social claros matices procesales que hacen pensar en la realización de una función jurisdicciona~. es· indispensable que dentro de un contexto exacto de seguridad, de fir· meza, se procure Ja realización de las reformas del agro en México; Y si la revisión de un procedimiento implica pérdida en cuanto al tiempo, tal obstáculo deja de serlo en cuanto se piensa en el objetivo y la fina· lidad de tan alta trascendencia y valor que le inspira; esto es, la efec· tiva. rea!i~ación los postulados básicos de todo ordenamiento jurídi-· co: 1ust1c1a, equidad, seguridad. La realidad del medio rural en México será así, clara, única, firme. Siendo principio plenamente admitido ·el de la autonomía del Der~ho Agrario ~ el de su especial naturaleza social acorde a los propós~t~s que le one~tan, en obvio de problemas, de retrasos y por un princ1p10 de econom1a procesal, es necesaria la especialización dentro de j~dicatura nacional a efecto de resolverse con mejor y más atinado Ju1c10 el problema procesal agrario. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta reunión las siguientes conclusiones y proposiciones concretas: a).- Creación de Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito y Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materia Agraria. b).- Reformas y adiciones procedentes a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal_. 136 ?e !ª. 137 �ANTONIO HUITRON H. EL SERVICIO SOCIAL AGRARIO PROYECTO PARA ESTABLECERLO EN LAS FACULTADES Y ESCUELAS DE DERECHO EN LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA. ertence a la esencia de la Universidad, el realizar no sólo la di· fusión de la cultura, la enseñanza de las profesiones y la investigación científica, sino principalmente el imprimir a sus actividades un profundo sentido social; esto es, la Universidad tiene una verdadera función social y una misión real y concreta: la de responder eficazmente a los reclamos y solicitaciones del medio en que actúa. La Universidad no debe estar alejada de la sociedad en que se halla inmersa, debe palpitar con su pueblo, sentir sus angustias, conocer sus in• quietudes y necesidades, tratar de resolver los factores desfavorables que la limitan para contribuir así al cambio y desarrollo social. La enorme tarea social de una Universidad de provincia es la de proyectarse a la colectividad que exige soluciones concretas a sus necesidades. La Universidad en este sentido, debe vincularse y tomar contacto con su Pueblo, sirviendo sus intereses, reflejando sus aspiraciones y comprendiendo sus problemas vitales. Considerada así la función social de la Universidad, el momento actual demanda, como un imperativo impostergable, la creación de sistemas de enseñanza en correspondencia con el ritmo y exigencias so- P Lle. Antonio Hultrón H.. catedrático de Derecho A¡:rarlo e lnvestleador de la Facultad de berecbo de la Universidad Aull6noma del Estado de Yéxtco. ' �EL SERVICIO SOCIAL AGRARIO ciales concretas, así como la organización de modernas y productivas formas de trabajo, acordes con la realidad circundante. Por esta razón, los programas o planes académicos de una carrera profesional en la Facultad o Escuelas, de Derecho, deben ser diseñados con base en las necesidades sociales, los requerimientos del futuro, avances de la tecnología, de la ciencia y de los modernos medios de comunicación. Pero no basta la transformación de programas o planes de estudio dentro de la estructura interdisciplinaria de las Facultades o Escuelas que dependen de la Universidad, orientadas al cambio y al desarrollo social, sino que es necesario la integración profesional del estudiante, con el medio social en que vive. La integración profesional de que se habla, se refiere no sólo a los egresados de la Universidad que han terminado una carrera profesional, pero que no han obtenido el título profesional correspondiente, es decir, los pasantes de las carreras universitarias, sino también a estudiantes de la misma. Al egresar de la Universidad los pasantes de una carrera profesional deben estar preparados para encontrar mejores y más amplias posibilidades de trabajo bien remunerado para q~e encuentren el camino de su realización y sus carreras no sólo les sirvan corno un medio de subsistencia económica, sino fundamentalmente para poder servir a su comunidad con eficiencia y responsabilidad. En igual sentido, los estudiantes de una carrera profesional dentro de la Universidad están en posibildad abierta de realizar un servicio so· cial. Para lograr esta integración profesional de los estudiantes Y pa· santes de carreras universitarias se hace necesario implantar en l_as Universidades de la República, el Servicio Social, con carácter de in· terés público en todas y cada una de las Facultades o Escuelas de Derecho de la Universidad. El Servicio Socia l Universitario que se propone servirá para que los estudiantes y pasantes señalados, establez· can contacto directo con las diarias labores económicas y sociales de la comunidad: primero, como atentos observadores de un fenómeno real que debe comprenderse en todos sus aspectos para poder actuar en él; luego, como participantes efectivos del mismo para adquirir ~lena conciencia de los problemas que entraña su ejecución; postenor· mente como críticos constitutivos de la organización y de los métodos de trabajo y finalmente, como promotores de las reformas que deben realizarse para lograr mayor eficiencia, productividad y progreso en las instituciones económicas y sociales de su Estado. Pero como quiera que el Servicio Social Universitario exige condi· 140 EL SERVICIO SOCIAL AGRARIO ciones y requisitos que aplazan su establecimiento se considera que es de urgente necesidad crear el Servicio Social Agrario por los estudiantes; o pasantes de las Facultades de Derecho o Jurisprudencia de la República, referido al campo o al medio rural que es el que más atención exige de los servicios y prestaciones de los universitarios. Apoya esta opinión, la situación en que se encuentra la tenencia de la tierra en la República y la enorme población agrícola que la compone y sobre todo lo compleja problemática de la actividad agropecuaria, así como las condiciones de insalubridad, analfabetismo y falta de seguridad jurídica en que viven algunos de los núcleos ejidales y comunales del país. Este Servicio Social enfocado hacia el agro ha de servir para que el estudiante complete la formación profesional que la Universidad le ha proporcionado para que asista a las zonas rurales donde con urgencia requieren de sus servicios y contribuya al desarrollo y transformación económica y cultural de su comunidad. Es decir el Servicio Social Agrario es el medio de aplicación concreta a la realidad social de los conocimientos humanísticos y técnicos que el estudiante universitario aprende en sus aulas. Pero cuando se habla de Servicio Social se necesita darle su significado real e histórico, por esto, el Servicio Social que emane de las Instituciones de Enseñanza Superior, consideradas como productos de mano de obra y cuyo fin es el de llenar los cuadros que el sistema exige, no debe ser considerado como tal; tampoco debe ser considerado, el Servicio Social como un entrenamiento previo a la incorporación definitiva a los cuadros burocráticos; ni tampoco el Servicio Social debe estimarse como una actitud paternalista de la Universidad, e igualmente no debe ser considerado como una etapa final de la carrera profesional que se persigue, con la cual habrá concluido su compromiso ante la sociedad, el pasante de una carrera psofesional. El Servicio Social Agrario debe ser considerado como la integración profesional del estudiante universitario con la realidad circundante para que aplique con eficiencia y responsabilidad sus conocimientos técnicos y humanísticos en la resolución de los problemas económicos y sociales de su comunidad. El establecimiento del Servicio Social al campo o medio rural por parte de los pasantes estudiantes de las carreras universitarias, responde a un imperativo legal ordenado por la Ley Federal de la Reforma Agraria. En efecto, en el artículo 189 de la Ley Federal de la Reforma Agraria se constituye la prioridad de los ejidos y comunidades para recibir los servicios de los pasantes de las carreras universitarias. El ci141 �EL SERVICIO SOCIAL AGRARIO EL SERVICIO SOCIAL AGRARIO tado dispositivo jurídíco a la letra dice: "Los ejidos y comunidades tienen derecho preferente a recibir los ser✓;cos de los pasantes de carreras universitarias y técnicas que presten servido social. Las instituciones de enseñanza superior y las dependencias oficiales que intervengan en la prestación de dicho servicio, formarán sus respectivos programas de acción teniendo en cuenta esta prioridad. El Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización gestionará la implant ación de esta preferencia ante las Universidades, Institutos Tecnológicos y Centros de Enseñanza Superior del país". A mayor abundamiento, en muchos de los ordenamientos jurídicos sobre profesiones en los Estados se contienen disposiciones sobre el Servicio Social de estudiantes y protesionistas, disposiciones que coadyuvan a establecer el Servicio Social que se propone. Expuesto lo anterior, se propone en definitiva la creación del Servicio Social Agrario de los estudiantes y pasantes en las Facultades de Derecho o Jurisprudencia en los Estados de la República de acuerdon, con las siguientes: a los estudiantes y pasantes de las carreras profesionales que se imparten en las mismas. SEPTIMA.- Para el control , vigilancia y funcionamiento del Servicio Social universitario de los pasantes de las carreras universitarias s~- establ~c~r~ un centro o dirección coordinadora cuya principal fun: c1on cons1sttra en la planeación que sobre el Servicio Social formule cada. Escuela o Facultad. B A S E S PRIMERA.- Se establece en las Universidades e Institutos de Cultura Superior, el Servicio Social Agrario para los estudiantes y pa• santes de las carreras universitarias dirigido principalmente al medio rural y con carácter de interés público. SEGUNDA.- Las Facultades de Jurisprudencia o de Derecho de la República, por conducto de sus autoridades correspondientes programarán el Servicio Social Agrario. TERCERA.- El Servicio Social Agrario deberá tener el carácter interdisciplinario integral. CUARTA.- Los estudiantes de las carreras universitarias, que hayan terminado o no las mismas, con o sin, la calidad de pasantes, deberán prestar el Servicio Social Agrario en el medio rural del Esta• do. QUINTA.- El Servicio Social Agrario al medio rural se organiza· rá y prestará en forma de equipo integrado por pasan~es de las diver· sas Escuelas o Facultades que funcionan en la Universidad. Puede tam· bién prestarse dicho Servicio por equipos formados por alumnos de la misma Facultad. SEXTA.- Las diversas Escuelas o Facultades formularán de inme· diato la revisión de los planes de estudio y preparación profesional pa· ra el efecto de estudiar el Servicio Social universitario correspondiente 142 ..- ... • r- '.·. ~ r:=~: /·"-' 143 �PRIMERA REUNION NACIONAL DE PROFESORES DE DERECHO AGRARIO CONCLUSIONES P RIMERA.- Es necesario que la enseñanza del Derecho Agrario se establezca con un carácter obligatorio e impartirse en dos cursos en todas las Facultades :1 Escuelas de Derecho. Con el mismo carácter debe implantarse el estudio de Derecho Agrario en todas las Escuelas de Agricultura, Veterinaria, Normales Rurales de Estudios Especializados y en las Técnicas Agropecuarias. SEGUNDA.- Se propone la educación de la enseñanza aprendizaje del Derecho Agrario a los métodos de didáctica modernos, comprendiendo en el mismo los aspectos de planeación, realización y eva• luación de los aspectos históricos, doctrina y legislación, teniendo en consideración la importancia que tiene en la sociedad el Derecho Agra• rio y la función social que debe cumplir. TERCERA.- Se recomienda que la metodología del Derecho Agra• r.io en cuanto a la enseñanza, debe ser revisada de acuerdo con las técnicas de la enseñanza, que la pedagogía moderna aconseja. CUARTA.- La enseñanza del Derecho Agrario impartida en dos cursos, debe desenvolverse sobre los fundamentos de su sistematización doctrinaria y dogmática, así como de la hermenéutica jurídica, donde se comprenda jerarquizadamente todas las instituciones de las disllOSiciones agrarias múltiples incluyendo la justicia agraria. QUINTA.- Se aprueba la enseñanza del Derecho Agrario utilizando en su metodología la moderna pedagogía, para el desenvolvimiento �PRIMERA REUNION NACIONAL DE PROFESORES DE DERECHO AGRARIO 'PRIMERA REUNION NACIONAL DE PROFESORES DE DERECHO AGRARIO armónico de la personalidad del estudiante; debe impartirse en dos cu rsos en todas las Facultades y Escuelas de Derecho Agrario. Ei primero, comprenderó temas doctrinarios introductivos1 históricos, derechos colectivos e individuales vinculados con las instituciones de or• den sustantivo. El segundo, abarcará exposición de los diversos pro• cedimientos y la teoría del proceso agrario. SEXTA.- Se aprueba que la enseñanza del Derecho Agrario se imparta obligada.mente ~n, dos curs,os, .compre~~i~ndo el prim_er? una visión geríeral de la' materia y, ' e~ segundo, analls1s de proced1m1ent~s agrarios incluyendo juicios de inconformida.d y el amparo en mateqa agraria, empleando en cada curso un mínimo de 80 ·hotas · clase. . SEPTIMA.- Se propone que- la enseñanza del Derecho Agrario · como derecho social se impart'a en forma doctrinaria, sistemática 9 positiva, abarcando todas las disposiciones legales de la mate'.i~ en to• das las Facultades y Escuelas de Derecho y, de Estudios Superiores me· diante programas de estudio homogéneos y actualizados, en dos ~u~sos, el primero de Derecho sustantivo y el segundo de Derecho ad1et1· rras. vo. OCTAVA. - La -enseñanz-a de1 Derecho Agrario, utilizando métp· dos didácticos· rev-isados y actualizados debe impartirse' desde las· Es• cuelas Pr1marias hasta las profesionales, adoptando los programas_ de estudio en cada caso;- donde se abarque todo lo concerniente ~ las 'caes• tiones agrarias y acUvida'des conexas.· · · ., NOVENA.- La investígación a:graria debe ser el mejor método de en-séñanza del Derecho Agrario en cuanto· ella constituye la aplicación al campo de 1os conocimientos técnicos y. hurñánís!icos qúe en las auras reciben los alumnos. · · • · . DECIMA.- ·se reéomienda la constitución de una asociación o Co· legro Nacional -de Prnfesores y Catedráticos de Dereche· Agrario con él fin de continuar en la superación. de los estudios pedagógicos de 1~ .d8· cencia ·del Derecho Agrario, así corno el reconoc_ i_ m iento y difusión de los principios- r:ec~ores de !a Reforma .Agraria y de. las. instituciones deriva· das de la misma. , . . Aspecto particular_mente importante del Serv.icio Social es el de difundir en la masa campesina el conocimiento de sus derechos, y sus obHgaciones, .enseñáfldoles los procedimient0s o .c.amirJOS ju.rrdifa:>s, ecanómicos, adtti1~istrativós y cívicos que pueden ,_seguir para:.· 1" ,. · 1) Exigir_-la..s pr~staciones que. como peqnes les ce(tespon(Jfen, iOO· forme a la -Ley del 1rabajo. . _, . ~· · -~ ,,., . 1 . ~ -2};,Reclamar.Ja ap~rega~.df -tie.r¡,ra~ Y~-~gu~s ~omQ soli~!~~t-e.s·~ ti.e· 146 3) Defender, como ejidatarios, las tierras, las aguas, los pastos, los mor::e:::; '/ demás recurs.'.>s no ag~ícolas existentes en sus ejid~s, así como los precios de sus cosechas y demás esquilmos y productos, organizando la justa comercialización e industrialización de los mismos. 4) Así mismo, con claridad y sencillez, señalarles los deberes fu!'!• damentales que les impone la ley y las sanciones a que se hacen ac:·eedores por su ir.ct.:mplim:ento. DC:CIMA PRIMERA.- Se gestione ante las autoridades educat:vas compeientes el establecimicr.to de la cátedra de Derecho Agrario, como obligatoria, en las escuelas de Agronomía y Veterinaria que no inciuyan esta materia dentro de su plan de estudios y en las Escuelas Tecnológicas Agropecuarias en los niveles medio superior y superior en todas sus modalidades, en un mínimo de dos semestres. DECIM/l. SEGUNDA.- Se gestione ante quien corresponda, el estab!ecimiento de la materia en cuestión en las Escuelas Normales Primarias, Urbanas, Rurales y Superioíes, Escuelas de Pedagogía a nivel universitario y Escuelas de Economía y de Comercio y Administración. DECIMA TERCERA.- Se comunique a las autoridades educativas I de .as Urnversidades · la necesidad de elaborar programas de estudios de' ~erecho Agrario para las Escuelas Superiores de Agricultura y Veterinan_~ del país, tomando en cuenta el anteproyecto que surgió de esta Reun1on. . DECIMA CUARTA.- Se verifiquen reuniones a nivel nacional y re~,o~~I ~e maestros que impartan la materia de Derecho Agrario, en las 1 nst1tuc1ones antes mencionadas para elaborar y evaluar los programas Y los procedimientos didácticos a emplear. . DECIMA QUINTA.- Que en la enseñanza de esta materia, se realicen actividades en las áreas rurales para que los estudiantes conozcan los problemas del campo y se identifiquen con los integrantes de las comunidades rurales. DECIMA SEXTA.- Se haga pública la necesidad de un libro de texto de Derecho Agrario, adecuado a los estudiantes de las escuelas su~eriores de Agricultura, Veterinaria y Tecnológicas Agropecuarias del Pa1s. . DECIMA SEPTIMA.- Se solicite al Departamento de Asuntos Agrarios Y Colonización (Hoy Sría. de la Reforma Agraria) amplíe fa difusión de los fascículos de Derecho Agrario y los haga llegar a todas las Esc.uelas Superiores de Agricultura, Veterinaria y Tecnológicas Agropecuarias. 147 �PRIMERA REUNION NACIONAL DE PROFESORES DE DERECHO AGRARIO DECIMA OCTAVA.- Se establezca el Servicio Social obligatorio en las instituciones educativas antes mencionadas previa conscientiza• ción de los alumnos y de acuerdo al artículo 189 de la Ley Federal de Reforma Agraria, de las diferentes especialidades y necesidades espe• cíficas de cada institución, coordinándolo de ser posible con otras instituciones educativas para que el Servicio se realice como un trabajo de equipo, propiciando de esta manera la identificación tanto entre los futuros profesionistas como de éstos con el campesinado. DECIMA NOVENA.- Que el Colegio de Profesores de Derecho Agrario, A. C., en coordinación con la A.N.U.1.E.S., la S.E.P., s. R. A., organicen cursos en dond~ se informe a los profesores de De• recho Agrario, tanto de las reformas de la materia, como en la didáctica de la misma. VIGESIMA.- Que se propicie el intercambio de experiencias en todos los niveles, entre profesores de Derecho Agrario, con la organiza• ción de una asociación nacional. VIGESIMA PRIMERA.- Se investigue, si la falta de titulación Y deslinde de las propiedades rurales son las causas de la inseguridad de la tenencia de la tierra en nuestro país. VIGESIMA SEGUNDA.- Con el consiguiente caudal presupuesta! se conduzcan al campo todos los servicios públicos, necesarios para lograr un· mejor sistema de vida, hasta en los lugares más apartados y pequeños de la nación. . VIGESIMA TERCERA.- Crear alicientes suficientes que motiven la superación de la clase campesina con la finalidad de lograr, que se arraigue a la tierra en la que se desarrolla y que se despierte en ella su entusiasmo que evite su migración hacia las grandes ciudades de la república. VIGESIMA CUARTA.- Se reforme el libro tercero de la Ley Federal de Reforma Agraria, para el efecto de reglamentar, adecuadamen· te, la incorporación de todos los ejidos al sistema colectivo de produc· ción, previos los estudios técnicos que determinen la actividad produc· tiva a que han de dedicarse los integrantes de los mismos. . VIGESIMA QUINTA.- Que para el mejor funcionamiento colec~1vo ejidal, se dé intervención oficial, a fin de que se provea lo necesario para su mejor aprovechamiento. Ya, que, ese apoyo, definitivamen!e canalizaría adecuadamente los créditos que se otorguen, la tecnolo~!ª que se necesite y el proporcionamiento de mercados para la producc1on que se logre. VIGESIMA SEXTA.- La implantación de seminarios de Derecho 148 PRIMERA REUNION NACIONAL DE P~OfE$0RES DE DERECHO AGRARIO Agr~rio_ en los diferentes planteles del país, integrados por brigadas estud1ant1les que dentro de los trabajos que desarrollen en ejidos o comun(d~des agrarias les hagan palpar la realidad del agro mexicano, conv1v1~n?o con campesinos, para que de esta manera puedan, en un fu. turo prox1~0, ayudar a buscar la solución de sus problemas. . Vl~ESIMA SEPTIMA.- Pugnar por que se haga efectivo el func1onam1ento de la unidad agrícola industrial para la mujer, de acuerdo con lo preceptuado en la ley Federal de Reforma Agraria. VIGESIMA OCTAVA.- Revisar y actualizar la Ley de Tierras ociosas por no estar la misma de acuerdo con la realidad nacional. VIGESIMA NOVENA.- Que en el proceso de legalización de la tenencia de la tierra, se empleen métodos modernos, que den a los campesinos una conciencia clara de sus carencias y de sus posibilidades materiales y humanas, que les forme una mentalidad lógica en la que se destierre el paternalismo que en la actualidad impera, que resulta demagógico y perjudicial. TRIGESIMA.- Se proyecte un programa maestro de desarrollo rural integral, creándose al efecto "la Secretaría de Desarrollo Rural". TRIGESIMA PRIMERA.- Integrar un plan de trabajo a largo plazo que produzca un cambio de mentalidad y de estructuras sociales la comunidad rural a un nivel nacional, sin que influyan en él situaciones bastardas movidas por intereses particulares y egoístas, en el que se logre un efectivo, provechoso desarrollo rural. TRIGESIMA SEGUNDA.- El Derecho Agrario mexicano tiene sus antecedentes en los sistemas agrarios que imperaron durante las diferentes épocas históricas de nuestro país. TRIGESIMA TERCERA.- El Derecho Agrario mexicano es una rama autónoma de las otras disciplinas que integran nuestra ciencia le• gal, con las que guarda lógicamente la interdependencia necesaria. TRIGESIMA CUARTA.- Son fuentes del Derecho Agrario mexi• ~~o, la Ley, la costumbre, los principios generales del Derecho y la 1unsprudencia. . TRIGESIMA QUINTA.-Además también es fuente de Derecho Agrano mexicano, la Reforma Agraria, de donde han emanado todas las leyes, códigos, decretos, reglamentos, etc., a partir de la Ley de 6 de enero de 1915. d: TRIGESIMA SEXTA.- Los procedimientos agrarios se adecúan a las disposiciones contenidas en los artículos 13, 14 y 16 de la Carta Magna; en consecuencia, su constitucionalidad es absoluta. TRIGESIMA SEPTIMA.- El proceso social agrario se rige por prin149 I �PRIMERA REUNION NACIONAL DE PROFESORES DE DERECHO AGRARIO PRIMERA REUNION NACIONAL DE PROFESORES DE DERECHO AGRARIO cipios diferentes a los que inspiran el proceso de carácter individualista, civilista o clásico, en el que predomina el postulado de la igualdad de las partes. TRIGESIMA OCTAVA.- Son carncterísticas del proceso agrario: a) su función reivindicatoria; b) la naturaleza tutelar y proteccionista; c) la consecusión de finalidades sociales; d) el predominio de la equi• dad sobre las formalidades; e) la libertad en la recepción de las pruebas, y f) la naturaleza administrativa de las autoridades agrarias, que intervienen en la secuela de los procedimientos agrarios. TRIGESIMA NOVENA.- Es innegable que en la interpretación y aplicación de la Ley influyen condiciones de orden político e ideológi• co. A ello se debe que durante la vigencia de la Constitución Política €le 1857, ya que sus preceptos consagran la doctrina liberal individualista y establecía en su artículo primero que todo ordenamiento legal debe interpretarse en el sentido favorable al individuo, cuyas garantías son objetos de protección de las instituciones, la interpretación y apli· cación de la ley se realizaba con criterios marcadamente individualis• tas. Nueva tónica debe prevalecer al amparo de la Constitución Política de 1917, que abre un amplio horizonte a las garantías sociales y hace prevalecer el interés social sobre el individual. CUADRAGESIMA.- Cada rama del Derecho tiene sus reglas peculiares de interpretación; esta máxima es más rígida en tratándose del Derecho Procesal Agrario. La interpretación en esta disciplina de• be atender, especialmente, a su carácter preponderantemente social; debe apoyarse en principios racionales y lógicos; debe ser unitaria, sis· temática y congruente; y debe tener presente los factores históricos, sociológicos, económicos y culturales que inspiran y le dan contenido al sistema agrario mexicano. CUADRAGESIMA PRIMERA.- Hay que instrumentar los diversos procedimientos agrarios con los reglamentos e instructivos necesarios, a efecto de darles plena eficacia a las normas procesales; así como es· tablecer una estrecha coordinación entre las diversas autoridades y or· ganismos que intervienen en la secuela procesal. . CUADRAGESIMA SEGUNDA.- Uno de los objetivos principales de la Ley Federal de Reforma Agraria, es el de acatar rigurosamente el principio constitucional de hacer pronta y expedita la justicia agraria; debe, en consecuencia, cumplirse estrictamente con los términos pro· cesales, evitando los funcionarios y empleados incurrir en responsabi· lidad por tal concepto. CUADRAGESIMA TERCERA.- En materia de amparo debe comba· tir~e eficazmente el ab~so que del recurso están realizando los propietanos afectados, recurnend~ a las sanciones que en tales hipótesis establece la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Pugnar porque la interpretación extensiva que la Segunda Sala de_ la. _Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del Texto C~ns~,t~c1onal se abandone y, como norma de excepción, se sujete al principio de que "las leyes que establecen la excepción a las reglas gener~l:s no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente espec1f1cado en las mismas leyes". 150 . , C_UADRAGESIMA CUARTA.- Se propone al comité organizador que penodicamente s~ reanuden estas asambleas, así como que a los asistente~ a esta primera reunión se les reconozca como miembros del Coleg'?. de Pro'.esores de Derecho Agrario, A. C., y que se promueva la elevac1on de dicho colegio al carácter de nacional. CUADRAGESIMA QUl~TA.- Los artículos 119 y 120 de la Ley F~eral de Reforma Agrana establecen el mecanismo de la expropiacion para ocu~~r terrenos ejidales o comunales a efecto de llevar a cabo, la explotac1on de recursos naturales pertenecientes a la Nación. El articulo 1~7 del ordenamiento legal en cita prohibe a las autoridades que autoricen la _ocupación previa de bienes ejidales a pretexto, que re~pecto a los mismos, se _esté tramitando una expropiación. La Ley Minera, por su parte, autoriza las ocupaciones temporales de terrenos para proceder a la explotación de recursos naturales de la N · · est bl . , ac1on, sin ~ . ecer rnngun caso de excepción, lo que está en pugna con las disposiciones_ de la Ley Federal de Reforma Agraria. Debe establecerse la necesaria concordancia entre ambos ordenamientos legales. ~UADRAGESIMA SEXTA.- Así mismo, deben establecerse las necesarias concordancias entre la Ley Federal de Reforma Agraria y otras leyes de rango '.ederal, para evitar las reales o aparentes contradicciones que se motiven con su aplicación. d CUADRAGESIMA SEPTIMA.- La Ley de Crédito Agrícola es evi• ..,intemente obsoleta. La Ley Federal de Reforma Aragria introdujo nueen esta materia que no los contempla la Ley de to s postulados t, . ., re'd·1~ es an en _contrad1cc1on con sus normas. Por otra parte, existen organism_os nacionales ~e c_r~dito agrícola, como el Banco Nacional Agro~cuano, cuya ?rgan1zac1on y funcionamiento no está prevista en la ~Y de_ la materia, p~es es evidente la falta de coordinación en el funcionamiento de los d!~e~sos organismos oficiales que concurren al campo Para apoyar cred1t1c1amente a los campesinos, lo que ha motivad Que se adopten medidas de carácter administrativo, tendientes a logra~ e 151 �PRIMERA REUNION NACIONAL DE PROFESORES DE DERECHO AGRARIO esa coordinación de actividades, lo que podría regularse a través de la propia Ley. Por todo ello, es imprescindible revisar y reformar la vigente Ley de Crédito Agrícola. . . _. CUADRAGESIMA OCTAVA.- Por requerirse una espec1allzac1on en la aplicación jurisdiccional de las Leyes Agrarias, la Asamblea Ple~aria, recomienda la creación de Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito y una Sala en la Suprema Corte de Justicia de la ~ación, que conozcan con exclusividad de los juicios en materia agraria. Sobre el particular, se hizo notar el éxito que evidentemente ha logrado la Procuraduría General de la República, con la creación de las Agencias del Ministerio Público especializadas en materia de Asuntos Agrarios y Forestales. . CUADRAGESIMA NOVENA.- Debe promoverse la reforma constitucional correspondiente, a efecto de incorporar al texto del artículo 27 Constitucional los postulados rectores respecto al ejido; señalando los c:tuechos colectivos e individuales fundamentales. QUINCUAGESIMA.- La Asamblea Plenaria acordó, además, sugerir la reducción de la pequeña propiedad, introduciendo al texto del ar• tículo 27 Constitucional la reforma respectiva. QUINCUAGESIMA PRIMERA.- Que se reforme la Ley Federa_! ~~ Reforma Agraria, para instrumentar la ejecución de los fallos def1mt1• vos que dicten las Comisiones Agrarias Mixtas, en relación con los con· flictos que surgen entre los campesinos por la posesión y usufructo de las unidades individuales de dotación. QUINCUAGESIMA SEGUNDA.- La A~amblea :,lenaria aprobó que se pospusieran, para discutirse en la próxima reunion,_los te~as de la mesa V relativos a la supresión del amparo en materia agraria, a que se refie~e el inciso 111 fracción XIV, del párrafo séptimo del artículo 27 Constitucional; la su~resión de la extensión de la unidad mínima de dotación para los ejidatarios, fijada actualmente en diez hectáreas; la extensión de la pequeña propiedad y las reformas propuestas, respec· to a las Comisiones Agrarias Mixtas. .... JESUS RAMONES SALDAÑA EL DESPLOME DE LA AGRICUIJI',U,RA MEXIGANA A pesar de las muchas críticas que se hacen a la política agraria, no podemos negar que el sector agropecuario en nuestro país, mantuvo un elevado y sostenido ritmo de crecimiento a lo largo de la década de 1940, 1950 y primera mitad de 1960 en donde, la ta· sa anual de incremento en la producción fueron 5.9%, 6% y 7.2% respectivamente. los datos elaborados por la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas colocaban a México en un sitio excepcional en la América Latina y en el mundo. El índice de producción agrícola con base 1934•38 = 100 que elabora la FAO, nos indica que en el año de 1965 el índice para México era de 324, o sea que triplicó el producto en menos de tres décadas.1 Sin duda, esta tasa tan extraordinaria superaba a muchos países y sería difícil señalar algún país, con estadísticas agrícolas aceptables, que en tiempos modernos haya mantenido una tasa de crecimiento semejante a lo largo de un es• pacio comparable de años. Por supuesto, esta situación no era señal de que México tiene resuelto sus problemas agrícolas. Es de sobra conocido que la agricultura mexicana sigue siendo todavía una actividad desempeñada a un nivel técnico muy bajo, que se corre grandes riesgos por los fenómenos exó- Jeros Lic. Ramones Saldafta, lnve&Usador del Centro de Invest!aactones Rconún!cae de la Quvenddad IA.utcSnoma de NUevo León y Profesor de la Pact¡]tad de Derecho 7 Clellclas Sociales ele la P?OJ>la lnstltuctón. 152 �EL DESPLOME DE LA AGRICULTURA MEXICANA genes (clima, lluvia, etc.), que rinde muy poco a la m~yorí~ de los ~ampesinos, que el ingreso agrícola medio per-cápita, es inferior aproximadamente en un 40% al ingreso industrial o urbano. El notable desarrollo agrícola logrado en el país fue posible g~acias al efecto combinado de un conjunto de medidas puestas en practica por el gobierno de las cuales pueden de~tacarse, el a_ um_ento del área cultivada que creció de 10;436,000 hectareas en el tnerno _ 1~4951 a 14;632,000 has. para 1968-70; al aumento de la p'.oduct1v1~~d por hectárea debido al uso de la maqui~~ria agríc?la y ~ _la introducc10~ y difusión de semillas mejoradas, fertilizantes, , insect1c~das Y fung1c1 das. Esto permitió que el rendimiento por hectarea se incrementara a una tasa media anual de 3.1 % de 1951 a 1960 y de 3% de 1961 a 1965.2 Respecto a la superficie de riego --otro factor ~oadyu_vante en el desarrollo agrícola- el gobierno ha realizado fuertes inversiones ~esde que se fundó la Comisión Nacional de lrrig~ción para ~ue se ampliaran las áreas susceptibles de ser regadas. As1 en el penado 1961-62, ~I área cosechada en los distritos de riego fue de 2.3 millones de hectareas. es decir el 21 % del área cosechada total. Por otro lado, la ~cretaría de Recu:rsos Hidráulicos estimó que en 1960 existían 11.3 millones de hectáreas susceptibles de ser regadas. De este total, ya fueron puestas bajo riego 3.5 millones de hectáreas; además, de 1960 a 1970 se incorporaron al riego 593 mil hectáreas mediante obras de grande y pequeña irrigación. .. Un elemento más en el desarrollo agrícola es la formac,on de ca· pital que si bien es lenta con respecto a otros sectores de la economía, supd mantener su tasa de aumento por un largo período. Según_?atos disponibles, de 1960 a 1966, el incremento en la tasa de formac,on de capital agropecuario fue de 1.4% medio anual. , La unión de todos estos factores permitieron que nuestro pa,s dispL+.:iera de una oferta creciente de alimentos y de materias_ ~rimas suficientes para satisfaier el consumo interno y de exportac,~n: El crecimiento del sector evitó el déficit de p~oductos agrícolas, eliminan· do con el lo las importe1ciones de esta clase de bienes de consumo Y evitando que aumentaran los precios de los productos agrícolas. ~na muestra clara de como fueron bajando las importaciones se observo a partir de 1959 en donde el monto de las importaciones constituyó el 0 .9% del producto agropecuario, mientras que entre 1940 y ~954, las importaciones constituían el 2.5% del producto agropecuario to· tal. EL DESPLOME DE LA AGRICULTURA MEXICANA Los productos básicos en la dieta alimenticia nacional (maíz, frijol y trigo) presentaron tasas de crecimiento superior a la de la población nacional, al grado de invertir la balanza comercial agrícola de M2xico y convertirlo de un país importador a un exportador de dichos pro3 ductos. El panorama que presentaban estos productos era bastante optimista, al grado de que las proyecciones sobre oferta y demanda de productos agrícolas que realizó el Banco de México, S. A. para 1975 estimab¡:¡n excedentes considerables de maíz, frijol y trigo. Sin embargo, a partir del año de 1965 comienza ha advertirse una disminución en la participación de la agricultura en el Producto Interno Bruto al disminuir del 9.8 al 6.5% entre 1960 y 1972. (Véase Cuadro 1). Mientras en los años 1961--65 mantiene una participación arriba del 9% en el PIB, con una tasa de crecimiento media del 6.2%; en el período 1966-72 muestra un descenso en la participación del producto hasta caer en 6.5% con una tasa media anual de crecimiento de 1.3%. 154 155 �= c. e ~ ... ¡· m Q) , -u (1) V, C') Q) Q) ► OQ Q) e=;· (f) G1 < e;· ::, e ;::;: e: ... a. e (1) ;:; ... ...i»' ...e ::, C') o a. (1) Q) Q) )> .,, ........ ::, (1) :::!. 3: (D, ~- 3 o ::, 111 o m ...e: o U) u, u, 1\) '° 1\) u, O\ w u, O\ .... u, O\ o - ( J1 Ante esta situación, a partir de la segunda mitad de la década de 1960 era necesario que el gobierno prestara atención a este sector para promover la producción agrícola Y. evitar las consecuencias que se hicieron visibles en los años de 1972, 1973 y 1974. Era lógico que el aumento de la población se reflejaría en un aumento de la demanda interna por productos agrícolas y este sector, ante su debilitamiento, tendría dificultades para atender dicha demanda. Por otra parte, el crecimiento del ingreso nominal tenderá a manifestarse ceteris paribus, en crecimiento de los precios de los productos agrícolas. Por último, el país se vio obligado a importar productos agrícolas para cubrir el déficit de la produción. ..... o C') "!> EL DESPLOME DE LA AGRICULTURA MEXICANA o ::, SIi ... ¡· :z, u, u, O\ en u, u, (J1 u, ~ O\ 01 ~ w u, ~ ~ 1\) ID w 1\) ID O\ o o 1\) (J1 O) !=> 9 o, 1\) !=> !=> 1\) o, w .... .... w .... w ~ (X) o ~ (J1 '.¡:,. .... o o w o w 1\) 1\) 'w° ~ w 1\) 1\) 1\) w o '.¡:,. o ~ o w w u, u, :,. 9 u, u, w o o f" ..... :¡:,. (J1 1\) '.¡:,. ~ U1 en :r:a 9o, !=> 1\) o '°.... ..... o o o ..... o o - .... owo (J1 w ~ o ? o, :....i .... 1\) !=> w ~ (X) .... U1 IO U1 (X) \O (J1 \O :¡:,. ....:,. '°.... o o ..... o o o ..... o o :,. !=> ~ ..... \O O\ o ..... \O O\ ..... ..... \O O\ 1\) - 3: rn X oo ::o o o ,-..e w u, u, w u, w ~ ~ '.¡:,. o :¡:,. ....:,. ~ o o o -i o ::o w e () z- \O O\ ~ ..... ~ ~ ~ \O O\ (J1 -i -i cm CUADRO 2 (") e: ::o ::o > ► o z o :u "'O OJ o o ::o \O O\ O\ w o o o \O O\ "'-1 (X) (¡J :-J !'-> oo \O U1 o ~ ~ o .... (¡J -..;¡ ..... o o o en o ~ o o - o w en o oo :¡:,. io ui \O o U1 ..... ::oc () -i ~o -i ► w o io (J1 o o (X) w o w :,. o l"T1 () (/) -i MEXICO: CRECIMIENTO DE LA POBLACION Y LA PRODUCCION AGRICOLA - - .... o .... - - o - ........ - \O 9 \O . :ria C1I o Los resultados actuales en la actividad agrícola confirman lo expresado en líneas anteriores. De 1966 a 1973 la agricultura creció a una tasa media anual de 1.3 %, tal como se observa en ,el Caudro 2, mientras que la población la hizo a 3.4%. \O O\ e ► "'O •::O __, l"T1 () (/) o l"T1 ..... \O O\ 00 o - - " '°- o .... - ... - .... o- "- -- o w -u \O en o '"' Años 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Variación Agrícola 1.5 -0.2 1.6 -1.7 5.5 2.9 -1.4 1.7 - -Tasa demográfica 3.5 3.5 3.4 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 ..... \O en \O \O "'-1 o ..... \O "'-1 ..... ..... \O "'-1 1\) FUENTE: Anuario Estadístico Compendiado, 1970. Dirección General de Estadística, SIC y Banco de México. Informe Anual, 1973 y Agenda Estadística, SIC. 197. 157 �w < (/) a. - · ~c:(1)3 0 'C 3 ,:,o ... Q) .• ;:¡ ~ - 1\) a. 'O - Q\._.Cbol» .¡:., <X> O'Q Q) ;:¡ ,:, ,o ... ª" ~ º" 3 @ !:!. g_ !!! (l)Na_ Cb::;::,oc: Q) -00:::10-0 _l»_O:::,:::I Cll(l)o(I) • Q) e: Q) .... ~º(/)o· ... - · 3 (/) =: ..... (/) ... a. :::,• !!?. 3g¡Cb~\00,~Cbe>!!:, "0 o 3 1\.) (1) o-. Q) O'Q (1):::, 0 0• 0" · ... .¡:., (/) o '< 0. - · ~- Cb Cll O • a. 3 o Cb o<n-,Cbl\)_(l)CbQ_o < :::, U'I w @ Q) :::, Q) ... 0 • 0 I» ..,. .-+ Cb :::, ~ .o (1) .¡:., ~ ~ !:!. o. e:(1)3 _3 (1) 3 (1) (") (1) :::, -· 0. ... ;;;:· · e: :::, Q) " ' ~ ( I ) (1) Q) o.:::1 - · :::, :::, a. .... ,,.. :::, (1) e: 00'Q ~ e.o _. (1) (/) - · áT -· °' ?fi. (/) ..,.o"' ... ºQ)~a ..... ;:j(/)arºa. Q)(/) w . 0. (1)(1) w . e: .o e:- u, 00 3c:;::;:(1) (D - · o ::, 3Cll o, ~ º o. (1) 3 ::, fT1 e>c:C> ::, 0. ::, - O• CD::,"8 (1), -. 3 -• iii @ :5· e@ (1) 3<l>1» ñ )> :z v• (1) - O~ ,., Q) (') - -5· o_ CD._. ~ m(/)-· aQ) o- Cll(l)"80.c: Q:::,;:¡Cb3 Cb ..,. I» N ::::, 1973 2 717 866 3 812 656 435 040 587 779 851 738 14 441 64 922 217 880 662 144 Avena 1140 173 822 134 454 222 2 652 17 227 1 947 805 176 723 Maíz Semillas o granos alimenticios Trigo Miles de dólares 2 253 984 151 Frijol Toneladas 37 917 11 233 776 18 066 4484 200 728 16 985 1 136 719 123 745 216 1 260 357 853 286 11 732 640 034 46 526 718 465 78 123 FUENTE: Dirección General de Estadística, SIC. 159 (1) a O 3" c. ::::i-c~.c,, (D MEXICO: IMPORTACION TOTAL DE BIENES DE CONSUMO Y DE GRANOS 1972 - !:!. e.o !:!. ~ O• '-' O CUADRO 3 801 ::o () e iiiª-~ (1) ::, ::::i~cno Arroz ► )> G) al» e: 3 (/) (D ::, ::icna.º cn 00 oa. 00 ?fi_ O Cb ~ · 3 ()'Q o "O -. (D d' Dl ~ Granos r c: '<NCbC/l Bienes de consumo '"" fT1 3 Total de importaciones o'"" ii'-'Cbn_ (1) Toneladas Miles de dólares ""O 0, ~ <=.Q.1» ,A (1) Toneladas Miles de dólares u, ::i oCb< 3 -· O• ONC:¡;" 0 CONCEPTO o ...., ' .• ._. Q) < e>O ::,, (/) 1\) - o..... -;:R_O• ._. o ... CI) 5· (/) ::, ~ ~ ::, (I)º-º ,:,o e.o .... Qo'< ::, < -5· 0. 1971 IT1 ,- ,~ -, e :::0 )> ~ X )> �EL DESPLOME DE LA AGRICULTURA MEXICANA Ante esta realidad agrícola, la verdadera cuestión reside en ver qué hacer frente a la problemática que tenemos enfrente. Considero que el primer paso consiste en volver a englobar bajo el nombre genérico de "problemas del campo" todos aquellos factores que le son adversos. En pocas palabras, todo aquello que permita localizar los puntos estratégicos sobre los cuales se debe actuar y de acuerdo con un plan definido se oriente todo el proceso a 1·a solución real de sus desajustes. · La mayoría de los estudios en materia agrícola se han dedicado a señalar las causas fundamentales que aquejan a la agricultura repitiendo una y otra vez- lo siguiente: a) exceso de población en relación a las superficies laborales; b) la mala calidad de los suelos; c) los climas adversos que no lo favorecen; d) la falta de sistemas de riego; e) la insuficiencia de créditos, f) las leyes agrarias; g) las tenencias de la tierra, etc. La lista de los problemas del campo es grande y tienden a crecer en el transcurso del tiempo, esto obliga a que el gobierno actúe de cierta manera para tapar los huecos y volver a encauzar la áctividad agrí· cola. Por ejemplo, en este sexenio para recuperar el déficit agropecuario el Poder Ejecutivo ha realizado diversos esuferzos para destinar ma• -yor inversión y crédito al campo; se promulgó la Ley Federal de Aguas y la Ley de Reforma Agraria. Por otra parte, el presupuesto para la Se· c_retaría de Agricultura y Ganadería correspondiente a 1975, será incre• mentado 50.6% respecto al gasto ejercido en 1973.5 Lo que se re~uiere en este momento es la elaboración de un diagnóstico general del problema agrícola del país con el propósito de evitar tomar medidas de carácter parcial, aislada e incompletá que sólo solucionan ciertos desajustes internos, más no el contexto general del sec· tor agropecuario. La realización de ajustes parciales, muchas veces sólo conducen a desperdiciar recursos y esfuerzos, sin contribuir realmente a la solución del problema. Tomar las medidas necesarias para cambiar la orientación del des· arrollo agrícola es, por el momento, lo más importante, ya que sería "in· genuo" pensar que existen soluciones a corto plazo, que pueden dar solución definitiva al "problema del campo". 160 EL DESPLOME DE LA AGRICULTURA MEXICANA 1 Dovring Folke. "Reforma Agraria Y Productivl . tos censales". Departamento de Econonú A ~ · El Caso_ de México. Análisis de da.1 1969. gr co ª· Universidad de WtsconsJn, enero de ª 2 Rodr!guez Cisneros, Manuel Y otros ''C • Yecclonés de la demanda oferta . aractensUca d e 1~ Agricultura. Mexicana". Pro558 PP. Y de productos agropecuarios. E<l Privada., México, 19'12 3 Reyes Osorio, Sergto "El Desarr ll . Comercio Exterior. ~•omo XV No o 1º0 PoolarJ.Zado de la Agricultura Mexicana". Revista, de · • ctubre de 1965. 4 Banco Nacional de C-Omerclo Exterior, R Diciembre de 1974. evista d~ Comercio Exterior. Vol. XXIV No. 12. 5 lbid, pág. 1251, 161 �ALBERTO GARCIA GOMEZ DOCUMENTOS LA CARTA DE LOS DERECHOS Y DEBERES ECONO:MICOS DE LOS ESTADOS (+) E N nuestra colaboración anterior, publicada en el número 4 de la Revista Derecho y Ciencias Sociales de Junio-Septiembre de 1974, referüla a la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los &tados, lamentablemente, no alcanzamos a analizar su lexto final -considerando la fecha, a tener en nuestro poder dicho instrumento internacwnal aprobado ya por la Asamblea General de la Or• gllllización de las Naciones Unülas. En dicha colaboración hubimos de exponer la génesis de la Carta, su proceso de elaboración, así como el Proyecto conteniendo las variaciones del mismo. Por último, tomando en cuenta la importancia que revistió la celebración del X ~ongreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho lnternaCiOnal que se reunió en las ciudades de México y Guan.ajuato, respec• tivamente, transcribimos la Resolución a que llegó dicho Congreso con lllotivo de dicha Carta, lo que nos permitió tener así una más completao. Alberto Garcla. 0t1me1, de lu un1,erstdades Autónoma de Nue,o León y Nacional Aufó. IIOaia de Málco. • .&Drobada IIOr re.solucl'lll 3281 (XXIX) el 12 de diciembre de 1974 DOr la •Aaamblea 86lltral de 11111 Nactone, lJDldu. �ECONOMICOS D~ LOS ESTADOS LA CARTA DE LOS DERECHOS y DEBERES ta visión conjunto acerca de la trascendental inici~tiva presentada por el Presidente MexicaM, Licencia.do Luis _Echeverri:a Alvarez a la Terl\.1crAD acerca de que las Naciones Unidas elaborasen una cera u; t , , . d l Eta·J as' d arta e Df'rechos Y Deberes Economicos e os. s :u.os, fcomo , aconteció el 12 de diciembre de 1974 en que, finalmente, ':e ªP_r0 · bado el texto de la misma por la Asamblea General de dicha ms· titución internacional. l La Segunda Comisión recomendó a la Asamble~ en_~ra que aprobara el siguiente proyecto de resolución que a co~tin_~c~~ tra;i cribiremos y que constituye el resultado d_e la propza inzcwtivl~ e Presidente Echeverría y de dos años Y medio de esfuerzos par ar a buen término tan importante tarea. To mando e_n cuenta e apoyo de un centenar de miembros de las Naciones Unidas que acogieron con simpatía la iniciativa del Presidente mexic~, _esto pone de ~elieve la bondad de la Carta, al recalcar los pnncipws rectores !ena• lados por el Presidente Echeverría de "estabeker norm~s oblzgato_· rias que fijan en forma sistemática y universa! las relaciones eco;¡"" . ent.re l-os Estados" y de que "no es factible alcanzar¡ un or en micas mule la internacional j11,sto ni un mundo estable en tanto no se or Í· Carta que ha de proteger debidamente los d~~echos de todos los pa ses y en particular de los países en desarrollo • l ndo • ·f·icacion ·, que para e mu re• Tomando en cuenta la alta signr presenta la Carta de los DPrechos y Deber~s Econó"':ic~ los, dos formulada por la iniciativa del Presidente. ~uzs c l ev~rw ~ var~z, transcribimos a continuación el texto oficial de a arta e cuestión: e e 1 ¡;e Es;~ TEXTO DE LA CARTA DE LOS DERECHOS Y DEBERES ECONOMICOS DE LOS ESTADOS * La Asamblea General, Recordando que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en su resolución 45 (111), de 18 de mayo de 1972, recalcó la urgente necesidad de "establecer normas obligatorias que rijan en forma sistemática y universal las relaciones económicas entre los Estados" y reconociendo que "n;J es factible alcanzar un orden internacional justo ni un mundo estable en tanto no se formule la Carta que ha de proteger debidamente los derechos de todos los países y en particular de los países en desarrollo". Recordando asimismo que en la citada resolución se decidió es• tablecer un Grupo de Trabajo de representantes gubernamentales para elaborar el texto de un proyecto de Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que la Asamblea General, en su resolución 3037 (XXXVII), de 19 de diciembre de 1972, decidió que quedara integrado por 40 Estados Miembros. Tomando nota de que, en su resolución 3082 (XXVIII) de 6 de di· ciembre de 1973, reafirmó su convicción de la urgente necesidad de establecer o mejorar normas de aplicación universal para el desarrollo de las relaciones económicas internacionales sobre bases justas y equitativas y encareció al Grupo de Trabajo sobre la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados que, como primer paso en labor de codificación y desarrollo de la materia, terminara la elaboración de un proyecto final de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados para ser examinado y aprobado durante el vigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General. Teniendo en cuenta el espíritu y la letra de sus resoluciones 3201 (S-VI) y 3202 (S-VI), de lo. de mayo de 1974, que contenían la Declaración y el Programa de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, y en las que se subrayaba la importancia vital de que la Carta fuera adoptada por la Asamblea General en su vigésimo noveno período de sesiones y se recalcaba el hecho de que la Carta constituiría un instrumento eficaz para crear un nuevo sistema de relaciones económicas internacionales basado en la equidad, la igualdad soberana y la independencia de los intereses de los países desarrollados y los países en desarrollo. Habiendo examinado el informe del Grupo de Trabajo sobre la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados sobre su cuar- 165 164 �ECONOMICOS DE LOS ESTADOS LA CARTA DE LOS DERECHOS Y DEBERES to período de sesiones 11, transmitido a la Asamblea _General po~ la Junta de Comercio y Desarrollo en su décimo cuarto penod~ de sesiones. Expresando su reconocimiento al Grupo de Traba¡o sobre la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados que, como ~esultado de una labor realizada durante sus cuatro período~- de sesiones celebrados entre febrero de 1973 y junio de 1974, reunio los elementos necesarios para concluir la elaboración y adopt~r- 1~ Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados en el v1ges1mo nov~no período de sesiones de la Asamblea General tal como ésta lo hab1a recomendado previamente, Adopta y proclama solemnemente la siguiente CARTA DE DERECHOS Y DEBERES ECONOMICOS DE LOS ESTADOS PREAMBULO ,, La Asamblea General, _ . Reafirmando los propósitos fundamentales de las N~c1on~s Um• das, especialmente el mantenimiento de la paz y la segundad 1_nternacionales, el fomento de las relaciones de amistad entre l_ ~s naciones Y la realización de la cooperación internacional en la soluc1on de problemas internacionales de carácter económico Y social, . Afirmando la necesidad de fortalecer la cooperación internaciona1 €n esos campos, . ión Reiterando asimismo la necesidad de consolidar la cooperac internacional para el desarrollo, Declarando que un objetivo fundamental de 1~ ~res~nte Ca~a e5 romover el establecimiento del nuevo orden econom1co inter~ac1on~1• ~asado en la equidad, la igualdad soberana, la interdep~nd~n~1a, _~I ~~ terés común y la cooperación entre todos los Estados, sin d1stinc1on sistemas económicos y sociales, ., Deseando contribuir a la creac1on de condiciones favorables para: a). El logro de una prosperidad más amplia en todos los países de niveles de vida má3 elevados para todos los pueblos'. b). La promoción, por toda la comunidad int~rnac1onal, del greso económico y social de todos los países, especialmente de los P y P: ses en desarrollo; , b ficios c). El fomento, sobre la base del provecho comun Y ene um· equitativos para todos los Estados amantes de la paz, de~:osos de a~eria plir con las disposiciones de esta Carta, de la cooperac1on en m . _ económica, comercial, científica y técnica, sean cuales fueren sus sis 166 temas políticos, económicos o sociales; d). La eliminación de los principales obstáculos al progreso económico de los países en desarrollo; e). La aceleración del crecimiento económico de los países en desarrol,lo con miras a eliminar la brecha económica entre países en desarrollo y países desarrollados; f). La protección, la conservación y el mejoramiento del medio ambiente, Consciente de la necesidad de establecer y mantener un orden económico y social que sea justo y equitativo mediante: a). El logro de relaciones económicas internacionales más racionales y equitativas y el fomento de cambios estructurales en la economía mundial; b). La creación de condiciones que permitan una mayor expansión del comercio e intensificación de la cooperación económica entre todas las naciones; c). El robustecimiento de la independencia económica de los países en desarrollo; d). El establecimiento y promoción de relaciones económicas internacionales teniendo en cuenta las diferencias reconocidas de desarrollo de los países en desarrollo y sus necesidades específicas, Decidida a promover la seguridad económica colectiva· para el desarrollo, en particular de los países en desarrollo, con estricto respecto de la igualdad soberana de cada Estado y mediante la cooperación de toda la comunidad internacional, Estimando que una auténtica cooperación entre los Estados, basada en el examen en común de los problemas económicos internacionales y en la acción conjunta respecto de los mismos, es esencial para cumplir el deseo de toda la comunidad internacional de lograr un desarrol~o justo y racional a nivel mundial, Subrayando la importancia de asegurar condiciones apropiadas para el ejercicio de relaciones económicas normales entre todos los Estados, independientemente de las diferencias de sistemas sociales y económicos, así como para el pleno respeto de los derechos de todos los pueblos, y la de robustecer los instrumentos de cooperación económica internacional como medios para consolidar la paz en beneficio de todos, Convencida de la necesidad de desarrollar un sistema de relaciones económicas internacionales sobre la base de la igualdad soberana, el beneficio mutuo y equitativo y la estrecha interrelación de los inte- 167 �LA CARTA DE LOS DERECHOS Y DEBERES ECONOMICOS DE LOS ESTADOS reses de todos los Estados, Reiterando que a cada país incumbe principalmente la responsabilidad de su propio desarrollo, pero que una cooperación internacional concomitante y efectiva es un factor esencial para el logro cabal de sus propios objetivos de desarrollo, Firmemente convencida de la urgente necesidad de elaborar un sistema de relaciones económicas internacionales sustancialmente mejorado, Adopta solemnemente la presente Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Artículo 1 CAPITULO 1 Principios fundamentales de las relaciones económicas internacionales. Las relaciones económicas, políticas y de otra índole entre los Es• tados se regirán, entre otros, por los siguientes principios: a) Soberanía, integridad territorial e independencia política de los Estados; b) lgtlaldad soberana de todos los Estados; c) No agresión; d) No intervención; e) Beneficio mutuo y equitativo; f) Coexistencia pacífica; g) Igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos; h) Arreglo pacífico de controversias; i) Reparación de las injusticias existentes por imperio de la fuer, za que priven a una nación de los medios naturales necesarios para su desarrollo normal; j) Cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales; k) Respeto de los derechos humanos y de las libertades funda· mentales; 1) Abstención de todo intento de buscar hegemonía y esferas de influencia; m) Fomento de la justicia social internacional; n) Cooperación internacional para el desarrollo; o) Libre acceso al mar y desde el mar para los países sin litoral dentro del marco de los principios arriba enunciados. . Todo Es~ad_o tien~ el derecho soberano e inalienable de elegir su sistema economIco, asI como su sistema político, social y cultural, de acuerdo con la voluntad de su pueblo, sin injerencia, coacción ni amenaza externas de ninguna clase. Artículo 2 l. T~do Estado ti_~ne y ejerce libremente soberanía plena y permanente, mcluso posesIon, uso y disposición, sobre toda su riqueza recursos naturales y actividades económicas. ' 2. Todo Estado tiene el dercho de: . a) Reglamentar Y ejercer autoridad sobre las inversiones extran¡eras dentro de su juris_dicción nacional con arreglo a sus leyes y regl_am~ntos Y de conformidad con sus objetivos y prioridades racionales. ~mgun E~tado -~eberá ser obligado a otorgar un tratamiento preferencial a la mversIon extranjera; •. b) Reglamentar Y supervisar las actividades de empresas transn~c,onales que operen dentro de su jurisdicción nacional y adoptar medidas para as~gura~s~ que esas actividades se ajusten a sus leyes, regl~mentos Y_ d1spos1c1ones y estén de acuerdo con sus políticas económicas Y _sociales. Las empresas transnacionales no intervendrán en los :suntos internos del Estado al que acudan. Todo Estado deberá tenienEO en cuenta plenamente sus derechos soberanos, cooperar c~n otros stados en el ejercicio del derecho a que se refiere este inciso· . c) Nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bie~es extran¡eros, en cuyo caso el Estado que adopte esas medidas deberá pagar una com~ensación apropiada, teniendo en cuenta sus leyes y reglamen~os aplicables y todas las circunstancias que el Estado consider~. pertinente~. En cualquier caso en . que la cuestión de la compensacio~ sea motivo de controversia, ésta será resuelta conforme a la ley ;acional del Estad~ que nacionaliza y por sus tribunales, a menos que odas los Estados interesados acuerden libre y mutuamente que se re• curra a otros medios pacíficos sobre la base de la igua.ldad soberana de l?s Estados Y de acuerdo con el principio de libre elección de los medios. Artículo 3 CAPITULO 11 Derechos y deberes económicos de los Estados. 168 0 • En 1~ explotación de los recursos naturales compartidos entre dos mas pa1ses, cada Estado debe cooperar sobre la base de un sistema 169 �LA CARTA DE LOS DERECHOS Y DEBERES ECONOMICOS D~ LOS ESTADOS de información y consulta previa con el objeto de obtener una óptima utilización de los mismos que no cause daños a los legítimos intereses de los otros. Artículo 4 Todo Estado tiene el derecho de practicar el comercio internacional y otras formas de cooperación económica independientemente de cualesquiera diferencias de sistemas políticos, económicos y sociales. Ningún Estado será objeto de discriminación de cualquier naturaleza basada únicamente en tales diferencias. En el ejercicio del comercio internacional y de otras formas de cooperación económica, todo Estado puede libremente elegir las formas de organización de sus relaciones económicas exteriores y celeberar acuerdos bilaterales y multilaterales que sean compatibles con sus obligaciones internacionales y con las necesidades de la cooperación económica internacional. Artículo 5 ! sos, de llevar a cabo r~formas e za~ ~ utilizar cabalmente sus recurasegurar la plena participació d conom1cas y sociales progresivas y de cios del desarrollo. Todos ; E; sdu P~~blo en el proceso y los benefi10 lectivamente, de cooperar a fin deªe~s . ienen el de~r, individual y cocen esa movilización y utilización. minar los obstaculos que entorpeArtículo 8 . Los Estados deben cooperar a f .. . mternac1ona1es más . P ra acll1tar relaciones económicas racionales y equitativas f estructurales en el context d , y para omentar cambios armonía con las necesidad:s e. uta econom1a mundial equilibrada, en cular los países en desarrolloe in ereses de to~o_s los países, en partí~ dictas adecuadas. ' Y con ese proposito deben adoptar meArtículo 9 Todos los Estados tienen el derecho de asociarse en organizaciones de productores de materias primas a fin de desarrollar sus eco~omías nacionales, lograr un financiamiento estable para su desarrollo y, en el cumplimiento de sus propósitos, colaborar en la promoción del crecimiento sostenido de la economía mundial, en particular aceleran· do el desarrollo de los países en desarollo. En consecuencia, todos los Estados tienen el deber de respetar ese derecho absteniéndose de apli· car medidas económicas y políticas que lo puedan limitar. Artículo 6 Es deber de los Estados contribuir al desarrollo del comercio in· ternacional de mercancías, en especial a través de arreglos y mediante la conclusión de acuerdos multilaterales a largo plazo sobre productos básicos según corresponda, y teniendo en cuenta los intereses de pro· ductores y consumiélores. Todos los Estados comparten la responsabi· Íidad de promover la corriente y el acceso regulares de tódas las mer· cancías a precios estables, remuneradores y equitativos, contribuyen· do así al desarrollo armónico de la economía mundial, teniendo en cuen· ta, en particular, los intereses de los países en desarrollo. ' Artículo 7 Todo Estado tiene la responsabilidad primordial de promover el desarrollo económico, social y cultural de su pueblo. A este efecto, ca· 170 da Estado tiene el derecho y 1 .. Y medios de desarrollo de m~v:~sponsab 11?ªd de elegir sus objetivos Todos los Estados tienen la res bT esferas económica, social, cultural c· p~~~a I idad d~ ~ooperar en las ver el progreso económico y soci;I i:~ 1 ica y tecnolog1ca par~ promoen los países en desarrollo. ' todo el mundo, especialmente Artículo 10 Todos los Estados son · 'd º . iguales de la comunidad inte~un _1camen~e iguales Y, como miembros P!ena y efectivamente en el pr:~:1on~\ tiene~ el derecho de participar s1ones para la solución de los r so in ernac1o_na~ de adopción de decinetarios mundiales inter r P oblem~s econom1cos, financieros Y mocionales apropiada; de a •~• p~r medio de las organizaciones internaras, y el de com artir c~n ~rm1dad con sus normas actuales o futuriven. p equ1tat1vamente los beneficios que de ello se de• Artículo 11 Todos los Estados deben coo r tinuamente la eficacia de p~ ar_para _ robustecer y mejorar concación de medidas u l_ as organizaciones internacionales en la aplidos los países, en P~~c:~:1~ile~ el p'.ogreso económico general de todeben cooperar para ada tar e os pa1ses en desarrollo y, por lo tanto, des cambiantes de la co~p las'., cuando , se~ a~ropiado, a las necesida• erac1on econom1ca internacional. 171 �LA CARTA DE LOS DERECHOS y DEBERES llo. Artículo 12 h de articipar con el asentimien- 1. Los Estados tienen el derec o er~ción subregional, regional e to de las partes· inovlucradas e~ la co~~ desarrollo económico y social. interregional en su em~e~o de ogra;sa cooperación tienen el deber de Todos los Estados part1c1pantes en . nes a las que pertenecen co• velar por que las P?lític~s. de :a~:~:u~:~~ y tengan en cuenta el mun• rrespond~n a las d1spos1c1?ne con sus obligaciones internacionales y do exterior, sean compatibles . . económica internacional y ten• con las necesidades de la ~oop~ra;~:os intereses de terceros países, gan plenamente en cuenta os eg1 , d I países en desarrollo. especialmente e os . ue los Estados interesados 1 2. En el caso de agrupaciones a as ~tencias en lo que se refiehayan transferido o transfieran ciertasd cotmp del ámbito de la presente . e se encuentran en ro . re a cuestiones qu . . t bién a esas agrupaciones por Carta, sus disposiciones se a~llcarand amanera compatible con las res· lo que se refiere a esas cuestiones, e m_ bros de dichas agrupado· ponsabilidades 'de tales Estados como ~p':~ación para que las agrupa· Estos Estados deben prestar su co :~s~es cumplan con las disposiciones de esta Carta. Artículo 13 h de aprovechar los avances y el l. Todo Estado tiene el der~c ara acelerar su desarrollo eco· desarrollo de la ciencia y la tecno og1a p ? nómico y social. la cooperación internado· 2. Todos los Estados debenl p~omo~ecrorno la transmisión de tec· · d · ncia y tecno og,a as, ·t· os nal en materia e c1e t todos los intereses leg1 ,m nología, teniendo debidamente ~n cue~e~eres de los titulares, proveeinclusive, entr~ _ot~os los derec º~a y En particular, todos los Estados dores y benef1c1anos de tecnolog : en desarrollo a los avances de deben facilitar: el acces_o de los pa1s~s transmisión de tecnología Y la la ciencia Y la tecnolog1a modernas, a f ' . de los países en desarro1 • autóctona en bene 1c10 • y creación de tecno og1a . . t que convengan a las econom1as llo según formas Y proced1m1en os ' , s necesidades de estos pa1se . . d sarrollados deben cooperar con 3 En consecuencia, los pa1ses e . . t fortalecimiento Y des· · d llo en el establec1m1en o, . los países en _esarrot t ras científicas Y tecnológicas Y en sus •0. arrollo de sus _infr~~s ruc u ctividades tecnológicas, de modo de ayu· vestigaciones c1ent1f1cas Y a . de los países en desarrodar a expan d .ir y transformar las econom1as 172 ECONOMICOS DE LOS ESTADOS 4. Todos los Estados deben cooperar en la investigación con miras a desarrollar directrices o reglamentaciones aceptadas internacionalmente para la transferencia de tecnología, teniendo plenamente en cuenta .los intereses de los países en desarrollo. Artículo 14 Todo Estado tiene el deber de cooperar para promover una expansión y liberalización sostenidas y crecientes del comercio mundial y un mejoramiento del bienestar y el nivel de vida de todos los pueblos, en particular los de los países en desarrollo. En consecuencia, todos los Estados deben cooperar con el objeto, ínter alía, de eliminar progresivamente los obstáculos que se oponen al comercio y a mejorar el marco internacional en el que se desarrolla el comercio mundial; para estos fines, se harán esfuerzos coordinados con objeto de resolver de manera equitativa los problemas comerciales de todos los países, teniendo en cuenta los problemas comerciales específicos de los países en desarrollo. A este respecto, los Estados adoptarán medidas encaminadas a lograr beneficios adicionales para el comercio internacional de los países en desarrollo de modo de obtener para éstos un aumento substancial de sus ingresos en divisas, la diversificación de sus exportaciones, la aceleración de la tasa de crecimiento de su comercio, teniendo en cuenta sus necesidades en materia de desarrollo, un aumento de las posibilidades de esos países de participar en la expansión del comercio mundial y un equilibrio más favorable a los países en desarrollo en la distribución de las ventajas resultantes de esa expansión mediante, en la mayor medida posible, un mejoramiento substancial de las condiciones de acceso a los productos de interés para los países en desarrollo y, cuando sea apropiado, mediante medidas ten• dientes a lograr precios estables, equitativos y remunerativos para los Productos primarios. Artículo 15 Todos los Estados tienen el deber de promover el logro de un desarme general y completo bajo un control internacional eficaz y de utilizar los recursos liberados como resultado de las medidas efectivas de desarme para el desarrollo económico y social de los países, asignando una proporción considerable de tales recursos como medios adicionales para financiar las necesidades de desarrollo de los países en desarrollo. 173 �LA CARTA DE LOS DERECHOS Y DEBERES ECONOMICOS D;:: LOS ESTADOS Artículo 16 llo de las economías nacionales de los países en desarrollo y que haya sido promovido por las preferencias arancelarias geheralizadas y por otras medidas diferenciales generalmente convenidas en su favor. 1. Es derecho y deber de todos los Estados, ind!vid~a~ Y ~?lecti• · r el colonialismo , el apartheid, la d1scnmmac1on vament e, el .,mina ., . , racial, el neocolonialismo y todas las formas de a_ gresIon, _oc~pac,on Y dominación extranjeras, así como las consecuencias econom1cas Y sociales de éstas como condición previa para el de.:'a~rolto. Los_ Estados que practican esas políticas coercitivas son econom1camente 1esponsa: bles ante los países, territorios y pueblos afectados, en lo_~ue respec ta a la restitución y la plena compensación por la explotac1on Y_el agotamiento de los recursos naturales y de otra índole de esos pa1ses, territorios y pueblos, así como por los daños _causa?os a esos recursos. Es deber de todos los Estados prestarles as1stenc1a. . 2. Ningún Estado tiene el derecho de promove~ o fo~entar inversiones que puedan constituir un obstáculo para la llberac1on de un te· rritorio ocupado por la fuerza. Artículo 17 La cooperación internacional para el desarrollo es objetivo com· partido y deber común de todos los Estados. Todo. Estado debe coope: rar en los esfuerzos de los países en desarrollo para acelerar su des arrollo económico y social asegurándoles condiciones externas ~avora• bles y dándoles una asistencia activa, compatible con sus necesidades y objetivos de desarrollo, con estricto respeto de la igualdad soberana de los Estados y libre de cualesquiera condiciones que menoscaben su soberanía. Artículo 18 el dis· sis· Los países desarrollados deben apli~ar, mejorar ~ amp1·,ar no tema de preferencias arancelarias genera~zadasf no -~:~P~:~ª~a! conclu· criminatorias, a los país~s en desadrrol~o- e conp:~:~ntes aprobadas al iones convenidas pertinentes Y ec1s1ones. . . om· s t d ntro del marco de las organizaciones internac,onale~ c :simismo, los países desarrollados ?eben ~studiar sert:s~: P 1 ·b·1·d d de adoptar otras medidas d1ferenc1ales, en la, te a pos1 11 a . d a que se de a los ras en que ello sea factible Y apro~1ado Y, e man:, f de satisfa· países en desarrollo un trato especial Y ma~ fav~a e ~I in En sus recer sus necésidades en mate~ia de comerc1? Y esarro l~~dos tratarán ladones económicas internacionales los pa1ses d~sarrob I desarrode evitar toda medida que tenga un efecto negativo so re e r:~~~~e~. 174 Artículo 19 Con el propósito de acelerar el crecimiento económico de los países en desarrollo y cerrar la brecha económica entre países desarrollados y países en desarrollo, los países desarrollados deberán conceder un trato preferencial generalizado, sin reciprocidad y sin discriminación, a los países en desarrollo en aquellas esferas de la cooperación internacional en que sea factible. Artículo 20 Los países en desarrollo, en sus esfuerzos por aumentar el comercio global, deben prestar la debida atención a la posibilidad de ampliar su comercio con los países socialistas, concediendo a estos países condiciones comerciales que no sean inferiores a las concedidas normalmente a los países desarrollados con economía de mercado. Artículo 21 Los países en desarrollo deberán esforzarse en promover la expansión de su comercio mutuo y, con tal fin, podrán, de modo compatible con las disposiciones actuales y futuras y los procedimientos establecidos en acuerdos internacionales, cuando sean aplicables, conceder preferencias comerciales a otros países en desarrollo sin estar obligados a otorgar tales preferencias a los países desarrollados siempre que esos arreglos no cdnstituyan un impedimento a la liberalización y expansión del comercio global. Artículo 22 l. Todos los Estados deben .responder a las necesidades y objetivos generalmente reconocidos o mutuamente convenidos de los países en desarrollo promoviendo mayores corrientes netas de recursos reates, desde todas las fuentes, a los países en desarrollo, teniendo en cuenta cualesquier obligaciones y compromisos contraídos por los Estados interesados, con objeto de reforzar los esfuerzos de los países ~n desarrqtl_o por_acelerar su desarrollo económico y social. . 2. En este contexto, en forma. compatible con las finalidades y obietivos, mencionados . anteriormente y teniendo - en. cuenta cualesquier 175 �LA CARTA DE LOS DERECHOS Y DEBERES obligaciones y compromisos contraídos a este respecto, deben realizar• se esfuerzos por aumentar el volumen neto de las corrientes financieras a los países en ·desarrollo, provenientes de fuentes oficiales y de mejorar sus términos y condiciones. 3. La corriente de recursos de la asistencia para el desarrollo de• be incluir asistencia económica y técnica. Artículo 23 Para promover la movilización eficaz de sus propios recursos, los países en desarrollo deben afianzar su cooperación económica y ampliar su comercio mutuo, a fin de acelerar su desarrollo económico y social. Todos los países, en particular los ·desarrollados, individualmente y por conducto de las organizaciones internacionales competentes de las que sean miembros, deben prestar a tal fin un apoyo y una coo• peración apropiados y eficaces. Artículo 24 Todos los Estados tienen el deber de conducir sus relaciones económicas mutuas de forma que tengan en cuenta los intereses de los demás países. En particular, todos los Estados deben evitar perjudicar los intereses de los países en desarrollo. Artículo 2~ / En apoyo del desarrollo económico mundial la comunidad internacional, en particular sus miembros desarrollados, prestará especial atención a las necesidades y problemas de los países en desarrollo me· nos adelantados, de los países en desarrollo sin litoral y también de los países en desarrollo insulares, con miras a ayudarles a superar sus dificultades particulares y coadyuvar así a su desarrollo económico Y social. Artículo 26 Todos los Estados tienen el deber de coexistir en la tolerancia Y de convivir en paz, independientemente de las diferencias de sus sis· temas políticos, económicos, sociales y culturales, y de facilitar el comercio entre países con sistemas económicos y sociales diferen,es. El comercio internacional debe conducirse sin perjuicio de preferencias generalizadas, no recíprocas y no discriminatorias en favor de los países en desarrollo, sobre la base de la ventaja mutua, los beneficios equitati· 176 ECONOMICOS DE LOS ESTADOS vos Y el intercambio del tratamiento de nación más favorecida. Artículo 27 be !·. Tod? Estado tiene el derecho de disfrutar plenamente de los . _n~f1c1os del com~rcio mundial de invisibles y de practicar la expansIon de ese comercio. el b 2. ~l. comercio mundial de invisibles, basado en la eficacia y en ~nef1c10 _mutuo Y equitativo, que promueva la expansión de la econom1a, mundial, es el objetivo común de todos los Estados. El a el d los pa,ses en desarrollo en el comercio mundial de invisibles ~ebe se~ :crecentado Y forta18:ido de manera compatible con las finalidades arri/ expdresadas, ~restandose particular atención a las necesidades espeia 1es e 1os pa1ses en desarrollo. : ~~!~~: llo en3Íos ~sta_d~s deben cooperar con los países en desar;o. . e es os por aumentar la capacidad de gen r dº 1 ; ~:: n~:e:~~a~::n~:c~~od:es ~e inv!sibles, conforme a la poteniia~~da~ los objetivos arriba esarrollo Y de modo compatible con menci::~~o:~ Artículo 28 ~= tes e;~~~s 1;;i!stados tienen el d_eber de cooperar a fin de lograr ajusrelación a ios pr:c!: :~p~rtac,~ne~ de los países en desarrollo con ver relaciones de intercamb~/1:1~ ac1ones _co~ el propósito de promonera tal q . Jus as y equ,tat1vas para éstos de maue sean remunerativos pa· 1 d ' to para los productores co ·ª1 os pro ~ctor~s Y equitativos tanmo para os cosum1dores. CAPITULO 111 Responsabilidades comunes para con fa comunidad internacional Artículo 29 Los fond9s marinos Y oceánicos Y su subsuelo f , . tes ~e 1~ jurisdicción nacional, así como los recursos u~:ª 1de los hm1patnmon10 común de ta humanidad: Sob I b a zo~ª•. ~on aprobados I A b re ª ase de los prmc1p1os 17 .. por a sam lea General en su resolución 2749 (XXV) d de d1c1embre de 1970, todos los Estados deber• ' e exploración de fa zona y la explotación d an asegurar que la clusivamente para fines pacíficos Y ue ~osu~ rec~~sos se realicen exderiven se repartan equitativamente ~n s enef1c1os que de ello se en cuenta los intereses Y necesidades e~p\~~!ºess dloes ,Estad?s, teniendo os pa1ses en des.- 177 �LA CARTA DE LOS DERECHOS Y DEBERES ECONOMICOS DE LOS ESTADOS arrollo; mediante la concertación de un tratado internacional de carácter universal que cuente con el acuerdo general, se establecerá un régimen internacional que sea aplicable a la zona y sus recursos Y que incluya un mecanismo internacional apropiado para hacer efectivas sus disposiciones. sentido que menoscabe o derogue las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o las medidas adoptadas en cumplimiento de las mismas. 2. En su interpretación y aplicación, las disposiciones de la presente Carta están relacionadas entre sí y cada una de ellas debe interpretarse en el contexto de las demás. Artículo 30 La protección, la preservación y el mejoramiento del m~~io ambiente para las generaciones presentes y futuras es responsabilidad de todos los Estados. Todos los Estados deben tratar de establecer sus propias políticas ambientales y de desarrollo de conformidad con esa responsabilidad. Las políticas ambientales de todos los Estados deben promover y no afectar adversamente el actual y futuro ~otencial de desarrollo de los países en desarrollo. Todos los Estados tienen la responsabilidad de velar por que las actividades realizada~ dentr? de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de las zonas situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Todos los Estados deben cooperar en la elaboración de normas y reglamentaciones internacionales en la esfera del medie ambiente. CAPITULO IV Artículo 34 Se incluirá un tema sobre la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados en el programa del trigésimo período de sesiones de la Asamblea General y, en lo sucesivo, en el de cada quinto período de sesiones. Así se llevará a cabo un examen sistemático y completo de la aplicación de la Carta, que abarque tanto los progresos realizados como las mejoras y adiciones que puedan resultar necesarias, y se recomendarán medidas apropiadas. En tal examen deberá tenerse en cuenta la evo!ución de todos los factores económicos, sociales, jurídicos y de otra índole que guardan relación con los principios en que se basa la presente Carta y con sus finalidades. Disposiciones finales Artículo 31 Todos los Estados tienen el deber de contribuir a la expansión equilibrada de la economía mundial, teniendo debidamente en cuenta la estrecha relación que existe entre el bienestar de los países desarrollados y el crecimiento y desarrollo de los países en desarrollo, y teniendo en cuenta que la prosperidad de la comunidad internacional en su conjunto depende de la prosperidad de sus partes constitutívas. Artículo 32 Ningún Estado podrá emplear medidas económicas, políticas o de ninguna otra índole, ni fomentar el empleo de tales medidas, ~on jeto de coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinac1on del ejercicio de sus derechos soberanos. ?~- Artículo 33 1. En ningún caso podrá interpretarse la presente Carta en un 178 179 �DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 6 �UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Lic. Neftalí Garza Contreras. SUBDIRECTOR: Lic. Everardo Chapa Cantú. SECRETARIO: Lic. David Galván ~cira. DECANO: Lic. Genaro Salinas Quiroga. JEFE DE LA SECCION EDI· TORIAL: Lle. Jesús Ramones Saldaña. DIRECTOR: DIRECTORIO DE LA REVISTA Lic. Samuel Flores Longoria. DIRECTOR ARTÍSTICO: Arq. Alfonso Reyes Martínez. SECRETARIO DE REDACCIÓN: Lic. David Galván Ancira. SECRETARIO DE CIRCULACIÓN: Bibl. Manuel Urihe M. DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Revista Cuatrimestral de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad Autónoma de Nuevo León. DIRECTOR: VOL 11 FEBRERO-MAYO, 1975 No. 6 CONSEJO EDITORIAL: Lic. Genaro Salinas Quiroga, Lic. Neftalí Garza Contreras, Lic. Everardo Otapa Cantú, Lic. Samuel .Flores Longoria, Dr. A~ tín Basave Fernández del Valle, Lic. Alberto García Gómez, Lic. Jesús Ramones Saldaña. I N D I C E EUQUERIO GUERRERO LOPF.Z, El Juicio de Amparo 181 ARTURO SALI AS MARTINEZ, La Suprema Corte y La re$0nsabilidad de los artículos ~ o s es excl!,!Siva de sus auton!S. Las opiniones exipresadas en la Revista son e~ctamente personales y no asumen responsabilidad/ por el.las la reviSta, Ia__!acuJ.tad de Derecho de la U. A. N. L. o las instituciones a las que =n asociados sus expositores. Derecho y Ciencias Sociales aparece C?Uatri• mestralmente. No se devuelven originales aun cuando no se publiquen. Toda correspondencia debe dirigirse a: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Revista. Derecho y Ciendas Sociales Ch.Kmd Universitaria, Monterrey, N. L., México. IMPRESO Y HECHO EN MEXICO PRDITED ANO IKADB IN MEXIOO Editorial Alfonso Re:,ea Adolfo Prieto ote. 240'1 Monten-e:,, N. L. la Jurisprudencia Obligatoria MANUEL LOPFZ PADRON, El Poder Judicial de la Federación AGUSTIN BASAVE FERNANDFZ DEL VALLE, La Filosofía Jurídica y Política de Luis Legaz y Lacambra 205 223 245 ALFREDO GUTIERREZ KIR~ Una Política Fiscal para la Educación Reseña Bibliográfica 261 28.3 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Derecho Y Ciencias Sociales Año de publicación El año cuando se publico 1974-1975 Volumen Volumen de la revista 1 Número Número de la revista 5 Mes de publicación Mes cuando se publicó Octubre-Enero Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Cuatrimestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1784899&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales, 1974-1975, Vol 1, No 5, Octubre-Enero Creator An entity primarily responsible for making the resource Flores Longoria, Samuel, 1934-, Director Subject The topic of the resource Derecho Derechos civiles Publicaciones periódicas Leyes Jurisdisprudencia Filosofía del derecho Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derechos y Ciencias Sociales Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Galván Ancira, David, Secretario de Redacción Salinas Quiroga, Genaro, Consejo Editorial Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/10/1974 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource tex/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2016548 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. San Nicolás de los Garza, N.L., (México) Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies. Universidad Autónoma de Nuevo León Rights Holder A person or organization owning or managing rights over the resource. El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores Brecha comercial mexicana Crisis de la universidad Deberes Económicos de los Estados Delincuencia de los menores Derecho fiscal Estados Unidos https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/271/13588/DERECHO_Y_CIENCIAS_SOCIALES._1975._Vol._2._No._6._Feb-May._0002016552.ocr.pdf dcc0de307b0f7687df2b6de7175b10c7 PDF Text Text UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Lic. Neftalí Garza Contreras. SUBDIRECTOR: Lic. Everardo Chapa Cantú. SECRETARIO: Lic. David Galván ~cira. DECANO: Lic. Genaro Salinas Quiroga. JEFE DE LA SECCION EDI· TORIAL: Lic. Jesús Ramones Saldaíía. DIRECTOR: DIRECTORIO DE LA REVISTA Lic. Samuel Flores Longoria. DIRECTOR ARTÍSTICO: Arq. Alfonso Reyes Martínez. SECRETARIO DE REDACCIÓN: Lic. David Galván Ancira. SECRETARIO DE CIRCULACIÓN: Bibl. Manuel Oribe DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Revista Cuatrimestral de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad Autónoma de Nuevo León. DIRECTOR: M. VOL 11 FEBRERO-MAYO, 1975 No. 6 CONSEJO EDITORIAL: Lic. Genaro Salinas Quiroga, Lic. Neftalí Garza Contreras, Lic. Everardo Oiapa Cantú, Lic. Samuel Flores Longoria, Dr. A~stín Basave Fernández del Valle, Lic. Alberto García Gómez, Lic. Jesús Ramones Saldaña. La r~n-sabilidad de los artículos pu~os es excl~iva de sus auto~. Las opiniones ex¡presadas en la Revista son e~ctamente personales y no asumen responsabilidad Por ellas la reviSta. la__!acukad de Derecho d'e la. U. A. N. L. o las instituciones a las que =...,n asociados sus expositores. Derecho y Ciencias Sociales aparece ~atri• mestralmente. No se devuelven originales aun cuando no se publiquen. Toda correspondencia debe dirigirse a: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Revista. Derecho y Ciencfas Sociales Ci1.100d Universitaria, Monterrey, N. L., México. IMPRESO Y HECHO EN MEXICO PRINTED AND MADE IN MEXICO Editorial Alfonso Re:res AdoUo Prieto ote. lM07 Monterre:r, N. L . I N D I C E EUQUERIO GUERRERO LOPEZ, El Juid,0 de Amparo 181 ARTURO SALINAS MARTINEZ, La Suprema Corte y la Jurisprudencia Obligatoria 205 MANUEL LOPFZ PADRON, El Poder Judicial de la Federación 223 AGUSTIN BASAVE FERNANDEZ DEL VAILE, La Fi. losofía Jurídica y Política de Luis Legaz y Lacambra ALFREDO GUTIERREZ KIRCHNER Una Política Fiscal para la Educación Reseña Bibliográfica 245 261 283 �EUQUERIO GUERRERO LOPEZ EL JUICIO DE AMPARO Q uiero en primer término hacer una pequeña aclaración: mi intervención en este caso no reviste las características de una conferencia, es una simple charla, es una plática que quiero sustentar ante ustedes pensando que, aun cuando los puntos de vista que vaya a tratar probablemente ya son conocidos de todos, no está por demás recordarles, principalmente en estos momentos en que es necesario tener un concepto más claro de lo que es la ley, de lo que es la justicia, de lo que es el Poder Judicial. Quiero también aclarar que en mi exposición me referiré a hechos concretos, a situaciones existentes, sin que existan apreciaciones personales o juicios míos personales sobre determinadas instituciones, sobre determinadas formas en que de acuerdo con la ley opera el juicio de amparo. No podría hacerlo porque la investidura que tengo como Presidente del más alto Cuerpo de Justicia de la República, veda el que emita opiniones o juicios que podrían considerarse, bien como críticas, o bien como una exposición que no tuviera los caracteres de imparcialidad y de serenidad que deben tener las palabras de quien ocupa este puesto. Aun cuando vengo aquí, más bien, como lo dijera el señor Director, como compañero, como amigo de ustedes, como hombre que ha vivido durante cerca de cuarenta y cinco años el ejercicio profesional en la hermosísima carrera de la abogacía, estoy, repito, hablándoles de Lic. Euquerlo Guerrero LóDeZ, Presidente d~ la &u>rema Corte de Ju,,··ttcta de la Nación. Ccnrerencta dictada en la Pacullad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autóllo!Da de Nllevo Lel)n, el dla 18 de Octubre de 197<1. �EL JUICIO DE AMPARO EL JUICIO DE AMPARO instituciones que de todas maneras tengo que man~j~r dentro d~. las labores que desempeño en la Suprema Corte de Just1c1~ de la N~c~on. Antes de iniciarme en el tema, quiero expresar m1 ag_radec1m1~nt? más cumplido a esta Escuela de Derecho que tuvo la gent1le~a de_ •?v•tarme para venir a disertar sobre un tema relacionado con mis actividades como es el juicio de amparo. ' Quiero expresar mi gratitud en forma especia_l al señor Gobernador que distrayendo su valioso tiempo de las ocupaciones que por su ª!to enc~rgo tiene que atender, para el servicio del pueblo _de Nuevo _Leon, ha tenido la gentileza de acompañarme desde esta manana Y esta presente en este acto. _ Para todos ustedes, señores, mi gratitud por su presencia que de~de luego constituye un aliciente muy poderoso para tratar de ~er conciso, de ser claro, de ser breve y de expresar, repito, aspectos importantes sobre el juicio de amparo. . Hemos dividido esta charla en cuatro puntos f~ndamen~ales: la _Prt· mera se refiere a antecedentes históricos, ~or~ue -~•empre ~s conve~iente conocer los antecedentes de cualquier mst1t~c1on. Algu1e~ ha di~~~ que la historia es la madre de la vida, y efectivamente es c1ert~, ~ sólo a través del conocimiento de lo que ha ocurrido en las distintas épocas de la Humanidad, podemos entender fenómenos de ~º~·. Po~ eso, aún refiriéndome a una institución concreta,_ como es el Juicio d amparo, a mi modo de ver es necesario y conveniente _hacer una ~r:ve reseña de cómo nació este juicio, qué antecedentes existen en Mexico, naturalmente sin pretender incursionar dentro del dere~ho co~par~do'. pues ésto nos llevaría mucho tiempo, ya que en otros pa1se~ existen ms tituciones que de ningún modo iguales en cuanto a su calidad a nuestro juicio de ;mparo, tienden sin embargo a proteger al hombre en al• gunos de sus derechos, como es por ejemplo, el writ of habeas corpus. Podríamos decir que durante la colonia no existí~n real~e~te an~:: cedentes de nuestro juicio de amparo, porque en esta epoca, s1 bien ex . tían normas que regulaban, como era lógico, la vida de los pueblos, c~n cretamente en México y en todos los países q~e formaban las colom~: españolas, las Leyes de Indias, ellas no se refer_,an a recurso al_gu~o ~li· permitiera a alguna autoridad estudiar la legalidad o la const1tuc1on dad de sus actos. . . eso Se habla de que la Ley de Partidas daba un reconoc1m1ento ex~r al derecho natural, lo que es lógico en aquella época en que toda_v,a :~ se tenía un concepto claro de que el derecho es un producto social Pdi· eminencia, se pensaba en el derecho natural, se aceptaba el derecho vino de los reyes y se consideraba que el monarca era quien tenía la fa. cultad suprema de decidir sobre los problemas que se referían a la colectividad que regía. Indica algún autor, que existía el llamado "obedézcase, pero no se cumpla" ; sin embargo, ésto no era realmente un recurso en el sentido amplio de la palabra; podría aceptarse que implicaba, si se quiere llamar así, un recurso de revocación, en cuanto a que se pretendía que aquel que había emitido la orden pudiera, sin embargo, aceptar que no se llevara a su término completo, pero el respeto que merecía la autoridad real, llevaba a aceptar la primera parte de esta frase: " obedézcase", sin embargo, "no se cumpla" , y ésto estaba supeditado a dos aspectos fundamentales: el primero, o sea su fundamentación, era la conocida como ob-repción, o sea el que no se había dicho la verdad al superior y por ello lo habían inducido a tomar una determinación que estaba equivocada. El otro aspecto era la sub-repción, o sea el falsear los hechos y presentar ante el superior una situación diferente a la verdad. En esta situación, si realmente el superior había actuado sin un conocimiento verídico y correcto del acto que le hacía emitir su juicio, era natural que se buscara la manera de que la orden del monarca no se contestara abiertamente con un no, y por eso se decía "obedézcase, pero no se cumpla" , porque si se cumplimentara se vendría a actuar contra principios de derecho natural que en la Ley de Partidas se conocía como algo fundamental para todo pueblo. Realmente, repito, durante la Colonia no tenemos la existencia de un antecedente verdadero del juicio de amparo. Al llegar nuestra independencia nos encontramos conque la primera Constitución Política, a la que me voy a referir, haciendo a un lado otros antecedentes que ustedes conocen, Apatzingáh, los Veintitrés Puntos de Morelos, etc., es a la de 1824, y hago especial mención en este momento de esa Constitución porque estamos celebrando en este año, en todo México, el sesquicentenario de la República Federal. Este sesquicentenario debe tener para nosotros una significación especial; ustedes deben por un momento colocarse en la forma en que vivía el país en esos años, acababa de pasar prácticamente la consumación de la independencia de México, éramos un pueblo que estaba naciendo a la Vida Política dentro del concierto de las naciones y había mexicanos que J>ensaban que el mejor sistema sería el centralismo, siguiendo para ello el molde que la Colonia había dejado, o sea una autoridad central que gobernara en todo el país y que, a semejanza de lo que pudiera ser el Virrey o el rey, pudiera dar sus dictados en toda la república central, pe- 182 183 �EL JUICIO DE AMPARO EL JUICIO DE AMPARO ro sin reconocer que hubiera estados o entidades independientes y soberanos. Por otra parte, hubo quienes se inspiraron, prácticamente Ramos Arizpe, por ejemplo, en la idea del federalismo, y el federalismo, podemos considerar nosotros, que ha sido la mejor defensa que ha tenido el país para evitar su división. Cierto que hemos sufrido una substracción de parte de nuestro territorio, pero no ha sido propiamente porque hubiera una parte del territorio que no quisiera ya ser gobernada por México; el federalismo ha permitido que dentro de las condiciones específicas de cada lugar de la República, dentro de las necesidades que se advertían diferentes en detalle en el norte, en el centro y en el sur, pudieran, sin embargo, existir entidades, estados soberanos e independientes en cuanto a su régimen interior, que vinculados por un acuerdo general, por un pacto federal, crearon la Federación, o sea el régimen en el cual todavía hasta la fecha estar.,os viviendo. Este sistema federalista, indudablemente, repito, fue una concep. ción muy bien elaborada, magnífica, para que México pudiera seguir adelante como ha seguido hasta ahora y, por ello, a pesar de los cambios que advertimos posteriormente en nuestro régimen de gobierno, vienen dos constituciones que son fundamentales: la Constitución Política de 1857 y la Constitución Política de 1917. Quiero insistir todavía un poco en lo que establecía la Constitución Política de 1824, en este aspecto: el artículo 60. de esta Constitución señalaba que el supremo poder de la República se entregaba en manos de Tres Poderes, uno de los cuales era el Poder Judicial, o sea que desde el inicio de nuestra vida independi.ente como República Fe· deral, se ha reconocido por el pueblo de México la necesidad de estar gobernado por Tres Poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Se atribuía a la Corte Suprema, en la sección tercera de esta Constitución el conocimiento de diferencias entre los Estados con 'la Federación, ~ de los Estados entre sí, así como también que pudiera dirimir las competencias entre los Tribunales de diversos Estados o entre los Tribunales de un Estado y los Tribunales de la Federación. Pero hay además un aspecto que es muy importante, el artículo 137 de _e~t~ Constitución, en su fracción VI, atribuía a la Corte Suprema la pos1b1h· dad de conocer de las infracciones que se cometieran a la Constitu· ción y a las leyes generales, según lo previnieran las leyes que al efec· to se expidieran. Estas leyes no se llegaron a expedir y por eso no tu· vo vigencia este precepto que, en realidad, venía a establecer ya, por primera vez, lo que posteriormente hemos llamado control de constitu· cionalidad y control de legalidad, o sea que desde 1824 hubo en la mente de los constituyentes el propósito o la idea de que este Poder Supremo de la Federación, Poder Judicial, pudiera en un momento dado conocer de violaciones a la Constitución, así como también a las leyes. 184 Ya desde entonces aparece una figura egregia en el panorama de México como es la de don Manuel Crescencio Rejón, porque él contribuyó con Ramos Arizpe, al Acta Constitutiva, como a la Constitución de 1824, pero posteriormente, y por eso le he denominado egregia figura, don Manuel Crescencio Rejón tiene una idea luminosa cuando el Estado de Yucatán se separa, y estonces se expide una Constitución Política de aquel Estado que básicamente es redactada por Rejón que ahí introduce, por primera vez, la esencia del juicio del amparo mexicano. Esta Constitución establecía el juicio de amparo contra toda ley o acto de cualquiera de los Tres Poderes del Estado que fuera violatorio de la Constitución. Siguiendo la idea de Tocqueville, que como ustedes saben ha sido el inspirador de muchas de las disposiciones sobre la organización constitucional, decía que ei amparo sólo debía referirse al acto reclamado y de ninguna manera combatir la generalidad de la ley. Esta idea la adoptó Mariano Otero, pensando que, dentro de la independencia de poderes no era conveniente que uno tratara de inmiscuirse derogando o dejando sin efecto los actos que hubiera cometido en su totalidad otro Poder y así se decía: si el Poder Judicial va a tener la facultad de derogar las leyes, porque considere que no van de acuerdo con la Constitución, el Poder Judicial va a estar en condición superior al Poder Legislativo y ésto crea un conflicto político que, en un momento dado, puede llegar hasta determinar un golpe de estado o una revolución. Por ello es que Otero, desde aquel entonces, pensó en que era preferible que en el amparo contra leyes como en cualquier tipo de amparo, se concretara el efecto de la concesión del amparo al acto concreto sobre el que versara la queja. Esta es la razón o el origen de la forma como se maneja nuestro juicio de amparo. Ello no impide que, como lo hice notar en días pasados, al intervenir en el acto inaugural de la Reunión Nacional de Magistrados de Circuito, todavía en la actualidad escuchemos voces co~o la de don Antonio Carrillo Flores, reputado jurista mexicano, que insiste en la conveniencia de que pudiera una ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarando la inconstitucionalidad de un 185 r �EL JUICIO DE AMPARO EL JUICIO DE AMPARO precepto legal, comunicarse a los congresos, sean federales o locales, para que de inmediato quedara derogada la ley que hubiera sido calificada de inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, repito, es solamente una idea, una forma de plantear problemas que pueden ser muy interesantes para el desarrollo de México, pero que se apartan de la realidad que estamos viviendo, de acuerdo con lo que se dispone en nuestras leyes. Las Constituciones Políticas de 1857, como la de 1917, consagraron definitivamente el juicio de amparo y es de justicia que hagamos mención a los grandes juristas, y no puedo mencionar a todos porque la lista sería interminable, que han contribuido con su sapiencia, con su dedicación, con su estudio a perfeccionar cada vez más el juicio de amparo, el que, desde luego, acepto que aún en las condiciones en que se encuentra, es susceptible de perfeccionamiento, y que es obligación nuestra el estudiar aquellos aspectos de nuestra Ley de Amparo o de n-uestra Constitución que pudieran ser objeto de reforma para hacer más ágil, más fluido, más positivo, el juicio de amparo. Algún abogado me decía anoche, que encontraba que el juicio de amparo mexicano nuestro se había vuelto muy formalista , yo rebatía la tesis y decía que precisamente en el Pleno de la Suprema Corte esta• mos luchando contra esos formalismos y por ello estamos tratando hasta donde sea posible de evitar los sobreseimientos, salvo en aquellos ·casos específicos en que no cabe otro camino para resolver el proble· ma, pero que es preferible, a nuestro modo de ver, dentro del Pleno de esta Suprema Corte, estudiar los actos impugnados, las leyes im· pugnadas y conceder o negar el amparo, según las características que tenga el caso. Repito, entre los grandes juristas es indispensable mencionar a don Ignacio L. Vallarta, debemos recordar a don León Guzmán, a Fonseca, a Iglesias, y a tantos más que en el siglo pasado dieron su aportación para mejorar el juicio de amparo. En este siglo han pasado también juristas muy eminentes por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ésto, les confieso, mis amigos, me hizo temblar cuando fui designado como Presidente de tan alto Cuerpo, porque cuando se recibe una herencia tan valiosa de hombres preclaros que han brillado en el cielo de México, siente uno que el espíritu se intranquiliza y que realmente tiembla la mano al considerar la gravedad que implica y la necesidad de no ac· tuar en forma equivocada en aquello que otros hombres han consagra· d.~ en forma ~an_ eminente y tan alta como lo es, repito, fa contribu• cion d~ estos Juristas para engrandecer el juicio de amparo mexicano. , . Si habl~mos de leyes de amparo, no podríamos olvidar la Ley Organica de Juarez, de 1861, después las de 1869 y 1882 debem · 1C · · · , os mencionar e . od1go Federal de Procedimientos Civiles de 1897 el de 1909 en este siglo. Además la Ley de Amparo de 1919 y la Le~ de Ampar~ de l 936, ~ue con reformas sucesivas es la que tenemos vigente refor;as ,sucesiva~ que hemos tenido en 1951 , cuando se crearon i'os Triuna es Colegiados y la Sala Auxiliar. Permitidme . que me detenga unos minutos sobre este particular po_rque es muy importante que entendamos bien la naturaleza de un Tr~bunal Colegiado: venían funcionando los Tribunales Unitarios como !r_1~unales de Apelación y la Suprema Corte conocía de todo tipo de Juicios de ampa~o que llegaban en forma directa o en revisión, de tal manera que hab1amos llegado a un efectivo rezago dentro de la Suprema Corte, en donde existían más de 27,000 asuntos estancados En~~nces s~ pe~só en modificar la ley y en crear los Tribunales C~legia. s de C1rcu1to, para qué pudieran ellos conocer de cierto tipo de juic~os de amparo en aspectos procesales y que la Suprema Corte conociera de las violaciones de fondo. 186 Ad~_más, se_ ere? la Sala Auxiliar en 1951 y en 1968. Existía fa ~revencion c?~stituc1on~I de la existencia de Ministros supernumeraaos, est Ministros tenian como función principal sustituir en sus falt los Ministros numerarios, pero ante la creciente existencia de asunc:s d~ _amparo en la Corte, se constituyó la Sala Auxiliar ✓con los cinto Ministros _supernumerarios y se le pasaron una cantidad de asunm~/~ todo tipo para que los. conociera, repito, y a través de ello hee ~grado que en la actualrdad prácticamente la Sala Auxiliar haya t oncluido o esté por concluir todo el acervo de negocios que se le enregaron en aquellos años. ?~ . En 1963 se estableció también una reforma, una reforma que el : 1s de~andaba para el amparo en materia agraria. Se consideró que u a tan .'mp_~rtante que la materia agraria y el amparo agrario tuvieran dna a~lrcacron co~r~cta en beneficio de las clases más desprotegidas lael pa~s, en benef1c10 de los ejidatarios, que se aceptó la suplencia de . queia ~n esta materia, o sea la forma de que en un momento dado ~ por olvido, por torpeza, por ignorancia, no se esgrimían determinades argu_mentos, pudiera_!ª autoridad judicial suplir la queja, en favor 1 nucleos de poblac,on que hubieran demandado el amparo y pro1eccron de la justicia federal. ?~ 187 �EL JUICIO DE AMPARO El JUICIO DE AMPARO . , el término para promover el amparo Taml;>ién se con~~dero que , f a limitada. En cualquier mopor núcleos de poblac1on no coma en orm , d. 1 ·uicio de amparo. . mento podían estos a_ cu_ ir a J om etencias entre la Corte Y los fo. En 1967' se delimitaron las-~ 1 Pcaducidad de la instancia, cadubunales Colegiados _Y se est?bl~tº aue cuando no hay promoción ducidad de la instancia que s1gm i~a- ~ de amparo menos aquel en que . d f1 o en un JUICIO ' rante determina o ~m~ . d d I leyes con ello se significa que se impugna la const1tuc1onahda . e as . ' ndo Y que si no tiene inla parte no tiene interés en seg~irlo p~omo~:1•ar firme la sentencia en t , en ello debe caducar la instancia Y eres , . . juicios de amparo. el caso de que se tratara de rev1s1one~ en e es el de generalidades, Y la diferencia de redacción en esas dos últimas fracciones se explica porque en la segunda, que ustedes oyeron, se refiere a leyes o actos de la ley federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados, o sea, hay. un reconocimiento expreso de que los Estados de la República gozan de soberanía, de soberanía interior, como lo reconoce la propia Constitución, y por ello, cuando hay una invasión, cuando hay una vulneración de la soberanía de los Estados, se puede generar un juicio que motiva precisamente la necesidad de dirimir la controversia y la fracción 111 se refiere a leyes o actos de las autoridades de éstos, de los Estados, que invadan la esfera de la autoridad federal. Creo yo que, como realmente la soberanía de la federación está constituida por la voluntad . de todas las entidades que al unirse han creado precisamente el Pacto Federal, quiso el constituyente solamente referirse a leyes o actos de las autoridades de los Estados que en un momento dado invadan la esfera de la autoridad federal. la principal división, y no voy a entrar en detalle en este tema, porque es ampliamente conocido por ustedes, es la diferencia en amparos directos o en amparos indirectos; amparos directos que son aquellos que directamente, como su nombre lo indica, son del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, y amparos indirectos, o sea aquellos que primero pasan por el conocimiento del Juez de Distrito y posteriormente, ante la inconformidad de alguna de las partes, van al conocimiento o bien de los Tribunales Colegiados, o bien de las Salas o del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a pasar al seg~n~o asp:;n;a':::os presente cuál es el objepara ello conviene que des e uego , to del juicio de a~paro. . . sino referirme exactamente a los te~En esta materia no qu1s1era . . , 1 artículo 103 que cons1t ConstItucIon en e • minos que emplea nues ra d . , resolverán las controversias . . . 1 de la Fe eracIon dera que los Tnbuna es t d la autoridad que violen las que se susciten, 1.- Por leyes o ac os e garantías individuales. , ue critica la forma como la ConsEn este punto hay ~lgu~ _autor q rantías individuales, porque con· titución se refiere a la -~1olac1on de gaun criterio individualista, libera~, sidera que esta redacc1on. obedec~ : como ustedes saben, la maravIpropio del sigl~, pasad?;. sm emba g_ ' lu e dentro de su texto, ta~to llosa Constituc1on Pollt1ca nuestra me Y. '1 Y para ello basta sIm· . . . garantías socia es , • garantías md1v1duales co~o n el pero los Tribunales Ju· 123 plemente pensar en el_ ~rt1culo 27 ~ e cual u'ier concepto al respecto diciales de la Federac1on han amp_h~:~ón n; exclusivamente a las ga· Y se ha ac~~tado el a~paro ~~ vio arantías sociales Y así ven ~sterantías ind1v1duales, smo tamb1:~ ~ g n ue se impugne alguna violades que es posible conocer de 1u1c1os e q e impugne la violación . , al art'1culo 27 ó en muchos casos, en que s 6 c1on ' rf los 14 y 1 . del artículo 123, relacionados con los ~ icu , de ser en la actuali· . . 1 rítica no tiene razon Entonces, creo _que a e ·t . de ampliación que nos da la 1uns• d ha habido ese en eno dad, cuan d los más altos tribunales. prudencia Y las tesis , e 1 103 de la Constitución nos menciona en 1~ Además, este art1cu .º actos de la autoridad que vu . fracción II la~ ~ontrover~1as ~ordl:y1:: ~stados Y la fracción 111, por le· neren o restnnJan la s~derdam~e éstos que invadan la esfera de la auto· yes o actos de las auton a es ridad federal. ° . 188 Quiero referirme a un caso especial que está siendo objeto de debates y de discusiones muy interesantes, dentro del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y es el que menciona la fracción IX del artículo 107 constitucional, ya que se refiere en esta fracción a que la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito no será recurrible, cuando se funde en la jurisprudencia que haya establecido la Suprema Corte de Justicia o la interpretación directa de un precepto de la Constitución; pero en cambio, en la primera parte de esta fracción, establece que las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados podrán ser recurribles cuando se refieran a la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un Precepto de la Constitución, caso en el cual el fallo es r-ecurrible ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente ·a la decisión de las cuestiones · propiamente constitutionales, o sea que es el único caso en que las resoluciones de un Tribu- 189 �EL JUICIO DE AMPARO EL JUICIO DE AMPARO nal Colegiado pueden ser impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ésta será la que decida en última instancia. La razón de ser, vuelvo a repetir, es porque se ha considerado que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede estudiar y resolver aspectos de constitucionalidad de las leyes y también si se trata de hacer una interpretación expresa de un precepto constitucional, entonces debe ser, en último análisis, la Suprema Corte de Justicia la que decida cuál debe ser la interpretación correcta. Dentro del juicio de amparo no puede pasar desapercibida una institución que tiene un valor imponderable y que ustedes conocen: la suspensión del acto reclamado. La suspensión del acto reclamado de la que conocen prácticamente los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados, y que afecta tanto a la ejecución de un mandato, de una orden de la autoridad que pudiera implicar la consumación del acto Y que en consecuencia ya no habría materia para el amparo, o bien qu~ se trate de garantías fundamentales de la Constitución como es la v1. da, la libertad y otras garantías específicas que se señalan en la propia Constitución . La suspensión tiene, repito, un valor extraordinario porque, digamos no en forma peyorativa, sino simplemente por la comparación, un sencillo Juez de Distrito, que actúa en cualquiera de las entidades de la República, tiene la autoridad suficiente, de acuerdo con la ley, para suspender un acto, una orden emitida, así sea por el Presidente de la República o por cualquier autoridad de la Federación o de los Estados, si en el caso considera que se satisfacen los requisitos para otorgar la suspensión de oficio o a petición de parte. Por ello se crea una situación muy importante, al dar este poder extraordinario a la autori· dad judicial, con la sanción de que, sino fuera acatada la orden de suspensión por la autoridad que la reciba, la propia Constitución establece que ella será consignada. Fijémonos en la trascendencia tan grande que tiene esa sanción, que la Constitución emplea en dos ocasiones: por una parte, cuando existe el desacato a la orden de suspensión; pero también cuando se desobedece una ejecutoria dictada por la autoridad judicial federal, siendo en este caso la situación todavía más grave, porque la Constitu· ción llega hasta el extremo de que, cuando existe este desacato a una ejecutoria pueda, llevándose el caso al conocimiento de la Supr~a Corte, separarse de su cargo al funcionario que no acate la ejecutoria y consignarlo ante la autoridad. Esta doble sanción importantísima na· turalmente que debe ser manejada con toda la prudencia que es indis· pensable en estos casos, para no crear un conflicto político innecesario. Pues bien, es preciso considerar que los mandatos del Poder Judicial Federal, una vez que se dictan en última instancia, que son definitivos, deben ser obedecidos y que ninguna autoridad en México puede oponerse al cumplimiento de las ejecutorias dictadas en el caso de a_mparo. Dentro de este aspecto del juicio de garantías quiero insistir ~n algo que me parece muy importante: naturalmente que todos los hab1tant~s. de México tienen su esperanza puesta en el amparo y por ello es log1co que ustedes escuchen y escucharán más tarde los estudia~tes que a~ora cursan la carrera de abogado, cuando sean ya profesionales y eJerzan su profesión, que desde el hombre más humilde, que desd~ el campesino, el obrero o inclusive una mujer de mala vida, cuando sientan que se van a lesionar sus derechos, va y le dice al abogado: " pídeme amparo", porque cree en el juicio de amparo, encuentra en este juicio la solución última y definitiva a los problemas más graves que afectan las garantías de los ciudadanos y de los habitantes, en general, de la República . 190 En el acta de reformas de 1847 se estableció el amparo contra leyes, pero la interpretación de la Constitución de 1857 la desapareció. En 1957, cuando se reforman las leyes, se señala como facultad exclusiva del Pleno el conocimiento de amparos contra leyes que se atacan de i~con_sti_tu~i?n~les. Al respecto es conveniente que hagamos una pequena d1stmc1on importante: se habla de leyes autoaplicativas y de leyes normales ¿qué entendemos por eso?, el problema es muy importante porque de ello deriva, en ocasiones, que se considere procedente o no una demanda de amparo. Leyes autoaplicativas son aquellas ~ue por su sola vigencia crean ya determinadas obligaciones a los particulares Y que si éstos no acatan pueden ser objeto de una sanción· entonc~s,_ el simple hecho de promulgar y de publicar la ley va dand~ Ya na~1m1ento a una supuesta infracción a los preceptos constitucionales, s1 esa ley efectivamente viola las garantías individuales; entonces, la sola expedición de la ley da motivo para que se interponga un juicio de amparo, y se dispone de 30 días para poder hacer valer la demanda de amparo. Antiguamente, antes de que se reformara la ley en esta materia, se decía que tratándose de leyes autoaplicativas sólo existía el término de 30 días para poderlas recurrir y que, tratándose de actos concretos de aplicación de las leyes, se disponía de quince días a partir del momento de su ejecución o del conocimiento por la parte del acto reclamado para poderla recurrir por medio del juicio de amparo; entonces se presentaban casos que se consideraban injustos, pues 191 �EL JUICIO DE Arv1PARO es factible que respecto de una ley no supiera a ciencia cierta el litigante, si podía calificarla de autoaplicativa o no, y si dejaba pasar esa oportunidad de los treinta días después, cuando pretendía pedir amparo se le decía que había dejado transcurrir el término y en consecuencia su demanda no era procedente. Entonces se reformó la ley con un gran sentido de justicia y en la actuai;dad nos encontramos conque la ley autoaplicativa puede ser recurrida de inmediato, dentro de los treinta días, pero posteriormente cualquier acto de aplicación de la misma ley es recurrible dentro de los quince días siguientes, de tal modo que si un particular dejó transcurrir el término de treinta días y no hizo valer recurso alguno; pero viene un acto de aplicación de la ley, dispone nuevamente de un plazo de quince días para interponer su demanda de amparo, y no hay base para desechar la demanda por este capítulo. Es también muy conveniente, porque lo he observado en algunos juicios de amparo, recalcar ante ustedes este aspect? que ~s ~uy interesante: cuando se ataca una ley por considerarla 1nconst1tuc1onal, es necesario señalar como autoridad responsable a quien emitió la ley, al poder legislativo y al ejecutivo que la promulgó y no concretarse simplemente a la autoridad que realizó el acto reclamado, porque s~ ~orre el peligro de que, como no es oída la autora de la ley Y se esta 1~pugnando un acto de ella, ya que quien hace la ley e_~ el Pod~r Le~•s· lativo y viene a confirmar su existencia la promulgac1on del E1ecut1vo, sí no se le piden informes ni a la legislatura ni al ejecutivo, no han tenido la oportunidad de exponer cuáles fueron las bases del acto que se está impugnando de inconstitucional, y entonces, la demanda ca~ por su peso porque no fue oída una de las partes. Los actos de aph· cación podrían juzgarse; pero ya dentro del aspecto de control de le· galidad, no del control de constitucionalidad. Si se pretende en una demanda de amparo impugnar la constitucionalidad de una ley, de un precepto de una ley, es indispensable, en todo caso, señalar como autoridad responsable a la legislatura que emitió la ley y al ejecutivo que la promulgó. Hay un caso de excepción, pudiéramos decir, que es aquel en que se están impugnando los actos del Colegiado, a que me refería ante~, en que habiendo conocido de una sentencia definitiva en la cual se dt· ce que al dictarla la autoridad responsable infringió un precepto de la Constitución, solamente está estudiando el Tribunal Colegiado el acto reclamado o sea la sentencia definitiva, y en este caso, el criterio que se ha sostenido dentro del Pleno de la Suprema Corte, es en el senti· 192 EL JUICIO DE AMPARO do de que aquí no se requiere haber señalado como autoridad responsable ni a la legislatura ni al ejecutivo que promulgó la ley, porque la Constitución, en otros de sus preceptos, impone la obligación a todos los Jueces y autoridades de la República de obedecer la propia Constitución, antes que las leyes locales. También es interesante que les mencione a ustedes la improcedencia de ese argumento que algunas ocasiones hemos encontrado en la contestación de la demanda de amparo o en los agravios, en el que se dice que la expedición y promulgación son actos consumados, o sea que defendiéndose la autoridad alega que ya no es posible conocer de la expedición y promulgación de la ley porque ya son actos consumados y lo que se está combatiendo es la aplicación de un acto concreto de la ley. No es correcto ese argumento porque precisamente la ley cobra vigencia, cobra vitalidad cuando es aplicada, entonces, en ese momento, es cuando surgen todas las circunstancias que pudieran determinar el ataque a la constitucionalidad de la ley y por ello la argumentación, repito, de algunas autoridades responsables diciendo que se trata de actos consumados, se ha considerado improcedente. En este caso la autoridad responsable tiene la obligación de rendir su informe y de justificar el acto que se imputa de inconstitucional. Creo que es importante dentro de esta charla y no tomando mucho tiempo de ustedes, exponerles algunas tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e inclusive dar una explicación brevísima de los fundamentos que han llevado al más alto Tribunal a sentar las tesis a que me voy a referir. Por ejemplo, se ha dicho que los créditos de los trabajadores no son acumulables a la quiebra y que el artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo, de 1931 y el 114 de la Ley actual, están dentro del marco de la constitucionalidad. ¿Por qué?, porque aun cuando efectivamente en este caso los trabajadores no entran al concurso, o a la quiebra, sus créditos tienen un carácter ajeno a esta masa que constituye la quiebra. Algunos han pretendido que se crea una situación violatoria de la Constitución al establecer una preferencia o privilegio que nadie en México puede tener o disfrutar de acuerdo con el artículo 12, ni fuero alguno, según el artículo 13; que los créditos de los trabajadores, se sostenía en este amparo, deberían de entrar a la masa común de la quiebra y, en todo caso, considerarlos como singularmente privilegiados; la Corte se opuso porque en este precepto lo que se está desenvolviendo es un precepto constitucional, o sea la fracción XXIII del artículo 123 de la Constitución, que precisamente está protegiendo los 193 �EL JUICIO DE AMPARO EL JUICIO DE AMPARO créditos de los trabajadores y porque esa protección, si en un caso de quiebra existen otros acreedores que puedan ser acreedores hipoteca• ios o acreedores privilegiados por determinado motivo, los salarios de los trabajadores se han considerado como alimentos, el salario es alimento vital para que el trabajador pueda subsistir. En esas condiciones, nuestra legislación no ha querido que estén supeditados a todos los trámites de un juicio de quiebra, sino que esos créditos se paguen preferentemente y antes de que entren a la masa de la quiebra, porque los trabajadores deben también de disfrutar de este privilegio excep· cional, además de que los propios trabajadores, de acuerdo con el precepto que he citado, quien está autorizado para dirimir sus conflictos son las autoridades laborales. Entonces no es ante las autoridades del orden común, que van a conocer de un juicio de quiebra, ante las que se va a dilucidar la naturaleza de los derechos de los trabajadores, son las autoridades laborales, Junta Federal o Juntas Locales de Concilia• ción y Arbitraje, las que van a conocer de los conflictos laborales Y a resolver si los trabajadores tienen derecho o no. Por otra parte, esta conclusión se desprende también de otras fracciones del mismo artículo 123 constitucional, entre las que pode· mos referirnos a la tracción VI , VIII y X del artículo 123 ya que, como ustedes saben muy bien, con una previsión extraordinaria el Constituyente de Querétaro incluyó en el texto del Código Máximo Político de México en detalle la reglamentación de los derechos de los trabajado· Nació el derecho del trabajador en México antes que en otros paí· ses del mundo dentro del texto constitucional, porque aún la constitu• ción de Weimar es posterior a la nuestra y el ataque que se recibiera por los juristas de viejos moldes, en el Congreso Constituyente, dic!~ndo que una constitución no debe entrar al detalle de la reglamentac1on, fue combatido con valor, energía y firmeza por quienes sabían lo que eran los derechos de los trabajadores; había un grupo de diputados constituyentes que merecen el elogio y el bien de la patria, ya que su· pieron llevar en una redacción que a la postre se incluyó en el texto del artículo 123 constitucional, los derechos de los trabajadores. Estoy mencionando a ustedes la fracción VI en lo que se r~fiere a los salarios mínimos de los trabajadores a los que, en general, otorga privilegios y protecciones extremas. No pueden ser objeto de d~scuentos, salvo en el caso de alimentos a que esté obligado el trabaIador. La fracción XIII precisamente es la que dispone que quedan exceptuados de embargo, compensación o descuento; la fracción X que se refiere a que el salario deberá pagarse precisamente en moneda de cu rso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Esta categoría tan especial conque defiende los salarios de los trabajadores, justif ica con exceso que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya resuelto que la disposición del artículo 97 antiguo y 114 actual, en el que separan de la masa de la quiebra los c~é_ditos de los _trabajadores, en forma alguna viola o vulnera las disposIcIones contenidas en la Constitución Política. Nos encontramos con otra tesis jurisprudencia! importante; aquella en que se sostuvo que el artículo 250 del Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos no vulnera las garantías de libertad de trabajo y de audiencia, ni infringe el artículo 28 constitucional, pues aun cuando prohibe que las autoridades sanitarias federales y locales otorguen permisos de apertura a expendios de bebidas embriagantes por el término de cinco años, al establecer esta restricción a la libertad de comercio, se apoyó en uno de los casos de excepción que señala el artículo 4o. constitucional, consistente en la posibilidad de dictar una resolución gubernativa en los términos que marca la ley para proteger los derechos de la sociedad. Ustedes recordarán que la libertad de comercio a que se refiere el artículo 4o. efectivamente tiene taxativas, y una de ellas es cuando se afecta el interés social; entonces puede el Estado establecer, determinadas limitaciones y no con ello infringe la garantía de libertad de trabajo a que se refiere el artículo 4o. Hay un caso muy importante que quisiera también mencionar a ustedes: el artículo 48 de la Ley del Seguro Social de 1942 estableció ~I d~b~r que tiene ~I patrón, cuando no cumple con la obligación de mscnb1r a sus_traba¡adores, de establecer los capitales constitutivos y, en consecuencia, entregar al Seguro Social una cantidad de dinero que se ha c~l~ulado según los casos de que se trate; los patrones lo impugnar~n d1c1endo que estaban en presencia de un impuesto y que si era u~ impuesto debía revestir las características de equidad y de proporcionalidad que señala el artículo 131 de la Constitución. . Por otra parte, dijeron que en este caso no había audiencia previa y que en consecuencia era inconstitucional el precepto. La Corte Suprema de México estableció que el artículo 48 es constitucional , en . Primer lugar, porque no es un impuesto, los impuestos se establecen para cubrir los gastos públicos y en el caso del Seguro Social es un or- 194 195 res. �EL JUICIO DE AMPARO ganismo, si bien de interés público, descentralizad?, en el que por medio de una administración propia, patronos, traba¡adores y Estado, se está cubriendo el requisito de la seguridad social que ya venía establecido como un desideratum, en la Constiución Política en su artículo 123, pero que por esos fenómenos que son lógicos cuando se va a integrar un pueblo, cuando se va llegando a institucionalizar los a~helos de una revolución como fue la nuestra de 1910, el Seguro Social no ha aparecido de inmediato sino que tuvieron que transcurrir algunos años, para que se expidiera la primera Ley del Seguro Social y enton_ ces fue una realidad, ya en México la seguridad social. No es pues un impuesto, es simplemente el pago de una prestación que ti~nen los patrones ta obligación de cumplir, porque a ellos se ha determinado la carga del pago de las indemnizaciones por riesgos profesionales. Nuestro ~ropio artículo 123 estableció la responsabilidad del patrón por l~s ~1esgos que sufriera el trabajador; si el Seguro Social viene a sust1tu1r la obligación patronal directa, pues entonces el patrón tiene que pagar las cuotas respectivas al Seguro Social; consecuentemente no existe ni remotamente un impuesto, y no tendría por qué revestir las característi· cas de proporcionalidad a que se refiere el artículo 31 de la Constitución; pero, aún más, la propia ley establece las bases conforme a las cuales puede establecerse el capital constitutivo, considerando precisa· mente las obligaciones que debe cubrir el Instituto al trabajador que resultó lesionado en un caso dado. El artículo 48 tiene su fundamento, dice la Corte, en el artículo 123 fracciones XIV y XIX de la Constitución y no en el artículo 73 fracción VII de la propia Constitución que es la que establece la facultad de que existan impuestos para cubrir los gastos públicos tanto de la Federación como de los Estados. Además, el artículo 133, hoy el 274 de ta Ley del Seguro Social permite combatir la resolución relativa ante el Consejo Técnico y allí se oirá al quejoso. Otra tesis que también me parece importante señalar a usted~s es una que se presentó no hace mucho y que ya sentó jurisprudencia, por una modificación de la ley de ~oblación, par~ el efect? ?e que no pud.ieran recurrir al divorcio extranJeros que hab1~n c?nst1t~1do un lugar de la frontera mexicana en la meca de los d1vorc1os_, s1m~1emente c-0n llegar, presentar su solicitud de divorcio y casarse mmed1atamen· te con otra persona. Entonces vino una disposición en la .Le~ de Na· cionalidad- y Naturalizacién, artículos 35 y 39, que establecieron los requisitos a que deben sujetarse los extranje~os p~ra tramitar Y obtener en su caso el divorcio o nulidad de su matrimonio y se sostuvo por la 196 EL JUICIO DE AMPARO Corte Suprema que el artículo 73 fracción XVI constitucional y 50 de la Ley de Nacionalidad no limitaban la facultad legislativa del Congreso de la Unión a los derechos públicos de los extranjeros, sino que comprendían también los derechos privados, ya que ambos preceptos legales reservan .exclusivamente a dicho Congreso la facultad de legislar sobre la condición jurídica de los extranjeros y sobre la modificación o restricción de los derechos civiles de éstos. Diversa tesis jurisprudencial se refiere a los requisitos legales que deben satisfacer los extranjeros para promover el juicio de divorcio. A este respecto la jurisprudencia relativa establece que el artículo 35 de la Ley de Nacionalidad y Nacionalización, no confunde los conceptos de domicilio y residencia, al decir que ninguna autoridad judicial o administrativa dará trámite a un procedimiento de divorcio o nulidad de matrimonio de los extranjeros, si no se acompaña la certificación de la Secretaría de Gobernación respecto a su residencia legal en el país y a que su condición y calidad migratoria lo permita, pues dicho precepto no establece como único requisito para entablar el divorcio, el estar domiciliado en la República, sino también tener los documentos que le expida la Secretaría de Gobernación para acreditar su legal residencia Y su calidad migratoria, a fin de que puedan promover el juicio de divorcio. En materia de impuestos federales, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia modificó la anterior jurisprudencia que disponía que la f~lta de proporcionalidad y de equidad de los mismos no podía remediarse por medio del juicio de amparo, estableciendo que el Poder Judicial Federal sí está capacitado para revisar los decretos del Poder Legislativo cuando aparezca que el impuesto es exhorbitante o ruinoso o que el Legislativo se ha excedido en sus facultades constitucionales'. De todo lo anterior se concluye que cuando el particular reclama que un impuesto no es proporcional ni es equitativo si se demuestra esta situación, normalmente a través del juicio pericial, está facultada la Corte para en un momento dado poder declarar que un impuesto falta a los requisitos de proporcionalidad y equidad que señala el artículo 31 de nuestro Código Político. Es también interesante precisarles a ustedes otro concepto que algunas veces encontramos un poco mal definido en las demandas de amparo que llegan a nuestro conocimiento. Algunos abogados pretend~n que la expropiaci~n de_ un bien de acuerdo con la Ley de Expropiaciones del Estado o bien s1 se trata de la Federación o del Distrito Federal, de acuerdo con la ley respectiva, viola la garantía de audiencia 197 �EL JUICIO DE AMPARO EL JUICIO DE AMPARO porque no se oyó previamente al interesado. La Suprema Corte de ~usticia ha considerado que en esta materia no existe el requisito de audiencia previa, porque precisamente las Leyes de Expropiación, que deb~n estar fundadas en el artículo 27 constitucional, establecen cuando existe un interés público que justifica la expropiación y solamente lo que queda sujeto a decisión judicial es el monto de la indemnización cuando hubiere lugar a discutirlo; pero el acto soberano de la expropiación, si está fundado en la ley y si la ley, repito, considera de interés público el fin señalado, no requiere requisito de audiencia previa para que pueda llevarse a cabo el acto expropiatorio. Creo que es interesante que por encontrarme en el Estado de Nuevo León les mencione a ustedes, dos tesis jurisprudenciales importantes para concluir este aspecto de mi charla: Una relativa a _la _Constit~cionalidad de los artículos 451 y 453 del Código de Proced1m1entos Civiles de este Estado, en que se establece la posibilidad de ejecutar la sentencia de primera instancia, si fue recurrida en apelación Y ésta sólo se acepte en el efecto devolutivo. Ustedes saben que una sentencia puede ser recurrida de acuerdo con las leyes en un efecto, o en ambos efectos, esto último cuando se suspende la ejecución del acto y se envía el expediente al Tribunal Superior, revisor o de apelación, para que considere si efectivamente se violó o no el texto legal. Otro, cuando se acepta la apelación sólo en el efecto devolutivo, y por ello es factible ejecutarla; pero precisamente no se viola precepto constitucional alguno porque el artículo 453 del Código de Procedimientos Civiles de este Estado, condiciona la ejecución a que la parte interesada otorgue la caución suficiente para garantizar la restitución de las cosas al estado que guardaban; no se trata pues de un acto que definitivamente lesione los intereses del particular reclamante, sino que está sujeto a que, por medio de la caución que otorgue la parte interesada, en un momento dado pueda ser resarcido de los daños y perjuicios que pudiera sufrir. También me interesa precisar ante ustedes el criterio que sostiene la Suprema Corte en el sentido de que el artículo 41 del Código de Procedimientos Civiles de este Estado, que autoriza desechar las promociones improcedentes, es constitucional, no viola la garantía de audiencia, porque se trata de un precepto que tiene por objeto, dijo la Corte, acelerar el curso del procedimiento en concordancia con lo que dispone el artículo 17 constitucional y evitar que alguna de las partes formule sus peticiones infundadas con evidente finalidad dilatoria. Todavía un último caso: el Tribunal Supremo de la República es· ta?leció la i~constitucionalidad de la providencia prejudicial de lanzamiento'. ~revista ~n los artículos 215, 219, 223 y 224 del Código de ~roc~d1m_1entos_citado, porque los tres primeros permitían esa diligencia sm ~1r debidamente al inquilino, privándolo de los derechos de def~?sa, srn l~s formalidades esenciales del procedimiento y con violac1on del articulo 14 de nuestra Constitución. Dejó hasta aquí la exposición de las tesis jurisprudenciales por no alargar ~ás de lo debido esta charla y ahora entraré al último te'.11ª de la misma, que se refiere a la Suprema Corte como Poder y a la importancia del juicio de amparo. 198 El señor licenciado Carrillo Flores, a quien cité antes, en un estudio muy importante que formuló llamado "La Suprema Corte como p 0 • d~r como Tribunal", sostiene el criterio de que, aún en asuntos jurisd1cc1_onales, la Suprema Corte siempre actúa como Poder, porque está p_rec1sarnente estableciendo la superioridad de los preceptos constitucionales federales, sobre cualquier otro precepto de constituciones locales o leyes federales o locales. Es un poder equilibrador1 se ha dich~, Y ¿por qué es un poder equilibrador? Veamos lo que dispone el articulo 105 de la Constitución Política del país que realmente requiere una reglamentación. Este artículo, nos dice, que corresponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias que se susciten entre dos o más Estados, entre los poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos y de los conflictos entre la Federación y uno o más Estados, así corno de aquellos en que la Federación fuese parte en los casos que establezca la ley; 0 sea que se ha dado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad extraordinaria, _y por eso se le llama poder equilibrador, para en un momen!~ dado Juzgar de los actos ejecutados por los Estados O por la F~derac,on, para en esas condiciones resolver si efectivamente se h_a violado o no la soberanía de que gozan y, las disposiciones constitucionales. r Tenemos un curioso precedente, que se cita por el propio Carrillo Flores: fue el caso de Oaxaca de 1932, en que no hubo reclamación de un ~articular, aunqu_~ se sostenía por algunos juristas que siempre se requiere la reclamac,on de un particular; que es la única forma como una_ controversia ante la Corte puede operar; pero el artículo 105 nos esta_ señalando lo contrario, o sea que la Constitución quiso darle ~rsonahdad a los Estados y a la Federación para que a través de sus organ_~s re~resenta!ivos puedan recurrir ante la Suprema Corte y así ocurno, repito, en 1932, en que el Estado de Oaxaca expidió una ley, 199 �EL JUICIO DE AMPARO EL JUICIO DE AMPARO después del descubrimiento de una de las tumbas de Monte Albán por el Maestro Caso, en que se pretendía que estos bienes eran de la propiedad del Estado de Oaxaca. Entonces la Federación, a través del Procurador General de la República, entabló un juicio en que demandó la inconstitucionalidad de esta ley, puesto que esta materia era del resor· te exclusivo de la Federación. La Corte llegó a dictar su sentencia declarativa, considerando que efectivamente esta materia arqueológica era exclusiva del resorte de la Federación. Ahora tenemos otro caso que es muy importante y que no quiero pasar desapercibido: el artículo 97 de nuestra Constitución nos dice que los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán nombrados por la Suprema Corte de Justicia, con los requisitos que exige la ley y durarán cuatro años en el ejercicio de su cargo, al término de los cuales, si fueren reelegidos o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos cuando obren de mala fe; luego nos indica la Constitución que puede la Suprema Corte de Justicia nombrar Magistrndos de Circuito y Jueces de Distrito supernumerarios que auxilien las labores de los Tribunales y Juzgados donde hubiere recargo de negocios, nombrar a alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito o designar a uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente, o lo pidiera el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras de la Unión o el Gobierno de algún Estado, únicamente para averiguar la conducta de algún Juez o La opinión que en esta materia sustentan, tanto el ilustre abogado Gabino Fraga, como el licenciado Carrillo Flores, es que esta facultad de realizar investigaciones, que contiene la Constitución y que probablemente don Natividad Macias tomó pensando en la Constitución de los Estados Unidos, se relaciona exclusivamente con aquellos casos de origen grave y trascendental en los que se justifique que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda realizar una investigación que en ú!timo análisis sólo concluiría con la exposición del resultado de la mis· ma; pero sin que pueda emitir una sentencia condenatoria o absoluto· ria. La teoría de don José María Iglesias, sobre la incompetencia de origen afortunadamente fue descartada por Vallarta considerándola pe· ligrosa. No es posible que en un momento dado se investigue si el nombramiento de un funcionario fue legal, si la elección de un funcio· nario fue correcta, pues esto volvería a la Suprema Corte en un poder investigador que destruiría en un momento dado el régimen y podría crear un caos o un conflicto muy grave de poderes. Esta teoría, repito, quedó defini~ivamente suprimida por Vallarta. Pensemos en la importancia del Poder Judicial Federal. Les he dicho a ustedes que a este Poder se le consida como un poder equilibrador, una idea que, en mi concepto, es muy correcta en cuanto a que delimita determinadas atribuciones. Hamilton, desde 1788 estableció que realmente no quería decirse con ello que el Poder Judicial fuera superior al Poder Legislativo sino que, lo que ocurre es que la voluntad del pueblo es superior a la voluntad de las legislaturas Federal o de los Estados. La voluntad del pueblo, de la Nación, quedó consagrada en la Constitución Política por lo que, si las legislaturas sean federales o sean de los Estados, en un momento dado, expiden leyes que vayan contra la voluntad del pueblo ésta debe imponerse y, en consecuencia, las leyes deben declararse inconstitucionales. Pienso que el Juicio de Amparo tiene una importancia excepcional, precisamente en estos momentos en que atrevesamos todos por una grave crisis económica. Creo que el Juicio de Amparo mexicano es la mejor defensa de los derechos humanos. Después de visitar las Cortes Supremas de todos los países sudamericanos, en este reciente viaje que hice, en compañía del señor Pre-· sidente de la República y de los representantes del Poder Legislativo Federal, vine más convencido que nunca de que el Juicio de Amparo Mexicano supera con mucho a les institutos que existen en otros países del mundo. Ni el writ of habeas corpus ni el writ of error pueden tener la categoría tan grande que tiene nuestro Juicio de Amparo; aquellos se refieren a la libertad personal o a un recurso procesal y nuestro Juicio de Amparo abarca todas las garantías individuales y sociales, como lo he expresado a ustedes. Formulé un pequeño trabajo, que mandé a la Reunión Mundial de Magistrados que se celebró en la Costa de Marfil el año pasado, en que, an~lizando una por una las garantías individuales y sociales nuestras y los derechos humanos consagrados en la Declaración que las Naciones Unidas hicieron en 1948, que en general coinciden en los principios que sustentan y en los fines que persiguen, concluí en que el Juicio de Amparo mexicano puede convertir en realidad lo que no pasa de ser una declaración romántica, porque aunque la hayan aceptado todos los países de la tierra, si no hay un medio para que estos derechos humanos se conviertan en una realidad tangible, no pasan de ser un anhelo de las naciones, pero, un anhelo que 200 201 Magistrado federal o algún hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual, o la violación del voto público o algún otro delito castigado por la ley federal. �EL JUICIO DE AMPARO EL JUICIO DE AMPARO queda en el ámbito de la fantasía; en cambio, si se llega a adoptar el Juicio de Amparo mexicano, con las modalidades propias de cada país, para que estos derechos humanos se conviertan en realidad, entonces será posible que en todos los pueblos de la tierra, ese anhelo universal que quedó consagrado en la Declaración de 1948, se convierta en una realidad que proteja los derchos humanos básicos del sujeto. Creo además que estando en presencia de una grave crisis económica que ha sacudido a todo el mundo, en momentos en que algunos habitantes de los países poderosos se han olvidado de la condición que guardan los habitantes de los países pobres, de los países que perte• necen al tercer mundo, o que somos considerados como en vías de desarrollo o subdesarrollados, ese anhelo expresado también por el señor Presidente Echeverría en su Carta de Derechos y Deberes Econó· micos de los Estados, para que más tarde, si se acepta por los pueblos de la tierra, pueda cumplirse en realidad, debemos recurrir a una ins· titución similar al Juicio de Amparo para hacer efectivo también estos ·derechos que, en el momento que los vivimos, son vitales para que la humanidad pueda seguir adelante. Pero creo que, más aún que todo lo que hemos dicho sobre la emine.ncia del Juicio de Amparo, sobre la importancia de nuestra Constitución, lo importante, y ésto me preocupa mucho, sobr~ todo e~ presencia de la juventud de México, de la juventud de aqui, de la }u~entud de mi Estado, de la juventud de todos los Estados de la Republlca, lo importante, lo fundamental, es que tengamos una conciencia absoluta y plena de que efectivamente vivimos en un estado de derecho, que no vivimos en un estado caótico, que no estamos en la selva, que estamos en un país que a costa de sacrificios muy grandes ha logrado ins· titucionalizar sus anhelos, porque esa Constitución Política de 1917, en mi concepto, cristaliza todos aquellos anhelos que tuvieron quie~es fue· ron a la revolución de 1910, un millón de mexicanos que perdieron la vida en los campos de batalla; anhelos de muchos hombres que saña· ron en un México grande y fuerte y ese ideario está en la Constitución PoUtica de 1917, por eso me parece fundamental que se tenga la con· ciencia plena de que vivimos en un Estado de derecho; pensemos q~e es indispensable considerar ésto para condenar cualquier acto de violencia. Ustedes, futuros abogados de México, saben bien que la gue~ra es condenable, o sea la violencia en el campo del Derecho lnternac10· nal, la guerra es la negación del derecho como la violencia, dentro de un estado, es la negación del derecho. Reconociendo que vivimos pues en un Estado regido por leyes que son susceptibles de modificarse, aún nuestra Constitución Política, porque ella misma prevé la posibilidad de que sean reformados sus textos, pero sigui_ endo los caminos que establece, los anhelos de los habitantes de México que ustedes, jóvenes, el día de mañana podrán consagrar en la Constitución, deben considerar que esta paz de que hemos disfrutado, que la estabilidad política que hemos tenido por más de cuarenta años, se debe precisamente a que hemos vivido en un Estado institucional, que somos un Estado de derecho. Es indispensable que sintamos la unión entre todos los mexicanos, que pensemos en que es preciso darle a nuestras leyes toda la importancia que tienen, que la Constitución Política debe regir en todos los rincones de la República, y que si hay malos mexicanos que están aplicando indebidamente las leyes, que están actuando al margen de la ley para obtener lucros personales, para obtener satisfacciones indebidas, a costa de otros seres que sufren o sea seres más débiles que viven en nuestra patria, son ellos los que merecen la condena y vindicta pública, mas no las leyes ni las instituciones pues éstas son las que garantizan a todos los habitantes de México el poder vivir libremente. Quiero recalcar a ustedes, jóvenes, que el día de mañana serán hombres, serán padres de familia. Piensen desde ahora en la grave responsabilidad que todos tenemos de legar para el día de mañana un México grande, un México fuerte, un México institucional, un México que esté regido por un código tan importante como es la Constitución Y en el que impere la justicia y la ley. Sólo en ese clima puede desarrollarse México. Ya para terminar, quiero agregar: ningún país puede aspirar a un desarrollo económico, no es posible pensar que salgamos adelante de esta grave crisis que no es de México, que es de todo el mundo, que se refleja como es natural en nuestra patria, porque los medios de comunicación, los intercambios son hoy mucho más rápidos, comparados con los observados a principios de este siglo o en el siglo pasado. Ningún país podrá ver adelante su desarrollo económico ni encontrar ese hogar tranquilo que quiere para sus habitantes, ese salario íntegro, justo y remunerador al que puede aspirar, si no existe la justicia y el clima de paz que sólo se obtienen por el imperio de la ley. Luchemos todos, ustedes, jóvenes amigos, nosotros que pertenecemos ya a una generación que va pasando, aquellos todavía jóvenes que tienen las riendas del gobierno de nuestra patria. Pensemos en que es necesario inculcar a la juventud, y a todas las masas, lo mismo 202 203 �EL JUICIO DE AMPARO en la fábrica que es el imperio de la ley, que es la en el campo como ' d poner en estos ·ust1 ·c·1a la u' nica bandera Y salvaguarda que po emos . . l M, · p rque. lat mex1carn, . ·t· mome ntos débiles para sacar adelante a exico, 0 ldad se indica precisamente con estos act os, no con. patrio . , enas mu 1les Y desperdiciadas, sino con actos concretos de e¡ecuc1on honesta/ m lir la ley para hacer que se cumpla Y para que ca a recta para cu P .' . to de su derecho sin invadir los derechos quien obtenga el reconoc•~~::iento de nuestro gran Benemérito de las !:~;~~=~. r~:t~~~i~oe~~á~ez, cuando afirmó: sólo el respeto al derecho , ARTURO SALINAS MARTINEZ ajeno es la paz. LA SUPREM~ CORTE Y LA JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA E n este acto de homenaje al más Alto Tribunal de la República, con motivo del sesquicentenario de su instalación, me ha parecido propio abordar el tema de "La Suprema Corte y la Jurisprudencia Obligatoria" en México, porque a través de la misma reali• za, ese Tribunal, su eminente función de "supremo intérprete de la Constitución". · No deja de asombrar que un tema de importancia innegable, tanto desde un punto de vista teórico y sistemático corno práctico, haya recibido sin embargo tan poca atención por parte de nuestra doctrina. La bibliografía sobre el particular es mínima. Creemos que por la originalidad que presenta en la perspectiva del derecho comparado y por su trascendencia para el futuro de nuestro sistema jurídico merece que le dediquemos mayor refle.xión. Ante la imposibilidad de tratar, dentro de los límites de una conferencia, toda la rica y variada probl.emática que ofrece el tema, me propongo sólo referir'mé, en una primera parte, al fundamento legal de la jurisprudencia ot?l'igatoria en nuestro país y a sus antecedentes y Dr. Art uro Salinas Martlnez, ex catedrático. ~ -ex Dlréctor,-de·,1a F'acllltad de Derecho y Ciencias Sociales de la -Universidad Autónoma \le Nuevo •León; actualmente Director de la Pacultad de Dereclio· áe- la ' Universidad de ·Mon~rrey: La pres~n·te es una conferencia dictada en la Facllltad áe• Elerectío, UANL, -el -dia · 19 drAbTII de" 1975~ ~04 �LA SUPREMA CORTE Y LA JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA LA SUPREMA CORTE Y LA JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA evolución, aunque sea en forma esquemática; hacer desp~és,, ~n una segunda parte, algunas precisiones conceptuales ~ term1~olog1cas Y plantear el alcance de su obligatoriedad, para terminar delineando su perfil propio con algunas consideraciones de derecho_ comparado. La primera cuestión que vamos a tratar se relaciona con el fundamento legal de la jurisprudencia obligatoria en México. Encontran:ios bases en tres ordenamientos distintos. En primer lugar en la Constitución General de la República que, en el quinto párrafo de su artículo 94, relativo al Poder Judicial de la Federación, establece lo siguiente: "La ley fijará los términos en que s~a obligatoria la jurisprudencia que establezcan l_os Tnbun~~es del Poder Judicial de la Federación sobre mterpretac1on de la Constitución, leyes y reglamentos, federales o locales y _tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación". Este párrafo del artículo 94, introducido en las reformas de 19_68, consagra constitucionalmente la existencia de la jurisprudencia obhg~toria, precisa cuál es su campo de aplicación y remite a las _leyes o~d1· narias para que señalen en qué casos la jurisprudencia es 1mperat1va, qué órganos del Poder Judicial de la Federación pueden establecer!~• y con qué alcance y en qué condiciones puede interrumpirse o mod1f1• carse. . Es pertinente hacer notar que el ámbito de aplicación de la juns• prudencia, autorizado por el texto constitucional, ya no se limita a la constitución y leyes federales, sino que se extiende para abarcar tam· bién las leyes y reglamentos estatales o locales. Por otra parte, la fracción XIII del artículo 107 constitucional, en sus párrafos segundo y tercero, establece un sistema especial para _la unificación de la jurisprudencia, que merece comentario aparte, al d1s• poner textualmente lo siguiente: "Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el_ Procurador General de la República, o las partes que intervienen en los juicios en que tales tesis hubieren sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Su• prema Corte de Justicia, que funcionando en pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer. La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refiere~ ios d_os párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de f1¡ar la JU· risprudencia y no afectará las situaciones jurídicas conc~etas derivadas_ de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción". . El segundo ordenamiento que regula a la jurisprudencia obligana es la Ley .Orgánica del Poder Judicial de la Federación que en su artículo_95, adicionado, con buena técnica legislativa, en 1968, contiene la siguiente disposición: 206 "La jurisprudencia que establezcan la Suprema Corte de Justicia, _funcionando en pleno, las Salas de la misma Y los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecuto~ias. q~e pronun_ci~~ en los asuntos d~ su compet~nc1a _d_1stmtos del ¡u1c10 de amparo, se regirá por las d1spos1c1ones de los artículos 192 a 197 de la Ley de Amparo". La innovación que introdujo esta disposición fue la de autorizar la existencia de la jurisprudencia obligatoria en materia distinta del Amparo, ampliando así su campo de aplicación a todos los asuntos de la competencia de la Suprema Corte y remitiendo, en cuanto al régimen juríd!co, a las disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los art1culos 103 y 107 constitucionales. _La. Ley de ~mparo es el tercer ordenamiento que sirve de apoyo a la ¡unsprudenc1a obligatoria, y como ustedes saben, ha sido tradicionalmente el que contiene la regulación detallada de la institución en sus artículos 192 a 197. ' Den~ro del_ m~rco de las disposiciones de la Ley de Amparo, cabe e~ pnmer termino que precisemos la cuestión básica de cómo se constituye, forma o integra la jurisprudencia obligatoria por parte del Pleno _de la Suprema Corte y de las Salas, a reserva de plantearnos con posterioridad otros problemas relevantes que surgen de dichos preceptos. Los a~ículos 192_ y 193_ e~ su segundo párrafo, establecen que las resoluciones constituyen ¡unsprudencia "siempre que lo resuelto en ellas ~e sustente en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra e~ contrano_y que hayan sido aprobadas por lo menos" por catorce Ministros, tratandose del Pleno, y por cuatro Ministros, tratándose de las Salas. Antes de plantearnos otras cuestiones, nos parece sumamente instructivo n~vel~~or, echar una mirada retrospectiva hacia los orígenes de esta mst1tuc1on en nuestra historia y recapitular fas principales etaPas de su evolución. ! El primer antecedente lo encontramos en la Ley de Amparo de 207 �LA SUPREMA CORTE Y LA JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA LA SUPREMA CORTE Y LA JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA 1882. Este ordenamiento señalaba como criterio de interpretación de ra elaborar su anteproyecto? Parece innegable, que en un primer plano, deba mencionarse la experiencia constitucional norteamericana. Peniche López escribe al respecto: las normas de 1882 "pueden y deben considerarse como una difusión en México. de las doctrinas norteamericanas, generadoras del juicio mexicano de amparo, en el caso concreto a través de Vallarta, que, como se sabe, contribuyó como el que más, con su enorme prestigio, a recoger y a enseñar entre nosotros las elab9raciones del .derecho público de Estados Unidos". Por otra parte la Ley de 1882 contiene la siguiente disposición: Artículo 34:- "Las sentencias pronunciadas por los jueces serán en todo caso fundadas en el texto constitucional de cuya aplicación se trate. Para su debida interpretación se atenderá al sentido que le hayan dado las ejecutorias de la Suprema Corte y las doctrinas de los autores". Llama la atención esta doble referencia: a las ejecutorias de la Corte y a las "doctrinas de los autores". Sorprende también que tanto Vallarta como Fernando Vega, comentador de dicha Ley, hablen de "doctrina" aproximándola a "jurisprudencia'' y que todavía la exposición de motivos del Código de 1908 englobe dos elementos en la noción de jurisprudencia, al decir que " la jurisprudencia, ya sea doctrinal o bien emanada de las resoluciones judiciales . . . " . Esto nos ha llevado a pensar en la posibilidad de que la institución española denominada desde la tercera década del siglo pasado "doctrina legal", y que fue consagrada en las leyes de enjuiciamiento civil de 1855 y 1881, haya tenido influencia en las ideas de Vallarta. Volviendo a los antecedentes, cabe puntualizar que el Código de Procedimientos Civiles Federales de 1897, que substituyó a la Ley de Amparo de 1882, suprimió toda referencia a la jurisprudencia de la Suprema Corte y omitió, en su regulación del amparo, las disposiciones de la Ley de 1882 antes mencionadas. El Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908, consagra, en cambio, una sección especial a la jurisprudencia y desarrollo, en cuatro artículos, los principios apuntados por Vallarta. La Exposición de Motivos de la Comisión Redactora es muy explícita sobre el particular. La siguiente etapa está representada por las Leyes de Amparo de 1919 y de 1935, en su texto original, que siguieron los lineamientos del Código Federal ,de 1908. La Ley de Amparo de 1935, que con sus modificaciones se en- la Constitución Federal el sentido que le hubiere dado a sus preceptos la Suprema Corte de Justicia en cinco ejecutorias uniformes, por lo menos. En efecto el artículo 47, además de ordenar la publicación de las ejecutorias y de los votos de la minoría, disponía textualmente que "los tribunales, para fijar el derecho público, tendrán como regla suprema de conducta la Constitución Federal, las ejecutorias que la interpreten, las leyes emanadas de ella y los tratados ... " y el artículo 70 establecía que "la concesión o denegación del amparo contra texto expreso de la Constitución o contra su interpretación, fijada por la Suprema Corte, por lo menos en cinco ejecutorias uniformes, se castigará con la pérdida de empleo . . . ". Es justo mencionar que el redactor del anteproyecto en el que aparecían ya esas disposiciones, fue Ignacio L Vallarta y que en la iniciativa de ley presentada por el Ministro de Justicia se lee lo siguiente: " Los publicistas han proclamado, y la Constitución implícitamente previene que la Suprema Corte de Justicia es el supremo intérprete constitucional". Para "llevar esa verdad del campo de la teoría al terreno de la realidad .. . " se fija en el proyecto "como criterio de decisión la jurisprudencia establecida por cinco ejecutorias conformes en los principios que consagran". Parece oportuno enfatizar que la Ley de Amparo de 1882 reconoció por vez primera la jurisprudencia obligatoria, porque hay la circuns· tancia de que Fix .Zamudio, en un meritorio trabajo titulado: "Breves Reflexiones acerca del Origen y de la Evolución de la Jurisprudencia Obligatoria de los Tribunales Federales" , publicado en la Revista Lecturas Jurídicas de la Universidad de Chihuahua, en diciembre de 1969, afirma que se introdujo esta figura en 1908 y habla únicamente de un "intento" y de una "orientación iniciada por Vallarta". Por otra parte critica a Vallarta porque "no fue congruente con lo que expresó en la Exposición de Motivos de su anteproyecto, al redactar el articulado res· pectivo" y todo, al parecer, por haberle pasado inadvertido, a Fix Za· mudio, el artículo 70 de la Ley de 1882 que hablaba justamente de la obligatoriedad de cinco ejecutorias uniformes. Vicente Peniche López, en un artículo publicado en la Revista Jus en 1938, Palacios Vargas, en Instituciones de Amparo y Juventino V. Castro, en sus Lecciones, reconocen en cambio, ese primer antecedente. Quizás conviene que abramos un breve paréntesis para preguntarnos ¿qué antecedentes habrá tomado Vallarta en consideración pa• 208 209 �LA SUPREMA CORTE Y LA JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA cuentra actualmente en vigor, ha sufrido, como ustedes saben, en la materia que nos ocupa, dos importantes reformas. La primera, en 1951, por la que se otorgaron facultades a los Tribunales Colegiados de Circuito para establecer jurisprudencia, se incorporaron los conceptos de interrupción y de modificación y se adoptó, en los artículos 195 y 195 bis, un sistema para la unificación de la jurisprudencia en caso de existir tesis contradictorias entre las Salas de la Corte o entre los Tribunales Colegiados, siguiendo la pauta de la fracción XIII del artículo 107 Constitucional. Cabe mencionar que en el mismo año de 1951 se elevó a norma constitucional el reconocimiento de la jurisprudencia obligatoria y que en la fracción II del artículo 107 se consagró la suplencia de la queja cuando el acto reclamado se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte. La segunda reforma entró en vigor en 1968, y con ella se mejoró la técnica legislativa al pasar la norma básica de un artículo regulador del amparo, como es el 107 constitucional, a una disposición de orden general ubicada en el capítulo del Poder Judicial como es el artículo 94 y al modificar también la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación introduciendo el artículo 95 ya comentado. Por otra parte, se afinó la redacción de varias disposiciones para dejar el texto tal como existe actualmente. Del bosquejo anterior se desprende que en nuestro derecho positivo mexicano, debemos distinguir tres nociones: por una parte, un concepto específico de jurisprudencia obligatoria, caracterizado por cinco decisiones consecutivas y uniformes sobre un determinado punto de derecho, aprobadas por mayoría o por unanimidad según sea el órgano que las dicte; por otra parte, una noción general de jurisprudencia que comprende las decisiones de estos órganos que no reúnan las notas esenciales para la integración de la jurisprudencia obligatoria, o que dejaren de reunirlas, así como las resoluciones de las demás autoridades judiciales, federales o estatales, que no están legalmente capacitadas para formar jurisprudencia imperativa, aunque dichas resoluciones fueren reiteradas y conformes; y, por último, un concepto especial, muy restrictivo, que podríamos denominar "jurisprudencia unificadora", y que, en los términos de nuestra ley, también es obligatoria. Parece pertinente puntualizar aquí que no han faltado críticas a la exigencia legal de un mínimo de cinco ejecutorias. Rabasa argumentaba, en forma vigorosa, en la ponencia que presentó en el Primer Congreso Jurídico Nacional de 1921, que "las ejecutorias no son unidades homogéneas para prestarse a operaciones aritméticas", que "los LA SUPREMA CORTE Y LA JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA precedentes son parte del derecho consuetudinario, porque depende su adopción del respeto que su autoridad y sabiduría merece a tribunales, gobiernos y abogados, y que decretar las costumbres es una extravagancia y un ~ontrasentido" . Antonio Carrillo flores y Juventino V. Castro hacen suyas estas críticas. Creemos que Rabasa tenía plena razón en enfatizar el factor " respetabilidad", pero nos parece que el fondo del primer argumento está palmariamente desmentido por la experiencia judicial de muchos países, Y que el segundo, aunque conteniendo una parte de verdad, está lejos de ser decisivo para un sistema como el nuestro, que dentro de su lógica, y por su estructura, permite que la jurisprudencia sea una fuente, en cierta medida autónoma, de derecho. Pensamos que los razonamientos de la exposición de motivos del Código de 1908 siguen teniendo vigencia: la jurisprudencia --dice-- "no puede apoyarse, por todo fundamento, en una sentencia aislada, sino que es_de s~ esencia r~afirmar la manera acostumbrada de entender la ley, Y esto solo quedara demostrado por el concurso de varias resoluciones" Y -agrega- que siempre será prenda de acierto y presunción en fa. vor de la mayoría, la circunstancia de que además de repetirse una resolución cinco veces en determinado sentido, lo sea por mayoría absoluta . . . ". A mayor abundamiento se ha alegado que el requisito de las cinco ejecutorias reiteradas evita que un posible error aislado se repita sistemáticamente. De lo expuesto en esta primera parte también resulta indiscutible que la jurisprudencia obligatoria es, en México, verdadera fuente formal del derecho, tanto público como privado, en cuanto tiene valor normativo Y está destinada a regir, en el futuro, en casos semejantes, mientras que la jurisprudencia en general, como es sabido, sólo puede llegar a tener valor moral o persuasivo. Debemos así mismo sacar como corolario que el párrafo cuarto del artículo 14 Constitucional, debe coordinarse, para su debida interpretación, con lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 94 de la propia Constitución y con las disposiciones a que hicimos referencia de la Ley ?rgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Amparo, a fm de que se tome en debida consideración a la jurisprudencia obligatoria como fuente de derecho. Otro tanto procedería hacer con el artículo 19 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlati• vos de los Estados. V~mos ahora_c~ál es el tratamiento que le da la doctrina jurídica mexicana a la Jurisprudencia como fuente de derecho, excluyendo 210 211 �LA SUPREMA CORTE Y LA JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA LA SUPREMA CORTE Y LA JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA por el momento a la jurisprudencia que hemos llama~o "unificadora". derivara de su labor o función creadora y no de su dimensión normativa. Por otra parte, en cuanto al concepto mismo de jurisprudencia como fuente normativa de derecho, encontramos en nuestra doctrina sobre todo 'definiciones de la jurisprudencia en general, como efecto, nos parece, de una imitación de textos extranjeros, pero no ensayos de conceptualización de la jurisprudencia obligatoria en México. En el campo del Derecho Público en cambio, el tratadista Ignacio Burgoa, ha elaborado una definición de jurisprudencia obligatoria. En su aspecto positivo-jurisdiccional -nos dice- "la jurisprudencia se traduce en las interpretaciones y consideraciones jurídicas uniformes que hace una autorid~d judicial designada para tal efecto por la ley, respecto de uno o vanos puntos de derecho especiales y determinados que surgen en un ~iert~ nún:iero de casos concretos semejantes que se presenten, en la inteligencia de que dichas consideraciones e interp_retaciones son obligatorias para los inferiores jerárquicos de las mencionadas autoridades y que expresamente señale la ley". Pod_emos distinguir en la definición anterior los siguientes elementos: lo. interpretaciones y consideraciones jurídicas uniformes; 2o. respecto de puntos de derecho determinados que surgan en un cierto nú~e~o- de casos concretos semejantes; 3o. formuladas por autoridades Judiciales competentes y 4o. obligatoriedad para los inferiores jerárquicos que expresamente señala la ley. Vamos a comentarlos brevemente. El primer elemento de "interpretaciones y consider~~iones uniformes", lo establece Bu;goa, al parecer, corno una reaccion al error en que, según su opinión, incurren los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo al hablar de "lo resuelto" e~ vez de "lo considerado" , ya que él estima que la jurisprudencia "consiste substancialmente" en "las consideraciones, razonamientos e interpret~ciones jurídicas" que aparecen en los considerandos. Creemos que esta crítica de Burgoa es plenamente justa si se interpreta la expresión " lo resuelto" al pie de la letra, sin relación alguna con el fundamento de la r~solución o sea con la ratio de<:idendi; pero por su parte, Burgoa, desliga a su vez "lo considerado" de "lo resuelto", lo cual nos parece que es objetable, porque elimina, como factor relevante, .ª. ~os puntos resolutivos de la sentencia, que dan sentido a toda la dec1s1on. En cua~to al ~lemento "puntos de derecho determinados que surgan en un cierto numero de casos concretos semejantes", que estimamos correcto que el autor haya destacado, nos parece que no estaría Es opinión común el afirmar que el problema del valor de la juris• prudencia como fuente de derecho depende del ordenamiento de cada país, de sus textos legales, y que junto a ese problema de derecho positivo, y representando un enfoque totalmente diverso, están las cuestiones de la importancia real y práctica de las decisiones de los tribunales en la vida jurídica del país, así como la función creadora que pueden desempeñar al resolver casos concretos. Ahora bien, en los campos de la teoría general del derecho y del derecho civil, nos encontrarnos en la doctrina mexicana, en textos de distinguidos juristas y ameritados maestros, en primer lugar, con cierta inatención respecto a nuestras disposiciones legales en vigor. Por ejemplo, ni García Máynez en su vigésimotercera edición de 1974, ni Villoro Toranzo en su segunda edición de 1974, ni Galindo Garfias en su Derecho Civil de 1973, citan el artículo 94 de la Constitución, en su párrafo pertinente, ni el artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En segundo término puede observarse cierta confusión en el tra• tamiento del tema, porque en lugar de separar rigurosamente la jurisprudencia obligatoria, verdadera fuente de derecho, de la noción general, como conjunto de decisiones de las autoridades judiciales sin función normativa, y de la dimensión creadora que de hecho puede tener, se engloban esas tres ideas dentro del tratamiento específico de las fuentes formales del derecho. Así por ejemplo, Villoro Toranzo considera que tanto la jurisprudencia en general corno la jurispruden~ia obligatoria son fuente formal de derecho, en abierta contradicción con et' concepto de fuente formal que expone Bonnecase y que él hace suyo (p. 161, 177 y 178); Ga_lindo Garfias, aunque afirma que la jurisprudencia en el Derecho Mexicano tiene fuerza obligatoria únicamente en ciertos casos, estima que "la jurisprudencia corno fuente de derecho se manifiesta cuando de manera excepcional se presentan al juzga~or casos absolutamente no previstos en el texto de la ley't o sea cuando tiene una función integrado: ra, (p. 52 y 53) y Rojina Villegas sostiene que "indiscutiblemente 1~ jurisprudencia es fue.nte formal del derecho ante las .lagunas de la ley y agrega que "cuando el texto legal e~ obscuro o dudoso, la jurisprudencia sí implica una labor de creación jurídica y, por lo taoto, creemos que es fuente de derecho .. . " (Derech_~ Civil M~xicano, 1, :4a. ed·.,- 1969, p. 279). Como si el valor de la jurisprudencia ~orno 'fuente de derecho . ·- 213 �LA SUPREMA CORTE Y LA JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA LA SUPREMA CORTE Y LA JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA por demás precisar que se refiere a los puntos de derecho relativos a las cuestiones planteadas, es decir al objeto de la litis, que corresponde resolver a la autoridad judicial. En efecto, no cualquier punto de derecho que se mencione o trate en una ejecutoria puede servir para integrar la jurisprudencia, sino sólo aquellos que estén vinculados con la solución de la cuestión controvertida. En el Common Law es tradicional la distinción entre ratio decidendi o holding, como la llaman también en los Estados Unidos, y los dicta o sea otras afirmaciones hechas por el juez sobre puntos no directamente relevantes o que tienen el carácter de digresiones. Por otra parte nos parece importante y acertado que Burgoa aluda en su definición a los casos concretos semejantes. El licenciado Jorge lñarritu, en una conferencia que dictó en 1955, llena por cierto de valiosas sugestiones, hablaba, con razón, de lo "ardua y penosa" que es la tarea de compilar la jurisprudencia, de que "se requiere un criterio jurídico muy depurado para determinar, desde la identidad hasta el antagonismo, los diversos grados que acercan o separan a las sentencias entre sí" y que "resulta en ocasiones muy difícil precisar si las diferencias que distinguen a ciertas tesis son o no esenciales y, por consiguiente, si las ejecutorias que las sustentan pueden o no concurrir para el esatblecimiento de la jurisprudencia" (Estatuto de la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, Boletín de Información Judicial, No. 92, México, marzo de 1955, p. 132). A este propósito Vittorio Calesanti, al hablar también de la dificultad de extractar sentencias, apunta los riesgos, que califica de graves, de que la aplicación de la jurisprudencia "degenere en una operación mecánica de búsqueda de un criterio que formalmente rija el caso concreto, prescindiendo de las circunstancias de hecho que lo hicieron surgir" y de que se acuñen "falsos precedentes generadores de falsa experiencia", sacrificando así "con el espejismo de la uniformi· dad, una decisión más conforme a derecho en obsequio a una coheren· cía formal" (Novissimo Digesto Italiano Vol. VII, 196, p. 1104). El tercer elemento o sea el de los sujetos o autoridades compe• tentes no requiere comentario especial. Y en relación con el último de la obligatoriedad, conviene que nos preguntemos ¿cuáles son los efectos de la jurisprudencia obligatoria?. La mayoría de nuestros autores sostiene que la jurisprudencia obligato· ria tiene "la misma fuerza normativa de un texto legal" (García Máy· nez, Villoro Toranzo) y que las tesis jurisprudenciales se equiparan a verdaderas normas legales, por su generalidad, impersonalidad y abs• tracción (Rojina Villegas y Burgoa) y estiman, como una consecuencia de ello, que la Ley de Amparo no debía de hablar de "interrupción" de la jurisprudencia sino de " derogación" o "abrogación" (García Máynez, Burgoa y Villoro Toranzo). . Nos parece que esa equiparación absoluta entre la jurisprudencia Y la ley no es exacta, por cuanto desconoce la peculiaridad de la jurisprudencia como fuente de derecho, es decir, su vinculación con la actividad jurisdiccional y su estrecha relación con las cuestiones controvertidas. De ahí que el plano en que opera la jurisprudencia, sea, por regla general, menos abstracto que el de la ley y que, en principio, no deba desentenderse de las situaciones concretas. En esa línea de pensamiento, René David nos habla de " reglas de derecho secundarias" deducidas o formuladas por la jurisprudencia, que gravitan alrededo; de un_núcleo o centro constituido por las normas jurídicas dictadas por el legislador (Les grands systemes de droit contemporains, 4a. ed. 1971, p. 99 y 100). En consecuencia estimamos no sólo que no es incorrecta la expresión "se interrumpe" que emplea la Ley de Amparo y que no debe su?stituirse por las palabras "derogar" o "abrogar", sino que fue un a~I_erto del legislador mexicano haber acuñado esa terminología espec1f1ca. . Por lo demás al sostener esa posición se incurre en realidad en mc~n~ruencia, al equiparar, por una parte, la jurisprudencia a la ley y al limitar, por otra, la obligatoriedad de la jurisprudencia a los inferiores jerárquicos, limitación que pugna abiertamente con los efectos de toda ley. . En relación con esta interesante cuestión de los efectos de la jurisprudencia obligatoria, vale la pena que nos detengamos un momento a considerar la situación particular de la jurisprudencia respecto de una ley inconstitucional. . Ustedes recordarán que a la fracción II del artículo 107 constitucional se le adicionó, en 1950, un segundo párrafo autorizando la suplencia d~ la q~eja . "cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas mconst,tuc,onales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia" . . ~: ha discuti~o. si esta disposición establece una excepción al P~mcIp10 ~e la relatividad de la sentencia de amparo o sea a la famosa formula de Otero. El Lic. F.. Jorge Gaxiola, en una conferencia dictada en julio de 1960, da una .contestación negativa. "La fórmula de Otero, dice, sigue 214 215 �LA SUPREMA CORTE Y LA JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA LA SUPREMA CORTE Y LA JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA en pie, porque cada uno de los fallos que sirvieron para formar la jurisprudencia que estableció la inconstitucionalidad de una ley, no contuvo ni pudo contener ninguna declaración general sobre dicha inconstitucional idad. "Y es que la fuerza protectora de esta nueva institución que venimos estudiando, -agrega- no está en cada una de las sentencias, sino en las cinco, juntas, no interrumpidas por otra en contrario y aprobadas por lo menos por más (sic) de 14 Ministros de la Suprema Corte de Justicia. La res judicata sigue operando inter-contendentes; lo que opera erga omnes es la jurisprudencia, la cual no se forma, dentro de nuestro sistema, con un solo fallo ... "Debemos destacar -continúa el Lic. Gaxiola- que esta importante y nueva institución, señala distintos efectos a la jurisprudencia que establece la inconstitucionalidad de una ley de aquella que se encuentra reglamentada por el Título IV de la Ley de Amparo. La primera, la creada en 51, es obligatoria para todos. La segunda solamente para los Tribunales Federales que señala el artículo 193 de la Ley Reglamentaria". Estamos enteramente de acuerdo en que la fórmula de Otero sigue en pie, en que las sentencias particulares no deben contener, en sus puntos resolutivos, declaración general respecto de la ley que motivare el juicio, y en que debe distinguirse entre el efecto de cada una de las cinco decisiones y el efecto de la jurisprudencia ya integrada. En cambio, no encontramos fundada la afirmación del Lic. F. Jorge Gaxiola de que la jurisprudencia que establece la inconstitucionali· dad de una ley opera erga omnes; no existe base legal que permita disguir entre los efectos de esa jurisprudencia y los de la jurisprudencia regulada por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Por otra parte, no parece que el otorgamiento de la protección federal mediante la suplencia de la queja, se base, como afirma dicho autor, "en que la autoridad responsable no pudo, bajo ningún concep· to, apoyarse, al dictar aquel auto, en una ley inconstitucional", sino más bien en el hecho de que la jurisprudencia es formalmente obligatoria para las autoridades judiciales. Estimamos que en el estado actual de nuestra legislación no pue• de pretenderse que técnica y formalmente la jurisprudencia produzca efectos erga omnes, aun cuando indirectamente y de hecho pueda llegar a lograr ese resultado. Por otra parte, se ha considerado que suplir la deficiencia de la queja, en esta materia, es facultad discrecional, con base en que el le- gislador empleó el término "podrá suplirse". En ese sentido opinan Ignacio Burgoa y Juventino V. Castro, aunque éste último sostiene que debería convertirse en obligatoria con fundamento en el artículo 133 de la Constitución. A nosotros nos parece que la suplencia de la queja es formalmente obligatoria, por el carácter imperativo que tiene la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre los tribunales jerárquicamente inferiores. No podemos dar por concluido este tema de las precisiones conceptuales y terminológicas y de los efectos, sin plantearnos la cuestión de la naturaleza de la "jurisprudencia unificadora", o sea de las resoluciones del Pleno de la Corte o de las Salas que deciden qué tesis debe prevalecer cuando las Salas o los Tribunales Colegiados sustentan criterios contradictorios, es decir el problema que Burgoa llama, de la "depuración de las tesis judiciales". Indiscutiblemente que fue un acierto del legislador de 1951 el haber establecido un sistema para resolver el conflicto o la contradicción entre tesis aisladas o entre jurisprudencias obligatorias, ya que ambas situaciones pueden presentarse. El procedimiento adoptado, como lo ha señalado Fix Zamudio, es semejante al de la casación en interés de la ley y está consagrado en la Fracción XIII del artículo 107 Constitucional y en los artículos 195 y 195 bis de la Ley de Amparo. Pero, su idoneidad técnica y su eficacia práctica son, al menos, dudosas. El alcance de la resolución en esos casos está claramente precisado por el texto constitucional al decir que "sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrid9 la contradicción". Ahora bien, el punto que nos interesa dilucidar es el de saber si puede asimilarse esta noción que hemos llamado "jurisprudencia unificadora" al concepto de jurisprudencia obligatoria antes delineado. Creemos que aunque coinciden básicamente en sus efectos no pueden equipararse las dos nociones: lo. porque el proceso de formación no es el mismo: en un caso la jursiprudencia es el resultado natural de cinco ejecutorias consecutivas y uniformes, con ciertos requisitos y, en el otro, surge de una sola decisión; 2o. porque en el primer caso el órgano que dicta las cinco ejecutorias es el mismo y en el segundo es una autoridad distinta la que toma la resolución que zanja la contradicción o el conflicto; 3o. porque esta última resolución tiene una naturaleza peculiar, diferente a la de las cinco ejecutorias, por cuanto no pone fin a un verdadero litigio, sino que sólo decide un con- 216 . 217 �LA SUPREMA CORTE Y LA JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA LA SUPREMA CORTE Y LA JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA flicto de interpretación y declara un punto de derecho; 4o. porque la forma de invocar la jurisprudencia no es la misma: en un caso debe designarse, conforme al artículo 196, la serie de ejecutorias que la sustentan y en el otro basta señalar la resolución del Pleno o de la Sala que "fijó" la jurisprudencia. En esa·s condiciones, creemos que la "jurisprudencia unificadora", aunque tiene indiscutiblemente carácter imperativo conforme a nuestra Ley, no debe asimilarse a la jurisprudencia obligatoria de que hemos hablado y que, por rigor técnico, deben mantenerse los dos conceptos como independientes y con terminología distinta. El hecho de no haberse planteado esta cuestión en sus justos términos ha llevado a parte de nuestra doctrina a incurrir en flagrantes contradicciones. Vamos en esta parte final, a procurar poner de relieve el perfil original, sui generis, de la institución de la jurisprudencia oblig~toria en México, --excluyendo la "jurisprudencia unificadora"- recurriendo para ello a algunas consideraciones de derecho comparado. En primer lugar, debe destacarse que México, separán~ose de la tradición jurídica de Europa continental, consagra, como ya vimos, desde 1882, a la jurisprudencia como una verdadera fuente_form~I del d:· recho, sin más solución de continuidad que durante la v1genc1a del Código de 1897, y que, lo que la doctrina eur~pea más _avanza~a. pretende hoy en día, que es reivindicar para la junsprudenc1a la dignidad de fuente de derecho, ya sea directamente o reconociéndole autoridad como costumbre -usus fori-, en México es un hecho en nuestra ley desde hace muchos años. En España, Francia e Italia existen, como es sabido, obstáculos legales insuperables para que la jurisprudencia pueda ser formalmente declarada fuente general obligatoria de derecho. En efecto, Europa continental, adoptó un sistema rígido de separación de poderes. Francia, por ejemplo, por razones históricas, ideológicas y prácticas, lo llevó hasta el grado de negar a los jueces la facultad de interpretar la ley. Ustedes recordarán que el primer Trib~n~I de Casación francés, que funcionó hasta 1837, no tenía carácter JUdl· cial, sino que formaba parte del cuerpo legislativo y que el Código ~rusiano de Federico el Grande de 1794, prohibía tajantemente a los Jueces que lo interpretaran y disponía que en caso de duda del juzgador, éste debería presentar una consulta ante una comisión legislativa. . · México, por el contrario, siguiendo los lineamientos de la Const1· tución de los Estados Unidos, adoptó un sistema más flexible, recono- ció el principio de la supremacía judicial y otorgó al Poder Judicial de la Federación la facultad no sólo de interpretar las leyes sino de declararlas inconstitucionales para ciertos efectos, es decir dentro de su propia esfera jurisdiccional. Por cierto que conviene precisar que la oposición teórica y conceptualmente radical entre la familia jurídica romano-germánica, que no acepta a la jurisprudencia como fuente de derecho, y el Common Law de los Estados Unidos, que tiene, en el centro de su sistema, el principio de precedente obligatorio o stare decisis, desde un punto de vista funcional y práctico, es mucho menor de lo que tradicionalmente era costumbre sostener. Por una parte, en Francia y Alemania por ejemplo, la jurisprudencia en su sentido general ha realizado de hecho una labor creadora indiscutible. Se ha dicho que la renovación del Código de Napoleón es la gloria de la jurisprudencia francesa. Por la otra, en los Estados Unidos el principio del precedente obligatorio es seguido con mucho menor rigor que en Inglaterra. En lo anterior coinciden comparatistas, tales como René David y André Tune en Francia, Ascarelli y Sereni en Italia y Von Mehren, De Vries y Merryman en los Estados Unidos, así como coinciden todos en reconocer la naturaleza no mecánica de la función judicial. El derecho comparado ha prestado, en las últimas tres décadas, un eminente servicio, al contribuir a deshacer una serie de opiniones simplistas, de ficciones y de mitos, sobre la naturaleza y el funcionamiento del sistema del Common Law y del sistema romano-germánico, muchos de los cuales desgraciadamente todavía prevalecen entre nosotros. En segundo término conviene poner de relieve la extensión amplísima que tiene nuestra jurisprudencia obligatoria. Este ámbito de aplicación distingue claramente a nuestro sistema, no sólo de aquellos que rechazan de plano la obligatoriedad de la jurisprudencia, sino también de otros regímenes de tradición romano-germánica en los que se admite la autoridad normativa de los procedentes en esferas limitadas, como por ejemplo, en Alemania en materia constitucional, en España tratándose de la interesantísima y peculiar institución de la "doctrina legal" que establece el Tribunal Supremo en materia de casación, en caso de decisiones reiteradas. En esas condiciones, dada la variedad de los asuntos sobre los cuales puede la Suprema Corte establecer jurisprudencia obligatoria Y considerando los diversos procedimientos y tipos estructurales de amparo de que puede llegar a conocer, es importante subrayar que los 218 219 �LA SUPREMA CORTE Y LA JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA LA SUPREMA CORTE Y LA JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA criterios, las reglas y los principios que se acojan en las ejecutorias, deberán corresponder a las peculiaridades de las distintas ramas de nuestro derecho, ya se trate de derecho constitucional o público en general 1 de derecho penal o fiscal , de derecho del trabajo, etc. En tercer lugar es preciso reconocer cabalmente el carácter híbrido O mixto de nuestra institución, al igual que nuestro Amparo, en cuanto que, inspirándose en el sistema jurídico de los Estados Unid~s, ha empleado técnicas y mecanismos provenientes de otros ordenamientos 1eaales1 como el español o el francés y al mismo tiempo elementos o m:dios técnicos originales, de nueva creación, tales como, a título ejemplificativo, el número de cinco ejecutorias concordantes inint~rrump!· das y la suplencia de la queja tratándose de leyes declaradas mconst1tucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte. . . . En cuarto lugar pensamos que nuestra jurisprudencia obligatoria está llamada a ubicarse en una posición intermedia entre la interpretatio legis, vinculada estrechamente a la ley, que prevaleció en el siglo pa. sado en los países de la familia romano-germánica, y el proceso de ~~eación judicial que desarrolla, sin referencia necesaria a normas cod1f1cadas, que se da en el Common law de los Estados. Unidos. . En efecto, en México, si bien la jurisprudencia debe vincularse a la ley y encontrar en ella, cuando menos, el punto de partida, los pri~cipios y el marco dentro del cual opera, puede perfectamente, a traves de la interpretatio juris, que incluye la función integradora e incl~~º- correctora, desempeñar su cometido con un margen mayor de flex1b1llda~ que en los derechos de Europa continental según los principios trad1• llo, brillante y eficaz de la jurisprudencia obligatoria, que facilite la unificación y la estabilidad en la interpretación de nuestras leyes y permita ajustar nuestro ordenamiento jurídico a la cambiante realidad nacional y orientar sµ evolución. No es poco lo que deberá hacerse para alcanzar ese objetivo, tanto en el campo propio de la función judicial como en el del conocimiento y de la enseñanza del derecho. Pero creemos que el intentarlo redundaría en la impartición de una justicia más humana, obra de ciencia al mismo tiempo que de sabiduría, y en que el Poder Judicial de la Federación, recogiendo y continuando aquella tradición ejemplificada por la actitud de independencia y de decoro asumida en 1848, en la c~lebre causa de Roque Miranda, y por la Corte de Vallarta, puede ser siempre, como decía Rabasa, "un Poder Supremo entre los Supremos Poderes". cionales. Cabe observar que las nuevas orientaciones en Europa admiten el desenvolvimiento abierto del derecho mediante la jurisprudencia Y reconocen que el derecho no se agota en la ley. "Esta tendencia, af_irma Calesanti, encuentra hoy su más acentuada expresión en Alemania, donde. . . la propia Constitución proclama el vínculo de la jurisprudencia "a la ley y al derecho" (Artículo 20 párrafo 111). Creemos que en México la jurisprudencia obligatoria sí tiene cierta autonomía frente a la ley. Esto se hace patente, sobre todo, cuando con base en la jurisprudencia de la Suprema Corte, opera la suplencia de la queja tratándose pe leyes declaradas inconstitucionales. Podemos concluir afirmando que México, por su evolución histórica, su estructura constitucional y régimen legal y por el grado de concentración de la función jurisdiccional en el Poder Judicial Federal, cuenta con condiciones particularm~nte propicias para un desarro· 220 221 �MANUEL LOPE.Z PADRON EL Pi0DER JUDIGIAL DE LA FEDERACION INTRODUCCION: a Constitución General del País estructura al Estado Mexicano bajo la forma de República representativa, democrática y federal, es decir, constituímos una federación de estados libres en lo interior, federalizados frente a los demás países del mundo, cuya organización de gobierno se deposita en funcionarios que se substituyen periódicamente, que provienen del pueblo y al pueblo representan porque en el pueblo reside, continúa el texto constitucional, esencial y originariamente el poder que entraña la soberanía nacional. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de concederse facultades extraordinarias al Eje• cutivo de la Unión por causas graves que perturben la paz pública o Pongan a la Nación en gran peligro. Así como los elementos materiales de nuestro Estado, su población y su territorio, también su elemento formal, o sea la estructura de su gobierno, son el resultado de nuestra propia historia y de nuestro propio pasado; pero el pensamiento político que inspiró la forma de gobierno que actualmente adoptamos es también el resultado de la evolución natural de· 1a humanidad en general y del pensamiento filosófico Político universal. L Lic. Manuel i,ópez Padrón, egresado de la F&cult&d de Derecho y Ciencias Sociales de la muversld&d Autónoma de Nuevo León y actualmente M.aetstrado del Tribunal SUJ>erlor de Jllaticla de Tamaufü>as. �EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION Así como para hurgar en la estructura racial de nuestro pueblo tenemos necesidad de ahondar en la mezcla de las sangres aborígenes de América y las razas más antiguas del Viejo Mundo, así también los antecedentes más remotos de la filosofía política del Estado Mexicano actual tenemos que rastrearlos en el pensamiento político y filosófico de la Europa Moderna, Medieval y Antigua, a través de Montesquieu Y de Locke hasta entroncar en el añoso venero de la filosofía griega, en particular en la filosofía aristotélica. Conocida es la sólida estructura del pensamiento aristotélico que, conjugada con las ideas morales del cristianismo, presidió y modeló la vida y el pensamiento del mundo occidental en todos sus órdenes desde los orígenes de la era cristiana. Pues bien, la lente inquisitiva de la investigación aristotélica en el andamiaje rigurosamente lógico de su pensamiento edificó una filosofía política que recoge y supera en mucho los logros de la filosofía de su maestro, Platón, en ese mismo terreno. Así, en cuanto a las formas posibles de gobierno, el discípulo de Platón sienta las bases de toda clasificación futura, distinguiendo tres formas puras y tres impuras: la monarquía, la aristocracia y la democracia, son los regímenes puros; pero cuando son afectados por procesos degenerativos, se convierten respectivamente en tiranía, oligarquía y demagogia. Monarquía es el gobierno de un solo hombre, dirigido a la consecución del bien común, a la protección de los intereses generales de la comunidad y de todos y cada uno de sus componentes; pero cuando estas finalidades se pervierten y la actividad gubernamental no las procura; sino que las substituye por la opresión de la sociedad en beneficio personal del monarca, ese régimen se convierte en tiranía. La aristocracia es el gobierno ejercido por los mejores hombres de la comunidad, con las mismas finalidades que la monarquía; pero si la conducta pública de los aristócratas se desvía hacia los intereses partí· culares de sus componentes, la aristocracia degenera en oligarquía. La democracia es el gobierno que emana de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos en la búsqueda del bienestar colectivo, o sea de la felicidad de todos los integrantes de la población; pero si los gobernantes de extracción popular desvían esa finalidad para lograr exclusivamente los intereses de ciertos grupos sociales, sin proveer al bienestar de la comunidad, la democracia se corrompe y se convierte en demagogia. Ya en plena Edad Moderna, el pensamiento de Locke, anteceden· te del de Montesquieu, distingue dentro de cualquiera de estas formas de gobierno dos poderes, el legislativo y el ejecutivo y dentro de este último coloca al judicial. En 1748 Montesquieu publica su obra, clásica ·en el terreno de las ideas políticas, El Espíritu de las Leyes, resurtado de su observación crítica y de su experiencia durante su estancia en Inglaterra, cuyas costumbres y régimen gubernativo son su fuente de inspiración, junto con las ideas de Locke. E! aspecto más importante del pensamiento de Montesquieu es, sin duda alguna, el concerniente a la división de poderes. La base de esa separación y la finalidad que la justifica, debemos ver ésto con sumo detenimiento, es la preservación de la libertad del hombre dentro de la comunidad política, independientemente del régimen de gobierno en que ésta se constituya, porque la libertad siempre estará amenazada por el poder público y específicamente, por los órganos de gobierno, de donde se sigue que dentro del Estado debe haber forzosa y necesariamente un sistema de equilibrio del poder mismo, de modo que el propio poder sea el que detenga los abusos del poder. Es esta última idea la que conduce el pensamiento de Montesquieu a la tesis de la separación de poderes inspirada en el régimen jurídico de Inglaterra: "Hay una nación en el mundo, dice, que tiene por objeto directo de su constitución la libertad política, esa nación es el Reino Británico". La idea de poder la emplea Montesquieu como equivalente a la de órgano de autoridad y para lograr el equilibrio entre los diversos órganos del Estado le atribuye a cada una de las categorías en que se integra las funciones legislativa, ejecutiva y judicial. "Hay en cada Estado, expresa, tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de las cosas que dependen del derecho civil. Mediante la primera, el príncipe y el Magistrado hace leyes por un tiempo o por siempre y corrige o abroga las que ya están hechas. Mediante la segunda, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadas, establece la seguridad, previene las invasiones. Mediante la tercera, castiga los crímenes o juzga las diferencias entre particulares. Se llamará a esta última el "poder de juzgar"; y a la otra simplemente el "poder ejecutivo" del Estado. Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistrados el poder legislativo se encuentra reunido con el poder ejecutivo, no puede haber libertad, porque se puede temer que el mismo monarca o el mismo senado haga leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. Todo estaría perdido si el mismo hombre o el mismo cuerpo de principales o de nobles, o del pueblo, ejerciese estos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los crímenes o las diferencias entre particulares. La teoría de Montesquieu es tan completa que no desemboca en la separación absoluta 224 225 ) �EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION de cada uno de los poderes, los cuales si actuaran en for~a ~i_slada, sin ninguna interdependencia entre sí, conducirían a la parallzac1on Y a la destrucción del Estado; sino al contrario, lo supone actuando en franca colaboración entre sí para el logro de los fines supremos del Esta~oLo dicen claramente sus palabras textuales: "Estos tres poder~s, le~1slativo, ejecutivo y judicial, deberían dar lugar al reposo ~ a la macc1on; pero como el movimiento necesario de las cosas los obliga a moverse, tendrán que marchar de acuerdo". . . •. En las magistrales estructuras de los ~istema~ fil~sof~~o-pol_1ticos a que antes he hecho referencia se deb~ ~b1car la 1~sp1rac1on mas remota del pensamiento político que ilumino al cons~1tuyente del 7 . al cimentar las bases constitucionales del Estado Mexicano en Re~ubllca Democrática, Representativa, Popular, orientada a la consecuc1on del bien com1n, a conseguir y preservar la lib~rtad hu~~na y a ob!ener la felicidad de t odos los integrantes de la unidad polit1ca, a traves de la división del poder público, que en sí es uno y eman~ del pueblo, en tres órganos de poder, autónomos entre sí e independiente~: pero eslabonados en una interdependencia orientada a la colaborac10~ para hacer posible el funcionamiento de la propia estructura de gobierno Y de toda la comunidad política. . La forma de estado federal corresponde a la estructura de gobierno que pactan entre sí distintas entidades que originaria~ente eran s~: beranas; pero que renuncian a una parte de esa soberania pa_ra depos tarla en un gobierno común, que los integra en un estado m~s grande, más fuerte, más poderoso y mejor organizado, que les ~erm1te desenvolverse con mayor propiedad entre sí y con mayor pode~10 f_r:nte a las potencias extranjeras. El modelo seguido para la organizac1on del Estado Mexicano como Estado Federal fue el régimen adoptado por las trece primeras colonias norteamericanas, a las que_se agregaron, el transcurso del tiempo, los restantes Estados que integran actualme te esa Unión Federal. . .• En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica la orgarnzac1on federal surgió espontánea y adecuada en todo la_rea~idad, de modo funciona con absoluta naturalidad la soberania interior de los Estafederales y la soberanía federal de la Unión. En _el caso nuestro n~ ocurrió así; sino al contrario, por seguir ~n ~-odelo ~ ~ue~tra rea lidad y a nuestra idiosincracia, la organizac1on polit1ca ongmanam_ente unitaria se disgregó, formando una federación que vino a desunir 1~ que antes estaba unido y vino a obligarnos a mantener un _esfuer~o co~e tinuado para lograr que permanezca vigente un federalismo s1emp ! co: ª. ~~: .ª!eno amenazado por la inercia de nuestra tradición y de nuestra idiosincracia heredada de la conjunción violenta del imperio azteca y la monarquía española, lo que nos hace necesariamente más que democráticos, monárquicos, . vale decir, un pueblo que para gobernarse tiene necesidad de seguir las instrucciones de un solo jefe, de un solo líder. En términos generales y para no ahondar indebidamente en las atribuciones y funciones que corresponden a los otros dos poderes que estructura nuestro Pacto Federal, debemos decir someramente que en el ámbito nacional la función legislativa la ejerce el Congreso de la Unión que se integra de acuerdo con el llamado sistema bicamarista, o sea, que se deposita en dos cámaras legislativas: la de Diputados, que por la edad permitida a sus integrantes debe representar el pensamiento de las nuevas generaciones y la Cámara de Senadores que debe representar la actitud serena y el juicio mesurado de la madurez y la mayor edad, de acuerdo con la de sus integrantes y con la forma tradicional de constituirse desde la sociedad romana de donde deriva su nombre: Senado, Senatores, Seniores; el Concejo de los hombres más ancianos de la comunidad. El único poder que se deposita para su ejercicio en un solo individuo es el Poder Ejecutivo, encargado de promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia y que se denomina "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos". Entre los problemas principales que confronta en la práctica la teoría de la división de poderes se encuentran el de la supremacía de un poder y el del sistema a seguir para lograr el control del poder por el poder, de modo de definir en un caso extremo, ante la siempre amenazante expectativa del abuso del poder, cuál de los poderes de la división vendrá a ser en última instancia el encargado de vigilar el exacto cumplimiento de las normas constitucionales y por ende de la contención de los otros dos poderes dentro de sus respectivas esferas de acción determinadas en Ley Fundamental. Hablemos pues del poder al cual le reserva tan importante encomienda nuestro Pacto Federal: El Poder Judicial de la Federación. ORGANIZACION: Del articulado correspondiente de la Constitución General de la República y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se sigue que el Poder Judicial Federal se ejerce en México en primer término por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; pero además, por 226 227 �EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION los Tribunales Colegiados de Circuito, por los Tribunales Unitarios deCircuito y por los Juzgados de Distrito, así como por los Tribunales del Fuero Común de los Estados que integran la Federación y del Distrito Federal, en el caso del amparo ante el superior jerárquico y en los ca• sos en que actúan en auxilio de la Justicia Federal. Los casos en que los tribunales del orden común participan en el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se encuentran precisamente enumerados y per· fectamente delimitados por la ley. Finalmente, la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fede• ración establece los Tribunales Federales para Menores, los que deben residir en cada una de las capitales de los Estados y en los lugares don• de resida un Juez de Distrito. En este último caso el Juez de Distrito es el Presidente del Tribunal el cual lo integran además los funciona• ríos sanitario y educativo de mayor jerarquía en la población. Quiero hacer notar que el artículo 66 organiza los Tribunales pa· ra Menores en las capitales de los Estados en donde no resida un Juez de Distrito, substituyendo a dicho funcionario y su Secretario por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal o Mixto en su caso y su Secretario y si hubiere varios el que designe el Juez de Distrito que corresponda. En nuestra ciudad, pues, debería funcionar un Tribunal Fe· deral para Menores integrado de esa manera; sin embargo, en todo el tiempo que llevo de residir en Ciudad Victoria, nunca he sabido de un solo caso en que se haya integrado dicho Tribunal. Los Tribunales Federales requieren para el desempeño de su cometido de distintos funcionarios y empleados que la Constitución y la Ley Orgánica establecen y delimitan en sus respectivas atribuciones. Mencionamos entre otros: el ciudadano Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los señores Ministros de la Suprema Corte, los señores Magistrados de los Tribunales de Circuito, los Jueces de Distrito, los Secretarios de trámite en juicios de amparo de la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, Secretarios de los Tribunales de Circuí· to y de los Juzgados de Distrito, Actuarios, Abogados Auxiliares de la Suprema Corte, Oficiales Mayores de la Suprema Corte, Secretarios de Acuerdos de las Salas de 1a· Suprema Corte, Encargado del Semanario Judicial de la Federación, Secretario y Subsecretario generales de la Suprema Corte. Del · mismo -arttculado tomamos como· rasgos sobresalientes del funcionamiento de los distintos órganos del Poder Judicial Federal, lo siguiente: La Suprema Corte de Justícia se compone de 21 ministros numerarios y 5 supernumerarios y funciona en Pleno y en Salas. El primero se compone de los 21 ministros numerarios; pero basta la presencia de 15 para que pueda funcionar. Los ministros supernumerarios forman parte del pleno cuando substituyen a los ministros numerarios. Las resoluciones del Pleno se toman por mayoría de votos de los ministros presentes, quienes no pueden abstenerse de votar; sino por impedimento legal o por no haber estado presentes en la discusión. El Presidente de la Suprema Corte dura en su encargo un año; pero puede ser reelec• to. La Suprema Corte tiene dos períodos de sesiones; pero por su duración puede decirse que el máximo Tribunal sesiona durante todo el año, excepto dos períodos de vacaciones, uno en invierno y otro en primavera. La Corte sesio11a ordinariamente por lo menos una vez a la semana y extraordinariamente cuando lo cree necesario el Presidente o lo pide alguno de los Ministros. Las sesiones del Pleno son públicas excepto si la moral o el interés público exige que sean secretas. Entre las atribuciones no estrictamente judiciales de la Suprema Corte merecen destacarse: la facultad de distribuir los Tribunales Federales entre sus Ministros para que los visiten periódicamente, formular el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Federación y remitirlo directamente a la Cámara de Diputados, con copia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expedir los reglamentos interiores de la Suprema Corte de Justicia, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, cambiar temporalmente la residencia de los Tribunales Federales para su mejor servicio, cambiar libremente de ads· cripción a los Magistrados y Jueces Federales, nombrar Magistrados y Jueces Supernumerarios. Entre las atribuciones que la Ley consagra al Presidente de la Su• prema Corte es importante destacar que el Presidente del máximo Tri• bunal recibe las quejas que se presenten por faltas en el despacho de los negocios, tanto del Pleno como de las Salas, de los Tribunales y Juzgados y sólo si son graves las turna al Pleno para el acuerdo corres• pondiente; tramita todos los asuntos de la competencia de las Salas y del Pleno; hasta ponerlos en estado de resolución; turna a cada Sala los asuntos de su respectiva competencia y turna entre los Ministros los asuntos de la competencia del Pleno para oír su parecer o para que formulen el proyecto de resolución que deba ser discutido por el mismo Tribunal en Pleno. La Suprema Corte funciona en cuatro salas de cinco Ministros cada una; pero basta la pr-esencia de cuatro para que puedan funcionar. 228 229 �EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION El PODER JUmCIAl DE LA FEDERACION Para la discusión tanto de los asuntos que corresponden al Pleno de la Corte como a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito se turna inicialmente el negocio de que se trate a un Ministro o Magistrado ponente, quien auxiliado por sus secretarios fo~~ula el p~oyecto de resolución correspondiente y lo presenta a la ses1on plenaria para su discusión. Los demás Ministros o Magistrados disfrutan de la oportunidad y tiempo adecuados para estudiar el pr~yecto sometid? a su consideración mediante la distribución de las copias correspondientes y en la· Sala Civil de la Corte se hace también del conocimiento de las partes, quienes tienen derecho de presentar un memorándum con relación al proyecto para ser sometido a la consideración de los demás Ministros integrantes de la Sala. Si una vez discutido el asunto no se logra la mayoría necesaria para su aprobación, se con~inúa la discusión en la sesión siguiente y si al repetirse la votación tampoco se obtiene mayoría, se entiende desechado el proyecto y el Presidente pasa el asunto a otro Ministro o Magistrado para que presente nuevo proyecto de resolución a la brevedad posible y teniendo en cuenta las opiniones vertidas durante las discusiones. En las Salas de la Corte si a pesar del nuevo proyecto no se obtiene mayoría, el Presidente de la Corte nombra un Ministro Supernumerario para que concurra a la sesión siguiente a emitir su voto y si aún así no se obtiene mayoría el negocio judicial pa· sa al Pleno de la Corte. En los Tribunales Colegiados de Circuito si el segundo proyecto no resulta aprobado se pasa el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito más próximo para que resuelva tomando en cuen· ta el último proyecto formulado. Cuando una resolución es aRrobada por mayoría de votos, en la Corte o en los Colegiados, el Ministro o Magistrado disidente tiene derecho de emitir su voto particular en el que expresa las razones Y con· sideraciones jurídicas por las que se aparta del consenso de la mayoría. En algunas ocasiones los votos particulares son verdaderos mo· numentos de sabiduría jurídica que inclusive han dado pie para cam· bio de criterio y aún de Jurisprudencia definida en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tal es el caso en los famosos votos de Vallarta. En la Suprema Corte funciona una Comisión de Gobierno Y Administración integrada por el Presidente de la Corte y dos Ministros que se eligen cada año y pueden ser reelectos por una sola vez. La Comisión de Gobierno formula el anteproyecto de presupuesto de egre· sos de todo el Poder:, maneja las partidas de dinero del presupuesto, propone al Pleno de la Corte el nombramiento del personal de la Tes~rería del Poder Judicial de la Federación, dictamina en asuntos econo- ~icos d~ que deba conocer el Pleno de la Corte y en general desempena funciones de administración y vigilancia para proponer al Pleno de la_ ~orte las medidas oportunas para la administración económica más ef1c1ente del propio Poder. 230 Por la especialización en las materia.s de que conocen, las Salas de la Suprema Corte se distribuyen de la siguiente manera: la Primera Sala es Penal, la Segunda, Administrativa; la Tercera, de negocios Civiles y Mercantiles; la Cuarta, Laboral. . _En el Di~~rito Federal los Tribunales Colegiados y los Juzgados de D1stnto tamb1en se encuentran especializados por ramas de Derecho ~os Colegiados en las materias Penal, Administrativa, Civil y de Traba: JO, los Juzgados de Distrito en las mismas, excepto la última que se encuentra comprendida en la competencia de los .Juzgados de Distrito en materia Administrativa. Los Juzgados de Distrito existentes en cada una de las entidades federativas fuera del Distrito Federal conocen en primera instancia de todos los negocios judiciales del fuero federal Y del juicio de amparo de toda clase de asuntos, es decir, sin tener ninguna especialización por materia. Los Tribunales Unitarios de Circuito conocen en segunda instancia de los asuntos del fuero federal resueltos en primera instancia por los Juzgados de Distrito de su adscripción. Los Tribunales Colegiados conocen de los recursos de revisión y de queja interpuestos en los juicios de amparo tramitados en los Juzgados de Distrito. Anteriormente conocían del juicio de amparo directo solamente cuando se trataba de asuntos que no admitían el recurso de apelación y por violaciones cometidas durante el procedimiento; pero a partir de la Reforma de Octubre de 1968 se amplió su competencia para conocer en amparo directo de asuntos penales que no sean del fuero federal o militar, que no contengan la aplicación de la pena de muerte o de prisión superior a los 5 años, en ,asuntos civiles que no versen sobre el estado civil 1 0 su interés económico sea determinado y no exceda de $ 100,000.00 en asuntos adn:iinistrativ~s, que no excedan de esa misma cantidad y que no sean de 1mportanc1a trascendente para la Nación y de asuntos laborales cuando no se trate de asuntos del fuero federal ni de conflictos de carácter colectivo. En los casos anteriores los Tribunales Colegiados conocen del Amparo Directo ya sea que se aleguen violaciones a las garantías i~dividuales cometidas durante el procedimiento judicial o en la sentencia de fondo. los casos no comprendidos en la enumeración anterior son de la competencia de las Salas o del Pleno de la Suprema- Corte. 231 �EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION Las Reformas de Octubre de 1968 ampliaron la competencia de los Tribunales de Circuito tomando esta ampliación de la competencia que antes estaba reservada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de abatir el rezago que confrontaba el más alto Tribunal de la República. Para no abrumar de trabajo a los Tribunales Colegiados de Circuito con motivo de dichas reformas, se establecieron territoriales; pero se estableció un nuevo sistema que por razón de la cuantía o de la importancia del negocio extendió el Juicio Constitucional que viene a implicar el último conocimiento de un negocio judicial a un Tribunal distinto de la Suprema Corte de Justicia, lo que antes no ocurría. Desde mi modesta trinchera de Juzgador de Segunda Instancia debo decir que considero no muy afortunada la Reforma del 68, porque lo que se ganó en celeridad en las resoluciones de los asuntos propios de la Justicia Federal acercándose al ideal de la justicia pronta y expedita, se perdió en cuanto a la calidad y justicia intrínseca de las resoluciones de amparo directo, dado que los Tribunáles de Circuito no resultan ser tan escrupulosos ni tan apegados a los antecedentes judiciales y jurisprudenciales como lo sido tradicionalmente la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, así, con frecuencia el criterio que se sustenta por un mismo Colegiado en un determinado asunto se varía hasta la oposición en otro asunto idéntico, o bien se sustentan tesis tan reñidas con los principios de la ciencia jurídica que desconociertan tanto a los funcionarios letrados como a los abogados postulantes Y causan desánimo y desilución en el público y desconfianza hacia la Jus· ticia Federal. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece el Jurado Popular y expresa que tiene por objeto resolver por medio de un veredicto las cuestiones de hecho que le somete el Juez de Distrito con arreglo a la Ley. Los Jurados Populares conocen de los delitos come· tidos por medio de la prensa contra el orden público o la seguridad ex· terior o interior de la nación y de las respnsabilidades por delitos o faltas oficiales de los funcionarios y empleados de la Federación. El Jurado se forma por 7 individuos designados por sorteo entre las per· sonas aptas integrantes de una lista que se forma cada 2 años por el Jefe del Departamento del Distrito Federal, por los Gobernadores de los Estados y por los Presidentes Municipales para ese efecto. El jura· do se convoca para el desempeño de su comisión exactamente en la fecha señalada para la audiencia del juicio. Con anterioridad el Juez de Distrito, asistido de su Secretario, ha instruido el proceso penal escrito en la forma comúnmente conocida. Instalado el jurado actúa como 232 EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI0N Presidente de debates el Juez de Distrito. Los Secretarios dan lectura a las constancias de autos conducentes y se pueden repetir las pruebas que soliciten las partes o el Jurado. El fiscal, el acusado y su defensor formulan sus conclusiones acusatorias y alegatos de defensa en forma oral y una vez terminado ese procedimiento el Jurado se instala en absoluto privado para deliberar bajo la presidencia del jurado de mayor edad, actuando como Secretario el jurado más joven. Al Jurado le somete el Juez de Distrito una sola pregunta, dado que la misión del Jurado Popular es resolver por medio de veredicto las cuestiones de hecho sobre las que versa el juicio. Es decir, se pregunta al Jurado Popular, para que resuelva en conciencia, si el acusado cometió o no el hecho de que lo acusa el Ministerio Público, el que, por hipótesis, realiza el presupuesto de una figura que la Ley castiga como delito. Esa es la única misión del Jurado Popular. Si el veredicto es en forma negativa, el Juzgado de Distrito dicta a continuación sentencia absolutaria; pero si es en sentido afirmativo tiene un corto plazo para dictar sentencia condenatoria o absolutaria, según proceda en Derecho. Entre nosotros, los mexicanos, nunca ha tenido arraigo el jurado popular, como tampoco lo tiene el que actualmente establece la Ley Orgánica de la Justicia Federal, dado que rarísimas ocasiones, por no decir que ninguna, se presenta el caso de instruir proceso por delitos cometidos por medio de la prensa y por lo que hace a los delitos de responsabilidad oficial, rarísima vez, por no decir que ninguna, se procesa a funcionarios encumbrados, de modo que el jurado popular viene a quedar reservado a escasos delitos de responsabilidad oficial cometidos por empleados federales de modesta jerarquía. A todo lo anterior debe agregarse que, por muy diversas razones, entre las gentes de nuestro pueblo predomina la actitud conmiserativa al momento de juzgarse a un procesado, de modo que las personas integrantes de un Jurado Popular normalmente van predispuestas a absolver de toda culpa al acusado, dado que nuestro nivel de cultura cívica popular no alcanza la altura adecuada para que se responsabilice cada jurado del papel que 1~ toca de~empeñ~r. En ~os jurados populares en los que tuve oportunida~ d~ intervenir en m1 carácter de Secretario del Juzgado Segundo de D1stnto en este Estado siempre observé que a la pregunta "el acusado, fulano de tal, incurrió o no en el siguiente hecho" el Jurado invariablemente respondía "No", a pesar de que siempre :xistía, además de otras pruebas, la confesión expresa y terminante del acusado. Sol~m:nte de_ un ca~o, e~ Monterrey, tuve conocimiento de que el Jurado dicto veredicto afrrmatrvp y me parece haber tenido noticia de otro caso aislado, no recuerdo en qué lugar. 233 �EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION LA CARRERA JUDICIAL FEDERAL su encargo van viendo transcurrir los días, los meses y los años y en el transcurso del tiempo van entregando su vida, que nadie les puede devolver porque el transcurso del tiempo y el transcurso de la vida son irreversibles. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación considera que sería injusto que después de haber recibido el País los servicios de un funcionario de la Administración de Justicia Federal durante la mayor parte de su vida, empezando desde su juventud, en cualquier momento se le pudiera separar de sus funciones sin más razón que el deseo de los funcionarios encargados de su nombramiento y remoción y resultaría desalentador el panorama si en la perspectiva del funciorio judicial federal no existiera la posibilidad de mejorar su propia posición por méritos propios en el desempeño de sus funciones, escalando por su orden los cargos jerarquizados que forman el escalafón hasta alcanzar la distinción de ser designado por la Corte Magistrado de Circuito, porque el funcionario judicial, como cualquier otro servidor público sea o no profesional del Derecho, es un trabajador, un trabajador del intelecto que entrega cotidianamente en cada proveído, en cada resolución, en cada acto procesal, un pedazo de su corazón y de su existencia. Así {:Orno no puede descansar la Administración de Justicia en la suposición que sus servidores son autómatas que mecánicamente desempeñan su trabajo, porque la deshumanización del Derecho implica la inversión más absoluta y radical de los valores que debe precisamente cumplir el Derecho, así tampoco puede el Estado descansar en la hipótesis de que los servidores de la Justicia son autómatas o aparatos mecánicos a los que se puede despedir, hacer entrar o salir del Organismo Judicial, con la misma facilidad con la que se compra y se vende un vehículo o cualquier otro aparato inanimado, aprovechable mientras es útil; pero cesante, destinado al lugar de los trabajos inútiles, cuando ya ha rendido todo lo que de él podía esperarse. Por esa razón los servidores de la Justicia Federal han logrado conquistar el establecimiento de la carrera judicial en términos tales que se conjuguen los derechos humanos de los trabajadores al servicio de la Justicia y las necesidades sociales y el ideal de una Adminstración de Justicia rápida, pronta y expedita, impartida por funcionarios capacitados, honestos y debidamente seleccionados. Dígalo si no la redacción tan feliz del artículo 92 de la Ley Orgánica que consagra la carrera judicial en los términos que a continuación consigno, que deben ser tomados como modelo para el establecimiento de la carrera judicial en las entidades federativas y que en este momento y por conducto del Ningún funcionario o empleado del Poder Judicial de la Federación puede abandonar la residencia del Tribunal a que esté adscrito, nr dejar de desempeñar las funciones inherentes a su cargo sin la licencia respectiva de su superior y están además impedidos de desempeñar cualquier otro cargo, excepto los honoríficos en asociaciones científicas, literarias o de beneficiencia. Los Ministros de la Suprema Corte sólo son responsables en las. resoluciones que dicten en la interpretación de los preceptos constitucio¡iales cuando se comprueba que hubo cohecho o mala fe. Son además inamovibles: sólo pueden ser privados de sus puestos cuando observen mala conducta, mediando encausamiento por delitos oficiales o juicio de responsabilidad. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de o :strito duran 4 años en el ejercicio de su encargo; pero si al cabo de ellos son reelectos o removidos a cargos superiores, sólo pueden ser privados de sus puestos si observan mala conducta, mediando el juicio de responsabilidad correspondiente. Tampoco pueden ser separados de sus cargos los demás funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Federación, a no ser por faltas graves en el desempeño de sus cargos. De este beneficio están exceptuados únicamente los Secretarios de trámite adscrito a los Ministros de la Corte y a los Magistrados de los Tribunales Colegiados, quienes tienen el carácter de empleados de absoluta confianza de los señores Ministros o Magistrados, respectivamente. En la Justicia Federal se encuentra establecida la carrera judicial tanto por lo que se refiere a los empleados ~ f~ncionario~ de menor categoría como con relación a los Jueces de DIstnto y Magistrados;. ~o así respecto a los cargos de Ministro de la Supr~m~ Co,:te d~ Ju_st1_c1a de la Nación que otorga el Presidente de la Republica sin mas 11r:11tación que la aprobación del Senado. La carrera judi~ial es un ideal ~1empre acariciado por las personas que dedican su vida al de~e~~eno de la judicatura, dado que la naturaleza misma de los cargos 1ud1c1ales va creando características especiales en las personas que colaboran en esta alta misión, de tal manera que llegan a modelar un carácter que se puede distinguir entre los demás servidores públicos y en general entre las demás personas; pero como al fin y al cabo son seres huma· nos es imperativo tratarlos como tales, porque bien o mal desempeña· da ~u función, con todas las grandezas y con todas las imperfeccio~es y miserias del ser humano, los funcionarios judiciales al desempenar 234 235 �EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION EL PODER JUDICIAL DE L4. FEDERACION La misión del Poder Judicial de la Federación es desde luego, la interpretación y la aplicación de la Ley para dirimir las contorversias sometidas a su jurisdicción y conseguir por el camino del imperio del Derecho el establecimiento de la paz social. Esta encomienda la cumple con singular eficiencia el Poder Judicial Federal mexicano y dada la amplísima gama competencia! de su jurisdicción debe decirse que el Poder Judicial de la Federación realiza una labor envidiable desde el punto de vista de la vocación jurídica, tanto porque a través del conocimiento y resolución de los juicios de amparo tiene la facultad de enjuiciar constitucionalmente todos los actos de autoridad y por ende de conocer y cultivar todas las ramas del Derecho en todas sus aplicaciones prácticas, como porque siendo el Poder Judicial de la Federación el guardián de la Constitución y el vigilante incansable de la estricta legalidad, tiene y cumple, como el buen Juez que por su casa empieza, la obligación de aplicar en todas sus resoluciones, desde la primera hasta la última instancia, la más estricta legalidad, el más enjundioso estudio jurídico, el más loable esfuerzo y la más acrisolada honorabilidad para alcanzar la mayor perfección posible en la delicada misión del estblecimiento de la paz social a través de la aplicación del Derecho y de la impartición de Justicia en cada caso concreto, como porque también, aunque la regla genérica es la competencia del fuero común y la excepción la competencia federal, la realidad nos conduce a la tentación de afirmar que, cuantitativamente, la situación es a la inversa, por el número de asuntos sometidos a la jurisdicción federal desde la primera instancia, en la realidad práctica. De esa manera y con la colaboración de todos sus funcionarios y empleados y con todos los medios materiales y de toda índole que la norma jurídica y nuestra estructura política ponen a disposición de la Justicia Federal, este poder ha logrado ofrecer a la sociedad el precioso fruto de una Administración de Justicia envidiable que alcanza logros de especial mención. A veces la Administración de Justicia en el fuero federal puede dejar una imagen falsa o equivocada de una deshumanización del Derecho o de un fariseísmo jurídico que administra Justicia variando la solución en proporciones considerables de caso a caso por diferencias de milésimas de milímetro, o de micras, mientras permanecen impunes graves acontecimientos anti-sociales; pero esas deficiencias, que no alcanzan a empañar la grandeza y majestuosidad de la Justi~ia Federal, son connaturales' a todas las grandezas y a todas las miserias humanas, porque con todo su aparato legal y con toda la brillantez y distinción personal de sus titulares, la Justicia Federal, como toda Justicia terrena, es al fin y al cabo humana y a más de ello hay circunstancias que escapan a la más buena voluntad de los que la imparten. 236 237 Primer Congreso de Jueces del Estado de Tamaulipas,_ ~rop_ ongo como modelo a seguir para su establecimiento, con las mod1f1cac1o~es necesarias y correspondientes para adecuarla al Estado de Tamaullp~s: " Art. 92. Las vacantes que ocurran en los cargos de Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito y demás funcionarios y emp~eados d~I Poder Judicial ·de la Federación, con excepción de los secretarios de tramite en juicios de amparo adscritos a los Ministros de la ~uprema C~r0 te de Justicia y a los Magistrados de los Tribunales Colegiados dv ?1rcuito, serán cubiertas por escalafón, en los t~rminos de_ los dos articules siguientes, teniéndose en cuenta: la capacidad_Y aptitud de _l~s funcionarios y empleados respectivos y la importancia de los serv1c1os de interés general que hayan prestado en el desempeño de sus c_ argos; la capacidad y aptitud de los funcionarios y empleados respectivos Y la importancia de los servicios de interés general que hayan prestado en el desempeño de sus cargos; la conducta que haya~ observa~o en el ejercicio de los mismos, y, en igualdad de tod~~ las _cIrcun_st_a~c1ps anteriores, el tiempo que hayan servido a la Nac1on; sin pequ1c10 de que, en casos excepcionales, puedan cubrirse las vacantes con person~: que, aunque sin prestar sus servicios en el Poder Judi_cial de la ~ederac1on. los hubiesen prestado antes con eficiencia y probidad notoria, o por pe_rsonas que sean acreedores de ellos por su honorabilidad, competencia y antecedentes". .. Finalmente apuntamos con relación al personal del Poder Ju~1cial Federal que las controversias jurídicas que resultan de la~ relac1on':s laborales entre ese poder y sus servidores no son de la co~p_ete~cia del Tribunal Federal de Arbitraje; sino que de ellas conoce en urnca instancia la propia Suprema Corte de Justicia de la Nació~. L~s razones son obvias: no puede estar sometido a un Tribunal de mfenor categoría el Máximo Tribun¡:il de Justicia del País; por ~t~a- parte, contra las resoluciones del Tribunal de Arbitraje procede el 1uIcI0 de amparo, del cual conoce el propio Poder Judicial de la Federación y finalmente puede pensarse que el máximo cuerpo encargado de velar _por la Justicia en el País resuelva injustamente los problemas relacionados a la Justicia Laboral tratándose de sus propios servidores (artículo 152 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado). n? ENCOMfENDA �EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION Así, el volumen exagerado de n-egocios sometidos a su jurisdicción y el exagerado número de casos de que debe conocer uno solo o unos cuantos de sus titulares, lo cual, conjugado a la exigencia constitucional de la impartición de Justicia rápida y expedita, obliga a la necesidad de estructurar los Tribunales Federales a base de numerosos Secretarios y Auxiliares encargados de elaborar los proyectos de resolución que revisan y autorizan los titulares, resultando una mediatización cada vez mayor entre los hombres concretos del caso concreto Y el hombre que juzga en definitiva, amén de que de muchas situaciones absurdamente antijurídicas nunca llega a conocer la Autoridad Jurisdiccional por muy diversos motivos ajenos al propio poder y que sin embargo se cargan a la cuenta del Poder Judicial de la Federación diciéndose que la Justicia se apl ica a unos cuantos y se dispensa sospechosamente a otros muchos, de todo lo cual únicamente podemos decir que esas pesadas cargas son los gajes naturales del oficio. Indiscutiblemente, su mayor grandeza la alcanza el Poder Judicial de la Federación en el cumplimiento de la especial misión que le reserva nuestra Constitución Federal al encomendarte el control constitucional de todos los actos de autoridad de todos los funcionarios públicos en el País y ta salvaguarda de los derechos garantizados por la ~~opia Constitución a todos tos individuos porque a través de esa func1on el Poder Judicial de la Federación tiene reservada una misión grandiosa, especial y delicada; la protección y custodia de nuestra libertad a tr~vés de la tutela de tas garantías individutes, que cumple el Poder Judicial de la Federación a través de esa maravillosa construcción del Derecho Mexicano debido al genio jurídico de Manuel Crescencio Reíón Y Mariano Otero que es et Juicio de Amparo, noble institución que merece coment arios especiales. Asimismo el Poder Judicial de la Federación es el órgano de Poder moderador de los excesos de los otros poderes de la Federación Y de los Estados Federados. Así lo expresa claramente el artículo 103 de nuestra Carta Magna al encomendarle resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales, por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren restrinjan la soberanía de los Estados y por leyes o actos de las autoridades estatales que invadan la esfera de la autoridad federal. Con· sagra así nuestra Constitución el respeto y reconocimiento al princ~pio filosófico jurídico que inspiró al autor de la teoría de la división t~1partita del Poder, Montesquieu y que impuso su aceptación y vigencia en los países occidentales: el establecimiento y respeto de la libertad política e individual del ser humano en la organización del Estado y consagra asimismo la última consecuencia de la doctrina clásica de la división de poderes: los tres Poderes son los custodios del orden y los garantes del imperio del Derecho; pero ante el problema insalvable de todo Estada' de Derecho en la cúspide de sus jerarquías "¿Quién custodiará al custodio?" , nuestra Constitución responde: el Poder Judieíal de la Federación. Es el Poder regulador de los otros dos Poderes y el dique de contención de los excesos y abusos de todo otro Poder. Por eso tan delicada facultad se deposita en un Poder que debe distinguirse por la prudencia y sabiduría de sus integrantes, por ta honorabilidad Y _la__ponderación de sus titulares, porque es especialmente sagrada ta mrsron de velar por la libertad personal en la esfera jurídica individual Y lo~rar por la contención del poder por el poder mismo, la salvaguarda integra de la libertad en todo el País. Doctrinariamente SE;) plantea el problema de si es o no el Juicio de Amparo el instrumento adecuado para alcanzar la misión del Poder Judicial de la Federación de lograr el equilibrio entre los poderes, en los términos de las dos últimas fracciones del artículo 103 Constitucional. Tanto el Maestro Tena Ramírez como el tratadista Ignacio Burgos se inclinan por la tesis negativa. El tratadista y actual Ministro de la Suprema Corte de Justicia licenciado don Ramón Palacios Vargas opina que debe admitirse la procedencia de un juicio constitucional por invasión de soberanías, aunque no se le dé el nombre de Juicio de Amparo. El Pleno de la H. Suprema cc,te de Justicia de la Nación se in• clina por la negativa en sus tesis jurisprudenciales 5a. y 6a. de su última compilación. Aquí su texto literal: "AMPARO EN LOS CASOS DE LAS FRACCIONES II Y 111 DEL ARTICULO 103 CONSTITUCIONAL COMPETENCIA. Es competente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia para conocer del amparo contra leyes o actos de ta autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o del que se interponga contra leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal". "AMPARO POR INVASION DE LA FEDERACION EN LOS ESTADOS Y VICEVERSA. El juicio de amparo fue establecido por el artículo 103 constitucional, no para resguardar todo el cuerpo de la propia Constitución, sino para proteger las garantías individuales, y las fracciones II y III del precepto mencionado, deben entenderse en el sentido de que sólo puede reclamarse en et juicio de garantías una ley federal, cuando invada o restrinja la soberanía de los Estados, o de éstos, si invade la esfera de la autoridad federal cuando existe un particular quejoso, que reclame violación de garan: ° 238 239 �EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION tías individuales, en un caso concreto de ejecución o con motivo de tales invasiones o restricciones de soberanía. Si el legislador constituyente hubiese querido conceder la facultad de pedir amparo para proteger cualquiera violación a la Constitución, aunque no se tradujese en en una lesión al interés particular, lo hubiese establecido de una manera clara, pero no fue así, pues al través de las constituciones de 1857 y 1917 y de los proyectos constitucionales y actas de reforma que las precedieron, se advierte que los legisladores, conociendo ya los diversos sistemas de control que pueden ponerse en juego para remediar las violaciones a la Constitución, no quisieron dotar al Poder Judicial Federal de facultades omímodas, para oponerse a todas las providencias inconstitucionales, por medio del juicio de amparo, sino que quisieron establecer éste, tan sólo para la protección y goce de las garantías in· dividua les". Pienso con el maestro Palacios Vargas que si no se admite la posibilidad y la necesidad de un juicio constitucional, llámese o no Juicio de Amparo, que tenga por objeto el enjuiciamiento de los actos de autoridad de los otros dos poderes y de los poderes de los Estados Federales para conocer si son o no inconstitucionales por invasión de soberanías, resultan inútiles por redun'dantes las dos últimas fracciones del artículo 103 Constitucional así como los artículos 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 114 de la Ley de Amparo y 15 fracción VI, de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fede· ral que prácticamente reiteran el contenido del precepto constitucional en cita y confirmen el anterior criterio, porque si la sentencia de amparo debe ser de tal naturaleza que restrinja sus efectos a la persona del quejoso y a las garantías invocadas como violadas, si no es posible que los órganos de autoridad o las entidades soberanas promuevan el Juicio de Amparo, es necesario que exista alguna forma que permita la aplicación práctica de esas dos últimas fracciones, de otro modo la fa· cultad reguladora de la esricta constitucionalidad de los actos de los otros dos poderes federales y de los poderes de los estados que confie· re la Constitución a la Suprema Corte resulta nugatoria y jamás podrían ni las entidades federativas ni los Poderes de la Unión evitar la inva· sión recíproca de soberanías, salvo con relación a los últimos efectos del acto inconstitucional, con relación a uno o unos cuantos partícula· res que llegaren a interponer el juicio de amparo correspondiente por violación de garantías y si es necesaria la interposición del juicio de amparo por un particular para que la Corte tenga oportunidad de ejercer la jurisdicción que le confieren las dos últimas fracciones, ningún caso tiene que existan, supuesto que esa facultad ya está contenida en la primera fracción. CONCLUSION He expresado antes que la adopción del federalismo en México no corresponde .ª la realidad que se vivía en el momento histórico en que tuvo lugar; sin embargo, la adopción de ese sistema ha sido de evidente~. resultados positivos para la vida política del País, porque ha per~1t1d~ el desarrollo de la vida cívica de nuestro pueblo en el Municipio Libre. Y en las Entidades Federativas Soberanas en forma libre y con autorid~des em~nadas de los mismos núcleos a los que gobiernan, lo que ha sido un dique a la tendencia natural de acrecentar ilimitadame~te el poder que contiene en sí cada función pública y cada funcionario. En conse~uencia, es conveniente, es necesario, es imperativo luchar en todo tiempo por la preservación de la organización federal del Estado mexicano. . . Hemo~ visto también que la Teoría de la División de Poderes defin1d_a mag1stra!mente por Montesquieu no surgió por capricho o por azar, al contrario, es el resultado de la observación a la naturaleza mis~a de las cosas en el desarrollo de los fenómenos sociales y gubernativos Y de la observación a la naturaleza misma del ser humano ~¡ se quiere conservar el clima d~ libertad que respiramos ·es impera_tivo luchar por el respeto continuo del principio de la división trip~rt1ta_ del poder. Montesquieu mismo hacía ver la imposibilidad del a1slam1ento total de los poderes; pero la frontera entre la autonomía de los P~~eres ~ su in~erdependencia es una línea sutil que peligra en su e~tabll_1dad s1 descuidamos el celo de mantener vivo el principio que ie d10 origen. En P~~icular es importante el respeto de la autonomía de todo Poder Jud1c1al porque los Poderes Judiciales en cada país o entidad sobe~ana en donde existen vienen a verse dignificados exactamente en la misma proporción en que exista esa autonomía, en que es respetada por los. o_tros dos poderes y en que es hecha respetar por el propio Poder Jud1c1al. Nuestra Constitución y nuestras leyes proveen algunos medios crient~d~s a o~tener el mayor respeto posible a la autonomía del Poder Judic_ial. ~si_ !enemas en la propia Constitución preceptos que hablan de la 1mpos1b1hdad de modificar los emolumentos de los señores Ministros d~- la Co:le en determinadas circunstancias, así tenemos la administrac~~n aut~noma de los haberes propios del Poder Judicial de la Federacion, as1 la p_otestad d~ la Suprema Corte para separar de sus funciones a cualqu1_era autoridad que desatienda lo resuelto en el Juicio de Amparo Y repita el acto reclamado contra el cual se concedió la protec- 240 241 �EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION ción constitucional, así la inamovilidad de los funcionarios Judiciales Federales y la Carrera Judicial Federal, así también la absoluta abstención de toda actividad política y aún de participar en las cuotas económicas de las partidas políticas existentes en el Poder Judicial de la Federación, así la organización tan formidable de ese mismo poder; pero junto a esos recursos que el Estado Mexicano ha procurado para dignificar al Poder Judicial de la Federación y garantizar su autonomía, subsisten deficiencias contra las cuales es imperativo luchar. Así la intromisión velada de políticos sin escrúpulos, así el crecimiento desproporcionado de poderío material y económico y de influencia política de los otros dos poderes, que dan la impresión de que el Poder Judicial es un enano frente a ellos, especialmente por el agigantamiento de atribuciones y recursos de que disfruta el Poder Ejecutivo de la Unión, al grado que hasta hace unos cuantos años el Poder Judicial de la Federación aún luchaba por obtener tan siquiera el 1 % del presupuesto de egresos de la Federación, actualmente ni siquiera alcanza el 0.5% del presupues- EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION democracia se corrompe en demagogia, debemos dedicar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía, toda nuestra decisión y todo nuestro empeño a luchar incansablemente para que permanezca inalterado y se haga respetar por todos los gobernantes y por todos los gobernados del Poder Judicial de la Federación como consecuencia inalterable de los principios filosófico-jurídicos que impusieron la adopción de la teoría tripartita del poder en los países más avanzados de nuestra cultura occidental. En la hora de desorientación y caos que vive la humanidad entera en el último cuarto de nuestro siglo, nosotros los mexicanos ciframos en nuestra Constitución y en nuestras leyes la esperanza de nuestra libertad poltíica y nuestra seguridad jurídica; pero en particular, ciframos nuestras esperanzas en el Poder Judicial de la Federación, encargado de aplicarlas y velar por su estricta observancia, guardián celoso de la Ley, dique a todo exceso de poder, último bastión de nuestra !ibertad. to nacional. Pero la dignificación del Poder Judicial de la Federación no necesariamente debe apoyarse en recursos materiales y económicos. El mayor prestigio del Poder Judicial de los Estados Unido_s de Norte~mérica se lo debe al brillante precedente de su famoso e ilustre Presidente de la Suprema Corte Marshall y nosotros, en nuestro México tenemos la brillante trayectoria de un Otero, de un Crescencio Rejón, de un Vallarta, de un Rabasa. A 150 años del establecimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el balance es enteramente positivo y encomiable. México cuenta con un Poder Judicial competente, honorable, prestigiado que responde escrupulosamente a la misión que tiene encomendada; pero ante las amenazantes circunstancias del desenvolvimiento social, es nuestra obligación como mexicanos, como abogados, como funcionarios judiciales que de una manera u otra participemos en el ejercicio del Poder Judicial de la Federación, estar atentos y vigilantes para no es• catimar ni el menor esfuerzo ni el mayor sacrificio para lograr que ese prestigio y esa trayectoria heredada de los distinguidos jurisconsultos que han dado vida al Derecho Mexicano, continúe en pie, porq~e en el Poder Judicial de la Federación descansa la fe del pueblo mexicano en nuestra libertad y en nuestras instituciones. Si no deseamos ver llegado el momento en que nuestro País sufra bajo el yugo de la tiranía, si queremos permanecer refractarios a toda aristocracia y a toda oligarquía, si queremos evitar que un día nuestra 242 243 �EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION Bl' BLIOGRAFIA Burgoa, Ignacio. El Estado. México, Editorial Porrúa, 1970. Burgoa, Ignacio. El Juicio de Amparo (5a. ed.). México, Editorial Porrúa, 1966. Mirrine-Guetzevitch, B. Modernas tendencias del Derecho Constitucional (tr. de Sabino Alvarez Genden). Madrid, Editorial Reus, 1934. AGUSTIN BASAVE FERNANDE.z DEL VALLE Palacios Vargas, J. Ramón. Instituciones de Amparo. Puebla, EdHorial Cajica. Rabasa, Emilio. La Constitución y la dictadura. México, Tip, de Revista de Revistas, 1912. Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano (5a. ed.). Mé· xico, Editorial Porrúa, 1961. Vallejo y Arizmendi , Jorge. Estudios de Derecho Constitucional Mexicano. México, Editorial Stylo, 1947. LA FILOSOFIA JURIDICA ·y POLITICA DE LUIS LEGAZ Y LACAMBRA Sumario: 1.- La realidad jurídica fundamental. 2.- Temas y supuestos de la Filosofía del Derecho. 3.- Un Derecho superior a toda ley escrita. 4.- El poder hacer y el poder exigir como juridicidad primaria. 5.- El hombre y lo humano en el pensamiento político contemporáneo. 6.- El impacto de la ciencia moderna sobre el pensamiento ju- rídico. 1.- La realidad . jurídica fundamental no de los puestos más señeros en el ámbito de la Filosofía Jurídica española y universal lo ocupa, sin duda alguna, el Profr. Dr. Luis Legaz y Lacambra. El último Congreso Mundial de Filosofía Jurídica y Social (Madrid, septiembre de 1973) le honró con la presidencia. Ha sido catedrático y Rector de la Universidad qe Santiago de Compostela y actualmente ejerce la docencia y la investigación en la Universidad Complutense de Madrid. Realizó estudios de postgrado en Alemania y tuvo el privilegio de escuchar las lecciones de Hans Kelsen y de Giorgio del Vecchio. Admirador y crítico de su maestro Kelsen, ha sabido recoger los elementos positivos de la Teoría pura .del Derecho U Dr. AgusUn Basave Fernández del Valle, Presidente del Centro de Estudios Humanlstlcos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Director de la División de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Reglomon tana, 244 �LA FILOSOFIA JURIDICA Y POLITICA DE LUIS LEGAZ Y LACAMBRA -sentido clasicista, afán de claridad, construcción racional sin caer en la vía muerta del formalismo y del positivismo jurídicos. El ilustre iusfilósofo portugués Luis Cabral de Moneada, encomia lucidamente las aportaciones del ex Rector de la Universidad de Santiago de Compostela, apuntando que "al lado de su tomismo modernizado y apoyado en serias reflexiones de (!Otología crítica hartamiana, y al lado de su semi-kelsenianismo restringido a la dimensión jurídica del Derecho ha elaborado, como una nota fundamental particularmente habida de su alma, un grito de existencialismo o de filosofía existencial . . . En todos los trabajos de Legaz Lacambra hay el mismo espíritu de larga comprensión y de profunda penetración; la misma facultad eminente de percibir, separando por el análisis, y de comprender, uniendo por la síntesis; de saber disecar y construir, simpatizar y criticar; de discurrir e incluir; el mismo punto humanista y cristiano por los valores eternos de la persona humana, asociado a una no menos noble aspiración de universalismo ontológico y ético que los supera; la misma ansia de realidad y de eticidad. . . No se podía decir más y mejor sobre la obra de este pensador egregio que nos honra, por igual, a todos los pueblos de habla española. Desde 1932 hasta nuestros días, el profesor Luis Legaz ) Lacambra ha publiCddo libros y artículos en España y en el extranjero. Vayan aquí estos títulos: "En torno al eterno problema del Derecho Natural " (1932); "Kelsen. Estudio crítico de la teoría pura del Derecho y del Estado" (Bosch, Barcelona, 1933); "El Estado de Derecho en la actualidad", (1934); "Introducción a la Ciencia del Derecho" (Bosch, Barcelona, 1942); "Situación presente de la Filosofía del Derecho en España" (Coimbra, 1945); "Horizontes del pensamiento jurídico" (Estudios de Filosofía del Derecho, 1947); "El Estado de Derecho", (Coimbra, 1951); "Filosofía giuridica e Diritto Naturale" (" Revista d1 Scienze Giuridiche", Universitá Cattolica del Sacro Cuore. Milán, 1952); "Derecho y Libertad" (Abeledo, Buenos Aires, 1952); "Humanismo y Derecho" (Foro Gallego, 1952); "Diritto, Normativo e Normativita Giuridica" (Milano, 1953) "Filosofía del Derecho" (Bosch, Barcelona, 1953); " La Obligatoriedad Jurídica", "Anuario de Filosofía del Derecho", tomo 1, 1953); "El Problema de la Lógica Jurídica en algunas Obras Recientes" (Anuario de Filosofía d91 Derecho, Madrid, 1954); "La Lógica como posibilidad del pensamiento jurídico" ("Anuario de Filosofía del Derecho", tomo VI, Madrid 1958); "Das Rech als religioser Perspektive, Festgabe fur Erich Vogelin, (Beck Munchen, 1962); "Humanismo, Estado y Derecho", (Bosch, Barcelona, 1960); "La Realidad del Derecho" (Publicaciones LA FILOSOFIA JURIDICA Y POLITICA DE LUIS LEGAZ Y LACAMBRA del ~olegio Notarial, Madrid 1962). Y no quiero dejar de mencionar tres importantes conferencias sustentadas en la Universidad lnternacion_al "Menéndez Pelayo", de Santander, recogidas en los magníficos vol~menes en colaboración, que año tras año, publica esa ilustre Universidad de verano. He aquí los títulos de esas conferencias: "El hombre Y lo humano en el pensamiento político contemporáneo" (en el volumen ::El ~ombre Y lo humano en la cultura contemporánea", curso 1960); El impacto de la ciencia moderna sobre el pensamiento jurídico" (en ~I volur:nen "Técnica y cultura actuales", curso 1961); "Pesimismo e inseguridad }nte_ el_ Derecho, en la visión orteguiana de la historia" (en el volumen Pes1m1smo y optimismo en la cultura actual", curso 1962). ¿Qué es el Derecho? A Luis Legaz y Lacambra no le basta un concepto formal de lo jurídico. Quiere suministrarnos una definición ontológica, existencial. Por eso apunta que el Derecho es "una forma de vida social en la cual se realiza un punto de vista sobre la Justicia que delimita las respectivas esferas de licitud y deber, mediante un sistema de legalidad, dotado de valor autárquico". Hay un conjunto de fuerzas existenciales, en la sociedad humana, que tienen que ser canalizadas por el Derecho positivo". El sujeto se ve alterado en su vida por criterios de exigibilidad objetivos, impersonales, intersubjetivos. No se trata, claro está, de meros datos empíricos y formales sino de impulsos dialécticos, de principios vivos. Nunca pierde Legaz' las raíces del Derecho_ en_ la realidad pers?nal. Sometido a las valoraciones y a las categonas inherentes a la vida humana -religión, moral- el Derecho no se agota en proposiciones normativas. Hay en la misma norma una car~ _de reali_dad social y otra cara lógico-conceptual. La valoración de just1c1a convierte lo social en jurídico. El punto de vista sobre la justicia ~.e expresa en proposición normativa y delimita la forma de vida social. Que el_ Derecho es forma de vida social --observa Luis Legaz y Lacambra- tiene por de pronto esta significación ontológica: que el quehacer humano se desenvuelve en la vida de relación --en tanto que el hombre actúa como personalidad social- necesariamente en forma jurídica. El Derecho es un hacer social cristalizado en formas relativamente rígidas y estables que resisten la espontaneidad móvil de la vi da de cuyo seno proceden y a la que encauzan en determinada direc• ción. Por eso las 'formas' de la vida social tórnanse 'normas' para la vida. En ellas cristaliza la libertad radical de la existencia en su proceso de autoformación: son como el precipitado objetivo de la libertad creadora en que la existencia consiste, que aspira a duración y substantividad. En este sentido, el Derecho es la forma misma de la sociedad ' 246 247 �LA FILOSOFIA JURIDICA Y POLITICA DE LUIS LEGAZ Y LACAMBRA la cual es a su vez una de las formas de la vida humana; sin el Derecho, la vida social sería impensable" ("Filosofía del Derecho", pág. 185, Bosch, Barcelona 1953). Si los hombres se comportaran siempre bajo el signo del amor y de la caridad, serían innecesarios el Derecho y el Estado. Pero este supuesto estado de perfección es simplemente una utopía. Hasta las órdenes religiosas tienen una "regla", es decir, un elemento jurídico. Al afirmar Legaz que el Derecho es forma de vida social, no quiere hacer recaer el acento ni en la "vida humana objetivada" (Recaséns) ni en la "vida humana viviente" (Cossío). Lo primero sería codificar con exceso el Derecho; lo segundo, diluirlo en la interferencia de vidas personales. El Derecho es a la vez vida humana obje• tivada y objetivante, porque el producto no queda objetivado fuera de la vida del hombre. Como realidades humanas, las normas jurídicas han de justificarse por su referencia a valores. El ser del Derecho es un ser histórico, sometido a las exigencias fundamentales, referido a la justificación del obrar. 2.- Temas y supuestos de la Filosofía del Derecho la Filosofía empieza por no saber si tiene objeto propio, porque se hace cargo de todo, incluyendo sµ objeto. En este sentido es ciencia sin supuestos, autónoma y pantónoma, constitutivamente inacabada. Es un saber obrar, más que un obrar; un saber conocer, más que conocer. "La Filosofía del Derecho --observa Luis Legaz y Lacambraha surgido en el pensamiento moderno como un substitutivo de la antigua juris naturalis scientia. Los supuestos histórico-conceptuales de que procede son estos tres: la laicización del pensamiento jurídico por obra del protestantismo; la consiguiente separación de los conceptos de Derecho y moral en el pensamiento secularizado del racionalismo; la ontologización del Derecho positivo llevada a cabo por la escuela histórica y el positivismo superior". ("Filosofía del Derecho" pág. 18, Editorial Bosch, Barcelona, 1953). La Filosofía del Derecho en la Edad Media se hallaba en estrecha conexión con la Teología. la "mundanización" de la ciencia del Derecho es llevada a cabo por el protestantismo. De aquí data la separación absoluta entre Derecho y Mora!. El positivismo se encargará, más tarde, de afirmar que sólo el Derecho positivo tiene entidad ontológica jurídica. Consiguientemente, sólo desde e! Derecho positivo se podrá edificar una "ciencia". Este error hay que acreditarlo a la Escuela histórica. Es indudable que los jursitas tienen derecho a filosofar. lo que resulta inaceptable es la pretensión de "no admitir más modo lícito de filosofar sobre el Derecho que el de los juristas". La Filosofía no es 248 LA FILOSOFIA JURIDICA Y POUTICA DE LUIS LEGAZ Y LACAMBRA una simple teoría de la ciencia. Claro está que la "toma de posición" ante la realidad que supone la Filosofía, implica la "toma de posesión" que adopta la Ciencia. Pero "la Filosofía del Derecho" -advierte--- luis Legaz y Lacambra trasciende el ámbito de la ciencia jurídica y de los problemas propios de ésta para hacerse cargo de los que el hombre como tal plantea por el hecho de que es un ser que vive en el Derecho y que su conciencia jurídica mantiene una inagotable aspiración hacia lo justo" ("Filosofía del Derecho", pág. 32, Editorial Bosch, Barcelona 1953). El grandioso intento de construir una "ciencia" del Derecho fuera del ámbito de la experiencia jurídica, representado por el Derech~ Natural racionalista del siglo XVIII, resultó fallido. Igualmente frustrado resultó el propósito de "ontologizar" el Derecho positivo para construir sobre él la única ciencia posible del Derecho, realizado por la Escuela histórica. El Derecho pertenece al mundo cultural-espiritual-histórico. Legaz no quiere quedarse -¡he ahí su mérito!- en el valor como substancia ideal de lo jurídico, pero tampoco acepta arrojar el Derecho a la esfera del mundo sensible: psicologismo jurídico o sociologísmo. La Jurisprudencia empieza cuando se descubre la peculiaridad del Derecho como objeto del mundo cultural-espiritual-histórico. La antigua concepción de un ser unitario construido por nosotros sobre un tipo único y particular de los datos de nuestra experiencia, ha sido sustituida por una concepción "pluralista" del ser, en armonía con los múltiples datos y sectores vivenciales. la nueva ontología se preocupa, siguiendo una vía inductiva, por determinar la estructura óntica de todas las esferas, capas y regiones de lo real. Para que haya una experiencia jurídica positiva se requiere -de acuerdo con las "Investigaciones lógicas" de Edmundo Husserl- un signo sensible (texto legal), un signo significativo (expresión que diga algo), un objeto mentado en la significación (compra-venta, patria potestad, propiedad, etc.); verificación del o~j_eto en la intuición (conducta existencial). El objeto de la ciencia jund1ca es la regulación de la conducta debida, prohibida o lícita. Pero 1~ proposición normativa es forma de vida social. En cuanto es vida, es libertad: en cuanto es social, es normatividad. Vida social significa creación libre de regularidades normativas. Muy próximo a Recaséns Siches, aunque independiente en su línea personal, Legaz y lacambra sabe - y lo dice siempre-- que el Derecho es una realidad humana. En consecuencia, no puede ni quiere convertir la Filosofía del Derecho en teoría de la ciencia jurídica. "Para nosotros -advierte Legaz-, la teoría de los conceptos jurídicos fundamentales, como lógica jurídica, no es la Filosofía del Derecho, como 249 �LA FILOSOF!A JURIDICA Y POLITICA DE LUIS LEGAZ Y LACAMBRA LA FILOSOFIA JURIDICA Y POLITICA DE LUIS LEGAZ Y LACAMBRA no es tampoco la verdadera ciencia jurídica, sino teoría de ésta Y, en cuanto tal, un capítulo de la Filosofía del Derecho" (Opus cit., pág. ~2). Hay un sistema de conceptos fundamentales del D~~echo -_~orma, institución, situación, relación, facultad, deber, coaccIon, sancIon, prestación, persona, etc.- que constituye la trama conceptual (categorí<:1s gnoseológicas) a través de la cual puede ser científicamente conocido el Derecho positivo. Este conocimiento científico-jurídico prescinde de la plenitud ontológica del Derecho"; porque no se ve ni la vida social de la que es forma, ni la justicia de que está transido, ni la libertad que es su savia; sólo permanece el esquema lógico y abstracto, la forma pura sin contenido y sin raíces, ajena a la vida y a la libertad" (Opus cit., pág. 73). ¡Pocas veces se habrá expresado, en forma más gráfica Y vigorosa, la insuficiencia del logicismo! Es legítimo prescindir, en cuanto recortar, siempre que no_se pret enda negar la validez del conocimiento del ser recortado: La ciencia jurídica tiene una triple misión: 1) interpretar el contenido de un ordenamiento jurídico dado; 2) construir con autenticidad los casos de la vida jurídica que no están claramente previstos en la norma; 3) sistematizar a través de la variedad vivencia! y valorativa. Al arribar a la construcción jurídica -momento central de la actividad cienflicase advierte "una realidad que es teleológica y está transida de valores·•. ¿Cómo soslayar la finalídad práctica de contribuir al imperio de la justicia? Hay en Legaz corno un retorno a la sabiduría romana del "ars aequi et boni". La Jurisprudencia conoce la realidad jurídica en su verdad, recurriendo al acto gnoseológico de la comprensión, al sistema intersubjetivo. Sin dejar de ser ciencia, contribuye a actualizar una idea de justicia. El tratado de "Filosofía del Derecho" de Luis Legaz y Lacambra está dividido en dos partes - " La Ciencia Jurídica" y "La Estructura del Derecho"- y en diez capítulos: 1) La Filosofía del Derecho como Filosofía; 2) La Filosofía del Derecho como Teoría de la Ciencia; 3) Concepto del Derecho y Teoría de la Norma Jurídica; 4) El Derecho Y los otros Ordenes Normativos de la Conducta Humana; 5) Formas del. Derecho; 6) Fuentes del Derecho; 7) La Justicia, el Orden Y la Segundad Jurídica; 8) La Arbitrariedad; 9) El Hombre y su Derecho; 10) Las Comunidades Jurídicas. 3.- Un Derecho superior a toda tey escrita Hay un eje central en torno al cual gira la especulación iusfilosófica: un Derecho superior a toda ley escríta con el cual todo Derecho dado en la realidad debe conformarse. En caso de discrepancia, el De- 250 recho Natural anula al supuesto "Derecho" positivo. Enraizada en el hondón del alma, la idea de un Derecho superior se funda en la naturaleza del hombre o en la naturaleza de las cosas y está destinado, por su propia esencia, a ser Derecho vigente" . O dicho de otro modo: "la exigencia y .el destino de la normatividad --escribe Luis Legaz y Lacambra- es encarnar en una positividad" (Opus cit., pág. 291). La vi,gencia es la positividad actual. Un acto de imperio da fuerza jurídica vinculatoria a la norma de Derecho, que debe convertirse en forma de vida social. Pero los distintos sistemas del Derecho positivo no agotan ni pueden agotar el contenido ideal y absoluto de la justicia. Luego entonces, la conciencia individual puede apelar siempre a la superior instancia de un Derecho Natural contra los fallos del Derecho positivo. Se dice que el Derecho Natural es pura "metafísica", "ideología", "expresión de intereses" de las clases dominantes. El iusnaturalismo muestra "victoriosamente la inconsistencia de los ataques positivistas, demostrando: 1) que el supuesto dualismo de sistemas es inexistente, puesto que desde el momento que ambos han de coincidir, no prevaleciendo el Derecho positivo injusto contra el Derecho Natural, no se presupone la existencia y validez simultánea de dos sistemas co~tradictorios, sino que a priori se reconoce únicamente la unidad demostrando, con válidos argumentos filosóficos, la posibilidad de una metafísica y, por tanto, la consistencia objetiva de los valores y las ideas, frente al relativismo o relatividad de los juicios de valor y las ideologías, como expresión de intereses". (Opus cit. págs. 294-295). Urge, no obstante, la depuración del contenido válido del Derecho Natural. ¿Contradice la afirmación del carácter positivo del Derecho a ese Derecho superior no escrito? ¿Será el Derecho Natural algo de índole metajurídica o suprajurídica? A diferencia de Giorgio del Vecchio -quien pensaba que el concepto del Derecho no señala la positividad como nota esencial de éste, porque es un dato de experiencia-, Luis Legaz y Lacambra sostiene que el "destino de positividad define al Derecho, al modo como al concebido (nasciturus pro jam nato habetur), aun cuando no llegue a nacer, hay que estudiarlo desde el punto de vista de la humanidad y acarrea consecuencias jurídicas el hecho de su concepción" (Opus cit., pág. 296). El Derecho Natural exige su aceptación y aplicación, lleva consigo una pretensión de positividad. Es el ideal jurídico que aspira a realizarse efectivamente. "No hay Derecho ideal, sino ideal de Derecho. Pero el ideal tiene algo de subjetivo, arbitrario y contingente; el Derecho Natural, en cambio, es inmutable y perenne. Trátese de un 251 �LA FIL0S0FIA JURIDICA Y P0LITICA DE LUIS LEGAZ Y LACAMBRA LA FIL0SOFIA JURIDICA Y P0LITICA DE LUIS LEGAZ Y LACAMBRA conjunto de principios jurídicos que todo Derecho debe realizar. Estos principios están enraizados en el orden natural, óntico y axiológico del cosmos y anclados en la lex aeterna, en la inteligencia divina. "Y como concreción de esos principios inmutables, existe un sistema o serie de sistemas de principios racionales (por consiguiente, con una dimensión de contingencia y mutabilidad) que, en parte, están incorporados a los distintos sistemas de Derecho positivo y, en parte, permanecen al margen de los mismos, como posibilidades a realizar. A unos y otros principios se les puede llamar, si se quiere, "principios de Derecho Natural (primario y secundario)", según una expresión consagrada por una venerable tradición. Son principios que, por tener existencia independiente del hecho de su conversión en normas jurídicas exigibles, no son en si mismos el "Derecho"; pero son la dimensión ética del mismo, la substancia de justicia (jus: quod justum est) que contiene todo Derecho, pero que no siempre se halla adecuadamente realizada, ni se agota en esta realización" (Opus cit., pág. 298). Gran parte de lo que tradicionalmente se viene considerando como Derecho Natural, es sencillamente " moral", o metáfora que encubre la apelación a otro Derecho positivo, o apelación polémica exenta de realidad. Cuando el régimen estatal no es formalmente un orden jurídico sino un es· tado de arbitrariedad , es decir, un desorden esencial, está justificado hablar de una reivindicación de la libertad natural frente al Estado. Los derechos fundamentales de la persona no toleran que se les haga depender de su reconocimiento o no reconocimiento por un orden jurídi· co positivo. " El derecho natural a la libertad es el derecho que el hom· bre tiene a que su libertad sea convertida en un derecho". (Opus cit., pág. 300). El derecho a la vida, a la integridad personal , a la dignidad, al honor, etc. no es una " concesión caprichosa" del legislador, sin fundamento alguno en la naturaleza humana. Los derechos fundamentales del hombre aluden "necesariamente a su condición de 'estructuras de la vida de la persona en su dimensión social" . Hay dimensiones de la intimidad de la persona en las que propiament e no tiene cabida el Derecho como realidad social. En estos casos, la expresión "Derecho Na· tural" se utiliza en un sentido meramente analógico. El derecho de ser reconocido siempre como persona es el derecho absolutamente funda· mental para el hombre. "Lo que es justo por naturaleza está intrínsecamente destinado a ratificarse por ley o convención, o sea, a realizarse como Derecho positi· vo" , advierte el ex Rector de la Universidad de Santiago de Compostela. La denominación "Derecho Natural" tiene, a más de una memora- ble tradición, una gran fuerza expresiva para señalar el hecho de que la regµlación _jurídica depende de la justicia intrínseca, y no sólo del arbitrio, de la voluntad caprichosa. La existencia y el contenido del Derecho Natural no dependen del querer. La naturaleza del Derecho ha de tener en cuenta --como lo apuntó el gran Francisco Suárez- la naturaleza del hombre. Como todo lo humano, el Derecho positivo ha de obedecer a una justificación. Mientras la. escuela clásica insertaba el ~erecho Natural en el plano de las esencias, el racional ismo pretendió insertarlo en el pleno de las existencias, al lado del positivo, como un detallado "código de razón". La experiencia, por supuesto, no confirmó jamás los desaciertos del iusnaturalismo racionalista. Por eso volvemos hoy nuestra vista al orden óntico, vital y humano que contempló el Derecho Natural cristiano. En él, y sólo en él, encuentra su justificación el Derecho positivo. Pero si el Derecho positivo es susceptible de justificarse, es porque posee una insoslayable dimensión ética. Antes de que las normas le impriman su sello, la realidad jurídica es libertad entre convivientes que pueden hacer y que pueden exigir. Esta relación personal o social requiere una medida objetiva, una delimitación de poderes que está dada, primariamente, por la " justicia": el valor social por antonomasia. La libertad y los poderes de hacer y de exigir son lo " suyo" de cada persona. Hay una medida impersonal, objetiva para las formas de vida social, que no cabe aplicar en las relaciones ínter-subjetivas. Luis Legaz y Lacambra, en la última fase de su pensamiento jurídico, se pregunta por el ser del Derecho --cuestión metafísica- y por el modo de ser real del Derecho --cuestión ontológica-. Esto me recuerda el Dasein (ser ahí)' y Sosein (ser así) de Nicolai Hartmann. Y me parece muy provechoso, para la Filosofía Jurídica, introducir esta dJstinción. Cuando preguntamos si " hay" Dei:_echo y qué significa que lo haya, estamos en el ámbito metafísico. Contestar que el Derecho es " poder", "vida", " libertad" , es responder a la pregunta metafísica. Cuando cuestionamos el modo de ser del Derecho en su dimensión más concreta y usual, estamos en el nivel ontológico. Podemos decir que el Derecho es "conjunto de normas", "sistema de comportamientos sociales efectivos", " actividad judicial". En este caso estamos situados en el campo ontológico. La pregunta ontológica atañe al "jurista científico". Trátese de acentos, de preponderancias. Por eso no debe ser agudizada la diferencia. "La Filosofía del Derecho -podría decir Legaz y Lacambra- es una teoría general del Derecho profesada por filósofos, así como la Teoría General del Dere- 252 253 4.- El poder hacer y el poder exigir como juricidad primaria. �LA FILOSOFIA JURIDICA Y POLITICA DE LUIS LEGAZ Y LACAMBRA LA FILOSOFIA JURIDICA Y POLITICA DE LUIS LEGAZ Y LACAMBRA cho es una Filosofía del Derecho cultivada por juristas". En la última versión del pensamiento filosófico-jurídico de Luis Legaz y Lacambra, que le fue dable conocer a Luis Recaséns Siches en pá· ginas inéditas, habla el ex Rector de la Universidad de Santiag~ de Compostela de que el Derecho "es" y "acontece". Porque es, tiene realidad. Porque acontece, es fenómeno susceptible de ciencia. El acontecer humano del Derecho es "histórico". Hasta el Derecho Natural ha nacido en el hombre y se realiza perfectivamente en la. convivencia. El historicismo y el positivismo alteraron y exageraron los términos del problema, circunscribiendo la realidad jurídica al, Derecho posi~ivo. Se piensa erróneamente que el Derecho acontece solo como con¡unto ~e normas impuestas por la coacción estatal. La realidad jurídica no que• da agotada por el procedimiento de segregación científica particu!ar. El Derecho, en sentido originario, no es norma sino poder o autorización. Mientras las normas· hablaban de utire el Derecho (" usar un derecho" ). El poder o autorización es el jus que no hace daño al emplearse, hay un engarce armónico entre el sentido subjetivo y el sentido objetivo del Derecho en una misma realidad jurídica que presenta dos aspectos fundamentales. Nos encontramos con el hecho inexorab!~ ?e que "hay Derecho como libertad, poder, facultad" . Contra el po~1t1v~smo de Kelsen --que pretende eliminar el Derecho Natural del amb1to jurídico--, Legaz y Lacambra sostiene -si hemos de creer a ~ecasén~ Siches- que "la verdad es que hay el Derecho en ese sentido; Y s1 en ese sentido el Derecho es Derecho Natural, el Derecho Natural está inscrito también en el ámbito de la realidad jurídica, de lo que hay como Derecho. Y si el Derecho, en general, consiste antes en el poder hacer que es ' la norma, no habría ninguna paradoja en afirmar que el Derecho es primariamente Derecho Natural que se positiviza Y que el Derecho Natural es la forma radical de la realidad jurídica. "Basándose en la dura crítica del egregio filósofo español Amor Ruibal a la versión normativista de la ley, Legaz y Laéambra asegura que la ley eterna es un trasunto del idealismo platónico en la esfera ético-jurídica. Pero en realidad, nuestra mente -mera construcción- proyecta sobre la Divinidad una supuesta ley eterna (inmutable, necesaria, uni· versal). Dios es razón y norma de toda justicia. El principio de no contradicción es moderador universal del concepto del ser y de la rea· lidad moral. Fuera de lo irrealizable e ininteligible porque atenta con· tra ese principio, "todo lo demás cae dentro de la libre ordenación de Dios, sin otros tipos ideales de moralidad que los consiguientes a tos planos y órdenes de seres por El establecidos, y como tales contingen- tes y mudables. Próximo a Hartmannn, aunque con base teísta, Ruibal apunta un orden que aparece en la constitución física y externa del mundo. La "ley natural" es un "lenguaje cifrado" en la "naturaleza de las cosa_s" , de acuerdo con nuestra previa selección axiológica. La idea abstracta se subordina a la forma concreta que reviste la cosa. Y la cosa -no hay que olvidarlo-- expresa valores dados. El Derecho no consiste primariamente en normatividades sino en personas convivientes que afirman su poder ser y su poder hacer. La justicia vendrá a coordinar, integrar o subordinar las esferas de libertades, los " suyos" de cada cual. Las normas siempre vienen "a posteriori" , para formular, precisar los poderes socialmente vigentes. En este sentido, hay Derecho Natural porque hay derechos naturales. Para ser y para subsistir requerimos de nuestra dimensión jurídica. No lo dice así Legaz, pero creo estar próximo a su pensamiento. La realidad radical del Derecho está en la facultad que a la persona pertenece de modo esencial. Por eso podemos actuar externamente con pretensión de eficacia social , de forma imperativo-atributiva. Decir persona es decir relación. Solo que hay relaciones, en el á_mbito colectivo, de " personas impersonalizadas" . Permítaseme observar que esta impersonalización -una manera de hablar- nunca es total. Lo que importa en est e tipo de relaciones es la regulación de " forzosidades" y de facultades. La juricidad es inherente a la relación social. Pero la realidad de esta juricidad estriba en la libertad y en los poderes de hacer y exigir, dentro de las justas estructuras relacionales. 5.- El hombre y lo humano en el pensamiento político contemporáneo. La especulación filosófico-política actual t iene, en el humanismo, uno de sus ternas centrales. Históricamente, el humanismo ha mostrado una evidente insolidaridad con lo divino. Para los eruditos renacentistas resultaban más interesantes los tipos de hombre de las Vidas paralelas de Plutarco que los grandes santos del Año Cristiano. Renovose el relativismo de Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas. Y surgió el humanismo del orgullo -hombres pretendidamente superiores se convierten en medidas de lo bueno o de lo malo-- y el humanismo materialista -la moral es sólo una arma en la lucha de clases-. El bien y la verdad se reducen a la categoría de apetitos, desaparecen los valores, no hay medidas superiores. Ante esta situación, Maeztu proclamaba el humilde reconocimiento de la "primacía de las cosas" , del servicio del hombre a los valores absolutos. y Heidegger sostenía la conveniencia de renunciar a la palabra " humanismo", para pensar la humanidad del hombre desde la proximidad del 254 255 �LA FILOSOFIA JURIDICA Y POLITICA DE LUIS LEGAZ Y LACAMBRA LA FILOSOFIA JURIDICA Y POLITICA DE LUIS LEGAZ Y LACAMBRA ser. Porque el hombre es Hirt des Seins (pastor del ser) "y lo que hay que poner en juego no es una abstracta esencia humana, sino el ser histórico del hombre, en cuanto proviene de la verdad del ser" . Tras de haber trazado los grandes hitos del humanismo moderno, Luis Legaz y Lacambra afirma -simplificando " ex profeso"- que el huma· nismo, en cuanto basado en una metafísica personalista, es válido en el plano ontológico y en el plano del pensamiento social (jurídico y político), pero no en el plano ético. En cambio, la concepción transpersonalista --que se opone a la afirmación egoísta del yo y piensa que la personalización implica la entrega y el servicio a valores transpersonales-, tiene validez en cuanto teoría ética , pero no tiene el mismo valor de evidencia en el plano de la doctrina política, como categoría para la vida social" (El hombre y lo humano en el pensamiento político contemporáneo" , en el volumen " El hombre y lo humano en la cultura contemporánea", pág. 291, Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Santander, curso 1960, publicado en Madrid, 1961). La vida social tiene su raíz en la vida personal, pero sin mengua de que la vida social y política posee propia estructura y relativa autonomía. " El personalismo incide en el · error de situar la persona más allá de toda idea de bien común, utilizando inadecuadamente un texto de Santo Tomás que incompatibiliza las nociones de "persona" y "parte", y en cambio corre el riesgo de que el "individuo" quede sometido, quizá demasiado incondicionalmente, a las exigencias de un bien común que podría ser entendido al modo colectivista" (lbid., pág. 294). La disyuntiva: técnica o humanismo, es un falso dilema. De lo que se trata es de salvar el humanismo en la técnica. Lo que pierde al hombre no es la técnica misma, sino técnica al servicio de fines que constituyen una negación directa del humanismo. Tampoco la política y el Estado representan de suyo una situación de alineación para el hombre. Constituyen, eso sí, una "alteración" del modo de ser humano. Por eso "el personalismo y el humanismo cristiano mantienen una fuer te resistencia contra la politización total, y esta resistencia es una de las formas y garantías de la libertad personal" (lbid., pág. 300). No es posible escapar a la politización. Mas aún, la obligación política es cbli· gación política es obligación moral. Debemos tratar de perfeccionar el orden de la convivencia. Lo que no resulta legítimo es "disolverse co· mo persona en la dimensión de politicidad" (locus cit.,). El hombre que demanda seguridad es un hombre que se politiza. Pero la po!:tiza· ción total equivale al toalitarismo. Y de lo que se trata es de realizar la justicia en la presente situación social, de salvar las posibilidades 256 de un libre desenvolvimiento de la personalidad individual, sin caer en un régimen totalitario. Lo que importa es que haya " personas" y no solo " gente". El Derecho no debe transgredir la intimidad personal. Por eso el comunismo resulta monstruoso cuando "recurre al lavado de cerebros, a la narcoexploración, para obtener confesiones de culpabilidad que efectivamente se hacen, ante el "pueblo" , y no como consecuencia de la t ortura física, sino por una verdadera alteración de la personalidad íntima, por una radical violación del derecho a la intimidad (lbid., pág. 297). Humanista de la mejor cepa, Luiz Legaz y Lacambra afirma vigorosamente que "el hombre y lo humano son finalidades esenciales de la política" y que " el Estado tiene ante si la egregia posibilidad de ser el órgano de realización de la verdadera esencia dél hombre" (lbid. , pág. 302). Con los pies bien puestos en la circunstancia ' actual, el actual catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Madrid pide que se dé al hombre lo que por justicia le corresponde Y que se salven los valores humanos, dentro de los cuales ocupa la libertad un puesto fundamental. Yo tuve la satisfacción de participar como conferencista huésped en el mismo curso 1960, que organizó la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de Santander, con una disertación intitulada: "Hacia una Filosofía integral del Hombre", que consta en el mismo volumen "El Hombre y lo Humano en la Cultura Contemporánea", que incluye la conferencia de Legaz y Lacambra: "El Hombre y lo Humano en el Pensamiento Político Contemporáneo". Y me complace recordar que en aquella conferencia que pronuncié ante un selecto e internacional público, en 1960, sostuve el esencial axiotropismo del hombre, su libertad ontológica y su textura ética dentro de un programa de salvación. Siempre que el hombre se comporta como hombre, esto es, inteligente y libremente, se afana por salvarse en la inmortalidad personal, en su descendencia o en la memoria de las generaciones sucesivas. La estructura escatológica del ser humano está anclada en su misma realidad de hombre. Me parece que la política, la buena política que no desconoce los datos ontológicos fundamentales del ser humano, solo puede edificarse sobre la base de una Filosofía integral del hombre. Porque conozco el pensamiento de Luis Legaz y Lacambra abrigo la esperanza de que comparta plenamente conmigo, esta base de sustentación. 6.- El impacto de la ciencia moderna sobre el pensamiento jurídico Cada época imprime a sus creaciones jurídicas --como a sus creaciones artísticas y literarias- un estilo peculiar. La música pura de Debussy, la poesía pura de Juan Ramón Jiménez o de Mallarmé y la 1 257 �LA FILOSOFIA JURIDICA Y POLITICA DE LUIS LEGAZ Y LACAMBRA LA FILOSOFIA JURIDICA Y POLITICA DE LUIS LEGAZ Y LACAMBRA teoría pura del Derecho de Hans Kelsen se corresponden. Puede hablarse de un estilo "barroco" en Filosofía y en Derecho. No obstante, hay tendencias estilísticas del pensamiento jurídico que no proceden del arte o la literatura, sino de pensar los problemas fundamentales del Universo y de situarse ante ellos y hasta podría decirse que este estilo irradia alguna influencia sobre las restantes manifestaciones de la cultura, incluidas las artísticas y literarias. Cabe distinguir, jurídicamente, los estilos logicista, sociológico, moralizante y cientista. El Dr. Legaz y Lacambra ha disertado, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de Santander (curso 1961), en torno al impacto que la ciencia moderna ejerce sobre el pensamiento jurídico. Desde el Renacimiento hasta nuestros días no han faltado humanistas que han sentido una especial aversión hacia la ciencia del Derecho. El satírico y ágil fiscal prusiano Julio von Kirchmann creó una especie de complejo de inferioridad de los juristas, con aquella célebre conferencia: "la falta de valor científico de la Jurisprudencia", que anteriormente hemos tenido la oportunidad de analizar y de rebatir. F.I Derecho es inestable, huidizo. Los errores del legislador repercuten en el objeto de la Jurisprudencia. Además, los juristas trabajan con lo fragmentario, confuso, hueco, equívoco, contradictorio. "Tres palabras del legislador convierten en basura toda una biblioteca jurídica". Sólo cabe una democratización radical del Derecho, en abierta y decidida conexión con la política. La escuela de Upsala -Lundstedt, Ross, Olivecrona- emprende una despiadada crítica contra la superstición y la irrealidad de la actual ciencia jurídica que confunde la causa con el efecto. No existen "normas" jurídicas, sino aspiraciones y relaciones económicas y sociales dentro de la maquinaria social. La jurisprudencia debe fundarse en la experiencia. Es preciso analizar las realidades que se encuentran tras toda esa palabrería normativa. Lo que importa es reconocer la realidad física y psíquica de los hombres en una sociedad determinada, sus aspiraciones reales y los medios de realizarlas. No hay "validez" del Derecho, sino pura "efectividad". Las acciones del juez son respuestas predecibles. El Derecho es fuerza organizada, maquinaria legal. El positivismo lógico pretende reducir toda la realidad pensable y expresable a lo que puede decirse en el lenguaje científico de la física. La escuela escandinava y ·1a escuela norteamericana conciben el Dere· cho como creación judicial. "La consecuencia -observa Legaz y Lacambra- es que la ciencia jurídica se disuelve en una jurisprudencia sociológica y ésta en una psicología jurídica empírica. Con lo cual se 258 ha abandonado ya por entero el campo de la verdadera ciencia del Derecho para sustituirla por una ciencia natural de los fenómenos jurídicos" ("El impacto de la Ciencia Moderna sobre el Pensamiento Jurídico", en el volumen "Técnica y Cultura Actuales", pág. 235, Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Santander publicado en Madrid 1962). , , Las posibilidades que ofrece la logística moderna han hecho concebir la falsa esperanza de construir una ciencia jurídica exacta. Se suprime la diferencia entre ley natural y ley jurídica. Se cambia la idea de coacción por la de necesidad social. Se recogen los trozos de rea;¡. dad que la historia ofrece y se desarrolla el sistema de las posibilidades jurídicas. Lois Estévez considera preciso establecer los principios científicos rigurosos en que debe fundarse la Política del Derecho, como ciencia del "Derecho justo" que debe dar paz a los hombres. Menester es proceder a una simplificación sistemática y a una depuración critica del Derecho vigente. Carlos Sánchez del Río nos insta a reconocer que lo humanístico es parte de lo cósmico para encontrar los principios prácticos de universal aceptación. Lo jurídico, lo político y lo económico, entidades inseparables, integran una dinámica común, con la natural preponderancia de lo económico. Consiguientemente, se requiere una metodología naturalística adecuada a la complicada trama de sucesos. Para alcanzar la seguridad y la pacificación, "el jurista futuro, a gusto o disgusto, tendrá que moverse muy firmemente en los hermosos valles de la logística, de la sociología y del cálculo estadístico a través de ese gran complejo realista que hoy denominamos neopositi~ismo ló?ico'_' . (lbid., pág. 240. Estos dentistas de nuevo cuño -¡terribles s1mphf1cadores!- consideran que el pensamiento jurídico está tarado por el lastre del indeterminismo. La posición de Luis Legaz y Lacambra es clara y sensata. El "impact?" de_ la_ c!encia moderna terminará por ser definitivo sobre el pensamiento 1und1co. El problema estriba en saber "si el fruto de ese impacto será una renovación superadora de la ciencia jurídica en cuanto tal o una destrucción de la misma y al mismo tiempo un aniquilamiento de los valores ~ los que tradicionalmente se ha sentido vinculada" (lbid., pág. 242). Imbuido por el espíritu técnico, el jurista actual corre el riesgo de que el pensamiento jurídico sea totalmente desplaza~º por las categorías del pensamiento técnico desde el cual quiere edificar una nueva ciencia del Derecho. Sólo que cabe preguntarse si esta pretendida ciencia jurídica no irá a convertirse en una tecnología social. En buena hora que haya técnica jurídica, pero sin olvidar que " una tec- 259 �LA FILOSOFIA JURIDICA YPOLITICA DE LUIS LEGAZ Y LACAMBRA nología es algo neutro ante valores y sólo tiene en cuenta el aspecto funcional· de una maquinaria al servicio de fines decididos por otros hombres" (lf:>id., pág. 243). Es el hombre mismo quien está ~n ju~go. No es criticable el afán de renovar la ciencia jurídica desde el nivel científico contemporáneo: siempre que el estilo dentista no deshumanice el Derecho. Porque en última instancia es en el noble ámbito de las "ciencias morales y políticas" -y no en el de la técnica- donde se inserta el Derecho. ALFREDO GUTIERREZ KIRCHNER U,N A PO.LITIGA FISCAL PARA LA EDUCACION a educación, sobre todo aquella que se imparte con la finalidad de capacitar a los seres humanos para ejercer una actividad productiva en la sociedad, y obtener en cambio un ingreso que permita la decorosa satisfacción de las necesidades materiales -alimento, vestido, vivienda, servicio médico, transporte y diversión- generando adicionalmente un remanente que permita alguna forma de ahorro efectivo, constituye, en la hora presente, una de las fronteras en que se debate con mayor intensidad la problemática, relativa a la capacidad de nuestro sistema social, para responder adecuadamente a las demandas que autogenera el desarrollo. No olvidemos que sólo mediante una base económica, sólidamente estructurada, en continuo crecimiento y ampliamente distribuida, es factible mantener en movimiento la fábrica social, que a su vez permita preservar nuestros indudables valores, al poder conjugar las libertades individuales con la justicia social y la democracia política interna con la autonomía del Estado en el plano internacional. No pensamos que las utopías puedan darse en el curso de una generación y estimamos preferible un desarrollo de largo plazo, que pueda efectivamente corregir paulatinamente nuestros problemas ancestrales, que pretender avanzar de inmediato más allá de lo que permite la realidad objetiva, para encontrar en respuesta anticuerpos internos y externos, que puedan arrojarnos a retrocesos de barbarie. Desde ese extraordinario mirador de la política y finanzas del mundo que es el Banco Interamericano de Desarrollo, organismo regional de L \ 260 Conferencia dietada POr el Llo. Alfredo OUtlérrez Kirchner del Banco Interamericano de Desarrollo, en la tlnlvers1dad Autónoma de Nuevo I.eón, el 77 de Septiembre de 1973. �UNA POLITICA FISCAL PARA LA EDUCACION financiamiento, constituido mediante tratado internacional, aprobado por los poderes competentes de diecinueve países latinoamericanos, tres países de habla inglesa del Caribe, y los Estados Unidos y Canadá Y, próximamente, por los países de Europa Occidental y Japón, puede contemplarse con meridiana claridad la problemática del desarrollo latinoamericano, particularmente en el punto donde se vincula con la necesidad de una transferencia permanente de recursos financieros, de los grandes centros de capital del mundo. El BID opera movilizando grandes volúmenes de dinero de largo plazo, de las economías desarrolladas, para efectuar préstamos a los gobiernos o a entidades de los sectores público o privado, en los territorios de sus países miembros, en vías de desarrollo, para colaborar en el financiamiento de aquellos proyectos en que no están disponibles otras fuentes alternativas de capital, por lo que su actuación es siempre complementaria del ahorro interno y del ahorro externo privado. Los recursos utilizados por el BID, para efectuar sus operaciones, pueden clasificarse en dos grandes categorías: los de captial ordinario y los de fondos blandos. Los primeros se obtienen, en una pequeña proporción de la parte pagadera en efectivo del capital suscrito por los países, pero sustancialmente de las emisiones de bonos que se realizan en los mercados de capital del mundo, por las que deben pagarse los tipos de interés prevalecientes, y contratarse a los plazos competitivos. El segundo tipo de recursos representan íntegramente aportaciones pre· supuestales, hasta ahora básicamente de los Estados Unidos, para efectuar préstamos en condiciones de plazo y de interés, que implican un elemento de donación, en la transferencia. En es-as condiciones, los recursos ordinarios de capital se emplean para inversiones de alta rentabilidad, capaces de absorber plazos Y tasas de interés de mercado, inversiones que formalmente se localizan en los países de mayor desarrollo relativo de la región y en menor escala en los de tamaño intermedio, y en sectores de la actividad económica de alta concentración de capital. Los recursos blandos por el contrario se emplean con mayor énfasis en los países de menor desarrollo relativo, aun cuando también en sectores atrasados o de baja rentabilidad en los grandes países. Tal es el caso de México que ha recibido un apreciable volumen de fondos blandos del BID básicamente destinado al sector agrícola. La educación, como un campo de responsabilidad fundamental del Estado y subsidiariamente compartido por el sector priv?ldo, de efec· tos catalíticos indudables en el desarrollo económico y social, pero cu• 262 UNA POLITICA FISCAL PARA LA EDUCACION yos beneficios son de difícil medición para justificar una elevada tasa interna de retorno, ha sido desde el comienzo de las actividades del BID, objeto de inversión para sus préstamos blandos, los que han apoyado esfuerzos nacionales que se han verificado en la educación superior, en la. educación técnica vocacional, en el crédito educativo y en el desarrollo científico y tecnológico. Desde que inició sus operaciones, hasta el 30 de junio de 1973, el BID había comprometido más de 270 millones de dólares, para ejecutar proyectos con un costo superior a los 539 millones de dólares, en el área educativa, para favorecer a diversas instituciones en los 22 países miembros solicitantes de crédito, inspirando a sus operaciones en la siguiente estrategia: 1) Contribuir a dinamizar el proceso de desarrollo de las sociedades latinoamericanas a través de la modernización de la educación superior y técnica y de la promoción de la investigación científica y tecnológica, poniendo interés en la necesidad de alcanzar, en esos campos, niveles compatibles con el avance del conocimiento contemporáneo, así como en la conveniencia de lograr la plena utilización de la capacidad creadora local. 2) Propender al mejoramiento de la calidad y el contenido de la educación superior, favoreciendo una estructuración más integrada de sus diversas funciones y disciplinas, así como una mayor participación de las ciencias básicas y aplicadas, en los programas universitarios. 3) Favorecer la expansión de la educación superior y técnica, mediante el fortalecimiento y ampliación de los correspondientes planteles a fin de contribuir a capacitarlos para responder a las demandas por matrícula en constante aumento. 4) Promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, mediante el apoyo a los centros de investigación existentes y el estímulo para la creación de centros nuevos en caso necesario, y favorecer una mayor incorporación de e.sas actividades en el proceso educativo. 5) Procurar que las empresas públicas y privadas que actúan en los sectores productivos generen en forma creciente demandas que estimulen la investigación científica y tecnológica, orientando cada vez más dichas demandas hacia instituciones pertenecientes a la región. 6) Mejorar la capacidad de los institutos de investigación científica y tecnológica latinoamericanos para participar en forma significativa en los procesos de industrialización, tecnificación agrícola y perfeccionamiento de la infraestructura económica y social, requeridos pa- 263 �UNA POLITICA FISCAL PARA LA EDUCACION ra lograr un desarrollo más acelerado en el área. 7) Fomentar la creación original que conduzca a la invención e innovación tecnológica, junto con estimular el proceso de transferencia de la tecnología existente y de adaptación de la misma a las necesida• des locales. 8) Favorecer la introducción de mejoramientos administrativos en las instituciones latinoamericanas de enseñanza e investigación, jun• to con mecanismos que les permitan llevar a cabo un proceso permanente de planificación dentro de sus esferas respectivas. Naturalmente que en todos los casos en que el Banco lnterameri• cano de Desarrollo interviene, lo hace porque el Gobierno del país respectivo otorga una prioridad al proyecto correspondiente. De ello deriva el que exista una desproporción manifiesta entre los volúmenes de pr.éstamos recibidos para el sector educativo en los diversos países, ya que mientras Argentina, Brasil, Chile, Colombia y recientemente Venezuela han recibido cuantiosos volúmenes para ese fin, en el caso de Mé· xico tan solo se han realizado operaciones por 3.5 millones de dólares que representa menos del 2% del total. En general, aún los países de menor desarrollo relativo de la región han recibido mayores créditos educativos. Esta situación deriva del hecho que hasta ahora México ha prefe· rido realizar su inversión eduactiva con ahorro interno, pues su posi· ción de reserva monetaria ha determinado el que tenga que reembolsar con divisas los préstamos internacionales recibidos, y por ello ha preferido realizar con ahorro externo, otros proyectos de reproducción auto• generada e inmediata. No obstante lo anterior, resulta interesante destacar que una de tas pocas operaciones que ha hecho el BID en México, en materia edu• cativa, la realizó precisamente con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, al prestársele un millón de dólares para eje· cutar un proyecto entre 1966 y 1969, cuyo costo al final ascendió a cerca de cuatro millones de dólares. Al BID tocó colaborar en la construcción de la nueva biblioteca, así como en dotarla de los equipos necesarios conforme a técnicas mo· dernas de biblioteconomía para atender a la creciente población estu• diantil, igualmente se ayudó a la expansión y mejoramiento de la es· cuela de ingeniería, así como a la creación del nuevo Departamento de Tecnología de alimentos y ciencias ma rítimas para formar técnicos en preservación, manejo e industrialización de alimentos en general y en la explotación racional y científica de los recursos marinos. 264 UNA POLITICA FISCAL PARA LA EDUCACION Cabe señalar la importancia de que el préstamo fue factible gracias a la garantía solidaria que otorgaron tres compañías industriales de esta ciudad con lo que no sólo demostraron la necesaria vinculación que debe existir entre la educación superior y los centros de trabajo, sino que han significado un ejemplo en el ámbito latinoamericano, de cómo en esta ciudad existe un capital nacional comprometido con la formación de nuevas generaciones de técnicos y profesionistas, al tomar una responsabilidad por 20 años junto con el Instituto Tecnológico, para desarrollar un programa que mira al futuro. Esfuerzos como éste, sin embargo, por muy meritorios que sean, no alcanzan a superar la crisis por la que atraviesa la educación en América Latina, que tiende a agravarse con gran rapidez. La tasa media de incremento demográfico para el conjunto de América Latina en las próximas tres décadas (1970-2000), se estima que será de 2.9 por ciento anual, lo cual significa que la actual población (fines de 1972) de 278 millones de habitantes subirá a 368 millones en 1980; a 480 millones en 1990 y a 630 millones en el año 2000. Si se consideran en forma separada los grupos de edades que corresponde escolarizar el panorama es todavía más aterrador. En 1970 existían en América Latina 50 millones de niños entre seis y doce años, a quienes había que proporcionar instrucción elemental. Ese número será 66 millorres en 1980, de 87 millones en 1990, y de 110 millones en el año 2000. En cuanto a la formación secundaria, el alumnado potencial, entre 13 y 18 años, era de 35 millones en 1970, pero ascenderá a 47 mi• llones en 1980, a 63 millones en 1990, y a 83 millones en el año 2000. Finalmente la población en edad de concurrir a la Universidad (18 a 24 años), que en 1970 era de 28.6 millones, será de 39.5 millones en 1980, de 52.7 millones en 1990, y de 70.2 millones en el año 2000. Además de todo esto hay que tener en cuenta que cualquier mejora en la escolarización de un nivel tiende a provocar, a los pocos años una presión en el inmediato superior, y que existe una tendencia mundial -que ya se refleja en algunos países latinoamericanos como Uruguay, Chile y Argentina- que tiende a convertir en universal la educación secundaria. Dado que esto ocurrirá sin lugar a dudas en los países industrializados antes de terminar el milenio, como ya sé da prácticamente en los Estados Unidos, el efecto de demostración resultará tremendo. Lo mismo, en menor proporción, cabe decir respecto a la educación superior, aunque debe señalarse que su crecimiento comparativo 265 �UNA POLITICA FISCAL PARA LA EDUCACION UNA POLITICA FISCAL PARA LA E;DUCACION en la mayor parte de las naciones latinoamericanas ha sido, eri la década de 1960, más explosivo que el de la enseñanza secundaria. En definitiva, pese a la atenuación que significa el escaso incremento demográfico de algunos países de la región (Uruguay, Argentina), la pirámide prevista para los próximos treinta años muestra una amplia base de niños y jóvenes a los cuales habrá que proporcionar necesariamente, educación general y profesional, además de los esfuerzos que se realicen en pro de los adultos analfabetos, semianalfabetos, y trabajadores no calificados. En términos porcentuales esto significa que realizando -un promedio ponderado de las tres décadas anteriores al fin del Siglo XX, la pobación de América Latina alcanzará, entre 6 y 12 años, al 18 por ciento, entre 13 y 18 años al 13 por ciento, y entre 19 y 24 años, al 11 por ciento, proporciones que se encuentran entre las más elevadas del mundo. Según los datos de 1970, la matrícula de los países de América Latina muestra que se encuentran inscritos en el nivel elemental alrededor de 30.2 millones de niños entre 6 y 12 años de edad, 9.6 millones de adolescentes entre 12 y 18 años en la escuela media y vocacional y 1.6 millones de jóvenes entre 19 y 24 años en la enseñanza superior. Si se tiene en cuenta la tasa de incremento de la última década, en 1980 habrá 50.4 millones de alumnos en los establecimientos primarios, 26.1 millones en los secundarios, y 4.5 millones en las universidades. Hacia 1990 los primeros ascenderán a 83.1 millones, los segundos a 51.9 millones y los terceros a 11.2 millones. Finalmente en el año 2000 los estudiantes de los tres niveles alcanzarían respectivamente a 110.2 millones, 73.6 millones y 24.4 millones. Se ha considerado que para el fin del Siglo XX -es decir de aqui a 28 años-, América Latina habrá logrado convertir en universal su educación primaria -una aspiración del Siglo XIX- y acercarse a la proporción actual de los Estados Unidos en los niveles secundario y superior. Estos resultados no son demasiado halagüeños para estos tiempos de aceleración histórica y de revolución de las expectativas. Si lo_expuesto es el panorama en materia de población y matrícula, veamos ahora lo que ocurre en materia de gasto público destinado a satisfacer esos requerimientos. En el año 1970 América Latina gastó en educación alrededor def 3.3 por ciento de su producto interno bruto (PIB), o sea el equivalente de 4,800 millones de dólares. Et promedio mundial, expresado como por ciento del producto nacional bruto, llegó a 5.4 por ciento en 1966. De acuerdo con las cifras de la matrícula precedentemente señaladas, el costo por alumno en América Latina en los tres niveles citados fue el siguiente: 25 años: 6,5 % 1975-2000 Aunque las proyecciones hechas se basan en la hipótesis (que no tiene validez compelta en cada país), la proporción de aumento y los requerimientos financieros de los gobiernos son, sin embargo, válidos, de tal manera que el cuadro precedente merece una atenta consideración. Ahora bien, ¿cuál ha sido el ritmo de aumento de los ingresos corrientes de los gobiernos centrales de los países latinoamericanos? De acuerdo con informaciones proporcionadas por el BID, los ingresos corrientes de los gobiernos centrales de los países latinoamericanos aumentaron entre 1967 y 1970 a una tasa anual del 8.4 por ciento, cifra que es sólo ligeramente inferior a la tasa de 8.5 por ciento que se ha estimado para el crecimiento medio del financiamiento de la educación en América Latina durante el período 1975-1985. 266 267 Dólares por alumno por año Primaria 82 Secundaria 135 Superior 625 Tomando en cuenta únicamente los gastos de los gobiernos centrales, el gasto en educación de América Latina alcanzó en promedio, en 1970, aproximadamente el 22 por ciento del presupuesto total. Aplicando las proyecciones de matrícula señaladas anteriormente Y sin modificar el promedio de gastos arriba indicado (lo cual es irreal: pOes el gasto en educación tiende a subir más rápidamente), se requerirían los siguientes montos (en dólares constantes de 1970) para el financiamiento de la educación en América Latina durante los próximos años. Año 1975 1980 1985 1990 1995 M iliones de dólares de 1970 Período 7.030 10.495 15.830 20.895 26.820 1975-80 1980-85 1985-90 1990-95 1995-2000 Tasa anual de crecimiento real 8,4% 8,6% 5,7% 5,2 % 4,9% �UNA POLITICA FISCAL PARA LA EDUCACION Sin embargo esta apreciación debe ser tomada con prudencia por las siguientes razones: una desagregación del financiamiento requerido por niveles de educación muestra ya un problema de financiamiento más grave. Resulta que las proyecciones de recursos requeridos por niveles de educación tienen un ritmo de aumento muy distinto, lo cua~ tenderá a cambiar radicalmente la estructura del gasto. Mientras a fines de la década pasada más de la mitad (52 por ciento) de los gastos de educación correspondieron a la enseñanza primaria, con un 27 por ciento destinado a la secundaria y un 21 por ciento a la universitaria, en el año 1985, el nivel secundario subiría a más de una tercera parte (36.5 por ciento) y el universitario a un 30 por ciento. Al final deJ siglo la mayor proporción de recursos se requeriría para el financiamiento de la enseñanza superior (44 por ciento), lo que demuestra que es precisamente en este •nivel donde existe la mayor necesidad de movilizar recursos adicionales para el financiamiento de la educación. La tasa de crecimiento de los gastos al nivel universitario en los próximos años (1970-1980) llegará a 11 por ciento por año para la región en su conjunto. Esto significa que en los países con mayor crecimiento demográfico y menores tasas de escolaridad, los requerimientos de financiamiento serán aún mayores. Por otra parte -ya esto es muy importante-- existen varios factores que tenderán a modificar la hipótesis básica de las proyecciones. Ante todo, el nivel de remuneración del personal docente en América Latina es bajo, y dado el hecho de que la mayor proporción de gastos corrientes para educación corresponde a este rubro (en algunos países hasta el 90 a 95 por ciento) es razonable suponer que por este concepto habrá un aumento del presupuesto educativo. También existe un déficit de profesores titulados o debidamente capacitados, que en algunos países se estima en un 40 por ciento. Si agregamos a lo anterior el aumento de matrícula, se estima que para 1980 el número de profesores requeridos será el doble del actual, lo cual significa que 'en menos de una década habrá que formar no menos de medio millón de docentes primarios y más de 600,000 profesores secundarios, todo lo cual supone un costo no calculado en las esti· maciones anteriores. En lo que se refiere a edificios, equipamiento y material didáctico, en la mayoría de tos países latinoamericanos existe una dotación insuficiente, lo cual exigirá también un esfuerzo financiero extraordinario para suplir este déficit. La situación educacional antes descrita nos lleva a la conclusión 268 UNA POLITICA FISCAL PARA LA EDUCACION que se necesitará realizar un enorme esfuerzo para superar la crisis. En el campo financiero se requerirá moivilizar recursos adicionales en cantidades muy considerables, reasignar estos recursos con nuevos criterios y administrarlos con máxima eficiencia. Frent.e a este panorama, y considerando la magnitud de los recursos que habrán de requerirse, no sólo para mantener el mismo tipo de educación, en su tendencia histórica, sino fundamentalmente para trans· formar el sistema en cuanto al tipo de estudio y al procedimiento para trasmitir conocimiento, resulta claro que los recursos externos, tanto en forma de donativos como de préstamos, sólo son marginales. Este ahorro externo que se inyecta a la capitalización de nuestro sistema educativo debP. servir fundamentalmente para incrementar la eficiencia de los recursos locales, seleccionando siempre aquellos proyectos que tengan un impacto más positivo en la dinámica socio-económica. Y es que para los Gobiernos de América Latina, el gasto en educación ha llegado ya a un nivel en que no pueden dedicar mayores recursos si no realizan reformas de consideración en el sistema tributario vigente, lo que a su vez demanda que, tanto los recursos qué actualmente se emplean, como los nuevos a generarse, se usen con eficiencia y resultados positivos en el desarrollo de nuestros paíseS'. En definitiva existirán una serie de metas de orden político, económico, social psicológico que tenderán a ser alcanzadas por medio del sistema educativo, que debe responder a la necesidad de formar individuos que expresen, cada uno en una tarea distinta, el conjunto de habilidades para las cuales resulten más aptos, vinculándoseles directamente con la demanda de técnicos intermedios y profesioni~tas que requiere verdaderamente el aparato productivo, para así evitar el enorme desperdicio del gasto educativo y sobre todo la frustración de los educandos. Esto requerirá introducir los instrumentos analíticos más modernos para la asignación del gasto educativo en cada proyecto que se desee realizar, tales como el presupuesto por programas y los análisis cuantitativos y cualitativos del costo/ beneficio, costo/ efectividad, tasa interna de retorno y sobre todo la sensibilidad del contacto permanente entre los centros de estudio y los centros de trabajo, incluso combinando dichas actividades, ya que el propósito fundamental de la educación debe ser la capacitación para estadios superiores del trabajo humano. 269 �UNA POLITICA FISCAL PARA LA EDUCACION Supongo que el tópico mismo de este tema: "Una política fiscal para la Educación" debe de haber resultado un tanto extraña para los estudiosos de las finanzas públicas, ya que en estricta teoría es una la política fiscal independientemente de los ramos que atienda por el lado del gasto. Sin embargo, deliberadamente he querido subrayar desde el título, que me propongo apartarme del pensamiento ortodoxo, para enfocar una posible vía de solucíón a este problema. Partimos del supuesto de que la educación es fundamentalmente un gasto público. En nuestros gobiernos nacionales oscila en alrededor de un 25% del total del presupuesto y para los gobiernos estatales la carga es aún más pesada, pues frecuentemente supera el 50% del total de sus presupuestos. Pero también cuando la educación se imparte por entidades privadas, sucede que aún con altas colegiaturas, éstas no cubren el costo real de la educación y generalmente la industria privada subsidia el déficit, mediante donativos que resultan dedu. cibles, para los efectos del impuesto sobre la renta, de la empresa. Así pues, el financiamiento de la educación se encuentra conectado muy de cerca con la habilidad de las autoridades hacendarías del país para estructurar un sistema tributario coherente. La solución ortodoxa consiste en manejar por separado las decisiones relativas al gasto en educación, manteniendo el principio de unidad del presupuesto y de la caja de la tesorería nacional, lo que está acompañado de las ventajas relativas a la jerarquía exacta y flexibilidad, en el gasto total. La otra alternativa consiste en garantizar, desde el ingreso, un determinado esfuerzo fiscal para la educación, que puede consistir en separar un por ciento del total de ingresos públicos, o bien de lleno, en afectar uno o varios impuestos a un fin especial, de educación en general, o para cierto tipo de educación. Recientemente y con motivo de una reunión auspiciada por la Universidad de Harvard en Cartagena, Colombia, el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, se pronunció por esta última alternativa, es decir de plano afectar a cierto tipo de educación: la media y superior, técnica y universitaria, la recaudación de una nueva contribución obligatoria que se establecería con esa finalidad. Se piensa concretamente en la creación de una nueva rama de la seguridad social que atienda tanto la capitalización de los centros de enseñanza media y superior, técnica y universitaria, como el gasto recurrente, a través de créditos y becas educativas, para que t odos los educandos puedan cubrir el costo real de la educación. 270 UNA POLITICA FISCAL PARA LA EDUCACION El ingreso necesario se generaría mediante un tributo, que contemplaría: como sujeto pasivo a todo patrón que pague salarios por se:-v_icios subordinados; como objeto: el pago de sueldos; y como base gravable: la totalidad de las cantidades pagadas, incluyendo los salarios mínimos. _La tasa sería de 1 % el Wimer año, 2% el segundo año y así se aumentaría sucesivamente 1 % anual, hasta el décimo año en que sería de un 10% sobre la base gravable. Se piensa que una contribución de esta naturaleza, sí tiene la potencialidad para enfrentar el problema educacional. Además seria un aporte bipartito patrones-Estado, ya que se permitiría la deducción para fines del impuesto sobre la renta. Además la ley que se expidiera creando esta nueva rama de la seguridad social podría establecer normas relativas: a la dimensión de cada centro educativo, que se recomienda no sobrepase los 20,000 alumnos; a los planes de estudio; a su vinculación con los centros de trabajo y en general a todos los factores relevantes para el nuevo sistema . La autonomía universitaria sería más efectiva, pues en lugar de depender de una transferencia graciosa del presupuesto gubernamental, habría derecho a obtener los recursos del tributo específico, siempre y cuando se cumplieren las normas jurídicas que regulen la nueva rama del Seguro Social. Al mismo tiempo el Estado podría aumentar su ahorro, al disminuir las transferencias de su presupuesto y consecuentemente cabría un incremento sustancial de las inversiones públicas y vinculadas a ellas un crecimiento económico de mayor dinamismo y con estabilidad de precios. Desde luego que el tipo de contribución seleccionada para el fi. nanciamiento de la educación, media y superior, técnica y universitaria, que se ha planteado, consistente en obtener los recursos de una contribución sobre el total de nóminas pagadas, no es necesariamente el único camino con el que se podrían extraer los recursos necesarios para cubrir este nuevo esfuerzo que requieren nuestros países. Si pensamos que una solución como la propuesta, vista la magnitud de los salarios en el valor agregado, así como el dinamismo con que aumentan respecto de variaciones en el producto nacional, o en los precios, siendo una contribución basada en dichos salarios, tendrá un alto rendimiento fiscal y una innegable tendencia al crecimiento. Es decir, que con este tipo de recursos, sí se puede hacer tren-te a las grandes necesidades que plantea la educación, para la productividad, en los años por venir. 271 �UNA POLITICA FISCAL PARA LA EDUCACION Durante el transcurso de la reunión internacional llevada a cabo sobre un proyecto para el financiamiento de la educación, en Cartagena, Colombia, a que nos hemos referido y en la que planteó el Presidente del BID la necesidad de una política fis·cal específica para la educación, de inmediato se propició una discusión relativa a la naturaleza de la contribución propuesta y sobre todo a formas alternativas que pudieran existir para el financiamiento de la educación, sobre todo teniendo en mente, el dotar de una mayor equidad al sistema tributario en cada uno de nuestros países. Y es que no debemos olvidar que quienes tienen relación con la educación, sobre todo en los Ministerios del ramo y en las grandes universidades, frecuentemente cuentan con la formación teórica, para realizar propuestas sobre lo que debe de ser el instrumento tributario en un país determinado. En esa virtud, tenemos confrontada, frecuentemente, la idea de medidas impositivas adicionales, que tienen los educadores, con la de los responsables de la política hacendaría del país. Esta confrontación de puntos de vista generalmente se resuelve con los Jefes de Estado, pero en algunas ocasiones, incluso llegan al Congreso de un país proyectos distintos de los previstos por el Ministro de Hacienda. Y es que nuestros centros de enseñanza superior han adquirido la función extrauniversitaria, de tratar de ser instrumentos del cambio político, con la tendencia de transformar la sociedad, eón lo que entonces nos encontramos con el doble problema, de que sus proyectos fiscales no sólo tienden a obtener recursos necesarios para sufragar nuevos gastos, sino que al mismo tiempo pretenden corregir fallas del sistema social, sobre todo en cuanto a la redistribución de la riqueza Y del ingreso se refiere. Es dable constatar que la Universidad en todas sus propuestas, no puede desprenderse de un sentido de aguda valoración ética, respecto de lo que sucede en la realidad. A este respecto no debemos olvidar que la Universidad es un lugar para tener preocupación sobre valores éticos, pero no es una Iglesia, debe interesarse en los temas de carácter público, pero no es un partido político, debe concentrarse en el desarrollo intelectual de los estudiantes y en su crecimiento, pero no ejercer un indebido paternalismo, pues no es su propia familia, debe preocuparse por una eficiente administración de sus propios negocios, pero no es su negocio el ad· ministrar negocios de otros. Debe de preocuparse por la aplicación de las fuerzas de poder y de contr9I sobre el Gobierno, pero no debe tener ni el poder ni la resp_onsabilidad en el Gobierno, debe preocuparse 272 UNA POLITICA FISCAL PARA LA EDUCACION por las condiciones de vida de sus miembros, pero no ser la solucionadora de estos problemas. · El prurito del pensamiento teórico en estas materias, ha consisti' do en que el sistema impositivo puede ayudar a resolver algunos de los males engendrados por el sistema económico imperante, sobre todo respecto a lá mala djstribución del ingreso y de la riqueza. A este respecto siempre se pugna por establecer impuestos altamente progresivos al ingreso global de los individuos, incluyendo las rentas provenientes del capital, y también impuestos progresivos al patrimonio neto, y a las trasmisiones gratuitas de dicho patrimonio como son las donaciones, herencias y legados. Esto que suena justo, como principio en la teoría, se ve palmariamente refutado por los hechos, pues el sistema capitalista que nos toca vivir como situación objetiva de la historia, es un fenómeno de carácter mundial, ya que el capital privado se reproduce simultáneamente en un conjunto de sociedades y busca continuamente una tasa de ganancia neta de impuestos, a donde quiera que lleva con sus relaciones de producción, la maquinaria y la tecnología, sin las cuales el desarrollo moderno no existe. Así, de nada serviría estructurar en la teoría un sistema impositivo nacional, altamente progresivo y sin resquicios tributarios, a través de los cuales se escapan algunas formas de ingreso de capital, ya que si esto fuera factible, lo que ocurriría sería una descapitalización repentina, con todas las consecuencias económicas, sociales y políticas que ello engendra. Este tema en concreto, sobre todo vinculado al impuesto sobre la renta, que de los gravámenes directos, es el que mayor recaudación produce, habremos de \ocarlo con todo detenimiento en fecha posterior. Por ahora tan sólo dejemos establecido, que el impuesto sobre la renta deriva su importancia fundamental, de la utilidad al nivel de balance de las grandes compañías y de los sueldos y salarios. No hay ningún país del mundo, cuyo impuesto sobre la renta derive una importancia trascendente de las diversas formas de ingreso del capital. Y pensar que por el camino de dotar de mayor sentido global al impuesto personal, podrían obtenerse recursos compatibles con las grandes dem_andas del sector educativo, es utopía. En los Estados Unidos, desde hace muchos años, el gasto educativo público, de primaria y secundaria, que realizan básicamente las entidades municipales, se financía específicamente por impuestos a la propiedad territorial. Ha llegado la recaudación de dicho tributo a nive273 �UNA POLITICA FISCAL PARA LA EDUCACION UNA POLJTICA FISCAL PARA LA EDUCACION les sumamente altos en ese país,· comparables a los del impuesto a las ventas y en proporción alta respecto del mismo im·puesto personal sobre la renta. Pero al mismo tiempo, el hecho de que los impuestos a la propiedad territorial han ido aumentando en los Estados Unidos, conforme las necesidades educativas lo han ido requiriendo, ha traído la crítica de la clase media, que sostiene ser la que, en mayor medida paga el impuesto, por la tenencia de su casa habitación. Como el impuesto · sobre la propiedad territorial no responde con la elasticidad de otros gravámenes a cambios en el producto nacional, entonces, la única forma de ir manteniendo su importancia como fuente generadora de recursos, es mediante el aumento continuo de las tasas, lo que da lugar a una situación política de intranquilidad, cada año, por la fijación de los impuestos. En la situación en que nos encontramos en América Latina, pensamos que un esfuerzo fiscal tan importante, como el que se requiere para resolver el problema educativo, además del que se ha propuesto en líneas anteriores, tan sólo puede provenir de la racionalización de todos los impuestos internos a las transacciones con mercancías y a las prestaciones de servicios. En concreto, pensamos que si el conjunto de impuestos en cascada, específicos al consumo, o bien incluso gravámenes en una sola etapa de la producción o de la comercialización, que existen en América Latina, pudieran ser transformados por los Estados en impuestos al valor agregado, en ese caso podría calcularse con toda precisión la tasa, o más bien el conjunto de tasas, que podrían rendir una recaudación necesaria para atender el crecimiento del sector educativo en el futuro. Recordemos que un impuesto sobre valor agregado adopta como criterio fundamental, el atender a la capacidad general económica de la sociedad, basada en su consumo, como parámetro para medir la capacidad contributiva, frente al criterio individualista del impuesto sobre la renta que pretende, ilusoriamente, medir individuo por individuo, su capacidad total de pago a· través de su ingreso. El primer impuesto atiende al uso de los recursos, mientras que el segundo a la producción de los mismos. Por eso se dice que el impuesto sobre valor agregado fomenta el ahorro, en tanto que el impuesto sobre la renta lo ataca. En el impuesto sobre valor agregado, los hechos generadores del gravamen constituyen básicamente las entregas de bienes ~entro ~e un territorio, prestaciones de servicio que se. realizan en el mrsmo pa;s y las importaciones de bienes de terceros países. La base gravable está representada por el valor total de contraprestacjón a las entregas de bienes, prestaciones de servicio o bien el valor de las importaciones de productos extranjeros. Aun cuando normalmente se declaran exentas del impuesto,. una gran cantidad de mercancías, sobre todo aquellas vinculadas con el consumo de las grandes mayorías de la población, de todas formas, la base gravable resulta sumamente amplia y por lo tanto con gran potencial.de recaudación. Además como lo que se encuentra sujeto al impuesto es la operación más común de la economía de mercado, es decir, la compraventa de bienes, entonces tenemos que todas las variaciones en el producto nacional, o bien en los índices de inflación, se reflejan inmediatamente en el impuesto, captando este tributo, en forma muy elástica, los incrementos del consumo. las tasas pueden estructurarse en tal forma, que no sólo exista fa exención de ciertos artículos y una tasa uniforme, sino que pueden existir diversas tasas, propugnando gravar con mayor intensidad aquellos bienes considerados como propios de las clases de mayor poder adquisitivo, con lo cual el impuesto puede llegar a tener ciertas características de progresividad. En definitiva el impuesto general sobre las ventas sí constituye un sistema en cuya recaudación puede descansar la expansión del gasto educativo. Todos nuestros países, salvo alguno excepcionalmente, cuentan con impuestos a las ventas en diversas modalidades. Tenemos desde sistemas plurifásicos acumulativos, sistemas de imposición en una sola etapa, hasta modelos de impuestos de valor agregado en algunos de los países con técnicas fiscales más avanzadas. Sin embargo, la transformación del impuesto general a las ventas para lograr un sistema lo más racional posible, como puede ser el tipo de impuesto sobre valor agregado, es un paso de suma importancia fiscal, que los países tendrán que dar atendiendo a una serie de consideraciones de orden económico, que no pueden estar estrechamente vinculados a uno de los sectores de la problemática social, sino que debe responder a decisiones de mayor complejidad dentro de la política fiscal. Por lo tanto, aun cuando reconocemos que el impuesto sobre valor agregado puede ser la otra alternativa viable para el financiamiento de la educación en América Latina durante los próximos años, sin embargo, pensamos que debido a los tropiezos que su implantación ha tenido en diversos países, por una serie de razones de orden económico Y político, pensamos que el enfrentar la crisis de la educación que es- · 274 275 �UNA POLITICA FISCAL PARA LA EDUCACION tamos viviendo, no puede esperar a decisiones más generales en el orden de la política fiscal, que tengan que adoptar los países, y que bien puede establecerse el sistema que se ha propuesto a través de contribución a la nómina. Desde luego que la estructuración de un tributo sobre el conjunto de salarios a ser pagado por los empleadores, está sujeto en la teoría, a una serie de críticas que conocemos y a las que pensamos puede darse una respuesta adecuada en el orden pragmático. En primer lugar se señala, que este tipo de contribución tiene efectos inflacionarios, pues al incidir sobre uno de los elementos del costo provoca una presión, que a su vez se reproduce en los precios. A este respecto sostenemos que el elemento inflacionario más importante es un gasto público deficitario, sin f inanciamiento, y que si este elemento se corrige, junto con otras medidas de política económica, el impuesto a la nómina no tiene porque ser necesariamente de tipo inflacionis• ta, sobre todo si se considera el método de introducir paulatinamente un 1 % cada año a efecto de que sólo después de 10 años se alcance el impacto total del 10% sobre la nómina, en cuyo caso la productividad habrá absorbido gran parte del impacto del tributo. En segundo lugar, se señala que cuando se establece un impuesto sobre la nómina, independientemente de que se haga señalando como sujeto legal del tributo al patrón, por el fenómeno de la traslación e incidencia del impuesto, será siempre el trabajador quien soporte la carga del tributo. Esta aseveración que es contraria al planteamiento anterior, pues implica una traslación hacia atrás, lo que de ninguna manera es factible pues en todos nuestros países existen normas jurídicas protectoras del salario, que se complementan con la revisión periódica que se hace de los mismos, pero además, la medición empírica mediante la cual se ha pretendido calcular este efecto, se basa en planteamientos excesivamente teóricos: de perfecta competencia en mercados de productos, en mercados laborales, perfecta homogeneidad de la fuerza laboral y homogeneidad en el capital, igualmente. Por otra parte las mediciones empíricas que se realizaron en una serie de industrias, respecto de las posibilidades de transferir el impuesto sobre nóminas a los sala rios de los trabajadores, dan una serie de cifras que van desde índices negativos hasta índices de más de 200% de traslación lo que nos hace presumir que no puede confiarse en este tipo de mediciones. En tercer lugar, se señala que la contribución sobre la nómina, discrimina a las empresas que utilizan intensivamente la mano de obra en sus procesos productivos, ya que pagan un impuesto superior, a quie- 276 UNA POLITICA FISCAL PARA LA EDUCACION nes utilizan en forma intensiva capital, que normalmente es importado, en los _países en vías de desarrollo. Señalan que este tipo de impuesto colabora a aumentar la dependencia de los grandes centros, al incenti, var la maquinaria, en vez de la mano de obra. Esta apreciación igualmente re~ponde a una crítica de tipo teórico, pues supone que existe una posibilidad automática de sustitución entre técnicas intensivas de mano de obra y técnicas intensivas de capital, lo cual de ninguna forma es cierto. De todas maneras, las industrias más modernas dentro de la economía y aquellas que se vinculan con la exportación y que por tal motivo requieren una productividad similar a la que impera en los mercados internacionales, tenderán necesariamente a buscar tecnologías intensivas de capital y a emplear maquinaria moderna, en tanto que otro tipo de industrias, destinadas más al mercado interno y protegidas por los aranceles de la competencia internacional, estructurarán sus sistemas operativos a base de mano de obra,independientemente de que tengan que cubrir ciertos impuestos en relación con el uso de dicho factor productivo. Ahora bien, no basta definir un sistema conveniente de financiamiento público a la educación y establecerlo. En forma paralela a este esfuerzo, es preciso rea·lizar otro no menos importante. Me refiero a la tarea nada f ácil de sentar las bases fundamentales de la educación que se va a propagar en tres direcciones impostergables: de abajo hacia arriba del sistema, es decir, desde la escuela secundaria primaria hasta los grados superiores de la enseñanza técnica y profesional; a lo largo y a lo ancho del país, buscando la uniformidad educativa del mismo, habida cuenta de la diversidad de sus regiones; del presente al futuro, por medio de la sucesión de generaciones, entendido que es el sistema educativo una de las palancas más enérgicas para mantener la identidad nacional. Una nación realizada y actuante, representa un sistema de valores en virtud del cual finca sus preferencias éticas y culturales, al mismo tiempo que sus decisiones políticas; de acuerdo con tal sistema sigue sintiéndose heredera de un determinado pasado y es capaz de construir una cierta forma de futuro. El sistema educativo del país no deberá desarraigarse jamás de esta estructura nacional. El punto es de la mayor importancia en una época en que priva el requerimiento de la transferencia tecnológica. Todo sistema educativo debe regular hasta dónde llega lo.técnico de tal transferencia y hasta dónde arrastra remodelaciones culturales que pueden resultar benéficas o inadmisibles. Es preciso no olvidar que la tecnología ha sido el producto de una cultura 277 �UNA POLITICA FISCAL PARA LA EDUCACION UNA POLITICA FISCAL PARA LA EDUCACION concreta: la occidental; que una vez producida revierte sobre ella misma y le impone modificaciones, muchas de las cuales son hoy en día temas de alta preocupación para filósofos, sociólogos, politólogos y educadores. Uno de estos problemas, para poner sólo un ejemplo, es el del explosivo desarrollo urbano. Con insistencia nos estamos preguntando ahora, cómo puede canalizarse el impacto tecnológico, implicado en el desarrollo económico, de tal manera que no continúe arrojando masas de gente a ciudades que se hipertrofian y rompen su esquema de evolución, a cambio de cinturones de miseria y múltiples deformaciones no menos graves. Es indudable que todo sistema educativo que se considere eficiente en nuestros días, debe conectar al individuo, a través de relaciones verdaderas y no de imágenes ficticias, con los mercados de trabajo. La escuela, a través de sus diversos grados, debe preparar al hombre para subsistir, dentro de una competencia económica, cada vez más ruda, que exige, de manera progresiva, mayor especialización. Esta tendencia parece reducir su ventana para la cont~mplación del mundo y de sí mismo. Es así como ha surgido una línea de pensamiento crítico, la cual proclama que la educación, en una época guiada por la tecnología al servicio del poder económico, no es más que el instrumento para vincular al individuo con lo que se llama el "Establishment". Esta última expresión pretende designar lo que sería una intrincada red de relaciones de poder, tejida desde unos cuantos centros, y que coloca a todo el mundo en su casillero respectivo. Dentro de un intenso e incesante tráfico de mercancías y servicios, unas cuantas manos prepotentes e invisibles, colocan a cada quien en su sitio y toda vida humana que entre al sistema es predeterminada por los procesos educativos para soportarlo y servirlo en algún punto. Suponiendo que así fuera, ningún sistema educativo podría rehuir de momento el encuentro del hombre con la realidad que lo circunda. En todo caso, su misión profunda consistirá en preparar la defensa y la reivindicación de él frente a las enajenaciones que le impone su propia obra: la civilización tecnológica. . Así pues, desde un punto de vista estrictamente pragmático, el sistema educativo debe planearse para que su destinatario se convierta en un productor capaz, tanto para colocarse a sí mismo en un lugar adecuado dentro del proceso de producción, como para retribuirle al país mayores índices de rentabilidad por el esfuerzo que hace al mejorar su infraestructura y acelerar su desarrollo económico dentro del cual va inserto el sistema educativo mismo. Este último, en consecuen· cia, no debe crear falsos espejismos de carreras profesionales a las que no corresponda una cierta cotización en las bolsas de trabajo. Ningún país puede impunemente permitirse el lujo de pagar estudios para cosechar promociones de jóvenes frustrados, en la medida que no ganarán dinero ni adquirirán ubicación en el cuadro social por medio de· los grados universitarios, por los cuales pensaron hacerlo. Por lo que ve a la misión del sistema educativo para ayudar al hombre a salvar los peligros de la tecnología misma, cabe decir que no puede renunciarse, en los planes de estudio, a los enfoques críticos de la civilización que vivimos. Lo valioso y permanente del humanismo ha sido, en el transcurso de la cultura occidental, esta revisión constante del contenido de la '-'.ida y del signo positivo o negativo de las épocas. A este respecto no somos pesimistas. El desarrollo de la tecnología misma est~ planteando un insólito reencuentro con el humanismo. Ya se ha dicho que "por la máquina se hace valiosa la vida humana". Ella ha promovido, que el trabajo, que durante tanto tiempo mereció desprecio, se convierta en el gran tema de reflexión ética. A consecuencia del maquinismo, se ponen al descubierto, en la nueva organización del trabajo, fuerzas liberadoras del hombre. "Cuando la técnica de la producción, observa un sociólogo, puso al servicio de la humanidad máquinas cada vez más complejas, se convirtió en imperativo incrementar el número de trabajadores conmensurablemente peritos. la industrialización, en una palabra, exigió educación, y la producción en masa requerirá la educación en masa". La industrialización, por otra parte, y en la medida en que el trabajo pasa al primer plano de la reflexión ética y jurídica, crea otras muchas formas indirectas de educación, aparte de la instrucción misma. Los métodos de asociación del trabajador para adquirir fuerza frente al empresario, la convivencia a que lo obliga . tal asociación, las prestaciones que obtiene, son formas que al elevar su nivel de vida, lo educan. Por otra parte, en cuanto una sociedad mejor organizada va disminuyendo las horas-hombre de trabajo, plantea el problema de cómo el hombre aprovechará, con alto rendimiento de satisfacción interior 1 las horas libres. Por esta vía estamos llegando a la vieja cuestión del encuentro del hombre con el hombre mismo: al emerger de la simple respuesta a la necesidad, se pregunta qué hacer con su libertad. Es así como pensamos que toda educación nacional debe montarse sobre los dos ejes: por una parte, la preparación para la necesidad; por la otra, la preparación para la libertad. Esto significa que no hemos salido del diálogo entre la instrucción técnica y la de tipo cultural 278 279 �UNA POLITICA FISCAL PARA LA EDUCACION o humanística. Seguimos dentro de él. El problema para los educadores es saber organizar el debido equilibrio, entre los dos factores que constituyen esta renovada alternativa del quehacer humano. Un filósofo decía: "Es fácil para un esclavo convertirse en amo; es fácil para un amo convertirse en esclavo. Es casi imposible para cualquiera de ellos convertirse en un hombre libre". Pienso que todo sistema educacional debe seguirse centrando en el objetivo de llegar a preparar hombres libres. Y si éste es el desid!lratum, no puede descartarse ni la instrucción específicamente pragmática que conecta al hombre con el mercado, ni la llamada enseñanza cultural o humanística que debe adiestrar al ser humano para saber qué hacer consigo mismo cuando resurge de las turbulencias de la plaza donde se vende y se compra y se queda a solas con su conciencia, enfrentando el problema de ser un alegre escultor del ocio o un crítico eficaz y constructivo de su ambiente. Por lo demás, la formación cultural, que le da al hombre un panorama más allá de la especialización, se traduce en flexibilidad; lo dota de un resorte que lo puede hacer saltar a otros campos, no sólo cuando pasa de las horas de empleo a las horas libres; o de la edad de servicio a la de jubilación, sino cuando tiene que desplazarse _a otro ámbito de esfuerzo y porque la especialización que cultivó se queda, momentáneamente, sin demanda. Por necesidades de la vida, y en las sociedades más desarrolladas, muchos pilotos tienen que transformarse en vendedores, muchos calculistas en profesores de matemáticas. Estos cambios súbitos se apoyan no sólo en la capacitación técnica del individuo sino en su trasfondo cultural. Por encima de todo, la formación cultural, que se integra con una información crítica de lo que es la vida humana y su proceso histórico de evolución o destrucción, es la que prepara para la libertad, y permite ver el sistema del que se forma parte desde afuera; desde el ángulo que ofrece ur:i desdoblamiento de la personalidad, que nos da ocasión de ser no sólo tornillo o rueda de una maquinaria, sino también conciencia que advierte si funciona bien o si podría funcionar mejor en cuanto a fines que la trascienden. Pienso que Monterrey es una tribuna muy alta para hablar de estos temas. Los ha vivido intensamente; los vive hoy día en forma ilustrativa para todo el país. El Instituto Tecnológico nace para preparar al mexicano, en los requerimientos de una expansión industrial vigorosa. La Universidad de Nuevo León, de la que me honro ser huésped, man· tiene durante el más intenso período de industrialización regiomonta· na, su fuerte perfil de bastión cultural, cumple con su misión de discu280 UNA POLITICA F!SCAL PARA LA EDUCAClON tir el saber, considerándolo como un todo orgánico; pero cumple, asimismo, la tarea de enseñar las profesiones con la aguda conciencia de concurrir al engrandecimiento económico, industrial y político de esta entidad y de México. La Universidad no se ha replegado a torres de marfil. Dialoga, por el contrario, con el Instituto Tecnológico y concurre a crear con él, hacia el norte del país, un horizonte cultural y científico de amplias posibilidades, sin descartar el intercambio crítico ni el apoyo de sus mejores hombres a una obra de engrandecimiento común, impartiendo así una lección de patriotismo, de muy subido valor para todo México. Ahora que el Congreso de la Unión va a conocer la iniciativa de una nueva Ley Federal de Educación, a fin de mejorar el sistema implantado por la que está vigente desde 1942, será muy importante que los legisladores pongan atención en la gran experiencia educativa, regiomontana. Nuestro distinguido Secretario de Educación Pública, lng. Víctor Bravo Ahuja, trasunta su contenido como ex Rector del Instituto Tecnológico. Es probable que la nueva norma reglamentaria del artículo tercero de la Constitución de 1917 sea motivo de una amplia auscultación nacional y fundamentalmente de los medios especializados. De ser así, mucho tendrían que decir los grandes maestros y profesionistas de Monterrey, tanto del Tecnológico, como de esta ilustre casa de estudios. En todo caso, su obra y su pensamiento está vivo, presente y pleno de prestigio en el panorama nacional. 281 �RESENA BIBLIOGRAFICA Alberto García Gómez. s i d a d Internacional (Centro de Estudios cos), México, Editorial La Univerde la Paz HumanístiJus, 1975. odo libro expresa, de cierto modo y en cierta me• dida, a un autor. Porque la realidad del libro es, precisamente, la de un ente expresivcinstrumental. Las palabras sobre el papel son vehículos de expresiones, sentidos y posibilidades de inteligibilidad. Lo que corporali'za la expresión o el sentido transmaterial no es ya la materia (que sería un subelemehto), sino la esfera ideal de conexionés culturales. El libro no siempre habla para todos ni a todos dice lo mismo. Nada dice para un analfabeto y muy poco para un tonto. Cosa diferente es que lo lea un hombre inteligente o un iniciado si se trata de un libro de filosofía o de matemáticas. Para el li- T brero, el libro es mercancía, objeto de comercio. Para el autor, el libro es expresión-persona, intimidad comunicada, obra de vida humana cristalizada. Por eso el libro es multifacético, tornadi· zo, pluridimensional en su sentido. Curiosa entidad la del libro: su coseidad no le impide un hálito de personeidad. Esta entidad entre la naturaleza y el espíritu lleva, de algún modo, el resplandor presencial de su autor. Y todo libro nos da a conocer un hombre, un estilo humano. La Universidad Internacional de la Paz es libro presencia. Presencia personal de un hombre amante de la paz. Proximidad existencial entre el autor y lector. Está más allá de lo útil. Difunde la cultura y los temas del espíritu por superabundancia de vida. Estructurado en un "Umbral " y 7 Capítulos, la obra esquemática de Alberto García Gómez tiene el atract ivo de una realidad auroral. �RESE~A BIBUOGRAFICA disquisición teorética. Se trata de un llamado a los intelectuales de todos los pueblos para que participen con su concurso. He aquí los títulos de los 7 capítulos que integran el libro: 1.- La problemática de la Guerra y la Paz; 11.- El cambio. La Energía Termonuclear; 111.- Espíritu y Cultura; IV.Antecedentes Culturales en favor de la Paz; V.- La Filosofía de la Paz; VI.- La Universidad Internacional de la Paz; VII.- La Organización Internacional de la Paz. Nuestro autor, siguiendo a Renán, piensa que "la ciencia encierra el porvenir de la humanidad". Yo no creo que el porvenir de la humanidad dependa, ni exclusiva, ni primordialmente de la ciencia. Me parece, eso sí, que la ciencia y la tecnología, sujetas a la moral, contribuyen al bienestar colectivo -presente y futuro-- de la humanidad. Aunque Alberto García Gómez no llega a desarrollar una rigurosa filosofía de la paz -no es éste el tema de su obra-, advierte la necesidad de una filosofía de la paz que responda a los anhelos del hombre. Sobre ese conjunto de principios y proposiciones, de carácter dinámico, se puede edificar una educación para la paz Y una ciencia de la paz. Sin pragmatismo ni sincretismos, esa filosofía debe atender al hombre ubi• cado en el momento histórico internacional en que se vive, a fin Muchas cosas tendrán que ser llevadas a su cabal desarrollo, pern la idea primordial queda ya preparada . . Idea noble, generosa, estimulante. Piensa el Lic. Alberto García Gómez en una Universidad distinta a la tradicional. Una Universidad que sea eco y reflejo de la sociedad internacional de hoy, para que recoja y haga factible sus afanes de paz, elabore y verifique pesquisas y estudios. "Pensamos en una Universidad distinta de la tradicional, la que con mayores o menores cambios ha llegado hasta nue~tro tiempo; que sea eco y reflejo de la sociedad internacional de hoy, para que recoja y haga factible sus anhelos de paz; formule y realice programas de investigación y estudio para la elaboración de la Educación para la Paz, la que deberá ser impartida en todas las escuelas del mundo, desde los jardines de niños hasta las universidades; educación que deberá tener como fundamento la Filosofía de la Paz; elaborando también la ciencia de la paz, en los términos contenidos en los capítulos correspondientes". (Alberto García Gómez: La Universidad Internacional de la Paz, Centro de Estudios Humaníscos, Universidad de Nuevo León, Editorial Jus, S. A. , 1975, pág. 7). La institución universitaria para la paz es algo más que una 284 RESEÑA BIBLIOGRAFICA de lograr la paz estructurada jurídicamente, organizada e f i c a z. mente sobre la base de la reforma moral del hombre. Para lograr esa .reforma moral por la educación para la paz, el autor hace suya nuestra concepción de , una sociosíntesis amorosa que suprima la praxis competitiva. Se trata de llegar a una conciencia pacifista. Y la filosofía va a constituir su fundamento. Pero la filosofía de la paz, según Alberto García Gómez, no puede ser meramente especulativa (Opus cit., pág. 82). No apunta que deba ser una disciplina especulativapráctica, pero lo da a entender cuando recuerda algunas palabras de Kant. Sin embargo, posteriormente afirma que la "filosofía para la paz, es sólo informadora" (Opus cit., pág. 91). Es ta contradicción aparente podría resolver-se diciendo que la filosofía especulativo-práctica es también teorética, informadora. La paz como apertura y disposición del hombre, como resultado de una educación universal dirigida hacia un nuevo orden moral, filosófico, social y jurídico permanente, presenta un movimiento que va de lo individual a lo colectivo y de lo nacional a lo internacional. Para una convivencia humana natural y justa en la libertad, debe proscribirse definitivamente el empleo de la fuerza nuclear y de cualquier otro ti285 po de violencia. Pero, ¿estarían los hombres dispuestos a renunciar a la fuerza armada como medio de resolver sus conflictos? ¿Habrá técnicas infalibles p a r a establecer la paz? Ante todo habría que empezar, me parece, por el estudio de las causas supremas de la agresividad humana y de la paz. Los hombres y 1-Js pueblos se distinguen por cualidades personales y están sujetos a diversos condicionantes que el autor señala: lugar, familia, nación, estado y comunidad internacional en que los hombres nacen, viven y mueren. Añadamos por nuestra cuenta algunos otros condicionantes: genéticos, históricos, temperamentales, biográficos. Imposible desconocer estos condicionantes dentro de una filosofía de la paz, y hasta en una técnica de la concordia. El capítulo VI de la obra de Alberto García Górnez es precisamente el que lleva el título del libro: " La Universidad de la Paz". Detengámonos un momento en su análisis. El autor parte del desarrollo histórico de las universidades, tomándolas en su devenir. Acaso en una segunda edición, el autor podría suministrar una definición esencial de la universidad --como base para su estudio-- y emprender una investigación más profunda sobre la contextura de esta noble, generosa idea de la Universidad Interna- �RESEÑA BI BLIOGRAFICA cional de la Paz. En este nuevo tipo de Universidad, Alberto García Gómez ve el instrumento para la paz por antonomasia. He aquí el texto fundamental dentro de la obra del Jefe de la Sección de Ciencias Sociales del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Autónoma de Nuevo león: La Universidad Internacional de la Paz "será un centro receptor y coordinador de todos los esfuerzos que se hubieren llevado a cabo hasta el presente acerca de la paz, traducidos en estudios, investigaciones, encuestas, monografías, obras y experiencias de todo género, no import a n do ideologías, nacionalidades o cualquier particularidad, si bien es necesario advertirlo: debe ser alejada de cualquier infJuencia política, lo que desnaturalizaría sus fines y metas fijados. Dicho material deberá ser estudiado para su clasificación y para integrar las diferentes secciones de la Universidad; desde el meramente literario, h a s ta los instrumentos internacionales más importantes; el estudio de la obra de la Organización de las Naciones Unidas acerca de la paz y de o t r a s instituciones de carácter privado y desde luego, los resultados de la propia UNESCO acerca del tema concreto sobre la posibilidad de crear una universidad internacional" (O pu s cit., pág. 97). Habla el autor de un person a I universitario internacional, del intercambio periódico del mismo y de consejeros auxiliares. No ofrece una programación de las diferentes disciplinas que la Universidad ha de instituir, pero advierte que todas ellas partirán de la filosofía de la paz y de la ciencia de la paz. En última instancia, la ciencia de la paz constituye el elemento informador básico en materia de una educación para la paz. Piensa el autor en dos etapas para establecer su proyecto: la primera será de integraéión y de selección del personal internacional; la segunda servirá para crear un programa de la nueva ciencia de la paz. Falta concreción en este aspecto. Esperemos que el Lic. Alberto Gar-,. cía Gómez prosiga su estudio y perfile más buriladamente, en un próximo futuro, su encomiable proyecto. En todo caso una (;Osa es la filosofía de la paz y otra la ciencia de la paz. la primera estudia las causas primeras y los principios últimos; la segunda estudia las razones próxímas, las causas segundas. Por eso -pen· samas nosotros- la filosofía de la paz no puede quedar subdividida en: teoría general de la paz y la ciencia de la paz. Más allá ::le la paz están los valores superiores del espíritu. Con justa razón Alberto García Gómez reivindica su prioridad 286 RESEÑA BIBLIOGRAFICA en el tiempo y su diversa concepción de la Universidad Internacional de la Paz, respecto a la Universidad proyectada por las Naciones Unidas. Uno de sus mejores aciertos estriba en buscar, por múltiples medios, un nuevo orden jusinternacional de la paz. Sabe que "la mera educación, sería insuficiente para obtener las m e t a s señaladas". (Opus cit., pág. 125). Pugna por "la elaboración y vigencia del Derecho Internacional de la Paz, del Tribunal Internacional de la Paz y de una fuerza o ejército de paz que vendrían a complementar ese esfuerzo inicial que requiere de la totalidad de los pueblos del mundo". (Locus cit.). Como intelectual cristiano, el Lic. García Gómez se esfuerza por contribu ir a forjar un clima en que lo~ hombres antepongan el amor y la bondad frente al odio y la violencia, la justicia frente a la injusticia, la comprensión, ante la incomprensión, el o r d e n frente al caos, y sobre todo, el derecho ante la fuerza". (Locus cit.). La obra deJ Lic. Alberto García Gómez resuma esencias de la escuela jusfilosófica española de los siglos de oro. Hacia Fray Francisco de Vitoria -fundador del moderno Derecho Internacional y máximo Sócrates hispánico-- siente una especial admira- 287 ción y gratitud q u e comparto plenamente. Hagamos votos porque los hombres de buena voluntad, en esta era ecuménica, escuchen la voz limpia de un universitario y jurista mexicano amante de la paz. Ha intuido que la construcción de la paz es posible únicamente, utilizando las asociaciones intermedias --entre ellas, y de modo preponderante la Universidad- en un sistema jurídico de concretas libertades. El orden libre y justo en la convivencia humana es, debe ser, la cristalización de la dimensión sociopolítica del hombre. Vayan para nuestro compañero de labores, y entrañable amigo, el Lic. Alberto García Gómez, nuestros sinceros parabienes y nuestros mejores votos por la prosecución de su noble esfuérzo. Dr. Agustín Basave Fernández del Valle Horacio Guajardo. Geopoiítica. México, Editorial Prisma, 1915. e on el título de "Geopolítica", el abogado y periodista Horacio Guajardo, catedrático de la Universidad de Monterrey, publica un singular estudio bajo el signo de Editorial Prisma, México, 1975. Presidido por un epígrafe del famoso jesuita francés Pierre Teil- �' RESEÑA BIBLIOGRAFICA hard de Chardin, aserto de que "la Vida se mueve hacia la unificación", el estudio se aparta sensiblemente de aquel concepto de "Geopolítica" q u e manipularon los nazis en la generación pasada, así como de otras concep· ciones imperialistas de los anglo· sajones que trataban de justificar el predominio territorial. El mundo es de todos y entre todos se afirma el clamor de solidari· dad. " Aquello que constituye y clasifica a un hombre como moderno (y en este sentido, u n a gran masa de nuestros contemporáneos no es todavía moderna) -advierte Teilhard de Chardines el hecho de haber sido capaz de ser sensible a la percepción, no ya del Espacio, no ya del Tiempo, sino de la Duración, o lo que viene a ser to mismo, del Espacio-tiempo biológico, y es también et de hallarse, como consecuencia, incapaz de percibir nada de otra manera diferente, nada, empezando por sí mismo". Et autor dibuja et esquema de u n a posible Cosmopolítica, para luego descender a la Tierra y señalar las implicaciones de una Geopolítica. Nuestra casa inmediata es ta Tierra y la unidad geopolítica son los países que forman los Continentes: Africa, América, Asia, Europa y Oceanía, con 150 países jurídicamente independientes, pero con un proce- so de descolonización que anuncia el nacimiento c e r c a n o de otros cincuenta, principalmente islas. Dicha realidad espacial regist ra diversidad de accidentes, de recursos naturales y de población, de manera que la geografía física, ta geografía económica y ta antropogeografía s o n supuestos de ta historia que realiza et hombre en su camino hacia la unificación. " La asociación humana comienza con ta pareja y crece a tas esferas de ta familia, la horda, el clán y la tribu. A partir de e s t e agrupamiento todavía im• pregnado de nomadismo, sobrevienen formas c o n clasificación geográfica y un sedentarismo más o menos estable: estado-ciudad, estado-imperial, estado-feudal, estado-nacional y estado mundial". RESERA BIBLIOGRAFICA de las eras de la vida sobre la tie• rra y los períodos geológicos, para luego exponer el cuadro de la clasificación de los Homínidosl que culmina en el "Horno sapiens sapiens" actual y queda abierta, como sucede en toda evolución, Y por ello Teilhard de Chardin Profr. Pedro Reyes Velázquez .. Menciona el autor sucesivamente las diversas formas de asociación humana o alianzas que rebasan los límites del estado-na· cionat, como la Organización de Estados Americanos, ta Comuni· dad Económica Europea, la Organización del Tratado de Varso· via, etc., para luego exponer los diversos intentos de unidad que finalmente vinieron .a rematar en ta Organización de tas Naciones Unidas, cuyas actividades comen' zaron en 1945. El último capítulo, titulado " Ptanetización", incluye una tabla 288 mencioni el "horno progresivus" que ya avisa la escala siguiente. "Mañana es hoy, cada instante. Todo es nuevo bajo el sol, y el s?I también. la expectativa pró~•ma es t á llena de promesas y riesgos . .. ". , 289 �DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES INDICE VOLUMEN 11: NUMEROS 4-6 1974 / 1975 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON MONTERREY, N. L. 1975 �REFORMAS A LA LEGISLACION AGRARIA, Manuel Mesa Andraca, 11:5, 117-126. REFORMAS AL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, Arturo Charles Char• tes, 11:5, 109-116. LA REFORMA EDUCATIVA A NIVEL DE FACULTAD DE DERECHO, Ernesto T. Araiza Rivera, 11:4, 63-68. RESE~A BIBLIOGRAFICA, 11:4, 101-108; 11:6, 283. EL SERVICIO SOCIAL AGRARIO, Antonio Huitrón H., 11:5, 139-144. LA SUPREMA CORTE DE JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA, Arturo Martínez Salinas, 11:6, 205-222. UNA POLITICA FISCAL PARA LA EDUCACION, Alfredo Gutiérrez Kir- INDICE DE ARTICULOS LA BRECHA COMERCIAL MEXICANA, Jesús Ramones Saldaña, 11: 4, 1-12. LA CARTA DE LOS DERECHOS Y DEBERES ECONOMICOS DE LOS ESTADOS, Alberto García Gómez, 11:4, 25-44; 11:5, 163-179. CONCLUSIONES, Reunión Nacional de Profesores de Derecho Agrario, 11:5, 145-152. CREAClON DE TRIBUNALES FEDERALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA AGRARIA, Bertha Beatriz Mart\nez Garza, 11:5, 127-138. CRISIS DE LA UNIVERSIDAD, J.- Ramón Palacios Vargas, 11:4, 71-86: DERECHO FISCAL Y DERECHO PROCESAL FISCAL. GENERALIDADES. "EL CASO NUEVO LEON", Carlos Francisco Cisneros Ramos, 11:4, 45-50. EL DESPLOME DE LA AGRICULTURA MEXICANA, Jesús Ramones Saldaña, 11:5, 153-162. ERRORES LEGALES Y DELINCUENCIA DE MENORES, Jesús Treviño Faz, 11:4, 50-62. LA FILOSOFIA JURIDICA Y POLITICA DE LUIS LEGAZ Y LACAMBRA, Agustín Basave Fernández del Valle, 11:6, 245-260. EL JUICIO DE AMPARO, Euquerio Guerrero López, 11:6, 181-204. MEXICO EN EL SISTEMA INTERNACIONAL Y SUS RELACIONES CON LOS ESTADOS UNIDOS, Romeo Flores Caballero, 11:4, 13-24. NUEVAS CARRERAS, 11:4, 93-100. EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, Manuel López Padrón, 11:6, 223-244. PRESENTACION, Neftalí Garza Contreras, 11:5, 1-111. \ chner, 11:6, 261-282. VOTO, 11:4, 87-92. �¡ 1 INDICE DE COLABORADORES ARAIZA RIVERA, Ernesto T., 11: 4, 63-68. BASAVE FERNANDEZ DEL VALLE, Agustín, 11: 6, 245-260. CISNEROS RAMOS, Carlos Francisco, 11: 4, 45-50. CHARLES CHARLES, Arturo, 11: 5, 109-116. FLORES CABALLERO, Romeo, 11: 4, 13-24. GARCIA GOMEZ, Alberto, 11: 4, 25-44; 11: 5, 163-179. GAR.ZA CONTRERAS, Neftalí, 11: 4, 69-70; 11: 5, 1-111. GUERRERO LOPEZ, Euquerio, 11: 6, 181-204. GUTIERREZ KIRCHNER, Alfredo, 11: 6, 261-282. HUITRON H., Antonio, 11: 5, 139-144. LOPEZ PADRON, Manuel, 11: 6, 223-244. MARTINEZ GARZA, Bertha Beatriz, 11: 5, 127-138. MESA ANDRACA, Manuel, 11: 4, 117-186. PALACIOS VARGAS, J. Ramón, 11: 4, 71-86. RAMONES SALDAÑA, Jesús, 11: 1-12; 11: 5, 153-162. , REUNION NACIONAL DE PROFESORES DE DERECHO AGRARIO, 145-152. SALINAS MARTINEiZ, Arturo, 11: 6, 205-222. TREVIÑO FAZ, Jesús, 11: 4, 50-62. 4, 11: 5, ��� Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Derecho Y Ciencias Sociales Año de publicación El año cuando se publico 1975 Volumen Volumen de la revista 2 Número Número de la revista 6 Mes de publicación Mes cuando se publicó Febrero-Mayo Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Cuatrimestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1784899&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales, 1975, Vol 2, No 6, Febrero-Mayo Creator An entity primarily responsible for making the resource Flores Longoria, Samuel, 1934-, Director Subject The topic of the resource Derecho Derechos civiles Publicaciones periódicas Leyes Jurisdisprudencia Filosofía del derecho Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derechos y Ciencias Sociales Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Galván Ancira, David, Secretario de Redacción Salinas Quiroga, Genaro, Consejo Editorial Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/02/1975 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource tex/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2016552 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. San Nicolás de los Garza, N.L., (México) Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies. Universidad Autónoma de Nuevo León Rights Holder A person or organization owning or managing rights over the resource. El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores Agricultura Mexicana Carta de los derechos Deberes Económicos de los Estados Derecho agrario Legislación agraria Servicio social agrario https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/271/13589/DERECHO_Y_CIENCIAS_SOCIALES._1975._Vol._3._No._1._Jun-Sep._0002016553.ocr.pdf d2b5b37ebc08d5909985dc77d143b9d1 PDF Text Text REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES ���DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES INDICE VOLUMEN 111: NUMEROS 7-9 1975 / 1976 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON MONTERREY, N. L. 1 9 7 6 �INDICE DE ARTICULOS INDICE DE COLABORADORES BREVE HISTORIA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES, Víctor L. Treviño, íll: 7, 55-72. EL FUNDADOR DE LA ESCUELA DE LEYES, Israel Cavazos, 111: 7, 3~12. FUNDAMENTO Y ESENCIA DEL DERECHO NATURAL, Agustín Basave Fernández del Valle, 111: 8 y 9, 175-190. HISTORIA DE LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS Y REGLAMENTARIAS SOBRE LA ABOGACIA EN NUEVO LEON, 111: 7, 73-90. LA HUELGA, César Garza Ancira, 111: 8 y 9, 225. INCONSTITUCIONALIDAD DEL AVALUO BANCARIO, Jacobo Ayala Villarreal, 111: 8 y 9, 205-207. PRECIOS Y SALARIOS; EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS Y LOS SALARIOS MINIMOS EN EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1960 - 1975, 111: 8 y 9, 157-161. PRESENTACION, Neftalí Garza Contreras, 111: 7, 1-1111. PROYECCION Y BASES DE LA REFORMA PENAL EN TAMAULIPAS, Nicolás Martínez Cerda, 111: 8 y 9, 191-203. LA REFORMA EDUCATIVA EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA U.A . N.L., Everardo Chapa Cantú , 111: 7, 91-155. LA RELACION TRIBUTARIA Y LOS SUJETOS DE CREDITO, Carlos Francisco Cisneros Ramos, 111: 8 y 9, 165-174. RELACIONES EXTERIORES; FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA DELEGACION DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, CON SEDE EN MONTERREY, N. L., Ricardo Treviño García, 111: 8 y 9, 235--260. RESEÑA HISTORICA DE LOS ESTUDIOS DEL DERECHO EN EL ESTADO DE NUEVO LEON, José Juan Vallejo, 111: 7, 13-54. LA SUSPENSION: EL CUMPLIMIENTO POR LOS JUECES DE DISTRITO DE LA SUSPENSION PROVISIONAL Y DEFINITIVA, Luis García Romero, 111: 8 y 9, 2.09-223. AYALA VILLARREAL, Jacobo, 111: 8 y 9, 205-207. BASAVE FERNANDEZ DEL VALLE, Agustín, 111: 8 y 9, 175-190. CAVAZ.OS, Israel, 111: 7, 3-·12. CISNEROS RAMOS, Carlos Francisco, 111: 7, 73-90; 111: 8 y 9, 165-174. CHAPA CANTU, Everardo, 111: 7, 91-155. GARCIA ROMERO, Luis 111: 8 y 9, 209-223. GARZA ANCIRA, 111: 8 y 9, 225-232. GARZA CONTRERAS, Neftal~ 111: 7, l. MARTINEl CERDA, Nicolás, 111: 8 y 9, 191-203. RAMONES SALDAÑA, Jesús, 111: 8 y 9, 157-161. TREVIÑO, Víctor L., 111: 7, 55-72. TREVIÑO GARCIA, Ricardo, 111: 8 y 9,235-260. VALLEJO, José Juan, 111: 7, 13-54. �. ..-, . •t ? 1 • : 1 1 -~ 1 1'\1 .i jl •'i,~ DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES NÚMERO ESPECIAL 7 �UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Lic. Neftalí Garza Contreras. SUBDIRECTOR: Lic. Everardo Chapa Cantú. SECRETARIO: Lic. David Galván Ancira. DECANO: Lic. Genaro Salinas Quiroga. JEFE DE LA SECCIÓN EDI· TORIAL: Lic. Jesús Ramones Saldaña. DIRECTOR: DIRECTORIO DE LA REVISTA Lic. Samuel Flores Longoria. DIRECTOR ARTÍSTICO: Arq. Alfonso Reyes Martínez. SECRETARIO DE REDACCIÓN: Lic. David Galván Ancira. SECRETARIO DE CIRCULACIÓN: Bibl. Manuel Uribe M. DIRECTOR: DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Revista Cuatrimestral de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Nuevo León. VOL 111 JUNIO-SEPTIEMBRE, 1975 No. 1 (7) INDICE CONSEJO EDITORIAL: Lic. Genaro Salinas Quiroga, Lic. Neftalí Garza Contreras, Lic. Everardo Chapa Cantú, Lic. Samuel Flores Longoria, Dr. Agus• tín Basave Fernández del Valle, Lic. Alberto García Gómez, Lic. Jesús Ramones Saldaña, Lic. Jorge Montemayor Salazar. La responsabilidad de los artículos 4)'Ublicados es exclusiva de sus autorES. Las opiniones exipresadas en la Revista son estrictament-e personales y no asumen responsabilidad/ por ellas la revista, la Faculltad de Derecho de la U. A. N. L. o las instituciones a las que estén asociados sus expositores. Derecho y Ciencias Sociales aparece cuatrimestralmente. No se devuelven originales aun cuando no se publiquen. Toda correspondencia debe dirigirse a: Facultad de Derecho y Cieneias Sod a.les NEFTALI GARZA CONTRERAS, PresP,ntacwn I ISRAEL CAVAZOS: El fundador de la Escuela de Leyes 3 JOSE JUA.~ VALLEJO, Reseña histórica de los estudios del Derecho en el Estado de Nuevo Le.ón VICTOR L. TREVIÑO, Breve historia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales disposiciones legislativas y reglamentarias sobre la Ciudad Uniwrsitaria, Monterrey. N. L., México. abogacía en Nuevo León PRINTBD AND MADB IN MEXIOO Editorial Alfonso Reyes Adolfo Prieto ote. 2407 Monterrey, N. L. 55 CARLOS FRANCISCO CISNEROS RA.1'10S, Historia de las Revista. Derecho y Ciencias Sociales IMPRESO Y HECHO EN MEXICO 13 73 EVER.A.RDO CHAPA CANTU, La reforma educativa en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.A.N.L. 91 �PRESENTACION AL INICIARSE el tercer año de vida de la revista Derecho y Ciencias Sociales, órgano oficial de nuestra Facultad, hemos querido destacar un acontecimiento que reviste especial importancia para la vida nuevoleonesa y en particular para nuestra Casa de Estudios: la c'elebración del sesquicentenario de la impartición de la primera cátedra de Derecho en el Estado, precursora de los estudios profesionales en la Entidad. Los albores de la Independencia Política de México, que iniciaron los movimientos sociales y reivindicatorios de nu~stro pueblo, darían paso lógico y necesarjo, aunque dificultoso, al proceso educativo. Es e.n esta primera etapa y después de una serie de agudas crisis, peripecias y vicisitudes -como lo señala el desaparecido maestro Víctor L. Tret•iño-, cuando se crea la primera cátedra de Derecho Canónico y Civil, establecida y profesada por el Lic. D. Alejandro de Treviño y Guúérrez, el día 19 de Enero de 1824. La semilla sembrada y amorosamente cuidada por el Lic. de Tre·viño y Gutiérrez daría a la postre óptimos frutos. De esta institución saldrían más tarde los educadores y los estadistas que irían ampliando el campo educativo e impulsarían los estudios profesionales, hasta la creación de la futura Universidad. Y es precisamente la historia de este largo período de la educa• ción nne11oleonesa la que hemos querido plasmar en estas páginas. Para el efecto, del ya de por sí escaso material que existe sobre lamateria, se han seleccionado los trabajos que _aquí se incluyen y que fueran redactados por ameritados maestros -unos ya desaparecidosvinculados estrechamente con nuestra Máxima Casa de Estudios y en forma particular con nuestra Facultad de Derech-0 y Ciencias Sociales. A pesar de que en algunos momentos los trabajos señalados relatan los mismos acontecimientos, se les ha querido dejar como fueron redactados en su forma original, tanto para no mutilarlos, cuanto por conservar su unidad y su estilo. Consideramos que lo anterior, aún a riesgo de incurrir en alguna duplicidad, enriquece la visión de �conjunto de los trabaios, por los personales pwitos de vista de sus autores. Inicia este volumen el breve pero sustancwso trabajo del historiador Profr. Israel Cavazos Garza, sobre la figura del Lic. don Alejandro dt Treviño y Gutiérrez, fundador_ de ~~ primera c!ted~a ,d~ Derecho en la Entidad; se incluye a contmuacwn una resena histonca de los estudios del Derecho en Nuevo Le.ón, escrita por el desaparecido maestro Lic. José Juan Vallejo, ex Director de la Facultad de Derecho 'V quien tuviera una larga y brillante participación en las actividades· administrativas y docentes de dicho plantel; otro apunte en el mismo sentido es el de otro ameritado y apreciado maestro de esta institución también ya desaparecidoz el Lic. Víctor L. Treviño, quien igualm;nte aporta daws mur interesanfe~ al ~studio en cuest~ón; el Lic. Carlos Francisco Cisneros Ramos, distinguido maestro universitario, traza con diligencia y acuciosidad un esquema sobre la histo· ria de las disposiciones legislativas y reglamentarias de la abogacía en el Estado. Finalmente y como culminación del presente volumen se incluye un traba,io que ~naliza y _sint_etiza las asp!~acio~es d~ q'!'ienes nos he_mos comprometido, por fzdelidad y vocacion universitarias, con la m~sión que se le ha asignado a nuestra Facultad en los campos educati· vo y de servicio a la comunidad. El Lic. E:verard~ C~apa Cantú, Su~director del plantel e investigador honorario y principalmente honorifico de esta dependencia, nos presenta u_n. ensayo sobre la _Reforma Educativa, que rompe con los moldes tradicwnales de la ens~~anza pa· ra proponer medidas didácticas más acordes con la e~u~a~ion mode~na • dicho sistema, en sus partes conducentes, se ha principiado a aplica; ya dentro de los programas docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Unive7:sidad Aut?n~~ ~e Nuevo León. El estudio lleva, asimismo, Apéndzces muy significativos que van desde una descripción de los programas de las nuevas carreras de Criminología, Ciencias Políticas y Ciencias de la Comunicación, hasta cuadros estadísticos oue muestran el avance obtenido en diversos renglones del quehacer ur:iversitarw como el de biblwtecas o el del crecimiento de la población e.studiantil. Intercalada a lo largo de los trabajos del presente volumen se presentan una serie de fotografías de los Directores que ha tenido la Facultad de Derecho desde la época del Lic. D. Alejandro de Treviño y Gutiérrez hasta nuestros días, así como de otras autoridades de nuestra Casa de ~studws. Se han añadido, además, varws grabados que sobr~ acti,vidad (orense trazara con mano maestra y espíritu genial ese inigualaole artista francés que fue Honorato Daumier. ?a Debemos gratitud a un gran número de maestros universitarios y amigos de esta institución, que nos han orientado tanto para la realiza~ión del presente trabajo como en los planes de reforma educativa a nivel _de n11,estra Facultad. Su lista sería innumerable y nos deiaría en el riesgo de cometer injustas omisiones. Reciban todos ellos nuestro reconocimiento. A pesar de lo anterior queremos dejar constancia de la actividad que para la realización del presente volumen conmemorativo llevaran a efecto dos de nuestros maestros: el Lic. Jesús Ramones Saldaña Jefe de la Sección Editorial de la Facultad y el Lic. Samuel Flores Long~ria, Director de la Revista Derecho y Ciencias Sociales, quienes se dzeron a la tarea de reunir un conjunto de materiales diversos, para estructurarlos cún un solo objeto: dejar fundamentos con los cuales se puedan valorar los cambios habidos con el transcurso del tiempo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Consideramos que el mejor homenaje que podríamos rendirle a ~uestra Facultad en el sesquicentenarw de su fundación era, aparte de impulsar la Reforma Educativa, dejar constancia de quienes a lo larg? de siglo y medio han dedicado a nuestra institución su vida y entusiasmo. Queda pues nuestro público reconocimiento y nuestra gratitud hacia todos ellos. Lic. NEFTALí GARZA CoNTRERAS Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Septiembre de 1975. �DR. LUIS E. TODO Rector de la Universidad Autónom'a de Nuevo León. LIC. JESUS LOZANO OIAZ Secretario General de la U. A. N . L. �LIC. NEFTALI GAR.ZA CONTRERAS Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U . A. N . L. ANTIGUO EDIFICIO de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U. A. N. L. , ubicado en las calles de Abasolo y Diego de Montemayor. LIC. EVERAROO CHAPA CANTU Subdirector de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U. A. N . l. EDIFICIO ACTUAL de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U• A. N. L., en la Ciudad Universitaria de Nuevo león. �PERSONAL DOCENTE.- En el frontispicio de la Facultad de Derecho aparecen un grupo de profesores y de alumnos del plantel , acompañados por el entonces Gobernador del Estado, Lic. Raúl Rangel Frías; el Rector de la U . N . L ., Lic. Roque González Salazar y el Director del plantel, Lic. Federico Páez Flores. BIBLIOTECA.- Los señores licenciados Raúl Rangel Frías, Federico Páez Flores y José Juan Vallejo, acompañados por el Dr. José Luis Lozano (Alcalde de Monterrey en ese tiempo) y un grupo de profesores y funcionarios, de visita en la recién inaugurada Biblioteca "José Juan Vallejo" de la Facultad de Derecho de la U . N . L. . �EL FUNDADOR DE LA ESCUELA DE LEYES Israel Cavazos Garza �a celebración del sesquicentenario de la primera cátedra de derecho en Nuevo León, precursora de los estudios profesionales en nuestro Estado, hace revivir la figura de su ilustre primer director, Lic. don José Alejandro de Treviño y Gutiérrez, estrechamente vinculada también a la vida cultural nuevoleonesa. L NACIMIENTO Y ESTUDIOS Nacido en San Antonio de los Martínez, hoy villa de Marín, N. L., el registro de su bautismo aparece asentado en la parroouia de Salinas Victoria. He aquí el texto: "Jph. Alexandro Ramón. Español. En esta ayuda de parroquia de Sn. Anto. de los Martínez, en onze días del mes de marzo de mil setecients. sinqta y nueve años baptisó solemnemente con vezes de párrocho el Sr. Br. D. Ygnacio Martínez a Joseph Alexandro Ramón, de díes y siete días de nacido, hijo lexítimo de Dn. Joachin de Treviño y de Dña. Luiza Gutiérrez, espafíoles, vecinos de dicho puesto. Fueron padrinos Dn. Franco. González Ñagas y Dña. Gertrudis González a quienes amonestó su obligación y parentesco espiritual, y para que conste lo firmé Lizdo. Joseph Antonio Martínez. Rúbrica". Ayudó a su padre en las labores del campo y no fue sino hasta cumplidos veinte aiios (1779) cuando logró pasar a Monterrey, matriculándose en las cátedras de latinidad y retórica, Que impartía el padre Rumayor en el convento de San Francisco. �Su empeño en tos estudios, motivó su ingreso al Real Colegio de San Francisco de Sales, de San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende; de los padres del Oratorio de San Feli• pe Neri. Allí acabó tos últimos seis meses de retórica, teniendo como maestro al padre Carlos Antonio Martínez, cursando en seguida los dos y medio años de filosofía. El 5 de enero de 1785, el Pbro. Ramón Arjona, propósito de la Congregación de tos padres filipenses, certificó la conclusión de estas materias, a fin de facilitar el ingreso de José Alejcndro Ramón en la Real y Pontificia Universidad de México. De los documentos correspondientes a sus estudios en Mé· xico, sólo hemos logrado encontrar su grado de bachiller en cá· nones, que recibió de manos del Dr. Larrañaga el 21 de abril de 1788. En el autillo le arguyeron los bachilleres Nicolás Oláez, Andrés de la Fuente y Francisco de la Concha; y en el asiento de su grado aparece la nota siguiente: "Por pobre le perdonó el Sor Rector lo de la arca" . Obtenido su título de abogado poco después de 1790, permaneció algunos años en la capital de la Nueva España. Como abogado matriculado en la Real Audiencia, ejerció su profesión con brillantez, al lado de los célebres jurisconsultos Gamboa Y Guevara. A fines del siglo, fijó su residencia en San Miguel el Grande. Allí contrajo matrimonio con doña María de la Purifi· cación tgnacia de la Peña y Domínguez. EMPLEOS PUBLICOS Decidido a volver a su provincia, le vemos llegar a Monte· rrey a mediados de 1818. El prestigio de su título de letrado, sus aptitudes reconocidas y tos vínculos sociales con las gentes del Nuevo Reino de León, lo llevan a ocupar, al año siguiente, la regiduría de primer voto en el Ayuntamiento de la ciudad. En 1820 es designado alcalde ordinario de primera elecéión, que durante casi dos años desempeña con acierto. 6 Por espacio de casi un año (1821-22), le tocó hacerse cargo del gobierno del Nuevo Reino, en sustitución de Juan José de la Garza; en la serie de interinatos que por ministerio de ley cubrieron los alcaldes de la ciudad, por ausencia del goberna· dor propietario Bernardo Villamil. · Como alcalde, tuvo serias dificultades con el quisquilloso comandante de las Provincias Internas, Gaspar López, por haber aplazado el Ayuntamiento la jura y proclamación de lturbidc. Más que por estos incidentes, por seria y penosa enfermedad que minó gravemente su salud, renunció a la alcaldía el 11 de febrero de 1822, certificando la delicadeza de su estado físico don José Ignacio de Zendejas y Ferrer, profesor de farmacia Y administrador de la botica del hospital general de esta ciu- · d~d,_ Y don José Joaquín Villaverde, cirujano militar de la provincia de Texas, quien había llegado a Monterrey en ese mismo mes. Su renuncia, sin embargo, no le fue admitida hasta el 19 de junio. Señala en su escrito que le es imposible continuar al frente de la administración de Monterrey, cuyo numeroso vecindario llega a casi once mil almas. Advierte, no obstante, que ello no le impedirá la resolución "que tengo formada y acreditada en t?do _lo posible, de sacrificar mis cortas luces, arbitrios y la_ prop_1~ vida hasta el último aliento, en utilidad y servicio de m1 nac1on y mi patria, bajo el plausible plan de gobierno que tenemos solemnemente jurado". Log~a restablecerse de su enfermedad y al crearse el Estado de ~uevo _León, es electo magistrado y primer presidente del Superior Tribunal de Justicia, cargo que desempeña hasta su_ ~merte: La secretaría y archivo de esta nueva dependencia oficial es instalada en la casa del Lic. Treviño, sin costo algu no para el erario. EL MAESTRO Además de su destacada personalidad política, hay que 7 �reconocer al licenciado Treviño y Gutiérrez sú aportación a la cultura nuevoleonesa. Una de las primeras disposiciones del gobierno, fue la de fundar una cátedra de Jurisprudencia, incorporada al Seminario que estableciera en 1792 el ilustre prelado de Llanos y Valdés. La organización y fundación de este género de enseñanza, iniciadora de los estudios profesionales er, Nuevo León y piedra angular de la futura universidad, fue encomendada al Lic. Treviño y Gutiérrez, quien abrió las cátedras el 19 de enero de 1824. En los cortos seis años que la tuvo a su cuidado, logró la formación de hombres eminentes. Juan N. de la Garza y Evia llegó a sucederle en la cátedra, que impartió durante más de cuarenta y cinco años, y llegó también a ser gobernador del Est Jdo en repetidas ocasiones. José Angel Benavides, doctor en cánones y gobernador de la mitra de Linares durante mucho tiempo; José de Jesús Dávila y Prieto, literato, maestro y gobernante; Ramón Guerra, gobernador de Tamaulipas y elemento destacado en Ayutla y la Reforma; etc. sincerarse de cualquiera desventajoso concepto que se haya formado acerca de su conducta y procedimientos forences". Fue autor de diversos folletos de carácter jurídico. Tradu• j~, además, del italiano, la Historia antigua de México, de Francisco Javier Clavijero, cuyo manuscrito se conserva inédito en la _ Biblioteca del Tecnológico de Monterrey. Murió en la Villa de Guadalupe, N. L., el primer.o de noviembre de 1830. Diario El Porvenir 23-1-74, 2a. Sec. 2a. página EL LITERATO De sus actividades literarias nos quedan pocos ejemplos. Es fama que colaboró en la Gaceta Constitucional de Nuevo León, con escritos calzados por seudónimos no identificados hast a ahora. Un curioso litigio promovido en 1828 entre don Ramón Lozano y doña lsidora Bustamante, sobre propiedad de un solar en esta ciudad, originó una apasionada polémica entre el Lic. Treviño y Gutiérrez y el Dr. José Francisco Arroyo, presidente de la Legislatura. El Ayuntamiento desconoció el fallo del Tribunal de Justicia, presidido por Treviño. Este impuso su autoridad. El Congreso intervino, y la cosa llegó al extremo de lograr Arroyo la promoción de un juicio censorio contra Treviño. Este hizo el 27 de agosto una autodefensa brillante y el juicio se resolvió en su favor. En los talleres de Pedro González y socio, imprimió después Treviño un interesantísimo folleto, "para 8 9 ��2 RESENA HIST.ORICA DE LOS ESTUDIOS DEL DERECHO EN EL ESTADO DE NUEVO LEON Jos6 Juan Vallejo .,. �principios del Siglo XIX, en la época Virreinal, nadie se ocupa de los estudios de derecho, dada la escasa población con que contaba la ciudad de Monterrey, lo pequeño de los negocios y lo raro de los pleitos, hacía innecesario el ejercicio de la abogacía en el Nuevo Reino de León (Reseña histórica del Sr. Lic. don Francisco Valdés Gómez). A .. Los Abogados que residían en esta ciudad, y en el Estado habían venido de México o de Guadalajara, poblaciones que por largos años tuvieron la exclusiva de formar y titular abogados, y aunque el único plantel serio que había en la ciudad era el Seminario Conciliar que se fundó el 19 de diciembre de 1972, y en el que sólo se preparaban los futuros sacerdotes, no servía para hacer los estudios que requería la abogacía. Sin embargo, los tiempos iban cambiando y se hacían necesarios los estudios profesionales, pero para ello había que trasladarse a cualquiera de las ciudades citadas, lo que era costoso Y el viaje molesto. En el Seminario se cursaba lo que se llamaba facultad menor, y que después se llamó segunda enseñanza; pero en atención a Decreto expedido por el Congreso Mexicano, el 13 de Octubre de 1823, en el período del México Independiente, se permitió establecer cátedra de dereoho natural, civil y canónico a todos los Colegios de la Nación que no las tuvieran, entre tantq se sancionaba el plan general de estudios, sujetándo;;e esa facultad a las reglas que se dieron al Seminario de Valladolid. En el propio Decreto se estableció en dichos colegios, a e?(cepción de los de- México y Guadalajara, se podrían conferir �a sus alumnos todos los grados menores, adoptando para ese efecto los estatutos de las Universidades de la Nación. En el Seminario de esta ciudad, como se dijo, se cursaba para esa fecha lo que se llamaba facultad menor y posteriormente segunda enseñanza; el 19 de enero de 1824 se abrió en el Seminario conciliar la cátedra de derecho canónico y civil, quedando a cargo del señor Lic. don Alejandro de Treviño y Gutiérrez que en ese entonces era el Presidente del Supremo Tribu: nal de Justicia del Estado. Por Decreto del Congreso General constituyente, de primero de diciembre de 1824, se permitió a todos los abogados existentes en la República y a todos los que en lo sucesivo se habilitaran en la República, abogar en todos los Tribunales de la misma, lo que seguramente fue motivo para que el Congreso del Estado, expidiera el Decreto No. 32 de 5 de mayo de 1825, sancionado por el C. Gobernador del Estado don José Antonio Rodríguez y su Secretario don Miguel Margáin, el día 5 del mismo mes y año, ordenando que los letrados existentes dentro del Estado formaran Colegios arreglándose en lo posible a los estatu• tos del de México, para lo cual el C. Gobernador de Estado debía citar y reunir a los existentes en él, para que se acordara el establecimiento y fundación de dicho Colegio. de su aplicación, instrucción y honrada conducta, pudiendo la misma Audiencia otorgar, la dispensa de dos años de pasantía en el único caso de presentarse por el candidato, a más de la certificación anterior, y la de haber desempeñado con lucimiento en su Colegio algún acto mayor en que haya presentado examen público. Las Instituciones Romano-Hispanas de D. Juan Salas, o de las Instituciones del Murillo in jus canonicum o el Devoti, y que por cuanto a los alumnos del seminario que desearan obtener los grados menores se debía observar el decreto de 13 de octubre de 1823 (que antes se mencionó, expedido por el Congreso General). Como los que pretendian obtener el título de Abogado ne• cesitaban el grado de Bachiller en derecho, y el Seminario Conciliar de esta ciudad, no podía conferirlos sino hasta que se arreglara a los Estatutos de la Universidad de Jalisco, esta dificultad se solucionó cuando el Congreso del Estado expidió so Decreto provisional No. 104 de 28 de abril de 1826, sancionado por el C. Gobernador don José Ma. Parás y su Secretario don Pedro del Valle, el lo. de mayo del mismo año, el cual fue ratificado con fuerza de ley por el Decreto No. 158 del mismo Congreso del Estado, de 14 de mayo de 1827, sancionado por el C. Gobernador don Manuel Gómez y su Secretario don Pedro del Valle, el 19 del propio mes y año. El mismo Congreso del Estado por su Decreto No. 33 de la misma fecha, 5 de mayo de 1825, decretó: que correspondía al Colegio de Abogados el hacer el examen y aprobación de los que pretendan recibirse de abogados, previo el decreto correspondiente de la Audiencia del Estado (el Tribunal de Justicia), a quien debían presentarse los candidatos para ser recibidos o admitidos, para lo cual debían acompañar a la solictud el título de Bachiller en cánon o leyes, y la correspondiente certificación de haber cumplido el tiempo de pasantía prevenido por las leyes ba• jo la dirección de un letrado. Se autorizó a la misma Audiencia del Estado para que en un año menos de los cuatro de pasan· tía, pudiera admitir a examen a los candidatos que presentaran la certificación del letrado con quien hubieran practicado, como Por el Decreto primeramente mencionado se habilitó al Seminario Conciliar de esta ciudad, para conferir los grados mayores de Teología y Derecho obtenidos en Universidad aprobada, dad_o lo gravoso y pesado del viaje a la ciudad de México, y que et tiempo necesario de curso y de pasantía de los estudios, pruebas, actos, ejercicios, calificaciones y aprobaciones se exigirían con arreglo a las constituciones de la Universidad de Guadalajara .. Desde esa fecha empezaron a darse los grados mayores, ob• t~niendo primero, grado de Bachiller en leyes, don Leocadio Ganbay el 16 de julio de 1827, el segundo. don Valeriano Borrego, el 22 del mismo mes y año, y el tercero don José de Jesús Dávila Y Prieto, el 11 de noviembre de 1830. 16 17 �Los estudiantes mencionados; provistos del comprobante de Bachiller y del certificado de práctica que se requería, podían ocurrir a la Audiencia solicitando su título, previos los exámenes respectivos, que debería llevar a cabo el Colegio de Abogadas como se establecía en el Decreto No. 33 de 5 de mayo de 1825, expedido por el Congreso del Estado, y sancionado por el Gobernador del mismo, don José Antonio Rodríguez Y su Secretario don Miguel Margáin el día 9 del mes y año citados; pero como dicho Colegio de Abogados no se había reunido, su falta fue suplida por una comisión formada por tres abogados, lo que era permitido por las leyes y reglamentos posteriores a dicha Ley, según afirma en su Reseña el Sr. Lic. don Francisco Val-· dés Gómez, quien también expresa que el Tribunal de Justicia estaba investido de la facultad de recibir abogados, por la ley de 9 de octubre de 1812, que no le fue posible al que esto escribe obtener de la Cámara de Diputados de la ciudad de México, ya que tal Decreto se expidió durante el Virreinato. El Congreso del Estado por su Decreto provisional No. 224, de 12 de febrero de 1830, sancionado por el Gobernador del mismo, Sr. don Jaoquín García y por su Secretario don Pedro del Valle, estableció: que el estudiante que al fin del tercer curso se presente para ser examinado a satisfacción de cuatro o más examinadores en todo lo que contenía el libro o curso clásico de leyes o cánones, obtendría el título de Bachiller de Claustro pleno conforme a la ley de la materia; y el practicante que al final del segundo año de práctica, a más de la certificación de letrado que exige el artículo 3o. del Decreto No. 33 de 5 de mayo de 1825, sancionado el 9 del mismo mes y año por el C. Gobernador don José Antonio Rodríguez y su Secretario don Miguel Margáin, se presentare a examen de la audiencia bien sabida la ilustración al derecho de España de Sala, o la instituta de Alvarez, o la instituta de Castilla, obtendría el título de abogado, requiriéndose para estos estudios tres años, incluyén· dose en ellos el Derecho Romano y el Canónico. Por acuerdo del C. Presidente Provisional de la República, comunicado por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública j 18 con fecha 26 de octubre de 1841, se estableció, que entre tanto se arreglaran los exámenes de abogados, los tribunales Superiores de los departamentos debían continuar examinando a los pasantes que se presentaran con tal objeto. Todo lo cual se estuvo observando en los años posteriores, pero de 1856 a ~858 se agregó a los estudios el Derecho Natural y después de tres años de práctica los estudiantes tenían que estudiar Derecho Patrio. _ De acuerdo con las disposiciones legales anteriores, los primeros estudiantes discípulos del Maestro Lic. don José Alejandro de Treviño Gutiérrez, lo fueron los señores don Juan N. de la Garza y Evia, don José de Jesús Dávila y Prieto, don Bias Ma. Valdés y don Pedro Dionisia de la Garza y Garza. La enseñanza tanto secundaria como profesional en el año de 1859 tuvo un cambio significativo, pues el Gobernador Interino del Estado, General don José Silvestre Aramberri, haciendo uso de la facultad que le concedió la Ley de 4 de Noviembre de. 1857, decretó el 30 de octubre de 1859, el establecimiento del Colegio Civil, en el que se debería dar la instrucción secundaria o p_reparatoria, y la superior de Jurisprudencia y Medicina. En Jurisprudencia los estudios deberían hacerse en seis años distribuyéndose las materias como sigue: Primer año.-Prolegómenos del Derecho, Derecho Natural, Derecho Romano, Derecho Patrio e idioma inglés. , S_egundo año.-Derecho Romano, Derecho Patrio, Derecho Canonico e idioma inglés. , T_ercer año.-Derecho Romano, Derecho Patrio, Derecho Canonrco. , ~uarto año.-Derecho Romano, Derecho Patrio y Derecho Canonrco. Quinto año.-Práctica forense, procedimientos judiciales, derecho de gentes e internacional privado. Sexto año.-Práctica forense, procedimientos judiciales, derecho Público y Administrativo. 19 �Los 4 primeros años que eran los de teoría, debían ser atendidos por dos profesores, debiendo haber 4 cátedras; Y los 2 últimos años, que eran los de práctica se estudiarían en una Academia de Derecho teórico-práctico, cuyo profesor explicaría en forma alternando las clases de derecho Público y Administrativo dándole las lecciones de Gentes e Internacional privado y las de derecho. Procedimientos Judiciales una clase semanaria. La práctica se haría en el Bufete de algún abogado_ El mismo Decreto dispuso que los títulos de abogado los expidiera el Tribunal de Justicia. El primer Director del Colegio Civil, donde se estudiaban las carreras de abogado y de médico, lo fue el señor Lic. don JOSE DE JESUS DAVILA Y PRIETO, uno de los primeros abogados recibidos en esta ciudad, siendo los primeros profesores en Jurisprudencia, el mismo señor Director Lic. don José de Jesús Dávila y Prieto y los señores licenciados don Juan N_ de la Garza Evia, don Jesús Aguilar y don Rafael Francisco de la Garza, recibidos también, como el primero, en esta ciudad, y todos los cuales hicieron sus estudios en el Seminario Conciliar de esta misma ciudad. dios en ese local, pero los profesores llenos de patriotismo y de abnegación, y a fin de que los estudiantes no perdieran sus estudios, continuaron impartiendo sus clases en sus respectivos domicilios, sin importarles qu~ fuera para ellos una molestia y un sacrificio. Así fue como los estudiantes de Derecho no perdieron sus estudios, y cuando el Gobierno de la República volvió a regir los destinos del Estado, los estudios en el Colegio Civil continuaron sin interrupción. Por Decreto No. 20 expedido por el H_ Congreso del Estado el 6 de diciembre de 1873, y sancionado por el c_ Gobernador del Estado Lic_ don Ramón Treviño, se fijaron los requisitos para obtener los títulos de Abogados, Médicos, Farmacéuticos, Agrimensores y escribanos, sin necesjdad de comprobar sus estudios ni donde los hicieron, sino que bastaba ser admitidos en examen, acompañando su instancia con una información legal en que se probarían plenamente ser ciudadanos honrados, hombres de bien y mayores de edad, siendo necesario también para solo los escribanos, obtener del Congreso la merced de su oficio. La enseñanza de las materias que se estudiaban en el Colegio Civil, tanto preparatoria como profesional, siguieron su curso normal, que solo fue interrumpido por la Intervención Francesa, ya que las fuerzas invasoras ocuparon como cuartel el edificio del Colegio, lo que impidió que se siguieran los estu- Disponía ese Decreto también, que los aspirantes presentarían su petición al Supremo Tribunal de Justiyia, al Consejo C:e Salubridad, o al Gobierno del Estado, cada uno en su caso, según la profesión por la que hubieren optado, con $ 50.00 para pagar los honorarios a los profesores que harían el examen preparatorio; presentada la instancia y si estaba bien comprobada la honradez y hombría de bien del ocurrente, la autoridad respectiva proveería de conformidad, nombrando un jurado de 5 profesores, los cuales protestarían cumplir fielmente su encargo Y recibirían $ 10.00 cada uno por el trabajo que iban a emprender. El Jurado procedería al examen preparatorio, el cual duraría dos horas diarias por lo menos, durante 5 días. Este examen sería riguróso y en él se examinaría minuciosamente al postulante, sobre todo cuanto debía saber para ejercer muy bien la profesión que pretendía. Si el sustentante era aprobado, podría presentarse a sufrir los exámenes profesionales, a los cuales sería admitido sin más documento que el acta del jurado que 20 21 Para cuando se iniciaron los estudios de Jurisprudencia en el Colegio Civil, habían recibido su título de abogados .además de los nombrados, los señores don D:::imingo Martínez, el lo. de diciembre de 1830, don Guadalupe Cavazos el 30 de marzo de 1849, don Francisco Sada el 15 de febrero de 1852, don Trinidad González Doria el 2 de junio de 1856, don Jesús Ma. Martínez Ancira el 27 de agosto de 1857, don Higinio Sada el 3 de marzo de 1859 y don Lázaro Garza Ayala el 8 de abril de 1859. �lo examinó y aprobó, firmada por los 5 profesores. Entonces los exámenes se harían en la forma ordinaria, y si en ellos fuera aprobado se le daría el título de costumbre, conforme a las leyes de la materia. Principios de Legislación Civil y Penal. Elocuencia Parlamentaria. Ordenanza de tierras y aguas y de minería. Leyes y Juicios Militares. Por Decreto No. 31 expedido por el Congreso del Estado el 31 de diciembre de 1873, sancionado el mismo día, por el c. Gobernador Lic. don Ramón Treviño, se estableció el Consejo de Instrucción Pública, que presidiría el C. Gobernador Y 4 vocales nombrados por la Junta Directiva del Colegio Civil, que deberían ser un catedrático de jurisprudencia, otro de medicina, otro de filosofía y otro de gramática, siendo Secretario el Director de la Escuela Normal de Profesores. Se ordenó por ese Decreto que los Catedráticos que daban clase de Jurisprudencia en el Colegio Civil, continuaran en sus cargos en la nueva Escuela de Jurisprudencia; y por el artículo 27 que los exámenes profesionales se verificarían previa solicitud al Gobierno del Estado, quien la pasaría al Consejo de Instrucción Pública para que mandara hacer los exámenes al Colegio de Abogados, los que durarían 5 días, y la réplica duraría, cuando menos, cada día, tres horas. Posteriormente y por Decreto No. 31 expedido por el Congreso el 12 de diciembre de 1877 y sancionado por el C. G~bernador del Estado, Lic. Genaro Garza García, el 19 del mismo mes y año, se decretó el Plan de Estudios, estableciéndose ~~e el Colegio Civil de Monterrey, sería destinado para la educac1on Secundaria; y la Escuela de Jurisprudencia estaría a cargo del Colegio de Abogados, donde se enseñarían en 6 años las materias siguientes: El anterior Decreto es el que reformó el No. 22, expedido el 9 de Noviembre de 1877, y sancionado por el C. Gobernador Lic. don Genaro Garza García y su Secretario Lic. don Modesto Villarreal, el mismo día de su expedición, y que fue el que creó el Consejo de la Instrucción Pública. Prolegómenos de Derecho. Derecho Natural. Romano. " Patrio. " Constitucional. " Economía Política. Jurisprudencia Mercantil. Legislación Comparada. Codificación. Derecho Administrativo. Procedimientos Civiles y Criminales. Medicina Legal. Oratoria Forense. Derecho de Gentes, Internacional y marítimo. Derecho Político. 22 Según el Decreto No. 33 del 190. Congreso del Estado, el 15 de diciembre de 1877, sancionado por el C. Gobernador Lic. Genaro Garza García y su Secretario Lic. Modesto Villarreal, se expidió el Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Nuevo León, y se ordenó por su artículo 69 y siguientes que el que pretendiera recibirse de Abogado se presentaría por un ocurso al Tirbunal, acompañando los documentos que previene la Ley para que fueran revisados por el Fiscal, y emitiera su opinión por escrito, y el Tribunal nombraría una comisión de Abogados de reconocida ilustración y probidad para que examinara al pretendiente, siendo presidente de esa comisión el que primero fuera nombrado, quien comenzaría con la lectura de la resolución del caso que se proponía con 48 horas de anticipación, continuando el examen sobre teoría y práctica, durante dos horas por lo menos. Concluido el examen y despejado el salón, los sinodales calificarían al sustentante. Si este fuera aprobado, el Tribunal señalaría día para el segundo examen, entregándose al sustentante con 48 horas de anticipación unos autos de 23 �los concluidos en cualquiera instancia, excluyendo la sente~ci~. El examen se verificaría en la Sala de Acue'.dos: en acto publico tomando asiento el pretendiente al lado 1zqu1erdo del -~ecreta;io del Tribunal, dando lectura del dictamen Y resolu~io_n de los autos que se le entregaron. A continuación cada. Ministro, empezando por el Fiscal y concluyendo con el Presidente, le harían las preguntas que creyeran necesarias hasta quedar satisfechos de su instrucción, durante el examen, 2 hora~ por 10 menos. Concluido el examen y despejada la Sala, el Tnb~_nal a puerta cerrada, calificaría al pretendiente, siend~ la votac1on_ en escrutinio secreto, comenzando por el Fiscal. S_1 el_ pretend~ente resultara aprobado, el Tribunal le fijaría el ter~mo que JUZ· gara necesario para volverlo a examinar, p:oced1endose en la misma forma que el anterior examen, levant~nd~se una acta todo eso, que firmarían los Ministros y autonzana el S~cretan~Si el pretendiente hubiere resulta~o . aprobado, d~s~~es de ~ notificación y en el mismo acto publico, se 1~ rec1bma_ la pr~ testa solemne que leería el Secretario del Tribunal ba¡o la SI· guiente fórmula: "Protesta usted ejercer fiel y l~~almente la profesión de Abogado, defendiendo sin remunerac1on a lo~ pobres de solemnidad que solicitaren sus servicios, n~ patroc1~ando_ ~ los que en su conciencia y según la Ley care~1eren de ¡u~t1~1~, guardando fidelidad a las partes sin descubrir en su per!wcio ·eren. comunic · ado·, y cumpliendo lo que reservadamente le hu_ b1 . en todo con las obligaciones que le imponen o en lo suces1v~ _le impusieron las Leyes de la República". yada la cont~stacion afirmativa, el Presidente dirá: "Si así lo h1c1ere u~,ted, Dios Y el pueblo se lo remuneren, y si no, se lo demanden . ?e tar una escritura y no su opinión de autos concluidos como para los Abogados. Según los datos existentes en libros de la antigua Escuela de Jurisprudencia, fue su primer Director el Sr. Lic. don Canuto García, de Enero de 1878 a Abril, de 1886, habiendo sido sustituido interinamente por el Sr. Lic. don Ramón Treviño, en parte del año de 1882, y por el Sr. Lic. don Felícitos Villarreal de Octubre a Diciembre de 1882, del 10 de Febrero a Junio, inclusive de 1883, y de Agosto de 1885 a la primera quincena de Abril de 1886. El procedimiento para los exámenes profesionales de Abogado se modificó por la Ley de 7 de Agosto de 1878, expedida por el C. Gobernador del Estado Lic. don Genaro Garza García y su Secretario Lic. Modesto Villarreal, que reglamentó la Ley del Consejo de Instrucción Pública, estableciéndose por esa reglamentación que al recibir el Consejo de Instrucción Pública del Gobierno del Estado, como estaba establecido por la Ley que reformó fa que creó dicho consejo, y de que antes se ha hablado, el expediente de alguno que pretendiera un título profesional, se convocaría al Consejo para dar cuenta con el expediente, y si éste no llenaba los requisitos debidos, se devolvería al Gobierno con el acuerdo recaído; pero en caso de admitirse se remitiría a donde correspondía, con el mandato de que se hicieran los exámenes conforme a la Ley. Si el sustentante resultaba aprobado según el acta levantada por el Jurado, se rendiría al informe del Consejo y se devolvía al Gobierno para que éste ordenara la expedición del título. El Tribunal acordaría entonces, se expidiera al interesado el título respectivo, que contendría el testi_monio del auto d~ aprobación para ejercer la Abogacía extendido en el pap~I c_o rrespondiente, autorizado por todos los Ministros _con media firma y la entera del Secretario, con el sello del Tribunal. Según el propio decreto, el Consejo estaba autorizado para proponer al Gobierno el nombramiento de los empledqs y Catedráticos de las Escuelas de Jurisprudencia y Medicina. El que pretendiera recibirse de Esc~i~an~, procederí~ colas Abogados, y los exámenes se venf1canan en la misma :~ma, con la diferencia que el pretendiente tendría que redac· El primer Reglamento de la Escuela de Jurisprudencia mandando expedir por la Ley de 12 de Diciembre de 1877, se expidió por el Gobernador del Estado Lic. don Genaro Garza García Y su Secretario Lic. don Modesto Viflarreal, el 10 de agosto 24 25 , �de 1878, y fijó el plan de estudios para Abogados y Escribanos, distribuyéndose las materias en la siguiente forma: Juzgado de Letras o en el Supremo Tribunal de Justicia y Asistencia a la Academia. Sexto Año. PARA LOS ABOGADOS Primer Año. Prolegómenos del Derecho. Derecho Natural. Tercer Libro de la lnstituta. Primero y segundo Libros de la lnstituta. Primero y segundo Libros del Código Civil. Procedimientos Criminales. Medicina Legal. Elocuencia Parlamentaria. Leyes y juicios militares. Legislación Comparada. Práctica en el estudio de un Abogado, en un Juzgado de Letras o en el Supremo Tribunal de Justicia y asistencia a la Academia. Segundo Año. Tercer Libro del Código Civil. Jurisprudencia Mercantil. Tercer Año. Cuarto Libro de la lnstituta. Cuarto Libro del Código Civil. Materias del lo. y 2o. Libros del Código Pe• nal. Tratado de Codificación. Economía Política. Ordenanzas de tierras y aguas; y de minería. Cuarto Año. Materias del 3o. y 4o. libros del Código Pe• nal. Derecho Constitucional, administrativo y poli· tico. • Práctica en el estudio de un Abogado, en un Juzgado de Letras e;> en el Supremo Tribunal. Quinto Afto. Procedimientos Civiles. Derecho de Gentes, Internacional y · Marítimo. Principios de Legislación. Oratoria · Forense. Práctica en el estudio de un Abogado, en un 26 PARA LOS ESCRIBANOS Primer Año. Derecho Natural. Primero y segundo libros de la lnstituta. · Primero y segundo libros del Código Civil. Segundo Afto. Tercero y Cuarto libros de la lnstituta. Tercero y Cuarto libros del Código Civil. Jurisprudencia Mercantil. Práctica en el Oficio de un escribano, en los Juzgados de Letras o en el Supremo Tribunal. Tercer Afto. Primero y Segundo libros del Código Penal. Procedimientos Civiles. Derecho Internacional. Práctica en el oficio de un escribano, en los Juzgados de Letras o en el Supremo Tribunal y asistencia a la Academia. 27 �Cuarto Año Tercero y Cuarto libros del Código Penal. Procedimientos Criminales. Derecho constitucional y administrativo. Práctica en el oficio de un escribano, en los Juzgados de Letras o en el Supremo Tribunal y asistencia a la Academia. En este Reglamento se fijaron las reglas para las academias que tendrían por objeto dar en cada bienio un curso completo de juicios, reduciéndolo a ejercicios prácticos y examinar en disertaciones, trabajadas por los académicos, puntos importantes de jurisprudencia teórica y práctica, cuyos ejercicios los determinaría la persona nombrada por la junta directiva del Colegio de Abogados. Igualmente se establecían por ese Reglamento los requisitos para el ingreso a la Escuela, como para la verificación de los exámenes anuales, estatuyéndose que la Junta Directiva se compondría de un director, sus catedráticos y un secretario, que lo sería el mismo del Colegio de Abogados; pero nada se decía sobre la celebración de los exámenes profesionales, por lo que éstos tenían que verificarse como se había establecido por la Ley de Instrucción Pública. terior de 10 de agosto de 1878 que fue el primero que se expidió; pero por Decreto No. 32, del XXV Congreso del Estado, expedido el 22 de octubre de 1890 y sancionado por el C. Gobernador del Estado General don Bernardo Reyes y su Secretario señor don Ramón G. Chávarri, se reformó el Reglamento expresado de 13 de noviembre de 1886, en algunos de sus artículos, sin que tales reformas significara:, un cambio de importancia. Por Decreto No. 16 del XXVI Congreso del Estado, se expidió la Ley General sobre Instrucción Pública el 10 de diciembre de 1891, sancionado por el C. Gobernador General don Bernardo Reyes y su Secretario don Ramón G. Chávarri, el mismo mes Y año, y comenzó a regir el primero de enero de 1892, derogándose cuantas leyes y demás disposiciones se hubieren expedido anteriormente sobre las materias de que se trata. El ,Artículo 16 de dicha Ley expresa: que para la expedición de títulos de Profesor de Instrucción Primaria, Médico, Farmacéutico, Profesora de Obstetricia, Abogado y Escribano, siempre que los solicitantes hubieran hecho sus estudios en las Escuelas Profesionales del Estado, se podrían inscribir en las propias Escuelas para sustentar sus exámenes profesionales, que se practicarían en la forma y con los requisitos que los reglamentos prescribían, y el título profesional se le expediría por el Consejo de Instrucción Pública mediante los requisitos que se fijan en la misma Ley. El 190. Congreso del Estado por su Decreto No. 65, expedido el 29 de noviembre de 1878, sancionado por el C. Gobernador Lic. Genaro Garza García y su Secretario Lic. Modesto ViPor esa Ley se ordena que los exámenes profesionales dellarreal, reformó la Constitución del mismo, fijándose entre otras berían practicarse en las mismas Escuelas Profesionales en que atribuciones del Supremo Tribunal de Justicia, la de examinar Y , hicieron sus estudios quedando por lo tanto, sin efecto, las presaprobar a los Abogados y escribanos, y expedirles sus títulos cripciones anteriores de que los exámenes profesionales de Aboconforme a las Leyes. gados se verificarían en el Supremo Tribunal de Justicia. El 13 de noviembre de 1886, el C. General don Bernardo Reyes, Gobernador del Estado, con el refrendo del C. Oficial Mayor Carlos Villarreal, expidió nuevo Reglamento para la Escuela de Jurisprudencia en uso de la facultad que le concedía el Artículo 37 de la Ley de 12 de diciembre se 1877, reformando el an- 28 A partir, pues, del mes de enero de 1892, los exámenes profesionales·de abogados se celebraron en la Escuela de Jurisprudencia, lo que quedó confirmado con el Decreto No. 21 del XXVI Congreso del Estado, por el que se expidió la nueva Ley de la Escuela de Jurisprudencia, de 10 de diciembre de 1891, san- 29 �cionada por el señor Gobernador del Estado General don Bernar, do Reyes y su Secretario señor don Ramón G. Chávarri, el día 22 del propio mes y año. Por esa ley, artículos 2o. y 14, se es• tableció: que la Escuela se sostendría con los fondos que le asig• naba dicha Ley, y estaría bajo la inspección del Gobierno del Estado, y que al terminar los alumnos sus estudios y su práctica conforme al Reglamento, podrían inscribirse para el examen profesional, el que se verificaría en la Escuela conforme a las reglas consignadas en el Reglamento. Los fondos con los que se sostendrían las Escuelas, según los artículos 2o. y 5o. se formarían con los derechos de matrícula, $ 5.00; la pensión de $ 5.00 mensuales, que por tercios adelantados deberían enterar los alumnos tanto propietarios como supernumerarios; con los derechos por dispensas y exámenes extraordinarios que fijaba el Reglamento; con los derechos por certificados que expidiera la Secretaría, a razón de $ 2.00 cada uno; y con los derechos de exámenes profesionales. La Escuela contaría para su gobierno, con un Director, un Secretario, un Tesorero y los Catedráticos y Adultos que deter· minara el reglamento, los cuales formarían la Junta Directiva, y serían nombrados por el Ejecutivo del Estado, a propuesta en terna por la Junta Directiva, según los artículos 6, 7 y 8 de d~ cha Ley. El 22 de Enero de 1892, se expidió por el señor Gobernador del Estado General Bernardo Reyes, refrendado por su Secretario señor don Ramón G. Chávarri, el nuevo Reglamento para la Escuela de Jurisprudencia, como consecuencia de la Ley antes mencionada, de 22 de diciembre de 1891. En ese Reglamento se fijaron las obligaciones y facultade5 de la Junta Directiva, del Director, Secretario, Tesorero, Catt dráticos y demás empleadós de la Escuela, se fijó el nuevo Plal de Estudios cuyas asignaturas se distribuyeron como sigue: 30 PARA ABOGADOS Primer Año. . D~recho Romano (historia, personas y cosas), Derecho Civil Mexicano (historia, personas y cosas). Segundo Año. . Derecho _Ro~ano (obligaciones y acciones), Derecho Civil Mexicano (obhgac1ones y herencias). Tercer Afto. . . Derecho Mercantil, Minero y Leyes no codificadas, Proced1m1entos en juicios civiles. Cuarto Año. ~r~cho Penal, Procedimientos en juicios del orden criminal, Cod1go de Justicia Militar, Medicina Legal, Práctica en un Juzgado de lo Civil. Quinto Año. . Derecho Constitucional y Administrativo, Derecho lnternac~onal Privado, Práctica en un Juzgado de lo Criminal y asistencia a la Academia. Sexto Año. . Derecho Internacional Público, Filosofía del Derecho, Oratoria_ Forense, Economía Política, Práctica en el Tribunal y asistencia a la Academia. PARA LOS ESCRIBANOS Primer Afto. vil D~recho Romano (Historia, personas y cosas), Derecho CiMexicano, (Historia, personas y cosas). 31 �Segundo Año. Derecho Romano ((Obligaciones y acciones), Derecho Civil Mexicano (Obligaciones y herencias), práctica en un Juzgado de lo Civil. Tercer Año. Derecho Mercantil, Minero y Leyes no Codificadas,_ pro• cedimientos y juicios civiles, práctica en el Tribunal Y Asistencia a la Academia. Cuarto Año. Derecho Penal Procedimientos en juicios del orden crimi• nal, Código de Justicia Militar, Medicina Legal, Derecho Co~st!• tucional y Administrativo, Derecho Internacional Privado Y Publico, Práctica en el Oficio de un Escribano y asistencia a la Aca• demia. Se fijaron las reglas para los exámenes profesionales de Abogado y Escribano, para los primeros, era necesario comprobar haber sido aprobados en todos sus respectivos cursos Y para los Escribanos o Notarios deberían comprobar lo anterior Y exhibir la merced de su oficio que le hubiera hecho el Congreso. Los aspirantes a Abogado o Escribano, deberían presentar una tesis, y si era aprobada se fijarían los días para la celebr~ción de los exámenes profesionales, entregándose un caso teorico para que dentro de 48 horas lo resolvieran empezando el examen con la lectura de la resolución y continuando el examen de teoría por el Jurado, formado por el Director, el Secretario de la Escuela y tres Catedráticos, el cual duraría, por lo menos dos horas. Si el sustentante era aprobado se procedería al se• gundo examen que se verificaría en la misma forma, con la diferencia que tanto el caso para resolver como el examen versarían precisamente sobre práctica. Si el sustentante era aproba• do por unanimidad en los exámenes, se le extendería su tít~lo conforme lo establecía la Ley de Instrucción Pública ya mencionada. 32 En este Reglamento se fijaron los sueldos para el personal de la Escuela en la siguiente forma: El Director por un año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cinco Profesores a razón de $ 360.00 cada uno El Secretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Tesorero .. .. . . .. ... . .... . . . . .. . .. . . . Para el Conserje ... . ... . . ........ . . . . .. . $ $ $ $ $ 480.00 1,800.00 120.00 120.00 120.00 Los sueldos anteriores eran anuales de manera que el Director recibía $ 40.00 mensuales, cada profesor $ 30.00 cada uno, el Secretario, el Tesorero y el Conserje $ 10.00 cada uno, mensualmente, pero se estableció en el artículo 57 que cuando no hubieren los fondos suficientes para cubrir íntegro el .presupuesto, cuidaría el Tesorero de observar el riguroso prorrateo entre los empleados, exceptuándose solamente al Conserje, que sería pagado íntegramente. Desde que la Escuela se fundó, se observó este sistema, dado que la Escuela solo contaba con las pensiones mensuales de los alumnos, pues los demás ingresos eran eventuales. Los libros de la Tesorería comprueban el sistema de prorrateo mencionado, con la diferencia de que esos pagos no eran mensuales, sino que se hacían cuando había fondos en la Tesorería y sin embargo de ésto, los Profesores, la mayor parte de edad avanzada, con toda abnegación, impartían diariamente sus clases. Como se ve, la Escuela a pesar de ésto, de lo insignificant~ ~e sus recursos, y sin ayuda pecunaria del Estado, pudo suos1st1r hasta el principio de 1910, pues durante el Gobierno Constitucional del señor General y Lic. don José María Mier, siendo Se:retario General de Gobierno el señor Lic. Secundino Roel, tomo a su cargo el sostenirnierito de la Escuela. Por Decreto No. 73 del XXVIII Congreso del Estado de 21 de julio de 1897, sancionado por el C. Gobernador del 'Estado General don Bernardo Reyes y su Secretario don Ramón G. · Chá~ varri, el 3 de Agosto de 1897, se ex¡¡,idió nueva Ley de la Escuela, reformando principalmente el artículo 13 de la Ley anterior. 33 �El 19 de Agosto de 1897 se reformó el Reglamento de 22 de Enero de 1892, por el C. Gobernador del Estado general don Bernardo Reyes, el 7 de Octubre de 1902 se reformó nuevamente el Reglamento de la Escuela por el Gobernador señor lng. don Manuel G. Rivero, sobre la inscripción para los exámenes profesionales, como para el caso de que los Abogados desearan ser Escribanos Públicos, les bastaba con hacer su solicitud para que se procediera a su examen profesional, que sería en la misma forma que para los Abogados. Por Decreto No. 52 del XXXIV Congreso del Estado, de 4 de Diciembre de 1908, sancionado por el C. Gobernador, General don Bernardo Reyes y su Secretario don Ramón G. Chávarri el 16 del mismo mes y año, se ref-ormó la Ley de la Escuela modificándose el programa de estudios, los cuales debían estudiarse en cinco años. Con motivo de esta reforma trascendental, en la propia fecha se reformó el Reglamento de la Escuela, entrando en vigor el primero de enero de 1909. Las asignaturas se distribuyeron en 5 años, se dieron las reglas para que los Profesores desarrollaran su programa, disponiéndose que los alumnos que se inscribieron en primer año el lo. de septiembre de 1908, seguirían sus estudios conforme al Reglamento reformado; los de 4o. año y los de 2o. y 3o. al llegar a esta asignatura, cursarían además de las materias asignadas a dicho año por el antiguo plan de estudios, el Derecho Internacional Público y Privado. Los alumnos de 5o. año, y los de 2o. y 3o. y el 4o. al llegar a esta asignatura estudiarían las materias asignadas por el antiguo plan de estudios para los de 5o. y 60. años. En Febrero de 1910 el señor Director de la Escue.la de Ju· risprudencia, señor Lic. don Lorenzo Roel, en vista de la situa· ción precaria de la Escuela, ya que hacía muchos meses que los pequeños sueldos asignados a los Profesores y demás fundo· narios no habían sido pagados y no podían hacerse otros gastos indispensables, el señor Gobernador del Estado General y Lic. don José Ma. Mier, y de cuyo Gobierno era Secretario el señor Lic. don Secundino Roel, ordenó, de acuerdo con las facultades que le concedía la Ley, que la Tesorería General del Estado, con cargo a Gastos Extraordinarios, proporcionara mensualmente a la Escuela la cantidad que fuera necesaria para completar la de $ 404.00 que debía gastarse según el presupuesto de la Escuela, previniendo al señor Director que la Junta Directiva de la misma Escuela, formulara y presentara al Gobierno un proyecto de reformas necesarias para el mejoramiento del plantel, a fin de que, con la iniciativa correspondiente, se presentara a su debido tiempo al Congreso del Estado. Este subsidio se estuvo proporcionando a la Escuela desde el expresado mes de Febrero hasta Diciembre de 1910, pues en la Ley de Egresos para el año de 1911, se incluyó a la Escuela de Jurisprudencia en el Presupuesto Oficial, con la circunstancia de que entonces se aumentaran los sueldos que percibían todos los funcionarios, asignándose al Director y Profesor de Quinto año como sueldo anual la cantidad de $ 960.00, o sean, $ 80.00 mensuales; a cuatro Profesores, $ 700.00 anuales ca-da uno, o sean, $ 60.00 mensuales; al Secretario y Bibliotecario $ 360.00 anuales, o sean $ 24.00 mensuales, y para gastos de Oficina $ 60.00 anuales. ' . Como se ve, esos sueldos eran superiores a los que tenía asignado anteriormente el personal docente de la Escuela. El XXXV Congreso del Estado expidió el 14 de Diciembre de 1910 el Decreto No. 58, que fue sancionado por el señor Goberna~or ~el Estado General y Lic. don José Ma. Mier y su Se· cretano Lic. don Secundino Roel, el 15 del mismo, reformando la anterior Ley de la Escuela de 21 de Julio de 1897. Entre las reformas importantes de esta Ley, se encuentran la ~e que la Escuela sería sostenida por el Tesorero del Estado, teniendo el Gobierno del mismo la dirección y vigilancia de ella· q_ue las materias que debían estudiar los Abogados se distribui: nan en cinco años; y la de que la enseñanza sería gratuita para toda clase de alumnos. Sin embargo, estos deberían pagar, en ~35 �sus respectivos casos, las siguientes cuotas: $ 5.00 por derecho de matrícula; los derechos por dispensas y exámenes extraordinarios que fijara el Reglamento; $ 2.00 por cada certificado que expidiera la Secretaría; y $ 8.00 por cada examen profesional. Estas cuotas serían recaudadas por el Tesorero de la Escuela, quien las remitiría a la Tesorería General del Estado. En acatamiento a esta Ley el C. Lic. don Leobardo Chapa, Gobernador Constitucional Interino del Estado, con el referendo del C. Oficial Mayor señor Lic. don Lázaro de la Garza, expidió el 22 de Agosto de 1911, el nuevo Reglamento de la Escuela, señalando las facultades y obligaciones de los funcionarios y, Profesores de la Escuela, ajustando las asignaturas en los cinco años de estudios fijados en la Ley, y señalando a los Profesores la forma de desarrollar el programa de estudios correspondiente a cada uno. El 13 de Sept1embre de 1913 se expidió nuevo Reglamento de la Escuela, por el C. Lic. Salom~ Botello, Gobernador lnte• rino del Estado, con el referendo de su Secretario señor Lic. Elías Villarreal. Las principales reformas contenidas en el nuevo ·Reglamento consistían en que la Escuela además del Director, Secretario y Tesorero, tendría siete Profesores Propietarios y otros tantos Adjuntos para sustituirlos en sus faltas, distribuyéndose para su estudio las asignaturas entre los siete Profesores, dejando por lo tanto, cada uno de los cinco Profesores con que contaba la Escuela, de tener a su cargo un curso completo. Con este nuevo sistema se lograron mejores resultados en los estudios y tendrían más horas de clase en cada año, y no 4n_a sola hora por año como sucedía desde que se fundó la Escuela. El 11 de Febrero de 1927, se expidió nuevo Reglamento por el C. Gobernador substituto señor don Jerónimo Siller, con el refrendo de su Secretario señor David Alberto Cossío. El 11 de Octubre de 1927, la Legislatvra del Estado, expidió el Decreto No. 24, que fue sancionado por el señor Go· 36 bernador Constitucional Lic. don Aarón Sáenz, con el refrendo de su Secretario señor Lic. don José Benítez, reformando e! artículo 16 de Ley de la Escuela de 14 de Diciembre de 1910, en el sentido de que las cuotas que señalaba el artículo anterior, serían recaudadas por el Tesorero de la Escuela, y se destinarían exclusivamente a beneficio de la misma, previo acuerdo de la Junta. Directiva y con autorización del Ejecutivo del Estado. El primero de Septiembre de 1928 el C. Lic. José Benítez, como Secretario General de Gobierno del Estado, Encargado del poder Ejecutivo y con refrendo del señor Lic. Generoso Chapa Garza, Oficial Mayor del Gobierno, Encargado de la Secretaría General del Estado, aprobó el Proyecto de reformas a los artículos 1, 14, 27 y 55 del Reglamento de la Escuela, consistente en que ésta tendría además de! Director, Secretario y Tesorero, diez Profesores Propietarios y diez adjuntos; señaló las asignaturas correspondientes a los cinco años de estudios, y cuales atendería cada Profesor; el número de horas de clase por semana de cada asignatura; y las nuevas cuotas que deberían pagar los alumnos: por dispensas y exámenes e;füaordinarios que fijaba el Reglamento; $ 2.00 por cada certificado que expidiera la Secretaría, $ 75.00 por cada examen profesional; y una cuota mensual de $ 5.00 que debería pagar cada alumno del primero y segundo años, y de $ 10.00 cada uno de los alumnos de los tres años restantes. El 27 de Junio de 1931, el Gobernador Interino del Estado señor Lic. don José Benítez, con el refrendo del Secretario General, señor Lic. Pablo Quiroga, expidió las nuevas reformas al ~~glamento, a los artículos 16 primer párrafo, 22, 29, 35 Fracc1on 111 y 51. . Estas reformas tuvieron por objeto, principalmente, modifi~ar las asignaturas correspondientes al Primero y Segundo ano,. como se verá más adelante. Por el artículo 22 se estableció que además de los alumn_os propietarios habría supernumerarios y simples asistentes, siendo supernumerarios los que se inscribieran en las materias 37 �de un curso adeudando algunas de cursos anteriores; y simples asistentes, los que desearan concurrir a las clases adeudando materias de preparatoria; por el artículo 29 se estableció que la Junta Directiva tendría cuidado de determinar y hacer público desde la primera quincena del mes de junio, los libros que habrían de servir de texto en el siguiente año escolar, y que du• rante este acto o actos públicos que señalara la Directiva, con el objeto de presentar en ellos los trabajos preparados al efecto por los alumnos, en forma de disertaciones, debates o discusión de temas y casos dudosos; por el artículo 35 Fracción 111, se estableció que las calificaciones se harían por materias y no globales para cada uno; y por último por el artículo 51, las faltas de moralidad o disciplina de los alumnos, si eran leves, se castigarían con amonestaciones privadas y si eran graves con amonestaciones delante del personal de la Escuela o con la expulsión, según el caso. En vista de las reformas anteriores el plan de estudios del último reglamento en vigor, de 11 de Febrero de 1927 ya ci· tado, quedó en la siguiente forma: PRIMER AÑO Primer Curso de Derecho Romano (Historia, Personas Y Cosas); Primer Curso de Derecho Civil (Historia, Personas, Cosas y Sucesiones) y ler. Curso de Economía Política. SEGUNDO AÑO Segundo Curso de Derecho Romano (Obligaciones, Sucesiones y Acciones). Segundo Curso de Economía Política, Princ~ píos de Sociología. Segundo Curso de Derecho Civil (Teoría General de las Obligaciones y Contratos). TERCER AÑO Derecho Penal, Derecho Mercantil, leyes no Codificadas. CUARTO AÑO Procedimientos Civiles. Procedimientos Penales, OerechO 38 Internacional Público y Privado. Práctica para seis meses en un Juzgado de lo Civil y por tres en uno de lo criminal. QUINTO AÑO Derecho Constitucional. Derecho Administrativo. Curso Prá~tico de Casos selectos. Síntesis de Derecho. Práctica por tres meses en un Juzgado de lo Criminal y por seis en el Tribunal. Por Decreto No. 94 expedido por al XLIV Legislatura del Estado, de 31 de Mayo de 1933, sancionado por el C. Gobernador del mismo don Francisco A. Cárdenas, refrendado por su Secretario Lic. Pablo Quiroga , el mismo día, se expidió la Ley Orgánica de la UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON, estableciéndose que ésta comprendería las siguientes Instituciones fudamentales: 1.- FACULTADES. 11.- ESCUELAS. 111.- INSTITUTO DE INVESTIGACION; y IV.- DEPARTAMENTO DE EXTENSION UNI· VERSITARIA. La UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON, quedó integrada por las siguientes Dependencias: 1.- FACULTAD DE FILOSOFIA CIENCIAS Y ARTES. 11.- FACULTAD DE MEDICINA. 111.- FA'. CULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES. IV.- FACULTAD DE INGENIERIA. V.- FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA. VI.- ESCUELA NORMAL. VII.- COLEGIO CIVIL (Escuela de Bachilleres). VIII.- ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA "ALVARO OBREGON" . . Se creó el Consejo Universitario y se estableció que la Univers1da? tendría un Rector y un Secretario General, y que la misma Universidad expediría: 1.- Grados Académicos. 11.- Títulos Profesionales. 111.- Diplomas, y IV.- Certificados. Que los grados académicos serían de: 1.- Bachiller; 2.De Maestro; 3.- De Doctor. . Se estableció que los Profesores de las Facultades serían inamovibl~s hasta los 65 años de edad, y solamente podrían ser substituidos por el Consejo Universita rio por causas de in- 39 �capacidad o inmoralidad debidamente comprobadas: que los Profesores que llegaren a la edad de 65 años quedarían nombra• dos automáticamente Profesores Ad-Honorum y pasarían a la categoría de Profesores jubilados con la pensión a que tenían derecho, la cual sería igual a medio sueldo después de 15 años, a 2 tercios de sueldo después de 20 años ·y sueldo completo después de 25 años de servicios. Estuvo funcionando la Universidad hasta que fue derogada la Ley relativa por la XLV Legislatura del Estado, por Decreto No. 67, de 28 de Septiembre de 1934, sancionado por el Go• bernador del Estado Lic. Pablo Quiroga, refrendado por su Se· cretario Lic. Angel Santos Cervantes, el 29 del mismo mes Y año, concediéndose facultades al Ejecutivo del Estado para uti· lizar en beneficio de las clases proletarias y de la reorganización de la reforma educativa socialista el monto de las partidas de egresos asignados a la Universidad; para que dictara las me· didas pertinentes para la reivindicación de los muebles e inmue· bles que constituyeron el patrimonio de la extinta Universidad de Nuevo León, y se utilizaran para los planteles que requiera la Universidad Socialista de Nuevo León. Por Decreto de 4 de Septiembre de 1935 expedido por el C. Gobernador del Estado Lic. Pablo Quiroga y el Secretario Ge• neral de Gobierno Lic. Angel Santos Cervantes, se restableció en el Estado EL SERVICIO PUBLICO DE CULTURA SUPERIOR, que tuvo por objeto: realizar la investigación científica en todos los aspectos materiales y espirituales; impartir educación superior, técnica y profesional, impartiéndose ese servicio en las Escue· las de Bachilleres, Normal para Profesores, Alvaro Obregón, Pa· blo Livas, Cooperativismo y demás que se establecieran en lo futuro; por las Facultades de MEDICINA, con las carreras de: Médico Cirujano y Partero, de Enfermeras y las que se estable• cieran en lo futuro; de DERECHO Y CIENClAS SOCIALES, con las Carreras de: Licenciado en Ciencias Jurídicas y las demás .que se establecieran en lo futuro; de INGENIERIA, con las Ca· rreras de: Ingeniero Civil, Arquitecto, Minero y Agrónomo, de Metalurgista y Ensayador y las demás que se establecieran en 40 lo futuro; de QUIMICA Y FARMACIA, con las siguientes carreras de Químico, Químico Farmacéutico y las demás que se, estable• cieran en lo futuro. Este servicio de " CULTURA SUPERIOR" duró hasta que por Decreto No. 79 expedido ' por el C. Gobernador del Estado el 18 de Agosto de 1943, sancioriádo por el c. . Gobernador del Estado, General Bonlfacio Salinas Leal y el se~ cretario General del Gobierno señor Armando Arteaga Santoyo el 13 de Septiembre de 1943, se estableció nuevamente la Universidad que lleva por nombre "UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON", con sede en esta ciudad dé Monterrey, y que todavía está funcionando, ejerciendo su funcion docente entre otras Instituciones por la FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES. La FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES sigue funcionando, de acuerdo con la Ley citada y día a día ha ido ampliando sus actividades creando nuevas asignaturas y contando para impartirlas, actualmente, con 38 maestros. Los maestros impartían sus enseñanzas durante la mayor parte del día y las primeras horas de la noche. . Entre las nuevas asignaturas creadas a iniciativa del señor Lic. Manuel Treviño Cavazos, que fuera Director de nuestra Fa• cultad, de Octubre de 1953 a Septiembre de 1954, se encuentran las de ADMINISTRACION Y FINANZAS, que se imparten en dos años Y la de TEORIA APLICADA DE DERECHO MERCANTIL asginaturas que se crearon para dar oportunidad a los alumno; de ~dquirir ?~ros conocimientos que les permitieran ampliar el radio de actividad profesional, que la de simples Abogados postulantes. Entre los hechos notables desde que la Escuela de Jurisiru_dencia ~e _i~ic!ó en el Estado, resaltan entre otros los siguien• es_. que a in1c1at1va -del Lic. José Juan Vallejo, nombrado Secretano B"bl' · . Y 1 1otecano de la Escuela en 1910, se iniciaron los traba¡os para la creación de la BIBLIOTECA de la misma en el año de l911, por suscripción pública entre Abogados y Estudiantes 41 �de Derecho de la ciudad,. la cual se inauguró el 19 de Octubre de 1913, siendo Director el notable jurista Lic. don Lázaro N. Villarreal. Desde ese tiempo hasta la fecha se ha ido aumentando el número de volúmenes de la misma Biblioteca, contándose hasta la fecha con más de 3,000 volúmenes, Biblioteca que para ocupar el nu~vo local construido para el efecto, por acuerdo de la Junta Directiva de la ahora FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES, se le dio el nombre de su iniciador, señor Lic. Vallejo, hecho que culminó con la ceremonia llevada a cabo el 19 de enero del presente año (1956) con asistencia del señor Gobernador del Estado Lic. Raúl Rangel Frías, del Sr. Presidente Municipal Dr. José Luis Lozano, del Rector de la Universidad de Nuevo León Sr. lng. Roberto Treviño González, Procurador General de Justicia en el Estado Sr. Lic. Francisco Valdez, Sr. Director de la propia Facultad Lic. Federico Páez Flores, del Sr. Lic. Genaro Salinas Quiroga y demás Profesores de la misma Facultad, descubriéndose a la entrada de la Biblioteca la placa que lleva el siguiente nombre "BIBLIOTECA LIC. JOSE JUAN VA· LLEJO". El otro hecho fue el siguiente: En Enero de 1915 y cuando debían de haberse continuado los trabajos del año escolar 1913· 1914, por ausencia del Sr. Director de la Escuela, Sr. Lic. don Secundino Roel, no se iniciaron las clases, pues para entonces habían evacuado la Ciudad de Monterrey, el Gobierno y Fuerzas Constitucionalistas, y se anunciaba la entrada en la Plaza, de las Fuerzas Villistas. Con motivo de esa suspensión de labores, el Lic. José Juan Vallejo Secretario y Bibliotecario de la Escuela, inició los traba· jos necesarios para que se reanudaran las clases, y al efecto obtuvo de los señores licenciados Eulalio Sanmiguel y Adolfo Vi· llarreal, profesores respectivamente, del primer Curso de Oere· cho Civil y Romano, el primero; y de Sociología, primero y se· gundo curso de Economía Política, que tenía a su cargo el se· gundo, su consentimiento para que continuaran impartiendo sus 42 clases, habiéndolo hecho así en sus domicilios o despachos, ya que la Escuela estaba cerrada mientras el Gobierno disponía lo conveniente; y de acuerdo el Secretario Lic. Vallejo y los alumnos de cuatro año, y del segundo curso de Derecho Civil y Romano, del que eran titulares respectivamente, los señores licenciados Secundino Roel y Lázaro N. Villarreal, que se encontra. ban ausentes, se designaron privadamente, mientras el Gobierno hacía los nombramientos respectivos, a los señores licenciados Virgilio Garza Sr. y Galdino P. Quintanilla, para que sustituyeran a dichos letrados en sus clases, quienes aceptaron desde su designación e iniciaron sus clases en sus respectivos domicilios o despachos, lo que hicieron hasta el último de Febrero del mencionado año de 1915, pues se abrió la Escuela el primero de Marzo siguiente, por disposición del Gobierno, y entonces la clase del segundo año que tenía a su cargo el señor Lic. Láz~ro_ ~- Villarreal y que accidentalmente desempeñó el Sr. Lic. Virg1ho Garza Sr., quedó a cargo del Srio. Lic. Vallejo y la de cuarto año siguió impartiéndola el Sr. Lic. Quintanilla por habérselo pedido los alumnos. _A mediados del mes de Abril de dicho año presentó su renuncia al Gobierno el señor Lic. Sanmiguel, la que le fue acep•· tada, pero como estaban para terminarse los cursos del año escolar manifestó al Gobierno que por esa circunstancia continuaría dando sus clases. la causa que seguramente obligó al Sr. Lic. Sanmiguel a pr~sentar su renuncia, fue la de que habiendo el Srio. Lic. Vall~Jo asumido la dirección de la Escuela por disposición del Gob_ierno, pues no estuvo conforme en que fuese el Director Interino el señor Lic. Sanmiguel, lo que se comunicó al Secretario de la Escuela verbalmente, obedeciendo esa actitud del Gobierno, quizá, por la filiación Constitucionalista del Lic. Sanmiguel. Al evacuar la ciudad el Gobierno y las fuerzas Villistas tomaron posesión de la misma, las fuerzas Constitucionalistas y como Gobernador del Estado el señor Lic. y General Pablo A. de la Garza, quien nombró como Secretario de Gobierno al señor 43 �Lic. Miguel Treviño, por cuyo motivo el Lic. Vallejo en su carácter de Secretario y Encargado de la Dirección de la Escuela, comunicó las condiciones en que se encontraba la misma y cómo había venido funcionando desde Enero de 1915, así como debían celebrarse los exámenes de fin de año escolar; y como solamente se encontraban actuando como profesores los señores Lic. Galdino P. Quintanilla y el Srio. Lic. Vallejo, pues el señor Lic. Sanmiguel había renunciado, el Gobierno del Estado se sirvió ordenar se llevaran a cabo tales exámenes, designando como Jurados a los señores licenciados Galdino P. Quintanilla, Virgilio Garza Sr., Pedro Benítez Leal, Antonio Morales Gómez y al propio Secretario Lic. Vallejo, habiendo quedado integrados los Jurados en la forma siguiente: PRIMER AÑO Señores Licenciado Antonio Morales Gómez, como Presidente, Galdino P. Quintanilla y José Juan Vallejo, como Secretario. SEGUNDO AÑO Señores Licenciados Virgilio Garza Sr., como Presidente, Pedro Benítez Leal y Antonio Morales Gómez, como Secretario. CUARTO AÑO Señores Licenciados Pedro Benítez Leal, como Presidente, Yirgilio Garza Sr. y José Juan Vallejo, como Secretario. QUINTO AÑO Señor:es Licenciados Virgilio Garza Sr., como Presidente, Pedro Benítez y Galdino P. Quintanilla, como Secretario. Los alumnos que presentaron examen en esta ocasión, fueron los siguientes: PRIMER AÑO Señores Joaquín Garza y Garza y Carlos de la Garza y Evia. SEGUNDO AÑO Señores Antonio Canales, Roberto Garza y Apolonio C. Lozano. CUARTO AÑO Señores Genaro Garza y Tomás M. Treviño. QUINTO Al'lO Señores Miguel Garza y Emilio Martínez. Los exámenes se verificaron los días 28 y 29 de julio de 1915 para los alumnos del primero y segundo años y para los de cuarto y quinto, respectivamente. Después de practicados los exámenes y rendido el informe correspondiente tanto al Gobierno del Estado como al Consejo d~ Instrucción Pública el día 4 de agosto del año citado, por el Lic. Vallejo, corno Secretario y Encargado de la Dirección, dejó de serlo por disposición del Gobierno el 12 de agosto de 1915~ en que se nombró Director al señor Lic. Virgilio Garza Sr. y co-· mo Secretario y Profesor de Primer Año al señor Lic. Antonio Morales Gómez. No se nombró jur·ado para el Tercer Año porque no hubo alumnos que se inscribieran en é( pero sí se nombró Jurado pa· ra el Quint9 Año, porque los alumnos así lo solicitaron, aunque no concurrieron a las cl,;1se~ du1:9nt~ el período .de ~nero a juniode 1915, ._pQr _encontrarse all-$entes en servicio con las Fuerzas Cgr:1stitucionalistas_. . , ". . Desde esa ocasión hasta la actualidad, la Escuela ha funcionado normalmente, y los Directores hasta la fecha se han preocupado por el progreso de la misma Escuela y han realizado, algunas obras de importancia que han constituido un verdad_ero acontecimiento, si~ndo ·los Directores _ que más trabajo desarrollaron en favor de la Escuela, los señores licenciados Héct~~ González y Galdino P. Quintanilla, ya fallecidos, Jesús C. Trevmo, Manuel Treviño Cavazos y el actual Director Federico Páez Flores. . _ . 44 4-s,. 0 �Todos ellos se preocuparon por mejorar el edificio de la Escuela como la Biblioteca, debiéndose al señor Lic. don Jesús C. Treviño, el que se formara la Galería de Directores de la Escue• la de Jurisprudencia desde 1878 hasta que él dejó de ser Di· rector, habiéndose colocado las fotografías de los Directores en la Dirección de la Escuela, agregándose a esa Galería las fotografías de los señores Directores Licenciados Jesús C. Treviño y Manuel Treviño Cavazos. El señor Lic. don Jesús C. Treviño, como Director de la Es• cuela, comisionó para que formara la Galería y recopilara datos sobre el tiempo que cada Director lo había sido de la Escuela, al señor Lic. José Juan Vallejo, Profesor de la Escuela de Jurispru• ciencia, que ahora lleva el nombre de FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES, de la Universidad de Nuevo León, que funciona desde el 13 de Septiembre de 1943. Los Profesores más antiguos de la Facultad son, por su orden los señores Licenciados José Juan Vallejo (el decano, desde Septiembre de 1920); Genaro Salinas Quiroga (desde Septiembre de 1934); y Lic. Alfredo de la Torre (desde el año de 1938). Los directores de la Escuela a partir del año de 1878 en que se estableció por la Ley respectiva, funcionando separada del Colegio Civil, hasta la fecha, con el tiempo de duración, son los siguientes: LIC. CANUTO GARCIA. Director de Enero de 1878 a Abril de 1886. LIC. RAMON TREVIÑO. Director Interino por Ministerio de la Ley, en 1882. LIC. FELICITOS VILLARREAL. Director Interino, los meses de Octubre a Diciembre, inclu· sive de 1882. Del 10 de Febrero a Junio inclusive de 1883. De Agosto de 1885 a la primera quincena de Abril de 1886. LIC. LAZARO GARZA AVALA. Director del 17 de Abril de 1886 al 2 de Octubre de 1887. 46 LIC. FRANCISCO VALDEZ GOMEZ. Director del 3 de Octubre de 1887 al 29 de Octubre de 1903. LIC. LORENZO ROEL. Director Interino de Noviembre de 1903 al 27 de Febrero de 1910 y Propietario del 28 de Febrero de 1910 al 10 de Abril de 1913. LIC. LAZARO N. VILLARREAL. Director del 13 de Abril de 1913 al 30 de Agosto de 1914. LIC. SECUNDINO ROEL. Director del 21 de Septiembre al 31 de Diciembre de 1914. LIC. JOSE JUAN VALLEJO. Encargado de la Dirección, del 2 de Enero al 10 de Agosto de 1915. LIC. VIRGILIO GARZA Sr. Director del 12 de Agosto de 1915 al 27 de Octubre de 1925. LIC. GALDINO P. QUINTANILLA. Director del 25 de Noviembre de 1925 al 31 de Agosto de 1930. ' LIC. EMILIO HINOJOSA. Director del lo. de Septiembre de 1930 al 5 de Enero de 1931. LIC. HECTOR GONZALEZ. Director del 6 de Enero de 1931 al 20 de Septiembre de 1934. LIC. ENRIQUE B. GARZA. Director del 15 de Noviembre de 1934 al 4 de Octubre de 1935. LIC. JESUS L. GONZALEZ. Director del 5 de Octubre al 23 de Noviembre de 1935. 47 �LIC. JESUS C. TREVIÑO. Director del 18 de Noviembre de 1935 al 17 de Octubre de 1943. LIC. MANUEL TREVIÑO CAVAZOS. Director del 13 de Octubre de 1943 al 10 de Septiembre de 1954. LIC. FEDERICO PAEZ FLORES. Director del 11 de Septiembre de 1954 a la fecha (Mar• zo de 1956). La Escuela de Jurisprudencia después de haberse separado del Colegio Civil, no tuvo local donde seguir impartiendo las clases de Derecho por lo que los Profesores, en sus propios do, micilios, siguieron dando sus clases. En el año de 1887 se concluyó la construcción del Palacio Municipal, y el Colegio de Abogados ocupó uno de sus departamentos, por lo que las cátedras de la Escuela de Leyes, se continuaron dando en ese local que ocupaba dicho Colegio de Abogados. Cuando el mencionado Colegio- de Abogados se disolvió, cedió a la Escuela los fondos con que contaba, y el Gobierno del Estado, en tal virtud, dispuso que esos fondos se emplearan en la construcción de un edificio que se destinaría exclusivamen· te a la Escuela de Leyes, ya que se construiría con las condiciones necesarias para su objeto, habiendo concluido su construc· ción en el mes de marzo de 1891, y desde luego lo ocupó la Es· cuela y sigue laborando -en ese edificio, el cual se construyó tomando en cuenta el número de alumnos con que contaba la Es· cuela y que las clases se impartían diariamente solo de 8 a 9 de la mañana. Ese edificio, qúe está situado en la esquina Nor-Este de las calles Abasolo y Diego de Montemayor, en las condiciones cita· das, no fue objeto de ninguna modificación sino hasta por el añO de 1936 ó 1937, en que el número de alumnos y de clases que se impartían durante el día y en las primeras horas de la no- 48 che, obligó a construir en el segundo piso, durante la dirección del señor Lic. Jesús C. Treviño, un salón de todo el largo del edificio por la calle de Abasolo. Antes, y durante la dirección del señor Lic. Galdtno P. Quin· tanilla se habían hecho composturas al edificio, principalmente en los pisos de algunos de sus departamentos, acondicionándose la Dirección, poniéndole cielo de manta y arreglando el alumbrado. Sin embargo de esas modificaciones y como el número de alumnos fue creciendo año por año, durante la dirección del se• ñor Lic. Manuel Treviño Cavazos se construyeron dos salones de clases en el fondo del terreno así como un departamento Sanitario moderno, y se adaptó una' de las antiguas aulas para tocador y descanso de las alumnas del plantel. Pero aún estas nuevas mejoras no resolvieron el problema del cupo de alumnos y hubo de pensarse en destinar el salón del_ seg9n _piso, construido anteriormente, a dos aulas y const~u1r as1 mismo un local apropiado para la Biblioteca, lo que se hizo durante la actual dirección del señor Lic. don Federico Páez Flores, construyéndose ese local en el segundo piso y frente a la calle Diego de Montemayor, el cual fue inaugurado el 19 de En~ro de( año en curso (1956), como antes se dijo, y en el 132 amve.'.'san~ de haberse dado la primera clase de Derecho, por el senor Lic. don Alejandro de Treviño Gutiérrez. En el año escolar 1955-1956, se inscribieron como 550 alumnos en todos los cursos, siendo de éstos como 150 los que se matricularon en primer año, creándose, por lo tanto un nuevo problema, dado que aún es insuficiente el local para tal número de alumnos, a pesar de que las clases se imparten durante 1~ mañana, de las siete a las diez horas, y por la tarde de las quince a las veinte horas. Desde el año de 1859 en que se iniciaron los estudios de Derecho en el Colegio Civil hasta la fecha (Marzo de 1956) han pasado por las aulas de la Escuela de Jurisprudencia, ahora Fa- 49 �cultad de Derecho y Ciencias Sociales, muchísimos alumnos que se han radicado en diversos Estados de la República, ocupando, muchos de ellos, puestos importantes, y los que se han radicado en la ciudad han ocupado, gran parte de ellos, cargos de significación en las esferas oficiales, integrando el personal de los Tribunales del Estado y otros en la Industria, la Banca y el Comercio de Monterrey. Algunos de ellos han Sido Gobernadores, Diputados al Congreso del Estado, al Federal y Senadores, Secretarios de Gobierno, Oficiales Mayores del mismo, Procuradores de Justicia, Presidentes Municipales, y muy pocos han sido Ministros de la Suprema Corte de la Nación, Magistrados de Circuito, y otros puestos judiciales de carácter Federal. Nuestra Escuela, pues, aunque modesta, debe sentirse or• gullosa de haber albergado en su seno a tantos hijos útiles que ha dado a la Nación y al Estado. Marzo de 1956 50 �FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES GALERIA DE DIRECTORES. Lic. José Alejandro de Trevillo y Gutié~ Precursor, en 1824, de los estudios de Derecho en Nuevo león. Lic. Felicitos Villarreal Director interino: octubre-diciembre de 1882; febrero-junio de 1883 y de agosto de 1885 a abril de 1886. Lic. Ramón Trevillo Director interino. Septiembre de 1882. Lic. Canuto García Director de enero de 1878 a abril de 1886. �Lic. lázaro Garza Ayala Director de abril de 1886 al 2 de octubre de 1887. Lic. Lorenzo Roel Director interino :jel 3 de noviembre de 1903 al 27 de feb•~ro de 1910 y propietario del 28 de febrP,,o de 1910 al 10 de abril de 1913. Lic. Francisco Valdez GómeZ Director del 3 de octubre de 1887 al 29 de octubre de 1903. Lic. lázaro N. Villarreal Director del 13 de abril de 1913 al 30 de agosto de 1914. Lic. Secundino Roel Director del 21 de septiembre al 31 de diéiembre de 1914. Lic. Virgilio Garza Director del 12 de agosto de 1915 al 27 de octubre de 1925. Lic. José Juan Vallejo Director interino del 2 de enero al 2 de agosto de 1915. Lic. Galdino P. Quintanilla Director del 25 de noviembre de 1925 al 31 .de agosto de 1930. �Lic. Emilio Hinojosa Director del lo. de septiembre de 1930 al 5 de enero de 1931. Lic. Jesús L González Director del 5 de octubre al 23 de noviembre de 1935. Lic. Enrique B. Garza Director del 15 de noviembre de 1934 al 4 de octubre de 1935. Lic. Jesús C. Treviilo Director del 18 de noviembre de 1935 al 17 de octubre de 1943. Lic. Manuel Trevifio Cavazos Director del 13 de octubre de 1943 al 10 de septiembre de 1954. Dr. Arturo Salinas Martínez Director del 30 de octubre de 1961 al 18 de octubre de 1963. Lic. Federico Páez Flores Director del 17 de septiembre de 1954 al 30 de octubre de 1961. Lic. Alfredo de la Torre Guzmán Director del 23 de octubre de 1963 al 6 de septiembre de 1965. �3 Lic. Leopoldo Peña Garza Director del 6 de septiembre de 1965 al 5 de octubre de 1967. Lic. Sergio Mena Trevillo Director de octubre de 1967 al 23 de abril de 1971. Uc. Genaro Salinas Quiroga Lic. Pedro Treviño García Director intenno del 23 de abril al 7 de julio de 1971. Catedrático Decano de la facultad y _Director interino del 8 de junio al 15 de noviembre de 1971. BREVE HISTORIA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Víctor L. Treviño �n su origen, el estudio del derecho en Nuevo León se encuentra mezclado con los estudios eclesiásticos. El Seminario Conciliar de Monterrey, fundado el día 19 de diciembre de 1792, en el que se estudiaba la enseñanza secundaria llamada por entonces Facultad Menor y en el que se cursaba la carrera sacerdotal, fue la cuna de la primera cá-· tedra de Derecho Canónico y Civil , establecida y profesada por el Lic. D. José Alejandro de Treviño y Gutiérrez el día 19 de Enero de 1824. E Apenas dos años y medio antes --el 3 de julio de 1821había sido jurada la Independencia de México por el entonces Comandante y Capitán General D. Joaquín Arredondo. Bajo el gobierno virreynal de este pintoresco y caprichoso gobernante, el Lic. Treviño y Gutiérrez desempeñó el cargo de Alcalde Tertero de la Ciudad, llegando a ocupar, al poco tiempo de establecido el régimen de la República, el puesto de Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Desempeñando tan honroso cargo fundó la primera cátedra de derecho según queda expresado. Pasando por agudas crisis, peripecias y vicisitudes de todo jaez, sufriendo modificaciones sin cuento; pero siguiendo una trayectoria ininterrumpida, esa primera cátedra establecida por el Lic. D. José Alejandro de Treviño y Gutiérrez ha venido a culminar en nuestra ameritada Facultad de Derecho y Ciencias S~ ciales, la que mantiene el retrato de su fundador honorario, co- �mo perpetuo homenaje, en lugar preferente de su galería de Di• estudios de este plantel al programa escolar de la Universidad de Jalisco. rectores. En la misma fecha -5 de mayo de 1825- el Congreso local decretó la creación del Colegio de Abogados, organismo que debía integrarse con apego a los estatutos del de la Ciudad de México. LAS PRIMERAS LEYES QUE RIGIERON A LA ESCUELA DE JURISPRUDENCIA Imprescindible -a la vez que pertinente-- es mencionar las diversas leyes, decretos Y. reglamentos que normaron durante los primeros años la vida de nuestra Escuela de Derecho. An· tes de lo cual, cabe hacer notar que el año de 1824 so_lo las Universidades de México y de Guadalajara estaban autor_1zadas para otorgar títulos de Abogado, en tanto que el mencionado Seminario Conciliar de Monterrey solo podía conferir los grados menores, lo que actualmente corresponde a los grados de se_cundaria y preparatoria, con la diferencia de q~e est~s dos ciclos culminan actualmente con el título de Bachiller, titulo que e~ la época a que venirnos refiriéndonos, no podía otorgar el Semi· nario Conciliar. De las reglamentaciones legales que rigieron 1~ _flamante cétedra de Derecho Canónico y Civil desde su fundac1on, deben citarse las siguientes: Por Decreto del Congreso Federal, expedido el día lo. de diciembre de 1824, los abogados existentes Y los que en el fu· turo adquirieran el título correspondiente podían ejercer la profesión en todo el territorio de la República. Con antelación , el 23 de octubre de 1823, el mismo Con· greso Federal había emitido un decreto en virtud del cu~I quedabán facultados todos los Colegios -planteles educativosde la República para otorgar los llamados gr~dos menores;_ ~ ro no para extender, según queda asentado, tltulos de Bachille, ya fuese en Cánones o en Leyes. 5 En consonancia con esta disposición, el 5 de mayo de 182 el Congreso del Estado facultó al Seminario Conciliar de Monterrey para otorgar los grados menores, sujetando el programa de 56 De estos dos decretos simultáneos, el que primeramente se menciona autorizaba al Colegio de Abogados para verificar exámenes y aprobar a los optantes al título, estableciendo que las solicitudes debían ser acordadas por la Excelentísima Audiencia del Estado. Esta Excelentísima Audiencia exigía, para conceder el examen final a los solicitantes, el título de Bachiller en Cánones o en Leyes y la comprobación documentaría de haber practicado la carrera forense, durante dos años, bajo el patrocinio ~e un abogado postulante, podía dispensar de la práctica de "pasantía" a aquellos estudiantes que, habiendo observado una conducta irreprochable, hubiesen sustentado con brillantez algún examen previo sobre sus conocimientos de las "lnstituta" Románhispanas, o de las Instituciones de Murillo, "In Jus Canónicum" o el "Devoti" . Ya podía, pues, obtenerse el título de Abogadq sin salir de Monterrey, merced a los dos decretos que se acaban de mencionar; pero subsistía un obstáculo muy grave para los aspirantes al examen final; el requisito de la presentación del título de Bachiller, que no podía obtenerse sino en la Ciudad de México o en la capital jalisciense. Para un estudiante de no muy boyante hacienda privada, el viaje constituía una dificultad poco menos Que insuperable. Tratando de remediar tan angustiosa situación, el Congreso del Estado aprobó un decreto fechado el 28 de abril de 1826, decreto que por mala fortuna no llegó a tener aplicación, sino hasta el 14 de mayo de 1827, en que el Congreso local lo sanc_ionó, disponiendo: " ... que siendo necesarios y útiles para vanos efectos los Grados Menores de Teología y Derecho, obtenidos en Universidades aprobadas, y siendo de gravamen, por la 57 �enorme distancia y costo, ir a solicitarlos en la de México, se h2bilita al Seminario Conciliar para conferirlos ... ". Trascendental paso legislativo fue el dado por nuestro Congreso en la disposkión que se menciona, en la cual se establecía también que los estudios, prueba, exámenes, calificaciones y aprobaciones se regirían por el Reglamento de la Universidad de Guadalajara. Diez años después, el día 23 de mayo de 1837, el Congreso de la Unión tuvo a bien aprobar un decreto que vino a ro· bustecer y a ampliar lo dispuesto por la citada ley del lo. de di· ciembre de 1824, puntualizando que " ... el recibimiento de Abogados se hiciera, en el Distrito Federal, por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia, y en los demás Departamen· tos, por el Tribunal Pleno". Con espíritu de minuciosidad, este Decreto Federal disponía que los optantes fueran examinados primero por el Colegio de Abogados y después por el Tribunal de Justicia. Confirmaba, además, que quienes obtuvieran su tí· tulo cumpliendo con los requisitos expresados, quedaban facultados para ejercer su profesión en todos los Tribunales de la República. FUNDACION DEL COLEGIO CIVIL El día 30 de octubre de 1859, el Gobernador del Estado, D. José Silvestre Aramberri, en uso de las facultades concedí· das al Ejecutivo por la ley del 4 de noviembre de 1857, firmó una resolución administrativ3 creando el Colegio Civil del Esta· do, plantel destinado a impartir la enseñanza secundaria y preparatoria, todo dentro de un plan unitario de estudios. El mis· mo decreto gubernamental daba vida a las Facultades de Juris· prudencia y de Medicina que habrían de desarrollar su labor dentro de la misma órbita del Colegio Civil. El decreto mencionado vino a ampliar notablemente el plan de estudios de la carrera forense, estableciendo dos períodos: Uno de Teórica, que comprendía 4 años de enseñanza, y el otro 58 de Práctica, que abarcaba dos años. Todas las materias comprendidas en estos seis años de estudios, sin embargo, eran profesadas por dos maestros. Rotos quedaron para siempre, con el flamante programa de estudios, los moldes que hasta esa fecha habían constreñido el•ciclo de la carrera forense, con sus tres cursos fundamentc1les: Derecho Canónico, Derecho Romano y Derecho Patrio. El decreto del 30 de octubre de 1859 exigía a los estudiantes de derecho, dentro del período de práctica, cursos de Procedimientos Judiciales, de Derecho de Gentes, Internacional Público y Privado, Oratoria Forense y Derecho Administrativo. LA ESCUELA DURANTE LA INTERVENCION FRANCESA Apenas iniciada la nueva organización que le imprimió el decreto del Gobernador Aramberri, la Escuela de Jurisprudencia sufre el agobio de la guerra de intervención. Las calamidades que toda guerra trae consigo y la necesidad de reclutar jóvenes para defender el territorio nacional invadido, pesaron en tal forrna sobre la flamante Facultad, que casi la aniquilaron. Obvio parece decir que todos los estudios sufrieron trastornos sin cuento durante esta época de turbulencia. El edificio del Cole_gio Civil fue ocupado como cuartel; pero no por ésto se abandono el estudio del derecho, "pues los catedráticos resolvieron d~r la lecciones en sus casas, probando así que entre nosotros, ~un en las épocas más aciagas y calamitosas, se ha dado a la instrucción la importancia que merece" (Lic. F. Valdés Gómez). LA ESCUELA DE JURISPRUDENCIA Y EL COLEGIO DE ABOGADOS El primer paso firme hacia la autonomía de la Escuela de Leyes lo vino a dar un decreto expedido en fecha 19 de diciembre de 1877, por el Congreso del Estado, que liberaba a nues;ra Esc~e~a del tutelaje del Colegio Civil. Según este decreto, se eorganrzo el funcionamiento y programas de estudio de la Es- 59 �cuela de Leyes, viniendo esta institución a quedar bajo el patrocinio y amparo del Colegio de Abogados, al mismo tiempo que la Escuela de Medicina quedaba a cargo del Consejo de Salubridad. En la ruta histórica que hemos seguido, nos encontramos situados en una posición que exige examinar el terreno que es tamos pisando. Sin mengua del prestigio que muchos de sus ilust~es componentes dieron al Colegio de Abogados, debe decirse que "esta docta corporación no hizo sen~ir en la Escuela su influencia ni su autoridad sino hasta los últimos años, en que tuvo algún participio en las Academias". Sin embargo, al extinguirse esta corporación -el 28 de octubre de 1891- hizo donación expresa a su tutelada la Escuela de Jurisprudencia, de todos sus muebles y enseres, amén de los fondos que tenía en caja. En vista de esta donadón, el gobierno del Estado dispuso que los tales fondos en efectivo se destinaran a la construcción de un edificio destinado "perpetuamente" a las labores docentes de la Escuela de Jurisprudencia. Debe hacerse notar, sobre tan interesante tópico, que la ir.tendón de los legisladores al expedir el decreto del 19 de di· ciembre de 1877, río podía ser mejor. Si ya se había dado un gran paso en la enseñanza del derecho al establecerse la supresión de todas las antiguas trabas impuestas por los estatutos universitarios (de acuerdo con el decreto de D. José Silvestre Aramberri que creó el Colegio Civil), venía a completarse la obra (de acuerdo con el criterio de la época), desligando el estudio del derecho de la enseñanza que se impartía en el ilustre Colegio Civil. "Preciso era que el plantel destinado a formar Abogados tuviera vida y elementos propios. Esto fue lo que se vino a realizar en 1877 ... ". Esto fue, cuando menos, lo que se pretendió realizar con el decreto del 19 de diciembre de 1877, al poner la Escuela de Jurisprudencia bajo la tutela del Colegio de Abogados. En síntesis, las modificaciones más importantes que deter· 60 minó la ley que se acaba de mencionar fueron cuatro, a saber: Separación de la Facultad de Leyes y el Colegio Civil; adscripción de la Facultad al Colegio de Abogados; ampliación de los programas de estudios de la misma Facultad y fundación de la Carrera de Escribano, que debía cursarse en la Escuela de Derecho. En mérito a la poca eficacia de la tutela ejercida por el Colegio de Abogados, según queda expuesto en líneas anteriores, nuestra Escuela de Leyes vio diseminarse sus cátedras una vez más, en las casas de los profesores, que se prestaban con gusto a este peregrinaje docente, debido a la falta de un local adecuado. Esta situación de inestabilidad de las cátedras de derecho no terminó sino hasta el año de 1887, en que el Colegio de Abogados pudo instalarse en un departamento recientemente construido y en que maestros y alumnos de la Facultad de Jurisprudencia pudieron alojarse en el local que ocupaba el distinguido y honorabilísimo Colegio de Abogados. AMPLIACIONES SUCESIVAS DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO - Un dato que ilustra meridianamente acerca del ensanchamiento general de los planes de estudios de la Escuela de Jurisprudencia es el de una simple comparación de algunos de los cuadros de materias obligatorias en diversos períodos de su historia. . la Ley del 30 de octubre de 1859, que fundó el Colegio Civil Y l~s Facultades de Medicina y de Jurisprudencia, disponía en su articulo 60. que la carrera forense se cursara en seis años, de acuerdo con el programa siguiente: Período de Teórica: Primer año.-Prolegómenos del Derecho, Derecho Natural, Derecho Patrio, Derecho Romano, Idioma Inglés. Segundo año.-Derecho Romano, Derecho Patrio, Derecho Canónico, Inglés. 61 �Tercer año.-Derecho Romano, Derecho Patrio, Derecho Canónico. Cuarto año.-Derecho Romano, Derecho Patrio, Derecho Ca· nónico. Período de Práctica: Quinto año.-Práctica Forense, Procedimientos Judiciales, Derecho de Gentes e Internacional Privado. Testamentos y todo lo relativo a Instrumentos Públicos, así corno haber practicado durante tres años en la Oficina de un Escribano o ante los Tribunales, asistiendo a las academias de Jurisprudencia durante el tiempo que designaran los estatutos. . En marzo de 1891, según Reglamento Interior de la Escuela de Jurisprudencia, el programa de estudios estaba elaborado de la siguiente manera: Para los Abogados Sexto año.-Práctica Forense, Procedimientos Judiciales, Derecho Público y Administrativo. Primer año.-Derecho Romano (Historia, personas y cosas), Derecho Civil Mexicano (Historia, personas y cosas). Dieciocho años después, la anteriormente mencionada ley del 19 de diciembre de 1877 -y el Reglamento que con apoye en la misma ley se creó pcira regir la marcha de la Escuel': vinieron a ensanchar el plan de estudios con nuevas materias, de acuerdo con el siguiente cuadro; Prolegómenós del Derecho, Derecho Natural, Economía Política, Jurisprudencia Mercantil, Legislación Comparada, Codificación, Derecho Administrativo, Procedimientos Civiles y Criminales, Medicina Legal, Oratoria Forense, Derecho de Gentes, Internacional y Marítimo, Derecho Político, Principios de Legislación Civil y Penal, Elocuencia Parlamentaria, Ordenanzas de Tierras y Aguas y de Minería, Leyes Y Segundo año.-Derecho Romano (obligaciones y acciones) Derecho Civil Mexicano (obligaciones y herencias). Juicios Militares. "En el Artículo 20 de la ley que mencionamos se establecía que: para optar el título de abogado se requería haber cursado las anteriores materias J las que formaban el programa ~ enseñanza secundaria, y haber practicado tres años en los T~ bunales o en el bufete de un abogado, asistiendo a la academia,, de Jurisprudencia por el tiempo que señalaren los estatutos .. • · De acuerdo con esta ley, para optar el título de Escriba~ se requería haber cursado cuatro años en Derecho Natural, Romano, Patrio, Constitucional, Civil, Administrativo, Internacional. Procedimientos Civiles y Criminales, Obligaciones, Contratos. 62 Tercer año.-Derecho Mercantil, Minero y Leyes no codificadas, Procedimientos en Juicios Civiles. Cuarto año.-Derecho Penal, Procedimientos en Juicios del Orden Criminal, Código de Justicia Militar, Medicina Legal, Práctica en Juzgado de lo Civil. Quinto año.-Derecho Constitucional y Administrativo, Der~ho Internacional Privado, Práctica en un Juzgado de lo Criminal y Asistencia a la Academia. Sexto año.-lnternacional Público, Filosofía del Derecho, Or~toria Forense, Economía Política, Práctica en el Tribunal y Asistencia a la Academia. Desde la última década del siglo pasado hasta la actuali- · d~d, no pocas modificaciones ha recibido el programa de estu-· d~os_ de la carrera del foro, siendo de mencionarse las nuevas disciplinas del conocimiento que han sido incluidas entre las mater!as obligatorias, tales como la Sociología, el Derecho del Traba¡o, Sociedades Mercantiles y, últimamente, Administración de Negocios y Técnica de Documentación Mercantil cuya proble ·r , ma ica representa, en suma, el continuado proceso de afina- 63 �ción y superación constante que imprimen a los es~udios jurídicos de nuestra Facultad, tanto las crecientes nece~1~ades de la época, corno la fecunda iniciativa de los di?n~s dingentes q: han empuñado durante los últimos años el timon de la Facult de Derecho y Ciencias Sociales. NUEVOS RUMBOS DE LA ESCUELA DE LEYES Un decreto del Congreso del Estado reformó, el 28 de OC· tubre de 1890, el Reglamento del 13 de noviemb~e de 18~6, tableciendo que la carrera de abogado se cursana en seis anos y en cuatro la de Escribano. :s• Nuevas disposiciones emanadas del gobierno del Gral. Ber· nardo Reyes imprimieron modificaciones a los planes de estu¡ dios a los requisitos y a las reglas de exámenes para obte~erde · por su importancia título' profesional, siendo de mencionarse, , --ualecisiva el Reglamento del 22 de enero de 1892, segun el ". , los e¡ámenes profesionales en leyes o en_ la carrer_a de Escriba· no debían celebrarse en la Escuela de Junsprudenc1a. De acuerdo con una circular expedida por el Consejo_ de Instrucción Pública el 8 de junio de 189~, las Es~uel~s- ~e 1~: trucción secundaria, preparatoria y profesional_ deb1an m1c1ar la cursos el día lo. de septiembre y celebrar exa~enes durante segunda quincena del mes de junio de cada ano. Disposición digna de mencionarse es la ley de fecha 7 de febrero de 1902, que además de reformar el _r~glamento d_e : Escuela en lo que atañe a la fo_rma de cel~brac10~ de los ex:anes disponía que quienes hubiesen obtenido el titulo de a g do ~odían optar por el de Escri_bano. P~~lico, pro!esión que ~ pezaba a cobrar inusitado interes a~ m1c1arse el :1glo XX, ene;~ tud de que el Escribano desempenaba las funciones que peten actualmente a un Notario Público. LOS PRIMEROS ABOGADOS RECIBIDOS EN MONTERREY Dos leyes locales -la del 5 de mayo de 1825 que autori- 64 zaba al Colegio de Abogados para aprobar sustentantes y la del 14 de mayo de 1827, ambas ya mencionadas- abrieron las puertas de la abogacía a un grupo de estudiantes que formaron la vanguardia de los profesionales del derecho en Monterrey. Los primeros alumnos graduados de Bachillerato en el Seminario Conciliar de Monterrey fueron D. Juan N. de la Garza y Evia, Bernardo Wsel y Guimbarda, Ramón Gregorio Guerra, José Angel Benavides, Valeriano Borrego, Santiago Montemayor Evia y leocadio Garibay. En efecto: el primer Director y preceptor de los estudios de derecho, el Lic. Treviño y Gutiérrez, certificó que desde el 19 de enero de 1824, fecha en que se abrió la primera cátedra, habían asistido a ella los mencionados alumnos, hasta la fecha de la certificación, que fue el 4 de julio de 1827. Tal certificación acreditaba el grado de Bachiller en Leyes, que adminiculado con el certificado de práctica de que ya se ha ha• blado, los capacitaba para solicitar el examen de recepción ante la Audiencia del Estado, con la autorización de la cual podían presentar la prueba final ante el Colegio de Abogados. Como aconteciera que la expresada corporación no pudo integrarse en los primeros tiempos a partir del decreto que la creó, su falta se suplió con la designación, para cada caso, de tres letrados que debían integrar el jurado calificador del examen profesional. Deben ser mencionados los nombres de distinguidos letrados que durante esta primera época de la enseñanza del derecho obtuvieron el honroso título y ejercieron la profesión forense de manera brillante, tales corno D. Juan N. de la Garza y Evia, D. José de Jesús Dávila y Prieto (primer Director del Colegio Civil), D. Bias M. Valdés, D. Pedro Dionisia de la Garza y muchos o1ros jurisconsultos que alentaron con su ejemplo, su esfuerzo y su talento la noble profesión de la abogacía. NUEVAS DISPOSICIONES QUE ENCAUZARON LA MARCHA DE LA ESCUELA DE DERECHO Un Decreto expedido el día 5 de diciembre de 1910, por el entonces Gobernador Interino, Lic. y Gral. José María Mier, dis- 65 �puso que la Escuela de Jurisprudencia fuera sostenida por el tesoro del Estado, fijándose sueldos decorosos para los profesores y los funcionarios del plantel, modificándose ~I plan de estudios, que habría de cursarse en cinco años, y disponiéndose que la enseñanza fuera gratuita. A partir de este año de 19 10 se inició la creación de una Biblioteca Jurídica, que hasta la fecha no había existido como patrimonio de la institución docente. Tocó al Lic. D. José Juan Vallejo, que entonces desempeñaba las funciones de Secretario de la Escuela, iniciar y realizar la formación de la biblioteca, en cuya meritoria iniciativa puso el señor Secretario su decidido empeño. En octubre de 1913 fue inaugurada la flamante bibliote· ca, con más de 150 volúmenes adquiridos en la Ciudad de México y obtenidos por donativos de particulares y de funcionarios del Gobierno estatal. Al estallar la revolución de 1914, la Escuela de Leyes marchaba en línea ascendente; pero cuando las fuerzas constitucionalistas tomaron posesión de la ciudad hubieron de suspender· se las clases, hasta que el Comandante Militar del Ejército ae ocupación, Gral. D. Antonio l. Villarreal, dispuso que se reanudaran los trabajos y se presentaron oportunamente los exámenes reglamentarios. Nuevas peripecias acongojaron a nuestra Escuela durante los episodios de la revolución --entrada a Monterrey de las fuerzas villistas, nueva llegada del Ejército Constitucionalista, etc.-, durante cuyos azorosos días veló siempre por los intereses de !a zamarreada Escuela, el señor Lic. José Juan Vallejo, quien con celo digno de aplauso mantuvo los estudios a flo· te, habiendo ocupado la dirección de la Escuela interinamente en el año de 1915, en dos ocasiones. Por mandato legal contenido en el decreto No. 94 de la Legislatura del Estado, de fecha 31 de mayo de 1933, se esta· bleció la UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON, quedando incorpora· da a ella la Escuela de Jursiprudencia con el nombre de FACUL· TAO DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES. EL CONSEJO DE CULTURA SUPERIOR, creado por el Gob~rnador M~rales Sánchez, tuvo afortunadamente una vida asaz efrmer_a, abriendo y cerrando un paréntesis inoportuno en la tra-· yectona de la flamante Universidad. . Actualm~nte, ba{o el impulso renovador que le imprime su Drn~cto~, el L1c: Manuel Treviño Cavazos, la Facultad de Derecho Y C1enc1as Sociales ha m~dernizado sus planes de estudio y re. mozado _el_ local que le sirve de asiento, circunstancias ambas que la s1tuan a la vanguardia entre las instituciones más avanzadas del país. LISTA DE HONOR Los Dir~~tores que ha tenido la Escuela de Derecho, desde la. fu~dac1on de la primera cátedra hasta nuestros días son los s1gu1entes: ' en D.. José Alejan?~º de Treviño y Gutiérrez, Abogado recibido la C'.udad de Mex1co, es el Primer Director Y único profesor de la catedra por él establecida el 29 de enero de 1824. L . ., rar e siguio D. Juan N. de la Garza y Evia, con quien colabo. on como_ profesores D. José de Jesús Dávila y Prieto, D. Jesus M. Aguilar Y D. Rafael P. de la Garza. d e is°" Ca~uto García toma la Dirección de la Escuela en el año 78, siendo sustituido por D. Isidro Flores un año después. Sr. Lic. D. Canuto García, de enero de 1878 a abril de 1886. m Fue sustituido provisonalmente durante sus interínatos cose;t~ob~rnador del Estado por el Sr. Lic. D. Ramón Treviño en octu~r: re _d~ 1862, Y por el Sr. Lic. D. Felícitos VillarreaÍ de ve de 18~;1c1embre de 1882, del 10 de_ febrero a junio incluside 1886. Y de agosto de 1885 a la primera quincena de abril Lic. D. Lázaro Garza Ayala, del 27 de abril al 2 de octu bre dEI e 1887. · 67 66 �En octubre de 1887 fue nombrado Director el Lic. D. Fran• cisco Valdés Gómez, quien desempeñó este cargo hasta su fa. llecimiento, ocurrido en el mes de octubre de 1903. El Lic. D. Lorenzo Roe( fue nombrado Director Interino desde la fecha expresada hasta el 27 de febrero de 1910, en que se le nombró Director Propietario, habiendo desempeñado este cargo hasta el 10 de abril de 1913. El Lic. D. Lázaro N. Villarreal, eminente jurisconsulto, fue el nuevo Director desde la fecha en que dejó de serlo D. Lorenzo Roel hasta el 30 de agosto de 1914. El Lic. D. Secundino Roe( recibió el nombramiento respectivo el 21 de septiembre de 1914, ocupando la Dirección hasta el 31 de diciembre del mismo año. De enero a agosto de 1915, según queda asentado anterior• mente, la Dirección de la Escuela quedó a cargo del Lic. D. José Juan Vallejo. El 12 de agosto del mismo año fue nombrado Director el Lic. D. Virgilio Garza Sr., quien desempeñó tal cargo hasta el 27 de octubre de 1925. El mes de noviembre de dicho año (1925) recayó la Direc· ción de la Escuela en el Lic. D. Galdino P. Quintanilla, quien du· ró en funciones hasta el 31 de agosto de 1930. viembre de 1935- ocupó la Dirección el Lic. D. Jesús L. Gon- zález. A partir de la última fecha que se menciona fue nombrado Director el Lic. D. Jesús C. Treviño, quien desempeñó con maestría el cargo hasta octubre de 1943, siendo sustituido en esa fecha por el Lic. D. Manuel Treviño Cavazos, actualmente en funciones de Director. Quiero manifestar con todo respeto los nombres de los directores de los últimos años: Los licenciados Federico Páez Flores, Arturo Salinas Martínez, Alfredo de la Torre, Leopoldo Peña Garza y el Lic. Sergio Mena Treviño, actualmente en funciones, todos hombres generosos de reconocido talento que asumieron la tarea de ir elevando el nivel académico de los estudios, así como de estructurar una organización administrativa cada día más técnica y completa. Queda expuesta así la sucesión de Directores de nuestra digna Facultad de Derecho, evidenciándose con la enunciación de los nombres que se acaban de exponer, el celo que las autoridades y los núcleos profesionales de Nuevo León han puesto en depositar el mando de tan noble institución en las personas de más relevantes méritos en el foro nuevoleonés. Fue sucedido el Lic. Quintanilla, a partir del lo. de septiem· bre del año últimamente citado, por el Lic. D. Emilio Hinojosa, quien desempeñó el cargo hasta el 5 de enero de 1931. A partir de esta fecha tomó la Dirección de la Escuela el Lic. Héctor González, quien desempeñó atingentemente el pues· to hasta el 29 de septiembre de 1934. El 15 de noviembre del mismo año (1934) fue designado como Director el Lic. Enrique B. Garza, quien desempeñó tal car· go hasta el 4 de octubre de 1935. Durante un breve período --del 5 de octubre al 23 de no- 68 69 ��4 HISTORIA DE LAS DISPOSICIONES LEGISLATJVAS Y REGLAMENTARIAS SOBRE LA ABOGACIA EN NUEVO LEON Carlos Francisco Cisneros R. �e on motivo de los homenajes realizados en ocasión del ciento cincuenta aniversario de la explicación de la primera cátedra de Derecho en el Estado, acaecida el día diecinueve de enero de mil ochocientos veinticuatro, conviene hacer una breve reseña de las diversas disposiciones que han regido en Nuevo León, en relación a los estudios de Derecho. Desde luego deben tenerse presentes los Decretos Números 32 y 33 expedidos por el Congreso Constituyente de Nuevo León, el día cinco de mayo de mil ochocientos veinticinco, por medio de los cuales se concedió a todos los letrados el derecho de formar un Colegio, "arreglándose en lo posible a los estatutos del de México", y facultando al Gobernador del Estado para citar y reunir a todos los existentes en la entidad "para que acuerden el establecimiento y fundación de dicho Colegio". En el segundo de los Decretos mencionados se c<msignó como atribución del Colegio de Abogados "el hacer examen y aprobación de los que pretendan recibirse de Abogados previo el Decreto de la Exma. Audiencia del Estado ante quien deben presentarse a los candidatos para ser recibidos o admitidos". Para los efectos de solicitar el examen correspondiente, los candidatos deberían acompañar a su petición el título de bachiller en Cánones o en Leyes, así como una certificación de haber cumplido el tiempo de pasantía bajo la dirección de un letrado en ejercicio de la Abogacía. ,/ l 1!JL't ' �La audiencia del Estado quedó autorizada para que reci, hiera a examen a los candidatos que presentaren certificado del letrado, asentando la aplicación, instrucción y honrada conducta del pasante, reduciendo en un año, los cuatro de pasantía exigidos por las Leyes. Asimismo la Audiencia podría dispensar dos años de pasantía, si el candidato llegare a justificar haber presentado examen público de las Instituciones Romano-Hispanas por don Juan Solar, o las Instituciones del Murillo in Jus Canonicum o el Devoti. El Rector y los catedráticos quedaron autorizados, también, para que los jóvenes se pudieren presentar a examen un año antes, siempre por su instrucción, virtud, buena conducta y constante aplicación demostraren haber presentado en los tres años anteriores el doble del número de las materias de las señaladas por la Ley, a los catedráticos, para los exámenes anuales. Correspondía al Seminario Conciliar conferir los grados menores de acuerdo con las facultades contenidas en el Decreto de fecha tres de Octubre de 1823 y con arreglo a los estatutos de la Universidad de Guadalajara. Por Decreto de fecha veintitres de Abril de mil ochocientos veintiseis, estimando necesarios y útiles para varios efectos los grados mayores de Teoolgía y Derecho, obtenidos en Univer• sidad aprobada, así como muy gravoso, por la distancia y costo el tener que ir a solicitarlos a la Ciudad de México, se habili· tó al Seminario Conciliar de Monterrey, para conferirlos. del Jurado y al efecto se señalaba que en los exámenes en grado menor no excederían de tres pesos, ni de nueve en grados mayores. Figuraba como Rector y Secretario el designado por la autoridad eclesiástica superior, bajo cuya inspección y gobierno existía el Seminario. En el mismo Decreto se autorizó a la autoridad superior eclesiástica para que examinara lo conducente para la identificación de los grados de Doctor con la Licencia o Licenciatura, con obligación de comunicar la resolución orrespondiente a la Legislatura para los efectos l~gales conducentes. En mayo 9 de 1827 la Legislatura conoció del Proyecto de Ley contenido en el Decreto mencionado, el cual surtió efectos provisionales, siendo sancionado con fuerza de Ley en el Tercer Debate, de fecha catorce de mayo de ese año. En la sesión del día cuatro de febrero de mil ochocientos treinta, la Diputación Permanente puso en consideración del Congreso, un proyecto en forma de Decreto por el cual se establecen requisitos y condiciones para los exámenes de Bachiller Y Abogado. Para la obtención del primero sería examinado por cuatro o más examinadores sobre todo el contenido del Libro de leyes o de Cánones. Para el segundo, se otorgaría el examen al fin del segundo año de pasantía y además de la certificación de letrado a que aludía el Decreto 33 de mil ochocientos veinticinco, presentaría en la Audiencia Examen sobre Introducción al Derecho de España de Sala o la lnstituta de Castilla. Tales disposiciones se observaron como Decreto Provisional. En lo referente al tiempo necesario del curso, pasantía, es· tudios, pruebas, actos, ejercicios, calificaciones y aprobaciones, se ordenó sujetarse a las disposiciones de la Universidad de Guadalajara. Correspondía a quienes ostentaban el grado de Doctor practicar los exámenes conducentes, estipulándose que en falta de ellos, podrían suplir los licenciados y catedráticos en la Facultad. En la sesión del día cuatro de febrero de mil ochocientos cincuenta y siete, en el Congreso se dio cuenta del expediente original remitido por el Gobierno, y formado con motivo de la instancia formulada por don Francisco García del Corral, pidien-· do se le admita a examen de escribano, quedando la anotación de que fue turnada a la Comisión de Justicia. Se llamaba propina a la remuneración de los componentes En esa misma sesión, en tercer debate, se aprobó el De- 76 77 , ) �creto por el cual se faculta al Ejecutivo el establecimiento de un Colegio Civil de Instrucción Pública, señalándose como fondos del mismo: lo.- Un contingente que pagarán todas las munici• palidades de una tercera parte de sus rentas; 2o.- Una pensión que pagarán los alumnos internos; 3o.- La cantidad de cuarenta pesos que pagará cada Abogado y Escribano que se reciba al expedirse su título; 4o.- Las dos terceras partes de los productos de registro, revalidaciones y concesiones de agua; 5o.La renta de las herencias vacantes; 60.- La renta de la pensión que pagan todas las herencias ex-testamento o abintestato; 7o.La misma pensión que pagarán todos los legados y 80.- La cantidad de cuatro mil pesos que por esa vez se señalaron de los fondos públicos. ; 1 El día seis de dicíembre de mil ochocientos setenta y tres el Congreso del Estado, expidió el Decreto número 20 en cuyo artículo Primero se lee: "Los que aspiran a obtener en el Es· tado, los títulos de Abogados, Médicos, farmacéuticos, agrimen· sores y escribanos no necesitan comprobar lo que estudiaron, ni donde, ni en que tiempo lo hicieron, sino que les basta pedir el ser admitidos a examen, acompañando su instancia con una información legal, en la que se pruebe plenamente que son ciu• dadanos honrados, hombres de bien y mayores de edad, sien· do necesario también para solo los escribanos, obtener del Congreso la Merced de su oficio". Según el caso, las solicitudes deberían ser presentadas al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo de Salubridad o al Gobierno, acompañando la cantidad de cincuenta pesos para pa· gar los honorarios de los profesores qu13 habían de hacer el examen. El Jurado se componía de cinco profesores, quienes reci· bían diez pesos cada uno. Entre estos profesores el de mayo-' edad fungía como Presidente y el de menor edad como Secretario. La duración del examen era de cinco días, de "dos horas diarias por lo menos". Concluidos los mismos y si el peticiona- 78 rio fuera aprobado "podrá presentarse a sufrir los exámenes profesionales a los cuales será admitido, sin más documento que el acta del Jurado que lo examinó y aprobó firmada de los cinco profesores. Entonces los exámenes se harán en la forma ordinaria y si en ellos fuere aprobado se le dará el título de costumbre conforme a las leyes de la materia". Quienes demostraren haber hecho los estudios en el Colegio Civil de esta ciudad o en un Colegio Nacional, conforme a los reglamentos, con buenas notas de hombría de bien, también eran admitidos a los exámenes profesionales. Por Decreto número 31 del día treinta y uno de diciembre de mil ochocientos setenta y tres se estableció el Consejo de Instrucción Pública, compuesto por el Gobernador, como Presidente; el Director del Colegio Civil, como Vicepresidente y cuatro vocales nombrados por la Junta Directiva del Colegio Civil, debiendo ser precisamente un catedrático de jurisprudencia, otro de medicina, otro de filosofía y otro de gramática, y, como secretario el Director de la Escuela Normal de Profesores. En ese mismo Decreto se señalaron los fondos del Colegio Civil entre los cuales se mencionaron " los derechos que por el título paguen los abogados, escribanos y agrimensores" . Bajo el número 31 se expidió el doce de diciembre de mil ochocientos setenta y siete un "Decreto del siguiente plan de estudios", y en el cual se establece la composición del Consejo de Instrucción Pública, las funciones, gobierno y materias del Colegio Civil, Escuela de Jurisprudencia, Escuela de Medicina, señalándose los requisitos y condiciones para optar por los títulos de Abogados, Escribano, Médico-Cirujano, Farmacéutico, Partero, Profesor de Escuela Primaria. Así el Consejo de Instrucción Pública se componía del Gobernador, como Presidente nato; de vocales que serán los directores del Colegio Civil, de la Escuela de Jurisprudencia y de la de Medicina, de dos profesores de cada uno de esos institutos nombrados por la respectiva Junta Directiva; un Secretario que 79 , y l ,, �será el de Colegio Civil Y un Pro-Secretario quien sería el más joven del Consejo. En lo que interesa a nuestra profesión de Abogado se es, 1 rf 1 11 del Decreto citado que la Escuela de tablec1a en e a icu O . d "en donJurisprudencia estará a cargo del Coleg1o_de ~bo~a os,_ •• de se enseñarán en seis años las matenas s1gu1ent_es. Pro1e_go menos del Derecho, Derecho Natural, R_omano, Pa~no, C?nst~t~. 1 Economía Política, Jurisprudencia Mercantil, Leg1~la~1on ~1~~~;rada, Codificación, Derecho Administrati~o, Proced1m1entos Civiles Y Criminales, Medicina Legal, Oratona For~n_se, De~e, cho de Gentes Internacional Y Marítimo, Derecho Poht1co'. Prm· cipios de Legi;lación Civil y Penal, Elocuencia Parlame~t~na,M~~denanzas de Tierras Y Aguas Y de Minería, Leyes Y Ju1c1os 11• tares". Los empleados Y catedráticos de la Escuela de Jurispru· ciencia eran nombrados por el Gobierno del Estado a propues· ta del Consejo de Instrucción Pública. Para optar por el título de Abogado era me~est~r. haber aprobado todas las materias impartidas en el Colegio Civil'. además de las ya mencionadas cursadas en la Escuela d~ Junspru· ciencia así como haber practicado tres años en los ~nbunales_ 0 en el bufete de un Abogado, asistiendo a la Academia_ de Juns· prudencia del Colegio de Abogados por el tiempo designado en_ los reglamentos y estatutos. En lo correspondiente al título de Escribano se necesita~ haber cursado en cuatro años Derecho Natural, R?mano, Patn~, Constitucional, Mercantil, Administrativo, Internacional, Proced•· mientes Civiles y Criminales, Obligaciones, contratos, testa~entos y todo lo relativo a Instrumentos _Públicos Y haber _practica· do tres años en el oficio de un Escribano y en los Tribunales, asistiendo igualmente a las Academias de Jurisprudencia del Colegio de Abogados. examen preparatorio en los términos de la Ley del seis de diciembre de mil ochocientos setenta y tres. El aspirante a Abogado, debía presentar su solicitud para examen al Gobierno del Estado, quien a su vez remitía la instancia respectiva al Colegio de Abogados donde se practicaba el examen de cinco días. Antes de este examen profesional el pretendiente al título era examinado, en cinco días consecutivos, "siendo de tres horas cuando menos la réplica en cada uno de los días", sobre las materias: Gramática Latina, Gramática Castellana, Idioma Inglés, Raíces Griegas, Aritmética, Algebra, Geometría Analítica, Trigonometría Rectilínea, Trigonometría Esférica, Geometría Práctica, Cálculo Infinitesimal, Mecánica Racional, Elementos de Astronomía, Lógica, Metafísica, Gramática General, Teodicea, Moral (Etica), Historia de la Filosofía, Cronolo-· gía, Geografía (de preferencia la del País), Historia Universal y de México, Literatura, Teneduría de Libros, Dibujo, Música, Gimnástica, Física, Zoología, Minerología, Botánica, Química y Análisis Químico. En el Decreto número 33 expedido por el Décimono Congreso Constitucional del Estado, del día quince de diciembre de mil ochocientos setenta y siete, que contiene el Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia, en el Capítulo VIII, se establecen las reglas para el recibimiento de Abogados y Escribanos. El pretendiente al título de Abogado debía dirigir un ocurso al Tribunal Superior de Justicia, solicitando examen y acompañando la documentación de haber cursado todos sus estudios. Todo esto era sometido a la consideración del Fiscal, quien expresaba su opinión por escrito, y, con ello, el Tribunal nombraba una Comisión de Abogados, de "éonocida ilustración y probidad", para que procedieran a efectuar el examen. Quienes no presentaren certificados de haber hechos sus estudios y las prácticas correspondientes, deberían sujetarse al La Comisión de Abogados señalaba día para el examen y extendía el caso que debería ser resuelto por el sustentante, con u~a anticipación de cuarenta y ocho horas. El examen era público y principiaba con la lectura del artículo escrito por el pos- 80 81 J7 I �tulante sobre el caso propuesto, siguiendo sobre la Teoría Y Práctica del Derecho, debiendo pri11cipiar el interrogatorio el último de los nombrados de la Comisión y la réplica tendría una duración de dos horas. Concluido el examen, se despe¡aba el local, saliendo el examinado y a puerta cerrada, los sinodales hacían la calificación. Si el sustentante era aprobado se le comunicaba así, notificando este resultado oficialmente el Presidente de la Comi· sión al Tribunal Superior de Justicia. Si la calificación hubiere sido de reprobado la Comi,sión de Exámenes señalaba el tiempo conveniente para que emprendidos nuevos estudios, volviera el examinado nuevamente a pre• sentar examen. Con la notificación de la calificación de aprobado el Tribunal procedía al señalamiento de día y hora para el segundo examen, entregándole con cuarenta y ocho horas de anticipación al postulante, unos autos de los concluidos en cualquier instancia, separada la sentencia. Este segundo examen se llevaba a cabo en la Sala de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, en acto público, tomando asiento el pretendiente al lado izquierdo del Secretario, comenzando con la lectura del dictamen y resolución formulada conforme a los autos que le fueron entregados. En seguida, cada Ministro (e:-an tres) y el FiscJI, quien pr incípiaba el interrogatorio y lo concluía el Presidente, le hacían las preguntas que estimaban necesarias para conocer la ilustración del examinado, durando también este examen dos horas por lo menos. patrocinando a los que en su conciencia y según la Ley carecieren de justicia; guardando fidelidad a las partes sin descubrir en su perjuicio lo que reservadamente le hubiere comunicado· Y cumpliendo en todo con las obligaciones que le imponen o e~ lo sucesivo le impusieren las Leyes de la República" . Dada la contestación afirmativa el Presidente, decía: " Si así lo hiciere usted, Dios Y el pueblo se lo remuneren y si no, se lo demanden". , Satisfechos estos requisitos el Tribunal acordaba expedir el t~~ulo de A~ogado, conteniendo testimonio del auto de aprobacio_n para e¡ercer la Abogacía, extendiendo en papel correspondiente con la media firma de los Ministros y la entera del Secretario, contando además con el sello del Tribunal. Q~ien deseare sustentar examen de Escribano debería pres~mtar igualmente solicitud por escrito, acompañando los justifi~antes, _los que eran calificados por el Tribunal previa audiencia del Fiscal. Se nombraba una comisión de Escribanos o Abog~dos para que procedieran a examinar al pretendiente observandose los mismos términos que los seguidos en el exa~en para los_ Abogados y si resultare aprobado, el Tribunal mandaba exp:dir el Título con inserción del signo que debería usar en los instrumentos o escrituras que autorice. 1 176 t1 ¡ Igualmente despejada la Sala, a puerta cerrada y por escrutinio secreto se hacía la calificación. De resultar reprobado el Ministro Fiscal señalaba término para nuevo examen. Aprobado se le notificaba al pretendiente en el mismo acto y se le tomaba la protesta bajo la siguiente fórmula: "Protesta usted ejercer fiel y legalmente la profesión de Abogado, defendiendo sin remuneración a los pobres que soliciten sus servicios, no Por Ley de fecha diez de diciembre de mil ochocientos nove t na ~ uno, los exámenes para obtener el título de Abogado se hanan en la respectiva Escuela de Jurisprudencia y una vez aprobados se dirigían por escrito al Gobernador del Estado acompañando los certificados de estudios y práctica, así com; acta del examen general para que se les expidiera el título. El Gobernador revisaba la documentación y la remitía al Consejo d~ Instrucción Pública para que este cuerpo hiciera la expedicion del título profesional. . _El XXVIII Congreso Constitucional del Estado con fecha ~eintiuno ~e julio de mil nov~cientos noventa y siet~, expidió el ecreto numero 73 que contrene la Ley de la Escuela de Juris- 1"t ~ 1 82 83 �prudencia, señalando que el objeto de la misma es la enseñanza del Derecho en sus diferentes ramos. En la misma Ley se señaló el programa de estudios, siendo para los Abogados: Derecho Romano, Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Economía Política, Leyes de Minería, Procedimientos Civiles y Penales, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Internacional, Filosofía del Derecho, Oratoria Forense y Medicina Legal. Para los Escribanos: Derecho Romano, Derecho Civil, De• recho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Internacional, Derecho Constitucional y Administrativo, Procedimientos Civiles y Leyes La Ley de mil ochocientos noventa y siete y el Decreto que la reformó de mil novecientos ocho, fueron derogados por una Ley aprobada el día doce de diciembre de mil novecientos diez, señalándose como materia del programa de estudios, los si•· guientes: Principios de Sociología, Economía Política, Derecho Romano, Derecho Civil, Procedimientos Civiles, Derecho Penal, Procedimientos Penales, Derecho Mercantil, Derecho Internacional, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Curso Práctico de Casos Selectos y Síntesis del Derecho, todas las cuales se distribuían en cinco años. Las mismas obligaciones se establecieron respecto a la P_ráctica que deberían presentar los estudiantes de Jurispruden- de Minería. cia. Las materias se distribuían en seis años para los Abogados y en cuatro para los Escribanos, señalándose que la práctica de los primeros se debería hacer en los Juzgados Civlies y de lo Criminal, y en el Supremo Tribunal de Justicia y los Es• cribanos en los Juzgados Civiles, en el Tribunal y en el Oficio de Escribano. La Ley comprendía seis capítulos, siendo el primero el relativo al objeto y organización de la Escuela; el segundo a los Profesores y empleados; el tercero, de los alumnos; el cuarto, de los exámenes y calificaciones; el quinto de las cuotas y el sexto de las vacaciones. Había dos clases de alumnos: los propietarios quienes ha· cían sus estudios en el orden progresivo señalado en el regla• mento y los supernumerarios que cursaban las materias que querían en el orden deseado. En la sesión del día cuatro de diciembre de mil novecien· tos ocho, se modificó la Ley de la Escuela de Jurisprudencia pa· ra establecer las siguientes materias: Principios de Sociología, Economía Política, Derecho Romano, Derecho Civil, Procedimientos Civiles, Derecho Penal, Procedimientos Penales, Derecho Mercantil, Derecho Internacional, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Curso Práctico de Casos Selectos y Síntesis de Derecho, las cuales se cursarían en cinco años. Se estableció como obligatoria la práctica por seis meses en los Juzgados Civiles, de lo Criminal, Supremo Tribunal de Justicia y en el despacho de un Abogado. La práctica se acreditaría con los certificados que se expidieren al efecto. 84 En uso de las facultades derivadas del artículo 18 de la Ley de la Escuela de Jurisprudencia, el señor Leobardo Chapa, Gobernador Constitucional del Estado, expidió el Reglamento de la Escuela, estableciéndose el gobierno de la misma, facultades Ydeberes de los empleados, la distribución por años de las asignaturas, quedando: ' . PRIMER AÑO:- Principios de la Sociología.- Primer Curso oe Econo~ía Política.• Derecho Romano (Historia, personas y cosas).· Primer Curso de Derecho Civil. \ SEGUNDO AÑO:- Segundo Curso de Economía Política.- Derecho Romano (Obligaciones, Sucesiones y Acciones).· Segundo Curso de Derecho Civil.- Primer Curso de Procedimientos Civi• les. Prim TERCER AÑO:- Segundo Curso de Procedimientos Civiles.• er Curso de Derecho Penal.- Primer Curso de Procedimienos Penales.- Práctica por seis meses en un Juzgado Civil. t 85 �CUARTO AÑO:•· Derecho Constitucional.- Derecho Adminis: trativo.- Curso Práctico de Casos Selectos.- Síntesis del Dere, cho.- Práctica por tres meses en el Tribunal y por seis meses en el despacho de algún Abogado. ción de un Jurado de cinco miembros: Director y Secretario de la Escuela y tres Profesores. Cuarenta y ocho horas antes del primer acto, la Dirección entregaba al alumno, el caso a resolver. El segundo acto versaba sobre un caso práctico. La duración de los mismos tenía señaladas dos horas. Se establecieron, además, las reglas conforme a las cuales se explicarían las asignaturas, con la advertencia que "Los profesores tendrán presente que el objeto final de todos los cursm Con nueve capítulos, conteniendo cincuenta y cinco artícu• es el conocimiento teórico-práctico de ·1a Legislación m~xicana que está en vigor, tanto en materia federal como en materia lo- los y sin transitorios, con fecha once de febrero de mil novecientos veintisiete el Gobernador Constitucional Substituto don Gecal del Estado". rónimo Siller expidió un nuevo reglamento de la Escuela de JuEn el mismo reglamento se señalaba el contenido de cada risprudencia, siguiendo en lo general los mismos lineamientos uno de los cursos. del anterior. El trece de septiembre de mil novecientos trece, sienoo Gobernador Constitucional Interino el señor Salomé Botello, se expidió un Nuevo Reglamento de la Escuela de Jurisprudencia, compuesto de nueve capítulos, con cincuenta y cinco artícul~ y cinco transitorios. · El 31 de mayo de 1933 se expide la primera Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León. " En septiembre de ese mismo año se inician los cursos --expresa el señor Israel Cavazos G.- agregando: El distinguido literato Héctor González es designado Rector y se nombran los primeros directores de las facultades". En este Reglamento se señalaba que para el estudio, 1~ asignaturas se distribuían entre siete maestros en la forma St "Pero toca a nuestra Casa de Estudios -sigue el mismo guiente: un Profesor para Primer Curso de Derecho Romano Y historiador- nacer en una época difícil. Serios problemas eduPrimer Curso de Derecho Civil; un Profesor para Segundo Curso cacionales agitan a todo el país. Durante la ceremonia de aperde Derecho Romano y Segundo de Derecho Civil; un Profesor fli tura del segundo año lectivo, en septiembre de 1934, efectuara Principios de Sociología y Primero y Segundo Curso de Econo- da en el Teatro Independencia, se gesta un enojoso conflicto mía Política; un Profesor para Derecho Penal, Derecho Mer~n- universitario que tiene consecuencias violentas. El 29 del mistil y Leyes no codificadas; un Profesor para Derecho Interna~,~ mo mes, el Congreso decide decretar la desaparición de la Uninal Público y Privado y un Profesor para Procedimientos Civi- versidad". les y Penales, y un Prnfesor para Derecho Constitucional, DereAl efecto la XLV Legislatura Constitucional del Estado, por cho Administrativo, Casos Selectos y Síntesis del Derecho. Decreto No. 87, publicado en el Periódico Oficial del 29 de sepSe regu,ló lo relativo a los exámenes profesionales en d tiembre de mil novecientos treinta y cuatro, expresó en su arsentido de que el alumno debería inscribirse en la Secretaría de tículo Primero "Se deroga la Ley número 94 Orgánica de la Unila Escuela expresando el punto elegido para la disertación i~atl' versidad de Nuevo León, de 31 de mayo de 1938, y, en consegural, la que sería presentada dentro de los treinta días sigui~ cuencia, el Gobierno del Estado recupera los bienes y facultades tes, y de ser aprobada se fijaba fecha y hora para la celebr?~itMI que había confiado a la Administración y guarda de dicha insdel examen profesional en dos actos públicos, con la part1cipt titución". 86 87 �El siete de septiembre de mil novecientos treinta y ci en el Periódico Oficial número 73 el señor Lic. Pablo Quiro,. Gobernador Substituto Constitucional de Nuevo León, expicil las bases para el funcionamiento y Gobierno del Servicio de ru tura Superior el cual tendría por finalidad, entre otras, "imp,tir la educación superior, técnica y profesional". "El servicio de cultura superior se impartirá en las siguie. tes instituciones: a) ... , b). . . c).· Facultades. . . De Deredl y Ciencias Sociales con las siguientes carreras: Licenciado 11 Ciencias Jurídicas, y las demás que se establezcan en lo futt ro". Por Decreto número 79 de la IL Legislatura Constituciona del dieciocho de agosto de mil novecientos cuarenta y tres, SI expidió la Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León, paSal do a esta institución, a excepción de la Escuela Normal Y Esat la Normal Superior, las instituciones del Consejo de Cultura perior, entre las cuales figuraba la Facultad de Dercho Y e· cías Sociales. fregaba por un Sinodal previamente señalado el planteamiento de un caso práctico con cuya lectura de la resolución se inicia• ba el acto, interrogando los miembros del Jurado sobre todas las materias cursadas fundamentalmente en el aspecto práctico. Concluido el acto se hacía abandonar la sala tanto al sustentante como a los asistentes y en voto secreto se tomaba la determinación correspondiente y de ser aprobado de inmediato se procedía a tomar la protesta reglamentaria. En la actualidad el Jurado se compone de tres miembros se puede presentar tesis o bien hacer un curso de seis meses y solicitar fecha para el examen el cual se lleva a cabo en un solo acto, en el cual se da resolución a casos teóricos y prácticos planteados por los miembros del Jurado designados al efecto. Así se dejan estas notas sobre el desarrollo Legislativo y Reglamentario sobre la carrera de Abogacía. De acuerdo con lo anterior la Facultad de Derecho y Ciet cias Sociales, forma parte de la Universidad de Nuevo León elaboró por conducto de la Junta Directiva con aprobación Consejo Universitario y en el que se establecieron las no para los exámenes ordinarios, extraordinarios y los profesi les. Para examen profesional el sustentante presentaba una sis y era citado a una reunión con los componentes del Ju, do (cinco maestros) donde los propios Sinodales discutían documento y una vez aprobado se señalaba día y hora para examen teórico, aplicando los maestros sobre la tesis, el teórico planteado con una anticipación de setenta y dos horas. Concluido el acto el sustentante y asistentes abandona el local y el Jurado, por voto secreto, determinaba si se a baba; de suceder esto se citaba al sustentante para un segu acto, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, y se le 88 89 ��5 LA REFORMA EDUCATIVA EN LA FACULTAD D.E DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA U.A.N.L. Everardo Chapa Cantú ... �Si das un pescado a un lwmbre, se alimentará una vez. Si le enseñas a pes• car, se al.imentará toda la vida. Kuan-Tsú �- No se puede predecir el porvenir: se pueden inventar porvenires. También podría decirse: Se pueden prever diver• sos porvenires: Pero se debe escoger y desear un porvenir. Esta última formu• lación iría mejor con el sentido de es• tas páginas, que tienden a demostrur la necesidad, para todo aquel llamado a participar en el progreso de la educación, de tener una visión amplia del fu• turo concebido no como una fatalidad oscura, sino como una finalidad clara, y de discernir las vías que a ella conducen, con las bifurcaciones y las eleccio• nes que ofrece y ofrecerá el camirw; en una palabra: De hacer el esfuerzo de identificar con la mayor claridad posible el camirw que lleva de las inten• ciones a las realidades. UlNiESOJ �EN LA BUSQUEDA DE SOLUCIONES Nu-estra época se identifica por una creciente impaciencia social. Uno de los sectores donde más agudamente se pre• senta, es en el de la Educación. En la década de 1970 los sistemas educativos van a su/rir el impacto de una exigente demanda, fundada en la necesidad de realizar a plenitud el derecho a la enseñanza y de eliminar la existencia de discriminaciones que se hacen cada vez menos tolerables. Para hacer frente a esta demanda, en muchos casos dramáticos, los sistemas educativos absorberán en todas partes recursos humanos r financieros de enormes proporciones e intentarán, sobre to• do, servirse de la creatividad y de la técnica. A fines de 1971 nace un proyecto para nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales denominado "UNIVERSIDAD ABIERTA" que elaboramos como u.n esquema de objetivos, métodos y procesos a realizar, pero fundamentalmente, como una filosofía para evaluar e in/luir en las acciones del presente y cuestionar y motivar las metas futuras de la institución. La reforma propuesta implica la modificación al sistema educativo tradicional y el replanteamiento de la secuencia Y contenido de los programas de estudios. Con ello se pre• lende: AJ.- Mayor eficacia y calidad en la impartición de los cursos, promoviendo la investigación y adecuando las estructuras magisteriales; B) . - Mejorar la instrucción prácti- �ca de la enseñanza; CJ.- Diversificar, ofreciendo más opciones de carreras pro/esionales; D) . - Agilizar, eliminando los calendarios rígidos y únicos; E).- Personalizar, estimu, lando la responsabilidad de cada alumno y otorgando a su interés, capacidad y aptitudes la determinación para acelerar o dilatar el término de su instrucción formal; y F.- O/re cer un sistema binario para quien opte por el sistema tradicional. Los objetivos de manifestación externa aspiran a: l.Promover la apertura de la educación profesional a un número ma;·or de población, incorpórando bajo cierto procedimiento, incluso a los autodidactas; 2.- Mayor participación de la Facultad con la sociedad y de la sociedad en el proceso educativo de la Facultad. Promover la participación de ex-alum• nos. de funcionarios, sindicatos, centros de producción, de servicios y de comunicación, procurando ejercitar el principio de la Educación Permanente; y 3.- Descentralizar los ser11i• vios educativos que se ofrecen mediante Maestros Honoríficos, tanto en la misma ciudad como en los centros de población alejados de ésta, facilitando el arraigo y la preparación profesional en el lugar de origen. Estos propósitos no son, ob~iarnente, limitativos, pero sí enuncian con todo nuestro em· peño la necesidad de una trans/ormación. En nuestro trabajo, debemos reconocer el acicate debido al entusiasmo de los estudiantes; la ponderación yobservaciones de nuestra distinguida planta de maestros pero, principal· mente, la decisión y esfuerzos realizados por la Dirección del Plantel a cargo del Lic. Neftalí Garza Contreras, por dejar una huella trascendente, quien no sólo puso en marcha algunos de los cambios propuestos, sino que los materializó con empeño decidulo, generó un eficaz sentido de coordinación y colabora· ción ~n nuestra Facultad, aportando .Y recibiendo nuevas ulw .y aplicando el mejor caudal de nuestros rP.cursos: el espíriJn universitario de la comunidad magisterial y estudiantil. D~ .esta forma, se inauguran los cursos de las Licenciaturas de Cri: .minología. de Periodismo y de Ciencias Políticas. Nuestra b1· 92 l,lioteca se enriquece no sólo con más volúmenes, sino que recibe aportaciones científicas de obras del conocimiento humano antes consideradas de soslayo en zma facultad de Derecho. Se constru.J'e r equipa un laboratorio de Fotografía que sirve a los estudiantes de Periodismo y Criminología. Se promueven . y exhiben materiales didácticos por medios audiovisuales. Se fomentan las conferencias de expositores, no solamente en el campo jurídico, sino también en ciencias afines. Nace la revista cuatrimestral "Derecho y Ciencias Sociales". Se establece un Bufete Jurídico Gratuito en Materia Agraria, aJ,endido por maestros y estudiantes de la Facultad bajo el auspicio de la Presidencia de la República. Se imparten cursos en horarios matutinos, vespertinos, mixtos y nocturnos para la carrera de Derecho. Se inician los cursos de Pre-Especializaci-0n para los egresados en Ciencias Jurídicas. La Junta Directiva aprueba modificaciones substanciales a los requisitos para obtener examen profesional y en su oportunidad son sancionados por el H. Consejo Universitario. Sin embargo, la tarea apenas se inicia. Como en todos los períodos de transición, las re/ormas educativas envejecen rápidamente. Lo que ayer parecía excesivamente revolucionario, queda desbordado en poco tiempo. Con el proyecto que a continuación transcribimos deseamos ~te. todo, alentar la fuerza de la crítica y difundir la invitación a participar en una tarea que a todos nos compete. Abrigamos la certeza de que mentes más lúcidas y maestros más capaces, continuarán, merced a su noble vocación, frente a un compromiso que se extingue sólo con la vida. 93 �a sido propósito constante de todo centro educativo perfeccionar sus sistemas y programas de enseñanza. El afán se vuelve necesidad, cuando resultan evidentes las fallas e incongruencias entre los objetivos racionales y los métodos docentes puestos en práctica, seguidos unas veces por simple tradición o inercia y, otras, por derivaciones que se van aplicando sin que coincidan con la intención que dieron origen a ciertas medidas. H La educación universitaria, debe impartirse con igualdad de oportunidades, tanto para quien su capacidad económica no le permita sufragar los elevados costos de una preparación profesional, como para quien radica en lugares apartados del área de nuestra ciudad; esto es, la Universidad debe ser un centro de cultura abierto para el pueblo. / No sin justificación, los estudiantes han reclamado una urgente Reforma en los métodos didácticos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un sinnúmero de cuestiones enunciadas por los alumnos y los maestros y otras de la evidencia en el trabajo administrativo de la escuela, nos movieron a investigar, realizando encuestas en diversos grupos de estudiantes a diferentes niveles para que manifestasen sus problemas relacionados con las técnicas actuales y sugiriesen soluciones. Se realizaron juntas con las secciones académicas de Maestros para exponer los principios que consideramos axiomáticos de nuestro trabajo. Consideraciones de toda índole, algunas de las cuales aquí �se analizan, removieron la inquietud para convencernos de la urgente necesidad de una Reforma. Por otra parte, la panorá, mica que nos brindaba el trato cotidiano con los estudiantes, en la Secretaría General de la Facultad, nos llevó a la conclusión de que las modificaciones a proponer no podían concretarse únicamente a mutar asignaturas de un lado para otro, reducir o aumentar las horas, un simple cambio de programa, bajo las mismas férulas inoperantes. La irregularidad en la asistencia de los catedráticos desilusiona al estudiante que no puede avanzar en su curso porque está supeditado a que el maestro vaya a clase. Los sistemas pedagógicos actuaies están basados en la forma de exponer la cátedra, haciendo una directa dependencia del alumno hacia el maestro. La práctica de llevar un sólo texto como guía de tra· bajo, no estimula la investigación. Con los métodos tradicionales el estudiante que trabaja es· tá impedido a ingresar a la Facultad porque los reglamentos obligan a asistir, so pena de no tener derecho a examen. Los períodos de clase regularmente no se ajustan a quien labora, pues los grupos que se forman para cada semestre tienen horarios mixtos, (mañana y tarde), o los grupos matutinos o ves· pertinos, están sujetos severamente a los maestros que tienen que dedicarse a otras ocupaciones fuera de la escuela, por lo cual se han planteado serios problemas para conseguir que acepten los tiempos llamados "críticos", o sea de 10 de la ma· ñana en adelante en los cursos matutinos y de las 2 a las 4 de la tarde en los vespertinos, lo que impide satisfacer las crecientes demandas de los estudiantes que no pueden cursar sus es· tudios por incompatibilidad de horarios. Esta desarticulación, está negando uno de los fines de la Universidad: facilitar los estudios a las personas sin importar su condición económica; o más aún, que se brinde instrucción profesional a las gentes de escasos recursos. Vacía intención la de pretender que la enseñanza Universitaria sirva a los más necesitados o que se difunda a toda nuestra entidad con los métodos áctuales. Si paracursar estudios superiores, según vimos, se requiere que dejen 100 de trabajar las personas que viven en la capital del Estado, ¿qué podemos pensar de aquellos que han nacido en zonas rurales o en centros de población apartados de Monterrey? Por otra parte, el aprovechamiento del tiempo no es paralelo al esfuerzo de las erogaciones que se realizan. Los asuetos concedidos o no p_ o r el Calendario Escolar, el arraigado "folklore" para celebrar {:On ocio desde el día del trabajo hasta el día de los muertos, incluyendo a! más modesto homenaje tanto de héroes desconocidos como identificados; sumando "puentes", "vacaciones anticipadas", falta de clase por ausencia del Maestro y otras celebraciones, del mal llamado semestre, se trabaja, en estimación muy optimista, solo un bimestre. 0 > No obstante la gran disipación de asuetos, cuando se es- tá en período de labores, los edificios resultan insuficientes porque la población estudiantil es cada vez mayor y los sistemas tradicionales de enseñanza obligan a la formación de "grupos" que identifican el nivel o semestre que cursan y el horario singular en que deberán asistir a tomar cada asignatura. A ello se agrega la obligación de llevar todo un "paquete" de materias en un ciclo escolar, aun cuando el estudiante, por razones de sus actividades u -ocupaciones no pueda hacerlo. Y al final de cada período, vienen los exámenes sujetos a un inflexible calendario, que para nada estima el avance de los estudiantes. Esto produce un lastre de pseudo-aprobados y de alumnos "irregulares" con una enorme carga administrativa de controles para que las materias que llevan en cursos superiores a los no aprobados, no se "empalmen" y que coincidan con su récord de asignaturas y de horarios, resultando con frecuencia un desconcierto para el propio alumno, ante la expectativa de verse fuera de la Universidad al reprobar la oportunidad que se establece como límite en el actual reglamento- <2 >. Como p·uede observar se, se requiere, no solamente un replanteamiento a los cuadros de asignaturas de la carrera, sino primordialmente, una verdadera Reforma al sistema de enseñanza. En consecuencia, se hizo un breve resumen de los cambios que nos parecían más idóneos Y que fueron ampliamente comentados con maestrqs y es- 101 �tudiantes. Para los apasionados de la tradición, resultaban proyecciones demasiado ambiciosas, radicales o idealistas, porque se pretendía, como se pretende, romper las barreras de recepción, transmisión y difusión de la cultura, abrir las aulas, estimular la investigación, en fin, a hacer de nuestra Universidad, una Universidad más dinámica y que fuese nuestra Facultad de Derecho, la primera en iniciar este proceso. Había que pensar, principalmente, en que no se afectara el índice de aprovechamiento y de calidad "pedagógica. Desde un principio, nos apasionó el reto que implicaba un estudio de esta naturaleza. Comenzamos por obtener la información que nos permitiera hacer los análisis comparativos y las proyecciones consecuentes. Reunimos los planes de enseñanza de 18 di• versas Facultades de Derecho en la República Mexicana. Estu• diamos las exposiciones de motivos de los planes de nuestra es• cuela, y de la Facultad de Derecho de la U . N . A. M . Recogimos opiniones de autores extranjeros respecto a las Escuelas de Derecho en Italia, Francia y Alemania. Obtuvimos estadísticas de la Educación Superior en México, y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Recopilamos los avances más frescos en las nuevas corrientes educativas recomendadas en 1972 por la comisión de la UNESCO encabezada por Edgar Fauré, con los valiosísimos documentos de la Comisión Internacional para el Desarrollo de la Educación; los métodos del sistema de Educación Personali· zada de Fred S. Keller en los Estados Unidos de Norteaméri· ca, los conceptos de Neill Summerhill en Inglaterra, de Petersen en Alemania, de Decroly en Bélgica, de Celestin Freinet en Francia, de Paulo Freire en Brasil, <3 > y de los Congresos de Educa· ción y Cultura en Cuba, en 1971, así como los resultados del Coloquio Latinoamericano sobre la Reforma Educativa, celebrado en la Ciudad de México en octubre de 1972. Había que pensar también, en las repercusiones económi· cas y en el impacto presupuesta! que significa llevar a la práctica los propósitos que nos animan. Encontramos que, con los sis· 102 temas que proponemos, se logra primordialmente una instrucción eficaz, rompiendo la concomitancia entre el crecimien-· to de la población estudiantil, con las necesidades de aulas y el aumento de maestros, lo que significa un gran desahogo, propiciando una verdadera apertura hacia la educación, sin las limitaciones de carácter estrictamente pecuniario. Hecho, por demás importante, si se considera que solamente el concepto de nóminas, representa el 93 % del presupuesto total de egresos de nuestra Escuela. c4> Buscamos ángulos de apoyo económico mediante otras soluciones que no fuesen únicamente los recursos de la Universidad, a través de aportaciones de ex-alumnos y benefactores manejados por medio de un fideicomiso. Al principio, se tomó con algún escepticismo esta idea pero, a la fecha, tenemos el ofrecimiento de un importante donativo fundacional, no sólo para impulsar nuestra biblioteca, sino para otros fines relativos a la educación, como el de auspiciar la asistencia de maestros huéspedes, y garantizar el mantenimiento físico de nuestro edificio. Lo que sólo fue un listado de los cambios propuestos para el proyecto de Reforma en nuestra Facultad; el cual fue comentado con diversos grupos de la comunidad escolar a mediados del año de 1972, dio origen a un trabajo más completo que dividimos en siete capítulos. En el primero se trata los problemas de la población escolar con sus requerimientos y limitaciones de ingreso, horarios,. asistencias, aulas y material de estudio y el presupuesto. En el siguiente capítulo, se dan a cono• cer los problemas relativos a la didáctica, los métodos de enseñanza, la cátedra, la práctica profesional y el servicio social, señalando la cronología escolar y el procedimiento de créditos académicos. También se plantean los problemas relativos al magisterio y las posibles soluciones. En seguida, se estudian los sistemas de reconocimiento de materias y los exámenes profesionales. Consagramos en un capítulo aparte, por considerarlo de capital importancia, lo referente a los problemas de la Biblioteca. En el capítulo cuarto, se elabora un ante-proyecto al cuadro de materias para los cursos de Licenciatura y Especialización, así 103 �como una descripción tentativo•sintética del contenido de 1 asignaturas y las proyecciones hacia cursos superiores de Maestría y Doctorado. En el capítulo siguiente, tratamos apuntes al método que se propone y en un apartado especial, denominado Corolario, se exponen las conclusiones. Finalmente, presentamos un ante-proyecto de régimen de aplicación transitorio en nuestra escuela, al sistema de estudios. Como todo proyecto, advertimos desde ahora que esta aportación no pretende agotar todos los elementos, ni ser tampoco definitiva, pues corresponde a nuestra comunidad escolar conceptuarla y valorizarla exhaustivamente. * Las ideas fundamentales de nuestro trabajo se vieron alentadas con las declaraciones a la prensa nacional del Ministerio de Educación Pública, donde se avisora un programa similar y la creación de un Centro de Certificación de estudios para autodidactas que funcionará paralelo al programa Universitario mencionado (5). También los sistemas de educación personalizada llevadas al cabo muy recientemente por Institutos de Educación Superior, con base a los métodos preconizados por Paulo Freire y Fred S. Keller; y en fin, la difusión de los avances y resultados de estas orientaciones puestas en práctica en diversos países. nuestras recomendaciones y sugerencias para un nuevo sistema de enseñanza dejaron de ser tan radicales, tan revolucionarias Y tan novedosas como se les calificó en un principio, por cuanto que coinciden substancialmente con los más modernos lineamientos de proyección educativa. <5> Del deslinde que plantea la abolición total de la cátedra, a cambio de un maestro orientador, "tutor educativo" personalizado, o continuar con la cátedra tradicional sujeta únicamente al expositor, optamos por una posición ecléctica que, en apretado resumen, podemos describir diciendo que el alumno esta· <•> N. del A.:- Por llmUaclones de espacio en est.a edición. sólo ge publica mil adelante el plan de Reformas para el nuevo Sistema Educativo, el ~ de funcionamiento del Centro de Documentación e Inform.acWn y el A11tePro1ecto del :Régimen de Apllcaclán Transitorio para el nuevo sistema de • tudlos, asl come aJ.gunos documento.• que se consideran lml)Ortantes para 1!111trar los conceptos que se mencionan. 104 rá en capacidad cada asignatura de conocer previamente el plan o programa de mediante un "cuaderno de trabajo'' preparado por Ja sección académica correspondiente a cada materia, actua• !izado por maestros investigadores; el estudiante podrá asistir optativamente a la cátedra cuya continuidad está respaldada por maestros titulares y adjuntos y consultará en su caso las dudas con investigadores que concurrirán tiempo completo a la Facultad; y solicitando examen cuando se sienta capaz para ello. Los principios axiomáticos que rigen nuestro trabajo son los siguientes: 1.- LA CULMINACION NORMAL DEL PROCESO EDUCATIVO ES LA EDUCACION DE LOS ADULTOS: En México, de la población de 25 años y más que para 1970 ascendía a 16.852 millones de personas, el 37.7% no tenía ninguna instrucción, el 39.4% había terminado y aprobado entre 1 Y5 años de Primaria y sólo el 13.8% tenía Primaria completa 17>, Esto revela el precario panorama educacional de las personas adultas en nuestro país. Por otra parte, de cada 100 estudiantes que entran a la Primaria, sólo 9 continúan Secundaria· de éstos nueve, sólo dos entran a la Universidad y sólo se gradúan doce, de los cien que inician Estudios Superiores <8>. Es decir, sólo el 0.24% de los estudiantes que se iniciaron en la Primaria, concluyen su Educación Superior. Y todavía, de esos pocos egresados un buen número de ellos no ejerce su carrera, constituyendo la legión de los "desertores funcionales", que causan un despilfarro de recursos y amplían la brecha entre la poca población escolarizada y los incapaces de realizar una actividad calificada. Luego, puede decirse que en nuestro país existe injusticia educativa, lo que condiciona negativamente a quienes la padecen. Si hablamos de la deserción entre el inicio y la etapa última de escolaridad, quizá podamos mencionar como algunas de sus causas más importantes, la influencia de los sistemas de en• ~ñanza en vigor: formalistas, rígidos, poco selectivos y encaJo~ados en unas cuantas carreras, por cierto, ya saturadas; el fetichismo hacia un título sin importar la vocación; el hábito de 105 �la mujer de abandonar su profesión en el instante de casarse; los mecanismos educativos que por razón de horarios, distan• cias, localización y el falso concepto de señalar una edad para aprender, hacen que por regla general lleguen al final de su ins, trucción sólo los más capaces, no en lo intelectual, sino capaces en recursos económicos. La educación no debe ser una actividad segregada, conducida en ciertas horas, en determinados lugares o en cierto período de la vida del hombre. Debe constituir un proceso permanente y dinámico donde se realice intelectualmente cada individuo, en el sendero de su auténtica vocación. Liberar al hombre de los prejuicios que pesan sobre sus posibilidades de desa• rrollo y expresión, de rendimiento y de éxito. Por tanto, es insensato e injusto utilizar los recursos educativos por el simple cumplimiento formal de obtener el título de una carrera con la egoísta ilusión de ganar más, trabajando menos; o corno expecta• tiva de aristocracia, que igual corno a la usanza de la edad media, se pretendan honores, títulos, señoríos y otras fatuidades sólo para distinguirse. Es repudiable la ostentación de quien se ofen, de porque no se le menciona adjetivando la profesión que cur• só o se molesta cuando no le nombran los grados que ha adqui• rido. El principal título al que se debe aspirar, es el de llegar a ser auténticas personas, verdaderos representantes del género humano. cual deberá impulsar a los demás" <9>. Paulo Freire postula: "Nadie se educa solo; nadie educa a nadie; los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo" uo>. Y la UNESCO concluye en un análisis exhaustivo que "la educación del mañana, desde el punto de vista de la persona, será creativa, total y consecuentemente individualizada y autodirigida. Todos los sectores de la sociedad deberán participar. Será universal y continua. Este movimiento, irresistible e irreversible, es la revolución de nuestro tiempo". <m 2.- LOS RECURSOS PARA LA EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD NO DEBEN LIMITARSE SOLAMENTE A LOS SUBSIDIOS OFICIALES NI A GRAVAR A LA POBLACION ESTUDIANTIL. nernos una filosofía de la superación continua, en la que cada Es cierto que se palpa una falta de recursos para las ne• cesidades del rápido ritmo de aumento de la población escolar-, pero no podemos sustraernos, como universitarios, del grave problema que representa para el país, la carrera acelerada del aumento de población y los presupuestos de financiamiento de las Instituciones Educativas: "la tasa de crecimiento demográ• fico en México es por ahora de 3.5% al año. Las tendencias que en los últimos cuarenta años han impulsado constantemente esa cifra hacia el alza son: una creciente tasa de natalidad (46.0 al millar en 1960), una decreciente tasa de mortalidad (11.5 al millar en 1960) y una probabilidad de vida que actualmente se estima en 62 años. Como entre el 45 y el 50 por ciento de población mexicana actualmente tiene menos de 15 años de edad. Esta distribución demográfica significa una tremenda carga para el sistema educativo mexicano <12>, y por lo que se refiere a cifras locales, la Universidad Autónoma de Nuevo León, crecerá, según estimaciones, a una tasa de promedio anual del 9.17 por ciento. En 1972 la población escolar era 31,000 educandos, y la proyección, según tendencias específicas estudiadas para cada área, arrojan un total de casi 63,000 estudiantes para í980 U3>_ Si el presupuesto de egresos para la Universidad de Nuevo León para 1972 se estimó en 125.5 millones de pesos, sin considerar los aumentos que se conceden en el convenio sin- 106 107 La rigidez actual de la escuela debe ceder el paso a otra concepción. El hombre moderno tendrá que hacerse a la idea de que durante toda su vida debe aprender, perfeccionarse, reacondicionarse, y saber responder a las exigencias y fluctuacio• nes de su mundo ambiente. "Esto equivale a admitir la idea de que la escuela debe entrar en la vida y ésta en la escuela, rom· piendo las barreras que las separaban de las concepciones anteriores. La educación de los adultos --dicen A. Kaufmann Y Cathelin- que todavía es una rama marginal de la enseftanza, será la piedra angular de la misma en los dos o tres lustros próximos. Todo lleva a implantar la educación permanente. Propo· �\ dical de 1972 ni el impacto de los aumentos al salario mínimo <14 >, se podrá ponderar la magnitud de estas cifras si estimamos que los ingresos fiscales del Municipio de Monterrey, para ese mismo año fueron 119.7, es decir, 5.8 millones de pesos inferior a 1~ Universidad de Nuevo León. A medida que el tiempo transcurre, la brecha se hace ca- · da vez mayor. En 1975, el ritmo de crecimiento previsto para la U. A . N. L. fue rebasado con una población de más de 49,000 estudiantes y el monto presupuesta! ascendió a una cifra estimada en más de 350 millones de pesos. Como dato comparativo, en el mismo año, la ciudad de Monterrey con más de un millón de habitantes, desarrolla un presupuesto de 289 millones de pe- sos. (lS) Es importante señalar, que un elevado porcentaje de los egresos de la U. A. N. L . <16> son destinados a nóminas y que existe, con los métodos educativos en vigor, una ligada relación entre el crecimento de la población escolar con las necesidades de maestros, desestimándose por falta de recursos, las funciones de investigación, incremento de laboratorios, acervos bibliográficos y difusión de la cultura. Si bien es cierto que las cifras mencionadas desaniman por cuanto parece que no va a ser posible cumplir en lo futuro con las funciones universitarias por razones presupuestales, es· te problema constituye un reto que solo podrá vencerse con ima• ginación creativa, que va desde el diseño de una política fiscal que genere recaudaciones de crecimiento paralelo a la demanda educativa, hasta la creación de fundaciones, asociaciones y pa· tronatos 0 7>. Pero, principalmente, en estimular y procurar el desarrollo de nuevos sistemas y métodos educativos más ágiles y eficaces que los tradicionales, aprovechando la tecnología, los medios masivos de comunicación y todos los recursos de que pueda disponerse. 108 3.- SUBSTITUIR LOS METODOS DE INSTRUCCION QUE ESTAN CONDENANDO A LOS ALUMNOS A LA INERCIA Y A LA PARALISIS MENTAL, POR LOS QUE ESTIMULEN SUS INICIATIVAS Y RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO. ¿Por qué limitar las aspiraciones de avance de los estudiantes al sistema de mini-semestre? ¿Por qué sujetar las labores académicás al calendario escolar que cada vez aumenta más los días de asueto? ¿Por qué el avance pedagógico de los alumnos está sujeto a la asistencia o falta de los maestros? Para superar estos problemas proponemos: a).- Que sea el interés, la capacidad y la vocación intelectual del estudiante el marco que lo limite y no las formas de estancos las barreras de su progreso personal o del ritmo de su avance. Dicho_en otra forma, que la responsabilidad reemplace ala obligación. b).- Propiciar, a través de nuevas líneas educativas, que el individuo sea el maestro y creador de su propio progreso cultural. e).- Impulsar y fortalecer la Biblioteca, convirtiéndola en un Centro de Documentación e Información en aptitudes de brindar servicio todos los días del año; equipado con sistema de fonoreproducción y fotocopiado; y un acervo bibliográfico suficiente y actualizado, procurando una sección destinada a expedientes de práctica forense. 4.- LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEBERAN PROPICIAR UNA VERDADERA MOVILIDAD HACIA EL PROGRESO: ¿Cuál es la razón para que en nuestra Facultad se le exija a un estudiante cursar cuatro o cinco materias en cada ciclo, cuando sus ocupaciones solamente le pueden permitir llevar una o dos asignaturas? ¿Por qué se le impide avanzar con más rapidez y se le obliga, forzosamente, a emplear cinco años de su vida, cuando, si sus aptitudes se lo permiten, la carrera J09 �podría acortarse a un término más breve? ¿Por qué se niega a los auto-didactas el ingreso a los estudios superiores desdeñando su interés? ¿Qué acaso, forzar la vocación no significa una gran falta, no tan sólo personal, sino también contra la socie, dad? Por lo tanto, se propone: a).- Nuestra Universidad y, por ende, nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales deberán ser más accesibles, ofre, ciendo la más diversificada selección de estudios. b).- Todo individuo deberá estar en posición de poder estudiar en cualquier etapa de su vida, sin importar su edad, lugar de residencia o su condición económica. c).- Apertura a la carrera profesional no sólo a los egresados de la preparatoria, sino también a los autodidactas, previo examen que se haga de sus aptitudes os>. Esto implica una libre gama de ingreso, salida y regreso "ad infinitum". d).- Oportunidad para que los planes de estudio se acrediten conforme a la velocidad, interés, aptitud y capacidad de cada estudiante. 0 9> 5.- LA EDUCACION DEBERA SER OFRECIDA O ADQUIR~ DA A TRAVES DE UNA MULTIPLICIDAD DE CAMINOS. Los senderos educativos actualmente son estrechos y rí~dos. Pero cualquier intento de cambio debe enfrentarse al procedimiento institucionalizado. La inercia pesa mucho. Mientras tanto, la teleología individual, la pretensa realización de la per· sona, en "ese fin propio que cumplir por propia determinación" -según conceptúa Kant- <20> se encuentra disminuido o pri, vado de su potestad. Estudiantes y egresados de otras carreras como Economía, Contabilidad, Filosofía, etc., pretenden inscribirse en nuestra facultad solo en algunas materias de Derecha que reclama su interés profesional. Los reglamentos, lamentablemente obligan a llevar el curso completo. Lo mismo le sucede al estudiante o egresado de Ciencias Jurídicas. Quien desee prepararse en otras disciplinas, es obligado por el sistema a 110 cumplir con el esquema burocrático, o a desistir de sus propósitos. Es decir, todo o nada. a).- Lo más importante no es el camino seguido por un individuo para educarse, sino lo que ha aprendido. b).- Cada persona deberá estar en capacidad de escoger su camino educativo de la manera más libre en un marco flexi~ ble. c).- Si un estudiante desea obtener un grado universitario, lo que necesita solamente es registrarse para un examen, cuando se sienta capaz pará ello. d).- Deberán propiciarse opciones de movilidad y selección horizontal y vertical de las disciplinas académicas en las áreas afines mediante el establecimiento de un sistema de créditos académicos. En el área de Humanidades, por ejemplo, se puede ampliar el expectro educativo por medio de puentes de interconexión comprendiendo a las Ciencias Jurídicas con las Económicas, la Contabilidad y Administración de Empresas con la Filosofía, Sicología, Sociología, Trabajo Social, Ciencias Políticas y de la Comunicación, para facilitar la conversión de una profesión o rama profesional a otra, dando oportunidad a una posible multiplicidad de carreras medias y profesionales que ahora no se logran. "los actuales cursos llevados por las escuelas y sus compartimientos estancos no se fundan en conceptos bien meditados de las necesidades humanas contemporáneas, dice Alvin Toffler <20 , y menos aún en la comprensión del futuro. Se fundan en la inercia ... y en la enconada lucha entre gremios académicos, todos ellos empeñados en aumentar su presupuesto, sus salarios y su grado de dignidad". "No sólo nuestros cursos de historia terminan en el año en que ésta es señalada, sino que la misma situación existe en ~ estudio del Derecho y la Economía, de la Política y la Biolo&ia. El tiempo llega corriendo y se detiene bruscamente. Se hace que el estudiante mire hacia atrás y no hacia adelante. El 111 �futuro destérrado del aula, es también desterrado de su con. ciencia. Es como si no hubiese futuro. Si damos a nuestros educandos cursos de historia, propiciemos también cursos en los que exploren sistemáticamente las posibilidades y probab~ lidades del futuro, de la misma manera que estudiamos el sistema social de los Romanos o el auge del Castillo Feudal. Es un hecho que afecta a nuestra sociedad contemporánea conquistas que parecían hace poco inalcanzables como la llegada del hombre a la luna, la inseminación y la involución artificial, ~ transplante de órganos humanos, etc., y con ello la exploración de la jungla de problemas legales, políticos, sociales, psicológicos y éticos con que habremos de enfrentarnos en un futuro ... Que es hoy!". "Cuando millones de personas comparten esta pasión por el futuro, deberíamos tener una sociedad más pertrecha para hacer frente al impacto del cambio. Crear esta curiosidad Y este estado de alerta es tarea cardinal de la educación. Y crear una educación que cree, a su vez esta curiosidad, es la tercera misión y acaso la central, de la revolución de las escuelas. La educación debe cambiar, adoptando el verbo en tiempo futuro". Nuestro compromiso de universitarios debe ser continuo Y, a la vez 1 dinámico. En nuestra Facultad de -Derecho ha llegado ta hora en que hemos de disponernos a perfeccionar la trad~ ción académica con intención de hacerla más democrática, más rigurosa, más limpia, más efectiva. Trabajar en la vanguard~ sin descuidar la tradición, interesándonos en lo más moderno pero sin olvidarnos, por eso, de lo permanente. No somos sino en razón de lo que hemos sido; --dijo uo ilustre pensador- pero t-0do cuanto hemos sido y todo cuanto creemos que somos ya, valdrá a la postre por la honradez q~ pong~mos-en realizar día a día y crecientemente, nuestro destino: Lo que tenemos la misión de llegar a_ser. .·' 112 PIAN DE REFORMAS PARA EL NUEVO SISTEMA EDUCATIVO !.-REQUISITOS DE INGRESO. 1.1.- Respeto irrestricto al pase automático de preparatoria a la Facultad. 1.2.- Prom_over la apertura de la Facultad a los que siendo autodidactas, no pudieron cursar la preparatoria, mediante la condición de acreditar su aptitud para las disciplinas profesionales previo examen a título de suficiencia. Estos exámenes, en caso de ser fallidos, no podrán solicitarse sino después ~~ transcurrido un año, y estarán sujetos a los lineamientos que f11an los Arts. 47 y 66 de la Ley Federal de Educación vigente. 11.-DIDACTICA 2.1.- El alumno recibirá al momento de inscribirse en ca~a asignatura un cuaderno con material de orientación y traba¡o, el cual deberá incluir: a).- Desarrollo temático pormenorizado indicando las fuentes bibliográficas idóneas. b).- Indicación de las cuestiones importantes de cada tema y el criterio en su caso de los Tribunales (Suprema Corte de Justicia, Tribunal Colegiado, Tribunal Superior de Justicia, Juzgados Locales, etc.). c).- Planteamiento de las Tesis recogidas por el legislador en conexión con los fenómenos sociales y econó• micos que lo motivaron, cuestionando el análisis de su eficiencia. d).- En las asignaturas que lo requieran, deberá incluirse una sección de casos selectos de Práctica Forense. . 2.2_.- La Metodología pedagógica de cada asignatura debera estimular el estud_io e investigación del alumno, basándose 113 �en su propia responsabilidad para prepararse al grado máximo de su interés y al ritmo de su aptitud. 2.3.- Establecimiento de cátedras en horarios matutinos, vespertinos y, en su caso, nocturnos <22>. Su continuidad estará asegurada mediante Maestros Adjuntos. Eventualmente, la cá• tedra podrá ser conducida por los Maestros Investigadores de la Facultad, por Maestros Huéspedes, o presentada por varios maestros en mesas redondas en los temas que lo requieran. 2.4.- Para los alumnos, la asistencia a la cátedra en la Facultad será optativa y no obligatoria. <23> 2.5.- Las dudas de los alumnos en el desarrollo de sus estudios o en las labores de investigación que les indique su cua• derno de trabajo en cada materia, podrán consultar: a).- Con los Catedráticos Titulares y los Adjuntos. b).- Principalmente, con los Maestros Investigadores de la Facultad, que acudirán tiempo completo a la escuela. c).- Con Maestros Honoríficos que deberán ser asigna• dos. 2.6.- Apertura de aulas didácticas integrales, acondicionamiento de Auditorios y cubículos de consulta. 111.-PROGRAMAS DE ESTUDIO 3.3.- Abolición de los planes de estudio sujetos a cronología. Las disciplinas se desahogarán conforme lo requiera la amplitud de los temarios de cada asignatura. 3.4.- El alumno que apruebe cada materia, obtendrá el crédito académico que corresponda. <24> 3.5.- Los programas de la carrera de Derecho contemplarán una primera etapa de disciplinas prioritarias o enseñanza propedéutica que deberá agotarse en su totalidad. Una segunda etapa consistirá en las asignaturas fundamentales que el alumno podrá tomar a elección, respetándose la secuencia o seriación cuando por razones pedagógicas sea necesario dividir un curso. La etapa final concluye con un área de especialización. * IV.-ESTRUCTURACION MAGISTERIAL 4.1.- Los Catedráticos Titulares, tendrán bajo su responsabilidad llevar el curso con el orden temático aprobado para cada materia. 4.2.- Los Maestros Adjuntos trabajarán coordinadamente con cada Catedrático Titular. Su función es auxiliar los trabajos académicos, prepararse en las labores docentes y suplir las ausencias de aquél. 4.3.- Los Maestros Investigadores con asistencia a la Escuela por tiempo completo, (cuarenta horas a la semana), tendrán las siguientes finalidades específicas. a).- Resolver las dudas que le presenten los alumnos, orientándolos en sus trabajos de investigación y estudio. 3.1.- Deberán propiciarse diversificaciones horizontales hacia nuevas carreras, mediante puentes flexibles de comuni· cación y conversión académica, estimulando la creación de nuevos patrones educativos en el área de humanidades. Por tanto se contemplará la interrelación con ciencias como: Economía, Sociología, Comercio y Administración, Filosofía, Ciencias de la Información de la Educación, Políticas, Psicología, Trabajo Social, etc., con la Facultad de Derecho. 3.2.- Establecimiento de niveles educativos medios, profesionales, de especialización, maestría y doctorado. 114 b).- Tendrán bajo su dirección un tirocinio, en donde se ejercitará a los alumnos en la fase práctica de las disciplinas para e1 ordenado ejercicio profesional. c).- Cubrir las eventualidades de falta. de Maestros Ti- <•) Bn el ai>éndlce "A" apsrece el Programa propuesto para la Carrera de LlcenClado en Ciencias Jur!dJcas. En el apéndice "'H' se transcribe et plan aún Vigente. 115 �tulares y Adjuntos, para que las cátedras no se vean suspendidas. Los Maestros Adjuntos podrán aspirar a la Titularidad de la cá• tedra. d).- Promover cursos de Pedagogía para los catedráti• cos. 4.6.-Los Maestros Investigadores deberán acreditar su aptitud, vocación y su empleo por tiempo completo para la Es• cuela. e).- Revisión y actualización constante de los cuadernos de trabajo de las asignaturas. f).- Supervisión del acervo bibliográfico y asesoría al Centro de Documentación y Consulta de la Facultad. 4.7.- Los Maestros Honoríficos serán invitados a participar, calificándose previamente por un comité de maestros que observará las condiciones de profesionalismo, honestidad y ca• pacidad reconocida en cada caso. g).- Tendrán a su cargo la Sección Editorial del Centro de Documentación, para la publicación de los traba• jos que la Facultad requiera. V.-EXAMENES h).- Auspiciar visitas con grupos de alumnos a los centros de ejercicio forense y a los diversos órganos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. i).- Promover el establecimiento de Juntas de Revisión de cursos a fin de que el marco educativo de la Facultad sea dinámico. 4.4.- Incorporación al proceso educativo a los Jueces, Agentes del Ministerio Público, e, incluso, Profesionales distinguidos del Area Metropolitana y de los municipios de la entidad, para que sean tutores o guías de los estudiantes para que durante su instrucción consulten sus dudas. Estos Maestros Honoríficos, recibirán el apoyo sistemático de los Maestros Investigadores de la Facultad de Derecho, mediante boletines, guías pe, dagógicas, y estructuración de los programas de cada asignatura, así como cursillos de 'entrenamiento para la docencia. Su función estará delineada solamente para la asesoría del trabajo de estudio e investigación del alumno, ya que la calíficación de los resultados y aptitudes estará reservada exclusivamente a los Maestros Titulares y a los Maestros Investigadores de la Facultad. 4.5.- La designación de los Catedráticos Titulares podri ser mediante el procedimiento de oposición o de incorporaciófl. 116 5.1.- Los alumnos serán calificados de acuerdo con los programas de investigación, estudio y traba¡os señalados para cada asígnatura. 5.2.- El estudiante podrá solicitar examen cuando se sienta apto para el reconocimiento, por tanto, los exámenes serán a título de suficiencia. 5.3.- Los reconocimientos para cada materia podrán ser orales o escritos. Los orales se conducirán por un Jurado o Colegio de Maestros integrado por cuatro Sinodales y un Presiden• te. El interrogatorio se hará con sujeción al cuaderno de traba• jo de cada materia. Se emitirá por voto secreto el dictamen, dándole a conocer al alumno bajo la responsabilidad del Presidente del Jurado. El resultado será inapelable. Los exámenes escritos se sujetarán al cuaderno de tra• bajo de la asignatura. Su resultado podrá impugnarse median• te el recurso de revisión de examen. 5.4.- Las oportunidades para examinarse no tendrán límite. El aprobar una materia significa su crédito académico. Si ~ resultado del examen reprueba a un alumno, no podrá solicitar otro sino después de seis meses de la oportunidad fallida. P~r c_onsiguiente, queda abolida la, práctica de los exámenes or• dinanos, extraordinarios, de regularización, etc., y que actualmente se conceden conforme a calendario predeterminado. 117 �VI.-TERMINO DE LA CARRERA DE DERECHO VII.-CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION 6.1.- Ante el rigor de los exámenes que cubrirán el pro, grama de cada asignatura, es redundante el Examen Profesional <25>. El aspirante a recibir su Título deberá: 7.1.- Reestructuración de la actual Biblioteca, convirtién• dose en un Centro de Documentación e Información *, a fin de que sirva como elemento central para el desarrollo de las asignaturas que se imparten y que se impartirán conforme al organigrama para nuevas carreras profesionales que más adelante se indican. a).- Acreditar el haber concluido el programa de estu• dios para su carrera. b).- No estar sometido a proceso por delitos intencionanales o estar purgando una condena penal por delitos de la misma naturaleza. En caso de resultar absuelto o purgar la condena que se le hubiese im• puesto, recobrará el derecho a obtener el título profesional. Por ningún motivo recibirá el título profesional quien hubiese sido sentenciado ejecutoria• damente y sin ulterior recurso por un delito comeli· do en ejercicio de la profesión o mediante la misma. En las hipótesis anteriores, el Director someterá el caso a la Junta Directiva. c).- Haber cumplido con el Servicio Social que señale la Ley. d).- Protestar solemnemente bajo su palabra de honor, cumplir y hacer cumplir los lineamientos éticos profesionales de la carrera. 6.2.- Para los alumnos que al terminar sus cursos deseen elaborar ·con espíritu de investigación una Tesis Profesional, será calificada por un Jurado de Maestros y en caso de aprobarse, el alumno recibirá un Diploma que lo signifique, publicándose, además, por la Facultad de Derecho. 6.3.- Pugnar para que sólo puedan ejercer los abogadoS recibidos o con la asesoría expresa de éstos. Para ello deberemos promover las reformas a las legislaciones correspondientes. 7.2.- Este Centro de Documentación e Información (C. D. 1.) contará, al menos, con cuatro· sectores básicos: a).b).c).d).- 7.3.- El Sector Biblioteca estará integrado con las si-· guientes áreas: a).- Bibliográfica. b).- Encuadernación y conservación de obras. c).- Hemeroteca. d).- Microfilmoteca. e).- Fonoteca. f).- Expedientes Judiciales concluidos. g).- Administrativa y control general. h).- Fotocopiado. 7.4.- El área bibliográfica deberá procurar la inmediata ~enci~n de las obras Jurídicas, Códigos y Leyes vigentes segun el inventario de necesidades actuales del acervo y contar con el material idóneo de acuerdo con las diversificaciones que se planteen en los nuevos programas de estudio. La sala de lect~~a se estructurará conforme a los requerimientos de la po• blac1on escolar. 7.5.- El área de encuadernación y conservación de obras, (i) Ver . 118 SECTOR BIBLIOTECA. SECTOR EDITORIAL. BANCO ELECTRONICO DE INFORMACION. SECTOR DE CONSULTORIA. en el apéndice •'D" el Dlaerama para la lmplantaelón del "C. D. L". 119 �se estima necesaria, aun cuando al inicio pueda encomendarse dicho trabajo a organismos externos. La conservación de las obras implica el cuidado, bajo programa, de su limpieza y fu. migación. 7.6.- El área de hemeroteca tendrá como fin primordial servir a los estudiantes del Colegio de Ciencias de la Comunicación. Además, su utilidad es evidente desde el punto de vista histórico-contemporáneo. En ésta se incluirán los periódicos y revistas de mayor circulación en la República Mexicana, y cuando menos, las ediciones dominicales de los periódicos más importantes del mundo. Se pretende que la hemeroteca tenga una sección dinámica de consulta directa, tanto de periódicos y revistas, y luego de transcurrido algún tiempo, archivarse mediante el proceso de micro-filmación. 7.7.- El área de microfilmoteca, deberá contener el equ~ po necesario de filmación, lectura, reproducción y archivo de documentos. 7.8.- El área de fonoteca tendrá los elementos técnicos para fonograbación de "Cassettes", Reproducción y Archivo. clasificado de las conferencias, cátedras o memorias de symposiums que hayan sido grabados por medio de cintas magnetofónicas, para consulta de quienes deseen escuchar una cátedra magistral o una conferencia. 7.9.- El área de expedientes Judiciales concluidos, se des· taca como específica, en virtud de su valor pedagógico para~ estudio de referencias en las clínicas de casos procesales en la carrera de Derecho. Se ha gestionado ante las autoridadeS correspondientes, para que sea el "C. D. l.", el archivo de loS expedientes antiguos y totalmente concluidos. La respuesta a tales gestiones son de dos formas: Facilitar los expedientes mencionados para que sean fotocopiados; o bien, la emisión de 111 decreto para que los expedientes judiciales con más de óiez años sin promoción alguna, que estén totalmente concluidoS Y que no se estimen con valor histórico por el Congreso del Estt do, pasen en depósito al " C. D. l.". 7.10,-_El área de fotocopiado permitirá a los alumnos obtener a bajo costo, referencias bibliográficas textuales. . ~-11.- Sector Editorial: Aquí se elaborar · • dagog,cas realizadas por las secciones acad . a_n 1as lgu,as pejos de 1 • em1cas, os trabalos cont:~i;o:e~i:~t;~~:s~;ª~:e:br~oss boletines informativos Y tudios de la Facultad A . . . que ~ompetan a los es" . . . s11~11smo, sera coordrnador de la Revista Derecho y C1enc1as Sociales" que editará la Facultad. c2s> ment:~\¡~nic~sª~:o Elect~óni~~ de Información: Tendrá los eletación existentes en con;~nicac,on con otros centros de documenmundo S . . Mex,co Y en otras capitales importantes del de t I u objetivo es el procesamiento de datos del "C O 1 ,, mie:to ~;"~~ qt~:~ermita _I~ información instantánea a ;eq~;ri: f consulta (libros, "ca::~~~:~o e~n relación .ª los -~~teriales de ' sayos, t~Sis, perrod1cos, revis1 Electrónico de In ic•~-es, etc:) . . ~a prrmer labor del Banco e Indice d formac,on, cons1strra en recopilar los "abstrax" mencion:do:. cada uno de los elementos de información arriba tas, resoluciones jud· . Esta !-13.- El Sector de Consultoría es el vértice del "C O 1" bícu:s ad~ª~!~s~~t~os taestros Investigadores. Contará ~o~ ~u: las aulas d 'd . t· . . os Maestros Investigadores aprovecharán 1 ac teas rntegrales q del edificio de la Facultad ue se proyectan erigir dentro tiva en caso de ue lo , p~ra exponer temas en forma objecas. q requieran algunas secciones académi- 7-14.- El "C D 1" t d • ·. : · e~ ra un horario de servicio míniincluye:;~a;íads1afrrast: debiendo f~ncionar todos los días del es 1vos y vacaciones. mo de doce ano, 7.1~.- La estructura administrativa del " C O 1 " d b rá organizarse f . . • . e elos Maest I en ~rma tal, que exista una íntima conexión con ros nvest1gadores. 7-l6.- Contara· co ~ 1·, te · n e ma nal idóneo de acuerdo con 120 121 �las diversificaciones que se planteen con las nuevas carreras 1 programas de estudio. 7.17.- El "C. D. l." funcionará para uso de los estudian• tes y maestros, pero su servicio se ofrecerá también a toda la comunidad, singularmente a las personas u organismos públi· cos o privados que lo necesiten. 7.18.- Procurar el aseguramiento de fondos suficientes para su actualización y funcionamiento. (Existe un proyecto pa• ra estos fines auspiciado mediante aportaciones de exalumnos y benefactores manejados en fideicomiso). VIII.-DIVERSIFICACION: NUEVAS CARRERAS 8.1.- Para cumplir con la integración de las Ciencias Sociales en el área de conocimientos asignada a nuestra Facultad, se propone la fundación de diversos colegios cuyas disciplinas puedan ser polivalentes y den origen a nuevas carreras. Este proyecto se ha estructurado aprovechando en lo posible la infraestructura actual, por lo que su puesta en marcha no sign~ fica elevados gravámenes que impida su inmediata realización•. En el organigrama se establecerán inicialmente los siguientes elementos. a).b).c).d).e).- COLEGIO COLEGIO COLEGIO COLEGIO COLEGIO DE CIENCIAS JURIDICAS. DE CRIMINOLOGIA. DE CIENCIAS POLITICAS. DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION. DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. 8.2.- El Colegio de Ciencias Jurídicas funcionará en "Sec· ciones Académicas", partiendo de las ramas del Derecho Público y del Derecho Privado. Promoverá la mejor eficacia de ros cursos que se imparten y estimulará la creación de nuevas carreras y especialidades en el campo jurídico. <•> 8.3.- El Colegio de Criminología se iniciará con tres nuevas carreras: a).- CRIMINOLOGO. b).- CRIMINALISTA. c).- PENITENCIARISTA. . 8.4._ E! Colegio de Ciencias Políticas, comprenderá también las c1enc1as de la Administración Pública. 8.5.- _El ~olegio de Ciencias de la Comunicación se iniciará con las siguientes carreras: , a).- PERIODISMO. b).- PUBLICISTA. c).- PUBLIRELACIONISTA. 8.~..- El Colegio de Ciencias de la Educación orientará ~s ~ct1v1dad~~ hacia nuevas carreras profesionales que estimu.~ a form~c1on _de formadores del profesorado Y la organizacron de la rnvest,gación para el desarrollo de la educac·ón nuestro país. 121, 1 en IX.-ANANCIAMIENTOS ra el;,~·; ¡?,rmación d~ Patronatos similares al propuesto pa. · · con el obJeto de promover: a).- Visitas de ~~estros Huéspedes que impartan cursos monograf,cos, conferencias, cursillos Y mesas redondas. b).- Ap~yo _económico a las actividades de investigación Y d1fus16n. e).- Becas para alumnos y maestros. d).- Mantenimiento Y expansión del edificio. Sil loa al)ádtcee ..... "1"' ., "O" ~ los lltOSNmU de las Dllefll. rreru ci11• actaalmate • ~ 122 123 �X.-ANTE-PROYECTO DEL REGIMEN DE APLICACION TRANSI, TORIO AL NUEVO SISTEMA DE ESTUDIOS. 10.1.- Para el funcionamiento del sistema educativo enun• ciado, se requiere cómo primera fase de realización: a).- Integración de los "cuadernos de trabajo" para ca• da asignatura por las secciones académicas. b).- Establecimento del "C. D. l.". c).- Designación de Maestros Investigadores. Agotado lo anterior, el régimen de aplicación transitoria al nuevo sistema de estudios, contempla las siguientes circunstan• cias: 10.2.- Alumnos de Re-Ingreso que actualmente cursan la Carrera de Derecho en sus diversos grados se estima recomenda· ble que continúen con el programa académico con que se inicia• ron hasta terminar sus estudios profesionales. Podrán sin em· ,b.argo, . aprovechar parte del sistema educativo que se propone, bajo las siguientes bases: 10.2.1.- Al momento de inscribirse se les entregará un paquete o "cuaderno de trabajo" para cada asignatura de acuer• do con los lineamientos trazados en el Capítulo 11. 10.2.2.- Podrán solicitar examen a título de suficiencia, cuando se sientan aptos para cada materia. 10.2.3.- Al finalizar la carrera, podrán tramitar su Título Profesional sin los requisitos de elaborar una Tesis, ni el de Examen Pr,ofesional. Sólo necesitarán acreditar haber concluido el programa académico, conforme los requisitos establecidos en los parágrafos 6.1 y 6.2 de este trabajo. 10.2.4.- La asistencia a cátedra será ~ptativa para el tud iante. 10.2.6.- Los exámenes tendrán las siguientes opciones para el alumno: a}.- El estudiante que así lo prefiera, tendrá exámenes ordinarios y extraordinarios en la forma tradi~ional, sujetos a calendarios establecidos. b}.- Los estudiantes que deseen examinarse a título de suficiencia para una asignatura, se sujetarán a lo establecido en el parágrafo 5.3 de este trabajo. En caso de no aprobar, podrá solicitar otro examen después de seis meses de la oportunidad fallida. e}.- Aprobado que sea este proyecto y realizadas las condiciones señaladas en el numeral 10.1, la Dirección lo hará saber a la comunidad magisterial y estudiantil de la Escuela, para que los alumnos concurran a la Secretaría General de la Facultad a solicitar por escrito el régimen de exámenes por el cual opten. Se sugiere un plazo de sesenta días para tal efecto. El alumno que no manifieste en dicho plazo su elección, será considerado dentro del sistema tradicional de exámenes sujetos a calendario. El Registro no podrá ser modificado después del término que se indica. 10.3.- Alumnos de Nuevo Ingreso: Cursarán el nuevo programa académico y el nuevo sistema educativo que se propone para la carrera de Derecho. 10.4.- Alumnos de Re-Ingreso, con irregularidades por Se les brindarán facilidad~ para que se reintegren, previo estudio de su expediente académico, que deberá hacer la Dirección del Plantel. abandono anterior a los Cursos de Derecho: es- 10.2.5.- Los alumnos irregulares, se ajustarán al programa anterior, en cuanto a la incompatibilidad de cursar materias superiores sin antes haber aprobado los cursos inferiores. . 121.4 125 I �NOTAS BIBLIOGRAFICAS L Oflcl&lmente ae reconocfa en 1972 la pérdida de 18 de laa :k semanu del ae.-,e de acuerdo con e1 Calendario Eec:olar. Bllto slanlflca UD desperdlclo di mú del 86" del Uempo. pues ee aprovechaban aólo 8 semanas del semeslre.• Datoe obtenidos de: "Perspectiva.a de la U. A. N. L. para 1980". Sept1emln de 19'12. ~ (p. 47). Bl C&lendar)o Escolar para el ~ o ciclo di 19'15, C111e comprenden. del 18 de aaosto al 29 de noviembre, cambia favorablemente la situación, J>Ues ae eetlman 15 semanas de clase 7 se autorlsan do 3 dlaa fest1voe. Sin emb~o. awi queda arralnd& la coetumbre de los amelcis no concedidos oÚclalmente. I l ■ actual Reglamento de Eltámenes entD6 en Ylror el d1a 10 de mano de 1974 1 112 articulo 6 e:Q>resa textualmente: ••cuando un alumno repruebe a.1guna mate?1a te6r1ca en cuarta OPOrtunldad o a1euna materia prictlca en la 'Úl• lima oPOtnmldad que conceda el Reglamento Interno de la facultad o escuela corren,ondlente. quedará suspendido en 11u calld~ de alumno de la Unlverlldad. Sin emb11Z110. POdrf. volver a Presentarse a eumen en la materia o . .\erlaa reprobada¡i, en los perfodoe normales de eúmenes finales de la esCllela o facultad correspondiente, sin lhnltaclóo de oportunidades. Cuando IPluebe todas lu materias reprobadas podrá continuar sus estudios. Para te• derecho a estos eúmenea deberá cubrir la cuota esPeclal que !Ue el Re- llamento de Pacoa". 1 toa mbaJoe que ee mencionan, estin tomados de Jaa obraa '•SUmmerhlll: Un IIGllto de v18ta radical aobre la educa~ de loe uUios" A. s. Ne41J.. Fondo di CUl\ura Bconóm!ca.- Málco, 1970; "Unuaual ldeu about educatlon". PIieio Prefre.. Parfs, 1JN1!800, 19'11 (Document of tbe lnternatlonal comltlon OD lbe develc,pment of eciucat1oa, OPlnlon series, No. 38); ''Learn1nlt to be: Tlle wwl of eduoaUon toda7 an4 tomorrow"; Bdnr Paure, Pellpe Berren 7 otros.tJIIBBco, Par1s 19'12, Harrap London; en d0111.de ae hace tamblm referencia a Ida, educativa& de P. Nersen (lebenscemelnsch aft.schulen) en Alemania; de O. Deerol,, llamada Bacuela de "M~todo ActtYo", en Béldo& 7 loe '1stemu ..,.,.Oll!nad<,e ''ül llueva Bacuela" Preconlsad08 PO? celestln Fre!net. en Frailea. 111 la blbl!ocrafla ae hace una referencia mis complet.a de otru obraa J ftlllVOII que nor aSnteroa de documentactóa. 4. Cltru tomadas del p r ~ de Pftsupuesto de erresoa para el Cllerclcio de 1m. de la 17. A. H. L., ldJl que 11411 lncluan m estas dtrae "La Repercudón de los Alllllmtos QUe ee concedieron en el convenio alndlcal de 19'12. ni el Impacto de laa a11111entos al ealar1o mlDJmo", Fuente: Documento de la Rectorla fechado el 30 de Diciembre de 19'11. l Dtelarac!OD11S emitidas por el Inc. Vlctor Bnvo AhuJa en la dudad de 012&dalalara .,, publlc:adu en el dlarto loeal "Tribuna" el 29 de Knero de U'13; lllllblfn 1u declaraciones del sub-aecretarto de l!lducaclón anunciando la crea.d4n de un cen.b'o de oenfflcaclóD de e11~udlos para t,Utodid&caa que flan. «blarin ~elo al prQJ'eCto '•UJ11nrstda4 Ableda". JJUbttcadu en el diario ,._ None", x ~ . Octubre 11 de 1m. eael'O de 1974, &111.atlmos Invitados POr la mnaeoo a dlYe~ labol ~ de _...a_ ,upertar, e doade obeenNlloa el fundOll&Dll"ll• • de la "tJDIYenldlld NaclODll de BduNldOD a Dutancla" \llNBD) m ~ drlG. lilJlda, recHn tneiatada m tm. >' que ODe?& eftCllllllentie con mftodoa edDcallYoa 111117 a1Jn11aree a loa que bmloa P ~ - L ID eJ mea de 127 �7. Según datoa correspolldlentes al IX Censo General de Poblaclóu. Clfraa ' - de la obra "REFORMA EDUCATIVA DEMOCR.ATIOA" (La MuJer: COlldlclaas y Educación) Glorla González Salazar, Editorial Nuestro TlemPO. S. A. 111, xtco, 1972, (PP. 118-120). 8. Cifras tomadas de "EdUcaetin Superior Ciencia Y :r.ecnoloeía económico de "liléxlr-0".• Víctor L. Urquldi Y A. La,ious v.- XI co, México 1967, U>. 14) cita hecha por Roeer D. Hansen: Desarrollo Mexicano", Slslo XB Editores, Mé:a:ico, 1971, (p. 9. A. Kau!mann y J. cathelln, •'El Despll!arro de la Libertad" ta: el hombre en la era tecnoróctca. 6agltarlo, 12, 14 y ss). s. en el dellll!llt ColHio '.'La PoUUca di! 273). de* E.lu;afo-Bame,. A., Barcelona. l98t. (Ji,. 10. Paulo Frelre, ••La ~ucaetón como nráctlca de la llber;tad'', Editorial 'l'llm Nueva, Monievldeo, Unu¡uay, 1971, fpp. 20 y 21). 11. Edgar Faure, Felipe Herrera y otros, 0 Learn1n, to be: · The worlct of eduealla today and tomorrow" UNESCO, Parf.: 1972, l~- 163). 12. IRoger D. Hansen, "La Polillca del Desarrollo M&:a:icano" Sl¡lo XXI ~ (p. 271). 13. "Pers1>éct1vas de la u. A. N. L. para 1980" bre de 1972 (pp. 13, 17 Y ss). u. PI';,.~ A. N, L., Monterre,, Sepllm- 14. Inlormactón de la Rectorla en Documento del 20 de Diciembre de 19'11, 111bllcado en la prensa local el 26 de Abril de 19'12. 15. Los tnuesos obtenldos en 1972 el municipio de :Monterrey fueron d,. $119"197,33J..19, Í;e,ún rePOrte de la Teaoreria Munlc1J)al, PQbllcado el 11 di ;Enero de 1973. Los dato8 de la Pul>lacl6u estudlant11 se obtu\'ieron del DISllltamento Escolar y de Archivo. as! como de la publlcaclón. ''Unlvrealdad • Cifras" Dlrecclóln de Planeaclón Universitaria U. A. N •. L.. Mont.errer, K di JWllo de 1975. El presupuesto de ~ de la U. A. N. L. para 19'16, lodaen Junio del mismo afio no babia sldo aprobado por el R. Can.,sejo 11111versitarlo en virtud de la ll'lla)¡ dllerencla ciue &J)~a el presupuesto dt 11nesos y la reladóíl de necesidades presentadas Por las diversas depeadli, etas cu,yo monto se estableció en $341'975,000.00 este valor es sin oonsldenl prestaciones e Incrementos otor,ados Por convento con ~1 slndlea&o en a11 16. U. i11tu lnQ.Uletudes, tuvimos el honor de eXPonerlas al teñor Presidente de la Kepllbllca LUI.I Bchevema en reuniones celebradaa coo el Secretario de lldueaclón Pública In&'. Víctor Bravo .thltia, con el aetior Procurador Lic. Pedro OJeda Paullada 7 con el Director d& nuestra l'acultad Lic. Nefatall Garza COnt.rera,a en Los Pinos, residencia del POder EJecutlvo Federal. loa dfae 30 de Junto 7 lo. de iullo de 1973. El ao de septiembre del Jllismo afio, PU• 88 bllc,ó en el Diario Oficial de la Federaclkio. la nueTa LIIY Federal Cllle rlae 111 materia edu~va, c1170 aniculo 64 dispone textualmente: "La Secretarla d~ Educación Pllbllca creará UD sistema federal de certificación de conoct••entos, por medio del cuat se 8ltl>edlrá certificado de estudios y to sará di1>lQma. titulo o arado académico ciue acredite el sab&r demO&t::doº dracuerdo con el reslmaento al ~ • • Que e,ecto se ezJ>lda y conforme a las sl&'lllenies b - : l . - Que lo,, conOO!mleutoa se acredlt.en por tipo educativo nado escolar o materia; :1 Que para acr~tar .., ' rá . UD ..PO o .a-ado ~lar debecomprObarse la acreditación de tlPO o nado fnmédlato anterior 3 ~ue ~osdl conooúnientos se acredlte.n de acuerdo con loe Planes o e es u os . en v!¡or; 4 - Que se cumplan, en su caso, lae Pn\ctlcae o el servicio social corresl)Ondlentes; 5.- Que los conoclmlentos sean evaluad conforme a Procedimientos os rlenclas del s!s m ciue se establezcan tomando en cuenta las e:rpedl®uesto POr e:O~ e::c;tlvo nacional, Y de acuerdo, en lo conducente, a lo demás ~• e esta ley; Y 6.- Que el Interesado se aJuste a las =5Pslclones lesales relattvaa". = 11, Por acuerdo anterior del R. Consejo Universitario, el 5 de Asosto de 19 , la a 75 Junta Directiva de la PacUltad, aprobó ciue en el pró:itlmo ciclo escolar los alumnos puedan adelantar, al Jo desean una as1'natura del semestre lnm~ •ato su1>erlor, c~ndo se cumplan los eiruientes reqlllsltos: a) Que la aslmatura1 n 0 te c) Que el al • teno n,a mamedlo de cuan(! • umno ua un Proo menos 85 Puntos en sus ca.ll!lcaclones. Para los alumnoe de Primer . Ingreso, tendrán la ol>Clón de Inscribirse para cursar una ~ a del set:undo semestre, siempre ciue ésta no sea seriada. sea seriada, b) Que el alUIIIJIO no sea "irreeular" (es decir Que lerlas anteriores l>endlentea de aprobar). ,. vfa El acuerdo también dispuso que este procedlm.lento se autoriza de manera pro1'181oDal, ha.sta en tanto se lnstrumeJ/.ten los elementos para llevar a cabo la reforma educativa Que hemos propuesto. (Ver numeral 10.1 en la J>á clna 29 de esta edición). - afio, Ea ÚUJ>Ortante mencionar ciue las mismas autoridades Sancionaron en 1974 la La cifra total del presW>uesto de egresos para 1972 en la U. A. N. L. fll de · $125'518,800.00 y los conceptos de ~ y ,ratificaciones al pencllll swnló $99'853,000.00. Estas cantidades. como se ha mencionado, no !nClu,eD 11 .repercusión de, los aumentos concedldQs en el Convento ·Sln.dJcal de U"- • el Impacto de los lncrementoe al salarlo mSnlmQ. Puente: Documento de 11 Rectoría emitido el 20 ..de Diciembre de 1971; beeho ~l . cqnoc1m1.emto ele 111 ,dlrector~it. Conseieros maestros y CoDMJe~os alumnos en el . mes de . 1(1111 ·· de 19'i2. .. . ., ,. . Varios prorectoa de recaudacl6sl iml)OSitivá se ·hán ~udlado l)O!' loa • clal!stas de la materia', 1)1illclJ>almente en. América . Iiatlna Por la demanda 111 educactóu debido a · los elevados 1Ddloes ,·de creclmiea.lo demotm\fico. $Obre si! ,-,<1<tól)lco se recomienda la lectora· de nna conferencia ~tada por el.-.Lle. Aitndl z - -é1utiérrez Efrélmer en la Pacultad de. Comercio de la .u. ..A._ N. Li el ff 41 septiembre de 19'13 y pablleada J>Or la mtsJna JnsUt1lclón. · ,- 17. 1'28 Propuesta Para ciue los alumnos del noveno semestre l)lldiesen adelantar nas o todas las asignaturas del décllllo 8elllestre. a1¡u. •· "Persona es aquel ente que tiene un fin propio ciue cumplir l>Or propia detennlnaclón, aciuel ciue tlene su fin en si mf,,m.o y ciue cabalmente l>Or eso poaee dignidad. a diferencia de todo lo demú, de lall cosas, <me tienen su fin fuera de 81, ciue sirven como mero medio a fines a.Jenos y que, Por tanto, tienen Precio". Kant, referido por Recaséns Slches, Luis: "l"llosotJa del Derecho" l)f.n.. 203 y 209. Cita tomada de Burloa knaclo; "Las Garan.tlas Indlvldu&les" Editorial Porrúa.• México, lll70 (pp. 16 J' as.). •• 21 · Alvln Totner.- Fondo de CUitura Bconómlca, Plaza 445 7 sa). "El Shock del Futuro".• Janés.. Esllafia, 19'12. (J)p. 429. 441, 11. En Septiembre de 1&74 se lnlclaron los cursos n.ooturnos para los estudiantes de Ciencias Jurldlcas de primer tnneso. 129 �23, La H. Junta Directiva. aprobó en 1973' <1ue la aelateDCia de loe alWDDos a di, se no tuera requisito oblli:ado para presentar examen. Lo que se callflca 11. nalmente es si un alumno sabe o no. La asiduidad debe ser irrelevante en lattltuclone.s educativas para adult0$. El resultado de ~ medida suP8l'6 lo invisto: 'LOs alumnc>s interesados ahora sollcltan y reclaman la pre6enda de lail maestros; aquellos que sólo asisten para Justificase frente a su patroclDadcr, no pueden incit-ar a la holll:anz'l a quien tiene interés, pue,s el viejo al'ClllHlto de que "falta colectiva no cuenta" ha quedado ein efecto. Por otra PUie. los maestros han sido más dristicoe en la callflcac!Qn de los exámenes. ADlel. frente a la muy dudosa 1ndlcacíán de que el alumno habla cumplido con la asistencia reglamentarla de un cnrso, mas bien parecla qw, ad<1uiria el deffl:111 o equivaJla a ser aprobado. Seg11n datos Proporcionados por el DePartamemo escolar y de Archivo de la U. A . N . L. en el ciclo 1974-1975 la Facult.d di Derecho y Cienciaa Soclales fue la escuela con mis alto Indice de al'IIIDIIGI reprobados después de la Facultad dE> Medicina. Aunque este dato pueda ser 111 ariromento en contra del slateina. pensamos que el rigor de los reconoclmlenlcil sea un indice para estimular la responsabllldad hacia una mejor preP8J'&dllD de los alumnos. 24. Ver arriba nota No. 19. 25. En 1974, la Junta Directiva de 1s Facultad sanciona una propuesta que Ju,so homologa el H. consejo Universitario. en donde se dan los Primeros pasos bAda este proJ>ÓSito, haciendo mis áll:ll, pero conservando aún la formalidad del dlac1Pllnarlas. d) Promover elstemas de créditos académicos \Estudios POllvaJentes). 5) •• ,Activar loe esfuerzos externos: a) Incorporar al lllstema educatlTo a los centros de p.roduccli5n de bienes o servicios, de comunicación y transi,orte mediante proyectos "industria-escuela". b) Promover la educación de los Adultos y reconocimiento de el aprendlzale adquirido en forma eJ:tra.ee.. colar acorde al espirltu y DOl'lllaa de la vti:ente Ley Pederal de Educachlc (Art;. 88). examen profesional. La elaboraclón de una Tesis para los pasantes es ahora ot>tattva a cambio de aprobar un cuno de pre-esoeclallZaclón. (Ver apéndice "C"). De los cinco llaet1U'OII sinodales en el Bnmen Profesional, se reducen a tres; 7 de los dos actos de interroi:atorto en seslonee separadas por un laPSO de 41 horas (proceso ldentif!cado como el mis terrible demoledor de neuronas PIII el sust-entante y 8'd1co prolonndor de la ai:onla para el inepto) quedó reduddo a uno solo. 28. 27. El Sector Editorial a careo del Lic. Sunuel Flores Lonrorla se ha lntei:rado J fanclona con gran entnstasmo, En Junio de 1973 aparece la primer revi.a eutrlmMtral "Derecho y Clenctaa Socl.ales" de la8 que se han editado basta allora ciDco nlhneros sucesivos as1 como otros materiales académicos de interés lllrfdico y socJal. \ Por acuerdo del H. COnseJo Untversltarto. a partir del mes de sellilembre de 1974 nuestra facultad ofreció a SUs edUcandOII la8 sl.nlentes carreras en cradO de llcenciatura: Ciencias Pollttcaa, Ciencias Criminológicas Y ClenciaS de 11 Comunicación. Estas actividades fueron desarrolladas en horarios nocturnoS JIIII aprovechar la infraestructura ffslca y adm1nl.st.rattva del pla.ntel. <Ver aplldfces •'E''. ºP' y ''Gu}. 28. consideramos tan Importante este sector que el 14 de enero d e1975 propualmllf a las H. Autoridades Tnlversltarias el establecimlento de una ''OIRECCION ~ INVF.8'1'IGACIONl!S PARA EL DffiARROLLO D:S: LA EDUCACION". Este CeDIIO tendri como objetivos: 1)•• BBttmular -, organizar la tnvesttgaclón de IOII nuevos mEtodos y procesos educativos. 2.- Ser instrumento para promover, coorolJlll y poner en marcha la Reforma Educativa Universitaria. 3.• Renovac.km de la! Técnicas de Fonnaclm un1,erettarfa: a) SlstElnaUll&r arm:6nteamente los proyectos de innovación. b) Estimular la creac16n de nuevas carreras en ca4I Pacultad o Escuela. e) Fome:ni.r el estableclm.1ento de nuevas carreras IDI«· 130 131 �APENDICE "A" ANTE-PROYECTO PARA EL PROGRAMA DE MATERIAS CARRERA: NIVEL: CIENCIAS JURIDICAS Licenciatura. REQUISITOS DE INGRESO: Bachillerat8 o Crédito equivalente. REQUISITOS PARA OBTENER EL TITULO: a).- Acreditar el haber concluido el programa de estudios en sus tres Areas. b).- No estar sometido a proceso por delitos intencionales o estar purgando una condena penal por delitos de la misma naturaleza. En caso de resultar absuelto o purgar la condena que se le -hubiese impuesto, recobrará el derecho a obtener el título profesional. Por ningún motivo recibirá el título profesional quien hubiese sido sentenciado ejecutoriadamente y sin ulterior recurso por un delito cometido en ejercicio de la profesión o mediante la misma. En las hipótesis anteriores, el Director someterá el caso a la Junta Di• rectiva. e).- Haber cumplido con el Servicio Social que sef\ale la ley. �d).- Protestar solemnemente bajo su palabra de h cumplir y hacer cumplir los lineamientos éticos fesionales de la carrera. Derecho Penal 11 (Delitos) Derecho Procesal Penal Derecho Mercantil 1 Derecho Mercanti l 11 (Sociedades) Derecho del Trabajo 1 Derecho del Trabajo 11 (Conflictos Colectivos Derecho Procesal del Trabajo Derecho Admin istrativo 1 Derecho Administrativo 11 Derecho Fiscal Garantías Individuales El Juicio de Amparo Derecho Agrario Derecho Internacional Público Derecho Internacional Privado Derecho Bancario El Régimen de Seguridad Social Práctica Forense (Clínica de Casos) PotestaLivo: Para los alumnos que al terminar sus cursos deseai elaborar con espíritu de investigación una Tesis~ fesional , será calificada por un Jurado especial de Maestros. En caso de aprobarse, el alumno recibiri un Diploma y además se publicará por la Facultad de Derecho. 1i-1 18-2 19 AREA: CURSOS PRIORITARIOS ?0-1 20-2 (ETAPA PRELIMINAR O PROPEDEUTICA) 21 DENOMINACION: REQUISITOS: CLAVE: 22 (los de Ingreso) 23 24 Introducción al Estudio del Derecho 25 Filosofía del Derecho 26 Sociología Jurídica Teoría Económica Teoría General del Estado Derecho Constituct00al Ciencia Política Teoría General del "Proceso AR{A: AREA: (16-1) (16-2) (18-1) (20-1) {ETAPA FINAL) (la. OPCION) ESPECl'ALISTA EN CIENCIAS PENALES. PRIMER GRUPO CLAVE: REQUISITOS: CLAVE: (Haber agotado i. cursos básicos) 30 31 10-1 Derecho Civil 1 (Personas y Familia) (11>-1) 32 10-2 Derecho Civil 11 (Biooes y Sucesiones (10-~ 33 10-3 Deretho Civil 1H (Obligaciones) (10-3) 10-4 DeTecho CivH IV (Contratos) (10-il Derecho Pf()C$81 Civil 11 34 Prob1emas Socio 'Económicos de México 12 35 13-l Oerec1ro -Pemit :t {Teoríá) TEOR1A DEL DEUTO DENOMWACION: 134 (15-1) CURSOS ESPECIALIZACION CURSOS FUNDAMENTALES (ETAP-A 1NTERMEDIA) (13-1) (13-2) REQUISITOS: (Haber agotado los (cursos intermedios) Teoría del Delito Curso Superior de Derecho Procesal Penal Principios de Criminología Garantías y Ampar.o en Materia Pena1 SEGUNDO GRUPO Delitos Especiales Psiquiatría Forense 135 �36 37 Curso de Contabilidad Aplicada al Derecho Política Financiera Pública Penología Técnicas de la Investigación Criminal (2a. OPCION) -ESPECIALISTA EN DERECHO CONSTIIU CIONAL Y ADMINISTRATIVO 64 65 66 PRIMER GRUPO 40 41 42 43 SEGUNDO GRUPO Estructura Política del Estado Actos y Contratos Administrativos Poder Legislativo Poder Ejecutivo 67 (5a. 0PCION) Defensa de los Particulares Frente a la Administración Poder Judicial Servicios Públicos Administración Municipal (3a. OPCION) ESPECIALISTA EN DERECHO PRIVAIXI 70 71 72 73 52 53 Curso Superior de Sociedades Mercantiles Estudios Superiores de Derecho Civil (Derecho rado) Derecho Notarial y Correduría Pública Mercantil Sistemática del Derecho Privado Curso Superior sobre el Art. 27 Constitucional y su Leyes Reglamentarias. Conflictos Colectivos de Trabajo Curso Superior del Régimen de Seguridad Social Derecho Sindical SEGUNDO GRUPO PRIMER GRUPO 50 51 ESPECIALISTA EN DERECHO SOCIAL PRIMER GRUPO SEGUNDO GRUPO 44 45 46 47 Impuesto Federal sobre la Renta Defensa de los Particulares frente a la Administración Impuestos a la Producción y al Consumo (Incluye Leg. Tnb. Estatal y Municipal) Legislación Aduanera 74 Corl1» 75 76 77 Procedimientos Agrarios El Juicio de Amparo en Materia Agraria Cur~o S~_perior de Derecho Procesal del Trabajo Leg1slac1on Internacional del Trabajo. SEGUNDO GRUPO 54 55 56 57 Curso Superior sobre Fideicomiso Curso sobre Sociedades Cooperativas Curso Superior sobre Titulos y Operaciones de Derecho Registra! (4a. OPCI0N) Crdl ESPECIALISTA Eft FINANZAS PUBLK:AI PRIMER GRUPO 60 61 Curso Superior de Economia Teoría General de la Tributación 136 • 137 �APENDICE "B" PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE PARA LA CARRERA DE LICENCIADO EN DERECHO Nota: (Este plan se inició en el año escolar 1968-1969 en agosto de 1975 permanece vigente). ASIGNATURAS Horas por Semana PRIMER SEMESTRE Introducción al Estudio del Derecho Derecho Civil (Personas) Sociología Derecho Romano 1 6 5 5 4 SEGUNDO SEMESTRE Derecho Civil (Bienes y Sucesiones) Derecho Romano 11 Principios de Teoría Económica Seminario de Metodología 5 4 5 3 TERCER SEMESTRE Derecho Civil (Obligaciones) Derecho Penal 1 (Teoría General) Teoría General del Estado Teoría General del Proceso 6 5 6 5 CUARTO SEMESTRE Derecho Penal 11 (Delitos) Derecho Procesal Civil 5 5 139 �5 5 Derecho Constitucional Derecho Civil (Contratos) QUINTO SEMESTRE Medicina Legal Derecho Procesal Penal Derecho Mercantil (Parte General y Títulos y Operaciones de Crédito) Seminario de Derecho Constitucional Seminario de Derecho Civil 2 5 5 3 3 SEXTO SEMESTRE Derecho Internacional Público Garantías Individuales Sociedades Mercantiles Seminario de Derecho Procesal (Civil y Penal) 4 5 6 3 SEPTIMO SEMESTRE Historia del Derecho (México) Derecho Administrativo 1 Derecho del Trabajo 1 Quiebras y Juicios Mercantiles Especiales DECIMO SEMESTRE ~ho de Seguridad Social lirecho Internacional Privado Seminario de Derecho Laboral Seminario de Formulación de Tesis Seminario de Amparo Optativa ASIGNATURAS OPTATIVAS legislación Local no Codificada Derecho Notarial Hermenética Jurídica (Casos Selectos de Jurisprudencia) Principios de Criminolgía Derecho Aduanero Derecho Municipal Derecho de Seguros y Fianzas 3 5 5 3 OCTAVO SEMESTRE 5 5 4 3 Derecho del Trabajo 11 Derecho Bancario Derecho Agrario Derecho Administrativo 11 NOVENO SEMESTRE 5 5 Filosofía del Derecho Derecho Fiscal Derecho Procesal del Trabajo Amparo Seminario de Administrativo 3 5 5 140 141 4 5 3 3 3 3 ó 4 �APENDICE "C" CURSOS DE PRE-ESPECIALIZACION Requisitos de Ingreso: Pasantes o Licenciatura en Ciencias Jurídicas. Duración: Un semestre Créditos: (Al aprobar un área completa -3 asignaturas-). Pasantes: Opción equivalente a presentar Tesis para sustentar examen profesional. licenciatura: Acceso a cursos superiores. ASIGNATURAS Horas por Semana AREA: DERECHO PENAL ~litos Especiales Psicología Forense Principios de Criminología 2 2 2 AREA: DERECHO SOCIAL Conflictos Colectivos de Trabajo Procedimientos Agrarios la Carga Probatoria en el Derecho Procesal Laboral 2 2 2 AREA: DERECHO FISCAL ORégimen Competencia! Tributario en México Oirso sobre el Juicio de Nulidad Fiscal Federal 2 2 OProcedimiento Contencioso en Materia Aduanera 2 143 �APENDICE "D" Diagrama para la implantación del Centro de Documentación e ..rormación para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales U.A.N.L . 145 �DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLANTACIOX DE UN CENTRO DE DOCUME.l\'TACION E INFORMACION EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U. A. N. L. .UL' Ot .UCHCYO H::)U&JUDA \ ,\Al.A A..Ot,\ Ot C ltC'T'UAA R~UtlUi),\ com-:q__ '\ 8 J 8 L V (:["P;C".lJl.l"',S P;\r..,\ fflOrr:.~<"..11.(..'i 1 R~UtRIDi\ ESTrMACIONts Ot DEMA~ tSTVOIAN'Tn. ARO. O o T E IICHAllff rt,\Cf(\N e A A~AUStS Ort ACc:a··o '9ra:.;rr.AAFICO &''((Str.ut[ y tstHtACt()N Dt su CR[CIMl[:\:JO o ,--'ll)"EN=•..;rr.:.:ra.=c::'º:.::"..;º:::"="::.'=tll=[::NC:::IAS;:::_;.:Ptlll::::D:::D:::lS::_r:::rO.S::__!'.D:CES::;:tA:::•:::LES::::.______ OtTDU.f(l'IACJO:f D[ NtC~IDA.... r:s Dt MICRc,rn.MACION rotN-YITIC-ACIO;": oc us 1-trtRt;.JCt,\S araUCCPJ.FlCAS e CUANllfiCACIOH MOOt)I AR OC IAS NECCSl"MDE$ OE E CUANtfTlCACION DCL o:JUIPO RIX)UtRIDO: GRAQI.DOAAS. AUDrFONOS. rorocoetl\DOMS. MICRCrn.w.ooRAS. lltf'RODUCCIOH N ACQUJS(CION e rtlStAtACtON T AACHNtROS. tTC, R o o DtTtAMINACION Ot ARFAS A.RCHN'O LtCTUAA GONTROL ttfI)Ul:R.m,\S nstco. • aocABa.n-ACIO}(. E CO!<Sl1ll/CC!O" PARA WrTORL\1,. HtMtROTtCA fONOTtCA COHTitOt.. o 1 ne. o e I t u 1 M 1 tt.ASORI\CK>N E I N on orsc~o A~VrttcTONfCO y DCL 1 T A PRESUPutSto tSTJMACION OC I.A OtMAHOA LSTUDIANTlL LOCAL { CD. DE MONTWEY) CtNEAADA POA lA APDTUAA IDt LA r,'CULTAO Ot OtRtcHO Y/0 Otl. C-ORRCSPONOl&NTE CtP."TRO DE ESTUDIOS SOCIALES e 1 CU.SOAACtoH DE CON'CCPTt.:AUZA.CION DtL StsltMA Ot coorrtCACtOH. Ot A.RCmvo. Dt ACTUAU z:..cro:t y oc R.tC!;P[AACf(QN INFORMACJC'N RtL.\TIVA A t.OS SECTORES Ot lll8l.lOttcA. Dt tlLMOTtCA. Dt roNQft'CA y DE HU.tUOT!.C0. JHSTRUCTNOS Dt o PEAACtOfrt N º' E t 1 · ···t~i~tn OC l:XrtDltNTts ft'NC"IAlts CONCI.UIOOS CO~tCtPTtAUZACIOX' DEL SISTC~!A O CO:>mCA< ION, OC Ai!:CIINO. DC AC7"\! '"7.",r' "J ,. nt Pt'-:UPtRAcro:-: o f 1 1 1 N F o R M A e 1 o r..;¡;:.;.~rc.m oc :;tc.:csu,-u,i..:; ut. C}\.itro Y tSPACKl 01sc-:o Oct. SlSTU.fA Dt ttCOPn.ACk>lf Ot m~MACIOM Dt D.Ptt>rtHTES CONCLUU)f)S IDtNttffCACION' Ot OUtOS CCNTJt:OS Dt-_DOCU~rt~ACKlli..t.lHTQlMAC.fON u,1 r1 U.IS: N j �APENDICE "E" Plan de Estudios vigente Carrera de Licencia~ en Criminología la. ETAPA: TECNICO EN CRIMINALISTICA Duración:: Tres años. Seis semestres. 35 créditos. Requistios: Bachillerato. • I PRIMER SEMESTRE:Materias: Introducción al Derecho (Unico curso). Sociología (Unico curso). Derecho Penal. Parte general. 1 curso. Derecho Constitucional (Unico cúrso). Criminalística. 1 curso. Laboratorio de Criminalística. 1 curso. SEGUNDO SEMESTRE:• Derecho P~n.al. Pa,;te genera.l .11 y último. Criminología. 1 curso laboratorio de Criminalística. 11 curso. · · Garantías y Ampal'o (U.nico curso). ~ Criminalística. 11 curso. TERCER SEMESTRE:Criminología. 11 curso y último:, Medicina Forense. 1 curso. laboratorio de Criminalística. 111 curso. • , Procedimientos. Penates. ., 1 curso. Criminalística. m curso. Derecho penal. Parte especial. 1 curso. CUARTO SEMESTRE:• Medicina Forense. 11 curso y. último. 1-47 ' . • • :.. j .:: ... .: .:¡ �, Derecho Penal. 11 curso y último. Parte especial. Procedimientos Penales. 11 curso y último. Sistemas de Identificación. Unico curso. Psicología Criminal. 1 curso. laboratorio de Criminalística. IV curso. fsjcología Criminal. IV curso y último. ~logia y Biotipología. 11 curso y último. ~ica, Toxicología y Jematología Forense. 11 curso y último. Tratamiento Penitenciario y Post-Penitenciario. IV curso y último. QUINTO SEMESTRE:Penología y Sistemas Penitenciarios: 1 curso. Organización Policial. 1 curso. Investigación Criminal. Psicología Criminal. 11 curso y último. Psiquiatría Forense. 1 curso. Laboratorio de Criminalística. V curso. SEXTO SEMESTRE:• Penología y Sistemas Penitenciarios. 11 curso y último. Organización Policial: 11 curso y último. Investigación Criminal. 11 curso y último. Psiquiatría Forense. 11 curso y último. laboratorio de Criminalística. VI curso. 2a. ETAPA: LICENCIADO EN CRIMINOLOGIA. Duración: Requisitos: Un año 12 créditos. Egresado de Técnico en Criminalística. SEPTIMO SEMESTRE:Demografía (Unico curso). Antropología y Biotipología. 1 curso. Psicología Criminal. 111 curso. Método Estadistica. 1 curso. Química, Toxicología y Hematología Forense. 1 curso. Tratamiento Penitenciario y Post-Penitenciario. mcurso. OCTAVO SEMESTRE:Política Criminal. Unico curso. Método Estadístico. 11 curso y últil'T!o. 148 149 �APENDICE "F" Plan de Estudios vigente Carrera de Licenciado en Ciencias Políticas. PRIMER SEMESTRE Matemáticas. Metodología General. Teoría General del Estado. Introducción a las Ciencias Políticas. Teoría Económica l. Sociología. SEGUNDO SEMESTRE Estadística l. Método y Técnica de Investigación Social. Teoría Económica 11. Derecho Constitucional. Historia de las Ideas Políticas y Sociales l. Introducción a la Ciencia de la Administración. TERCER SEMESTRE Ciencia Política. Estadística 11. Historia de las Ideas Políticas y Sociales 11. Desarrollo Económico y Social de México. Idioma (Crédito Externo) Sociología del Desarrollo. CUARTO SEMESTRE Derecho Administrativo. Teoría de la Administración. Derecho Internacional Público. Garantías Individuales. Psicología Socia l. Problemas Económicos y Sociales de México. 151 ,I �QUINTO SEMESTRE Administración Municipal, Estatal y Federal. Finanzas Públicas. Historia del Pensamiento Político en México. Propaganda y Opinión Pública. Sistemas de Gobierno l. Los partidos políticos y grupos de presión l. SEXTO SEMESTRE Los Partidos Políticos y Grupos de Presión ll. Sistemas de Gobierno 11. Historia Diplomática de México. Legislación Electoral. Psicología de la Comunicación. Seminario de Redacción. SEPTIMO SEMESTRE El Poder en México. Seminario sobre Pensadores Políticos. La Democracia en México. Seminario de Oratoria. Administración y Desarrollo Económico. Organismos Descentralizados Empresas de Praticipación OCTAVO SEMESTRE El Federalismo en México. La Realidad Política en México. El Orden Mundial. Teoría de las Clases Sociales y Estratificación Social. Proceso Legislativo y Documentación Parlamentaria. Análisis Funcional y Dialéctico del Cambio Social. 152 APENDICE "G" Plan de Estudios vigente Carrera de Licenciado en Periodismo. PRIMER SEMESTRE Curso Superior de Español l. literatura Española l. Teoría de la Información. Técnica de la Investigación Informativa (Metodología). Principios Generales de Derecho. SEGUNDO SEMESTRE Curso Superior de Español 11. literatura Española 11. Teoría de la Comunicación Social. Sociología. Redacción Periodística l. Sociedad y Política del México Contemporáneo. TERCER SEMESTRE Teoría Económica. Estatl Sociología Urbana. Psicología General. Historia de las Ideas Políticas y Sociales. Redacción Periodística 11. Traducción de Idioma. CUARTO SEMESTRE Problemas Económicos y Sociales de México. Psicología Social. Periodismo 1 (Historia dél Periodismo, organización, etc.). Comunicación Masiva (Radio, Cine, T. V.). laboratorio de Fotografía. laboratorio de Redacción. Traducción de Idioma. 153 �QUINTO SEMESTRE Legislación de Medios de Comunicación. Medicina Legal. Publícidad. Relaciones Públicas. Periodismo 11. Laboratorio de Redacción. Traducción de Idioma. Reportero o Comentarista Especializado. Según las necesidades y preferencias se incluirán otras asignaturas optativas. Los idiomas se exigirán de la siguiente manera: Traducción (de cualquier idioma): Para pasar al Séptimo Semestre. Posesión (de inglés o francés): Para concluir la carrera. La posesión debe ser de un idioma diferente al de la traducción. SEXTO SEMESTRE Apreciación Estética (Crítica de Arte, etc.). Mercadotecnia. Administración de Medios de Comunicación l. Periodismo Comparado. Laboratorio de Redacción. Traducción de Idioma. Optativa. SEPTIMO SEMESTRE Periodismo electrónico l. Administración de Medios de Comunicación 11. Instituciones Sociales de México. Laboratorio de Medios Audiovisuales l. Optativa. OCTAVO SEMESTRE Periodismo electrónico 11. Laboratorio de Medios Audiovisuales. Práctica Profesional. ASIGNATURAS OPTATIVAS Proceso Legislativo y Documentación Parlamentaria. Derecho Administrativo Especializado. Psicoanálisis y Sociedad. Los Partidos Políticos en México. Los Grupos de Presión. 154 155 ��GRAFICA DE VOLUMENES EN LAS SI 8 LIOTECAS Of FACULTADES EN TI PO DE PllSLICACIOHfj 191'4 196ó L1 6 ROS - ltilOOICOS - TES I S - CI U OAO U MIV ERSITARIA - U.A. N. L. 1966 y 1974 UNIDAPES 5=5==É=E=t=t=t=Í=~=~=5=~=~==É=É=~=t=t=t=Í=Í=Í=~=~=~=~=~=~É=É=É=É=É=~=~=i=l=~~~ flíuLIAO FUENTE: "UNIVERSIDAD EN CIFRAS 1975'• �GRAFICA DE POSlACtON ESCOLAR AREA HUMANIDADES- U. A. N. L. 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 I """"" 4 tll\i\ ... -\,.V ....... .,.. .~ ~--- ,i't.AA 4 ' "" 4 ~ .....__ - ,. ,n -.{ ~O• -- '1"' ·- . 1 ..... ,o.... 1.-,¡, -- ~ , I I .4 .. I ~ ,_,6..Q. ,,,, ,.,.r l ~ ~ 1" r "" ,,,, :~~ '"'__,,,_ vp ¡...-,,, . ,.. ,_ I I ALES L...111111'""" ~ ,.. "'-;~ ,;,._ - --- i, ~ , ~ ._ ' T IMW ,,,, . 1~ ,... ,, ,t A""- " / "" 1 I "~ ,,-~ ,,, """ ,, f"" ,,~ 4 • '""" ~" ~"" . ~· ~ 1 1 ~ - L,Osof 'J ' 1 1 ECVN' 1 ,., ~ ~ . 1 ,_ 1 T TIZA. ,A 1 l 1 FUENTE: "UNIVERSIDAD EN CIFRAS 19'75" 1 ~ 1 1 1 1 1 r,. T '- ,...... -- ~ . o soc,1a. 11 .f M AWMNOSl -- - .. d 1'-" C~'-- ~ 1 1 .... ~ ..,,,,,,.. - 1 1 1 �DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 8-9 �UNIVERSIDAD AUTON0~1A DE NUEVO LEON FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Neftalí Garza Contreras. SUBDIRECTOR:. Lic. ~verardo Chapa Cantú. SECRETARIO: Lic. David Calvan Ancua. DECANO: Lic. Genaro Salinas Quiroga. JEFE DE LA SECCIÓN mi:TORIAL: Lic. Jesús Ramones Saldaña. JEFE DE RELACIONES PliBLICAS: Lic. José Luis Villarreal Coindreau. DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DIRECTOR: Lic. Revista Cuatrimestral de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Nuevo León. VOL. 111 DIRECTORIO DE LA REVISTA DIRECTOR: Lic. Samuel Flores Longoria. DIRECTOR ~RTÍST1_co: ~Alfonso Reyes Martínez. SECRETARIO DE ~DAC~ION: Lic. David Galván Ancira. SECRET.A.RJO DE CIRCULAClON: B1bl. Manuel Urik OCTUBRE 1975 - MAYO 1976 No. 2 (8/9) INDICE JF.,SUS RAMONES SALDAÑA, El comportamiento de los precios y los salarios mínimos en el Area Metropolitana de Monterrey 1960-1975. M. CONSEJO EDITORIAL: Lic. Genaro Salinas Quiroga, Lic. Neftalí Garza Contreras, ÜC. Everardo Oiapa Cantú, Lic. Samuel Flores Longoria, Dr. ~ tín Basave Femández del Valle, Lic. Alberto García Gómez, ÜC. Jesús Ramones Saldaña, Lic. Hermila Martell Méndez. CARLOS FRANCISCO CISNEROS RAMOS, La relación tributaria y los sujetos de crédito. Toda correspondencia debe dirigirse a: Facu1tad de Derecho y Ciencias Sociales Revista. Derecho y Ciencias Soc:iales Ciud•a d Universitaria, Monterrey, N. L., México. IMPRESO Y HECHO BN MEXICO PRINTED AND MADB IN MBXIOO Ed1tortal Alfonao Ro~ Adolfo Prieto Oto. :140'1 Monterrel', N. L. 165 AGUSTIN BASAVE FERNANDEZ DEL VALLE, Fundadamento y esencia del derecho natural. 175 \ICOLAS MARTINEZ CERDA, Proyección y bases de la reforma penal en Tamaulpias. La responsabilidad de los artículos public~dos es excl}lsiva de sus autores. Las opiniones eXll)resad_a~ en la Re\11sta son e~r1ctamen: personales y no asumen responsabilldadi por ellas la revista. la~n culta<l de Derecho de la U. A. N. L. o l~s il?stituci~nes a las que asociados sus expositores. Derecho y C,enc,as Soc1ale-s aparece cuatrlmestralmente. No se devuelven originales aun cuando no se publiquen. 157 191 HCOBO AYALA VILLARREAL, lnconstilucionalidad del avalúo bancario. 205 LUIS GARCIA ROMERO, La suspensión: El cumplimiento por los Jueces de Distrito de la suspensión provisional y rj,efinitiva. CE.SAR GARZA Al\'CIRA, La huelga. 209 225 DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES. CONSEJO EDITORIAL, Documentos, Relaciones Exteriores, Presen• tación. 233 RICARDO TREVIÑO GARCIA, Relaciones Exteriores: Punciones y atribucwnes de la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en Monterrey, N. L. 2~5 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Derecho Y Ciencias Sociales Año de publicación El año cuando se publico 1975 Volumen Volumen de la revista 3 Número Número de la revista 1 Mes de publicación Mes cuando se publicó Junio-Septiembre Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Cuatrimestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1784899&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales, 1975, Vol 3, No 1, Junio-Septiembre Creator An entity primarily responsible for making the resource Flores Longoria, Samuel, 1934-, Director Subject The topic of the resource Derecho Derechos civiles Publicaciones periódicas Leyes Jurisdisprudencia Filosofía del derecho Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derechos y Ciencias Sociales Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Galván Ancira, David, Secretario de Redacción Salinas Quiroga, Genaro, Consejo Editorial Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/06/1975 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource tex/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2016553 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. San Nicolás de los Garza, N.L., (México) Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies. Universidad Autónoma de Nuevo León Rights Holder A person or organization owning or managing rights over the resource. El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores Filosofía jurídica Juicio de amparo Jurisprudencia obligatoria Poder Judicial de la Federación Política fiscal para la educación Suprema corte https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/271/13590/DERECHO_Y_CIENCIAS_SOCIALES._1975-1976._Vol._3._No._2._Oct-May._0002016551.ocr.pdf a533c11adaa315e2cb6e862c57ecbdb1 PDF Text Text UNIVERSIDAD AUTON01\1A DE NUEVO LEON FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Lic. Neftalí Garza Contreras. SUBDIRECTOR: Lic. ~ve, rardo Chapa Cantú. SECRETARIO: Lic. David Galván Ancin. DECANO: Lic. Genaro Salinas Quiroga. JEFE DE LA SECCIÓN ~ TORIAL: Lic. Jesús Ramones Saldaña. JEFE DE RELACIONES Pl· BLICAS: Lic. José Luis Villarreal Coindreau. DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DIRECTOR: Revista Cuatrimestral de la Facultad de Derecho Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Nuevo León. y VOL. 111 DIRECTORIO DE LA REVISTA Lic. Samuel Flores Longoria. DIRECTOR ARTÍSTICO: Arq. Alfonso Reyes Martínez. SECRETARIO DE REDACCIÓN: Lic. Daw Galván Ancira. SECRET.A.RJO DE crncuLAc1óN: Bibl. Manuel Urik M. OCTUBRE 1975 • MAYO 1976 INDICE DIRECTOR: CONSEJO EDITORIAL: Lic. Genaro Salinas Quiroga, Lic. Neftalí Garza Contreras, lit. Everardo Oiapa Cantú, Lic. Samuel Flores Longoria, Dr. ~ tío Basave Fernández del Valle, Lic. Alberto García Gómez, Üt Jesús Ramones Saldaña, Lic. Hermila Martell Méndez. La re®onsabilidad de los artículos public~dos es exd~siva de sus autores. Las opiniones eXll)resadas en la Re\'lsta son e~r1ctamente personales y no asumen responsabilidad: por ellas la revista. IaestéF• cultad de Derecho de la U. A. N. L. o l~s ~stituci~nes a las que n asociados sus expositores. Derecho y C1enc1as Soc1alff aparece cuatJ'I. mestralmente. No se devuelven originales aun cuando no se publiquen. Toda correspondencia debe dirigirse a: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Revista. Derecho y Ciencias Sociales Ciudad Universitaria, Monterrey, N. L., México. IMPRESO Y HECHO BN MEXICO PRINTED AND MADB IN MBXIOO Edltortal Alfonao ReJet Adolfo Prieto Oto. 340'1 Monterre,, N. L. No. 2 (8/9) JESUS RAMONES SALDAÑA, El comportamiento de los precios y los salarios mínimos en el Area Metropolitana de Monterrey 1960-1975. 157 CARLOS FRANCISCO CISNEROS RAMOS, La relación tributaria y los sujetos de crédito. 165 AGUSTIN BASAYE FERNANDEZ DEL VALLE, Fundadamento y esencia del derecho natural. 175 \!COLAS MARTINEZ CERDA, Proyección y bases de la reforma penal en Tamaulpias. 191 IACOBO AYALA VILLARREAL, lnconstitucionalidad del avalúo bancario. 205 LUIS GARCIA ROMERO, La suspensión: El cumplimiento por los Jueces de Distrito de la suspensión provisional y </,efinitiva. 209 CESAR GARZA ANCIRA, La huelga. 225 DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES. CONSEJO EDITORIAL, Documentos, Relaciones Exteriores, Presentación. 233 RICARDO TREVIÑO GARCIA, Relaciones Exteriores: Punciones y atribuciones de la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en Monterrey, N. L. 2~5 �JESUS RAMONES SALOAÑA PRECIOS Y SALARIOS EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS Y LOS SALARIOS MINIMOS E:N EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY 1960 - 1975 ucho se ha debatido a cerca del tema de "la inflación"; de cómo los movimientos en el nivel de precios afectan al poder adquisitivo de la población, de las relaciones entre aumentos en los sueldos y salarios de los trabajadores y posteriores aumentos en los precios. Además, se comenta de la incidencia del fenómeno de la ''inflación de costos y salarios" y de la necesidad de conservar el poder adquisitivo de los trabajadores, en vista de los considerables aumentos ocurridos a últimas fechas, en los precios de los artículos de consumo. Para efectos de anaHzar con detalle el tema del comportamiento de los precios y los salarios en Monterrey, es útil comenzar por definir qué se entiende por "inflación". El concepto más general es identificarla como un crecimiento elevado y persistente en el nivel general de precios. Para la medición de la inflación, se utiliza lo que los estadísticos y economistas denominan Indice de Precios, los que reflejan, M • - LIG. Jesús Ramones Ba.ldafia. lnv~or del Centro de InvestJgaclones Económicas 7 Dlo!esor de la Facultad de Derecho ., Clenc.laa Soc1ale&, UANL. �EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS Y LOS SALARIOS MINIMOO en promedio lo que sucede con los precios de lo-s artículos más importantes que pueden presentarse en un mercado. 1 Así pues, hablar de inflación es hablar de elevación de precirs. En un continuo incremento de precios, todo aquel que tiene un ing~ so fijo o gana un interés fijo, pierde en épocas de inflación . Al ser lijo el ingreso, en la medida que avanzan los precios, en esa medida se va reduciendo su ingreso expresado en bienes y servicios. En un período de inflación todo el efecto pernicioso se nota más en el jubilado y pensionado. Sin embargo, podría decirse que en~ neral afecta directamente a todo ese inmenso sector formado por~ asalariados (obreros, empleados, profesionistas, técnicos, etc.). ~ luego, la actitud ante la inflación por parte de los trabajadores es ~ cionar mediante los sindicatos para el aumento de los salarios q11 c~mpense el alza en el nivel de precios. 2 En otra ocasión se podrá hacer un análisis de nuestra inflaci('I y el efecto en los asalariados mexicanos. Por el momento, en este eg. sayo se pretende cuantificar el efecto de los incrementos de los ~ cios sobre el poder de compra del grupo de trabajadores perceptO!el del salario mínimo en el área metropolitana de Monterrey 3 • Para~ realización de esta medición, usaremos el concepto de salario real (!ti significa la cantidad de bienes y sc1vicios que se pueden comprar uiv vez que se mcdifican los precios y los salarios nominales; es decir, d salario real depende tanto de las variaciones en el nivel de salarios ro minales como de los cambios en el índice de precios. Con los datos de que se dispone en el CIE de los salarios míni"' en Monterrey (Zona 25) desde 1960, así como el respectivo índice i precios al consumidor, podemos comprobar en realidad si a partir i ese año hasta 1974, se ha mejorado el salario mínimo real de la!» blación ocupada en Monterrey. 1) L& utWdad del Indice de 1>reclos es notoria, sl se loma en cuenta que para obtell« • tdea clara 1 precisa de lo <1ue han aumer>tado " dlsmlnuldo los lnaresos reales. es 11111 &arlo dividir 108 Ingresos nominales POr el lndl« de precios. 2) Lo que verdaderamente interesa a<1uf es llalnár la atenolón sobre el efecto de II t tlaclón sobre los que tienen una remuneraelón fija como el caso de los bonos 1 ;I gaciones. 3) En el l)ais, la Constitución de 19!7 estableclo 1 deflntó el 1>rlnclplo que demanda fl la remuneración devengada por la prestación de servlcloe tlslcos e lnteelctuales debe 1 Igual o superior al monto del Salarlo Mlnlmo que de conformidad con lo que la Le7 . . "es aquel que se considere suficiente, de acuerdo con las condiciones Qlle Jt valezoau en la r8$1>ectlva reirláll del pals. pars satisfacer las necesidades nor,nlkS • la vida del trabalador, su educación .,- sus recreaciones razonable!!, t,Jenlendo ell ta su condición de Jete de famllla". ar 158 EN EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1960-1974 Al hablar de la relación entre los movimientos de los precios y de los salarios, es necesario tener en mente el mecanismo de la determinación de estos últimos. En México, los salarios mínimos nominales' hasta hace poco tiempo se determinaban cada dos años, por medio de una comisión tripartita compuesta por representantes de los !rabajadores 5 • El resto de los sueldos y salarios normalmente tiende a ajustarse a los aumentos en los salarios mínimos, si bien con algo de retrase y no éon la misma periodicidad. El nivel de los salarios mínimos se fija tomando en cuenta tanto los aumentos previos en el costo de la vida como los auemntos en la productividad de los trabajadores, por la cual los incrementos en los salarios tienen -por lo menos- dos componentes. En el Cuadro 1 se presentan los datos del índice de precios para Monterrey Metropolitano y los salarios mínimos de la zona. El análisis de la información a partir de 1960 nos indica que los precios se movieron en condiciones estables; es decir, sus movimientos fueron suaves, leves o moderados. Por su parte, lo-s aumentos salariales para compen:;ar la pérdida del poder de compra, ocurrieron en montos que podrían interpretarse en sentido favorable, al evitar la "erosión" de la moneda durante la vigencia del salario mínimo y disponer de un pequeño excedente que mejore ia situación familiar. Los descensos en el poder adquisitivo de salario real se aprecian apartir del período en que los precios de los productos se elevan más ráp;damente que los salarios nominales. Para el caso que nos ocupa, en el p;imer período donde se apreciaron cambios bruscos en los precios fue en el año de 1973, donde el índice se elevó de 3.5 porciento en 1972 hasta 10.7 porciento en agosto del año considerado, mientras que el salario real disminuyó en un 9.7 porciento. Como resultado de esta baja en el poder adquisitivo, que fue visible en todo el país, el gobierno efectuó la revisió_n de los salarios mínimos vigentes, aumentándose éstos en un 18 porciento a partir del mes de septiembre; con esta 11 Se entiende POr salarios nominales o monetar:108 la cantidad de dinero J>erClblda p0r hora, dfa, semana, etc. de trabajo. Por su 1)8rte, los salarlos reales pueden det.lnlrse corno la cantidad de bienes y servicios que 108 trabajadores pueden obtener con sua salarlos monetarios, Indicando as! el l>Oder ad<1ulsltfvo de estos últimos. SJ Bl 30 de septiembre de 19'1'4 fue l)Ubllcado en el Diario Oficial de la F'ederadón et Decrúo <1ue Por lnlclatdva del setior Presidente de la República eX1>1dlera el Conrireso de la \Jnión a fin de establecer el principio de la. anualidad tanto en la revisión de los áalar!os mlnlmos como en los de a,¡uellos establecidos en los contratos colectivos 1 en los contratos-ley. 159 �EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS Y LOS SALARIOS MINI medida se restableció el poder de compra de los preceptores de salarios fijos en Monterrey Metropolitano. 6 Como la tendencia alcista de los precios continuó, y a pesar de que en 1974 se efectuó el ajuste del salario mínimo correspondiente por Ley, el salario que entró en vigor a partir de enero (50.90 pesos diarios) hubo de ser revisado en el mes de octubre, ya que para esta fecha los precíos al consumidor se habían incrementado un 22 porciento (diciembre 1973 a agosto de 1974) y los salarios reales habían descendido en un 5 porciento para el mismo período y todo parecía indl car que continuaría disminuyendo. Como el poder adquisitivo del consumidor había descendido considerablemente, para que éste se recuperara, a nivel nacional se llegó al acuerdo de aumentar los salarios mínimos en un 22 porciento, que para el caso del Area Metropolitana de Monterrey vino a constituir una recuperación en el poder adquisitivo del trabajador que percibe el salario mínimo, al ser éste proporcional al aumento en el índice de precios. Si bien por medio de las anteriores medidas los salarios reales dfl trabajador se recuperaron, la tendencia del índice del salario real (columna cinco del Cuadro 1) muestra que éste no se podrá mantener~ encima del índice de precios, ya que el nivel de precios tiende a incrementarse; en consecuencia, el poder adquisitivo habrá de disminuir. El que esta disminución sea grave o leve dependerá del incremento~ el índice de precios en los subsiguientes años. Como ya se había señalado, el nivel de los salarios reales depe!f de tanto de los cambios en el nivel de los salarios nominales como de los cambios en los precios de los bienes y servicios que los trabajad& res consumen; por lo tanto, salarios monetarios y salarios reales ('ji cambian necesariamente en forma paralela. La información estadística del Cuadro 1 para el Area Metropolitana de Monterrey, durante el período de 1960 a diciembre de 1974 muestra que mientras que el salario mínimo nominal aumenta en todo el período considerado, el sala,. real ha experimentado aumentos y descensos como reflejo de los aurneit tos en el nivel de precios, los cuales ocurren constantemente, mientras que el salario mínimo nominal aumenta cada dos años. No obstante. 8) EN EL AREA METROPOLITANA la tendencia general del salario mínimo real en Monterrey mantiene su tendencia ascendente. Finalmente, parece pertinente insistir que no t¡m sólo basta considerar el aumento en el nivel de precios al consumidor para fijar el salario mínimo. De hacerse así, el asalariado no se beneficia de las ganancias de la productividad; y al no ocurrir esa, se congelará el salario real. Dicho de otra manera, si el salario se incrementa en la misma proporción que los precios el salario real se mantendrá constante. El examen de los datos del indice nacional de precios al consumldor para 19'13 " el Poder adQU!attlvo del peso mexicano se estaba d ~ 7 esto fue lo que detenn1Di6 que las autoridades del P3is Incrementaran el sa!llfo • un 18 por ciento. Un Incremento de carácter "defensl.vo" para restituir al in..- 11 trabaJador que percibe 9ala:to lllinlmo B1 Poder adquisitivo que t.enia al tntdallil 4 btenlo 1972-73. permite advertir que 160 161 �CUADRO COMPORTAMIENTO DEL SALARIO MINIMO Y NIVEL DE PRECIOS PARA EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY (1960 · 1974) S a 1 a r i o M1 n i mo Indice de Precios 1960 = 100 Pesos 1960 14.00 100.0 14.00 100.00 1961 14.00 103.0 13.59 97.07 1962 17.00 1 13. 7 14.95 106.79 1963 17.00 11 5. 7 14.69 104~ 93 1964 20.75 119 . 6 17.34 123.86 1965 20.75 121. 6 17.06 121 . 86 1966 24.25 124.7 19.45 138 . 93 1967 24.25 128.3 18.90 135.00 1968 27.50 132.6 20.73 148.07 1969 27.50 137.7 19. 97 142.64 21.86 156.14 111 1970 31. so 144. 1 1971 31 . 50 149.3 21 . 1O 150.71 1972 37.20 154. 4 24.08 172.00 37.20 43.90 171 . O 176.6 21. 74 24.85 155.29 177 . 50 50.90 62 .1 O 62 .1 O 215.6 218.0 23S.2 23.60 28.48 26.40 168.57 203.43 188.S7 1974 Enero-Agosto Septiembre Diciembre 1:•UU.NTU, -ro.....a ~ 'P1..•h'l.'\c,.ac.'\6n __ - 4•_'1.a_Co-.n-1.•L&ro._N•c· a 240 R A r P e INDICES REAL DE EN - - - r A CDMF'DRTRMIENTD ~10 Indice de Salario Real(w/p) 1960 • 1 00 Aflos 1973 Enero-Agosto Sept. -Dic. ;zzs Salario Real (w/p)minimo DE PRECIOS LOS Y SRLRRID MONTERREY METRDPDLITRND 195 w 180 V 165 ó z - 150 135 120 105 1960 1961 1962 1963 1964 R 1965 N 1966 D 1967 5 1968 1969 Salario Real A A ds Precios lil &! EiT 1973 1974 1970 1971 1972 �CARLOS FRANCISCO CISNEROS RAMOS LA RELACION TRIBUTARIA Y LOS SUJETOS DE CREDITO LA RELP.CION TRIBUTARIA.- ELEMENTOS DE LA RELACION TRIBUTARIA: a).- Sujetos: 1).- ACTIVO; 2).- PASIVO; 3).- RESPONSABLES.- b).- El objeto y e).- El hecho Tributario.- LA OBLIGACION TRIBUTARIA: a).- la determinación; b).- La liquidación.- EL CREDITO TRIBUTARIO. ara el tratamiento y desarrollo de este tema, es preciso nos ubiquemos primeramente en la rama de la ciencia que será objeto de nuestro estudio, pues desde el punto de vista jurídico la actividad económica del Estado, puede tratarse en tres distintas disciplinas, con contenido diverso, y q'ue en muchas ocasiones suelen confundirse o tratarse los términos como sinónimos, a saber: Derecho Financiero, Derecho Fiscal, y Derecho Tributario. P Desde luego, del ancho campo de las actividades humanas, nos concentramos en el llamado sector financiero, el cual se encuentra configurado en la Administración Pública, la que para llegar a la satisfacción de las necesidades públicas, se apropia de las riquezas o bienes de los particulares, requiriendo para ello la expedición de las normas consagradoras de las hipótesis correspondientes, en las cuales al encuadrar con ellas la conducta del hombre, éste debe pagar; establecer los órganos de la Administración encargados de la obtención y recaudación Lle. Ca.rlos Franclsco Cisner0s Ramos. de la Uni\'ersldad Autónoma de Nuevo León. �LA RELACION TRIBUTARIA Y LOS SUJETOS DE CREDITO LA RELACION TRIBUTARIA Y LOS SUJETOS DE CREDITO derechos y la denominada teóricamente Contribución Especial) y como de esos ingresos del ente público; la gestión y administración de ~ ingresos; la planificación, estudio y designación de los gastos Y la ade- sujeto de Derecho Privado, al colocarse en un plano de igualdad con cuada inversión de los ingresos para lograr esa satisfacción de las ne- los particulares, celebrando contratos o convenios de donde obtiene también ingresos llamados de economía privada (productos). cesidades públicas. Como se ha de advertir, es muy amplio este sector y por lo mismo se Así, cuando desde el punto de vista teórico se hace estudio de las er.ci.:entra parcelado y el estudio de cada parte está comprendido en normas conforme a las cuales el Estado logra la obtención de ingresos, otras tantas disciplinas jurídicas con las denominaciones que hemos ex- ya sea actuando como sujeto de Derecho Público o de Derecho Privapresado, correspondiéndole al DERECHO FINANCIERO, al cual Rossy, do, el mismo se lleva al cabo dentro de las limitaciones del Derecho define, "Como la rama del Derecho Público que estudia y proclama los Fiscal. principios e instituciones jurídicas que deben regir la actividad del ente Y, por último, en lo atinente al Derecho Tributario, Blanco Ramos, público, consistente en la dotación dineraria para atender a las necesi- expresa que "abarca los problemas jurídicos derivados de !a existendades estatales y a las generales dei país la obtención de tales medios cia de los tributos, esto es, de ios ingre:;os que los entes públicos obdinerarios, su admin istración e inversión y la realización dineraria de tienen compul~ivamente de los ciudadanos, ingresos que revisten ias aquellas dotaciones y de estos medios" . tres conocidas formas de impuestos, tasas y contribuciones especiaPor su parte A. D. Gianniani, el Derecho Financiero puede definir· les". se, "como el conjunto de normas que regulan la obtención, la gestión A. D. Giar.nini, define al Derecho Tributario como "aquella rama y el empleo de los medios económicos necesarios para la vida de los del Derecho Administrativo que expone las normas y principios relatientes públicos". vos a la imposición y a la recaudación de los tributos y que analiza las En nuestro medio el distinguido jurista don Sergio Francisco de~ consiguientes relaciones jurídicas entre los entes públicos y los ciudaGarza, sigue, por considerarla más aceptable, la definición dada p« danos". Fernando Sáinz de Bujanda, en el sentido de que Derecho Financiero, Para sintetizar, debe quedar bien claro que el Derecho Financiero es "la disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático de las n«' se encarga del estudio no sólo de los ingresos, sino también de los gasmas que regulan los recursos económicos que el Estado y los demás tos; el Derecho Fiscal, se encaíga del estudio de cómo obtiene el Estaentes públicos pueden emplear para el cumplimiento de sus fines, así 1'.o los recursos provenientes de los particulares ya sea su actuación como el procedimiento jurídico de percepción de los ingresos y de «· como sujeto de Derecho Público y como sujeto de Derecho Privado y denación de los gastos y pagos que se destinan al cumplimiento de p:¡r último del Derecho Tributario, contiene las normas relativas a los los servicios públicos". ingresos obtenidos por el Estado en su carácter de sujeto de Derecho En lo referente al Derecho Fiscal, Rafael Bielsa, lo define "cOIPl Público. el conjunto de disposiciones legales y de principios de Derecho Púbff Así podemos decir de que, por la índole del tema, nos ubicaremos co que regulan la actividad jurídica del fisco". Esta denominación de dentro del campo del Derecho Fiscal, prefiriendo esta denominacrón, Derecho Fiscal, "no es muy usada por los autores modernos", señ~ lundamentalmente porque los lineamientos legales objeto del estudio el maestro español, Ignacio Blanco Ramos y al efecto tenemos, entie habrán de desprenderse del Código Fiscal de la Federación y porque venosotros, la utilización de la Termlnología de "Derecho Financiero", lf remos la consideración de los sujetos activo, pasivos y sustitutos fiscenciado Sergio Francisco de la Garza; "Derecho Tributario", lf caies o responsables del pago de un crédito fiscal, desde el punto de cenciado Emilio Margáin Manautou; "Derecho Fiscal", licenciado N· vista de este cuerpo de normas, independientemente cual fuere el orimando Porras López, así como la denominación de ese conjunto de gen de la obligación y del crédito correspondiente. normas genéricas denominado Código Fiscal de la Federación. Además de estos principios fundamentales, cabe recordar de que Como se sabe, el Estado, en la obtención de recursos e<' la obligación de contribuir a los gastos públicos del Estado Mexicano nómicos, puede actuar y actúa, como sujeto de Derecho Público Y rJJ se desprende del contenido de la fracción IV del artículo 31 de la Consese carácter obtiene ingresos de los llamados tributarios (impuesttEi tttución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de acuerdo con 166 167 �LA RELACION TRIBUTARIA Y LOS SUJETOS DE CREDITO los postulados de la misma solamente al través de una Ley, considerada en su aspecto formal y material, esto es emanada del Poder Legislati• vo y que tenga las características de generalidad, abstracción y permanencia, se puede establecer un tributo. Ahora bien, de la Ley nacen los supuestos conforme a los cuales se puede calificar e: una personél como deudor de un crédito fiscal. "Del ordenamiento jurídico del impuesto nacen opina A. D. Giannini además, no sólo la obligación de pagar y el correspondiente derecho a exigir una suma determinada cuando se produzcan los presupuestos de hecho establecidos en aquél, sino, además, una serie de obligaciones Y derechos de naturaleza y contenido diversos, tanto del ente público como de la persona sujeta a la potestad estatal". Es decir de ahí surge la llamada relación tributaria. Esta no es otra cosa que el vínculo existente entre el Estado, Administrnción Fis· cal, y el particular, sea persona física, jurídica o unidad económica, en virtud de la realización por éstos de los supuestos fácticos o jurídicos establecidos en la Ley generadoras de la obligación tributaria, la cual al determinarse y liquidarse da lugar al crédito fiscal. Como en toda relación jurídica, en ese vínculo de la imposición, existen dos sujetos: uno, activo, el Estado, el que por actuar en ejer· cicio del "jus imperium", "se encuentra -al decir del licenciado Francisco Lerdo de Tejada- en una situación de preeminencia respecto del deudor, ya que posee la facultad de recibir y en su caso de exigir la prestación"; otro pasivo, quien "es la persona física o moral, mexicana o extranjera que de acuerdo con las leyes, está obligada al pago de una prestación determinada al fisco federal". En esa relación jurídica también se distingue el objeto, o elemento objetivo de la misma, "que está constituido por la materia sobre la que recae el poder del sujeto activo y el deber del sujeto pasivo, Yq~ principalmente lo constituyen los actos humanos (prestaciones, senicios) y las cosas (materiales o inmateriales)". Para nuestro modo de ver el objeto de la relación tributaria es la obligación tributaria, mientras que el objeto de ésta es la situación jurídica o de hecho que al concretarse da origen al deber de pagar JJ(t parte del sujeto pasivo una determinadn prestación a favor del acret dar o sea el fisco. Además de estos elementos subjetivos y objetivo reseñados 1131 autores que señalan como signo característico el "elemento causal ~ nerador", o sean los hechos llevados al cabo conforme a los cuales se realiza el supuesto de la hipótesis normativa. A este elemento set 168 LA RELACION TRIBUTARIA Y LOS SUJETOS DE CREDITO conoce también con el nombre de "hecho imponible". Como en toda relación jurídica, considerada como el conjunto de derechos y obligaciones, en la relación tributaria los sujetos activo y pasivo, tienen facultades y deberes, conviniendo mencionar lo dispuesto por el artículo 17 del Código Fiscal de la Federación en el sentido de que "la obligación fiscal nace cuando se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas por las leyes fiscales". Ahora bien, no debe confundirse la relación tributaria con la obligación tributaria, pues se puede contemplar la existencia de la primera sin que necesariamente haya la segunda, pero no puede haber ésta sin aquélla. Lo anterior en lo que corresponden a la obligación principal. Aclaramos: existen obligaciones tributarias principales y accesorias. Obligaciones de dar, hacer y no hacer. Como es sabido la obligación principal es !a de pagar el impuesto, o sea una obligación de dar. Así por lo que corresponde a esta obligación, puede no presentarse pero sin embargo observar la existencia de la relación tributaria como es el caso, por ejemplo, de quienes se encuentran señalados como exentos de la obligación de pagar, o aquéllos casos de empresas que durante varios ejercicios operan con pérdida. En lo referente a las obligaciones de hacer, se pueden señalar las relativas a la presentación de manifestaciones o declaraciones, avisos, etc., mientras las de no hacer, se presentan en todas aquellas normas señaladoras de una prohibición. El licenciado Flores Zavala ha hablado también de la existencia de la llamada obligación de tolerar la que se presentaría en el caso, por e¡emplo, del deber que tiene el causante de permitir la práctica de visrtas de inspección. Cabe destacar la importancia que tiene la distinción introducida en el Código Fiscal de la Federación al hacer la diferenciación entre obligación fiscal y crédito fiscal. En cuanto a la primera ya hemos dicho que consisten en la realización de las situaciones jurídicas o de hechos señalados por las Leyes, mientras que el crédito fiscal es esa obligación determinada en cantidad líquida. . Esto nos da pie para señalar los conceptos de determinación y de liquidación. El primero es la operación lógico-jurídica que debe reali~r para llegar a la conclusión de que la conducta de una persona fí. s,ca, jurídica o unidad económica, encuadra en los supuestos de la ley impositiva. Esa determinación puede ser hecha por el sujeto pasivo, 0 Por la autoridad y en ocasiones hasta por el llamado "sustituto 169 �LA RELACION TRIBUTARIA Y LOS SUJETOS DE CREDITO LA RELACION TRIBUTARIA Y LOS SUJETOS DE CREDITO fiscal " y en otras se prevé la llamada determinación mixta. los últimos no tienen facultades para establecer por sí mismos los triTomaremos algunos ejemplos para señalar cómo operan cada uia butos, sino que se les señalan por conducto del Congreso Estatal code estas clases de determinación de la obligación fiscal. En el case rrespondiente de acuerdo con lo píevisto por el artículo 115 de la Cons, del impuesto sobre la renta, productos de trabajo, señalando a los pro, titución Política de los Estados Unidos Mexicanos. fesiornstas 1 éstos hacen las operaciones necesarias para llegar a la esAl recibir el pago de las prestaciones económicas, exigir dicho patimación de que son causantes del pago del impuesto correspondienle go por el procedimiento de ejecución, y demás actos inherentes, nos y en los anticipos, y, en sus declaraciones anuales, al señai_a_r la~ can- encontrarnos al Estado, como sujeto activo administrador fiscal, actuantiúades a pagar están determinando y liquidando la obligac1on !1scal. do en ejercicio de las facultades y atribuciones derivadas de la Ley. En Una de las formas de determinación por parte de la autoridad~ síntesis este sujeto activo es el acreedor en esta relación crediticia triencontramos cuando se aplica la Ley del Impuesto sobre He.-encias J butaria. Legados, donde se exige la p;esen.ación de la ~enuncia seña1ando d Frente a este su¡eto activo, nos encontramos al sujeto pasivo o sea nombre del autor de la sucesión, presentar los inventarios, md1canoo el deudor del crédito fiscal. Puede ser persona física, persona moral, los he:-elieros, siendo la autoridad fiscal la que establec1a la aplicaciCI ouna unidad económica. de la tarifa correspondiente. La persona cuya conducta coincide o se adecúa a los supuestos En lo referente a la Ley del Impuesto sobre la Renta, se recordari señalados en la ley como generadores de la obligación fiscal, ese es el la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer s~je1o pasivo con el deber de pagar. Aquí podemos decir, siguiendo a la determinación de oficio, sin intervención del deudor, cuando haJ G,annini que "el sujeto pasivo del impuesto es la persona que se encuenomisión de declaraciones; cuando no se pre.,entan los libros de conta- tra en una determinada relación, establecida por la ley tributaria, con bilidad, cuando haya irregularidades en ésta. la situación de hecho que se constituye el presupuesto material del triEn el Impuesto sobre Consumo de Energía eléctrica, la empresa buto. Cuando varias personas se encuentran respecto al mismo presuvendedora hace la determinación del impuesto a pagar por el consunt txiesto en la expresada relación quedan c,olidar:amente obligadas frendor al hacer entero de la factura o recibo de consumo. La empresa es te al ente público". Aquí son codeudores ligados a un objeto único. "sustituto fiscal", pues el deber corresponde al consumidor, pero k Antes de seguir adelante conviene también hacer la distinción del Ley de la materia lo impone a la vendedora. sujeto pasivo jurídico con el sujeto pasivo económico. Es decir entre el Por otra parte la liquidación es la operación matemática señal» deudor Y el pagador del impuesto. En virtud del fenómeno económico do el importe correspondiente a la obligación fiscal, aplicando la~ 1t de la repercusión el obligado directamente a efectuar el pago tiene fa. rifas o tablas respectivas. Así determinada la obligación en cantulat aJltades o simplemente traslada esa obligación a otra persona quien es líquida, nace el crédito fiscal. .. la Que realmente paga. La primera es el sujeto pasivo jurídico y la últiSeñalados estos elementos principales en cuanto a la relac1on 11t ma el sujeto pasivo económico. butana, nacimiento de la obligación tribtuaria, determinación y liquid; . Claramente para los efectos consiguientes el que interesa es el sución de la obligación tributaria, crédito fiscal, concentraremos brelt Jeto pasivo jurídico, pues a él corresponde la responsabilidad de la deumente la atención sobre les sujetos. da tributaria frente al fisco. Repetiremos que los sujetos son: activo y pasivo. El primero 15 . Ahora bien dentro del sujeto pasivo jurídico, suelen señalarse las el Estado, administrador fiscal. Al efecto no se debe confundir el st 51~ientes clases: "a).- Contribuyente o sujeto pasivo en sentido esjeto de la relación tributaria con el sujeto del poder tributario. COIII b).- Sustituto fiscal, o sea aquella persona a quien la ley conssujeto activo de la relación tributaria, actúa el Estado, desde el pu~ ~e en sujeto jurídico del tributo sin ser a la vez sujeto económico del de vista de la administración. Como sujeto del poder tributario, acb' rnrsmo". el Estado, por conducto del órgano legislativo. Aunque sabemos <P En otras palabras, el primero sería el deudor directo del impuesto, existen impuestos federales, estatales y municipales, solamente los Of en el caso del impuesto sobre la renta a cargo de los profesionistas, ésprimeros: Federación y Estados, son sujetos del Poder Tributario, Jll'5 tos son los sujetos pasivos directos o deudores, o contribuyentes. En el ~º- 170 171 �LA RELACION TRIBUTARIA Y LOS SUJETOS DE CREDITO LA RELACION TRIBUTARIA Y LOS SUJETOS DE CREDITO mismo impuesto, pero el correspondiente a quienes realizan un traba, jo subordinado nos encontramos que el patrón o la empresa, es el sustituto fiscal, llamado también, de acuerdo con nuestro Código Fiscal, sujeto pasivo con responsabilidad solidaria. Teóricamente se habla de "sustitutos fiscales" y "responsables del impuesto" para reconocer a aquellas personas a quienes la Ley les impcne la obligación de satisfacer un impuesto señalado a cargo de otra pcíscna, advirtiendo que de acuerdo con el artículo 14 del Código fis, cal de la Federación, en nuestro medio se adoptó la segunda denominación, al hablar de los responsables solidarios". El artículo 14 del Código Fiscal de la Federación contiene diez frac• ciones señalando, en forma general, quienes pueden ser o son considerados como responsables solidarios, en la inteligencia que en la frac· ción décima remite a las dispos:ciones de las leyes impositivas particulares en cuanto hagan mención a quienes diversos al deudor directo, se les considera responsables de las obligaciones a cargo de éste. Desde luego, las disposiciones contenidas en las fracciones I Y11 del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación no contemplzn la situación del verdadero "responsable" o "sustituto fiscal", pues las ht pótesis de "quienes en los i.érminos de las leyes estén obligados al~ go de !a misma prestación fiscal" y "los copropietarios, los coposeeo> res O los participantes en derechos mancomunados, respecto de los ere ditos fiscales derivados del bien o derecho en común ... " respecti~ mente, hacen refernncia propiamente a los sujetos pasivos directos o d~ dores o contribuyentes, pues serían las personas cuya situación COI~ cide con la señalada por la Ley. . Lo que existe en los casos mencionados es una obligación sol~ ria entre los sujetos pasivos, en el sentido de que el acreedor o su1~ activo, tiene el derecho de exigir el pago total de la perstación ec<>"> mica correspondiente a uno o a otro de los deudores, con la facu~ de quien paga de repetir en contra de los otros. Ahora bien los responsables solidarios contemplados en las dt más fracciones del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación,_S(j sujetos pasivos por adeudo ajeno o deudores indirectos de un cré(ljl fiscal, pues la conducta de ellos no coincidió con las hipótesis genert doras de la obligación tributaria sino que devienen responsables ~ el fisco, ya por disposición de la ley, ya por su voluntad, ya objet~ mente. . Así, por ejemplo, son sujetos pasivos con responsabilidad solili ria O deudores indirectos sustituyendo al deudor principal, por "º"' 172 tad de tercero, en los términos de la fracción III del artículo 14 del Cóligo Fiscal de la Federación, "quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria". Son deudores indiretos, por substitución del deudor principal, por disposición de la Ley, los retenedores o recaudadores de créditos fiscales a cargo de terceros; quienes deban recabar documentos y los funcionarios públicos y notarios que autoricen un acto jurídico o den trámite a algún documento sino se cercioran de que se hayan cumplido las obligaciones fiscales, atento a lo dispuesto por las fracciones IV, Vy IX del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. Los propietarios de negociaciones agrícolas, comerciales, industriales, ganaderas o pesqueras; los legatarios y donatarios, así como quienes para garantizar créditos fiscales constituyan prenda, hipoteca, depósito, todos ellos son deudores indirectos por responsabilidad ob~tiva, pues la misma no excede del monto del valor de los bienes correspondientes. Esta clase de sujetos pasivos con responsabilidad solidaria se encuentra contemplada en las fracciones VI, VII y VIII del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. En cada ley impositiva particular se pueden encontrar al deudor directo y al deudor indirecto. La distinción es importante y señalaremos solamente la atinente ala exigibilidad del crédito fiscal en uno y otro caso. Transcurridos los términos dentro de los cuales, la ley señale a los causantes la obligación de hacer el pago del crédito fiscal, y no real:zado, entonces, se dice se hace exigible el crédito, pudiendo iniciar el fisco el procedimiento administrativo de ejecución para obtener el pago forzoso de lo adeudado. El procedimiento, en cuanto a formalidades, es distinto si se sigue.:n contra del deudor directo en cuanto al sujeto pasivo con responsa~ihdad solidaria, "sustituto fiscal" o deudor indirecto, pues en el Pnmer caso, no satisfecho el crédito fiscal dentro del plazo señaladQ llOr la Ley, se ordenará requerir al deudor para que haga el pago denlro de los tres días siguientes, con el apercibim¡ento de que de no haterlo se procederá el embargo de bienes de su propiedad. En cambio para iniciar el prócedicimiento administrativo de cobro en contra de un responsable solidario se necesita de acuerdo con lo Preceptuado por el artículo 111 del Código Fiscal de la Federación, hacer una notificación en la queconsta: el nombre del causante; la reJ SOiución de la que se derive el crédito fiscal y el monto de éste; los lllotivos y fundamentos por lo que se le considere responsable del eré• 173 �LA RELACI0N TRIBUTARIA Y LOS SUJETOS DE CREDITO dit9 y el plazo para el pago que será de quince días. Esta diferenciación surge atendiendo a la protección que debe brindársele a los particulares, respetando sus derechos, máxime en casos como esos en que propiamente sería un tercero, distinto a los componentes de la relación tributaria el que sería compelido para pagar, exigiéndose que en cumplimiento a los postulados derivados del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expresen los motivos y fundamentos por los cuales se les considere responsable solidario. Al efecto lo poco que hemos podido apreciar en actos de las autoridades hacendarías al respecto, es que en el mismo formato de mandamiento de ejecución disponible para los deudores directos, suele utilizarse en contra de los responsables solidarios, señalándose el monto del adeudo y la Ley del Impuesto correspondiente, pero no se hace men· ción a las causas de la responsabilidad y mucho menos a las disposiciones legales aplicables al caso. Ya en los Juzgados del Distrito del Estado se han dictado fallos en demandas de amparo promovida por terceros, a quienes se les ha exigido el pago de un crédito fiscal, sin señalar los motivos ni fundamentos del procedimiento seguido en su contra, pues solamente se han concretado a repetir el mandamiento de ejecución y si acaso poniendo en el lugar donde dice "Deudor", el nombre de una persona fisica y agregando cargo gerente de X, S. A. o simplemente siendo el cau· sante una persona moral, como deudor colocan el nombre de quien es su representante legal. La actuación en esa forma es violatoria a los derechos fundamen· tales. Se les ha concedido y debe concedérseles a los particulares con· tra quienes en tal forma se procede, el amparo y protección de la jus· ticia de la Unión. Así debe tenerse muy en cuenta que en el Informe Razonado al Secretario de Hacienda de la Comisión Redactora del Código Fiscal Vi· gente se dice: "Siguiendo el criterio ya adoptado en materia de impues· to sobre la renta, se ha abandonado el caso de la solidaridad de 1~ representantes legales y de los mandatarios, por los créditos fiscales que dejan de pagar por sus representados". AGUSTIN BASAVE FERNANDEZ DEL VALLE FUNDAMENTO Y ESENCIA DEL DERECHO NATURAL Sumario: 1.- ¿Qué es el Derecho Natural?. 2. -Pruebas del Derecho Natural. 3.- Derecho Natural y Derecho Positivo. 4.- Hacia un nuevo Derecho Natural. 5.- La Dimensión Jurídica del Hombre como Fundamento del Derecho Natural. 1.- ¿Qué es el Derecho Natural? Estado reconoce, define, realiza y sanciona un orden jurídico determinado, por concreción o determinación del Derecho Natural. La autoridad estatal aprecia y valoriza los elementos de hechos que condicionan la ordenación jurídica, así como la conveniencia de las soluciones con relación al bien público temporal. Pero toda esta parte "prudencial" y "técnica" que está a cargo del Estado, se realiza dentro del marco del Derecho Natural. El Derecho, a la vez ins- E Dr. Jur .• Dr PhU. Agustln Ba,,ave, Presidente del Centro de Estudios HumanlstJcos y ea. ledráttco de la Facultad de Filosof!.a. y Letras y de la Facultad de Derecho y C'lencias ao. <!¡¡es de la Universidad Autónoma de Nuevo Leén. 174 �FUNDAMENTO Y ESENCIA DEL DERECHO NATURAL trumento y resultante de la actividad estatal, no agota la realidad del Estado. Además de norma o sistema de normas, el Estado es -y esto es lo que no ha sabido ver Hans Kelsen- unión de voluntades, empresa en vista de un bien común. El Estado significa algo más que la pu. ra regla de Derecho, puesto que la regla jurídica está al servicio del Estado y de su fin: el bien público temporal. Aún sin ideas vertidas en juicios técnicos la razón natural comprende: 1) La existencia de principios morales en los hombres: justicia, deber, licitud, responsabilidad, culpa, etc. No se trata de invención arbitraria sino de un dictamen superior a nuestras ideas y a nuestros sentimientos. 2) Que estos principios están inmersos dentro del campo de lo ultrasensible, y dentro de lo ultrasensible pertenecen a lo racional, y dentro de lo racional se encuentran en el entendimiento práctico. 3) En cualquiera fo.rma histórica se pueden encontrar estos principios, puesto que su base estriba en valoraciones y esencias externas y no en exigencias o coyunturas circunstanciales. Sin término común, ¿cómo podrían compararse dos legislaciones? ¿Sin un cierto modelo previo, cómo se podría criticar una ley, cómo se podría explicar el afán de mejoraría? Por eso afirmó Platón que si no hay un Derecho absoluto, no hay en general Derecho alguno. Hay una definición que Mendizábal suministra para el Derecho objetivo en general, pero que nosotros no vacilamos en aplicar -un tanto modificada- al Derecho Natural: Conjunto de leyes intrínsecamente válidas cognoscibles por la razón del ser humano y congruentes con su naturaleza, que declaran, regulan y limitan la libre actividad huma· na en cuanto es necesa rio para la consecución armónica de los fines individuales y colectivos de la vida social. Estamos freni.e a una norma de coexistencia válida metaempíricamente por su just icia intrínseca. El existir humano, sin dejar de ser libre, está sometido a exigencias normativas que el hombre debe realizar. En el haz de pos ibilidades que hc:r en la originaria proyección a la existencia del ser humano, se da un núcleo originario de exigencias esenciales cuya dimensión es ;u~¡dica. No hay derecho si n eticidad. La referer1cia al mundo de las valideces morales es insoslayable en todo verc::adero ordenamiento jurídico. En el Derecho Natural se conjugan la inmutabilidad suprahistórica y la abertura hacia la historicidad inSOS· layable de las situaciones convivenciales del hombre. Las normas su· premas supratemporales de Derecho Natural, cuyo contenido inteligi· 176 FUNDAMENTO Y ESENCIA DEL DERECHO NATURAL ble es análogo, son susceptibles de explicaciones múltiples en la his- toria. Gustavo Radbruch advirtió que el derrumbamiento del Estado nazi, basado en la negación del Derecho, colocó continuamente a la judicatura alemana ante preguntas que el caduco pero aún vivo positivismo, no sabrá nunca contestar. La fórmula lapidaria de "la ley es la ley" nos deja inermes contra toda clase de crueldades y arbitrariedades. Resulta por demás interesante consignar las palabras de Gustavo Radbruch en su última fase: "a la vuelta de un siglo de positivismo jurídico, resucita aquella idea de un Derecho superior a la ley, supralegal, aquel rasero con el que medir las mismas leyes positivas y considerarlas como actos contrarios a Derecho, como desafueros bajo forma legal. Hasta qué punto deba atenderse a la justicia cuando ésta exija la nulidad de las normas jurídicas contrarias a ella, y en qué medida deba darse preferencia al postulado de la seguridad jurídica, si esta impone la validez y el reconocimiento del Derecho estatuido, aún a trueque de su injusticia, son problemas que hemos examinado y procurado ya resolver en páginas anteriores. El camino para llegar a la solución de estos problemas va ya implícito en el nombre que la Filosofía del Derecho ostenta en las antiguas Universidades y que, tras muchos años de desuso, vuelve a resurgir hoy: en el nombre y en el concepto de Derecho natural". (Gustavo Radbruch: Introducción a la Filosofía del Derecho, Pág. 180, Breviarios del Fondo de Cultura Económica). Me parece importante apuntar, junto a la diversidad conceptual de las doctrinas del Derecho Natural la unidad de la idea del Derecho Natural como ethos jurídico, como verdadero derecho como fundamento legitimador de todo derecho positivo. En este sentido el Derecho Natural es pauta para establecer el Derecho y criterio con que debe ser examinado su carácter. Puede hablarse, si se quiere, de una instancia de control. Aunque en una época de mi vida abrigué serias dudas sobre la conveniencia de seguir utilizando la expresión " Derecho Natural", hoy no tengo reparos en emplear estos términos --que han adquirido carJ ta de ciudadanía un iversal siempre que se entiende por naturaleza "un primer principio de acción y de pasión intrínseca a cada ser y común a todos los seres". El despliegue del vivir coexistencia! del hombre se funda en la naturaleza de su ser personal, señorial, social, contingente, religado y axiotrópico. Es ahí donde hinca sus raíces ia estructuración jerárquica de relaciones cuyo vértice supremo es el Ser fundamental y fundamentante. La naturaleza humana no es una naturaleza terminada e inmóvil. Se realiza en despliegue ca-existencial y en vivir histórico . Aún así, la polivalencia potencial humana está limi177 �FUNDAMENTO Y ESENCIA DEL DERECHO NATURAL tada por la originaria naturaleza o estructura permanente. Trátase de una naturaleza racional de espíritu encarnado y de ser moral. El creamiento histórico del Derecho Natural no es más que la historia de sus concreciones y de la conciencia de una superior mor~lid~d. E~ nuestras manos está la promoción del progreso de la conc1enc1a social, para que se adapte a lo que se reconoce como exigencias objetivas del Derecho Natural. 2.- Pruebas del Derecho Natural Permítaseme ofrecer tres pruebas de la existencia del Derecho natural. No todas ellas, por supuesio, son demostrat;vas. La prueba psicológica y la prueba histórica son simplemente per~ua_sivas. La prueba filosófica, en cambio, nos parece plenamente apod1ct1ca o demostrativa. Prueba Ps;cológica Para demostrar la existencia del Derecho Natural, partirnos de una experiencia interna: Ignorantes o cultos, inteligentes o no, ~~ tenemos un criterio para discernir lo justo de lo injusto, la culpab1hd~ de la inculpabilidad. Partiendo de los primeros principios, nuestra razón forma sus juicios prácticos que le indican lo que debe hacer Ylo que debe omitir. Toda vida colectiva ordenada presupone esta suma de principios prácticos. Y su existencia no queda desvirtuada porque en algunas aplicaciones concretas pueda haber errores, resultantes de una educación deficiente o de una equivocada opinión. Prueba Histórica En todos los pueblos y en todos los tiempos ha habido una creencia en un Derecho Natural. "S, no hubiera otras pruebas del Derecoo Natural -ha dicho el jurista español Castán Tobeñas- la continui~ maravillosa de su tradición a través de épocas históricas y civilizac~ nes tan diferentes, bastaría para acreditar que la idea de que se t_rata responde a una auténtica exigencia del pensamiento y de la realidad jurídica". Y así es en efecto, desde los pueblos orientales hasta Grecia y Roma, de ésta al Cristianismo (Patrística y Escolástica) la ll~ma iusnaturalista se transmite fielmente. Y aunque secularizada la idea del Derecho Natural a partir de las postrimerías del siglo XVI, no ha dejado de transmitirse hasta nuestros días con sin igual ardor. Pruebas filosóficas o racionales . El Derecho Natural es absolutamente necesario para la existe~ de la sociedad humana. La sociedad -tan natural al hombre-- ex,1 un cierto ordenamiento (Derecho) natural también, impuesto por la naturaleza y cognoscible por la razón. Si se admite que Dios creó al hollt 178 FUNDAMENTO Y ESENCIA DEL DERECHO NATURAL bre, y lo creó con una dimensión social, se tendrá que admitir forzosamente que le dio los medios para conservarse y desarrollarse en la vida social. A los positivistas jurídicos -anacíónicos especímenes que todavía se encuentran de c·•ando en cuando-- se les podría argüir que el Derecho Positivo p~esuponc al Derecho Natural y que la negación de és!e entraña a de aquél. Todo Derecho Positivo tiene un principio con, creto en el tiempo, puesto que no ha existido desde la eternidad. Decir que su fuerza obligatoria se la ha dado el legislador, es sólo aplazar la respuesta porque cs~e legislador, a su vez, tiene sus atribuciones derivadas de otra ley anterior. Y si proseguimos así en esta cader.a. tendremos ineludiblemente que llegar a un ser fundamental y fundamentante: Supremo Legisiador. Si:, este Ser fundamental y fundamentante, no se demuestra el verdadero imperio de la Ley jurídica sobre los hombres. Mendizábal advertía, hace ya algunos años: lo. Si <JJy el que mando, yo me revelo, cuando quiero, de cumplir el mandato. 2o. Toda vez que quien me mande sea igual a mí, le negaré toda sumisión. 3o. Aún en el caso de que sean dos o más los que intentan mandarme, como la superioridad numérica que ostentan no suprime mi autonomía ni su bien satisface mi propia y natural tendencia, no me considero sometido a ello. 4o. Cuando me manda un superior, el título de superioridad hay que probarlo; si es puramente material, me fuerza pero no me obliga; y si es moral ha de fundarse en una ley que aél le dé la autoridad y a mí me imponga la subordinación. 5o. Existen normas directrices de la conducta social del hombre, conformes con la naturaleza de éste y de las sociedades de que forma parte, y al comprenderlas, nuestra razón tiene que referirlas a Dios, que ha creado al hombre sociable. El iusnaturalista alemán Cathrein, muestra por otra vía, cómo el Derecho Natural es fundamento necesario del Derecho Positivo. Aún antes de que exista el Estado existen los hombres. Y esos hombres tienen Derecho y sus derechos subjetivos que podríamos llamar innatos. Ahora bien, no existiendo una autoridad política que obligue con SUs leyes a los súbditos, no habiéndose formado aún el Estado, ese Derecho -fundamento y raíz de los derechos particulares- no puede ser otro que el Derecho Natural. Derecho Natural y Derecho Positivo ¿Es acaso superfluo el Derecho Positivo? Desde el momento en ~ el Derecho Natural no puede descender hasta los casos concretos, ~to que las divergencias y los errores son aquí naturales a conse- 179 �FUNDAMENTO Y ESENCIA DEL DERECHO NATURAL FUNDAMENTO Y ESENCIA DEL DERECHO NATURAL cuencia de la falibilidad de nuestra razón, el Derecho Positivo justifica su existencia. Es preciso que el Estado determine una regla jurídica indiscutible, basada, claro está, en el Derecho Natural, porque de otra manera no estarían los hombres de acuerdo acerca de las aplicaciones concretas del orden jurídico general e inmutable. Para la escuela española -que nosotros nos honramos en seguirel Derecho Natural es como un cimiento del Derecho Positivo sobre el que éste se apoya y del que continuamente deriva. Ni mera abstracción, ni pura historicidad. El Derecho Natural -uno e inmutable en sus principios- ha de amoldarse a las dimensiones históricas del hombre ---como lo vio certeramente Francisco Suárez- y a las desigualdades concretas. Y no se precisa, para ser sujeto de los derechos naturales, tener conciencia de ellos. Cosa diferente es que para ejercitar las acciones que deriven de los mismos se requiera dicha conciencia. La naturaleza cabal del hombre -su ser social, su razón, su li· bertad- es el fin normativo del Derecho Natural. En forma didáctica y precisa, el ilustre iusnaturalista alemán En· rique Rommen nos brinda las enseñanzas siguientes: El Derecho Natural es igual que la ley moral natural de la que forma parte, no es código detallado de leyes deducibles racionalmente, de reglas que se pueden determinar hasta en su detalle con una preci· sión inmediata y con la sola ayuda de la lógica, valederas para todas las circunstancias concretas de la historia; no hay, propiamente ha· blando, una casuística del Derecho Natural. No existe en el Derecho Natural más que un número muy pequeño de leyes cuya violación aparece de una manera evidente como intrínsecamente contraria a la justicia y a la esencia de la naturaleza hu· mana. Tales son, por ejemplo, los preceptos: " Honra a tus padres, no debes matar, no debes robar, no debes ser perjuro, no debes calumniar". En cuanto al contenido del Derecho Natural, comprende, propia· mente hablando, como principios evidentes, estas dos normas: "hay que evitar lo injusto" y la regla, tan antigua como respetable: "a cada quien lo suyo". La unanimidad de todos los pueblos sólo existe en lo relativo 3 los principios primeros y las conclusiones inmediatas. El Derecho ~atura! encierra, pues, las leyes arquitectónicas necesarias del edihciO social. La oposición entre el Derecho Natural y la ley positiva no es, efl 180 todo caso, una oposición necesaria, y la historia prueba que tal oposición no siempre ha existido. El Derecho Natural aspira a encarnarse en una formulación positiva, aunque no deje de ser, ni aún en el momento en que lo realiza, la medida y la directriz de la ley positiva. Todas las leyes positivas deben ser, de una manera o de otra, derivad~n~s o determinación del Derecho Natural. Una ley positiva que fuere m¡usta, pero que no contradijera al Derecho Natural en sus prescripciones negativas, no autorizaría ni al juez ni al funcionario ni a los simples ciudadanos, a declarar la ley en cuestión desprovista de carácter obligatorio y de validez. El Derecho Natural permanece oculto, por así decirlo tras el telón del Derecho Positivo. Ello explica el hec'1o de que el Derecho Natural ~eaparezca en escena cada vez que el Derecho Positivo, a conseccenc,a de la evolución de las fuerzas vitales y de los cambios sufridos por el organismo social, tiende a convertirse en una injusticia obJetíva. . _Ei Derecho Natural no es mero sentimiento de justicia ni un código ideal de normas, sino el conjunto de criterios y principios raciona, les - supremos, evidentes, universales- que presiden y rigen la organización verdaderamente humana de la vida social, de acuerdo con las exigencias ontológicas del hombre. Principios evidentes, supremos y universales. l . - Dar y reconocer a otro lo que le es debido en justicia. 2.- No causar al prójimo un daño injusto. 3.- Cumplir las obligaciones, pagar las deudas, que no es sino consecuencia inmediata del deber de justicia que nos exige dar a cada quien lo suyo. 4.- Asumir las consecuencias de nuestros actos frente al próji- mo. 5.6.7. 8.9.- Respeto a la vida y a la persona. No enriquecerse a costa de otro sin justa causa. Devolver los depósitos. No ser juez y parte en el mismo proceso. No juzgar a nadie sin oírlo y darle oportunidad de probar defensas. 10.- En el orden internacional: respeto de los tratados (pacta sunt servanda), independencia e igualdad de los Estados, etc. Ne se trata -nos expresa Rommen en conclusión- de dos órdenes o sistemas cerrados, sino de dos aspectos de una misma realidad Esa realidad es el derecho, y sus dos aspectos o dimensiones son: 1~ 181 �FUNDAMENTO Y ESENCIA DEL DERECHO NATURAL FUNDAMENTO Y ESENCIA DEL DERECHO NATURAL natural o racional, y lo positivo o técnico. Todo derecho humano es a la vez positivo y racional, así como todo hombre es al mismo tiempo cuerpo y espíritu: lo positivo es el cuerpo del Derecho, lo racional es su espíritu". (Enrique Rommen: "Derecho Natural" -Historia-Doctrina- Ed . Jus, México, 1950). Para lograr la subordinación del Estado al Derecho, no bas!a ningún control de Derecho Positivo. En la cima de todo control -hemos tenido oportunidad de verlo-- nos tropezamos con aquello de: "Quis custodiet custodem"? Sólo resta como control intrínseco, aunque extrapositivo, el Derecho Natural. No podemos atribuir un poder omnímodo de carácter ético a la voluntad humana, en cuanto elaboradora o constructora de normas e instituciones jurídicas. En esta raíz voluntarista estriba el error básico del positivismo jurídico. No basta la voluntad de los gobernantes para tornar valiosos los mandatos contradictorios de las más evidentes exigencias de la naturaleza racional, libre, social y axiotrópica del hombre. Todo orden jurídico positivo que suscita acatamiento, vincula la exigencia racional, ética -principios ·rectores de la vida social en or• den al perfeccionamiento de la persona humana- con la exigencia téc· nica (dato sociológico e histórico). Fuente y medida del derecho posi· tivo, el Derecho Natural es, a la vez, un elemento integrante de dicho Derecho Positivo. Precisamente del Derecho Natural es de donde asten· ta el Derecho Positivo su valor, su validez intrínseca. 4.- Hacia un Nuevo Derecho Natural Lo que es justo por su propia esencia, en si y por sí, posee una indeclinabie tendencia a piasmarse en norma positiva, a realizarse en la vida social. No podemos aceptar los meros datos históricos por ser históricos. Contra la tlranía de la historia se yergue siempre el Derecho Natural como contenido del orden justo: derechos fundamentales del hombre, máximas universales definitorias de "lo suyo" de cada cual. Si no hubiese un modo de obrar inmanente a la naturaleza d~ hombre, que marca un límite a su autodeterminación y traza la paula de conducta para el cabal cumplimiento de la vocación humana, no habría instancias críticas para juzgar la historia. Pero sabemos que en la esencia y en la existencia del hombre hay unas "constantes", una estructura permanente que sobrepasa las transformaciones históricas Y los cambios culturales. Ciertamente la "utilidad" general o el biefl común es un elemento pragmático del orden natural cuya experiencia no puede ser desconocida. Las personas y los grupos intermedios, no obstante, tienen su fundamento en la condición de los primeros prill' cipios del Derecho Natural, originario en la dimensión jurídica del hombre. Pero existen otros principios que no provienen directamente de la dimensión jurídica del hombre sino que son obtenidos condicionalmente por la evolución sociocultural. Por eso nos permitimos hablar de Derecho Natural originarfo y de Derecho Natural derivado. En las ideas jurídicas de la ciencia y de la judicatura descubrimos una clara continüidad, una conexión ol:ijetiva, una lógica inmanente. No hay que confundir la creatividad reglada, en el ámbito del Derecho, con la arbitrariedad. Hoy en día se nos habla de "la naturaleza de ia cesa" que prefigura la sentencia judicial, la cláusula contractual o principio para colmar una laguna de la ley. No puede procederse -al perfeccionamiento del Derecho sin apebr c::i Derecho Natural. Partiendo de exigencias éticas determinadas o partiendo de la naturaleza de la cosa se llega al Derecho anclado en la dimens1ó11 jurídica del hombre. La otreidad nos insta a reconocer al prójimo como un alter ego, tal como nosotros desearíamos ser reconocidos, respetados y auxiliados. La problemática pregunta quid ius no puede contestarse, radicalr.i~_n!e, a base de ideologías políticas, porque estas mismas ideologías po.Iticas se sustentan en el Derecho Natural. Al preguntarnos ¿qué es el D~recho? andamos en pos del "Gerechtes Recht" (Derecho justo) y no simplemente del "Richtiges Recht" (Derecho correcto en sentido lógico fony¡al). ¿Por qué existe el Derecho y por qué resulta imprescindr~le en la existencia humana? ¿Cuáles son las claras y definidas med!oas de valoración aplicables al comportamiento humano? Ningún Derecho positivo del mundo es capaz de darnos adecuada respuesta a estas tres básicas y acuciantes preguntas. La jurisprudencia podrá ser una !raducción, en términos jurídicos, de valores morales, pero nunca Podra suministrar un criterio de valoración moral del Derecho. Sin una estructura permanente del hombre -mínimo para formar parte de la especie humana- sería inexplicable ese conjunto de principios que rig~n las condiciones de toda sociedad. El Derecho es una de las relac;ones más básicas e importantes de la vida social. Donde hay sociedad o_rganizada hay Derecho. El Derecho se preocupa del orden público e introduce principios morales en la vida social en la medida que 10 requiere el bien común. El Derecho Natural es verdadero Derecho porque posee el elemento esencial de alteridad y porque presenta la exigencia intencional de cumplirse positivamente. Al comprobar la exis1 . ~nc1a de una naturaleza social en el hombre reconocemos la existencia del Derecho Natural. En el seno del Derecho Natural confluyen lo moral y lo social, lo jurídico y lo político. La sistemática observación 182 183 �FUNDAMENTO Y ESENCIA DEL DERECHO NATURAL sociológica de los hechos encamina al Derecho a la plena realización de su "desideratum". En este sentido la sociología -que no constitu• ye sistemas de pensamiento- es ciencia subordinada que auxilia, con buenas bases, la especulación iusnaturalista. Marchamos así hacia un nuevo Derecho Natural fundamentado en la dimensión jurídica del hombre, pero abierto - y en constante comercio- a la sistemática observación sociológica de los hechos. Los distintos sistemas del Der~ho Positivo -que contienen el dato circunstancial, histórico, sociológico-no agotan ni pueden agotar el contenido ideal y absoluto de la dimensión jurídica del hombre. De ahí la apelación constante a un Derecho superior a toda ley escrita. Todo Derecho, para poder llamarse así, debe realizar cierto conjunto de principios jurídicos, enraizados en el orden natural, óntico y axiológico del cosmos y anclados en la lex aeterna, en la Inteligencia divina. Porque la regulación jurídica depende de la justicia intrínseca, y no sólo del arbitrio, de la voluntad caprichosa. Luis· Recaséns Siches -a quien debo mi iniciación en la Filosofía del Derecho y algunos de los más importantes estímulos- ha vuelto a aceptar la clásica denominación de "Derecho Natural" y ha puesto de relieve, con notable vigor y rigor, la i:isoslayable necesidad de esta dis· ciplina. En un enjundioso estudio publicado en los "Anales de la Cá· tedra Francisco Suárez" (Universidad de Granada), bajo el sugerente título: "Otra vez, y con renovado vigor: Derecho Natural", pone de manifiesto, con su acostumbrada pulcritud: 1) el segundo reconocimiento iusnaturalista en los últimos 20 años del siglo XX; 2) los factores Ydi· mensiones de renovación del pensamiento jurídico a partir de media· dos del cuarto decenio del siglo XX; 3) las muy nuevas aportaciones de inspiración neotomista en los últimos 20 años; 4) la reafirmación depurada del Derecho Natural, pero, al mismo tiempo, un análisis crítico sobre lo conseguido y señalamiento de lo que todavía falta por hacer. 5) desnormativación de los primeros principios o fundamentos del Derecho Natural; 6) precisiones más rigurosas sobre la naturaleza huma· na; y recorte del ámbito a:.tes atribuido a éstJ; 7) concentración en la idea de la dignidad de la persona humana individual; 8) vigorizada acentuación de la diferencia entre moral y Derecho; 9) necesidad de hondos estudios sociológicos para las derivaciones y las consecuencias prácticas del Derecho Natural; 10) decisivos y violentos ataques contra el racionalismo de la lógica tradicional aplicada a los problemas de axiología jurídica; 11) alusiones a otras direcciones iusnaturalistas efl la actualidad. Hasta aquí el sumario. Veamos ahora las posiciones sus· 184 FUNDAMENTO Y ESENCIA DEL DERECHO NATURAL tentadas por Recaséns. Más que hablar de ley eterna cabe hablar de un orden del ser establecido por Dios. La supuesta naturaleza del hombre es menor de lo que se había imaginado. La vida humana -fabulosamente plástica- tiene tres vías de acceso: metafísica de la vida; estudios biológicos, antropológicos y psicológicos; y las investigaciones sociales. El hombre es libre albedrío . Su dignidad es el valor supre, mo para el Derecho. "El Derecho es, así, el mismo ser persona del hombre. En este sentido trasciende el ámbito de la pura y estricta vida social. Pero no se sitúa fuera de ella, sino que simplemente llega hélsta sus últimas raíces". El profesor emérito de la Universidad de México y antiguo catedrático de la Universidad de Madrid pide "que se ponga manos a esta obra de concreción del iusnaturalismo en cada situación histórica. Para eso, no basta contentarse con el reconocimiento de la historicidad de una parte del Derecho Natural. Es necesario, además, dedicarse, en serio y a fondo, al estudio de las realidades sociales, desentrañar el sentido de éstas, calcular el alcance de los múltiples y heterogéneos factores en que ellas actúan" ("Otra vez, y con renovado vigor; Derecho Natural " , Anales de la Cátedra Francisco Suárez, Núms. 5-6, págs. 33-34, Universidad de Granada, 1965-1966). En el XIII Congreso Internacional de Filosofía, Luis Recaséns· Siches puntualizó el término "naturaleza", para el Derecho Natural, significa "no lo que es, sino lo que debe ser, aunque eso que debe ser está fundado Y condicionado por la realidad esencial de lo humano, realidad a la cual pertenece ideas de finalidad esencial". Los ingredientes de naturaleza física, biológica, mental y social "condicionan la vida del hombre, Y, por lo tanto, imponen exigencias a la regulación jurídica" ("Axiología Jurídica y Derecho Natural", págs. 141-142, en el volumen "Symposium sobre Derecho Natural", XIII Cong~eso Internacional de Filosofía U. N.A. M., México 1963). La regulación jurídica concreta se fun, damenta, dicho de otro modo, en la dimensión jurídica del hombre. La Estimativa Jurídica de Luis Recaséns Siches arranca de un análisis radical del sentido del Derecho. Este análisis esencial demuestra que la negación positivista contiene un absurdo. "El Derecho Positivo -nos dice- es una pauta de conducta de carácter normativo. Ahora bien, una norma significa que entre las varias posibilidades fácticas de comportamiento hay algunas elegidas, y, por lo tanto, hay otras rechazadas. Las posibilidades de conducta elegidas lo son porque resultan preferidas a otras. Esta preferencia se funda sobre una valoración. Es decir, aunque las normas del Derecho Positivo son elaboradas empírica y pragmáticamente por los hombres, 185 �FUNDAMENTO Y ESENCIA DEL DERECHO NATURAL y aunque desde el punto de vista formal emanan del mandato d~I po. der político, ellas no pueden ser de ningún modo entendidas simplemente como meros hechos. En todo caso son hechos humanos, Y, en tanto que tales, tienen esencialmente un sentido, una significacron. Este sentido consiste fundamentalmente en la referencia a valores. La ne. rnativa del Derecho Positivo carecería de sentido si ella no estuviese referida a un juicio de valor, que es precisamente lo que la inspira. La conducta social está regulada de determinada manera, porque se cree que esta manera es mejor que otras posibles regulaciones". (Opus cit., pág. 125). En su "Tratado General de Filosofía del Derecho", el doctor Recaséns Siches había apuntado ya la huella o la mención, en el mismo Derecho Positivo, de algo que ya no es Derecho Positivo, sino punto de referencia ideai. Trátase del criterio por el que nos preguntamos. O dicho de otro modo: "El análisis del concepto del Derecho Positiw ne_, muestra -asegura Recaséns- que en el mismo se postula necesariamente su ideal de justicia independientemente de que lo encarne o no. Si borrásemos la alusión a un ideal de justicia, el concepto del Derecho Positivo resultaría irrealizable. Sin la referencia intencional a un princi;:-io de justicia no podría existir el Derecho Posi~ivo" ("!rata• do General de la Filosofía del Derecho", pág. 379, Editorial Porrua, S. A., México 1969). No cabe eliminar los criterios estimativos del -~r~ cho, sin eliminar el mismo Derecho. Si se suprime la estimativa iundr• ca sólo queda la fuerza bruta. Nuestro colega y amigo nos viene a fun• <lamentar la elaboración del Derecho en Juicios de valor. Advierte _q~ la dignidad de la persona humana individual es la matriz de los_ pr~nc1pios fundamentales de la estimativa jurídica. De la eminente d1gn1d~ de la persona humana se derivan, como corolarios, el derecho a l_a -~· da la libertad individual --de pensamiento, de conciencia, de opmron y de expresión-, la seguridad y la libertad personal o garantías pr~ cesales, la libertad de contraer o no matrimonio, la libertad de elegir ocupación o profesión, la libertad de circulación, la inviolabili~~d de la vida privada, la igualdad, la libertad de reunión y de asociac1on pa· ra fines lícitos el derecho a la propiedad, el principio de la igualdad, los derechos d~mocráticos, los llamados derechos sociales y el bienes· tar general. En todo caso, no debe haber libertad contra la libertad. 5.- La Dimensión Jurídica del Hombre como Fundamento del Derecho Natural. Yo no creo que exista el horno jurídicus, pero estoy convencido de que hay una dimensión jurídica del hombre. Por eso el Derecho res· 186 FUNDAMENTO Y ESENCIA DEL DERECHO NATURAL ponde a una profunda necesidad humana enraizada en los estratos ónticos del ser humano, porque el hombre es un animal insecurum busca la seguridad en el Derecho. En este sentido, el Derecho está al servicio -aunque no exclusivo-- de la seguridad de la existencia humana. No puede haber vida social sin orden. Sabemos que hay conflictos, aspiraciones que se entrecruzan, pasiones que se desbordan; pero queremos, no obstante, tranquilidad en el orden, firmeza en nuestras posiciones, previs'bilidad del comportamiento -y de sus efectos-, seguridad para saber a qué atenernos. Cuando el poder del amor disminuye y no vincula una comunidad, el orden jurídico evita la lucha caótica del homo homini lupus. Gracias a la dimensión jurídica del hombre las relaciones humanas se clarifican y se tranquilizan. No es que el Derecho agote la cultura pero es que la cultura no podría existir sin el Derecho. Y aunque hasta ahora no haya podido eliminar, del todo, la violencia, la arbitrariedad, el odio destructor, por lo menos les ha puesto sitio desde la fortaleza de su justicia. Acaso nunca llegemos a establecer, en la tierra, un continuo y verdadero orden de paz. Pero seguiremos intentando regular las relaciones humanas en el marco de la familia, del Estado y de la comunidad internacional. Aunque alguna vez haya estado ligado a valores tribales y étniJ cos, el Derecho emerge y cobra importancia de:;de la personalidad del individuo. La autoconciencia de la dignidad personal en la vida social es el genuino hontanar del Derecho. La dimensión social de las comunidades --que nunca llega a ser del todo impersonal porque lleva la huella de la persona-, hace crecer al Derecho. Adviértase que en la autoconciencia de la dignidad personal en la vida social se da una veta jurídica junto a votos morales y religiosos. Y cuando la dimensión jurídica del hombre llega a su cabal desarrollo nos encontramos, en su núcleo esencial, valores morales operantes: justicia, seguridad, bien común, respeto al prójimo, libertad, lealtad, veracidad, dignidad personal. Esta dimensión jurídica se enfrenta con la voluntad de poder -individual y grupal-, con la opresión en todas formas, con la injusticia SOcio•política. Porque el derecho no se limita a mandar, sino que enseña la vida justa, indica el comportamiento debido, cualifica la acción. Podemos imaginar una ley, privada de sanción, que siga siendo ley: Pacta sunt servanda. Al fin de cuentas, el Derecho es primordialmenrnente dirección y secundariamente coerción. El acento se desplaza del Derecho mandado (ius quia iussum) al Derecho como rectitud jurídica frus quia iustum). Y es que el Derecho no se reduce a mandato ni radica, primariamente, en la voluntad; sino que es acto de inteligencia: 187 �FUNDAMENTO Y ESENCIA DEL DERECHO NATURAL regla de vida social, medida de comp.>rtamientos. Partiendo ae su nor• matividad axiológica calificamos acciones particulares, situaciones Y hechos concretos. El Derecho es práctico y es lógico, manda Y cualifica. Claro está que no todo mandato es una ley. De ahí la primacía de la vis directiva --€1emento de justicia incorporada a la ley- sobre la vis coactiva. De la dimensión jurídica del hombre surge el Derecho que llega hasta nuestros días, con todas sus complicaciones técnicas, con la prolijidad de categorías y figuras jurídicas dominadas --€_ n esencial conexión por unas cuantas y altas ideas éticas. Hágase el intento de suprimir estas ideas éticas o valores y se habrá acabado con la es:~c,a del fenómeno jurídico. Si la vida del hombre tiene una textura et1ca, el Derecho no puede estar desvinculado del reino moral. Por imperativos moraies nos sentimos impulsados a establecer un orden social li· bre y justo. Ciertamente el Derecho no agota la eticidad. Los valores jurídicos ocupan una modesta porción de la ética. Hay tareas mo'.a· les de mayor envergadura. Pero estas mismas tareas morales requieren, para su desarrollo libre, canales jurídicos. En el mundo de lo social, el Derecho se presenta como uno de los fundamentos de la mo~alidad. Las exige:-.cias éticas de justicia, libertad y humanidad justlf1• can la estructura jurídica. Mientras repudiemos el atropello, la violen· cia y la lucha caótica el Derecho tendrá mucho que decir. Nos obliga porque está ubicado dentro de la eticidad. En la medida y regl~ que impera en el campo social rastreamos, desde lejos y con nostalgia, el significado del absoluto. Al Derecho no le corresponde desentrañar la conexión significativa del todo. La dimensión jurídica del hombre no puede desconocer ni la es· tructura permanente y general del ser humano -elemento nuclear~, ni el autoproyecto cambiante en situación histórica. Las leyes ontolo· gicas del ser del hombre no son -no podrían ser- irrelevantes pa· ra el orden jurídico. La esfera cultural -antropológica con sus cam· biantes proyectos se refleja en las instituciones sociales. La contempla· ción jurídica debe tomar como base una imagen ideo-existencial del hombre. El deber-ser --comportarse-- de una manera y no de otra descansa sobre el ser del hombre --cuerpo, psique, espíritu-. Una antro· polcgía integral está en la base de una antropología jurídica. La _es· tructura estratificada del hombre --estrato biológico, estrato psíquico, estrato espiritual- con su legalidad propia no puede ser desconocida por el Derecho. Hay un sector jurídico que regula el "ser natural" del hombre y hay otro sector jurídico que versa sobre el ser espiritual. Las 188 \ FUNDAMENTO Y ESENCIA DEL DERECHO NATURAL normas jurídicas no pueden disponer comportamientos contra las leyes biológicas del hombre como ser vivo. Más aún, debe favorecer los legítimos requerimientos del bios. Los componentes psíquicos (base endo.ímica y estrato del yo) tienen particular interés para la estructura psicolégica del comportamiento eficaz. Si el hombre es un ser abierto, no conformado por la naturaleza hasta el final, tiene que autodeterminarse en base al espíritu y sobre un orden jurídico. Responsable de sus hechos, cuipable de sus transgresiones al orden jurídico, digno en cuanto persona, el hombre posee "a nativitate" el derecho a la li· bertad existencial, el Derecho de autoconformación y los derechos esencia:es a !a persona. El hombre en estado de proyecto social da origen a la norma jurídica. Si el jurista no sabe leer en la óntica integral del hombre, no va a ver el Derecho, sino su sombra en la letra de los Códigos. Además de ser un ser axiotrópico, el hombre es un programa existencial valioso, un prO'Jecto de poder y deber, una posibiiidad de poder hacer y de poder exigir en el mundo, una libertad justamente deiimitnda por las otras libertades. Toda esta realidad de Derecho emergente, toda esta dimensión jurídica del hombre acaece antes que las normas cristalicen. Hay un poder hacer y un poder exigi r intencionalmente referidos a la just:cia -no a la arbitrariedad- que estructura el Derecho. La dimensión jurídica del hombre está destinada esencialmente a constituirse en Derecho Positivo. Quiero decir que esta dimensión jurídica apunta co:i toda intencionaiidad hacia la plasmación de normas jurídicas vigentes. El jusnaturalismo no sólo descansa en una óntica antropológica sino que es una exigencia viva de justicia. La dimensión jurídica del hombre en sociedad exige su aceptación y aplicación. No se trata de un ideal jurídico que mora en la región supracele:;te y que aspira a realizarse efectivamente. No hay Derecho ideal, sino dimensión jurídica del hombre como conjunto de principios jurídicos que todo Derecho debe realizar. Estos principios están enraizados en el orden natural, óntico y axiclógico del hombre y del universo y anclados, en última instancia, en la ley eterna de Dios. La substancia de justicia que contiene todo Derecho reside en la dimensión jurídica del hombre en su cabal naturaleza individual y social. Y esta dimensión jurídica nunca se agota en las diversas realizaciones del Derecho vigente. Los Derechos fundamentales de la persona que dimanan de su dignidad y de su dimensión jurídica no dependen del reconocimiento o de la falta de reconocimiento de un orden jurídico vigente. Lo que es justo por naturaleza obedece al aspecto jurídico de los hombres vi- 189 �FUNDAMENTO Y ESENCIA DEL DERECHO NATURAL viendo en sociedad. La regulación jurídica depende de la dimensión ju, rídica del hombre, y no sólo del arbitrio o de la voluntad caprichosa. Esta dimensión jurídica cubre el poder hacer y el poder exigir, el proyecto cambiante en situación histórica y las leyes ontológicas del ser del hombre como juricidad primaria. Si podemos hablar de juridicidad primaria es porque hay una dimensión jurídica del hombre intencional• mente referida a la justicia y que estructura todo Derecho vigente. NICOLAS MARTINEZ CERDA PROYECCION Y BASES DE LA REFORMA PENAL EN T AMAULIP AS n una amplia espectroscopía pensamos que la justicia y la política pueden sobrellevarse, cuando altos funcionarios, fundamentalmente el titular del ejecutivo, acepten que la impartición de la primera es uno de los bienes de la vida del hombre y consustancial al sistema democrático constitucional. En torno al clima en el que inevitablemente se entrelazan justicia y política, el ilustre florentino Piero Calamandrei consideró que es necesaria una sutil y elevada comprensión para cohonestar los intereses de la supervivencia del Estado y de los individuos para que en esta alquimia no sufra quebranto el sistema de gobierno, ni sea vulnerable el derecho del particular. "La elaboración de las leyes tiene un lado político y otro técnico", de ahí que el jurista sin ceder en aspectos fundamentales, en la redacción de la norma jurídica debe considerar la situación política reinante; por otro lado, el gobernante puede dar directrices siendo ésto una cuestión de "tacto y medida". En este entendimíento no debe trazarse en bs principios; el Presidente De Gaulle escribió que "se debe ser inflexib!e en los principios y transigir en las circunstancias". E Ponencia presentada por el Lic. Nicolás Martinez Cerda, en el Primer Con1rreso Judicial, «>lebrado en Ciudad Victoria., Tamaullpas, en abrU de 1975. 190 �PROYECCION Y BASES DE LA REFORMA PENAL EN TAMAULIPAS PROYECCION Y BASES DE LA REFORMA PENAL EN TAMAULIPAS Dino Grandi, advirtió: "El problema de la Reforma de Ley es, ante todo, un problema de hombres". El toscano Piero Calamandrei pronunció palabras afines, al sostener que el buen funcionamiento de la justicia: "Depende de los hombres y no de las leyes, y el óptimo sistema judicial es aquel en que los jueces y los abogados, vinculados por recíproca confianza, buscan la solución de sus dudas, más que en la pesada doctrina, en la viva y fresca humanidad" (Del prólogo escrito por Calamandrei, en su obra Elogio de los Jueces). El ilustre jurista J. Ramón Palacios afirma: "Existe un manifiesto desinterés por las cuestiones de la justicia . . . Los aspectos negativos de la administración de just!cia van desde la pesquisa de las numerosísimas policías, hasta la salida del reo de la prisión donde compurgó la pena, y son no solamente desconsola· dores sino peligrosos". Revista Jurídica Veracruzana, nov. y dic. de Hay causas doctrinarias históricas y prácticas que obligan a una verdadera reforma penal en el Estado de Tamaulipas. Un resumen podría conducirnos a las siguientes afirmaciones: a).- Desde Mommsen en su Derecho Penal Romano se ha seña· lado que en las primeras etapas del desenvolvimiento jurídico itálico, "todo era derecho penal", después viene el desdoblamiento o separa· ción y surgen las distintas ramas del derecho. Así, se explica que en un principio existiesen las acciones noxalis causa, y que las prisiones privadas y luego las píisiones públicas tuvieron como uno de s.us ali· mentadores las deudas civiles. Una larga y penosa investigación que va desde los glosadores a los post-glosadores, llegando hasta el derecho canónico y luego al feliz advenimiento de la Escuela Clásica, con Rossi, Carmignani y Carrara, para seguir con la tercera escuela de Car• nevale; y luego, la criminología que impregna al derecho penal en los estudios asombrosos de Lornbroso y Ferri, para llegar a la escuela dog• mática de Grispigni y sus seguidores y el redentorismo de Carnelutti. La doctrina germana, grandiosa, se nutre entre otras con Las Nor· mas de Binding, la teoría finalista de Weltzel y el Tratado de Mezger. Y nosotros no hemos permanecido alejados de ese movimiento intelec· tual, porque aparte de los preclaros tratadistas españoles, de los espa· ñoles antiguos, contamos con Lardizabal y Uribe, al insigne Martínez de Castro y a don Miguel S. Macedo entre las figuras señeras de los siglos mexicanos. Ya estabilizada la revolución se reviven los estudios de derecho penal gracias al esfuerzo tenaz y generoso de los entonces jóvenes Luis Garrido, Juan José González Bustamante, Rafael Matos Escobedo, José Angel Ceniceros, Javier Piña, Raúl Carrancá y Trujillo, y todos los que fundaron la "Academia Mexicana de Ciencias Penales", que culmina con la redacción del Código Penal de 1931 y con la creación de la revista Criminalia. Actualmente, la Academia se ha visto vigorizada con una nueva savia, por la obra de Jim~nez Huerta, Porte Petit, Palacios Vargas, Pavón Vasconcelos, Javier Alba, Castellanos Tena, Fernández Doblado, Vargas López, finalmente por Sergio García Ramírez y otros estudiosos del Derecho Penal que en sus artículos de revista y en libros han dejado testimonio de su amor a esta rama de la ciencia. b).- Desde el proyecto del Código Penal del Estado de Veracruz de 1835, hasta el vigente Código Penal Federal y los proyectos federarales (1949-1958) se ha dejado testimonio de constante preocupación por el derecho penal en su aspecto legislativo, los trabajos sobre derecho penitenciario de González Bustamante, de Javier Alba y Sergio García Ramírez, entre otros, también revelan el afán constructivo que preside sus trabajos. c).- Las estadísticas que el criminólogo Quiroz Cuarón ha dado a conocer en la Revista Jurídica Veracruzana y posteriormente en una conferencia en la Ciudad de Monterrey, N. L., ponen de relieve una cierta ineficacia de la administración de justicia que se inicia en la policía preventiva y en la judicial, y que termina en las prisiones. La alarmante impunidad a que se refirió el doctor Carrancá y Trujillo (80 ó 60%), obligan a una toma de posiciones que desde las aulas encaren tan arduos problemas. Nuestra justicia criminal y en especial la Ley Penal requieren una reforma integral, que armonice las corrientes legislativas dándole sustentación social, para que su orientación filosófica responda al consenso político, social y económico del Estado; es decir, que responda a las imperantes necesidades que reclama la sociedad, respondiendo así a la dinámica tarea gubernamental que se ha impuesto nuestro Presidente luis Echeverría. La Legislación Penal debe perfeccionarse considerando las bases adecuadas que ha postulado la ciencia penal moderna, teniendo a la vista los avances materializados de múltiples proyectos y códigos, cuya tradición ya clara y fundamental parte del Código Penal de 1871, cuyo autor es el ilustre y mejor penalista Antonio Martínez de Castro; pasando por el Código de Miguel S. Macedo de 1912, por el llamado Código Almaraz de 1929, hasta el ecléctico de 1931. La tradición jurídica continúa y entre los antecedentes obligados, 192 193 1958, p. 526). �PROYECCION Y BASES DE LA REFORMA PENAL EN TAMAULIPAS si queremos escribir con rigor científico, se encuentran: el proyecto del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales; el Código de Defensa Social Veracruzano de 1945, que "con algunas modificaciones completamente desacertadas" reaparece en 1948 con el nombre de Código Penal, para ser elogiado por los mejores penalistas; el proyecto del Código Penal de Baja California de 1954 inspirado en el veracruzano y el proyecto del Distrito de 1949. El Código Penal del Estado da México de 1961 y el último proyecto del Código Penai tipo para la República Mexicana de 1963, del cual el ilustre jurista J. Ramón Palacios, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, escribió: "Merece ser calificado de excelente, digno de ser considerado como base de una reforma penal necesaria y urgente". Tamaulipas, cuenta con un gobierno fuerte, circunstancia propicia para que las reformas fundamentales prosperen. Muchas veces estos han sucumbido o fracasado por la debilidad del gobierno; sin embargo, considera que debemos emprender una verdadera reforma técnica, ju• rídica, penitenciaria y social que abarque la organización policiaca, la elaboración de un Código Penal de defensa social, Código Ejecutivo de Sanciones, ley de protección a los menores infractores y complementar esta obra con un buen sistema penitenciario, con sus instituciones criminológicas auxiliares y con una buena judicatura honesta y conocedora de la moderna dogmática penal. Para lograr este propósito, se debe crear la Carrera Judicial, para que prepare el material humano, e im• plantar la inamovilidad judicial y dar cumplímiento a la Ley de res• ponsabilidad de funcionarios. Para llevar a feliz término una verdadera reforma de política cri· minal se requiere que la idea se conjugue con la práctica que es la que le da validez y sustento a la teoría. Esta obra exige actuar con abnegación y que se reciba la ayuda económica del Estado, para que estos trabajos no queden como meros planes o asambleas conmemorativas en donde se hacen desplantes y derroches verbalistas, que afortuna• damente se los lleva el aire. La reforma penal en Tamaulipas, implica modificar la estructura del Poder Judicial, eliminando al respecto la competencia mixta que caracteriza a los juzgados de primera instancia, anacronismo que impide valorar la personalidad del delincuente, medios en que se desarrolla, circunstancias que preceden y que rodean la ejecución del delito, así como los síntomas de la peligrosidad del delincuente lo que viene a explicar la habitualidad del mismo, quedando soterrados en el olvido las medidas de seguridad apuntadas por el insigne y mejor penalista 194 PROYECCION Y BASES DE LA REFORMA PENAL EN TAMAULIPAS mexicano Antonio Martínez de Castro antes que Ferri y Garófalo. Otro gran penalista mexicano, don Miguel S. Macedo, solía decir en su cátedra que si Martínez de Castro no hubiera sido mexicano, su obra sería considerada y estudiada internacionalmente; y efectivamente, el elogio es justificado porque el penalista mexicano superó la escuela clásica, y fundamentalmente se preocupó porque al lado de las penas existieran las medidas preventivas mucho antes que los italianos. La reforma penal en el Estado de Tamaulipas debe ampliarse con amplio criterio de unidad a la Creación de Tribunales de Menores, y así extraer la conducta de los menores infractores del Derecho Penal represivo, y sujetarla a una política tutelar y educativa, estableciendo tribunales con jurisdicción especial, en donde los menores sean juzgados por magistrados que tengan conocimientos de psicología, psiquiatría y de ciencias sociales. El fin de la ley que norme la conducta de los menores infractores debe ser en el sentido de considerarlos no como delincuentes, sino como pupilos del Estado. La Sociedad de Naciones formuló la siguiente declaración: "La jurisdicción debe organizarse con arreglo a las siguientes características: a).- Autoridad distinta de la que juzga a los adultos. b).- Juez único o asistido de asesores. c).Especialidad de los asesores, médicos, pedagogos, sicólogos, asistentes sociales, personas de experiencia práctica en la protección de la infancia". (Mariano Ruiz Funes, Criminalidad de los menores, p. 286). No tenemos por qué rendir culto a la mentalidad fradicional. Ta, maulipas debe romper ataduras con el pasado, legislando una ley que elabore una dogmática de jurisdicción para menores. Recordando al distinguido maestro y penalista mexicano, don Ce, lestino Porte Petit, quien ya en torno a la reforma penal, afirma: "He repetido y no he de cejar, en el sentido de que si los hombres que imparten justicia no son capaces, pisotean ignorantemente las leyes y desprestigian la justicia, si no hay inamovilidad, el vaivén judicial se fortalece por la inseguridad en los cargos de la judicatura; si no hay cumpl~miento a la ley de responsabilidades de funcionarios judiciales sin miramientos de ninguna clase, se abre la puerta a la corrupción y se ~rotegen fortunas ilícitamente acumuladas, sin regímenes penitenciarios apropiados, se frustra el fin de la sanción y cobra fuerza arrolladora la reincidencia, la labor penitenciaria se aniquila porque el hombre readaptado se lanza al seno social y encuentra un medio hostil y por tanto propicio para la reincidencia". ("Hacia una Reforma Penal" conferencia pronunciada en el Estado de Chiapas). ' 195 �PROYECCION Y BASES DE LA REFORMA PENAL EN TAMAULIPAS BASES PARA LA ELABORACION DE UN CODIGO PENAL 1.- Un Código Penal de defensa social debe estar inspirado en los postulados que señalara el insigne Florian: En la Responsabilidad Social, la Peligrosldad, y en un sistema unitario de sanciones, penas y medidas de seguridad; de ahí que, en lo conducente siempre me ha parecido de flaco contenido jurídico y de alto valimiento político circunstancbl la afirmación de Teja Zabre, cuando expresa en lo que se ha cons:uerado exposició:i de motivos del Código Penal de 1931, "ninguna escueta ni doctrina ni sistema penal alguno puede servi r para fundar ínteg:·amente la construcción de un Código Penal. Sólo es posible seguir una tendencia ecléctica y pragmáuca; o sea, práctica y realizable". Sobre los lineamientos que siguió el legislador del 31 Almaraz obser· va "ninguna doctrina sirve para fundar un Código Penal, afirman los redac~cres; ¿es ésto posible? Toda Ley es esencia, doctrina, y doctrina po!ít;ca personificada. Es más, es doctrina comparada. Toda Ley penal debe tener las ventajas de sobriedad, de sistema, de estilo y de carác• ter liberal y estar precedida de una verdadera exposición de motivos, en la que se plasmen las razores que la comisión encargada tuvo para modificar o sustitu·r los preceptos porque de lo contrario si ésto se omi· te, se ignoran los fundamentos de la modificación, sustitución o deroga• ció,,, y en este error cayó el legislador del 31, por lo que debe considerarse correcta la observación de Almaraz en este sentido. 11.- La peligrosidad constituye el centro de gravedad del derecho penal venidero, por lo que debe ampliarse con mayor técnica y sistemá· tica jurídica, respetando los escollos const:tuc1onales. La teoría del es· tado peligrow es la mayor defensa de la sociedad •·no se vence al de-lito derramando ríos de sangre, ni agregando penite:,ciarías". La política criminal de medios preventivos. Un Código Penal basaddo en el principio del estado peligroso, exi· ge una buena judicatura que conozca la norma cultural que inspira a ese principio para que penetren en su sentido, y que además consulten la ciencia, e interpretando el derecho resuelvan las contradicciones sin cegarse al fantasma de la lógica del legislador. La personalidad del delincuente fue valorada con un sentido de justicia valedero en la ac· tualidad por Martínez de Castro, con fundamento en la utilidad social y en la justicia, bases que deben ser tomadas en cuenta por los jueces en la individualidad de las penas, y para medir los atenuantes y agra· vantes "para llegar al índice justo de la sanción", estas bases deben aplicarse en los problemas de la reincidencia. Sobre la preferencia de una buena judicatura y una ley avanzada, 196 PROYECCION Y BASES DE LA REFORMA PENAL EN TAMAULIPAS Jiménez de Asúa considera que es más importante que existan magistrados penales aptos, preparados y entusiastas, que inmejorables proyectos "será preferible un juez a lo Magnaud con el Código de Napoleón, que un magistrado incomprensible (corrupto) e ignorante, con precelos como los del proyecto italiano o del suizo". Es cierto que es mejor un buen juez que juzgue con una ley anticuada, pero nosotros desearíamos un buen código penal y jueces formados en la moderna técnica. Una noble y urgente aspiración, ha subrayado el maestro Ce• lestino Porte Petit "es tener buenas leyes y buenos jueces, porque si existen malas leyes, el juzgador por capaz que sea, no puede crear de• recho, no puede actuar como órgano legislativo, sino únicamente interpretar la ley y cuando mucho en caso de que proceda, integrarla, pero nunca con relación a los tipos penales por prohibición constitucional" ("Hacia una Reforma Penal", conferencia dictada en el Estado de Chiapas). 111.- Don Celestino Porte Petit, en torno al estado peligroso, acota: " ... claro está que la peligrosidad activa como potencial tienen que ser determinados, para los efectos de adoptar a su respecto medidas especiales, en vista de manifestaciones sintomáticas que acusen una probabilidad bastante sería, sin requerirse la certeza ni aceptarse la mera posibilidad". El Estado Peligroso debe quedar plasmado en los modernos códigos creando nuevos tipos que acuñen diferentes estados de peligrosidad como el de vagancia y malvivencia, sancionados con penas y medidas de seguridad . Abarca, en su Derecho Penal en México, al hablar de _la variedad de las diversas actividades individuales señaló que et 1:gislador del 31 pretendió incluir en la figura de vagancia y malvivencia todo un mundo de delincuentes, cuya conducta se manifiesta en múltiples aspectos: la coyotería, el chantaje, la charlatanería. . . La m~n~icidad, independientemente de la vagancia y de los antecedentes criminales, constituye un estado permanente de peligrosidad. Al mis, ~o género podemos reducir la prostitución, los tahures, etc. Las activi_dades de los líderes que abandonan para siempre sus oficios y se dedican a la explotación de los propios compañeros de trabajo, etc. IV.- En lo conducente a la parte general del Código Penal, y en cuanto a la denominación de delitos debe establecerse que estos son de naturaleza intencionales y culposos, definiéndolos. Debe introducirse el delito preterintencional, que actualmente omite nuestro código y Que ~e forma por la concurrencia del dolo inicial sobre el propósito y seguido de la culpa sobre el resultado. Las entidades dolo, culpa y 197 �PROYECCION Y BASES DE LA REFORMA PENAL EN TAMAULIPAS PROYECCION Y BASES DE LA REFORMA PENAL EN TAMAULIPAS preterintención deben quedar diferenciadas. Es conveniente dar definiciones con sencilla redacción del dolo, directo y eventual y de la culpa simple y culpa con previsión. Sobre la culpa Jiménez de Asúa dice: "La ejecución de un acto que puede y debió ser previsto". Por su parte, Carrera escribe: "La esencia de la culp3 reside totalmente en la previsibilidad y en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho". V.- En cuanto al instituto de la tentativa es conveniente su revisión porque "la fórmula vigente pune los actos preparatorios no incrimina los ejecutivos y deja igualmente sin previsión el delito frustrado". En la redacción de este instituto no debe suprimirse como hace el artículo 12 de nuestro Código de que los actos que impliquen un principio de ejecución han de ser "directa e indirectamente". Este princi· pío distingue los actos próximos de los remotos y la univocidad de los actos es requisito esencial del delito imperfecto. Definir el delito imposible que por ser inconsumable no puede tener grados, y por lo tanto, no está incluido en la tentativa. Aunque el Código Penal no es tratado, y nuestros jueces conocen la dogmática penal, prefiero que se defina el delito imperfecto, que es la falta de aptitud para delinquir, por la inidoneidad absoluta en los medios. La definición que da el proyecto del Código Penal Federal de 49 es acotada en cuanto encuadra la tentativa acabada e inacabada. La comisión redactora que elaborar~ el Código Penal del porvenir para el Estado de Tamaulipas habrá de guiarse en la monografía La Tenta· tiva del ilustre jurista J. Ramón Palacios, actualmente Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. V.- Respecto al capítulo denominado "Circunstancias excluyen· tes de Responsabilidad", debe cambiarse por el de causas eximientes. a).- En lugar de la frase "un estado de inconsciencia total de sus actos" que contiene la fracción 11 del artículo 15 del Código Penal debe utilizarse la frase "trastorno mental transitorio"; sin enumerar situaciones causales que produzcan trastorno mental, con el objeto de "limitar las acciones liberae in causa de habitualidad que puedan llegar a constituir síntomas de peligro. Debe establecerse que el esta· do de necesidad beneficiará al sujeto siempre que no hubiera provoca· do dicho estado. b).- Deslindar las diversas eximientes que contiene la fracción IV del artículo 15 del Código Penal. es decir, desvincular la bis moral y el estado de necesidad, porque aquella es causa de inimputabilidad y ésta de justificación. e).- Eliminar la eximiente del caso fortuito, por ser un hecho que no es ni intencional ni inculposo. d).- Al exceso de estado de necesidad y exceso de legítima defensa, deben imponérseles, no la pena de culpa, sino, una penalidad propia, _por ser de naturaleza diversa. VI.- El encubrimiento debe formar parte en el capítulo de los delitos contra la administración de justicia, ya que como afirma el egregio maestro español don Luis Jiménez de Asúa "el hecho de favorecer o receptar no está ligado a la causalidad de la acción delictuosa". VII.- Debe excluirse de nuestro Código la concepción y preparación como formas de responsabilidad que contiene el artículo 13 en su trace. 1, porque la concepción y participación son procesos mentales del inter criminis, y por lo tanto constituyen una fase subjetiva. Mariano Ruiz Funes, destacó que "se trata de una posición inquisitorial, que nada tiene que ver con el Derecho Penal". Cuello Calón sobre el principio de que los actos preparatorios son generalmente equívocos, acota: "La verdadera razón de la impunidad del hecho preparatorio, consiste en que en la preparación no hay todavía un principio de violación de ia norma penal relativa al delito que se quiera cometer". (Derecho Penal, T. 1, p. 484). VIII.- Regular el error en el golpe y en la persona con criterio subjetivo de la personalidad del delincuente, ente abstracto del delito; es decir, no debe ser el delito realizado, sino el que se propuso realizar o bien el "tipo legal querido y frustrado". IX.- Debe preferirse el concepto habitualidad en lugar de reincidencia, aceptando la definición del código de 29, que transcribe el concepto dado por el proyecto italiano de 1921. X.- El capítulo denominado "acumulación" por nuestro Código debe cambiarse por el de "concurso de delito", definiendo el cencurso real y el ideal. El sistema de punición debe basarse en el criterio de la absorción, de la acumulación jurídica o intensiva o de la acumulación material. Es conveniente dar definición del delito permanente y continuado para superar el atraso que contiene el artículo 19 de nuestro Código Penal. La naturaleza del delito continuado como enseñara el clásico Francisco Carrara hay que buscarlo en la discontinuidad de la acción; es decir, lo contrario a lo que establece el precepto citado, y el permanente en la continuidad en la conciencia y en la ejecución. XI.- Debe suprimirse la prescripción de la reincidencia, ya que no existe razón alguna para mantener la temporalidad, al respecto Eugenio Florian observa que "si la reincidencia sirve sobre todo para 198 199 �PROYECCION Y BASES DE LA REFORMA PENAL EN TAMAULIPAS PROYECCION Y BASES DE LA REFORMA PENAL EN TAMAULIPAS resolver el verdadero carácter del delincuente, ¿por qué ha de prescin, dirse de ella por razón del tiempo transcurrido? ¿Desde cuándo el tiempo destruye los hechos? (parte general del Derecho Penal, T. 11, p. 268). XII.- En la _habitualidad no debe hablarise de infracciones sino de delitos. XIII.- Es injustificable que el artículo 64 exiga querella necesaria en el delito de daño en propiedad ajena, "equivale a una transmu• tación de invasión imperdonable". XIV.- El capítulo de la reparación del daño, en su aspecto sustantivo y adjetivo debe mejorarse. XV.- Crear el instituto del perdón judicial en la forma que lo hace el anteproyecto del Código de Defensa Social del Estado de Veracruz, que es una de sus instituciones más interesantes, ya que al exigir -afirma don Mariano Ruiz Funes- requisitos "resulta de una técnica digna de elogio. Faculta a los tribunales para que corrijan al exceso singular de la ley, es dar a la vez una garantía de defensa social, una posibilidad de que actúe el juez como un hombre de concien· cia, contrario a toda injusticia". El perdón judicial debe regularse con base a la personalidad del delincuente, aplicando el principio de indi· vidualización de la pena. XVI.- Contemplar en la Parte General de nuestro Código, el problema de la causalidad, y no dejarlo reservado al homicidio, ya que es común a todos los delitos. Nosotros nos inclinamos por la teoría de la equivalencia de las condiciones. En lo concerniente a la parte especial de nuestro Código Penal recomendamos la supresión, modificación y creación de nuevos tipos, acorde con la orientación filosófica que en definitiva se le dé a la parte general, cuya elaboradón la dejamos para otro estudio. Queremos una justicia humana que asentada sólidamente en la tierra sin espada y sin venda conozca al hombre para que podando sus perjuicios, atrasos y pasiones, mejore sus condiciones. Cánovas del Castillo decía: "Queremos a la Patria, no por gran· de sino por nuestra". LA PARTE ESPECIAL Me place continuar y seguir desarrollando mi trabajo presentado ante el Primer Congreso Judicial los días 11 y 12 de abril en la capital del Estado, concerniente a la parte general del Código Puniti· vo, que es en dónde se da la orientación filosófica a una Legislación, trabajo que finalmente deberá adosarse para que quede clara mi pos· tura sobre la dogmática germánica, de la que fuera ardiente partida· río el ilustre maestro hispanoamericano don Luis Jiménez de Asúa, de quien por las grandes afinidades me considero su alumno, de la misma manera que él lo fue de Dorado Montero a pesar de no haber escuchado sus lecciones. Las afinidades me unen y me honran. Quiero dejar constancia de mi reconocimiento al Tribunal Superior de Justicia y al Ejecutivo Estatal, por su interés por mejorar la administración de justicia, en perfecta coordinación y respetándose sus esferas de competencia, demostrando en la praxis que la división de poderes no es un choque frontal, sino respeto y coordinación de las facultades de cada órgano. Vanderbilt acota: "En un gobierno como el nuestro que es representativo, democrático, el Poder Judicial depende en gran medida de su reputación, su independencia, su integridad y su sabiduría". Ya don Luis Jiménez de Asúa, que al igual que Francisco Carrera se le puede acuñar el glorioso mote de el "sumo maestro del Derecho Penal", dejó estampado: " Que es importante la composición de buenas leyes, pero más lo es, y desde luego mayormente difícil la preparación de juzgadores y funcionarios de cárcel idóneos". De ahí, que el primer paso que debemos dar para mejorar nuestra administración de justicia es eliminar la degradante mixtura de competencia, que inconcebiblemente, a estas alturas del avance científico, caracterizan a nuestros tribunales, y establecer la especialización del juez penal, para que haya logicidad entre el juez honrado y sabio que aplica un código moderno; y finalmente como forzosa conclusión habrá de estructurarse sustancialmente el régimen penitenciario, para que las cárceles actuales dejen de ser "escuelas del crimen". Don Mariano Ruiz Funes escribió luminosas páginas en su obra "La Crisis de la Prisión" Y sobre lo conveniente dejó estampado: "Lo degrada o lo embrutece, lo devuelve a la sociedad estigmatizado, sin más opción que la reincidencia ... Destruir al delincuente, conservar al delincuente o reformar al delincuente. Hay que elegir" (Op. Cit. p. 2, 7 y 8). Pienso en don Niceto Alcalá-.Zamora y Castillo que "la crítica científica no son juegos florales"; y en lo conducente a la Reforma Penal en Tamaulipas sostengo y lo digo que no puede ponerse en vigor un Código Penal inspirado en la moderna dogmática penal, mucho menos la Ley de Ejecución de Penas, si no se ha eliminado la mixtura de competencia y si no están construidos o al menos no se han comenzado a construir los establecimientos penitenciarios. Hacer lo contrario es deshonrar la ciencia, y la historia nos juzgará y habrá de declarar y elogiar nuestro interés serio y real de mejorar la calidad humana, las institu- 200 201 �PROYECCION Y BASES DE LA REFORMA PENAL EN TAMAULIPAS PROYECCION Y BASES DE LA REFORMA PENAL EN TAMAULIPAS ciones, los sistemas carcelarios; o bien, habrá de condenar nuestros desplantes verbalistas y derroches demagógicos. La Parte Especial de nuestro Código requiere una revisión deta• liada y un estudio profundo por parte de una comisión. Por mi parte, considero que deben suprimirse algunos delitos, crear nuevos tipos. Enseguida, enumero mis observaciones en cuanto a tipos, penas y rubros. 1.- El capítulo de los delitos sexuales requiere una seria modifi, ficación, ya que el delito de violación es contra la libertad sexual, el de Estupro contra la inexperiencia sexual, el Adulterio y el Incesto con· tra el orden de la familia, el Rapto contra la libertad, y el Atentado con• tra el Pudor es abuso deshonesto. tomando en consideración el bien jurídico protegido". (Ensayo Dogmático sobre el "Delito de Violación" de don Celestino Porte Petit). 2.- Derogar el capítulo de armas prohibidas por ser de compe· tencia federal. 3.- Definir el delito de adulterio, ya que el legislador olvidó el principo clásico de que no hay delito sin tipicidad y encuadrarlo en el capítulo de "Delitos contra la Familia" . 4.- Derogar el artículo 303 Fracc. 1 y 11, referente al delito de Disparo de Arma de Fuego y Ataque Peligroso contra persona determi· nada; por sancionar la tentativa y la consumación. Al respecto, José Almaraz expresó que esta figura delictiva está hecha para "un trastor• nado mental o para un infante". Estos tipos constituyen una artificiosa creación de la ley, forjada para captar conductas que en puridad son tentativa de homicidio, Y que la ley, para orillar el problema del animus accidendi ha tipificado especialmente. En consecuencia del elemento finalístico de la conduc· ta de estos delitos es el mismo exigido en el homicidio; el bien jurídi· co ofendido, la vida humana, su forma lesiva, la creación de un esta· do peligroso. 5.- La complicidad correlativa o correspectiva, en los delitos de homicidio y lesiones requiere mejor estructuración. Sobre lo condu· cente Quintidiano Saldaña estampó: "juego de lotería aplicado a la justicia penal". 6.- Es indebida la definición de delito de "allanamiento de morada", pues hay casos en donde no hay morada. 7.- La formación del tipo de parricidio requiere de elementos subjetivos y normativos para evitar que se considere que existen parrici· dios culposos. 8.- Crear el delito de pandillerismo, dentro del capítulo de aso• ciación delictuosa. 9.- Crear el delito de chantaje. Sobre esta figura delictuosa el jurista J. Ramón Palacios V. escribió: "Además, hay muchas formas de c;hantaje que no están incluidas en la Amenaza o Extorsión, porque en primer lugar no siempre se busca un lucro sino todo género de provecho aún el no económico; sino ventaja apetecible como un empleo, un favor o cosa de valor indeterminable, que es el chantaje más peli, groso. los elementos consisten en hacer saber a una persona que revelará o divulgará hechos que motivan deshonra, afrenta: hechos punibles ignorados y cualquier otro hecho que puede causar graves males a las personas a que se refiere. El elemento moral que es como se ha dicho la conciencia del sujeto activo de obtener un lucro o provecho ilícito patrimonial o no patrimonial, para sí o para terceros. El hecho de la divulgación puede afectar a una persona individual o a una persona colectiva, como puede serlo una Sociedad Anónima, una Institución de Crédito u Organización Auxiliar. la pena debe ser grave por lo fraudulento y turbio del procedimiento seguido por el agente, que demuestra una reflexión premeditada, una concentración de medios y una persistencia del ánimo delictuoso, ocultando muchas veces su identidad". Aparte de hacerse una escrupulosa revisión a la parte especial del Código Punitivo, y en pos de una mejor sistematización considero que debe crearse una ley de vagos y maleantes, o bien de peligrosidad y rehabilitación social en donde se preven los estados peligrosos predelictuales; o sea, conductas que no adquieren el rango de delito con la aplicación adecuada de multas y medidas de seguridad. 202 203 �JACOBO AVALA VILLARREAL INCONSTITUCIONALIDAD DEL AVALUO BANCARIO I artículo 9 de la Ley General del Timbre establece para fijar el precio de la compra venta de bienes raíces, la obligación de ob• tener un avalúo de valor comercial practicado por algún Banco, sus Sucursales u otras Instituciones autorizadas para el efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. E El Fisco escogerá el valor más alto entre dicho avalúo de valor comercial, el que sirve de base para el pago de impuestos territoriales de valor catastral, o el precio declarado en la operación. ¿quién debe reportar el costo que origina dar la base del impuesto? Aún quienes no somos expertos en materia fiscal, nos extrañamos de que se imponga al causante la obligación de obtener por su cuenta un Avalúo bancario cuyo costo en muchas ocasiones es superior al impuesto que se paga. Esta obligación de cubrir los honorarios de la Institución perito valuador ¿queda comprendida dentro de la obligación del ciudadano para contribuir a los gastos públicos de la Federación, Estado y Municipio en la forma proporcional y equitativa que requieran las Leyes? Nos tememos que no. El importe de los gastos que se requieran para determinar la base del impuesto, debe ser erogado por el organismo Público que recauda dicho impuesto. Lic. Jaeobo .uala Vlllarreal, al>olado POltulant.e 7 ba lldo caiedritlco de la Paeuli.d de lleheho de la U A N L . �INCONSTITUCIONALIDAD DEL AVALUO BANCARIO INCONSTITUCIONALIDAD DEL AVALUO BANCARIO El Avalúo bancario, juicio particular nes para efectos de determinación de la base de los impuestos, dere. chas de registro y demás cargas; pero lo que nos parece absurdo es que en ocasiones una institución particular cobre más por el peritaje que lo que importan los impuestos de traslación de dominio y de timbre juntos. Ce ninguna manera se justifican a la luz del derecho, ni a la luz de la razón, que los particulares intervengan en el procedimiento de recaudación de impuestos y que esa intervención en lugar de cubrirla al Estado en cuyo favor actúan o trabajan, la cobren al sufrido causante, como si se tratara de un derecho adicional. En el caso que nos ocupa existe ya un valor catastral fijado para efectos fiscales por la Autoridad local. No se discute el derecho de la Autoridad Federal para revisar ese valor catastral o para fijar otras normas que lleven a la determinación de la base del impuesto, pero lo que sí choca contra el sentido jurídico y contra el sentido común, es que la situación del causante se agrave obligándolo a pagar, además del impuesto, los honorarios que cobra el particular que a su leal saber y entender dio la base para -el cobro del mismo. Utilizamos la palabra "su leal saber y entender" porque quien quiera que dé la base fiscal o ex• terne el valor comercial de un bien raíz, debe hacerlo de acuerdo con normas y reglas previamente establecidas y expedidas con carácter general, pues de otra suerte, al causante se le está obligando a sufrir las consecuencias del juicio muy particular de una Institución que también es un organismo particular. Las Autoridades locales han seguido también el ejemplo de la Autoridad Federal y se exige también el avalúo bancario para la determinación del impuesto (Art. 25 de la Ley de Hacienda). El costo del Avalúo carga tributaria El cobro de honorarios que realiza un particular por emitir su opi· nión, también muy particular, en relación al valor comercial de un bien raíz, es a no dudarlo también una carga tributaria para el causan· te, y una carga tributaria que no encuentra acomodo en las Leyes de Hacienda; y que a no dudarlo es un derecho que no se encuentra fija· do ni determinado en la Ley. La Constitución y los Avalúos Bancarios No nos pasa desapercibido que los Avalúas bancarios son un renglón de operación muy importante para los Bancos pues de otra suerte por escrúpulo habrían declinado el papel de árbitros que les asignan lás Leyes fiscales. Lo que no podemos, sin embargo lograr, es entender cómo puede esta intromisión de las Instituciones de Crédito com., paginarse con la obligación de los ciudadanos de contribuir a los gastos públicos en los términos de los artículos 32 de la Constitución General y 34 Fracc. IV, de la Constitución local. Los Bancos no tienen por qué cobrar derechos no establecidos por la Ley ni aún a título de honorarios periciales, pues ello implica en muchas ocasiones duplicar los impuestos a pagar, y en otras ocasiones cuando menos significa arrancar al causante una cantidad adicional que no puede quedar comprendida en la obligación de pagar los impuestos. Agravación del problema habitacional En estas épocas en que tanto se habla de fomentar la vivienda popular y resolver el problema de casas habitación para los ciudada· nos, resulta extraño que debido a las exigencias fiscales y formales el otorgamiento de un título de propiedad de un bien raíz, importe para el propietario entre el 12 y 15% del valor real del inmueble. Podría· mos estar de acuerdo en que se grave la adquisición de casa con impuesto de timbre, de traslación de dominio, derechos de certificado- 206 207 �LUIS GARCIA ROMERO LA SUSPENSION EL CUMPLIMIENTO POR LOS JlmCES DE DISTRITO DE LA SUSPENSJON PROVISION{U Y DEFINI,TIYA . , ' n su Crítica del Juicio, Kant afirma que un verdadero investigador debe reunir tres condiciones: estar bien informado, pensar por cuenta propia y hacerlo sin contradicción. Tres exigenda; que estas líneas no revelan haberse satisfecho, salvo que en su estimativa se tome en cuenta que un órgano de control constitucional tiene, por mor de su oficio, algún sedimento informativo en las materia,s que maneja cotidianamente y que en el ámbito de la dogmática jurídica poca originalidad puede haber, como no sea en aquellos puntos en que se manejan los instrumentos de la hermenéutica para extraer el significado h-0ndo de las normas y establecer su mutualismo en función de conceptos genéricos y específicos contenidos ·en ros propios ordenamientos de derecho positivo; sin embargo, aún siendo una investigación jurídica de corto abrazo, siempre" debe estar normada por la regla de no contradicción, sea e~ los asertos positivos o negativos, porque, corno ya lo observaba Laurent, el Derecho es Lógica. Estos párrafos querrán ser lógicos, por lo me.nos, y asi lo deseo vivamente. E - Lle. Luis Ga.r:cla ru>mero, Juez 2do: de Distrito en Nuevo Lared<>, Ta.ml>S: �LA SUSPENSION SECCION PRIMERA 1) La suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo. 1) El Instituto de la suspensión en la Constitución y en la Ley de Amparo. En lo conducente, el párrafo primero de la fracción X del Artículo 1.07 Constitucional establece: "Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la Ley( ... )". El párrafo segundo de igual fracción indica: "Dicha suspensión de• berá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la interposición del amparo, y en materia civil, median· te fianza que dé el quejoso ( ... )". Y en el segundo párrafo de la fracción XII de igual norma suprema se lee: "Si el Juez de Distríto no residiere en el mismo lugar que reside la autoridad responsable, la Ley determinará el Juez ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisional· mente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma Ley es· tablezca". Conviene destacar en las anteriores transcripciones la concurrencia de normas de dos especies lógicas: una de naturaleza imperativa u obli· gatoria, y otra simplemente facultativa, por tanto no obligatoria. En efec· to, mientras que el párrafo primero de la fracción X y el párrafo segun· do de la fracción XII prescriben, por su orden, que los actos reclamados "podrán" ser objeto de suspensión, y que el Juez respectivo "podrá" suspender provisionalmente el acto reclamado, es decir, que los órganos de control constitucional tienen una facultad de poder conceder la sus· pensión de los actos reclamados, no la obligación de otorgarla; en cam· bio, cuando se trate de sentencias definitivas dictadas en materias penal y civil --caso este último en que el deber está condicionado- es obli· ga'.orio otorgar tal beneficio. No sería adecuado discutir si esa distin· .·;on hecha por la regla suprema es correcta o no; las normas constitu· ci0nales son un dqgma, y de consiguiente hay que estarse a ellas. Pero sí resultan incompatibles con los textos constitucionales algunas normas de la Ley de Amparo. Si se parte de la idea de que toda Ley reglamen· taria es, por definición, el desarrollo de lo que está encapsulado en la 210 LA SUSPENSION Ley objeto de reglamentación, lógico es que no puede apartarse de és• ta, creando instituciones que se alejan de la denotación y connotación de cada uno de los conceptos que la informen, porque entonces se está frente a una nueva legislación ya no reglamentaria sino con textos autó• nomos, los cuales no pasaron, como sucede en el caso que se examina, por el proceso formativo de la norma constitucional, sino por el de una norma secundaria. He aquí, por ejemplo, cómo no hay en la Ley de Ampa• ro concordancia con aquellos textos constitucionales respecto al tema de la suspensión. El artículo 123 de la Ley de Amparo señala los casos en que procede la suspensión de oficio, y establece la obligación de otorgar· la de modo incondicional, ésto es, que en forma alguna queda a la discre• ción del juez constitucional concederla o no; en efecto, indica: "La sus• pensión a que se refiere este artículo se decretará de plano en el mismo auto en que el juez admita la demanda ( ... )". También se halla en dicha Ley otro caso en que es obligatorio conceder la suspensión, siempre que concurran los requisitos señalados por el artículo 124, puesto que la norma se expresa en forma imperativa, al decir: "Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos ( ... ". En este caso como en el anterior no se trata de sentencias definitivas a que se refiere el párrafo segundo de la fracción X del artículo 107 constitucional, luego, por exclusión, quedarían comprendidos en el primer párrafo de la misma fracción, o en el caso específico del párrafo segundo de la fracción XII invocada, pero es manifiesto que en esas hipótesis es sólo facultativo el otorga• miento de la suspensión. Otro caso: el párrafo tercero del artículo 130 indica: "El juez de Distrito siempre concederá la suspensión cuando se trate de la restricción de la libertad personal fuera de procedimiento ju• dicial ( ... )". Tampoco aquí se está en presencia de sentencias defi• nitivas en materia penal sino sólo de un ataque a la libertad personal extrajudicial. Para evitar las incongruencias anotadas se impone hacer una retor• rna constitucional de tal modo que la Ley de Amparo quedara en su jus• to plano reglamentario. 2.- Concepto de Suspensión. Sobre este punto valdría el siguiente concepto: es el mandato con vigencia temporal o definitiva en determinados casos, expedido por ór• gano de control constitucional y dirigido a una autoridad señalada corno respcnsable en juicio de amparo, para que conserve fijo el estado que 211 �LA SUSPENSION LA SUSPENSION guarden él o los actos reclamados y su ámbito operatorio tan luego como sea notificada, o bien para que no realice tales actos, sus efectos y consecuencias. Esta noción se obtiene atendiendo el texto de los artículos 107 V-VI-VII Constitucional, y 5/o. 37, 38, 39, 40, 118, 122, 124, 111, párrafo segundo, 130, 131, y 136 de la LA. 35, párrafo primero de la misma Ley). b).· De previo y especial pronunciamiento, por su naturaleza, verbigracia: el de personalidad (Artículo 35, párrafo primero, y el relativo a la capacidad de las partes (Articulo 35, párrafo segundo de la Ley de Amparo). c).· Sin naturaleJ za de previo y especial pronunciamiento, como, por ejemplo, la falsedad de documento (Artículo 153 de la Ley de Amparo) y el relacionado con la tacha de testigos (previsto y regulado por criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según Boletín de Información Judicial, No. 195, Año XVIII, p. 422, así como el que obra en el Informe de la Presidencia de dicho órgano, Año 1963, 11 Sala, p. 151, en relación con el artículo 186 del CFPC, de aplicación supletoria, por autorizarlo el artículo 2/o. de la Ley de Amparo). Al lado de los anteriores figuran como incidentes autónomos: el de suspensión (Artículo 35, párrafo segundo, 141 y 142), en los casos en que ésta no es oficiosa ni se trate de juicios de amparo directos: el de incumplimiento del auto de suspensión (Artículo 143 de la Ley de Amparo), el relativo al pago de responsabilidades provenientes de garantías y contragarantías (Artículo 129 de la Ley de Amparo), con la concurrencia de normas del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente); y el de incumplimiento de ejecutorias, con sus diversas modalidades (artículos 105, 106, 107 y 108 de la Ley de Amparo). Finalmente, existen las formas cuasi-incidentales, de previo y especial pronunciamiento, como la de acumulación (artículos 59 y 60 de la Ley de Amparo) sea por litispendencia o por conexidad; la de excusa forzosa por impedimento (artículos 66, 67, relacionado con el 68111 de la Ley de Amparo); y la de impedimento alegado por las partes (recusación) (prevista por el Artículo 70 de la Ley de Amparo). Esta relación de incidentes tiende a destacar, pues, la naturaleza especial que tiene el incidente de suspensión, al que la Ley de Amparo da una tramitación parecida a la del juicio de amparo y rodea de ciertas garantías para asegurar la eficacia de las determinaciones que contiene. 3).- Especies de Suspensión. Del examen del artículo de la ley Reglamentaria del Juicio de Amparo se desprenden las siguientes especies: a).· la provisional: La disposición que la establece conceptualmente son los artículos 38 Y 130, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Pero también se ocupan de_ e!I~ los artículos 139, párrafo segundo, y 144 de igual ley. b).· La def1mt1• va. Principalmente contemplada por los artículos 130, párrafo primer~, 131, 134 y 139 de la Ley de Amparo. c).· La suspensión de o~orgamiento oficioso. Que tiene lugar en los casos previstos por el articulo 123 de la Ley de Amparo. d).· La suspensión concedida de plano, en amparo directo. Rige en materia penal según los artículos 168, in fine, 170 y 171 de la Ley de Amparo. e).· La suspensión concedida a petición de parte, en amparo directo. Versa sobre materia civil, con• forme al artículo 173, y f).: La suspensión concedida bajo condición, en amparo directo contra laudos pronunciados por las Juntas de Con• ciliación y Arbitraje. Se encuentra regulada por el artículo 174 de igual Ley. 4).- La naturaleza de la Institución en la Estructura Procesal del Juicio. El artículo 35 de la Ley de Amparo reza así: "En los juicios de amparo no se substanciarán más artículos de especial pronunciamien· to que los expresamente establecidos por esta Ley. Los demás inciden· tes que surjan, si por natu'raleza fueren de previo y especial pronuncia· miento, se decidirán de plano y sin forma de substanciación. Fuera de estos casos, se fallarán juntamente con el amparo en la setencia definitiva, salvo lo que dispone esta Ley sobre el incidente de suspensión". Varios son los incidentes que se presentan en el juicio de ampa· ro. Los hay: a).· De previo y especial pronunciamiento, según la Ley de Amparo a saber: el incidente de incompetencia (Artículo 35, párrafo primero, de la Ley de Amparo) y el de la nulidad de notificaciones (Artículo 212 11) Organos de control constitucional facultados para otorgar la suspensión de los actos reclamados: Lo son: 1).- En amparos bi-instanciales: a).· Jueces Menores o de Paz (artículo 40 de la _Ley de Amparo). b).-· Jueces de Primera Instancia (artículos 38 y 39 de la 213 �LA SUSPENSI0N Ley de Amparo). e).· Jueces de Distrito (artículos 118, 122 y 124 111, párra, fo segundo de la Ley de Amparo). d).· Magistrados Unitarios, actuando como superiores jerár• quicos y en conocimiento de amparo (artículo 37 de la Ley de Amparo). 2).- En amparos uni-instanciales: Autoridades responsables que señalan las fracciones V y VI del ar• tículo 107 Constitucional. lli).- Normas Legales relativas al cumplimiento de ejecutorias de amparo. 1).- Ejecución y cumplimiento. Diferenciación de Conceptos. Si se examinan los artículos 104, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 143 y 202 de la Ley de Amparo, se advertirá que en ellos se usan pala· bras y frases relacionadas con el acatamiento o desacato de las ejecutorias, como éstas: "para su cumplimiento --de la ejecutoria-" , "el cum· plimiento de la ejecutoria", "sobre el cumplimiento que se dé al fallo", "la ejecutoria no quedare cumplida", insistiéndose en el uso de esta terminología, salvo el primero y segundo párrafo del artículo 111 Y el artículo 143 de la Ley que se viene mencionando, de los cuales el pri· mer artículo usa la palabra " ejecución" como equivalente a "cumplimiento", al referirse al Juez y Magistrados como autoridades que pueden ejecutar por sí mismos el fallo respectivo; y más abajo al decir: " Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los casos en que sólo las autoridades responsables puedan dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trate y aquellos en que la ejecución consista en dictar nueva resolución ( . . . ) " ; en tanto que el artículo 143 de la Ley de Am· paro, usa las expresiones " ejecución" y "cumplimiento", al expresar que para tales actos referidos al auto de suspensión se observarán las disposiciones de los artículos ( . . . )". Se ve, pues, que predomina en el lenguaje usado por tales normas la voz "cumplimiento", cuya signi· ficación jurídica de acatamiento va dirigida a la autoridad responsable, no al órgano de control, a quien está reservada una actividad diferente constituida por todo un procedim :ento encaminado a hacer cumplir la ejecutoria, desde la comunicación de ésta a las autoridades responsa· bles, con la prevención simultánea de que informen de que se ha obedecido (Artículo 104 de la Ley de Amparo), hasta la remisión del ex· pediente a la Suprema Corte de Justicia con la resolución dictada en 214 LA SUSPENSI0N el incidente de incumplimiento de ejecutoria en que culmina la actuación del órgano de control, pasando por los requerimientos escalona.dos instituidos por el artículo 111 de la misma Ley. Ese destaque de ideas conduce, sin dificultad alguna, a establecer que el procedimiento 1Ievado a cabo para hacer cumplir la ejecutoria constituye la ejecución; en tanto que el logro de su pleno acatamiento es el cumplimiento mismo. Ejecución de fallo y cumplimiento de éste resultan ser, así, dos nociones jurídicas diferentes, conclusión que se halla avalada por el artículo 111, párrafo primero, al usar una frase en el inicio de su texto, de marcada significación; el inicio es de .este modo: "Lo dispuesto en el artículo 108 debe entenderse sin perjuicio de que el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, hagan cumplir la ejecutoria de que se trata, dictando las órdenes necesarias ( ... ). La frase "hagan cumplir la ejecutoria" hace evidente que hay un procedimiento para hacer cumplir el fallo, fijado por cierto expresamente por la ley que lo reglamenta, que forman precisamente las órdenes necesarias, es decir, las establecidas como de necesidad legal, amén de las que no estando reprobadas por la Ley son idóneas para alcanzar el fin respectivo; de modo que tal procedimiento es la ejecución de fallo, y el logro del acatamiento del fallo es el cumplimiento de él. Se ve así por qué el artículo 143 distingue ya en forma directa entre ejecución y cumplimiento. 2).- El cumplimiento de las ejecutorias de amparo. a).- Qué autoridades están obligadas a cumplir la ejecutoria. A juzgar por la redacción que tiene el artículo 107 de la Ley de Amparo, la obligación de cumplir una ejecutoria no sólo incumbe a las autoridades que fueron señaladas como responsables y respecto de las cuales se otorgó la protección federal, sino también a cualquier otra que intervenga en la ejecución (es decir, en el cumplimimento del fallo). Al punto que los superiores jerárquicos requeridos también incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento de las ejecutorias, "en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo" (párrafo segundo del artículo 107 en consulta). La jurisprudencia número 101 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las S:1las de la Compilación de Jurisprudencia editada en el año de 1965), sostiene lo siguiente: "Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que 215 �LA SUSPENSION por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías, está obligada a cumplir la sentencia de amparo, si• no cualquier otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de ese fallo" . En esta tesis la Suprema Corte de Justicia reitera que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo abarca a toda autoridad "que por razón de sus funciones" deba intervenir en su ejecución. La aclaración que la Suprema Corte hace al primer párrafo del artículo 107 de la Ley de Amparo, en cuanto que a la autoridad no responsable pero que tenga que intervenir en la ejecución _del fallo la cualifica, al indicar que su intervención sea por razón de sus funciones, tiene importancia en la práctica, porque si una autoridad tal no tiene en la órbita de sus funciones por qué intervenir en el cumplí· miento de un fallo, no hay motivo para que se halle en la mira de responsabilidades del órgano de control. Sin embargo, a los jueces obli· ga hacer en cada caso un justo deslinde de las funciones de autoridad conexas a las de las responsables, para que las normas de aplicación en dicha materia vayan a sus verdaderos destinatarios. No se quebran• ta el principio de la relatividad de las sentencias de amparo con esa adaración hecha por el Tribunal Máximo del País, porque versa sobre outoridades ligadas íntimamente a las responsables en razón de sus funciones; además, el concepto genérico, ahora restringido en atención a su fin, está dado en norma contenida en la Ley de Amparo, la cual tiene gran relieve como regla que, en unión de los artículos restantes que forman el Capítulo XII del Título Primero de la Ley de Amparo, se dirige a salvaguardar el orden público, porque es de orden público la ejecución y cumplimiento de los fallos de amparo, como los de diferen· te materia. (SJ F, Quinta Epoca, Tomo LXXI, página 3342. Monroy Jus· to). b).- Procedimiento a seguir por el órgano de control para hacer cumplir la ejecutoria. La ejecución de fallo ejecutoriado de amparo tiene las siguientes etapas: Primera.- Comunicación, Orden, Notificación y Prevención. En esta etapa el juez de Distrito comunica sin demora a las res· ponsables la ejecutoria de amparo (artículo 104, párrafo primero, de la 216 LA SUSPENSION Ley de Amparo); para su cumplimiento; ordena éste (el concepto " ordenarse" se halla en el párrafo segundo de dicho precepto) que se cumpla; se hará saber a las demás partes; y se prevendrá a las responsables que informen acerca del cumplimiento inmediato dado al fallo, o al vencimiento del plazo de veinticuatro horas siguientes a su notificación. Segunda.- Requerimientos. Estos proceden, en los términos del artículo 105 de la Ley de Am• paro, dadas estas hipótesis. a').- Cuando en el plazo indicado la ejecutoria no quedare cum-plida, permitiéndolo la naturaleza del acto (Art. 105). b').- Cuando en el mismo plazo la ejecutoria no se encontrare en vías de ejecución, en el supuesto contrario al anterior (igual articulo citado). c').- Cuando se retarde el cumplimiento de la ejecutoria por evasivas o procedimientos ilegales de las rsepons~bles o de cualesquiera otras que intervengan en la ejecución (cumplimieñto) (arítculo 107 de la Ley de Amparo). Por omisión de la responsable en informar sobre el cumplimiento o por queja de parte interesada, es cuando el órgano de control abre el incidente de incumplimiento de ejecutoria, procediendo a hacer los requerimientos atentos los siguientes casos: a').- La autoridad responsable carece de superior inmediato. El requerimiento es directo a la responsable. g') .- La autoridad responsable tiene superior inmediato. El requerimiento se hace a dicho superior para que obligue a la responsable "a cumplir sin demora la sentencia" (artículo 105, párrafo primero, primera parte). c').- Inatención del requerimiento por el superior inmediato. En esa situación el requerimiento de cumplimiento se dirige al superior jerárquico de dicho superior inmediato. Pero si no obstante el desahogo de tales requerimientos el juez no obtiene la obediencia de la ejecutoria, y así lo declara, el propio ejecutor, tomará tres medidas (artículo 105 párrafo segundo, de la Ley ne Amparo), a saber: Primera Medida.- Remitirá el expediente original de amparo c. la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos del artículo 107 XVII Constitucional (separación de la responsable de su cargo y 217 �LA SUSPENSION consignación de ella ante Juez de Distrito). Segunda Medida.- Dejará copia certificada de la ejecutoria y de las constancias que fueren necesarias para procurar su exacto y debi· do cumplimiento. Tercera Medida.- Procurar el exacto y debido cumplimiento (re• lac\onado el párrafo segundo del artículo 105, con el primer párrafo del 111, ambos de la Ley de Amparo). Y para el supuesto de que el órgano ejecutor declare en resolu• ción tener por cumplida la ejecutoria y la parte interesada no estuviere CEnforme con ello, entonces a petición suya, se enviará también el expediente a la Suprema Corte de Justicia. El procedimiento anterior tiene lugar así mismo en los casos de la competencia de la Suprema Corte en única instancia, o del Tribunal Colegiado de Circuito, en amparo directo, conforme al texto del artícu• lo 106 de la misma Ley de Amparo. Tercera.- Cumplimiento de ejecutoria por el órgano de control (artículo 111 de la Ley de Amparo). El juez dictará las órdenes necesarias para lograr el cumplimien· to del fallo; pero si éstas no fueren obedecidas: i).- Cuando la naturaleza del acto lo permita. a').- El ejecutor comisior.ará al Secretario o al Actuario de su dependencia para que dé cumplimiento a la propia ejecutoria; o bien: b').- El mismo Juez de Distrito o Magistrado designado por el Tribunal Colegiado se constituirán en el lugar en que deba darse cumplimiento a la ejecutoria, para llevarlo a cabo por sí mismos. c').- Si tampoco así se obtuviere el cumplimiento de la sentencia, dichos órganos solicitarán por los conductos legales, el auxilio de la fuerza pública, para hacer cumplir el mencionado fallo (artículo 111, párrafo primero). it).- Cuando sólo las autoridades responsables pueden cumplir la ejecutoria (artículo 111, párrafo segundo). En ese supuesto no tiene aplicación lo dicho para la hipótesis precedente. iii).- Cuando el cumplimiento consista en dictar nueva resolución (ar· tículo 111, párrafo segundo). Tampoco es procedente la técnica anterior. iv).- Cuando el cumplimiento se refiere a la libertad personal (artícu· lo 111, párrafo segundo). 218 LA SUSPENSION Para este caso es preciso hacer las siguientes distinciones: Distinción Primera.- La responsable debe restituir la libertad personal del quejoso, y se niega a hacerlo. a').- El órgano de control mandará poner en libertad al quejoso. b').- La medida anterior es sin perjuicio de que la responsable dicte después la resolución que proceda, debiendo insistir al respecto el órgano de control, dada la obligación que impone el artículo 113 de la Ley de Amparo, al prescribir que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional, o apareciere que ya no hay materia para la ejecución ( ... ), norma que confirma la rectoría del principio inquisitivo en la Ley Reglamentaria, particular-· mente en la técnica de ejecución de los fallos ejecutoriados. Distinción Segunda.- La responsable debe dictar resolución de restitución de la libertad del quejoso, en un término no mayor de tres días, pero omite su dictado. a').- El órgano de control respectivo mandará poner en li~ertad al quejoso. b').- La medida anterior es sin exonerar a la autoridad responsable de su obligación de dictar posteriormente la resolución conducente. (Vale lo dicho en el apartado b) precedente.) Huelga observar que para el caso de exceso o defecto de ejecución (cumpiimiento) del fallo la Ley de Amparo ha instituido el recurso de queja (artículo 95-IV-IX). Como se ve, aquí se trata no de incumplimiento de ejecutoria, sino de un cumplimiento irregular de fallo. Sobre este particular es atendible la consideración que hace el autor Héctor Fix Zamudio en su -obra EL JUICIO DE AMPARO: "Distinguir entre el exceso o defecto de ejecución de una sentencia, su incumplimiento, o acto diverso que puede motivar nuevo juicio de amparo, es una de las materias más difíciles de precisar; el problema se simplificaría si se unificara el procedimiento de ejecución, para comprender todos los aspectos del incumplimiento parcial, total o ejecución excesiva, de manera que en ese procedimiento único pudieran intervenir todos los afectados con la e;ecución, sin esa distinción artificial entre queja por exceso o defecto e incidente de inejecución" (Pág. 921, editorial PORRUI\, S. A. 1964, México). c').- La observancia de la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los Tribunales Colegiados de Circuito-, en la materia de ejecución y cumplimiento de ejecutoria. 219 �LA SUSPENSION LA SUSPENSION Es conveniente poner de relieve que siendo la jurisprudencia la establecida de modo general para las autoridades judiciales de la Repúbli• ca, y la proveniente de los Tribunales Colegiados de Circuito, restrin, gida a los tribunales que funcionen dentro de su jurisdicción territorial, al tenor de los artículos 193 y 193 bis de la Ley de Amparo, es incuestionable su observancia respecto de las normas de aplicación en el procedimiento de ejecución y cumplimiento de fallos ejecutoriados de amparo. 1).- Las normas legales de aplicación en la ejecución y cumplimiento de la suspensión. Previene el artículo 143, párrafo primero, de la Ley de Amparo que para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión, se observa· rán las disposiciones de los artículos 104 y 105, párrafo primero, 107 y 111 de la misma Ley. El segundo párrafo de igual norma establece que las mismas disposiciones se observarán, en cuanto fueren aplicables, para la ejecución del auto en que se haya concedido al quejoso su libertad cauciona! conforme al artículo 136. A su vez el articulo 104 comprende los casos señalados por las fracciones VII, VIII y IX de la Constitución Federal. Sin embargo de que la Ley de Amparo es expresa en su determinación de las reglas que gobiernan la ejecución y cum· plimiento del auto de suspensión, preciso es apelar a otras disposiciones si se atiende a ciertas formas de suspensión que contiene la Ley reglamentaria en consulta. He aquí esas formas: a).- Suspensión de oficio. Esta forma, por ejemplo, no debe substanciarse en forma inciden· tal, y dada la gravedad de los actos que comprende el artículo 123 de la Ley de Amparo, cuya ejecución quiere impedir dicha especie de sus· pensión, en el mismo auto en que el juez admite la demanda debe de, cretarse y comunicarse sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, haciéndose uso de la vía telegráfica. Es eta· ro, pues, que a esta suspensión no puede referirse el artículo 143, y, en mi sentir, funda su inaplicación no sólo la naturaleza grave de los actos, sino el principio de la Ley especial que se halla en e! artículo 11 del Código Civil (de vigencia en los asuntos del orden federal, se- gún su artículo 1/o), el que a contrario sensu, manda que las reglas generales no son aplicables a caso alguno expresamente especificado en la misma Ley. (Jurisprudencia número 91 -Común al Pleno y a las Salas- de la Compilación editada en 1965). Y respecto del cumplimiento de esa suspensión por la responsable, debiendo ser inmediato, implícitamente la ejecución por parte del órgano de control debe ser de igual naturaleza, debiendo ordenar que la responsable informe, también inmediatamente, si se está absteniendo de ejecutar los actos reclamados y advertirla de la sanción de que habla el artículo 206 de la Ley de Amparo, en caso de desobediencia, remitiendo copia de la orden al Ministerio Público Federal de la adscripción. La estrictez de este procedimiento se justifica, por otra parte, en cuanto que los autos de suspensión son de orden público, estableciéndolo así el Tribunal Máximo de la República en diversas ejecutorias, entre las cuales figura la consignada en el SJF, Volumen LX, 2/a. Parte, Pág. 43, Sexta Epo• ca. En el supuesto de desacato a tal suspensión el órgano de control debe inmediatamente consignar a la responsable, haciéndose cargo de la situación con sentido pleno del deber, pues si a las autoridades judiciales comunes, como auxiliares de la Justicia Federal, el artículo 144 de la Ley de Amparo les otorga la facultad de suspender provisionalmente el acto reclamado y les impone expresamente dos obligaciones: la de tomar las determinaciones conducentes a cumplir su resolución de suspensión y la de vigilar la eficacia de ellas, con mayor razón tales obligaciones deben pesar en las funciones de los titulares de la Justicia de la Unión, ya que a ellos directamente han confiado la Constitución Federal, la Ley Orgánica del Poder Judicial a que pertenecen y la Ley Reglamentaria del Juicio de Garantías, el hacer respetar los derechos subjetivos públicos, significándolos así como los más altos órganos de composición en la vida de nuestro país. b).- La ejecución y cumplimiento de la suspensión a petición de parte. i).- Suspensión provisional. La suspensión provisional a que se refiere el artículo 130 de la Ley de Amparo, en cuanto ve a su ejecución y cumplimiento están re• gidos por tres ideas: la de haber "peligro inminente" de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso; la de die• tar determinaciones para cumplir dicha suspensión; y la de vigilar la eficacia de ellas. ii).- Suspensión definitiva. 220 221 SECCION SEGUNDA Ejecución y Cumplimiento de la Suspensión �LA SUSPENSION Una idea también de urgencia en la ejecución y cumplimiento de este tipo de suspensión la supone el artículo 139 de la misma Ley, al prevenir que "El auto en que un juez de Distrito conceda la suspensión surtirá sus efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión ( .. . )". Y bajo esa idea de celeridad se debe actuar, poniendo en prác• tica las normas de que habla el artículo 143 de la Ley de Amparo, de las cuales analíticamente se han ocupado las líneas anteriores, con una salvedad muy importante, y es la siguiente: que el artículo 143, párrafo primero, de la Ley de Amparo, al remitir al artículo 105 de la propia Ley, sólo hace referencia, al lado de las otras reglas que señala, al pri• mer párrafo de éste como normativo de la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión; al excluir, pues, el párrafo segundo de aquella disposición, el órgano de control no debe remitir el expediente de suspensión a la Suprema Corte, para los efectos del artículo 107 frac, ción XVI, Constitucional, ni actuar de modo conexo como el dicho pá· rrafo indica. Lo que significa que la responsable quedará sujeta exclusivamente a la sanción penal de que se ocupa el artículo 206 de la Ley de Amparo, surgiendo así a cargo del órgano de control la obligación de enderezar el procedimiento penal respectivo ante el Ministerio Pú· blico, en los términos del artículo 117 del Código Federal de Procedí· mientos Penales. CONCLUSIONES: LA SUSPENSION Amparo, a propósito de la suspensión de los actos reclamados; de suerte que la reglamentación no resulte de mayor alcance institucional que lo reglamentado. Mas aun suponiendo que los arreglos sugeridos en las conclusiones precedentes ya se hubieren realizado, cumpliéndose así un desideratum social y satisfecho un interés de juristas, ello es inútil si los órganos de control carecen de una firme voluntad en la tarea de hacer cumplir o acatar por sí mismos un auto de suspensión o una sentencia ejecutoria. Es preciso entonces emulsionar nuestra voluntad con las mejores esencias espirituales e ir resueltamente al encuentro de la arbitrariedad, del despotismo, de la tiranía, disfrazados o francos. Quienes abrevamos en las fuentes del saber del viejo maestro León Duguit, todavía escuchamos el eco de sus palabras: de nada sirven magníficas leyes o grandiosas constituciones, si los hombres no somos capaces de obedecerlas y hacerlas cumplir. Yo propondría, pues, como insignia de nuestra empresa como jueces de la Unión, sobre todo al caminar por ese Sinaí de la ejecución y cumplimiento de las suspensiones y ejecutorias, aquella última estrofa de "Fides", del uránida Amado Nervo: ¡Que tu fe trace un círculo de fuego entre tu alma y los monstruos que la cerquen; y si es mucho el horror de los fantasmas que ves, cierra los ojos, y arremete! PRIMERA.- Dado el carácter peculiar que guardan las diversas especies de suspensión instituidas en la Ley de Amparo, frente a la naturaleza de un fallo ejecutorio, es preciso elaborar un buen sistema normativo de ejecución y cumplimiento para cada una de esas resolucio· nes, eliminando radicalmente normas legales imprácticas y substancial· mente deficientes en la materia que tratan de regular. SEGUNDA.- También es necesario el arreglo de las materias re· lativas a la suspensión en la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo, integrando las normas y reservarles un sitio en el articulado del orde· namiento, porque actualmente se hallan diseminadas. Es atributo de la buena legislación, como base para su correcta inteligencia y eficien· te praxis, una lógica distribución de sus temas. TERCERA.- Es asimismo una exigencia fundamental que se ar· monicen entre sí las disposiciones constitucionales y las de la Ley de 222 223 �CESAR GAR.ZA ANCIRA LA HUELGA "De todos los conflictos posibles entre patrones y trabajadores, ninguno reviste la gravedad ni la importancia suma que la huelga obrera". INTRODUCCION El fenómeno de la huelga que rompe las leyes más elementales del Derecho Privado y desconcierta a los juristas y a los jueces, es analizado en este estudio desde un prisma puramente jurídico. Se maneja una óptica cuyo campo pretende dilucidar con nitidez y precisión únicamente el problema relativo a la huelga por solidaridad. ' Lic. e&ar a.ni.a ~Lra., ~at.edr6tlco de la J'~tad d• Derecho y Ciencias SOclt.les de la llllbersntd AUtónOllla de ~TCI Le6D. �ebe de tenerse en consideración que por un principio elemental los sistemas de normas legales deben ser interpretados considerándolos como un todo armónico, relacionando congruentemen• te entre sí sus disposiciones coordinándolas, lo cual es, precisamente, el resultado de considerar las propias leyes como un sistema. Es deber de todo jurisconsulto saber que detrás de cada norma alienta un caudal de conocimientos, de doctrinas, de datos históricos y precedentes jurisprudenciales, cuyo conjunto vigoriza y enriquece la norma misma y la hace cobrar un sentido. D La huelga es un arma de lucha que a través de un proceso histórico-económico-social se formó y llegó a consignarse en el derecho político como un sistema libre de ajustamiento del equilibrio entre los factores de la producción. Nuestra doctrina constitucional se basa en el principio de que, entre los factores de la producción, debe existir un equilibrio que permita al trabajo y al capital, recibir su parte adecuada, proporcional y justa. El derecho de huelga es intocable porque constituye el arma fun. damental de los trabajadores. Usado dentro de la Ley, no sólo es ins• trumento de reivindicación económica sino también cimiento de la paz social. De acuerdo con nuestra ley y nuestra raelidad, la huelga no puede significar una lucha destructora, sino la conquista de lo justo. La fracción XVII del Artículo 123 Constitucional determina: "Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patrones, las huelgas y los paros", de donde se infiere que este derecho por mandato constitucional quedó sujeto a lo que disponga el legislador ordinario, entendiéndose a la vez que la reglamentación que se haga, de• be ser armónica con el espíritu del Artículo 123 citado, que es un mínimo de garantías en beneficio de los trabajadores y que está hecho precisamente con un espíritu de justicia social y de equidad. Como todo derecho, el de huelga no puede ser ilimitado en su ejercicio, es de• cir, porque el derecho mexicano reconoce plenamente el derecho de huelga de tos trabajadores, establece un procedimiento previo de calificación de la misma, con el objeto de evitar que se suspendan indebi- �LA HUELGA damente las labores en las empresas, con el consiguiente trastorno pa. ra las actividades económicas. En la jungla de manifestaciones peculiares de situaciones conflictivas aparecen conductas colectivas que no integran la figura de la huelga. Analizando el sentido auténtico de los artículos 355, 440, 442, 443, 444, 447, 451, 452, 457, 458, 459, 460, 461 y 462 de la Ley Federal del Trabajo, en concomitancia con el texto y el espíritu de las fracciones XVII y XVIII del Artículo 123 Constitucional, se llega a la conclusión de que para que pueda realizarse el fenómeno jurídico de la huelga se requiere como elemento sine qua non que la cesación de labores con que se presiona no se encuentre circunscrita a un lapso tan breve como el de veinticuatro horas, por ejemplo, ya que ello tiene que producir forzosamente como resultado el que no haya huelga. Es evidente, por lo tanto que la manifestación que hacen quienes intentan un movimiento por solidaridad tocante a que la suspensión del trabajo en la empresa emplazada únicamente comprenderá un lapso de veinticuatro horas, computado a partir del estallamiento, no confi· gura el ejercicio del derecho consagrado en la Constitución General de la República, sino una medida de demostración o advertencia, cuya restricción en el tiempo obedece en múltiples ocasiones al deseo de no extremar la disputa o de no causar mayores daños a ninguna de las partes, ni a la colectividad, pero en otras es una medida de fuerza que constituye un alzamiento contra el orden y la jerarquía que debe reinar en toda sociedad organizada. Tal enfoque se refuerza con la circuns· tancia de que de admitirse el conflicto aludido y se suspendiesen los trabajos en la empresa emplazada en la fecha señalada en el aviso, es inconcuso que serían inaplicables los artículos 460, 461 y 462 de la Ley de la materia, que contemplan el procedimiento de declaración de inexistencia de la huelga. La huelga sostiene Guillermo Cabanellas "debe tener como noción esencial la de su indeterminación en cuanto al tiempo que haya de du· rar. El plazo de duración no puede ser previamente determinado, no cabe fijar por anticipado el término de la huelga". A nuestro juicio, la huelga en sí tiene una duración indeterminada, pero aún admitiendo que pueda ser declarada como una abstención de trabajar con un determinado plazo de duración, la duración en su límite mínimo debe sel' 1uficiente para permitir el planteamiento de la declaración de inexisten· wa y su tramitación correspondiente. 228 LA HUELGA No debemos olvidar que los preceptos de un ordenamiento legal deben interpretarse principalmente en el sentido de que no se contradigan; y para lograrlo, a fin de establecer su verdadero sentido y alean• ce, deben ser interpretados en relación con los demás de la misma ley armónicamente. ' Es principio pacíficamente aceptado por la doctrina y la jurisprudencia que la huelga sólo produce efecto suspensivo en el decurso de la relación laboral, hasta en tanto desaparezca la causa que la provocó. La auténtica huelga es la suspensión de la relación jurídica laboral con ánimo de no volver a trabajar hasta que no se admitan las condiciones establecidas por los trabajadores en conflicto. La huelga sus• pende en forma indefinida los efectos de las relaciones de trabajo, atento a lo previsto por el artículo 447 de la Codificación Laboral. La huelga por solidaridad es la suspensión de labores, realizada por los trabajadores de una empresa, quienes, sin tener conflicto alJ guno con su patrono desean testimoniar su simpatía y solidaridad con los trabajadores de otra empresa, los cuales sí están en conflicto con su patrono. Sus caracteres especiales son, en consecuencia, dos: a) No tiene por finalidad resolver un conflicto entre los trabajadores y su patrono; b) Su objetivo es testimoniar simpatía y solidaridad hacia un grupo de trabajadores en huelga y presionar, por la generalización del conflicto, para que se resulvan favorablemente las peticiones de los huelguistas principales; c) De estos dos caracteres deriva que la huelga por solidaridad sea subsidiaria de una huelga principal. Cuando la huelga es indirecta, se dice que es por simpatía o de s~li~aridad. Se está pues, ante una huelga que se generaliza a ~ non del primer conflicto laboral. En las llamadas huelgas de solidaridad'. afirma Guillermo Cabanellas (Derecho de los Conflictos Laborales, Página 102), "los trabajadores se abstienen de trabajar respecto a empresas o establecimientos con quienes no están en conflicto, a fin de expresar su adhesión a otros trabajadores en huelga y para ejercer P~esión sobre la clase patronal, para que la misma ceda en la huelga directa". La huelga de solidaridad reviste el carácter de subsidiaria de otras huelgas principales; ya que, como su nombre lo indica, un sector de personal se declara en huelga para solidarizarse con otros trabajadores que están en conflicto; y, resuelto éste, queda a su vez resuelta la situación de los trabajadores que por simpatía se adhirieron a la huelga principal. 229 �LA HUELGA Nuestra legislación no contiene una reglamentación especial, por lo que en los casos de huelga por simpatía habrá de ajustarse a las disposiciones generales: deberán satisfacerse los requisitos de forma y de mayoría, pues el fondo es la idea de solidaridad; tendrá que ser obse;vado el período de pre-huelga y la suspensión de labores se efectuará en los términos previst os para las restantes huelgas (Mario de la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo, tomo 11, página 864). En tal vir• tud, el estallamiento del conflict o de mérito constituiría una anomalía y un absurdo jurídico, pues daría !ugar a que los trabajadores y los patrones de la empresa afectada, o terceros interesados, se vieran impedidos de gozar del derecho de promover dentro de las setenta y dos horas siguientes a la suspensión del trabajo la declaración de inexistencia de la huelga por las causas señaladas en el numeral 459 de la Ley Laboral, y además salta a la vista que la Junta estaría imposibilitada lógica y jurídicamente para resolver lo pertinente. Las disposiciones contenidas en el Título Octavo de la Ley Federal del Trabajo, se refieren a conflictos colectivos que se sujetan a sus reglas especiales de procedimiento. Estima García Abellán acertadamente que las Constituciones que reconocen el derecho de huelga, remiten su ejercicio a la norma legal prevista para desarrollar el mencionado derecho. Admitir el estallamiento del conflicto cuestionado en tales condiciones, se repite, equivaldría hacer nugatorio el procedimiento de calificación de la huelga, y violar las garantías que otorgan los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, que correspon, den a la fórmula del debido proceso legal en el lenguaje técnico del proceso moderno, que consiste en una razonable posibilidad de hacerse escuchar. No cabe una interpretación que tienda a hacer letra muerta los preceptos subsecuentes de la misma Ley. Se ve entonces que admitir la tesis que se rechaza y se paralizaran las labores con el pretexto de testimoniar simpatía a movimientos de huelga lícitos, implicaría deS· conocer y hacer letra muerta en lo absoluto y burlar el texto y el espín· tu de los artículos 460, 461 y 462 de la ley de la materia, y en manera muy especial la letra y términos contundentes del artículo 460, cuya aplicación se analizó ya. Esto no sería interpretar la Ley, sino desconocerla y desfigurarla. Observándose, que no podrían aplicarse a contraria sensu los numerales 460 y 461 del citado Ordenamiento, pues no se da el supuesto de oposición y exclusión que lógicamente hacen posible ese método. 230 LA HUELGA La filosofía jurídica, las reglas de interpretación, los argumentos de equivalencia y aún de mayoría de razón, nos permiten determinar que en el caso no se configura el ejercicio del derecho de huelga consagrado por nuestra Carta Magna, y permitir el estallamiento del conflicto colectivo sería marchar contra la técnica procesal que regula el proceso de calificación de la huelga, y no debe pasarse por alto que las disposiciones que rigen el procedimiento son de orden público. Sería también desconocer la preclusión que como medio para asegurar el orden y ia rapidez en el desenvolvimiento del proceso contempla el artículo 460 del Código laboral, entre otros, que autoriza a los trabajadores y los patrones de la empresa o establecimiento afectado, o terceros interesados, a pedir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la suspensión del trabajo declare la ir.existencia de la huelga por las causas señaladas en el artículo 459. Por ende, el citado precepto contiene la regla general de que toda perscr~a que pueda resultar afectada con una suspensión de labores está en aptitud de solicitar la inexistencia de la huelga. Un glosador de las doct rinas preclusivas dice con toda atingencia ~ce cuando un trámite ha ocurrido ya, puede afirmarse que hay preclusión, es decir, que este trámite ha sido cumplido, y que está cerrado el camino para repetirlo. Por otro lado en apoyo asimismo de la consideración de que venimos hablando, esto es, de las situaciones de hecho y circunstancias materiales de aplicación de la ley, es de explorado derecho en materia la~ boral que es requisito indispensable para que pueda existir la huelga por solidaridad que se demuestre que subsiste la huelga que se apoya (Revista Jus, No. 82; Luis Muñoz, Comentario a la Ley Federal del Trabajo, página 504; Enrique Tapia Aranda, Derecho Procesal del Trabajo, páJ gir.a 215; 9052/44/ 2a. Sind. de la Industria de Bonetería, 25 de marzo de 1954), y en la especie la actitud aberrante de la parte emplazante tocante a que la cesación de labores se limite a un lapso de veinticuatro horas, acarrearía el absurdo jurídico de impedir que se solicitase la declaración de inxesitencia de la huelga, y por otra parte de vedar el camino para que quienes intentan el movimiento acrediten que subsiste la huelga principal. No puede aceptarse que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado sea un mero amanuense, obligada a poner en práctica las facultades que la Ley establece, por el solo hecho de que se presente un escrito sobre emplazamiento de huelga. En efecto, cuando el Tribunal admite y da curso a un emplazamiento de huelga, con ello determi- 231 �I LA HUELGA na la existencia misma de providencias y circunstancias, algunas de ellas excepcionalmente importantes: deberá emplazarse al patrón; éste se constituye en depositario de la empresa o establecimiento afectados, después de la notificación; habrá de producir~e r~spuesta ~s.cri!~; la Junta procurará avenir a las partes en una aud1enc1a de conc1llac1on Y, además principiará a correr el término señalado para suspender las la• bores. Dicho criterio ha sido sustentado por el H. Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en diversas ejecutorias, entre las cuales pueden ci• tarse las emitidas en los juicios de amparo números 437 /970 (Coali• ción de Enfermeras y Empleados del Hospital Civil de Ciudad Victoria, Tamps., resuelto el 13 de noviembre de 1970), 117/972 _(Sindicato de Trabajadores de Sanitarios Procesa, resuelto et 18 de abril ?e 1972) Y 118/ 972 (Sindicato de Trabajadores de Válv~las y Acceson?s, resuel• to el 19 de abril de 1972) y 122/972 (Sindicato de Traba1adores de Materiales Procesa, resuelto el 30 de mayo de 1972). Tal tesis ha sido sostenida en igual forma por otros juzgadores constitucionales en diversas sentencias, entre las cuales pueden men• cionarse las pronunciadas en los juicios de amparo indirectos números 373/974 (Maronix, S. A., resuelto el 10 de abril de 1974 por el C. ~~ez Segundo de Distrito en el Estado de Nuevo León), 885/974 (Coahc16n de Trabajadores encabezada por Francisco Morales Parra, resuelto el 13 de agosto de 1974 por el C. Juez Primero de Distrito en el Estadq de Nuevo León), y 2001/975 (Sindicato Unico Gremial de Agentes de Ventas de Nuevo León, resuelto el 12 de febrero de 1975 por el C. Juez Primero de Distrito en el Estado de Nuevo León). Es incuestionable que lo establecido por los artículos 440, 443, 447, 460, 461 y 462 del Código Laboral constituye un obstáculo _de técnica jurídica que veda el camino para ta tramitación del referido conflicto, que en modo alguno se identifica a la figura de la h_uelga. _La delimitación conceptual de la huelga permite excluir de considerar 1m· plícita en esta figura la expresión o manifestación colectiva de mérito. CONCLUSIONES Y TESIS: Del análisis jurídico laboral expuesto, concluimos lo siguiente: PRIMERO:- Bajo la denominación del epígrafe de huelga no dt- be comprenderse la situación conflictiva estudiada. SEGUNDO:- El régimen de la huelga constituye un obstác~lo de , i(,cnica jurídica que veda el camino para la tramitación del cuesüonadO oonflido colectivo. 232 \ DOCUMENTOS RELACIONES EXTERIORES PRESENTACION I I Como parte de la re/orma administrativa emprendida por el actual Gobierno Federal y en, virtud del Acuerdo expedido por el Secretario de Relaciones Exteriores y que entró en vigor el 18 de febrero de 1975, se creó la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en, Monterrey, Nuevo León. La instalación de esta oficina regional descentralizada de la Secretaría de Relaciones Exteriores obedeció, fundamental,mente, a las gestiones que para el efecto hiciera el Gobierno del Estoáo, aporando una iniciati1Ja presentada por el ColegúJ de Abogados de Nuevo León. El Ejecuiivo Federal accedió a esta demanda -ya comemplada en sus planes de reforma administrativa-, considerando que la centralización absoluta de las funciones de las diversas oficinas federales no solamente entorpece el buen desarroUo de las mismas, sin<> que al, teTler que desahogarse en la Capital del país un número elevado e innecesario ae trámites administrativos originados en la provinci,a, obliga a los interesados a trasladarse a la ciudad de México para su trámite correspondiente. La d&centralización. de dichas oficinas permitirá. Por lo tanto, atender los mencionados asuntos en forma rápida y eficaz, al evitar tener que tramitarlos en la Capital. Por otra parte, como lo expuso el Jefe del Ejecutivo, esta descentralización y delegación ele funciones permitirá a Ú>s órgano �centrales del Gobierno Federal contar con el mayor tiempo posible para la planeación y determinación de políticas, así como para la 'más adecuada coordinación y adecuada tJigilancia de su desarrollo. · Es así como en Monterrey, Nuevo León, el Gobierno Federal estableció la primer Delegacwn de la Secretaría de Relacwnes E:, teriores, que actúa como oficina regional y a cuyo frente fue designado el señor licenciado Ricardo Treviíío García. El licenciado Treviño García ha elaborado un importante documento no solamente sobre la actividad --dinámica y efectiva- realizada hasta alwra por la oficina a su cargo, smo sobre las funciones y atribuciones de la Delegacwn de la Secretaría de Relacwnes Exteriores con sede en, Monterrer._. El conocimiento de este documento será de gran interés r de gran utüidad no solamente para los estudwsos de la materia, sino pa· ra todo el mundo, particularmente aquellas pers'?nas que utilicen ws servicios de la Delegación. En este contexto, el Consejo Editorial de esta revista considera de interés la publicación del presente documento. DERECHO Y ClENCIAS Soc1ALES Consejo Editorial / 234 RICARDO TREVIÑO GARCIA FUNC!ONES Y ATRIBUCIONES DE LA DELEGACION DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, CON SEDE EN MONTERREY, N. L. L a Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, obedece, fundamentalmente, al cumplimiento del acuerdo expedido por el C. Presidente Luis Echeverría Alvarez el día 13 de marzo de 1973, publieado en el "Diario Oficial" de la Federación el día 5 de abril del mismo año, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. las consideraciones que el Jefe del Ejecutivo tomó en cuenta para dictar dicho Acuerdo fueron las siguientes: l.- Que el Ejecutivo debe realizar las reformas administrativas que requiere el Sector Público Federal, con base en la descentralización de sus funciones, a fin de ejercer, en forma más dinámica y eficiente, las atribuciones correspondientes. 2.- Que técnica y legalmente no existe razón alguna para que deba seguir desahogándose en la capital del país un número innecesario de trámites administrativos rutinarios, generados tanto en la operación misma de las entidades del Sector Público Federal, como en las demandas qu~ se originan en el interior del país de servicios para los particulares. y para los propios empleados públicos. 3.- Que los órganos centrales de las entidades del Gobierno Federal Y sus respectivos titulares deben_ disponer del mayor tiemPo posible para la pJaneación y determinación de políticas, así como para la coordinación y vigilancia de su desarrollo, pudiendo delegar, en sus suballernos1 cualesquiera de sus facultades, excepto las que la ley o diSJ)O-' Lic. Ricardo ·Trevlllo García.. catedrático d e la Universidad Autónoma de Nuevo LeGn y del lnst!i.uto Tecnológico y de Estudios Supertore:i de Monterrey; mJembro de la Comiáón de Hatienda ·de la o A N L . y autor del llbro sobre Derecho Civil y Derecho Mercantil �RELACIONES EXTERIORES RELACIONES EXTERIORES siciones regiamentarias señalen que deban ser ejercidas por ellos mistades en funcionarios subalternos, publicado en el Diario Oficial 9e la mos. Federación el 5 de abril de 1973, el Secretario de Relaciones Exterio4.- Finalmente, expresa el Acuerdo que las medidas que al respecto res expidió un Acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Fese tomen, contribuirán al adecuado y oportuno cumplimiento de los obderación, el día 18 de Febrero de 1975, y que entró en vigor el mi~mo jetivos y programas establecidos por el Ejecutivo Federal, como parte día de su publicación en el cual autoriza el establecimiento de la Dele· de la actual estrategia de desarrollo económico y social y que, por lo gación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en Montemismo, conviene ponerlos en práctica, a la mayor brevedad posible. rrey, N. L. Con base en estos Considerandos, el Ejecutivo Federal dictó cuaEl Acuerdo señaia como facultades de la Delegación, las sigl!ientro puntos resolutivos a saber: tes: lo.- las Secretarías y Departamentos de Estado, Organismos DescenA).- Expedir y refrendar pasaportes ordinarios mexicanos. tralizados y Empresas de Participación Estatal de la Administración PúB).- Visar los pasaportes de extranjeros que se encuentren legalmenblica Federal realizarán los actos que legalmente procedan, para dete en el país, de conformidad con las disposiciones vigentes so' a terminar e implantar las medidas que permitan a sus titulares lle_var bre la materia. cabo una efectiva delegación de facultades en funcionarios subalterC).- Legalizar las firmas de los documentos que deban producir efecnos, para la más ágil toma de decisiones, así como la ejecución y tratos en el extranjero y de los documentos extranjeros que ~~!)an mitación de los asuntos administrativos, en sus correspondientes ámbi· , producir efectos en el país. . .. . tos de competencia. 0).- Otorgar permisos para la constitución de Sociedades Cooper,ati2o.- Las entidades, a que se refiere el punto resolutivo anterior, efec· vas o para la modificación de sus escrituras constitutivas. .. tuarán los estudios respectivos para proceder a la delegación de atribu· E).- Recibir de los interesados, cuando no se trate de los casos antes ciones a los funcionarios de las distintas dependencias que operen en señalados, las solicitudes correspondientes; revisar tanto éstas el interior de la República. . como los documentos que lleven anexos, señalando aquello~, re3o.- Cuando sea conveniente establecer una Delegación por lonas en quisitos que hayan omitido, y enviarlos a la Secretaría de Relael Territorio Nacional, las citadas entidades se coordinarán con la Se· ciones Exteriores para su estudio y resolución. cretaría de la Presidencia, para que el establecimiento de las delegaF).- Informar y orientar al público sobre cualquier asunto que sea ciones se efectúe armónicamente y se apliquen criterios unitarios, a competencia de la referida Secretaría. fin de facilitar la realización coordinada de sus actividades, en benefi· Las actividades de la Delegación se iniciaron el día 19 de febrero cio de los propios servidores públicos y de los administrados. de 1975, habiendo asistido a su inauguración el entonces Sec¡,:etario 4o.- Los titulares de las Secretarías, Departamentos de Estado, Or• de Relaciones Exteriores, C. Lic. Emilio O. Rabasa, la C. Lic. María Er,iganismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal de la lia Téllez, Oficial Mayor de Relaciones Exteriores, el C. Lic. Ignacio Administración Pública Federal deberán realizar los actos que sean ne- , Ovalle, Secretario de la Presidencia, el C. Lic. Manuel lbarra Herrecesarios de acuerdo a las disposiciones legales que los rigen, para ren· ra, Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, el C. Cónsul Gene, dir informes semestrales al Ejecutivo Federal, por conducto de la Se· ral Raúl Nájera Esquive!, Director General de Administración de Relacretaría de la Presidencia, de las medidas necesarias para efectuar la ciones Exteriores, el C. Cónsul General Jorge Aguilar Saldaña, Director delegación de facultades a que se refiere este Acuerdo, así como los General del Servicio Consular, el C. Gobernador del Estado, Dr. Pedro programas que hayan elaborado con el mismo objeto. G. Zorrilla Martínez, el C. Alcalde de la Ciudad de Monterrey, Lic. leoCon fundamento en los Artículos 3o.- Fracciones 11, VII, VIII, IX, Poldo González Sáenz, la C. Lic. Carlota Vargas de Montemayor, entonXII y XIV y 26 de la ley de Secretarías y Departamentos de Estado; la ces Oficial Mayor de Gobierno del Estado, representantes del H. Cuer• Ley de Nacionalidad y Naturalización; el Reglamento para la Expedición Po Consular de Monterrey y otros distinguidos invitados. y Visa de Pasaportes, asi como el cumplimiento del Acuel'do Presiden· En esa ocasión, el Secretario de Relaciones Exteriores, C. Lic. Emicial de fecha 13 de marzo de 1973 referente a la delegación de facul· lio O. Rabasa entregó en un acto simbólico, los primeros pasaportes 236 237 �RELACIONES EXTERIORES RELACIONES EXTERIORES oréinarios que expidió la Delegación, al C. Gobernador del Estado, Dr. Pedro G. Zorrilla Martínez, a la C. Oficial Mayor de Gobierno, Lic. Car• lota Vargas de Montemayor y al C. Alcalde de la ciudad de Monterr:y, Lic. Leopoldo González Sáenz y por otra, entregó certificado de nacionalidad mexicana al C. lng. Rafael A. Guerra. . Desde esa fecha, 19 de febrero de 1975, hasta el 30 de nov1em• bre de 1976, la Delegación ha expedido: 80,496 Pasaportes ordinarios 5,143 Refrendos a Pasaportes ordinarios 968 Legalizaciones Visa a Pasaportes de extranjeros que se encuentran legalmente 105 en el País Permisos para constituir Sociedades Cooperativas . Por su conducto la Secretaría de Relaciones Exteriores ha exped1· do: 1,126 Certificados de Nacionalidad Mexicana 21 Certificados por Naturalización 59 Permisos para constituir Sociedades Anónimas Permisos para constituir Sociedades de Responsabilidad Limi• 3 tada 17 Permisos para constituir Asociaciones Civiles Permisos a fin de que los extranjeros puedan adquirir inmue• 5 bles, conforme a la Fracc. 1 del Artículo 27 Constitucional 14 Aumento de Capital a Sociedades Anónimas 2 Cambio de denominación de Sociedades Anónimas 1 Cambio de domicilio de Asociaciones Civiles 1 Reducción de Capital de Sociedades Anónimas Modificación de Estatutos y Cambio de Domicilio de Sociedad 2 Cooperativa Limitada 44 Prórroga de Fideicomiso Apemás, se tramitaron 58 Solicitudes de Beca. 2.- Facultades o atribuciones de la Delegción. 2.1.- Expedir Pasaportes Ordinarios. 2.1.1.- Concepto. El Pasaporte es la prueba internacionalmente aceptada de la n~· cionaHdad e identidad de las personas, conteniendo, además, una su· plica del Gobierno que lo expide, para que las autoridades extranjeras impartan ayuda y protección a sus tenedores (Art. lo. del Reglamento para la Expedición y Visa de Pasaportes). 2 .1.2.- Clases. Los Pasaportes son de cuatro clases: Diplomáticos, Oficiales, Ordinarios y Provisionales. 2.1.2.1.- Pasaporte Diplomático. Se expide únicamente a los funcionarios y personas señaladas en los Artículos 3o., 4o., 5o. y 60. del Reglamento para la Expedición y Visa de Pasaportes. 2.1.2.2.- Pasaporte Oficial. a).- Se expide a las personas que vayan al extranjero en una comisión oficial conferida ya sea por las autoridades federales, siempre que no se trate de comisión diplomática, o por los Gobiernos de los Estados. b).- A los empleados inferiores de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares. e).- A los funcionarios civiles, federales o locales y a los milita• res que tengan una alta categoría oficial, a juicio de la Se, cretaría de Relaciones Exteriores. d).- Al Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y Comisionados especiales de dicha Institución y, en general, a todas aquellas personas que salgan de la República llevando al extranjero una comisión o representación de in• terés social, a juicio de la mencionada Secretaría. 2.1.2.3.- Pasaporte Ordinario. Se expide a todas las personas de nacionalidad mexicana que lo soliciten, sin distinción de sexo ni edad, siempre que cumplan con los requisitos señalados por el Reglamento para la Expedición y Visa de Pasapartes y demás disposiciones legales aplicables. El Pasaporte Ordinario reviste dos variantes: el Pasaporte Colectivo, el cual incluye a dos o más personas (Artículos 70 a 73 del citado Reglamento) y el Pasaporte para un solo viaje, el cual se expide en los casos de suma urgencia, a juicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y los interesados no pudieren exhibir las pruebas a que se r-efieren los Artículos 55, 60 y 61 del citado Reglamento, precisamente Por la falta de tiempo. En la hipótesis anterior, con la simple solicitud, se puede expedir el Pasaporte, siempre y cuando los interesados se comprometan a presentar las pruebas de su nacionalidad mexicana a su regreso al país. Si con posterioridad, éstos solicitaren la expedición de un nuevo Pasaporte, no se dará trámite a su solicitud, sino mediante la presentación de las pruebas de su nacionalidad mexicana. 2.1.2.4.- Pasaporte Provisional. En auxilio del Ejecutivo Federal y para los casos previstos en el 238 239 2? �RELACIONES EXTERIORES RELACIONES EXTERIORES referido Reglamento, los Gobernadores de los Estados pueden expedir pasaportes con el carácter de provisionales. 2.1.3.- Autoridades que están facultadas para expedir Pasaportes. 2.1.3.1.- Secretaría de Relaciones Exteriores. En la República Mexicana únicamente el Ejecutivo de la Unión, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene facultad para la expedición de Pasaportes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 del Reglamento multicitado. 2.1.3.2.- Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares del Gobierno Mexicano. En el extranjero serán expedidos por los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares del Gobierno de México, a excepción de los Cónsules y Vice-Cónsules Honorarios, así como por aquellos funcionarios que, por algún motivo, quedaren al frente de las oficinas a fal· ta del titular (Artículo 14 del Reglamento para la Expedición y Visa de ~asa~rte Ordinario Provisional, debiendo obtener, para tal efecto, auto, nzac,on expresa de la mencionada Secretaría. 2.1.4.4.- Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores está facultada para expedir únicamente Pasaportes Ordinarios. 2.1.5.- Validez de los Pasaportes. 2.1.5.1.- Pasaporte Diplomático. . El Pasaporte Diplomático es válido hasta que termina el cargo del Titular y no debe ser refrendado en ningún caso. (Artículo 140 del Reglamento). 2.1.5.2.- Pasaporte Oficial. Podrá ser refrendado siempre y cuando subsista la causa que motivó su expedición, quedando la prueba de ello a cargo del Titular (Ar' tículo 142 del Reglamento). 2.1.5.3.- Pasaporte Ordinario. El Pasaporte Ordinario expedido por las autoridades facultadas para ello, tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de su _expedición, a no ser que sea refrendado. Al vencer ese plazo de d_os anos, se puede refrendar por dos años más, y al vencerse ese periodo, se puede refrendar por última vez, por dos años más, hasta completar una vigencia máxima de seis años, a contar de la fecha de su expedición. Al terminar el plazo de seis años, se cancelará el Pasaporte Ordinario y se expedirá otro nuevo, si así lo solicita el interesado previo el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglament~ para la Expedición de Visa de Pasaportes multicitado. 2.1.5.4.- Pasaporte Provisional Ordinario. Los Pasaportes expedidos por los Gobernadores de los Estados serán buenos hasta el primer punto del exterior de la República Mexi: cana en donde el titular de dicho Pasaporte Provisional encuentre re• presentante diplomático o consular mexicano. Los interesados deberán pre~entar su Pasaporte Provisional al representante mexicano, quien lo c~n¡eará por el Pasaporte Ordinario correspondiente debidamente auto• nzado. 2.1.6.- Gestiones Personales. Conforme a lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 54 del Reglamento en vigor para la Expedición y Visa de Pasaportes, las gestiones para la obtención del Pasaporte Ordinario deben realizarse personalmente por_ el_ interesad~, de lo que se desprende que no deben aceptarse med1ac1ones, gestiones e intervenciones hechas por personas que Pasaportes). 2.1.3.3.- Gobernadores de los Estados. Los Gobernadores de los Estados únicamente pueden expedir el Pasaporte Provisional, siempre que obfengan autorización expresa de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior, conforme al Artículo 17 c!el Reglamento. 2.1.3.4.- Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en Monterrey, N. L. Conforme al inciso a) del Artículo 2o. del Acuerdo publicado en el "Diario Oficial" de la Federación el día 18 de Febrero del presente año,· ta Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Monterrey tiene facultad para expedir Pasaportes Ordinarios. 2.1.4.- Clases de Pasaportes que puede expedir cada Autoridad. 2.1.4.1.- Secretaría de Relaciones Exteriores. ~ La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá expedir Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y Ordinarios, así como el Documento de ldenti· dád y Viaje que se encuentra previsto en los Artículos 20. y 12, en relación_con los Artículos 86 a 106 del propio Reglamento. 2.1.4'.2.- Funcionarios del Servicio Exterior. Los funcionarios del Servicio Exterior pueden expedir únicamente los Pasaportes Oficial y Ordinario, debiendo obtener autorización expresa, t::n cada caso, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la ex· peoitión del Pasaporte Oficial. 2.1.4.3.- Gobernadores de los Estados. Los Gobernadores de los Estados únicamente pueden expedir 240 el 241 �RELACIONES EXTERIORES RELACIONES EXTERIORES no sean directamente las interesadas. 2.1.7.Derechos que se cobran en la Delegación. Los derechos, por expedición del Pasaporte Ordinario, importan la cantidad de $ 950.00, mismos que se reparten en la siguiente forma: $ 800.00 para el Fisco Federal y $ 150.00, para el Erario Estatal. 2.1.8.- Departamento de Fotografía. Como un servicio adicional en la Delegación funciona un Departa• mento Fotográfico que pertenece al Gobierno del Estado, donde los in• teresados pueden obtener sus fotos al instante, a un precio razonable. 2.2.- Refrendo y Cancelación de un Pasaporte. 2.2.1.- Concepto. El Refrendo es el acto realizado por autoridad competente, para autentificar la validez de éste y, por lo tanto, prorrogar su vigencia. El Pasaporte Ordinario tiene una vigencia de dos años, al término de los cuales puede ser refrendado por otros dos años y, por último, un refrendo por dos años más, hasta completar una vigencia máxima de seis años, contados a partir de su expedición. 2.2.2.- Derechos. Por cada refrendo, deben enterar al fisco federal $ 600.00, y al estatal $ 30.00. 2.2.3.- No refrendo a Pasaportes expedidos a menores de seis años. El Pasaporte expedido a menores de seis años no podrá ser refrendado; y cada doce meses deberá renovarse, debiéndose reponer las fotografías, las que deberán ser tomadas en el momento de la renova• ción. 2.2.4.- Pasaporte Diplomático. El Pasaporte Diplomático no puede ser refrendado en ningún ca· so. Terminadas las funciones a cargo del Titular, se cancelará el Pasa· porte. Cuando por cualquier motivo las autoridades extranjeras exigieren el refrendo del Pasaporte Diplomático, se recogerá éste y se expedirá otro nuevo. 2.2.5.- Pasaporte Oficial. El Pasaporte oficial podrá ser refrendado siempre que el interesado compruebe que subsisten las causas que motivaron su expedición. 2.2.6.- Caso de pérdida de la nacionalidad. No podrá refrendarse un Pasaporte cuando posteriormente a su expedición, el titular hubiese perdido su nacionalidad mexicana de acue<· do con la ley respectiva. En este caso, la autoridad recogerá y cancelará el Pasaporte. (Art. 155 del Reglamento). En el caso de pérdida de la nacionalidad mexicana la autoridad respectiva, antes de conceder o negar el refrendo, recabará y remitirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores las pruebas correspondientes a dicha pérdida, para que la referida Secretaría haga la declaratoria correspondiente. 2.2.7.- Personas sujetas a un arraigo. Si al momento de refrendar el Pasaporte el interesado se encuentra sujeto a arraigo, dictado por autoridad competente, no se le debe otorgar el refrendo. 2.2.8.- Pasaportes a Menores. Los Pasaportes expedidos a favor de menores de edad que hubiesen salido de la República, con permiso de quien o quienes ejerzan la patria potentad o la tutela, o con permiso de la autoridad judicial, otorgado en los términos del Artículo 421 del Código Civil para el Distrito Federal, para que pueda ser refrendado se requiere, previamente, de un nuevo permiso. 2.2.9.- Pasaporte para un sólo viaje. El Pasaporte que fuere expedido para un sólo viaje nunca podrá ser refrendado. 2.2.1.0.- Documento de Identidad y Viaje. Tampoco podrá refrendarse el documento de identidad y viaje. 2.3.- Cancelación del Pasaporte. El Pasaporte se podrá cancelar en los siguientes casos: 2.3.1.- Cuando durante la vigencia del mismo se descubriera que se expidió, en contravención al Reglamento correspondiente. 2.3.2.- Cuando el interesado cambie de nacionalidad. 2.3.3.- Cuando las autoridades penales de la República lo soliciten, porque el interesado hubiese cometido algún delito. 2.3.4.- Cuando, a juicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el interesado haga mal uso del Pasaporte. 2.3.5.- Cuando se descubra que el titular obtuvo su certificado de nacionalidad o carta de naturalización, en contravención a la Ley de la materia. 2.4.- Visa de Pasaportes de extranjeros que se encuentren legalmen• te en el país. 2.4.1.- Concepto. Otro servicio que presta la Delegación es el otorgar Visas a extranjeros que se encuentren legalmente en la República. El visado de un documento -nos dice Cecilia Molina, en su interesante obra denomi• nada "Práctica Consular Mexicana" "es la constatación de que el funcionario que la otorga, se ha cerciorado de la legalidad y validez del 242 243 �REU\CIONES EXTERIORES documento, así como de la identidad del titular, al que se le ha concedido autorización para internarse en nuestro país, con objeto de resi• dir en él, temporal o definitivamente, o para atravesar en tránsito su territorio, y de que dicha persona no se encuentra incluida en ninguna de las restricciones establecidas por la Ley General de Población y demás disposiciones relativas". 2.4.2.- Clases de Visas. Las Visas son: diplomáticas, oficiales, especiales y ordinarias, según el tipo de pasaporte y el motivo del viaje. 2.4.3.- Validez de las Visas. 2.4.3.1.- Visa Diplomática. La Visa Diplomática es válida por el tiempo que dure la m1s1on de su titular. Cuando no se señala plazo de internación, queda en li· bertad de hacerlo cuando él lo desee, a partir de la fecha en que se le otorgue dicha visa. El titular puede entrar y salir de la República cuan· tas veces quiera, mientras ostente el cargo. Las Embajadas Mexicanas están facultadas para expedir visas de esta clase. 2.4.3.2.- Visa Oficial. La Visa Oficial debe usarse dentro de un plazo de tres meses, el cual comenzará a contar desde su expedición y tiene validez por todo el tiempo que dure la comisión oficial de su titular. Estas visas las ex· piden, tanto las Embajadas como los Consulados de Carrera; no las pueden otorgar los Consulados Honorarios. 2.4.3.3.- Visas Ordinarias. 2.4.3.3.1.- Concepto. Son las que se conceden a los titulares de los Pasaportes Ordina· rios, así como en los documentos de identidad y viaje. 2.4.3.3.2.- Vigencia. La vigencia de estas visas es de acuerdo con la calidad con que su titular se interne en el país, sin que pueda ésta exceder, en ningún ca· so, del plazo concedido por la Secretaría de Gobernación, al titular del Pasaporte para internarse en la República, siempre y cuando el pasa· porte tenga validez, conforme a las leyes del país que lo hubiere expedido. La Delegación conforme al inciso a) del Artículo Segundo del -Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de Febrero del presente año, está facultada para Visar los pasaportes; -extran· -jeros que se encuentren legalmente en el país, de conformidad .con ias leyes·.vigentes sóbre la materia. ·•. · 2.4.3.3.3.- Derechos. - · · 1 i' · · REU\CIONES EXTERIORES Las visas ordinarias están sujetas al pago de la cuota establecida en la ley de la materia, la cual varía de acuerdo con la calidad migratoria que se conceda al titular y con la nacionalidad del mismo. Con algunos países con los que México tiene Acuerdos celebrados, se conceden gratuitamente. En otros casos, México tiene celebrado Acuerdo sobre Supresión de tal requisito. En esta hipótesis, se acostumbra estampar un sello con la leyenda de que no se requiere visa, a fin de que no se infieran molestias a las personas que se encuentren en esta situación. 2.4.3.3.4.- Requisitos. Para conceder visas a extranjeros, se deb-en exigir los siguientes requisitos: a).- Que el pasaporte haya sido expedido con las formalidades de la ley, por las autoridades competentes del país de la nacionalidad del interesado, debiéndose cerciorar el funcionario que conceda la visa, de que el pasaporte no presente indicios de haber sido enmendado o alterado. b).- Que la persona que solicita la visa sea realmente aquella a quien fue expedido el pasaporte; y c).- Que el interesado no esté incluido en ninguna de las restricciones establecidas en la Ley General de Población y disposiciones relativas vigentes. 2.4.3.3.5.- Registro. De las visas que se otorgan, se lleva un registro que empieza al comenzar el año, conteniendo los siguientes datos: Fecha en que se concede, número de visa, nombre del interesado, nacionalidad, No. de Oficio de la Secretaría de Gobernación, fecha de vencimiento de la vi• sa y si pagó algún derecho o es gratuita. 2.4.3.6.- Las visas que otorga la Delegación son a los extranjeros que se encuentran legalmente en el país que han cambiado su calidad migratoria, concediéndoles la Secretaría de Gobernación una estancia en la República por un tiempo determinado, o bien, para aquellos extranjeros que, por determinadas circunstancias, no arreglaron su situación cuando salieron y, al momento de su llegada, la Secretaría de Gobernación les concedió su internación en el país, con determinada calidad migratoria. La Delegación ha expedido, hasta la fecha, 91 visas a personas -de distintas nacionalidades. 2.5.- Legalización de Documentos. Otra función de la Delegación de la Secretaría de Relaciones- Ex~245 �RELACIONES EXTERIORES RELACIONES EXTERIORES teriores es la de legalizar las firmas de documentos que deban producir efectos en el extranjero y de los documentos extranjeros que deban producir efectos en la República. 2.5.1.- Concepto. La legalización de firmas, según Cecilia Molina, autora que ya ci, tamos " . .. es la certificación que se hace respecto a la autenticidad de la firma de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o de un notario público que, con ese carácter, suscribe un documento público. Por tanto, ese acto implica la constatación de que el fun. cionario desempeñaba su cargo o de que el notario estaba investido de fe pública, al tiempo que firmaron los documentos materia de la lega• lización". El funcionario que legaliza no asume ninguna responsabilidad por el contenido del documento y así se indica expresamente. Solamente se deben legalizar firmas originales. 2.5.2.- Documentos que necesitan ser legalizados. Se deben legalizar los documentos que tengan el carácter de pú· blicos y que procedan del extranjero. En este caso, se legalizan por las autoridades mexicanas del exterior. El Artículo 129 del Código Federal de procedimientos Civiles da el concepto de documento público, en los siguientes términos: "Son aquéllos cuya formación está encomendada por la Ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pú· blica y los expedidos por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, demostrándose la calidad de públicos de tales documen· tos, por la existencia regular en los mismos de los sellos, firmas u otros signos exteriores previstos por las leyes". El Artículo 131 del Ordenamiento legal citado dispone que para que hagan fe en la República los documentos públicos del extranjero, --entendiéndose documento público extranjero el expedido por un funcionario o notario extranjero en ejercicio de sus funciones- requieren estar debidamente legalizados por las autoridades mexicanas del exterior, en los términos de las leyes respectivas. Una vez que el documento extranjero es legalizado por las autoridades diplomáticas o consulares, la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, auténtica las firmas de dichas Autoridades del Exterior que legalizaron el documento. La Delegación legaliza también los documentos públicos que deban producir efectos en el extranjero. 2.5.3.- Registro. En la oficina se lleva un registro de legalizaciones, con numera• ción progresiva que empieza al comenzar el año, en el que se hacen constar los siguientes datos: fecha, número, tipo de documento que se legaliza y nombre y cargo del funcionario que efectuó la legalizaJ ción. 2.6.- Permiso para constituir Sociedades Cooperativas o para modificar sus escrituras constitutivas. La Delegación está facultada para otorgar permisos para la constitución de sociedades cooperativas, así como para la modificación de sus escrituras constitutivas. en los términos de la Fracción I del Artículo 27 Constitucional, la Ley Orgánica de la fracción referida y su Reglamento. 2.7.- Función de Oficialía de Partes. La Delegación está facultada, en aquellos casos en que no pueda conceder directamente el servicio, y tratándose de asuntos de la competencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a recibir de los interesados las solicit udes correspondientes, revisar tanto éstas como los documentos que lleven anexos y señalar a los interesados los requisitos que hayan omitido cumplir. Estando en regla la solicitud y los documentos que deban anexársele, la Delegación la enviará, sin demora, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. 2.8.- Información y Orientación al Público. La Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Monterrey presta el servicio de informar y orientar al público que lo solicite, sobre cualquier asunto de la competencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 2.9.- Becas. La Delegación informa sobre las becas que se ofrecen a t ravés de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la propia Delegación se presentan las solicitudes de los interesados con los documentos que se requieren, a fin de que se estudien las candidaturas por los organismos competentes. En resumen, la Delegación presta los siguientes serv¡cios: lo.- Expedición y Refrendo de Pasaportes Ordinarios. 2o.- Vista de Pasaporte de extranjeros que se encuentren legalmente en el país. 3o.- Legalización de firmas de documentos que deban produci-r efectos en el extranjero y de los documentos extranjeros que deban producir efectos en la República. 4o.- Otorgar permisos para la constitución de sociedades coope- 246 247 �RELACIONES EXTERIORES rativas o para la modificación de sus escrituras constitutivas. 5o.- Recibir de los interesados las solicitudes sobre cualquier asunto de la competencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, revisar ta~to éstas como los documentos acompañados, así como seña• lar a los interesados los requisitos que hayan omitido cumplir. 60.- Informar y orientar al público sobre cualquier asunto que sea de la competencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 7o.- Informar sobre Becas, recibir las solicitudes que se le hagan al respecto, las que, al presentarse deben acompañarse de los documentos correspondientes, enviándose todo ello, en breve plazo, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. 3.- Horario, Ubicación y Personal. El horario de la Delegación es de las 8.00 a las 14.00 horas para recepción de documentos y de 16.00 a las 18.00 horas, para entrega de documentos. (Pasaportes). El personal se integra de la siguiente manera: Un Delegado, un Jefe de Pasaportes y un Jefe de Asuntos Jurídi· cos y Culturales. Se cuenta con diecisiete empleados administrativos. El Gobierno del Estado, en épocas que así lo requieren, proporciona personal, a fin de que se puedan despachar los asuntos sin demora. 4.- Reglas de la Delegación. La Delegación desde su instalación se ha trazado las siguientes reglas. la.- Dar un trato cortés, amable y humano a todos los solicitan· tes, sin importar su condición y estado. 2a.- Tramitar, con toda diligencia, los asuntos de su competen· cia. 3a.- Entregar el mismo día los pasaportes que le fueren solici· tados, regla esta última que no se ha violado ni el día en que se multiplicaron las solicitudes de pasaportes. 248 APENDICE No. 1 ACUERDO * por el que se dispone que las Secretarías y Departamen• tos de Estado, Organismos Descentralizados y Empresas de Par• ticipación Estatal de la Administración Pública Federal, procedan a implantar las medidas necesarias, delegando facultades en funcionarios subalternos, para la más ágil toma de decisiones y tra• mitación de asuntos. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados UniJ dos Mexicanos.- Presidencia de la República. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, Presidente Constitucional de los Es• tados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89 fracción I de la Constitución General de la República, y CONSIDERANDO: Que el Ejecutivo Federal a mi cargo se ha propuesto, en los tér• minos de su mandato constitucional, promover y realizar las reformas adminstrativas que requiere el Sector Público Federal, para cumplir en forma más dinámica y eficiente sus atribuciones, para lo cual es preciso coordinar y armonizar los programas y objetivos de las entidades que lo integran. Que técnica y legalmente no existe razón alguna para que tengan que seguir desahogándose en la Capital del país un número innecesa• rio de trámites administrativos rutinarios generados tanto en la operación misma de las entidades del Sector -Público Federal como en la atención de las demandas de servicios de los particulares y de los propios servidores públicos que se originan en el interior del país. Que tos órganos centrales de las entidades del Gobierno Federal y sus respectivos titulares deben disponer del mayor tiempo posible paJ ra la planeación y determinación de políticas, así como para la coordinación y vigilancia de su desarrollo, pudiendo delegar en sus subalternos cualesquiera de sus facultades, excepto las que por Ley o disposición reglamentaria deban ser ejercidas por ellos. Que las medidas que al respecto se tomen, contribuirán al adecuado y oportuno cumplimiento de los objetivos y programas que el Ejecutivo a mi cargo ha establecido como parte de la actual estrategia de desarrollo económico y social y que, por lo mismo, conviene ponerlas en práctica a la brevedad posible, ha tenido a bien dictar el siguiente 249 �ACUERDO: PRIMERO.- Las Secretarías y Departamentos de Estado, Organis• mos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal de la Administración Pública Federal, realizarán los actos que legalmente procedan, para determinar e implantar las medidas que permitan a sus titulares, llevar a cabo una efectiva delegación de facultades en funcionarios subalternos para la más ágil toma de decisiones, así como la ejecución y tramitación de los asuntos administrativos, en sus correspondientes ámbitos de competencia. SEGUNDO.- Las entidades a que se refiere el punto resolutivo anterior, efectuarán los estudios respectivos para proceder a la delega• ción de facultades en los funcionarios de las distintas dependencias que operen en el interior de la República. TERCERO.- Cuando sea conveniente establecer una delegación por zonas en el Territorio Nacional, las citadas entidades se coordina• rán con la Secretaría de la Presidencia, para que el establecimiento de las delegaciones se efectúe armónicamente y se apliquen criterios uni· tarios a fin de facilitar la realización coordinada de sus actividades, en beneficio de los propios servidores públicos y de los administrativos. CUARTO.- Los Titulares de las Secretarías, Departamentos de Estado, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal de la Administración Pública Federal, deberán realizar los actos que sean necesarios, de acuerdo con las disposiciones legales que los rigen, para rendir informes semestrales al Ejecutivo Federal, por con· dueto de la Secretaría de la Presidencia, de las medidas que llevefl a cabo para efectuar la delegación de facultades a que se refiere este Acuerdo, así como de los programas que hayan elaborado con el mis• mo objeto. vo de este Acuerdo en un plazo no mayor de tres meses a partir de la fecha en que entre en vigor. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los trece días del mes de marzo de mil novecientos setenta y tres.- Luis Echeverría Alvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.- Rúbrica.- El Se• cretario de Relaciones Exteriores, Emilio O. Rabasa.- Rúbrica.- El Secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz.- Rúbrica.- El Secretario de Marina, Luis M. Bravo Carrera.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Hugo B. Margáin.- Rúbrica.- El Secretario del Patrimonio Nacional, Horacio Flores de la Peña.- Rúbrica.- El Secretario de Industria y Comercio, Carlos Torres Manzo.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel Bernardo Aguirre.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones Y Transportes, Euger1io Méndez Docurro.- Rúbrica.- El Secretario de 0brns Públicas, Luis Enrique Bracamontes.- Rúbrica.- El Secretario ' de Recursos Hidráulicos, Leandro Rovirosa Wade.- Rúbrica.- El Secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Ahuja.- Rúbrica.- El Se• cretario de Salubridad y Asistencia, Jorge Jiménez Cantú.- Rúbrica.El Secretario de Trabajo y Previsión Social, Porfirio Muñoz Ledo.- Rúbrica.- El Secretario de la Presidencia, Hugo Cervantes del Río.- Rúbrica.- El Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, Augusto Gómez Villanueva.- Rúbrica.- El Jefe del Departamento de Turismo, Agustín Olaehea Borbón.- Rúbrica.- El Jefe del Departa• mento del Distrito Federal, Octavio Sentíes.- Rúbrica. TRANSITORIOS: PRIMERO.- Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación. SEGUNDO.- Los Titulares de las Secretarías y Departamentos de Estado, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal de la Administración Federal, realizarán los actos que sean necesariós, de acuerdo con las disposiciones legales que los rigen, a efec· to de rendir el primer informe a que se refiere el último punto resoluti· • Publicado m el "Olarlo Ot1olal" de la ~ el 6 de .Abrll de 1973. 251 250 ' ., �APENDICE No. 2 ACUERDO * por el que se establece una Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores con sede en la ciudad de Monterrey, N. L. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Relaciones Exteriores. ACUERDO por medio del cual la Secretaría de Relaciones Exteriores crea una Delegación con sede en la ciudad de Monterrey, N. L., desconcentrando algunas funciones específicas. Con fundamento en los artículos 3o., Fracciones 11, VII, VIII, IX, XII y XIV, y 260. de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado; la Ley de Nacionalidad Naturalización; el Reglamento para la Expedi~ ción y Visa de Pasaportes y el Acuerdo Presidencial referente a la delegación de facultades en funcionarios subalternos, publicado en el "Diario Oficial" de la Federación el 5 de abril de 1973, y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que es competencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores la expedición de pasaportes mexicano,s y la visa de pasaportes extranjeros; la legalización de las firmas de los documentos que deban producir efectos en el extranjero y de los documentos extranjeros que deban producir efectos en la República Mexicana; el otorgamiento de permisos para la constitución de sociedades; la concesión a los extranjeros de licencias o autorizaciones que requieran conforme a las leyes para adquirir el dominio de tierras, aguas o sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas, aguas o combustibles minerales en la República Mexicana y para adquirir bienes inmuebles ubicados en el país, para intervenir en la explotación de recursos naturales, para hacer inversiones en empresas comerciales industriales especificadas, así como para formar parte de sociedades mexicanas civiles y mercantiles y a éstas para modificar o reformar sus bases constitutivas y para aceptar socios extranjeros o adquirir bienes inmuebles o derechos sobre ellos. SEGUNDO.- Que en los términos de artículo 26 de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, corresponde originalmente al Secretario de Relaciones Exteriores el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo po- 253 �drá delegar en sus subalternos cualesquiera de sus facultades, excepto aquéllas que por ley o por disposición del Reglamento Interior de la Secretaría, deban ser ejercidas precisamente por el titular. TERCERO.- Que el Acuerdo Presidencial publicado en el "Diario Oficial" de la Federación el 5 de abril de 1973, dispone que los Titulares de las instituciones públicas procedan a implantar las medidas conducentes para delegar funciones a sus subalternos, haciendo efectiva la desconcentración de las actividades de las Dependencias del Ejecutivo para la más ágil toma de decisiones, ejecución y tramitación de los asuntos administrativos que les corresponden, el suscrito Secretario de Relaciones Exteriores, expide el siguiente ACUERDO: gación podrá expedir o autorizar el documento que corresponda si recibe orden expresa de la propia Secretaría. ARTICULO CUARTO.- La Oficialía Mayor tendrá a su cargo el control Y vigilancia de las labores de la Delegación en Monterrey y fijará las reglas a que ésta deberá sujetarse, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, en el trámite y resolución de los asuntos a su cargo. TRANSITORIO El presente Acuerdo, entrará en vigor el día de su publicación en el " Diario Oficial" de la Federación. Sufragio Efectivo. No Reelección. ARTICULO PRIMERO.- Se establece una Delegación de la Secre, taría de Relaciones Exteriores con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Dado en Tlatelolco, Distrito Federal, a los diecisiete días del mes de febrero de mil novecientos setenta y cinco.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Emilio O. Rabasa.- Rúbrica. ARTICULO SEGUNDO.- La Delegación de la Secretaría de Rela• ciones en Monterrey tendrá las siguientes atribuciones: a) Expedir y refrendar pasaportes ordinarios mexicanos y visar los pasaportes de extranjeros que se encuentren legalmente en el país, de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la materia. b) Legalizar las firmas de los documentos que deban producir efec· tos en el extranjero y de los documentos extranjeros que deban produ• cir efectos en la República. c) Otorgar permisos para la constitución de sociedades cooperativas o para la modificación de sus escrituras constitutivas. d) En los casos no comprendidos en los incisos anteriores, reci· bir de los interesados las solicitudes correspondientes, revisar tanto éstas como los documentos que lleven anexos y señalar a tos interesados los requisitos que hayan o·mitido cumplir. Estando en regla la solicitud y los documentos que deban anexársele, la Delegación la en· viará sin demora a la Secretaría para su estudio y resolución. e) En general, informar y orientar al público sobre cualquier asun· to que sea de la competencia de la Secretaría. ARTICULO TERCERO.- Cuando la Secretaría haya resuelto un asunto de los mencionados en el inciso d) del articulo anterior, la Dele* 254 Publlcado en el " Diario Oflcl&l" de I& Federaclín el 18 de F ebrero de 1975. 255 �APENDICE No. 3 PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DECRETO * por el que se establece las cuotas de los Derechos por la expedición y refrendo de pasaportes . Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de las facultades que confiere al Ejecutivo a mi cargo los artículos 89 fracción I de la Constitución Política de :os Estados Unidos Mexicanos y lo. fracción XVIII, inciso 3, subinciso A, subinciso b, y 2o. fracción II de la Ley de Ingresos de la FederaJ ción para el presente ejercicio fiscal, ha tenido a bien expedir el siguiente: DECRETO Que establece las cuotas de los Derechos por la expedición y refrendo de pasaportes. ARTICULO lo.- La Secretaría de Relaciones Exteriores cobrará derechos por la expedición o refrendo de pasaportes conforme a las cuotas siguientes: 1.- Expedición de pasaportes ............. . ...... . $ 800.00 Tratándose de estudiantes becarios y de trabajadores migratorios ... . ........... . ..... . .......... . 100.00. 11.- Refrendo de pasaportes ..... . ................ . 600.00 Tratándose de estudiantes becarios y de trabajadores migratorios .................. ... ....... • ... . 50.00 ARTICULO 20.- Las cuotas a que se refiere el presente Decreto se cubrirán en efectivo en la Caja de la Tesorería de la Federación adscrita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, o en las oficinas del Servicio Exterior, concentrándose en su oportunidad los fondos a la propia Tesorería de la Federación. 257 �APENDICE No. 4 TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación. SEGUNDO.- Se abroga el Decreto que establece los derechos por la expedición y refrendo de pasaportes de lo. de marzo de 1971, publicado en el "Diario Oficial" de la Federación de 6 de marzo de 1971. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 22 días del mes de abril de 1976.Luis Echeverría Alvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Mario Ramón Betata.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Alfonso García Robles.- Rúbrica. PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DECRETO * por el que se reforma el del 22 de abril de 1976 por el que se establecen las cuotas de los derechos por la expedición y refrendo de pasaportes. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Uni~ dos Mexicanos.- Presidencia de la República. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de las facultades que confieren al Ejecutivo a mi cargo los artículos 89, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo., fracción XVII, inciso 3, subinciso A, subinciso b, y 2o., fracción 11, de la Ley de Ingresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal, ha tenido a bien expedir el siguiente: DECRETO ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo lo. del Decreto de 22 de abril de 1976, por el que se establecen las cuotas de los dere• chos por la expedición y refrendo de Pasaportes, en la siguiente forma: ARTICULO lo.- La Secretaría de Relaciones Exteriores cobrará derechos por la expedición o refrendo de Pasaportes conforme a las cuotas siguientes: 1.- Expedición de Pasaportes Ordinarios y Oficiales . . . Tratándose de estudiantes becarios y de trabajadores migratorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 800.00 11.- Refrendo de Pasaportes Ordinarios y Oficiales . . . . . Tratándose de estudiantes becarios y de trabajadores migratorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.00 100.00 50.00 Quedan exceptuados del pago de los derechos que señala este artículo el personal del Servicio Exterior Mexicano y de las Dependen• cias del Ejecutivo u organismos descentralizados que deban prestar servicios, por más de seis meses, en una de las oficinas permanentes • Publicado en el "Diario Oflclal" de la ll'ederac1ón el 23 de Abr1l de 1976. 258 259 �establecidas en el extranjero por la Dependencia u pida la comisión. ARTICULO UNICO TRANSITORIO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación. Sufragio Efectivo. No Reelección. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México a los veintiséis días del mes de mayo del año mil novecientos setenta y seis.- Luis Echeverría Alvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Mario Ramón Beteta.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Alfonso García Robles.- Rúbrica. I * PubUeado en el "Diario Oflclal" de la Pederaclóll el 3 de A&oato de 19'1'6. 260 �establecidas en el extranjero por la Dependencia u organismo que ex• pida la comisión. ARTICULO UNICO TRANSITORIO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación. Sufragio Efectivo. No Reelección. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México a los veintiséis días del mes de mayo del año mil novecientos setenta y seis.- Luis Echeverría Alvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Mario Ramón Beteta.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Alfonso García Robles.- Rúbrica. DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES INDICE VOLUMEN 1: NUMEROS 1-3 1973 / 1974 I UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON MONTERREY, N. l. * Publleado en el "Diario Oficial" de la Pederaclón el 3 de Aaoato de tm. 260 1974 �INDICE DE ARTICULOS LA BIBLIOTECA "LIC. JOSE JUAN VALLEJO" Y SU PROYECCION HACIA EL FUTURO, Manuel Uribe Muñiz, 1:1, 129-134. CATEDRA INAUGURAL, DERECHO CONSTITUCIONAL, Pedro G. Zorrilla Martínez, 1:1, 1-16. COMENTARIOS SOBRE LA LEY DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA, Jacobo Ayala Villarreal, 1:1, 113-118. CONFERENCIA: UNIVERSIDAD Y AUTONOMIA, Enrique C. Uvas, 1:3, 353-360. CUESTIONES CONSTITUCIONALES SOBRE LA DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA, Carlos Francisco Cisneros, 1:1, 107-112. EL DERECHO A LA INFORMACION, Jorge Villegas, 1:2, 195-208. EL DERECHO COMO FACTOR DE CONSERVACION Y DE CAMBIO SO· CIAL, Agustín Basave Fernández del Valle, 1:1, 53-58. DERECHO DE CORREDURIA, LA HIPOTECA EN EL DERECHO INSTRUMENTAL MEXICANO, Jesús M. Cantú Frías, 1:2, 223-232. ELEMENTOS PARA LA REFORMA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA EN LA U . A. N . L. , Jesús Ramones Saldaña, 1: 1, 29-44. EXISTENCIALISMO Y ESTRUCTURALISMO EN EL AMBITO DEL DERECHO, Agustín Basave, 1:2, 175-194. LA FUNCION DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA EJECUCION DE LA PE~A, Jesús Espinosa García, 1:2, 157-174. HACIA UNA ANTROPOLOGIA JURIOICA INTEGRAL. FUNDAMENTOS DE FILOSOFIA DEL DERECHO, Agustín Basave Fernández del Va· lle, 1:3, 301-316. INFORME DE ACTIVIDADES; FACULTAD DE DERECHO, 1973/74 1:3, 361-366. ' EL JUICIO CRIMINAL EN MEXICO, Mario Cantú Leal, 1:1, 97-106. EL JUICIO SUMARIO DE DESAHUCIO EN LA LEGISLACION PROCE· SAL CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO, Raúl Villarreal de la Garza, 1:3, 261-272. LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS Y LOS DIPUTADOS DE PARTI· DO, Carlos Francisco Cisneros Ramos, 1:2, 149-156. LEY PARA PROMOVER LA INVERSION MEXICANA Y REGULAR LA EXTRANJERA, Everardo Flores Cantú, 1:1, 119-124. LA LIBERTAD CAUCIONAL EN EL DERECHO MEXICANO, Jacobo Aya· la Villarreal, 1:3, 279-284. LIBROS RECIBIDOS, 1:2, 241-244; 1:3, 372-375. LO QUE VIENE DEJANDO ATRAS EL "MILAGRO MEXICANO", Jesús Ramones Saldaña, 1:1, 135-148. LOS MEDIOS COLECTIVOS DE COMUNICACION, Jorge Villegas Núrtez, 1:3, 331-342. MENSAJE, Pedro Ojeda Paullada, 1:1, 125-129. LA NECESIDAD DE UN MEDIO COLECTIVO DE TRANSPORTE EN EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, Jesús Ramones Sal• daña, 1:3, 343-346. LAS NORMAS MINIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS, Héctor F. González Salinas, 1:3, 285-300. PERMANENCIA DE LAS GARANTIAS EN LOS CREDITOS DE HABILITACION O AVIO, Héctor Villegas Olivares, 1:3, 245-260. ¿QUE ES LA DOCUMENTACION?, Manuel Uribe Muñiz, 1:2, 215-222. ¿QUE ES LA PAZ?, Alberto García Gómez, 1:2, 209-214. RESE~A: CL ANIVERSARIO DE LA PRIMERA CATEDRA DE DERECHO EN EL ESTADO, 1:2, 233-240. RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS, 1:3, 367-371. SISTEMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL, Nicolás Martínez Cerda, 1:3, 317-330. UNA TEORIA DE LA PAZ, Alberto García Gómez, 1:3, 347-352. LA TERMINACION DEL PROCESO POR CONCLUSIONES INACUSATO· RIAS, Neftalí Garza Contreras, 1: 1, 83-96. EL TRATAMIENTO DEL MENOR EN ESTADO ANTISOCIAL, Alfonso Quiroz Cuarón, 1:1, 59-82. EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, Alberto Ruiz Gómez, 1:3, 273-278. UNIVERSIDAD ABIERTA, PROYECTO PARA LA REFORMA AL SISTEMA EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA U. A. N. L., EXPOSICION DE MOTIVOS, Everardo Chapa Cantú, 1:1, 17-28. LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA PAZ, Alberto García Gómez 1:1, 45-52. �INDICE DE COLABORADORES AYALA VILLARREAL, Jacobo, 1:1 , 113-118; 1:3, 279-284. BASAVE FERNANDEZ DEL VALLE, Agustín, 1:1, 53-58; 1:2, 175-194; 1:3, 301-316. CANTU FRIAS, Jesús M., 1:2, 223-232. CANTU LEAL, Mario, 1:1, 97-196. CISNEROS RAMOS, Carlos Francisco, 1:1, 107-112; 1:2, 149-156. CHAPA CANTU, Everardo, 1:1, 17-28. ESPINOSA GARCIA, Jesús, 1:2, 157-174. GARCIA GOMEZ, Alberto, 1:1, 45-52; 1:2, 209-214; 1:3, 347-352. GARZA CONTRERAS: Neftalí 1:1, 83-96. GONZALEZ SALINAS, Héctor, F., 1:3, 285-300. LEON MANRIQUE DE LARA, Miguel Platón , 1:3, 368-371. UVAS, Enrique C., 1:3, 353-360. MARTINEZ CERDA, Nicolás, 1:3, 317-330. OJEDA PAULLADA, Pedro, 1:1, 125-128. QUIROZ CUARON, Alfonso, 1:1, 59-82. RAMONES SALDAÑA, Jesús, 1:1, 29-44; 1:2, 135-148; 1:3, 343-346. RUIZ GOMEZ, Alberto, 1:3, 273-278. URIBE MUÑIZ, Manuel, 1:1, 129-134; 1:2, 215-222; 1:3, 367-368. YILLARREAL DE LA GARZA, Raúl, 1:3, 261-272. VILLEGAS NUNEZ, Jorge, 1:2, 195-208; 1:3, 331-342. VILLEGAS OLIVARES, Héctor, 1:3, 245-260. ZORRILLA MARTINEZ, Pedro, 1:1, 1-16. ��� Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Derecho Y Ciencias Sociales Año de publicación El año cuando se publico 1975-1976 Volumen Volumen de la revista 3 Número Número de la revista 2 Mes de publicación Mes cuando se publicó Octubre-Mayo Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Cuatrimestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1784899&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales, 1975-1976, Vol 3, No 2, Octubre-Mayo Creator An entity primarily responsible for making the resource Flores Longoria, Samuel, 1934-, Director Subject The topic of the resource Derecho Derechos civiles Publicaciones periódicas Leyes Jurisdisprudencia Filosofía del derecho Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derechos y Ciencias Sociales Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Galván Ancira, David, Secretario de Redacción Salinas Quiroga, Genaro, Consejo Editorial Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/10/1975 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource tex/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2016551 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. San Nicolás de los Garza, N.L., (México) Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies. Universidad Autónoma de Nuevo León Rights Holder A person or organization owning or managing rights over the resource. El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores Colegio de abogados Escuela de Derecho Escuela de Jurisprudencia Escuela de Leyes Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Fundación del Colegio Civil https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/271/13591/DERECHO_Y_CIENCIAS_SOCIALES._1978._Vol._3._No._10._Julio._0002016554.ocr.pdf 33dfb269cfe6c6fdd3efbdcf3bf8e6b8 PDF Text Text FACUL TAD DE DEREC HO Y CIENCIAS SOC I ALES DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNIVERSIDAD AUTÓ~OMA DE NUEVO LEÓN 10 ��... _ ~.,. -~ .--- ~. \ DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 10 �UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DIRECTOR: Lic. David Galván Ancira. SUBDIRECTOR: Lic. Roberto S. Castillo Gamboa. SECRETARIO: Lic. Santiago González Lozano. DECANO: Lic. Genaro Salinas Quiroga. JEFE DE LA SECCION EDITORIAL: Lic. Herberto J. Núñez Espinoza. JEFE DE RELACIONES PUBLICAS: Lic. José Luis Cantú Velázquez. DIRECTORIO DE LA REVISTA DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Revista Cuatrimestral de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Nuevo León. DIRECTOR: Lic. Herberto J. Núñez Espinoza. DIRECTOR ARTISTICO: Arq. Alfonso Reyes Martínez. SECRETARIO DE REDACCION: Lic. Santiago González Lozano. SECRETARIO DE CIRCULACION: Bibl. Manuel Uribe M. No. 10 JULIO 1978 VOL. 111 INDICE HORACIO GUAJARDO ELIZOi\DO, Periodismo y Política. 261 CONSEJO EDITORIAL Lic. Genaro Salinas Quiroga, Lic. David Galván Ancira, Lic. Roberto S. Castillo Gamboa, Lic. Herberto J. Núñez Espinoza, Dr. Agustín Basave Fernández del Valle, Lic. Alberto García Gómez, Lic. Jesús Ramones Saldaña, Lic. Hermila Martell Méndez, Lic. Samuel Flores Longoria. La r~nsabilidad de los artículos publicados es exclusiva de autores. Las opiniones ex,presadas en la ~ist.a. son estrictamente personale-s y no asumen respoi,sabilidadi por ellas la revista, la Fa,. cultad de Derecho de la. U. A. ?-;. L. o las instituciones a w que estlén asociados sus expositores. Derecho y Ciencias Sociales aparece cuatrimestraJmente. No se devuelven originales aun cuando no se publiquen. JOSE ROBERTO MENDIRICHAGA, Prensa y Cambio Social. 271 ABRAHAM NUNCIO, Información y Enajenación. 283 !;US Toda correspondencia debe -dirigirse a: Facultad de Derecho y Cien.cias Sociales Revista. Derecho y Ciendas Sociales Ciudad Utniversitaria, Monterrey, N. L., México. IMPRESO Y HECHO EN MDICO pJtINTED AND MADB IN JIEDOO Edltortal Alfamo Re7W Adolfo Prieto 0&e.. MOT Kon\effl!7, R. L. ALBERTO GARCIA GUZMAN, El Oficw Peri ~~~ 305 FER:\'ANDO CANTU JAUCKENS, La Objetivid mo ¿Mito o Realul,ad? Capilla Alfonsi~? Biblioteea VriiversiW"4 ROMEO ORTIZ MORALES, Misión del Perwdismo en México. 321 RAMO:\' PEDROZA LANGARICA, ResponsabiluJ,aJ, la Prensa. �HORACIO GUAJARDO ELIZONDO PERIODISMO Y POLITICA 1 aula universitaria dignifica a sus trabajadores y visitantes, especialmente cuando su autonomía abraza a la comunidad. No importa dónde, pero el estudio impregna de futuro a la vida humana: profundiza en la ciencia y eleva en la solidaridad. La universidad enseña que las investigaciones científicas roturan la sociedad y que la solidaridad social rebasa el discurso protocolario o la ley vaporizada, para seguir un proceso arduo que va de la siembra a la cosecha. La mayor aportación de la universidad no son sus títulos ni sus equipos deportivos ni sus instalaciones, sino la oportunidad de pensar y de decir lo que se piensa. Muchas gracias al Colegio de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo león, por esta invitación en su Curso de Verano de 1976. En una sociedad que margina el pensamiento y olvida los valores, corresponde a la universidad señalar los síntomas de la decadencia y explorar nuevas vías para la convivencia. En esta tarea se necesita un principio de acción: conocer la realidad. Allí está el periodismo que trasmite noticias y opiniones, para enlazar a la comunidad con los hechos y las ideas, con lo que la gente hace, dice, discute y propone. . . El periodismo, como profesión, tiene al mismo tiempo carácter testimonial y posición dialéctica. Más aliá del recado o del chisme, el periodismo lleva mensajes hasta la conciencia de los pueblos. Política es la dirección de la comunidad en la historia. La escala E ,.• ,,,<" r' ~ i• ' i • r J! ! , ' �PERIODISMO Y POLITICA va de la familia a la humanidad, desde el mínimo indispensable ele la pareja hasta esos misteriosos tripulantes de objetos voladores no identificados ... Toda la gente está metida en política aún en el caso de formar en las filas del partido de la abstención. Esto no es broma, por encima de su intención. Sucede que la política no se reduce a la administración pública ni al fenómeno de gobierno. La pregunta triunfalista de ¿quién manda a quién? puede quedarse en el coro palaciego o en el paseo folklórico de una campa-· ña presidencial; en el peor de los casos se arregla con la tarifa de impuestos o con fotografías a colores del jefe. A quienes pretenden otra vez el porfirismo de "menos política y más administración" pabrá que contestar claramente: menos administración, más política. La política tiene un enorme caudal de anécdotas que no sustituyen su ciencia. La grilla, la transa, el jilguero y el tapado constituyen una catarsis en la vida política. Dice Aristóteles: "Todas las ciencias, todas las artes, tienen un bien por fin; y el primero de todos los bienes debe ser el fin supremo de la más alta de todas las ciencias; y esta ciencia es la política". Hay una sociedad establecida que goza de los bienes en esferas concéntricas de ingresos económicos: desde señoritos que juegan en las Vegas hasta jovenazos deportivos que gritan gooooool frente a la pantalla de televisión . Estos frutos del sistema ejemplifican en contrario. Yo no quiero que mis alumnos y mis hijos sean "fresas" pobres o ricos. Yo quiero una juventud responsable de su vida y del porvenir, de sus estudios y de su trabajo, de la política y de la historia. También existe una sociedad marginada en la periferia de las ciudades, en las zonas rurales, en desiertos, selvas y montañas, en las mismas ciudades. Allí, para grandes sectores humanos, las carencias y la frustración. El dolor acumulado, los agravios constantes, el ruido por comunicación. El estudiante no necesita llegar a ser profesionista para la actividad social. Su carácter universitario significa conciencia de la realidad y conocimientos para resolver problemas. ¿Cuál será la nueva sociedad? Esta pregunta contiene dos puntos evidentes: 262 PERIODISMO Y POLITICA a) el ser humano necesita vivir en sociedad y b) esta sociedad necesita renovarse ... El cambio biológico ocurre constantemente a partir de la reproducción humana. El cambio social es lento, difícil y prohibido por reglas y prejuicios. Los voceros de la vieja sociedad también hablan de una "nueva sociedad" y entonces la confusión facilita el continuismo y la conservación de estructuras levantadas sobre el trabajo de los asalariados y de la servidumbre para sostener élites de privilegio en la economía y de insolencia en el poder. Desde el sistema establecida, se habla de la "nueva sociedad", como si la renovación consistiera en aplicar maquillaje a las fábricas, las aulas, las oficinas y las calles para ocultar su decadencia . Quienes viven de la especulación, especulan sin crear. Una sociedad es declinante cuando además de padecer sistemas de opresión que conducen a la guerra, se conforma en comprar, divertirse y ser llevada. Se le llama consumismo, espectáculo y borreguismo a este fenómeno que hunde a la sociedad en sótanos donde la digestión, la taquilla, y el amontonamiento imperan como criterios de vida. El mundo conforme junto al mundo inconforme. La nueva sociedad exige mucho más que declaraciones tantas veces divorciadas de la verdad. Nada tan agresivo como la mentira, especialmente cuando se corona de un "y qué". El mayor problema de la comunicación radica en la unilateralidad de los mensajes. Recuerdo una ironía famosa cuando la campaña alfabetizadora: el analfabetismo es la mejor defensa del mexicano ante el periodismo. "Ahí se va" el mensaje. Es dificil emitir noticias en un mundo de contrastes. Aparentemente no tienen relación la fiesta del casino y la manifestación de posesionarías. Yo creo que sí. Como la tienen el coche último modelo y el $ 1.40 del pasaje en la ruta 4. ¿Dónde está el emisor? El mundo ancho y ajeno ni es tan ancho ni tan ajeno ... Es la mo, rada común de 4 mil millones de personas. ¿Cuántos mensajes tejen la vida diaria? ¿En qué dosis hablamos y escuchamos? La calidad del mensaje tiene tres requisitos básicos. 263 �PERIODISMO Y POLITICA PERIODISMO Y POLITICA 1) La autenticidad de la historia que no es sólo para napoleones. 2) La capacidad profesional de los emisores. 3) La fidelidad y alcance de los medios. rio, ni ha sido muy feliz el pasado. En un momento la democracia quedó atrapada por grupos fuertes en la economía, en las armas o en la intriga. La democracia de cartón tiene máscara sin rostro. Los talleres donde se imprimen diarios, revistas, carteles, fasci• nan el olfato. El olor a tinta es tan santo como la panadería lopezve• lardiana. Los estudios donde se emiten o filman noticieros, entrevis• tas, comentarios, fascinan el oído y a la vista. Su cabina acústica y su batería de monitores constituyen el altar de un rito "en el aire". Allí están oficinas, laboratorios , foros, archivos y computadoras. Los parlamentos se desviaron a la retórica y al procedimiento; los sufragios se limitaron primero y después se ausentaron; las cam• pañas fueron espectáculo de feria; los representantes se colocaron arri• ba. . . donde ya estaban por otros motivos; y los partidos fueron re, basados por la sociedad y sus corr,entes ideológicas. ¿Y el pueblo? Los colores y las luces brillan , atraen, hipnotizan ... Lejos de estos aparatos, unos letreros en el costado de autobuses urbanos anuncian un mitin en la Plaza del Colegio Civil. Sin mensaje el medio languidece, se debilita y muere. El recorrido de los lugares donde se elaboran o trasmiten los men• sajes semeja en ocasiones una visita al Laberinto de Creta, donde se esconde el secreto de la programación. La respuesta a la democracia de representación , fue la demostración tumultaria que generó la democracia de adhesión. Aquí surgió la figura del unipartidismo con grupos internos y votaciones generales del 99 por ciento. Otra falsificación , del mismo cartón pero color di• ferente. La democracia participativa tiene características viables: es social y es participativa; los votos se cuentan y cuentan; la asamblea y la consulta están en la base. ¿Qué hay dentro del proceso de la comunicación? Una técnica, algunas máquinas, muchas gentes; edificios y unidades móviles; productos en serie y continuos. Los medios de comunicación difunden las noticias y las opiniones. ¿Y qué hay detrás, en el fondo? Un contenido que puede ser verdadero o falso, afirmativo o negativo, enérgico o necio. . . Lo que sucede, lo que no sucede, lo que queremos y lo que no queremos. Se discute actualmente sobre el derecho de réplica ante la unila• teralidad de los medios. ¿Quién engaña a quién? Unicamente la democracia participativa puede romper el estancamiento y abrir brecha a la multilateralidad. La opin,on pública es una ficción , prima de la sociedad anónima, cuñada de un mercado super o conasuper, y nieta de los romanos que acompañaban a Nerón en el coliseo. Más importante que aquel propósito de ilustrar a la opinión o con• cientizarla ha resultado manipularla. La opinión pública es ahora un simple "dicen que dijeron" . . . Los clásicos griegos fijaron una clasificación sobre las formas políticas de gobierno, colocando en la categoría pura a la monarquía, la aristocracia y la democracia ; y en la categoría impura a la tiranía la oligarquía y la demagogia. La corrupción de la democracia es la de• magogia, tan de moda en nuestros días. . . cuando los discursos resultan cortinajes de la realidad. La democracia suele ligarse a determinados conceptos como partido, parlamento, sufragio, campaña, representantes . . . Ni es necesa- También el periodismo suele ser pasto del rumor, cuando calla o cuando no investiga. El periodismo debe politizar o deja de cumplir su noble misión. La opinión es fundamental en la relación política-periodismo. El punto de vista y la ideología, cuando son libremente discutidos y aceptados, forman opinión. Servando Voyanne describe una situación original: "Vivimos en un mundo medio real y medio fabuloso, que nos proporciona sus respuestas antes de que hayamos formulado nuestras preguntas. El orden normal se haya invertido: participamos primero y nos informamos después. . . si es que nos informamos". Este error se da aquí en México cuando con voz engolada se co,1cede: "participe en el acontecimiento escuchando la revista nacional 264 265 �PERIODISMO Y POLITICA PERIODISMO Y POLITICA de la semana, la hora de México". Gracias. Algo así como el derecho del pueblo para ver comer al rey Y su corte a través de los cristales de palacio. El periodismo es testimonial, presencia acontecimientos. Pero también pregunta e indaga. Más aún, selecciona, interpreta Y comenta. Inclusive genera realidad. Se basa en el interés por los demás, que finalmente repercuta en una sociedad que es común. La indiferencia individualiza, la comunicación socializa. El periodismo desciende a insulto o murmullo cuando no respeta la dignidad humana. El periodismo asciende a oficio y a profesión cuando valoriza al ser humano y lo impulsa a la vida, a la inteligencia y al amor. res y maquillaje, y la política dura de cada familia y cada agrupa• miento social por su realización. Priva un equívoco respecto al concepto de libertad de expresión que suele extenderse a la idea de verdad. Este equívoco considera que ni la libertad ni la verdad existen, cuando se dice o exhibe algo diferente a lo que yo creo haber entendido, oído, visto o pensado. Una posición así resulta dogmática o por lo menos ritual. El sectarismo, de la índole que sea, es refugio de fanáticos que prefieren recordar a vivir, que pretenden generalizar su pereza o minoridad intelectual. La libertad de expresión es un valor plural porque corresponde a quienes forman una comunidad. Nadie está fuera de esta perspectiva. La verdad tiene un prisma en la percepción, pero es única al ocurrir. Los seres humanos son generadores y destinatarios de una realidad común. El periodismo tiene transmisiones de primer grado, cuando los documentos o los filmes prueban al mismo tiempo el acontecer, y de segundo grado, cuando la noticia o la crónica son diferidos. El caso de instantaneidad revoluciona al periodismo. Por ello se habla de periodismo impreso y electrónico. * * * La elaboración de mensajes no tiene carácter mecánico. Pero los intereses influyen. Hay temas tabú. Y mercenarios obedientes que muestran su valentía en defensa de los poderosos, de los que fincan su fuerza o su riqueza en detrimento de los demás, y por esa tarea cobran fuera de la empresa periodística. El riesgo de este periodismo radica en la obesidad de los restaurantes o en la ebriedad de los bares. Les gusta la corrupción y son cómplices del sistema. Sin materia prima no hay elaboración, no se producen las noticias y las opiniones. El periodismo plenamente profesional consiste en la investigación del fondo de los asuntos, el descubrimiento de ideas e invenciones, la exploración de lo desconocido, el ha!lazgo de sucesos, el aceleramiento de la historia. La vida humana está llena de noticias, que pocas veces alcanzan su publicación, emisión o exhibición. La excursión de jóvenes a la montaña; _los juegos del jardín de niños; el trabajo de los obreros en laminación, calderas, transportes, laboratorios, archivos, pintura, etc.; el diario cocinar del ama de casa; el estudio de los universitarios; el recorrido del cartero que entrega mensajes a la puerta de las casas para que la gente se enlace y viva en común. . . Este mundo está muy lejos de las declaraciones presidenciales, de los visitantes protocolarios, de las playas de moda cosmopolita, de los efímeros idilios cinematográficos y de las ceremonias que conmemoran el ayer. Habrá que distinguir entre la política espectacular, con reflecto- La huelga de médicos internos y residentes de las instituciones hospitalarias constituyó un hecho notable. Todos sabemos perfectamente bien que una huelga es dificil. El trabajador enfrenta un sistema que no niega su base en el trabajo de los demás. Hubo muchas informaciones contrarias al movimiento ,incluso injuriosas. El mismo día podían leerse titulares distintos: a) Médicos levantan paro, y b) Paro de médicos residentes se propaga a veintiún hospitales. Ambas noticias ciertas ya que una señalaba que en dos hospitales se levantaba el paro y otra que ya sumaban veintiuno los hospitales en huelga. Lo que sucedió fue que unos hospitales entraban y algunos salían del paro al mismo tiempo. Pero el resultado final fue una victoria de los médicos, tanto respecto de sus prestaciones contractuales como por haber constituido su 266 267 Pero aún quedan la selección, la interpretación y el comentario. Aquí el periodismo profundiza, adquiere carácter profesional y responsabilidad social. Un caso. �PERIODISMO Y POLITICA PERIODISMO Y POLITICA Asociación Nacional, sin lideres charros. Mientras unos medios periodísticos atienden los boletines de una de las partes, otros atienden las informaciones de todo el problema. Es frecuente que los movimientos de obreros, campesinos y estudiantes sean acusados de tener acento político. La acusación es absolutamente cierta. Esta movilización de la sociedad significa que frente al fenómeno estable de despolitización, hay núcleos conscientes de su realidad y su porvenir. Rutinariamente las protestas son calificadas de manipulación extranjera, precisamente por quienes se asocian a los negocios transnacionales o crecen la deuda pública exterior. El cuento de la C:onjura internacional sólo pretexta la represión. México tiene urgencia de verdad. El periodismo no puede detener su quehacer en el negocio lateral o en el apoyo electorero. La· empresa periodística debe ser cbra de periodistas. La Federación Nacional de Prensa Francesa advierte que "la prensa es libre cuando no depende del poder gubernamental ni de l:i fuerza del dinero, sino solamente de la conciencia de los periodistas y de los lectores". La responsabilidad profesional del periodismo tiene dos fases: 1) El estudio universitario de las nuevas generaciones que habrán de trabajar en los medios de comunicación social, y 2) El auto control de la profesión en la defensa e impulso de su calidad, en la resolución de sus problemas, en la relación con la sociedad y en la aportación a la historia. Sobre este tema conozco un ejemplo muy valioso en la República Federal de Alemania. Allí existe el Consejo Alemán de Prensa formado por los representantes de la Asociación de Periodistas Alemanes y los representantes de la Federación Alemana de Editores: El Código de este Consejo tiene los siguientes 15 puntos: l. El respeto a la verdad y la información verídica son imperativo supremo de la prensa. 2. Antes de publicar determinadas noticias e informaciones, por escrito o por la imagen, hay que examinar con el esmero impuesto por las circunstancias dadas, su contenido de verdad. Su sentido no debe ser deformado ni falseado en su redacción ni mediante el título o el pie de la imagen. Los documentos han de ser reproducidos fielmente. Ncticias no confirmadas, rumores y sospechas han de ser presentadas claramente como tales. En la reproducción de fotografías simbólicas hay que resaltar en su correspondiente leyenda que no se trata de una imagen documental. 268 3. Noticias o afirmaciones publicadas que luego se revelan falsas tienen que ser retractadas sin demora y de la forma adecuada por el órgano publicista que las puso en circulación. 4. No se emplearán métodos desleales para la obtención de noticias, material informativo o gráfico. 5. Toda persona activa en la prensa está obligada a guardar secreto profesional, a hacer uso del derecho de recusación de testimonio Y a no revelar los mimbres de los informantes sin expreso consentí miento de éstos. 6. La responsabilidad de la prensa para con la opinión pública exige que las publicaciones redaccionales no sean influenciadas por intereses privados o sociales de terceros. Editores y redactores rechazan tales tentativas y se cuidan de establecer una clara linea de separación entre el texto redaccional y las publicaciones con fines publicitarios. Textos, imágenes y dibujos publicitarios han de ser claramente reconocibles como tales. 7. la prensa respeta la vida privada y la esfera personal. Si, no obstante, el comportamiento privado de una persona afecta a intereses públicos, la prensa puede ocuparse también de ello siempre que haya comprobado antes que la correspondiente publicación no que, branta derechos personales de personas ajenas. 8. Repugna al decoro periodístico publicar inculpaciones no fundamentadas, particularmente las de naturaleza injuriosa, que hieren la honra. 9. Publicaciones por escrito o por la imagen que pueden ofender los sentimientos morales o religiosos de un grupo de personas que no son compatibles con la responsabilidad de la prensa. 10. Se debe renunciar al sensacionalismo en la representación de la violencia y la brutalidad. En la información periodística hay que tener en cuenta la protección de menores. 11. Nadie podrá ser discriminado a causa de su pertenencia a un grupo racial, religioso o nacional. 12. la información sobre procedimientos judiciales ha de estar libre de prejuicios. la prensa evita por ello desde un principio y durante la vista de la causa toda toma de postura unilateral y prejuzgan- 269 �PERIODISMO Y POLITICA te. El sospechoso no puede ser presentado como culpable antes de haber sido juzgado. Cuando los inculpados son menores de edad se ha de procurar omitir nombres y reproducciones gráficas identificadoras por consideración con el futuro del adolescente, so pena que los delitos cometidos sean de extrema gravedad. 13. En los reportajes sobre temas de medicina se ha de evitar el sensacionalismo que pueda hacer abrigar al lector infundadas esperanzas. Procesos de investigación que se hallan en estudio temprano no deberían ser descritos como acabados o casi concluidos. 14. La aceptación o concesión de ventajas de cualquier tipo que pudiesen ser apropiadas para menoscabar la libertad de decisión de la editorial y la redacción son incompatibles con el prestigio, la independencia y la misión de la prensa. Quien se deja sobornar para la difusión u omisión de noticias quebranta el honor y la ética profesionales. 15. Es norma establecida y propia de la correcta información el publicar las reprensiones formul adas públicamente por el Consejo de Prensa, particularmente por los órganos publicísticos afectados. Hasta aquí el texto del Consejo Alemán de Prensa, que revela un sustrato social de vanguardia. En México se necesita un colegio profesional para la regulación del periodismo con normas y responsabilidades de editores, escritores, camarógrafos, redactores, dibujantes, es ,decir, de todos los componentes de la profesión, especialmente ahora que 16 universidades tienen la carrera de comunicación , información o periodismo. . . Esto significa hacer política en este trabajo vital para la sociedad. La conciencia necesita de información para reflexionar, discutir y decidir. El periodismo proporciona noticias y opiniones a la sociedad. Este es un proceso de politización responsable cuando se basa en la verdad, lejos del miedo, del odio, de la calumnia . La farsa enajena, por comercio o por locura, y conduce a la mentira. La verdad puede ser dolorosa o alegre; pero libera a los seres humanos. Hoy reitero el lema de esta Universidad Autónoma de Nuevo León: Alere flammam veritatis, "Alentar la llama de la verdad". 270 JOSE ROBERTO MENDIRICHAGA PRENSA Y CAMBIO SOCIAL Introducción Hace apenas un mes se div 1 • • • mo los d. . u go una noticia que mencionaba CÓ· últimos a~:ts norteamericanos han bajado en su tirada durante los Esto ha provocado que much d 1 medio siglo de vida- hayan tení;: e e los -algunos co_ n _más de ñalan que de los .. d. que cerrar. Las estad,st,cas se1 756 circulación, y que pu,blica/~~•oto~:~s d;o ~e:~ri~anos actualmente en 5 JO el tiraje global en 2 millones Y d. d .º es de e¡emplares, baaño 1973 me e e¡emplares en relación al 'º blemá~~;aú~eu~: ;~~u::e~~;i~';:~dee~;d fenóm~no se debe. a Ja prora leer y también a vez ay menos tiempo paUnidos s~ informa' a que e_l 65 por ciento de la población de Estados dedican cerca de hmed,o de los _noticieros de la televisión, los que os oras a boletines de noticias · a d . Luego ' l·h ab ra· que suponer que la prensa t·,ende ced 1endo p esaparecer, oco a poco a los medios audiovisuales? ¿Habremos de aceptar con Marshall Mcluha.n que de la . manera como la tipografía de Gutenberg extinguió la ~oz misma las gentes se volvieron lectores silentes Y consumidores d humana '! nante letra impresa, los medios electrónicos son un reflejo y e a'ª fasciun fa~to~ de evolución de esta era interdependiente y cambian~~,vez, . ¿Cual es la verdadera situación de los medios impreso 5 · pec1al, de los diarios? Y, en es, ¡or cia, ~u-~ás damos excesiva importancia al factor cuantitativo de audienvi ª nd que es el cualitativo el que interesa. 0 º �PRENSA Y CAMBIO SOCIAL La distinción entre los medios surge --como dice Jacques Fauvé, director de Le Monde-- de su diverso objetivo: "La televisión muestra, la radio anuncia y la prensa explica". No pretendemos establecer comparaciones. Baste decir que la prensa cumple un papel culturizante en el mundo y que difícilmente desaparecerá. Todavía más, el periodismo impreso es un factor integral del proceso social y, como tal, nos interesa. Tal es el tema que nos hemos propuesto abordar: el de las relaciones de esta prensa polifacética y paradójica con el cambio que advertimos en la sociedad. ¿Es posible el cambio social? ¿En qué consiste? ¿Hasta qué grado influye la prensa en esta transformación? ¿Cuáles son las funciones de la prensa y dónde debemos establecer sus límites? ¿Qué elementos del periodismo impreso son vitales para el cambio? ¿Qué cambios históricos podemos consignar en que la prensa haya generado, alentado o frenado el cambio social? ... Este es el tema que nos ocupará y el que abordamos con la pasión propia del que busca nuevos rumbos en el infinito campo de l:1 comunicación. Termininogía Previo a todo intento de relación, habrá que establecer lo que entendemos por prensa y por cambio social. l. Al hablar de la prensa, excluimos revistas, libros, folletos, etc., y nos referimos únicamente al diarismo. 2. Para poder comprender mejor el fenómeno del periodismo impreso, debemos recordar las cuatro grandes teorías que sobre el mismo existen, a saber: 1 a. libertaria: la prensa como instrumento para controlar al gobierno y como catalizadora de otras exigencias 'Sociales. b. autoritaria: la prensa como instrumento de la política gubernamental. c. fascista y totalitaria: la prensa dependiendo directamente del Estado y como arma de éste. d. responsabilidad social: la prensa con una función pública de PRENSA Y CAMBIO SOCIAL servicio. 3. Cabe distinguir entre una prensa cuyo fin se encuentra en sí misma (fascismo-totalitarismo) y otra que no es sino "un medio que sirve al individuo para su voluntaria orientación" (responsabilidad social). 2 4. El tema mantiene estrecha relación con la sociología, que es justamente la ciencia que analiza y determina los cambios sociales, sus causas y sus efectos. Por tanto, nuestro trabajo queda englobado dentro de un fenómeno más amplio, donde aparece la distinción entre gemeinschaft (comunidad) y gesellschaft (sociedad), se agudiza con la modernización y queda bien definido como socialización; es decir, como "la progresiva multiplicación de las relaciones de convivencia, con la formación consiguiente de muchas formas de vida y de actividad asociada, que han sido recogidas, la mayoría de las veces, por el derecho público y por el derecho privado". 3 5. Por cambio social entendemos, pues, "el _proceso por el cual se modifica la estructura y el funcionamiento del sistema social". • Y buscamos la relación, la interdependencia de prensa y cambio social. Ninguno de estos elementos -ni de los que consideraremos en el desarrollo del presente trabajo-- nos interesa aisladamente, sino integrado en un todo, donde la relación va siendo poco a poco patente inevitable. Un poco de Historia El hombre trata de comunicarse, y lo va logrando a través del tiem• po y del espacio, auxiliado por técnicas que van desde los pigmentos naturales utilizados en las pinturas rupestres hasta la modernísima impresión de un cjjario que se procesa en unos cuantos minutos o el programa en vivo de TV que registra nítidos colores . ¡la magia de los medios masivos! Pero es difícil hablar de periodismo propiamente tal hasta el si2 J l Fred S. Slebert., Tbeodore Peterson Y Wilbur Sch.ram. Four Theories. of the Preu, Unlverslty of D.I.J.nDis Pres:s. Urbana., Cbicago, 19,'12, p . 7. 272 4. Jorge Raul Ca.tvo. Pl'rlodlsmo Para Nuestro Tifth.P•, LIW'eTfa de las Naciones, BuenCNJ Aire&. 1970, pp . 19. 35~3&. Juan xxm. Ma&er et Madsira, LIX. Evere-tt Rogers y Floyd Shoema.ker. La <lemvnieaeió;n de ID01tn.ciooea, Herr-e-ro Hermanos.. lléxico, 1974, P . 8. 273 �PRENSA Y CAMBIO SOCIAL glo XVII, cuando aparecen en Alemania los "semanarios" y, en Italia, las "gacetas". Estos perfeccionan el sistema de las "hojas de avi• sos" y de las "hojas sueltas". En la Nueva España, los primeros intentos de periodismo surgen con "El Mercurio Volante", de Sigüenza y Góngora; "La Gaceta de Mé• rico" y "Noticias de. la Nueva España", de Castorena y Ursúa. La Revolución Francesa vio en la imprenta un aliado (¿Existe algún régimen que no lo haya visto?). La Enciclopedia se valió de ella para enfrentarse a la corte de Luis XV. El triunfo de la libertad de pren• sa quedó consagrado en la "Declaración de los Derechos del Hombre" (1789). Lo mismo pasó con la Revolución Industrial, la que nos llegó a América con el usual atraso. Con los avances de la telegrafía sin hilos, la linotipia, la radio Y las rotativas, el diarismo cobró un fuerte impuJso. Todo este avance se ha visto acelerado con técnicas qu~ mejoran cien por ciento el proceso: el offset, la selección de color, el linofilm, etc. Pero no es el aspecto técnico el que ahora nos ocupa. El sueño del impresor Gutenberg, como señala Mcluhan, rescató al mundo antiguo y lo volcó de lleno en el regazo del Renacimiento" 5 ; y ahora lo que, está en juego es el riesgo que ésta, la prensa, tiene de arrollarnos, junto con los demás medios m_asivos. 6 Pensemos si no influyen 300 millones de ejemplares diarios que tira la prensa mundial 7 • Meditemos en las posibilidades y en la responsabilidad de la prensa mexicana, que alcanza 4.823,090 ejempla• res, de los cuales 1.570,306 corresponden al Distrito Federal y 3.252,784 a provincia.• PRENSA Y CAMBIO SOCIAL ción y propiedades? ¿Es realmente posible el cambio social o solamente es una tesis, respetable como las de Platón en La República, Erasmo en El Elogio de la Locura o Tomás Moro en la Utopía? ¿Es realidad o ficción? ¿No hay quien sostiene la inmovilidad social como algo fatal y eterno o habremos de aceptar la teoría de la "movilización social" establecida por Karl Deutsch? ¿Qué tan cierto, aplicado a nuestra realidad, es que la Revolución Mexicana, como dice Octavio Paz, "a pesar de su fecundidad extraordinaria, no fue capaz de crear un orden vital que fuese, a un tiemop, visión del mundo y fundamento de una sociedad realmente justa y libre?".• Todas estas preguntas se agolpan para producir la gestación de conceptos que aclaran el tema. Según Wilbert Moore, uno de los investigadores clásicos de la materia, el cambio social es algo que ha existido en todas las etapas de la historia, pero que ahora se ha acelerado. 10 Estas alteraciones del statu quo pueden considerarse como "simples sucesiones de pequeñas ocasiones" o como "cambios en el sistema mismo". Estos últimos incluyen regularidad y requieren de personas cuya interacción esté gobernada por normas. n Moore reconoce el cambio social "donde podemos mirar al menos algunos de los cambios en las vidas de los hombres, en grupos, '/ en sociedades enteras ... entonces podemos ver que el cambio ocurre prácticamente dondequiera que miremos". 1 • El citado cambio contiene elementos naturales de desarrollo y, también, elementos que agilizan esta evolución. 13 , Posibilidad de Cambio Social En lugar de dar como un hecho la existencia de un cambio social, utilicemos la técnica cartesiana y establezcamos la duda como método. ¿Es posible el cambio social? Porque si no es así, ¿para qué continuar en un intento de definí- Naturaleza y Grados del Cambio Social Si el cambio social se reduce a estas "pequeñas ocasiones" a que anteriormente hicimos referencia, el cambio será imperceptible y seguramente no reunirá los requisitos de constancia y profundidad MamlaU McLuhan. La. Cultura « Nue,,tro Necoclo, Editorial Diana. México, 1974:. P. 5. 5 6 7 8 . La G:.Ja:ii:la de Gut.eober,: (Oén~ del Horno Typogya.phfcu.11.), Colección Literaria EnsaY1stas. Agulla.r, Ma.dnd., 1972, pp_ 19; 321; 3-o;- 345·31.6; passim... Estadísticas de la UNESCO, tomadas del libro de Jorge Raúl Calvo. op: elti.,t p. IS: Medl&S Pubtiei&ariDS Me:sioanos, Vol. 2 lM'.ayQ-!Agosto). Editorial Guadalupe Ckuduñ.o, México, 1976, pp: 18-104. 274 9 10 11 12 13 Octavlo Paz. EJ La.berinto de la Soledad, Colección Let.ra.s Mexicanas, Fondo de CU1t.ura Económica, México, 1969, p: 156. Wilben E. Moore. Cambio Social, Vol. 269/:!00a, UTEffA., México, 1966, pp. 1-3. lbld., PP. 8-9. Ihid., p. 19. lbid., P. 154. 275 �PRENSA Y CAMBIO SOCIAL PRENSA Y CAMBIO SOCIAL exigidos para que entre dentro ele la categoría de lo que denominamos científico. Ejemplificando: un pequeño cambio será que la masa advierta una confrontación de los partidos políticos en radio y TV, con motivo de las elecciones en puerta; un cambio más decisivo sería, no sólo este espectáculo, sino la captación y aceptación del mensaje; y, un gra do más, que este pueblo participara, tomara posición y estableciera un plan concreto para llegar a la toma efectiva del poder, por la vía democrática. Lo demás es sólo un show que divierte, pero no un cambio radical, sin que esto implique necesariamente violencia física o revolución armada. Para Rogers y Shomaker, en este cambio social se advierten tres etapas sucesivas: 1) inventar, o proceso de crear nuevas ideas; 2) difundir, o proceso de comunicar a los miembros de un sistema social las nuevas ideas y 3) consecuencias, o cambios que ocurren dentro del sistema social. Este cambio puede ser inmanente (surge de los miembros del sistema mismo- y por contacto (procede de fuentes externas). A su vez, el cambio social por contacto puede ser por contacto selectivo (los miembros del sistema adoptan o rechazan, en base a necesidades, una determinada influencia) o por contacto dirigido (voluntariamente, éstos mismos intentan ser agentes de cambio y producir nuevas ideas, a fin de alcanzar metas prefijadas). En este último caso estaría, para los autores, el fenómeno de la comunicación., en su aspecto o subcampo de difusión. 15 El tradicional esquema aristotélico de orador, discurso y auditorio -cuyo ciclo se cierra únicamente cuando el discurso o mensaje ha sido captado-- continúa tendiendo validez. "La difusión también puede modificar la estructura social (basada en cualidades, oportunidades y desarrollo de los miembros de un sistema), ya que es una innovación (como lo son el cosmopolitanismo, la educación, etc.), y muchas innovaciones acarrean con su adopción cambios de estructura". 16 actitud positiva para que, cuando los agentes de cambio traten de ejercer su liderazgo de opinión, cambie la conducta del grupo. la dirección de este cambio, su bondad o malicia, su rectitud o desviación, dependerá justamente del sentido que le impriman los agentes de cambio: positivo, si va de acuerdo a las exigencias de la naturaleza; negativo, si las contraría. De entre los tres tipos de decisiones de innovación señalados por los autores (opcionales, colectivos y de autoridad), 1' optamos por el irrestricto derecho de la persona humana frente a las exigencias de grupos o del mismo poder público. Lo que sucede es que no siempre el individuo está consciente de esta necesidad de cambio ---concreción de justicia, casi siempre--- y, entonces, es necesario que el Estado intervenga y señale coactivamente lo que debe innovarse. Pero, aun teniendo la presión autoritaria, los cambios duraderos no suceden sin el respaldo de individuos y colectividades. Naturaleza y Función de la Prensa Habrá que definir ahora lo que es la prensa y cuáles son sus funciones. los teóricos de la información establecen casi unánimemente que las dos funciones primarias de la prensa son la de informar acerca de los acontecimeintos y la de orientar a la opinión pública sobre la trascendencia de estos sucesos. Por tanto, dentro del mismo periódico caben dos aspectos vitales: el informativo y el de opinión. Mediante el primero, se mantiene informado al público lector -"en forma exacta , verdadera y completa " - 18 de cuanto sucede en el mundo. Mediante el segundo, la prensa asume un papel orientador que, como advierte Martín Alonso, corre el peligro de manipular y suplantar el criterio de la opinión, olvidando que su misión es "descubrirlo y exponerlo". 19 Pero lo más importante es que las normas de los miembros de este sistema social sean modernas o favorables al cambio y no tradicionales o refractarias al mismo, a fin de que exista en el grupo una Pero, veamos un criterio más: "La prensa debe servir --dice el investigador español Juan Fran17 14 15 16 Rogers y Shoemaker, op. eit..• P . 40 . Ibid., P . 40 . Ibid., J) . 42 . 276 18 Ibid., P. 43. st.a.nJ:ey Johnson y Jullan Ha.nis. El Beportero Profesional, .Editorial Tr p. 20. 19 Calvo, op. cit., p . 126. 277 �PRENSA Y CAMBIO SOCIAL PRENSA Y CAMBIO SOCIAL cisco López Félix- de tribuna a la confrontación". 20 Aunque esta función, continúa diciendo López Félix, forma parte de otro aspecto mayor que es la información, la que tiene por finalidad "ayudar a los hombres a mejor asumir su destino y el de la comunidad humana". Las notas características de esta información deben ser verdad y objetividad. El periodista español señala que en el juego de la información hay cuatro elementos básicos: público, periodista, Estado y Empresa. Es bueno recordar todo esto, porque así entenderemos mejor que la prensa es una creación humana, no angélica, y que está sujeta a las miserias propias de quienes la constituyen y la concretan en algo diario y tangible. Es de factura humana, pero exige finalmente espíritu titánico y vocación probada. La Prensa Dentro del Contexto Social Una vez vista la naturaieza y funciones de la prensa, nos será más fácil ubicarla dentro del contexto social y acusarla o exculparla, según el caso, de su actuación. Algunos quisieran que la prensa, por si sola, modificara de golpe las estructuras sociales y se convirtiera en gestora de un cambio definitivo y duradero. Otros consideran que la prensa influye en grado mínimo a la movilización social, puesto que es sólo un reflejo de lo que acontece en el mundo. Por fin, hay quienes piensan qu~ si bien la prensa no puede por sí sola modificar directamente la organización social, al menos juega un papel preponderante que, cuando rehusa a desempeñarlo por temor o desconcierto, entorpece el cambio y se hace acreedora a las más severas críticas. ¿Qué decir al respecto? ¿Es realmente la prensa un elemento tan importante para el cambio social, supuesto que éste sea deseado y buscado por las mayorías --expresa o tácitamente--, y puede considerarse bueno en sí, de acuerdo a sus fines? 2> J'u.a.n F:mncisco López Fellx. ''Un Dfa DedJcado • N'úln. 33, Méxlco (J'Ullo-Mroet.o, 196!), J>P. 60-51. 278 la Libertad de Prenml", Revuta 1.s,mo, ¿No habrá en esto radicalismo? La influencia que los medios masivos (y dentro de éstos la prensa) ejercen en la opinión pública es innegable. (Es bueno recordar, a quienes no aceptan la existencia de la llamada opinión pública, lo que Gutiérrez Vega señala: " ... hay, a pesar de todas las maniobras y manipulaciones, una opinión pública que se manifiesta de las más variadas formas". 21 Sobre esta vital influencia de la prensa en la opinión pública, baste recordar el papel que la misma ha jugado a través de la historia: Revolución Francesa, Emancipación Americana, Independencia Hispanoamericana, Revolución Mexicana, Revolución Rusa ... Y, recientemente, la no menor revolución ideológica provocada por dos jóvenes reporteros del "Washington Post", en el caso Watergate, que es un parteaguas en los anales del periodismo mundial. Pero de afirmar que existe una equis influencia a sostener que ésta es tan importante como para generar por si sola el cambio social, hay un abismo. Sentimos que se exagera al considerar a la prensa como el elemento primario, dentro de un mundo complejo y modernizado. Antes que la prensa (o, si preferimos, junto con ella), conforman a la sociedad la familia, el trabajo, el deporte ... 22 Pero es indudable que la palabra impresa ejerce un fuerte influjo en la conformación de esta sociedad de masas. Además, la prensa se vuelve objeto de apasionante análisis por quienes, desde uno u otro ángulo, estudiamos el fenómeno de la comunicación. No hay que olvidar, para no caer en utopías, lo que advierten Steinberg y Bluema: "Como otros medios, el periódico da a su lector parcialmente lo que el lector desea, parcialmente, lo que los directores piensan que el lector debe recibir". 23 En el medio está la difícil perfección. En todo caso, la prensa será un instrumento cuya bondad o malicia no la tiene por esencia, sino que depende de los fines por ella per21 22 Hozo GuU.érrez Ven. Infonnaeióa ,- Sociedad., Archivo Gel Pbnd.o,, VOi.. 13, Fondo de CUJ\.ura. EooD6mtea.,. México, 197t-, p. 31: '"Las dlredctonea: de cambio en una sociedad dada, est.án lnf.ensarne"lte ln.OU1daa ,, llmlt&dM por su.s caracteristieaa básicas corno sistema., y por los Jll'ObI~as. CBJ>eCitloog deriva.doo de su lnstituctonallsacJón.' 1 • (S: N. Eisenstadt: E11Sa7os Sebre el Cambio Sodal ,, I• JfodtTD.1sac.lón. Colección de Ctenctas SoclaJes, EdJtorial Tecnos. .lladrtd, uno p. ts). 2) Charlee s. Stelnberr ,, A. Wllllam Bluem: Lq HedJ. . . . Comnkaet6a Soiaial. fiennda. BdleJ:óll, Bdit.orial Roble, Mh:1co, U13. p. 1:M. 279 �PRENSA Y CAMBIO SOCIAL PRENSA Y CAMBIO SOCIAL seguidos. Si se apega a la verdad, será una prensa responsable y eficaz; sí la desvirtúa, será un antítestimonio y un impedimento al cambio social. jugada en pretérito y en futurídad". 26 3. Que seleccione y aborde temas de interés humano (donde, naturalmente, estén presentes también los problemas sociales) mediante un tratamiento profesional de los mismos en los géneros periodís- ' la Prensa Como Agente del Cambio Social Sin agigantar ni escatimar su señera función, la prensa es agente de cambio social. Jorge Víllegas, refiriéndose a la función de la prensa como po, deroso elemento de comunicación humana, ha escrito: "Sí la prensa tiene los satísfactores para tal necesidad social, su poder de influencia colectiva es portentoso. Si añadimos la profundidad de su mensaje (en oposición a la superficialidad del mensaje de los medíos electrónicos), la perdurabilidad de sus efectos, su estímulo a la reflexión; todas estas virtudes, entonces, parecen delinear a la prensa como el medio idóneo para el cambio social, para la revolución de las costumbres y de las estructuras". 24 Estamos, pues, convencidos de que la prensa es agente de cambio social. Además, todo parece indicar que es el más idóneo para ello. Ahora cabría preguntarnos: ¿Y qué deberá hacer esta prensa para realizar esta tarea en la forma más efectiva? ¿De qué medios se valdrá para cumplir esta misión que la historia le ha deparado? Yo apuntaría ciertos elementos esenciales que todo diario debería reunir, si es que intenta ser agente de cambio social: l. Que tome postura frente a los acontecimientos, mediante uno o varios editoriales, independientemente del espacio dedicado a las opiniones de sus articulistas, columnistas y colaboradores, quienes se podrán expresar libremente dentro de un marco de pluralidad ideológica. 2. Que utilice un estilo interpretativo en la información; es decir, que además de relatar fielmente el hecho, haga referencia a sus raíces, establezca coordinaciones y atisbe los cambios que se provocarán a partir de tal suceso. La realidad -como señala Jorge Raúl Calvo-- no sólo es presente, como ha ocurrido hasta ahora, "sino con~ Jorge Vlllegas N'ú.6ez. •'Loo Medios Colectivos de Comnn.loación''. Ruist• Derecbc. 1 Ci(']l• olas Soelsles, Vol. 1, Nitm. 3. Universidad Autóbom& de Nuno León tFebrero,,-,'.Ma,yo, 1974), P. 338: 280 tiCQS. 4. Que el reportaje -supremo género periodístico--- se haga "interpretativo" y "a profundidad" o "gran reportaje", que consiste en imprimir a lo abordado un alto grado de universalidad, elegancia, sensibilidad y cultura. No es opinión, sino la definición al máximo del tema: antecedentes y consecuentes del hecho presente analizado. Es, como dice Martín Vivandi, "el que cuenta, no solamente lo que pasa, sino lo que pasa por dentro de lo que acontece". •• 5. Que cuantas secciones existan, verdaderamente ayuden a la superación intelectual, moral y estética del público lector. Son algunos lineamientos de lo que podemos considerar un diarismo más profesional, fermento para un cambio social más humano y más justo. Conclusiones Primera.- Según los sociólogos especialistas, es posible el cambio so, cial; éste es constante cuando sé combinan en él elementos naturales y externos. 1 Segunda.- No todo cambio es, necesariamente, positivo; sino sólo aquel que va de acuerdo a las exigencias de la naturaleza humana y que respeta su dignidad como persona. Tercera.- De acuerdo a la historia, la prensa ha sido factor decisivo de cambio social, fungiendo como catalizadora de las grandes inquietudes sociales de una comunidad local, nacional o internacional. Cuarta.La función de la prensa es doble: de información y de opinión, sin que esto conlleve a la manipulación. Quinta.La prensa no puede, por sí sola, modificar un determinado sistema social, pues forma parte de un contexto más amplío y complejo, al mismo tiempo que está sometida a una serie de condiciones que limitan su irrestricta y absoluta li25 Calvo GP. eli., p. 97. 26 Gonzalo M.artfn Vlvaldi. Gerteros Periodístieos, El:l1torlal Paraninfo. Madrld, 1973, p. 103. 281 �PRENSA Y CAMBIO SOCIAL Sexta.- bertad. La prensa mundial, nacional y local, tiene_ una tarea ~om~ agente de cambio social cuya esencia consrst_e e~- su frdehdad a la transmisión de la verdad y en la d1fus1on de materiales que verdaderamente tiendan a elevar al individuo en forma integral. ABRAHAM NUNCIO INFORMACION Y ENAJENACION A ristóteles escribió sobre todo. Aristóteles ha escrito sobre la comunicación. Aristóteles es un comunicólogo. Se le ha convertido, por tanto, en prestigioso compáñero de viaje de los teóricos de la comunicación, principalmente de aquellos adscritos a la sociología norteamericana. Toda su abrumadora autoridad vuelve a servir para apuntalar la ideología de la clase en el poder. "En su Retórica, Aristóteles dijo que tenemos que considerar tres componentes en la comunicación: el orador, el discurso y el audito1 rio". El modelo, retocado, ampliado, sofisticado se repetirá inhastiablemente. Pero no sólo el reestreno de los báculos clásicos ha contribuido a dar sustento a ciertas teorías de la comunicación; la lingüística, la cibernética, el estructuralismo, la psicología conductista, los manes del funcionalismo y aún el zen y la pasada sicodelia han aportado lo suyo para darles status y mercado. El boom que todos perpetramos, En pocos años, según informa un conocedor, la comunicación ha logrado que se escriba más sobre sus tópicos de lo que se escribió tras varias décadas acerca de la teoría de la relatividad. Este boom comunicalisla, de todas maneras, no sobrevino espontáneamente. Ni tampoco fue inmediato al surgimiento del fenómeno 282 l. David K. Berlo, El proceso de oomunicacfón, Ed. ''El Ateneo" p, 23. �PRENSA Y CAMBIO SOCIAL Sexta.- bertad. La prensa mundial, nacional y local, tiene una tarea ~om? agente de cambio social cuya esencia consist_e ~- su fidelidad a la transmisión de la verdad y en la d1fus1on de materiales que verdaderamente tiendan a elevar al individuo en forma integral. ABRAHAM NUNCIO INFORMACION Y ENAJENACION A ristóteles escribió sobre todo. Aristóteles ha escrito sobre la comunicación. Aristóteles es un comunicólogo. Se le ha convertido, por tanto, en prestigioso compáñero de viaje de los teóricos de la comunicación, principalmente de aquellos adscritos a la sociología norteamericana. Toda su abrumadora autoridad vuelve a servir para apuntalar la ideología de la clase en el poder. "En su Retórica, Aristóteles dijo que tenemos que considerar tres componentes en la comunicación: el orador, el discurso y el audito1 rio". El modelo, retocado, ampliado, sofisticado se repetirá inhastiablemente. Pero no sólo el reestreno de los báculos clásicos ha contribuido a dar sustento a ciertas teorías de la comunicación; la lingüística, la cibernética, el estructuralismo, la psicología conductista, los manes del funcionalismo y aún el zen y la pasada sicodelia han aportado lo suyo para darles status y mercado. El boom que todos perpetramos. En pocos años, según informa un conocedor, la comunicación ha logrado que se escriba más sobre sus tópicos de lo que se escribió tras varias décadas acerca de la teoría de la relatividad. Este boom comunicalista, de todas maneras, no sobrevino espontáneamente. Ni tampoco fue inmediato al surgimiento del fenómeno 282 l. Da.Vid K. Bello, El »roceeo de comunJeadón, Ed. "El Ateneo•• p. 2). �INFORMACION Y ENAJENACION que lo generó. Para 1947, fecha en que Claude Shannon Y Wa_rren Weaver difunden su modelo de comunicación, (deudor del anstotehc:> yo acreedor de muchos otros que luego le ~iguieron: ~chramm, Fearing, Johnson, Lazarsfeld, Lewin, Lapswell, N1xon! _hab~an _transcurrido 100 años de haber sido fundado The nmes, penod1co ingles, el pnm~ro con caracteristicas masivas, y 50 de haberse impreso el primer nu, mero de l~kra, órgano que influirá considerablemente en la _!)reparación de la revolución rusa. También se habrán cumplido 50 anos d~ haberse filmado Los siete peca<los capitales de Mélies, una de _las primeras emisiones radiales. En esta acumulación de cumpleanos deben señalarse también los 50 que completa Yellow Kid, la tira ?ómi~a de Richard F. Autcult, pionero de suplementos dominicales e historietas. La comprensión de los medios, obra central de Marshall McLuh~n sobre los medios de información masiva aparece en 1964. Un ano antes (y seis años después del célebre Sputnik) ha_bían sido l~nzadas el Telstar y el Malniva, dos satélites más de la sene que :onf~gurana "el primer sistema de satélites de comunicación". 2 La Ohm_p1ada de ese año, celebrada en Tokio, fue vista en todo el globo a traves. de millones de televisores. Charlie Brown se ha convertido ya en c1udad~no del mundo. Los Beatles venden millones de discos de A Hard Day s Night e lan Flemming, el autor de James _Bo~d, conoce la estratósfera de los millones que le confiere la cond1c1on de best seller. En un primer momento la discusión en torno a los_ medios informativos ha sido una discusión parroquial que no transita por puntos intermedios entre la glorificación y el anatema. Todavía en el último Encuentro Internacional de la Comunicación celebrado en Acapulco los medios serían, o bien satanizados, o bien se les consideraría sin más como agentes del progreso. , . , En otro aspecto de la discusión, unos, los apocahpt1cos, veran como nefanda la existencia de los medios no porque acarreen males_ a los mortales sino porque facilitan la vulgarización de imágenes Y significados que antes pertenecen a la alta cultura (High brow) Y que ahora se han adulterado al contacto con las masas (masscult). Los otros, los integrados, prácticamente no discuten y cambian de estación, de página o de canal seguros de lo avanzado y colosal de sus aparatos o revistas. 3 2. J. Armand Mattel&rt. Agresión desde el espacio, F.d.. Siglo XXI. P, 16. Humberto F.co, A-ooealipticos e inteirrados a la. c ~ a de masas. Ed. LUmen. 284 INFORMACION Y ENAJENACION El desarrollo de los medios ha sido delirante y -también- sorpresivo. Y aunque tardío, como toda reflexión cultural, el boom teórico sobre estos no lo ha sido menos. Pero en toda su prolijidad y estruendo no conocerá aportes alternativos (desmitificantes, críticos, verdaderamente_ científicos) a la garrullería erudita o charlatana que lo han caracterizado hasta muy recientemente. El desarrollo del marxismo, de la teoría crítica de la sociedad (con la escuela de Frankfurt) y de disciplinas como la semiótica ha hecho posible un análisis y una interpretación más objetiva del fenómeno de la comunicación. La crítica de la ideología ha ocupado sin duda un lugar primordial en estos trabajos. . los m~dios, en este nuevo planteamiento dejan de ser los premios tecnolog1cos de nuestra actual civilización; dejan de ser las casandras a_~enas de la destrucción futura. la comunicación no es ya una relac1on formal o un tennis de significaciones incontaminadas entre. emisores Y receptores abstractos. los medios son instrumentos racionales al desarrollo material y cultural de cada etapa histórica y de cada sociedad en concreto. Su uso social y contenido están determinados por los intereses del grupo que tiene poder sobre ellos. Si este grupo es una clase minoritaria enfrentada a las mayorías que explota, los medios serán un auxiliar de la explotación: le servirán de sustento ideológico para legitimar este hecho y para inducir en las masas conductas favorables al goce de sus privilegios, la comunica, ción entonces deviene simple información: imposición de esquemas de comportamiento cuyo cumplimiento es, en términos relativos, inescapable. la transmisión de mensajes se convíerte en dirección. Los mensajes implican órdenes. las fuentes de la información coinciden con las fuentes del poder. los informados son dirigidos; su condición de receptores pasivos los imposibilita para elaborar sus mensajes propios y para socializarlos. Son ajenos a su dirección, carecen de poder político. Este poder pertenece a otros, pero gravita sobre ellos, Sin embargo han sido ellos los que lo han creado, Asisten al hecho de su enajenación. Trabajo alienado, lenguaje alienado. la información es la forma ideológica que adopta la producción material enajenada. Se requiere explicar el proceso que convierte los productos del 285 �INFORMACION Y ENAJENACION INFORMACION Y ENAJENACION trabajo humano en mercancías y las relaciones sociales de producción que genera para apuntalar tal hipótesis dentro del contexto de los medios modernos de información masiva. "Que en nuestra sociedad la noticia se ha convertido en mercancía es ya un lugar común, pero no por ello deja de ser un hecho necesitado de análisis y documentación". ' Se pretende partir del hecho de que el lenguaje, base de la comunicación, registra un desarrollo similar al desarrollo de la riqueza material; de que existe una homología entre el esquema de la producción lingüística y el de la producción material 5 expresada en las siguientes correspondencias: e Los enunciados lingüísticos son artefactos, de la misma manera que lo son los instrumentos materiales producidos por la actividad consciente del hombre, es decir por el trabajo . e Los artefactos lingüísticos no han sido producidos nunca por el hombre sin producir al mismo tiempo también artefactos materiales y viceversa. e Tanto la acumulación de artefactos materiales como la de artefactos lingüísticos cobran significación social (valor de cambio) sólo cuando entran en un circuito de intercambio e La mediqa del intercambio de los productos del trabajo humano en el mercado es el dinero. "El dinero reemplaza las cosas por sus signos. No solamente en el interior de una sociedad, sino de una cultura a la otra. Por esto el alfabeto es comerciante. Debe comprendérsele en el momento monetario de la racionalidad económica. La descripción crítica del dinero es la reflexión fiel del discurso sobre la escritura". • e Cuando los artefactos materiales y espirituales dejan de ser accesibles a todos los hombres y se convierten en propiedad privada de unos cuantos se instaura un sistema de relaciones alienadas entre el productor y los productos. Esas relaciones y estos productos quedan regidos por las leyes del mercado que escapan al control de los productores. e La concentración en pocas manos de los productos materia- les es de hecho paralela a la concentración en pocos individuos de los productos lingüísticos. 1 <l. s. 6. W. mmd, Comaoicacl5n T sodetdad. DI.. ComUJlic aclOO, P. 15. Perrucc1o Rossl Landl, El JennaJe como tra.b&Jo y como mercado, Y.onlie Avll& Ed1t,ores. J). 168. Julia Kristeva, La eemfOtlca, "Ciencia critica Y/ O crítica de la. ciencia.'', stmiót i.ca. Y Pra..xis, Ed. A: Redondo, P. Gl. 286 .• La concentra_c_ión de los medios de producción material determina la concent~ac1_on de los medios de difusión lingüística. • En el cap1tahsmo, la plusvalía obtenida sobre los productos de la fuerza ~: trabajo_ tiene su correlato en la forma en que los medios_ de d'.fus1on. maneJan la información: del volumen que absorben de est~ solo_ emiten los mensajes suficientes para asegurar a través d_e la 1deolog1a la reproducción y mantenimiento del régimen establecido. • A la explotació_~ de la fuerza de trabajo en este régimen corres~onde la marnpulac1on de las noticias: ambas sirven de obJ'ef comun de pod t· ivo ~r campe 1r en el mercado ventajosamente para maximi, zar las ganancias. •, . La tendencia monopólica del capital determina la tendencia monopollca de la información. • El lenguaje puede ser recuperado por el pueblo y la riqueza material socializada sobre las bases de una lucha política democrática que se plantee ~orno objetivo fundamental la superación del régimen de prop1edaa privada. En una esquina el alma; en la otra el cuerpo. _ La vieja discordia entre cuerpo y alma, introducida por una ideologi_a clasista para jastificar el hecho de la dominación de una clase soci_al por ot~a, es actualizada en tono a la discusión de los medios de mfor'.11_ªcion de masas. Esa discordia favorable siempre al alma 0 al espmt~ _frente al cuerpo tiene una traducción específica. El espint~ encarnó siempre en los valores de la clase dominan0 k, Y. ~ada tenia que ver con el cuerpo (instrumento de pecado pero tamb1en de trabajo), cosa vil que encarnaba en quienes no sub~istían po~ _la nobleza. de ~spíritu, sino por la rudeza de sus manos. La orienta':1on de la_ ~1stona, Y aun sus transformaciones, se debían a la ac~ion del espmtu, que ~iempre tuvo por alado vehículo a las ideas. Las ideas cambian: evolucionan, se perfeccionan animadas por el espíritu Y tras de s1 acarrean el cambio, la evolución y el perfeccion,imiento de la humanidad. 't. Por productos lingüisUeos se extiende a.qui tanto Jos verba.les' com.o 1m todoleoe. 287 �INFORMACION Y ENAJENACION INFORMACION Y ENAJENACION Esta dicotomía preferencial para el espíritu marca la existencia de una situación alienada: las ideas, generadas en el proceso general de la producción material han cobrado una autonomía soberbia que no reconoce su origen. El trabajo humano que las hizo posibles es negado mediante una separación arbitraria. Las ideas, así, se convierten en mitos. cial Y el individualismo fueron producto del lenguáje escrito; el acerca, miento, la solidaridad y el sentido comunitario, la vuelta a un mundo tribal serán fruto de la tecnología de los medios de información, sobre todo de los medios audiovisuales. • Las tesis macluhianas, por más sofisticadas y novedosas que parezcan, no dejan de coincidir con los planteamientos ideológicos que atribuyen a las solas ideas (los medios únicamente cobran significa• ción en la medida que las difunden) el poder de enajenar o liberar a los individuos. Revoluciones veredes. Hoy se habla de la revolución originada por los medios de información masiva. Su presencia es propuesta como definitoria de la eta• pa histórica presente. La Era Electrónica es tema que abordan el erudito y el bell boy. Algo ha cambiado. No son ciertamente las ideas, el espíritu que las insufla, lo que mueve al mundo, sino los dispositivos a través de los cuales se las difunde. La transferencia, sin embargo, no logra ocultar su filiación idealista: niega en lo fundamental que sean las condiciones en que se efectúa la producción material la fuerza axial de la historia, y niega también que hayan sido esas condiciones las que los procrearan. "El medio de comunicación de masas es un mito en la medida en que se considera como una entidad dotada de autonomía, de una voluntad y alma propias, una especie de epifenómeno que trasciende la sociedad donde se inscribe. Asi el ente medio de comunicación de masas se ha convertido en un actor en la escenografía de un mundo regido por la racionalidad tecnológica. Es la versión actualizada de las fuerzas matl!riales. Es lo que explica que la clase dominante misma en circunstancias en que tiene el control monopólico sobre estos medios puede darse el lujo de denunciar la acción nefasta de dichos medios". • El medio es el chantaje. Tras su conocido slogan "el medio es el mensaje", que sugiere un cambio radical en las relaciones sociales por el ambiente (el modo de percibir) que crean los medios, Marshall McLuhan acuñó otro: "el medio es el masaje" que, decodificacto, significa que el condicionamiento social y la enajenación son fenómenos de los cuales son responsables exclusivamente los medios. El aislamiento, la división so8. Annand M'atte1a.rt. Comunicación ma.si't'& Y re'l'Olaeión socialista., Bd. Dtógenes, :P. Zl. 288 los medios: no remedios. . . La enajenación no es de orden puramente ideológico. Es en princ,pi_o un hecho objetiv_o que se verifica en el plano de la producción social de bienes materiales. El trabajo enajenado, el trabajo puesto en unos ob¡etos cuyo. valor es apropiado en proporción leonina por quienes no lo han realizado da lugar al régimen de propiedad privada. La propiedad privada revierte sobre este hecho y se constituye ella misma en el medio por el cual el trabajo se enajena. 10 "_El trabajador, escribía Marx, pone su vida en el objeto, pero a partir -~e entonces ya no le pertenece a él, sino al objeto ( ... ) La ena¡enac1on del_ trabajador en su producto significa no solamente que su traba¡o convierte en objeto, en una existencia exterior, sino que existe fuera de él, independientemente, extraño, que se convierte en un poder independiente frente a él: que la vida que ha prestado al objeto se le enfrenta como cosa extraña y hostil". 11 En la época de Marx la explotación de la fuerza de trabajo no conocía límites._ Y a la acumulación creciente de capital correspondía un empobrec1m1ento progresivo de los obreros. Las condiciones en que estos trabajaban eran, además, verdaderamente miserables. De ahí que Marx viera la enajenación como un proceso real que convierte la fo~rza de trabajo del hombre y al hombre mismo en mercancía, y tamb1en como un fenómeno que ocurre en la conciencia del hombre: el productor, decía, ve en su trabajo algo hostil, que se le opone y lo hace sentirse "fuera de si", de tal manera que sólo se siente "en si" cuando está fuera de su trabajo. Hoy, en los países metropolitanos y 9. 10. 11. Marshall McLuha.n, La comprensión de los medios, Ed. Diana, p. 38'1. (y &les). Karl Ma.rx, Manuscritos: economía y filosofía, Alianza EdltoriaJ., p_ 115, Ibid., P. 106. 289 �INFORMACION Y ENAJENACION INFORMACION Y ENAJENACION en algunos sectores de los países dependientes donde ha crecido un proletariado que se desplaza a sus centros de traba¡o en a~tos compactos (o de modelo grande cinco años atrás) y engros_a las filas del turismo en los períodos vacacionales, el fenómeno pareciera como supe~ado. El Joe contemporáneo, aparentemente, no padece un empo~rec1m1ento progresivo (cada vez acumula más transitares) y ya no se siente tanto "fuera de sí" en su trabajo, pues éste lo realiza eventualmente con fondo' de música programada y difundida por F-M. Papel fundamental de los medios de informació~ masiva es just~mente el de racionalizar la explotación; lograr que esta no sea percibida por los explotados. El trabajador ha. enajenado lo~ productos de su fuerza de trabajo, y en ellos su humanidad. Ha ena¡enado en consecuencia su producción lingüística, sus valores comunicativos: son otros los que se los han apropiado para utilizarlos en su contra.. Pe:o no alcanza a percibir este daño. Los medios le han creado _la_ 1l~s1on de ser el protagonista de las acciones históricas y el beneflc1ano de las riquezas. Su explotación, aunque disfrazada con objetos de consumo, ocio manipulado y participación mediatizada, no ha cesado. _Sm embargo se halla, con más frecuencia de la deseada, le¡os de considerarlo así. Los mensajes masivos le sugieren experiencias que en verdad nunca experimentará pero que las considera como propias. El cine consagró ídolos cuyas biografías creerá vivir. La radio consagró oportunidades que lo sacarán de su inopia y ano_nimato •. La prensa le ha hecho confiar en que leer sus columnas equivale a ilustrarse. La televisión lo induce a convencerse de su participación en el curso de la historia. dividua! como su lugar social de acción. Su lugar individual se localizará principalmente en "las zonas no conscientes" del siquismo (como imágenes reprimidas y manipulatorias), y en otras zonas, como la de la preconciencia, donde se alojan vestigios de experiencias aparentemente olvidadas pero que surgen a la conciencia cada que ésta percibe las señales en que están codificadas. "El lugar social de actuación de la ideología, que en tiempos de Marx lo formaban las instituciones sociales (como el Parlamento), la cultura libresca, los templos, hoy lo forman, además y primordialmente, los llamados massmedia o medios de comunicación de masas, los cuales inducen subliminalmente la ideología que consiste poner el siquismo al servicio inconsciente del sistema social de vida". 12 Ideología nepente. Si la ideología cumple con el objetivo de reproducir en el_ ~lano de las representaciones, los valores y las creencias, cond1c1o~e_s reales de existencia de un régimen social de producc1on, en el reg1men capitalista tal objetivo consistirá en reprod~~ir las condiciones de la explotación de una clase por otra, la conversmn de productos, productores y relaciones sociales en mercancías, y como efecto de ello la enajenación que se opera al crearse poderes frankenstenianos qu~ se oponen a sus autores y en los que éstos, además, llegan a ver ent1da• des efectivamente autónomas. La ideología tiene, como señala Ludovico Silva, tanto su lugar in- !~s 290 Manipulación industrial de las conciencias. Los medios de difusión masiva, como transmisores de ideología, apuntan a mantener el sistl)ma en sus niveles político y económico. En el nivel político su función es "esencialmente desorganizadora y desmovilizadora de las clases dominadas. Neutraliza y desorganiza dichas clases y, en cambio, afianza la solidaridad en torno a la clase dominante y sus intereses)". 13 Los medios operacionalizan cotidianamente las normas del indi\ddualismo y la competencia; difunden los modelos sociales de aspiraciones y comportamientos propios de la burguesía; promueven las imágenes familiares y las del enemigo. Paradigma singular de estas funciones lo ha sido, por su siniestra intervención en la historia reciente de América Latina, "El Mercurio" de Chile, rabioso enemigo del gobierno de Unidad Popular, agente destacado de los intereses del imperialismo norteamericano y justificador y apologeta sistema de los crímenes de la Junta Militar. En el nivel económico su función es básicamente la de promover el consumo; consumo de objetos materiales, de información, de supuesto tiempo libre. El carácter masivo que ha adquirido la producción ideología ha dado lugar al surgimiento de una técnica da Y una organización industrial abocada especialmente a técnica recibe comúnmente el nombre de manipulación. ta. 13. Ludovlco S11va.. Teoría. y práctica de la ldeeJog,i&, Ed. Nuest.ro Tiem.PO. Annand M&ttela.rt, op. dl:., p. 46. 291 y difusión de muy elaboraoperarla. Esa Hans Magnus �INFORMACION Y ENAJENACION INFORMACION Y ENAJENACION Enzensberger habla justamente de una manipulación industrial de las conciencias. to del poder sobre los distribuidores, sobre los proveedores, sobre los compradores". La voz del amo; el garrote del amo. La industrialización de la información ha debido seguir las mis• mas líneas del capitalismo. "En el estadio monopolista, la acumula, cwn de capital se extiende hasta comprender, además de la produc• ción, la de los bienes de consumo y de los servicios. La acumulación se realiza no sólo por la explotación de la fuerza de trabajo en el pro• ceso de producción, sino también a través del consumo, en el nivel de todos los intercambios. En ese momento, la explotación de la fuer• za de trabajo es un caso (el fundamental y el más importante pero no el único) de la explotación de las necesidades, base esencial de la acumulación capitalista. La imagen y la palabra son una de éstas, de la que se apodera el capital, como tiende a hacerlo con todo aquello que el trabajador es susceptible de consumir". 14 La clase trabajadora consumirá mensajes que la induzcan a iden• tificarse con la racionalidad del régimen en que se sostiene la clase que la explota, con sus fetiches. Esta identificación será cada vez más eficaz y generalizada en la medida que las técnicas manipulatorias tiendan a uniformar los esquemas de pensamiento y conducta a través de los estereotipos que fabrican los medios. Tal tendencia se explica por la más amplia del capital a conformar monopolios. Al hacer el análisis sobre el monopolio periodístico Springer de Alema• nia, Werner Hoffman apuntaba las siguientes tesis: "l. La prensa es una industria. Apunta a la obtención de beneficios. Difunde noticias, opiniones y pasatiempos como mercancías y viene sometida con ello, a las leyes de la producción mercantil". "2. La prensa sigue las tendencias generales de la industria: intensidad creciente de las inversiones de la empresa, peso cada vez: mayor de los costos fijos y, en consecuencia, necesidad de producir masivamente; tendencias a la unificación de los capitales privados en circulación, a la racionalización del gasto de capital y a la disminución del tiempo del mismo y, con ello, a la producción, compra y venta al por mayor ('concentración'); dominio de los mercados; aumen• 14. Jaime Goded y Fernando ruco Galán. "El reaeate de la. palab@", en &en.la H«lf••• •• Ciencla@. Po1ítlca,s:, No. ~. pp. 18•19. 292 "3. El carácter industrial de la prensa determina la naturaleza de su m_ercancía. El producto físico de la empresa 'prensa', la obra impresa misma no es smo el substrato material, el portador de un contenido, _la comunicación de un valor de uso de naturaleza espiritual, que viene a ser vendido. En lo que a las mercancjas concierne al valor útil de la cosa le corresponde una función de valorizació~ del capital, Y no puede decirse que la mercancía espiritual o cultural constituye una excepción. En el criterio del éxito se revela la violación del valo_r de uso por el interés. El sentido social de la prensa -la med1ac1on de material de formación de opinión- viene subordinado a un fin económico privado de todo punto ajeno, e incluso contradictono,. respecto de la. cosa: la obtención de beneficio. De ahí que la pos1b1lldad de d1fund1r y propagar la mercancía determina la elección, contenido Y forma de presentación de la oferta. Y que la oferta se creo su propia demanda. De este modo, la ley de la producción masiva se convierte en la ley de gusto de las masas y en el rebajamiento del lector culmina u~a necesidad de producción, que viene a presentarse como_ la necesidad de la propia demanda, que necesita ser, a su vez, satisfecha". 15 . La in41uencia de los trusts primitivos que controlaron Joseph Pulltzer Y Wlll1am Randolph Hearst (sueños del ciudadano Kane) no podrían tener paralelo con la que hoy ejercen las grandes agencias informativas (UPI, Associated Press, France Press, Reuter, Tass) y las emp_resas t~ansnacionales (ATT, ITT, RCA, etc.). El "New York World"' Jamas hub,e~a.. pensado, con todas sus detonantes primeras planas estar en pos1b11idad de promover planes de esterilización masiva en la l~dia o en Brasil, o de apoyar la desestabilización de un régimen nacmnal como lo hizo la ITT (Internacional Telegraph and Telephone) en Chile. El control monopólico de la información (no es casual que el 65 0¾, d~I flu¡o mundial de mensajes proceda de Estados Unidos) es un refle¡o del control monopólico de la producción y de la lucha por controlar de la misma manera los mercados mundiales. ,. Armand Mattelart se ha encargado de desenmascarar los tortuosos nexos de 15. ;.ei;:r H. Annand M'a.ttela.rt., .Ur«11ilón dedie el e&Pui•, p. lO'J. Hoffman citado POr W. Hund en Co111anieadn. ,. Sedead. Bd'. ComW11cac1.ósi,,. 293 �INFORMACION Y ENAJENACION los trusts norteamericanos. Las grandes firmas productoras de aparatos eléctricos y dispositivos informativos producen, además de productos de consumo diverso, a través de sus filiales, artefactos bélicos. La General Electric, la Westinghouse y la RCA Víctor, que fabrican televisiones y satélites, fabrican también bombas de las que fueron lanzadas en Vietnam. Si las bombas tuvieron el fin de destruir a un enemigo empeñado simplemente en defender su autonomía y un modo de vida diferente del ofrecido por el capitalismo, sería ingenuo creer que la distribución de radios y televisores se propusiera otra cosa que difundir ideas para destruir al mismo empeño en los países que se hallan bajo la hegemonía del imperialismo norteamericano. Rockefeller, cuyo grupo financiero controla importantes porcentaJes de las acciones de esas empresas, no estaría dispuesto a invertir en la fabricación de aparatos de radio y televisión si en los países dependientes, estos aparatos fuesen a difundir concepciones que contradijeran las que él expuso, por ejemplo, en su informe al gobierno de los Estados Unidos sobre la política que debían seguir en América Latina. La alternativa. Las masas populares de los países de capitalismo dependiente tienen pocas posibilidades de recuperar su lenguaje -y menos de recrearlo- partiendo de la información que reciben de los medios controlados por el imperialismo norteamericano a través de las burguesías criollas que conjuntamente con él se oponen a los procesos de cambio social. La gran prensa, las cadenas de radio y televisión, las compañías distribuidoras de films, las empresas editoras de materiales grabados no constituyen una alternativa de aprendizaje de formas que conduzcan a descubrir las causas de la enajenación y la supresión de las mismas. La alternativa la constituye la invención y desarrollo de estrategias comunicativas que pueden ir desde la presión organizada para conseguir la expropiación de empresas informativas en cuyo control participarán grupos populares, hasta el diseño de órganos marginales (periódicos, murales, minilibros, volantes, carteles·, brigadas de información y actuación, etc.), dirigidos democráticamente, y la utilización cada vez más intensa y creativa de los espacios urbanos que ofrecen las ciudades. Hay experiencias importantes como la china, que debiera contemplarse, o como la peruana, que cabría profundizar. 294 JESUS CANTU ESCALANTE HACIA UN PERIODISMO MODERNO E 1 desempleo aumenta vertiginosamente; los precios siguen igual tendencia; los países ricos enriquecen más y los pobres empobrecen; hambre e injusticias extienden sus dominios; corrupción y egoísmo predominan sobre todos los valores; golpes de Estado se suceden frecuentemente; un gran porcentaje de la poqlación mundial vive bajo dictaduras de uno u otro extremo, pero al fin y al cabo dictaduras; incluso los países más poderosos enfrentan serias crisis económicas, desequilibrios estructurales, déficit con el exterior, devaluaciones, etc.; las presiones demográficas; hoy somos cuatro mil millones de seres y hágase lo que se haga o suceda lo que suceda, cuando despunte el siglo 21 seremos seis mil millones; las drogas; las guerrillas y la nueva y brutal penetración del coloniaje; el dominio por el camino de la tecnología. La lista de calamidades seria interminable; la crisis sin duda, es de las más serias que ha vivido la humanidad, librarla con éxito es el reto más grande de nuestra avanzada civilización, que ostenta triunfos inobjetables y avances tecnológicos acelerados. Creemos en el hombre, tenemos fe en su capacidad de superación. Si en situaciones obviamente desventajosas, alcanzó el éxito, esta crisis puede y debe ser aún más positiva que las anteriores, si la inteligencia preside sus decisiones. Decimos positiva, porque creemos en I¡¡ crisis como activante de la evolución, que obliga a progresar y revolucionar sistemas obsoletos, de bondades aparentes o reales en el momento de su regencia, pero obviamente anacrónicos ahora. �HACIA UN PERIODISMO MODERNO HACIA UN PERIODISMO MODERNO La responsabilidad del cambio, debe ser compartida equitativamente. Y equitativamente implica de acuerdo con la capacidad intelectual, económica y política de cada quien. En esta distribución d~ responsabilidades los medios de comunicación, y especialmente la prensa escrita, juegan papel preponderante. Creemos, y ya lo hemos expresado, que la prensa debe ser elemento activo de cambio. No puede conformarse con ser testigo pasivo de la historia, menos en momentos cruciales y decisivos para el futuro de la humanidad. No podemos limitarnos a dejar un testimonio escrito, para que otros escriban la historia. Cierto, ésto es parte fundamental de su función trascendente, pero en nosotros, en esta generación nuestra, comienza la nueva historia. Es necesario dejar la cita puntual, pero entrever la consecuencia. Sólo pensar en tantas discusiones y problemas que se hubieran evitado de haber registrado testimonios exactos, precisos, de los tiempos antiguos obliga a la previsión. La cita escueta, la cifra exacta, carecen de valor inmanente, si no se acompañan del contenido social que es la dirección modi,rna que ha tomado la filosofía de la historia. Es menester que ayudemos a conformar un mundo mejor en el que el derecho a ser escuchado sea el principio de convivencia. Es necesario intervenir con actitudes más criticas, en el sentido más am, plio de la palabra, crítica constructiva que levante monumentos a la inteligencia donde el tiempo, barrió, viejas arqueologías y crítica perseverante y sana para arrasar cuanto niegue la posibilidad humana. La meta final del periodismo debe ser la verdad. Para alcanzarla debemos investigar, cuestionar, provocar las controversias, que conduzcan a soluciones óptimas y a terminar cuanto de malo y equivocado haya del sistema. Esa es la búsqueda de la verdad auténtica Y única. -que simples voceros oficialistas y oficiales de empresas, sindicatos, gobiernos y bloques elitistas. Programas, proyectos y realizaciones, hay equivocados y es obligación del periodista denunciar el error y despertar el nacimiento de la solución, para que corresponda al político implementarla. Si nos concretamos a dar simplemente la noticia, seria empobrecer el destino de la prensa, limitarla a un catálogo de aciertos y errores, simples apuntadores de la historia. Sería aceptar lo que para algunos es su verdad y no penetrar en la verdad de todos, lo que realmente trasciende en lo social. Debemos ser críticos y ver más allá del hecho. Ser algo más 296 Por otro lado, los avances de las telecomunicaciones nos obligan a esforzarnos más. En esta era de la electrónica, en la que la radio tiene primacía en la noticia y la televisión la muestra objetiva, lo menos que puede hacer un periódico es analizarla, interpretarla, profundizar en ella. Estas exigencias obligan a buscar un reportaje profundo, creativo, especial, o como se quiera llamarlo. Lo importante es que se analicen las causas, efectos y repercusiones de los hechos. Hemos perdido la primacía de la noticia. Eso nos obliga a buscar más datos, que nos coloquen en paridad de circunstancias con quie:ies de alguna manera son nuestra competencia (radio, televisión). Digo de alguna manera, ya que los papeles y limitaciones son muy distintos, así como las responsabilidades y obligaciones. Quizá en la publicidad exista competencia, por ser todos medios de comunicación y por lo tanto canales para llegar al consumidor; sin embargo, como los usuarios son distintos, la competencia es relativa, pues es imposible prescindir totalmente de uno de los medios en cualquier campaña publicitaria. En el campo de noticias, tanto radio como televisión tienen como adversario y limitante el tiempo. Sólo algunas palabras, algunos segundos para exponerla pues de otra manera las importaciones serian en su economía. Por otra parte, si en ese momento se carece de auditorio, la noticia se pierde. En el periódico, uno la tiene a su dis• pos,ción en cualquier momento, para leerla, meditarla y analizarla. El destino de la noticia varía, según sea el medio que la trate. Son muy distintos. No hablamos de memoria. Acabamos de estar en Italia, país donde radio y televisión están en manos del gobierno y por lo tanto juegan en su favor, si bien cabe aclarar que ambas son malas, pues no cumplen ninguna de sus funciones, ni siquiera divertir, menos informar, ni educar. Una prensa resurgiente, crítica, después de varios decenios de sueño tranquilizante, ha despertado y la península entera se estremece en ese inesperado despertar. Los partran que no pueden actuar a su antojo pues hay un vigilante que se llama opinión pública personificado en los periódicos. De allá emer, tidos políticos, que durante tres decenios habían cometido abusos e implementado soluciones que les venían en gana, de pronto se encuengieron las nuevas reglas del juego. Los políticos así lo han entendido. 297 �HACIA UN PERIODISMO MODERNO HACIA UN PERIODISMO MODERNO La prensa escrita es responsable de la crítica situación de la tierra del Papa. Durante decenios, con aprobación silenciosa por los embutes, corrupciones y compadrazgos que guiaban la vida italiana. De pronto despertó al pueblo que no estuvo de acuerdo con la manera en que había sido gobernado, ni la forma en que se conduce al país, pero que no encuentra a su alcance ninguna solución y lucha desesperado por buscar un porvenir mejor, por encima de la vida actual, llena de desequilibrios y falta de valores. Este es un ejemplo de la fuerza de la prensa escrita cuando logra desempeñar el papel que le corresponde; es decir, cuando es más crítica, analítica, profunda e interpretativa. Es un ejemplo de que la prensa no está destinada a morir como algunos creen o quieren, sino a renovarse, a evolucionar, a progresar y aceptar su responsabilidad social. De manera que nadie se apresure a enviar esquelas de defunción. La responsabilidad social de la prensa es grande. De su acti• tud crítica o complaciente, puede pender en parte el futuro de la humanidad. En su lucha en la búsqueda de lo auténtico para todos y no lo que algunos quieren para sí, la prensa tiene que ser vigilante y autocrítica, para no incurrir en la concepción vanidosa de la suficiencia. Debe escuchar y cotejar. De su éxito en la búsqueda de soluciones óptimas, pero sobre todo de que supere su propia crisis, depende el éxito de esta avanzada que constriñen al hombre y limitan sus posfbilidades. La crisis de la prensa es quizá más grande aún que la de otros sectores. Y a su pobreza de miras habría que añadir, pero valiente, responsablemente, la baja moral, la corrupción, los embutes, que de• forman la realidad, en un sentido u otro. En muchos casos se da a conocer sólo lo que uno quiere o cree que sea la verdad universal; pero sobre todo es necesario dejar constancia que los rezagos técnicos nos preocupan, pero más el deterioro editorial, que hemós descendido y no a escala nacional, sino a dimensiones continentales. La situación actual de la prensa es de crisis. Nos encontramos en un periodismo con varios decenios atrás, que por el hecho de dar la noticia escueta y simple, creemos cumplido el deber. Vivimos petrificados en la década de los años 50, cuando en manos de la pren• sa escrita estaba toda la fuerza de la información, cuando no tenía• mos competencia a la vista. El tiempo no se detuvo, fuimos nosotros los que detuvimos las manecillas del reloj. Peor aún, hemos retrocedido, pues antes el esfuerzo del repor• tero por obtener la noticia implicaba ingenio y astucia. Hoy con las centrales de información en las empresas privadas, los sindicatos, íos gobiernos, etc., el reportero está convertido en un simple bell boy de cierta elegancia. Todo lo que hace es recoger boletines y transcribir• los al periódico y algunas veces ni eso, para que al día siguiente aparezcan impresos como fruto de su esfuerzo y trabajo, cuando en reali• dad sólo transmiten lo,que la fuente quiere, en gran número de veces sin preguntar o razonar lo que se dice. Los principales obstáculos para lograr el periodismo de que hemos hablado son sin duda la corrupción, en diversas formas, tanto dentro de los periódicos como en las fuentes; el bajo nivel cultural de los periodistas; la caja registradora; grupos interesados en que las cosas sigan como están y la falta de profesionales en todos lo, medios, 298 299 Peor son las gacetillas, éstas sí representan única y exclusivamen• te el punto de vista del anunciante, que las hacen aparecer como reportajes, y muchas veces, no son ni siquiera de interés general, pero son publicadas por ser pagadas.. El periodista moderno debe, sobre todo, tener cultura general, principalmente en ciencias sociales y conocimientos básicos de las ciencias físicas, químicas, biológicas, etc., una gran pasión por el oficio, cultivar la duda metódica, dominar la investigación y sus técnicas y contar con un espíritu creador, El dominio de las técnicas de redacción, aun cuando son elemento necesario, en opinión personal, pueden sustituirse cuando la persona domina ampliamente las anteriores características, pues en cuanto a estilo se puede conseguir un redactor o un corrector de estilo, pero un buen investigador o reportero es difícil de encontrar. Por otro lado, el estilo nunca termina de mejorarse. y las reglas de redacción fundamentales son violadas constantemente por los redactores experimentados. Lo ideal sería que dominaran todos los aspectos, pero es• te último es más fácil de corregir sobre todo si consideramos la lucha contra el reloj de los diarios. Lo ideal seria contar con expertos en cada campo, o al menos tener a quien recu'rrir para análisis y dudas de información, pero resultaría costoso y en el periodismo mexicano realmente nos contenta• riamos ~on tener personal capacitado, pues es bajo el nivel cultural, por regla general, y esto es obstáculo grande para los reportajes profundos e interpretativos. �HACIA UN PERIODISMO MODERNO esta última fundamental, pues engloba prácticamente todas las anteriores. r s al Brevemente desglosaremos estos obstáculos y ana 1zaremo gunos puntos de vista personales. _ _ . La corrupción, en todas sus formas, no sólo la, econom1ca rn la abierta O directa. Existen varias formas de corrupc1on, van desde el que calla una noticia o la da favorable por amistad, por pagar favores, por el estimulo económico, por temor o por chantaje, ésto por partede los periodistas. En el otro lado, la fuente le es "fiel " al ~eporte:o y no quiere dar noticias a nadie que no sea el reportero de la tuen,e, mucho menos publicidad, pues saben que el reportero lleva su comisión, y por lo tanto, les estará agradecido. El bajo nivel cultural de los periodistas, pues en general: son personas sin profesión y aun cuando existen excepc1on~s han, osas,_ no hay la ambición por cultivarse para wmpl1r su func1on plen:,:r1ente no hay la sed de cultura que transmiten los libros; no se bu- va la s~peración real del reportero, hablamos de un model? general que ~; ninguna manera corresponde a todos los casos, ins1st1mos: hay su excepciones, pero confirman la regla. , _ La caja registradora, es sin lugar a dudas important_is1ma. Un periódico no puede sostenerse sin ingresos. Estos son prooucto de _la publicidad y éste es un aspecto que no puede perderse_de v1st~ Jamás. La publicidad debiera distribuirse como consecuencia del numero de lectores, y éste debería incrementarse de acuerdo con la calidad editorial del diario; sin embargo, lo primero muchas veces no es cierto como veremos posteriormente, y lo segundo depende del gusto de' los lectores, que muchas veces no es compatible con la linea de los periódicos. _ . Uno de los renglones que afectaría sensiblemente la ca1a registradora, seria el eliminar las gacetillas y los anuncios políticos. De1aria .a un periódico en desventaja respecto a la competencia. Dentro y fuera de los diarios existen grupos interes~dos _en que todo siga igual por así convenir a sus intereses. Es la s1~uac1ón que priva en todos los países subdesarrollados, donde los pnv1leg1os de-ciertos grupos los convierten en intocables y no les conviene que la situación cambie, pues perderían privilegios. Decíamos que en la falta de profesionalismo, se podían englobar todas, y creemos que asi es, pues ésto lleva a que se- acepte I~ corrupción, en todas sus formas; que se esté conforme con un baJo ni- 300 HACIA UN PERIODISMO MODERNO vel cultural; que se trate de evitar el progreso y desarrollo y que la lucha contra la caja registradora no siempre obedezca a lo lógico. Si fuéramos profesionales, evitaríamos cualquier forma de corrupción, porque estaría contra nuestra ética profesional el callar o dar publicidad para beneficio personal o de sector y no de la comunidad. Asimismo las fuentes no tendrían miedo a dar información, sin preferencia, pues no habría nada que ocultar, y confiarían en la honradez del periodista. El profesionalismo asimismo, obligaría a elevar nuestro nivel cultural o al menos a ser meticulosos al documentarnos en cada reportaje profundo que nos encarguen, pues sólo de esa manera lo cumpliríamos correctamente. Contra la caja registradora, el problema de la falta de profesionalismo está principalmente del lado del anunciante. En México el anuncio no se otorga al medio que más conviene, sino al que va más de acuerdo con mis intereses, es decir, es una forma oculta pero innegable de cohecho. No habría quién tratara de impedir el progreso y la evolución, pues al final seria para bienestar colectivo y ésto está dentro de la ética profesional de toda actividad honorable. Este es el obstáculo fundamental, el más fuerte. Estamos seguros, sin embargo, que todos estos obstáculos se vencerán y lograremos conformar una prensa crítica, analitica, interpretativa y sobre todo acorde a los tiempos ; seguros también de que no hemos sido los primeros, los únicos, ni los últimos que intenten cambiar el rumbo, que los males son seculares y arraigados, pero no invencibles. Y recordando aquella frase que apare-ció en los muros de una universidad parisina, durante la Revolución del 68: "Hay que ser realistas, hay que pedir lo imposible". Los primeros pasos para vencer estos obstáculos, serian evitar las fuentes permanentes que forman ataduras y compromisos y facilitan las componendas ; dar rienda suelta a la creatividad del periodista y quitarle todos los lazos, proporcionar/e el tiempo y dinero ne, cesarios para la realización de los reportajes; evitar que el trabajo del reportero gire en tornó al boletín, ya que éste puede ser un buen auxiliar, pero no debe ser la parte central del trapajo periodístico, pues ésto se puede lograr teniendo una persona (fue elabore todos aquellos boletines que por su importancia deben ser pijblicados, pero no merecen mayor documentación y entregar a los reporteros aquellos que 301 �HACIA UN PERIODISMO MODERNO puedan ser enriquecidos con el trabajo personal; eliminar el sistema de comisiones, pues si fue bueno en su tiempo, en los actuales no opera, al reportero debe pagársele por lo que desarrolla dentro de su trabajo y no por la venta de publicidad; no subordinar la acción periodística a ninguna clase de presiones, sean estas económicas, sociales, amistosas, etc., y, sobre todo, luchar por la profesionalización del medio periodístico desde los editores hasta los veladores, y sobre todo, de la sociedad en general. Hasta aquí hemos realizado un análisis critico de la prensa, pero siempre tomando como base al periodista y hemos olvidado a la empresa que carga sobre sus espaldas la culpa del bajo nivel editorial HACIA UN PERIODISMO MODERNO _H_e venido a someter a la inteligente consideración de ustedes este rap1do examen de la situación del periodismo. Lo dicho es el común denominador. No he venido a decir a ustedes que en mi periódico las cosas son distintas. Algo, sin em~arg_o, vale decir: hemos detectado el problema, hemos tomado conc1enc1a de él y ésto, amigos universitarios, significa que hemos comenzado a dar los primeros pasos para su solución. de los periódicos. Bastaría ver cuántos editores han hecho del periodismo su modus viven<li o cuando menos la principal fuente de ingresos; si le dedican a esta profesión la mayor parte de su tiempo. Como mencionábamos al inicio de la plática, las responsabilidades deben ser compartidas y la responsabilidad de la crisis periodística debe dividirse entre todo el personal de las casas editoras, desde el editor hasta el velador, y si se distribuyen con la misma regla con la que distribuimos las responsabilidades de la crisis del mundo, sobra decir quién carga mayor responsabilidad. Hemos fustigado a los periodistas por los embutes y la corrupción, pero en su descargo debemos reconocer lo que en justicia les corresponde y recordando a San Agustín, diremos que para que la virtud florezca se necesita un poco de bienestar económico. Justo es reconocer que el reportero nunca ha sido bien remunerado por su trabajo periodístico. Este es uno de los cambios fundamentales en la nueva era del periodismo. Poco hemos hecho por vencer la crisis hasta estos momentos pero tenemos a nuestro favor el haber tomado conciencia del problema y buscar soluciones para enfrentar la crisis. Mención aparte merece el tan discutido tema de la Libertad de Prensa, de la que hoy celebramos un aniversario más de estar consagrada en la Constitución. Tratar este punto sería objeto de una conferencia completa, sólo queremos dejar aclarado que ésta existe y que las limitaciones más fuertes a la libertad de prensa provienen de los vicios del periodismo que ya hemos tratado y de la renuncia solapada imprudente que el mismo periodista hace de la libertad. Amigos universitarios: 302 303 �ALBERTO GARCIA GUZMAN EL OFICIO PERIODISTICO S igue siendo un oficio para los que no ostentamos titulo profesional expedido por la escuela o facultad de periodismo. Y en esta calidad andamos una gran mayoría de emborronadores de cuartillas. Sin embargo, hay un documento que ampara a muchos intrépidos periodistas de oficio y de beneficio. No está firmado por ninguna autoridad académica y se adhiere al parabrisa de los coches a título de patente de corso, en algunos casos. No sería esta clase de título la que yo aconsejaría a los estudian-· tes de periodismo. Nada tengo en lo personal contra dichas personas y dicha práctica. Tampoco está legalmente prohibido hacer comerciales acerca del propio oficio en la vía pública. Pero hay una reserva general poco dicha y menos escrita que parece decir: si lo pregonas mucho, no lo eres. En fin, ésta es la parte menos trascendental en el quahacer periodístico. Cuentan de cierto y de fijo las tareas realizadas con sano intento y abierta imaginación en el arte de informar y de ehjuiciar los aconteceres, de toda índole, con excepción de aquellos cuya divulgación puede causar daño a las personas privadas sin aportar beneficio alguno al interés público. En el ejercicio empírico del periodismo creo haber aprendido que la autocrítica es indispensable para quien se mete a criticar a los demás. Y en la parte fundamental de esa autocrítica se apunta la tendencia muy generalizada entre los periodistas, sobre todo en aquellos que se inician, a experimentar la sensadón de que en la yema hormiguean- �EL OFICIO PERIODISTICO te de sus dedos se halla la suerte de cualquier individuo, grupo social o entidad colectiva. Puede ser más o menos sutil, más o menos intensa, pero en el principio es difícil sustraerse a la sensación .de dominio. _ . Como si al hundir cada tecla de la maquinilla se hundieran simultáneamente aquellos que no piensan como nosotros, que nos infringieron un desaire, que nos lastimaron con su soberbia Y también, inclu• so, con su modestia. En nuestras manos está la suerte del mundo que nos rodea. Y si dejamos libre a la imaginación, hasta la suerte de la EL OFICIO PERIODISTICO galaxia. . Con el tiempo y con los golpes directos a la vanidad esta. tende_n• cia va disminuyendo. No se acaba del todo. En algunos persiste aun en la madurez. Ya es cuestión de sensibilidad. Hasta hace poco era bastante acertado el aforismo de que para ser periodista no es preciso estar loco, pero en algo ayuda. Esto resplandecía en toda su amplitud cuando dicha actividad estaba reserva• da a los bohemios y soñadores, poetas y literatos, idealistas Y revolucionarios que instrumentaban órganos de difusión para figuras públicas, políticos, clubes o partidos. En fin, cuando el periodismo sólo tenía una forma de vivir y esa era el subsidio. En la historia de este oficio es común hallar a poetas Y literatos como fundadores y continuadores de un periódico que solía estar destinado a durar la longitud de una campaña y, en el mejor caso, la duración del combate por una causa específica. La actividad se entendía más como un pasatiempo que como una dedicación completa. Los editores recitaban versos en las tabernas Y muchas veces allí mismo, entre la algazara de la tertulia, los humos del cigarro y el alcohol pergañaban sus editoriales que en no pocas ocasiones eran leídos a la concurrencia, en voz alta, muchas horas antes de aparecer impresos en el periódico. Durante la Revolución Mexicana surgieron innúmeras publicacio, nes de toda índole. Algunas, las menos de gran calidad, con cierta solidez pecuniaria y con ánimos de prevalecer. Algunos lo consiguieron y allí están, ondeando airosamente sus logotipos como banderas de triunfadores. El periodismo, al conjuro de la transformación general del país, al influjo de la industrialización, se hizo también industrial. Adoptó asimismo, en su organización interna, todos los rasgos y modalidades de una empresa moderna. Aparecieron los deberes y los derechos, los horarios de trabajo y la obligación de cumplirlos en persona. Los pe- riodistas se dedicaron a escribir y los bohemios de taberna se quedaron a la zaga, declamando crónicas y artículos, versos y prosas elegantes a cambio de una y otra copa. Este género ya está en desuso. Sucumbió al paso arrasante de la misma historia que ellos escribían. Así como en el teatro, la música, la pintura y demás bellas artes, en el periodismo se cultivan diversos géneros. Lo clásico, lo abstracto, lo barroco, lo ligero, el vodevil, el bataclán y toda la gama de matices. Hay periódicos que escogen para su especialidad la nota roja; otros el mundo de los negocios, o bien la crónica de sociedad; el deporte, etcétera. Los hay también que tratan de conjugar todas las fa. ses, pero siempre en ellos predomina alguna de las tendencias, y así se ubican y se identifican por el público lector. La época en que vivimos, para el ejercicio periodístico deja sobrep_onerse un género que no se había cultivado sino por periodistas socialmente descalificados, mal vistos, menospreciados como profesionales de la noticia. Este género es la nota de alcoba mezclada con el diner?, dos elementos que en estos días tienen un gran arraigo en el mteres de las masas que leen periódicos o novelas, que ven. cine O televisión. Como ocurre generalmente en todos los avances, para bien o para mal, es en los Estados Unidos donde el género empezó a trabajarse con gran éxito. Luego se extiende a los demás países. También eso ocurre comúnmente. El periodismo intrépido que descubre situaciones ocultas o desconocidas para el gran público ha existido desde hace mucho, pero actu~lm~nte ese. es el sello distintivo del periodismo que triunfa. y en termmos comentes del cuño actual periodismo triunfante es aquel que vende millones de ejemplares y millones de pulgadas de anuncio. . Cualquier otra consideración, como la cultural, la social, la artística en su sentido clásico, la estética en el sentido de la plástica, ceden terreno, huyen derrotados frente al periódico que publica lo secreto, _lo confidencial, lo escabroso, lo que quizá todos sabían en privado e ignoraban en público. Ahí está el secreto del éxito. Porque el lenguaje moderno y eso v~le para todas las actividades o casi todas, es el de los valores econó, micos. Todo indica que en el inmediato futuro por lo menos dichos valores acrecentarán su importancia dados los puntos claves que determinan el curso de la humanidad: el aumento de población y la escasez de alimentos. Este binomio de rasgos con apariencia de fatales 306 307 �El OFICIO PERIODISTICO EL OFICIO PERIODISTICO tiene que gobernar todas las manifestaciones de la vida en común. una definición pragmática del periodismo actual puede concretarse a mi modo de ver, en la siguiente forma: no se puede hacer periodi~mo sin dinero. Y el dinero no se pone a disposición de los pe· riodistas para ser combatido por e!los. Así que, o se es órgano. del capital privado o se es órgano del gobierno, que tiene el capital publi- plica una disminución del esfuerzo y un empeño menos acucioso de la inteligencia. la noticia ya está hecha, bien o mal, cierta o falsa natural o manipulada y sólo queda lo que en la jerga del oficio se 1Íama "revolcarla" o "refritearla". la flojera ocasional o consuetudinaria la repetición incesante sobre un espíritu sin mayor vocación acaba po~ pasar ese boletín sin alteración alguna, ni en la forma y mucho menos en el fondo, hasta convertir al reportero en algo así como un mensajero que acarrea noticias a su periódico. Otro embate decisivo en el ángulo de la información escrita se halla en los medios electrónicos. la radio y la televisión avasallan es, te campo con todas las ventajas a su favor. Pueden transmitir a una vastísima concurrencia los acontecimientos del mundo en el instante mismo en que se producen. . El _audio y el video van muchas horas adelante de la prensa, con la inestimable añadidura de que para captarlos y entenderlos en su aspecto fundamental no hace falta saber leer. Su penetración es multitudinaria Y su cobertura no tiene más límites que la corriente eléctrica. co. d N En ambos medios se pueden conseguir algunas liberta es. o tantas como se pregona en los discursos políticos, pero_ sí las ~uficientes para realizarse en el oficio conforme a la prop1a .. sens1~1l1~ad. Hasta el momento y por fortuna cada hombre con vocac1on peno? 1~t1ca puede escoger la línea que se adapta más a su cuadro 1deolog1co y a sus aspiraciones sociales. . No podemos asegurar que en el futuro prevalezca ~sta amphtud de opciones, aunque en el peor de los casos creo que siempre ex1st1rán los rebeldes precursores de la conquista o la reconqwsta_ de las libertades esenciales y una de ellas es la libertad de expres1on. Con espíritu abierto a la captación de la realidad podemos apreciar una tendencia en el periodismo moderno, configurada en el º:den técnico y político. Es la que se dirige a organizar la tnformac1on Y conducirla a través de canales profesionales uniformes. Desde q~e se crearon los departamentos de prensa, muy especialmente en el ª1'.1blto oficial y sin que éstos representen una coacción física m una ltm1tación a las capacidades individuales del periodista, se ha operado una reducción de la iniciativa, como sucede con todo aquello que ~e vuelve más fácil: propende a embotar el ímpetu creador, la audacia romántica del reportero. . . Antes de aparecer esta modalidad cada buscador_ de not1c1as era un combatiente, un competidor de sus colegas, lo mismo en la busqueda que en la interpretación y en la presentación de su material. Las exclusivas de primera plana y de ocho columnas representaban un timbre de orgullo profesional y determinaban en gran manera el éxito y las mejores oportunidades. No quiero decir que ésto haya desaparecido, sólo que la abundancia de comodidades Y el surg1m1ento de otros medios eficaces en el campo not1c1oso han puesto en segundo término la calidad de gambusina, de descubridor de hechos ign_orados que tenía el periodista. Esta calidad exige ahora mayor profes1onaltsmo y una más acabada especialización, como en todos los rumbos del quehacer humano. El boletín de prensa difundido con la más vasta generosidad im- 308 En la más humilde colonia de precaristas podemos ver cómo salen al espacio las antenas de radio y televisión, para un público que en grandísima cantidad de casos no ve un periódico en mucho tiempo y si lo ve no lo entiende. Esto que a simple vista es una importante desventaja no ha logrado minar la existencia de periódicos ni el surgimiento de otros nuevos en número sorprendente. Porque la prensa escrita, usando su propio instinto de conservación Y yendo a lo más propiamente suyo, deriva sus servicios profesionales hacia el enfoque interpretativo de los hechos. Va poniendo cada día más énfasis en el enjuiciamiento de esos mismos hechos que en la simple presentación de corte puramente noticioso. los periódicos más avanzados que conocemos dan ahora mayor prioridad al reportaje y a la crónica, a la discusión del acontecimiento que a la sola comunicación del mismo, porque éste ya es del conocimiento público desde muchas horas antes, con todo y sus implica• ciones elementales, de primera mano. El periódico penetra en el fondo, bucea los pormenores, obtiene antecedentes y repercusiones, extrae la historia de las causas y motivaciones Y, pasando por la escueta y palpitante actualidad del minuto, ofrece los posibles derroteros del sucedido y sus ulteriores impac- tos. 309 �EL OFICIO PERIODISTICO Creo que éste es el periodismo que ha de hacerse si hemos de sobrevivir en el oficio. Cada periodista ha de poner en juego su facultad de observación, de análisis, su capacidad de juicio para dar a sus lectores un cuadro esquemático de la realidad que existe y de la que debe existir, con apego a los valores fundamentales de la vida y a la lucha general por la felicidad humana. No debe ya conformarse con transmitirle al público los prosaicos pormenores de un hecho dado con lenguaje mecánico y adocenado, porque eso es lo que sobra. Tiene que ser directo, claro, sincero, sin desdeñar una elegancia gramatical cuya lectura produzca grata sensación y deje una utilidad indiscutible, o una inquietud en el pensamiento. Vivimos la época en que la pedantería en el escribir, la cursilería sentimental de antaño se baten en retirada; el tono declamatorio, la retórica rebuscada y otros factores que fueron adorno del viejo periodismo tienen que dar paso a la objetividad y el contenido, sin caer en el pragmatismo metálico. Porque las sensaciones no han muerto, si, no que han variado los incentivos que las promueven. Una de las formas periodísticas que ha tornado auge en nues, tro tiempo es la columna. Prueba irreductible de esa derivación hacia el juicio por sobre la noticia de que hemos hablado antes. La columna es una expresión individual que, por lo mismo, por su originalidad, tiene tantos partidarios entre los que escriben y los que leen. Cuando proporciona noticias las envuelve en una particular escenografía. Dijérase que el columnista las cocina y ya sabemos que en este arte hay una suprema variedad, una gran riqueza de sabores. En este género se advierte con mayor claridad, más específicamente, la diversidad de preferencias del público lector, que es tan heterogéneo en ésta como en cualquier otra aplicación. El mínimo repaso a los periódicos nos convence de que el género colurnnistico es muy favorecido en la actualidad. El periodista se sale del anonimato y se presenta como en un escenario lleno de luces. Se expone con mayor objetividad a la critica y al desdén de los lecto• res. Corre siempre más riesgos que si solamente se agrupa en la masa de información impersonal. No todas las columnas tienen fortuna, claro está. Las hay que pasan desapercibidas meses y años y las hay que son buscadas con avidez y en buena parte coadyuvan al éxito o el fracaso de la publicación en que aparecen. Las hay serias y dogmáticas, pontificales, informadas al margen de la corriente general, documentadas y con aco- 310 311 �El OFICIO PERIOOISTICO go. No podía calibrar que alguien, en un momento dado y por m_era asociación de nombres y de ideas, tomara en serio a mis persona¡es, tan desprovistos de personalidad, tan desvaídos, por intenci~n Y p_or incapacidad literaria o imaginativa al mismo tiempo, que al primer vistazo se desmoronaban en la frivolidad y en la nadería. Pero había alguien que les daba vida y los metía en la suya por ese muy explicable anhelo de encontrar lo que se busca donde quiera que se presenta el menor signo de su aliento humano. Seguramente la interlocutora que me suponía amigo de su ex consorte y me recriminaba por ello, fue dándose cuenta de su error Y la copiosa correspondencia bajó a plomo hasta acabarse definitiva~ente, no sin antes causarme algunas reflexiones sobre la responsab1l1dad ' que se adopta al combinar lo ficticio con la realidad sin establecer con la suficiente claridad la línea de separación . Desconozco hasta que punto el periodismo, en sus orígenes, se mantuvo ligado a la política. Pero es indudable que a la fecha ambas disciplinas parecen gemelas. Incluso muchísimas personas de buena fe llegan a confundirlas debido a que siempre las ven de la mano. lo más común es ver periodistas metidos a políticos y viceversa. Señores empresarios de periódicos dan por hecho que su periodismo es un instrumento político. Que sin la política los periódicos no tendrían razón de existir. Si alguien tiene aspiraciones políticas piensa en crear un perió· dico. Si no llegan sus recursos a tal posibilidad trata de asociarse con el que los tiene o por lo menos dada su insuficiencia de recursos se conforma con ser amigo de .periodistas influyentes. A su vez, no pocos periodistas han hecho del oficio un escalón para alc;anzar puestos públicos. No hay nada de malo en ello sí se actúa correctamente, sin traicionar a la ética. Cualquier aspiración es legítima sí se conduce con verdad. lo triste ocurre cuando entre ambas disciplinas se establece la confusión de tal modo que el sujeto escribe política en el periódico y hace periodismo en la política. En mi juicio muy personal no cabe ese amasiato incondicional de política y periodismo. No se pueden ejercer ambos simultáneamente, a menos que sea el individuo un redomado hipócrita. El periodismo en su más noble acepción no puede ignorar a la política. Esta es el arte de conquistar el poder público y conservarlo. Tiene una obligada relación, estrecha y permanente, con los intereses generales, con la aspiración a mejores formas colectivas de vida, con el anhelo de vivir en justicia y tranquilidad. 312 El OFICIO PERIODISTICO Mediante el periódico se capta y se transmite al mismo tiempo la palpitación del mundo, el pequeño que nos rodea y el vasto que también nos rodea pero a la distancia más o menos corta de los medios -comunicativos. De igual modo que a un organismo se le aplica un detector sensible que registra fielmente todas sus evoluciones, el periódico es el sensible detector de la sociedad organizada. Con indiscutible razón se le llama la historia contemporánea . El periódico, para merecer dignamente ese nombre cuando se trata de una publicación dedicada a las masas con ánimo de servicio, ha de ser un fiel reflejo del medio y de la época en que vive. Falsea~ una u otra cosa o ambas constituye la ruina automática y fatal. Tiene que hacerse frente al público y no de espaldas a él como pretenden infinidad de personas bien intencionadas. Ciertos criterios muy respetables que en lo personal no me satisfacen quieren estimar a la prensa como conductora de masas, como orientadora en si misma, como dueña original de la verdad absoluta, como autoridad intelectual, en la información, el arte y la cultura, como el timonel sin tacha al que hay que obedecer sin regateos, Vana pretensión, creo. No es para tanto. la prensa es un conjunto de vibraciones. lo mismo recibe que entrega. Capta y distribuye, orien~a sólo en la medida de_ los valores que a ella concurren, pe, ro en abierta y sana competencia con otros. Peca de ingenuidad el periodista que llega a creer, en su egocentrismo, que el público es la parte menos importante de la función periodística. Que el público debe tragarse simplemente lo que se le envíe en las páginas ·escritas y que apenas merece, la consideración de u_n párvulo ciego al que podemos y debemos decirle todo lo que conviene, tal como nosotros lo entendemos y él ha de conformarse con leernos mansamente, aceptar nuestros juicios e indicaciones y comprar el periódico cada día. Este es_ un error demasiado común y demasiado elemental, para gente que dice navegar en los ámbitos de la cultura. El público, con Y sin toda su heterogeneidad, es el árbitro supremo. El exalta con su preferencia o hunde con su indiferencia. Publicación que lo ignora o lo olvida ya puede despedirse del éxito. . El periodismo ~ue entiende _su función debe dialogar con el público Y nutrirse de el. Yerran quienes desdeñan la alta circulación de un diario cuestionando su calidad intelectual o presupuestamente intelectual, su pasión ideológica o su tono áspero en la presentación. El 313 �EL OFICIO PERIODISTICO público lector determina su calidad en el acto simple de sacar una moneda y comprarlo en el mercado abierto donde hay muchos otros diarios para escoger. No podemos olvidar que si el público no adquiere una publicación y la lee, aquella publicación está destinada al basurero, con toda su prosapia intelectual. Y en el basurero no proporciona ningún beneficio más que a los pepenadores. Mientras un diario tenga lectores en el mayor número posible es susceptible de mejorarse, de acusar sus ángulos culturales, pulir sus notas policiacas, atenuar las aristas broncas que suelen, gustar al groso público, exaltar los valores finos, etcétera, pero sólo en la medida tolerable para sus consumidores. Sólo tanto como ellos quieran puede sofisticarse. Un periódico sin lectores es un árbol sin savia. Y los árboles sin savia se secan. Pueden ustedes ponerle puntales de dinero por todos lados. La seca remazón continuará entristeciendo el paisaje solamente y halagando la vanidad de quien lo patrocina, pero la gente lo verá como un espantapájaros, un espectro, una negación parada sobre el montículo de fuerzas completamente ajenas al periodismo esencial. Estimados amigos y estudiantes de periodismo: deseo que en el futuro que los espera puedan ustedes crear y sostener periódicos vivos, eminentemente vivos y dispuestos a registrar el mínimo latido de esta sociedad compleja y controvertida. Que aprendan mucho. Y aún después, en el tráfago diario de una profesión que ustedes ennoblezcan más, lleven siempre la mente abierta y el corazón bien puesto. 314 FERNANDO CANTU JAUCKENS LA OBJETIVIDAD DEL PERIODISMO ¿ MITO O REALIDAD ? e ompañeros: Llega a. su_ fin este ciclo veraniego de actividades relacionadas con ~I penod1~mo. En él se han comentado tantos temas concretos Y de _importancia -<lesde los bajos sueldos de los reporterosh~sta los nefastos boletines o si debe o no existir el periódico Universidad que el tema que elegí para esta charla parecería de antemano un tanto abstracto. En realidad se trata de algo muy concr$1o de algo c~ya comprensión debe preocupar no sólo a quienes se inc~rporen mas adelante a la profesión del periodismo, sino a todos, pues todos somos de una manera u otra receptores de información. Hace_ un?s cuatro años se debatía acaloradamente en las escuel~s norteamericanas de periodismo -sobre todo en las de vanguardia-_ ~n tema _q_ue es viej? pero que al complicarse los problemas e~onom1c?s, . P?ht1cos Y sociales, y al incrementarse además la actividad peno~1st1ca y la reflexión sobre ella en buena parte del mundo cob_ra _una importancia creciente: la objetividad o subjetividad en eÍ penod1smo. En los años posteriores los intelectuales del periodismo se ocupar?n tle otros te_mas_ como la discriminación sexual o racial en los medios de comunicación, o si un reportero tiene o no la obli · · de revelar -- 1 gac1on . . quien e proporcionó cierta información, sobre todo en casos mvest1gados por autoridades. Pero la duda persiste en cuanto a lo siguiente: ¿Es cierto que �LA OBJETIVIDAD DEL PERIODISMO ¿MITO O REALIDAD? LA OBJETIVIDAD DEL PERIODISMO ¿MITO O REALIDAD? tocio periodista debe ser "objetivo" a la hora de manejar una informa• ción? ¿Se puede ser totalmente objetivo? ¿Se falta a la ética cuando máscara nada fortuita - que Ios d.1rect1vos .d de empresas periodísticas ~; an a sus repo:l:ros esa "objetividad" que tanto les sirve. El proem~ e~ q~e, ~~brlmente'. han confundido los términos. Han hecho que o~¡ebv1dad se convierta en sinónimo de "neutralidad" cua d en realidad se trata de conceptos que n · T . ' n reportero uede s " " o s1gni ,can lo mismo. Ningún pues ento~ces se ;onv~=~:ºen ªu•~! ~~ de ~anejar una información, tural. ¿Cómo se puede ser neutro ant: ~~n~en:i::e, :~ algo an~i~aante el despojo flagrante de los derechos de otro? pant:'~;PI?. ,_O de un país colonizado? · ' m,sena se es subjetivo? En muchas de esas escuelas se llega a una conclusión: hay que ser "subjetivamente objetivos" u "objetivamente subjetivos". Esto que parece un juego de palabras es un juicio logrado tras un profundo análisis que derriba un mito más del periodismo norteamericano Y quienes lo imitan en todo el mundo: el del reportero objetivo, "puro", neutro. Junto con el pregonado concepto de "libertad de prensa" -li· bertad de empresa, dicen algunos- y el de guardar un equilibrio abs· tracto cuando hay dos partes en conflicto, la falacia del periodismo netamente "objetivo", entre comillas, así como lo entienden sus defen• sores, solamente ha servido para manipular información. Esa gran prensa norteamericana -periódicos, televisores o agencias noticiosas- se ha servido del mito para presentar los hechos de manera no siempre veraz, pues tras el biombo de la objetividad clínica se escamotea el trasfondo de la noticia, se le aisla del contexto, se le mantiene a nivel de superficie. Al final de cuentas, se manipulan conciencias. Es evidente que el concepto de "libertad de prensa" se esgrime con frecuencia cuando se trata de proteger intereses muy definidos y casi nunca positivos. En cuanto al equilibrio entre dos partes, Ed Murrow el periodista norteamericano famoso por sus documenatles de televisión dijo una vez: "A veces, entre dos partes, sólo una tiene la razón''. ° -o Además, nadie tiene por qué exigirle esa neutralidad al reporte;.º écuan do todo el proceso periodístico es enteramente subjetivo. Ana,c mos1o en las act1v1dades cotidianas de un periódico. 1) _En la mañana. se asignan las órdenes de tr~bajo. ¿Qué critese ~gue? ¿Cuáles informaciones se consideran importantes y cuá -~s ~e e¡an. pasar? En el caso de las informaciones que interesan~'nu~! _e~. el ª?gulo que debe investigar el reportero? ¿Dónde está ¡~ o 1c1a segun la empresa? ¿Cuáles -por qué esas y otras- son :~ pr~gun/as que deben hacerse en caso de una entrevista'.!, En todo . o e - ¡e e d: información sigue los lineamientos marcados r la drrecc1on. Al final hay un discernimiento bastante subjetivo. po 2 habla ndo? ~~~r;u:~:g:~f~;~:t~~en¡a e~s;:~rt:~oq~~º: 0 . ~IO i:otq~:: ~!~ to y ~n) ~al/º? ¿Cuales nuevas preguntas formula Y cuáles descarta? n otografo, ¿por qué toma esta acción O tal no · otro? ¿Por qué sorprende al funcionario en un moment::\d~;;~ :o uno que le es favorable? n 4) Cuando el reportero se sienta a la , 1 . . . . a u_t!li~ar; ~o~forme a su visión de los hech:::u 0 penód!c?. tCo_mo va a estructurar la nota? ¿Cuáles son los datos ~sc~1b1ra en s1t10 rele_vante y cuáles los que dejará al final u omit~~~ ,Cuales. son los ad¡ebvos o adverbios que va a emplear para r/ra. a un _su¡eto o una acción? ¿Por qué esos y no otros quizá obJ"et~:a~ecanr • · t e mas acertados? ~ Desde 1923 la Sociedad Norteamericana de Editores de Periódi• cos advirtió que "tomar partido al escribir una noticia -y no explicél jamás que quiso decir con eso-- debe ser considerado como una accióri que subvierte el principio fundamental de la profesión ... ". Y lo que dicen muchos textos clásicos de periodismo es bien conocido. Un ejemplo al azar. En el libro Reportero de Mitchel V. Charneley --que se usa como texto en muchas universidades-- el autor dice: "La objetividad de la noticia es uno de los principios dominantes del periodismo moderno ... el reportero debe mirar los acontecimientos a través de un lente claro, no rosado ni ahumado ... ". La verdad es que hay una realidad objetiva y otra subjetiva. El cosa es que con ciencia e inteligencia el hombre trate de comprender cada vez mejor esa realidad objetiva, y otra que se pueda despojar de mecanismos de percepción que son necesariamente subjetivos. Parece ingenuo -no lo es, porque en verdad se trata de una 5) En la mesa de redacción: ¿Cuál es la foto o nota que va al ceste de la basura por intrascendente o por "delicada" ? ·C · ¡ párrafos que · , ua es son los ·V eah van a censurarse por su contenido O su superficialidad? < arta ~ yacerse la entrada Y desvirtúa eso la visión original del re'. po ero. a la hora de cabecear • ,por que• esa palabra y no otra? ¿Por 316 317 ;ª¡ '~~= ~;::::e ': �LA OBJETIVIDAD DEL PERIODISMO ¿MITO O REALIDAD? LA OBJETIVIDAD DEL PERIODISMO ¿MITO O REALIDAD? qué en ese tipo tan pesado o en el otro tan ligero? ¿Por qué en esa parte de la página y no en otra más o menos destacada? Y ¿por qué va la nota en esa pági,~a de la sección y no en otra donde su impacto en el lector aumente o se diluya? 6) Ya terminado el periódico, ¿Cuál fue la nota que agradó al di• rector y cuál le disgustó? ¿Por qué felicita al reportero por esa informa- je, la estructuración de la información Tod t bien ahora, porque el compromiso con 1~ soci~=~ :s d~ben aprenderlo ~C:~ ~~~~:;~;mªa~:~prender mejor qué somos y cómo a~{u;~ª:sd~~d::: ción y no por otra? Subjetivismo puro. A través de todo el proceso. De manera que mienten quienes se sirven de una objetividad para manipular la información. Queda pues aclarado que el proceso de recabar y transmitir información es esencialmente subjetivo. Pero es necesario aclarar lo siguiente, para que no se malentienda lo que queremos decir: el reconocimiento de que como seres pensantes tenemos derecho a ver el mundo de una manera particular ro implica que cuando nos corresponda informar tengamos licencia para hacerlo con engaño. En realldad, más que la ya trillada dicotomía ante el periodismo objetivo c1 subjetivo, lo que debe interesarnos son dos palabras clave para todo periodista: honestidad y profesionalismo. Ser honesto no basta si no se informa profesionalmente. Y un profesionista de la noticia sin honestidad es un ente nocivo para la sociedad. Se es honesto cuando no se tienen compromisos más que con la conciencia. Cuan· do se valoriza el espacio de un periódico solamente en función del derecho que tiene el lector a ser informado con veracidad y desinterés. Cuando no se disimula la información pagada como si el periódico la considerara transcendente -vicio que impera en nuestra ciudad- sino que se la enmarca debidamente o se especifica que se trata de una inserción pagada. También se es honesto cuando se les paga a los reporteros en función de su calidad y siempre lo suficiente para que con dignidad _y sin necesidad de dádivas cumplan con ese compromiso social que tienen. Es honesto además el reportero que rechaza esas dádivas o que asume la responsabilidad de ser justo en el trato de una información. Ser profesional es más difícil, y en eso están ustedes. Toda la gama de conceptos que asimilen estos años son fundamentales para su posterior desarrollo profesional: la atribución correcta, checar datos con exactitud, cómo manejar una entrevista, la sintaxis, el vocabulario, el estilo, cuáles son los datos relevantes para integrar un reporta- 318 319 �ROMEO ORTIZ MORALES MISION DEL PERIODISMO EN MEXICO E sta charla, más que otra cosa, es una invitación para reflexionar sobre algunas inquietudes en torno al futuro del periodismo y su misión. Son inquietudes que muchos compañeros compartirnos, lo mismo que personas de diversas esferas sociales que esperan del periodismo una influencia m&s amplia y profunda en el desarrollo social del país. Temo, debo advertir, que el afán de brevedad me haya llevado a encerrar ideas y conceptos en un marco demasiado rígido, ya que la intención ha sido soslayar consideraciones obvias para exponer lo que considero aspectos fundamentales del tema que presento ante ustedes. Considero que, reflexionar sobre ro que ha sido y es el periodismo en México, con el más amplio espíritu crítico, es imprescindible para mirar hacia el futuro, sobre todo en el caso de generaciones como las de ustedes, ubicadas entre las primeras que inician su formación profesional en el ámbito universitario, fenómeno ya de por sí interesante para quienes nos preocupamos por la evolución de esta profesión y sus implicaciones con el futuro. Creo yo que es un signo muy alentador, aunque algunos colegas se obstinen en minimizarlo, de que se gestan cambios importantes en el desarrollo del periodismo, sobre todo en el orden profesional. No quiere decir esto que en los egresados de las universidades, con un título en la rama de las comunicaciones, esté la gran responsabilidad de ese cambio. Pero sí que su presencia es una aportación �MISION DEL PERIODISMO EN MEXICO MISION DEL PERIODISMO EN MEXICO valiosa para que el periodismo en México asuma responsabilidades más elevadas y con ello amplíe y profundice su influencia como factor en la renovación de nuestra estructura social. Vista esta responsabilidad del periodismo, como quehacer social y de quienes lo ejercen, meditemos un poco acerca de lo que ha sido frenad_or o desvi~dor de las corrientes que pugnaban Y pugnan or un pen~smo que t!enda a ser un auténtico reflejo del interés social oces autorizadas han cuestionado, desde diversas posicione~ el modelo de desarrollo que se inicia tras el fin del régimen cardenista yuna que revela • perfiles de crisis en 1968· En ese mod e1o, porque es p rt . da e mas_ de _1~ estructura social, está la prensa están los me' d lOS e comumcac1on. y es el periodismo en México. Sin ir hasta los precursores, que ello puede hacerse en varias obras fruto de valiosos trabajos de investigación, recordemos sólo que en Quintana Roo, Fernández de Lizardi, Ignacio Ramírez, Sánchez Azcona y Filomeno Mata, están algunos de los ejemplos de lo que el periodista puede ser en la vida y transformación de su comunidad. Fueron ellos, esencialmente, periodistas políticos. Oiiciantes de un estilo al que creo se debe retornar, quizá con perfiles distintos, pero con parecidas intenciones, en el periodismo del futuro, donde la diversidad de los medios y el alud creciente de información hacen cada día más imprescindible el análisis, el juicio y la orientación. Todos recordamos que, tras el proceso transformador que se inició con el fin del porfiriato el periodismo entra, como otras facetas de la actividad, en la etapa industrial. Nacen, aún entre asonadas y disputas de los caudillos los diarios de grandes tiradas, apoyados en el desarrollo de una rama colateral, la publicitaria, que a poco se convertiría en el sostén básico y hasta en foco de las directrices que habría de seguir la industria periodística. Es así como se llega a la formación de lo que ahora se llama la gran prensa, rama de los negocios en que confluyeron, para su preservación e impulso, los intereses de grupos económicos y políticos que en un momento representaron todo, menos los intereses de la mayoría. ción :~~~~nr~~;~~ds~~~e e~ papel de la prensa puede soslayar su rela, mundo . t d pa1s y s1 pensamos en el futuro de la prensa y . . exas e e una manera Y es de otra como lo percibimos Una ~: q:•:1~n,bdebemos pensar en la evolución del país, en el proye~to de e e ser nuestro país deven¿i~ ~~tlp:~;t preguntarán ustedes, ese papel de la prensa en el to ca1;:i~~utibl'.1mente que, la posibilidad inmediata, es el cumplamienun rt a mas profesional de sus funciones, entendido esto como a a~e ura creciente hacia la honradez informativa atenc1on a los problemas básicos de la comunidad. y una mayor ~:~r::~loh:c~~el:~~~;:i~e h~~: :~i!~~~~~~~a~i~~~~t'i:ot~u~naci~a~; pub~cid~~de responder .ª _la~ conveniencias de la circulación Y de la 1 influencia ci;tun~~: :~~:~:!~sibilidad de una auténtica y sana •e:~;s los d~o ~uiere decir ésto que se cierren las columnas o los canales a h ve 1m1entos y a eso que se ha llamado "la trivia" sino que se agan ª un lado los falsos alardes informativos ' ;bl~n~~nsc:~~:n:i_perficialidad como medio de sep~I~=~ 1:uf~hna:a~:~~!i Quizá ustedes piensen como , ten ya periódicos que pa ' yo, que en el ambito nacional exismomentos de la televisió~ecen. acusar esa tendencia Y que en algunos debates hasta hace poco d se andforma con mayor objetividad y surgen esusa os. Ligada a poderosos intereses de grupo, tanto en los ámbitos nacional como regionales, la llamada gran prensa configura su carácte1 oligárquico y, como fiel espejo de la vida mexicana, nos ha dejado retrato y testimonio de una etapa histórica donde el gran signo ha sido el subdesarrollo político y, con él, toda la cauda de males para un pueblo que parece ajeno a su realidad y su destino. En este fenómeno, porque llegaron como parte de él, debe incluirse a la radio y la televisión, medios nacidos e impulsados ya en el torbellino social en que la publicidad era y es la gran matrona de la comunicación masiva y, junto con la inmovilización política, el dique f;~to ~:OUn~u:;~~r=i~::s vie~~t~;:deq~:•m~~n~~= 1:1:~t:os los juzgan litaco, son en realidad una obl"g d de poder pocionales de una prensa más at1e:taª relspuesta a _las necesidades na, . a as ex1genc1as de las ma , mas con~c1ente de su responsabilidad social. yanas, .. , Aqua cabe expresar lo que, en mi modesta o inión m1s1on futura fundamental de la prensa: politizar.p • constituye la 322 323 , ' �MISION DEL PERIODISMO EN MEXICO MISION DEL PERIODISMO EN MEXICO Politizar, en el más amplio sentido del término. O sea convertirse en portadora de información y conocimientos que estimulen, convenzan y orienten hacia una participación definida en las cuestiones c!ón, como paso inicial hacia la bús ued . sistema de organización mercantil q a de soluciones para que, al la evolución del país le su d que ha sido fruto de una época en realmente sea portav~z de I ceda otro sistema de comunicaciones que • os ,versos sectores · pre hacia la participación Y el t b . . y camino abierto siem, A · . ra a¡o social. . qu,, en esta Universidad ha dio de expresión propio un m 'd. Y un esfuerzo ya para tener un memejor a sí misma Y se' te ,o para que la Universidad se conozca 1 . mues re como es a los d á os particulares criterios que en t em s, al margen de temas de comunicación orno a ella se difundan en otros sis- de la vida pública. ¿Pero será la prensa en su estructura actual --cabe la pregunta- la que haga posible esa labor de politización que exige la comunidad mexicana? En lo personal pienso que serán aislados los casos en que las organizaciones periodisticas actuales asuman esa función. Soy de los que creen que ese esfuerzo debe surgir de la propia colectividad; de las instituciones, grupos y sectores que tienen concien• cia de su participación y cuenten con la fuerza social suficiente para crear y mantener sus propios medios de difusión, por modestos que sean, pero que sean auténticos medios de expresión, auténticas aportaciones para formar opinión pública. Es evidente que, una labor de esta naturaleza, está lejos de las posibilidades e intenciones del sistema mercantilista en el que está integrada la mayoría de los periódicos mexicanos, además de la radio y televisión. Debido, en parte, a la creciente cobertura en materia informativa, los asuntos que más calan o interesan a una comunidad universitaria, a un frente obrero, a un grupo campesino, a un partido político, merecen amplia atención de los medios de comunicación masiva sólo en casos de conflicto, en situaciones que deborden la marcha normal de esos núcleos sociales. Y muchas veces, esta atención especial se traduce en informaciones incompletas, tendenciosas, distorsionadas, que en vez de contribuir al esclarecimiento y comprensión de los fenómenos sociales siembran la desorientación, frustran las voluntades y ganan causas para los partidarios del estancamiento al evitar la politización del país. Por ello creo que, para que la prensa en México avance hacia su verdadera misión, es necesario el diseño de nuevos sistemas, como se plantea ya para otras áreas de la actividad. La organización de nuevos sistemas de información, creo yo, es un asunto que debe preocuparnos ya a quienes ejercemos el periodismo y, especialmente, a quienes en las universidades se preparan para ingresar a él. A mi juicio, quienes ·tenemos idea de la necesidad de cambios en este aspecto, debemos insistir en el estudio de sistemas de organiza• 324 . En el medio nuestro es algo nuev0 sido motivo de polémicas y • . Y, por eso y otras razones ha . en 11cas de quie . • 1 '. nes 1o consideran un esf uerzo insustancial un 1u· do de eso que lla~an " h~o para 1· a institución o simplemente un mo. acer po ,t,ca". ~n m, modesta opinión creo ue h la Umversidad que podrían ' . q ay muchas cosas valiosas en riodicidad más amplia y poconsd1gnarse en menos páginas, con una pe.. r en e con menos gasto. Es una cnt,ca sincera que 11 . . . medio de opinión tenga un .d eva ,mphc,to el deseo de que este • ª v, a permanente q 1· 1 ' ue a ,ente Y renueve 1a m,stica universitaria Y q ue sea a expresión c t una comunidad que tiene tanto ons ante y sincera de En lo esencial, en la idea d:u:nver ~on_el desarrollo social. toy de acuerdo. y creo que s· f periódico de la Universidad es' e1 es uerzo se m t· ' rarse as miras y adapta I an ,ene podrán superse as pretensiones a 1 · ' se le reconozca como un aut. t' .. . a realidad, hasta que y • . en ,co per,od,co universitario. as, como en la Universidad se ha fuerzo, urge que en los sindical puesto en marcha este esgrupo social, se piense en la . os,rten l_os partidos políticos, en todo que difunda sus afanes Y esfue ,mpo anc,a de t_ener su propia prensa, refleje su presencia y encauce ~~s, s~s pensamientos Y opiniones. Que Yo difiero de quienes piensa,;ª u1c1pac1on_ al_quehacer colectivo. dustrial, con sus grandes tirajes ~o~ el per,?d,smo en su etapa ingran avance en materia de com ~ -~s multicolores, represente un . un,cac,on. Siento que tanta maravilla en el as . . tan pocas manos Y tan estrechos i nter pecto_ tecnico, conce~trada en eso que llaman la libertad de e .. eses, viene a ser la smtesis de f d xpres1on que en alg un e con el mercado libre del p unos casos se con1 ' do t~o grupo con una genuinaª~:p;e:! P~~a mí, ~ólo es dable cuanmedios propios de expresión. ac1on soc,aJ tenga acceso a 325 �MISION DEL PERIODISMO EN MEXICO Para llegar a esta etapa, hay una gran tarea política de por medio. Y quienes pensamos que el periodismo tiene una misión trascendente que cumplir, debemos tener una concepción amplia de lo que representa la tarea política. Cada quien por su camino, pero consciente de que si hay autenticidad en la mira, todos los caminos con- RAMON PEDROZA LANGARICA fluirán en el interés social. Esa es mi modesta opinión de lo que espera el periodismo, en cualquiera de sus facetas, en los tiempos por venir. Una tarea que exigirá a quienes deseen asumirla, además de vocación probada, una permanente preocupación intelectual, un permanente contacto con la realidad social. Quisiera terminar, a manera de síntesis de estas reflexiones, con las palabras de dos colegas con quienes me ligan muchas coincidencias. Ellos han expresado cabalmente algo que para mí son dos definiciones acordes con mi concepción sobre el futuro del periodismo. Uno de ellos, Javier López Moreno, ha dicho que: "Los medios de comunicación son agencias de eficaz proselitismo político: condicionan o determinan comportamientos colectivos. Por eso no pueden estar al margen del proyecto que cada estado se forja. Esto es lo que cho, ca con el carácter oligárquico de ciertos órganos de información". Otro, mi compañero y maestro Enrique Ramírez y Ramírez, señaló por su parte: "Podemos afirmar que llegará el momento en que los medios de comunicación sean manejados por la colectividad. No será el desenvolvimiento social lo que inexorablemente, fatalmente, conduzca a la reivindicación de dichos medios, sino las propias exigencias de una comunidad urgida de armonizar libertad con justicia". Eso es lo que pienso del periodismo, de su misión y de su futuro. Y ha sido, lo repito, mi sincera invitación a reflexionar sobre el tema, tan ligado a la gran interrogante de nuestro oficio: ¿Para qué somos o queremos ser periodistas? RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA PRENSA M e enfrento a una duda mu creadores de este import/ terso nal. No sé si agradecer a los 1 tema del papel social de lan; c1c o que_ me hayan asignado el reclamación por la dific"il . .. rensa, 0 bien hacerles una cordial pos1c1on en que me ene t 1 ante ustedes para hablarles de al o . uen _ro a presentarme das Y cada una de las ex .. g que ha sido mencionado aqui en topos1c1ones de los d t d . que me han antecedido. es aca os conferenciantes . Efectivamente, y quizá por la im ort n . . . d1ble, es ineludible al hablar d 1 ~ a c,a del tema, ha sido melumúltiples ángulos Y 'perspectivas ~ a r~nsa desde cualquiera de sus dio de ~omunicación tiene en ~ s':!~:d:/apel que este formidable me, 1 As, pues, a riesgo de incurrir o . ustedes, conversaremos sobre mis :ipasar _,deas ya escuchadas por dentro de esa idea: Y particulares puntos de vista Es indiscutible que la Pr . llo de la sociedad, desde que :n~~~:t~ngra un factor p~ralelo al d~sarroproceso de desarrollo. 1c1aron su particular e individual El avance de los grupos humanos en la . de vida social que han explorado h "d amplia gama de estadios prensa. ' ª si O eI mismo que ha tenido la 326 Podría decir, que la Prensa ha evolucion d la evolución misma de la socied d a º• que va a la par de tituíble, un ingrediente una levadª ' porque e~ un complemento insus• • • • ura, necesarios para el c1a 1, econom1co, cultural , político d e esos mismos . • grupos progreso humanos.so- �es élt transp11rti!s '/ biimierit&s ctentífltcis' o Y, 1idemás d&;J:odói; • a'S consumidores, si .usa de la a de precios, variedades, etc. declr.!e de ll{ uniórl q¡.lé real diana, con el creac:tor,,'d& 1>r.oo pn>xima tói1 sus consUmidores, ~ iíeVcos ~ctos,, con la matcffii im 1 financieros, bursátiíes'Y de ra ítrodUccióo p'lirñamí' en: ~ ' Y a quí~~ [Pflllllliifl\i ~ la Prensa las une dla' ~ ~ e l S!llnbr1)(ílil la~ SlltJ8lllt,~ :de ha desárrillla , • en fol'IM incuestiOíláb • en nulii!tRI ~inión, clQll • girar a Ja sociedad. , PQd,lamos establecer. . • técrlil:a y . lamarse Pn!bsa informativa ., no P1J!e eumple también un i 111A$ ádelante) une,,, - ~ - Ol>ligaciciíles 'ji , -se -realiza, vflt la da soaiedad productora, 1á'liibién l:on el sector ,é1i ~ defínñflr.ii'iiéffltt Mil que emana del •or ~I 1guracidri social, .abr& 'Pllertás m • les de la vida mieional, ,sl que.sólo la P.reltsá ~ f~iór- blko toma leóntápto y está 'de íó!l limbitos d'e la soc• apan,ee -en las páginas de ra P.ren los campos de la actividad de facilita a los padres de familia, a 1 los góbemañtes, la presencia diaria máí, lo positivo y lo conflictivo, 1!11' el una sociedad, Información de program l!Vent§, de todo cuanto ocuna y afecté cultura tiene en la l)l'ellSa, el puente éficáz e instantáneo. YKlad sindical, lógicamente, -OCUrre otrG" '329 �RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA PRENSA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA PRENSA . rte en el estadio donde se dirimen punfrecuencia la Prensa se convie d que ocurre y afecta en este I tos de vista, peticiones, pr~testas, e; el laboral. importante sector de la soc1eda\\ os de las faltas a la sociedad La información de sucesos e ic iv .'. de despojos hurtos, predaptadas· la consumac1on ' ( • por personas desa • .Id d al aparecer en la Prensa s1 varicatos, injusticias, ab~sos de :~::d~ ~on sentido constructivo) se este tipo de mformac1on es md ti .. n señalamiento de riesgos en convierte en ejemplo, llamada e a enc10 ' u:r la vida de la sociedad. . .. s ue realiza la Prensa como pi· La amplia gama de pos1b1hdade q humanos que la componen, vote de la sociedad y de todos los grupo~amos lo que en nuestro mese extiende todavía má~ c_uando contemp los "servicios" y la Prensa dio profesional del penod1smo llamamos especializada. . . . ue he mencionado como ejemplifica· En cualquier dIano de los q . . • dad moderna son f . 1 mayontana en 1a socIe , dores de la Prensa pro esiona . f los grupos sociales específi· . cciones que m orman a . habituales 1as se todos los sectores vita 1es cos y mantienen el mismo enlace que con de la sociedad que he citado -~nmero. s ectáculos sobre modas y Me refiero a la informac1on_ s_obre ea~ niños jóvenes y adultos; deportes, las secciones de esparc1;1ento r~ una vida' mejor en el hogar; la información sobre formas Y motos _Pª salud pasatiempos Y "tiras" consejos sobre asuntos de alImen ac1on y ' cómicas o de aventuras. . . de depor• . f d Prensa, es la seccIon Capítul~ especial en. ese ~; al;anzado importancia tal la demantes y espectaculos deport1v~s. la sociedad pues está comprobado que da de todos l_~s sectores e s los est~atos de la sociedad, sin im• esta informa~1?n alcanza !x:d:e los lectores, que de allí y muy es_peportar cond1c1on, edad Y . h llegado al diarismo exclus1vacialmente en el medio mexicano, se a mente deportivo. · y espectácuHan surgido también diar_iots especial~~:~~:/:e~~~:s de actividad 1 los y, de todos_ es sabida_ ª. exis N::va York y Londres, de diarios bancaria, bursat1I Y econom1ca, c . . dedicados íntegramente a esa especialidad. . .. ea a He intentado, hasta ahora, hacer una descnpc1on aunque s ser"ojo de pájaro" de las múltiples facetas que la Pren:a ~~;!le e~I gran ·edad No creo exagerar, aunque m vicio de la soc1 : t· . al señalar y exaltar la decisiva importan, amor que tengo a m1 o icI0, ~~:ª 330 cía que la Prensa ha tenido y tienen en la vivencia, desarrollo y progreso de la sociedad contemporánea. Su papel, para responder al enunciamiento del tema señalado para esta tarde, en la sociedad, para mí, es vital, decisivo, trascendente. Por lo mismo, lo reconozco y acepto, porque así lo he pensado siempre y durante décadas he actuado en consecuencia, grande y grave, también vital, decisiva y trascendente, es la responsabilidad de quienes hacemos la Prensa. Los periodistas, sin incurrir en una sobrevalorización y una falsa instrumentación, en posturas de jueces, apóstoles, caudillos o redentores, somos los tripulantes de ese pivote, los conductores de ese centro motor que es enlace de todos los grupos de la sociedad, en una concurrencia diaria de todas sus manifestaciones, de todas sus angustias, de todos sus problemas, de todas sus demandas. En el ejemplar de ayer, de hoy, de mañana de cada diario, está contenida una jornada de la vida de todos cuantos componemos una sociedad. Es la historia, la referencia, la predicción, del acontecer de los grupos humanos que componen esa sociedad. Insisto, no creo exagerar al señalar la preponderancia, la importancia, la responsabilidad del papel de la Prensa en ·la sociedad. Ustedes podrán juzgar si la dimensión de estas apreciaciones, de estas convicciones muy mias, está más allá de la realidad o corresponde a un hecho palpable e ineludible para quienes, como ustedes, proyectan sus vidas a tomar un lugar en esta tarea, a desempeñar este papel en su sociedad. Quizá habrán advertido que en este apresurado repaso de lo que para mí representa la Prensa en la sociedad, no me he referido a un aspecto sumamente importante: al papel de la Prensa como orientadora, analizadora y divulgadora de criterios y opiniones específicas. Hablo de las llamadas páginas editoriales de la Prensa. Por su naturaleza de· tribuna abierta y estadio a la exposición y polémica, la sección editorial de la Prensa merecería una exposición aparte, específica, dentro del papel que cumple en la sociedad moder- na. Muy brevemente, les diré que es en esa sección donde la Prensa tiene la oportun.idad de hacer sentir a sus lectores su posición ante la sociedad, desde el punto de vista y criterio de quienes editan individualmente cada periódico. Pero también, es el campo donde puede dejar establecida y pa- 331 �RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA PRENSA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA PRENSA tente su objetividad, su imparcialidad y su aspiración a una confrontación de ideas de todos los sectores de la sociedad, con la obligación, o condición única, si ustedes quieren, de que todo pensamiento, todo análisis, todo resumen que contenga una página editorial, esté enfocado a fines constructivos, ilustradores de lo que puede y debe ser útil ~:ia ~:~:~P:;e~;a s~~ie~::odista: actuar como _mandatarios de to1 1 mandantes. que son, por esencia Y definición, sus a la sociedad. Por supuesto, existe también la Prensa de partido, de sector, de grupo. Cumple esa Prensa una misión específica y está al alcance de los seguidores de cada segmento de la sociedad hacia donde se enfoca, sin perjuicio de que otros grupos de lectores, interesados en aumentar su caudal de información y conocimientos, la procuren y la ¡ Cuando la Prensa y el periodista , . 10 .. aparten de ese formidable papel com? di10 J~se l. R1vero, se traicionado, se quedarán solo qu~y es asigna la sociedad, la habran Prensa y del periodista! s . . . • la soledad es la muerte de la i' lean. Quiero entender que la esencia de esta exposición que se me ha pedido, me ha permitido integrarla con apreciaciones, que habrán us., tedes observado, yo llamo mis convicciones, de orden genérico. Que se refieren a la que también he señalado como Prensa mayoritaria, en su composición, realización y factura, en la sociedad contemporánea. Pero no quisiera terminar sin insistir en remarcar la importancia paralela de la Prensa en la sociedad, así genéricamente, con la que tiene el periodista en lo individual. Y voy a remitirme a una definición hecha de lo que es el periodista, plasmada por un gran diarista latinoamericano, que fue director de El Diario de la Marina, en La Habana, Cuba, y que es la siguiente: "El periodismo es, en lo externo, una profesión; en la esencia, un sacerdocio. "Se puede ser periodista sin condiciones naturales y hasta sm cultura; como no se puede ser periodista, sin vocación. "Así, el que viene al oficio buscando un medio de resolver sus problemas personales, yerra de medio a medio; porque el periodismo ha de ser en cada caso, como el mandatario de una clase social, de un grupo, de un partido, para exponer sus necesidades, predicar su credo, combatir a sus contrarios, amparar sus derechos y vengar sus agravios. "Las cosas y la persona del periodista no importan al periodismo y menos a los lectores. El periodista empieza y acaba en la idea y de ahí que su función no sea de oficio, sino de sacerdocio. "Y cuando el periodista no lo entiende así, se queda ' solo. Y la soledad es la muerte del periodista . . . ". A mi juicio, en esas ideas se plasma la altísima responsabilidad 332 333 ��� Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Derecho Y Ciencias Sociales Año de publicación El año cuando se publico 1978 Volumen Volumen de la revista 3 Número Número de la revista 10 Mes de publicación Mes cuando se publicó Julio Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Cuatrimestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1784899&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales, 1978, Vol 3, No 10, Julio Creator An entity primarily responsible for making the resource Flores Longoria, Samuel, 1934-, Director Subject The topic of the resource Derecho Derechos civiles Publicaciones periódicas Leyes Jurisdisprudencia Filosofía del derecho Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derechos y Ciencias Sociales Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Núñez Espinosa, Herberto J., Director Lozano González, Santiago, Secretario de Redacción Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/07/1978 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource tex/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2016554 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. San Nicolás de los Garza, N.L., (México) Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies. Universidad Autónoma de Nuevo León Rights Holder A person or organization owning or managing rights over the resource. El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores Derecho Natural Huelga Precios Reforma penal Relación tributaria Salarios https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/271/13592/DERECHO_Y_CIENCIAS_SOCIALES._1979._2a_Epoca._No._1._Marzo-Junio._0002016556.ocr.pdf 98013355111cdad2ad93aa7bdd534d70 PDF Text Text REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO y CIENCIAS SOCIALES DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNIVERSIDAD AUTONOMA Df NUEVO LEON SEGUNDA EDICION 1 ���,- ¡ . .. -, : .~!-.• .• : .-.\:_ J _ . _ ,JlW¡; 1 . • •• .. , • •. ..,,,,.,,.· ·/ 'TA!tr9 .... ' .--· . . • ... , . .: ... DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 8lf/il)O UHIVERSITAAIO 1 �UNIVERSIDAD AU FACULTAD DE DER:g~g~A DE NUEVO LEON CIENCIAS SOCIALES DIRECTOR: Lic. David Garv· . Castillo Gamboa. JEFE D an Ancira. SUBDIRECTOR: líe Ro . ~óc. S.ofago Goo,ále, E ESTUDIOS PRÓF E~~:;;.i; EDUCACION CONTINUA: Lic F . DIVISION DE INVESTIGACION 1.o,!,':~.'~!S~~N~ ~~~IASNIOO~ L?E ESTUDIOS SUPERl~~~;o LR_iverGa Bedoya. JEFE DE LA • DE ,c. l aspar Vazquez Aguilar. Lic. H be· te. Genar - o sa1·tnas Ouiroga. JEFE er rto. J. Nunez. A SECCION EDITORIAL: DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Revista Cuatrimestral de la Facultad de Derecho · y Ciencias Sociales Universidad Autónoma de Nuevo León. 2da. EPOCA MARZO - JUNIO 1979 NUM. 1 N D ICE LIC. DAVID GALVAN ANCIRA: Presentación CONSEJO EDITORIAL Lic. Genaro Salinas Ouir . . Castillo Lic Herber ~· Lic. David Galvan Ancira L. • llic. Alberto. García ~ó~~:ezli~sp~nosa,_ Dr. A_gustín Basav~ F~~~á~~:r:I ~rgllio ez Lozano. • • . ranc1sco Rivera Bedoya • L.ic. Sa nt1ago . a e, Gonzá•• .La. responsa b·1· l idad de los artículos . opiniones expresadas en la Revi"ta publíead_os es exclusiva de sus autores L ~::'!!":dS:.:~: ~;:••:: la f::'d~;:,:r:,.on,:I~ r:L.;.,.:; ~ :as aparece cuatrimestral mente iaNos sus expositores. Derecho Y Cie~cias ·s ,.•Publique. . o se devuelven originales aú n cuando ocia es no se Toda correspondencia debe d. . . Facultad de Dere . _1n91rse a. Revista Derech che~ Y Ciencias Sociales Ci d d U o Y ienc1as Sociales u a niversitaria San Nicolás de los Garza, N. L IMPRESO EN MEXICO PRJNTEO ANO MAOE IN MEXICO LIC. Y C.P. RICARDO GARCIA TREVIÑO: "Ley del impuesto sobre la renta, lnconstitucionalidad del regla· mento en matería de previsión social". 335 LIC. CESAR GARZA ANCIRA: la Huelga. 345 Problemática Toral de LIC. RAUL GALVAN FLORES: Foros Internacionales, Sistema Económico Latinoamericano. 357 LIC. MARCO ANTONIO LEIJA MORENO: Los Factores casuales de la delincuencia contemplados en la técnica preliberacional de reos. LIC. BENITO MORALES SALAZAR: 361 Los cheques certifi- cados y de caja. 366 Oepartamente do Imprenta Facultad de Derecho C. de la Universidad A tY_ Soclales 5 de Mayo 740 Ot u onoma de N. L e. Mo nterrey, N. L LIC. CARLOS FRANCISCO CISNEROS RAMOS: La suplencia de la deficiencia de la queja en el juicio del amparo. 385 �INTRODUCCION Capítulo primero: Juicio de amparo La suplencia de la queja deficiente en el 393 Capítulo segundo 1.- Breve reseña sobre la evolución de la corrección judicial de la demanda erronea, irregular u omisa. Capítulo tercero: 401 Corrección judicial de la demanda de amparo erronea, irregular u omisa en materia civil.- En asuntos penales.- En cuestiones laborales.- Materia agraria.- Cuando el acto_reclamado se apoya en una ley declarada inconstitucional por la suprema corte de justicia.vienen menores o incapacitados. Capítulo cuarto: Cuando inter423 El derecho social.- La interpretación cons- titucional.- La corrección de la demanda obscura, irregular u omisa en cuestiones atenientes al derecho social. 441 Notas biblrográficas. Bibliografía. 454 457 �PRESENTACION Recapitular, fijando nuevos y mejores horizontes es menester en toda actividad humana. La cultura, la enseñanza, la información y difusión de los conocimientos no escapa a este interés. Las viscicitudes propias de un cambio han permitido que hasta hoy, gracias a la amplia colaboración del Patronato Universitario, con nuevos bríos y en forma continua traigamos a ustedes esta aportación cultural que representa un esfuerzo de quienes tenemos obligación de hacerlo. El cambiante Derecho requiere de el ánimo superante de los estudiosos, de los investigadores; difundir esa aportación al campo Jurídico es importante para quién se preocupa por realizarlo y para quienes cumplimos con la tarea responsable de preparar mejores jurístas. Hoy entregamos a ustedes el esfuerzo de algunos estudiosos preocupados por la actualización del Derecho. Lic. David Galván Ancira Director �LIC. y e.e. RICARDO SARCIA TREVU'iO LEY DR IMPUESTO SOBRE LA RENTA .. INCONSTITUCIONALIDAD DEL REGLAMENTO EN MATERIA DE PREYISION SOCIAL La importancia que reviste la previsión social dentro del concepto moderno de empresa, es conmitante al desarrollo económico de la misma dentro de lo social, motivo por el cual, de los programas de implantación de los planes de previsión social depende la forma en que la empresa desarrolle su verdadera importancia dentro de la comunidad de los trabajadores. El concepto de previsióri social, es un concepto abierto, que por su naturaleza no admite definición y el admitir reglamentación jurídica sobre el mismo, ésta debe basarse en las prácticas labor-"les, que son principio rector en las relaciones obrero-patronales. Lo citado con antelación, es pauta a seguir en las consecuen- �LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA cias que se desprenden de la vigencia del nuevo Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. La Ley del Impuesto sobre la Renta en su Artículo 26 fracción VII, reza: Las deducciones a que se refiere este capítulo deberán reunir los siguientes requisitos: .. . .... que cuando se trate de gast9s de previsión social, las prestaciones correspondientes se destinen a jubilaciones, fallecimientos, invalidez, servicios médicos y hospitalarios, subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, fondos de ahorro, guarderías infantiles y actividades culturales y deportivas o a otras de naturaleza análoga. Dichas prestaciones deberán otorgarse en forma general en beneficio de los trabajadores de la empresa. En todos los casos deberán establecerse planes conforme a los plazos y requisitos que se fijen en disposiciones de carácter geheral, en las que quede determinado: sector aplicable, requisitos de elegibilidad, benef¡'ciarios y procedimientos para determinar el monto de las prestaciones". Del Artículo de referencia se desprende la siguiente interpretación: A) La previsión social, es un concepto variable, que la empresa acomoda a las necesidades del sector trabajo. B) El principio de generalidad gira alrededor del sector aplicable. Para el objeto de este estudio, mencionaremos en forma general, las características que en reladón a previsión social, guardan los Artículos 59, 60, 61, 62 y 63 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El Artículo 59 del ordenamiento invocado nos señala los requi- 336 LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA sitos que debe!"! contener los gastos de previsión social. como son: A) deben constar por escrito, b) ser comunicados al personal dentro del primer mes en que se inicie cada plan, c) deben o~o~ga~~e en forma .general a los trabajadores, d) pueden hacerse la d1~tmc1on entre trabajadores, puede .hacerse la distinción entre trab~¡~dor~s sindicalizados y empleados de confianza y otorgarles benef1c1os diferentes sin que sean necesarios que sean equi:alen~e: en~re ~~los, e) da la opción al contribuyente, para q~e previa. s~l1c1tud 1ustif1cada del mismo, pueda solicitar a la autoridad administradora, que el plan se aplique a sectores de trabajadores sujetos a un misr:no grado de riesgo y por su parte, el Artículo 61 hace referencia a los sujetos beneficiarios de los planes de previsión social. El Artículo 60 se refiere a que los gastos de previsión social realizados en e·I extranjero para que puedan ser deducibles, se re quiere que el contribuyente previamente a su erogación haya solicitado autorización a la autoridad administradora. El Artículo 62 fija los requisitos para planes de pensiones Y jubilaciones, señalando la forma de ca!cular las rentas vitalicias y la forma de pago de las mismas, el Artículo 63 marca las reglas que deben de contener las aportaciones que hace la empresa al fondo de ahorro de los trabajadores. Dichas reglas son las siguientes: 1.-Que el monto de las aportaciones no exceda del 13% de los salarios de cada trabajador o empleado de confianza, considerando exclusivamente la parte que no exceda de I O veces el salario mínimo general o del campo, que rija en el establecimiento en que el trabajador o empleado de confianza preste sus servicios. 11.-Que el plan establezca que el trabajador o empleado de confianza pueda retirar las aportaciones de que se trata, únicamente al término de la relación de trabajo o una vez por año. 337 �LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 111.-Que el fondo se destine a otorgar préstamos a los trabajadores o empleados de confianza participantes y el remanente se invierta en valores aprobados por !a Comisión Naci<'nal de Valore~. .. , Ahor~ bien ¿cuál es la situación jurídica de los planes de prev1s1on social que fueron establecidos con anterioridad a la vigencia del nuevo reglamento y al Artfculo segundo transitorio del decreto que reforma diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de! l~pu~sto sobre la Renta de fecha 2 de enero de 1978? En apariencia el problema está resuelto, ya que el Artículo segundo- transitorio del decreto mencionado, señala en su primer párrafo que los planes de previsión social que fueron constituidos con anterioridad a la fecha en que entre en vigor este decreto y que no se ajusten a los requisitos del reglamento relativos a la cuantificación, administración o distribución de los mismos, seguirán siendo deducibles para efecto del Impuesto al Ingreso Global de las Empresas. A pesar de lo anterior, en el segundo párrafo del precepto que se comenta, indica que si hay un incremento en la prestación que sean consecuencia de modificaciones a las bases de cuantificación y que éstas se establezcan con posterioridad al decreto del 2 del presente año, no será deducible en la porci6n en que dichas bases excedan los ~equisitos que señala el reglamento, esta disposición que por la misma naturaleza cambiante de la previsión social, hará que pronto se encuadre trabajadores y empresa dentro de sus limitantes. El presupuesto tributario conteni~o en el segundo párrafo del De_creto de 21 pasado, no resiste el análisis constitucional por lo siguiente. El concepto de previsión social que regula la Ley del Impuesto sobre la Renta a través del Artículo 26 fracción VII, es un concepto que está supeditado en forma indirecta a lo que las otras disposiciones legales regulen al respecto, como es en este caso, la Ley Federal del Trabajo. 338 LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA El fondo de ahorro y los demás planes de previsión social. constituyen un derecho que los trabajadores han adquirido de la ·empresa, con el transcurso del tiempo y cualquier modificación que éstos sufran, p~r consecuencia afecta los derechos adquiridos y los hechos realizados por los trabajadores que puedan tener como fuente la Ley o la costumbre, y es de explorado derecho, que múltiples prerrogativas de los trabajadores nace~ de la costumbre, que tiene su fundamento en materia laboral en el Artículo 17 de la Ley respectiva, que a la letra dice "A falta de disposición expresa en la Constitución, en esta Ley o en sus Reglamentos, o en los tratados a que se refiere el Artículo 6 º ., se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, lós principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los princípios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan· del Artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad". Ahora bien, los Artículos 59, 60, 61, 62 y 63 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta no puede regular situaciones creadas y hechos realizados con anterioridad a su vigencia porque es evidente que obraría retroactivamente en perjuicio de los trabajadores, violando así el Artículo 14 Constitucional, que en su parte relativa reza: A ninguna Ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Sin dejar de tomar en-cuenta lo anterior, consideramos que el problema que nos atañe, además de analizarlo desde el punto de vista de las leyes que en este caso son aplicables, hay que interpretarlo desde el ángulo que nos dan las d iversas ejecutorias que al respecto ha dictado la Suprema Corte de Justicia, como son las que a continuación se transcriben: "Retroactividad, Teorías sobre La.- Sobre la materia de irretroactividad existe diversidad de teorías, siendo las más fre- 339 �LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA cuentes, la de los derechos adquiridos y de las expectativas de derecho .. . El derecho adquirido es definible, cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o en provecho al patrimonio de una persona y el hecho afectado no puede efectuarse ni por voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; y la expectativa de derecho es una esperanza o una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, de acuerdo con la legislación vigente en un momento dado. En el primer caso, se realiza el derecho Y entra el patrimonio y en el segundo, el derecho existe en potencia, sin realizar una situación jurídica concreta, no formando parte integrante del patrimonio; estos conceptos han sido acogidos por la Suprema Corte como puede verse en las páginas 226 y 227 del Apéndice A Torno I del Semanario Judicial de la Federación, al establecer: "Que para que una Ley sea- retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores y esta última circunstancia es esencial". "La Ley es retroactiva cuando vuelve el pasado para cambiar, modificar o suprimir derechos individuales adquiridos". Sem. Jud. de la Fed. Torno LXXI página 3496. "Retroactividad de la Ley. Cómo debe entenderse la garantía del Artículo 14 constitucional.- Al establecer el Artículo 14 constitucional como gai"antía del individuo, que a ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, no debe entenderse que la prohibición se refiere únicamente al legislador, por el acto de expedir la Ley, s:no que tamb:én comprende a la autoridad que hace aplicación de ella a un caso determinado, porque así permiten interpretarlo dos conceptos mismos de la disposición constitucional que se comenta, ya que al igual que la primera de esas autoridades puede imprimir retroactividad al ordenamiento mismo, haciendo que modifique o afecte derechos adquiridos con anterioridad, la segunda, al aplicarlo, hace que se produzca el efedó prohibido ... "Som. Jud. de la Fed. Tomo XC, página 2412. 340 "Retroactividad, Cobro de Impuestos.- . Los particulares no pueden adquirir derechos que estén en pugna con el interés público; de suerte que cuando una Ley lesiona un derecho de esa clase, no hay retroactividad, aun cuando la existencia del derecho sea anterior al de la Ley" . J urisprudencia. Sem. Jud. de la Fed., Torno XLIX, página 1714 y otros. "Retroactividad en Materia Administrativa y Fiscal.- Como propiamente en materia administrativa y fiscal no hay una doctrina especial sobre la materia de retroactividad, los conceptos y nociones de la doctrina en general deben traerse para el estudio de si existe o no retroactividad con motívo de actos o leyes que traten de esas propias materias: al respecto, ya la Suprema Corte ha establecido lo siguiente: "Si bien las leyes fiscales, por ser de interés público pueden hacerse retroactivas y es facultad del Estado cambiar las bases de la contribución, la justicia de tal retroactividad sólo puede entenderse en el sentido de que los contribuyentes no pueden alegar q ue han adquirido el derecho de pagar para siempre el mismo impuesto que afecta su patrimonio". "Las leyes fiscales no deben interpretarse en el sentido de que los causantes han de cubrir por el tiempo anterior a la nueva Ley, las diferencias que resulten entre el impuesto que han venido pagando y el que deban pagar en lo sucesivo, ni menos el recargo por la falta de pago de teles diferencias". Sem. Jud. de la Fed., Tomo LXXI, página 3496. De la lectura de las anteriores ejecutorias de la Corte se desprende lo siguiente: 1.-En materia tribútaria no puede hablarse de derechos adquiridos frente a la actividad impositiva del Estado. sólo puede hablarse de hechos realizados. 2.-Las modificar.iones que se introduzcan a los elementos esen- 341 �LEY ,DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ciales de un importe, cuota, base, deducci6n, etc., s61o son aplicables a los hechos generadores realizados con posterioridad a la reforma, pero no a los anteriores. 3.-Las leyes tributarias pueden gravar los efectos no producidos de un acto o contrato, aun- cuando éste se haya reali~ zado o celebrado antes de su expedici6n, si el hecho generador del crédito fiscal consiste en esos efectos. LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA mo es de notarse de la lectura del Artículo anterior, el mismo no se refiere directamente al supuesto en estudio·, más para el caso, lo que nos interesa, es que el reglamento al referirse a los planes de pensiones, jubilaciones y haberes de retiro, toma en consideración que sean hechos realizados o consumados que tienen efectos de tracto sucesivo, y que por lo mismo, al aplicarse las disposiciones del reglamento a los plartes. de previsión social ya establecidas, obrarí~ retroactivamente en perjuicio de los contribuyentes. CONCLUSIONES El reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a través de los Artículos 59, 60, 61 y 63 no pueden regular los hechos realizados con anterioridad a su vigencia, ya sea que éstos nazcan de la Ley o la costumbre, pues ambos conceptos, en materia laboral s9n fuentes de derecho. Aquí debemos de hacer una clara distinción entre derechos adquiridos y hechos realizados o consumados; derechos adquiridos son aquéllos que entran en nuestra esfera de patrimonio, y de antemano sabemos que tales derechos adquiridos pueden ser modificados, a partir de ki vigencia de una Ley, como así lo interpretan las diversas ejecutories de la Corte. "Hechos realizados o Consumados", son aquéllos que durante un tiempo fueron creados al amparo de una Ley y que no pueden ser modificados por la vigencia de una Ley· posterior, como consideramos, es el caso del Fondo de Ahorro y los demás planes de previsión social que no pueden ser regulados porque sus efectos no son de inmediato sino de tracto sucesivo {o sea que se suceden con el transcurso del tiempo). Un ejemplo manifiesto de lo anterior, lo refiere el. mismo reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su Artículo 5º. transitorio que a la letra dice "Los planes de pensiones, jubilaciones o haberes de retiro que hubieren sido autorizados por autoridad fiscal competente a título particular con anterioridad a la fecha en que entre en vigor este reglamento, continuarán vigentes, P"r lo que no -será necesa'f'io la renovación de la autorizaci6n". Co- 342 343 �Por el LIC. CESAR GARZA ANCIRA PROBLEMATICA TORAL DE LA HUELGA 1.- Cuando los patrones de la empresa o establecimiento afectado durante el procedimiento de huelga no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 460 de la Ley Federal del Traba jo, no es posible jurídicamente estudiar el objeto de la huelga en el juicio de imputabilidad. Cabe decir que si la empresa o establecimiento durante el procedimiento de huelga no hicieron uso del derec~o que les confiere el artículo 460 de la Ley Federa l del Traba jo, porque no solicitaron oportunamente por escrito se declarara la inexistencia de la huelga, o adujeron causas distintas a las señaladas en el artículo 459 de la Ley invocada, les está vedado atacar el objeto de la huelga al contestar la demanda de imputabilidad porque ya no puede ser motivo de defensa o excepción. Al no haberse planteado la declaración de inexistencia e!> 345 �PROBLEMATICA TORAL DE LA HUELGA inconcuso que la acción prevista en el numeral 460 del citado Cuerpo de Leyes se pierde. pues opera la figura de la preclusión, llamada también cosa juzgada. Los argumentos esgrimidos con antelación se apoyan en lo contemplado por los artículos 459, 460, 461 fracción I Y 470 de la Ley de la Materia. 2.- Las peticiones que no se hacen en el momento del emplazamiento a huelga, no pueden tomarse en cuenta en el juicio de imputabilidad. Es de explorado derecho en materia laboral que el sometimiento al arbitraje implica la finalidad de que la Junta estudie el fondo del conflicto y las causas y motivos del mismo, Y determine a quién es imputable el movimiento de huelga. En el juicio de imputabilidad de los motivos de 1~ huelga, se trata de calificar si los motivos ·de una huelga existente Y lícita son imputables o inimputables al patrón, sin que, e~ tal juicio puedan variarse ni ser distintas las causas que se senalaron en el proceso de existencia y licitud, pue_s e_n caso d~ q~e peticiones diversas a las consignadas en el. pliego petitorio, fueran procedentes, las mismas constituirían hechos nuevos Y diversos que servirían de base para un nuevo y distinto emplazamiento a huelga, sin repercusión de ninguna naturaleza en el conflicto ya planteado. Sobre el particular, Nicolás Pizarrc Suárez manifiesta en su obra "La Huelga en el Derecho Mexicano" que deben conocerse desde el principio los motivos concretos que impulsan a los traba¡adores a la huelga. Para establecer la imputabilidad de los motivos de la huelga, de acuerdo con su naturaleza jurídica, debe atenderse a los antecedentes que motivaron la suspensión de labores, valorando la conducta de la parte patronal al negarse a aceptar 346 PROBLEMATICA TORAL DE LA HUELGA en su caso, las -demandas de los obreros huelguistas, así come, en todo caso, si, esas peticiones eran atendibles en justicia, pues al no hacerlo, obviamente que los motivos de la huelga deben .calificarse imputables al patrón. El criterio expuesto se fundamenta en una hermenéutica jurídica correcta de los artículos 440, 444, 446, 450, 452 fracción 1, 460 y 470 del Código Laboral. 3.- Un solo trabajador no está capacitado para solicitar la declaración de inexistencia de un movimiento de huelga. El artículo 460 de la Ley de la Materia, dispone que los trabajadores de la empresa o establecimiento afectado con la huelga, podrán solic1ar de la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la suspensión del trabajo, declare la inexistencia de la htielga, e interpretando est~ precepto a contrario se~su, d-e~e concluirse que un solo trabajador no está capaci-tado para solicitar la declaraciór de inexistencia de la huelga. Resulta claro lo anterior pues el legislador en su sistema legal en materia de huelgas emplea siempre en plural la palabra trabajadores, según se constata con lo establecido por los artículos 440, 452, 451 , 459 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. 4.- Es necesario reformar la fracción 11 del Artículo 461 de 1~ Ley Federal del Trabajo, con el fin de precisar la denominación de la audiencia que contempla de acuerdo con la estructura que reviste. En los artículos 460, 461 y 462 de la Ley Federal del Traba jo se consignan las normas a que debe sujetarse la tramitación del incidente de declaración de inexistencia de la huelga. 347 �PROBLEMATICA TORAL DE LA HUELGA PROBLEMATICA TORAL DE LA HUELGA El precepto 460 del Cuerpo de Leyes citado, determina q ue los trabajadores y los patrones de la empresa o establecimiento afectado, o terceros interesados, podrán solicitar de la J unta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la suspensión del trabajo, declare la inexistencia de la huelga por las causas señaladas en el artículo anterior. El numeral 461 del propio Ordenamiento establece en su fracción 11. que: "La Junta correrá traslado de la solicitud y oirá a las partes en una audiencia, que será también de ofrecimiento y recepción de pruebas, que deberá celebrarse dentro de un término no mayor de cinco días". Se observa, que este último dispositivo legal señalado y esencialmente en la parte que se transcribe, consagra la garantía de audiencia a que alude el artículo 14 de la Constitución Federal. pues las partes y en su caso el tercero interesado tienen intervención en el procedimiento, se les oye, y se les da oportunidad de ofrecer y rendir pruebas. Constituye un instrumento sumamente útil para la comprensión del problema sujeto a investigación, conocer la Exposición de Motivos de la Iniciativa, conforme a su Capítulo XXXIX, correspondiente al Derecho de Huelga, que al respecto dice: "Se ha dicho ya que la huelga es un acto jurídico, que debe satisfacer determinados requisitos. Cuando fa ltan, la huelga debe ser declarada legalmente inexistente. Para que esta declaración se produzca es indispensable la promoción de un incidente, cuya tramitación está consignada en los artículos 459 y siguientes: en primer lugar, el artículo 459 señala limitativamente las causas que permiten declarar la inexistencia legal de la huelga: si la suspensión de labores no se efectúa por la mayoría de los traba jadores, si no se persigue alguno de los objetivos legales de huelga o si no cumplieron los trabajadores los requisitos del período comprendido entre la presentación del escrito de emplazamieñto y la suspensión de los trabajos. A fin de ratificar el sentido limitativo de la enumeració°n, en el párrafo final del artículo 459 se dice que no podrá declararse la inexistencia de una huelga por causas distintas a las enumeradas.· En segundo lugar, el incidente sólo puede iniciarse a petición de los trabajadores, debiendo entenderse que se trata de los trabajadores no huelguisras, de los patrones o de terceros interesados; la solicitud deberá presentarse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la suspensión de las labores en la inteligencia de que si no hay solicitud, la huelga será considerada inexistente para todos los efectos legales; por otra parte, la solicitud debe indicar las causas que le sirvan de fundamento, sin que, posteriormente, puedan aducirse causas distintas de las contenidas en la solicitud. En tercer lugar, en los artículos 461 y 462 se consignan las normas a que debe sujetarse la tramitación del incidente. En cuarto lugar, el artfo;ulo 463 reproduce una disposición de la Ley vigente que determina los efectos que produce la declaración de inexistencia". A este respecto el Dictamen de la Cámara de Diputados, relativo a la formación de la Ley vigente contiene lo siguiente: "Consagrado por el constituyente de 1917, el Derecho de Huelga permanece intocable en la Iniciativa de nueva Ley Federal del Traba jo; los cambios que se introducen tienden solamente a precisar conceptos, resolver problemas que se han presentado y superar, en algunos casos, el procedimiento para declarar un movimiento de huelga. En lo general, la Iniciativa mejora y supera el derecho sustantivo y su ejercicio sobre esta importante materia, pero sin alterar el principio rector de dicha institución del derecho colectivo". Ahora bien, examinando concretamente la fracción II del artículo 461 en relación con los preceptos 17, 460 y en general con el sistema establecido por la Ley Federal del Trabajo, se concluye que la fracción II del numeral 461 no es suficiente- 349 348 �PROBLEMATICA TORAL DE LA HUELGA mente clara y precisa ya que no dice cómo se oirá a las par- ' tE:s, se deduce que es mediante la expresión de argumentos aodcuados que controviertan las causas aducidas por quien plantea la solicitud para que se declare la inexistencia de la huelga, así como de ·las fracciones del artículo 459 en que se funda ésta. Cabe decir, que en la audiencia de mérito se reproduce la solicitud inicial y la parte demandada formula su contestación, refutando u oponiéndose a la pretensión. Esta tesis guarda concordancia con el significado a la palabra también que empl~a ei artículo que se comenta. El diccionario de la Academia de la Lengua Castellana, al adverbio también da los siguientes significados: "Igualmente, asimismo, además". Debe añadirse, que la audiencia cuestionada reviste su propia arquitectura y no puE'de equipararse en cuanto a su naturaleza y efectos a la de conciliación, demanda y excepciones que regulan los. artículos 752 y 753 del Código Labor3-I. De conformidad con la t€cnica procesa·! como en el procedimiento de declaración de inexistencia de la huelga se establecen determinadas formas procesa 1e:; no puede recurrirse a las disposiciones generales ni a las r0·:;los crd:narias del procedimiento. Las razones explicitadas precedentemente revelan que razones de carácter técnico-jurrdico determinan la necesidad urgente de que se precise la denominación específica· de la audiencia al margen de la cual estos comentarios se deslizan, aclarando por ende la estructura que reviste dada su composición simétrica, y se precise las consecuencias en que incurre la parte demandada si no formula contestación a la solicitud de declaración de inexistencia de la huelga. 5.- El período de prehuelga no puede estarse prorrogando en forma indefinida. Los países de legislación laboral más avanzada, que han 350 PROBLEMATICA 'fORAL DE LA HUELGA consagrado y respetado siempre el derecho de huelga, han dictado leyes que reglamentan el ejercicio del mismo, y establecen normas previsoras que regulan su de~laración y ·desenvcilvimiento. El derecho de huelga, señalan, no puede ·ser ejercido ilimitadamente sino que se encuentra sujeto a las mismas reglamentaciones del instituto. Cualquiera advierte que en México el legislador tuvo por socialmente útil no consagrar la perpetuidad de las acciones intentadas, ni de los términos respectivos. Tanto en la Exposición de ·Motivos que precede al Proyecto enviado a las Cámaras, como en los Dictámenes de las Comisiones y en las discusiones habidas en el seno del Congreso, y por el articulado de la Ley misma, se observa el propósito reflexivo de hacer de las controversias de trabajo procedimientos cortos y expeditivos, exentos de las formas y prácticas largas usuales en los juicios de otra índole. El imperativo categórico de que los procedimientos sean breves y ofrezcan garantías de seguridad y fijeza, es más apremiante dentro de las controversias de trabajo. La prohibición de embargar a que alude el artículo 453 de la Ley Laboral, no puede generar eternidad. El emplazamiento de huelga no debe constituir só!o una mampara de protección para intereses particulares deleznables. Una conquista tan imp_ortante como lo es el derecho de huelga, no debe folerarse que se utilice para evitar el ejercicio de los derechos de los particulares y que sea desnaturalizada. El efecto y la prohibición de embargar a que se refiere el artículo 453 de la Ley de la Materia, no puede generar eternidad, dado que ese concepto se contrapone al texto del artículo 17 Constitucional que claramente nos habla de cuestiones que tienen principio y fin. La Ley consigna que una vez notificado el emplazamiento 351 �PROBLEMATICA TORAL DE LA HUELGA de huelga, no podrá ejecutarse sentencia alguna, ni practicar.se embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio, en contra de los bienes de la empresa o establecimiento ni del local en que los mismos se encuentren instalados. Es posible desde luego, que el privilegio anterior pretenda utilizarse en forma indebida, como medio de eludir el cumplimiento de obligaciones legítimas, desvirtuándose con ello, gravemente, los fines de beneficio colectivo que persigue la Ley; que, en realidad, el emplazamiento de huelga constituya sólo una mampara de protección para intereses particulares deleznables. La fijación de la fecha en que debe estallar el movimiento de huelga tiene un doble aspecto, pues por una parte, tiende a facilitar la labor de las Autoridades para procurar un avenimiento entre las partes, pero, por otra, sirve también para que el patrono tome las providencias que juzgue oportunas y se le causen los menores perjuicios posibles. De acuerdo con lo establecido por el artículo 453 de !a Ley Laboral, los bienes que forman la empresa o establecimiento quedan afectados al resultado final de la huelga, adquiriendo el patrón el carácter de depositario de dichos bienes, situación que, evidentemente, significa un perjuicio para las empresas o establecimientos, ya que sus relaciones industriales y comerciales, particularmente en lo que se refiere a transacciones y créditos, tienen que quedar seriamente afectados, con la circunstancia, también, de que esta situación no puede prolongarse indefinidamente, ni quedar al arbitrio de los trabajadores, los cuales, si tienen el derecho de ir a la huelga en los términos de la Constitución y de la Ley Federal del Traba jo, no están, sin embargo, autorizados para sostener in-definidamente , una situación de incertidumbre v secuestro de los bienes de la empresa o establecimiento. La estructura constitucional del Estado de Derecho está 352 PROBLEMATICA TORAL DE LA HUELGA cimentada en el ordenamiento de justicia y en la oronta v expedita administración de ella. Por ello, d derecho ~s, más. que la fuerza, el reconocimiento, de la libertad en la exoresión objetiva en la_ Ley. · Cualquiera advierte que si el legislador tuvo oor socialmente útil no consagrar la perpetuidad de las <;1cci~nes iniciadas, tampoco pudo querer esa perpetuidad en el tiemoo para los términos. Esto es claro. · · De. aceptarse la tesis de que las huelgas se pueden prorrogar sistemáticamente, se caería en el des'p rooósito de marchar contra la estabilidad y fijeza que debe~ r~vestir los estadios procesales, los cuales así nunca tendrían consistencia ni seguridad. De tal manera que hay un imperativo categórico, una razón de interés público, social, una necesidad útil en que las cosas ocurran contra la tendencia y la actitud aue nues~ra crítica provoca. · · Es principio de hermenéutica jurídica que la interpretación de dos o más preceptos legales que cor~espondan al mismo sistema, se lleve al cabo de tal modo que formen un todo armónico, habida cuenta que la interpretación aislada e inconclusa de un solo numeral puede conducir a conclusiones di:tintas de aquellas que el leg:slador se propuso.. Sobre dicha base, es debido asentar que los artículo~ 452 y 453 de la Ley Federal del Traba jo, sólo pueden interpretarse en concordancia con los diversos 440, 444, 447, 450, 2o. y demas relativos de la propia legislación laboral. oorque conti~nen nexos afines que los vinculan entre sí. · · La huelga se estudia desde una óptica que incluye la perspectiva evolucionada de nuestro tiempo. Las fracciones XVII Y XVIII del artículo 123 Constitucionai determinan respectivamente que las leyes reconocerán como un derecho de los obre- 353 �PROBLEMATICA TORAL DE LA HUELGA ros las huelgas, y que éstas serán lícitas cuando tengan oor objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factore~ de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. El artículo 440 de la Ley Federal del Trabaio establece que la huelga es la susoensión tem!)oral del trab~jo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. El numeral 452 señala los requisitos que deberá satisfacer el escrito de emplazamiento de huelqa: l. Se dirigirá al oatrón v en él se formularán las peticiones, se anunciar6 el pr;pósito de ir a la huelga si no son satisfechas y se exoresará concretamente el objeto de la misma; 111. El a~iso pa;a la suspensión de las labores deberá darse, por lo menos, con seis días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con diez cuando se trate de servicios públicos. El términ.o ~e contará desde el día y hora en que el ~atrón quede notificado. El precepto 453 dispone que la notificación producir4 el efecto de constituir al patrón, por todo el término del aviso, en depositario de la empresa o establecimiento afectado por la huelga, con las atribuciones y responsabilidad inherentes al cargo. No podrá ejecutarse, a partir de la notificación, sentencia alguna, ni practicarse embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio, en contra de los bienes de la empresa o establecimiento ni del local en que los mismos se enc~entren instalados. Aparte de los argumentos jurídicos que hemos enunciado ut supra, debe tenerse presente que la Sociedad v el Estado están directamente interesados en que se resuelva~ en el menor tiempo posible los conflictos de huelga que significan la existencia de una situación normal en las re!aci~nes ;brero patronales. Que la huelga produce la suspensión de las relaciones individuales de trabajo, y constituy~ el argumento final y el medio extremo de lucha y defensa que tienen los trabajadores para mañtener sus intereses y mejorar las condiciones e1e prestación de sus servicios. · 354 PROBLEMATICA TORAL DE LA HUELGA Para dilucidar el busilis nos aporta el H. Tribunal Coleqiado del Cuarto Circuito sus interesantes luces, al sostener s0bre el particu 1ar la tesis de que "la Ley consiona que una vez notificado el emplazamiento de huelga , no oodrá ·eiecutarse sentencia alguna que afecte los bien9s de la empres~. Es posible, desde luego, que el privilegio anterior pretenda utilizarse en forma indebida, como medio de eludir el !cumplimiento de' obligaciones legítimas, desvirtuándose con ello, · gravemente, los fines de beneficio colectivo que persigue la Ley; que, en realidad, el emplazamiento de huelga constituye sólo una mampara de protección para intereses particuÍares deleznables (Amparo 259/74. José Coronado Carmona y Coags. 23 de agosto de 1974. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Reyes Galván. Informe 1974. Tribunal Co 1egiado del Cuarto Circuito. Pág. 237). Además, sustenta el criterio de que " ... el período de prehuelga no puede estarse prorrogando en forma indefinida contrariando el espíritu de la Ley Federal del Trabajo, cuyas normas por ser de naturaleza social deben interpretarse en beneficio de los trabajadores, tendientes no sólo a mejorar· sus condiciones económicas, sino también para suplir sus deficiencias o reivindicar sus derechos; oero sin atentar en contra de las garantías individua 1es ... " (Amoaro 69/72. Inmobiliaria El Mundo, S. A. Resuelto el 3 d~ noviembre de 1972. Ponente: Lic. Arturo Sánchez Fitta). Bajo ese perfil. la conducta colectiva' de prórrooa indefinida por su motivación y fines no corresoon.de arquetípicamente a la dinámica del ejercicio del derecho de hue 1ga. Hay que buscar siempre la armonía de la sociedad que se da como lo dijo el Benemérito, en el respeto del derecho aieno, nada más. En suma, si el derecho del trabajo responde a un ideal de justicia social. si las peticiones en la huelga 1ienen como exi- 355 �PROBLEMATICA TORAL DE LA HUELGA gencia fundamental la de ser concretas y adualizantes v prepondera en el proceso de calificación el principio de b br~vedad procesal. y es evidente aue la filosofía jurídica, las reglas de interpretación, los argumentos de equiva 1encia y aún de mayoría de razón, vienen a ser aplicables a las normas procesales de mérito, debemos concluir que el período de prehuelca no puede estarse prorrogando en forma indefinida. Que ello no implica, limitar o restringir el derecho reglamentado sino adecuarlo a su verdadera naturaleza y alcances, constituyéndolo en un medio eficiente de desarrollo y progreso. Por el LIC. RAUL GALVAN FLORES FOROS INTERNACIONAL.ES SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO CONCLUSIONES PRIMERA.-Si los patrones de la empresa o establecimiento afectado durante el procedimiento de huelga no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 460 de la Ley Federal del Traba jo, no es posible jurídicamente estudiar el objeto de la huelga en el juicio de imputabilidad. SEGUNDA.-Las peticiones que no se hacen en el momento del emplazamiento a huelga, no pueden tomarse en cuenta en el juicio de imputabilidad. TERCERA.-Un solo trabajador no está capacitado para solicitar la declaración de inexistencia de un movimiento de huelga. CUARTA.-Se reforme y adicione la fracción 11 del artículo 461 de la Ley Federal del Traba jo, con el fin de que se precise la denominación de la audiencia que contempla de acuerdo con la estructura que reviste. QUINTA .-El período de pre huelga no puede estarse r · ·1ndo en forma indefinida. 356 La defensa de los recursos naturales ha sido desde tiempo inmemorial grave preocupación de los pueblos del mundo, particular~ente de aquel10s que por su idiosincrasia, sistemas políticos o sociales, precisan de ver con atingencia tales problemas. La preocupación constante por la preservación de los recursos no renovables ha obligado a los Gobiernos de los distintos países del orbe a crear políticas encauzada:; a tutelar tales bienes. México no ha permanecido al margen, ha contribuido en grado sumo a la realización de tales propósitos. La historia moderna es rica en casos en los que conflagraciones de índole internacional han sido provocadas por la disputa de tales recursos no renovables. Se han visto casos a sin fín en los aue algun~s Gobiernos pretextando diversas razones han provocad~ ingerencia en los asuntos internos de otros, cuando que en verdad la �intromisión en sí manifiesta ha sido encauzada única y exclusivamente a lograr la explotación irracional y despiadada de los recursos que le son propios, sin embargo, ahora los pueblos dueños de tales recursos han visto agotada su capacidad de resistencia y han marcado un alto en defensa de tales bienes. La grandeza económica de un Pueblo se finca en la explotación y buen uso de sus recursos naturales, siempre y cuando esta explotación sea realizada por nacionales del propio País que los posee. El Contiente Americano muestra al Mundo infinidad de recursos no renovables, los cuales resultan ser de naturaleza indispensable pare lograr una subsistencia decorosa y sostener las economías en que se nutren tales pueblos. De manera inveterada ha sido la explotación irracional de tales recursos, no fue sino hasta hace poco tiempo, en que los Países Latinoamericanos, han reflexionado y hecho a su vez estudios que se han traducido en ordenamientos legales que tienen como fin primordial la defensa de tales recursos. La unidad americana, como sueño que ha sido de tantos destacados pensadores Americanos, ha quedado plasmada en tal Organismo !nternacional. No son los Pueblos de América los que disgregados pretendan hacer valer sus derechos que les cor.r esponden sobre áreas del subsuelo, de hidrocarburos, materias !)rimas, etc., sino que gracias al esfuerzo conjunto de éstos, ahora cuentan con una Tribuna lnternacidnal en donde habrán de unificar criterios en bienestar de los mismos. México, consciente de la responsabilidad que le corresponde en el concierto de las Naciones, intervino decididamente en la creación de tal organismo hasta llegar a su culminación como lo es, el nacer a la luz pública como entidad con naturaleza propia. Tal organismo tiene su Sede en la hermana República de Venezuela , lugar en donde en estos días tiene verificativo el desarrollo de la Asamblea Ordinaria de los miembros que la integran. El mismo fue creado en el mes de Octubre de 1975 a instancias de los Gobiernos de México y Venezuela. Actualmente son 25 los Estados miembros que lo integran. Sin embargo, esta defensa realizada de manera individual no produjo nunca los frutos deseados, sino que fue necesario la agrupación de intereses para que encauzados en un instrumento legal tales principios tomaran cuerpo ante los Pueblos del Mundo. Los Pueblos de América conscientes de la defensa de sus recursos naturales, han compaginado esfuerzos y encauzado propósitos dando a la luz pública un Organismo de carácter Internacional que trate de ello, que se avoque a tales cuestiones, su nombre: Sistema Económica Latinoamericano (SELA). El sistema Económico Latinoamericano, es el producto de esfuerzos que los Gobiernos del área Latinoamericana realizan en ocasión de las presiones diversas a que han sido sometidos durante largo tiempo. 358 359 �P0r el LIC.i M.. ANTONIO LEIJA MORENO "LOS FACTORES CAUSALES DE LA DELINCUENCIA CONTEMPLADOS EN LA TECNICA PRELIBERACIONAL DE REOS" La formación histórica del Derecho Penal ha sido contemplada bajo una integración múltiple de conceptos que han sido est udiados como directrices que emergen de diversos factores formados en el crimen, en el sujeto delincuente y en la pena, tal es la condición que viene a integrar la presencia de la ciencia penal que analíticamente conceptúa esta condición. Las ideas sin embargo se han programado en una forma más definitiva tomando en consideración en mayor escala el contenido sobre la pena a imponer al sujeto, campo sobre el cual en definitiva es al que convergen todas las ideas exteriorizadas en torno al crimen y la condición que hace surgir la idea del Derecho Penal: así podemos encontrar diversidad de criterios pretendiendo enmarcar las ideas fundamentales para poder proceder criminalmente en contra 361 .- �del comisor de la conducta antijurídica que a nivel delictivo causa daño, por ende se ha presupuestado la necesidad de que la integración de una actividad social superada sea contemplada a través de los visillos de la ciencia penal. Con vista a ello atendemos a la ciencia penal como la ciencia que da uno de los mayores' ·aportes al devenir social histórico, la vigilancia a la conducta del hombre asociada, la problemática de entendimiento al sujeto delincuente que con su conducta transgrede los principios elementales de la condición social en que vive, y con ello la posibilidad de verificar la integración del sujeto a una conducta socialmente aceptable y además como persona que pueda desarrollarse en forma útil, deben ser los ideales que se persigan en la integración del conocimiento penal imperante en el mundo pero muy especialmente en nuestro país. La problemática de la solución al crimen y sus consecuencias ha sido contemplada en las innovaciones doctrinaria s del Derecho Penal en diferentes formas y cuyas trayectorias dieron lugar a la formación de hacer importantes directrices, la Escuela Clásica con Francisco Carrera a la cabeza y la Escuela Positiva a un centenar de años de su alumbramiento con el insisne Lombrow, pero nuestras princ-ipales directrices como en otras, surgidas co mo la c : cue 1a defensista y la escuela alemana reafirmada con Mezber llevan claramente punto básico, primeramente la idea de hacer que la prisión sea contemplada como factor que pueda realizar enmienda en el sujeto en la concepción ruda y torpe c'el sufrimiento en la expiación del recluso y luego la de determinar positivamente la absoluta e ingente necesidad de estudiar al sujeto responsable, de determinar su estado peligroso y de crear en ese estudio la necesidad de contemplar que la pena que se va a imponer al sujeto lleva enmarcada la obliaación de estudiar cómo en la condición .particular del :, delincuente se puede encontrar la temática propia de la condición que da al Estado material suficiente para protagonizar lo más eficaz de la consecuencia penal, hacer que el suieto torne a la sociedad en forma positiva ~orno element~ de utiiidad a ru desarrollo. 362 La problemática de la sanción traducida a un plano positivo requiere la conjunción de varios elomentos de los cuales se pueda obtener como resultados definitivos la idea de que, establecida positivamente ha ido tomando mayor incremento. hasta la é·poca actual y da lugar a la axioma de que subsiste la pena no como un fin sino como un medio, obtener la reintegración social del sujeto_ Empero esta idea no proclama sino ol acaecer de circunstancias múltiples que positivas o negutivas están integrando la prob~emática que da lugar al tema de las consecuencias negativas de la prisión. La sociedad en su seno comunmente repudia al expresidiario, este repudio comunmente hace que el expresidiario continúe su carrera criminal llevándolo a la actuaci6n negativa, lo que viene a dar lugar a que la agudización de las cuestiones analizadas se proliferen en perjuicio social. Las cárceles, se ha dicho comunmemte, son escuelas de la delincuencia, la prueba está que pensar que el sujeto por cumplir una prisión en reclusión da lugar a que se concluya el problema del crímen, resulta negativo, debemos acondicionar la idea de la prisión a la de establecer el adecuado tratamiento carcelario al sujeto para ver que en un momento determinado se contemple específicamente su problema, se tenga a la mano el dato necesario para acondicionar su conducta dentro del presidio a la idea de hacer que tenga que salir del reclusorio sin reportar el grado de peligrosidad que tuvo cuando ingresó. A través de esta situación tendremos necesariamente que establecer que al sujeto asisten infinidad de factores que paulatinamente lo han orillado a la con,ecución del crimen y que lógicamente deben s~r analizados para adecuarlos eficientemente a su conducta carcelaria previa a su libertad_ El factor causal criminógeno nos está indicando que el sujeto 363 �debe ser contemplado en un lugar que, para analizarlo tiene que rebasar los simples límites del Derecho Penal y acogerlo criminológicamente en torno al exhaustivo análisis de su conducta criminal, que nos lleva a conjeturar las ideas de por qué el sujeto ha delinquido, la respuesta a esta cuestión no puede hallarse sin que subsistan de por medio los estudios a la conducta del suieto que nos lleve a entender sus motivos y establecer cuál es el verdadero factor causal que lo hizo delinquir. Los factores causales del crimen se están integrando bajo diversidad de niveles, enseñando la criminolcgía cómo la concepción delictiva integra factores antropológicos, endocrinológicos, psicológicos y sociales, encontrando más que en los libros en la experiencia, que el factor causal de mayor incidencia en el marco del delito, lo es el que determina una conducta propiciada socialmente, ya que encontramos cómo el sujeto está predispuesto al delito merced al encuentro con un problema social para él insalvable sino es a través de la conducta violenta. Pero así también hay la posibilidad de la presencia deJactores causales diversos merced al encuentr0 del sujeto con ellos. La conducta que el sujeto delictivamente realiza en estas condiciones, se encuentra programada por esa motivación, así encon· tramos cómo el delincuente en delito patrimonial tiene una condición económica precaria que ha evolucionado hasta llevarlo al de· lito; el que pretenda dirimir su controversia violentamente para causar daños sangrientos, encuentra un eslabón que lo lleva al cri• men cuando existe el estado alcohólico en su persona, el delincuente sexual en su conducta degenerativa busca socialmente la motivación para encontrar el factor que lo está orillando hacia la consumación de sus ilícitos fines. El sujeto sometido a régimen carcelario como consecuencia de su conducta ilícita, programará su estancia en prisión, pero qué ga· rantía tiene la sociedad de que cuando abandone el reclusorio vuelva nuevamente a dar énfasis a su carrera delictiva, en esa virtud 364 debe pens~rse en forma definitiva y eficaz que si el sujeto tiene una motivación que lo ha orillado al crimen, esa motivación debe desaparecer cuando abandone el reclusorio, esa forma sólo tendrá eficacia si se adopta en el propio sujeto un método específicamente determinado en su person~ tendiente a hacer que subsista ese metamorfosis de cambio en cuanto a su personalidad decreciente en el plano social y creciente en el plano delictivo. Lo anterior hace presupuestar el criterio de que para establecer como eficaz la programación de un método· específico en el recluso para hacer desaparecer sus motivaciones delictivas, es menester estudiar en su persona ls,s factores causales de su conducta ilícita para poder encontrar que el régimen carcelario impuesto en él sea eficaz al tratar de obtener la desaparición de esos factores que enmarcados en la conducta del reo lo presentan en la soci3dad como un ser perjudicial. Comunmente se ha establecido que el sujeto debe salir de la prisión como elemento útil a la sociedad, pero esta concepción no es dable si no se tienen los elementos suficientes para que el Estado a través del adecuado régimen penitenciario, en una aplicación prelibera,ional del sujeto pueda hacer que su conducta se torne en ce-eficiente positivo al cumplirse con las principales fórmulas doctrinarias de las finalidades de la sanción, de donde se pueda como corolario establecer la base de este factor en la siguiente forma: Resulta necesario e inaplazable incluir en los métodos carcelarios preliberacionales, el estudio de la conducta del sujeto para que analizada que sea, se establezcan los factores causales que lo inclinaron hacia el delito, para que conociéndolos sirvan de base para adop~ar en el reo el régimen especial en su persona, tendiente a desaparecer ese factor originador del delito en mérit~ a que el sujeto pueda al obtener su libertad, entrar a la sociedad, habiendo desaparecid~ el grado de peligrosidad que ostentaba cuando cometió el delito, todo ello en servicio social. PONENCIA PRESENTADA AL SEXTO CONGRESO NACIONAL PENITENCIARIO 365 �El único responsable del pago de un cheque es el librador, a grado tal que el Banco librado debe pagarlo mientras haya fondos suficientes para ello, excepto cuando legalmente se le libere de ese deber. Aún en los casos de negativa injustificada del librado para pagar un cheque, su responsabilidad se da sólo frente al librador. No hay, por lo común, acción cambiaría o extracambiaria que el tenedor de un cheque pueda hacer valer en contra de la institución librada. Por el LIC. BENITO MORALES SALAZAR LOS CB_EQUES CERTIFIClDO_S Y DE ~CAJA Ello se deriva de los artículos 175, 176, 181 , 183, 184, 185, 186, 187, 191 y 193 de la invocada Ley, que no dejan lugar a dudas de que el cheque no constituye una concesión de crédito a corto, mediano o largo plazo, sino un medio de pago y de pago inmediato, según apunta el diverso numeral 178, pues el reenvío que el artículo 196 hace a las disposiciones atinentes a la letra de cambio, limita su aplicación a lo conducente, esto es sin permitir olvidar o ignorar las características y condiciones propias del cheque. Lo expuest,o significa que quien libra un cheque, en los términos apuntados, está ejercitando un derecho que le asiste hacia el Banco, bien por el depósito directo que ha realizado para consti~ tuir la provisión de fondos disponibles a ese efecto, ora por la apertura de crédito que el librado hace en fa vor del librador. El cheque, considerado como título de crédito acorde al concepto legal expresado en el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es un instrumento de pago. Nace a virtud del contrato celebrado entre una persona física o moral y una institución de crédito, quien autoriza a expedirlo a su cargo y contra los fondos disponibles que aquellos tengan en ésta. Es, por naturaleza ordinaria, una orden incondicional de pago dada por el librador a la institución de crédito, respecto a una suma de dinero determinada. Por tanto, el acto jurídico de autorización para expedir cheques, sólo obliga a la autorizante hacia el librador hasta el límite de las sumas provistas por éste; no existe, por ende y generalmente, vínculo o relación de obligatoriedad entre la institución de crédito y el beneficiario o tenedor de un cheque. En ambos casos la institución de crédito es depositaria de las correspondientes sumas de dinero y la orden de pago inserta en el cheque operar€! respecto a bienes que integran el patrimonio del librador. Esto explica la irresponsabilidad del librado frente al tenedor del cheque, porque aquél no compromete su patrimonio para satisfacer la suma incorporada en el documento, sino cumple por otro las órdenes de disponer de bienes de su propiedad, de los que el Banco sólo es mero depositario. De ahí que la provisión de fondos, por parte del librador, sea elemento consubstancial del cheque para mantener su calidad de instrumento de pago a la vista. Sin 367 �tal requisito el cheque se desvirtuaría y se convertiría en una forma de otorgar créditos, contrariándose así el espíritu legislativo sobre ese particular. Sin embargo, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito vigente, en su sección correspondiente a las formas especiales del cheque, regula la certificación del mismo por el librado (Artículo 199 que señala: "Antes de la emisión del cheque, el librador puede exigir que el librado lo certifique, declarando que existen en su poder fondos bastantes para pagarlo. La certificacióil no· puede ser parcial ni extenderse en cheques al portador. El cheque certificado no es negociable. La certificación produce los mismos efectos que la aceptación de la letra de cambio. La inserción ert el cheque de las palabras "acepto", "visto", "bueno" u otras equivalentes suscritas por el librado, o de la simple firma de éste, equivalen a una certificación. El librador puede revocar' el cheque certificado, siempre que lo devuelva al librado para su cancelación"). Dejando a un lado las críticas que la doctrina ha elaborado en torno a la naturaleza y conveniencia del cheque certificado, no hay duda de que éste desborda los principios básicos que informan a la teoría del cheque, por cuanto que la modalidad de mérito apareja' el surgimiento de una obligación cambiaría del librado frente al tenedor, al prevenirse con toda claridad en el precepto invocado que "la certificación produce los mismos efectos que la aceptación de la letra de cambio". Pero en contra de lo que pudiera pensarse, la figura aludida no rompe la dualidad de librador y librado como entes diferenciados. Lo que acontece es que el primero, sin perder su carácter de proveedor de fondos, exige del segundo su declaración anticipada a la emisión del cheque y, por consecuencia, a su presentación (a través de las fórmulas expresas o tácitas que el mismo artículo apunta), de que hay fondos bastantes y seguros para pagarlo. Se obliga el librado, de ese modo, a sep~Har de inmediato el importe 368 respectivo; a cargarlo desde luego en la cuenta del librador; y a ponerlo en cuenta general de cheques certificados, según lo ordena el artículq 106 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, que previene: Cuando una institución certifique un cheque, cargará desde luego, el importe en la cuenta del librador y lo abonará en cuenta general de cheques certificados. En atención a todo ello el tenedor, al recibir el cheque, no sufre los riesgos de insuficiencia de fondos por otros giros del librador sobre su provisión general y regular, pue~ ya no teme que la suma constante en el título está a buen resgu'ardo exclusivamente para él. De ahí también la responsabilidad cambiaría del librado hacia el tenedor. Porque del patrimonio del girador se desplazó un fondo especial que ya entró a formar parte del patrimonio del librado, quien sólo está en espera de que el tenedor le solicite que cumpla con la aceptación de pagar, expresa o tácitamente dada. Joaquín Rodríguez y Rodríguez (DERECHO BANCARIO. Págs. 218, 221 y 223. Tercera Edición. Editorial Porrúa, S. A., México 1973), señala: " ... Primero:-Pago forzoso por el librado. El cheque certificado.-Concepto. El cheque certificado es aquel que ha sido firmado por el girado, que así queda obligado cambiaría y directamente a su pago. En virtud de la certificación, el librado viene a substituir al librador como principal obligado cambiario". "Efectos de la certificación. Certificado un cheque, el banco girado debe cargar inmediatamente su importe en la cuenta del girador y abonarlo en una cuenta especial de cheques Certificados. Así, lo dispone el artículo 106, L. lnst. Cr. Este precepto tiene la trascendencia de que, por su aplicación, el importe del cheque queda separado del patrimonio del girador y adscrito en el patrimonio del girado, a una cuenta con efectos y finalidades especiales". . .. "Puede argegarse 369 �también que el derecho de crédito por el importe del cheque certificado, ya no está en el patrimonio del girador, puesto que su importe se carga en cuenta, tan pronto como la certificación se hace, sino que pasó al patrimonio del girado, a través de su asiento en la cuenta de cheques certificados, según dispone el artículo 106, L. lnst. Cr." En tal orden de ideas, si el patrimonio comprometido es ya el del librado, no parece que el librador pueda revocar el cheque conforme al artículo 185 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a pesar de la última parte del artículo 199 comentada. Sólo para el librador la vida del cheque certificado está determinada por la prescripción fijada en el diverso numeral 207 que dispone: "Las acciones contra el librado que certifique un cheque, prescriben en seis meses, a partir de la fecha en que concluya el plazo de presentación. La prescripción, en este caso, sólo aprove• chará al librador. Las acciones contra el que expida o ponga en circulación los cheques de viajero prescriben en un año, a partir de la fecha en que los cheques son puestos en circulación". Pero por las razones ya expresadas (traslado de bienes del patrimonio del librador al patrimonio del librado), esa prescripción libera exclusivamente al librador en cuanto a la responsabilidad solidaria que se le impone en el artículo 154. La devolución del cheque al librado para su cancelación (se lee revocación en el artículo 199 infine), es el medio de extinguir la responsabilidad de éste. Porque el hacer tal. el librador desva· nece la obligación cambiaría del Banco obtenida con el fondo es· pecial que, antes de emitir el cheque, ingresó al patrimonio del librado. Entonces el librador sí tiene derecho a que se reintegre a su patrimonio el importe de aquel fondo particularmente creado, puesto que en esa forma el cheque (con la gama de derechos que incorpora) muere jurídicamente para el librado. Rafael de Pina Vara, al tratar este punto en su obra que en seguida citaremos, sostiene los puntos externados, aunque afirma que el librado se libere al transcurrir el perk 'o. de prescripción del mencionado artículo 207. No obstante el propio Autor cae en las consideraciones antes esbozadas al agregar que la Ley "debió decir ..." o que " ... nuestros mercantilistas consideran que la institución del cheque certificado debe corregirs~ ... " La utilización de esos eufemismos destacan en mayor grado dos hechos: En el estado actual de la Ley, no se libera al librado de la obligación cambiaria contraída ni por la prescripción a que alude el precepto señalado en el párrafo que antecede, pero tam• poco por la prescripción ordinaria de los cheques regulada por el artículo 192. Razonar diversamente sería ilógico si se observa que en este precepto se alude al mismo término y' computable de idéntica manera que en el 207. La liberación para el Banco librado se producirá, o bien con la anulación o cancelación del cheque que el mismo librado efectúa al devolvérselo el librador, o bien por la prescripción general de las acciones cambiarías e que se refiere el artículo 165 de la Ley General ds3 Títulos y Operaciones de Crédito, pues no debe olvidarse que al librado se le tiene como aceptante de una letra de cambio. Dice el citado Autor (TEORIA Y PRACTICA DEL CHEQUE, Págs. 291, 292 y 293. Segunda Edición, Editorial Porrúa, S. A., v México, 1974): "El cheque certificado, aún cuando la LTOC establezca lo contrario, es irrevocable. En efecto, en el artículo 199 se dispone que el librador puede revocar el cheque certificado, siempre que lo devuelva al librado pa• ra su cancelación. No es éste propiamente hablando un caso de revocación. "La revocación implica la orden de 370 371 ✓ �no pagar, dada al girado y la devolución del documento equivale no a la revocación, sino a la anulación del cheque". No obstante lo anterior, Rodríguez y Rodríguez, considera que de todos modos el cheque puede ser revocado, en la forma prescrita en el artículo 185 de la LTOC, mediante la contraorden dada por el librador al librado, que solamente producirá sus efectos a partir del transcurso del plazo de presentación. No estamos de acuerdo con esta opinión. "El cheque certificado podrá ser anulado o cancelado, mediante su devolución al librado; pero la simple revocación (contraorden) no libera ni puede liberar al librado de su obligación cambiaria directa y principal de pagar el cheque al tenedor mientras no transcurra el término de prescripción previsto por el artículo 207 de la LTOC. Tampoco implica pérdida de la acción directa contra el librado la circunstancia de que el cheque certificado no sea presentado oportunamente para su pago o no se levante el protesto {o no se realicen los actos que legalmente lo substituyen) en caso de falta de pago parcial o total". "Las acciones contra el librado, establece el artículo 207 de la LTOC, que certifique un cheque prescriben en seis meses, a partir de la fecha en que concluya el plazo d~ presentación. La prescripción, en este caso, sólo aprovechará al librador. Con la disposición absurda del referido art:culo 207 transcrito, el legislador oretende enmendar la iniusticia que implica el primer párrafo del mismo. En efecto, en caso de prescripción el librado que certificó (y que abonó en la cuenta general de cheques certificados) se enriquecería sin ca usa y por eso se añade qüe la pre:cripción solamente aprovechará al libradcr, es decir, como afirma Cervantes Ahumada, el legis!ador "es- 372 tableció una prescripción extintiva que no es prescripción, puesto _que no libera al obligado". "Lo que debió decir el legislador, en. realidad, es que una vez transcurrido el término de orescripcié n, el librador tiene el derecho de pedir al librado que le abone én su cuenta el importe del cheoue certificado , ·ue no fue cobrado. · "Nuestros mercantilistas (Cervantes Ahumada, Rodríguez Rodríguez, Tena), consideran que la institución del cheque certificado, debe corregirse, adoptándose la solución de la L. U. CH. Esto es, la certificación debe hacer responsable al librado frente al tenedor de que durante el plazo de presentación tendrá fondos suficientes para pagar el cheque, pero nunca deberá convertirlo en obligado cambiario directo y principal ante el propio tenedor, ya que ello va en contra de la esencia misma del cheque . 11 (El propio Autor, en referencia al párrafo antes transcrito, cita también lo siguiente: "El artículo 6 del anexo 11 de la Convención de Ginebra, establece: Cada una de las altas partes contratantes tiene la facult~d de admitir que el girado inscriba en el cheque una mención de certificación, confirmación, visto bueno u otra decláración equivalente, con tal que esta declaración no tenga el efecto de una aceptación, y de regular !os efectos de la misma ") . Por otra parte, el artículo 200 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dispone: S61o las instituciones de Crédito pueden expedir cheques de caja a cargo·de sus propias dependencias. Para su validez estos cheques deberán ser nominativos y no negocia bles. 373 �En éstos resulta nítida la confusión del librado y librador: ambos son uno mismo. La obligación cambiaría de pago de la institución de crédito hacia el beneficiario o tenedor es incuestionable y no requiere de otros elementos. El Banco gira en contra de sí y responde con su propio patrimonio. No uno constituido especialmente como en el caso del cheque certificado, sino con todo su patrimonio. puede no ser cuentahabiente) por lo cual se paga un precio que es la suma que se consigna en el giro. lpso facto, ese precio es propiedad del Banco y de ningún modo es concebible que tal suma la reciba como ·simple depósito de una provisión de fondos disponibles, cual si se tratara del acto de autorización · a que se contrae el segundo párrafo del artículo 175 indicado. Rodríguez y Rodríguez (Obra citada. Pág. 221) expone: Por contra, frente a este tipo de cheques, o sea los de caja, desaparece la idea de una relación de provisión de fondos. "Cheques que pueden ser certificados. Puesto que la certificación crea la obligación cambiaría y directa del librado para el pago del cheque, la certificación será improcedente en todos los casos en los que el girado ya está obligado cambiariamente al pago del cheque. Esto ocurre en los casos en que el girador es al mismo tiempo el girado del cheque, como sucede con los cheques de caja y con los cheques de viajero". El beneficiario o tenedor resulta tercero extraño a esa operación y el único vínculo que subsiste, ~ partir de tal momento, es el del Banco librador-librado con el beneficiario o tenedor, a quien no pueden depararle perjuicio los acuerdos posteriores entre Banco y ordenante o peticionario, como para pensar que se destruya el derecho cartular del que es titular el tenedor, en correlación a la obligación cambiaría que sólo el Banco ha prometido cumplir. Cierto es que los cheques de caja son también utilizados por los Bancos para efectuar remesas de fondos de una plaza a otra a petición de sus clientes (qiros). Mas no menos cierto es que hasta eri esos supuestos no varían las cosas, ante la ausencia de relación entre el beneficiario y quien pidió la remesa al librado. Aquí, este (iltimo sique siendo el único obligado cambiaría, directo e inmediato. La expedición del "giro", aunque sea a petición u orden de r 11 alauier oersona, no tiene la virtud de convertir a esta última en librrc-lo r del documento, aún en el caso de aue también sea cuentr"l~abiente del Banco. En realidad, tratándose de los cheques de caja, el Banco actúa prometiendo pagar, a la manera que lo hace el suscriptor de un pagaré. Esto es, en los eventos citados se celebra una compra-venta entre el librado y peticionario u ordenante del "giro" (que bien 374 Para una mayor inteligencia de lo apuntado, piénsese que los cheques de caja participan, a no dudarlo, de la naturaleza de los cheques de viajero, en cuanto que éstos igualmente son expedidos por el Banco a su propio cargo, a pesar de que la expedición sea por orden de cualquier persona. Esta tampoco se torna en librador, pues la exclusiva relación que se genera es de Banco librador-libra- . do a tomador o endosatario. Rafael de Pina Vara (obra citada, Págs. 293 a 295) escribe: "EL CHEQUE DE CAJA.-En principio, el cheque no puede ser emitido a cargo del mismo librador. En este supuesto no puede hablarse en realidad de una orden de p_a go dirigida al librado (contenido esencial del cheque) sino de · una simple promesa de pago del librador. Sin embargo, la ley permite que, excepcionalmente, puedan expedirse cheques a cargo del propio librador. 375 �"Gualtieri, cons.idera que en estos casos el cheque pierde su función económico-jurídica propia, para asumir la del pagaré, que contiene una promesa y no una orden de pago y prescinde, consecuentemente, de la relación de provisión. Verdaderamente, escribe Greco, una orden que sea tal en sentido jurídico, y no sólo en sentido moral, presupone esencialmente una relación entre dos sujetos cuando menos; esto es, entre ordenante y ordenado; de otra manera o no significaría nada, o significaría que el pretendido ordenante se obliga en realidad directamente, emitiendo substancialmente un pagaré y no un cheque, en el que +~"dría la calidad de obligado principal y no simplement(.! obligado de regreso ... Más aún, la forma del giro contra sí mismo, aparece en contraste con la naturaleza del cheque. Contrasta sobre todo con el requisito de la previsión, la cual no tiene sentido lógico y práctico si no es concebida como un crédito del ordenante contra un tercero; de otra manera se confundiría o más bien se desvanecería en el concepto de la propiedad patrimonial del ordenante; y la misma provisión no sería susceptible de ser individualizada o aislada en la inmediata esfera de dominio de este último, para algunos reflejos de orden jurídico, por ejemplo la obligación de proceder a su constitución y mantenerla íntegra. Contrasta también con la esencial función del cheque como simple medio de pago y no como instrumento de crédito. En efecto, cuando el deudor sea también deudor de la suma destinada al pago, pudiéndose este último efectuar directamente, no se comprende el por qué de la emisión del cheque. Para los efectos de la transferencia monetaria en este caso, el cheque serviría como una cualquier promesa de pagar un débito. Puede corresponder sin duda a otras funciones; pero se trata de funciones espúreas, que en el cheque la ley o prohibe de modo absoluto, o no quiere que sean cumplidas por el cheque, como la dilación <Je los pagos, o la atribulación al acreedor de un documento reconscitivo de un crédito líquido y exigible". "No obstante lo anterior, por razones y exigencias prácticas, el legislador ha admitido excepcionalm'ente la posibilidad de que el cheque, en determinados supuestos sea expedido a cargo del propio libra.dar. Estos cheques recibe~ en nuestro Derecho el nombre de cheques de ca• 11 Iª . En realidad, tratándose de los cheques de caja, e l Banco actúa prometiendo pagar, a la manera que lo hace el suscriptor de un pagaré. Esto es, en los eventos citados se celebra una compra-venta entre el librado y peticionario u ordenante del "giro" (que bien puede no ser cuentahabiente) por lo cual se paga un precio que es la suma que se consigi:ia en el giro. lpso facto, ese precio es propiedad del Banco y de ningún modo es concebible que tal suma la reciba como simple depósito de una provisión de fondos disponibles, cual si se tratara del acto de autorización a que se contrae el segundo párrafo del artículo 175 indicado. Por contra, frente a este tipo de cheques, o sea los.de ca ja, desaparece la idea de una relación de provisión de fondos. El beneficiario o tenedor resulta tercero extraño a esa operación y el único vínculo que subsiste, a partir de tal momento, es el del Banco librador-librado con e l beneficiario o tenedor, a quien no pueden depararle perjuicio los acuerdos posteriores entre Banco Y ordenante o peticionario, como para pensar que se destruya el derecho cartular del que es titular el tenedor, en correlación a la obligación cambiaria que sólo el Banco ha prometido cumplir. Para una mayor inteligencia de lo apuntado, piénsese que los 376 377 �cheques de caja participan, a no dudarlo, de la naturaleza de los cheques de viajero, en cutinto que éstos igualmente son expedidos por el Banco a su propio cargo, a pesar de que la expedición sea por orden de cualquier persona. Esta tampoco se torna en librador, pues la exclusiva relación que se genera es de Banco librador-librado a tomador o endosatario. Rafael de Pina Vara (obra citada, Págs. 293 a 295) escribe: "EL CHEQUE DE CAJA.-En principio, el cheque no puede ser emitido a cargo del mismo librador. En este supuesto no puede hablarse en realidad de una orden de pago dirigida.lal librado (contenido esencial_ del cheqw:3) sino de una si~ple promesa de pago del librador. Sin embargo, la ley permite que, excepcionalmente, puedan expedirse cheques a cargo del propio librador. "Gualtieri, considera que en estos casos el cheque pierde su función económico-jurídica propia, para asumir la del pagaré, que contiene una promesa y no una orden de pago y prescinde, consecuentemente, de la relación de provisión. Verdaderamente, escribe Greco, una orden que sea tal en sentido jurídico, y no sólo en sentido moral. presupone esencialmente una relación entre dos sujetos cuando menos; esto es, entre ordenante y ordenado; de otra manera o no significaría nada, o significaría que el pretendido ordenante se obliga en realidad directamente, emitiendo substancialmente un pagaré y no un cheque, en el que tendría la calidad de obligado principal y no simplemente obligado de regreso ... Más aún, la forma del giro contra sí mismo, aparece en contraste con la naturaleza del cheque. Contrasta sobre todo con el requisito de la previsión, la cual no tiene sentido lógico y práctico si no es concebida como un crédito del ordenante contra un tercero; de otra manera se confundiría o más bien se des- 378 vanecería en el concepto de la propiedad patrimonial del ordenante; y la misma provisión no sería susceptible de ser individualizada o aislada en la inmediata esfera de domi: nio de este último, para algunos reflejos de orden jurídico, por ejemplo la o_bligación de proceder a su constitución y mantenerla íntegra. Contrasta también con la esencial función del cheque como simple medio de pago y no como instrumento de crédito. En efec+o, cuando el deudor sea también deudor de la suma destinada al pago, pudiéndose este último efectuar directamente, no se comprende el por qué de la emisión del cheque. P.ara los efectos de la transferencia monetaria en este cas.o, el cheque serviría como una cualquier promesa de paga; un débito. Puede corresponder sin duda a otras funcion~s; pero se trata de funciones espúreas, que en el cheque la ley o prohibe de modo absoluto, o no quiere que sean cumplidas por el cheque, como la dilación de los pagos, o la atribulación al acreedor de un documento reconscitivo de un crédito líquido y exigible". "No obstante lo anterior, por razones y exigencias prácticas, el legislador ha admitido excepcionalmente la posibilidad de que el cheque, en determinados supuestos sea expedido a cargo del propio librador. Estos cheques reciben en nuestro Derecho el nombre de cheques de ca¡a . • 11 "En la práctica bancaria se utílizan cheques de caja para realizar transferencias de fondos entre las distintas sucursales o agencias de una institución de crédito, y también para efectuar remesas de fondos de una plaza a otra a petición de sus clientes (giros)". _Así las cosas, y con resguardo absoluto de las peculiares dife~enc,as apuntadas entre los cheques certificados y los de caja, es incuestionable que para los segundos valen los argumentos formu379 �lados precedentemente en lo que atañe a los cheques certificados, así como lo correspondiente de las opiniones doctrinales transcritas. De tal suerte que, sin violencia alguna, es dable asentar que a semejanza de los cheques certificados, la Ley no libera al Banco ni siquiera a virtud de la prescripción que se consagra para la extinción de las acciones derivadas de los cheques normales o comunes. Acá, como en los cheques certificados, la prescripción es la general de las acciones cambiarías (artículo 165). Creemos, con Rafael de Pina Vara, que el tenedor de un cheque certificado o de un cheque de caja no está forzosamente obligado a presentar el cheque, exigiendo su pago, dentro de los plazos a que se contrae el artículo 181 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a fin de conservar sus acciones en contra del Banco obligado cambiariamente. Y si bien el diverso numeral 207, primer párrafo, indica desde cuándo corre la prescripción para los cheques certificados (conclusión del plazo de presentación), es de estimarse que ello se consagra exclusivamente como indicador de un punto de iniciación de cómputo para liberar por prescripción únicamente al librador (que en esos cheques sí es un ente distinto al librado) de su responsabilidad cambiaría solidaria a la que ya hicimos referencia. En consecuencia, no debiendo presentarse tales cheques (de caja o certificados) conforme al citado artículo 181, las acciones cambiarías derivadas de ellos no caducan frente al librador y librador-librado en los términos del invocado artículo 191, puesto que, según se asentó, hasta en los casos de cheques certificados el librador, conservándose como un ente diverso al Banco-librado, es el que se libera exclusivamente por la prescripción, después de transcurrido el plazo fijado en el mencionado precepto 207. Ya observamos una similitud esencial entre los cheques de caja y los cheques de viajero. A nadie se le ocurriría pensar (al legislador mucho menos; ~rtículo 207, segundo párrafo) que estos últimos deban ser presentados como lo ordena el artículo 181, so pena de 380 verse perdidas por caducidad las acciones cambiarías conforme al numeral 191. Además: si como antes se externó, el cheque certificado que implica siempre la diversidad de librador y librado, no es susceptible de revocarse de acuerdo al artículo 185, menos lo es el cheque de caja expedido por una institución de crédito a su propio cargo, en el cual se presenta más notoriamente la obligación cambiaría del Banco con el tenedor, sin intermediación alg~na. Pudiera objetarse que todo lo expuesto choca con la naturaleza jurídica propia del cheque y con el propósito del Legislador de evitar que el cheque sea sustituto~el b~~e moneda. Pero no se debe olvidar que se trata de "formas especiales del cheque"; que tanto los cheques certificados co~o los c~eques de caja, sí obligan cambiariamente al Banco, a la m,nera de una letra de cambio o de un pagaré, respectivamente; que la misma Ley exige que sean nominativos y no negociables, o sea carentes de la posibilidad de circular en todo caso (artículo · 201 )¡ que esto, incuestionablemente les da la calidad de un billete singular y personal para el tenedor, hasta su anulación -o cancelación o prescripción apuntada; que el Título correspondiente de la Ley comentada se integra con normas expresas y de excepción, referidas a los cheques multicitados; que es obvio que los cheques certificados y los cheques de caja constituyen una peculiarísima categoría dentro de la condición igualmente especial del cheque, en contraste directo con el concepto de títulos de crédito en general; y que si es unánime la consideración de que los cheques no deben , obligar cambiariamente a los Bancos, lo cierto es que la interpretación integral y conjugada de la regulació~ actual de la Ley, conduce a la conclusión de que los cheques certificados o de caja están adoptados como estructuras que extralimitan, hasta ahora, la concepción del cheque común como mero instrumento de pago y no de concesión de un crédito. 381 �"En la práctica bancaria se utilizan cheques de caja para realizar transferencias de fondos entre las distintas sucursales o agencias de una institución de crédito, y también para efectuar remesas de fondos de una plaza a otra a petición de sus clientes (giros)". Así las cosas, y con resguardo absoluto de las peculiares diferencias apuntadas entre los ~heques certificados y los de caja, es incuestionable que para los segundos valen los argumentos formu• lados precedentemente en lo que atañe a los cheques certificados, así como lo correspondiente de las opiniones doctrinales transcritas. De tal suerte que, sin violencia alguna, es dable asentar que a semejanza de los cheques certificados, la Ley no libera al Banco ni siquiera a virtud de la prescripción que se consagra para la extinción de las acciones derivadas de los cheques normales o comunes. Acá, como en los cheques certificados, la prescripción es la general de las acciones cambiarias (artículo 165). Creemos, con 'Rafael de Pina Vara, que el tenedor de un cheque certificado o de un cheque de caja no está forzosamente obligado a presentar el cheque, exigiendo su pago, dentro de los plazos a que se contrae el artículo 181 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a fin de conservar sus acciones en contra del Banco obligado cambiariamerite. Y si bien el diverso numeral 207, primer párrafo, indica desde cuándo corre la prescripción para los cheques certificados (conclusión del plazo de presentación), es de estimarse que ello se consagra exclusivamente como indicador de un punto de iniciación de cómputo para liberar por prescripción únicamente al librador (que en esos d 1-eques sí es un ente distinto al librado) de su. responsabilidad cambiaría solidaria a la que ya hicimos referencia. En consecuencia, no debiendo presentarse tales cheques (de caja o certificados) conforme al citado artículo 181 , las acciones cambiarías derivadas de ellos no caducan frente al librador y libra· dor-librado en los términos del invocado artículo 191, puesto que, 382 según se asentó, hasta en los casos de cheques certificados el librador, conservándose como un ente diverso al Banco-librado, es el que se libera exclusivamente por la prescripción, después de transcurrido el plazo fijado en el menciona_d o precepto 207. Ya observamos una similitud esencial entre los cheques de caja y los cheques de viajero. A nadie se le ocurriría pensar (al legisla- dor mucho menos; artículo 207, segundo párrafo) que estos últimos deban ser presentados como lo ordena el artículo 181, so pena de verse perdidas por caducidad las acciones cambiarias conforme al numeral 191 . Además: si como antes se externó, el cheque certificado que implica siempre la diversidad de librador y librado, no es susceptible de revocarse de acuerdo al artículo 185, menos lo es el cheque de caja expedido por una institución de crédito a su propio cargo, en el cual se presenta más notoriamente la obligación cambiaría del Banco con el tenedor, sin intermediación alguna. Pudiera objetarse que todo lo expuesto choca con la naturaleza jurídica propia del cheque y con el propósito del Legislador de evitar que el cheque sea sustituto del billete moneda. Pero no se debe olvidar que se trata de "formas especiales del cheque"; que tanto los cheques certificados c-:,mo los cheques de caja, sí obligan cambiariamente al Banco, a la manera de una letra de cambio o de un pagaré, respectivamente; que la misma Ley exige que sean nominativos y no negociables, o sea carentes de la posibilidad de circular en todo caso (artículo 201 ); que esto, incuestionablemente les da la calidad de un billete singular y personal para el tenedor, hasta su anulación o cancelación o prescripción apuntada; que el Título correspondiente de la Ley comentada se integra con normas expresas y de excepción, referidas a los cheques multicitados; que es obvio que los cheques certificados y los cheques de caja constituyen una peculiarísima categoría dentro de la condición igualmente especial del cheque, en contraste directo con el 383 �concepto de títulos de crédito en general; y que si es unánime la consideración de que los cheques no deben obligar cambiariamente a los Bancos, lo cierto es que la interpretación integral y conjugada· de la regulación actual de la Ley, conduce a la conclusión de que los cheques certificados o de caja están adoptados como estructuras que extralimitan, hasta ahora, la concepción del cheque común como mero instrumento de pago y no de concesión Por el LIC. CARLOS FRANCISCO CISNEROS RAMOS de un crédito. "LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN ll JUICIO OR AMPARO" (Corrección Judicial de la Demanda de Amparo errónea, irregular u omisa). MONOGRAFIA PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO CONVOCADO POR EL COLEGIO DE SECRETARIOS DE ESTUDIO Y CUENTA DE LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN LA NACION, A. C. INTRODUCCION La evolución constante del Derecho, ha introducido en la legislación positiva de nuestro país, normas integradoras de nuevos ordenamientos jurídicos regu_ladores de las diversas conductas y quehaceres de los hombres dentro de la comunidad mexicana. Al efecto se han venido ampliando los llamados "derechos sociales", consagrados, por primer~ vez, en el mundo, en una Cons- 384 �LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA titución, en la expedida por el Constituyente de Querétaro en 1917, al incorporar en ese texto político-social fundamental de nuestro País, los correspondientes a los trabajadores, ejidatarios, comuneros, núcleos de población, y, en general a quienes podrían exigir el derecho a la educación. Dentro de las múltiples enmiendas constitucionales se han incluido nuevos derechos sociales: la regulación de las relaciones entre los servidores públicos federales y los distintos órganos del Poder Público Federal, la seguridad social de los burócratas, hasta lo último relativo a la normación de los llamados asentamientos humanos. Todo ello representa el avance correspondiente dada la socialización del Derecho, atendiendo a la tendencia de otorgar tutela jurídica, protección a los marginados o económicamente débiles. Lo anterior, sin descartar, ni restringir los derechos individuales del hombre, quien se encuentra también protegido de todo acto arbitrario de la autoridad al concedérsele la oportunidad de recurrir al juicio de amparo a fin de lograr de la autoridad judicial , federal correspondiente, el amparo y protección de la justicia de la unión en contra de los actos reclamados de la autoridad demandada. Sin embargo, el juicio de amparo, está concebido desde el punto de vista de la ;protección de los derechos individuales. No hay un juicio de amparo para tutelar los derechos sociales. "Desde un punto de vista práctico -acota el Lic. Juventino Y. Castro-no técnico, el derecho existe como vivencia dinámica, en tanto exista una acción que permita reafirmarlo cuando se le desconozca o se le ataque", (Hacia el Amparo Evolucionado. Juventino V. Castro. Editorial Porrúa, S. A., 1964. Pág. 128). Luego, pudiera pensarse, el derecho social, no existe. Pero, de pensarse así, se dejaría de considerar el espíritu de los Constituyentes de brindar la protección debida a los grupos humanos económicamente débiles. 386 LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA Veamos c6mo se preocupó el legislador originario de permitir el logro de esa tutela, cuan.do, en el ejerciéio de la acción constitucional, generadora del juicio de amparo, -et demandante, ~en materia penal fuere omiso en la narración de los hechos y conceiptos de violación, presentando' una demanda obsCJJra, irregular o deficiente, pero el juzgador encontrare una violación manifiesta de la ley, con la cual se dej6 en estado de indefensión al acusado, indiciado, procesado o sentenciado, o bien, éste fue juzgad~ por una ley inexactamente aplicada al caso. Desde luego, de acuerdo con la interpretación, se estableci6 la actividad jurisdiccional, por parte del juez del amparo, para corregir esa demanda errónea o irregular, considerando las condiciones o sit_uaciones del demandante derjuicio de amparo, en materia penal, o la ignorancia o torpeza del mismo o sus defensores. Con ese tenor se hicieron, posteriormente, las enmiendas constitucionales, siguiendo el procedimiento de reforma constitucional correspondiente, ante el denominado Congreso Constituyente Permanente, para permitir al Juez del amparo, realizar esa actividad jurisdiccional supletivo cuando la demanda se sustentaba en la aplicación, por parte de la autoridad demandada, de una ley declar~da anticonstitucional por la Suprema Corte de Justicia en negocios laborales; cuando se tratare de la parte obrera; en asuntos de ejidatarios, comuneros y núcleos de población y en el caso de los menores e incapacitados. Se ha pretendido tutelar a la parte débil de todo proceso. D~ esa manera se llega a la consumación de la acción para garantizar t~:recho Social, concediendo al juzgador la realización de esa a~erv,dad conforme a la cual, pretendemos se haga extensiva, se g_ue todas Y cada una de las copias necesarias de la demanda pr;c1sa las autoridades demandadas, así como los actos reclamado~ Y 0 ~ conceptos de violación expuesto, recabe oficiosamente las prue as, y, en general cotrija o enmiende la demanda formulada l'lrr6neamente o en forma irregular. :I 317 / �LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA Claro, atendiendo a los principios constitucionales, la protección será únicamente para quien haya ocurrido demandando el amparo y protección de la justicia de la unión y no para todo el grupo humano al cual pertenezca el demandante. De esa suerte se logra la deseada ppridad procesal. La actividad jurisdiccional llevada al cabo' por el iuez del amparo, corrigiendo o enmendando la demanda errónea, obscura o irregula r, suple aquella carencia de conocimiento y recursos de ún·a_ d,e las par>-," tes en las contiendas ordinarias, en las cuales, otra dé- elt;s, · cuenta con medios económicos y adecuados, asesoramientos ~ropios o suficientes para llegar a la obtención de fallos favorables a sus intereses. - Nuestra tesis tiende a la ampliación de esa actividad jurisdiccional supletiva, cuando la demanda de amparo es formulada por uno de los sujetos tutelados por los derechos sociales, sin importar la falta de encuadramiento en los postulados constitucionales. Así, por ejemplo, cuando un consumidor sufra, en sus derechos, una lesión, por un acto de autoridad, arbitrario, ilegal, anticonstitucional o indebido y ocurra en demanda de amparo y ésta sea errónea, obscura o irregular, el juez del conocimiento debe actuar corrigiendo, enmendando o supliendo al demandante. Este, atendiendo por ejemplo, a lo dispuesto por la nueva Ley Federal de Protección al Consumidor, en cuanto otorga a éste verdaderos derechos sociales, cuya adecuada protección se logrará con la concesión de esa actividad jurisdiccional suplativa. Igualmente, se puede hacer, en materia de asentamientos humanos y así, con todas las materias de Derecho Soci~I. Esa actuación debe hacerse partiendo de la interpretación constitucional y en atención a los requerimientos de la época, pensando en la necesidad de dejar de hacer modificaciones a la Carta Magna Federal, pues tal proceder al decir del Lic. Arturo González Cosío, "había convertido a la Ley Fundamental en el pasado en un traje a la medida de ambiciones personales, y sujeto por ello a las már tornadizas mudas". (El Poder Público y la Jurisdicción en 388 LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA Materia Administrativa en México. Editorial Porrúa, S. A., 1976. Pág. 34. Arturo González Cosío). Para llegar a la conclusión fundamental, id_ea central _de es:e trabajo, principiamos con la pretensión de precisar la term1~~log1a utilizada a pesar del uso tradicional de los conceptos de la suplencia de la queja deficiente _en_ el ju;cio d~ amparo",, fijándonos, primeramente, y siguiendo al ¡urist~ Do~ ~1ceto Alc_ala-Zamora Y Castillo, "en un deta]e a primera vista sin 1mportanc1a, pero en_ el que habrán de poner especial atención los reformadores de .ma~ana -bien sean tradicionalistas, ecléticos o innovadores-, si qui~ren llenar su cometido con el máximo acierto. Aludimos al descuido y ligereza con que (prescindiendo de la orientación) se redactan nuestras leyes, hasta el punto de que la mayoría de ~as dudas Y ~e las confusiones tienen su arranque, unas veces, en la 1nconsecuenc1a del legislador consigo mismo; otras, en el olvido en que deja :uanto ha dicho en un precepto legal, para afirma"' lo cont~ario en otro, si es que no se desdice dentro de un mismo texto; f 1~almente en el empleo indistinto de términos que tienen muy d,fer~nte significación, o a la inversa" (Estudios de Derecho Persona_!. N,1ceto Alcalá-Zamora y Castillo. Biblioteca de Derecho, Soc1olog1a Y Política. Vol. XIII. Primera Edición. Centro Editorial Góngora, Madrid 1934. Pág. 27). Así , descartamos el término "queja", "especie de cajón de sastre d~nde el legislador, con insistencia digna de mejor ca~sa, ha colocado un saldo de recursos de la más variada procedencia Y aun algunas figuras procesales que nada t_ienen qu_e_ ver con los recursos" (Pág. 33, Alcalá-Zamora. Op. Cit.), pre'.irie_nd~ ,el de manda y, en general. el nombre, de ~s~ llamada institu:'?n de_l 1~1cio de amparo, "suplencia de la que¡a , por el de act1v1dad ¡urisdiccional. del juez del amparo para corregir, enmendar o subsanar la demanda errónea, obscura, irregular u omisa. ?~- Es una actividad jurisdiccional, pues el juez de amparo, teniendo a la vista la demanda, la corrige, enmendando las imperfecciones, y, además, debe llevar al cabo un quehacer amplio, desde 389 �LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA la complementación de las copias necesarias de la demanda hasta la actuación oficiosa para allegarse los medios de convicción necesarios para el acreditamiento del interés i~rídico. del demandante y la existencia de los actos reclamados a las autoridades demandadas. Todo ello no significa necesariamente la ccncesión de la protección del amparo y protección de la justicia de la unión, pues ~e toda la actividad jurisdicciona! desplegada, al ccmprobarse la e~,:tencia de los actos reclamados, nuede concluirse negando lo sol1c1tado por E!I demandante, por e~contrar una actuación de la autoridad ajustada a la Constitución. "No se trata -asienta el Lic. Humberto Briseño Sierra- de que el juez demuestre como si fuere el abogado que patrocina a los quejosos, sino de que vaya a la fuente misma de los hechos controvertidos, para recoger los elementos de juicio, y oportun~mente valorarlos. No irá a crear o construir las pruebas, no examinará testigos, sino recogerá la documentación existente y ordenará las pericias que se requieran". "Que todo ello deje en situación desventajosa al tercero y a la responsable está fuera de toda duda, pero no debe perderse de vista que no se trata de un proceso, ni una crítica de un proceso anterior, sino de un control que ha llegado hasta sus últimas consecuencias, al permitir la total oficiosidad en el juez, con la sola pre-sencia de la queja (El Amparo Mexicano. Humberto Briseño Sierra. Cárdenas Editor y Distribuidor. Primera Edición. 1971. Pág. 724). . 11 • En esa pretensión de precisar la terminología jurídica de la mencionada actividad jurisdiccional correctiva o supletiva, dejamos, en intento una definición, como base o principio de arranque para la formulación de aquella definición en el cual ·e ncontramos la satis· facción por reunir los requisitos necesarios y exigencias mínimas del lenguaje jurídico -del Derecho de Ar,:¡paro. 390 LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA Pasamos, después, a la reseña breve de la evolución, desde el punto de vista constitucional de esa actividad jurisdiccional para corregir la demanda err6nea, continuando con el capítulo relativo a la aplicación en cada una de las llamadas categorías en las· cuales, de acuerdo con la legislación positiva, se ha reconocido la misma, con el objeto de tener o formar la idea del espíritu envolvente a esa actividad. Decíamos. la intención, desde el legislador constituyente, continuada por el ordinario, ha sido la de brindar la debida protecció~ a los demandantes del juicio de amparo, pertenecientes a las clases económicamente débiles, para enmendar o corregir los errores propios de la ignorancia, torpeza o mala defensa por no encontrar asesores, dada la carencia de sus recursos. Así llegamos a la última parte en la cual desarrollamos los temas relativos al Derecho Social. como una rama o disciplina nueva, señalando de acuerdo con la doctrina, las materias componentes del mismo, a fin de llegar a la aplicación de nuestra tesis relativa al desarrollo, por parte del juez del amparo, de esa actividad jurisdiccional correctiva o sup!etiva, en todos aquellos casos en los cuales el demandante sea un sujeto protegido por derechos sociales, para obtener el debido equilibrio o paridad procesal. Esa actividad correctiva del juez del amoaro conlleva a la contemplación del amparo social, pues al través de ella6 se supera "la ficticia igualdad legal, formal, procesal". "El juicio de amparo ya no se limita a proteger a los particulares contra leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales, sino que su ámbito tutelar se ha extendido a ese otro gran sector de derechos públicos del gobernado consagrados por nuestra Carta de 1917, las llamada s garantías sociales" (Excélsior, Pág. 1O-A. 27 de febrero de 1976), de tal manera, consideramos, es al través de la actividad jurisdiccional supletiva o correctiva dP. 391 �LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA la demanda errónea, obscura, irregular u omisa, como el juez del amparo llega a la debida protección de esos derechos sociales. Sin necesidad de modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en todo lo referente a los derechos sociales, cuando el demandante del juicio de amparo, sea la parte débil, por interpretación, los jueces del amparo, deben proceder a la enmienda, corrección de la demanda errónea u omisa, para hacer efectivo el voto del jurista mexicano Don Felipe Tena Ramírez, "de que la más popular de instituciones jurídicas abra de par en par su puerta para las clases populares, que por ella entraría también la tranquilidad a la conciencia de los jueces federales" (Pág. 30. "E~ Amparo de Estricto Derecho: Orígenes, Expansión, Inconvenientes". Revista de la Facultad de Derecho de México. Torno IV. Enero-Marzo 1954. No. 13). Prefiérase, pues, la actividad jurisdiccion_al correctiva o supletiva en cuestiones de amparos sobre derechos sociales, pues el am· paro de estricto derecho es "un engaño para el litigante y un ludibrio para el juez". Monterrey, N. L., a 12 de Abril de 1976 LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO (Corrección Judicial de la Demanda de Amparo errónea, irregular u omisa) CAPITULO PRIMERO: PRECISIONES TERMINOLOGICAS. INTEN.TO DE DEFINICION 392 Recordando las maravillosas lecciones del maestro Niceto Alcalá Zamora y Castillo en sus "Cuestiones de Terminología Procesal", antes de entrar al estudio del tema objeto de este trabajo, consideramos pertine·nte hacer algunas reflexiones en torno al lenguaje ufilizado para denominar a esa actividad jurisdiccional, propia del Juicio de Amparo, al través de la cual se llega a subsanar la irregularidad u omi~ión de la demanda, cuando por el contenido eminentemente social, inmerso no solamente en los actos reclamados, sino en la actividad misma de las·autoridades responsables y de quienes acuden en demanda del Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, obligan al juzgador a realizar una investigación exhaustiva a fin de lograr la prevalencia del principio de la supremacía de la Constitución. �1-A SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE Ese término de "queja" debe dejarse de utilizar, buscando otro más apropiado y con un significado unívoco. Al efecto tendremos presente las "exigencias mínimas del lenguaje jurídico. Ante todo, la expresividad, con objeto de que se manifieste desde el primer momento la perfecta correspondencia entre·denominador y denominado. En segundo lugar, la accesibilidad del vocabulario: Las ideas más profundas pueden y deben exteriorizarse con absoluta diafinidad, y con mayor motivo en los dominios del derecho, en los que faltan, o en los que sólo funcionan con alcance especial y restringido, métodos de concretización conceptual que en otras ramas del deber son de empleo decisivo y constante. Ha de procurarse también, hasta donde sea posible, el empleo de palabras unívocas y no equívocas, así como habrá de evitarse con cuidado sumo el divorcio entre nombre y contenido, en la doble dirección de unidad del primero y diversidad del segundo, o viceversa".(1) Lo anterior, además, si tomamos en cuenta lo expuesto· por el Dr. Octavio A. Hernández en el sentido: "desde un punto de vista técnico, la denominación es incorrecta pues, en sentido propio, por quejoso" debe entenderse la persona que interpone el recurso de queja y no quien demanda el amparo".(2) Ciertamente el vocablo "queja" en la legislación mexicana, ha sido utilizado indistintamente como nombre de un recurso ya con facultad de expresar lo sentido en contra de funcionarios infractores, abusivos o arbitrarios o ya como demanda. Así, empezando por la ley de Amparo, tenemos el artículo 82, el cual dice: "En los juicios de amparo, no se admitirán más recursos que los de revisión, QUEJA y reclamación" con la regulación correspondiente en los diversos del 95 al 102 de ese ordenamiento legal. En la sección 11, Capítulo IV, Título Cuarto, artículos del 237 al 239 del Código Fiscal de la Federación se contiene la regulación, proceso y resolución de la queja como recurso dentro del procedimiento contencioso-administrativo federal. 394 LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE En cambio en la fracción VI del artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, se faculta ·al Presidente "de la Suprema Corte de Justicia, a recibir quejas por faltas tanto contra el Pleno, Salas, Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Aquí por queja se entiende la expresión de un sentimiento por actos arbitrarios constitutivos de faltas leves o graves. Mientras en el artículo 107 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos M&xicanos y en el artículo 76 de la misma Ley de Amparo, el término "queja" se utiliza como sinónimo de demanda, pues al decir el maestro Don Ignacio Burgoa, "el concepto queja" que importa la materia sobre la que se ejerce la mencionada facultad -(la facultad de suplir la queja deficiente)-, equivale al de "demanda de amparo", de donde se colige obviamente que "suplir la deficiencia de la queja" entraña "suplir la deficiencia de la demanda de garantías" .13! Por otra parte el Lic. Armando Chávez Camacho, después de haber recurrido al diccionario para explicarse el significado de las palabras suplencia y deficiencia, aduce: "nos pareció innecesario buscar la definición de la palabra queja porque nos pareció obvio que el legislador la usa como sinónima de DEMANDA, y concretamente de demanda de amparo".14) Así fue entendida también por el Constituyente cuando el Diputado Macías refutaba a Jara y a Medina al decir: "El amparo se pedirá aquí, se remitirá directamente por correo el escrito, acompañándose una copia para que el juez vea cuál es la QUEJA y cuáles son los defectos que se atribuyen al acto reclamado" .(5) Ahora bien, en materia del juicio por demanda de Amparo, se entiende el documento escrito, o la comparecencia ante el Juez del Amparo, en el caso excepcional mencionado en la Ley, al través del cual se ejercita la acción constitucional, señalando a la autoridad o autoridades realizadoras de los actos de decisión o ejecución, considerados lesivos a los derechos fundamentales del hombre. 395 �LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE Es sabido, en general. se define como "todo escrito o co~parecencia que de principio y forma al juicio, y para que sea eficaz la acción que se ejercita, la demanda debe compren?,er todos_ los datos y alegaciones indispensables para la de~ostrac1on de la ¡usticia de las reclamaciones formuladas, a ser posible debe, condensar lo que, después del juicio, debe quedar comprendido en la sentencia" .16) Así por lo pronto diremos es a la demanda, con todos los requisitos ~xigidos por los artículos 116, 116 bis Y 16~ de_ 1~, Ley de Amparo, a la cual hace referencia el concepto ?e . ~ue¡a , con:~· nido en el artículo 107 fracción II de la Constituc1on en relac1on con el diverso 79 de la Ley de Amparo, en cuyo caso, no solamente debe enmendarse el error en la cita del precepto legal corresp~ndiente, sino, yendo más allá, corregir hechos y concep'.os de v•:i lación expuestas incorrectamente u omitidos por el acc,onante d juicio de Amparo. ... , pues Bien lo anterior en cuanto atañe a 1a pa lb a ra " que¡a 1 f~ente a los vocablos "suplencia" y "deficiencias", podreen o a I d I d f · ·, del mos decir, respecto el primero, de acuer o con a e m1c1on Diccionario, es: "Acción de suplir una persona a otra en un ca_r?º· · e t c. " , de donde nos lleva a la definición del verboI' trans1t1vo of .,c,o, · 1· 1 "sup1·Ir" , "cumplir O integrar lo que falta", "dar por exp 1c1to . f ., o" m· plícito" mientras "deficiencia" es "defecto o 1mper ecc,on , Y "deficiente", "falto o incompleto". Es decir, lo pretendido por el legislador constituyente y reglamentado por el legislador ordinario, fue lo relativo a aquella dem~~ da incompleta, no integrada debida y adecuadamente, por act1v1• dad jurisdiccional llevada al cabo por el juez del amparo, al momento de dictar sentencia, y observando de lo expuesto en los a~tos. la necesidad de completar o perfeccionar la demanda del agraviad~ en las materias señaladas en la Ley, explican al través de los cons~ derandos, los hechos y conceptos de violación, implícitamente esti· 396 mados en el documento al través del cual se invocó el juicio constitucional. expresando los datos necesarios, pero sin obligar a la concesión de la protección de la Justicia de la Unión, pués de desprenderse de los autos, a pesar de esa labor judicial, la constitucionalidad de los actos reclamados, procedería la negativa del amparo demandado. Hubimos de recurrir al diccionario para dar esta explicación, pues con el Lic. Armando Chávez Camacho, "los que carecemos de aquella formación clásica y humanista que es orgullo legítimo de quienes la poseen, y que les permite el lujo de discriminar sútilmente los más intrincados problemas de raíces, lexicología y semática, no. tenemos ,, otra posibilidad que la vulgarísima de recurrir al Diec1onar10 . . "Debidamente iluminado nuestro espíritu por la jurisprudencia, convicto y confesos de nuestra ignorancia lingüístici:l, fuimos a él". "Y encontramos que el verbo suplir significa: edicionar, completar, integrar lo que falta de una cosa, remediar la carencia de algo, dar explícito lo que sólo se contiene implícitamente. Y que puede manifestar, además, la substitución de otro". "El vocablo deficiencia, para hacer honor a su nombre, es deficiente en cuanto a sus significaciones. Quiere decir: defecto, imperfección, carencia, estado incompleto de una cosa o algo". (71 Bueno, y aun cuando, ya hemo'S adelantado nuestra idea al respecto fundamentalmente de esas ideas parten las diferentes definiciones o consideraciones en torno de la naturaleza de la llamada "suplencia de la deficiencia de la queja", encontrando, también, la multivocidad de este concepto, pues mientras unas dicen que es "una figura jurídica" (Chávez Camacno), otros expresan es "principio que rige a una categoría específica de sentencias de amparo", "excepción o estimación especial del principio de estricto derecho" (Lic. Alfonso Noriega); "institución procesal constitucional, de ca- 397 �LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE rácter proteccionista y antiformalista y aplicación discrecional" (Lic. Juventino V. Castro) ; "facultad de suplir la deficiencia de la q ueja" (Lic. Ignacio Burgoa y Lic. Octavio A. Hernández); "institución eminentemente proteccionista" (Lic. Héctor Fix Zamudio). tividad jurisdiccional, realizada por el juez del amparo, para corregir la demanda de amparo irregular u omisa, con fin de otorgar protección a los económicamente débiles, concediéndoles al través ~e la ~isma una igualdad y equilibrio procesales necesarios. Como se ve, en algunas de las deficiones se expresa la finalidad de ese actuar del juzgador para completar la demanda indebidamente planteada, pero no hay consenso en precisar su nat~raleza, permitiéndonos, desde luego, y repitiendo lo expuesto anteriormente, decir, se trata de una actividad jurisdiccional porque se desarrolla en el momento en el cual se va a decidir en un caso concreto y con efectos particulares la controversia formulada sobre la inconstitucionalidad o constitucionalidad de los actos reclamados a las autoridades demandadas, realizada por el juez del amparo (H. Suprema Corte de Justicia, Tribunales Colegiados y Jueces de Distrito), elemento diferenciador, desde el punto de vista formal para evitar confusiones derivadas de "la actividad jurisdiccional", la cual de acuerdo con el régimen de facultades expresas, puede ser desarrollada por cualesquiera de los órganos del Poder Público, llámese Ejecutivo, Legislativo o Judicial, y de este último diversificándolo para no pensar pueda desenvolver esa actividad el órga_no de esa denominación del Poder Público de cada una de las entiqades Fe- De lo anterior debe desprenderse la necesidad de utilizar, para mejor comprensión de esa labor llevada al cabo por la autoridad judicial federal, en el momento de dictar la sentencia, los vocablos "corrección judicial de la demanda de amparo errónea, irregular u omisa" en lugar de aquéllos, suscitadores de confusiones, utilizados hasta la fecha: "suplencia de la queja deficiente en el juicio de Am- derativas. Al respecto el Lic. Eduardo Pallares, expresa: "el jurisconsulto Juventino V. Castro, es de opinión que también puede suplir la deficiencia de la queja el superior jerárquico de la autoridad responsable en los casos en que conoce del juicio de amparo, pero esta opinión por muy respetable que es, tiene en su contra la circunsta~cia de que el artículo 76 únicamente concede la facultad de suplir la deficiencia a los tribunales federales, y consistiendo la facultad en un poder excepcional. la norma que lo otorga debe interpretarse restrictivamente" .(8) Luego 9ebe quedar firme el elemento correspondiente a la ac• 398 paro " . Quedan las demás ideas en el intento de definir esa actividad jurisdiccional, · típicas del juicio de amparo, cuya tarea habremos de dejar a quienes más acuciosos en el estudio, lleguen al encuentro de los términos o v0:ablos jurídicos más apropiados para darle a conocer y evitar no sólo en legos, sino también en expertos, esas confusiones de las cuales hemos hablado. �CAPITULO SEGUNDO 1.-BREVE RESEI\IA SOBRE LA EVOLUCION DE LA CORRECCION JUDICIAL DE LA DEMANDA ERRONEA, IRREGULAR U OMISA Sin remontarnos a épocas anteriores al actual régimen constitucional, generado con motivo de la obra magna del Constituyente de Querétaro, podemos asentar el nacimiento de la llamada "suplencia de la deficiencia de la queja", en el texto del párrafo segundo de la fracci6n segunda del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando decía: "La Suprema Corte, no obsta.nte esta regla (haciendo referencia al contenido del párrafo primero de la fracci6n. 11), podrá suplir la deficiencia de la queja en un juicio penal. cuando encuentre que ha habido en contra del quejoso una violaci6n manifiesta de la ley, que lo ha dejado sin defensa o que se Íe- ha juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso y que sólo por torpeza no se ha combatido debidamente la violación". El texto aprobado por los Constituyentes es exactamente igual a1 presentado por Don Venustiano Carranza en el Proyecto corres- 401 �pendiente y desafortunadamente de los debates no se desprende dato alguno tendiente a la comprensión clara de tal disposición, pues en virtud del voto particular de fecha 18 de enero de 1917 presentado por los señores Hilario Medina y Heriberto Jara, proponiendo la supresión de todas las fracciones del artíc~lo 107 _del Proyecto por considerar la nulificación de la administración de ¡usticia de los Estados, al establecerse la procedencia del juicio de amparo contra ~entencias definitivas dictadas en juicios civiles y penales, suscitándose un debate infructuoso, aprobándose el proyecto por 139 votos contra cuatro de los señores Hilario Medina, Heriberto Jara, Meza 'y Ramírez G. La realización, en forma potestativa, de la actividad jurisdiccional para corregir la demanda de amparo presentada en materia penal, llevaba implícito la substitución judicial, del quejoso, viendo la manera de llevar la protección a la parte débil del proceso penal o sea el acusado, quien tenía como contrario al Estado, al través del titular del órgano encargado de la persecución de los delitos; acusado quien en muchas de las veces quedaba en completo estado de indefensión en virtud de la ignorancia, indolencia o torpeza propia o de su defensor. Es decir, ya el legislador consideraba el aspecto social y la gran desproporción existente entre las partes: acusadora, por un lado, siempre un Abogado, quien para llegar a ocupar el puesto requería el cumplimiento de determinados requisitos y ·con facultades y tiempo para perfeccionar sus estudios; y por el otro, el acusado, por lo general de escasos· recursos' económicos, impreparado y socialmente marginado, quien al actuar por sí mismo no tenía la capacidad suficiente par~ elaborar una perfecta demanda de amparo o bien por defensores, particulares o de oficio carentes también de los elementos necesarios, salvo ·honrosas excepciones, para presentar una completa exposición de hechos, actos reclamados, conceptos de violación, autóridades responsables, derechos individuales violados y normas legales ordinarias indebidamente aplicadas y deiadas de aplicar. 402 Pensamos habrá de notarse cómo correspondía únicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el de subsanar los defectos de la demanda de amparo en materia penal y tan Alto Cuerpo Cotegiado Judicial, emitió fallos con profundo sentido humanista con afán de lograr la realización de la justicia, como la contenida en aquella Ejecutoria, cuya parte conducente expresa: "A este respecto, es oportnno dejar sentado que la facultad para suplir la deficiencia de la queja, no debe restringirse al solo caso en que la demanda de amparo es omisa o inc"ompleta, sino que, y con mayor razón, debe alcanzar toda circunstancia en que reclamándose violaciones cometidas durante la secuele, del procedimiento, no se hayan éstas a su vez reclamado oportunamente y protestado contra ellos por ne,garse su reparación, o que, cuando se hayan cometido en primera instancia, no se hayan alegado en la segunda, por vía de agravios, si la Suprema Corte advierte que ha habido, en contra del quejoso, una violación manifiesta de la ley, por ejemplo, y como en el caso, que lo ha dejado sin defensa. Esto se desprende de la redacción de los artículos 107 Constitucional fracción II y 93 de la Ley Reglamentaria, pues el párrafo de ambas leyes constitucional y reglamentaria que autoriza para suplir la deficiencia, contiene la frase: "no obstante esta regla" o sea, no obstante que se hubiere dejado de recl~mar oportunamente las violaciones al procedimiento, pues esa es la regla de que hablan los preceptos legales mencionados. Por otra parte, resulta también de la redacción de esos artículos, que el legislador quizo subsanar en general la torpeza en combatir debidamente la violación, y esa torpeza se inicia no reclamando oportunamente contra las violaciones cometidas a las leyes del procedimiento, expresándolas en su caso, como agravio, y se consuma o completa con una demanda deficiente.(9) Tesis como esas, llevaron a extender la llamada suplencia de la queja deficiente, al amparo indirecto en materia penal, así como también a los campos de los juicios de amparo interpuestos en contra de Leyes declaradas inconstitucionales y los inodados en asuntos laborales, llegándose a señalar en la parte considerativa de la lni- 403 �b d 1950 presentada por el Lic. ciativa de fecha 23 de Octu re_ e Ref~rma al artículo 107 de . 1 Al , V ldés como primera Migue . en:i~n P ª1,t· 'd los Estados Unidos Mexicanos, lo sigu1enla Consti+uc1on o ' ,ca e te: . r el alcance de esas nor" Hemos considerado pertinente amp '.ªr , 1 . tes normas (se refería a la "deficiencia de I~- que~~· ::;anro:sp:;:l~s direcmas con~titucionales, sól~ ~ueJ\:~~:~: de la queja cualquiera que tos") a fin de que se sup a a e do el acto reclamado se funde sea el amparo de que se trate, cuan . dencia de la en leyes declaradas incons~itucionales. por ;~~s~~~bunal declaró Suprema Corte. Ello es as1, porque s1. ya . or una mala ue una ley es inconstitucional, sería impropio que lp . d el Q ., d I d d afecte a agravia o técnica en la formulac,on e a eman a,d d . 1 º'n de la cumplimiento de una ley que ha s1·do expe i a con vio ac10 Consti+uc1on . ~f • •, lf . .da hast a a hora la deficiencia "Y en materia penal, restring1 1 . d' t de . h t d'do a os in 1rec os, la queja a los amparos d,r~ctos se ~ ex en 1' S Corte de ·, dose la ·1urisprudenc1a establecida por a uprema d I ncoa1en d f" • • mparos e J ticia y también podrá suplirse esa e ic1enc1a en a . . 1 t u:ba ·o. directos o indirectos, porque las normas consti+uc,ona es r 1"das en e I art'culo 123 son fundamentalmenteh tutelares de los I conten1 t' derechos de la clase trabaj~dora, Y esta clase mue as ;eces no_ esd: en pos,•b"l'd 11 a d de defenderse adecuadamente, por la ignorancia rigorismos técnicos.llOl 1 consideración del Poder ReforDe esa suerte se presenta a a d' t de reforma mador .de la Constitución, la Iniciativa, cor¡espon ,e;oey tercero de al artículo 107 Constitucional, cuydos parradocstsael;: de la siguiente ., II onía que asen re a la fracc1on ' se pr~p 1 'd f· . . de la que·¡a , cuando el acto "P d , suplirse a e ic1enc1a I manera: o rfa d I declaradas inconstitucionales por a reclamado se un e en eyes . . 11) Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.( "Podrá también suplirse la deficiencia de la queja en materia penal y del trabajo, cuando se encuentre que ha habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la Ley que lo ha dejado sin defensa, y en materia penal, además, cuando se le haya juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso". En la Cámara de Diputados fue altamente alabada la iniciativa en cuanto al contenido íntegro, dejando asentada la gran importancif'I del juicio de amparo para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los hombres y como medio de lograr la tranquilidad y armonía social, expresándose en cuanto a la suplencia de la queja deficiente: "Encuentran también aceptable, de conveniencia y equidad el precepto que da mayor amplitud para suplir la deficiencia de la queja constitucional tanto en amparo directo como en revisión", pero encontrando un requicio por el cual se podría escabullir la parte patronal en los conflictos laborales y pretendiera la aplicación de esa actividad jurisdiccional correctiva a los amparos por ella promovidos, con gran visión y alto sentido social, las Comisiones de la mencionada Cámara de Diputados, expusieron: "En la fracción II del artículo 107 párrafo final, las suscritas Comisiones proponen una redacción que se acomode más al propósito de la iniciativa. En efecto, en ella se quiere que pueda suplirse la deficiencia de la queja en amparos de trabajo, porque las normas contenidas en el artículo 123 son fundamentalmente tutelares de los derechos de la clase trabajadora, y éstas muchas veces, por ignorancia de rigorismos técnicos no está en posibilidad de defenderse adecuadamente. ES CONVENIENTE POR ELLO, QUE EL PRECEPTO ESTABLEZCA CON CLARIDAD LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN BENEFICIO DE LA PARTE TRABAJADORA, EVITANDO UNA INTERPRETACION QUE AUSPICIARA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DE LA PARTE PATRONAL, INTERPRETACION A LA QUE PRESTARIA EL PARRAFO COMO APARECE REDACTADO EN LA INICIATIVA".!111 Por su parte, en la Cámara de Senadores, las Comisiones Se- 405 �gunda de Justicia y Primera de Puntos Const!tucionales, elaboraron un Dictamen, dividiéndolo según el contenido de la propuesta de enmienda en los siguientes apartados: INAMOVILIDAD, REZAGO Y JUICIO DE AMPARO, exponiendo en este último "a nuestro juicio se da un paso de enorme trascendencia jurídica al ampliarse las facultades para suplir la deficiencia de la queja". 11 "En materia penal, y, tratándose de la parte obrera, en materia de trabajo el proyecto libera de la onerosa obligaci6n de ser expertos en los tecnicismos jurídicos a quienes, expuestos a perder la vida, la libertad o sus derechos patrimoniales por desconocimiento de los con frecuencia intrincados rigorismos de la técnica del derecho, no disponen de medios econ6micos para la satisfac• ci6n de sus más elementales necesidades y menos para obténer un eficiente asesoramiento profesional". "En ambos casos no es s61o un interés individual, sino también el interés gen~ral, el que está de por medio en el litigio; pues, aun cuando se sig~ discutiendo todavía si el Derecho del Traba jo forma otra parte del Derecho Público, ya está plenamente aceptado que ha salido de los cauces del Derecho Privado y que, por lo menos, constituye una rama intermedia, qu~se ha deno~inado Derec~o Social, en la que el interés particular y _el de la sociedad son coincidentes". "Es obvio, por ende, que, cuando a un reo se le ha juzgado por una ley que no es exacta;mente aplicable al caso o se ha cometido en su contra una violaci6n legal manifiesta que lo ha dejado sin defensa -situaciones previstas ya por el texto vigente, en cuanto a facultades de la Suprema Corte- pueda suplirse la deficiencia de la queja; cuando lo es también, que, cuando se ha dejado a un trabajador en estado de indefensión caso que no prevee el artículo ·107 en vigor, lo comprenda como análogo al anterior el 11 Proyecto en estudio • "En cuanto a los casos en que, por fundarse el acto reclamado 406 en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, también pueda suplirse la deficiencia de la queja, constituyen, a nuestrQ entender, un magnéfico paso de adelanto en el perfeccionamiento del juicio de amparo, ya que del desiderátum consiste en despojarlo de los tecnicismos para hacerlo fácilmente accesible para todo aquel, sin distinción alguna, que ve amenazada su vida, su integridad personal, sus libertades o derechos p<;:>r un acto de autoriclaa y plenamente eficaz para proteger al hombre frente a las extralimitaciones del Poder Público". "No sólo existe un vivo interés de carácter general en el debido acatamiento de la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte cuya violación va implícita en cualquier acto de autoridad fundado en una ley declarada inconstitucional con antelaci6n; no sólo están positivamente interesados la sociedad y el Estado en que las leyes que no se ajusten al espíritu o a los términos de nuestro Código fundamental dejen de aplicarse sino también se logrará por los medios propuestos en la iniciativa y a que veníamos aludiendo, :vi.tar. e! _espectáculo nada edificante en que la Suprema Corte, Pº" 1mpos1bil1dad legal de suplir deficiencias, se ve obligada a aceptar lo que antes había condenado, espectáculo que deja, muchas veces en el ánimo del no enterado de los rigorismos del tecnicismo jurídico, la sombra infamante de una sospecha, por no totalmente injustificada menos grave y sí más ofensiva, respecto del funcionamiento del más Alto Tribunal de la República que no tiene otra alternativa que la de ajustarse estrictamente a sus facultades constitucionales, y que ante la ignorancia, la negligencia o la torpeza del quejoso en un a~paro, se ve en la ineludible obligación legal de negar la protección de la Justicia Federal a quien notoriamente, ante la vista de la opinión pública que no distingue de sutilezas jurídicas, es víctima de un acto atentatorio, en cuanto se funda en una ley previamente declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la propia Suprema Corte de Justicia". "En este aspecto la iniciativa contribuirá a elevar el nivel_generosamente humano del amparo Y las supuestas funciones del Supremo Tribunal de la Nación".112) 407 �Después de observarse el procedimiento de reforma constitucional queda establecida la actividad jurisdiccional para enmendar, corregir, subsanar la demanda de amparo errónea, irregular, deficiente u omisa, tanto en el llamqdo juicio unistancial como en el blistancial, en materia penal. laboral, cuando el demandante fuere la parte obrera, y cuando se tratare de juicio de amparo en los cuales el acto reclamado versare sobre una ley declare inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Luego vino la enmienda constitucional para incluir la corrección de la demanda de amparo irregular, defectuosa, deficiente u omisa, en lo atinente a la materia agraria, pensándose en la adecuada protección del derecho social contemplado en favor de los eji• datarios comuneros, debidamente regulada en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el día 26 de Diciembre de 1959, se dio lectura de la iniciativa presidencial correspondiente y en la cual se decía: "La reforma agraria quedó consignada como auténtica conquista de la Revolución Mexicana en el artículo 27 Constitucional desde 1917, y fue hasta el año de 1934, como una justa protecci6n y defensa de los derechos de los campesinos cuando, por modifi• cación que en aquella fecha se introdujo a nuestra Carta Magna, se suprimió el derecho de promover juicios de amparo a los propietarios afectados, pero sin que se hubieran previsto entonces los numerosos casos en que los ejidatarios son desposeídos por diversos procedimientos, apoyados inclusive en decisiones de jueces del or• den común, a bien atacando sus derechos, total o parcialmente, por concesiones de inafectabilidad ganadera, invasión, tala de un monte ejidal, embargos emañádos, y hasta por resoluciones agrarias que ilegalmente niegan dotaciones o restituciones o resuelven la expropiación o permuta de terrenos ejidales". "Actualmente los ejidatarios, en numerosos casos, no se en· cuentran en posibilidad de utilizar el juicio de amparo en defensa 408 de sus legítimos derechos, y en las circunstancias en que recurren al juicio de garantías generalmente corren el riesgo de perderlo, quedando en peor condició111 "porque el sobreseimiento, la caducidad, la negación o la pérdida del amparo, consolidan y legalizan precisamente la situación irregular recurrida, ya que al no existir un régimen adecuadamente protector de la garantía social agraria viene a deformarse el régimen jurídico de la propiedad ejidal creado por la Revolución". "El Ejecutivo Federal considera indispensable, teniendo en cuenta los antecedentes históricos de la reforma agraria y en consonancia con el espíritu del artículo 27 constitucional, que el juicio de amparo sea un verdadero instrumento protector de la gaarnt~a social que éste consagra, y para ello se requiere distinguirlo del sistema tradicional del amparo de estricto derecho, concebido para la vida civil y mercantil en el que se debaten intereses particulares como ya lo hace nuestro Código Político en materia penal y por lo que respecta a la parte obrera en materia del trabajo, disponiendo que podrá suplirse la deficiencia de la queja". "El amparo agrario, sin embargo, debe entenderse para los casos en que los actos reclamados tengan o puedan tener como consecuencia privar total o parcialmente de sus tierras, bosques, pastos y aguas a los ejidos y núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal. Asimismo deben preverse que en el amparo agrario no operarán la caducidad -que tampoco procede en materia obrera- ni el desistimiento, ya que en este último caso es evidente de que si la consecuencia del acto reclamado es destruir el régimen jurídico creado por una resolución presidencial agraria, se trata de un interés público nacional que no puede quedar al arbitrio de la voluntad de un comisariado ejidal". "De adoptarse por el texto constitucional la adición que adelante se consigna, quedaría para la ley secundaria la estructuración, con rasgos y normas peculiares, del nuevo amparo agrario, previendo las reglas adecuadas sobre personalidad, términos, deficiencias de la demanda, pruebas y en general la sustanciación del 409 �juicio, con objeto de crear un procedimiento al alcance del campesino que constituye una eficaz defensa de la garantía_social agraria, y al efecto pueda establecerse, entre otras previsiones, que el juez de oficio y para mejor proveer, recabe pruebas, procedimiento que encuentra precedente en el Código Agrario tratándose de conflicto por lindero de terrenos comunales". nueva Iniciativa d~ adición al párrafo II del artículo 107 de la Constitución Política de los Etsados Unidos Mexicanos, expresando: "La familia es la célula más importante de una colectividad, ya que en ella, descansan los valores éticos fundamentales de un pueblo. Por ello, ef bienestar de éste, en especial el relativo a la prot_ección jurídica d~ los menores, por parte del Estado, es una de las tareas fundamentales, que por ser de interés social, el tjecutivo Federal lleva a cabo con firme decisión". "Y se proponía la siguiente adición al párrafo 11 del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Conscientes de que el desarroHo y progreso de México re"11.-En los juicios de amparo en que se reclamen actos que tengan quieren como premisa fundamental. el perfeccionamiento de nueso pu.edari tener como consecuencia privar de la propiedad o de la tro derecho, se han sometido a la consideración del H. Congreso pqsesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los de la Unión, varias iniciativas de la ley, de reformas o adiciones, ejrdos y a los núcleos de población que de hecho o por derecho las qvF¿ aprobadas han venido a complementar nuestros ordenaguarden un estado comunal, deberá suplirse la deficiencia de la mientos legales vigentes. Asimismo, de manera permanente, se fo. queja da .acuerdo con lo que dispone la ley reglamentaria y no menta y estimula cualquier manifestación que tenga el propósito procederán al desistimiento ni la caducidad de la instancia". de aportar experiencias y nuevas fórmulas a fin de ampliar la políEn la Cámara de Senadores el día cuatro de noviembre de mil tica en esta materia, como es el caso del Primer Congreso Nacionovecientos ·setenta, se dio cuenta del Dictamen rendido por las nal sobre el Régimen Jurídico del Menor, recientemente celebrado". "Los resultados obtenidos en dicho Congreso, son de la mayor Comisiones a las cuales se les turnó la iniciativa presidencial mencionada, recalcándose la necesidad de tutelar la garantía social trascendencia, toda vez que reflejan la inquietud y el firme anhelo agraria, introduciendo la suplencia de la queja defkiente porque de todos los sectores que en él participaron, por aportar experienes una realidad el hecho relativo a la frecuencia con la cual los cam- cias y soluciones en favor de los menores, cuya instrumentación jupesinos no pueden hacer una eficaz defensa de sus derechos e in- rídica adecuada, haga posible, la satisfacción de derechos mínimos, sistiéndose en la protección amplia de éstos, estableciéndose la necesarios para un desarrollo físico, moral y espiritual armonioso". improcedencia de la caducidad y aún del desistimiento, con la re• "Una de las recomendaciones aprobadas que, por su imporgulación de tales elementos en la Ley Reglamentaria. tancia jurídica y profundo contenido social y humano, el Ej_ecutivo En la Cámara de Diputados se emitió el Dictamer respectiv'o, a mi cargo recoge y somete a la consideración soberana del H. alabando la iniciativa presidencial, no suscitándose debate alguno, Constituyente Permanente, es la que consiste en adicionar la fracse aprobó en la sesión del día 22 de Noviembre de 1960 y conti- ción 11 del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados nuado el procedimiento. de reforma constitucional contando con el Unidos Mexicanos, para establecer la suplencia de la queja en asunvoto de la mayoría de las legislaturas de los Estados se aprobó esa tos de menores e incapaces". adición al texto fundamental jurídico-político del país. "La iniciativa que se somete a vuestra soberanía, de merecer Con f~cha 28 de noviembre de 1973 el Presidente de la Re- su aprobación, tenderá a lograr en favor de los menores e incapública sometió a la·consideración de la Cámara de Diputados una paces, la derrama de la totalidad de los beneficios inherentes a la 410 .411 �expresada institución procesal, invistiendo el Poder Judicial de la Federación, que conoce del amparo, además de la facultad de corrección del error en la cita del precepto o preceptos violados, la de intervenir de oficio en el análisis del amparo, haciendo valer los conceptos que a su juicio sean los que conduzcan al escl;recimiento de la verdad y, en su caso, al amparo y orotección de la justicia federal; de no ser así seguirían en estado de indefensión, por no ser quien los represente adecuadamente, o que, teniéndolo, la defensa sea en forma tal que los perjudique, por ineptitud o mala fe". "A estas propuestas seguirán otras, de igual o mayor trascendencia, originadas de los estudios llevados a cabo en el seno del Primer Congreso Nacional, sobre el Régimen Jurídico del Menor, que dentro de la nueva perspectiva del derecho social mexicano, propicien y fortalezcan una protección integral de niños y jóvenes". Así se propuso la siguiente adición a la fracción 11 del artículo 107 Constitucional ... "Podrá suplirse la deficiencia de la queja en los juicios de amparo contra actos que afecten los derechos de menores e incapacitados, de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución". De bastante interés son los Dictámenes de las Comisiones correspondientes tanto de la Cámara de Diputados, como de la Cámara de Senadores en relación a esta iniciativa presidencial, pues de los mismos se podrá desprender la proyección moderna del juicio de amparo al salirse del ámbito de la aplicación estricta de las normas constitucionales y legales para corregir o enmendar los errores e imperfecciones de la demanda de amparo promovida por los trabajadores, los campesinos, ejidatarios, comuneros o núcleos de población que de hecho o de derecho guardan estado comunal; por el acusado, procesado o sentenciado en materia penal; contra la anticonstitucionalidad de leyes y aquéllas presentadas pcr menores o incapacitados. 60, ~3, 65, 87,_ 88, 95 y demás relativos del Reglamen:to para el Gobierno Interior del Congreso, las suscritas Comisiones presentamos a Vuestra Soberanía el presente dictamen relacionado con 1 lni~i~tiva de adición al artículo 107, Fracción II de 1~ Constitució~ Pol1t1ca de los Estados Unidos Mexicanos, que remitió a esta Cámara el C. Presidente de la República. . A cof~ti_nuaci6n expresamos los. argumentos que a nuestro juicio son su 1c1entes para apoyar el dictamen en cuestión. PRIMERO:-Se impone como premisa inicial la consideración respecto a la teleología del Juicio de Amparo Mexicano que, ya no puede ser contempla~o, como lo fue en sus orígenes, como un proceso de carácter eminentemente individualista, protector de derechos públicos subjetivos, exclusivamente. El desarrollo del amparo desde fines del siglo pasado y, sobre todo, a partir de 1917 lo h~ transformado en un procedimiento de orden social. . El juicio de Amparo no se limita a proteger a lós particulares a~sladamente considerados contra leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales, sino que su ámbito tutelar se ha extendido otro gran sector de derechos públicos consignados, vez primera, en la Constitución de 1917 y que la doctrina, la 1ur1sprudencia y la estimación popular ha llamado Garantías Sociales. ~º: .ª Al efecto los dictámenes dicen: ... "Con fundamento en los artículos 71, Fracéi6n 111 y 72 Constitudonal, así como los diversos . En efecto, el Constituyente de 1916-1917 no se limitó a reproducir en la parte dogmática de la Carta de Querétaro las tradiciona~es "Garantías Individuales", sino que estableció en el capítulo pr,~ero _Y_ en otros preceptos los derechos sociales como principios 0 dispositivos que el Estado consagra para tutelar a diferentes grupos que conforman a la sociedad nacional y que por diversas razones se, encuentran en un pleno de desigualdad. De esta manera stulo derechos para los campesinos, para los trabajadores, para os ":en~res, pa~a la familia y, en general, para los grupos débiles, economicos, social y culturalmente hablando. 412 413 ¡º �En esas condiciones, el amparo mexicano, la verdadera garantía de los derechos públicos individuales y sociales, hubo de instrumentarse de tal manera que la escuela de su procedimiento se adecuara también a la diversidad material de los intereses que en un momento dado se vieren afectados por disposiciones de autoridad y acudieran en demanda de protección federal. Fue así como se establecieron improcedencias constitucionales para el ejercicio de la acción de amparo cuando su finalidad pudiera verse desvirtuada si se abusara deJ juicio constitucional de garantías. Igualmente se dictan normas adjetivas que hacen más accesibles el trámite de amparo en sus diversas instancias cuando los actos reclamados afecten intereses de individuos colocados en un nivel desproporciona! en relación con otras personas o grupos; la s~plencia de la deficiencia de la queja en materia penal y en materia laboral, en beneficio de la parte obrera, son ejemplo de esa socialización de nuestro proceso de garantías. Merecen especial atención las normas dictadas en 1962 y que diseñan un nuevo tipo de amparo, desprendido del administrativo de estricto derecho, cuando los actos reclamados conculquen los derechos individuales y colectivos de ejidatarios o comuneros, ejidos o núcleos de población. Por otro lado, en diversas disposiciones que los regímenes revolucionarios han incorporado a la legislación procesal constitucio• nal, para hacer expeditos los juicios de garantías; para establecer una competencia más diversificada por materia y por órgano~ Y para incrementar el número de tribunales ante los ~ue se ~enfilen cuestiones constitucionales, son también demostraciones evidentes de que nuestro juicio de amparo se desenvuelve para lograr una auténtica preservación del orden legal y constitucional. SEGUNDO:-EI derecho familiar ha sido objeto por parte de 414 los gobiernos de la República, al través de la actividad conjunta de los Poderes, de una nueva y especial regulación que lo coloca en el gran apartado del derecho social. Es así como se han promulgado leyes -que crean tribunales específicos dotados de competencia para conocer de todas las controversias en que subyace una relación de orden familiar; como se dictan disposiciones procedimentales para facilitar la representación de los menores o para facilitarles e: ejercicio de sus derechos individuales, sociales y políticos. En este contexto reformador de la legislación social familiar el Ejecutivo de la Unión ha remitido a la H. Cámara Colegisladora una iniciativa de la ley, que crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores, incorporando en ese texto las más recientes experiencias y aportaciones tanto de nuestros órganos jurisdiccionales como de toda la teoría que sobre la materia han expuesto los especialistas mexicanos. Congruente con esa iniciativa de carácter orgánico y procesal. fundamentalmente, el Ejecutivo propone la creación, con el proyecto que hoy estudiamos, la figura de la "suplencia de la deficiencia de la queja cuando los actos de autoridad lesionen intereses de menores o incapaces". La reforma es pues congruente con los dos grandes principios que hemos analizado en estos primeros apartados. Por una parte confirma el Juicio de Amparo como un procedimiento tutelar, ne solamente de derechos públicos individuales, sino también de grupos o sociales; por otra parte, sistematiza disposiciones protectoras de grupos socialmente débiles, cómo lo son los menores y los incapaces y de esta manera convierte sus derechos, en garantías sociales. TERCERO:-Reconociendo que los menores y los incapaces como grupo social que reclama una legislación protectora en todos los órdenes, es incuestionable admitir que en el juicio de amparo, considerado como la instancia de más alto grado jurisdiccional y 415 �constitucional, también deben estar sujetos a una reglamentación que garantice la salvaguarda eficiente de sus intereses jurídicamente tutelados. La suplencia de la deficiencia de la queja que hoy dictamina• mos tiende a lograr una igualdad real entre los sujetos de la relación procesal-constitucional, sustituyendo el principio formal de la igualdad de las partes en el juicio. Originalmente el amparo civil que deviene en amparo casación, no tenía las características del amparo de estricto derecho cuya exc-:epción la constituye, precisamente el principio genér'.co d~ la suplencia de la queja. En 1897 se crea el amparo formalista, r1go• rista, técnicamente difícil, con la sana intención de limitar el número de amparos que ya agobiaba a nuestro Máximo Tribunal. Posteriormente el Código Federal de 1908, que llama por primera vez al amparo civil, "de estricto derecho" enfatiza el formalismo, tanto en la redacción de la demanda de amparo, como en el pronunciamiento de la sentencia respectiva. La Constitución de 1917 apunta la suplencia de la deficiencia en materia penal en los casos expresamente mencionados en la original fracción 11 del artículo 107. La Ley de 1919 reproduce los términos constitucionales y la de 1936 establece, ya como una excepción al principio de estricto derecho, el de la suplencia en materia penal. En 1950 se sistematizan los tres casos en que procede la suplencia y no es sino hasta l 96~, afortunadamente, cuando el legislador crea la amplísima suplencia imperativa en el amparo agrario, cuyas características instrumenta· les es deseable que se incorporen en las modificaciones que habrán de- hacerse a la legislación seciundaria. Merced a esta Institución Procesal, no se calificará la habilidad del quejoso o de su representante, sino la justicia que se debate en la controversia constitucional. 416 Si bien es cierto que el amparo de estricto derecho, históricamente tuvo una razón de ser, también lo es que en la actualidad es muy conveniente que se margine de él, el amparo de los menores e incapaces que por su condición de tales pueden no estar en posibilidad de conocer y en muchas ocasiones expensar, los servicios de un perito. en cuestiones de técnica procedimental. Con la facultad de suplir la demanda, los Tribunales de la Federación serán auténticos garantes de los derechos constitucionales y legales de los menores y de los incapaces, grupos 11umanos inermes y con mayores exigencias de seguridad jurídica que otros sectores del país. La retorma que se dictamine coincide, además, con la facultad de mejor proveer que se otorga al Consejero Instructor en el artículo 39 de la Iniciativa que crea los Consejos Tutelares. El proceso constitucional de amparo no debe sacrificar el derecho a la técnica forense y es preferible, a todas luces, que el juez coadyuve con el quejoso, cuando éste sea un menor o un incapaz, imparcial y discrecionalmente, a que se convierta en un árbitro de la habilidad del abogado. Probablemente existan voces que consideren esta reforma como la compuerta para que proliferen amparos civiles y administrativos, de estricto derecho, utilizando el pretexto de que se lesionen intereses de menores o incapaces a travé.s de actos de autoridad. Las comisiones dictaminadoras están conscientes de ello, pero también están convencidas de que es preferible un exceso de trabajo a un defecto en el reconocimiento de los derechos de menores e incapaces verdaderamente necesitados de protección y seguridad jurisdiccional; de que el Poder Judicial de la Federación, está inte~ra_do funcionarios conscientes de que su tarea es la de impartir 1ushc1a y que no traten de encontrar impedimentos para desvirtuar el efecto del juicio de amparo y de que el foro mexicano sabrá aquilatar la nueva institución, como ya lo han hecho en su verdade- ??r 417 �ro esp~ ritu proteccionista y no habrá de utilizarla como argucia dilatoria para entorpecer la acción de los tribunales. Precisamente por esas razones, las Comisiones estiman que la suplencia discrecional y no imperativa, como en el Amparo Agrario, permitirá que el juzgador pondere, en cada ocasión, la oportunidad o necesidad de su intervención para colmar las imperfecciones de una demanda de garantías en las que se reclamen afectaciones e intereses de menores e incapaces. Indudablemente que quien de buena fe considere que sus garantías le han sido violadas, ejercitará la acción correspondiente, a pesar de su ignorancia; también es cierto que el demandante de mala fe presentará su queja aun a riesgo de perder por inobservancia de las formas rituales. El discernimiento del juez habrá de encargarse de corregir y depurar la demanda auténtica de garantías o, en su caso, denegar el amparo y la protección federal, sin prestarse a la maniobra, cuando los actos reclamados no afecten verdaderamente las garantías de menores e incapaces. CUARTO:-Por tal motivo, las Comisiones Unidas estiman que la adición constitucional debe ser sancionada por el Constituyente Permanente y consideran que corresponde al legislador ordinario instrumentarla para hacerla operante, al efecto, los diputados que suscriben este Dictamen adelantan sus intereses porque las disposiciones que reglamentan esta Institución la amplíen, no solamente a los conceptos de violación, sino también a todos los actos violatorios y a las autoridades ordenadoras y ejecutoras que los produzcan, no obstante que no se hubieren expresado en el contexto de la demanda de amparo", según se lee en el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Sección Constitucional y de Amparo, de la Cámara de Diputados ... "A las suscritas Comisiones Unidas Primera de Puntos Constitucionales y Quinta Sección de Estudios Legislativos, fue turnado para su estudio y dictamen, por acuerdo de Vuestra Soberanía el expediente con minuta Proyecto de Decreto que fue enviada por la H. Colegisladora proponiendo la adición a la fracción 11 del artículo 107 418 Constitucional, con el objeto de que se suple la deficiencia de la queja en 1os juicios de amparo, contra actos que afecten ·derechos de menores e incapaces, de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria de -los artículos 103 y 107 de esta Constitución. Motiva la Iniciativa del Presidente de la República el deseo de que nuestra institución de amparo derrame la totalidad de sus beneficios en favor de los menores y de los incapaces, invistiendo a los órganos de control -Jueces de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito y Suprema Corte- de la facultad de· corregir errores, omisiones o imperfecciones en la demanda de amparo y la de intervenir de oficio en su análisis para esclarecer lé\ verdad a fin de que los menores y los incapaces no queden en estado de indefección, bien sea porque no los representen adecuadamente o porque de tener representantes la defensa que se haga en el juicio de garantías sea deficiente. Como se hace valer, en el dictamen de la Honorable Cámar~ de Diputados, argumento que hacemos nuestro, durante los regímenes revolucionarios se han incorporado a la legislación procesal constitucional, diversos medios jurídicos para hacer más expedito el juicio de garantías, para establecer una competencia más diversificada por materia y por órgano y para incrementar el número de tribunales ante los que se ventilen los juicios de garantías. La presente Iniciativa tiende a fortalecer en su persona y en sus derec~os, a los menores de edad, y a los incapaces, ampliando en su con¡unto el derecho familiar que tanta atención ha recibido del presente gobierno. En efecto, el H. Congreso de la Unión se ha ocupado de Iniciativas relacionadas con la familia, entre las que se puede destacar la creación de tribunales específicos dotados de competencia para resolver las controversias de orden familiar y la que crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores. Congruente con estos objetivos, el Ejecutivo de la Unión envió una nueva Iniciativa, de carácter orgánico procesal en la que, de aorobarse por vuestra soberanía, la suplencia en la deficiencia de 419 �1 . e hará por los Tribunales de la Federación cuando los act:s:¡~:lªa~toridad lesionen intereses de menores, res~ltan_do en eta forma la importancia que para nuestro sistema social tienen es os intereses jurídicamente tutelados. El t ,1culo 107 Constitucional, con esta nueva reforma proce. ar ' ero de sal amplía los beneficios del juicio de amparo a un gr~n num ·t d mexicanos, agregando a los menores de edad y a i_ncapac1 ~ os a los trabajadores, ejidatarios, comuneros y a 1u1c10~ r~la~o~ados con la materia penal, convirtiendo a los Tribunal~s ~ a I e;· ración en auténticos garantes de los derecho~ constituc1ona e~ e estos grupos de mexicanos con mayores necesidades de seguridad jurídica. !ºs I?~ . c·pio de estricto derecho que se a-plica en los juicios El prm 1 . d. t e constitucionales de garantías se define como e 1 impe im~n º. qu tienen los Jueces de Distrito, Tribunales Colegiado: de Circuito_ y Suprema Corte para suplir la deficiencia de la que1a. A e_ste principio, la propia Constitución Política y la ~ey Reglamentaria d~ los artículos 103 y 107 Constitucionales le sena la al?unas excepcione; que facultan a los órganos de control a perfeccionar y completa los agravios que el quejoso hace valer en contra de los actos de autoridad que son violatorios de las garantías individuales. En es+~ forma, la propia Constitución libera al órgano de control de su obligación de ceñirse a los conceptos de violación expresados en la demanda de garantías. Las excepciones al principio de estricto derecho _señalad~s en el artículo 107 Constitucional y en su Ley Reglamentaria se ref1~ren a la suplencia en la deficiencia de !a queja en amparos promovidos en materia administrativa cuando los actos reclamados se funden en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte. La misma excepción se Hac~ en amparos en ma· teria laboral cuando el quejoso sea el traba1ador; en amparos en materia penal y en aquellos juicios de garantías en los cuales los quejosos sean ejidatarios o comuneros. 420 Suplir la imperfección o deficiencia de la queja impone al juzgador la obligación de completar o perfeccionar la demanda de amparo a fin de no dejar a la habilidad, capacidad o pericia del abogado o representante del quejoso la salvaguarda de las garantías constitucionales. Por tales motivos, las Comisiones que suscriben proponen a vuestra Soberanía la aprobadón de la modificación de la fracción II del artículo 107 Constitucional. a fin de que pueda suplirse !a deficiencia de la queja en los juicios de amparo promovidos contra actos de autoridad que áfecten derechos y garantías de menores e incapaces", según se desprende del dictamen de las Comisiones Unidas Primera de Puntos Constitucionales y Quinta Sección de Estudios Legrslativos. De toda esta reseña sobre las enmiendas constitucionales podemos desprender el gran interés existente para lograr la protección de los grupos económicamente débiles, auxiliándoles al oerteccionar sus demandas de amparo a fin de evitar su indefensióh cuan do por ignorancia o mala fe de sus defensores no logran <tumplir formalmente con todos y ca.da uno de los requisitos exigidos en lo,s asuntos de naturaleza civil o mercantil, en los cuales entran en juego intereses meramente particulares, patrimoniales y egoístas. El Constituyente Reformador ha recogido los anhelos del pueblo pcJra obtener la protección de la justicia federal sobre t9dos y cada uno de los derechos sociales c.onquistados después del triunfo de la Revolución Mexicana. De esa evolución constitucional notamos la transformación del juicio de amparo de naturaleza originalmente individualista, o aquél con contenido y esencia notoriamente sociales y humanísticos, de suerte tal de convertir a los Tribunales de Amparo -Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados y Suprema Corte de Justicia- en Tribunales de los más humanos del mundo, como lo diría el Lic. Teófilo Olea y Leyva en aquella ponencia sobre: "Jurisprudencia Obligatoria y Suplencia de la Queja Deficiente en Materia Penal, Laboral, Administrativa y Civil". 421 �CAPITULO TERCERO CORRECCION JUDICIAL DE LA DEMANDA DE AMPARO ERRONEA, IRREGULAR U OMISA EN MATERIA CIVIL.- EN ASUNTOS PENALES.- EN CUESTIONES LABORALES.- MATERIA AGRARIA.- CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE APOyA EN UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.- CUANDO INTERVIENEN MENORES O INCAPACITADOS. Ya en el capítulo anterior hemos hecho el recorrido relativo a la evolución constitucional de esa actividad jurisdiccional al través de la cual el juez del amparo puede o debe corregir la demanda de amparo formulada erróneamente, en forma irregular u omisa en cuanto a la debida exposición de los derechos fundamentales vinculados y de los conceptos de violación atribuidos a las autoridades responsables, por lo tanto, ahora debemos incursionar sobre el ejercicio de tal atribución, en particular, en lo atinente a cada una de las esferas de acción o materias sobre las cuales el legislador ha permitido, al juzgador, substituirse, en la demanda, a quien ocurre solicitando el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión. Desde luego, debemos recalcar, el principio de estricto derecho regulador de la actuación iurisdiccional en materia de amoaro, 423 �conforme al cual el juzgador se encuentra impedido para realizar una labor de oficio tendiente a integrar la demanda planteada indebidamente. Al respecto el maestro Ignacio Burgoa, expresa en relación a ese principio de estricto derecho: "equivale a la imposibilidad de que el juzgador de amparo supla las deficiencias de la demanda · respectiva, colme las omisiones en que haya incurrido el quejoso en la parte impugnativa de los actos reclamados, o de que se sustituya a él en la estimación jurídica de dichos actos desde el punto de vista constitucional". <13> El párrafo primero del artículo 79 de la Ley de Amparo, dis")One: "La Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, en sus sentencias, PODRAN SUPLIR EL ERROR EN QUE HAYA INCURRIDO LA PARTE AGRAVIADA AL CITAR LA GARANTIA CUY A VIOLACION RECLAME, otorgando el amparo por la que realmente aparezca violada; pero sin cambiar los hechos o conceptos de violación expuestos en la demanda". Claramente se desprende de la transcripción anterior el otorgamiento de una facultad al juez del amparo para corregir el error en la cita del derecho fundamental conculcado. Ello representa la substitución del juzgador al demandante del amparo, solamente en lo referente a indicar con precisión el fundamento constitucional correspondiente al derecho estimado vio1ado por los actos reclamados a las autoridades responsables, pero ello no significa propiamente el ejercicio de esa actividad jurisdiccional para corregir la demanda, de manera oficiosa. Al efecto existe una tajante distinción entre la llamada suplen cia de la queja deficiente y suplencia del error. En este último caso solamente existe una equivocación en cuanto a la cita del numeral definidor d~ la hipótesis consagradora del derecho al gobernado, mientras, en el primer aspecto, se trata de permitir al juzgador la 424 realización de una actividad tendiente a corregir en el fondo mismo · ., a cuestion constitucional planteada en una forma irregular e , · El L" , rronea u omisa. 1c. Humberto Briseño Sierra, en forma categórica expone_: '_'Es cierto que la suplencia del error puede distinguirse de la s~~lenc1a de la deficiencia, desde que en la primera. hay equivocac1on y en la segunda ausencia". <14> 1 "Desde luego es necesario distinquir estas do.s instituciones esencialme~te distintas: --acota el Lic. Alfonso Noriega- la primera en cons,gn_arse en nuestra legislación reglamentaria del amparo co~~ lo ha dicho, es la que se ha designado con_el nombre de suP~:nc1a 9el error o más bien, corrección del error, que como tamb1en ha apuntado, aparece por primera vez en el artículo 42 de la Ley ~e- 1882, y se reitera en los códigos federales de procedimientos c'.v1les de 1897 y 1908, así como en las leyes posteriores a la vigencia de la Constitución de 1917, hasta encontrarlo en el artículo 79 de la Ley en vigor ... " "Asf pues, ta ley, y la jurisprudencia facultan a la Suprema Cor- +~, cdos Tribunafes Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito a suplir el error en que haya incurrido la parte agraviada en su demanda inicial al citar la garantía que estime ha sido violada en su perjuicio y en consecuencia, los autoriza a conceder el amparo por violaci6n a la garantfa que aparezca realmente violado• pero con el di:tingo fundamental de que esa facultad de corregir el error, no autoriza a las autoridades de control a cambiar los hechos O conceptos de violación expuestos en la demanda. Por tanto, como dice el ~octor Burgoa, esta facultad "se traduce simplemente en una equ1v~cada citaci6n o invocación de la garantía individual que el agraviado ~onsidere contravenida, tanto en su denominaci6n, como en el precepto constitucional que la contenga". En esta situaci6n ~a suplencia del _error úni~amente significa que el juzgador de ampa~ 0 -Suprema Corte, Tribunales Colegiados y Jueces de Distrito-e~ la s~ntencia_ ,respectiva pueden corregir dicha equivocada citacion o mvocac1on de la garantía violada; pero sin cambiar los hechos o t:onc:eptos de violación expuestos en la demanda inicial" _!ls> 1 425 �, ·, de expresar en 1a demanda "los preceptos bl . Luego la o ,gac1on I ntías individuales que el • • 1 e contengan as gara . • constituc,ona es qu " , "los conceptos constituc10. • 1d s as, como quejoso estime v,o a ª · · · ' " - lada ' respectivamente, en . 1 ., reclame . ' sena na les cuya vio ac,on se .6. f . , VI de la Ley de Amparo, ·, y y 16 racc,on . f los artículos 1 16 racc,on d. ecto puede ser cumplida . d. ecto o amparo ,r ' según ese amparo m ,r , nea o hasta quizás omisa en d t de una manera erro ., d I d por el eman an e • t·t . 1 0 en la denominac,on e 1 . ocación del precepto cons , uc,ona . ~i~:o será corregido obligatoriamente por el ¡uzgador. decir ue está cumpliendo en mateEn este aspecto _pode~os q ·t curis" "el juez conoce 1 aforismo 1ura nov, ' ria de amparo, con e " lt , que la omisión en la invocaII d donde resu a, as,, • h d los erec os ' e b I actividad del juez, quien h O repercute so re a d Id ción e erec o n . d d echo reguladora de la re. e obligado a .aplicar nla >norma e er v,en lación controvertida • • · 6 11 • 11 d el rimer párrafo del artículo 79 Ahora bien, de acuer o con d pi A ro no deberá cambiar 1 • gador e mpa de la Ley de Amparo, e ¡uz . 1 • , expuestos en la demanda, •1 eptos de vio ac,on .. los hec hos, ni os conc t te citada la dispos1c16n t d encontrar corree amen d por lo tan o e no d I de echo fundamental conculca o, cons-titucional consagra_dora. :d. r ·t do inmerso en el precepto de acuerdo con el aforismod1ur1h ,co c11ª e_n,alamiento debido, corri1 deber e acer e s d t. comenta o, ,ene e . , d I omisión del demandante. giendo el error o substituyen ose en a . • 1a d or d e no •,mpedir la resoluc16n A , lo pretendido por el leg,s d bºSI, d d m aro resentada se logra en e 1 judicial sobre la deman ª e ª. P •, p I . gador "unidos el cono1• erle esa o 611gac1on e 1uz ' d 1 f da orma a impon d b d I • ez y el conocimiento 8 · · t del derecho como e er e ¡u ' c1m1en o ·b·l·d' 11 d del juez han de contribuir a que nunca, o hecho como pos, ª. h : t· . (Pág 11 "El Juez y el Dere1 1 · pida acer 1us 1c1a · raras veces, a ey ,m, d I L de Amparo, ante el error en cho") Por eso el articulo 79 e a ey . . otor ar • • , n del precepto constitucional, obliga al ¡uez a g 1a •mvocacro · 1d e 1 amparo pO r lo q ue realmente aparezca v,o a a. CORRECCION JUDICIAi. Df LA DEMANDA cho alrededor del cual gira la demanda de amparo en materia civil. se podría pensar en lo reducido de la actividad jurisdiccional para corregir o enmendar la petición del quejoso, al circunscribirlo únicamente a la corrección de la cita errónea del precepto constitucional consagrador del derecho del gobernado estimado violado por el acto reclamado a la autoridad mencionada como responsable. Pero no es tal la situación, pues dentro de esa. materia se encuentran problemas relacionados con menores o incapacitados, en cuyos casos las demandas de amparo deben ser corregidas, podemos decir, íntegramente por el juzgador del amparo, aun cuando, por tratarse de una enmienda constitucional reciente, se estudiará por separada, como asuntos diversos y considerada como otra de las categorías o aspectos en los cuales opera la excepción al principio de estricto derecho o el desempeño de la actividad jurisdiccional para corregir o enmendar la demanda planteada incorrectamente. A la mera cita equivocada del precepto relativo al derecho fundamental violado, pasaremos el comentario sobre la aplicación o desarrollo de esa actividad jurisdiccional correctiva o supletoria en el ámbito penal. Desde luego podemos decir cuán grande es el Derecho de Amparo en México cuando contiene disposiciones realmente protectoras para quienes careciendo de los medios o recursos necesarios, se encuentren imposibilitados para contar con el adecuado patrocinio de un profesional capacitado y otorgar el deber al juzgador para corregir el error y la omisión, aún en los conceptos de violación, cuando de la demanda de amparo y protección de la justicia de la unión, por parte de un indiciado, acusado, procesado o sentenciado, se desprenda la existencia de imperfecciones en el planteamiento de la cuestión reclamada, de la llamada autoridad responsable. · • · de estricto dereDado el rigorismo desprendid o d e1 prmc1p10 -i26 B legislador ha pretendido la supervivencia del principio de la 427 �CORRECCION JUDICIAL DE LA DEMANDA supremacía constitucional y el debido goce de los derechos fundamentales de los gobernados, principalmente los contenidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto al derecho de audiencia y el de legalidad, cuando en la fracción 11 del artículo 107 de la misma Carta Magna Federal y el 76 de la Ley de Amparo, aún cuando redactados de manera potestativa, obligan al juez del amparo a corregir la demanda, "cuando se encuentre que ha habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la Ley, que lo ha dejado sin defensa", "además, cuando se haya juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso". Este ospecto, como el atinente al derivado de la aplicación de las normas del llamado Der~cho Familiar, en un ramo particular, o de todo el Derecho Social, de manera genérica, sostendremos e1 ejercicio de la actividad jurisdiccional menciona.da para corregir la demanda imperfecta, como un correctivo a esa exigencia de estricto derecho que rodea a esa materia, pensando con el maestro Tena Ramírez que esos "ritos del amparo de estricto derecho entorpecen, esa tarea oscura y generosa del Juez de Amparo, que frente a una demanda deficiente en cuyo fondo advierte que existe la justicia al quejoso, se empeña en· buscar en alguna expresión, en alguna fase secundaria, la base bastante para otorgarle el amparo".<m De aquella clásica división, desde el punto de vista de la llamada suplencia de la queja, en cuatro categorías: amparos en materia penal, amparos en materia laboral, amparos en materia adminis.J.rativa y civil cuando no se trate de inexacta aplicación de la Ley, y amparos civil por inexacta aplicación de la Ley, de las cuales hablaba el maestro Tena Ramírez, añadida, cuando se trate de los actos reclamados fundados en leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia; en materia agraria y por último tratándose de menores e incapacitados, habiendo dejado esbozados los principios existentes en el campo civil al restringirse la corrección "La suplencia de la queja deficiente está inspirada en el p rinci- 428 CORRECCION JUDICIAL DE LA DEMANDA pio favor libertatis y es una potestad, pero también un deber de la Corte Suprema y los Tribu na les Colegiados".ns> La actividad jurisdiccional para corregir la demanda errónea u omisa, en materia penal. debe ser desarrollada tanto sea a~paro directo por la Suprema Corte de Justicia o Tribunales Coleg,a_do~, según sus respectivas competencias; como por l~s Jueces de _D_1~tr1to, en amparos Indirectos y los Tribunales Colegiados, en rev1s1on. Al efecto, se pueden considerar como causales de una violación manifiesta, generadora de la indefensión de un procesa~o o sentenciado las contenidas en las diversas fracciones del articulo 160 de la Ley de Amparo, el cual preceptúa: . . . En lo~ i~!cios del orden penal se consideran violadas las leyes del proced1r~11ento, de manera que su infracción afecte a las defensas del que¡oso: l.Cuando no se le haga saber el motivo del procedimiento o la causa de la acusación y el nombre de su acusador particular si lo hubjere; 11.-Cuando no se le permita nombrar defensor, en la forma que determine la ley; cuando no se le facilite, en su caso, la lista de los defensores de oficio, o no se le haga saber el nombre del adscrito al juzgado o tribunal que conozca de la causa, si no tuviere qµién lo defienda; cuando no se le facilite la manera de hacer saber su nombramiento al defensor designado; cua ndo se le impida comunicarse con él o que dicho defensor lo asista en alguna diligencia del proceso, o cuando, habiéndose negado a nombrar defensor sin manifestar expresamente que se defenderá por sí mismo, no se le nombre de oficio; 111.-Cuando no se le caree con los testigos que hayan depuesto en su contra, si rindieran su declaración en el mismo lugar del juicio, y estando también el quejoso en él; IV.-Cuando el juez no actúe con secretario o con testigos de asistencia, o cuando se prac+i<dluen diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley; V.-Cuando no se le cite para las diligencias que tenga derecho a presenciar o cuando sea citado en forma ilegal, siempre que por ello no comparezca; cuando no se le admita en el acto de la diligencia; o cuando se le coarten en ella los derechos que la ley le otorga; VI.-Cuando no se le reciban las pruebas que ofrezca legal- 429 �CORRECCION JUDICIAL Df LA DEMANDA mente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho; VII.-Cuando se le desechen los recursos que tuviere conforme a la ley res~ec_to de providencias que afecten partes substanciales del p~ ced1m1ento y produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones este mismo artículo; VIII.-Cuando no se le suministren los datos que necesite para su defensa; IX.-Cuando no se celebre la audiencia pública a que se refiere el artículo 20 fracción VI de la Cons~itución Federal, en que deba ser oído en defensa, pa;a que se le ¡uzgue; X.-Cuando se celebre la audiencia de derecho sin la asistencia del A~~nt~ d~I Ministerio Público a quien corresponda formular la requ1s1toria; sin la del juez que deba fallar, o la del secretario o testigos de asistencia que deban autorizar el acto; XI.C~ando debiendo ser juzgado por un jurado, se le juzgue por otro Tribunal; XII.-Por no integrarse el jurado con el número de personas que determine la ley, o por negársela el ejercicio de los derechos que la misma le concede para la integración de aquél; XIII.Cuando se sometan a la decisión del jurado cuestiones de distinta índole de la que señala la ley; XIV.-Cuando la sentencia se funde en confesión del reo, si estuvo incomunicado antes de otorgarla o s1 se obtuvo su declaración por medio de amenazas o de cualquiera otra coacción; XV.-Cuando la sentencia se funde en algu• na diligencia cuya nulidad establezca la ley expresamente; XVI.Cuando seguido el proceso por el delito determinado en el auto de formal prisión, el quejoso fuere sentenciado por diversos delitos NO se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la sentencia sólo difiera en grado del que haya sido materia del proceso, ni cuando se refiera a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la averiguación, ~iempre que, en este último caso, el Ministerio Público haya formulado conclusiones acusatorias cam· biando la clasificación del delito hecha en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, y el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación, durante el juicio propiamente tal; XVII.-En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores a juicio de la Suprema Corte de Justida o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda ..." !ª CORRECCION JUDICIAL DE LA DEMANDA Por otra parte, la otra hipótesis de la necesaria y debida realización de la actividad jurisdiccional, a cargo del juzgador de amparo, tendiente a la corrección de la demanda mal formulada, errónea, deficiente y aún omisa, en materia penal, obedece a la aplicación estricta del principio "nullum poena, nuilun crimen sina lega", coAcediéndose este ejercicio en función de la humanización de la impartición de la justicia en este campo del Derecho, pues "la exacta aplicación de la ley es "la garantía de todas las garantías" siguiendo el pensamiento de Joaquín Costa; exponía el Lic. Teófilo Olea y Leyva en su brillante monografía "Genealogía Jurídica de la Casación y el Amparo Mexicano en Materia Penal". <19> Se impone esa actuación oficiosa del juzgador de amparo en las hipótesis relativas a la violación manifiesta de la ley originadora de indefensión al agraviado y cuando se le haya juzgado por una ley inexactamente aplicable al caso, pues, es "precisamente donde más.se destaca con mayor entidad y jerarquía la defensa de los más altos valores humanos y eternos de la libertad y de los bienes de la vida, que es la esencia misma de nuestro juicio de amparo, que andando el tiempo, habría de lograr la unidad jurisdiccional de todo el derecho mexicano", como lo explicaba el ex-ministro de la Suprema Corte de Justicia, Lic. Olea y Leyva.<20 > El interés del legislador de brindar la debida protección fundamentalmente a quienes representan la parte débil de todo procedimiento quedó patentizado, en la facultad de con~eder al juez de amparo, la realización de una actividad jurisdiccional para corregir la demanda imperfecta promovida, en materia laboral. por la parte obrera, atendiendo también a los motivos derivados de la carencia de medios o recursos económicos necesarios para poder acudir a un profesionista especializado. De esa suerte se concede al juzgador una potestad, necesaria~ente conve.~ida y así debe estimarse, en obligación de actuar ofi. ciosamente cuando se encuentre que ha habido en contra del 431 �CORRECCION JUDICIAL DE LA DEMAND~ CORRECCION JUDICIAL DE LA DEMANDA agraviado, una violación manifiesta de la Ley que lo ha dejado sin defensa", como se desprende de los textos del párrafo tercero de la fracción II del artfculo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y párrafo tercero del artículo 76 de la Ley de Amparo. "c).-En esa virtud, si el trabajador al formular su demanda de amparo, omitió satisfacer determinados requisitos formales, esos deben ser suplidos, pues si el legislador dio facultad de suplir la deficiencia de la queja al estudiarse el fondo del asunto, por mayoría de razón debe suplirse la omisión de requisitos formales" .<21l La introducción de esa facultad de obrar, en forma oficiosa, en beneficio del trabajador, en materia de amparo, deviene de la naturaleza proteccionista de las normas de trabajo, principalmente por la consideración, no ya de un mero derecho individual, sino de verdaderas garantías sociales derivadas del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En fin el juez de amparo debe realizar una actividad oficiosa de examen íntegro de los elementos tanto de forma como de fondo de la demanda formulada por el trabajador, substituyéndose en el demandante y corrigiendo los errores en los cuales hubiere incurrido, no necesariamente para llegar al otorgamiento de la justicia de la Unión, sino para la correcta Vfsión del acto reclamado en toda su amplitud desde su génesis, desarrollo y conclusión, como en la satisfacción de formalidades, a fin de evitar actuaciones de autoridades laborales en perjuicio de la parte obrera, quien en todo momento debe gozar no solamente de los derechos fundamentales correspondientes.a todos los gobernados, sino de los especiales, de carácter social. derivados de su pertenencia al proletariado. Este sentido se debe tomar en cuenta para la debida consideración de nuestra tesis de fondo al proponer la procedencia de la actividad jurisdiccional correctiva de la demanda errónea u omisa en todas aquellas materias comprendidas dentro de la categoría de Derecho Social. Con gran claridad el Lic. Alfonso Noriega, habla de los distintos matices de interpretación de esa actividad jurisdiccional. al sostener: "a).-EI propósito -"claro y definitivo"- del le~islador al consignar la suplencia en materia laboral. es hacer efectivas las garantías individuales y sociales que establece la constitución en favor de los trabajadores, despojando de tecnicismos procesales al juicio de amparo que pudieran colocar al litigante menos preparado en situación de desventaja notoria frente a su contraparte". "b).-Suplir la deficiencia de la queja, presupone no tan sólo al estudiar las violaciones constitucionales, no señaladas por el quejoso en sus conceptos de violación, sino también analizar si e~isten otras infracciones a la Constitución, aún en el caso de ausencia total de los mencionados conceptos". 432 Uno de los más grandes avances tendientes a la protección de los agrupamientos sociales débiles, se encuentra en la actividad jurisdiccional confiada al juez de amparo, en todos aquellos asuntos, planteados en materia agraria, por núcleos ·de población, ejidatarios o comuneros, cuando en contra de ellos, ha habido "una violación manifiesta de sus derechos agrarios sobre tierras y aguas". Desde luego, notamos cómo desde la inclusión del cuarto párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dice: "En los Juicios de amparo en que se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos y a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo-que disponga la Ley Reglamentaria de los 433 �CORRECCION JUDICIAL DE LA DEMANDA artículos 103 y 107 de la Constitución, y no procederán, en ningún caso, la caducidad de la instancia ni el sobreseimiento por inactividad procesal. Tampoco será procedente el desistimiento cuando se afecten derechos de los ejidos o núcleos de población comunal" así como de la adición al artículo 76 de la Ley de Amparo, se trocó la potestad supletiva a obligación. De esa manera se contemplaba la necesidad de proteger el Derecho Social del o los hombres del campo, ya como individuos, ya en grupos como núcleos de población, como un paso al denominado "amparo social agrario que tiene una estructura y reglamentación propias, entre ellas la obligatoriedad de la suplencia de la queja deficiente''.<22> De esa obligad6n para el juez de amparo, en materia agraria, cuya actividad jurisdiccional va desde la corrección de la demanda, no sólo en su aspecto formal. pasan~o hasta la integración de las pruebas y el dictado de una resolución, considerando los actos reclamados no como se plantearon en la demanda, sino cómo se hayan probado, "aun cuando sean distintos de los invocados en la demanda", como se lee en la parte final del artículo 78 de la Ley de Amparo. Realmente del despliegue de la actividad jurisdiccional, en forma tan amplia, se logra la protección debida para los derechos sociales de los núcleos de población, ejidatarios y comuneros en cumplimiento de uno de los postulados de la Revolución Mexicana, aún cuando el maestro Ignacio Burgoa, impugna las modificaciones legales en cuanto a la realización de la actividad judsdiccional correctiva al momento de dictar tomando en cuenta actos reclamados "aun cuando sean distintos de los invocados en la demanda", al sostener: "Esa disposición nos parece aberrativa, pues auspicia situaciones verdaderamente anti-jurídicas que vuelven principios procesales fundamentales. En efecto, al ponderarse actos que no fueren im· pugnados en la demanda de amparo y en relación con los cuales 434 CORRECCION JUDICIAL DE LA DEMANDA obviamente la autoridad responsable no pudo rendir su informe justificado ni el tercero perjudicado preservar sus derechos, se coloca aestos sujetos en un estado de indefensión, alterándose además, la lrris en el juicio de garantías, ya que no sólo con dotes sibilinas ~odrían adivinar contra que actos, diversos de los reclamados, se pudiere conceder o negar la protección federal. La adición que comentamos, fruto de la ligereza o el atolondramiento de sus autores, hace surgir la absurda posibilidad de que los núcleos de población, los ejidos, los comuneros o los ejidatarios, combaten actos que, por esta circunstancia, no pueden ser materia de la controversia constitucional y en relación con los cuales tampoco pueda invocarse ninguna causa de improcedencia, por la sencilla razón de que permanecen ignorados durante toda ia secue1a procesa 1 .(23) 11 Esos temores del Lic. Burgoa deben disiparse considerando los principios propios de un procedimiento de naturaleza eminentemente social para lograr la debida protección de esos núcleos de población, ejidatarios y comuneros, debiéndose despojar de ritos procesales, formalidades estrictas, propias de un proceso eminentemente sustentado en postulados individualistas, para dar paso a la actividad jurisdiccional de oficio, investigadores, de la verdadera viola~ión constitucional, pruebas del acto reclamado y autoridades responsables, tomando en cuenta la no obligación de los componentes de esos grupos sociales de conocer las cualidades jurídicas, faculta des o atribuciones de los titulares de los órganos del Poder Público actuantes en perjuicio de derechos, estimados vulnerados, ·correspondientes a los quejosos en materia agraria. Al respecto seguimos el criterio del Lic. Humberto Briseño Sierra cuando expone: "Que todo ello deje en situación desventajosa al tercero y a la autoridad responsable está fuera de toda duda, PERO NO DEBE PERDERSE DE VISTA DE QUE NO SE TRATA DE UN PROCESO, NI DE UNA CRITICA DE UN PROCESO ANTERIOR, SINO DE UN CONTROL QUE HA LLEGADO HASTA 435 �CORRECCION .RJDICIAL DE LA DEMANDA SUS ULTIMAS CONSECUENCIAS, AL PERMITIR LA TOTAL OFICI OSIDAD EN EL JU EZ, CO N LA SOLA PRESENCIA DE LA QU EJA" .<24> apoyo en su actuación, en una ley declarada anticonstitucional por J urisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia, sea o no alegada por el quejoso. Mencionadas, pues es menester, además, extender ese radio de acción supletiva de la autoridad iudic:al de amparo, hasta para allegarse los medios de convicción necesarios para el debido acreditamiento de la existencia de los actos reclamados, así como los atinentes a la demostración del interés jurídico de los quejosos, para estar en posibilidad de resolver sobre la constitucionalidad o anticonstituc:onalidad de los actos reclamados, de las autoridades responsables. El Lic. Alfonso Norieg_a, sostiene: "¿La suplencia de la queja en materia de leyes inconstitucionales -por nuestra parte preferimos la denominación de le.yes anticonsfüucioné:' es comn contrarias a la Constitución, en diferencia a las inconstitucionales, las cuales no encuentra., apoyo en la Carta Magna- tiene una amplitud mayor, que en los casos relacionados con materia penal y materia laboral ... en la expoc;ición de motivos que el C. Presidente de la República f?rmuló para justificar la reforma legal que creó la suplencia en materia de ,eye.,, inconstitucionales, se dice expresamente que: " ... sería impropio por una mala técnica en la formulación de la demanda de amparo, afecte al agraviado el ump imiento de una Ley que ha sido expedida con violación a la Constitución. Así pues, la suplencia de la queja deficiente en esta materia, abarca los errores o defectos de técnica en que se pueda incurrir en la formulación de la demanda de amparo; o bien, o en otras palabras, el juzgador está autorizado, desde la reforma de 1951, para corregir, enmendador, suplir los defectos de técnica, en que pueda incurrir el quejoso, y, por tanto, considerar al estudiar la demanda y los autos respectivos, en el caso de que existan defectos o errores de téc nica, que éstos no existen, rectificándolos en consecuencia. Este criterio resulta evidente, se funda en una razón esencial: un error de técnica no puede justificar por ningún motivo, una violación flagrante de la Constitución de la super ley".<25> LEYES DECLARADAS ANTICONSTITUCIONALES Cuanto el acto reclamado se sustenta en una ley declarada anticons+:tucional por la Suprema Corte de Justicia en la Nación, es deber del Juez del Amparo, corregir las deficiencias u omisiones en las cuales hubiere incurrido el agraviado, por la imperiosa necesidad de observar la prevalen6a de las normas supremas sobre cualesquier otra ley ordinaria o acto de las autoridades constituidas. Para la aplicación o ejercicio de esta actividad jurisdiccional supletiva, debe tomarse en cuenta el elemento esencial relativo a la existencia de jurisprudencia declarando anticonstitucional a una ley, lo cual significa que no basta una Ejecutoria aislada para "bligar a la autoridad iud'cial federal a realizar la corrección de !a demanda obscura, irregular, deficiente u omisa, en esta materia. La otra razón de acoplar toda norma jurídica a los principios de la Constitución, como fundamento político-social para proceder a la realización de esa actividad correctiva, tiende al establecimiento de un deber judicial ejercitable en todo momento en el cu,,,1 las autoridades señaladas como responsables pretenden encontrar 436 Esa extensión de la actividad de enmendar la demanda de amparo, concedida a la autoridad judicial federal. cuané:lo el acto reclamado se sustenta en una ley anticonsflucional, aun cuando no se haga el señalamiento, como autoridad responsable del Congreso de la Unión o de los Congresos locales, en su caso, según sus respectivas areas de competencia legislativa, significa además la elevación 437 �CORRECCIONJUDICIAL DE LA DEMANDA , de la dignidad de los jueces de amparo, al través del reconocimiento de s.u labor, plasmada en la jurisprudencia, "implica -acota el Lic. Héctor Fix Zamudio--- una dignificación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que ahora resulta obligatoria par<' todo género de autoridades, inclusive administrativas, cuando declara la inconstitucionalidad de una ley" .<26> El interés social de contemplar sobre todas las cosas el contenido prístino de la constitución, permite, también hacer extensiva esa interpretación de establecer como obligación la actividad su. pletiva judicial, de la demanda obscura, irregular u omisa, cuando el acto reclamado se apoye en un Reglamento considerado violatorio de la Carta Magna Federal, por esas cinco ejecutorias, no interrumpidas por otra en contrario. CORRECCION JUDICIAL DE LA DEMANDA recho Social, int egrada por la rama correspondiente a los meno res e incapacitados. Las disposiciones legales ordinarias existent es al respecto habrán de recoger los resultados de esa labor interpreta·tiva de nuestros tribunales federales, en ejercicio de la act~vidad correctiva, de tal suerte de permitir la formación de un nuevo ordena miento jurídico propio de la época en la cual vivimos. La enmienda constitucional mencionada, para nuestro particular modo de ver, significa la manifestación del afán garantizador de derechos para los grupos económicamente débiles y desprotegidos'. como en todo caso, son los trabajadores, los comuneros, ejidatarios, campesinos, menores e incapacitados. MENORES E INCAPACITADOS. La actividad jurisdiccional para enmendar la demanda de amparo irregular, obscura, deficiente u omisa, se nutre con la nueva materia introducida con motivo de adición al artículo 107 Constitucional, al permitirla en aquellos casos de demandas formuladas a nombre de menores o incapacitados, agraviados por actos de autoridades. En la marcha hacia la debida integración social, buscando el mecanismo adecuado, consideramos de gran interés e importancia esa adición constitucional para _lograr el otorgamiento de la prot ·C· ción de la justicia federal a los menores o incapacitados, máxime cuando se otorgan amplias facultades a la autoridad judicial de amparo para desplegar una actividad jurisdiccional de gran magnitud para que de oficio se subsanen todos los defectos de la demanda planteada a esta materia. Seguramente, con la inclusión de esta nueva faceta de la actividad jurisdiccional supletiva, se lograrán interpretaciones juris :x u denciales de gran contenido para la formación de esa parte del De- 438 439 �CAPITULO CUARTO B. DERECHO SOCIAL.- LA INTEPRETACION CONSTITUCIO- NAL- LA CORRECCION DE LA DEMANDA OBSCURA, IRREGULAR U OMISA EN CUESTIONES ATINENTES AL DERECHO SOCIAL. Las condiciones cambiantes del Derecho, del cual se puede decir "que no es algo fijo e inalterable dentro del marco de la ley, en realidad se trata de algo vivo y, por ello, en mutación permanente"<m, nos lleva al campo del Derecho Social, considerado como disciplina autónoma e integradora de una más de las clasificaciones genjricas del Derecho, rompiendo el viejo molde de la división dict6mica del mismo. Esa constante transformación ha servido de base para la creación del nuevo campo de la ciencia jurídica al tomar en cuenta la realidad social existente, pues extrabasándose de los tradicionales irnbitos de acción de la norma, antaño sólo reguladora de cuestio- res relativas a la persona y su patrimonio, así como de las relaciones con el Estado, atendiendo a la concepción liberalista e indivi- 441 �dualista del Derecho, pasa a la formac~ónddelun nuelvo c~el~~goae: ~~ I glas al traves e as cua es s cual se comprend en as re · , • t d'bºles esta. , de los grupas humanos econom1camen e e , ' t · su subPro ecc1on . d f or el mínimo de garantías necesarias para . b_lec,en_ o a su atv . , dentro de la sociedad en la cual conviven. s1stenc1a y manu enc1on De esa suerte se contempla ya no solamente el hom_bret-indivi. d · quél pertenec1en e a un d ~no al hombre-colectivo, es ecir, a a .. . I uo, . o o clase social. a quien van d1ng1das as normas determinado grup d d. •, de actuar conforme a tuteladoras precisamente des e su con tc1on . intereses comunes. . , n a la cual llega ese Derecho Social, es a Por eso 1a prot eccio ·d las . t . ente a los persegu1 os en los intereses colecti:os,. c~n ;;.namdonde las normas se dictan en otras ramas de la c1enc1a ¡urt ,ca, . razón a los intereses privados o particulares existentes. Así, se tiene el Derecho Social, :1 :u~I es "el ~r~en de la s~~i~: d d en función de una integración dinam1ca, teolog1camente d1r ~ bienestar social de las personas y e daa a Ia obtención del mayor . . . . I" <2s> los pueblos mediante la ¡ustic1a socia . ta definición el Derecho Social tiende al esDe acuerd o con es d I hombres tablecimiento de normas para regular la conducta d e o~ d un bºdos conforme a su función social, forman o pa e. e ::~~:a~iento humano determinado con el fin de lograr el bien común. . ·, d a materia es cont Ahora b ien para la me¡or comprens1or e es ' · d G · ·t h I respec o, udrv1 cha t' orno V eniente tomar en consideración las ideas e S · 1 erec o au on cuando sostiene que el Derecho ocia ' es un bº f cada tota· de comunión, por el cual se integra de m~t'l~ra o ¡e ,va I Es~ lidad activa real que encarna un valor pos1t1vo extratempora 11 442 Derecho se desprende directamente del todo en cuestión para regular la vida interior independientemente del hecho de que ese todo esté organizado o desorganizado. El derecho de comunión hace participar al todo inmediatamente en la organización jurídica que de allí surge sin transformar ese todo en un sujeto distinto a sus miembros. El derecho de integración instituye un poder social que está esencialmente ligado a una coacción incondicionada y que puede, plenamente, realizarse, en la mayor parte de los casos, por una coacción relativa a la cual se puede substraer pero bajo ciertas condiciones ese poder social funciona algunas veces sin coacción. El Derecho Social precede, en su capa primaria, toda organización de grupo y no puede expresarse de una manera organizada sino cuando la organización está fundada sobre el derecho de la comunidad subyacente objetiva y del que está penetrada, es decir, cuando ella constituye una asociación igualitaria de colaboración y no una asociación jerárquica de dominación. fil Derecho Social se dirige, en su capa organizada, a sujetos jurídicos específicos -personas colectívas complejas-, tan diferentes de los sujetos individuales aislados como de las personas morales, unidades simples que absorben la multiplicidad de sus miembros en la voluntad única de la corporación o del establecimiento".<29> Así vemos al hombre en su plenitud social, tocando en suerte a nuestro País, ser el pionero en la regulación constitucional de las garantías sociales cuando el Constituyente d·e Querétaro plasmó en los artículos 3o., 27, 123 y 130, los derechos a la educación, a la tierra, al trabajo y la separación entre el Estado y la Iglesia, como principios primarios, originarios y fundamentales de la adecuada protección de los grupos humanos económicamente débiles, sobre los poderosos, pues otorga ef derecho a la educación a todos los componentes del pueblo mexicano, sin distinciones de ninguna naturaleza, además de que tutela las relaciones obrero-patronales, al establecer los derecbos mínimos de la parte desprotegida de ese 443 �vínculo surgido entre los factores de la producción; tutelando, además, a los campesinos, ejidatarios, comuneros y núcleos de población y garantiza la separación entre la Iglesia y el Estado. '' El nuevo Derecho Social no sólo se proyecta en el horizonte jurídico -acota el Lic. Alberto Trueba Urbina- sino figura relevantemente en estatutos fundamentales y orgánicos, que tutelan a las masas y específicamente a los hijos frente a los padres, a la mujer frente al marido, al campesino frente al latifundista, al obrero frente al empresario, al súbdito frente al Estado, etcétera. Tal es el paso más trascendental, con profundo sentido humano, del individualismo al socialismo". <30 > Además, nuestro texto político-social fundamental ha incorporado otras normas de absoluto interés comunitario como lo son las relativas a los derechos de los trabajadores al servicio de los órganos del Poder Público Federal, la regulación de los asentamientos humanos y otros, cuya existencia, mejoramiento y ampliación de titulares de los mismos, exigen la debida protección de los derechos sociales correspondientes. · Es decir, no bastan los procedimientos establecidos en las leyes reglamentarias de los preceptos constitucionales correspondien• tes, para aseverar que se encuentran debidamente garantizados los intereses de esas masas sociales, sino que es menester de que se les brinde, como en caso, de la parte obrera, los comuneros, ejidatarios y núcleos de población, menores e incapacitados, la adecuada protección constitucional, al través del juicio de amparo, fuera de todo rigorismo, formalismo o técnica jurídica, enmendado los errores o corrigiendo la demanda obscura, irregular u omisa de esos sujetos de Derecho Social, cuando recurren ante los tribunales judiciales federales reclamando actos arbitrarios, indebidos, ilegales e inconstitucionales de las autoridades correspondientes. Como la existencia de los derechos sociales para los econ6micamente débiles se desprende del contexto mismo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras de la aplicación de los principios de una equidad y justicia social, estimamos que para evitar las múltiples enmiendas a la Carta Magna Federal, es menester llegar a la aplicación de las normas conducentes al través de la interpretación judicial. Para esto, hay que tener presente que en esta época se habla mucho de la necesidad de crear, precisamente para dar la protección constitucional a esos derechos sociales de los núcleos o grupos sociales, económicamente débiles, del ya llamado "amparo social", pues nuestra tesis versa en torno a esa figura, pero sin recurrir a reformas ni a la Constitución, ni a la Ley de Amparo. Estimamos, en lugar de reformas o enmiendas a las normas mencionadas, el juzgador debe impregnarse de las condiciones cambiantes y de los requerimientos de la época exigiendo la debida tutela y protección de esos agrupamientos humanos, conservando la estabilidad de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al respecto seguimos la idea de los señores Lics. Jorge Carpizo y Héctor Fix Zamudio, cuando expresan: "El sistema de reformas continuas debe considerarse como una transformación defectuosa de las disposiciones constitucionales, que atenta contra la jerarquía de dichas disposiciones y hace negatoria su relativa estabilidad, produciendo inclusive contradicciones en cuanto a los principios esenciales establecidos por el Constituyente o,riginario, llegándose a extremos en nuestro régimen jurídico, de expedir reformas constitucionales para modificar o suprimir determinadas interpretaciones, también constitucionaíes, de la Suprema C_o~e de Justicia, lo que constituye un índice del absoluto predominio de la reforma o modificación del texto fundamental en relación con su evolución interpretativa".U1> 445 �Luego, los postulados constitucionales de los cuales se desprenden los derechos sociales, en cuanto a su garantía, protecci6n o tutela, cuando se ejercita la acción generadora del Juicio de Amparo deben interpretarse de acuerdo con las condiciones sociales, económicas y políticas de la época. Por eso, si del desentrañamiento de esas condiciones se llega a la convicción de dar protección a los agrupamientos humanos económicamente débiles, el juzgador debe tomar en cuenta iguales principios reguladores ya existentes para proceder a la enmienda de una demanda de amparo defectuosa, para lograr una sentencia, en su caso, que pueda llamarse garantía de las garantías sociales, si estimamos el Juicio de Amparo, como un verdadero "juicio de garantías". Cierto, "el tema de la interpretaci6n judicial del Derecho es uno de los más controvertidos y asendereados, pero su actualidad es innegable, ya que otra vez en nuestros días se replantean los problemas que suscita esta cuesti6n, en relación al deber del juez de dar soluci6n justa a los conflictos jurídicos sometidos a su decisi6n, lo cual es perfectamente 16gico si se toma en cuenta la transforma• ci6n vertiginosa que se está operando en todas las estructuras de la sociedad"."2' El Juez, quien no toma en cuenta los fenómenos sociales y se atenga exclusivamente a la letra de la ley, no de,berá ostentar la toga del decidor del Derecho. Sus resoluciones deben estar impregnados de la evolución social y jurídica correspondiente, sin esperar a tener a la mano el texto de la Ley con la letra impresa de la cual desprendar la consideración respectiva, pues es una obligación el de seguir de cerca los pasos cambiantes del mundo de los acontecimientos, "tal y como aparecen en la vida real, huyendo de ficciones y posiciones inacvilistas".c33l 446 Por eso, si interpretando la norma constitucional en la cual se consagran los derechos sociales, se desprende el otorgamiento de una facultad para el Juez de Amparo para desplegar una actividad jurisdiccional tendiente a la corrección de una demanda errónea, irregular, obscura u omisa, en materia de amparo, debe tenerse en cuenta todo el contenido de esa disciplina Derecho Social para llegar a la conclusrón de que en todas las ramas de éste en las cuales actúe una autoridad, dictando actos que afecten la esfera de los sujetos comprendidos en las mismas y éstos acudan en demanda de amparo y protección de la justicia de la unión , se desenvuelva esa actividad jurisdiccional, desde la investigación y allegamiento de las pruebas necesarias para acreditar la existencia de los actos reclamados y el interés jurídico de los quejosos, hasta el momento de dictar sentencia en la cual habrá de corregir los errores, enmen. dar las imperfecciones y substituirse en la conducta del agraviado Cuando su demanda haya sido irregular, obscura u omisa. Para ello, debemos considerar la clasificación del Lic. Francisco González Díaz Lombardo, sobre el Derecho Social, del cual señalo, las siguientes ramas: !.-Derecho Social deÍ Trabajo y de la Previsión Social; 11.-Derecho Social Campesino; 111.-Derecho Social Burocrático; IV.-Derecho Social Militar; V.-Derecho Social Profesional; VI.-Derecho de la Seguridad y el Bienestar Social Integral; VII.-Derecho Social Cooperativo; VIII.-Derecho Social de las Mut ualidades; IX.-Derecho Social de la Prevención Social; X.-Dere~ho Social Corporativo; XI.-Derecho Social Familiar; XII.-Derecho Social de la Infancia; XIII.-Derecho Social .de la Juventud; XIV.-Derecho Social de la Mujer; XV.-Derecho Social de la Vejez (J ubilados y pensionados); XVI.-Derecho Social Económico; XVII.Derecho Social de la Salud Integral; XVIII.-Derecho Social de la Educación Integral y la Cultura; XIX.-Derecho Social de la Vivienda Integral; XXI.-Derecho Social del Deporte; XXII.-Derecho So- 447 �cial del Descanso y el Ocio Constitucional; XXIII.-_Derecho P~ocesal Social; XXIV.-Derecho Protector y de Asistencia a Extran1eros y de Mexicanos en el Exterior; XXV .-Derecho Social Internacional y XXVI.- Derecho Social Comparado. Con excepción del último, pero agregando los consecuentes Derechos Sociales que habrán de surgir con la regulación de los Asentamientos Humanos y las Empresas de Solidaridad Social. cuyas iniciativas de Leyes, se anuncian, enviará el Ejec~tivo Fe~eral al solicitar de la Comisión Permanente la convocatoria a Sesiones Extraordinarias del Congreso de la Unión, cuando los sujetos de los mismos se vean afectados por un acto de autoridad emanáda en aplicación de las normas conducentes, causado definitividad el mismo, y ocurriendo en demanda de amparo, en t~dos _esos ~asos deberá realizarse la actividad jurisdiccional suplet1va s1 consideramos el espíritu de las exposiciones de motiv~s de las ~nmiendas constitucionales al través de la cual se ha ampliado la misma Y de las cuales dimos cuenta en el capítulo segundo. Al través de este medio se llega a la respuesta a las preguntas: "¿De qué sirve un derecho social que no es acci?nable e~ ~ª- mi~ma forma?", "• En dónde está la novedad: en el simple en1u1c1am1enl . v c t ,, (34> to?", formuladas por el Lic. Juventmo . as ro . Los derechos del agrupado socialmente o de dos grupos so~i~les como tales, quedarán debidamente protegidos al tr~v~s del 1u 1cio de amparo con las condiciones, requisitos y proced1m1entos naturales, con las variantes propias relativas a la realización, por ~art~del juez, de una actividad supletiva al quejoso, en la form~. Y ter_m1· nos expuestos, atendiendo al derecho concedido a los epdatarios, comuneros y núcleos de población, en la Ley vigente. De esa manera estamos en contra de las constantes modificaciones a la· Constitución y a la Ley de Amparo, entre otras, máxime 448 cuando en lo atinente el juicio de amparo, podemos sostener, constituye una decisión fundemental del pueblo, con el otorgamiento de una obligación a los jueces federales de realizar una actividad jurisdiccional supletiva al quejoso, cuando es sujeto de derechos sociales y los actos reclamados emanen de autoridades en ejercicio y aplicación de tales derechos, para e~itar reformas improvisadas, muchas de las veces de carácter eminentemente político. Por eso pugnamos y proponemos que en todo lo referente a la aplicación de normas de Derecho Social, cuando un sujeto del mismo, ocurra en demanda de amparo, debe realizarse la actividad de corrección por parte del juez, a fin de que quede debidamente garantizado el goce de esos derechos. Actúese, pues, en concordancia con las palabras del Ex-Presidente de la H. Suprema Corte de Justicia, cuando decía: "Nuestra función es aplicar la ley y la Constitución, pero el aplicarlo. con un espíritu proteccionista como ocurre precisamente en estos fallos de la segunda sala, es tratar de ayudar al elemento más débil en la relación procesal, como es el ejidtario".<35l El Ex-Presidente de la Suprema Corte de Justicia en la Nación, hacía referencia a los fallos dictados en asuntos en materia agraria, donde los jueces de amparo realizan una actividad jurisdiccional acorde con las condiciones de los demandantes para brindar a todos los sujetos de esa rama del Derecho Social, la debida y adecuaprotección de sus derecho~, considerando su participación en la producción, así como la carencia de medios y recursos para, por sí solos, llegar al logro de la protección de la Justicia de la Unión. ~ª En la misma forma se actúe en lo atinente a las demandas de amparo promovidas por los trabajadores, pues los controladores de la constitucionalidad, en esos casos actúan de una manera tal de llegar a perfeccionar los defectos de las demandas obreras para la 449 �realización de los principios de justicia social, inmersos en ese Derecho del Trabaj,o, dictado esencialmente en búsqueda de la mayor protección de tales fuerzas productivas, pues "el fin substancial y primario del Derecho Laboral, bien sea contemplado desde el punto de vista individual o del colectivo, es siempre, en último término, la protección del hombre que trabaja".'361 Por eso todos esos prmc1p1os deben tomarse en cuenta por los juzgadores en materia de Amparo, en atención a los avances operados en la sociedad en el ámbito del Derecho, para recoger los anhelos de las clases desvalidas y marginadas, las cuales, en nuestro medio, integran la mayoría carente de todo y, por lo tanto, son merecedores de tener, cuando menos, la tutela de sus derechos cuando los mismos son conculcados por las autoridades, para desa-· rrollar esa actividad jurisdiccional supletiva a toda demanda de amparo en forma obscura, irregular ~ omisa. La actuación jurisdiccional, tratándose de sujetos protegidos por las normas del Derecho Social. se iniciaría desde el momento de la presentación de la demanda, evitando las prevenciones acostumbradas para completar el número de copias necesarias, pues de oficio, se ordenarían las requeridas y se mandaría correr el traslado de ley, y hacer el emplazamiento respectivo, señalando fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Al advertirse del planteamiento la omisión de autoridades, el juzgador las tendría como responsables, emplazándolas y citándolas en la audiencia. También el juez, en estos casos, llevaría al cabo su actividad recabando las pruebas necesarias para la justificación de los actos reclamados y corregiría todo error o defecto en la manifestación de los conceptos de violación expuestos por los demandantes. 450 . Debe quedar ~l~ro lo_ r~lativo a los comandantes para el despliegue. de esa act1v1dad 1ur1sdiccional.supletiva, pues los mismos, n~:esar,amente deben ser los sujetos a quienes pretendidamente se d,r,ge la protec~ión de la rama del Derecho Social correspondiente. Esto ~s, no se e1ercería esa actividad en cuanto, en materia obrera, por e1emplo el accionante fuere el patrón; ni en materia agraria, cuando lo fueren los propietarios o latifundistas; ni cuando ocurrieren en demanda de garantías, los proveedores, y, así, en la misma form~, ~n. todos Y. cada uno de los aspectos regulados por las normas ¡ur,d,cas de integración. . Por ello, todas las posturas tradicionales deben relegarse al olvido. para estar en aptitud de realizar esa actividad jurisdiccional pro~ia de nuestra época, cuando "las transformaciones rápidas y ra?1cales se extienden a todas las esferas de la vida social, dando origen a nuevos fenómenos"'371, como en el caso de la extens·, d la ., d d ion e . correcc,on e una emanda errónea, irregular u omisa, en materia d~ a~paro, cuando el demandante o ejercitante de la acci6n const,tuc,onal es la parte débil del proceso ordinario. , . [as disparidades o desigualdades derivadas de las normas jur,d,cas en v,~or, se trocarían en paridad O igualdad cuando el juez de am~~ro, impregnado de la evolución del Derecho, realice esa corree:'º"• no _sola_mente desde el punto de vista formal, rompiendo formulismo o r1gor1smos técnicos procesales, sino tomando en cuenta el ~~ndo de la cuestión planteada, suple la imperfección de la expres,~n del concepto de violación llegando al otorgamiento de la protección de la justicia federal. De ,e~a mane_ra los jueces de amparo harían realidad el sistema de~ocratico mexicano y la tendencia social del Derecho de nuestro pa,s, pues le estarían adaptando todas las normas ·, 'd. . e ·d d d .. uri 1cas, sin nees, a e mod1f1caciones a la Constitucio'n "a 1 .d e d , as neces, a des mergentes e la transformación de la sociedad".• A SI,, "Ia S0C19a . 451 �dad y el Estado se integran dialécticamente y tanto la administración como la justicia se oponen al servicio de la mayoría ... el Derecho del Nuevo Estado tiende a asegurar sistemáticamente el cumplimiento de los objetivos del Estado· democrático y social, la realización de sus contenidos concretos. El primado del Derecho en ei Estado democrático y social significa una sujeción imperativa, no al Derecho como idea abstracta, sino a un contenido concreto de éste, el cual tiende a cumplir con los fundamentos y deberes del Nuevo Estado, la plena dignidad del Hombre, y la libertad e igualdad sustanciales en el perfeccionamiento de su personalidad social. Por imperio del Derecho, el Estado realiza la democracia y forja una sociedad nueva; el Estado no paraliza sino que "motoriza" el cambio, planifica, distribuye, reorganiza la vida individual y social" ys> Esa actividad jurisdiccional supletiva de la demanda errónea u obscura, sería el camino pacífico hacia la abolición de todo sistema de explotación del hombre por el hombre, pues el sujeto de derecho social. al través de esa labor, encontraría satisfacción su ideal de lograr la obtención de la justicia. circundante, adquieren conciencia de su propio ser y resuelven los problemas que se les plantean" .<39 > Por eso, los tiempos actuales exigen una verdadera conciencia para realizar una actividad jurisdiccional correctiva de la demanda errónea, irregular u omisa, formulada por el hombre, concebido como el verdadero ser social, enmarcado dentro de los lineamientos del Derecho Sociál. Quedan aquí, pues, nuestras modestas ideas en torno a la "Suplencia de la Deficiencia de la Queja en el Juicio de Amparo", mas con la intención humilde de aportar un granito de arena en la construcción del edificio indestructible del ejercicio de una actividad jurisdiccional correctiva de errores e imperfecciones, dentro del maravilloso Juicio Protector de los derechos individuales y sociales de los hombres, cuando el mismo es planteado por una persona titular de la tutela del Derecho Social, en cualesquiera de ;us ramas. Cierto, para ello se requiere la creación de una verdadera conciencia social entre todos los juzgadores de amRaro -Jueces de Distrito, Magistrados de los Tribunales Colegiados y Ministros de la Suprema Corte de Justicia- de considerar el aspecto social del Derecho así como las condiciones de los sujetos tutelados por el mismo cuerpo normativo de interés colectivo o comunitario. Ya Y. Kelle y M. Kovalzon, sostienen: "sobre la base de la vida material de la sociedad, a partir de la diversidad de las relaciones sociales y de la actividad de los hombres, nace la conciencia social, o sean las distintas ideas, concepciones, teorías, representaciones, sentidos sociaJes, -etc., medi9 nte la cual el hombre, los grupos sociales y la sociedad entera as:milan espiritualmente el mundo 452 453 �NOTAS BIBLIOGRAFICAS 15.-"Lecciones de Amparo".- Lic. Alfonso Noriega.- Editorial Porrúa, S. A.- México.- 1975.- Pág. 703. ! . -"Cuestiones de Terminología Procesal".- Niceto Alcalá-Zamo- ra y Castillo.- Instituto de Investigaciones Jurídicas.- UNAM.1972.- Pág. 11. 16.-"EI Juez y el Derecho".- Santiago Santís Melendo.- Ediciones Jurídicas-Europa-América.- Buenos Aires.- 1957.- Pág. 73. 2.-"Curso de Amparo".- Dr. Octavio A. Hernández.- Ediciones Botas.- México.- 1966.- Pág. 104. 3.-" El Juicio de Amparo".- Ignacio Burgoa.- Editorial Porrúa, S. 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Armando Chávez Camacho.- Pág. 117. 10.-"Dérechos del Pueblo Mexicano".- Tomo VIII.- Pág. 75. 11.-"Derecho del Pueblo Mexicano".- Tomo VIII.- Pág. 86. 12.-"Derecho del Pueblo Mexicano".- Tomo VIII.- Pág. 103. 13.-"Op. Cit."-· Lic. Ignacio Burgoa.- Pág. 300. 14.-"EI Amparo Mexicano".- Lic. Humberto Briseño Sierra.- Cárdenas, Editor y Distribuidor.- 1a. Edición.- 1971.- Pág. 727. 18.-"Jurisprudencia Obligatoria y Suplencia de la Queja Deficiente en Materia Penal, Laboral. Administrativa y Civil".- Ponencia del C. Ministerio Teófilo Olea y Leyva.- Problemas Penales de México.- Colegio de Estudios Penales de México.- Editorial Jus.- 1952.- Pág. 89. 19.-"Genealogía Jurídica de la Casación y el Amparo Mexicano en Amparo Penal".- Problemas Jurídicos y Sociales de México.- Lic. Teófilo Olea y Leyva.- Anuario 1953.- Editorial Jus.México.- 1955.- Pág. 88. 20.-"Op. 21.-"Op. 22.-"Op. 23.-"Op. 24.-"Op. 25.-"Op. Cit."Cit."Cit."Cit."Cit."Cit."- Lic. Lic. Lic. Lic. Lic. Lic. Teófilo Olea y Leyva.- Pág. 88. Alfonso Noriega.- Pág. 713. Alfonso Noriega.- Pág. 722. Ignacio Burgoa.- Pág. 901. Humberto Briseño Sierra.- Pág. 724. Alfonso Noriega.- Pág. 720. I 26.-"EI Juicio de Amparo".- Héctor Fix Zamudio.- Editorial Porrúa, S. A.- 1a. Edición.- Edición.- 1964.- Pág. 298. 27.-"La Interpretación Judicial en las Orientaciones Contemporáneas".- Valentín Silva Melero.- Revista del Derecho Privado.Octubre de 1969.- Pág. 735. 455 �28.-"EI Derecho Social y la Seguridad Social Integral".- UNA~. Textos Universitarios.- Lic. Francisco González Díaz Lombardo.- Pág. 14. 39.-"Ensayo Sobre la Teoría Marxista de la Sociedad.- Traducción al Español V. Kelle y M. Kovalzon.- Editorial Progreso.- 1975.Pág. 34. 29.-"EI Derecho Social".- Lucio Mendieta y Núñez.- Editorial Porrúa.- Segurida Edición.- 1967 .- Pág. 19. BIBLIOGRAFIA 30.-"La Constitución Reformada".- Lic. 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Constitución Política Mexicana, conteniendo Ley de Amparo con Reformas y adiciones al día.- Lic. Manuel Andrade.- Hojas substituibles.- Ediciones Andrade, S. A. 461 ���� Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Derecho Y Ciencias Sociales Año de publicación El año cuando se publico 1979 Época Época del la revista Segunda Número Número de la revista 1 Mes de publicación Mes cuando se publicó Marzo-Junio Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Cuatrimestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1784899&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales, 1979, Segunda Época, No 1, Marzo-Junio Creator An entity primarily responsible for making the resource Flores Longoria, Samuel, 1934-, Director Subject The topic of the resource Derecho Derechos civiles Publicaciones periódicas Leyes Jurisdisprudencia Filosofía del derecho Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derechos y Ciencias Sociales Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Núñez Espinosa, Herberto J., Director Lozano González, Santiago, Secretario de Redacción Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/03/1979 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource tex/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2016556 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. San Nicolás de los Garza, N.L., (México) Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies. Universidad Autónoma de Nuevo León Rights Holder A person or organization owning or managing rights over the resource. El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores Cambio social Enajenación Información Periodismo Política Presa https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/271/13593/DERECHO_Y_CIENCIAS_SOCIALES._1979._2a_Epoca._No._2._Jul-Oct._0002016555.ocr.pdf d77b243b96b2d8eea8eeb57ba3c01637 PDF Text Text LA FACULTAD y CIENCIAS SOCIALES __;--~~ BE ���DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 2 �UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DIRECTOR: Lic. David Galván Ancira. SUBDIRECTOR: Lic. Roberto Sergio Castillo Gamboa. JEFE DE LA DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES: Lic. Santiago González Lozano. JEFE DE LA DIVISION DE INVESTIGACION Y EDUCACION CONTINUA: Lic. Francisco Rivera Bedoya. JEFE DE LA DIVISION DE EST_UDIOS SUPERIORES: Lic. Gaspar Vazquez Aguilar. D_ECANO: Lic. Genaro Salinas Ouiroga. JEFE DE LA SECCION EDITORIAL: Lic. Herberto. J. Nuftez. DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Revista Cuatrimestral de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad Autónoma de Nuevo León. DIRECTORIO DE LA REVISTA DIRECTOR: Lic. Herberto. J. Nuñez. Espinosa. SECRETARIO DE REDACCION: Lic. Santiago Gonzá!ez Lozano. SECRETARIO DE CIRCULACION: Bibl. Manuel Uribe M. 2da. EPOCA JUL-OCT 1979 NUM.2 CONSEJO EDITORIAL Lic. Genaro Salinas Ouiroga, Lic. David Galvan Ancira, Lic. Roberto Sergio Castillo, Lic. Herberto Nuñez Espinosa, Dr. Agustín Basave Fernández del Valle, Lic. Alberto García Gómez, Lic. Francisco Rivera Bedoya, Lic. Santiago González Lozano. La responsabilidad de los artículos publicados es exclusiva de sus autores. Las opiniones expresadas en la Revista son estrictamente personales y no asume responsabilidad por ella la revista, la Facultad de Derecho de la U.AN. L o las instituciones a que estén asociados sus expositores. Derecho y Ciencias Sociales aparece cuatrimestralmente. No se devuelven originales aún cuando no se publique. 1 N DICE LIC. MAURO CRUZ GARZA: "Justicia Familiar en Nuevo León" LIC. MARIO CANTU LEAL: "Administración de Justicia" LIC. MARCO ANTONIO LEIJA MORENO: "La Problemática del Juez Penal en México" Toda correspondencia debe dirigirse a: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Revista Derecho y Ciencias Sociales Ciudad Universitaria San Nicolás de los Garza, N. L IMPRESO EN MEXICO PRINTED ANO MADE IN MEXICO Oepartamente de l mprenta Facultad de Derecho y C. Sociales de la Universidad Autónoma de N . L 5 de Mayo 740 Ote. Monterrey, N. L 7 18 LIC. ALBERTO GARCIA GOMEZ: "El Problema de los Trabajadores Mexicanos Indocumentados. 23 LIC. CLICERIO HERNANDEZ ESCALANTE: "La Vocación del Abogado. LIC. CESAR GARZA ANCI RA: "El Recuento" 35 38 LIC. GENARO SALINAS QUIROGA: La Vida Humana y el Derecho" 47 �PLATICA SUSTENTADA POR EL LICENCIADO MAURO CRUZ GARZA, EN EL SALON DE ACTOS DE LA FACULTAO DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON EL DIA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOSSETENTA Y NUEVE. JUSTICIA FAMILIAR EN NUEVO LEON La necesidad de proteger a la familia como Instituc1ón Social básica, ha generado el que se adopten medidas tendientes a ello. Al Estado compete la obligación legal de proteger la organización y estabilidad de la familia, porque en ella se sustenta; así, con satisfacción se advierte que se han reformado Leyes Constitucionales ( Art. 4o. "Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada respecto del nacimiento y planeación de sus hijos"), y se han creado Tribunales especiales en algunos Estados, para conocer de las controversiasdel orden familiar. En la exposición de motivos de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se consigna que la creación de los Juzgados de lo familiar obedece a contemplar con criterio profundamente humano los asuntos de la familia, en donde los intereses económicos devienen de importancia secundaria, pues la familia es el núcleo fundamental en el cual se sustentan las Instituciones Sociales. En Nuevo León, por Decretos Números 62 y 63 de la Legislatura Estatal de Agosto de 1977 se crearon los Juzgados de lo familiar en el Primer Distrito Judicial y se adicionó el Código Procesal Civil, con el Libro 5o., denominado "De los Asuntos del Orden Familiar". El artículo 32 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado, establece que los Jueces de lo familiar, conocerán: 1.- De los negocios de Jurisdicción Voluntaria.- 11.- De los juicios contenciosos relativos al matrimonio, a la ilicitud o nulidad del matrimonio, al divorcio, incluyendo los que se refieren al régim n de bienes en el matrimonio, de los que tengan por objeto modificaciones o 1ectíficaciones de las actas del Estado Civil, de los divorcios por Mutuo Consentimiento, de los que afecten al parentesco, a los alimentos, a la paternidad y a la filiación legítima, natural o adoptiva, de los que tengan por objeto cuestiones derivadas de la patria potestad, estado de interdicción y tutela y de las cuestiones de ausencias y presunción de muerte; de los que se refieren a cualquier cuestión re0 �lacionada con el patrimonio de la familia, su constitución, disminución, extinción, o afectación E!n cualquier forma: 111.- De los juicios Sucesorios.- IV.-. De los asuntos judiciales concernientes a otras acciones relativas al estado civil, a la capacidad de las personas y a las derivadas del parentesco.- V.- De las diligencias de consignación en todo lo relativo al derecho familiar.- VI.- De las diligencias de los exhortos, suplicatorias, requisitorias y despachos relacionados con el derecho familiar.- VI 1.·Delas cuestiones relativas a los asuntos que afectan a los menores e incapacitados en sus derechos de persona, así como en general, de todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial.- VIII.- Delas diligencias que les encomiende el Tribunal Superior de Justicia y de las demás funciones a que los obliguen las Leyes Federales y del Estado. Igualmente les. corresponde llevar los registros en que constan los discernimientos de los cargos de tutor Y curador, cuyos registros estarán a disposición de los consejos locales. de tutela. ( Artículos del 927 al 934 ) , estas solicitudes se tramitarán en forma incidental; la adopción (artículos del 935 al 938); la autorización judicial que soliciten los emancipados o habilitados de edad para enajenar o gravar bienes raíces ó paracomparecer en juicio, tramitándose en forma incidental; el permiso que para · contratar con su marido o para obligarse solidariamente o ser su fiadora, solicite la mujer.casada; así como la calificación de la excusa de la patria potestad en los casos a que se refiere el artículo 448 del Código Civil; estos dos casos tambien deberán tramitarse incidentalmente (Art. 950); por último, se tramitará en•jurisdicción voluntaria, el depósito que solicite la menor de edad que pretenda contraer matrimonio y que necesite ocurrir ante el Presidente Municipal para que supla el consentimiento de sus padres o ascendientes. La fracción del indicado Artículo 32, determina que los jueces de lofamiliar conocerán de los negocios de jurisdicción voluntaria relacionados conel D-:>recho Familiar; éstos, los que expresamente se encuentran regulados en tal jurisdicción, lo constituyen: El nombramiento de tutores y curadores y discernimiento de sus cargos (Artículos del 914 al 926), estableciendo la tramitación incidental para la declaratoria de incapacidad por causa de demencia; la enajenación de bienes de menores o incapacitados y transacción acerca de sus derechos Sobre lo anterior, es oportuno señalar que algunas controversias del orden familiar tales como la oposición del marido a que la mujer trabaje ( Art. · 171); la liberación de la mujer casada de la obligación de vivir al lado de su marido cuando éste traslade su domicilio al extranjero o cuando se establezca en un lugar insalubre o indecoroso ( Artículo 163); y los casos previstos en los artículos 380, 405 Fracción 11, 424 y otros más del Código Civil vigente en el Estado, atinentes al Derecho de Familia, y en las que el Juez tiene que resolver una oposición o controversias de intereses, no está previsto en nuestra legislación en que vía o forma jurisdiccional han de resolverse; no se trata de cuestiones que puedan . resolverse en jurisdicción voluntaria, pues en esta vía solo se sancionarán por el órgano jurisdiccional, los asuntos en que no esté promovida cuestión alguna, tampoco sería recomendable constreñir a los interesados a que se sujeten a lo dispuesto en el Artículo 638 del Código Procesal Cwil que previene que las controversias que no tuvieren señalada una tramitación especial en el Código, se ventilen en juicio ordinario, porque los términos que se establecen en el Código para dicho juicio, son largos y las controversias familiares requieren de pronta solución; entonces, resulta recomendable que se adicione el Código Procesal Civil, creándose un artículo más que lo sería el número 956, en el título único del Libro Quinto, que se refiere a los asuntos del orden familiar, a fin de que se establezca que las cuestiones referidas y las demás similares, se ventilen en la formaprevista para los incidentes, puesto que es indispensable que exista un período probatorio, que aunque breve, permita a quienes ocurren con una controversia ante el Juez, demostrar mediante los elementos de prueba idónea sus pretensiones y para que el órgano judicial esté en. aptitud de resolver en justicia la controversia; pudiendo para tal efecto el Juez, decretar de oficio la recepción de · r,n.ieoas que considere pertinentes, tales como dictámenes periciales de médicos, de trabajadores sociales y además, establecerse los recursos legales idóneos para resguardo de los intereses de los contendientes.- Considero que con ello, se complementaría la instrumentación legal, para que todas las controversias del orden 2 3 El Decreto número 63 de la Legislatura Local del año de 1977, que adicionó con un libro al Código Procesal Civil del Estado, el de los asuntos de Orden Familiar, está compuesto de cuatro artículos, los números 952,953,954 Y 955, que textualmente disponen: Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella la base de la integración de la sociedad. Los Jueces de lo Familiar conocerán con los procedimientos.reglas Y términos de este Código de Procedimientos Civiles, de los asuntos de su competencia previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.· En los asuntos de su competencia, los jueces de lo Familiar siempre podrán exhortar a los interesados a la conciliación y a resolver sus diforencias mediante convenio. En los negocios de que conozcan los jueces de lo familiar, será avtativo para las. partes acudir asesoradas.- El asesoramiento deberá recaer siempre en Licenciados en Derecho con cédula profesional.- En caso de que una de las partes se encuentre asesorada Y la otra nó, se solicitarán de inmediato los servicios de un defensor de oficio, el que deberá acudir, desde luego, a enterarse del asunto disfrutando para ello de un término que no podrá exceder de tres días en cuyo, caso se prorrogará el término que se hubiese concedido para el ejercicio de algún derecho. �familiar, tengan un procedimiento adecuado. Por cuanto a las disposiciones que forman el Libro Quinto del Código Procesal Civil del Estado, denominado "De los Asuntos del Orden Familiar", (Artículos del 952 al 955), debe destacarse que tres notas fundamentales de extraordinaria relevancia contienen, que a la fecha han permitido a los Jueces de lo Familiar resolver los conflictos en forma más justa y expedita. En efecto, considera en primer término a los problemas inherentes a la familia, de orden público; segundo: concede a los jueces la atribución de conciliar a los contendientes y exhortarlos a resolver sus controversias mediante convenio; por último, se establece que el asesoramiento para los contendientes sea prestado por Licenciados en Derecho. Sobre el concepto de orden público, Eduardo Pallares en su Diccionario de Derecho Procesal Civil (pág. 553) lo define como "La actuación individual y social del orden jurídico establecido en una sociedad. Si se respeta dicho orden, si tanto las autoridades como los particulares lo acatan debidamente, entonces se produce el orden público, que en definitiva consiste en no violar las leyes de derecho público". Hugo Alsina, citado por Pallares, lo define como el conjunto de normas en que reposa el bienestar común y ante el cual ceden los derechos de los particulares". Guillermo Cabanellas, en su obra Diccionario de Derecho Usual Tomo 11 (1953), nos dice ,,que por orden público se entiende el conjunto de normas positivas absolutamente obligatorias, donde no cabe transigencia ni tolerancia por afectos a los principios fundamentales de una sociedad o a las garantías precisas de su existencia". Capitant, citado por Guillermo Cabanellas lo caracteriza como "el conjunto de normas e instituciones cuyo objeto consiste en mantener en un país el buen funcionamiento de los servicios públicos, la seguridad y la moralidad de las relaciones entre los particulares; y de los cuales no pueden apartarse éstos, enprincipio, en sus convenciones". Nuestra Suprema Corte de Justicia entiende el orden público "Como elconJunto de princÍfÑ()s con arreglo a los cuales se organizan las instituciones sociales básicas". En ese orden de ideas, los Jueces de lo familiar deben ser celosos en el sentido de que los derechos y obligaciones relativos a la familia, deben cumplirse y ejercitarse en la justa medida establecida en la Ley. 4 La segunda nota importante del Decreto Número 63, estableQé la atribución a los jueces de lo familiar de ser conciliadores de las controversias que a su colllideración se ponen, exhortando a las partes a que las resuelvan mediante ronvenio. Esta función es de gran utilidad a los jueces para expeditar la importante labor de administrar justicia, cumpliéndose así como el mandato del artículo 17 Constitucionai', pues gran cantidad de negocios han concluído mediante convenio al ser invitados por el Juez a que resuelvan sus controversias ajustándose estri:tamente a lo que la Ley determina y ésto, además de implicar un beneficio a los que contienden, también se traduce en un beneficio para la comunidad, puesto que la actividad de los juzgados se desahoga de mejor forma cualitativa Y cuantitativamente. Por cuanto al requisito de que los asesores jurídicos que intervengan en asuntos de orden familiar sean Licenciados en Derecho, debe considerarse acertada puesto que significa una garantía de que los problemas familiares sean contemplados por profesionales, lo cual evita que problemas de tan delicada índole sean manejados por personas desconocedoras del Derecho, lo que se traduce en muchas ocasiones en engaños, en retardo en los procesos y en algunos casos en resoluciones adversas derivadas de deficiencias en los asesoramientos. El requisito de cuenta, no solo es importante por las razones antes expuestas sino que constituye en amplio sentido, un factor que permite combatir una práctica viciosa o perjudicial para la buena marcha de la función judicial: Me refiero específicamente a lo que la voz popular denomina "El Coyotaje". Así es, quienes hacen de esa actividad su modus vivendi, poco 0 nada les interesa la significación moral del asunto que tienen en sus manos; actúan sin escrúpulos, sin conciencia de que al hacerlo como forma de obtener únicamente su ganancia personal, producen un daño irreversible a las personas que han depositado toda su confianza en los mismos, y lo que es más grave, a personas que enese momento ni siquiera pueden tener noción de tales consecuencias, como serían los menores de edad involucrados en el asunto; es decir, "el coyote" se desenvuelve con absoluta carencia de ética y por hacerlo generalmente de manera subrepticia ante las autoridades judiciales, puede incluso en las más de las ocasiones burlar el juicio de responsabilidad. La intervención obligada de Abogados asesores, seguramente a corto plazo, detendrá ese mal social. Para concluir, Jóvenes estudiantes de nuestra facultd, quiero recordar las palabras de Gómez de la Serna cuando se refiere a los Abogados y dice: "la in- 5 �tervención de los letrados produce la ventaja de igualar, en gran parte, la condición de los litigantes; de nivelar al pobre con el rico, al ignorante con el sabio, al tímido con el osado; al pequeño con el grande, al desvalido con el poderoso, ilustra la conciencia del Juez y aumenta las prendas de acierto para la justicia de los fallos; dá a las discusiones un carácter desapasionado, grave y científico, que en. vano podría esperarse en el acaloramiento y en el odio encarnizado que domina, a veces a los contendientes; circunscribe la cuestión a sus límites justos, a los que la ley señala, y no deja perder en la multitud de divagaciones a que los interesados, imperitos en la jurisprudencia, la sumirían; es por último, el apoyo, la espe. ranza, y el consuelo de los que se ven en la necesidad de hacer valer sus derechos en los Tribunales". Monterrey, N. L., a 21 de Septiembre de 1979 LIC. MAURO CRUZ GARZA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Se nos ha invitado a escribir algunas reflexiones sobre el apasionante tema de administración de justicia y como siempre nos ha inquietado la elevación o superación en el aspecto cultural e intelectual en todos los ámbitos, por ello nos atrevemos a confesar que hemos entregado la mayor parte de nuestra existencia a dos actividades, administrar justicia e impartir cátedra en las aulas universitarias de la Facultad de Derecho de nuestro Estado de Nuevo León. Bajo las anteriores aclaraciones, aprovechando el primer aspecto, de administrar justicia, es profundo el tema, para poderlo dominar en toda su amplitud y por ello nos concretaremos a tratar de explicar lo que diariamente vivimos y respiramos, es decir, una relación humana en que en nuestras manos se permite el manejo de valores muy delicados como son la vida humana, sus derechos y obligaciones, valores humanos que nosotros llamamos inmanentes, distinguiéndose de otros de todo tipo económicos, poi íticos. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su parte relativa establece: LOS TRIBUNALES ESTARAN EXPEDITOS PARA ADMINISTRAR JUSTICIA EN LOS PLAZOS YTERMINOS QUE FIJE LA LEY; por otra parte, el artículo 96 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, estatuye substancialmente, que la justicia se administrará en nom- ;. bre de la Ley y del Estado. Establecidas las bases constitucionales sobre lo que nosotros entendemos corno un servicio, debemos concatenar el artículo So. del pacto Federal, quepermite a los ciudadanos ejercer el derecho de petición y obliga a los funcionarios y empleados públicos respetar escrupulosamente ese ejercicio, con la obligación de resolver con toda oportunidad la petición relativa. Por razón de nuestros deberes como miembros del Poder Judicial, nos ha · tocado la fortuna de asistir a diversos congresos Nacionales de Funcionarios Judi• cialPs y pensamos que de ellos recibimos enseñanzas, porque no solamente secomenta en éstos, el tema central de impartir justicia, sino que se vive en un ambiente de renovación, o lo que se puede denominar la búsqueda y superación de los sistemas normativos y porque no reconocer que ello nos ha motivado para• 6 7 �que también facultados por la Constitución, creemos haber cumplido con un deber, formulando proyectos de reformas y adiciones a la Ley Fundamental de nuestro Estado, Códigos y Leyes secundarias, tan es así que logramos la instalación en Nuevo León de los modernos Juzgados de lo Familiar, que ocupan el segundo lugar en la República en cuanto a su funcionamiento, tramitándose durante el año de 1978 aproximadamente 5,000 expedientes en los tres Juzgados Familiares en la Ciudad de Monterrey y su área metropolitana con cerca de dos millones de habitantes. Como una innovación en lo inherente a la Justicia social, se puede destacar que por primera ocasión en nuestro Estado de Nuevo León, intervinieron defensores de oficio en favor de las clases necesitadas lográndose con esta obra la plena y absoluta protección y salvaguarda de la familia, célula básica sobre laque descansa la estructura de nuestro Estado, al permitir mediante las reformas legales, darle un trato especial y humano a las cuestiones de la familia. También se reestructuraron los Tribunales de Nuevo León, con nuevas Dependencias Judiciales, con la idea y el propósito siempre de elevar y dignificar lo que llamamos administrar justicia, al servicio del pueblo. Lo anterior nos recuerda que en la redacción de la Constitución Norteamericana, dos tercios de los constituyentes fueron Abogados, 10 de los cuales habían sido Jueces en los Estados de la Unión Americana. Esa preparación y experiencia en cuestiones legales era esencial, si el documento que ellos redactaron había de resultar una carta práctica de gobierno, más bién que un mero producto de especulación académica. Voltaire, en una frase famosa, pidió la total destrucción de todo el derecho existente: "lDESEAIS BUENAS LEYES? iOUEMAD LAS VUESTRAS Y HACED OTRAS NUEVAS!". Hombres que habían ejercido su profesión y lo comprendieran mejor. Por su propia formación sabían que la ley era la razón codificada por la experiencia. El intento de escribir la ley fundamental de un pueblo sobre una fábula rasa puede resultar favorable en el mito griego. En lo real, el legislador constitucional afortunado debe trabajar sobre un molde básico político e histórico. · LA t:XPERIENCIA DEBE SER NUESTRA UNICA GUIA AFIRMO UNO DE LOS FUNDADORES". "LA RAZON PUEDE EXTRAVIARNOS". Comentábamos lo que nos ha inquietado como un tema tradicional de la Justicia, hemos aprendido de los propios Sabios Milenarios (Aristóteles) "Que la justicia es la base de la sociedad". "Sin la justicia g_eneral n~ ~~den du~ar ~~­ cho los reinos" ven su secuencia las leyes de las Partidas dec1an. Que la 1ust1c1a es una de la~ cosas porque mejor o más enderezadamente se mantiene al mundo; y que es como fuente donde manan todos los derechos". "Justicia es raigada virtud que dura siempre en las voluntades de los hombres justos y da y comparte a cada uno su derecho y a su vez establece los tres siguientes mandamientos: 1o.- Que el hombre viva honestamente; 2o.• Oue no haga mal ni daño a otro; y 3o.- Que dé su derecho a cada uno". La justicia considerada como el poder de hacer que se ejecute lo que es justo, era representada entre los antiguos bajo la figura de una matrona con ojos vi• vos y penetrantes, para manifestar que los Jueces deben examinar con toda exactitud los negocios que se les someten, antes de pronunciar su sentencia; hoy se la representa con una venda en los ojos, una balanza en una mano Y una espada en la otra, para denotar que obra sin distingos de personas, que examina Y pesa elderecho de las partes, y que tiene la fuerza para llevar a efecto sus decisiones Y hacer reinar el orden. Entre los anhelos de nuestro pueblo destacan el derecho de vivir y convivir en un ambiente de justicia y libertad, dentro de los marcos constitucionales, encontraposición a algunos sistemas sociales en que se carece de esos derechos; ésto nos obliga a mejorar y superar las instituciones y sistemas jurídicos de nuestro · medio. Insignes pensadores han sostenido" QUE SER JUSTO Y HACER JUSTICCIA ES EL ANHELO MAS CARO DE UN PUEBLO FRENTE A SI MISMO", Y por ello en su realización no debe haber obstáculos ni limitaciones "LA JUSTICIA ES EL ALMA Y LA CARA DE UN GOBIERNO". Esto nos recuerda al repasar el diario de Debates del Constituyente de 1917, que el Diputado Machorro Narvaez señalaba "que -en la conciencia de los pueblos acaso el Poder Judicial fuera el de mayor arraigo, porque su función representa el más elevado sentido; de la conciencia, la razón Y la justicia, en el Gobierno de un País, recordaba, entre los diversos poderes, le corresponde al Poder Judicial como calidad inherente, exigirse a sí mismo EL MAS PROFUNDO PRESTIGIO MORAL. Si un Gobierno desea para sí y para sus leyes todo el respeto y que la socie- 8 9 �dad observe y cumpla sus disposiciones, es necesario ofrecerle una administración de justicia más sólida, más fuerte, más honesta. Por otra parte, el Diputado Gral. Don Francisco J. Múgica, en el mismoCongreso de Ouerétaro, con acres críticas al triste fenómeno del DESVIO A LA CORRUPCION finalizaba a su vez afirmando "es deber del Abogado de enaltecer el nombre de la justicia y de cuidar el estricto cumplimiento de la Ley", sólo así, al pedir justicia quien ocurra en su demanda, puede encontrar en ella una verdadera garantía. Por ello afirmamos que en nuestra modesta experiencia, estamos conscientes que administrar justicia, es un acto de responsabilidad compartida y no basta la presencia de una codificación perfecta ó elevados y nobles principios; t~mpoco es suficiente el basamento de la autonomía del Poder Judicial que como decisión política fundamental aparece plenamente recconocida en la Carta Magna. Es necesario elaborar programas, reestructurar algunos aspectos legales, aprovechar adecuadamente los recursos humanos y materiales de que disponemos y hacerlos vigentes. DESIGNACION DE LOS JUECES La designación de los Jueces constituye uno de los problemas más delicados Y difíciles del derecho constitucional. Cuando se trata del nombramiento de quienes han de ejercer las funciones legislativa y ejecutiva del gobierno constitu• cional, no existe mayor dificultad, toda vez que el principio democrático exigeinexorablemente la elección directa o indirecta del pueblo. Pero cuando ha de proveerse la designación de los ciudadanos que hayan de administrar justicia, Y sobre todo cuando declaran la inconstitucionalidad el problema es cornplejísimo, ya que precisamente la elección popular no apar;ce como el sistema más indicado para la selección de buenos Jueces, por ello el elemento humano es factor determinante para el desempeño de la función judicial V nunca podrá ser substituido por instrumentos mecánicos por muy avanzadosque se encuentren tecnológicamente. Ser al mismo tiempo Juez y hombre constituye un dilema dramático; como decía finamente el canciller D'Aguesseau, lo prodigioso del Juez es "QUE LO PUEDE TODO PARA LA JUSTICIA Y NO PUEDE NADA PARA SI MISMO". Consideramos oportuno recordar el soberbio discurso del P. Benito Feijóo uno de los grandes clásicos de nuestra lengua, por desgracia olvidado-sobre la Balanza de Astrea, o Recta Administración de Justicia,--que forma parte de su obra "Teatro Crítico Universal". Es la carta de "un togado anciano a un hijo suyo recién elevado a la toga", y los consejos que encierra, aún cuando escritos en el siglo XVII, tienen plena validez hoy, signo de que el hombre ha cambiado poco. 1.- El que duda, tiene la ciencia suficiente o la salud necesaria para cargar con tan grave peso (el de la toga); el que no siente en sí un corazón robusto, insensible a las promesas o amenazas de los poderosos; el que se ve muy enamorado de la hermosura del oro; el que se conoce muy sensible a los ruegos de amigos o parientes, no puede entrar con buena conciencia en la Magistratura. 2.- Por todas partes debe tener bien fortalecida el alma el que se viste la t!)9a, porque en distintas ocurrencias no hay pasión que no sea enemiga de la justicia y los pretendientes examinan solícitos por donde flaquea la muralla, aúnlos efectos lícitos la hacen guerra muchas veces. 3.- Ojalá nuestros tribunales estuvieran tan sordos a las recomendaciones • como inviolables a los sobornos i. Por esta parte está muy defectuoso su crédito en la voz popuiar. Cuando dictes el fallo ten presente los libros de Jurisprudencia y no las cartas de favor. Habla claro y desengaña a todos; pon en su conocimiento que la sentencia depende de las leyes y no de súplicas ni amistades particulares. 4.- Repasa las sentencias leídas, hombre que aspiras a la toga, y piensa si estás calificado para vestirla. Harás un mal a la sociedad, si falto de ciencia, ambición de dinero, flojo para el trabajo o débil ante las recomendaciones, aceptas el cargo de Juez. Bien afirmaba COUTURE que el problema del Juez consiste en elegir unhombre a quien ha de asignarse la misión casi divina de juzgar a sus semejantes, sin poder abdicar de sus pasiones, de sus dolores y de sus impulsos de hombre. Verdaderamente resulta notable la forma en que en Inglaterra se ha resuelto el difícil problema de administrar justicia, de acuerdo con un sistema que no tiene semejanza ni parangón en los demás países del mundo. "En todas partes del mundo-dice COUTURE- la judicatura es una alternativa de la juventud; en Inglaterra es un privilegio que da la vida. 10 11 �Para nosotros, ser o no ser Juez, es cosa que se halla en la vocación de la juventud y en las posibilidades de hacer su propio destino; en Inglaterra ser Juez es solamente la conjunción de un cúmulo de circunstancias que están más allá de los propósitos y de las aspiraciones individuales. Esta :;olución es una de lascosas realmente prodigiosas que se explican sólamente en Inglaterra y que no han podido jamás implantarse fuera de ella. para ser Juez La solución inglesa se resuelve en tres puntos esenciales: 1).- Los jueces no se eligen entre los principiantes sino entre los Abogados que han triunfado en el ejercicio de su profesión; 2).- No existe en Inglaterra una carrera judicial; 3).- Los Jueces ingleses perciben las remuneraciones más altas en el mundo. En su desígnación se halla excluída toda consideración de orden político o en general ajena a la competencia del candidato, y que constituye una especie de coronación de una vida triunfal, que depara uno de los más altos honores que pueden conceder el País, y en muchos casos un título nobiliario inherente a la propia función. Sin duda que estos avances en los aspectos materiales o económicos se reflejan en una garantía, para todos aquellos funcionarios que laboran en die~_poder se vean más respaldados económicamente y actúen con mayor tranquili- Una vez nombrado, el Juez nada tiene que aspirar: su designación no es un punto de partida sino de llegada. "EL JUEZ SIN ANSIAS PERSONALES SOLO ES SERVIDOR DE LA JUSTICIA; PARA EL NO HAY CAUSAS GRAN° DES NI PEQUEf:JAS. TRASCENDENTES O INTRASENDENTES. BRILLANTES Y OBSCURAS, PORQUE EN TODAS ELLAS ES LA JUSTICIA MISMA LA QUE SE ENCUENTRA EN JUEGO. " O Magistrado, ser Profesor de la Universidad con 5 años de expe- riencia. En México el presupuesto federal de egresos para el Poder Judicial Federal en lo que respecta al presente año alcanza la suma de$ 780,000.00 Y en Nuevo León la sum·a de$ 43,000.00 millones de pesos. dad y absoluta independencia. Para que en México se contemple una buena administración de justicia se necesita la formación de buenos Jueces; pues antes que leyes hubo Jueces Y por tanto, antes que leyes sabias se necesitan Jueces probos Y capaces. De ahí, que resulta indispensable cubrir los puestos de funcionarios judiciales con los Juristas más aptos, laboriosos y honorables, que elaboren no los fallos más brillantes que sirven para lucir, su erudición cierta o ficticia, SINO LOS FALLOS JUSTOS Y SABIOS, A LA VEZ QUE HUMANOS, que deciden acertadamente los problemas que se les encomienden, dando a cada quien lo que mere- ce. F " EL JUEZ QUE MIRA SUS ASUNTOS COMO VERDADEROS CASOS DE JUSTICIA, SABE BIEN, COMO SE DECIA EN LA DELlCIOSA PARABOLA DE UN LIBRO RECIENTE,"QUE LA INJUSTICIA ES UN VENENO QUEMATA AUNQUE SE SUMINISTRE EN DOSIS HOMEOPATICAS". Además, los Jueces Ingleses son pagados con los fondos consolidados del parlamento, sin intervención directa del Gobierno, a fín de asegurarles la másabsoluta independencia; y sus remuneraciones son verdaderamente sin par en el mundo. Antes de la guerra mundial última, el Lord Canciller tenía una remuneración de 10,000 libras anuales; el Master of the Rolls 6,000 libras; un Juez de Primera Instancia 5,000 libras; en Estados Unidos, un Juez de Distrito, gana$45,000. Collares al año, el Presidente de la Suprema Corte$ 65,000_ Collares anuales. En la República Federal Alemana, la Constitución exige como requisito- 12 O R O Un factor determinante que colabore con la justicia lo es, sin duda, un foro integrado en su mayoría por personas dignas y brillantes. En efecto en el derecho español, ser Abogado constituía un título nobiliario; se ponderaba la abogacía como la más noble y honrosa entre las profesiones, porque quien la ejerce es un colaborador de la justicia que procura Y exige porque la ley se aplique exactamente en los casos que se le encomiendan, bien como consejero, ya como mandatario, o también como defensor de las causas penales, pues de él depende la tranquilidad y el bienestar de los desheredados, de las viudas, de los huérfanos y de los injustamente perseguidos. Se consideró siempre al Abogado como al hombre recto Y culto, que, conocedor del Derecho, cuida que se aplique correctamente por los Tribunales, en bien de todos aquellos necesitados de la Justicia; era símbolo de honradez, de sinceridad y DESINTERES, ésta última como la virtud más cara del profesionista. 13 �INAMOVILIDAD El principio de la división de los poderes gubernativos requiere la independencia entre éstos, sobre la base de su coordinación, equilibrio y control recíproco. Apenas uno de los órganos estatales cae en subordinación O dependencia deotro, el sistema falla por su mismo eje, desapareciendo la esencialísima y característica función de fiscalización que incumbe a cada uno de ellos con respecto a los otros. Basta con limitar el campo de acción de los tribunales, diferenciando pulcramente lo general y lo particular; la ley que les está sustraída, y la interpretación que les está encomendada; la norma y el caso. La sumisión del Juez a la ley es también su garantía: " El Ma~istrado depende de un texto objetivo, •Y es independiente de la voluntad subjetiva de los hombres que gobiernan". M_ás si esa independencia es indispensable para todos los poderes, con mayor ~az~n lo es para el Poder Judicial, que es el más débil de los tres, y que por cons1gu1ente se encuentra expuesto en mayor medid_a a las presiones e influencias de los poderes poi íticos. Bien se ha dicho que "CUANTO MAS RESGUARDADOS ESTEN LOS ORGANOS MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL DE LAS INFLUENCIAS EXTRAÑAS DE LOS OTROS PODERES, MAS PERFECTO SERA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRATICAS". Al decir de Tena Ramírez, el Poder Judicial no está investido de poder de mando a diferencia del legislativo y ejecutivo solo se equilibra a aquellos a través del maravilloso .instrumento denominado Juicio de Amparo Mexicano• c. ReJon, ., M. Otero, Ignacio Vallarta y Emilio Rabasa. Idéntico principio al de la Constitución de los Estados Unidos, sostiene la Ley Suprema de México, a partir de Avila Camacho en 1944 en su artículo 96, al establecer que los Ministros de la Corte Suprema serán inamovibles. Como dato relevante nos permitimos recordar que la primera sentencia de ampa_ro ~ue se pronunció en México fué el 13 de Agosto de 1849 por el c. Juez de D1str~~o en San Luis Potosí señor Licenciado Pedro Zámano, el amparo se_ pronuncio en contra de una orden de destierro que expidió el señor Gobernador de aquel Estado en contra de Don Manuel Verástegui. Por otra parte, Sánchez Viamonte, enseña "toda administración de Justicia, Po~ la ~aturaleza d~ sus funciones tratándose de un poder jurídico, acotamos, neces1t~ ind~pendenc1a en todos sentidos, y muy especialmente con relación al poder eJecut1vo." :s Por ello necesario la independencia de la magistratura, "la cual ha._ demantenerse aleJada de la política, en el doble sentido de ser inmune a la influenciad: ésta". En la estricta aplicación del derecho está el resorte de esa independencia. No es necesario para ello considerar que el juez sea meramente la boca_ que pronuncia la letra de la Ley, según la frase del Baro'n de Mont esqu1eu, · por. que ~~~1car :I derecho no es función automática encomendada a un organismo de prec_1~1on, s_1~0 trabajo delicado e interpretación que requiere una compleja formac1on espiritual y una inteligencia y un tacto no comunes. 14 El artículo 97 de ta Constitución Política de Nuevo León prescribe que los Magistrados son inamovibles. SÓio pueden ser juzgados y removidos en la forma establecida por ia Constitución por causas graves. Señalaba COUTURE que las garantías de la jurisdicción son, substancialmente: la independencia, la autoridad y la responsabilidad; considerando que ellas constituyen un celoso engranaje. "Defienden sucesivamente a los Jueces de la demagogia y de los clamores populares, de la soberbia de los gobernantes; del asedio y de la acechanza económica; de los ataques de la prensa y de la pasión de los litigantes. En un delicadísimo juego de fuerzas, la independencia asegura la justicia; la autoridad refrenda la independencia; y la responsabilidad contiene dentro de sus límites propios, a la independencia y a la autoridad. Pero para llegar hasta estas garantías, se requieren otras garantías previas, garantías de fines. Es menester, previamente instituir un sistema de garantías de medios, que r.ci.,tituyen por decirlo así, conductos de acceso hasta aquéllas, y sin las cuales Prácticamente la independencia, la autoridad y la responsabilidad pueden quedar frustradas". Estas garantías son la permanencia en el cargo, la intocabilidad del sueldo y las incompatibilidades. 15 �Dice Alcalá y Zamora que la inamovilidad Judicial se consagró en Aragón en 1,442 o sea tres siglos antes que en Inglaterra. Hoy se puede afirmar que no es propiamente una garantía para el Juez, sino para los litigantes, pues a éstos interesa que el que haya de juzgarlo, tenga la fuerza suficiente para resistir a las solicitaciones y amenazas de quienes po. drían poner en peligro su estabilidad. Como habíamos afirmado al principio de este trnbajo el artículo So. del Pacto Federal establece la garantía de libertad de acción o sea la obligación que tienen los funcionarios y empleados públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa limitándose este ejercicio sblo a los ciudadanos de la República. Que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la Autoridad aquien se haya dirigido con la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Como se vé, se trata del ejercicio de la libertad de acción de los in• dividuos no frente a los particulares, sino en relación con los funcionarios y empleados públicos y esa conducta no consiste en "NO HACER" en presencia del ejercicio de esa· libertad, sino precisamente con la obligación de "HACER". Para el Maestro Ignacio Burgoa el derecho de petición es una consecuencia del régimen de legalidad. Nos recuerda la venganza privada que en tiempos remotos se utilizaba por los individuos para oponerse a la violación de sus derechos, o para resarcirse de los daños que en su concepto injustamente se les había causado, y examina el citado autor, cómo se transformaron los hábitos a este respecto hasta llegar al actual Estado de Derecho, mediante el cual sólo la autoridad puede intervenir en la solución de los conflictos entre los miembros de la sociedad, imponiendo así un orden jurídico imparcial. Ello no qµiere decir que forzosamente toda petición deba proveerse de acuerdo con las pretensiones del solicitante, sino que la H. Suprema Corte de Justicia es la que define cómo debe actuarse; PETICION, DERECHO DE.· Las garantías del artículo 80. Constitucional, tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido. ma excediera de ese tiempo. Por lo que hace a la materia civil los Códigos Procesales establecen los plazos en que deban pronunciarse las resoluciones judiciales. Esto nos recuerda que el Maestro Don José López Portillo, en su libro Génesis y Teoría General del Estado al referirse a la función judicial, explica que está considerada como más antigua que la función legislativa y aún más vieja que el derecho, como norma especializada y expresamente sostiene: ES LA FACULTAD DECISORIA DEL JUEZ, UNA FUNCION FUNDAMENTAL. BASICA E INEXCUSABLE DE TODA VIDA SOCIAL. HAY OCASIONES EN QUE RESULTA PREFERIBLE FALLAR UNA CONTROVERSIA, AUN INJUSTAMENTE, A NO FALLAR DE NINGUN MODO. Por ende, sabemos QUE LA FORMA MAS GRANDE DE INJUSTICIA, ES LA JUSTICIA RETARDADA POR LENTITUD EN SU APLICACION OPOR NO ESTAR A LA MANO DE QUIENES LA NECESITAN. NO ES JUSTO UN ORDEN JURIDICO, SI NO DA LA DEBIDA PROTECCION A LOSDESPROTEGIDOS, NO ES JUSTO UN PROCEDIMIENTO.SI TRATA IGUAL A LOS DESIGUALES. Para finalizar nuestros pensamientos, queremos traer a comentario lo siguiente: EL DERECHO ES EL GRAN PROPOSITO Y SUSTENTO DE LAS INSTITUCIONES Y DEL PROGRESO GENERAL DEL PAIS. EN LA ESENCIA DE ESTA DISCIPLINA, ESTA EL SECRETO DE LAS SOCIEDADESCONTEMPORANEAS QUE QUIEREN Y PUEDEN VIVIR EN LA LIBERTAD Y PROPONERSE LA JUSTICIA <;:OMO APOYO DE LA DIGNIDAD HUMAMA". LIC. MARIO CANTU LEAL Por cuanto a la connotación BREVE TERMINO la propia Constitución Federal en lo que hace a garantías de seguridad jurídica en su artículo 20 fracción VIII, en materia penal, señala los plazos perentorios en que los Jueces deben pronunciar sus senteí'!cias, ésto es: antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión y antes de un año si la pena máxi16 17 .... •'!""11 •0"T'"f"'-• �Ponencia formulada para ser presentada al SEXTO CONGRESO NACIONAL DE TRIBUNALES DE JUSTICIA social. "Una especie de solidaridad uniforme de la sociedad en su rechazo y persecución al crimen, fundamento la tradicional y salvadora reacción que hace que el hombre escoja en definitiva los senderos de la paz. Sea el Juez Penal el enlace para que los propósitos positivos anhelados se cristalicen en beneficio común". M. A. Leija, "LA PROBLEMATICA DEL JUEZ PENAL EN MEXICO". El devenir histórico del hombre nos enseña que en relación con las innumerables vicisitudes con que en diferentes ocasiones se han presentado en el desarrollo social, el que ha constituido factor básico de desarrollo lo es sin duda alguna el que se refiere a la postura que adopta el individuo frente a la presencia del crimen; lo que incuestionablemente ha venido ocupando la atención especial del ser en todas las esferas en donde evoluciona; empero este problema ha pretendido darse eficaz solución con la aparición histórica del Estado, en donde viene asurgir una persona que tiene facultad para poder determinar cuándo el hombre se ha conducido en forma antisocial, y qué es lo que debe hacerse con él, esta persona con la potestad suficiente para decidir la suerte de quien ha contravenido las normas de culturas que el Estado vigila a través del Derecho, lo es el Juez. En las susodichas situaciones, la persona del Juez ha estado investida de condiciones que en muchas ocasiones se han mutado en problemas, pues no setransforma en nada sencillo tener que decidir lo que debe hacerse con el sujeto delincuente, sea que se actúe judicialmente amparado en la ley, o bien que se determinen las actividades múltiples a que el Juez diariamente se somete para llevar adelante eficientemente su labor. Lo anterior da idea de que la presencia del Juez Penal en la sociedad, es constitutiva de factores múltiples que convergen como una especie de uniforme criterio a imponer, ir tras los horizontes que se contemplan a través del Derecho Penal como lo son el de la paz y tranquilidad 18 Con motivo de ello, subsisten problemas variados y complejos que como es consecuencia lógica han nacido, a través de la gran cantidad de circunstancias que diariamente acaecen en la actividad judicial, por ello es la condición de vigilar, como se ha hecho en muchas ocasiones, que la conducta del Juez sea contemplada en un plano de elevación cada día mayor, esto da como resultado el pensar que es totalmente justificada la preocupación constante del Estado y de la sociedad, de poder agenciarse la presencia de buenos jueces; sin embargo, la experiencia nos indica que la problemática del Juez Penal en el seno social, surge al tratar de establecer lo que debe hacerse para poder ir al encuentro de juzgadores de lo criminal con aptitudes y cualidades bastantes para perseguir esos ya mencionados postulados de paz y tranquilidad social; al tratar de conjuntar todas esas aptitudes y cualidades en una persona, sería establecer una ardua labor que nos conllevaría a un doble conocimiento de esta temática, como lo es lo que se refiere a la localización de algunos requisitos en primer término, y segundo, a determinar cómo lograr que esas condiciones puedan solucionarse a través de determinados sistemas que puedan adoptarse. Es preocupación constante de los Tribunales de Justicia en México, y ~e ha estado consciente sobre este problema, y ha menester determinar cómo debemos ir al encuentro de personas aptas con las cualidades mencionadas que puedan desempeñar eficientemente la labor de administrar justicia, y no puede olvidarse también, que debe como una justificación a la actividad tribunalicia citada, agenciarse personas en quienes, dadas las condiciones positivas existentes, se les dé la potestad de la Judicatura. 11 La actividad de dar a cada quien lo suyo en el plano penal, permite establecer que quien se encargue de ministrar justicia, debe tener un concepto de ella en forma tan determinante, que guarde siempre un lugar equidistante sobre el caso que se ha de juzgar, y nos lleva a rememorar sobre los consejos que daba el Caballero de la Triste Figura a Sancho Panza, cuando éste estaba próximo a tomar la gubernatura de la lnsula, algunos de ellos dicen: "" Si doblaras la vara de la justicia, que no sea por el peso de la dádiva, sino del de la misericordia""; otro es el siguiente: " " No hagas pasión tuya en la causa ajena" ". Debemos estar conscientes de que quien eficientemente pueda realizar las actividades de justicia efiClJZ, se presentará ante infinidad de problemas, pero su Presencia de hombre justo, equilibrado y humano, hará que juzgar a un semejan- 19 �te signifique una labor eficiente, que en el plano social se dignifique; ya lo dice Stammler, en su Pensamiento Socio-jurídico del Juez, al explicar: "Si hay alguna profesión que pueda servir de modelo a toda la sociedad en este sentido, es precisamente la profesión de Juez". La personalidad del Juez Penal trae aparejadas concepciones sobre una condición distinta a la de cualquier Juez, fácilmente analizadas si pensamos que de él depende la libertad de una persona y consecuentemente su actividaef debería estar investida del famoso arbitrio judicial de Beccaria, no conjugado sino exactamente en la condición del Juez Penal. En México al Juez Penal se le ha llamado Juez de Derecho, su actuar regulado constitucionalmente, lo restringe a la ley, pero ¿ En cuántas ocasiones a un Juez se ha presentado un caso en donde la justicia y el Derecho pugnen?; es por ello que no podemos declarar suficiente a quien como Jurista sea elevado a la potestad de Juez Penal por decirse que es conocedor de la Ley; por qué no decir que también la ley pueda indebidamente aplicarse porque intereses económicos se mueven de por medio; sabida que es la gran cantidad de actividades negativas en el mundo judicial, pero no es suficiente señalarlas, debe verse cé1mo se pueden resolver las condiciones negativas imperantes. Transcribo una frase de un Maestro Penalista sobre lo anterior: ""Verdadera lacra para el País constituyen los jueces del fuero común, a estos cargos estatales de retribución exigua arriban, salvo honrosas excepciones, letrados impreparados y torpes, cuya pésima condición profesional les impide postular con éxito, ayunos de conocimientos jurídicos, pero débiles y serviles a la voz de basta . dos intereses económicos y políticos, privan inmisericordes a las personas que llegan a caer bajo su férula, de propiedades, posesiones o derecho, mediante fallos aberrantes e injustos, estos malos jueces con su actuar censurable e inmoral constituyen a no dúdarlo, un grave problema nacional" "(A. G. G.). lo anteri~; hace razonar sobre la idea de que un Juez, que se pueda apreciar con condiciones suficientes para el desarrollo de su potestad, debe guardar tres caractéristicas fundamentales a saber: HONESTIDAD, CAPACIDAD y BUEN TRATO. La honestidad ha sido contemplada cuando se trata de hablar de ella, de inumerables. conceptos, desafortunadamente la mayoría de ellos coinciden en que solo existe honestidad de orden económico cuando en realidad ésto es parte de la misma, para poder evaluarse económica y moralmente, no es suficiente que el Juez se aleje de la corrupción rechazando dádivas o bien absteniéndose de so"dtarlas merced a su actuación, sino ha menester de la presencia de una condición equilibrada, para conocer de un caso sin que por un negativo criterio de falta de equidad, se desvíe la línea de lo justo y io equitativo, por ende no es suficiente sobre la abstención de la corrupción material, sino también de la corrup- 20 ción moral para que la idea de la justicia que nos ha enseñado justiniano sea eficiente. La imagen sobre la capacidad específicamente resulta compleja, porque no puede hablarse de que subsiste la capacidad de juzgar con la obtención de un título profesional, al que desafortunadamente se constriñen las leyes orgánicas de los poderes judiciales de las Entidades Federativas, sino que la capacidad debe requerir no solo el haber cursado la carrera de Derecho, sino también tener verdaderos conocimientos de juzgador, adquiridos en estudios especializados sobre el sujeto criminoso, saber qué hacer cuando se presente ante el Juez un intrincado caso a resolver, por ende no es suficiente conocer la Ley escrita, sino el Derecho, y que se requiere bajo dos aspectos elementales, el estudio y la experiencia, compaginados con los conocimientos de post grado que se adquieren, ya nos lo dice Dn. Luis Jiménez de Azúa, y luego Dn. Raúl Carrancá nos lo repite: "El Juez Penal del futuro, más que conocedor del Derecho deberá ser conocedor de los hombres"; debemos conceptuar que el Juez debe saber cómo reacciona el sujeto delincuente ante su presencia, saber cómo reacciona ante la presencia de la pena y en fín, cómo reacciona ante la presencia de la justicia, y determinar con ello si esa reacción puede ser positiva o negativa, todo ello debe surgir de la capacidad. En lo relativo al buen trato del Juez, debe ser otro de los atributos elementales de su ejercicio, se consideraría negativa la presencia de un Juez docto en el Derecho y en el conocimiento de los hombres e investido su espíritu de honestidad, si se conduciría despóticamente ante las personas que a él acudan implorando justicia; algunos datos estadísticos nos revelan que en nuestro México el factor económico es casual de la delincuencia, algunos poetas han dicho que las cárceles fueron hechas para los hombres pobres y las mujeres feas; gran parte de la idiosincracia del mexicano se finca en que la pobreza da humildad, por ello se acude ante el Juez en forma temerosa, si resultara que el juzgador se portare en forma tiránica, irreflexible o arbitraria, se caería en el despotismo; la trayectoria positivista sobre el Juez, integra a quien debe estar ávido de conocer la problemática presentada a través del delito, del sujeto y demás personas que intervienen en el proceso, lo que no puede llevarse adelante si no se compagina con las ideas sobre el buen trato, que deben ser factor principal aparejado a las ya analizadas para conjeturar cómo debe ser la persona del Juez Penal. 111 Ahora bien, dijimos en párrafos_ atrás, que no es suficiente señalar la 21 BlBUOlEOA COO"~ �EL PROBLEMA DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS INDOCUMENTADOS. Problemática si ésta no se apareja con actividades sobre la solución a la incógnita existente, por ende, señalar el meollo de la misma, sólo determina parte de la visión hacia la existencia o inexistencia de ésta, acaece un punto eficazmente importante, la solución a esta problemática. El primer punto fundamental lo constituye el solucionar estos conceptos, partiendo de la base de que sólo es dable acatarlos con la finalidad legal que subsiste sobre la nominación de personas elevadas al rango de Juez. Esta condición parte elementalmente de dos cuerpos de leyes, la Constitución Política de los Estados Y las Leyes Orgánicas de los Poderes Judiciales de la República. Tradicionalmente se han contemplado a través de la historia de nuestra patria, al tomarse en cuenta comúnmente factores materialmente basados en algunas circunstancias de orden material menor, pues en la actualidad se compagina lo anterior como requisitos para poder ser Juez, el tener título de Licenciado en Derecho, determinando cantidad de tiempo de ejercicio profesional, que puede ser de tres a cinéo años, así como poseer buena fama, pero la preocupación por la capacitación del Juez en una especialización sobre su función, prácticamente sólo ha quedado en eso, en una preocupación, por lo que debe propugnarse para su solución, para hacer que el Juez sea un perito en conocimiento del hombre, docto en Antropología Criminal, conocedor de la Sociología y de las Ciencias Penales así . como del trato que deba dar a quienes ante él acudan a pedir justicia, se e:te~io~iza la idea de que se proponga a las Facultades de Derecho de la República, que incluyan en sus planes de estudios, cursillos de post grado para quienes tengan como propósito profesional, ejercer la Judicatura en el campo penal. Como consecuencia de lo anterior, deberá también proponerse a las Entidades de la República, reformas a las Leyes Orgánicas correspondientes, para que se exija como requisito al Juez, aprobación de esos cursillos de post grado aparejado también con las pruebas fundamentales de los puntos básicos que se han cuestionado en esta Ponencia, a saber: HONESTIDAD CAPACIDAD y BUEN TRATO.' 1 Monterrey, N. L., Julio 23 de 1979 LIC. MARCO ANTONIO LEIJA MORENO. LIC. ALBERTO GARCIA GOMEZ. En los últimos tiempos se ha venido notando que el problema de los trabajadores mexicanos indocumentados se ha agudizado, especialmente en los Estados Unidos, en donde ciertas medidas se tomaron-como la erección de la llamada "Cortina de la Tortilla"-. para el efecto de contener la corriente inmigratoria de "braceros", como así se les ha designado. En cuestión de términos, estos varían, ya que en los Estados Unidos se les llama "extranjeros ilegales" y en México simplemente "braceros". Sobre este último punto, un escritor norteamericano, Walter Fogel (1), ha dicho: "Usaré el término de "extranjeros ilegales" preferentemente al de "trabajadores indocumentados". Este último es intencionalmente menos despectivoque el anterior, y como es usado por algunos escritores, implica que la frontera de los Estados Unidos y México es simplemente un artificio, establecida másbien ahora en la historia del área. El término anterior, no obstante, conduce más exactamente al hecho de que tales extranjeros están violando las leyes de inmigración de los Estados Unidos". (1) Prof. Walter Fogel. lnstitute of Industrial Relations. lllegal Alíen Workers in the Unites States. Reprint No. 272. Unlversity of California. 90024. Pag. 252. 22 23 �Abundando en la cuestión de términos, por ejemplo, en Europa, no se habla de "bracer0s", sino de "trabajadores invitados" y es conocida la calificación de Max Frisch: "Solicitamos trabajadores, pero llegaron seres humanos". Bella expresión que ciertamente no tiene la dureza ni lo despectivo de las anteriormente citadas, sin dejar de mencionar lo de "espaldas mojadas" acá y "wetbacks" ~1- otro lado, o simplemente "mojados", como genéricamente se les designa tamb1en a los trabajadores que se han visto en la necesidad de buscar en otras tierras que no son las propias, el sustento tanto para ellos como para sus familias. Estimamos que el problema de los trabajadores mexicanos indocumentados visto a simple vista y ero ocasiones, con carga emocional, pudiera llevar a. conclusiones erróneas, ya que considerándolo reflexivamente, es un problema de hondas raíces Y profundamente humano, que comprende diversas áreas que van desde la geografía hasta la historia, desde la sociología hasta la economía para ingresar en el campo jurídico, esto en el derecho Internacional. ' Desde lo geográfico, en cuanto la ubicación de nuestro país, caracterizado ~e.largas luchas intestinas, dividido y con grandes masas de población, como la md1~na , que ciertamente quedaron marginadas y diezmadas con el paso de los tiempos, como así lo muestra nuestra historia, la historia de México; frente a un país que, gracias al esfuerzo de sus hijos, habría de convertirse en el más pode~oso de la tierra. Este, tan marcado contraste, no deja de influir a tra~és del t1e~po en todos los órdenes, al producirse un encu_entro de cultura y orígenes diferentes. Tales contrastes se acentúan en áreas como en la económica muy fuertemente, para no mencionar sino las más importantes que coinciden en el problema del cual nos ocupamos. Su captación total presenta varios inconvenientes, entre otros, la carencia de d~t~rmina~as fuentes de información, ya sean históricas, estadísticas O diplomat1cas. Ciertamente un estudio completo de este interesante tema creemos ~odrá realizarse en el futuro. Por ahora, resulta provechoso iniciar al menos, un mtent~ que, sumado a los realizados y los que se verifiquen, irá preparando un material que resultará sumamente útil, ya que puede facilitar soluciones factibles para llegar a un justo arreglo. Una de la_s más importantes interrogaciones sobre el tema es, por ejemplo, el conocer el numero de trabajadores mexicanos, ya sean documentados O indoru:nentados que_ está~, ya radicados en los Estados Unidos. En cálculos quecarecen de conf1rmac1on estadística, se estima que son millones ¿ cuántos millones? ' 24 En el estudio del autor ya mencionado (2), se corrobora la ausencia de precisión o de datos fidedignos, al decir que "cálculos del número de ilegales en los Estados Unidos existen, pero no hay evidencia que pueda apoyar su realismo, así como algún apoyo en su contra. Más aún, la en cierta improvisada forma en lacual los cálculos numéricos de los ilegales han sido desarrollados y usados por los oficiales del Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, con el propósito de levantar el interés público, ha causado el que algunas personas rechacen la afirmación de que existe un serio problema. En 1972, el entonces Comisionado del Servicio de Inmigración y Naturalización, dijo a un subcomité de la Cámara de Representantes que para esa época había aproximadamente un millón de extranjeros ilegales en los Estados Unidos. Esta suposición probablemente erró al considerar lo bajo del número. Esto fue ciertamente irreconciliable con la declaración hecha en 1974 por su sucesor (Leonard F. Chapman), de que el verdadero número fue "sobre el orden de cinco, seis o siete millones". En 1975, una firma consultora empleada por el Servicio de Inmigración y Naturalización, usó sofisticadas hipótesis estadísticas junto con algunas "conjeturas informadas", para llegar a·una estimación de 8,200,000 de extranjeros ilegales en los Estados Unidos, de los cuales, 5,200,000 eran de origen mexicano. Mi propio punto de vista -agrega el autor-, es de que esas figuras numéricas, las cuales están siendo ahora empleadas en las publicaciones de prensa de la oficina mencionada, se equivocaron en lo referente a un número tan elevado. Es difícil creer que haya casi tantos mexicanos ilegales en los Estados Unidos, como hay residentes legales de origen mexicano (6,700,000 corno así es calculado por la Oficina del Censo en 1975, incluyendo tanto a los nativos como a los nacidos en el exterior). También resulta difícil creer que aproximadamente el 40 o/o de todos lo varones con edades de 15 a 44 años que vivían en México en 1970, hubiesen emigrado a los Estados Unidos para 1975, otra implicación del cálculo que el SIN por ahora está usando. La mayor fuente de error en los cálculos del SIN acerca de los ilegales en los Estados Unidos, proviene de la omisión de tomar en cuenta la emigración de ilegales que retorna a México: una gran porción de entrantes mexicanos regresan a su país dentro de los seis meses de la ·techa de su ingreso. Un estudioso de cuestiones fronterizas, cree que solamente cerca de 1,000 de los mexicanos que :ngresan cada año, se establecen permanentemente en los Estados Unidos. Ciertamente, esto es cuando mucho, una substancial desestimación, pero ilustra so- 25 �bre el existente amplio grado de desacuerdos que hay sobre el número de ilegales. Si me viera forzado a calcular, diría que hay entre tres a seis millones de extranjeros legales en los Estados Unidos, con dos a cuatro millones en el mercado laboral. Estos números, sin embargo tienen una endeble base empírica: las estadísticas de aprehensiones, y no hay una forma real para calcular la población total de ilegales del número de quienes son capturados. · En lo que respecta a las estadísticas mexicanas sobre el número de trabajadores documentados o no, que han marchado a los Estados Unidos, por desgracia, no tenemos a mano la información requerida, con la salvedad de algunos interesantes estudios llevados a cabo por El Colegio de México, basados en documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Archivo General de la Nación Y en Informes proporcionados por la Secretaría mencionada al Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, Alberto J. Pani (marzo 23 de 1918) (3). Los documentos en cuestión comprenden: "Condiciones de los Trabajadores Mexicanos en Estados Unidos de América, 1918-1923. En la serie de los mismos -señalados por la Doctora de Velasco en su estudio; se analiza un lapso tempor.al que va de los años 1918 a 1923, tomando en cuenta "que abarcan un período significativo e importante para poder comprender los lineamientos generales, base para una conceptualización general del movimiento migratorio que ha seguido la población mexicana a los Estados Unidos. Son documentos que se refieren a un período que coincide (más o menos) con el ciclo económico que se manifiesta como una constante de la emigración mexicana a los E. U. A. En períodos de escasez de fuerza de trabajo, o en épocas de bonanza económicas, por diversas formas se presiona para facilitar ta entrada de inmigrantes hasta el punto de llegar a firmar convenios bilaterales. Es en esos períodos cuando se afloja la vigilancia y la r~presión a la ilegalidad del inmigrante. En cambio, en cuanto la economía se retrae (y por la Ley del capitalismo, parece que estas crisis son periódicas), se incrementa la vigilancia y se cumple con las leyes hasta sus últimas consecuencias, propiciando el ambiente hostil necesario para que los emigrantes regresen a su patria "voluntariamente" (4). (3) Dra. Mercedes Carreras de Velasco. Nuevos documentos sobre la Inmigración de Mexicanos a los Estados Unidos de América. 1918-1923. Centro de Estudios Sociológicos. (4) El Colegio de México. Pág. lbid. Pág. 3. 4. 26 SINOPSIS DEL PROBLEMA DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS INDOCUMENTADOS. Opinamos que una sinopsis del problema de los trabajadores mexicanos indocumentados, nos permitiría -tomando en cuenta la complejidad que encierra, debido a la diversidad de antecedentes, circunstancias Y factores que entran en su composición- tener una visión de conjunto y llegar así a la raíz misma del problema en cuestión o, por lo menos, a los más importantes aspectos del mismo. PRIMERO.- SOCIOLOGIA DE LA EMIGRACION, la que comprende: a) Historia, la que se subdivide en cuatro períodos: Precolonial, Colonial México Independiente y la Revolución Mexicana. b) Evolución Sociológica del Mexicano, la que versará sobre el aborigen; el mestizo; el criollo y, finalmente, la que merece un estudio especial: La Nacionalidad Mexicana. c) La emigración como hecho sociológico. Estudiará las causas e inicios. Sus características y condiciones de vida. SEGUNDO.- LA POLITICA Y LA LEGISLACION MEXICANA AGRARIA Y LABORAL DE LA REVOLUCION. Este apartado comprende: a) Nacional, subdividido en: la legislación Laboral Mexicana; la personalidad jurídica del trabajador. La Ley de Reforma Agraria. Situación jurídica del campesino. Perspectiva sociojurídica del campesino en México. b) La política exterior de México acerca de sus trabajadores agrícoias en los Estados Unidos. Legislación. TERCERO.- LA EMIGRACION LABORAL MEXICANA Y LA ECONOMIA. En este apartado se analizarán: a) Las causas económicas del desplazamiento. la situación,.y variantes económicas a partir de la Revolución Mexicana de 1910 Y, c) Todo lo relacionado con la Economía y la emigración, así como, d) La enunciación de una nueva orientación política, tanto económica como social, acerca del problema. CUARTO.- LA EMIGRACION LABORAL ANTE EL DERECHO INTERNACIONAL. a) Los extranjeros ante el derecho Internacional. Antecedentes. b) Tratados Internacionales sobre los trabajadores en general. c) Los "trabajadores invitados" en Aleman¡a y en Francia. La necesidad económica y la · 27 �marginalidad social. d) Estudio comparativo del status legal de los extranjeros en México y en los Estado Unidos. e) Los tratados bilaterales entre México y los Estados Unidos relativos a los trabajadores agrícolas. Los braceros. f) Intervención de fa Secretaría de Relaciones Exteriores a través de los consulados y de fas oficinas de nueva creación para fa protección de los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos. g) Situación juídica de los trabajadores mexicanos indocumentados en los Estados Unidos Y, h) La política de los Derechos Humanos y los trabajadores agrícolas mexicanos indocumentados. De la sipnosis que antecede es posible concluir que fas raíces del problema rlp nuestros trabajadores agrícolas emigrantes se encuentran fundamentafme11te en el agro, sin desconocer los factores secundarios que han venido agravando fa situación. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA AGRARIO EN MEXICO. Hace tiempo, un dibujante tuvo fa poca feliz ocurrencia de trazar la imagen de un campesino mexicano, sentado y en posición adormecida; las rodillas servían de apoyo a su cabeza, con un sombrero que encubría totalmente su rostro Y su cuerpo estaba envuelto en una cobija. Por extensión, se pretendió así plasmar fa figura del mexicano: indolente, perezoso y ajeno a fa vida. ¿Cuáles fa realidad? El dibujante, sin saberlo, hab{a trazado fa imagen no muy verdadera del mexicano; sólo que ignoraba fas causas, fas verdaderas causas de su postración. Cuando se ha tenido fa oportunidad de visitar, con fines de estudio, fas diversas zonas en donde se encuentran los grupos indígenas, tales como Michoacán, Oaxaca, Chiapas, el Estado de México, Chihuahua, etc., es posible ahondar con la ayuda de la historia y comprender que a un ser humano a quien, por medio de fa violencia o del engaño, o de ambos a fa vez, se fe arrebata su idioma, su religión, su propiedad y su ruftura, por muy primitiva que pudiera parece, -todas las culturas han tenido un principio- y si aún más, pierde su libertad y es sometido primeramente, también con violencia, al desempeño de fas más rudas y agotadoras faenas, en una organización social diferente que se inicia en fa Encomienda, para desenvolverse posteriormente en una en la que es marginado a un .,stracismo humillante, pese a la buena intención de fas Leyes de Indias y de varones de fa tafia de Las Casas, empieza uno a entender fa raíz del gran problema. Al lograr México su independencia, debido al proceso natural del cambio Y a los graves problemas que habría de enfrentarse en este período de su historia, 28 no podía ni comprender, ni atender menos, el problema de los indíge~as, los que, por lógica, económicamente desprovistos y espiritualmente huerf~nos, sirvieron para luchar y morir en los campos de batalla de aquellas luchas internas que abarcan grandes períodos borrascosos. La Revolución Mexicana encara valientemente el problema agrario, pero el problema agrario era también fundamentalmente el problema indígena. Los · campesinos son innegablemente de extracción indígena. Infortunadamente, se ignora fa estadística trágica que puediera expresar el número de víctimas indi~enas que se extinguieron en la oscura batalla de su desesperanza y angustia. Interesante resulta conocer la opinión que emitiera respecto al problema· agrario en México, en esta etapa revolucionaria, la Comisión Nacional Agrari~(5), creada por Decreto de 6 de enero de 1915, expedido en Veracruz por el Primer Jefe del Ejército Constitucionafista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación. Al hablar oe la Ley Agraria, dice: "En materia de legislación sobre la propiedad, el derecho mexicano tiene un carácter completamente peculiar. Precisamente fa ignorancia de la forma especial que afecta esa legislación, ha sido la causa de tos continuos errores que se han estado cometiendo en materia de legislación sobre las tierras. El Ayuntamiento de México, en su representación a Carlos 111, en 1771, le decía entre otras muchas cosas: "tienen estas (Las Indias), leyes peculiares para su g;bierno, ordenanzas, autos acordados, cédulas reales, estilos particulares de los tribunales, y en una palabra, un derecho entero, que necesita un estudio de. por vida, y no fo ha tenido el europeo, porque en su patria le sería del todo infructuoso este trabajo. Viene a gobernar unos pueblos que no conoce, a manejar unos derechos que no ha estudiado, a imponerse en unas costumbres que no ha sabido a tratar con unas gentes que nunca ha visto; y para el acierto, suele venir cercado de familia igualmente inexperta: viene lleno de máximas de la Europa inadaptables en estas partes. . . Sin embargo, el recién venido trata de plantear sus ideas, de establecer sus máximas, y mientras que en elfo se pierde miserablemente el tiempo, hasta que le hacen abrir los ojos los desengañados..." Es indispensable, antes de tratar con mediano acierto una cuestión tan deli- (5) La Cuestión de la Tierra. 1915-1917. Vol. IV. Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas. México, 1962. Pág. 219. 29 �cada, tener en cuenta algunos antecedentes históricos y legislativos, sobre las leyes de tierras del derecho mexicano. Desgraciadamente el menosprecio con que se han mirado las leyes antiguas, bajo la influencia de los estudios de la legislación moderna, ha sido la causa de muchas equivocaciones. Unos cuantos escritores se han ocupado de estudiar las disposiciones del derecho colonial, figurando en ellos el Lic. Don Wistano Luis Orozco, de quien hay que tomar a manos llenas en materia de legislación de tierras. untes que el peón no entiende ni procura entender. El Propietario, Y sobre 1· todo, el administrador de la hacienda, son todavía los déspotas senores ~ue, atigo en mano, pueden permitirse toda clase de infamias contra los operarios, sus hijas y sus mujeres. El mismo secular sistema de robarse mutuamente esclavos Y señores hace que nuestra agricultura sea de las más atrasadas del mundo Y que los gra:ámenes hipotecarios pesen de un modo terrible sobre casi todas las fincas rústicas del país". Los escritores mexicanos, en lo general, no se han ocupado del estudio de las cuestiones territoriales en México, sino desde el punto de vista del derecho clásico y tradicional de los pueblos del occidente de Europa, cuando de buscar algunos precedentes legislativos en otras naciones, deberían haber estudiado las concesiones otorgadas por los reyes de Inglaterra a sus súbditos, como la de Maryland a Lord Baltimore, en 1632, o la de Penssylvannia a Guillermo Penn y a sus sucesores. Ciertamente los esfuerzos que a través del tiempo se han venido realizando hasta nuestros días, no han producido los efectos deseados: todavía existe el problema agrario que, sin duda alguna, es el principal factor, entre otros, que ha determinado el éxodo forzado de nuestros hombres del campo hacia el país del norte en busca de mejores horizontes en lo económico. ap En esas condiciones se fijaron los principios de que, al contrario de lo que disponían las leyes ordinarias, el Estado adquiere por la ocupación de un particular todo el territorio ocupado, reservándose todo derecho que no hubiere concedido sobre el propio territorio. Por su parte, el tratadista Mendieta y Núñez (6), nos habla de "la situación de las clases rurales de la República, en los primeros diez años de este siglq, era la que en las siguientes palabras describe el Licenciado Orozco: "En ninguna parte como en las grandes posesiones territoriales se conservan las ominosas tradiciones de la abyecta servidumbre de abajo y la insolente tiranía de arriba. El peón de las haciendas es todavía hoy el continuador predestinado de la esclavitud del indio; es todavía algo como una pobre bestia de carga, destituida de toda ilusión y de toda esperanza. El hijo recibe en edad temprana las cadenas que llevó su padre, para legarlas a su vez a sus hijos. Las tiendas de raya son aún, como en la época colonial, agencias permantentes de robo y factorías de esclavos. Allí se compra la libertad del trabajador con sal, jabón y mantas inservibles, que se le cargan a precios fabulosos. El pobre operario no ve casi nunca en su mano una moneda de plata. La tienda de raya paga siempre los salarios en despreciables mercancías; y los cuatro pesos y ración, salario mensual de los trabajadores, se convierten en una serie de (6) Dr. Lucio Mendie t a Y Nu ñez. pág. 162. El Problema agrario de Méx ico. 30 Ed i torial Porrúa 31 �Lógicamente, un estudio de esta naturaleza tomaría un espacio del cual no disponemos; pero baste al menos, que estos apuntamientos se sumen al acer- Naturalmente, hay problemas que México tiene con respecto a los, E~tados Unidos y Otros que los Estados Unidos tienen con respecto a Mex1co. vo que se ha venido formando para lograr un conocimiento más preciso que pueda contribuir a la solución del problema, acervo que se está integrando con diversas aportaciones sumamente interesantes y valiosas. Tal es el caso en las declaraciones del Presidente José López Portillo a la ¡arensa con motivo del desayuno de Año Nuevo en la residencia de los Pinos y en relación con el problema de los trabajadores indocumentados, el reportero, Carlos René Delgado Ballesteros, del Canal 11 de Televisión, de la ciudad de México, formuló la siguiente pregunta: "Señor Presidente, Usted recordará que a principios de 1977, se estableció un mecanismo de consulta bilateral entre México y los Estados Unidos. Posteriormente, sin embargo, y unilateralmente, un millón de braceros mexicanos fueron deportados a través de lo que fue llamada la "Cortina de Tortilla", y un cierto número de medidas unilaterales fueron tomadas. l Debemos considerar que el mecanismo de consulta bilateral fue violado, que esto ha trascendido o ha llegado a ser obsoleto y qae debe establecerse otro mecanismo? "En otro aspecto, Usted ha señalado que México deberá negociar los problemas bilaterales entre México y los Estados Unidos en un tocio o paquete. Buscar soluciones Y dar el peso específico a cada uno de ellos dentro de un contexto racional, es lo que recomendamos. ¿Cuál es nuestra alternativa? ¿Separarlos? ¿ Negociar con ellos separadamente? Suponer que exportamos trabajo arbitrariamente sería absurdo .. Lo hace· · ,Debemos mos así debido a que no tenemos suficientes empleos en Mex1co. . roblema en sus raíce<:? Eso es lo razonable, ya se trate de cons1de1 atacar e P , · d I ble rarlo como un paquete O d e un análisis global. lDebera ser asocia o e pro . ma a las relaciones de comercio? Esto es lógico. Si tenemos algo que vende~ a los Estados Unidos, si somos capaces de exportar productos en lugar de traba10, hagamos el esfuerzo necesario para hacerlo así. Creo que un análisis total nos ayudará a ser racionales y nos dará fortaleobs-. za en nuestra negoc1ac10 n . Dividir la situación en sus partes componentes ,. • el ana·1·1s1s · raciona · ¡. Esto no significa que un peso espec1f1camente d1-, tacultza ferente pueda ser dado a cada uno de los puntos, pero que a cada uno debera dársele su importancia relativa dentro del contexto. un número infinito de otros problemas, todos ellos a la misma escala, tendremos No veo en ello algún problema complejo. Considero que la suposición es un ejeercicio intelectual ocioso. Es lógico analizar los problemas en un todo, estudiando todas sus influencias recíprocas. Cada cosa es parte de ~tra ~osa. Nuestras soluciones han sido defectuosas precisamente porque han s1d~, vistas separadamente una de la otra. Si separamos el problema de la poblacton del problema de comercio, estamos tomando un punto de vista equivocado de las nuestras espaldas a la pared. cosas. Hay, sin embargo, dudas acerca de este tipo de negociación, porque se ha dicho en estudios relacionados con asuntos internacionales, que si ponemos el problema de los braceros, el excedente de utilidad de las exportaciones del petróleo y Tomando en cuenta que el problema de los brace- ros es grave y punzante, al tratar sobre esto México podría perder ventaja en sus negociaciones respecto del petróleo. l Cuál es su opinión?" El Presidente López Portillo contestó: "Creo que los sistemas de relaciones internacionales deben adaptarse día por día, de acuerdo a las características Es lo que decía hace un momento; si hay una estructura de producción que absorba e! trabajo mexicano y se cierra, la presión demográfica aumenta como lógico resultado, tal como va. Creo que lo único razonable es ver la totalidad de los procesos y actuar de acuerdo, no separándolos " (7). introducidas por las partes comprometidas. Establecimos varias comisiones con la administración Carter, precisamente para analizar nuestros problemas como un todo, no separadamente o por secciones, y no he sentido que esto sea un problema. ::::1 hecho de que analizaremos todos ellos en un todo -y esto es lo que un Por su parte, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Doctor · Jorge Castañeda (8). afirmó: " que el asunto de los indocu~~ntados en los Estado• 'Jnidos, es un problema de México en cuanto a la soluc,on a largo plazo Y la última y más importante sería que México esté en situación de ofrecer empleo a paquete es- significa que podríamos otorgar a cada uno de ellos el peso específico y la prioridad que merecen y así buscar una solución apropiada. 32 (7) . 16 Published by the Dirección de Información Y Rel aPag. Mexico and its Oíl. · , . MEXICO e iones Públicas de la Presidencia de la Republtca. · (8) Excélsior 2 de Juni o de 1979, México, D. F • 33 �la población desempleada, a efecto de que no tenga que ir a buscar trabajo fuera de nuestro país. LA VOCACION DEL ABOGADO Aceptó que cada país es soberano en la aplicación de sus leyes migratorias y que en el caso de las leyes de la Unión Americana es algo a lo que nosotros no nos podemos oponer. En el caso de los indocumentados que aspiran a conseguir trabajo en el vecino país, México no puede, ni constitucional, ni política , ni jurídica, ni moralmente aceptar tomar medidas restrictivas, represivas para impedir el movimiento de los mexicanos dentro y fuera de su territorio, o de entrar o salir de mexicanos a territorio norteamericano. En torno al problema de los indocumentados en los Estados Unidos, dijo que si aceptamos que muchos de ellos cruzan la frontera o tratan de establecerse allá para buscar un trabajo, nosotros estimamos que aún cuando su condición migratoria no sea regular, aún cuando hayan penetrado sin los permisos correspondientes de las autoridades americanas, esta carencia o esta falla en su situación migratoria no es razón suficiente para que no se cumpla con ciertos derechos básicos que tiene cualquier persona. Estos derechos son, apuntó: 1.- Que no sean extorsionados; que no sean sometidos a vejaciones, que no sean perseguidos y sobre todo que no haya discriminación racial en su trato. Esto es de mayor importancia para México. 2.- Pensamos que a pesar de la irregularidad de su situación migratoria, ellos tienen perfecto derecho a que se cumplan ciertos derechos que se pudieran haber derivado de una relación de trabajo. Si los contrata un patrón, aún cuando haya sido en contra de las leyes americanas o de las prácticas o de lo que ustedes quieran, y trabajan, tienen derecho a percibir una remuneración por su trabajo, independientemente de que su situación sea irregular. Esto, afirmó el Canciller Castañeda, será lo que México exija en las conversaciones. "Esta es nuestra posición". Por el Lic. Clicerio Hernández Escalante Miembro activo y fundador del Colegio de Abogados de nuevo León. El hombre es un entis, ente social por excelencia que aspira a realizar los más dignos valores, que desde tiempos primitivos, ha venido realizan~o el quehacer constante de investigación sobre la naturaleza y la cultura: la primera, para entenderla mejor y dominarla al conocer sus secretos; la segunda; producto ~e su voluntad espontánea para protegerse, creando además, la vida social. La Soc'.edad misma, es un super-organismo, producto de su artificialidad y conveniencia. El hombre ya poseedor de la iluminación cultural, ha creado en la sociedad y como he~os sociales O fenómenos colectivos: el arte, la religión: el le~guaje y el derecho. Todas son manifestaciones que sólo se justifica su ~x1sten~1_a e~ la vida social O colectiva; en lo individual, no existe lo jurídico, ni lo ant1-¡un: dico; lo justo, ni lo injusto, es decir, el derecho no existe en lo individual, ni como fenómeno colectivo, ni como ciencia particular. El Derecho como ciencia particular, garantiza la convivencia humana, la armonía y el entendimiento pacífico entre los individuos y entre las _naciones, iendc factor preponderante para elevar el nivel cultural, logrando el bienestar Y la paz internacional. 34 35 �Si el Derecho tiene la importancia que antes hemos puntualizado es indiscutible que la profesión de Abogado o Licenciado en Derecho y Cienc;as Sociales, desempeña una función importantísima en la vida social, en la vida de los. pueblos, en la vida nacional e internacional, en sus aspectos económicos social jurídico Y eminentemente cultural; y en consecuencia, la sociedad h~mana: mientras exista, no podrá prescindir ni por un momento, de los servicios O función de este tipo de profesional. ¿ Oué cualidad, aptitud o requisitos debe ostentar fundamentalmente el profesional Abogado ... ? LA VOCACION. , Todas las profesiones requieren una gran dosis de esta manifestación espiritual, que en el trabajador manual se transforma en habilidades admirables· en el pintor en sus bellos estéticos cuadros, combinación magnífica de matices•· en el músico las notas agradables al oído, impregnadas de inspiraciól), y en el p~ta los sonetos Y prosas rimadas, que el pueblo siente, admira y aplaude. La vocación existe en el individuo cuando al realizar una tarea un . queha~r, c~'.'1º dijera José Ortega y Gasset, experimenta el más profundo •placer en su eJecucron. La actividad más incómoda, más terrible en la vida, es la que se desarrolla con desagrado o sufrimiento, es decir, sin ninguna dosis de vocación. Para -~legir libr: y conscientemente una profesión, es necesario saber lo que esa profesron entrana y lo que ella exige para su eficaz y correcto servicio. El primer paso es la prueba intelectual, la que determinará si existe habili~ad para ejercer la profesión; en segundo lugar, a la destreza debe unirse la nece- En las palabras preliminares de su libro OSSORIO expone: "He cumplido 25 años de ejercer la abogacía, llego a las budas de plata joven aún, y tengo por mi oficio, nó la mi~ma afición que me animó al comenzar, sino una vocación multiplicada y depurada, un entusiasmo ardiente, una fe invulnerable". El ab9gado o técnico del Derecho, de acuerdo con su función vocacional, desarrolla su ejercicio o profesión, fundamentalmente, en cir,co aspectos: como abogado postulante, abogado funcionario, abogado maestro o catedrático en la enseñanza técnica y universitaria, abogado jurista o de consulta, investigador de la Ciencia del Derecho y abogado consultor; público o privado. Por razones de orden práctico, de eficiencia, sentido de responsabilidad y división del trabajo, aun cuando el profesional sea apto y de capacidad integral para las cinco funciones, es recomendable por razones y principios de la Pedagogía Superior, dedicarse a una de las funciones indicadas, de acuerdo con su vocación, a fin de dar un rendimiento superior, eficaz y de mayor utilidad a la sociedad, que, como dijimos al principio, es a la que le interesa que el Derecho, tanto como manifestación colectiva, como disciplina científica, sea cada vez, sin lugar a dudas, sin titubeos y diferencias, el mejor medio para realizar la justicia, que como dijera Platón: "Es más bella que una salida o puesta del sol" La función del abogado, en su concepto de la más alta cultura, se conjuga en la oración que los abogados Erizzo ofrendan a su padre cuando dicen: "Nos llevaste contigo a la tarea, haciéndonos vivir junto a ti tus luchas; amar aquélla nuestra fatiga, ésta nuestra profesión y amarla porque es inmensamente bella y profundamente humana: la más humana y la más bella". LIC. CU CERIO HERNANOEZ ESCALANTE. ~•dad ab~luta _de _cualidades morales y de tipo sentimental y volitivo, que . u~po~dran la frdehdad a la vocación, autenticidad a la vida, generando la conc,enc,a profesional y el amor a la profesión. ~I procesalista Enrique Amaya dijo: "Quien se asoma a la vida, con ansias de honzo~tes ~n sus hechos Y forjador impulso en el espíritu, antes de entrar a su campo iluminado por tantos reflejos, matices y efectos, debe aprender a mirar, de~e el alba,_para no enceguecerse. Si desde esa suave penumbra distingue su camino Y lo elige sin vacilaciones, es seguro que alcanzará la eminencia donde resplan~e~ el ideal, Ese camino es LA VOCACION, cualidad innata, floración de sentrmrentos solidarios que se congregan en inquebrantables propósitos". 36 37 �LIC. CESAR GARZA ANCIRA ACADEMICO DE NUMERO DE LA H. ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL. EL RECUENTO ACADEMICO DE NUMERO DE LA H. ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. MIEMBRO DE NUMERO DE LA H. ASOCIACION IBEROAMERICANA DE DERECHO DEL TRABAJO. CATEDRATICO EN LOS CURSOS DE PREESPECIALIZACION DE DERECHO SOCIAL DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. 38 39 �INTRODUCCION La prueba específica y de fisonomía La prueba de recuento es fundamental para que la Junta se encuentre en posibilidad de resolver los conflictos de huelga. La suspensión de las labores debe efectuarse por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento. Sobre este particular, conviene precisar que es posible que una huelga abarque a toda una empresa o a uno de sus establecimientos y que serán los trabajadore~ los que decidan si realizan la huelga en el establecimiento o en la empresa. Para determinar la mayoría de trabajadores, el artículo 462 del Código Laboral establece las normas siguientes: no serán tomados en consideración los trabajadores de confianza, ni los que hubiesen ingresado al trabajo con posterioridad a la fecha de presentación del escrito de emplazamiento de huelga, pero sí serán considerados los que hubiesen sido despedidos del trabajo con posterioridad a la fecha de presentación del mencionado escrito. Por último, se dispone que únicamente se tomarán en consideración los votos de los trabajadores que concurran al recuento. especial que se utiliza con más frecuencia en el proceso de calificación de la huelga, es la denominada recuento de trabajadores. La convicción, vivamente profesada por quien aquí escribe, de una configuración adecuada de la problemática de los conflictos colectivos de trabajo, en la dinámica de las relaciones laborales, lo ha impulsado a estudiar el tema de esta probanza fundamental. La huelga es la facultad legal de suspender las labores en una empresa o en uno o varios de sus establecimientos, pero este derecho únicamente corresponde a las mayorías, en razón, esencialmente, de los principios democráticos. Por mayoría de_trabajadores debe entenderse la mitad más uno de los trabajadores de la empresa o establecimiento en que hayan de suspenderse las labores, sin distinguir entre trabajadores sindicados y trabajadores libres. Para que la Junta pueda decir el derecho en cada caso que se le presente, necesita conocer tanto el texto como el espíritu de la norma en que va a fundar sus resoluciones, lo que implica la labor de desentrañar el sentido de la misma. El recuento debe efectuarse de conformidad con las reglas que señala el artículo 462 de la Ley Federal del Trabajo. Es bien sabido en Derecho, que las disposiciones especiales, como casos de excepción, son derogatorias de las reglas generales que contradicen. En seguida, estudiaremos algunos de los casos más interesantes que se presentan dentro de la temática siempre apasionante de la huelga, en torno a la prueba idónea del recuento: 1.- Es de explorado derecho en materia laboral que la voluntad de los partic•ll.,, es 110 puede contrariar disposiciones de orden público, como Jo son aquellas que regulan la prueba del recuento, de tal manera que el argumento consistente en decir que porque ambas partes manifestaron su conformidad por interrumpir la diligencia respectiva, queda decidida esa situación, carece de validez jurídica, dado que la autoridad laboral debe resolver con base en la ley y no en la manifes- 40 41 �nes deberán sujetarse al resultado de aquél. tación expresa o implícita de las partes. 4.- El recuento no puede promoverse en ningún caso como cuestión previa _ P~r consiguiente, en este mismo orden de ideas, es inconcuso que las manifestaciones que hagan las partes en el sentido "de que se suspenda el desah de la etapa de objeciones en la diligencia de recuento que se está efectuand ogo r· d.1 o, Y se i¡e a Y hora para que se reanuden en la Junta Especial del conocimiento" resulta a todas luces ineficaz e inoperante, ya que el artículo que reglamenta el'. recuento (artículo 462) dispone en su fracción V: "Las ob¡·eciones a los t ra ba¡a· d _ores que concurran al recuento, deberán hacerse en el acto mismo de la diligencia, en cuyo caso la Junta citará a una audiencia de ofrecimiento y rendi·c· · d p b ,, 10n e _r~e as ; Y e1 numeral 785 de la propia Ley de la Materia contempla en su fracc,on . 111 ·· "S'1 se ofrece el recuento de los trabajadores, se observarán las disposiciones ~ontenidas en el artículo 462". Además, es criterio doctrinal imperante el ya senalado de que las reglas de procedimiento no pueden ser modificadas O alteradas por las partes ni aún de mutuo acuerdo, y que ellas deben hacer valer sus derechos en el momento procesal oportuno. 2.- Las objeciones que se tengan en el recuento, deben hacerse en el momento procesal oportuno , 0 sea, a1 practicarse • la probanza de referencia dado que la_ p~eba del recuento tiene como fin dar oportunidad a las partes hacer las ob¡ec,ones como crean convenientes. d: No es obstáculo para llegar a dicha conclusión, la circunstancia de que las ~artes hayan acordado reservarse sus derechos para hacer las objeciones poste• normen~:• toda vez que siendo de orden público la disposición contemplada en la. fracc1on ~ ~el precepto 462 de la Ley invocada, su cumplimiento no queda su¡eto al arbitrio de las partes, sino que éstas se obligan a ob 1 f" servar a conducta i¡ada por la norma de donde resulta que aunque sea cierto que las partes. llegaron a ~se acuerdo y posteriormente se ofrecen pruebas, la Junta no contraviene garant1as al abstenerse de analizar dichas pruebas. 3.- Constituye un elemento básico el estar presente fiísicamente al realizars~ el recuento de los trabajadores de la empresa o establecimiento afect d v_1rtud ~e que el mismo es un recuento de personas y no de votos que dem:e:;r:~ s1m~at1a. Al e~ac~arse esta diligencia los propios trabajadores deben manifestar d e viva voz su cnteno. a la suspensión de los trabajos. El Código Laboral de 1931 no autorizaba el recuento de los trabajadoresantes de la suspensión de labores. El artículo 264 establecía la necesidad de la mayoría para suspender las labores, pero no admitía el recuento previo; Y el artículo 269 disponía que si la huelga no era declarada por la mayoría, debía calificarse inexistente, lo que viene a confirmar que el recuento debía de efectuarse después de la suspensión de labores. El artículo 451 fracción 11 de la Ley Laboral expresa que entre los requisitos para suspender los trabajos, se encuentra aquel consistente en que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa; pero esta propia fracción prohibe que se haga el recuento para conocer si la determinación para suspender los trabajos lo efectúan la mayoría, como cuestión previa, ya que el recuento de los trabajadores SÓlamente es factible jurídicamente cuando se pronueva la inexistencia de la huelga y deberá pedirse dentro de las 72 horas siguientes a la suspensión del trabajo tal y corno lo establece el artículo 460 de la Ley Federal del Trabajo, debiendo efectuarse el recuento de conformidad ·con las reglas que .señala el artículo 462 del propio Ordenamiento. 5.- La facultad de la Junta para designar el lugar en que deba efectuarse el recuento no está limitada con relación a los centros de trabajo de la empresa, sino que si ordena que el recuento se practique por ejemplo en el Parque Deportivo de la propia empresa, por considerar que en tal local se facilita la diligenc.ia, da cumplimiento estricto a lo mandado en el multicitado artículo 462 de la Ley Federal del Trabajo al señalar el lugar, el día y la hora en que deba efectuarse el recuento. 6.- La diligencia de recuento puede practicarse en dos o más actos, porque con ello no se coloca a los contendientes en estado de indefensión, si estuvieron representados en la práctica de la diligencia, cuanto porque lo que influye en el sentido de la calificación, obviamente, es el resultado del recuento, pero en modo alguno el que se haya practicado en dos o más actos. De conformidad con el artículo 462, fracción IV, del Ordenamiento citado, e~ e: recuento de los trabajadores únicamente se tomará en consideración el voto e os que hayan concurrido al mismo, no así el de los que faltaron, quie- 7.- Los actuarios y los secretarios de las Juntas son los funcionarios a quienes la Ley y la doctrina encargan la práctica de las diligencias que no pueden realizar las Juntas, sea tratándose de diligencias de recuento de trabajadores, notificación, etc., y el artículo 640 del Código Laboral expresa que son faltas de 42 43 �los actuarios (fracción 111). no practicar oportunamente las diligencias y el artículo 641 de la misma Ley, en su fracción IX precisa que son faltas especiales de los secretarios no levantar las actas de las diligencias en que intervengan; y si en el acuerdo de la Junta, se autoriza al secretario de la misma y a cierto número de actuarios para practicar la diligencia de recuento, tal facultad está contenida en los preceptos anteriormente citados. De los artículos 645, fracciones 111 y IV, y 712 de la Ley Federal del Trabajo, resulta que el actuario es el funcionario de la Junta al que pueden encomendársele ciertas diligencias, y debe estimarse que las mismas son aquellas que no pueden llevar a cabo los demás funcionarios a que se refiere la Ley, por impedírselos la naturaleza misma de ellas, como en el caso de recuento de trabajadores, prueba que se encuentra regulada por el artículo 462 de la Ley Laboral. Si de conformidad con este precepto se señala lugar, día y hora en que debe efectuarse el recuento y el lugar propuesto para el desahogo de dicha prueba resulta ser otro diverso al del lugar de la Junta, debe entenderse que dicha autoridad al comisionar al actuario para que practique la diligencia respectiva no hace otra cosa sino proveer para la realización de la prueba, mediante la obtención de datos para la misma; por tanto, el hecho de que el actuario levante la diligencia y que ésta se desahogue en local diverso al de la Junta, no constituyen violaciones al procedimiento. Dicho criterio ha sido sustentado por la H. Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ejecutorias, entre las cuales pueden citarse las emitidas en los juicios de amparo números 2107/1972 (sindicato de Trabajadores de Sanitarios Procesa y Coags.- Noviembre 29 de 1972.5 votos. Ponente: Mtro. Manuel Yáñez Ruiz. 4a. Sala Séptima Epoca, Volumen 60, Quinta Parte, Págs. 35 y 54) y 4489/1972 (Sindicato de Trabajadores de Camiones de la Línea Constituyentes.Puerto Aéreo-Indios Verdes, Servicio de Primera.- Enero 5 de 1973.- 5 votos. Ponente: Mtra. Ma. Cristina Salmorán de Tamayo. 4a. Sala Séptima Epoca, Volumen 49, Ouiflta Parte, Pág. 51 ). La disposición contenida en el artículo 765 de la Ley Federal del Trabajo, se ha considerado aplicable a la celebración de las audiencias dentro de un juicio reclamatorio de trabajo, pues es indudable que, dada la mutiplicidad de negocios de que debe conocer cada Junta Especial de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, más bien resultaría perjudicial que benéfico, que para cada diligencia quehubiera que efectuarse fuera del recinto del Tribunal, tuviesen que trasladarse al lugar correspondiente de la diligencia todos los miembros de la Junta, determinando con ello retraso en las tramitaciones, en perjuicio de los intereses de las partes en conflicto, y sobre todo, de los trabajadores; además es evidente que el desahogo material de una prueba no puede determinar por sí sola et sentido de la resolución que en el conflicto dicte la Junta, puesto que tal resolución amerita la apreciación integral de las pruebas rendidas por las partes, incluy~ndo, n~: sariamente, el de aquellas que hayan tenido que desahogarse por medio de algu comisionado. 8.- La fe pública que tienen los Notarios no es eficaz par~ demostrar lo que está fuera de sus funciones, ni menos para invadir las que estan reservadas a la Junta, como evidentemente ocurre con la práctica del rec~e~to, dado que es~a diligencia debe efectuarla el Tribunal del trabajo, por cons1gu1ente la consta~c1a que expiden los Notarios al respecto carece de valor probatorio. Dicha_ tesis la ha sostenido nuestro más alto Tribunal en los juicios de amparo numeros5597/1961 (Guillermo Gómez Arzapalo. Septiembre 3 de 1962.- 5 votos. Ponente: Mtro. Alberto Jiménez Castro. Séptima Epoca, Volumen 58, Tercera Parte, P,ag. 59 , 5648/1973 (Pablo Lemble Dal Soto.- Abril 4 de E 1974.-v5 1votos. Ponente: Mtro. Salvador Mondragón Guerra. 4a. Sala, Séptima , poca, o ume~ 64 Quinta Parte, Pág. 13) y 5913/1974 (Jesús Sánchez Garc1a y otros.- Abril 10 ' de 1975.- Unanimidad de 4 votos.• p onent e.· Mt ro . Jorge Saracho Alvarez. 4a. Sala, Séptima Epoca, Volumen 72, Quinta Parte, Pág. 27). El recuento hecho por una autoridad distinta de las Juntas de Conciliación y Arbitraje no afecta los derechos de los trabajadores, ni los incapacita para pedir que se repita por la Junta que conozca del conflicto. 9.- El artículo 462 de la Ley de la Materia, contempla el p~'.nci~io_ t~ral r~lativo a que no debe de tomarse en cuenta el cambio de situac1~n ¡und1ca reinante entre las partes en el momento de la presentación del escrito de emplazamiento de huelga. Es jurisprudencia ya sentada que tcxla labor que tienda al cambio de la situación jurídica reinante entre las partes al formularse las peticiones, no debe tomarse en consideración para calificar la huelga. Es evidente que se haría nugatorio el derecho de huelga si el patrón estuviera en condiciones de cambiar la situación jurídica reinante en el momento de la presentación del escrito de emplazamiento de huelga. Por lo expuesto, formulo las siguientes CON C L U S I O N ES: PRIMERA.- Las normas que regulan el recuento al igual que las demás reglas de procedimiento, no pueden ser modificadas o alteradas por las partes ni 44 45 �aún de mutuo acuerdo. LA VIDA HUMANA Y EL DERECHO SEGUNDA.- Las objeciones que se tengan en el recuento deben hacerse en el momento procesal oportuno. TERCERA.-La diligencia de recuento es de personas Y no de votos de simpatía. CUARTA.- Está prohibida la práctica del recuento antes de la suspen .. de las labores. s,on QUINTA.- La facultad de la Junta para designar el lugar en que deba celebrarse el recuento no está limitada con relación a los centros de trabaJ·o de 1 empresa. a SEXTA.- La diligencia de recuento puede practicarse en dos o más actos. SE~IMA.- los actuarios y los secretarios de las Juntas son los funcionas a quienes la ley de la Materia encarga la práctica de las diligencias de recuento. río Lic. Genaro Salinas Quiroga La norma jurídica debe satisfacer las necesidades y aspiraciones de los hombres; no debe sujetarse servilmente a la fuerza de los hechos, pero tampoco debe distanciarse de la realidad. El Derecho es antes que todo, escuela de progreso y orientación, sobre todo, en el orden moral. Por eso podemos afirmar que el científico del derecho o sea el jurista, debe tener dos cualidades difíciles de llenar: alas y plomo, alas, para separarse un poco de las necesidades inmediatas y concretas del hombre, y plomo, porque debe llevar inscrito o grabado el sello de sus requerimientos imprescindibles. . . º?TAVA.- Está fuera de las funciones de los Notarios Públicos desah d1hgenc1as de recuento. ogar El Abogado -es el intermediario entre la vida y el Derecho. Escucha, en sa~rada confidencia, la narración de su cliente, sobre los hechos que le preocupan y que constituyen su angustia. Los analiza a la luz de la norma jurídica y da solución al problema proporcionando el consejo adecuado. Por eso, el secreto profesional es inviolable y sólo debe ser revelado por el profesionista a las autorida- NOVEN~:- La situación jurídica reinante entre las partes en el momento de la presentac,on del escrito de emplazamiento de huelga no d e be ser cambiada. . des, al ser legalmente requerido para ello. El Derecho, como la medicina moderna, es en su mayor parte preventivo; da orientaciones y expone criterios en materia de negocios, de cuestiones de familia, prevención de conflictos futuros, de organización de empresas, de manejo legal de una industria, comercio o establecimiento. Pero otras veces hay necesidad de plantear el asunto ante los tribunales, debiendo estudiar serenamente el abogado las mayores posibilidades de éxito y de encontrarlas, formular correctamente su demanda y demás promociones necesarias hasta obtener sentencia ejecutoria favorable a su patrocinado. !:s el Abogado postulante el primer Juez en toda controversia y si no está convencido de la moralidad y legalidad del asunto que se le propone, debe decirlo con franqueza a su cliente, y desechar-el negocio. Ningún abogado es tan pobre para admitir una causa injusta, cuya pérdida le causará desprestigio, aún cuando gane dinero, ni tan rico para no admitir un juic;o en que moral y legal46 47 �mente tiene la razón quien acude a su despacho. El Abogado es el técnico del Derecho, pero esa técnica implica responsa. bilidad, porque debe estar al servicio absoluto de la moralidad y de los valores superiores que rigen la conducta humana y la convivencia social. Si le es posible solucionar conciliatoriamente el problema que planteará en la demanda, debe hacerlo, para ahorrar a los Tribunales un tiempo precioso que se empleará en otros juicios. Cuando el abogado ponga en movimiento la maquinaria administrativo-judicial del Estado, que sea para plantear una causa justa, con un alto sentido moral y no para efectuar maniobras tortuosas con la norma jurídica, o para interponer un sinnúmero de reansos, de excepciones dilatorias o de argucias legales, para detener la acción de la justicia. necesita de la familia, ésta del municipio o provincia, ésta de la nación Y ésta última de la humanidad y todos, absolutamente todos, de la norma jurídica que · consagre sus derechos y obligaciones. Ser social y ser moral en el fondo es lo mismo, El hombre es más grande cuando más se entrega o sacrjfica a la comunidad. Sócrates, Cristo, Buda, Confucio y San Francisco de Asís, representan ansias colectivas y universales no sólo de sus respectivas comunidades, sino del mundo entero; simbolizan formas mejores de vida por las que lucharon. Los modos sociales de vida, entre los que se encuentra el Derecho, son conductas comunales, genéricas, anónimas, de los miembros de un grupo o sociedad. El griego identificaba la Patria con las nonnas legales. Cuando a Sócratesel insigne maestro de la juventud ateniense--sus amigos le sugieren la fuga al constarles lo injusto de su cautiverio y de su próxima muerte, al ser víctima más que de las leyes, del odió y rencor de los hombres, se niega terminantemente a ello, aduciendo que había luchado en los combates por las leyes de Atenas y no era él quien ahora iba a violarlas porque se aplicaban en su contra. El Abogado, aún propugnando por la reforma de la legislación, debe amar en conjunto las instituciones jurídicas de su país y luchar por su cumplimiento, sin perjuicio de poner su esfuerzo para que sean mejoradas. El Derecho se ha hecho para una vida mejor. Es una creación humana que debe llevar latente, imbibita, el propósito de progreso de la comunidad. Decir• Derecho, es decir, sociedad. Ubi societas, ibi jus. Vivimos en un siglo en que los derechos individuales han sido afectados • por los colectivos. El comerciante ya no puede vender libremente los artículos de primera necesidad al precio que lo desee, sino al que le fije el Gobierno. La distinción entre Derecho Público y Privado es más bién histórica, didac• tica. que real y positiva en nuestro tiempo. El ámbito de acción del Estado se· acrecienta cada día. Lo que se ha perdido en libertad individual se ha ganado en• seguridad social. El ser humano para su pleno desenvolvimiento físico, intelectual y moral 49 ���� Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Derecho Y Ciencias Sociales Año de publicación El año cuando se publico 1979 Época Época del la revista Segunda Número Número de la revista 2 Mes de publicación Mes cuando se publicó Julio-Octubre Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Cuatrimestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1784899&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales, 1979, Segunda Época, No 2, Julio-Octubre Creator An entity primarily responsible for making the resource Flores Longoria, Samuel, 1934-, Director Subject The topic of the resource Derecho Derechos civiles Publicaciones periódicas Leyes Jurisdisprudencia Filosofía del derecho Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derechos y Ciencias Sociales Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Núñez Espinosa, Herberto J., Director Lozano González, Santiago, Secretario de Redacción Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/07/1979 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource tex/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2016555 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. San Nicolás de los Garza, N.L., (México) Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies. Universidad Autónoma de Nuevo León Rights Holder A person or organization owning or managing rights over the resource. El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores Cheques certificados Delincuencia Derecho social Juicio de amparo Ley de impuesto sobre la renta Sistema económico latinoamericano https://hemerotecadigital.uanl.mx/files/original/271/13594/DERECHO_Y_CIENCIAS_SOCIALES._1980._2a_Epoca._No._3._Enero-Abril._0002016557.ocr.pdf 6f6ec18cbfd350e5cdcf33dd72b74305 PDF Text Text REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SEGUNDA EPOCA 3 ��C a:dl~ f. ~~ --:i<.4 . Bib.li..llllCt~ r~~'i,t~1-t(<1~,.,_ :s 3 �DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 3 �UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON FACU LTAO DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DIRECTOR: Lic. David Galván Ancira. SUBDIRECTOR: Lic. Roberto Sergio Castillo Gamboa. JEFE DE LA DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES: Lic. Santiago González lozano. JEFE DE LA DIVISION DE INVESTIGACION V EDUCACION CONTINUA: Lic. Francisco Rivera Bedoya. JEFE DE LA DIVISION DE ESTUDIOS SUPERIORES: Lic. Helio E. Ayala Villarreal DECANO: Lic. Genaro Salinas Ouiroga. DIRECTORIO DE LA REVISTA DIRECTOR: Dr. Fernando Vázquez Alanís. SE&_BETARIO Lic. Santiago González Lozano. oe REDACCION : CONSEJO EDITOR IAL Lic. Ge naro Salinas Ouiroga, Lic. David Galván Ancira, Lic. Roberto Sergio Cast illo , Dr. Fernando Vázq uez Alanís, Lic. Herberto Nuñez Esp inosa, Dr. Agustín Basave Fe rnández de l Valle, Lic. A lberto García Gómez, Lic. Francisco Rivera Bedoya, Lic. S antiago González Lozano. La responsabilidad de los artículos publicados es exclusiva de sus autores. Las o piniones expresadas en la Revista son estrictamente personales y no asume responsabilidad por ella la revista, la Facultad de Di:recho de la U.A.N.L. o las instituciones a que estén asociados sus expositores. Derecho y Ciencias Sociales aparece bimestralmente. No se devuelven originales aún cuando no se publique. Toda correspondencia debe dirigirse a: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Revista Derecho y Ciencias Sociales Ciudad Universitaria S an Nicolás de los Garza, N. L. IMPRESO EN MEXICO PRINTEO ANO MADE I N MEXICO Departamento de I mprenta F acultad de Derecho y C. Soci ales de la Universidad Autónoma de N. L. Cd. Universitaria San N icolas de los Garza, N. L. �DERECHO ., 1k" ,. _,7. . . ....:__ ..... . ., Ar ·' : I ·~ ! • '\! I; / j c-.,;F,~ ! . · , i__, . _:/". .i: /1 . :.1. . .. '•• ~sra~~~::~l~.~~•~?CJAL• y Ciencias Sociales F0NDo UNIV~I ARIO Universidad Autónoma de Nuevo León. . 2da. EPOCA ~· ENERO-ABRIL 1980 NUM.3 SUMARIO LIC. DAVID GALV AN ANCIRA: Presentación. 9 LIC. HELIO E. AYALA VILLARREAL: Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León (1) 11 LIC. ARMANDO GARCIA GAMEZ: Adiciones y Reformas de la Ley de Amparo. 15 LIC. CESAR GARZA ANCIRA: La Huelga, Reformas de 1980. 24 LIC. NICOLAS MARTINEZ CERDA: El Juez García Romero. 39 LIC. JORGE MONTEMAYOR SALAZAR: La Triplicidad de Funciones del Poder Estatal . 45 LIC. RAUL RANGEL FRIAS: La Soberanía Constitucional. 63 LIC. FERNANDO V.A2QUEZ ALANIS: El Régimen Federal y la Centralización del Poder Político en México. 83 �PRESENTACION: , SECCION "CONGRESO S LIC. ARTURO AYALA RODRIGUEZ: El Hijo Inocente no 97 debe sufrir la Pena del Delito de su Padre. LIC. RAUL VILLARREAL DE LA GARZA: Reformas al Régimen de Administración de Justicia. 103 SECCION DE CRIMIN OLOGIA LIC. MARCO ANTONIO LEIJA MORENO: " Qué es la Criminología". 115 Entre los objetivos de nuestra Facultad figuran: Formar profesionales en Derecho y Ciencias Sociales, promover la inve5tigación jurídica y social y difundir la cultura de nuestras disciplinas a la comunidad; los que tienen un alcance definitivo para el avance de la sociedad y por ende la responsabilidad en cumplirlos es invariable y creciente. Para enseñar mejor el Derecho es preciso: Reflexionar sobre lo ya escrito y estudiado, replantearse situaciones pasadas y enfrentarlas al momento presente, especular sobre las espectativas futuras; en fin es labor profunda de ubicación y síntesis, de integración y creatividad y sobre todo de un espíritu dispuesto al cambio. Sin reflexión carecemos de profundidad, nos hundimos en lo frío de la descripción; la ausencia de análisis impide toda pr0posición o sugerencia y los acontecimientos se aceptan sin réphca. con este propósito esperamos que nuestra Revista sea de 4tilidad para maestros y estudiantes, nos eleve en lo académico y nos coloque en la ruta hacia una superación permanente. Hemos designado como nuevo director de esta Revista al Dr. Fernando Vázquez Alanís destacado egresado y maestro de esta Facultad. En este número abordamos la dinámica actualidad jurídica, incluyendo aportaciones sobre las Reformas a la Ley de Amparo ;i la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Rendimos en estas páginas homenaje a la personalidad del ju- 9 �rista y político neolones Raúl Rangel Frias, publicando una de sus brillantes conferencias sobre la Soberanía Constitucional. En el renglón de Investigación Jurídica presentamos dos importantes trabajos en el área de Derecho Público.- La tripluridad de Funciones del Poder Estatal y otro sobre el Régimen Federal y la Consentración del Poder Político en México. A partir de este número iniciamos dos nuevas secciones, una denominada "Congresos" que incluye trabajos de destacados juristas neoloneses a Congresos Nacionales e Internacionales y otra tutela " Criminología " que pretende dar impulso a esta Ciencia Jurídica que se estudia en nuestra Facultad como carrera profesional. Lic. David Galván Ancira Director HELIO E. AYALA VILLARREAL REFORMAS A LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (1) La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León en su corta existencia ha sufrido 3 reformas; la primera publicada el 25 de Diciembre de 1978, la segunda el 28 de Septiembre de 1979 y la tercera el 31 de Diciembre de 1979. El primer Decreto de reformas a la Ley se motivó por la fuerza que necesitaba dársele a la dependencia administrativa encargada de vigilar a nivel administrativo los centros de trabajo y las relaciones de los factores de la producción: capital y trabajo elevándola al rango de Secretaría la que era Dirección al Servicio de los Trabajadores y Productividad, y que dependía de la Secretaría General de Gobierno ' también pasa a formar parte de la Comisión de Administración Pública esta Secretaría, así mismo se suprimió como atribución de esta Secretaría, la organización y vigilancia administrativa de la Congregación de Colombia, pasando ésta a depender del Municipio de Anáhuac. LIC. HELIO E. AVALA VILLARREAL ( 1944) Egresado ~e la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de La Universidad Autónoma de Nuevo Leon, ( 1961-1966), Estudios de Post-Grado de Administración Pública en la Universidad de Gorge Washington, D . C ., ( 1973-1974), Maestría en Administración Pública del Desarrollo Urbano en la Universidad de Birmingham, Inglaterra, ( 1978-1979). Maestro de la Facultad de Derecho de la U . A. N. L ., Derecho Romano, (1968-1971), Teoría Gene,al del Estado, ( 1969-1971 ), Introducción al Derecho, ( 1976) , Derecho Constitucional (1976_), M~_estro ~e la Facultad de Comercio en: Derecho Fiscal, ( 1969), Teoria del Derech~ Y Leg1slac1on civil, (1979), Instituciones del Derecho, ( 1979), Coordinador de la Maest · ~e A~ministración Pública de la Facultad de Comercio y Administración, (1979), Jefe d~:: Div,s,on de Estudios Superiores de 1~ Facultad de Der!'cho y Ciencias Sociales, ¡ 1 9 7 91, irector de la Unidad de Reforma A.dmin,strat,va, Gobierno del Estado, (l979). 10 11 �En el segundo grupo de reformas las principales modificaciones a la Ley fueron: en el sistema previsto en el Artículo 4o., para el nombramiento de funcionarios y empleados, se concentró la facultad de expedirlos en el Oficial Mayor por acuerdo del Ejecutivo, suprimiendo esta facultad reservada anteriormente a los titulares de las Secretarías que eran asistidos por la Oficialía Mayor y con la opinión de la Secretaría. Ejecutiva de la Comisión de Administración Pública. En las atribuciones de la Secretaría General se reforman los inicios respectivos, la palabra "Protección" por la de "Seguridad", como garantía que se le debe de dar a los habitantes de Nuevo León. Asimismo a esta dependencia se le da el apoyo de dos Subsecretarías Generales. La Secretaría de Servicios Sociales y Culturales es modificada en su nombre convirtiéndose en la Secretaría de Educación y Cultura y restando a su competencia lo relativo a deportes, salud y asistern,ia. El artículo 140. que contemplaba las atribuciones de la Secretaría de Fomento Económico y Obras se ve reformado totalmente para enumerar la competencia de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Planificación. Se adi~iona un Artículo 140. Bis A, relativo a la Secretaría de Obras Públicas lJ Proyectos estando a cargo de esta Secretaría todo lo relacionado con la construcción de obras públicas del Estado y se agrega también el 140. Bis B, en donde se define la compet~ncia de la Secretaría de Fomento Económico. Estas tres Secretarías se formaron por la distribución de las atribuciones que en materia de fomento, obras y planificación tenía la Secretaría de Fomento Económico y Obras. En el Artículo 150. relativo a la Oficialía Mayor la atribución de estadística y procesamiento de datos se trasladó a la nueva Secretaría de Fomento Económico y se otorgan atribuciones para la creación-de la Unidad de Reforma Administrativa, con amplias facultádes ~¡ ~ Ja materia, que sustituye a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 'de Ad~nistración Pública. Se definen en la Ley; materia y competencia de las siguientes direcciones: Fomento Agropecuario, anteriormente las atribuciones de este órgano administrativo era competencia de la Secretaría ce Fomento Económico y Obras, y dependía dr i:ísta; Servicios Coordinados de Salud Pública que se encontraba b, -' la dependencia de la Secretaría de Servicios Sociales y Culturales; Dirección de Deportes y Recreación Popular cuyas atribuciones correspondían a la Secretaría de Servicios Sociales y Culturales; y Bosques y Parques Estales de nueva creación. Todos los titulares de las dependencias administrativas nombradas en el Artículo 210. integran la Comisión de Administración Pública del Estado y dependen directamente del Gober nador del Estado. Otra reforma importante contenida en este Decreto fue que designaron al Comité Promotor del Desarrollo Socio-Económico del Estado de Nuevo León (COPRODE), como el organismo responsa ble de la coordinación con las dependencias federales. El tercer grupo de reformas fueron; lo. las atribuciones que para la dirección de la Imprenta de Gobierno y para organizar y vigilar el desempeño de las funciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio que se daban a la Oficialía Mayor pasaron a. la Secretaría General; segundo se crea la Direcció'n Jurí dica Consultiva que anteriormente dependía del Procurador General de Justicia, como un apoyo directo al Ejecutivo y el titular de la misma pas::. a formar parte de la Comisión de Administración Pública. Lo anterior es una descripción general de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado que nos situa en la nueva disposición de la misma ; explicar las causas de cada una de estas, será materia de comentario de los siguientes artículos_ ~én 12 B'BL!Ó~GA CFNTRAL 13 �ARMANDO GARCIA GAMEZ ADICIONES Y REFORMAS A LA LEY DE AMPARO El siete de enero del año actual ( 1980} se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las adiciones y reformas a la Ley de Amparo, que revisten interés general en virtud de la práctica constar:ite y ascendente del Juicio de Amparo por parte de los abogados postulantes, quienes encuentran en el proceso constitucional de garantías o de soberanía, el más preciado instrumento para la salvaguarda de los derechos subjetivos públicos que la Constitución Política del País consagra en favor de los gobernados. Las enmiendas a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales se enfocan a veinte artículos, que en seguida se citan: So., fracc. IV. 29 fracc. II, 56, 81, 84 fracc. I, 88, 90, 102, 106, 131, 136, 187, 188, 193, 195 y 195 Bis. también los artículos 179, 181, 182 y 184 fracc. l. El artículo So. fracción IV, se refiere a que: " El Ministerio Público Federal intervendrá cuando el caso afecte a su juicio el interés público y en los demás casos podrá hacerlo para la pronta y expedita administración de justicia. En los asuntos en 'que intervenga podrá interponer los recursos legales. El artículo 29 Fracc. II, ordena, que al Procurador General de la República y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a los Tribunales Colegiados, se les notificará por medio de oficio el primer auto recaído en los expedientes respectivos. El artí~ulo 56 concede derecho a las partes en el juicio de amparo, para acudir al Presidente de la Suprema Corte de Justicia o ante el Presidente del Tribunal Colegiado exhibiendo copia certificada de la demanda de amparo, para que resuelva la incompetencia de un Juez de Distrito respecto de un amparo cuyo conocimiento corresponda a un Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia. El artículo 81 decreta una multa de mil a diez mil pesos, LIC. ARMANDO GARCIA GAMEZ.Maestro de Amparo de la U.A.N. L ..• Miembro del Instituto Mexicano del Amparo. 15 �que podrá imponerse al quejoso, a su representante o a ambos o al abogado, cuando se dicte sobreseimiento o se niegue el amparo por haberse interpuesto la demanda sin motivo. El artículo 84 se refiere a la competencia de la Suprema Corte de Justicia para conocer del Recurso de Revisión, estableciéndose en el inciso a): Concierne a la Suprema Corte de Justicia conocer del recurso cuando se impugne una ley por estimarla inconstitucional o cuando se combata una ley emanada del Congreso de la Unión, vigente en todo país o en el Distrito Federal, correspondiente el conocimiento al Pleno de la Suprema Corte. Establecida jurisprudencia, las revisiones pasarán por turno al conocimiento de las Salas, que observarán la jurisprudencia. En caso de abandonar la Jurisprudencia por razones graves, las Salas las darán a conocer al Pleno de la Corte, para que resuelva el caso. Cuando se impugne una ley de los Estados, conocerán del recurso las Salas de la Suprema Co.rte, según el turno que lleva la Presidencia. Emitida una tesis, se hará del conocimiento de las demás Salas las cuales en caso de sustentar criterio diverso, lo harán del conoc~ie~to del Pleno de la Corte, para que resuelva lo conducente sin afectar situaciones jurídicas concretas derivadas de sentencias ~ronunciadas con anterioridad. En el inciso e) determina: Cuando la autoridad responsable en amparo administrativo, sea Federal si se trata de asuntos cuya cuantía excede de un millón de pesos o de' aquelllos que revistan importancia trascendente para el interés nacional, a juicio de la Suprema Corte, cualquiera que sea su cuantía. El artículo 88 se adiciona en sentido de que: En el caso en que el Juez d~ Distrito haya declarado ejecutoriada la sentencia por falta del aviso a que se refiere el párrafo tercero, se desechará el recurso de revisión. El artículo 90 se reforma como sigue: Admitida la revisión por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de las Salas y hecha la notificación al Ministerio Público, se observará lo dispuesto por los artículos 182, 183 y del 185 al 191. Admitida la revisión por el Tribunal Colegiado de Circuito Y notificadó el Ministerio Público, el propio Tribunal resolverá lo procedente dentro del término de quince días. El artículo 102 expresa: Cuando la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Colegiado de Circuito desechen en su caso el recurso de queja por notoriamente im16 procedente o lo declararen infundado por haberse interpuesto sin motivo, impondrán siempre al recurrente o su apoderado o a su abogado o a ambos, una multa de mil a diez mil pesos, salvo que el amparo se promueva contra los actos citados en el artículo 17. El artículo 106 menciona lo siguiente: El quejoso podrá solicitar que se dé por cumplida la ejecutoria mediante el pago de los daños y perjuicios que haya sufrido. El Juez de Distrito oyendo en vía incidental a las partes, resolverá lo conducente y si procede la forma y cuantía de la restitución, señalando un plazo final para el acatamiento de la ejecutoria. El artículo 131 se adiciona en el sentido de que: No son aplicables al incidente de suspensión las disposiciones relativas a la misión de pruebas en la audiencia constitucional; no podrá exigirse al quejoso la proposición de la prueba testimonial en el caso en que proceda su recepción.- El artículo 136 se reforma en el sentido siguiente: Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas o por la Policía Judicial, responsable de algún delito, la suspensión se concederá si procediere, sin perjuicio de que se haga la consignación que corresponda. Si se concediere la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable si no se le concediere el amparo. Si la orden de aprehensión se refiere a delitos sancionados con pena cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión, la suspensión sólo producirá el efecto de qué el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito en el lugar que este señale, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para los efectos de la continuación del procedimiento penal. El Juez dictará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del quejoso, para evitar que se sustraiga a la acción de la Justicia y en todo caso deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 20 fracción I de la Constitución. Las partes podrán objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo. En los casos previstos en el artículo 204, se considerará hecho superveniente la demostración de la falsedad del informe previo y el Juez podrá modificar o revocar la interlocutoria en que hubiese concedido o negado la suspensión. En estos casos deberá dar vista al Ministerio Público Federal. 17 �Conviene en este punto expresar nuestro comentario de las enmiendas y adiciones a los preceptos de la Ley de Amparo antes ci tados, es de verse que se refieren hacia las notificaciones que deben hacerse al Procurador General de la R~pública y a los Agentes del Ministerio Público Federal adscritos a los Tribunales Colegiados del Circuito del primer auto dictado por dichos Tribunales en los juicios de amparo directo, interviniendo el Ministerio Público Federal cuando el caso afecte a su juicio, el interés público. Se han elevado las multas para los quejosos y sus abogados en una tasa de mil a diez mil pesos, quedando propiamente al criterio subjetivo del Juez de Distrito, del Tribunal Colegiado o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ausencia de motivo en la demanda de amparo, sin que puedan contarse con bases razonables o lógicas o supuestos normativos idóneos en que apoyar al criterio del juzgador. La oscuridad del precepto puede ocasionar sanciones injustas. Tratándose del amparo contra leyes, se concede a la Suprema Corte de Justicia de la Nacion el conocimiento del recurso de revisión en lo tocante a Leyes Federales, conociendo el Pleno y en lo referente a Leyes Estatales la revisión debe ser resuelta por las Salas de la Suprema Corte. En amparo administrativo, se establece la cuantía de un millón de pesos o la importancia o trascendencia para el interés nacional, respecto del recurso de revisión que debe conocer la Suprema Corte de Justicia. También se estatuye una multa de mil a diez mil pesos para los quejosos, representantes y abogados tratándose de quejas desechadas por improcedencia notoria o que se declaren infundadas, habiéndose interpuesto sin motivo. En este particular se reitera que será una apreciación unilateral por parte del Tribunal Federal de revisión, el que se utilice para la imposición de la multa y su cuantía. La más trascendente de las reformas, en nuestro concepto es la que se contrae a los artículos 131 y 136 de la Ley de Amparo, porque esas normas contemplan la suspensión del acto reclamado y la segu!!da de ellas, opera respecto de la suspensión en materia pen~l: El texto anterior del artículo J36 de la Ley de Amparo establecía: Si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a dispo18 sición de la Autoridad que deba juzgarlo cuando el auto emane de un procedimiento del orden penal por lo que hace a la continuación de éste en los casos de detención por orden de autoridades administrativas, el quejoso podrá ser puesto en libertad provisional mediante las medidas de aseguramiento y para los efectos que expresa el párrafo anterior. En los casos de detención por mandamiento de autoridades judiciales del orden penal, o de auto de prisión preventiva el quejoso podrá ser puesto en libertad bajo causión conforme a las leyes federales o locales aplicables al caso. Ahora bien, el principio que rige la procedencia de la suspensión cuando en amparo se reclaman actos de autoridades administrativas o no judiciales, que afecten la libertad personal del agraviado, consiste en que es obligatorio para el Juez de Distrito otorgar dicha medida, en forma provisional, conforme al párrafo final del artículo 130 Y párrafo segundo del artilculo 136 de la Ley de Amparo. Si la privación de la libertad no ha sido ejecutada, debe suspenderse para el efecto de que no se detenga al agraviado, sin perjuicio de que se le consigne judicialmente por el delito que se le atribuya. El Juez de Distrito debe decretar las medidas de aseguramiento que considere adecuadas, tendiente a evitar que el quejoso se sustraiga a la acción de las autoridades responsables. Si la detención se hubiese realizado, el Juez de Distrito puede poner al quejos~ en libertad provisional, decretando las medidas de aseguramiento convenientes para que el agraviado no se sustraiga a la acción de la Justicia. La concesión de la suspensión provisional o de la definitiva contra los efectos de una orden de aprehensión o de un auto de formal prisión respecto de la libertad personal del quejoso, en el caso de que no haya sido detenido, ha provocado múltiples comentarios muchas veces desfavorables para lo~ Jueces de Distrito que otorga~ el beneficio suspensional, llegándose a considerar que ello implica un obstáculo para la administración de justicia, que coloca a los delincuentes en una aparente situación de impunidad. Por ende, debe analizarse jurídicamente tal cuestión. En primer lugar la suspensión c_~ntra una orden judicial de aprehensión o un auto de formal pris10n, debe concederse siempre a petición del quejoso. En segundo 19 �lugar, deben aplicarse las disposiciones contenidas en los artículos 124, 130 136 y 138 de la Ley de Amparo cuya interpretación jurídica conduce a la conclusión irrebatible de que el Juez de Distrito tiene facultades y prudente arbitrio para conceder o negar la suspensión provisional del acto reclamado, decretando las medidas que -éstime convenientes para el aseguramiento del quejoso a fin de que éste no se sustraiga a la acción de las autoridades responsables si no se le concede la suspensión definitiva, siendo dichas medidas, la garantía pecuniaria, la comparescencia periódica ante el Juez del Amparo o ante las autoridades responsables, el arraigo, la vigilancia policíaca e inclusive reclusión en el sitio que determine el Juez Federal. Para conceder o negar la suspensión definitiva contra los efectos o consecuencias de una orden judicial de aprehensión o de un acto de formal pi::isión en lo tocante a la libertad personal del agravio que no ha sido privado de ella el Juez de Distrito debe determinar, si en el caso concreto, no se perjudica el interés de la sociedad, ni se vulneran nor mas de orden público, pues tales supuestos contemplan la suspensión. Conforme a la doctrina sustentada por el Dr. Ignacio Burgoa y que estimamos acertada, el artículo 136 de la Ley de Amparo, no establece disposiciones sobre la procedencia de la suspensión definitiva, pero ni siquiera de la suspensión_provisional, sino que estatuye reglas respecto a la eficacia, o alcance de los diversos casos que dicho precepto contempla y que se refiere a las afectaciones de la libertad personal por actos futuros inminentes o pasados, provenientes de autorid~des judiciales o administrativas y aludiendo a la orden judicial de aprehensión o al auto de formal prisión reclamados en amparo, el otorgamiento o negativa de la suspensión definitiva en lo que atañe a la libertad personal del quejoso se norma por el artículo 124 de la Ley de Amparo, precepto que es aplicable en todos los casos en que se trata de la suspensión a petición de parte. La Tesis Jurisprudencia! Número 661 del Apéndice al Tomo én 98, reiterada en la Compila9ión de 1965 bajo el número 181 y el Apéndice 1975, bajo la Tesis 185, sostiene la idea de que; por modo absoluto la suspensión 9ontra cualquier acto que afecte o restrinja la libertad personal debe concederse independientemente de la naturale20 za del delito que se atribuya al quejoso y de la gravedad de la pena correspondiente, si bien dicha jurisprudencia se apoya en una interpretación errónea del artículo 136 de la Ley de Amparo, que, repite, contiene reglas de eficacia o extensión de la medida suspensional perro de ninguna manera las normas de procedencia de la medida, las cuales establecen propiamente en los artículos 124 y 130 de la Ley de Amparo. Resulta-pertinente anotar que en noviembre de 1955, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia emitió una circular, mediante la cual altera o varía la Jurisprudencia que el propio Alto Tribunal había sustentado en relación con la procedencia y alcance de la suspensión en los juicios de amparo en que se reclaman actos que afectan la libertad personal del agraviado; y mediante la citada circular, que se formuló como un estudio aclaratorio o de orientación para los. Jueces de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, se mantiene el criterio de que la suspensión es improcedente contra actos que afectan o restrinjan la libertad, cuando el delito que se atribuya al agraviado se sancione con una penalidad media aritmética mayor de cinco años de prisión, contradiciendo así la finalidad de las medidas de aseguramiento que el Juez de Distrito puede decretar conforme al artículo 136 de la Ley de Amparo y aún contrsU"iando las normas expresas que sobre la suspensión se consignan en los artículos 122, 124 y 130 de la Ley de Amparo, quyo texto es claro e imperativo, El Maestro Burgoa en su obra el Juicio de Amparo destaca que la procedencia de la suspensión se estatuye en los artículos 130 (suspensión provisional) y 124 (suspensión definitiva) de la Ley de Amparo. Que los Jueces de Distrito pueden conceder o negar la suspensión provisional contra los efectos y consecuencias de una orden judicial de aprehensión o auto de formal prisión en lo que atañe a la libertad personal del quejoso conforme a las reglas establecidas en los preceptos antes citados. Que el acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de Noviembre de 1955 es contrario a la Constitución General de la República y a la Ley de Amparo. Por consiguiente, al introducir el legislador federal en la en21 �mienda de 1980 al artículo 136 de la Ley de Amparo el criterio que se contiene en la referida Circular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, restringiendo la suspensión del acto reclamado en los amparos en ques se reclaman órdenes privativas de la libertad, sin verificar las necesarias reformas o adiciones a los artículos 124 y 130 de la Ley de Amparo, la mencionada enmienda deviene antitética de las normas de procedencia de la suspensión del acto reclamado que se establecen en la Ley de Amparo, mutilando las facultades legales de los Jueces de Distrito para conceder el beneficio suspensional contra órdenes de aprehensión o derivadas de una formal prisión, mediante las medidas de aseguramiento convenientes en el caso, máxime que la reforma resulta confusa, cuando alude a que en los casos de aprehensiones por delitos sancionados con pena cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito en el lugar que éste señale, lo que puede interpretarse en sentido de que el Juez Federal debe conceder la suspensión mediante reclusión domiciliaria del agravido. Creemos que resulta necesario qué los Colegios de Abogados, y el Instituto Mexicano del Amparo realicen un detenido y sabio estudio de las cuestiones relacionadas con el nuevo artículo 136 de la Ley de Amparo, a fin de que sea certeramente reformado, ante la antinomia de dicho precepto con los artículos 124, 130 y 138 de la Ley de Amparo. Sin incurrir en hipérbole, pensamos que la reforma al artículo 136 de la Ley de Amparo, constituye sin quererlo una cárcel ominosa para el amparo indirecto en materia penal, lo cual contradice el espíritu mismo de la institución, esencialmente concebida como un sistema protector de la libertad. Conviene enfatizar que somos herederos en Nuevo León de un rico patrimonio de ideas liberales que nos han legado los próceres juristas de las generaciones precedentes a las nuestras. Por ello los abogados de Nuevo León ligados a nuestro pasado histórico, a las preocupaciones del presente y tramitando ahora el futuro, de las nuevas generaciones, con fé inquebrantable en la ~qsticia y decidido esfuerzo, debemos continuar luchando simpre por la libertad dentro del Derecho. 22 �CESAR GARZA ANCIRA LA HUELGA- REFORMAS DE 1980 Es indudable que en la tarea singular de impulsar el progreso dentro "de la Ley, respetando la libertad, afirmando el derecho social y realizando la justicia, ocupan un lugar relevante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. El derecho de huelga es una de las más grandes conquistas de los trabajadores en su lucha permanente por las reivindicaciones sociales y por el mejoramiento de clase. INTRODUCCION En todo estado de derecho, una de las tareas de más elevada jerarquía de la Administración Pública consiste en procurar la actualización -de las normas jurídicas para atender los requerimientos sociales propios de cada momento histórico. La legislación del trabajo no puede ser un derecho estático, sino, al contrario, para llenar su función tiene que ser un derecho dinarmco cuyo objetivo podría sintetizarse en la frase de André Malraux: "justicia social en la libertad". La Exposición de Motivos de la Iniciativa destaca: " El derecho es la norma de convivencia por excelencia. Las normas que rigen el proceso para alcanzar la justicia deben obligar a la eficiencia. No basta con la posible aplicación de una norma, también es menester que ello se haga con justicia; y es necesario que se norme con apego al derecho, con rectitud y que se haga con oportunidad, porque la misma experiencia histórica ha demostrado que la justicia que se retarda es justicia que se deniega.. La paz social a cuyo mantenimiento pueden contribuir las reformas y adiciones propuestas a la Ley Federal del Trabajo, es un presupuesto necesario para que el desarrollo del país alcance su plena realización". En estas páginas sólo ofreceremos un enfoque de síntesis de las reformas procesales relativas al procedimiento de huelga. 24 Se ha verificado una completa reestructuración del Derecho Procesal del Trabajo, como parte de la Reforma Administrativa que se encuentra en curso. Advertimos, que por razones de técnica jurídica se reubicaron varios artículos que regulan el procedimiento de huelga y que actualmente se encuentran incluidos en la parte substantiva de la Ley. Se dan nuevas normas relacionadas con el ejercicio del derecho de huelga, evitando el trámite de emplazamientos cuando ya existe un contrato colectivo de trabajo depositado anteriormente y aplicable a la empresa; así como prórrogas excesivas. Se incluyen reformas y adiciones muy relevantes en esta materia que recogen la experiencia de los Tribunales de trabajo y de los sectores directamente interesados. El procedimiento de huelga en términos generales es similar al que se sigue ahora. La experiencia ha comprobado que las normas vigentes son adecuadas para reglamentar los preceptos constitucioLIC. CESAR GARZA ANCIRA.Académico de Número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo. Académico de Número de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del T,·abajo. Miembro de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo. Catedrático de la Maestría de Derecho del Trabajo en la Universidad Regiomontana. Catedrático de los Cursos de Pre-especialización de Derecho Social en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 25 �cionales. Sin embargo, como hemos mencionado con antelación se modifican algunos textos. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO DE HUELGA. La huelga es un procedimiento que permite a los trabajadores obtener la solución de un conflicto colectivo de trabajo, lo que quiere decir que no es, en sí misma, el conflicto, sino su manifestación externa y un procedimiento para buscar su solució'1; de ahí la necesidad de que los trabajadores huelguistas planteen el conflicto al patrón; indicándole sus peticiones. El escrito de emplazamiento de huelga· es el documento que contiene el planteamiento del conflicto y el anuncio de que si no se da satisfacción a las peticiones, se suspenderán los trabajos. En el texto del artículo 920 se precisa que el procedimiento de huelga se inicia mediante la presentación del pliego de peticiones. Conciliación y Arbitraje o las Autoridades mencionadas en la fracción II del artículo 920, bajo su más estricta responsabilidad harán llegar al patrón la copia del escrito de emplazamiento dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de su recibo. Esta ampliación del término de veinticuatro a cuarenta y 09ho horas no significa un retroceso, por el contrario denota una aceptación a la realidad que lleva el propósito de ver que la Ley se cumplimente en forma exacta. Las reglas de derecho no están recluidas en los Códigos como en una vitrina; están operando en la vida de los hombres donde para conocerlos no basta conocer la fórmula ni aprender la historia; hay que verlos .operar , es decir , ver como se comportan los hombres respecto a esa regla, no sólo aquellos a quienes toca mandar sino también a quienes corresponde obedecer. El objeto de la ampliación obedece incuestionablemente al incremento de los conflictos de huelga y al estudio que tiene que hacer el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje y los trámites pertinentes al tenor del numeJi:Í 923, y en su caso, desechar el escrito de emplazamiento de huelga que encuentre adecuación en alguna de las hipótesis previstas por el juzgador. REQUISITOS DE FORMA. INTERVENCIQN PERSONAL DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA. El artículo 920 que establece los requisitos de forma dispone que deberá sefialarse el día y la hora en que se suspenderán las labores, o el término de pre-huelga. La fracción II del citado precepto determina que la autoridad que haga el emplazamiento remitirá el expediente ( cuando la empresa o establecimiento estén ubicados en lugar distinto al en que resida la Junta), dentro de las veinticuatro horas siguientes, a· la Junta de Conciliación y Arbitraje; y avisará telegráfica o telefónicamente al Presidente de la Junta. El precepto 921 dispone que el Presidente de la Junta de 26 El artículo 923 faculta al Presidente de la Junta de Conciliación Y Arbitraje a no darle trámite al escrito de emplazamiento de huelga cuando éste sea presentado por un sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de trabajo, o el administrador del contrato ley. Sobre el particular, considero muy acertado el que la Ley reconozca expresamente un efecto importante a la titularidad de los contratos colectivos, fortaleciendo así a las organizaciones sindicales; Y evitando al mismo tiempo planteamientos de huelga que no corresponden al verdadero interés de lus trabajadores cuyo centro de labores va a suspender actividades. 27 �Se autoriza también en el citado dispositivo 923 al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje para desechar el escrito de emplazamiento de huelga cuando se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo, no obstante existir ya uno depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. Cabe apuntar al respecto lo relevante que resulta detentar el contrato colectivo de trabajo, además de que como afortunadamente lo contempló el legislador en la hipótesis la vía elegida por el promovente no es la adecuada. El no detentar el pacto colectivo, impide a la organización emplazante realizar la huelga, ya que cuando más, tiene acción para pedir la titularidad y administración del citado contrato, reclamación que debe tramitarse en la forma debida, sin constituir alguno de los motivos consignados en el artículo 450 de la Ley Laboral. Pues no es el procedimiento de huelga el medio idóneo para obtener del patrono el reconocimiento de la personalidad del sindicato emplazantl!, sino el procedimiento especial que establece la Ley (Arts. 892 a 899) en el que demuestre tener la mayoría de los trabajadores y en el que se oiga y se venza al sindicato que en el momento detente el pacto colectivo. Si se le diera trámite la dectaración de existencia implicaría la nulidad del contrato colectivo y, como consecuencia, la desposesión deí derecho adquirido por las partes contratantes, sin ser oídas, ni vencidas en juicio. Siendo pertinente añadir que el punto relativo a cuál de los smdicatos en pugna sea el que tenga derecho a administrar el contrato existente o celebrar otro, no toca decidirlo al patrón. En resumen, el artícuÍo 9::3 recoge las experiencias de los tribunales en la materia, y resuelve un problema que había recibido soluciones contradictorias, pues mientras que el H. Tribunal Col~ do del Tercer Circuito sostie~e: Huelgas. Presidentes de Juntas. Deben dar trámite a los pliegos de peticiones y emplazamientos.- "De aceptarse que el Presidente de una Junta tiene facultades para negarse a dar trámite a un pliego de peticiones y a un emplazamiento de huelga, es tanto como facultar a éste para declarar previamente la inexis• 28 tencia o ilicitud del movimiento, cosa que es inadmisible". (Tribunal Colegiado del Tercer Circuito. Amparo en revisión 114/72. Sindicato de Empleados y Agentes de Ventas de Inds. ubicadas en el Edo. de Jal. y éoags. 8 de mayo de 1972.- Unanimidad de votos.-Ponente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Tribunales Colegiados Séptima Epoca, Volumen 41, Sexta Parte, Pág. 55). En cambio, el H. Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito ha resuelto en diversas ejecutorias: "No puede aceptarse que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sean meros amanueces, obligados a poner en práctica las facultades que la Ley establece; por el solo hecho de que se presente escrito sobre emplazamiento de huelga. Como al admitir y darle curso a un emplazamiento de huelga se determina la existencia de providencias y circunstancias excepcionalmente importantes, la Junta antes de admitir y darle curso al ·escrito de emplazamiento de huelga, debe examinar si -están satisfechas las exigencias fundamentales que la Ley previene, entre ellas, examinar si los emplazantes tienen la calidad, la legitimación que la Ley requiere para el ejercicio del derecho de huelga, toda vez que la personalidad de los actos jurídicos es un presupuesto elemental de procedibilidad y cuando éste falta, es evidentemente notoria la improcedencia de cualquier acción que se pretenda ejercitar, debiendo en este caso el órgano jurisdiccional, rechazarla de plano; sostener lo contrario, sería tanto como derrumbar lé1$ bases que sostienen el equilibrio entre el capital y el trabajo" ( Tribunales Colegiados. Séptima Epoca. Volumen 23. Sexta Parte, Pág. 27). CASOS DE EXCEPCION' El artículo 924 correlativo del actual 453, introduce una importante reforma en el sistema en práctica, que justifica el firme propósito de evitar que una institución jurídica al servicio de la justicia social, se desvirtúe con fecuencia. El espíritu protector de los derechos de los trabajadores, que se encuentra en el origen de este artículo se ha conservado plenamente. El precepto 924 establece los casos de excepción en que pue29 �de ejecutarse una sentencia, practicarse embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio en contra de la empresa o establecimiento, o secuestrar bienes del local en que se encuentren instalados, no obstante haberse verificado la notificación del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, cuando antes de estallar la huelga se trate de: I. Asegurar los derechos del trabajador, especialmente indemnizaciones salarios pensiones y demás prestaciones devengadas, hasta por el'imprte d~ dos años de salarios del trabajador. II. Créditos derivados de la falta de pago de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social. 111. Asegurar el cobro de las aportaciones_que el patró~ tiene obligación de efectuar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores; y IV. Los demás créditos fiscales. . En todos estos casos, es evidente que se trata de proteger un interés de muy alta jerarquía desde el punto de vista social, ya que es posible que el privilegio contemplado de que a partir de la notifi~~ ción del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga no podra ejecutarse sentencia alguna, etc., pretenda utilizarse en forma indebida como medio de eludir el cumplimiento de obligaciones legítimas, de~irtuándose con ello, gravemente los fines de beneficio colectivo que persigue la Ley; y que en realidad el emplazamiento de huelga constituya sólo una mampara o escudo de protección para intereses particulares deleznables. Advirtiéndose, que en el último párrafo de este precepto que utilizando las palabras del eminente Jurista Francesco Carnelutti: "Hay ·que mirar, remirar y volver a mirar", se precisa que en todo caso las actuaciones relativas a los casos de excepción señalados, se practicarán sin afectar el procedimiento de huelga. UNA SOLA PRORROGA. Se estipula en el artículo 926 que la prórroga de la huelga debe necesariamente ser solicitada por los trabajadores para que la Junta la conceda, y sólo se admite por una vez. El precepto de mérito 30 evita prórrogas excesivas en el procedimiento que acarrean perjuicios para ambos factores de la producción. En la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (marzo-junio 1979, Núm. 1) sustentamos la tesis de que el período de prehuelga no podía estarse prorrogando en forma indefinida, esgrimiendo como argumentos "Que el efecto y la prohibición de embargar a que se refiere el actual 453 de la Ley de la Materia, no puede generar eternidad, dado que ese concepto se contrapone al texto del artículo 17 Constitucional que claramente nos habla de cuestiones que tienen principio y fin. Que si el legislador tuvo por socialmente útil no caonsgrar la perpetuidad de las acciones iniciadas, tampoco pudo querer esa perpetuidad en el tiempo para los términos. De aceptarse la tesis de que las huelgas se pueden prorrogar sistemáticamente, se caería en el despropósito de marchar contra la estabilidad y fijeza que deben revestir los estadios procesales, los cuales así nunca tendrían consistencia ni seguridad. De tal manera que hay un imperativo categórico, una razón de intéres público, social, una necesidad útil en que las oosas ocurran contra la tendencia y la actitud que nuestra crítica provoca. Bajo ese perfil, la conducta colectiva de prórroga indefinid~ por ru motivación y fines no corresponde arquetípicarrrente a Ia dinámica del ejercicio del derecho de huelga. Hay que buscar la armonía de la sociedad que se da como lo dijo el Benemérito, en el respeto _del derecho ajeno, nada más". Reafirmamos nuestra tesitura en diferentes Foros Académicos señalando: "Que si el derecho del trabajo responde a un ideal de justicia social, si las peticiones en la huelga tienen como exigencia fundamentl la de ser concretas, actualizantes y prepondera en el proceso de calificación el principio de brevedad procesal, y es evidente que la filosofía jurídica, las reglas de interpretación, los argumentos de equivalencia y aún de mayoría de razón vienen a ser aplicables a las normas procesales de mérito, debemos concluir que el período de prehuelga no puede estarse prorrogando en forma indefinida. Que ello no implica, limitar o restringir el derecho reglamentado sino adecuarlo a su verdadera naturaleza y alcances, constituyéndolo en un 31 ��RECUENTO UNICOS CON DERECHO A VOTO. to de huelga mediante el laudo respectivo en cuanto al fondo de la rnisma, para que cese la paralización procesal de los conflictos de naturaleza económica y la de las solicitudes que se presenten. 'El artículo 931 fracción II determina que los únicos que tendrán derecho a votar en la prueba del recuento son los trabajadores de la empresa que concurran al mismo. Ya la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria dictada en el Amparo directo 669/1972 había establecido: "De acuerdo con el artículo 462 frac' ción IV, de la Ley Laboral, en el recuento de los trabajadores únicamente se tomará en consideración el voto de los que hayan concurrido al mismo, no así el de los que faltaron, quienes deberán sujeterse al resultado de aquél". (Amparo directo 669/1972. Sindicato Nacional de la Industria del Acero, Hierro, Manufacturas Metálicas, Metales y Similares de la República Mexicana. Mayo 10 de 1972. 5 votos. Ponente: Mtro. Euquerio Guerrero López. 4a. Sala Séptima Epoca, Volumen 41, Quinta Parte, Pág. 35 ). GUARDIAS PERMANENTES Como en el procedimiento de huelga todos los días y horas serán hábiles, la Junta tendrá guardias permanentes para tal efecto (Art. 928 frac . III ). EXCUSAS. Como los miembros de la Junta no son denunciables en los términos del artículo 710 de la Ley Laboral, ni se admiten más incidentes que el de falta de personalidad, debe entenderse que no cabe que se excusen de los conflictos de huelga, aunque se encuentren comprendidos en alguno o algunos de los ~upuestos a que se refiere el artículo 707 de la propia Ley invocada ( Art. 928 frac. IV ). RESOLUCIONES DE INCOMPETENCIA. En las resoluciones de incompetencia se hará saber a las par~es que ·1as actuaciones conservarán su válidez, pero el término para la suspensión de las labores, correrá a partir de la fecha en que la Junta designada competente notifique al patrón haber recibido el expediente (Art. 928 frac. V ) . NOTIFICACION A LOS TRABAJADORES DE LA RESOLUCION DE INEXISTENCIA Cuando la Junta declara la inexistencia del estado legal de huelga, fijará a los trabajadores un término de veinticuatro horas para que regresen a su trabajo, que deberá notificarles por conducto de la representación sindical {Art. 932 frac. II ). HUELGA, CONTINUACION DE LABORES Y DESPIDO DURANTE EL ESTADO DE. CARGA DE LA PRUEBA. \ Si la empresa se paraliza desde cierta fecha en virtud de un movimiento de huelga, ello implica que se suspénden las relaciones de trabajo, atento lo establecido por el artículo 447 de la Ley Federal del Trabajo. Así, si un trabajador afirma que continuó prestando sus servicios a la negociación después de que estalló la huelga y que en el lapso de huelga fue despedido, a él corresponde demostrar tales afirmaciones, que presuponen un estado de excepción a la situación que es consecuencia obligada al estado de huelga, y si no logra tal demostración, debe absolverse a la empresa. TESIS IMPORTANTES SUSTENTADAS POR LA SALA LABORAL, DURANTE EL AÑO DE 1979. Huelga inexistente, regreso de los trabajadores a las labores en caso de. Carga de la prueba. El artículo 463 ( 932) de la Ley Labo- 34 35 �ral establece: "Si la Junta declara la inexistencia legal del estado de huelga: I. Fijará a los trabajadores un término de veinticuatro horas, para que regresen al trabajo". Lo anterior significa que la disposición de la ley impone a los trabajadores la obligación de presentarse al centro de trabajo y si este hecho es negado por la contraparte, corresponde a los trabajadores demostrar su comparecencia al lugar de sus labores dentro del término que señala el artículo en cita, si fue fijado en la resolución de la Junta que declaró la inexistencia de la huelga y fue notificada oportunamente a las partes. patrón. . (Amparo directo 974/73. Transportes Urbanos Círculo Rojo. S. A.-4 de septiembre de 1979. Unanimidad de 5 votos. Ponente: Mtro. Santiago Rodríguez Roldán. H. Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). (Amparo directo 6031/78. Benigno Rincón Mora y otros. 16 de abril de 1979. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Alfonso López Aparicio. Secretario: Carlos Villascán Roldán ). Huelga, resoluciones durante el procedimiento de. "Como las resoluciones tomadas por una Junta durante el procedimiento de huelga, son completamente ajenas al juicio laboral que se plantea con motivo del sometimiento que los trabajadores hacen ante la misma para que decida el conflicto que la motivó; resulta que sólo se puede impugnar en Amparo Directo el laudo de la Junta en que arbitra sobre el conflicto laboral que le fue sometido a su conocimiento y decisión". (Amparo directo 3835/78. Artes Litográficas, S. A. 10 de septiembre de 1979. 5 votos. Ponente: Juan Moisés Calleja García. Secretario: Silvia Pichardo. Precedente: Amparo directo 3122/79. Hotel del Monte. 5 de septiembre de 1979. Ponente: Alfonso López Aparicio. Secretario: Carlos Villascán Roldán). PAGO DE SALARIO CAIDOS. Por disposición del artículo 937 de la Ley Federal del Trabajo, la huelga termina con el laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y consecuentemente la reanudación material de las labores enla empresa, acontecimiento de- realización impredecible, no deber ser tomada en cuenta para la condena a los salarios, pues es posible que las labores permanezcan interrumpidas por causas no imputables al 36 37 �NICOLAS MARTINEZ CERDA EL JUE4 GARCIA ROMERO El nombramiento de Magistrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de don Luis García Romero, "replantea el tema del hombre ante la justicia que imparte". El ideal completo, para realizar una pronta y regia administración de justicia, es el de tener buenos jueces y buenas leyes. Dino Grandi en relación al proyecto del Código Procesal Civil italiano acota: "La reforma de las Leyes es ante todo una reforma de hombres". El ilustre español don Luis Jiménez de Asúa, solía decir que él prefería un juez a lo magnaud, que el ininmejorable proyecto del código penal de Ferri, y yo pienso que ante una disyuntiva y parodiando al maestro español, yo prefiero un juez honorable, sabio viril e insobornable como lo ha sido don Luis García Romero, que el más moderno proyecto de Código Penal, en el que se consagre las orientaciones filosóficas y jurídicas de la dogmática penal, si ese ordenamiento es aplicado, por quienes han llegado a las altas jerarquías jurisdiccionales por el favor político, vislumbrando su pavorosa orfandad jurídica, "y se r~ordean en las altas jerarquías como si la justicia no sirviese para defender la Constitución sino la hacienda y la conciencia de los políticos; pero hoy nadie se acuerda de ellos, sino es para conmiserar sus mezquinidades. "Que la historia os perdone como yo os perdono", decía implacable el emperador. He detestado el elogio aéreo, el ditirambo al igual que el Sr. Lic. García Romero, pero con providad intelectual he sabido manifestar mi profundo reconocimiento, a quien por su saber, y por su Lic. Nicolás Martinez Cerda.- Agente del Ministerio Público Federal. 39 �brillante actuación nos merece el respeto y la admiración, y el juez García Romero desde el sitial que ha ocupado durante muchos afios en el Poder Judicial Federal y en charlas, ha dejado muestra desusaber y de su ingenio poco común que se esparce y fascina a quienes convivimos con él, y sus sentencias de amparo, son defensa a las Garantías Individuales por medio del Juicio de Amparo, y al igual que los grandes Jueces de Distrito de ayer ha protegido, a base de golpes de cinsel nuestra Constitución. Cronos otorga ya dilatadamente el cargo de Magistrado de Circuito al Sr. Lic. don Luis García Romero, no obstante haber dedicado con pasión su vida a ia Justicia de la Unión, llevando con alta dignidad la toga del juzgador federal, en él no hay flaquezas, no hay halagos, no hay servilismo, y ante la palabra insinuante del político es admirable su austeridad, porque es un hombre de formación, un hombre que asume posiciones en base a ideales; y ante al autoritarismo y ante la influencia, sus sentencias son claras y terminantes. Lejana pero meritoriamente le es concedida por el Pleno de la Suprema Corte la Magistratura, en su largo peregrinar pasa por la Secretaría y Juez de Primera Instancia, Ministerio Público Federal y Juez de Distrito. Como profesionista, nutre su vida estudiantil en la Universidad de Morelia, ahí se forja en las disciplinas jurídicas y aprende la noción de la dogmática del Derecho, posteriormente en la UNAM, estudia filosofía y ahí conoce a Eduardo García Maynes. En la · Universidad de su Estado que es Michoacán, en el área de las humanidades toca el mérito de presentar al gran escritor don Alfonso Reyes, y la presentación no es casual, pues ya Goethe había subrayado que sobre los grandes hombres solamente deberían hablar los que fueran tan grandes como ellos. En el Poder Judicial Federal se sostiene con su pernsamiento audazmente avanzado, apreciando los hechos, valorando las pruebas con señera lógica-jurídica, pues el juic;:io silogístico del positivista don Porfirio Parra encuentra eco en don Luis García Romero. En una época en que hay ausencia de valores universales, de valores nacionales, en una época en que Ministros del Supremo Co40 legio ya consagrados, fallan y salen de la Corte para militar y enrolarse en los artificios del juego de la política; en tiempos en que dolorosame_n te esa crisis como avalancha desumanizadora invade la universidad, convirtiéndolas en burla de la cultura, en una época en que "ni hay exégesis, ni hay ·escuela científica sino farsantería", la figura mode~tísima y al mismo tiempo hierática, de don Luis García Romero, se convierte para la vida tribunalicia y para el foro nacional, en vivo ejemplo, ahí está el testimonio de reconocimiento del maestro Ignacio Burgoa, porque el juez ascendió en base al mérito con solidez moral y cultural, y aunque sus fallos en ocasiones los calificaran de injustos o se inconformaran con ellos, nadie le reprochará su convicción, como Ministerip Público Federal adscrito al Juzgado Segundo de Distrito del que fuera su titular el Sr. Lic. Luis García Romero, le impugné en ocasiones sus fallos, había disentimientos de ideas , de concepciones, y entre ambos se comprendía que las funciones son unas Y que la amistad es un valor de mayor jerarquía, pero jamás hice juicio crítico de su convicción plasmada en su acto jurisdiccional; porque lo conocía de tiempo y porque sabía que ha representado la dignidad de la Toga; su dilatado ejemplo en la Judicatura es opuesto al de los "Jueces obsecuentes con sus pasiones y con el ejecutivo o postulantes sin consciencia o políticos. Don Luis García Romero ha sido Juez y lo que es f undamental, ha sabido serlo, con sentido del deber aplica al emblema lógico la grandez del espíritu, que humaniza la pena impuesta en su sentencia, sin tjue ello implica una trasmutación al ámbito legislativo, En~ carrera judicial, consciente de que la dignidad humana vive, si los encargados de hacer justicia cumplen con su deber, más de una vez, tiene problemas con sus superiores, y en cierta época con el Presidente de la Corte, hay constancia de ello en los informes del alto colegio, y se sostiene en el imperativo de lealtad de su conciencia y en la in terpretación justa de la Ley de Amparo, conviviendo la suspensión provisional como una medida cautelar, para dar en el caso de los Vallejistas, vivencia jurídica social a la ética y a la justicia, interpretando la Ley sin llegar a convertirse en su creador, Aquí defiende Garante e imperturbable la independencia del Poder Judicial, Una corte sumisa es una dependencia del ejecutivo "que conspira contr~ la Cons41 �titución y crea una justicia circunstancial modesta y oportunista. José Angel Ceniceros afirma: "En determinadas épocas, cuando hay corrupción de la Administración de Justicia como reflejo de una corrupción mayor en otros sectores de la vida pública, una adecuada interpretación de la Ley, parece ocupar un lugar secundario ante el hecho de la conculcación de la Ley misma, de la violación de los preceptos que ella contiene, no por error de interpretación, ni por conflictos del juez con el hombre, sino por venalidad, por ceder al soborno o a la influencia del que tiene el poder". (Ley e Interpretación). No tarde pero si lejano se le ha nombrado Magistrado a don Luis García Romero, y como conocedor de la filosofía, del Derecho y de la dialéctica desempeñará su cargo con el argumento convincente, con la réplica pronta y justa y si es necesario también hiriente porque de su bagaje cultural brota la palabra fácil y ática, y hablará' con su verdad subjetiva y apasionada. Don Luis García R~mero no discursea, "ni hace reverencias, como que sabe de la alta dignidad del encargo, y aunque no alardea de ello, conoce de sus méritos intelectuales y morales. No es un menesteroso a quien se le dispense inopinado favor, ni llega de la política a aprender Derecho", ni ha salido del sector obrera, ni ha sido general para llegar a ocupar el alta sitial de la magistratura, él ha sido un perceverante catedrático, fue funcionario judicial de provincia y como Juez de Distrito sus sentencias son monumentos de equilibrio, sobriedad y de sabiduría, "a las cuales se dirigían afanosos los estudiantes en busca de la prísti: na verdad, los togados en persecución de una idea que les confirmase su criterio o fuese tan convincente que les hiciese desistir su propósito". Tiene artículos académicos de revista, pero falta por publicar las diversas monografías que tiene en preparación, y porque no decirlo que serán el puente para llegar al Tratado. El maestro J. Ramón Palacios en torno a la inamovilidad nos dice que esta institución exige de los mejores jueces "no olvidemos que en LOS ESTUDIOS, el isigne Carnelutti acotaba que si es desgracia un mal postulante, encarna un perjuicio de poca entidad compa42 rado con el de un mal juez, porque mientras aquél puede ser eliminado del patrocinio, el juez seguirá en todos los negocios siendo juez . .. Rabasa. el gran constitucionalista mexicano, al comentar la designación de Marshall como Ministro de la Corte Norteamericana, expresa: "El Presidente Adams, al nombrarlo, sabía que designaba a un hombre de grandes cualidades; pero no creyó,seguramente, que aquél era el acto más trascendental de su gobierno para el porvenir de la Nación". En nuestro país continúa diciendo el ilustre maestro Palaciospodríamos parafrasear, pidiendo a nuestros Presidentes, que al designar a cada Ministro, crean fundada e indudablemente sin que el tiempo los desmienta, que están haciendo honor a un jurista de los mismos anhelos y saber de Vallarta, que marcará indelebles los rumbos luminosos de la libertad y el imperio de la Constitución para honra de·la Nación... Que cada Magistrado se sienta el Vallarta en ciernes ( se refiere a los Magistrados de los Estados recordando a León Guzmán) , que defienda con énfasis, valentía, honestidad y sapiencia, la justicia de sus sentencias y el decoro de la Magistratura. Si el funcionario no siente palpitar en el fondo de su alma sana, perenne pasión por la búsqueda del Derecho y la impartición de la justicia, aún a costa de una vida mediocre, relegada, que sólo compensará el recuerdo de las pósteros cuando se haya ido para siempre; ése, el que es ajeno a la noble frucción que agita el alma del estudioso cuando encuentra, o creá el menos, hallar la verdad; ése, el que no puede con vocación in declinable renunciar a los vanos homenajes, a los honores inmerecidos, a las promesas innobles, a los silencios cómplices, y emitir su voto desafiando al poderoso, ése, el que no trepida con la inmensa tarea de la justicia; que no mancille con su aceptación un cargo que no le corresponde y que arroje, como Neso, una Toga que no le pertenece. Símbolo de la Magistratura, la Toga mancha si se lleva estampado el compromiso o no es la justa recompensa al mérito; ¡nunca 43 �hace digno al indigno! Salud amigo, maestro y Juez García Romero, "que alcanzasteis lo que d~be poseer el juzgador; estar más allá de todo temor Y de toda esperanza". JORGE MONTEMAYOR SALAZAR LA TRIPLICIDAD DE FUNCIONES DEL PODER ESTATAL Sumario: 1.-Las funciones del poder. 2.-Funciones formales y materiales. 3.- La funciC:,n legislativa. 4.-Consideraciones sobre la función ejecutiva.. 5.-La función jurisdiccional. l. Las Funciones del Poder Funciones del Poder son ejercicios de expresión potestativa que el Estado lleva a cabo en cumplimiento de su tarea. Para la exteriorización de esas manifestaciones, la potestad pública se vale de medios orgánicos específicamente constituidos. Sus atributos y competencias están precisados expresamente en la ley. Las funciones del poder, al surgir por medio de diversos órganos, evitan que su ejercicio pueda concentrarse en perjuicio de la integridad política y social del pueblo. Aunque un solo órgano podría ser el encargado de la expresión potestativa, esto no es conveniente en vista de que todo concentramiento de poder inclina hacia el despotismo y la arbitrariedad. El uso del poder estaría supeditado más a la voluntad de un hombre que a los imperativos de una ley justa y estable. LIC. JORGE MONTEMAYOR SALAZAR Catedrático de Teoría Gral. del Estado Y Derecho Constitucional de la Fac. de Derecho y Ciencias Sociales de la U. A. N. L. 44 45 �Son tres las funciones del poder: La legislativa, la gubernativo-administrativa y la judicial. Por medio de estas tres funciones, el poder del Estado se transmite y obra en el pueblo. Todo acto de poder se identifica con esta clasificación tripartita de funciones. El funcionamiento de la legislación asegura al ciudadano la presencia de leyes generales y obligatorias que norman y encauzan los comportamientos sociales. Un poder ejecutivo que promueva Y proyecte la tarea de administración y gobierno, permite una mayor confianza en el diario convivir del hombre en sociedad política. Los problemas del hombre con el hombre o de éste con el Estado, no deben de perturbar la paz pública; es por ello necesario depositar en una función judicial el atributo de juzgar y sentenciar. Cada función, con su respectivo campo de competencias, participa del poder contenido en el Estado. No se trata, como se ve, de que cada "función" sea un "poder" distinto e independiente. El poder es indivisible en su naturaleza; por tanto es imposible pensar en la existencia de diversos poderes en la actividad autoritaria del Estado. 2. FUNCIONES FORMALES Y MATERIALES En su ejercicio, las funciones del poder tienen dos aspectos, el uno formal, el otro material. En virtud del primero las funciones son calificadas de acuerdo no a ·su naturaleza, sino en atención al órgano que las realiza. El segundo aspecto-sentido material- se toma en cuenta analizando el contendio mistno de la acción potestativa expresada. Las manifestaciones del poder, reunen en su objetividad los aspectos material y formal. Existen algunos casos en donde el sentido formal y material no concuerdan en el ejercicio de una función determinada. Cuando, por ejemplo, el ejecutivo desarrolla, en cumplimiento de la ley, una función que por su contenido material es tipicamente judicial, se dice: "Es un acto formalmente ejecutivo, materialmente judicial". Este caso no sólo se_ presenta en la tarea ejec1:1tiva. Las tres funciones del poder, en cumplimiento del _o.rden jurídico, pueden desarrol4tr en algunos casos, funciones que materialmente no concuerden con su aspecto formal. Ello, sin embargo, no perturba el sentido y marcha del poder. El aspecto formal se funda en su dispositivo legal. Está surgido de la realidad preceptiva 46 del derecho. Se apega a lo que las n_ormas señalan. Brota de las disposiciones jurídicas que otrogan al órgano de poder su competencia o atribución. El aspecto material es juicio, consideración o estudio de contenidos concretos. Estas situaciones que se observan en el ejercicio del poder, no representan, en ningún momento, intromisión de las funciones entre sí. Se trata de experesiones de autoridad fundadas en facultades jurídicas que la ley concede a los órganos potestativos del Estado. Presentes las condiciones que la ley señala para que el órgano intervenga, éste estará en aptitud legal de hacerlo. La expresión de las -funciones descansa, fundamental y esencialmente, en el respeto y obediencia de la ley. 3. LA FUNCION LEGISLATIVA La vida del Estado, en donde los sucesos políticos y sociales se originan continua e intermitentemente, requiere de un conjunto de normas legales -justas y apropiadas- que encaucen eficazmente su existencia y trayectoria. El orden de las leyes es necesario, pues estando establecidas, los miembros de la comunidad conocen expresamente sus derechos y obligaciones. La legalidad se constituye en principio directriz de la expresión político-social. Todo acto, sea del Estado o del particular, debe de apegarse a los lineamientos preceptivos del derecho. La norma jurídica, como regla de conducta y observancia obligatoria, nunca ha sido ajena a ninguna forma de organización política. El Estado, como principal gestor del bien público, debe de enmarcar su acción y la de los ciudadanos en un cuadro de firme legalidad. Los principios de la ley llevan ese propósito y emergen de la misma sociedad política que los desea e instaura. De aquí que los contenidos de las normas -sean permisivas, impertivas, sancionadoras o prohibitivas- deban de estar apegadas a la realidad social de donde afloran. La ley, en cuanto protectora del orden y la seguridad socio-política, no debe hacer concesiones en menoscabo de su tarea. Su función es específica. Si la norma jurídica aparece ante nosotros con visos de especial Y trascendente importancia, es necesario que el encargo de la función legislativa se deposita en un cuerpo colegiado llamado con47 �greso, el cual suele estar formado por dos partes denominadas cámaras. Cada una de ellas posee un ámbito propio de competencias. En algunos asuntos pueden conocer indistintamente cualquiera de las dos. En otros, es necesario que resuelvan conjuntamente. En un sistema parlamentario: cámara alta y cámara baja. Las representaciones legislativas son puestos de elección popular. Los miembros de cada una de las cámaras son elegidos por el pueblo, para que ejerzan su cargo durante el tiempo que señala la ley. Las sesiones que realiza el congreso pueden ser: ordinarias y extraordinarias. Los dos períodos de sesiones son indicados por la ley. Los períodos ordinarios están prefijados concretamente en la norma legal. Los períodos ordinarios están prefijados concretamente en la norma legal. Los períodos extraordinarios existen condicionados a la presencia de ciertas circunstancias que la misma ley señala. En estas reuniones las cámaras conocen -entre otros asuntos- de los proyectos de ley que les han sido presentados. Relizadc el estudio y discusión de los mismos, el órgano legislador puede reformarlos, aprobarlos o recharzarlos: El jefe del ejecutivo y los legisladores suelen tener la facultad de proponer proyectos de Ley. Iniciación, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación e iniciación de la vigencia son pasos sucesivos que se presentan en la cración de la norma. Constituyen el proceso elaborativo de la ley. Las funciones ejecutiva y legislativa intervienen en el desarrollo de este procese. La iniciación se presenta cuando las autoridades competentes proponen al Congreso un proyecto de ley para su estudio y resolución. Las cámaras que reciben el proyecto deliberan y discuten sobre si es de aprobarse o no. Aceptado el proyecto de ley, se configura el tercer aspecto del proceso legislativo: la aprobación. Esta aprobación por parte de las cámaras, debe de ser sancionada por el ejecutivo. Aprobada y sancionada, la ley se promulga y se da a conocer a todos aquellos que deban acatarla. La publicación de la norma es requisito indispensable para que la misma pueda ser conocida por ·todos los ciudadanos. Al expedirse la ley se indica, en su texto, la fecha en que habrá de empezar a surtir sus efectos. Ese momento marca la iniciación de su vigencia. 48 Realizado totalmente el ciclo .formativo de la ley, ésta surge con ciertos rasgos o características que le proporcionan su auténtico sentido. Esas características son las siguientes: La generalidad , la abstracción, la impersonalidad y la permanencia. Toda ley carente de estas notas distintivas, debe ser negada como tal. Los medios de impugnación establecidos para esos casos nos confirman lo anterior. ~ ley es general, pues se aplica a todos aquellos que se encuentren en las condiciones previstas por la misma. Es abstracta e impersonal porque su existencia se perfila a orientar, ordenar y encauzar acontecimientos naturales o humanos de interés para el derecho y no a imponerse indebidamente a alguien en particular. Los efectos de las disposiciones legales se producen al realizarse sus supuestos normativos. La norma g~neral -por otra parte- no se agota o .termina en su ejerc1c10, es permanente. A diferencia de esto último, la ley privativa se extingue con su ilegal aplicación. Este tipo de leyes, al tiempo que socavan la seguridad política y jurídica del gobernado, desvirtúan la esencia misma de la ley. Arremeter y atentar contra la libertad, la seguridad, la igualdad jurídica, no es tarea que competa a la norma de derecho. El principio de legalidad encuentra un fuerte apoyo en la justicia y generalidad de la ley. Los sistemas para originar las leyes pueden diferir en uno o en varios de sus aspettos. Esto no obsta para que la función legislativa lleve a cabo su misión. La norma plasma las condiciones bajo las cuales la persona habrá de adquirir y ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones. Lo jurídico circunscribe- asimismo- la acción potestativa del Estado en el ámbito del derecho. Se dan en esta forma situaciones jurídicas precisas de consecuencias altamente provechosas para todo el conglomerado. Los vaivenes e inquietudes sociales originados en la ausencia de un derecho escrito, ceden al paso de un orden legal, firme y cierto. Las relaciones entre los particulares se normatizan y estructuran por medio de un derecho privado. El funcionamiento de la actividad del Estado y sus vinculaciones con los ciudadanos se formulan en un derecho público. "Ligada a un ordenamiento preciso, la acción de lá autoridad, ora en materia civil, ora en materia pública, se salva de los escollos de la incertidumbre, la incoherencia y la arbitrariedad partidarista. Todos los que, con cualquier 49 �calidad, están constreñidos al deber de la obediencia, súbditos o funcionarios, saben cómo deben conducirse. Por su parte, los gobernantes están dispensados de improvisar cada vez las soluciones necesarias. El método y la continuidad rigen el gobierno del Estado; la seguridad 11 y la confianza reinan entre los administrados • 1 lan de las nuevas realidades que laten en el pueblo. La ley, como obra humana, no puede prever todos los casos futuros, ni tampoco los cóntinuos cambios que se presentan en el panorama estatal. Es por ello necesario que el legislador esté siempre atento al desenvolvimiento colectivo. Los aspectos material y formal de la ley se hacen presentes en su configuración. En la normatividad legal se conjugan esencialmente y se nos ofrecen en la realidad preceptiva del derecho. No es posible, jurídicamente, pensar el uno sin el otro. La ley, en su contenido, deberá estar orientada al logro de los objetivos axiológico-jurídicos. El carácter formal de los preceptos del derecho emergerá del proceso de crea~ón jurídica que realiza el órgano de poder competente para ello. El precepto jurídico ideal es aquel en donde a lo formalmente válido se vincula un contenido intrínsecamente valioso. Adoptar un criterio formalista y fijar la atención en un formulismo independiente o ajeno a los contenidos normados, es una actitud errónea y peligrosa. Las disposiciones más descabelladas e injustas serían leyes con sólo haber cubierto las etapas gestativas de la norma. Ignorándose el contenido de las normas, éstas pierden en su proyección y trascendencia. Las prescripciones generales que la ley señala deben ser medios apropiados al mejoramiento y desarrollo social. Es por ello necesario que sus contenidos sean cotrelativos a tales fines. El insigne jurista español Francisco Suárez, al hablarnos de la ley nos dice que es: "Un precepto común, justo y estable, suficientemente promulgados". En esta breve definición se encuentran puntualizados -clara y objetivamente- los aspectos material y formal de la normatividad jurídica. 4. CONSIDERACIONES SOBRE LA FUNCION EJECUTIVA La acción y ejercicio de la función legislativa es siempre constante. Lo es porque las realidades políticas y sociales que normatiza son variables y fluyentes. El desarrollo social en todos los aspectos, provoca el surgimiento de nuevas y diversas situaciones comunitarias que el Estado debe de normar a fin de fortalecer el bien y la seguridad general. Las leyes del pasado, óptimas y eficaces en su tiempo, dejan de serlo cuando sus contenidos normativos se desvincu1 DABIN. JEAN, Doctrina General del Estado, Ed. Jus, México, 1955, P. 247. 50 Es común oír llamar función ejecutiva a aquella expresión potestativa que se realiza a través del órgano ejecutivo. No obstante, el término suscita diversas controversias. Se dice que esta función es mal llamada ejecutiva, debido a que la misma no sólo se concreta a ejecutar sino que tiene su propia facultad de iniciativa. Algunos la consideran como una función administrativa. tomando en cuenta la labor que desarrolla en la previsión y resolución de las necesidades sociales. Otros piensan que se trata de una función gubernativa debido a la amplitud de su tarea. Como se ve, existen los más variados criterios para calificar la mencionada función. Es tan general el horizonte y tan particular la terminología, que incluso se han hecho uniones o combinaciones, tales como: función político-administrativa-; función gubernativo-administrativa. Nosotros preferimos esta última consi' derando lo siguiente: A) Función ejecutiva. Designación imprecisa y confusa.-B) Función administrativa. Aunque en cierta forma administrar es gobernar, el calificativo sólo refiere un aspecto parcial y secundario.-C) Función gubernativa. Mención que denota al máximo la manifestación suprema del imperium estatal.- D) Función gubernativo-administrativa. La unión de conceptos - gobernación y administración- en vocablo compuesto, permite objetivar el significado propio de la función en forma precisa y fiel. Siendo tan distintos los argumentos y tan variadas las conclusiones que se pueden obtener, trataremos de precisar un sentido veraz de la función gubernativo-administrativa. El sentido y concepto de esta función ha sido esbozado y tratado por diversas teorías. Las definiciones sobre la misma son por tanto múltiples y diferentes. Las Teorías más nombradas son las siguientes: 51 �, la. Teoría de los fines. De acuerdo con esta concepción, las funciones del Estado se distinguen tomando en cuenta los fines que persigue la acción estatal. Así, la función legislativa crea ~l ~erec~o y la función judicial lo ampara. La función ejecutiva o adm1rustrativa resguarda los intereses del Estado. M. Hauriou, define -desde _u~ punto de vista finalista- la función administrativa com~:. "L~ ac~v1dad del Estado en cuanto se emplea en crear y hacer vivrr la institución del Estad~ ". 2 Otro de los exponentes de esta teoría, Arthur, expresa: "Administrar consiste en proveer por actos inme~~tos ~ i~cesantes a la organización y el funcionamiento de los servicios pubhcos". 3 Las definiciones expuestas no aciertan a precisar el sentido de la función administrativa. Se confunde el carácter de las funciones., Es oportuno indicar la diferencia que existe entre las funciones del Estado y las funciones del poder. Las primeras nos muestran los atributos del Estado orientados a la realización de los fines políticosociales: La paz, la seguridad, el bien público. Las segundas son actividades propias y determinadas que los órganos del Estado expresan en cumplimiento de su potestad. 2a. Teoría de la actitud especial del Estado en la función administrativa. El teórico alemán Paul Laband es su principal defensor. Según esta doctrina "La acción del Estado" se halla contenida en la expresión y ejercicio de la administración pública. La legislación Y la jurisdicción representan la voluntad y el pensamiento del Estado respectivamente. El Estado administra "En cuanto que aparece actuando". 4 El tratadista alemán nos dice: "Un Estado que se contentara con hacer leyes y dictar sentencias se dislocaría bien pronto; es que no puede cumplir la misión que le está impuesta por su fin, sino por acciones, de la misma manera que el individuo no realiza solamente la misión de su vida propia por su voluntad y su pensamiento, sino que también por su actividad. Es preciso que las leyes sean aplicadas; que las sentencias sean ejecutadas. Así, se opone a la legislación y a la justicia, la ejecución; a la voluntad y al peru;amiento del Estado, la 2 Ci tado por R . CAR RE D E M A LBERG, Teo ría general d e l Esta-:lo, Ed . F o ndo . d e Cu ltura actividad del propio Estado". 5 Consideramos que ninguna forma de organización estatal -por más rudimentaria que sea- es concebible s4i, que proyecte y ejercite las típicas funciones del poder. Las funciones potestativas del Estado no se cierran en sí mismas: todo lo contrario, en íntima· y estrecha colaboración participan en la consecuencia de su significativo fin. La situación que plantea Laband nos conduce a formular las siguientes preguntas: ¿ Puede haber ejecución sin legislación y justicia ? ¿ Acaso la actividad o acción no presupone pensamiento y voluntad? Si la administración es acción y la legislación juicio ábstracto ¿ cómo se puede explicar la interrogante anterior? 3a. Teoría que ve en la administración una función de ejecución de las leyes.- Esta tendencia de ver en la administración una función de ejecución legal, se reviste también de una idea finalista. Berthélemy nos dice que la administración es la actividad que desarrolla el poder ejecutivo para ejecutar la ley. Gabino Fraga, jurista mexicano, comentado esta teoría en su obra Derecho Administrativo se pregunta ¿ qué debe de entenderse por ejecución de la ley? Para responder a esta pregunta analiza dos posibles criterios de apreciación: lo. Se hablará de ejecución de la ley cuando la actividad que despliega está autorizada por una disposición legal. Se puntualiza el apego de la acción al derecho. 2o. La ejecución se formulará en las tareas de la administración para dar efectividad a las normas legislativas. Analizando el primer criterio, es de deducirse su imposibilidad para originar un auténtico sentido de la administración. Establece una igualdad finalista entre las diversas funciones. Si todas_se hallan autorizadas por las normas del derecho, tendrán que ser absolutamente ejecutivas - según este criterio doctrinal-, lo cual no es posible, dado el carácter específico de cada una de las funciones del poder estatal. Otro de los aspectos enjuiciables es el de confundir la autorización con la ejecución misma. No debe entenderse por Económi ca, México, 1948, p . 428. 5 3 Ibídem . Citado Por FRAGA, GABINO, D erecho A d ministrativ o , Ed . Porrúa, M éxi'<o, 1960, t. 1, c. v, N o . 45. 4 Ibídem. 52 53 �ejecutar la ley, usar de una autorización que ésta concede. Si así se hiciere se tendría que afirmar que los particulares también ejecutan la ley cuando celebran un contrato determinado. Considerando el segundo criterio, el maestro mexicano concluye que muchos actos que no se concretan meramente a ejecutar la ley, quedarían fuera de la función administrativa. Tomando en cuenta los resultados que se obtienen de esta teoría -o muy amplios o muy estrechos-, Gabino Fraga, considera que la misma no es de utilidad para dar un concepto acertado del ejercicio administrativo. 6 6 Por su endeble y errónea fundamentación, esta teoría es hoy rechazada universalmente. La administración no se puede concretar a la sola ejecución de la ley. Muchas de las acciones que desarrolla en su manifestación no concuerdan con tal sentido. Pensar al modo de Berthélemy es suponer -falsamente- que las leyes poseen especial y precisa contextura para prever sobre acontecimientos futuros e inciertos. La vida multifacética del Estado nos muestra diariamente la diversidad de nuevos hechos sociales que sin estar normados por las leyes, deben de ser regulados o vigilados por parte de la autoridad. El ejercidio de la función administrativa se hace presente en todas aquellas situaciones imprevisibles en donde el interés o la seguridad pública están en riesgo o juego. . 4a. Teoría de Duguit. Según León Duguit el acto subjetivo y el acto condición forman el contenido de la función administrativa. El acto-regla emana de la legislación. Por razón del efecto que producen los actos jurídicos pueden clasificarse en: Actos reglas, actos subjetivos y actos condición. En virtud de los primeros se crea, modifica o extingue una situación jurídica general. El acto subjetivo crea, modifica o extingue una situación jurídica individual. El tercer acto condiciona la aplicación de una situación jurídica general a un caso particular. Nos dice pues el jurista francés que la expresión ad- ministrativa se efectúa por medio de actos subjetivos y actos condición. Como se ve, el maestro de Burdeos aprecia el funcionamiento administrativo desde un punto de vista plenamente jurídico. Reconoce, sin embargo, la influencia e importancia de los actos materiales que la administración lleva al cabo. 5a. Teoría que distingue entre las funciones formales y las funciones materiales. De acuerdo con un criterio formal, la función se determina observando el órgano legalmente competente que la produce. La función material se deduce del fondo mismo de la acción ejercitada. Con el fin de captar el sentido intrínseco de la función administrativa, un grupo de juristas ha analizado los principios y fundamentos de la misma y expresado luego sus juicios personales al respecto. Tratando de mostrar las diversas apreciaciones que sobre el tema se han hecho, anotarnos algunas de las planteadas. G. Meyer, nos dice que la administración comprende todas las decisiones que regulan un asunto particular o un caso individual. Seligmann, declar'l que se hace imposible la delimitación entre la legislación y la adm:nistración, si se aparta uno de la idea de que la ley estatuye a título general y el acto administrativo a título particular. Esmein, define el acto administrativo como un "acto particular". Duguit, afirma que "El acto administra.tivo es siempre un acto individual y concreto". Jéze, sostiene que el acto administrativo tiene por carácter distintivo "referirse a un caso particular". La administración, para León Duguit, es una función que crea "situaciones jurídicas especificas". La ley representa un derecho objetivo: norma general y abstracta. La administración apegada y de conformidad con la ley, expresará su tarea competencia!. El acto administrativo es necesariamente una decisión particular y concreta. 7 Algunos autores -Paul Laband, George Jellinek, Maurice 7 6FRAGA, GABINO, Derecho Administrativo, Ed. Porrúa, México, 1960, t . 1, c, VI, No. 43. 54 CAR RE DE MALBERG, R . Teoría general del Estado, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1948, pp. 433, 434. 55 �Hauriou- creen que el acto legislativo y el acto administrativo, pueden tener indistintamente un alcance general e individual, pero que no tienen la misma materia. Para ellos "El conjunto de prescripciones que fijan los derechos y las obligaciones de los individuos forman el orden jurídico y legal del Estado. Toda decisión tomada dentro de los límites de este orden jurídico y legal del Estado. Toda decisión tomada dentro de los límites de este orden jurídico es una manifestación de la actividad administrativa del Estado".ª Los contenidos de la acción administrativa, sean de carácter general o particular, se harán presentes dentro de un régimen jurídico existente. Estos autores ven en la administración un medio para cumplimentar las leyes. Observan también el apego que profesa a las mismas. Destacan y reconocen el poder amplísimo que tiene para tratar y resolver -dentro de la ley y en su ámbito de competencias- los asuntos de más urgencia y necesidad en el Estado. George Jellinek, en su obra Teoría general del Estado, nos dice: "Dentro del círculo de actividad administrativa cuyo contenido está determinado por la ley, existe un elemento de actividad libre junto a la actividad jurídicamente reglada. Las acciones , en el primer caso , no tienen otra norma que el deber que corresponde a los órganos del Estado, pero no puede ser constreñida por ninguna clase de principios jurídicos especiales. La administración jamás es mera ejecución· o aplicación mecánica de reglas generales a casos particulares, precisamente porque no es exclusivamente actividad autoritaria, sino que lleva en sí actividad social. La administración posee, por tanto, un campo de libre iniciativa, que puede ser limitado por reglas jurídicas, pero cuyo contenido no es determinable por esas reglas. La administración, en sentido material, contiene ... dos elementos: el de gobierno y el de ejecución. Aquél contiene la iniciativa y reglamentación; éste la aplicación de lo ordenado" .9 La teoría que distingue las funciones en su materia y en su forma se inicia en Alemania, transmitiéndose inmediatamente a todos lo& Estados. El amplio concepto que en el caso concreto de la admi8 9 1bid, p. 435. JELLINEK, GEORGE, Teoría general tal, S. A ., México, 1958, pp. 503-504. del Estado, Compailia nistración establece, revela su propiedad y certeza. Con suma claridad analiza los más diversos aspectos del ejercicio administrativo. por sus méritos es hoy la teoría más reconocida y aceptada. Una vez descritas las principales teorías que sobre la función administrativa se han expuesto, es necesario adoptar una posición respecto a su naturaleza y precisar sus principales aspectos y características. El panorama que nos muestran las diversas concepciones puede parecernos desarmonizado. Sin embargo, no impide que nuestra atención fije, en forma concreta y fiel, los puntos más sobresalientes y aceptables de las mismas. Puede decirse, por tanto, de la función gubernativo-administrativa lo siguiente: lo. Se expresa por medio del órgano ejecutivo. Su tarea es "Obrar doquiera que la necesidad de intervención se manifieste; proveer, prever, preparar: en lo ordinario y en lo extraordinario, en el interior y en el exterior, todos los días sin discontinuidad". 10 2o. La actividad de la función gubernativo-administrativa está subordinada al orden preceptivo del derecho . Comúnmente, en su expresión, produce efectos legales de creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas particulares. 3o. Su tarea puede ser considerada desde los puntos de vista formal y material. El primero nos remite a la competencia legal del órgano de poder. 4o. La actividad de la función gubernativo-administrativa comprende tanto la ejecución de leyes, como la expresión de la más amplia facultad para reglamentar y organizar su servicio. En el campo del ejercicio administrativo es posible detectar dos tipos de actos: el meramente material y el estrictamente jurídico. Editorial Continen- 10 OABIN , JEAN, op. cit. p, 245. 57 56 �5. LA FUNCION JURISDICCIONAL La vida diaria de la comunidad se orienta en sus más diversas expresiones por un orden jurídico legalmente establecido. El respeto al mismo propicia la paz y tranquilidad del todo social. Cuando la seguridad y el orden de la comunidad es perturbado gravemente o se está ante la posibilidad de que lo sea, el Estado debe de intervenir a fin de proteger el bienestar colectivo. La existencia y fomento de un adecuado y dinámico régimen de justicia es tarea fundamental en la constante acción del Estado. El derecho norma la convivencia humana. La ley establece preceptos generales frente a los cuales estamos comprometidos. Hacemos mención de esto tomando en cuenta el carácter tutelar que la función jurisdiccional tiene para con el derecho. El Estado, por medio de la función jurisdiccional, se avoca al conocimiento y resolución de todos aquellos casos en donde el derecho ha sido ofendido o está en vías de serlo. Interviene también para esclarecer situaciones dudosas de derecho o para declarar condiciones de obligatoriedad. Un requisito indispensable debe ser cubierto para que el órgano judicial pueda conocer e intervenir en asuntos de su competencia: debe solicitarse·-por parte de interesado- expresamente su ejercicio. La promoción de parte es condición previa a la actuación judicial. Este derecho que se tiene de poner en movimiento la maquinaria judicial es llamado: Derecho de acción. Por medio de él,· el accionante ejercita la facultad de pedir a los órganos jurisdiccionales la aplicación de las normas jurídicas al caso concreto, con el propósito de decidir y resolver sobre el hecho y derecho cuestionados. "El derecho de acción es -según Rocco- un derecho subjetivo público, del individuo para con el Estado, que tiene como contenido substancial el interés abstracto a la intervención del Estado para la eliminación de los obstáculos, que la incertidumbre o la inobservancia, de la norma aplicable en el caso concreto, puede oponer a la realización de los intereses protegidos. Objeto de este derecho es la prestación, por parte del Estado, de su actividad jurisdiccional para 'la realización forzosa de los intereses de tutela cierta ". 11 Siendo la función jurisdiccional la encargada de juzgar y decidir en derecho, la autodefensa o venganza privada al mismo tiempo que prohibida se hace innecesaria. fundamental y La actividad jurisdiccional se manifiesta esencialmente a través de un proceso normado por la ley. Se asegura, jurídicamente, el conocimiento que debe tener el juzgador sobre los hechos o actos cuestionados. Se protege, así mismo, la igualdad que ante la ley tienen las partes para comparecer en juicio y hacer defensa de sus pretenciónes. El juez tomando en consideración los elementos de convicción surgidos durante el proceso, dictará su resolución final. La sentencia judicial se confirma como verdad legal al no impugnársele en el término que la ley establezca o al no existir medio para ello. La sentencia es el acto característico de la función jurisdiccional. El proceso sirve de medio a la consecución de aquélla. La sentencia y sus efectos crean una situación jurídica determinada. "El Estado, por medio de las funciones legislativa y administrativa, crea situaciones jurídicas que deben, dentro de la normalidad de la vida social, ser voluntariamente respetadas. Cuando ese respeto voluntario no existe, cuando esas situaciones o los actos que las engendran son motivo de duda, de controversia o de violación, el Estado debe de intervenir para evitar que los particulares lleguen a imponer por la fuerza su derecho, a hacerse justicia por su propia mano". 12 En estricto apego a la ley, la función jurisdiccional desarrolla su ejercicio a fin de conservar el orden del derecho. Como se ve, la presencia de la función jurisdiccional es imprescindible en la vida del Estado. El desarrollo social sólo puede propiciarse en un ambiente de confianza, paz y seguridad. La función jurisdiccional de la potestad estatal constituye de manera significativa a ello. 11 12 58 DE PINA, RA FAEL Y CASTILLO LARRAÑAGA , JOSE , Der echo P1ocesal Civtl, fcl. Porrúa, México, 1958, P. 1 3 2. FRAGA, GABINO, op. c it., PP. 49-50. 59 �La misión de juzgar es reconocida como una de las tres funciones por las que el Estado expresa su poder. No obstante, algunos tratadistas del Estado han discutido sobre ella en sentido muy singular. El profesor belga Jean Dabín en la parte especial de su obra: "Doctrine Générale de l'Etat. Eléments de Philosophie Politique". ( C. l. Secc. II, No. 158 ) expone tres planteamientos en donde los autores: Maurice Hauriou, R. Carré de Malberg y Eismen, discurren sobre la función jurisdiccional en forma equívoca y poco feliz. las funciones manifestativas del poder. La misma, no puede ser desconocida como tal. Sus motivos de existencia y sus fines de ejercicio, están identificados con el propósito esencial de todo Estado: El funcionamiento adecuado y cabal de una responsable administración de justicia. Maurice Hauriou, le niega el carácter de función política tan solo porque se circunscribe al campo de lo contencioso. Ignorando que zanjar conflictos, por medio del proceso, es también función necesaria a_la realización de los fines políticos. R, Carré de Malberg, manifiesta que la función jurisdiccional no constituye, en el Estado, una función distinta. Su principal argumento: La solución de los conflictos no es monopolio de los jueces. Señala que existen algunas otras autoridades que se encargan de decidir sobre cuestiones de derecho Y, en consecuencia, de desempeñar un papel jurisdiccional. Malberg, confunde las funciones con los órganos. Las funciones en su aspecto formal y material pueden no coincidir sin que por ello dejen de ser expresadas por los órganos de poder competentEtS legalmente para hacerlo. Eismen, por último, pretende reducir la función jurisdiccional a una supuesta función ejecutiva, de la que aquélla fuera una rama. El juzgador obra en ejecución de lo que la ley señala. Eismen, incurre en el engaño de no apreciar el proceso como medio y la sentencia como resultado. La labor del juez durante el juicio y al dictar sentencia, no es tan sólo la de aplicar fríamente las disposiciones de la ley. Toma en consideración todos y cada uno de los aspectos presentados durante el proceso para conformar su criterio decisional. Ni el proceso es un incidente de ejecución, ni el juez un mero ejecutor de la ley. Juzgar es cosa distinta que aplicar la ley. La función jurisdiccional está plenamente caracterizada. Es por ello impugnable todo intento de someterla o incorporarla a otra de 60 61 �RAUL RANGEL FRIAS "LA SOBERA.NIA CONSTITUCIONAL" * El inesperado honor que me concede la presencia de todos los que aquí me hacen compañía, me obliga a que dedique estas brevísimas palabras de preámbulo para dar las gracias al Sr. Director de la Facultad de Derecho, a los señores Profesores que se han dignado asistir, a los compañeros estudiantes y a los amigos todos. Nunca menos que ahora puedo ofrecerles el contenido de estudios que pudieran contribuir a iluminar tesis académicas o hacer avanzar capítulos de la ciencia del derecho constitucional, mucho menos en un momento en que por constancia propia he podido darme cuenta que ·está presente en la ciudad de Monterrey un distinguido maestro, un singular jurista de gran talento y capacidad como es el Lic. Tena Ramírez. Sea todo ello menos que excusa, un modo de presentar con las menores pretensiones estas reflexiones que voy a hacer, derivadas de mi ocupación durante toda la vida a la cosa púbJica. Desde mi época de estudiante de esta Universidad y la de México, como posteriormente, el hilo conductor de todo lo que he podido realizar está transido de un significado público. Y nada más natural que dentro de ese significado de ocupación pública a que he sido lle- Incluida en este número en homenaje al LX 111 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917 y reconocimiento de esta revista a la personaltdad acadétnica del Maesuo Raú l Rangel Frias. • Versión taqu igráfica de la Conferencia p ronunciada en el Auditorio de la Facultad de Derecho y C iencias sociales de la U. N. L .• el día 2 1 de fcb1e10 de 1967. 63 �vado -unas veces de profesor o de consejero universitario o bien de funcionario público- haya tenido una re,lación intek.ctua1 y otra de experiencia con los factores históricos, políticos y económicos que fraguan esta compleja sociedad mexicana a la cual pertenecemos. I No creo que toda la sabiduría esté ni remotamente contenida en los libros. Soy además un entusiasta de las contribuciones que afloran de los niveles inferiores hasta las más elevadas cumbres de la vida económica y social, para la integración de una personalidad mexicana que cada día se apunta más segura en el horizonte del tiempo; y es por ello que sin la pretensión académica de quien domina una ciencia como es la jurídica y particularmente el campo del Derecho Constitucional, puedo justificar mi presentación en este anfiteatro como la aportación de un hombre que ha tenido una experiencia pública, que puede por lo tanto, independiente de lo que contengan los libros. los tratados y las historias, ofrecer un aporte a esa dilucidación que se va haciendo de los grandes y de los pequeños temas mexicanos. La soberanía constitucional, que hoy nos parece un tema de puro carácter académico, fue un pendón de contienda y una bandera en el camino a través del cual se ha ido efectuando la organización del Estado mexicano. Bajo el nombre técnico y conceptual de soberanía se oculta una intensa corriente de entusiasmo de fervores y de inquietudes, que producen la Independencia mexicana y posteriormente la Reforma e incluso la Revolución · de 1910. Esa idea casi geométrica de la Soberanía tiene un contenido palpitante de interés histórico y de verdad política; y no sólo es el patriotismo exclusivo de los juristas, al estilo de un purista como Duguit u otro como Kelsen. Podría incluso desaparecer bajo fórmulas substitutivas de mayor rigor y de mejor eficacia en la organización del cuerpo constitucional. Pero los conceptos y las palabras del hombre están teñidas de su emoción; y la emoción está teñida de su combate, a veces de su victoria como en otras de sus derrotas. La Soberanía como tema expreso de reflexión jurídica nace en una época de grandes conflictos europeos. Afloran las fuerzas que van a transformar la sociedad medieval o post-medieval en la sociedad industrial que posteriormente se finca en Inglaterra y toma su mayor desarroJlo en este siglo. Pero antes de que se realicen materialmente los postulados de la ciencia y de la técnica contemporánea, el hombre parece prepararse y se ensaya filosófica y politicamente a despejar el camino para que puedan avanzar los descubrimientos hacia su culminación efectiva. En esa época de grandes transformaciones, se parte en pedazos el edificio conceptual jurídico que había dejado la Edad Media como legado a la Europa Occidental. El Imperio es un esquema de organización jurídica, que tomado del viejo Derecho Romano permite a las naciones incipientes de aquel vasto territorio dar una especie de forma o comunidad internacional a los diversos tipos de conflictos y de choques que entre ellos se suscitan. Lo mismo pasa a la Iglesia, que a su vez se apoya en igual estructura; ha devenido a través de mil años en nuevo complejo de relaciones sociales, políticas y culturales que van a llenar las nacionalida.des. Al forjarse la personalidad francesa, la nacionalidad inglesa y restantes, está abriéndose paso una revolución espiritual que todavía, incluso, no termina en nuestros días. Se ampara bajo el lema de libre examen religioso servirá posteriormente para apoyar las pretensiones a la limitación del poder despótico y autocrático de los gobiernos de Inglaterra y de Francia. Esgrimen los juristas el concepto de soberanía como una tesis de réplica y no simplemente de pura invención académica, para hacer frente a una serie de problemas concretos e históricos, particularmente la organización del Estado nacional francés, del Estado nacional español y del Es- 64 65 �tado nacional inglés. Las tres grande~ corrientes de la soberanía podemos encontrarlas representadas en cada uno de esos Imperios, que se van creando por la desmembración de la comunidad medieval europea. En el Imperio español, en el naciente Imperio inglés y en el Reino de Francia -que va a tener realmente su cumplimento y esplendor en las monarquías de los Luises-, la soberanía se produce como un instrumento de combate para liberar las nacionalidades, para organizar interiormente el gobierno y para afirmar en otros casos los derechos del individuo. De manera que este aparejo puramente académico de tesis jurídica, trae consigo y arrastra el c.) ntenido de toda una serie de problemas políticos, históricos, sociales y económicos. Seria imposible que yo entrase en el análisis detallado de cada una de estas corrientes. Quiero de una manera general y sintética, más bien tomando un rumbo filosófico, hacer una caracterización de cada una de ellas. Primero un pequeño preámbulo. En el fondo ¿ qué quiere decir esto de soberanía? Es cierto que parece una palabra inventada por Bodino para responder a la necesidad de la Monarquía francesa de hacer frente a las exigencias del Papado o del Imperio; y una palabra que toma aliento y cobra vida y pasión en la lucha de las sectas religiosas por afirmar su libertad y su fe personal. Pero si el vocablo es en cierta manera novedoso, no lo es en el fondo la idea misma que bu.lle detrás. La idea de soberanía pretende responder a un problema que retomará más adelante aquel hombre atormentado y genial que fue Juan J acobo Rousseau. Es el problema de por qué unos hombres mandan y otros obedecen. En realidad, ningún hombre, dirá más adelante el ilustre ginebrino, puede estar sometido a la obediencia de otro hombre a menos que lo haya consentido. Entonces ¿por qué y cómo es que existe un gobierno que tiene la facultad prccisarr.ente de mar.dar? Por último, ¿cómo es que exista un 66 gobierno con una facultad de mandar soberanamente sobre todos sin limitación? La cuestión de fondo filosófica está penetrada del sentido y la- justificación del derecho mismo. ¿El derecho es simplemente fuerza, arbitrio y una imposición del más fuerte; o existe en toda regla de derecho una validez que supera la imposición de las circunstancias que hacen a uno más fuerte y al otro más débil y que obligan a obedecer a uno y al otro a imponerse? ¿ Cuál es ese secreto por el cual el hombre permite ser mandado y otros hombres tienen facultades para ejercer ese mando? La discusión así planteada, lo recuerdan mejor que yo, procede de los más remotos tiempos de la especulación filosófica griega. Ya los sofistas afirman que el derecho no es sino una convención, un pacto o un arreglo que han hecho algunos hombres para dominar a otros que les están sometidos y que son más débiles. Mientras que lafilosofía clásica de Platón y Aristóteles clama que el derecho es una expresión de la razón natural y de la humana que establece medidas uniformes y reglas de equidad y de justicia. La discusión no termina porque el nivel a que está planteada hace que cualquiera de las _dos tesis pueda representar por un momento determinado el todo de una; o bien en otros, la restante. En realidad, la respuesta te1úa que ser dada más que en los textos de Filosofía, en la organización misma y las constituciones de los pueblos de aquella época. Y la constitución de los puebios de aquella época, con la existencia de la esclavitud y la precaria condición de las relaciones económicas, hace j!- po~ible que no apareciese totalmente más verdadera la tesis de los sofistas que la de los filósofos platónicos. El problema no es al fin de cuentas de tma esencia impenetrable sino cuestión del programa que trate de llevarrn a cabo. En su primer atisbo la filosofía griega ·lo contempla más bien hacia el pasado en el origen del Derecho. 67 �· Cómo fue ,;nosible que unos hombres qué vivian libres ¿ ºd en la naturaleza fueran y acabaran quedando someb os y esclavizados dentro de las reglas de un derecho generalmente despótico y tiránico? La respuesta, más que en las tesis de la filosofía, iba a ser encontrada en los propios textos de la historia vivida de los pueblos. Pero había de tardar todavia mucho tiempo. Mientras, se elabora la idea de que la función de gobernar procede fundamentalmente de una convención o de un arreglo que han hecho los hombres entre sí para escoger al más sabio o al más fuerte: al individuo que deba en nombre de todos imponer el orden y establecer las reglas de la concordia y dirimir los conflictos humanos. La tesis de Cicerón sobre el derecho es anticipo de las teorías que dominan posteriormente la Edad Media y que van a configurar una particular corriente que ha-' ce que la soberanía, o sea, el poder de mandar, derive, en un caso, de una institución original que los pueblos hicieron eligiendo un soberano; en otros, de esa misma elección que hizo el pueblo creando un grupo de representantes suyos para dictar las reglas de gobierno. La Edad Media, conforme a su espíritu religioso y metafísico, organiza esta idea sobre el supuesto de q~e la naturaleza y todas las criaturas que en la misma existen proceden de un Autor. Y ese Autor las ha creado conforme a un orden. El orden de la sociedad, que es a la vez inherente a la naturaleza, tiene su sanción final en el orden divino. La Edad Media crea de ese modo una solución al conflicto planteado entre los sofistas y los filósofos clásicos, con la noción de un derecho, que_ en una parte es resultado de la ev~lución natural de los pueblos, por la otra, tiene su fuente en el Autor Supremo de la ~aturaleza. Hace una combinación en donde se mantienen en equilibrio ambas proposiciones. 68 Pero antes de la Edad Media hay ya una experiencia de cesarismo. El cesarismo procede del antiguo tribuno del pueblo convertido en Príncipe. Y el Príncipe es César. Príncipe o César tienen ahora todas las facultades que antes le estaban concedidas al pueblo y la principal de dictar las leyes. De esa manera se configura la idea del soberano como un hombre que dicta las leyes y las impone, bien que se diga que es a nombre del pueblo. La Edad Media reúne ambas características y consigna que el orden social es un orden de acuerdo con la Creación; y por lo tanto, penetrado de trascendencia divina; Pero como el pueblo en sí mismo no puede por su debilidad y por sus deficiencias personales gobernarse, tiene que nombrar una persona que realice todas estas funciones. Entonces esa persona es el soberano o sea el rey. La soberanía de los reyes de la Edad Media, de los barones o de los señores feudales procede de un pacto, que se supone dado entre el pueblo y el señor, por virtud del cual el pueblo deposita en el señor las facultades que de origen le pertenecen al propio pueblo, per.o que el señor por su mayor conocimiento, iluminación y capacidad va a ejercer en su nombre. En la realidad el soberano, que era un hombre, acabó por ser menos que un servidor de la sociedad, del pueblo o de la nación correspondiente, un tiránico gobernante que llevó al extremo su capacidad de poder. Y en un momento dado ese tirano o esa autoridad de carácter despótico chocó con los intereses que hemos reseñado de índole nacional, económica o religiosá. Entonces brotó la noción de la soberanía, de nuevo, para reclamar una facultad que nunca debió ni ·pudo ser depositada o arrebatada al conjunto de la sociedad misma, pues 69 �le era inherente y no delegada en ninguna forma a un soberano en particular. Tal soberano que representa una composición o arreglo de condiciones en las cuales los hombres que forman el Estado, se han desposeído de su libertad y de sm pertenencias por haberlas puesto todas en manos de un particular, es el señor ungido de Dios. De ahí el famoso prín~ipiod el derecho divino de los reyes. No es porque en efecto se supusiera que Dios en particular hubiera escogido a una persona para gobernar Francia, en lugar de haber escogido a otra que podía haber sido mejor. Se trata simplemente que se había constituído la tradición de una especie de mayorazgo sobre los bienes, territorio, los derechos y las vidas de los franceses. Y ello era sancionado en la persona escogida por el pueblo y la autoridad del Creador de la naturaleza. Sin embargo, aunque la tesis no fuera en sí misma fundamentación de la tiranía o del abuso del poder, en la práctica se convirtió en tál; y de ahí derivó la necesidad de volver a rescatarla en nueva etapa a la cual me referí al principio: de transformaciones de la vida de los pueblos europeos. Un jurista norteamericano dice: la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica sustituyó el Rey por un Documento escrito. En realidad, una de las soluciones que va a tener el concepto de Soberanía es despojarla de la · pertenencia a un jefe o rey en particular y pasarla a una asamblea o establecerla en una Constitución. El mejor tipo de derecho organizado en torno a la persona del Jefe del Estado con sanción divina y humana, es probablemente el de la Monarquía española de los tiempos clásicos del Imperio español de Felipe II. Los tratadistas del derecho natural de la escuela española, que tiene11 una calidad ilustre y han contribuído en gran parte . a la formación del concepto de soberanía, no pretenden 70 de ninguna manera fundar el derecho despótico del Rey a gobernar, sino muy por el contrario consideran la soberanía del ReY. un depósito transitorio que la Nación ha hecho en sus manos y del que darán cuenta en los términos de un mandato o de una encomienda. Pero la teoría iba por un lado y la práctica en sentido de fincar un poder sin limitaciones, un poder excesivo en manos de una persona con descuido de los intereses de los súbditos. La Monarquia absoluta de Felipe II no es del tipo de cacique lugareño o caudillo improvisado en una guerra, es una Monarquía metafísica y religiosa. El Rey es un funcionario y todos hasta el último de los miembros de aquella comunidad tienen una misión que cumplir, confonne a un Código que a la vez resulta ser producto de la vida de los hombres y dictado de la Divinidad. En otras partes se desarrollan diversas corrientes de la soberania. Consideran el poder y la justificación, que reside en la formulación del derecho y la ejecución a casos particulares de este mismo derecho, condicionado a que sean los mismos hombres que lo han creado los que mantengan una verdadera tutela y vigilancia permanentes. De ahí en largas procesiones históricas, se va a originar la tesis de la soberanía del tipo inglés, que reposa en un Parlamento. Y del carácter mismo del pueblo francés y de su propensión a las fórmulas intelectuales va a surgir el otro tipo de soberanía, que es también tipo de corriente constitucionalista que se configura en torno a un catálogo de los derechos del hombre, una estructura de división de poderes y de organización de conceptos perfectamente daros o arquitectura perfecta. El Padre Mier que fue un hombre muy agudo y gracioso para sus observaciones, dice en uno de sus discursos que de la caracteríl?tica del pueblo francés que tiene un gran genio para lo cómico se organizó la Conslitución como u;-ia comedia con escenas bien distribuídas. Lo cierto es que, 71 �en efecto, la organización francesa de la Constitución se aparta de la forma inglesa donde no existe un documento escrito o firma ~ompletamente codificada, sino por precedentes y consecuentes disposiciones básicas; y se aparta de la Constitución española que estableció una especie de teocracia medieval con fórmulas de participación colegiada a través de las corporaciones, los ayuntamientos y las cortes. Y así, en panorámica superficial debemos señalar que de esos tres movimientos: el de tipo español, el francés y el inglés nace nuestro propio documento constitucional. Se ha dicho, lo que es razonable, que nuestra Constitución, sobre todo la Constitución del año de 1824, fue una reproducción de la Constitución Federal norteamericana. Está comprobado que en efecto se hacían traducciones de la Constitución Federal norteamericana en Puebla -una de ellas, se dice, de muy mala calidad- que circulaban entre los constituyentes. Se dice también y parece cierto, que cuando Esteban Austin estuvo aquí en Monterrey, con aquella recomendación que traía del Padre Mier para Ramos Arizpe, le entregó también una Constitución norteamericana; y que todas estas inspiraciones dieron por resultado que en la primera Constitución, ya verdadera o formal de México independiente, se copiara la Constitución norteamericana. / Sin embargo los tratadistas modernos no se han conformado con apreciación tan genérica aunque verdadera; y han puesto de manifiesto que la Constitución de 1824 participa también de la experiencia de los constituyentes que habían acudido a las Cortes de Cádiz; y de la propia Constitución de Cádiz que se había restablecido en el año de 1820. Pero además de la experiencia de la Constitución española, tiene también la Constitución de 1824 la influencia predominante del movimiento político del pensamiento francés, particularmente de Juan Jacobo Rousseau. 72 Haciendo una d¡gresión quiero decir en este momento que el tema del Artículo 39 que se ocupa de la Soberania de la Nación, idéntico en la Constitución del 17 como en la del 57, ya no suscita controversias y esto ocurre hasta nuestros dias. Pero las controversias que se suscitaron para llegar a tal "status" fueron las más intensas y apasionantes, las más lúcidas en la época de la constitución misma de México; en el momento de la Independencia; y particularmente en la Constitución de 1824. Polémica en la que es figura muy importante el Padre Mier. Se ha dicho del Padre Mier que era un centralista; cosa que está por comprobarse y más bien rectificarse, porque en realidad la tesis del Padre Mier se aleja del centralismo tal como nosotros podremos verlo posteriormente realizado en la época de la dictadura de Santa Anna. Retrospectivamente se acusó al Padre Mier de un centralismo del cual no había siquiera una posibilidad de realización todavía. Por el contrario, el Padre Mier que reclama la cabeza del Emperador Iturbide pide que no se otorgue la soberanía a los Estados de la Nación; pero no piensa precisamente en un tipo de gobierno centralista, como luego fue implantado, sino probablemente en un gobierno más próximo al que tenemos hoy y que la realidad impuso. El federalismo del Padre Mier está más cerca de nuestro gobierno de hoy que de las afirmaciones o postulados teóricos del federalismo que se consignó en la Carta de 1824. La verdad es que en el Congreso de 1824 las provincias, como se les decía entonces siguiendo !a terminología española, estaban en plena sublevación. Y no era raro que Guadalajara proclamase un plan don<le se decreta una República Libre y Soberana de Jalisco; ni lo eran los intentos de separación de México que se efeei.uaban en Texas; ni era tampoco remota la posibilidad que todavía suosistió hasta la época de Vidaurri, de la constitución de um República de la Sier ra Madre; ni estaba alejada aquel13. otra ten- 73 �tativa de separar Oaxaca o Yucatán. De manera que el Congreso Constituyente de 1824 se encontró ante una verdadera sublevación de las provincias. Por lo que también tendríamos que rectificar aquella opinión, tan generalizada, que dice que nuestro federalismo fue una copia insensata de la Constitución norteamericana porque nosotros estábamos unidos y el federalismo nos desunió. Lo cierto es que tanto Tamaulipas, como Nuevo León y Coahuila, en Jalisco, en Zacatecas o en Yucatán, una vez desaparecidas las autoridades virreinales, hubo una profunda aspiración a crear gobiernos locales con cierta órbita de independencia propia. De manera que al concederles el Régimen federal la soberanía, aunque entraña una especie de contradicción teórica, se ejecuta un proyecto político indispensable para las circunstancias que estaba viviendo el país. No soy ajeno y al contrario precisamente consciente de ello, que no fue por razones teóricas de esta índole que se separó Texas de México. Pero es indudable que la tesis del federalismo era no solamente de Texas, sino la de muchos otros Estados de la República de aquel tiempo. Cuando el Padre Mier hace su famoso discurso profético y anuncia que el caos, la confusión, el desorden y toda clase de males van a caer sobre la República a consecuencia de que se les otorgue soberanía a los Estados, tiene tanta razón él como sus contrarios. Porque lo cierto es que de una y otra forma los Estados manifestaban una positiva disgregación del centro de la Nación y trataban de obtener un gobierno que estuviera al alcance de los propios recursos, capacidades, costumbres, necesidades y exigencias propias de cada localidad. Habrá que pensar en la dificultad enorme de gobernar: un territorio como aquél; en la necesidad de poderes locales para garantizar en todo momento la impartición de 74 justicia; y el establecimiento de reglas de tráfico tanto mercantiles como humanas. Todo ello atenta la referencia a una Capital lejana con comunicaciones remotas; y considerar las peculiaridades que durante la época colonial había ido desenvolviendo cada localidad, explica por qué -tendían precisamente a la separación. Dicho la anterior, por cuanto a la cosa federal, volvamos ahora al tema de la soberanía en ese Congreso. Ahí se discutió de nuevo la idea de Rousseau y se puso de manifiesto la contradictoria tesis mexicana. La soberanía siendo esencial y originalmente del pueblo no puede ser representada; y en consecuencia toda representación es en cierta manera una contradicción con el principio. Tam~ién se puso de manifiesto que distribuir la soberanía entre los Estados era otra paradoja, porque si existe una soberanía compartida no es soberanía. Y de todas maneras, en uno y en otro caso, se impuso una regla práctica de solución del conflicto estableciendo, a pesar de todo, que la soberanía sería efectiva a través de un gobierno de representantes y que la soberanía sería distribuida entre los Estados de la Federación. De otra manera estos &lados de la Federación hubieran levantado la misma bandera de los colonos de Texas por su independencia de la República Mexicana. De la tesis de soberania" de aquel tiempo, hemos heredado el artículo 39 y otros artículos complementarios del 39 que establecen las reformas a la Constitución; la inviolabilidad de ésta; y la sujeción de todo el orden jurídico; el orden judicial e incluso la resolución de las controversias y el examen de las leyes, al principio de la supremacía de la Constitución. Esto que en principio no tiene objeción alguna, encuentra toc!avia algunas de carficter acadérnico para concil;ar Estados Libres y Sob2r,rnos en su 75 �régimen interior, junto con una que reside esencial y originalmente en el pueblo (la Soberanía Nacional) y que no es la de los Estados. Aquí se nota la doble corriente que se imprimió al movimiento inicial del Congreso constituyente entre una tesis de Confederación de Estados, como fue la origtnal norteamericana, y la que finalmente se impuso de la Federación real o unión de los Estados. Y no solamente unión de Estados, sino el concepto más avanzado de pueblo soberano, realmente único e indivisible, en sus diversas expresiones a través de cualquiera de sus poderes, de todos ellos y en la distribución de Estados y Gobierno Federal. Pero la cuestión al principio tenía que resultar muy paradójica, porque la soberanía seguía consistiendo en una especie de sustancia que abarca el todo de la Nación y que no se explica parciahnente repartida en entidades locales. La soberanía, de prima fórmula, no podia ser ni delegada ni compartida. Afortunadamente se impuso la necesidad política sobre la pura fórmula jurídica constitucional. Algún autor ha dicho, por eso, que a la Constitución le ocurre en su comportamiento lo que a ciertas personas, particularmente algunas bellas damas cuyas inconsecuencias en los principios son las que las hacen más agradables. A este respecto podemos decir que gracias a ese sentido de conciliación de lo práctico con el orden de los principios fue posible establecer un equilibrio entre la razón histórica, la razón jurídica y la metafísica. Y desde el 57 a nuestros días no ha vuelto a hablarse de soberanía. Se da por una conquista hecha y en efecto lo fué, lo mismo que la idea de Federación. No voy a pormenorizar técnicamente todos los aspectos de la soberanía, ni mucho menos de la Federación. Sin embargo, quiero hacer notar que en algunos casos, 76 más el hombre de acción histórica que el de pensamiento, tropieza en este país con esa contradicción de ideas postuladas en nuestros grandes Códigos, una realidad que se esc~bulle y que representa una contradicción o una verdadera paradoja con los principios constitucionales. Una de ellos puede ser este de la soberanía de los Estados. Indudablemente, en principio, esta idea de la soberanía de los Estados no es correcta. La jurisprudencia norteamericana habla simplemente de una cuasi-soberanía de los Estados. Menos aquello que se ha pretendido elevar a soberanía, que es el Municipio libre. Tampoco el Municipio tiene soberanía. La Soberanía perfecta radica, finalmente, no en el Poder federal, o Gobierno federal, sino en el pacto que establece el Poder federal y los Estados mismos. De manera que la Soberanía que para nosotros ahora es la soberanía constitucional, no es ni siquiera la de un Parlamento, la soberanía de un Rey, ni la de una fórmula cualquiera de carácter dogmático. La Soberanía es un conjunto de decisiones históricas fundamentales tomadas sobre los aspectos esenciales de la organización del pueblo de México, de la Nación mexicana. La soberanía tras de estos giros que ha venido sufriendo en el transcurso del tiempo, ha alcanzado una etapa donde, precisamente, ya no se le discute, porque subsiste en el fundamento mismo de la organización juridica. Es como cuando nos ocurre no tener conciencia de la existencia de la atmósfera por la transparencia que le es inherente. Así ocurre con la noción de la soberanía. Se ha trasladado, de una fase en otra, hasta constituirse realmente en la soberanía que es simple y sencillamente el Estado de Derecho y la supremacía de la Constitución. Pero todo esto ha tenido ::¡ue ser verificado con una serie de luchas históricas. Todos recordarán conmigo rápidamente, que a medida 77 �que tornaba el grupo liberal al gobierno del país se hablaba de la soberanía del pueblo y cuando se restituia el partido conservador se hablaba de la soberanía de la Nación. Era el conflicto entre la tesis española y criolla y la tesis propia de una nacionalidad incipiente, como la mexicana, que avanzaba hacia su Constitución propia. La tesis de la soberanía de la Nación que fue alegada por el Ayuntamiento de la Ciudad de México y luego reproducida por los otros Códigos fundamentales, no contiene el principio de que la soberania dimana del pueblo. Puede ser simplemente la Nación Soberana de las Cortes de Cádiz, en que la Soberanía está representada por los cuerpos de tradición y estamentos sociales -la nobleza, el clero, la milicia- que ejercen las corporaciones y ayuntamientos. La tesis revolucionaria de Rousseau pone en movimiento la idea de desamortizar al hombre, que eso es a lo que conduce. Igual que se desamortizó la propiedad en México. O sea a desvincular al hombre de sus estamentos y darle una aptitud de ciudadano libre y universal. Tesis que la Revolución Francesa aportó fundamentalmente a la Constitución del México independiente; y fue la representativa que quedó fija en la Constitución del 57. Tras de esta fórmula tan apresurada de evocar episodios históricos inmensos y de tener que pasar por alto otros menores, quedan en pie algunas cuestiones interesantes. ¿Hasta qué punto son soberanos los Estados de la Federación? No me refiero, como tal vez algunos con malicia piensan, en cosas de carácter económico o político. Me refiero básica y juridicamente a la soberanía considerada constitucionalmente. Este problema me lo suscita la misma pregunta que se hizo el magistrado singular y amigo Lic. Palacios Vargas. ¿Hasta qué punto es compatible la existencia de ciudadanías locales de los Estados con la ciudadanía única y general que tiene todo mexicano?. 78 Si nos atuviésemos a la fórmula original de los Estados Libres y Soberanos, parecería natural que existiera una ciudadanía de cada uno de ellos, porque en esa forma se acentúá que la confederación y la coalición de Estados han hecho la Constitución. Pero si se trata de que el pueblo mismo es el que indistintamente de ser nuevoleonés, coahuilen~ o de Tamaulipas, ha hceho su Constitución; y esta Constitución válida no puede ser contrariada por las Constituciones locales, ni medida por la existencia de una ciudadanía de carácter estatal; más aún, que ha querido llevarse al extremo de una ciudadanía municipal. Esto, a mi parecer, carece de verdadera justificación y reclama una elaboración más técnica de los preceptos relativos. Yo no pongo en tela de juicio, ni me parece dis· cutible el derecho de los Estados de la Federación teridientes a señalar entre los requisitos para ser electo a determinadas funciones populares, las residencias o las cindades en tal o cual punto. Pero lo que me parece llevar al extremo y violentar los argumentos, es darle a todo ese conjunto de meros derechos presupuestales del ejercicio electoral, el carácter de una verdadera y autén-: tica ciudadanía. ve- En este pais no tenemos más ciudadania que la de mexicanos. Todos los demás son simple y sencillamente requisitos presupuestales del ejercicio electoral, con mayores o con menores exigencias, pero que no pueden de ninguna manera ser considerados o catalogados como tales ciudadanías. Incluso, en algunos casos, se debe sostener la tesis de que estas Constituciones de Estado están violando la Constitución General de la República en dicho particular, imponiendo requisitos que la Constitución General de la República contradice. · El caso que menciono es uno de tantos a que puede conducir la tesis de la soberanía de los Estados. La clave para decidir el punto es si se concede que haya una soberanía del Estado, probablemente se tendrá qué 79 �conceder una ciudadama estatal; pero si como, a mi parecer, no existe, deberían suprimirse los requisitos que para ser ciudadanos núevoleoneses se necesitan. De no hacerlo resulta que en este país tenemos dos ciudadanías, y conceder esta especie de franqueable barrera, nos haría recurrir a pasaporte para dirigirnos a Coahuila o a Tamaulipas, porque necesitaríamos la autorización del Estado respectivo. Por último, ligado a este problema de la soberanía y de la ciudadanía, pareja que debe considerarse íntimamente relacionada, quiero recordar un caso célebre que ocurrió y tiene que ver con este problema de la soberanía de los Estados. Cuando el Gobernador Santiago Vidaurri decretó la anexión de Coahuila y Nuevo León los fundió en un solo Estado. Al parecer la tesis del gobernador de Nuevo León era correcta, porque conforme al plan revolucionario en que se movia, estaba facultado al jefe de la revolución, como fuera luego el jefe de la revolución constitucionalista, para dictar todas las disposiciones necesarias a poner en estado de defensa a las p0blaciones y establecer la forma de gobierno. Además, con bastante eficacia. Don Santiago Vidaurri se movió hasta obtener actas de adhesión de los pueblos de Coahuila. Sín que esto haya sido visto de una manera clara, ahora podemos entender con toda claridad -además de las razones públicas o de las sinrazones políticas que adujo- de la validez de un argumento contrario a su tesis ningún Estado y ningunos pueblos en particular fueran los de Coahuila y Nuevo León aunque se pusieran totalmente de acuerdo, pueden variar los términos de la Constitución General de la República. Ello implica la supremacía de la Com;titución y la soberanía real en ella depositada que no está a merced de grupos o poblaciones. Sería tanto como, merced a cualquier arreglo, fuera pacífico o violento, justificar y autorizar que un Estado pida su separación de la República reasumiendo su so- 80 ~ a , así se decía antiguamente, y en uso de la roisma toma!U! el camino de inr.ornoran;;p :\ nn oaís extranjero. Este ejemplo 10 pongo por sólo recordar el caracter }X)lítico de la soberanía y la instrumentación en que vino a parar ·a través de una serie de luchas y procesos históric95 que hoy nos son casi desaper,cibidos, porque quedaron íncorporados al caudal mismo de nuestras instituciones. La polémica sobre la materia que más nos puede interesar es aquella en que participa el Padre Mier y pronuncia su famoso discurso profético. La verdad es que no era nada profético lo que anunciaba el Padre Mier, porque en realidad ya estaba ocurriendo todo lo que prometía. Fue simple y sencillamente un discurso político para poner de manífiesto los problemas que afectaban a nuestra vida económica y social. Pero los hombres de la Constitución del 24 eran hombres forjados en las Universidades y en las Facultades de Derecho de la Epoca Colonial y estaban muy lejos de convivir experiencias más concretas de carácter económico y social, como las que vinieron posteriormente para sobreponerse a las concepciones jurídicas e ír estableciendo preceptos que realmente resolvieran problemas de constitución de un país independiente. El discurso profético del· Padre Mier es bueno que dice: "yo no le temo a los tiranos, pero tan tirano puede ser un hombre como un pueblo y no voy a dar razón a los violentos aunque estos tengan a su favor la fuerza del número. La verdad va de acuerdo con la libertad sin faltar la independencia, pero la independencic sih la libertad no nos sirve para nada". En estos términos concluyo para recordar a _mis amigos juristas como lo hago a mí mismo todos los días, que si bien es alta y elevada la misión del jurisconsulto en el 81 �FERNANDO VAZQUEZ ALANIS ejercicio de su profesión, es importante la atención al complejo de problemas que sólo pueden tener su explicación en la corriente histórica del pueblo mismo. Un jurista insigne pudo declarar un almodrote la Constitución del 17; y en efecto si se le examina desde el punto de vista del clasicismo, tal vez resulte un contrasentido esa reunión de garantías individuales y sociales. Pero el tipo de Constitución que realmente reclama el tiempo, es la obra misma de la experiencia jurídica y no sólo la confección afortunada de una inteligencia preclara. La Constitución del 17 tiene valor no tanto por ser un texto inventado o formulado de manera académica, sino porque es el resumen de una serie de luchas y experiencias; y deja abierto además el camino a nuevas luchas y nuevas experiencias para forjar una verdadera soberanía, que no existe en el pasado: en ese remoto paraíso donde los hombres recibieron las tablas de la ley; o en la inspiración para nombrar o elegir un Rey o un Monarca; y tampoco existe en una sociedad natural donde todos están contra todos y tienen que elevar a ser supremo un Leviatán feroz y despótico; ni en las puras luces de la razón como quiere el pensamiento y el geni9 de Francia. La verdadera meta está en la esperanza de seguir en. común perfeccionando por dentro y fuera la comunidad humana fundamental en un ideal de igualdad, de libertad y de justicia. Thto, finalmente, vale la lucha por la _so- EL REGIMEN FEDERAL Y LA CENTRALIZACION DEL PODER POLITICO EN MEXICO INTRODUCCION: Las características que presenta las Leyes de un pueblo son producto de épocas; circunstancias y de un proyecto histórico que va surgiendo a través· del tiempo, lo que hace que en muchas ocasiones presente modalidades muy particulares. De tiempo atrás se han venido estudiando esas peculiaridades que existen en cualquier sistema jurídico no escapando por lógica el nuestro. México también escribió sus Leyes en una forma muy especial obedeciendo ciertas circunstancias y momentos de su historia que al verlos hoy al paso de las décadas encontramos vicios, anormalidades diferencias que se han cubierto con un cúmulo de costumbres, hábitos e instituciones muy propias que muchas veces perjudican el desarrollo de las instituciones, es muy importante analizar ese tipo de fenómenos para comprender mejor la realidad. beranía. DR. FERNANDO VAZOUEZ ALANIS ( 1953 ). Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de ta Universidad autónom d Nuevo_ León en 1975, realizó estudios de Post-Grado en Derecho Público en el lnstitu/ 0 1 ternac,onal de Administración PúbliCII de París, Francia en 1977 obtuvo el d O d D n_ to r en Ad mm1strac1on · · .. p ublica · • gra e en la Facultad de Derecho, Econom,· a y c ·1enc1as · s octales · oc 1 • . ,; de ~ a Un'."er~1dad de ~ar,~ 11 el _22 de Mayo de 1979, actualmente es Catedrático de Derecho C~nst_1tuc1on_al C1enc1a Polltica y Administración Pública, en la Facultad de Derecho Y C,e~c,as Soc,~les V en la Facultad .de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Auton~ma de Nuevo Leon, Coordinador General de seminarios colectivos de esta Facultad y Director de esta revista. 82 83 �PROBLEMA: México adaptó de acuerdo a la Constitución de 1824, el Régimen Federal, lo que exigió la creación de una estructura de gobierno de acuerdo a ese espíritu, aunque todas las Constituciones hayan repetido esa estructura hasta nuestros días, las instituciones han evolucionado en otro sentido. Para comprender en su integridad el problema de la desadaptación de un Régimen Federal a la realidad que funciona completamente en forma distinta es necesario estudiarlo a la luz de varias ciencias. México tiene un Régimen Federal que estudiaremos aquí a la luz del Derecho Constitucional, pero al mismo tiempo cuenta con una enorme Centralización del Poder Político que no respeta las reglas del Régimen Federal este segundo fenómeno lo completaremos a la luz de la Ciencia Política. PLAN: Dividiremos nuestra exposición en tres partes: tralización que se vivió a todo lo largo de la edad media fué sobre puesta a las estructuras existentes ya en el país a la llegada de los españ9les. Sobre una estructura centralizada de una Tribu dominante recayó la centralización del reyno español que rigió al gobierno de Nueva España durante más de tres siglos. Puede afinarse que la centralización entendida por los españoles era el reflejo de la actitud asumida por la Real Casa de Austria que a su vez dominaba al pueblo español siendo éste último una pequeña parte de un gran imperio exageradamente centralizado aunque las leyes dictadas por España para sus colonias no fueron virtualmente cumplidas, la organización política administrativa de Nueva España se inspira en un modelo centralizado absoluto cuyo titular éra el Rey de España. La centralización que ordenó España a sus colonias aumentó aún más en el año de 1705 a la caida del Rey Felipe IV, fecha de llegada a España de los Reyes de la Casa de Borbón de Francia los que basaban sus gobiernos en el absolutismo es decir la centralización total, ésta situación que influyó en México al aumentar el control que exigió a España de sus pueblos conquistados. Análisis del Federalismo Méxicano su historia y su realidad la Concentración del poder político en México, ( origen y situación actual)- Y una tercera parte sobre la necesidad de apoyo al Régimen Federal a través de la Desconcentración y Descentralización política y administrativa. Esta atmósfera de centralización creciente tuvo mucho que ver en el temperamento del pueblo mexicano generalmente sumiso y obediente, dispuesto a rendir sin réplica algunas órdenes superiores. PRIMERA PARTE: La Constitución de Cadiz de 1812 representa la introducción de sistemas de representación regional como son las diputaciones provinciales, las que son un primer ensayo de gobierno autónomo base histórica del Régimen Federal en México. a).- ANALISIS HISTORICO DEL REGIMEN FEDERAL: Los pueblos indígenas. al igual que la mayoría de las civilizaciones antiguas fundaron su organización política y social en lacentralización, la que se caracterizaba por la concentración del poder no 1 sólo político y económico sino también religioso. Esta misma een84 Al final de la guerra de independencia de 1821 resultaba lógica la ruptura del régimen centralizador español y el nacimiento de 85 �un nuevo Estado de estructura contraria al conquistador desplazado. La Constitución del 4 de Octubre de 1824 postula un Régimen Federal apoya una tradición de gobiernos regionales iniciada en 1812; la que se desarrolló al grado que ciertas provincias amenazaron con separarse del nuevo país si no se establecía un Régimen Federal. Tales situaciones meramente circunstanciales engendradas al final de una guerra concluyeron con el establecimiento del Régimen Federal que sigue vigente en nuestras Leyes. derecho internacional y representa la soberanía popular. Es una persona de Derecho Público interno con un orden jurídico parcial con atribuciones legales. ESTADOS FEDERADOS: Entidades autónomas con una Constitución es un orden jurídico parcial. La constitución federal debe establecer el caracter de autonomía de los Estados: y un sistema de participación de los Estados en la formación de la voluntad Federal. b).-ANALISIS DOCTRINAL DEL REGIMEN FEDERAL En México todos estos elementos existen en la Constitución. Conforme a la Doctrina.-El Régimen Federal está constituido por un solo Estado Soberano integrado por una variedad de Estados, su poder nace de la unidad estadística de sus Estados miembros, el Estado Federal dona así a los Estados Miembros su carácter de Estados autónomos. Schmitt dice que la autonomía de los Estados federados consiste en un poder limitado individual en una coexistencia d~ Estados que se rigen por un pacto común. El Estado Federal y los Estados Federados no pueden suprimirse el uno al otro, ni subordinarse, los poderes Federales representan la perpetuación existencial y el equilibrio entre la Federación y los Estados Federados. De estas definiciones advertimos los siguientes elementos del Federalismo: UNA CONSTITUCION FEDERAL: - Orden Jurídico Supremo que determina una orgar11;Zación y una serie de derechos y obligaciones de la Federación y de los Estados Federados. El Artículo 40 establece: Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental; se cumple el principio de la existencia de un Pacto Federal. Por su parte el Artículo 41 dice : - El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal, se observa la supremacía del Pacto Federal. Además el Artículo 115 establece; Los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano; representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y -de su organización política y administrativa el Municipio Libre, puede observarse aquí como la Constitución Federal establece la organización interna de los Estados miembros. UNA FEDERACION: Orden jurídico total que es sujeto de 86 87 �Artículo 124: Que la competencia que no se dá a la Federación es atribuida a los Estados Federados. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados. Por último nos dice el Art11culo 135:- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Así los dos elementos de la doctrina del Régimen Federal estan incluidos en el texto constitucional. A).- Autonomía de los Estados. B).- Participación de los Estados en la Formación de la voluntad Federal. Ejecutivo. El Maestro Jorge Carpiso nos dice:- Que en México al haber contiÍluado la práctica de antiguas tradiciones de un gobierno centralizado con un enorme concentración de poder a causa de la falta de representación popular y de un auténtico parlamentarismo, el poder real se encuentra en manos del Presidente de la República.- Los poderes Legislativo y Judicial cumplen solamente la función de legislar y juzgar obedeciendo enteramente al poder Ejecutivo.El análisis de la figura del Presidente de la República en México es obligado para cuestionar la eficacia del Federalismo el que se logra a través de un estudio de la estructura del poder a la luz de la ciencia Política el que incluye estos aspectos: El Des-equilibrio en los tres poderes por el predominio total del Ejecutivo. Y la existencia de un partido político ultra dominante (PRI) ganador de las elecciones en los últimos 50 años para cargos del Gobernador. Sin embargo estos dos elemeptos no se dán en la práctica por la enorme concentración de poder político que existe en México. SEGUNDA PAR'T'l<'· LA CONCENTRACION DEL PODER POLITICO EN MEXICO:- El poder político está centralizado cuando la autoridad que dirige una nación monopoliza todas las funciones de orden público en todas las materias y en todos los aspectos en el poder de mando y decisión por consecuencia una sola autoridad gobierna los hombres y administra las cosas. Morice Douverger sefiala: El poder Ejecutivo es- el centro real del poder en los Estados modernos el poder Legislativo posee un roll de control de limitación y de freno. El poder Judicial cumple solamente una función judicial pero sigue en todo las directivas del 88 El estudio de la concentración del poder Político en México también exige el análisis de la figura del Presidenete de la República tanto en la forma en que ejerce sus atribuciones como Jefe de Estado de Gobierno y de la Administración Pública, así como su influencia en el funcionamiento de las diferentes Instituciones del sistema político mexicano.- La Constitución de 1917 continua la tradición de formalizar nuestra estructura política atendiendo a la teoría clásica de la división de poderes que como en el caso de Federalismo se aleja marcadamente en la práctica de su correcto ejercicio. El desequilibrio de fuerzas entre los tres poderes de debe al predominio casi absoluto del poder Ejecutivo, esto paéde explicarse por múltiples razones entre ellas sobresalen además de las ya citadas 89 �la estructura política ejercida a través del tiempo.- El Centralismo colonial fué substituido por un centralismo obligado en un País en nacimiento que necesitaba considerarse políticamente como Nación independiente; los esfuerzos por obtener una estabilidad política definitiva se frustraron con la Constitución Centralista de 1836 y la dictadura de ANTONIO LOPEZ DE SANTANA que se prolongó hasta 1857. · A mediados del siglo XIX, México no pudo abandonar su estructura política centralizada a pesar del triunfo de la Revolución de Ayutla, primero por los constantes ataques del Partido Conservador y después por la invasión francesa; aún después de la restauración de la República el 15 de Julio de 1867 la juventud de un País en constante lucha política y Administrativa. La Dictadura de Porfirio Díaz de 1876 a 1910 aumentó al grado máximo la centralización política.- La Revolución de 1910 al instaurar un nuevo orden social con la Constitución del 5 de Febrero de 1917 necesitó integrar una estructura de poder real centralizado en.sus primeros años de vigencia para terminar con las revueltas internas en contra de los Jefes Militares en pro de una estabilidad general. Este proceso de centralización del poder político se formaliza con la creación del Partido Nacíonal Revolucionario hoy Partido Revolucionario Institucional el 4 de Marzo de 1929 surgiendo así un sistema político de partido dominante donde el Titular del poder político sería electo por un partido mayoritario el que para ejercer y conservar el poder pondna en marcha lineamientos de centralización política y administrativa con el propósito de lograr la cohesión de los grupos sociales principales que SQportan a ese partido. A 50 años de la creación del Partido Nacional Revolucionario nuestro sistema político se rige sobre las mismas reglas de Consentración del poder político es el titular del poder Ejecutivo quién representa al partido dominante que no ha perdido en ese lapso de tiempo una sola elección ni de Presidente de la República ni de Gobernadores de los Estados. 90 Esta concedntración de poder político favorece enormemente el órgano denominado Federación o sea a los poderes de la unión que se encuentran concentrados en la Ciudad de México a la cabeza de una estructura estrictamente centralizada. La federación por razones de estabilidad política y económica ha hecho crecer su competencia en detrimento de las entidades federativas estableciendo sobre ellas una serie de controles de carácter político y económico que ejerce directamente el Presidente de la República. En lo político los Estados se encuentran subordinados a la Federación por una serie de recursos y hábitos ya muy arraigados en el sistema. La nominación de Gobernadores popularmente electos recibe la influencia determinante del partido mayoritario y del Presidente de la República.- Además existe una serie de recursos por los que la Federación se impone a los Estados siendo el más popular de ellos II La declaración de desaparición de poderes" facultad exclusiva del Senado órgano también influenciado por el Titular del poder Ejecutivo. En lo económico el predominio del poder Ejecutivo es muy considerable tanto que los Estados para su simple subsistencia requieren del apoyo financiero de la Federación la que tiene facultades enormes de tributación sobrepasando la esfera de competencia de los mismos Estados. El artículo 73 Fracción VII permite al fisco federal establecer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto de la Federación superando así los ámbitos de competencia fiscal de los Estados, estando sujetos éstos últimos a las participaciones federales y subsidios que le otorgue la Federación. Estos controles lesionan la esencia misma del régimen federal puesto que la doctrina exige que en este tipo de régimen la Federación Y los Estados miembros no pueden suprimirse el uno al otro ' ni subordinarse, los poderes Federales representan la perpetuación 91 ��SECCION " CONGRESOS " . �ARTURO AYALA RODRIGUEZ EL HIJO INOCENTE NO DEBE SUFRIR LA PENA DEL DELITO DE SU PADRK PONENCIA FORMULADA PARA SER PRESENTADA AL SEPTIMO CONGRESO NACIONAL DE TRIBUNALES DE JUSTICIA, CON SEDE EN OAXACA, POR LA DELEGACION NUEVO LEON, INTEGRADA POR EL C. MAGISTRADO LIC. ARTURO AYALA RODRIGUEZ. Que la acción de reproche del estado que se ejercita en contra de un posible delincuente no trascienda a seres inocentes que,gestados ya en el seno materno aún no ha nacido cuando la madre ha cometido ARTURO AY ALA RODRIGUEZ (1923). Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en 1949, en el año de 1950 es designado Agente del Ministerio Público adscrito. en 1955 Agente del Ministerio Público Investigador en 1968 fué nombrado Sub-Procurador General de Justicia y en el año de 1969 Procurador General de Justicia en el Estado de Nuevo León, actualmente es magistrado de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. 97 �I un ilícito que merezca ser sancionado por la Ley Penal. En todos nuestros Códigos Penales de México se trata de que las penas impuestas a los delincuentes no trascienda a terceros. Sin embargo, no obstante que todos los códigos reconocen el derecho que tiene la criatura antes de nacer y la obligación que se tiene de respetar su vida, nos proponemos que se respete también su libertad y el derecho de nacer en un lugar digno y no en un reclusorio. Como es imposible que la madre encinta pase al Penal y su hijo a otro lugar, me refiero a su hijo no nato, no quedará pues, más recurso legislar para los efectos que la mujer no sea internada en un centro reclusorio cuando se encuentre embarazada y esperar que hayan pasado un mínimo que podrían ser 120 días después del nacimiento para gue la sanción se haga efectiva. Implantar una fórmula adecuada que proteja y cuide a los hijos antes de su nacimiento para lograr un razonamiento prudente con el noble fin que no trascienda a seres inocentes que gestados ya en el seno materno, aún no ha nacido cuando la madre ha cometido un delito que merezca ser sancionado por la· Ley Penal. La acción del Estado en contra de la mujer que en estado de gravidez cometa un delito, se respete su libertad, para evitar el riesgo de su detención pueda, afectar a un tercero que en éste caso es el hijo que no ha nacido, estimando pertinente en aras de una justicia humanitaria haga real el concepto de la equidad, especialmente eliminar la circunstancia infamante de nacer en una prisión con un intento muy justo y muy humano de evitar uno de los casos en que la justicia desgraciadamente GENERA INJUSTICIA. Las modificaciones que podrán hacerse al Código de Procedimientos Penales, que se proponen, tienen como base que no es justo hacer víctima inocente al hijo que va a nacer, de madre que ha tenido conducta antisocial y por ende debe ser privada de su libertad y al encontrarse embarazada ocurre el parto cuando está sufriendo el cautiverio, produciendo en el futuro una inestabilidad a su personalidad, al saberse siempre haber nacido en un reclusorio. Para establecer el tratamiento de las mujeres que perpetrando delitos, encontrándose en estado de embarazo, deberá modificarse y adicio98 narse disposiciones del Código de Procedimientos Penales, particularmente en los artículos que consignan la obligación del Ministerio Público de proceder a la detención de los responsables de un delito, y en dichos preceptos deberá incluirse como excepción el caso de la mujer embarazada. Ahora bien, tal excepción deberá satisfacer requisitos para poder declar~ su operancia y el principal será la declaratoria por parte de un médico legista ginecólogo, del grado de embarazo que presente la mujer sujeta a ésta investigación, desde luego cuando el embarazo no sea notorio, para éste deberá adicionarse los artícul':)S referentes del Código de Procedimientos Penales, estableciéndose la obligación del Ministerio Público de someter a dicho examen a la mujer embarazada. Hay que observar que la situación de la mujer en estado de embarazo ejecut~ra de un hecho delictuoso, deberá satisfacer los siguientes requisitos para poder acogerse al beneficio incluido en las reformas que se proponen. UNICO:- Si el delito atribuído tiene señalado una sanción cuyo término medio aritmético no excede de cinco años de prisión, no se proceda a su detención; si excede de dicho término, se tomarán las medidas pertinentes a fin de que la inculpada pase a un centro de salud con la debida custodia que determinen los jueces ó el Ministerio Público en su caso; Relacionada la conducta antisocial del sujeto con sus factores causales, se ha investigado y llegado a establecer, que una problemática efectiva la constituye el análisis psicológico de la conducta de! sujeto que en muchos casos determina que la decisión delictiva es producto de determinados complejos que han enquistado en forma latente en el subconsciente y que pueden ser la causa de su conducta antisocial. Esos factores se originan en el hombre desde su infancia, desde su formación fetal y se conjugan con las condiciones realizadas por sus padres. Una de ellas lo constituye lo relacionado con su nacimiento. Cuando este no se establece en forma positiva, se presenta en la conducta del sujeto una condición negativa, por lo que es absolutamente indispensable el estudio de éstas circunstancias, para poder evitar que las deformaciones sociales prosperen en sujetos hasta conducirlos a una conducta dañosa. Factor fundamental es constitutivo a no dudarlo, el de sujeto cuyo nacimiento se ha realizado por la madre cuando ésta se encuente recluida en prisión. Cir99 �cunstancia que opera con un déficit en la formación y desarrollo del hombre en su niñez, pubertad, su juventud y posteriormente en su vida adulta. Otro factor definitivamente importante es el relacionado con la mujer cuya realización máxima es la de llegar al excelso grado de la maternidad, condición humana a la que la mujer en todos su órdenes aspira y al llegar a la dignificación de ser madre, debe enorgullecerse de su actitud frente a la vida, habida cuenta de que es la única que posee la supremacía no lograda en otros medios de engendrar un ser humano. Debe ser preocupación del Estado dignificar a grado excelso la actividad de la maternidad para que se constituya efectivamente en un episodio social de gran dignidad. Lo anterior viene a conjetu_rar la condición existente que se debe conjurar los esfuerzos oficiales y particulares para encontrar la realización de la maternidad, no esté embestida de condiciones negativas que puedan causar graves perjui-. cios al hombre en su niñez que posteriormente repercuten en su vida adulta a través de la materialización de actos negativos, por lo que; Considerando lo anterior dentro del área penal, se subraye como factor indispensable las reformas a las legislaciones penales a efecto de preveer que no se realice el nacimiento de un nuevo ser cuando la madre, como resultado del infortunio, se vea envuelta en un procedimiento penal y sometida a proceso, sin que lo anterior merme la posibilidad de que en justicia se pueda proceder en su contra ante la existencia de su responsabilidad, pero sin que de por medio subsista ~ condición de hacer víctima inocente al ser que lleva en sus entrañas. En consecuencia y atento a·las consideraciones expuestas, se propone adicionarse al Código de Procedimientos Penales del Estado una disposición que establezca en síntesis lo siguiente: "Cuando una mujer encinta incurra en la comisión de un delito, no sea detenida y se proceda al arresto domiciliario y en caso de que el término medio aritmético del delito que se le -imputa, pasará de cinco años, el Juez de la causa tomando en cuenta el grado de avance en el estado de gravidez y con la opinión de un médico ginecólogo que podrá designar la encausada o el juzgado, decretará que la reclusión se verifique 100 en un centro de Salud, por lo menos del séptimo mes de embarazo hasta el alumbramiento y luego de ocurrir el nacimiento, por el tiempo estrictamente necesario para que el menor pueda ser atendido por tercéras personas, según las particulares situaciones que ocurran en cada caso, las cuales serán determinadas mediante dictamen médico que se obtenga al respecto". La anterior disposición tiene por finalidad que los hijos nazcan fuera del recinto reclusorio y que se les permita desarrollar su vida fuera de la prisión en cuanto puedan ser atendidas sus necesidades por terceras personas, como que bien pueden ser los. familiares de la madre o en un centro de asistencia infantil. Lo anterior ya se contempla en el anteproyecto del nuevo Código de Procedimientos Penales a propuesta del C. Gobernador éonstitucional del Estado de Nuevo León, Don Alfonso Martínez Domínguez, en su afán de que el Estado cuente con una legislación penal más humanitaria. Esta, señores Magistrados, es mi ponencia, la que someto a su muy atenta consideración. Gracias. DICTAMEN DEL CONGRESO Que se adicionen los Códigos de Procedimientos Penales de los Estados con una disposición al siguiente tenor: " Cuando una mujer encinta incurra en la comisión de un delito, no sea detenida y se proceda al arresto domiciliario y en caso de que el término medio aritmético del delito que se le imputa, parsara de cinco años, el juez de la causa tomando en cuenta el grado de avance en el estado de gravidez y con la opinión de un médico ginecólogo que podrá designar la encausada o el juzgado, decretará que la reclusión se verifique en un Centro de Salud, por lo menos del séptimo mes de embarazo hasta el alumbramiento y luego de ocurrir el nacimiento por el tiempo estrictamente necesario para que el menor pueda se; atendido por terceras personas, según las particulares situaciones que ocurran en cada caso, las cuales serán determinadas mediante dictamen médico que se obtenga al respecto". 101 �RAUL VILLARREAL DE LA GARZA REFORMAS Al RE GIMEN DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA PONENCIA AL SEPTIMO CONGRESO NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS, DE LA DELEGACION DE NUEVO LEON QUE INTEGRAN LOS SEÑORES LICENCIADOS BENITO MORALES SALAZAR, PRESIDENTE; Y ARTURO AYALA RODRIGUEZ Y RAUL VILLARREAL DE LA GARZA, MAGISTRADOS DE LA SEGUNDA Y SEXTA SALA RESPECTIVAMENTE. RAUL VILLARREAL DE LA GARZA ( 1935 ). Egresado de la Facultad de Derecho v Ciencias Sociales de la Universidad de Nuevo León en 1956, trabaja en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León desde 1952, como Escribiente del Juzgado Cuarto Menor ...etrado, Escribiente del Juzgado Primero de Letras del Ramo Penal, Escribiente del Juzgado Primero de Letras del Ramo Civil, Escribiente de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado en 1954, Secretario de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado en 1956, Secretario General del Tribunal Pleno., Primer Secretarlo de Sala del Tribunal Superior de Justicia, Juez Segundo Interino de Letras del Ramo Civil en 1972, Juez Primero de Letras del Ramo Civil en 1972, Juez Ouinto de Letras del Ramo Penal en 1974, Magistrado de la Ouinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en 1977, actualmente Magistrado de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León. 103 �Una Ley Orgánica de la Justicia flexible, que otorgue atribuciones que solo se lograrían con la participación del Organo Legislativo parte de la base de que en la actualidad, ya la tradicional división de poderes no tiene el aspecto rígido que inicialmente la norma constitucional le dió, pues el principio en que se sustenta la actividad del Estado manifestada en cualquiera de sus formas, busca su coordinación para satisfacer las necesidades, que el orden jurídico le tiene encomendados. Para ello, como se inclinan actualmente los Tratadistas del Derecho Constitucional, del Administrativo y del Procesal, no puede hablarse ya de la existencia de la separación absoluta de poderes, pues las funciones que cada uno realiza se interfieren y formalmente . el resultado de una, corresponde al contenido de otro. El sistema jurisdiccional deviene de la norma constitucional, porque indudablemente es una manifestación de la soberanía que exclusivamente corresponde al Estado, y la vinculación de un particular a la actividad judicial, es decir el cambio de su condición a titular de un Organo Jurisdiccional, se logra mediante el agotamiento de requisitos previstos por la Ley para integrar esa relación jurídica e incorporar a una persona desigiaadá al Estado, para convertirla en Titular del Organo Jurisdiccional, lo que trajo como consecuencia lógica y tan necesaria en nuestro sistema, la implantación de la inamovilidad y la carrera judicial que ha sido tratada en otras Asambleas de Congreso que proceden a éste, para permitir con resultados muy positivos una efectiva labor del funcionario judicial que corresponde a la majestad y señorío de que está investido el Poder Judicial; titulares que si no han logrado estudios especializados, si al menos desempeñaron actividades en puestos inmediatos inferiores, que les permitan una formación intelectual distinta, a la del Abogado postulante, para hacer posible una dedicación absoluta al desempeño de su tarea, sin que ésto signifique una plataforma de despegue hacia otras actividades que después de agotadas, permitan el funcionario reincorporarse. 104 La norrnatividad constitucional y orgánica contempla la actividad jurisdiccional en forma abstracta y genérica, en cuanto a ser órgano y función, y pretende una exigencia del derecho que es un apotegma y consiste en la realización del orden justo, de lo que se coligen dos caracteres esenciales de la función judicial como producto de un órgano del estado, su integridad y su independencia. La integridad de la función jurisdiccional implica que el Estado representante de la sociedad, instituya en un solo órgano la tarea de realizar el derecho, pues no siendo así, surgirían limitaciones a la confianza de los particulares quienes tienen el inalienable derecho a la justicia conocido tan sencillamente "como el dar a cada quien lo que es suyo"; priJ'lcipio de integracfon, que no pugn~ con ~l ~e la u_~dad del poder y el de colaboración de funciones, m desvrrtua el n(Jldo· sistema de la división de poderes entendido por Montesquieu, como no hace destacar una sobre la otra, propiciando su hegemonía, pues esto puede representar el poder de una sola mano. 1 La independencia, atributo esencial de la jurisdicción se considera como una necesidad de orden práctico por ser el único medio por el cual un particular puede sustraerse a la arbitrariedad, Y con él la norma de derecho queda plenamente garantizada por la actividad de un Juez investido de señorío como cualidad de justiciazgo, pues no debemos desatender que el Estado como detentador del poder tiende al abuso, por lo que surge la función jurisdiccional como intermediaria entre sus disposiciones, y su ejecución y cumplimiento, y es conocido de toda esta asamblea corno la actividad judicial ha sido salvaguardia de la Legislación asentando en la sentencia, una justicia llana que no requiere de atributos para dignificarla. Al Estado entonces, le corresponde garantizar la independencia de la actividad jurisdiccional no como privilegio para Jueces o Tribunales como factor predominante, sino una independencia de todos respecto a la norma jurídica sobre la base constitucional, por ser un resultado del carácter propio del Estado que confiere a un órgano profesional y fundamentalmente jurídico, la misión de salvaguardar el derecho y la justicia, sirviéndole. 105 �Un órgano jurisdiccional integrado con formas adecuadas para la impartición de la justicia, e independiente respecto de todos frente a la norma dehlerecho, requiere de un titular imparcial que proyecte la majestad de la judicatura a todos sus ámbitos sociales, y solo puede serlo quien se interese en hacer justicia como contenido de su propia voluntad de dar a cada uno lo suyo, el que se desatiende de su propia subjetividad respecto del conflicto y de influencias externas por hechos o de personas; que se encamine no a la inteligencia, sino a la voluntad limpia y libre de hacer justicia como eslabón de libertad, de fortaleza y valor, todo lo cual aunado a 1 conocimiento y conciencia de lo que se hace. El hecho y norma tradicional de la separación de funciones, no es a la luz de una moderna disciplina jurídica, tajante y rígida que impida interferencias entre ellas, sino que, por el contrario se presenta como una necesidad para una buena administración de la actividad del Estado un principio regulador de colaboración entre ellas manifestándose como temperamentos, y para ello el Derecho Administrativo viene dando paso a nuevas fórmulas, surgiendo con gran interés e importancia, la administración de justicia. El derecho a la justicia, se contempla por nuestra Constitución, destacando el Artículo 17 que garantiza la seguridad de que cada quien sea resarcido en sus derechos por los tribunales judiciales que ejercerán la facultad de ·decir el derecho en forma rápida y gratuita, y ésto se garantiza en cuanto se imponen características trascendentales que exige el órgano jurisdiccional en cuanto a su integración e independencia, como son la designación, estabilidad y el grado de responsabilidad de sus funcionarios, propiciando que el derecho a la justicia como resolutor de conflictos jurídicos entre particulares o irente al Estado, aliente su confianza en el derecho y su aplicación por hombres investidos de cualidades que hagan eficaz las garantías judiciales, con instrumentos tales como la autonomía, dignidad y eficacia de los Tribunales. troversias, sino que debe comprender el uso de medios materiales, y así trataremos algunos aspectos relativos a los órganos jurisdiccionales, a título de "Administración de Justicia", la que distin91.1iremos de ótras ramas, por su objeto, sus órganos y sus característleas, al advertir que sirve para selección y formación de personal, ejecución de penas, proveé edificios, y participa de un sistema policial judicial, .ie lo que se ha hablado ampliamente en otros congresos. Distinguiendo la administración de justicia de otras ramas, tiene la peculiaridad de su objeto y la limitación de sus facultades discrecionales por su potestad limitada a uira función que tiene que ser por esencia independiente y al servicio de la Ley, y además de que carece de uniformidad pues sus dependencias son múltiples como dispersas tales como juzgados, alcaldías judiciales, salas de tribunal, Presidencia, el Pleno, los órganos auxiliares como las dependencias policíacas preventivas y de investigacion, y los centros penitenciarios; y a nivel federal el gran avance logrado con el Instituto de Capacitación Judicial recién instalado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo predominantemente la administración de justicia colaboradora de la función jurisdiccional, en cuanto suministra los medios necesarios para que se cumpla en los términos previstos por el Artículo 17 del Pacto Federal y su correlativo número 16 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León. 1.- La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León de 30 de Diciembre de 1978 establece que la facultad de aplicar la Ley en asuntos del orden civil, familiar y penal se ejercen por el Tribunal Superior de Justicia, los Juzgados de lo Civil, de lo Familiar, de lo Penal, de Jurisdicción Mixta y los Alcaldes Judiciales, y el Estado se divide en 9 Distritos Judiciales comprendidos por los Municipios que integran cada uno, y si en un Distrito haya dos o más juzgados estarán numerados progresivamente. Hasta ahí algunos aspectos contenidos en la Ley Orgánica vigente. Administrar justicia es, de esa manera, no solo dirimir conConforme al funcionamiento de los Juzgados de Primera 106 107 �Instancia en materia civil hasta el año de 1974 y por lo que respecta al Primer Distrito conformado por 16 Municipios incluyendo la Ciudad de Monterrey, y en atención a la facultad establecida por el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Nuevo León que permitía en su Artículo 101 ya reformado que los litigantes libremente, cuando en el lugar donde se ha de seguir un juicio hubiere varios jueces conocería del negocio el que eligiera el actor, llegaron a promoverse demandas en una cantidad superior a 13,500, conociendo solamente uno de los 5 juzgados existentes la cantidad de 5,132 demandas, mientras que otro de los juzgados radicó para su tramitación solamente 1,515 lo que produjo hasta esas fechas, en que ya el Estado sentía la influencia de una creciente demográfica exhorbitante y de la concentración humana por factores externos como la migración, un desequilibrio en la administración de justicia, a virtud que se restaba al Juez su capacidad diligente para prestar la atención, el cuidado y el conocimiento necesario para el trámite de cada negocio y su consiguiente resolución, todo lo cual iba en detrimento de una justicia limpia y de ser expedita en los términos previstos por nuestros mandatos constitucionales. Lo anterior trajo como consecuencia la implantación, por reformas a la Ley Orgánica mediante el Decreto Número 101 publicado en el Periódico Oficial del Estado el día lo. de Febrero de 1975, de la Oficialía de Partes como una dependencia que buscara consolidar al órgano jurisdiccional para su mejor organización y funcionamiento, y adecuar una proporcional distribución de los negocios a los requerimientos de justicia y evitar cargas excesivas en un solo juzgado haciéndola equitativa y por lo tanto equilibrada obteniendo resultados altamente positivos revelados por el Conse~o General del Foro de Abogados, quienes sintieron una mayor efectividad en la atención de sus negocios, y, según lo revelan la" estadísticas del año de 1976 en que se implantó su funcionamiento, se recibieron un total de 14,121 negocios, distribuídos en forma proporcional de 2,825 a cada juzgado lográndose con ello evitar cargas excesivas y det~rioro en la impartición de_la justicia por razones humanas, de capacidad Y de tiempo disponibles de cada titular, y que cumplieran más eficientemente con su función. 108 Posteridrmente, aprovechando las experiencias obtenidas en el Distrito Federal y en el Estado de Veracruz en materia de justicia familiar, se propuso por el Organo Jurisdiccional que el Ejecutivo acogió con saludable intención, reformas a: ,ey Orgánica del Poder Judicial y al Código de Procedimientos Civiles para crear los Juzgados de lo Familiar ante la motivación de ser la familia el soporte de la sociedad, y de que sus relaciones son consecuencia de la conducta ·humana que encuadran en el derecho de familia, en formas subjetivas, de las que surgen relaciones jurídicas como el matrimonio, el parentezco, la adopción, y la herencia como forma tradicional para trasmitir el patrimonio de toda persona; y la necesidad de una regulación procesal relativa a tales relaciones adicionándose el Código de Procedimientos Civiles, reformas que encuadraron dentro de los requerimientos previstos por el Artículo 17 Consitucional referido con anterioridad, modificándose la Ley creando tres Juzgados de lo Familiar, así como la adición al Código de Procedimientos Civiles para su regulación procesal, iniciando su funcionamiento el día lo. de Diciembre de 1977, y sus resultados también deben ser considerados en forma muy elocuente respecto (fe la tramitación de negocios surgidos por conflictos del orden familiar, obteniendo con su creación y a virtud del incremento demográfico, como consecuencia un mayor número de demandas desde el año de 1976 en que ya la Oficialía de Partes cumplía su cometido y que distribuyo 14,121 negocios en 5 Juzgados, incrementándose esa suma hasta de 17,263 en el año de 1979 en que fueron distribuídos 12,828 en 4 Juzgados de lo Patrimonial en forma proporcional de 2,700 a cada uno; y los negocios del orden familiar que ascendieron a 4,435 se aplicaron equitativamente entre los 3 juzgados de esa especialización en un número de 1,478 aproximadamente, permitiéndome establecer ante el señorío de esta Asamblea de Congresistas que la eficacia de la Oficialía de Partes para la distribución equitativa y proporcional de las demandas ha propiciado un clima de tranquilidad, de confianza y de esperanza de que la justicia se imparta en forma más expedita, a diferencia de como b fué anteriormente, y que el Juzgador está en posibilidad de otorgar aparte de su imparcialidad, una mayor efectividad de su capacidad, de su compresión mediante el conocimiento de las relaciones interpersonales de las partes del litigio, alejándose de aspectos subjetivos 109 �propiciados por hechos o personas que no logran un destino interesado de sus demandas, para emitir un justo fallo que permite mantener el orden y la seguridad en el interés de cada quien. 1.- Las experiencias obtenidas en materia civil hicieron que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León las trasladasen a la justicia criminal en donde para el año de 1978 existiendo cinco Juzgados en el Primer Distrito Judicial Ya virtud de fórmulas administrativas deficientes e inadecuadas se radicaran 2 467 negocios conociendo uno de ellos un número superior a ' 525 y' en cambio otros manejaron cifras estadísticas inferiores a los 400, y con la implantación de la Oficialía de Partes creada en la Nueva Ley Orgánica que funciona a partir del mes de Abril de 1979 Y .con la creación de 2 juzgados más para dar un número total de 7 en materia penal, conocieron de 2,307 negocios que fueron distribuidos proporcionalmente en un número inferior a los 300 a cada juzgado, estableciéndose con ello una forma de organización que permitirá a la administración de justicia, cumplir con su más al to cometido, de dar a cada quien lo que le corresponde. 1.- A partir de 1975 en que se hizo necesaria la creación de la Oficialía de Partes en materia civil, de nuevos juzgados en dicho orden y su especialización en Juzgados de lo Familiar, y posteriormente en 1978 en la última Ley Orgánica del Poder Judicial que creó nuevos juzgados de lo Penal y la Oficialía de Partes en esta !l}ateria, se propiciaron reformas continuas a dicha norma de organización, lo que permitió meditar y reflexionar con serenidad respecto a la conveniencia de conceder atribuciones al Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado para crear nuevos Juzgados, cuando las necesidades sociales lo requieran, cancelando la necesidad de reformas continuas e innecesarias, así como la de cambiar el lugar de residencia de la Cabecera del Distrito cuando ya se considerase inoperante a virtud de fenómenos demográficos y de concentración de gentes en lugares apartados a la Cabecera pero dentro de su jurisdicción, que dan origen a nuevas necesidades como el transporte y alojamiento por el desplazamiento de quienes requieren soluciones a sus problemas justiciables que se traducen en serios tras110 tornos que finalmente corresponde al Estado resolver, atribuciones que se ejercitarán la primera conforme al presupuesto de Egresos ele! Estado, y la segunda a petición del Ejecutivo vigorizandose la organización jurisdiccional y fortaleciendo la independencia del organo jurisdiccional frente a los demás, sin que implique interferencia de sus atribuciones, pues la práctica nos demuestra constantemente que a virtud de las nec sidades por satisfacer en el ambi to de organizJcion 7 de la jurisdicción,· es necesario recurrir al proceclimiento legislat1vo, que en algunas ocasiones resulta tardío e implica un seno obstaculo para una eficiente administración de justicia y al contemplarse actu,~l mente en la Ley Orgánica de la Justicia en Nuevo León un concepto flexible que permite alcanzar en su régimen interior las metas noiJlc~. dignas y majestuosas que implican decir el Derecho, se I obustece la unidad del poder, el concepto de la soberania y el de colaboracion de funciones. Me permito concluir con lo siguiente: 1.- II.- III.- Que los Organos Jurisdiccionales de cada Estado pugnen por la implantación de Oficialías de Partes en materia Civil, uC' IJ Familiar y Penal, para que la distribución de demandas, don de haya más de dos Juzgados, sea proporcional para: 1.- Evitar cargas excesivas en detrimento de la admt· nistración de justicia por razones de naturale2;, humana, de capacidad, tiempo y atención dispo nible para cada caso por el Juez, y: 2.- Evitar el destino interesado de demandas qué o;iranticen plenamente la imparcialidad del juzgador. Que el Organo Legislativo mediante leyes orgánicas establezca como atribuciones del Pleno de los Tribunales Superiores de Justicia, la facultad de crear nuevos juzgados, cuando la~ necesidades sociales lo requieran, sin necesidad de reformas continuas e innecesarias, sujetándola únicamente a las posibilidades del erario público. De establecer atribuciones del Pleno facultándolo pan, variar la cabecera cie un distrito judicial, cuando por necesioádes derivadas del crecimiento demográfico y concentracion 11 1 �humana en lugares apartados a la cabecera, pero dentro de su jurisdicción, para que la justicia se imparta sin detrimento de los recursos de cada persona. Señores Congresistas: El señor Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Licenciado Don Agustín Tellez Cruces, al asumir la Presidencia de nuestro Máximo Organo Judicial, el día 3 de Enero de 1977 dijo: "Hacer justicia es darle dignidad al ser humano; es darle vida a la Ley; es crear seguridad pública; es hacer posible la convivencia humana" Y, en esta ocasión en nombre de los Poderes del Estado de . Nuevo León, y particularmente del Judicial que integramos, decimos a Ustedes, que esas son nuestras aspiraciones, que se han obtenido logros pero no son los suficientes, que se trabaja con dedicación y \os mayores esfuerzos, y deseamos que los trabajos en este Congreso nos ofrezcan nuevas formas y mejores condiciones para que la administración de justicia sea limpia, pura y eficiente y que los individuos reafirmen su fé de mexicanos, en su justicia como igualdad, como verdad, como armonía, pues un pueblo que no cree en ella, es un pueblo sin sentimientos. DICTAMEN DEL CONGRESO a).· "Que el órgano legislativo mediante leyes orgánicas establezca como atribuciones del Pleno de los Tribunales Superiores de Justicia la facultad de crear nuevos Juzgados, cuanúo 1as necesidades sociales lo requieran, sin necesidad de reformas continuas e innecesarias, su1etándola únicamente a las posibilidades del erario público". b).· "De establecer· atribuciones del Pleno facultándolo para variar la cabecera de un Distrito! Judicial, cuando por necesidades derivadas del crecimiento demográfico y concentración humana en lugares apartados a la cabecera, pero dentro de su jurisdicción, para que la justicia se imparta sin detrimento de los recursos de cada persona". 112 SECCION OE CRIMINOLOGIA �MARCO ANTONIO LEIJA "QUE ES LA CRIMINOLOGIA" Desde que la sociedad existe há sido grave el problema relacionado con la conducta de los hombres que cause daños consecuentemente el problema se ahonda el tratar de analizar como esa actividad del hombre que cause daños a sus semejantes puede tener una eficaz solución, esa circunstancia data en la historia desde los tiempos más remotos; pero cuando el Estado se organiza empiezan a programarse actividades tendientes a tratar de dar eficaz solución al grave problema de la delincuencia. Las experiencias que en muchas ocasiones han sido prolongadas y acrecentadas con los datos estadísticos, nos reflejan cómo el avance social determina el avance delictivo, el sujeto delincuente siempre realiza actividades delictivas que en cada ocasión tienen un daño mayor, o bien consecuencias mayores o bien actividades que dada la forma de realizarse puedan resultar actividades no contempladas delictivamente por la planeación que el su- LIC. MARCO ANTONIO LEIJA MORENO Magistrado de la 4a. Sala del T dbunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Coordinador de la Academia de Derecho Penal y de la de Derecho y Ciencias Sociales de la U. A. N. L. 115 Carrera de Crtminología de la Facul•ad �jeto de a su delito, en esa virtud tratando de establecer un eficaz remedio surgen en el Derecho Penal nuevas corrientes doctrinarias, que fundamentan circunstancias que pueden ir desde la forma de contemplar la gran can tidad de actividades delictivas, hasta la forma de establecer como tratar al sujeto que ha cometido un acto criminal Y que por ende representa !)ara la sociedad un peligro latente, vistas estas circunstancias surge en la parte final del siglo pasado en la humanidad ciertas corrientes que fundamentan lo que ahora conocemos como escuela positiva, hace más de 100 años precisamente en 1876 César Lombroso da luz a su nueva obra de antropología criminal, que fundamenta las ideas de contemplar a1 sujeto delincuente y establecer en él principalmente el punto clave de estudio al grave problema de la delincuencia, esta situación del estudio al sujeto que ahora se presenta como un problema inaplazable en su solución, determinó en · la creación de la obra lombrociana las ideas que dieron cause a las nuevas corrientes doctrinarias que fundamentan las ciencias penales, y con ello surge una actividad científica que viene a dar causa a ·la existencia de la disciplina sobre las escuelas criminológicas. Encontramos como ver si el sujeto que cometió un delito, es responsable de él y si por ende debe imponérsele una pena, y si es solución que incumbe estudiar y solucionar al Derecho Penal. 1 Pero programar las ideas establecidas por César Beccaria de que es preferible prevenir que reprimir, y fundamentar las corrientes doctrinaric'> positivistas de que la pena a imponer al sujeto, no es una meta sino es un medio de que se puede valer para lograr que el agente del delito, salga de la prisión sin volver a delinquir, que se precisa estudiar cuáles son los factores causales del crimen, para tener a la mano el material eficaz a determinar la prevención y la eficaz rehabilitación del sujeto en unas auténticas medidas de apl;~ación de penas, esto pues, logicamente está escapando a los fundamentales linderos del Derecho Penal y han dado lugar a que nazca la llamada por el Maestro Carrancá la nueva ciencia, la ciencia de ayer, la Criminología. La condición criminológica fundamenta principalicimamente las ideas en torno al sujeto delincuente, los puntos claves que en torno a él se establecen y al determinado así hace que surjan nuevas disciplinas, unas consideradas como ciencias penales y otras consideradas como 116 ciencias penales y otras consideradas como ciencias auxiliares en la actividad del Juez, así contemplando estas circunstancias, encontramos la investigación criminológica sobre los fa,:tores causales de la delincuencia, establecida como punto clave en la investigación de estos temas. Al estudiar la Criminología, las posibilidades del estdfo de este problema tan arraigado como complejo, hacen surgir corrientes que determinana el estudio necesario del sujeto delincuente, así encontramos la antropología criminal que hace'surgir corrientes que indican como la investigación de estos factores, paulatinamente se ha ido delimitando sobre circunstancias que ocasionan gravez problemas sociales y que se originan por motivaciones de diversa índole. La sociología criminal nos determina como lo hizo Ferri tiempo atrás, que el hombre es un ser producto social que delinque merced a que la sociedad en un momento determinado. ha mezclado su gran cantidad de condiciones existentes en su seno y ha orillado al sujeto a delinquir, por ende no en vano muy comunmente se dice repitiendo la frase de ·Jiménez de Azúa, la sociedad tiene los criminales que se merece, el problema social es demasiado complejo la sociedad orilla al sujeto a delinquir, después lo repudia si delinque y luego lo orilla a la reincidencia. Este tema social dada su C0mplejidad resulta el de más arraigo en el concepto criminal, pero merced a ello también encontramos otras corrientes distintas que dan lugar a nuevas disciplinas. La Psicología criminal nos determina el factor psicologico originados del crimen, el sujeto que tiene una motivac1h1 de cualquier índole, generalmente en su interior sufre ciertas a1teraciones que a manera de condición pasajera lo hace llegar a delinqulf, el sujeto está predispuesto al delito, nos dice Von List que incluso el m.-i<: santo puede delinquir, aunque siempre hay una barrera como es la conciencia del hombre honrado, pero cuando el hombre esta ante el problema de su predisposición al delito encuentra psicologicarri~nte una puerta que le facilita el crimen, ya la psicología criminal nos ;:le. terminará esa multiplicidad de facetas interiores en el sujeto produ.:::11 7 �to de su conducción en la vida social relacionada con el crimen. También encontramos en la circunstancia relacionada con el crimen el nacimiento de la endocrinología criminal, las glándulas de secreción interna del organismo humano determinan un funcionamiento que pueda llegar a ser anormal, dadas condiciones de atrofiamiento de las glándulas o circunstancias que pueden arrojar condicciones similares y que determinan que merced a ello el sujeto puede tener alteraciones que lo conduzcan a la postre a una actividad dañosa considerada como. delito, Estos aspectos están determinando como la concepción delictiva puede ser de diversa índole, tanto social como psicologica, con ello criminologicamente merece ser estudiada determinantemente, para poder establecer cual es el factor causal de . la delincuencia y con ello tener a la mano las ideas necesarias, para poder establecer lo que nosotros comprendemos como el material indispensable poder hacer un eficaz tratamiento al sujeto delincuente, una eficaz actividad Estatal para lograr el fundamento específico de la sansión y que viene a ser éste la conocida pena de fin, aplicación de la misma para lograr la rehabilitación del sujeto, puntos fundamentales a estudiar en el concepto específico de la moderna criminología. Precisa también establecer que subsiste como tema importante a considerar la idea relacionada con no solo las ciencias penales sino las ciencias auxiliares, claro que son auxiliares del Juez Penal, sa_b ido es que la trayectoria en las corrientes doctrinarias dan cause al . moderno concepto del Juez Penal, pues nos dicen como realmente el problema clave en relación con el delito está en la persona del Juez; el Juez Penal representa la investidura necesaria para poder conocer las concepciones relativas al sujeto delincuente I en este concepto encontramos cómo la sociedad se está dependiendo fundamentalmente del Juez Penal, de él depende si un sujeto es o no responsable del delito y que es la sanción que debe cumplir. De ésto encontramos que la consecuencia necesaria de toda la trayectoria positivista del Derecho Penal, se integra en la persona del Juez, sin embargo veamos la condición del Juez: Primeramente 118 encontramos a la persona del Juez como un ser tan humano como el propio sujeto a quien está juzgando, el Juez en estas condiciones como tal, es una persona que está expuesta a tener fallas, sabido es el silogismo de que todo hombre es falible, siendo el Juez un hombre, el Juez también puede ser falible; sin embargo esa condición del Juez de ser humano es una condición altamente positiva, la sentencia del Juez debe tener un tinte humano, de nada serviría encontrar al Juez comb a una persona que mecanicamente imponga una pena, pues ent'mces encontraríamos facilmente al Juez substituido por una máquina corpputadora en donde por un lado se le pusiera un proceso y por otro lado saliera la sentencia, pero no es así, el Juez debe ser humano y su fallo debe serlo también, debe estar impregnado de condiciones de carácter humano, se necesita que así sea, por esb el Juez es eficaz en su función, la condición del Juez a la par con su actividad es delicada, no solo tiene que derimir la controversia suscitada en el proceso, tendrá que establecer si las alegaciones de la defensa son ciertas , si la confesión del acusado es verosímil y que diremos del dicho de los testigos, todo ello lo pudiéramos concebir como una problemática mancomunada que a final de cuentas, se presenta ante el Juez como un gran dilema a dirimir. Pero el Juez para poder resolver más eficazmente sus problemas tiene su cultura, sus conocimientos y sus técnicas, la criminología nos enseña el nacimiento de técnicas modernas que auxilian al Juez, la criminalística, la policía científica, la medicina legal, la estadística, no revelan sino datos que al final son los que fundamentan la tesis del Juez para poder establecer W1a sentencia eficazmente válida la criminalística determina los factores de investigación en el crimen: cuando se persigue la verdad nos da puntos claves sobre sus conocimientos, condición que auxilia eficazmente al Juez, porque está determinando la verdad lograda mediante técnicas eficientes, y que diríamos de la estadística criminal, el casillero de delincuentes, la formación de antecedentes y de condiciones eficaces que lo llevan al crimen, que diríamos de la medicina forense que está determinando los puntos necesarios de investigación, para poder establecer si hay crimen Y quien lo cometió, la policía científica determina los avances técnicos relacionados con la investigación del crimen, no es suficien119 �te una confesión del acusado para hacerlo responsable del crimen, cualquiera podrá decir que cometió el crimen, pero necesitamos-que científicamente se fundamente con datos de convicción para estabelcer si el sujeto es el criminal, esta condición parte de la investigación llevada adelante por la técnica científica policíaca, de otro modo la situación sería ineficaz. El estudio de la criminología en los términos que se han establecido, da lugar a que se fundamenten multiplicidad de conceptos que, aglutinados en las corrientes doctrinarias merecedoras a estos estudios, obligan necesariamente a que traspasando los linderos del Derecho Penal tengamos un encuentro con los conceptos criminológicos, e investiguemos concienzudamente todos los conceptos relacio. nados con el crimen, que parten desde la investigación policíaca, a la sazón de la comisión criminal, hasta la actividad del Juez y luego la concepción sobre los sistemas penitenciarios, para poder establecer la eficacia de la pena, el conjunto pormenorizado los vamos a encontrar como el fundamento eficaz de la moderna criminología, solo estudiando estos conceptos y relacionándolos, podemos determinar una 'eficaz aplicación en torno al grave problema del delito que tanto ayer como hoy, es problema que se presenta en la sociedad, y su solución debe ser el punto de partida para dar lugar a que los conceptos analizados nos sirvan y nos den causa a que los grandes problemas del crimen dejen de subsistir. 120 Se t etm inó d e im primir en San Nicolás de los Garza N de la Facultad d e D erecho Y C. S . • . L., en el Departamento Editoria l el día 1 5 d e Ma yo de 198 0 . E ;enedc,as_. oc,ales d e la Universidad Autónoma de Nu evo León . s a ,c 10n const a de 1,0 00 ejemplares �DISEI\IO GRAFICO ENRIQUE LUPERCIO PINTOR 01.SUJANTE REGIOMONTANO MAESTRO DE ARTES PLASTICAS EN LA U . A . N. L. GRABADO EN PUNTA SECA �� Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Título Uniforme Derecho Y Ciencias Sociales Año de publicación El año cuando se publico 1980 Época Época del la revista Segunda Número Número de la revista 3 Mes de publicación Mes cuando se publicó Enero-Abril Día Día del mes de la publicación 1 Periodicidad La periodicidad de la publicación (diaria, semanal, mensual, anual) Bimestral Relación OPAC https://www.codice.uanl.mx/RegistroBibliografico/InformacionBibliografica?from=BusquedaAvanzada&bibId=1784899&biblioteca=0&fb=20000&fm=6&isbn= Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Derecho y Ciencias Sociales, 1980, Segunda Época, No 3, Enero-Abril Creator An entity primarily responsible for making the resource Flores Longoria, Samuel, 1934-, Director Subject The topic of the resource Derecho Derechos civiles Publicaciones periódicas Leyes Jurisdisprudencia Filosofía del derecho Description An account of the resource Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales publicada en las décadas de los setenta y ochenta cuatrimestralmente. Dirigida por Samuel Flores Longoria, David Galván Ancira y Manuel Uribe. Contiene artículos sobre jurisprudencia, leyes, estudios de caso, comentarios a leyes, así como filosofía del derecho y ciencias sociales. Publisher An entity responsible for making the resource available Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derechos y Ciencias Sociales Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Vásquez Alanís, Fernando, Director Lozano González, Santiago, Secretario de Redacción Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 01/01/1980 Type The nature or genre of the resource Revista Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource tex/pdf Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2016557 Source A related resource from which the described resource is derived Fondo Universitario Language A language of the resource spa Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. San Nicolás de los Garza, N.L., (México) Access Rights Information about who can access the resource or an indication of its security status. 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